LEY MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

Debates

Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	16 de Febrero del 1995	Fechas Posteriores Debate:
Fecha Aprobación:	3 de Julio del 1995	01/03/1195- 03/03/1995 - 17/06/1995
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" LEY MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES "

Contenido del Debate:
CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE FEBRERO DE 1995. (ONCEAVA LEGISLATURA)

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Se reanuda la Sesión.

En nombre de la Junta Directiva, quisiera informar acerca de la conversación que esta mañana sostuvimos todos los miembros de la Junta Directiva con la señora Presidenta de la República, quien estuvo acompañada de varios miembros de su Gabinete. En el curso de la conversación, la Junta Directiva le reitero a la Presidenta su mejor disposición para discutir y para procurar acuerdos en derredor de la implementación de la reforma constitucional. Hicimos ver los argumentos que sostiene la Junta Directiva acerca de la naturaleza que tiene la disposición constitucional acerca de la promulgación de las reformas, de la prohibición estrecha que tiene la Constitución a que el Presidente de la República pueda vetar la Ley de Reforma Parcial de la Constitución.

En el transcurso de la plática, los miembros del Gabinete y la señora Presidenta presentaron sus puntos de vista sobre ese tema, y también dijeron que en conversaciones que ellos han tenido con personas, pues han percibido una cierta duda sobre el tema de las reformas. Ese fue el diálogo, y al finalizar, prácticamente el Vice-Ministro de la Presidencia Tomás Delaney, expresó que, bueno, podría considerarse que el planteamiento de la Asamblea Nacional de discutir sobre la implementación de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución podría ser una vía, podría ser una manera pues para alcanzar acuerdos en derredor de este tema.

Por nuestra parte, le reiteramos a la Presidenta la disposición para discutir, conversar y dialogar sobre este tema, e igualmente reiteramos que, de no promulgar ella las reformas, por las razones que fueran, en el decimosexto día, lo haría la Asamblea Nacional. Este fue el contenido básicamente de la conversación de esta mañana con la señora Presidenta de la República.

William Ramírez.

REPRESENTANTE WILLIAM RAMÍREZ SOLÓRZANO:

Gracias, Presidente.

Yo pienso que es positivo que la Directiva de la Asamblea Nacional haya asistido a esta conversación con el Poder Ejecutivo, y que es loable que se trate de buscar un entendimiento para que puedan implementarse las reformas que han sido aprobadas en esta Asamblea Nacional. Lo que si considero, es que no se puede bajo ningún concepto redescutirse unas reformas que ya han sido aprobadas, y que lo que cabe en todo caso es estudiar, ponerse de acuerdo con el Poder Ejecutivo sobre la implementación que se deriva de esas reformas constitucionales, y que corresponde a la Presidencia de la República cumplir con el mandato constitucional, que establece que en un término de quince días debe promulgar esas reformas; si así no lo hiciera, corresponde al Presidente de la Asamblea Nacional ordenar y cumplir con la publicación.

Ha habido una campaña que se mantiene en estos momentos en los medios de comunicación, especialmente televisivos, en contra del cumplimiento de la ley y del acatamiento que debe tener la Presidencia de la República, tergiversando y mintiendo sobre el contenido y sobre la legalidad de estas reformas. Creo que la Asamblea Nacional debe de inmediato aclararle a la población aún más categóricamente, que es una obligación de la Presidencia de la República, y más aún de la Presidenta, que dentro de los quince días que manda la ley, debe firmar y promulgar las reformas constitucionales; y que si no cumple con ese mandato, por imperativo de la ley lo debe hacer el Presidente de la Asamblea Nacional.

Esto tiene un costo económico, es cierto, pero creo que vale la pena llevar un mensaje claro y firme a todo el pueblo de Nicaragua, sobre la voluntad clara de la Asamblea Nacional de hacer cumplir la ley; y que en este caso, el Recurso de Amparo que se sometió en Masaya y que fue dictaminado favorablemente, que fue acogido, viene a contradecirse con el Recurso de Amparo que se sometió en Managua y que fue rechazado por improcedente. Es decir, tenemos dos Cortes de Apelaciones con pronunciamientos distintos, y la verdad es que en este caso la ley no deja ningún margen para poder recurrir en este caso.

Entonces, Presidente, yo me pronuncio, primero, porque se continúe buscando la manera de armonizar con el Ejecutivo la implementación de la reformas. Segundo, me pronuncio porque se haga una campaña clara y se diga, que dentro de quince días después de haber sido aprobada la reforma, es obligación de la Presidenta de la República promulgarlas; y que si en el día número dieciséis no lo ha hecho, es obligación del Presidente de la Asamblea Nacional hacerlo.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Fernando Zelaya.

REPRESENTANTE FERNANDO ZELAYA ROJAS:

No sé, Presidente, si esta información que usted nos acaba de brindar va a ser una oportunidad para reabrir un debate acerca de lo que significan las reformas, las no reformas, los derechos del Ejecutivo de promulgarlas o de los deberes de promulgarlas etc., que es a lo que se ha referido el doctor William Ramírez. A mí lo que me interesó mucho de su información es lo que dijo al final, y me gustaría que me lo aclarar por si acaso no le oí bien: que el Vice-Ministro Delaney dice que había la posibilidad de estudiar la implementación, que es lo que le fue a proponer la Junta Directiva.

Quería saber, si oí bien, o no fue así lo que dijo usted. Y en todo caso, si va a abrirse un debate sobre estas cosas, hay muchas cosas descartadas, a mi entender, desde el punto de vista legal, que dijo el doctor Ramírez y que me gustaría contestar, si es el caso que se va a abrir un debate.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Danilo Aguirre.

REPRESENTANTE DANILO AGUIRRE SOLÍS:

Yo tengo entendido, señor Presidente, que usted está cumpliendo con su deber de informar a este plenario, que aprobó en su Segunda Legislatura una Reforma a la Constitución, y que esas reformas públicamente han estado siendo atacadas, y no solo atacadas, sino que se ha montado una campaña punible para evitar su promulgación. El Código Penal claramente define que hacer campaña para evitar la promulgación de una ley -y es un capítulo referido a los funcionarios públicos- es sedición, además de la desobediencia, la asociación para delinquir, la apología del delito y las consecuencias contra la Constitución Política que podrían derivarse en el Capítulo de los Delitos contra el Orden Interior del Estado.

Todo esto ha sido público, realmente me parece que es todavía un poco tardío, este informe me parece que debió habérsenos pasado desde antes de la situación que se estaba tratando; sin embargo me parece muy bien que usted venga a informarnos el resultado de estas conversaciones, que por todo lo que dijimos ya desde antes deducido y que fue calificado como prejuicio se nos ha confirmado plenamente; no hay voluntad del Poder Ejecutivo de someterse a la decisión soberana de esta Asamblea, que le da la Constitución de la República de reformar la Carta Magna. Están regateando como que si se tratara de comprar tela, o pulpería, regateando lo que son imperativos constitucionales de cumplimiento inmediato.

Me parece que ya fue demasiado generoso, señor Presidente, con extender a quince días su facultad de mandar a publicar estas reformas para que entren en vigencia, puesto que se trata de unas reformas de una ley, que no teniendo sanción del Ejecutivo, inmediatamente que se apruebe en esta Asamblea, es ley de República; únicamente falta que a través de su promulgación y publicación, vincule a todos los ciudadanos a su cumplimiento. Pero ya es ley de obligatoriedad para todos, no tiene sanción del Ejecutivo, no se necesita la firma del Presidente de la República, únicamente el oficio que le manda la Constitución de que, como no tiene veto, las promulgue; esto no dice que tiene que ser en quince días, señor Presidente, porque esos quince días están reservados para cuando el Presidente de la República tiene derecho a veto, y lógicamente debe contar con un tiempo para reflexionar si se decide por el veto o si al fin sanciona una ley.

Pero aquí no tiene ningún solo tiempo de reflexión, porque no tiene nada que reflexionar sino que acatar una disposición constitucional, un imperativo constitucional. De modo que yo creo que usted fue demasiado generoso con extender estos quince días, y frente a una campaña que crece con el dinero del erario público en contra de esas reformas, yo, señor Presidente, le transmito a usted mi inquietud de que si no habrá llegado el momento de que mande a publicar de forma inmediata estas reformas, sin esperar que se cumplan esos quince días, que fue un plazo generoso de su parte -no es un plazo legal- y que nos atengamos a las consecuencias de los que puedan incurrir en desobediencia o los que puedan incurrir en sedición, en el no cumplimiento de esta ley.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Dámaso Vargas.

REPRESENTANTE JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ:

José Luis Villavicencio, Presidente.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, en esa semana, a través de su bancada expresó la preocupación, profundamente afligido ante la situación que se ha venido dando alrededor de las reformas constitucionales. Nosotros hemos hecho caso omiso a una serie de acusaciones que de parte de algunos diputados crearon con su campaña tratando de difamar al Frente Sandinista. Eso no nos ha preocupado, porque el Frente Sandinista ha mantenido y mantendrá la posición que desde noviembre del año pasado se ha planteado.

Nosotros creímos que el gesto que hizo la Junta Directiva el día de hoy, de haber ido a conversar con el Ejecutivo es un signo de mucha responsabilidad, y es un signo de que realmente se está dentro del trabajo político que se debe hacer. Sin embargo a mí me preocupa las llamadas, siempre las clarinadas de fuerzas, y creo que Nicaragua diputados parlamentarios- creo que Nicaragua no está para usar la fuerza, sino que hay que usar la razón, y hay que usar la razón en favor de Nicaragua; creo que nosotros no podemos dejarnos llevar por las emociones.

Yo no estoy de acuerdo con las palabras vertidas por el diputado William Ramírez, en el sentido de que tiene que establecerse el imperativo de la ley; luego el diputado Aguirre Solís habla y dice que, "dada la gestión generosa del Presidente, que ha dado quince días". Yo creo que no podemos nosotros personalizar las situaciones legislativas, mucho menos podemos utilizar las leyes como escudo, o alzar las leyes como muros, que en vez de unir, vayan a dividir. Nicaragua necesita de un consenso nacional; Nicaragua necesita que todos nos cobijemos bajo la bandera azul y blanco de la patria, para que tratemos entre todos de echar a andar este proyecto de estabilidad y de paz.

Por eso es que yo considero, Presidente, que no hay que escuchar esas voces que están prometiendo que hay que torcer la cabeza a otro; creo que no es eso, Presidente. Creo que uno tiene que negociar, tiene que discutir, y tiene que buscar siempre una solución política que permita encontrar ya cauce abierto a los problemas. Porque los quince días que aquí se aprobaron, son quince días para las leyes ordinarias, no existen quince días para las leyes constitucionales. Tal como está la Constitución vigente hasta aparece de manera general que la Presidencia es la que tiene que promulgarla.

Fíjense ustedes, no es por su voluntad generosa, como lo han dicho aquí, que le están pidiendo que la promulgue antes de que se venza el plazo; creo que tampoco eso es correcto. Pienso que aquí lo correcto ante ese impasse y buscando el beneficio y la estabilidad de Nicaragua, es que el plenario aliente a la Directiva de la Asamblea a que busquen, en la medida de lo posible, que se busque como llegar a acuerdos que permitan fundamentalmente establecer, diríamos, la estabilidad que Nicaragua necesita. Esta es la posición del Frente Sandinista; no se quiere ver el forcejeo, ni de uno ni de otro lado; se quiere realmente que trabajemos y legislemos, por lo cual la gente voto por nosotros en 1990, que es por la paz y la estabilidad.

Gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Humberto Castilla.

REPRESENTANTE HUMBERTO CASTILLA MATAMOROS:

Gracias, Presidente.

En primer lugar, solo un pequeño llamado de atención con mucho respeto a la Junta Directiva sobre las ausencias en el plenario, que hemos padecido el día de los enamorados -ayer- para preparar la reunión, y hoy fue la reunión. Yo comprendo la importancia, la trascendencia de la reunión de esta mañana, sin embargo es muy importante tener a este plenario trabajando; tener a este Plenario activo para que se sienta viva la llama, el espíritu de la Asamblea Legislativa. Considero que ha sido tal vez no con mala intención, desde luego, pero ha sido inoportuno haber hecho lo de esta mañana, que venimos a sabiendas de que teníamos una sesión; hay siete miembros directivos, debieran de estar cuatro, porque de sobra es conocido que tres miembros bien pudieron haber hecho cualquier arreglo con la Presidenta, más cuando ahora se nos informa que fue sencillo lo que se trató.

En segundo lugar, yo quiero expresar mi criterio con respecto a lo que la población nicaragüense está sintiendo en este momento. El pueblo está expectante. Yo estuve reunido el fin de semana pasada con un sinnúmero de líderes municipales, comarcales, departamentales, de toda Nicaragua, y están conociendo a cabalidad lo que está pasando. Pero, Presidente y queridos colegas, la población desea expresarse y sugerían que se les invite a participar, que la Asamblea Nacional les invite a participar en cualquier evento, ya sea en seminarios, en manifestaciones, en expresiones radiales, televisivas, en pedirles su apoyo, tal vez enviando un telegrama, o hacer una campaña publicitaria en la que se involucre a la sociedad nicaragüense en todos sus niveles. Así que estos dos puntitos deseo que la Directiva los tome en consideración.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Alejandro Solórzano.

REPRESENTANTE ALEJANDRO SOLÓRZANO FERNÁNDEZ:

Quiero celebrar la disposición de conversación que tuvieron hoy, aunque haya sido una especie de emplazamiento a la Presidenta de la República. Si se trata aquí de hacer creer a la población que en un período de quince días, que como plazo fatal se da para que ella promulgue, período que no existe en ninguna ley, no sé qué abogado me puede demostrar que existe esa obligación de quince días. Las reformas, que son para la consolidación del proceso democrático que encabeza este Gobierno, creo que son apoyadas y serán apoyadas siempre por el pueblo; pero las que ustedes tratan de imponer, que son para reducir el período presidencial para el que fue electa doña Violeta, esas si son acciones punibles porque atentan contra un mandato del 25 de febrero de 1990, de los que con su boleta dispusieron la Presidencia de doña Violeta.

Yo llamo la atención y pido la reflexión, aunque hemos pasado casi cinco años en estos llamados de atención y pedimos de reflexión, que pongamos los pies sobre la tierra, que trabajemos por y para Nicaragua, que dejemos de ser como niños necios que queremos jugar a que te boto y que te pongo, porque eso no le conviene a este país; a ningún nicaragüense le está conviniendo eso; eso es jugar con los destinos de este país. Aquí lo que hay que hacer es realmente poner las cartas sobre la mesa, como dicen algunos. ¿Por qué no le propusieron a doña Violeta: señora, usted renuncie ya y déjenos estos a nosotros, porque eso es lo que queremos?

Desde hace tres años y medio eso es lo que han querido, y no estar aquí con subterfugios engañando a la gente, al pueblo, diciéndole una serie de mentiras, diciéndole que quince días de plazo. Eso no es cierto, no es verdad, no lo cree ni el hijo del más lelo de los nicaragüenses, no lo va a creer jamás, sino que están creyendo en la calle que quieren acortar ese período presidencial; y ese es un acto punitivo, porque este Gobierno, que significa el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales, fue electo el 25 de febrero de 1990 para un período determinado, el cual tenemos la obligación de que se cumpla, y que el 10 de enero de 1997 la Presidenta actual entregue la bandera presidencial al que salga electo el 4 de noviembre de 1996, que ya está cerca.

Llamo la atención en esto, trabajemos de una vez por todos, por Nicaragua, y no estar buscando como botar a la señora esta, que no la van a botar, porque yo quisiera saber, una vez que promulgue ridículamente las reformas constitucionales, esta Asamblea, con qué fuerza constituida cuenta para hacerlas cumplir.

Gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Yo solamente quisiera aclarar como una señal de respeto a los ciudadanos que nos escuchan, no es entrar a suponerle mala fe, mala voluntad a nadie, pero la afirmación que acaba de hacer el colega Alejandro Solórzano es absolutamente falsa. Cualquiera que lea el texto de la reforma, advierte, que nadie está pretendiendo que la reforma tenga efecto retroactivo o reduzca el período presidencial de doña Violeta. Eso francamente es algo absurdo, que no existe en ningún texto, mucho menos en la Ley de Reforma Parcial de la Constitución.

Tiene la palabra Víctor Manuel Talavera.

Elí Altamirano.

REPRESENTANTE ELÍ ALTAMIRANO PÉREZ:

Gracias.

Señor Presidente, la concurrencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a Casa de Gobierno, para entrevistarse con la señora Presidenta a fin de encontrar caminos de penetración de las reformas constitucionales aprobadas por este soberano Poder del Estado, es un hecho muy importante. Conociendo el comportamiento de la señora Presidenta y conociendo el criterio de sus principales asesores, más todavía, plenamente percatados de los hábiles intereses que están sirviendo de base para empujar a la señora Presidenta a esta rebeldía al orden constitucional del país, no había por qué esperar de esa visita un éxito rotundo en el hecho de que la Presidenta aceptara proceder a promulgar, como es su deber, estas reformas.

Pero eso no quita el éxito. Se daba por descontado que no era posible el mover la opinión que maneja el Gobierno, en razón de que no es posible encontrar argumentos de fuerza capaz de poder hacer desistir de las ambiciones tan personalizadas del Ministerio de la Presidencia. Sin embargo el éxito es doble, la visita es tan exitosa, que yo francamente, señor Presidente, felicito a toda la Junta Directiva por esa gran decisión, por esa gran voluntad; por ese gesto tan importante, que es un gesto de personas sensatas, de gente que piensa por los intereses nacionales.

Se ha cumplido, como dice el diputado William Ramírez, con un deber de la Junta Directiva de la Asamblea que, por cierto al cumplirlo, queda plenamente bien con el plenario, pero más importante, absolutamente bien con el pueblo de Nicaragua. Como era de esperar, revestidos de la más inconmovible firmeza con las reformas constitucionales, aquí se asistió a demostrar que en la Junta Directiva y que en el plenario de este Poder Legislativo existe plena voluntad, plena disposición de encontrar los caminos que permitan la experimentación de las reformas constitucionales. Ha quedado demostrado que la Junta Directiva y que la Asamblea en su conjunto, está preñada de ese gran espíritu y de esa gran decisión.

En segundo lugar, esto también es exitoso, ante la ciudadanía se ha dejado constancia de esa voluntad. Yo estimo el momento de la concurrencia, los ojos y los oídos del pueblo estaban atentos para ver si la Junta Directiva iba o había concurrido, y para ver y oír en qué sentido lo había hecho. Se ha quedado muy bien con el pueblo; se le ha demostrado al pueblo que se tiene la más inmensa voluntad de buscar esos caminos de aplicación. Bien, es necesario señalar otra cosa importante: la unidad nacional es imprescindible, es sumamente necesaria.

Pero también es totalmente cierto que toda causa justa, como la democracia, como la superación de esta crisis que nos agobia, como el desarrollo nacional tan necesario y tan urgente, el progreso, y también como la misma unidad nacional, son casos que tienen adversarios y que el triunfar, por mucho que se transformen en fenómenos envolventes y que por ello es que van a triunfar, siempre tendrán que dejar al lado, de una manera vencidos totalmente, a los adversarios que se interponen al paso de estas causas justas.

Por eso es que no es nada desagradable ni malo, antes bien, imprescindible el cabalgar por el camino de la modernización, de la civilización, de las reformas constitucionales, por el camino de las transformaciones democráticas; inevitablemente, sin quererlo, sin desearlo, sin intentarlo, pero con firmeza, tenemos que aplastar a los adversarios de lo moderno, de lo futuro, de las soluciones. No es posible que lo caduco, que lo que depende del pasado, que lo que es representación espiritual y política, que la elevación del progreso pueda ir de la mano con las fuerzas del progreso y de la democracia; necesariamente eso tiene que ser así.

Yo le pido al señor ese, que acusa a la Asamblea Nacional de estar pidiéndole a la Presidencia renunciar, que renuncie porque ha traicionado al pueblo, por el cual se encuentra vacío. Ese señor está aquí porque le dijo al pueblo que estaba de acuerdo con una nueva Constitución y con una reforma constitucional, y a las dos cosas, de una manera monstruosa y traidora se ha opuesto, traicionando al pueblo y poniéndose del lado de los adversarios de la democracia y de las transformaciones nacionales. Es él el que debe pedir abandonar esto; él debe de renunciar, porque él no tiene ya autoridad ni moral ni política, y si al pueblo se le preguntara, estoy seguro que de su mano le arranca todo ese nombramiento que está disfrutando para gozar esos frutos del salario que devenga como diputado.

Señor Presidente, déjeme decir un detalle más: reitero mi felicitación. A este momento el noventa por ciento de la población de Nicaragua está con las reformas, y si la Junta Directiva no hubiese ido, seguramente que todos los cañonazos y los recursos en manos de los adversarios de estas medidas, estuvieran siendo utilizados para tratar de mover ese noventa por ciento ahora en contra de la Asamblea. Hemos puesto a buen recaudo la opinión del pueblo, la unidad del pueblo y el prestigio de la Asamblea Nacional; hemos defendido, como se debía defender este gran porcentaje del pueblo a favor de estas reformas constitucionales. Estoy seguro que aun cuando los frutos no fueran los mejores, el pueblo sigue unido a la Asamblea Nacional en ese mismo porcentaje, y que quizás avanzando hasta ser un cien por ciento nacional.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra el diputado Nathán Sevilla.

REPRESENTANTE NATHÁN SEVILLA GÓMEZ:

Gracias, señor Presidente.

Bueno, se está abriendo un debate sobre un tema que no está en Agenda; yo creo que ya se han oído varias opiniones de diferentes puntos de vista del espectro político de esta Asamblea, y ya incluso el representante José Luis Villavicencio expresó y externó cual es la opinión del Frente Sandinista sobre el tema. Yo lo que quiero es solicitar a la Junta Directiva que entremos a ver la Agenda que está planteada. Entiendo que deberíamos estar discutiendo en este momento, debatiendo y aprobando la Ley de Carrera Docente, la reforma a la Ley de Carrera Docente.

Aquí están invitados los funcionarios del Ministerio de Educación, el sindicato de los maestros, esperando que entremos en materia; pero si continuamos ese debate político, vamos a terminar a las cinco y media sin haber iniciado el punto de Agenda. Esta sería pues mi sugerencia a la Junta Directiva.

Gracias.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Han solicitado la palabra doce diputados, a menos que ellos retiren la solicitud del uso de la palabra no podremos todavía entrar a la Agenda.

Tiene la palabra el diputado Hernaldo Zúñiga.

REPRESENTANTE HERNALDO ZUÑIGA MONTENEGRO:

Yo considero que lo expresado por el diputado William Ramírez, así como la forma en que está actuando la Junta Directiva, se encuentra suficientemente sustentada por el artículo 192, que en su parte pertinente textualmente dice: "Una vez que sea entregado el Dictamen por la Comisión Especial, en el caso de las reformas parciales a la Constitución, el proyecto de reformas recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de la ley".

Indudablemente que esto lo vincula directamente con los trámites de toda ley ordinaria, que en consecuencia con lo dispuesto en el artículo 142 constitucional, en la parte que también dice claramente que si no ejerciera la Presidenta el veto, en este caso, por estarle prohibido terminantemente, ni sancionara, promulgara y publicara el proyecto, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley, último trámite que se da a toda ley ordinaria y que, repito, de acuerdo con el artículo 192, las reformas parciales están directamente vinculadas, dándole la categoría de ley ordinaria en cuanto a su trámite.

Por consiguiente, yo encuentro perfectamente fundamentado en derecho las actuaciones de la Junta Directiva, en el caso de las reformas parciales y de las expresadas aquí por diferentes representantes de la Asamblea Nacional, y en este caso, creo y estimo que está bien la actuación, está bien ajustada a la ley.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Se cierra la lista con todos los que están apuntados, los últimos son Yadira Centeno González y Reynaldo Antonio Téfel. Los que se apunten después ya no quedan en la lista. Los otros son: Roberto Urroz, Danilo Aguirre, Nilo Salazar, Jaime Bonilla y Cairo Manuel López.

Tiene la palabra el diputado Roberto Urroz.

REPRESENTANTE ROBERTO URROZ CASTILLO:

Gracias, señor Presidente, sobre todo por la oportunidad de concederle a los diferentes sectores políticos opinar sobre este tema, que es fundamental para el país. Pienso que el mismo hecho de que la Directiva haya actuado con la flexibilidad necesaria para acudir a la audiencia que la Presidenta de la República había solicitado, es un avance y demuestra la flexibilidad con que estamos actuando. Es por ello que yo felicito a toda la Junta Directiva y en especial a aquellos miembros que estaban ya claros, que no estaban muy convencidos de poder asistir a esa reunión, pero lo hicieron porque es la voluntad de la mayoría en forma democrática.

Asimismo, señor Presidente, pienso que la Asamblea Nacional tiene que actuar siempre con responsabilidad, buscando y haciendo todos los esfuerzos por encontrar la salida que evite esta crisis. Es necesario buscar los caminos para lograr la implementación armoniosa de las reformas, que cuentan con el respaldo popular, según las encuestas de más del ochenta por ciento. Señor Presidente; creo que ha sido un buen paso de la Directiva y debemos actuar de la misma manera, con la flexibilidad necesaria y siempre de acuerdo a nuestros principios, al respaldo que nos está dando el pueblo de Nicaragua y a la voluntad mayoritaria de este plenario de la Asamblea Nacional, a pesar de que sabemos que cada día que pasa la Presidente de la República está ejerciendo un veto sobre la reforma, que no se lo permite la Constitución actual de Nicaragua. Por consiguiente, señor Presidente, mis felicitaciones, exhortándolo a continuar para que actué con la flexibilidad, para que recordemos todos los caminos y no tengamos ningún pretexto en lo actuado.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra el diputado Danilo Aguirre.

REPRESENTANTE DANILO AGUIRRE SOLÍS:

Señor Presidente, yo sinceramente no comparto muchas de las felicitaciones que ha recibido la Directiva. Esto mereciera ese trato si aquí realmente se estuvieran discutiendo los problemas surgidos, las contradicciones y los criterios encontrados entre sectores públicos que se atuvieran a lo que manda la decencia, a lo que mandan las reglas del juego justo, el libre volar de las opiniones, y no realmente estar enfrentados a una bola de aprendices de gánsteres que están en la casa de Gobierno, que todo lo han hecho con subterfugios, con amenazas, con cañonazos, con prebendas, o amenazando o comprando opiniones, o recurriendo a figuras como la que fueron a traer de Miami, que tiene toda la cara del robo, del crimen, de la dictadura somocista, para ponerlo como gran perjudicado por estas reformas.

En fin, señor Presidente, yo creo que frente a ese tipo de tratamiento, lo que está haciendo la Junta Directiva es prolongar tal vez innecesariamente un enfrentamiento que se tiene que dar, porque ese es un enfrentamiento histórico. Aquí nuevamente está Nicaragua en la encrucijada de cederle el poder político al continuismo oligárquico de una familia, que por supuesto cuenta con sus testaferros comprados en todas partes; el continuismo de esa familia, el continuismo de ese círculo que durante estos años solo le ha recetado a este país nepotismo, corrupción, tráfico de influencias, desempleo, hambre y miseria a este pueblo, y eso es lo que quieren continuar, eso es lo que quieren perpetuar, y por supuesto eso es lo que quieren enfrentar a una reforma que trata precisamente de lo contrario, de solidificar instituciones en este país, de darle curso a la democracia.

Es ridículo oír a los Ministros decir que estas reformas tienden a devolver el poder a los sandinistas, para volver a hacer lo que se hizo en el régimen anterior. Este es el uy,uy,uy que han andado presentando, para que una reacción del antisandinismo de este pueblo diga que si esas reformas pasan, se vuelve al régimen anterior. Es decir, para estos señores Ministros, el que estas reformas establezcan que se elimine el Servicio Militar Obligatorio, es volver al régimen anterior; el que estas reformas digan que se prohíbe y hasta se penalice cualquier confiscación, es volver al régimen anterior.

El que estas reformas digan que ahora los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no van a tener la terna que invento el régimen anterior para hacerlos depender del Ejecutivo y ahora compartirlo en una conjugación de Poderes, es volver al régimen anterior; el que ahora se establezca con claridad que la explotación de los recursos naturales de la Costa Atlántica contará con la opinión y la intervención de sus Gobiernos Regionales; es volver al régimen anterior. Todo eso han andado diciendo; incluso han andado diciendo que hemos inventado la figura de la expropiación, una figura que siempre ha estado en la justicia nicaragüense por utilidad pública, para pasar una carretera, para pasar un camino, con justa indemnización.

Y yo no creo que no sepan eso los señores que andan diciendo que aquí con estas reformas se va a abrir un enorme déficit fiscal, cuando no se ha creado una sola institución que signifique mayor erogación del Presupuesto; incluso la Procuraduría de Derechos Humanos ya está hasta presupuestada en este Presupuesto actual; y que dentro del Presupuesto del Poder Judicial cae la reorganización de la Corte. No sé adónde se va a escapar la inflación y el déficit fiscal. Y las mentiras son inagotables, señor Presidente.

Las mentiras son inagotables, porque la única verdad permanece en el escritorio del señor que quiere contra viento y marea continuar en la Presidencia de la República; el señor que contra viento y marea quiere y pretende que este pueblo es idiota, que este pueblo es "dundo", que se le puede llegar a decir todas esas mentiras, y también cree que nos va a temblar la mano a la hora del enfrentamiento total, porque no es cierto que esta Asamblea este despojada de facultades.

Yo no creo que aquí el diputado que dijo que con que fuerza vamos a hacer cumplir la ley, este pensando que la fuerza también está de parte de los que no quieren cumplirla. Esto está por verse, señor diputado; aquí tenemos numerosas armas legales para echar adelante estas reformas, ya sea que el Presidente espere los quince días o no lo espere, estas reformas van a entrar en vigencia, y a partir de que entren en vigencia se tendrán que cumplir en este país. Hoy, en el mayor de los ridículos, los Ministros Lacayo y Pereira se fueron a despojar de su inmunidad en un Juzgado Ad-hoc, seguramente; creen que en ese juzgado tienen controlado como tenían controlado a dos magistrados en Masaya.

Aquí vino la queja solicitando la suspensión de inmunidad, y aquí tendrán que venir la respuesta del Presidente de la República; y si no viene aquí, a los ocho días se nombra la Comisión y aquí tiene que comparecer. No hay ninguna acusación en el Juzgado que lo haga renunciar a su inmunidad; estas no son más que acciones desesperadas de dos personas que andan coludidas cometiendo un delito que está tipificado en el Código Penal. De modo, señor Presidente, que de lo único que yo felicito a la Directiva es de haber abierto este debate para que permita a cada quien aquí exponer sus opiniones y saber dónde estamos en los momentos cruciales de la historia de Nicaragua cuando nos están reclamando patriotismo y dignidad.

Gracias; señor Presidente.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra el diputado Nilo Salazar.

REPRESENTANTE NILO SALAZAR AGUILAR:

Gracias; señor Presidente.

He estado escuchando los diversos aspectos que ha planteado cada uno de los que han hablado. He escuchado tesis; por ejemplo, de que el pueblo de Nicaragua no es idiota, de que al pueblo de Nicaragua no se le engaña fácilmente, pero creo que quien expreso esa tesis tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque el movimiento obrero sindical; si sabe en qué punto le están golpeando las reformas constitucionales; el movimiento cooperativo en este país está hablando de los puntos que los está golpeando en los que es la reforma constitucional; en los hechos, el movimiento sindical está hablando de que le quitaron en su artículo 104 la participación y derecho de los trabajadores. Entonces, yo creo tiene razón quien dice que no son ni tontos ni idiotas, ni a quien se le puede engañar así por así, porque cada una de estas organizaciones en el movimiento sindical están haciendo sentir su posición yéndose de Recursos de Amparo ante la reforma constitucional. Aquí hay; por ejemplo; dirigentes sindicales de los maestros, a quienes he escuchado su posición de que están en desacuerdo en todo este campo. Por eso yo creo que Danilo en este caso, y yo estoy de acuerdo con él, tiene razón de decir que aquí no hay ni tontos, ni idiotas, ni a quien se le pueda engañar fácilmente. También escuché la frase que dice de las armas legales en un tono bastante, como quien dice, o acepta la posición de los que estamos de acuerdo con la reforma constitucional; esas armas, con ese peso que él dice, son las que van a hacer también que se corran aquellos que no estén con las reformas constitucionales; bueno, los pasos seguirán a último momento.

También he oído discursos, por ejemplo, de alguien que habla bastante extendido, y por qué no decirlo con nombre y apellido, el diputado Elí Altamirano, con su gran discurso regañando y diciendo frases desde sus puntos de vista, y los cañonazos y toda una serie de cosas. Aquí ha habido también varios colegas diputados que han señalado, y por qué no decirlo, del Grupo de Centro, que nos han señalado. Yo creo que así como decía Danilo, que ya se fueron a quitar la inmunidad, aquí debieran también de quitarse la inmunidad todos aquellos que acusan, e irse a enfrentar al terreno legal. O sea, si aquellos se quitan la inmunidad, ¿por qué no se la quitan también los que acusan? Porque yo fuera uno, que si a mí me acusan, y cuando a mí me estaban acusando yo depuse mi inmunidad inmediatamente para enfrentar a quien era el que me estaba acusando, y no le pude ver la cara.

Yo creo que es el momento, si ya depusieron su inmunidad, hay que atacar y condenar, y que pase lo que pase, como dicen aquí, hay que hacer esto, hay que juzgar, hay que hacer todo, es el momento de hacerlo. Yo creo que es el momento, deben de lograr la ocasión; cualquiera que sea el miembro, desde la Junta Directiva hasta cualquiera de los parlamentarios. Es el momento preciso para que esas cosas realmente se digan; este es el momento claro, que si hay que hacer justicia en Nicaragua, si las cosas andan mal, que no estemos hablando y hablando y hablando, porque los discursos que oigo de los que están de acuerdo con las reformas a la Constitución, es como que sienten que se han enredado, como que se van acobardando poco a poco de los pasos que han dado.

Entonces si están tan firmes, si están seguros de lo que están haciendo en este país, hay que hacerlo; si están buscando como sumarse todos al Poder del Estado, en este caso al Poder Legislativo, darle toda la carga y el mayor peso, háganlo y ya está, y no se esté hablando tantas cosas y tanta sentencia, porque son cosas que con hablar, que puede hablar; hay que actuar, que es lo preciso. Yo consideraría que eso es lo que debiera hacerse y no estar con tantas cuestiones. Y decir que volvamos al régimen anterior, yo creo que el movimiento sindical por ahí está pensando que los quieren desproteger de una serie de beneficios o derechos que tenían y que lo han hecho retroceder. Pues entonces si lo quieren hacer retroceder, allá el movimiento sindical o allá el pueblo si no es tonto, o como no se le puede engañar, a ver que es lo que puede hacer.

Muchas gracias.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra el diputado Jaime Bonilla.

REPRESENTANTE JAIME BONILLA LÓPEZ:

A diferencia de estimables colegas, yo no me puedo permitir felicitar a la Junta Directiva, y no puedo hacerlo porque me hace falta información. Quisiera que el Presidente de la Asamblea tuviese la gentileza, y en este caso se lo ruego, de explicarnos a este plenario cuál fue la propuesta concreta, precisa, que la Presidenta de la República hizo a la Junta Directiva, para tratar de superar los distintos puntos de vista encontrados que tenemos alrededor del conflicto planteado. Repito, quisiera que el Presidente de la Asamblea atendiera la solicitud de explicarnos cuál fue la propuesta concreta que la Presidenta de la República le hizo a la Junta Directiva, para resolver los puntos de vista encontrados sobre el tema.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Quisiera explicarle al ingeniero Bonilla, que yo rendí un informe, desgraciadamente usted vino después que yo había concluido de rendir el informe, pero seguramente se puede revisar la grabación. Pero en todo caso, la Presidenta no hizo ninguna propuesta específica, concreta. Yo repetí aquí en pocas palabras, cual fue el curso de la conversación. La plática terminó en el momento en que el Vice-Ministro de la Presidencia dijo que le había parecido que podía ser un camino explorable, extendible el de la implementación de la reforma, como un instrumento para eventualmente llegar a acuerdos: en este punto teníamos la conversación; pero nadie nos ha propuesto ni una comisión, ni una nueva reunión, en absoluto. No hubo una propuesta de esa índole.

Usted continúa en el uso de la palabra.

REPRESENTANTE JAIME BONILLA LOPEZ:

Sí, yo hice la pregunta porque había consultado a amigos diputados, a periodistas y aun a asesores parlamentarios, y todos coincidíamos en que no había una expresión clara sobre el informe que usted había brindado, Presidente. De tal manera que por eso consideré oportuno hacer la pregunta. Ahora usted aclara que no ha habido ninguna propuesta concreta. ¿Deberemos esperar entonces que haya flexibilidad y mayores esfuerzos, y sembrar el camino de condiciones favorables para lograr nosotros que la Presidenta firme las reformas constitucionales?

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Centeno.

REPRESENTANTE YADIRA CENTENO GONZÁLEZ:

Gracias, Presidente.

Yo también quiero expresar que estoy de acuerdo en que si el Ejecutivo no cumple con su obligación constitucional de mandar a publicar las reformas, la Asamblea Nacional debe mandarlas a publicar. Y estoy de acuerdo porque la respuesta me la da la misma Constitución en el artículo 192, que dice: “El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de la ley". Entonces la solución tiene que buscarse en la formación de la ley contenida en el artículo 143, donde dice que un proyecto de ley vetado total o parcialmente deberá regresar a la Asamblea Nacional con la expresión de los motivos del veto; esta podrá rechazarlo con el voto de la mitad más uno del total de sus representantes, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley". Señor Presidente, aquí se explica que la Asamblea, por medio del Presidente manda a publicar una ley cuando ésta no lo hace; porque las reformas no dan el derecho al veto, quedando solamente la obligación de publicar la ley.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Cairo Manuel López.

REPRESENTANTE CAIRO MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Yo sí creo francamente que la Junta Directiva actuó esta mañana, al concurrir a la invitación que hiciera la señora Presidenta, con mucha madurez y con mucha responsabilidad, porque definitivamente en este país hay dos concepciones acerca de lo que debe ser el futuro de Nicaragua. Por un lado los que quieren cambiar, renovar, transformar, democratizar Nicaragua y establecer un verdadero estado de derecho; y por otro lado los que se han sentido cómodos, a sus anchas, con los inmensos poderes que otorga esta Constitución Política. Se han acomodado al autoritarismo, es que eso es lo más cómodo para gobernar; gobernar sin freno y sin bridas, al libre arbitrio; con la discreción inmensa que le da al gobernante esta Constitución Política.

Y creo que fue conveniente que hayan ido, porque lo que estaba en juego no era si se promulgan o no las reformas constitucionales, sino que era un juego de artificios que pensaba hacer el Ejecutivo de cara a la exhortación, para tratar de aparecer ellos como los que ahora quisieran una reforma constitucional y que la Asamblea Nacional se niega a cualquier tipo de diálogo en ese sentido.

En primer lugar yo quisiera señalar el sentir de mi bancada, de la Unión Demócrata Cristiana, para quienes no debe caber ninguna duda que lo aprobado, aprobado está; que el trámite a la reforma constitucional ya concluyó; que lo único que hace falta es la publicación de estas reforma constitucionales.

Y creo que la idea de haber hablado de la posibilidad de implementar algunos aspectos de esta reforma constitucional, señala la madurez y la prudencia con esta Junta Directiva ha manejado este tema. Por sobre todas las cosas, soy de los que ha mantenido aquí, que la Constitución Política no le otorga una facultad, un derecho al Presidente de la República en cuanto a la promulgación de la reforma parcial. Hay quienes andan sosteniendo que el trámite de la reforma constitucional es una facultad compartida entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, incluso es una opción,-un derecho, una potestad del Presidente de la República- el mandar a publicar o no, o promulgar las reformas parciales a la Constitución.

El artículo 194 de la Constitución vigente, in fine, dice: "El Presidente de la República promulgará la reforma parcial y en este caso no podrá ejercer el derecho al veto"; es decir, que el Presidente de la República no tiene la potestad o la facultad de la sanción. Sancionar es expresar si se está de acuerdo o no con el contenido o con la forma de una ley, y al expresar el artículo 194 con claridad, que no cabe el derecho al veto, quiere decir que la potestad de la sanción no la tiene el Poder Ejecutivo. Y no dice el Presidente de la República, "tendrá el derecho de promulgar", sino que está escrito de manera imperativa "promulgará", es un deber constitucional de carácter ineludible.

Los artículos 142 y 143 de la Constitución Política señalan en el trámite de la formación de la ley ordinaria, que el Presidente de la República tiene un plazo de quince días para la sanción, y que cuando no lo hace, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley. Nosotros creemos que desde el momento en que fue aprobada la reforma constitucional, esta Junta Directiva pudo haber enviado en la persona del Presidente de la Asamblea Nacional a publicar la reforma constitucional, sin embargo se dio un plazo prudente de quince días para que el Presidente de la República lo hiciese, plazo que vence, repito, a la media noche del 22 de febrero de 1995; si a esa hora el Presidente de la República no ha mandado a publicar la reforma constitucional, creo que aquí no debe haber ninguna vacilación para que el mismo 23 esta Asamblea Nacional mande a publicar la reforma constitucional.

Y alguien por ahí preguntaba o se hacia la reflexión de qué medios coactivos dispone esta Asamblea Nacional para hacer entrar en vigencia la reforma constitucional. Y tiene razón, esta Asamblea Nacional no tiene bajo su mando al Ejército ni a la Policía, no tiene a las fuerzas coactivas bajo su mando, no posee aparatos de represión. La Asamblea Nacional posee el respaldo que señala el artículo 2 de la Constitución Política, que manda y establece que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo la ejerce a través de sus representantes libremente electos.

Yo no soy uno de los que va a renegar de ese mandato popular; los que estamos aquí sentados creemos que nos ganamos el escaño en las pasadas elecciones y que no nos debemos al Poder Ejecutivo, ni nos debemos a los intereses económicos, oligárquicos, ni a las grandes familias que en este momento tratan de mantener la perpetuación en el poder a través del continuismo familiar. Nos debemos a este pueblo, por el que muchos hemos luchado desde diferentes trincheras, desde diferentes ángulos ideológicos, desde diferentes posturas para que aquí haya democracia. Nos opusimos a la dictadura somocista de la misma manera con que nos opusimos al gobierno autoritario de la década anterior, a como ahora también nos oponemos al continuismo oligárquico y familiar que únicamente pretende la entronización de los poderosos de siempre.

Y ante esta cuestión, queremos decir que nadie, absolutamente nadie ha hablado aquí de reducirle el período al Presidente de la República y que mi partido, la Unión Demócrata Cristiana dio a conocer en el mes de octubre de 1993, en el Documento de Gobernabilidad, como una de sus principales premisas, que el gobierno electo debe cumplir y terminar con el período para el que fue electo; y también nos encontramos y dijimos que había que rescatar a la Asamblea Nacional del estado deplorable en que había caído, y solamente recuerda uno las frases de un gobernante francés que decía que había encontrado el poder en el suelo, en el fango y en el lodo y que era preciso recuperarlo, en el caso nuestro, para poderle dar su lustre nuevamente en beneficio del pueblo nicaragüense.

Quiero también aprovechar, señor Presidente, esta oportunidad para denunciar que un miembro de mi bancada, la diputada Azucena Ferrey está siendo objeto de una campaña malévola y mal intencionada, y que hoy se repartía una propaganda en Plaza España, en el 7 Sur, en la Colonia Centroamérica, en la Carretera Norte y en otros puntos de la ciudad de Managua, tratando de denigrarla, y peligrosamente con una foto de ella, como incitando para que cualquiera cometa un delito en contra de su persona y viole su integridad física y tal vez acabe con su vida.

Quiero señalar que nosotros tenemos ya identificados los sectores que están detrás de esta campaña; y son precisamente este tipo de acciones los que llevaron a estos diputados de esta Asamblea Nacional a proponer que todo ciudadano tiene derecho a saber por qué los organismos del Estado tienen información de los particulares, con qué propósitos y con qué objeto, también esta misma Asamblea Nacional utilizando el poder constituyente a través de la reforma constitucional, aprobó que no debía de haber espionaje político en el país. Y aquí, estas son muestras claras y evidentes de que el espionaje político continúa en el país y que se cierne sobre el pueblo, sobre esta bancada -la de la UDC- y también sobre esta Asamblea Nacional, como una espada de Damocles, el que puede terminar con su existencia democrática.

Sin embargo debe quedar claro y firme, que hay una voluntad democrática, y que esa voluntad democrática de cambiar este país debe expresarse sin ninguna vacilación el día 23 de febrero.

Señor Presidente, usted debe publicar las reformas constitucionales si la señora Presidente no las pública.

Gracias.

CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE MARZO DE 1995. (ONCEAVA LEGISLATURA)

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tal como lo solicita el diputado Fernando Zelaya, después el diputado Fernando Zelaya dice que no escucha…

Tal como lo solicita el diputado Fernando Zelaya, consta en el Diario de Debates, y así va a constar también en el Acta de esta Sesión el desacato público en claras y altas voces que él comete contra la Constitución reformada de Nicaragua.

La Primera Secretaria le va a dar lectura a la carta que se le está enviando a la Presidenta de la República.

SECRETARIA JULIA MENA RIVERA:

Excelentísima Señora
Presidente de la República de
Nicaragua
Doña
Violeta Barrios de Chamorro
Su Despacho.

Excelentísima señora Presidenta:

He tomado nota de su carta de ayer 28 de febrero de 1995, en la que me da a conocer su disposición de reanudar las conversaciones con el Poder Legislativo, y su decisión de hacerse representar con una Comisión de miembros de su Gabinete.

Por mi parte, le reitero la voluntad de la Asamblea Nacional de continuar las negociaciones sobre la implementación de las reformas constitucionales parciales, las cuales entraron en vigencia desde el viernes 24 de febrero recién pasado, cuando las mandé a publicar, en vista de que usted no las promulgó conforme la demanda el artículo 194 de la misma Constitución Política de la República.

Le informo que la Comisión del Poder Legislativo para estas negociaciones estará integrada por honorables diputados a la Asamblea Nacional.

Con mis atentos saludos,

Luis Humberto Guzmán
Presidente de la Asamblea Nacional

La Comisión es la siguiente: Julia Mena, Primer Secretaria; Luis Sánchez Sancho, Tercer Secretario; Dora María Téllez; Myriam Argüello; Cairo Manuel López.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra la diputada Dora María Téllez.

DIPUTADA DORA MARÍA TÉLLEZ ARGÜELLO:

Gracias, Presidente.

Había pedido la palabra originalmente, Presidente, para respaldar esta Resolución, pero la intervención del doctor Zelaya, que aparece sumamente confusa, y él siempre se ha distinguido por su agilidad mental; me motiva a hacer algunas aclaraciones. Primero quisiera decir lo siguiente. Desde antes de la publicación de la reforma constitucional, y desde el mismo momento de la firma por el Presidente de la Asamblea Nacional de la Reforma de la Constitución en el "Olof Palme", el propio Presidente de la Asamblea hizo un llamado a la Presidenta de la República para debatir la implementación de las reformas constitucionales, sin ninguna respuesta.

Esa convocatoria la volvió a hacer de nuevo el Presidente de la Asamblea Nacional a la Presidenta de la República, que tampoco tuvo respuesta; hasta que luego llegó una carta, donde la Presidenta cesaba esa reunión. Es una carta equívoca, que probablemente eso es lo que confunde al doctor Zelaya. La carta era equívoca porque la Presidenta seguramente mal asesorada por sus abogados, hablaba de un proyecto de reformas -ellos no admiten que haya sido aprobada la reforma-, y hablaba de una resolución de la Corte Suprema en circunstancias en que la Corte Suprema no tenía nada que resolver.

Después de varias cartas en la que la Asamblea convocó una fecha para iniciar de inmediato negociaciones sobre la implementación, desde el sábado de la semana antepasada, la Presidenta respondió que podrían ser en lunes estas reuniones, que se comenzaran lunes, martes y miércoles, como es conocimiento por todo el Plenario. Una vez publicadas las reformas por el Presidente de la Asamblea y habiendo incumplido la Presidenta de la República con el mandato constitucional que le ordena promulgar y publicar las reformas constitucionales, la Presidenta sacó un comunicado que está en los medios de comunicación, y que yo quiero recordarles, para que nos sujetemos estrictamente a la historia tal a como se presenta.

Las dos primeras líneas del comunicado de la Presidenta de la República decía que da por cerrada toda comunicación con la Asamblea Nacional; yo no sé si el doctor Zelaya leyó ese comunicado o lo recuerda. Fue el propio Presidente de la Asamblea el que envió una nota invitando a la Presidenta de la República a dialogar sobre la implementación de la reforma; y la Presidenta ha vuelto a contestar diciendo que está de acuerdo, pero otra vez de manera equívoca se refiere a un proyecto de reformas que ya no existe -estamos hablando de reformas constitucionales ya aprobadas- y de nuevo se refiere a una resolución de la Corte, que tampoco tiene que resolver, como claramente lo dijo el Presidente de la Corte, doctor Trejos, de que la Corte no tenía a mano ningún tema que resolver respecto a reformas constitucionales.

Es decir, partimos de dos hechos: primero la negativa de la Presidenta de la República a promulgar y publicar las reformas constitucionales, violando el mandato de la Constitución que le ordena hacerlo. Segundo, la publicación de parte del Presidente de la Asamblea Nacional en acatamiento de lo que dice la propia Constitución y las leyes, se abre un proceso de formación de la ley. Tercero, estamos partiendo de esta convocatoria a resolución de las condiciones que establece la actual Constitución del país, que en su artículo 138, numeral 7), establece que la Asamblea Nacional deberá convocar a la elección de Magistrados. Y probablemente esta ley genere confusiones al doctor Zelaya.

Al ser la Asamblea Nacional la que tiene que convocar, obviamente se entiende el plenario de la Asamblea Nacional, y tiene que ser una resolución aprobada por el plenario. De manera que la Junta Directiva ha procedido correctamente al presentar al plenario el proyecto de resolución, para que el plenario lo apruebe y convoque a la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el entendido de que estamos hablando que en uno de los artículos transitorios de la Ley de Reforma Parcial dice que se debe llenar las vacantes de los Magistrados de la Corte Suprema.

El número en que estaban los Magistrados de la Corte era de nueve miembros, actualmente son doce miembros los que deben constituir la Corte Suprema de Justicia, y habían dos vacantes: una producida por la salida del doctor Rodrigo Reyes, y la otra producida por la renunciada del doctor Chamorro Mora. De manera que la Asamblea está obligada a proceder a convocar a la elección de cinco magistrados: dos para llenar las vacantes anteriores, y tres para llenar las vacantes que se producen en el momento en que la Constitución establece que el número de magistrados es de doce miembros. De manera que es perfectamente correcto este proyecto de resolución que ha enviado la Junta Directiva.

La respuesta que el Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea ha dado a la Presidenta y el nombramiento de la Comisión, indican la voluntad de negociar la implementación de las reformas por parte de la propia Asamblea Nacional. Esto de la elección de los Magistrados, de las listas -no ternas, que ya no son ternas, son listas que debe enviar la Presidenta de la República para la elección que deberá hacer la Asamblea- obviamente está abierto, por lo menos de parte de la bancada sandinista, a escuchar todas las propuestas que hayan que hacer, y a escuchar con absoluta apertura las propuestas que el propio Poder Ejecutivo tenga en esa dirección.

El hecho de que la Presidenta de la República se niegue a aceptar la validez de la reforma constitucional, no la hace menos válida y el hecho de la objeción que presentan algunos representantes, algunos diputados aquí, tampoco le quitan validez a las reformas que ya están publicadas y que han entrado en vigencia desde ayer, y me sorprende que el doctor Zelaya no se haya percatado de eso. En el momento en que los proyectos de ley de propiedad pasaron directamente a Comisión y que fueron sometidos a votación por este plenario, y el doctor Zelaya estuvo presente ayer aquí y no emitió ninguna consideración al respecto, yo asumo pues que el doctor Zelaya ha interpretado correctamente que el nuevo proceso de formación de la ley está de acuerdo con las reformas aprobadas.

De manera que, doctor, reacciona usted realmente tarde. El día de ayer se ha comenzado a trabajar en esta Asamblea de acuerdo al proceso de formación de la ley establecida en la reforma constitucional.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Voy a leer la lista de colegas que están anotados para hacer uso de la palabra, y vamos a cerrar la lista: Alfredo César, Nathán Sevilla, Dámaso Vargas, Gustavo Tablada, Nilo Salazar, Alejandro Solórzano, Luis Sánchez, Edmundo Castillo, Cairo Manuel López y Azucena Ferrey. Se cierra la lista.

Tiene la palabra el representante Alfredo César.

DIPUTADO ALFREDO CÉSAR AGUIRRE:

Gracias, Presidente.

La primera parte de mi intervención es para poder aclararle al doctor Zelaya en cuanto al procedimiento. Él tenía unas dudas en cuanto a que la Junta Directiva estaba presentando al plenario una resolución, y que si eso cambiaba el sistema que hemos venido utilizando y que está reflejado en el Reglamento y en el Estatuto General de la Asamblea Nacional. Eso no cambia bajo ninguna circunstancia dicho procedimiento, que continúe siendo facultad de cada diputado la iniciativa de ley y de resoluciones, llevando el trámite correspondiente.

Sin embargo, esto se trata de una nueva disposición en la Constitución reformada relativa al artículo 138 "De las atribuciones de la Asamblea Nacional", inciso 7), En este caso específico, que define el procedimiento de elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y efectivamente dice en la parte conducente numeral 7): "Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección".

Es decir, que es la Asamblea Nacional -léase el plenario- las que tiene que aprobar la convocatoria para presentar las listas de candidatos para los Magistrados. Por esta disposición constitucional es que efectivamente la Junta Directiva y los que la integran en su carácter de diputados, con pleno derecho a hacer uso de la iniciativa de resoluciones, le presentan al plenario de la Asamblea Nacional a su consideración dicha resolución; si fuese aprobada, entonces se abriría a partir del momento en que así sea aprobado el plazo de quince días para presentar los candidatos, tanto de parte de la Presidenta de la República como de parte de todos los diputados que integran la Asamblea Nacional, habiendo consultado debidamente las asociaciones civiles pertinentes.

De eso se trata este procedimiento que actualmente estamos siguiendo, en apego estricto a lo que manda la Constitución Política reformada. Ya refiriéndome al punto de fondo, Presidente, me parece que es de gran importancia recordar a los estimables colegas, que hace a duras penas tres días, el Cardenal Miguel Obando y Bravo reveló a los medios de comunicación, nacionales e internacionales, que había recibido a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que lo habían visitado para explicarle a su Eminencia que la Corte Suprema de Justicia está imposibilitada de hacer quórum para fallar ningún tipo de sentencia dado que existen siete magistrados y uno de ellos se encuentra en una situación difícil, y que sus propios colegas consideran que no es una situación apropiada y por lo tanto lo tienen bajo protesta, dejando de esa manera solo seis magistrados actualmente en la Corte Suprema de Justicia, que lógicamente no constituyen el número necesario para hacer quórum y emitir ningún tipo de sentencia.

De manera que al presentar el día de hoy, con gran responsabilidad la Junta Directiva de la Asamblea Nacional al plenario, la consideración de aprobar la convocatoria de la elección de los nuevos magistrados se está respondiendo a la necesidad nacional de integrar plenamente al Poder Judicial, de forma que pueda reasumir sus funciones. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo los propios magistrados y se lo han comunicado a la autoridad espiritual más que tiene este país como es su Eminencia el Cardenal Miguel Obando y Bravo, quien a su vez hace un llamado público para que sin dilación se logre nombrar a estos Magistrados que hacen falta, y de esa forma pueda entonces el Poder Judicial reanudar sus normales funciones.

Hago este recordatorio, porque de ninguna manera debe de tomarse la aprobación de la convocatoria de elección de magistrados como un acto que va a dificultar aún más las relaciones entre los dos Poderes; por el contrario, se está haciendo en el sentido de la más alta responsabilidad nacional de parte de esta Asamblea, para lograr, repito que uno de los Poderes reanude su funcionamiento y de esa forma se pueda continuar con la normal administración de justicia.

Adicionalmente es de mencionar, que en el ánimo de contribuir a la solución de este diferendo, que ha sido creado por la decisión de la Presidente de la República de no acatar lo que la Constitución Política le obliga, y con la extraordinaria flexibilidad, como lo dice muy bien el comunicado de la Barra de Abogados de Nicaragua, donde dice: "Con extraordinaria flexibilidad, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional le ha ofrecido a la Presidenta que participe de las decisiones de la implementación de las reformas ya actualmente incorporadas en la Constitución reformada vigente". Y esta flexibilidad ha sido y se vuelve a reiterar una vez en la carta que el Presidente de la Asamblea le está enviando a la Presidenta de la República y que nos ha sido leída por la distinguidísima Primera Secretaria de esta Asamblea Nacional.

Continúa con absoluta claridad esa disposición política de gran sensatez, de gran madurez, de gran responsabilidad ante el pueblo de Nicaragua y la nación, de parte de la Asamblea Nacional, de acordar con la Presidenta la implementación de esta Constitución reformada con el ánimo de ahorrarle a la ciudadanía y al país cualquier tipo de sobresaltos; pero lógicamente eso no significa ni puede significar que la Asamblea Nacional irresponsablemente dejará de proceder, como lo indica su deber, a los actos legislativos necesarios para el funcionamiento institucional normal del país, y uno de ellos es precisamente al completar los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que tal como lo indicó su Eminencia hace a duras penas tres días la preocupación de los actuales Magistrados que integran la Corte, se lo logre el quórum correspondiente para el normal funcionamiento del Poder Judicial.

Quiero hacer ver, señor Presidente, para concluir, que su disposición expresa en la carta más reciente que envía a la Presidenta de la República, incluye, a mi modo de entender, la posibilidad de que en estos quince días que se abren a partir de que se apruebe la convocatoria, si así fuere el caso, la decisión de la mayoría de los diputados de que se logre entre otros acuerdos de implementación con la Presidenta de la República, una lista de candidatos que pudiéramos respaldar aquí con más del sesenta por ciento del voto, pero que pudiera ser enviada por la propia Presidenta, haciendo uso del derecho que le concede la Constitución Política.

Así interpreto yo esa disposición reiterada de ir buscando acuerdo de implementación, porque lógicamente al final de estos quince días estaremos eligiendo nuevos magistrados, tomados de las listas de candidatos que envié la señora Presidenta, o de las listas de candidatos que presenten los señores diputados, después de haber consultado con las asociaciones civiles pertinentes. Me parece a mí, Presidente, que una de las contribuciones importantes hacia la estabilidad del país, sería el que pudiéramos tener un acuerdo con la señora Presidenta, repito de forma tal que eligiéramos de su lista de candidatos, con más del sesenta por ciento del respaldo.

Yo por lo menos, en mi carácter de jefe de la Bancada Nacional Demócrata y miembros por supuesto de la bancada de la UNO, estaré totalmente abierto a esa posibilidad y los colegas de mi bancada también; siempre en el ánimo de esa flexibilidad parlamentaria que continúa y que seguirá continuando de acuerdo a lo que el propio Presidente de la Asamblea le ha comunicado a la Presidenta de la República.

Muchas gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Nathán Sevilla.

DIPUTADO NATHÁN SEVILLA GÓMEZ:

Gracias, Presidente.

En reiteradas ocasiones, nosotros como diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hemos sostenido que en el proceso de la elaboración de reformas a una Constitución debe privar en primer lugar un consenso nacional y en segundo lugar el acatamiento a la ley, a la Constitución, en el procedimiento a seguir. Tanto en la Primera Legislatura como en la Segunda, en la que se debatió la forma, dejamos constancia invariablemente de las anomalías que se estaban cometiendo, de procedimientos que violaban la Constitución en el debate y aprobación en bolsones de los artículos que se estaban reformando.

A pesar de ello participamos en el debate porque estamos de acuerdo con que debe haber una reforma a la Constitución y porque lo que se aprobó en esta reforma, la mayor parte de los artículos, a nuestra manera de ver, gozan de un consenso amplio. Temas como el del Servicio Militar, por ejemplo; la eliminación de las confiscaciones; temas como el seis por ciento para las universidades, gozan de consenso amplio; así como también hay otros temas que no gozan del consenso amplio y que son de vital importancia para el pueblo nicaragüense como por ejemplo la falta de gratuidad en salud, que es un retroceso de la reforma, que solo considera gratuita la salud para los llamados sectores vulnerables.

También el haberle agregado al tema de la gratuidad de la educación, una parte que le da al Ministro Belli la posibilidad de burlar la gratuidad de la educación primaria y secundaria. El tema de la propiedad, que de una manera demagógica solo se aprobó un supuesto reconocimiento a las diferentes formas de propiedad; mientras que fueron rechazada de plano las garantías constitucionales a los nicaragüenses beneficiados por la reforma agraria, reforma urbana, desmovilizados de las Fuerzas Armadas y de la ex- resistencia. El tema del papel del Estado en la regulación de la economía nacional también fue eliminado, y el derecho de los trabajadores fue violentado en el artículo 104, eliminando la participación de los trabajadores en la elaboración de los planes económicos.

Es decir, el problema de violaciones a la Constitución en el procedimiento que se siguió, y hay problemas de fondo, por falta de consenso y atropello a los derechos adquiridos por el pueblo en la Constitución vigente; pero que ahora a quien le corresponde dilucidar esta situación es al Poder Judicial, puesto que hay cuestionamientos formalmente introducidos a través de recursos de amparo. Y si el Poder Judicial está paralizado es por razones diversas: una de ellas es que no fueron completados los nueve miembros - porque la Asamblea sencillamente no ha querido desde mayo del año pasado hacer esa completación.

Y otra razón que parece ser de orden político, porque las contradicciones entre los dos Poderes -el Ejecutivo y el Legislativo- cruzan también la actuación de los magistrados de la Corte Suprema, haciendo que algunos de ellos parcialicen en favor o en contra de uno de estos dos Poderes en conflicto y determinan que haya parálisis. Pero de ninguna manera nosotros como Frente Sandinista de Liberación Nacional, podemos estar avalando que aquí se venga a proceder de conformidad con una supuesta nueva Constitución ya reformada, que está totalmente cuestionada desde el origen mientras no haya un fallo del máximo Tribunal de Justicia de la República, la Corte Suprema de Justicia, sobre este tema.

De manera que nos oponemos a que se venga con una resolución de ese tipo a querer implementar un artículo de la Constitución ya reformada, cuando esta Constitución reformada no ha entrado en vigencia, no ha sido promulgada como es debido, y hay también recursos de amparo que tienen que ser estudiados y fallados por el máximo Tribunal de Justicia del país. Dígase lo que se diga, por parte de quienes defienden el punto de vista de que la reforma ya entró en vigencia, eso no es una realidad mientras no exista un fallo definitivo del máximo Tribunal de Justicia, y lo que hay aquí es más bien una asalada en el enfrentamiento de los dos Poderes Ejecutivo y Legislativo.

¿Hasta, adónde va a llegar esta escalada? Se piensa después de esto, ¿pasar también a destituir a la Presidenta de la República y nombrar al doctor Virgilio Godoy en su lugar?

Son temas de fondo que no están resueltos. El Frente Sandinista propone que si los Poderes por su intransigencia no son capaces de resolver la crisis, debería más bien pensarse en una Constituyente, para que la reforma se haga de acuerdo con los intereses nacionales y populares y no como se ha hecho, de acuerdo con intereses politiqueros y partidarios.

Gracias.

PRESIDENTE EN FUNCIONES NICOLAS BOLAÑOS GEYER:

Sigue en el uso de la palabra, el diputado Dámaso Vargas.

José Luis Villavicencio.

DIPUTADO JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO ORDOÑEZ

Señor Presidente y señores diputados, parece que la voluntad política de los que están dirigiendo mediante una alianza la Asamblea Nacional, es echarle más leña al fuego y agudizar la crisis. Llamo a la reflexión de los señores diputados, para que midan las consecuencias de lo que están haciendo, midan las consecuencias de la crisis política que va a agudizarse, midan las consecuencias de la irresponsabilidad con la cual me parece a mí estamos legislando. El pueblo nos eligió en el 90 para fortalecer la paz y para garantizar la estabilidad nacional; y con estas posiciones de fuerza, la Asamblea Nacional no contribuye a la paz, ni a la estabilidad, sino que va a agudizar la crisis política ya planteada alrededor de las reformas.

Señores diputados, vean esto con mucha seriedad, vean esto con mucha responsabilidad, no lo vean esto como un juego de caprichos, de forcejeo de un lado y de otro lado. El Frente Sandinista llama a que tengamos serenidad y reflexionemos sobre lo que vamos a hacer, el pueblo no se merece estas actitudes. Este proyecto agudiza la crisis, y voy a explicar por qué ¿Qué pasaría señores diputados, si los cinco magistrados que se nombren de acuerdo a la reforma para completar al número doce, si los cinco que nombre esta Asamblea Nacional -encaprichada por algunos grupos- nombra cinco magistrados y la Corte Suprema no acepta esos cinco magistrados?

¿Qué pasaría en este país, si la Corte Suprema no acepta? Porque la Corte Suprema dice que no ha fallado contra los recursos todavía ¿Qué pasa? ¿Va a ir entonces esta Asamblea Nacional a destituir a los magistrados actuales de la Corte Suprema? ¿Va a aumentar más el problema político, peleando también contra la Corte Suprema la Asamblea Nacional?

Yo pido: por favor reflexionemos, seamos responsables, no nos dejemos llevar por el capricho de unos cuantos, que está en el peligro la estabilidad de este país. Si la Corte no admite o no reconoce a estos cinco magistrados que aquí se vayan a nombrar, como en efecto así parece, ¿qué va a ocurrir? ¿La Asamblea Nacional va a pelear también contra la Corte Suprema de Justicia?, por favor seamos serios, veamos esto no como un juego, veamos esto con mucha seriedad y mucha responsabilidad.

Contrario a eso, veamos el escenario. Contrario a eso la Corte admite a los cinco magistrados que nombra la Asamblea, entonces el Ejecutivo va a asumir el pleito también, además de la Asamblea va a asumir el pleito contra la Corte Suprema. ¿Esto contribuye a la estabilidad? No contribuye a la estabilidad. Nosotros llamamos nuevamente, y no nos vamos a cansar de llamar nuevamente de que por favor señores que dirigen la Asamblea, por favor señores que dirigen el Ejecutivo, siéntense a negociar, siéntense a discutir un problema político, para encontrarle soluciones políticas. Este problema político ya sobrepaso la viabilidad del país, de ahí que no es con forcejeos legales que vamos a encontrarle soluciones a esta crisis, sino con acuerdos políticos como la crisis es política, tendrá entonces que haber acuerdos y soluciones políticas.

Esa es nuestra preocupación como Frente Sandinista. Creemos que los señores diputados que dirigen la Asamblea no pueden seguir en esta actitud de echarle más leña al fuego, porque va a agudizarse la crisis; esta crisis tiene nombres y apellidos, y cuando estalle la crisis vamos a ver si estos nombres y apellidos van a tener el valor de afrontar las consecuencias que viene de esto.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Después de la última amenaza que hemos escuchado aquí en el plenario, tiene la palabra el diputado Gustavo Tablada.

DIPUTADO GUSTAVO TABLADA ZELAYA:

Gracias, señor Presidente.

Quisiera aprovechar el uso de la palabra, enviando un fraternal saludo a todos los periodistas del país con motivo del Día del Periodista, principalmente a quienes cubren estas Sesiones de la Asamblea Nacional y todo lo concerniente al trabajo parlamentario en nuestro país. Quiero externar una vez más la preocupación que en forma continua hemos venido externando alrededor de los acontecimientos que están sucediendo a nivel pleno de este Poder del Estado. Hace algunos meses atrás mencionábamos acerca de la sistemática violación del Reglamento Interno y de los Estatutos de esta Asamblea Nacional, lo que motivó en su momento. Y que tres miembros de este Poder del Estado interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones que fue recibido en su oportunidad y traslado a la Corte Suprema de Justicia donde obviamente se expresaba la violación de los artículos correspondientes de los Estatutos y del Reglamento Interno.

Y hoy una vez más se está cayendo en esta situación. Tengo en mi poder un documento muy elegante que nos fue dado, que recoge los Estatutos de esta Asamblea Nacional y de las funciones de la Junta Directiva; en ninguna de ellas se menciona que la Junta Directiva tiene potestad de presentación de anteproyecto de leyes, como han querido hacerlo hoy en la mañana, ni de resolución, y que de manera insistente se pretende hacer creer de que eso si está contemplado en estos documentos. Únicamente en el punto seis y en el punto siete, en lo que respecta a funciones de la Junta Directiva, se habla de propuestas al plenario de la Asamblea Nacional para la creación de nuevas comisiones permanentes, así como también la fusión, separación y sustitución de las existentes; y en el punto ocho habla de proponer al plenario, para su discusión y aprobación el Proyecto de Presupuesto Anual de la Asamblea Nacional.

En los otros catorce o doce artículos restantes no menciona en ninguno de ellos la proposición de nada de lo que se está proponiendo la mañana de hoy. Al mismo tiempo sobre este mismo tópico, no deja de sorprenderme lo que viene a ser también una forma de pisotear lo que está contemplado dentro del Reglamento y los Estatutos, cuando por aseveraciones o argumentos que esgrimen los diputados en el momento que hacen uso de la palabra, se obtiene de miembros de la Junta Directiva amenazas de posibles sanciones.

Queda claramente planteado en el Estatuto y Reglamento Interno, que el diputado puede perfectamente bien hacer uso de diferentes tipos de argumentos y que esto no significa en manera alguna motivo de sanción, ni muchas menos amenazas o es que se está cayendo en una posición de amenaza o en un posible chantaje alrededor de que se tengan que reconocer por la fuerza las reformas a la Constitución, que es uno de los problemas más sentidos y más preocupantes que está viviendo la sociedad nicaragüense en el momento actual; y que ustedes saben que es un problema de mucha complejidad, más aun cuando la Presidencia de la República ha sancionado dichas reformas a la Constitución.

En relación directamente con esa propuesta para el nombramiento de los futuros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nos encontramos una serie de confusiones sobre este problema. Dicen los entendidos en derecho que "primero en tiempo, primero en derecho". Aquí se envió hace aproximadamente diez meses una propuesta de terna de parte de la Presidencia de la República, para que esta Asamblea Nacional nombrara a uno de los magistrados para que se completara su quórum. En todo caso si se quiere proceder de conformidad con las leyes existentes en este país, debería de procederse a la escogencia o a la elección de cualquiera de los magistrados propuestos en esa terna de parte de la Presidencia de la República.

Al mismo tiempo considero que no es válido el argumento que se ha esgrimido, de que el nombramiento de estos magistrados es para venir a solucionar los recursos de amparo que han sido presentados ante la Corte Suprema de Justicia. En el supuesto caso de que estos magistrados se nombren y que se incorporen a la Corte Suprema de Justicia, estos magistrados están inhibidos de conocer los recursos de amparo presentados, porque los recursos de amparo que se presentaron son sobre las mismas reformas a la Constitución, y según los entendidos en derecho, no podrían estos magistrados entrar a discutir este problema.

Sí que es obvio de que hay un interés de continuar profundizando más el conflicto que ya de por sí existe dentro de los dos Poderes del Estado; de ninguna manera contribuirán acciones de esa naturaleza a superar o a mejorar esta situación de tensión que existe en el país, sino que por el contrario van premeditadamente a reforzar esta posición. A nosotros estas situaciones nos preocupa enormemente, porque es notorio para todos los colegas que estamos en esta Asamblea Nacional y para todo el pueblo de Nicaragua, los ingentes esfuerzos que hemos venido haciendo durante todos los años que lleva el presente Gobierno, por tratar de trabajar y por mantener el nivel necesario de estabilidad en el seno de nuestra sociedad.

El rompimiento del equilibrio en el seno de la sociedad nicaragüense, que provocarían acciones de esta naturaleza, podrían traer consecuencias bastantes negativas para la sociedad misma, y no es de esta manera como se van a solucionar estos problemas. Oficialmente puedo decir, que nosotros nos inclinamos y estamos en favor con todas aquellas voces que han estado planteando la necesidad del establecimiento de un diálogo nacional, que busque como establecer acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de la estabilidad en el seno de la sociedad nicaragüense, que superen el impacto y el impasse en que nos encontramos en el momento actual, y que permitan de que fluya el funcionamiento de la sociedad y la solución de los problemas que la misma sociedad tiene, de la manera más expedita, más apropiada y más correcta. Yo haría una vez más un llamado a la reflexión, a ver de qué manera se depone esa actitud y se encauza el trabajo de esta Asamblea Nacional por otras vías.

PRESIDENTE EN FUNCIONES NICOLÁS BOLAÑOS GEYER:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Solórzano.

DIPUTADO ALEJANDRO SOLÓRZANO FERNÁNDEZ:

Desde los previos de ayer se planteó la posición oficial de un documento firmado por veinte diputados, o doce diputados, en relación a este conflicto. No ha sido promulgada una nueva Constitución Política, y no ha sido sancionada por el Presidente de la República como manda la ley; todo lo actuado dentro del marco de esas llamadas "reformas" es ilegal y eso ya lo sabe todo el mundo. Se trata también ahora de violar el Presupuesto General de la República, tratando de nombrar magistrados hasta la cantidad de doce, donde de acuerdo a la ley son nueve; quiere decir que ya la Asamblea tiene sus propias finanzas para para financiar los salarios y sueldos de los Magistrados de la Corte Suprema.

Hay un desacato del Presidente de esta Asamblea Nacional a la ley, desacato que viene desde mayo del año pasado al no tramitar la elección del magistrado, terna que vino de parte de la Presidencia de la República en ese mismo mes del mismo año pasado. Además, algunos diputados, miembros de esa Directiva han hecho amenazas veladas, que por muy veladas que sean no dejan de ser amenazas, con el infundio de desacato de parte de los que no reconocemos ni vamos a reconocer algo que este fuera de ley, como esa llamada reforma publicada por el Presidente de esta Asamblea, asumiendo atribuciones que no le corresponden porque no es a él que le corresponde, ni a la Directiva de esta Asamblea Nacional.

Además, peligrosamente esta Directiva encabezada por su Presidente, trata de colocar a esta Asamblea, lastimosamente, como el Reichstag de la Alemania nazi, en la cual si tuvieran un solo pelotón, ya hubieran fusilado no solo a un diputado sino que hubieran fusilado también a la Presidenta de la República, porque no es una sola amenaza velada la que han hecho en relación al supuesto desacato que ella ha hecho de estas reformas. Hay que reflexionar, estamos jugando con Nicaragua. En Nicaragua son cuatro millones de habitantes, la Presidenta de la República es la mandataria de estos cuatro millones de habitantes.

Ustedes, Junta Directiva, en un supuesto dado, son mandatarios de noventa y un nicaragüenses que estamos aquí en este hemiciclo, no traten de usurpar los Poderes que no les corresponden. Mucho cuidado que la historia de Nicaragua está repleta de ejemplos, no juguemos con el destino de este país, que Nicaragua lo va a reclamar. Es necesario y es tiempo todavía de entrar a conversación los partidos políticos, deponiendo los intereses mezquinos de grupos, y poniendo por encima de esos intereses mezquinos los intereses de la patria que tanto lo necesita.

Hago ese llamado, junto mi voz a los que han pedido el diálogo, pero un diálogo civilizado, un diálogo en que se discutan los problemas nacionales, para salir de este impasse y de esta serie de violaciones que a la ley de vienen haciendo, cuando debemos dar el ejemplo del fiel cumplimiento de las mismas y no estar haciendo subterfugios. Ese llamado se lo hacemos de una manera seria, serena, para que tengamos tiempo no solamente de pelear, sino también de ponernos de pie como nicaragüenses y andar de cara al futuro y no de cara al pasado.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Después de haber escuchado el último desacato a la Constitución de la República de Nicaragua, tiene la palabra el representante Nilo Salazar.

DIPUTADO NILO MANUEL SALAZAR AGUILAR:

Gracias, señor Presidente.

Después que usted oye que tantos desacatos, súmeme en esa lista también. El día de ayer yo señalaba en el punto especial 4.1, que miraba una intención al expresar discusión y aprobación de la Resolución 001, cuántas venían detrás. Por la tarde ya estábamos viendo la ley del nepotismo, y cuántas cosas más vendrán. Aquí se ha hablado de que la Junta Directiva ha tenido flexibilidad para tratar de buscar cómo llegar a acuerdos con el Poder Ejecutivo. Yo creo que esa flexibilidad realmente no ha existido desde hace mucho rato, desde el momento en que se venía discutiendo lo que era la reforma constitucional y venían participando todas las bancadas, los sectores políticos representados, y el mismo Ejecutivo, y de pronto rompieron todo ese diálogo y apareció el proyecto de reformas sin haber llegado a ese consenso. Desde ahí no puede haber ya flexibilidad.

En segundo lugar me parece que, como se está diciendo, la reforma constitucional empezó a regir el 23 de febrero del 95, prácticamente aquí en la Asamblea hay dos criterios: los que señalan que empezó a regir y los que creemos que no empezó a regir. Porque yo considero que publicar, que la hayan publicado, no goza realmente de una posición de los que es la promulgación que le corresponde a la Presidenta de la República. También estaba escuchando algunos puntos de vista con referencia a la Corte Suprema de Justicia. Yo considero que en un país, la Corte Suprema de Justicia es quien pone el orden, ya sea a una de las partes que este violentando, o a la otra; y porque yo creo que la Corte Suprema no es prácticamente un juguete, sino algo que va a poner el orden de quién tiene la razón.

A mí me parece que en la Corte Suprema realmente ya hay posiciones que se han notificado, tanto a la Presidenta de la República como al Presidente de la Asamblea, de abstenerse a promulgar las reformas constitucionales, y si existe esa notificación y la Junta Directiva por encima de esa notificación dice esto es lo que está rigiendo y partir de aquí vamos a hacer una serie de leyes y todo, creo que es bastante peligroso, porque eso lleva a una posición de mayor confrontación, y más cuando he estado escuchando en un hablatón de acciones en el Mercado Oriental, que hablar de movilización de las masas, que la elección de los magistrados, como quien dice, en una sofocación en la cual buscando como crear una serie de acciones para tratar de ver que realmente esa reforma constitucional va.

Y espero desde luego, como hemos visto las cosas como avanzan, pues realmente pronto vamos a tener la cuestión de los impuestos, vamos a tener una serie de criterios también de la Junta Directiva, y más con la posición de hoy, que están tratando de demostrar que tienen toda la razón, según el pensamiento de ustedes, de introducir este tipo de resoluciones, pues mañana y pasado mañana y cuánto días más estaremos viendo tantas resoluciones. Sin embargo, yo creo que a estas alturas todavía puede hacerse un alto y tratar de buscar realmente posiciones, acuerdos políticos que permitan resolver este problema; pero que yo creo que las posiciones están como que se montó alguien en un caballo y que no se quiere apear de él, y que se llegue al destino que se llegue, hacia ahí van.

Entonces, esas posiciones no son para mí de mucha seriedad, y hay que pensarlo demasiado. Creo que aquí va a haber una definición en la cual yo invitaría al Presidente de esta Asamblea Nacional a que revise si quienes lo están asesorando, realmente lo están asesorando bien, porque cuidado, también lo están llevando a lanzarnos a un despeñadero, en el cual mañana no sepa ni por donde va a salir; porque quien desacata la ley, así como también nos señala a nosotros que posiblemente nos sancionen y de todo, quiero decirle que quien desacata la ley, también está expuesto a sanciones, por muy Presidente de la Asamblea Nacional que sea.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Después de escuchar el último desacato de esta mañana, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez, quien no desacata y si cumple con la Constitución.

DIPUTADO LUIS SÁNCHEZ SANCHO:

Gracias, Presidente.

La presencia en este recinto, de mi viejo amigo Rafael Solís Cerda, en momentos en que estamos escuchando los discursos de los enemigos de la reforma constitucional, me trae a la memoria, Presidente, las circunstancias cuando se aprobó la Constitución sandinista.

En esa oportunidad no solamente hubo algunos colegas de entonces, diputados que no quisieron firmar la Constitución, a pesar de que habíamos, pero participamos todos en su elaboración y aprobación, sino que incluso algunos de ellos dijeron que no iban a atacar la Constitución llamada sandinista.

Y que no se iban a ajustar a los principios, disposiciones y normas establecidas en esa Constitución. Por supuesto que andando el tiempo, todos los nicaragüenses se ajustaron a esa Constitución llamada sandinista y todos la acataron. Y es más, algunos curiosamente se enamoraron de la Constitución sandinista y ahora la defienden apasionadamente a capa y espada, y algunos hasta envenenadamente. Ahora, a esa vieja Constitución que ya está reformada, la gente ya no le dice solo "la Constitución sandinista", le dicen "la Constitución de Toño", porque es un hecho Presidente, que la Constitución está reformada.

Aquí se han mencionado las negociaciones de los dos Poderes la semana pasada, entre el 20 y el 23, y precisamente esas negociaciones confirmaron la entrada en vigencia, la validez, la legitimidad de la reforma constitucional. Aquí tengo, Presidente, mis notas personales de las negociaciones con el Poder Ejecutivo, que se iniciaron el lunes 20 con las palabras de la presidenta Chamorro, de que se reunía con nosotros para negociar la implementación de la reforma constitucional, dijo, por el bien y el beneficio de Nicaragua y en el espíritu de olvidarse si había o no había culpables. Y luego el jefe negociador, el Canciller Ernesto Leal dijo que iniciaban esa negociación para la implementación de la reforma constitucional, con la idea de que no debía de haber vencedores ni vencidos: "vamos a implementar la reforma para que no hayan vencedores, ni vencidos".

Y comenzamos a trabajar y avanzamos notablemente en ese proceso de implementación, de común acuerdo con ellos, con la presencia incluso de un representante del grupo ortodoxo del Poder Ejecutivo dentro de las negociaciones, el doctor Francisco Rosales Argüello, quien finalmente el último día de las negociaciones sobre la implementación, nos dijo, nos reveló, nos confesó que el éxito que habíamos logrado en el desarrollo de la implementación había preocupado a alguna gente dentro del Gobierno. Obviamente se refería a los jefes del grupo ortodoxo dentro del Poder Ejecutivo.

Y avanzamos Presidente, de la manera siguiente. Por ejemplo, acuerdo del Gobierno con el Poder Legislativo para la implementación mediante reglamentación del artículo 33, punto 2), que se refiere a la reducción del término de sesenta y dos a cuarenta y ocho horas. Acuerdo del Poder Legislativo sobre la implementación del artículo 34, punto 5), que se refiere al procesado prófugo, es decir, al derecho que tiene el procesado de comunicarse con su defensor, o si se aplica o no el derecho, si el procesado está prófugo, es decir, que no fuera habido por la autoridad. Se avanzó por ejemplo, en que debe reformarse la Ley de Reforma Agraria, a pesar de que otros Ministros del grupo ortodoxo han rechazado hasta el concepto de Reforma Agraria; pero la delegación encabezada por la Presidente acepta la implementación del artículo 68, párrafo cuarto, para aclarar en la Ley de Reforma Agraria, que se debe entender por latifundio ocioso.

Y así podría ir citando otros casos particulares, para revelarles, para informarles que se acordó mecánicas de implementación del artículo 1, que son cinco artículos de la Constitución; del artículo 2, que son seis artículos; del artículo 3, que es uno; del artículo 4, que son dos; del artículo 5, que es uno; del artículo 6, que son seis artículos; del artículo 7, que son tres artículos, y llegamos hasta el artículo 8 de la reforma, que son los artículos 106 y 107. De manera que es absolutamente inocuo, afán únicamente de lucir malas dotes oratorias, estar hablando aquí de que no ha entrado en vigencia la reforma constitucional. Está vigente, hemos avanzado en la negociación con la Presidenta de la República hasta el artículo 107 de la Constitución, y cuando se reanuden las negociaciones, según lo que informaba la Secretaria Mena, ¿vamos a reiniciar dónde?

Ahí donde quedamos, en el artículo 8; es decir, vamos al artículo 9 de la reforma constitucional, a implementar. Así de sencillo es lo que se ha venido haciendo, independientemente de la alharaca y de las argumentaciones vacías totalmente de contenido que se han estado haciendo aquí, que son ya obsoletas. Tercer punto Presidente. Yo ya quiero referirme concretamente a la propuesta de resolución que ha sido presentada esta mañana para la implementación del artículo 138, inciso 7) de la Constitución, que se refiere a la elección de los magistrados.

Yo comparto la opinión con algunos colegas, de que esta disposición debería ser reglamentada en el Estatuto de la Asamblea Nacional y que deberían de desarrollarse en este Estatuto los procedimientos, la forma de como por ejemplo cada uno de los diputados o grupos de diputados van a entrar en consulta con las asociaciones pertinentes de la sociedad civil; o la Asamblea Nacional como institución, por medio de su Junta Directiva, una vez que tenga las listas propuestas por los distintos sujetos con derecho a presentar candidaturas, haga esta consulta con la sociedad civil por medio de sus organizaciones. Esa es mi idea, que la dije en la Junta Directiva y la repito ahora ante el plenario.

Pero ya concretamente en cuanto al texto propuesto, Presidente, yo quiero hacer una moción de modificación de esta Resolución de la manera siguiente; la voy a leer toda y luego se la paso. El artículo o el punto uno, reformarlo de la manera siguiente:

1) De conformidad con el artículo 138, inciso 7) de la Constitución Política de Nicaragua, convocar para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

2) Convocar a la Presidenta de la República y a los diputados de la Asamblea Nacional, para que en listas separadas propongan candidatos para cada cargo a elegir, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes, dentro del plazo de quince días a partir de la publicación de esta Resolución por cualquier medio escrito de comunicación social.

Y suprimir el párrafo tercero, porque no tiene razón, eso es parte del texto constitucional en el artículo 138, inciso 7). Finalmente una aclaración. Yo entiendo que aquí no estamos realizando este trámite de implementación del artículo 138, inciso 7) para ver recursos equis específicos; aquí estamos realizando este trámite para darle cumplimiento al artículo 138, inciso 7); nada tiene que ver con los recursos existentes o inexistentes, desde el punto de vista jurídico y material. Voy a pasarle la moción estimado Presidente, y muchísimas gracias por haberme dado la palabra.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra el diputado Edmundo Castillo.

DIPUTADO EDMUNDO CASTILLO RAMÍREZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Indudablemente la exposición del doctor Fernando Zelaya Rojas ha expuesto una serie de criterios jurídicos que creemos es necesario tomarle la debida atención, y darle al pueblo los argumentos legales. Uno de los temas que plantea el doctor Fernando Zelaya es que la Junta Directiva no tiene la facultad para introducir un proyecto de resolución. Yo creo que el doctor Zelaya, en ese año que se fue a Londres se le olvidó el Estatuto General de la Asamblea Nacional, y es que si el tuviera el interés, pudiera leer en el Título VII "De las declaraciones, pronunciamientos y resoluciones", y después el termino, "Capítulo I". El artículo 94, señor Presidente, es bien claro: "El plenario, la Junta Directiva y el Presidente de la Asamblea Nacional, según los casos, podrán dictar resoluciones en el ejercicio de sus atribuciones".

El artículo 94 le da plena facultad en la estructura del poder que existe en esta Asamblea, al Presidente, a la Junta Directiva y al plenario. Posteriormente, en el artículo 99 del Estatuto, dice: "Las resoluciones dictadas por el plenario, la Junta Directiva y el Presidente de la Asamblea, contendrán una parte considerativa y otra resolutiva". Eso trae como consecuencia bien clara, que los tres órganos tienen plena facultad de presentar esta iniciativa de resolución. El criterio de que solamente los diputados pueden presentar iniciativas de resolución, hasta cierto punto esta ampliado en los artículos 94 y 99 del Capítulo "De las declaraciones, pronunciamientos, y resoluciones".

Pero entremos más a fondo, señor Presidente. Es una realidad que el artículo 182 de la actual Constitución Política, establece que la Constitución Política es la Carta Fundamental, las demás leyes están subordinadas a ella; y es una realidad que todos los diputados cuando tomamos posesión del cargo, una de las obligaciones bien clara en la promesa es cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución; eso nos da a todos los que estamos aquí presentes un imperativo categórico, una disposición imperativa de que nuestra función básica es cumplir con la Constitución Política de la República.

Y al tener en esta reforma, o en esta Constitución reformada el inciso 7) del artículo 138, la Asamblea o la Junta Directiva ha puesto con la elasticidad que le caracteriza, aunque tiene un derecho per se, propio, único y exclusivo de someter a consideración del plenario una resolución que únicamente ella tiene facultad. Se ha discutido, señor Presidente, que la Presidenta de la República, y hay un artículo del doctor Francisco Rosales Argüello, que en grandes titulares decía que el concepto de la promulgación era, o un derecho, o una obligación.

Desde que se inventó la República en la Revolución Francesa, una de las discusiones que habían en esa época, era que si el rey formaba parte del proceso de formulación de la ley; y en esa discusión que dio origen como consecuencia de que el rey centralizaba, o la monarquía centralizaba el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ahí quedó bien claro que las funciones del Presidente de la República de promulgar la ley, no es un derecho, y no es un derecho absoluto. Y voy a dar elementos sencillos, comparativos. La Corte Suprema de Justicia, sea la Corte, sean los jueces o los magistrados, una de sus atribuciones esenciales es aplicar el derecho.

Entonces, a contrario sensu podemos decir, o puede decir cualquier juez: yo no quiero dictar sentencia en este proceso, eso sería un disparate. Si la Asamblea, que su función esencial es dictar leyes, si el día de mañana dijera: No vamos nosotros a elaborar, a mocionar, o poner en vigencia leyes, porque es un derecho, no una obligación; yo diría que sería disparate el que la Asamblea le dijera a la República: Yo voy a dictar las leyes cuando a mí me dé la gana. Cuando uno es funcionario público, tiene una obligación per se de cumplir con las atribuciones y las funciones; ese cumplimiento de las atribuciones y de las funciones no es un derecho, es una obligación imperativo.

Se ha discutido también, señor Presidente, si estas reformas son legales o son ilegales. Yo he hecho siempre dos tipos de distinciones, y es que en la relación que el Poder Ejecutivo tiene con la Asamblea, hay dos tipos de relaciones diferentes. ¿Qué es lo que el Ejecutivo tiene que hacer con las leyes que le presenta el Legislativo? Uno, sancionarlas y promulgarlas. Dos, hacer el veto correspondiente. Tres, si hay un silencio administrativo, el Presidente de la Asamblea, por imperio de la ley se toma la atribución ejecutiva y pone en vigencia la ley mediante su promulgación.

Pero eso es cuando se refiere a la ley ordinaria. En lo que se refiere a las leyes constitucionales, la Constitución es sumamente clara y dice: "El Presidente de la República promulgara", en forma imperativa y categórica, un mandato constitucional, y todavía para remachar, dice: "No habrá el veto correspondiente". Los quince días están implícitamente ligados al veto correspondiente. Y cuando no se tiene veto, no se tiene plazo. Yo siempre he sostenido que estas reforma a la Constitución, esta Asamblea pudo ponerlas en vigencia al día siguiente, y el famoso plazo de quince días que se le dio a la Presidencia de la República fue un plazo político, un plazo de elasticidad, un plazo para buscar la armonía constitucional; pero esta Asamblea tenía la plena facultad de poner en vigencia la reforma a la Constitución de inmediato.

Sobre los recursos de amparo que ha mencionado el doctor Gustavo Tablada, todo mundo sabe que para que se pueda causar perjuicio a una persona en la violación de sus garantías constitucionales, lógicamente tiene que ser primero una ley, y si esta ley no entra en vigencia, pues indudablemente no va a perjudicarse un derecho constitucional. Y la pregunta que nos debemos hacer es, si establece la Constitución en forma muy clara que el Presidente de la República deberá promulgar la ley, ¿qué violación de garantías constitucionales puede haber cuando hay un imperativo categórico, un imperativo constitucional de obligar a que se promulguen las leyes?

Otro de los temas es el aspecto de los Magistrados. El artículo 18, inciso 7), obliga a esta Asamblea a mandar esta Resolución 001 para que la Presidenta de la República presente la lista correspondiente. Si hay un imperativo de la Constitución y si nosotros como representantes del pueblo, una de las obligaciones que tenemos es cumplir la Constitución, este acuerdo es de pleno derecho y es de plena obligación al plenario, a la Junta Directiva, el dictar esta resolución correspondiente. Yo lamento muchísimo que a distinguidos diputados de la categoría del doctor Fernando Zelaya Rojas, se les olviden los argumentos legales, y lo único que dan son argumentos políticos, porque no ha dado un solo argumento jurídico que desvirtúe que lo que esta Asamblea está haciendo no tiene la facultad o la atribución correspondiente.

En concreto, señor Presidente, nosotros apoyamos totalmente esta Resolución 001, y esta Junta Directiva está plenamente facultada no solo por el Estatuto de la Asamblea sino por una obligación constitucional, a hacer esta convocatoria al Poder Ejecutivo para que envíen la lista correspondiente.

PRESIDENTE EN FUNCIONES NICOLÁS BOLAÑOS GEYER:

Continúa en el uso de la palabra el diputado Cabezas.

DIPUTADO OMAR CABEZAS LACAYO:

Gracias; Presidente.

Yo quisiera empezar diciendo para despejar dudas; que el Frente Sandinista de Liberación Nacional apoya, en su mayoría, las reformas constitucionales hechas por esta Asamblea Nacional. Digo esto para evitar malos entendidos, porque se ha andado diciendo que el FSLN no apoya las reformas constitucionales. Nosotros apoyamos con entusiasmo la abolición del Servicio Militar Patriótico, y tiene que saberlo esto el pueblo; apoyamos con entusiasmo la desaparición de Micoin; apoyamos con entusiasmo la libertad de empresa. No apoyamos y perdimos algunos aspectos que queríamos ganar, como por ejemplo, que no se pusiera en la Constitución Política el cobro voluntario en los colegios, porque si ya están cobrando, sin decir eso en la Constitución, pues nos imaginábamos que poniéndolo iba a ser peor.

No estábamos de acuerdo con la cuestión de la palabra "vulnerables" en la salud, porque creíamos que debía de ser general. Entonces, queremos en primer lugar aclarar esa situación. Obviamente que hay algunas cosas con las que no estamos de acuerdo; las dos vueltas, y la que he mencionado. Pero yo quiero señalar un hecho objetivo, y es que existe, independientemente de nuestra voluntad pasada, que estas reformas constitucionales, nosotros como Asamblea Nacional -en la que me incluyo yo- no fuimos capaces de sacarlas con el consenso total, en donde uno de los consensos más importantes es el consenso del Ejecutivo.

Yo quiero entonces señalar objetivamente un hecho, y es que las reformas que estaban llamadas a ser un bálsamo para la sociedad, después que habíamos pasado periodos tortuosos, desde 1990 hasta 1994, periodos tortuosos de contradicciones internas, esta era la gran oportunidad nuestra para presentarle algo hermoso a la sociedad y que las reformas fueran una especie de agua fresca sobre este país, que trajeran sosiego a la sociedad nicaragüense, que trajeran estabilidad. Y tenemos que confesar y admitir que no pudimos lograr ese gran consenso y que objetivamente está planteada una extraordinaria crisis institucional, en que Nicaragua amaneció un día de tantos con dos Constituciones; ese es un hecho objetivo.

Los Diputados decimos, o una parte de la Asamblea dice: Esta reforma es la que vale; y el otro Poder del Estado dice: Yo no reconozco esas reformas, porque esgrime el artículo 194 y el 196. Ese es un hecho objetivo. Pregunto yo Presidente, ¿cuál es la respuesta? Porque no puede haber dos Constituciones, mucho menos tres Constituciones. Para el Frente Sandinista la respuesta no puede ser un choque de trenes, un choque de fuerzas; para el Frente Sandinista la solución tiene que ser la negociación. Y hay que negociar ahora, hay que negociar ya. ¿Y por qué pienso que hay que negociar ya? Porque yo siento que nos estamos introduciendo en una dinámica peligrosísima. Yo quiero llamar la atención de que podríamos estarnos metiendo en un tren que no tenga retroceso.

Pasar esa ley, objetivamente hablando, cuando no ha sido fallada, es echarle leña al fuego. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, apegado al estado de derecho y defensor del estado de derecho, dice ahora: Nosotros acatamos y vamos a acatar lo que falle la Corte Suprema de Justicia, si es que acaso no se da una negociación. Pero aprobar esta ley cuando está este diferendo, me parece a mí que es echarle -como decía mi colega José Luis Villavicencio- más leña al fuego; es irse montando y aplicándole velocidad a un tren que después puede que no tenga retorno, porque bueno, yo me veo en el siguiente escenario.

Si nosotros seguimos trabajando, si la Asamblea sigue haciendo estas leyes, empecemos por la Policía. La Policía: dice: Bueno, yo le debo obediencia al poder civil, y voy a hacer cumplir lo que me "mandata" el poder civil. Es decir, vamos a estar haciendo leyes que no las van a cumplir, entonces el país va a ser un caos, una anarquía. Me parece que este choque no es correcto, Nicaragua es primero y ese debe ser nuestro lema, esa debe ser nuestra divisa, que Nicaragua es primero. Eso significa que no puede haber dos Constituciones, que tiene que haber un acuerdo, porque si no hay un acuerdo, una de las dos Constituciones debe desaparecer, no hay de otra. Ningún país puede tener dos Constituciones; tiene que desaparecer una.

¿Cómo van a desaparecer una o la otra? No quiero meterme a eso, porque nada más veo panoramas terribles de desestabilización. Entonces, en aras de que Nicaragua es primero, de que no nos apuntamos a este choque de trenes, en donde todos vamos a salir heridos, golpeados, el Frente Sandinista de Liberación Nacional insiste en un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y nos vamos a abstener de participar en este proceso por cuanto no hay un fallo. Nosotros queremos apegarnos al estado de derecho, y cuando la Corte Suprema de Justicia dirima esta situación, nosotros obedientemente haremos caso. Pero yo invito a que no nos metamos en un tren sin retorno, en un tren sin salida y sobrepongámonos a eso y restablezcamos nuestra capacidad de negociación.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra el diputado Adolfo García Esquivel.

DIPUTADO ADOLFO GARCIA ESQUIVEL:

Gracias, honorable Presidente.

De previo quiero felicitar de manera especial a esta Junta Directiva que con decisión, con valentía, está tratando de llevar adelante para cumplir con empeño la ley. Antes de hacer mi intervención, debo hacer un especial reconocimiento a todos los periodistas de Nicaragua, por su constante y difícil labor, con todas las restricciones que se dan en el orden económico para desempeñar fielmente su labor en el territorio nacional, como informadores veraces y objetivos de todo el pueblo de Nicaragua. En relación al tema que es objeto de las diferentes intervenciones, debo de previo hacerme una reserva.

Ese proceso que se está tratando de implementar, las reformas constitucionales, que son una sola Constitución vigente reformada, todo lo que se diga o lo que se quiera decir tratando de desvirtuar o contradecir el hecho de la vigencia efectiva de la reforma parcial a la Constitución, es pura literatura y argumentación vana, inocua, ineficaz, ineficiente, e inútil. En relación a esa campaña en contra de la vigencia de la Constitución reformada se han dado una serie de delitos, exactamente siete clases de delitos, entre los cuales está la desobediencia, la asociación e instigación para delinquir, la apología del delito, y otros cuatro delitos que me los reservo para hacer uso del derecho de denunciarlos y llevarlos adelante en el momento que yo considere conveniente, y desde ya me reservo ese derecho.

Por lo que hace a los honorables diputados, indiferentemente en relación a cualquier criterio que tengan respecto a la vigencia de la Constitución ya reformada, me permito recordarles, con todo respeto y con el mayor de los respetos para todos y cada uno de los diputados, que el artículo 139 de la Constitución es clarísimo al decir que "Los representantes estarán exentos de responsabilidad por sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional". Desde ahí, con todo respeto incluso para todos los honorables colegas representantes que estén en contra de la vigencia de la Constitución reformada, les repito, sus criterios y sus opiniones emitidos aquí, en la calle, en las radios, en las televisoras, esos criterios y opiniones están totalmente exentos de responsabilidad, porque así lo establecen la ley y la Constitución, como un privilegio especial para todos nosotros los diputados.

Aclarado eso, me voy a permitir enfocar otro aspecto. Algunos ministros, adoptando actitudes delictivas, toman poses y dicen barbaries jurídicas; incluso hay algunos que se llenan la boca y su ego cuando les dicen juristas, cuando en la realidad no tienen ni el tres por ciento del porcentaje que debe tener una persona que se dice jurista. Entre ellos algunos ministros, grandes de tamaño, pero también en esa medida, con mentalidad obtusa, dicen barbaridades. Por eso yo me estoy reservando mi derecho para en su momento hacer uso de él, cuando lo considere conveniente, en relación a los delitos que se han estado cometiendo y los están reiterando en forma sistemática.

Por otro lado, debo recordar aquí que toda la práctica parlamentaria y constitucional de todos los países latinoamericanos, siguieron las normas, el ejemplo, las prácticas de los gobiernos, especialmente de los países como Chile, incluso exactamente en relación al concepto "promulgación", tal como estaba establecido en la Constitución chilena de 1833. En el año 1925 se dio el mismo problema, el Presidente de la República, un personaje al que yo admiro por ser un jurista de verdad, no de esos que se llenan la boca aceptando que les digan juristas sin serlo.

Siendo Presidente de la República -y no quiero mencionar su nombre por respeto y por la admiración que le tengo como jurista-. Se negó a promulgar una ley, la cual no tenía ninguna excusa para no promulgarla, y simplemente por cuestiones de interés partidario omitió la promulgación. Y precisamente ese artículo y la solución que se le dio al problema sirvió de modelo para todas las Constituciones latinoamericanas; en adelante, o aclararon el concepto de "promulgación", sanción, publicación", o lo tomaron por entendido como una práctica parlamentaria en todos los países latinoamericanos, y en cada Constitución algunos países lo establecieron y otros no lo consideraron necesario, porque hay cosas del derecho constitucional que no es necesario se tengan en cada Constitución.

Para eso se divulga la materia del derecho constitucional, porque es como una cuestión de un principio o de un presupuesto ineludible, como un derecho o una obligación inmanente que no es necesario plasmarla en un artículo constitucional. De tal manera que el jurista fue procesado y era el Presidente de la República. Por eso yo insisto aquí, en forma sistemática y reiterada que se han estado cometiendo siete delitos, yo me reservé ese derecho de denunciarlos y acusarlo cuando yo lo considere oportuno. Por otro lado, la Constitución nuestra es bien clara, y precisamente es bien clara por la experiencia chilena.

Y es más, quiero aclarar algo. En las universidades nuestras, tanto en Nicaragua como en Latinoamérica, fueron los tratadistas de derecho constitucional chilenos los autores de esos textos constitucionales que servían en Nicaragua, en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Perú, Venezuela, Brasil, en todos nuestros países latinoamericanos. Entonces no es necesario que estas situaciones estén contempladas en una Constitución. Ustedes deben saber que una Constitución es una norma jurídico-política en la cual se estampan normas generales. ¿Por qué? Porque no se pueden contemplar todas las situaciones que se van a dar en el desarrollo normal de un país y la regulación de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

En la Constitución solo se aprueba y se pone "disposiciones generales". Disposiciones que en las diferentes facetas van a ser reguladas por las diferentes leyes ordinarias, comunes o corrientes. Entonces, es claro que no se pueden poner todas las cosas, no se pueden contemplar todas las situaciones en una Constitución, porque son disposiciones generales que van a regular esas relaciones gobierno – Estado – pueblo. Entonces por eso, por lo que hace a la promulgación, nuestra Constitución en el artículo 194 establece una obligación, un mandato.

Es decir, la soberanía del Estado le ordena al Presidente de la República promulgar, no le está pidiendo su consentimiento, de ahí que el Presidente de la República no tiene ninguna objeción, él está obligado a cumplir lo que dice el artículo 183, como autoridad está obligado a cumplir. Y es más, como función del artículo 150 constitucional, ese Presidente, o esa Presidenta, está obligada a cumplir la Constitución, y la Constitución le ordena, no le está pidiendo ni le está haciendo ninguna consulta, le ordena, le manda a promulgar, así lo dice claramente el artículo 194: "El Presidente de la República promulgará.

Es orden, es mandato de la soberanía del pueblo a un funcionario que está obligado y está sometido a la decisión del pueblo nicaragüense, representada soberanamente en esta Asamblea, en este plenario. Por otro lado, por lo que hace al respecto del nombramiento de los magistrados, es preciso decir que el artículo 138 de la Constitución reformada, vigente, en el numeral 7) del artículo 138 se ordena elegir, es decir como facultad atributiva, exclusiva de la Asamblea Nacional, "Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas separadas, propuestas", y así sigue.

La cuestión es que es una facultad exclusiva nuestra nombrar a esos magistrados, y esto es lo que estamos tratando de hacer. Por otro lado; yo siempre he dicho desde hace cinco años, que mientras no resolvamos el problema de la administración de justicia y el Poder Judicial; aquí los problemas van a continuar. Sencillamente por eso yo defiendo la reforma parcial, porque trata de institucionalizar, de fortalecer al Poder Judicial para que realmente desempeñe su función; impartiendo una verdadera justicia en el país.

Gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Quisiera invitar a los colegas que están fuera del hemiciclo; a que reingresen; porque vamos a proceder a votar.

Se anunció con suficiente tiempo que se cerraba la lista y que se procedería a votar.

Tiene la palabra el representante Danilo Aguirre.

REPRESENTANTE DANILO AGUIRRE SOLÍS:

Señor Presidente, me estaba adelantando aquí un poco de lo que iba a decir mi querido hermano Omar Cabezas; no he podido quedar claro del laberinto mental en que se ha metido. Efectivamente, como él dice, no podrá haber dos Constituciones; aquí hay una Constitución reformada, que es la que está vigente. Sin embargo me causa sorpresa que se lesione la legitimidad de esa vigencia, cuando ayer- y esto es válido para otros que también ejercieron su derecho como parlamentarios- aprobaron entre otras cosas, la introducción de las leyes de propiedad ya bajo la nueva norma que prescribe la formación de la ley en la vigencia de esta Constitución. Me decía Omar que él no se dio cuenta de eso, bueno, hay muchas cosas de las que no se dan cuenta aquí algunos diputados.

No se dan cuenta por ejemplo, y esto es permisible porque no tiene por qué ser -como decía el doctor García Esquivel- un jurista y distinguido galeno y psiquiatra, doctor Gustavo Tablada, que nos habló aquí de una sanción presidencial de la reforma, cuando ya sabemos que la Presidenta no tiene derecho a sancionar, no tiene discrecionalidad con las sanciones. Lo que si me causa alarma, señor Presidente, es que también se quiera pretender detener o confundir sobre estas reformas, atribuyendo otra facultad a la Corte Suprema de Justicia. Nada tiene que decir la Corte Suprema de Justicia en esto; incluso la Corte Suprema de Justicia no tiene ningún recurso, no le ha llegado ninguno, ni puede la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre el derecho soberano de esta Asamblea.

Sí se trata efectivamente de un choque de trenes -como decía Omar- me parece que es correcto; eso es un choque de trenes, porque el parto de la democracia siempre tiene que ser un choque fuerte. Menos mal que lo estamos haciendo como se debe hacer en toda democracia, de manera cívica, institucional y no de manera violenta. Si los trenes chocan, en la medida en que está chocando la voluntad de esta Asamblea de hacer prevalecer estas reformas, y la voluntad del Ejecutivo de negarla, de rechazarla, arrastrado por la ambición personal de uno de sus ministros, ese es un problema que se va a resolver dentro de la democracia, violentamente, institucionalmente violento, porque vamos a violentar la democracia, vamos a violentar institucionalmente que se cambien las estructuras autoritarias de esta Constitución por estructuras democráticas, y eso no lo hemos negado.

También me causa asombro, señor Presidente, permítame que antes de referirme a la moción de lo que estamos discutiendo, termine con algunas referencias que se dieron a conocer en algunos medios de comunicación hablados, en donde aparecieron, me parece, que un tal Vice-Ministro de Gobernación y no sé si altos funcionarios de la Policía, queriendo verter criterios de que es lo que ellos reconocen y que es lo que no reconocen. No están facultados a estar reconociendo, o no reconociendo nada; las cuarenta y ocho horas que establece la vigencia de esta Constitución, quienes las van a hacer prevalecer son los jueces ejecutores que actúen en los recursos de exhibición personal en nombre de los Tribunales de Justicia, y la Policía no tiene más que acatar la decisión del juez ejecutor.

No podemos pensar que las autoridades captoras, las autoridades que detienen, le van a decir al Poder Judicial que es lo que ellos interpretan o no interpretan de la Constitución; ese es un problema de los funcionarios civiles. Los funcionarios civiles llegarán allí a reclamar por la detención ilegal de un ciudadano que tiene más de cuarenta y ocho horas de estar detenido, y la Policía tiene que acatarla. Si no le gusta o no le parece bien, o qué sé yo, hay otros canales en donde la Policía puede manifestar su desconcierto, si es que existe, pero no en la negativa frente a la representación del Tribunal de Apelaciones, que es quien le da el mandato, el mandamiento al juez ejecutor, eso tiene que obedecer.

Por otro lado, señor Presidente, yo quiero apoyar la propuesta que hizo el diputado Luis Sánchez reformando el texto de la Resolución presentada aquí por la Junta Directiva, me parece que se vincula más con la disposición constitucional, y se elimina el último párrafo que efectivamente no tiene razón de ser; pues esta es una cuestión que ya está en la Constitución y que de alguna manera, de darse esa circunstancia, pues se obrara conforme la misma, pero no es necesario trasladarla a la Resolución.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Se le va a dar lectura al Proyecto de Resolución con las modificaciones que se han debatido, y vamos a proceder inmediatamente a la votación.

SECRETARIA JULIA MENA RIVERA:

CONSIDERANDO

I

Que el día 23 de febrero del año en curso entraron en plena vigencia las reformas parciales a la Constitución Política de la República de Nicaragua contenidas en la Ley 192.

Que de conformidad con el inciso 7) del artículo 138 de la Constitución, es atribución de la Asamblea Nacional: Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas sería de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

III

Que la Ley Número 192, denominada "Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua", en el numeral tercero del artículo 20, establece que: La Asamblea Nacional elegirá a los cargos vacantes de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, después de entrada en vigencia la presente reforma, de conformidad al procedimiento establecido en las mismas.

En uso de sus facultades,

RESUELVE:

1) De conformidad con el artículo 138, inciso 7) de la Constitución Política de Nicaragua, convocar para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

2) Convocar a la Presidenta de la República y a los Diputados de la Asamblea Nacional, para que en listas separadas propongan candidatos para cada cargo a elegir, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes, dentro del plazo de quince días a partir de la publicación de esta Resolución por cualquier medio escrito de comunicación social.

3) Si no hubiere lista presentada por la Presidenta de la República, bastará la propuesta por los diputados de la Asamblea Nacional.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Se inicia la votación.

Se cierra la votación.

Con 60 votos a favor, ningún voto en contra y 1 abstención, se aprueba la Resolución.

CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 3 DE MARZO DE 1995. (ONCEAVA LEGISLATURA)

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ;

La Primer Secretaria le dará lectura a la Exposición de Motivos de una presentación de ley que pasará a la Comisión de Justicia.

Tiene la palabra el diputado Cairo Manuel López.

DIPUTADO CAIRO MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El establecimiento del estado de derecho es una aspiración del pueblo nicaragüense, a cuyo favor se han hecho manifestaciones en todos los órdenes de la vida nacional.

Las reformas constitucionales vigentes desde el 23 de febrero de 1995, han sido recibidas como la concretización de una esperanza a favor de la democratización de nuestro país. Las reformas ya están vigentes, no obstante para su aplicación en algunos casos se requiere de la implementación de sus principios, trabajo que se verifica mediante leyes reguladoras de casos específicos, unas veces la implementación requerida ha sido expresada en forma tácita y otras veces en forma expresa, como cuando la norma constitucional manifiesta con todas sus palabra que la ley regulará determinada materia.

Uno de esos casos es precisamente el artículo 130 de la Constitución, párrafo sexto, materia que será regulada por la ley, y esa ley es precisamente la que hoy proponemos mediante la presente Exposición de Motivos. La Constitución dispone que: "En todos los Poderes del Estado y sus dependencias, así como en las instituciones creadas en esta Constitución, no se podrán hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad. Para los nombramientos de los funcionarios principales regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley regulara esta materia".

Los suscritos diputados ante la Asamblea Nacional, hemos elaborado un proyecto de ley que viene a regular el párrafo transcrito, diferenciando los casos específicos en los Poderes del Estado, declarando lo requerido al parentesco cercano, detallando la referencia al nombramiento de funcionarios principales, y otros temas puntuales contenidos en el párrafo constitucional de la referencia.

El proyecto de ley que presentamos conforme articulado adjunto, viene a llenar una necesidad muy sentida en nuestra sociedad nicaragüense, no solamente en los momentos actuales sino también a lo largo de la historia.

Pedimos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, darle un trámite conforme la Constitución Política, el Estatuto General y nuestro Reglamento Interno.

Managua, 28 de febrero de 1995".

Firman dieciséis diputados.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ;

Pasa a la Comisión de Justicia.

CONTINUACIÓN DE LA CINCO SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE JUNIO DE 1995. (ONCEAVA LEGISLATURA)

Nota aclaratoria; el contenido de esta reunión legislativa no podemos plasmarlo en este Diario de Debates en forma literal, tal como se produjeron los debates; debido a que se verificó en el Auditorio de la Universidad Católica, Única, por la toma de las instalaciones del recinto cameral, y no fue posible la grabación de las discusiones. Por tanto; solamente reflejamos aquí una brevísima reseña de esa jornada legislativa.

DIRECCIÓN DIARIO DE DEBATES

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Informa al plenario que la Primera Secretaria, Julia Mena dará lectura al Acuerdo Político suscrito poco antes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para superar la crisis que se había planteado entre ambos Poderes.

SECRETARIA JULIA MENA RIVERA:

Lee el referido documento, el cual literalmente dice:

ACUERDO POLITICO

En la ciudad de Managua, Casa de la Presidencia, reunidos en el Salón de la Unidad, la Delegación del Poder Ejecutivo, encabezada por la Excelentísima Señora Violeta B. de Chamorro, Presidenta de la República, acompañada de los siguientes miembros de su Gabinete y Funcionarios de Gobierno: Antonio Lacayo, Julio Cárdenas, Emilio Pereira, Ernesto Leal, Sergio Narváez, Tomás Delaney, Uriel Soto, y René Ruiz; y la Delegación del Poder Legislativo, encabezada por el Presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Luis Humberto Guzmán Areas, acompañado de los Miembros de la Junta Directiva, Representantes: Ray Hooker, Reynaldo Antonio Téfel, Luis Sánchez Sancho, Julia Mena, Nicolás Bolaños, Doris Tijerino y el doctor Jorge Samper Blanco. En presencia, como Testigo y Garante, su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo, en compañía de sus asesores, Monseñor Eddy Montenegro, Roberto Rivas, Winston Betanco y Felipe Sánchez; con el propósito de encontrar soluciones consensuadas entre los dos poderes del Estado, Legislativo y Ejecutivo, a la problemática institucional que atraviesa el país, han llegado al siguiente Acuerdo Político:

I.- LEY MARCO DE IMPLEMENTACIÓN:

Necesidad de una Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales, que deberá ser consensuada entre los dos poderes del Estado y aprobada por la Asamblea Nacional con mayoría calificada de por lo menos el 60% de los votos de todos los representantes. Para reformar esta Ley Marco se requerirá del voto de 60% de todos los representantes. La presente ley no podrá ser reformada antes de 1997.

II.- SIMULTANEIDAD:

Simultáneamente a la discusión y aprobación de esa Ley Marco, ambos poderes se comprometen a concretizar los compromisos políticos adquiridos en las negociaciones, sobre los siguientes temas de acuerdo al calendario de cumplimientos elaborado por la Comisión Mixta, para la ejecución de los compromisos (inciso V).

III.- EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS:

1) Ambas partes, el Poder Ejecutivo y Legislativo; suscriben por separado cada uno de los documentos originales de este Acuerdo Político; y se la entregan a Su Eminencia el Cardenal Miguel Obando y Bravo.

2) Ambos poderes solicitan al Cardenal sus buenos oficios ante la Corte Suprema de Justicia para que dicte sentencia en todos los recursos pendientes en contra de las reformas y de la Asamblea Nacional.

3) Las cédulas de notificación deberán ser depositadas ante Su Eminencia el Cardenal Obando.

4) La Presidenta de la República promulgará la Ley 192 y autorizará su publicación en cualquier diario y en La Gaceta. Ambos documentos serán entregados a Su Eminencia el Cardenal Obando.

5) Una vez que la Secretaria de la Asamblea Nacional entregue a Su Eminencia el Cardenal Obando los autógrafos de la Ley Marco aprobada por la Asamblea Nacional en consenso con el Poder Ejecutivo; Su Eminencia procederá a publicar las Reformas Constitucionales (Ley 192).

IV.- ACUERDOS Y LEYES SECUNDARIAS PARA IMPLEMENTAR LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES REFORMADAS:

En forma consensuada ambos Poderes han alcanzado los siguientes acuerdos que se presentan clasificados en los temas de: Reformas Constitucionales; Consejo Supremo Electoral y Gobernabilidad.

1.- REFORMAS CONSTITUCIONALES

Organización del Estado.

1) La actual organización de los Ministerios del Gobierno será conservada y se expresará en la Ley Orgánica que regula la Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley será iniciativa de la Presidencia de la República y se hará en consenso con la Asamblea Nacional. Asimismo se elaborará una ley que regule los mecanismos de la Presidencia de la República para hacer cumplir las leyes.

2) Para fines de modernización y reforma de la administración pública y de legislación sobre la regulación de los servicios públicos básicos, ambos poderes concertarán los cambios que sean necesarios.

3) Por iniciativa del Presidente de la República y de mutuo acuerdo se dictará una Ley de Funciones y Atribuciones del Vice-Presidente de la República.

4) La Ley que regulara el Arto. 130, párrafo sexto, será aprobada de mutuo acuerdo entre los poderes del Estado y su vigencia será establecida a partir del ocho de Enero de 1997.

5) Para fortalecer la autonomía y gestión municipal, acordamos realizar una reforma a la Ley de Municipios ampliamente consultada y consensuada con las autoridades municipales del país.

6) Para fortalecer la gestión de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica se dictará una nueva Ley de Autonomía ampliamente consultada y consensuada con los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica y Consejos Regionales Autónomos.

7) La Asamblea Nacional de mutuo acuerdo con el Poder Ejecutivo procederá a dictar los procedimientos en relación a los siguientes temas:

a) En relación al Arto. 138, inciso cuarto, se establecerá un procedimiento que contribuya a una cooperación eficiente y armónica entre las instituciones del Estado y la Asamblea Nacional.

b) Procedimiento para la tramitación y aprobación de los Tratados y Convenios Económicos Internacionales; previa suscripción por parte del Ejecutivo.

c) Se establecerá un procedimiento expedito mediante el cual la Asamblea Nacional ejerza la atribución conferida en el Arto. 92. En relación al párrafo 2 de este mismo artículo, el Presidente consultará con al menos 50% de los Ministros.

8) Con el fin de dotar de mayores y más idóneos instrumentos a la Contraloría General de la República, se realizará una reforma de mutuo acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

9) Se elaborará de mutuo acuerdo una reforma a la Ley de Emergencia a fin de adecuarla a las modificaciones establecidas en la Reforma Parcial de la Constitución Política.

10) La Asamblea Nacional expresa su voluntad de convocar a sesiones extraordinarias cuando así lo requiera la Presidenta de la República para asuntos que considere de urgencia o interés inmediato.

11) Elaborar una ley de consenso que regule lo establecido en el Arto. 149, párrafo 7 inciso 2 y párrafo 8, inciso c.

12) Ambos poderes de común acuerdo establecerán el plazo en que debe ser reglamentada una ley cuando ellas expresamente así lo determinen.

13) Se elaborará una ley de consenso que establezca las causales y procedimientos establecidos en el Arto. 138, inciso 11.

14) Elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No hubo acuerdo. El Poder Ejecutivo propuso que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben ser electos por mutuo acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para garantizar el equilibrio y la independencia de los Poderes del Estado.

El Poder Legislativo apoyó la moción de Su Eminencia Cardenal Miguel Obando y Bravo de que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia electos, electos están, y una vez que se produzca una vacante la elección se hará en forma consensuada entre los dos poderes.

15) Elección del Contralor General de la República. No hubo acuerdo. El Poder Ejecutivo propuso que el Contralor General de la República debe ser electo de consenso entre el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que por tratarse de una disposición constitucional con efecto retroactiva esta debería ser aplicada a partir de 1997.

El Poder Legislativo propuso que si el Gobierno aceptaba la moción de Su Eminencia Cardenal Miguel Obando y Bravo en relación a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la elección del Contralor podría ser concertada con el Ejecutivo.

En materia fiscal y financiera.

16) Ambos poderes convienen en aprobar de forma consensuada cualquier ley, bien sea de iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo, que establezca la creación o derogación de nuevos impuestos o modificación de la base tributaria y las tasas. Consideramos necesario para contribuir a la modernización del sistema tributario, la aprobación de mutuo acuerdo y amplia consulta del Código Tributario.

17) La Asamblea Nacional expresa su voluntad de no modificar el techo presupuestario que el Poder Ejecutivo presente en el Proyecto de Ley de Presupuesto Anual de la República. Con el fin de garantizar un proceso eficiente y armónico en la aprobación del Presupuesto Nacional se reformará de mutuo acuerdo la Ley de Régimen Presupuestario, en el que se incluirán entre otras modificaciones el concepto de ingresos presupuestarios y la definición de ingresos corrientes, ordinarios y extraordinarios, e ingresos de capital y financiamiento del déficit, como préstamos y donaciones.

18) El orden económico se fundamenta en los principios de eficiencia, equidad y justicia social, que posibiliten el mejoramiento de vida de los nicaragüenses. Para alcanzar un desarrollo económico en forma ordenada, equitativa y sostenible, el Estado se compromete a buscar consistentemente el equilibrio macro económico y la estabilidad interna y externa de la economía nicaragüense; extender los frutos del crecimiento a las grandes mayorías y al conjunto del territorio, avanzar significativamente en la generación de empleo y la reducción de la pobreza; lograr una eficiente reinserción del país en la economía internacional y tutelar la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Para todo ello se dictará una ley de consenso para definir el rol del Estado y los particulares establecido en el Arto. 99 párrafo primero. En relación al Arto. 99 de la Ley de Reformas Constitucionales, se dictará de mutuo acuerdo una Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras que contribuya a su modernización y defina el papel de fomento de la banca estatal, su necesaria eficiencia administrativa y financiera.

19) Las exoneraciones fiscales a que se refieren el Arto. 68 serán reguladas por una ley emitida de mutuo acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Derechos individuales y sociales

20) En aras de contribuir a la economía de los ciudadanos se acordará realizar una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor que establezca los mecanismos necesarios para garantizar el control de calidad de los productos y evitar el acaparamiento y la especulación.

21) En relación al Arto. 33, inciso 2.2 acordamos dictar una ley consensuada de Garantías ciudadanas en caso de detención, que establezca las atribuciones de la autoridad competente y los derechos individuales.

22) Consideramos indispensable acordar una nueva Ley de Reforma Agraria que precise los alcances de la misma, defina los sujetos beneficiarios y establezca la definición del latifundio ocioso, incultivado e improductivo.

23) Acordamos reformar la Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas a fin de establecer el alcance de las acciones de incautación y decomiso en los casos de bienes comprometidos como instrumentos de delito en actividades de lavado de dinero.

24) Acordamos necesario consensuar una Ley de Patrimonio Familiar orientada a proteger el patrimonio de las familias más pobres.

25) Ambos poderes consideramos que una reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior deberá ser consensuada con la Comunidad Universitaria.

2.- CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

El Gobierno de la República y la Asamblea Nacional procederán a elegir concertadamente a los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, después de la recepción de los autógrafos de la Ley 192, Ley de Reformas Constitucionales por Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo.

3.- GOBERNABILIDAD.

Con el afán de contribuir a la gobernabilidad y estabilidad nacional hemos convenido en trabajar de consenso en las siguientes leyes:

a. Ley del Ente Regulador de las Telecomunicaciones.

b. Ley sobre la Privatización de Telcor.

c. Veto al Código del Trabajo.

d. Veto a la Ley de Carrera Docente.

e. Ley de Propiedad, que incluirá entre otros temas el respeto al derecho de propiedad privada y el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de la propiedad privada, individual, asociativa, cooperativa y comunitaria sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

f. Ley de Indultos.

g. Reformas a la Ley de Inmunidad.

V.- COMISIÓN MIXTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS:

Se crea una Comisión Mixta integrada por Delegados del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para establecer a la brevedad el calendario de ejecución de los diferentes compromisos adquiridos en este Acuerdo Político.

VI.- VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO:

La Presidenta de la República y la Junta Directiva agradecen profundamente la extraordinaria colaboración de su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo y su equipo de asesores y lo invita a continuar su participación como Testigo y Garante de este Acuerdo y le solicitan a llevar adelante su verificación y cumplimiento mediante los mecanismos que considere pertinentes establecer.

Suscrito a los catorce días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Expresa que según lo convenido entre los dos Poderes, en cuanto la Primera Secretaria entregue los autógrafos de la Ley Marco, la Presidenta Chamorro mandará a publicar la reforma constitucional; y advierte que se trata de una sesión informativa sobre los mencionados Acuerdos.

Se cede la palabra.

REPRESENTANTE HERNALDO ZÚÑIGA MONTENEGRO:

Formula pregunta acerca de las sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

REPRESENTANTE DORA MARÍA TÉLLEZ:

Felicita a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional por el trabajo realizado, y añade algunas interrogantes.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Explica que la Comisión Mixta atingente a la elaboración de la Ley Marco, quedará integrada en la tarde del próximo lunes, así como el calendario de trabajo respectivo.

REPRESENTANTE HUMBERTO CASTILLA:

Protesta enérgicamente por la anulación que según asegura ha hecho el Presidente de la Asamblea, del plenario, asegurando que se hizo caso omiso de los diputados en ese asunto tan importante de los Acuerdos.

REPRESENTANTE ALFREDO CÉSAR AGUIRRE:

Destaca que a su parecer los citados Acuerdos entre los dos Poderes son complicados en lo que se refiere a su implementación. En ese sentido, pregunta si van a sesionar seguido durante varias semanas.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Explica que la Junta Directiva debe aprobar hoy el calendario de trabajo, pero que van a trabajar seguido las próximas dos semanas, y luego se tomará el receso parlamentario.

REPRESENTANTE RAMÓN GÁMEZ:

Manifiesta su criterio de que todos, en su calidad de representantes, y dadas las circunstancias políticas que se viven, deben aprovechar el tiempo al máximo.

REPRESENTANTE JULIO MARENCO:

Indica que no cabe duda de que los referidos Acuerdos eran necesarios para el beneficio del país, pero que eso no significaba que la crisis se traslade hacia el futuro. Debemos pues, precisa, ser cuidadosos en la aprobación de esa serie de leyes, derivadas de los Acuerdos y la Ley Marco, sobre todo el caso de la Ley de la Propiedad y "la piñata".

REPRESENTANTE FERNANDO ZELAYA ROJAS:

Es obvio, afirma que este Acuerdo político es complicado, y que según su contenido todo será de común acuerdo entre los dos Poderes; por otra parte, la Corte Suprema no ha fallado los recursos pendientes. Entonces, ¿qué vamos a ver en la Sesión del lunes y de los días siguientes?

REPRESENTANTE VICTOR MANUEL TALAVERA:

Refiriéndose a la letra y espíritu del Acuerdo Político, dice que ojalá no hayan letras menudas en el mismo.

REPRESENTANTE DANILO AGUIRRE SOLÍS:

Se pronuncia en favor del trabajo realizado por los negociadores de la Asamblea Nacional respecto a los acuerdos entre los dos Poderes, y concluye señalando que no hay que estarle buscando tres pies al gato.

REPRESENTANTE ELÍ ALTAMIRANO PÉREZ:

Expone que han comenzado a avanzar por un terreno firme, pero esto exige de nosotros ancha mesura pues hay todavía serios problemas que resolver.

REPRESENTANTE AZUCENA FERREY:

Expresa que la Junta Directiva se ha reunido en todo este proceso con los Jefes de Bancadas, y por ello no se puede alegar falta de información a los diputados. Pidió fuertes sanciones contra Nathán Sevilla y Dámaso Vargas, que a su juicio fueron los que impulsaron la toma de las instalaciones principales de la Asamblea Nacional por parte de un grupo de pequeños productores agropecuarios.

REPRESENTANTE WILLIAM RAMÍREZ:

El doctor Zelaya, puntualiza, y todos nosotros hemos conocido ya los Acuerdos, y por consiguiente reclamo coherencia entre nosotros mismos. Yo respaldo esos acuerdos así como la actuación de la Junta Directiva, aunque haya dudas sobre el calendario de trabajo y respecto a las nuevas leyes.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Informa a los miembros del plenario, que la Junta Directiva acordó suspender por dos Sesiones consecutivas a los representantes Dámaso Vargas, Nathán Sevilla y Francisco Rivera.

REPRESENTANTE NATHÁN SEVILLA GÓMEZ:

Toma la palabra sin que se la den y fuera de orden... Entabla inusual diálogo con el Presidente Guzmán, quien trata de llamarlo al orden...

REPRESENTANTE ADÁN MORALES HERNÁNDEZ:

Pregunta cómo está, al momento, la situación de la toma de las instalaciones de la Asamblea Nacional.

REPRESENTANTE MAGDALENA ÚBEDA DE RODRÍGUEZ:

No puede iniciar con propiedad su discurso, al ser interrumpida por el representante Dámaso Vargas, quien a su vez toma la palabra simultáneamente... Se escucha la voz de la representante Úbeda de Rodríguez afirmando que eso de que los acuerdos políticos redunden en beneficio del pueblo está por verse, pero el representante Vargas continua interrumpiendo...

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN:

Indica que a las doce y veinte minutos del día se suspende la Sesión para continuarla el próximo martes en un salón del Centro de Convenciones Olof Palme, salvo que ya las instalaciones principales de la Asamblea Nacional hayan sido desocupadas por quienes las tienen tomadas.

CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 1995. (SESIÓN GRABADA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES OLOF PALME) (ONCEAVA LEGISLATURA)

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Quisiera pedirle al Segundo Vice-Presidente don Nicolás Bolaños, que nos informe acerca da la reunión del día da ayer en la instalación de la Comisión Mixta.

DIPUTADO NICOLÁS BOLAÑOS GEYER:

Gracias, señor Presidente.

Esta Comisión Mixta quedó integrada por cuatro personas por cada Poder del Estado: cuatro por el Poder Legislativo y cuatro por el Poder Ejecutivo.

La propuesta que llevaba el Poder Legislativo era que fuese integrada por tres personas; pero una vez reunidos con el Poder Ejecutivo; ellos insistieron en que debería ser conformada por cuatro personas. Originalmente la propuesta del Poder Legislativo era de las tres personas: Julia Mena, Luis Sánchez y el asesor Jorge Samper, pero al sumarle uno más; entonces también incluyeron en esa lista a mi persona.

El Poder Ejecutivo; doña Violeta, nos informó que sería conformado por el doctor José Pallais; Emilio Pereira; Tomás Delaney y el doctor Uriel Soto. En vista de que tanto el doctor Emilio Pereira como el doctor José Pallais estaban fuera del país, o están todavía fuera del país, entonces en la primera reunión que se llevó a cabo ayer iban a asistir como suplentes de estos dos, el Canciller Ernesto Leal en sustitución de José Pallais, y René Vallecillo en sustitución de Emilio Pereira.

Ya una vez puestos de acuerdo en cuanto a la conformación de estas dos delegaciones y que también incluyen a una persona de parte de la comisión del Cardenal Obando, el doctor Winston Betanco, acordamos tener la primera reunión de esta Comisión el día de ayer a las cuatro da la tarde, después de que los abogados tanto del Podar Ejecutivo como del Poder Legislativo y de parte del Cardenal tuvieran una reunión a las dos de la tarde el día de ayer; o sea el doctor Jorge Samper, el doctor Soto y el doctor Winston Betanco, en la que ya iban a ver también el anteproyecto de ley que el Poder Ejecutivo estaba supuesto a tener preparado, para que tanto en el anteproyecto nuestro como en el anteproyecto del Poder Ejecutivo se empezara a trabajar y hacer un solo anteproyecto, como había sido acordado.

La reunión nuestra que estaba supuesta a comenzar a las cuatro de la tarde el día de ayer, a solicitud más bien de nuestra parte, se pidió que en vez de las cuatro fuese a la cuatro y media, y así fue pues, a las cuatro y media llegamos, comenzó un poquito después de la cuatro y media y estaban presentes efectivamente, el Canciller Ernesto Leal; el doctor Tomás Delaney; el doctor Soto y Vallecillo; y por nosotros los cuatro integrantes: Julia Mena; Luis Sánchez; el doctor Samper y mi persona. Nosotros esperábamos pues comenzar; íbamos preparados para comenzar por largo tiempo y ya ir trabajando en serio para ponernos de acuerdo en este anteproyecto de ley.

Para sorpresa nuestra, lo primero que dijeron los del Gobierno es que no tenían todavía preparado su anteproyecto; su borrador de la Ley Marco. El doctor Soto mencionó que ya habían visto el anteproyecto nuestro y dijo que era una liviana propuesta de ley del Legislativo; o sea, que no era lo suficientemente bien preparada como para aceptarla.

El doctor Delaney nos dijo que el borrador de ellos, o sea, del Poder Ejecutivo es mucho más extenso que el nuestro. Inclusive empezaron a mencionar ahí en diferentes páginas de nuestro anteproyecto, algo que debería ser ampliado y aclarado; podría interpretarse tal vez que si nos descuidamos vamos a tener ahí que estar luchando porque más bien sea como habíamos acordado, que es una implementación de las reformas y no una interpretación de las reformas.

El doctor Delaney también nos manifestó que un grupo de abogados del Poder Ejecutivo está trabajando con mucha dedicación y cuidado en preparar un proyecto de ley que no tenga roces con la Constitución, porque hay cosas que más adelante se podrían alegar que son inconstitucionales, y menciono la propuesta, y es propuesta de ellos, no es de nosotros, para que estemos claros.

La propuesta de ellos es esa Ley Marco, y la propuesta de ellos también es que esa ley no sea de alguna forma reformable o que se vaya a derogar durante este período presidencial, antes del 97. Entonces son ellos los que nos proponen eso. Ahora dice el doctor Delaney, que no cabe en esa ley poner que se necesita que el sesenta por ciento de los diputados nos comprometamos a no derogarla o reformarla, porque podría chocar con un recurso de inconstitucionalidad; que eso estamos claros que es un acuerdo político; pero que no debe ser incluido en la ley.

Prácticamente nosotros no pudimos avanzar porque quedamos que no tenían ellos su propuesta, pidieron un plazo adicional, a mí me llamó la atención de que... fíjense que nos dicen... Bueno, nosotros estaríamos dispuestos a presentar nuestro anteproyecto de ley digamos, creo que el día de hoy- a cambio de la elección de los Magistrados del Consejo Supremo Electoral".

Para ellos pues se ve que es de suma urgencia y quieren que primero nosotros elijamos al Consejo Supremo Electoral en común acuerdo con el Poder Ejecutivo, y que después, posteriormente vendría la aprobación de la Ley Marco. También nosotros fuimos claros en decirles: Si no avanzamos aquí en la Ley Marco, tampoco se avanza, los jefes de bancadas no van avanzar en la elección del Consejo Supremo Electoral".

Porque consideramos que aquello que es global, nosotros vamos a cumplir y después nos dan largas al asunto, porque también no hay una calendarización o un compromiso de que de la Ley Marco tiene que quedar aprobada en determinada fecha. Nosotros les hicimos ver que el interés nuestro, más que nada, es ver que las reformas constitucionales entren en vigencia o se publiquen, sean publicadas lo más pronto posible, y no sería posible publicarlas mientras no esté aprobada la Ley Marco. Hoy por la tarde vamos a tener una reunión de la Junta Directiva con el Ejecutivo, precisamente para tratar sobre la conformación, o ponernos de acuerdo con los candidatos a miembros del Consejo Supremo Electoral. Convenimos, se tuvo que aceptar que el día jueves, que es mañana, el equipo de juristas, ese equipo de que hablé primero, tres juristas, se reunirá el jueves a las dos de la tarde, ya supuestamente para ver el anteproyecto o el borrador del Poder Ejecutivo, con el nuestro. Y una vez que ya este equipo de juristas preparen un anteproyecto, de común acuerdo, entonces van a convocar a nuestra Comisión para empezar a ver lo de la Ley Marco y una calendarización que tiene que ser incluida en la Ley Marco. De tal manera que nosotros, los que íbamos preparados para trabajar largas horas, prácticamente no fue más que una reunión de pocos minutos, antes de las seis de la tarde ya estibamos saliendo, y un poco decepcionados diría yo, porque no deja uno de sospechar de que empezamos a ver señales de que le quieren dar largas al asunto.

Y, repito, este proyecto de Ley Marco, quien insistió en esa Ley Marco es el Poder Ejecutivo, y ahora ya como que no tiene tanta importancia o quieren esperar quien sabe cuánto tiempo, que si no lo hacemos de común acuerdo a lo mejor ni siquiera podrían llegar a aprobarla.

Así están las cosas, yo no sé si Julia Mena tiene algo que agregar, porque a veces a uno se le queda algo olvidado. Así que yo le cedo la palabra a Julia, si tiene algo que agregar.

Muchas gracias.

DIPUTADA JULIA MENA RIVERA:

Realmente la información que dio don Nicolás, segundo Vice-Presidente de la Asamblea, fue bastante completa. Incluso se le hizo ver al Ejecutivo, de que la premura con que ellos habían tratado de trabajar los acuerdos y nosotros también, se perdió el día de ayer. Con mucha tranquilidad, mucha seguridad y autosuficiencia, hicieron ver de que la Ley Marco tenía que trabajarse -con prudencia- como que los acuerdos fueron trabajados en una forma imprudente ,que teníamos que darnos el tiempo necesario para que la ley saliera bastante completa. Incluso se les hizo ver ahí a ellos de que esa premura que habían tenido antes de ir a París se había perdido, a lo que contestó el doctor Leal: “París bien vale una misa".

Yo no sé qué quería significar eso, pero realmente se le hizo ver ahí de parte de la Comisión nuestra que sin Ley Marco no va a haber elección de magistrados; así de simple. Porque nosotros consideramos, que si bien es cierto que no es parte de la simultaneidad, es parte de la globalidad, y es como la vía del ferrocarril, no puede ir uno sin el otro; así de simple. Nosotros, sin ánimo de ponerlos tristes ni causar malestar dentro del grupo, sí queremos ser nosotros -los de la Comisión- muy claros, de que vamos a proceder en esa situación, si no hay una cosa no hay otra, pero no vamos a seguir de tontos porque ellos creen que los de la Asamblea somos tontos y no va a ser así.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Cairo Manuel López.

DIPUTADO CAIRO MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ:

Muchas gracias, Presidente.

Del informe que nos acaban de hacer los miembros de la Junta Directiva podría tal vez sacarse una conclusión, tal vez pesimista, del resultado futuro de estas conversaciones. Sin embargo, yo creo que aquí se plantearía más bien la necesidad de esbozar futuros escenarios en los que se va a desarrollar esta conversación. Es un hecho incontestable, indubitable para la población nicaragüense, que el Poder Ejecutivo nunca ha querido las reformas constitucionales, y que si se llegó a determinados acuerdos fue forzado, tanto por la situación internacional como por la presión de diversos sectores de la sociedad nicaragüense.

Creo que el Gobierno ha mal interpretado en este momento las señales de París, y si bien ellos creen que París "bien vale una misa", la verdad es que los niños no vienen de París. Y con esto quiero señalar lo siguiente: el gobierno podría llamarse a engaños si cree que ya una vez con los acuerdos firmados, el desembolso de las promesas de dinero que es lo que existe hasta este momento, le va a venir de una manera fluida. Creo que los mensajes que la Asamblea Nacional recibió de parte de la comunidad internacional, de los países donantes, de los organismos prestarios internacionales, pasa no por una simple superación de la crisis institucional que vivía Nicaragua mediante unos acuerdos, y que éstos pueden ser violados posteriormente, impunemente.

Creo que el Gobierno estaría cometiendo un error.

Creo que en el Gobierno existe un grupo de burócratas con alguna capacidad de análisis de los escenarios que pueden ocurrir en el país. Y si bien muchos de estos burócratas recién entrenados en su carrera política que están iniciando en el "proyerno", -perdón, hago lo de los notarios, "proyerno" no vale, quise decir Proyecto Nacional- estarían cometiendo un error bastante grande, creo que ellos van a “forjear” para tratar de alguna manera de desesperar la voluntad de la Asamblea Nacional, a lo cual no es ajeno tampoco la ocupación del recinto de la Asamblea Nacional.

Creo que éste es un momento en que la Asamblea Nacional debe seguir dando muestras de mucha tranquilidad, de mucha paciencia en las negociaciones; el cumplimiento de los acuerdos tendría que llegar tarde o temprano para este gobierno. Y yo creo que debe mantenerse la misma posición de ayer, de manera firme: no hay elección al Consejo Supremo Electoral si no hay ley de implementación, de mutuo acuerdo, tal y como se señaló en los acuerdos alcanzados. Más aún, aquí debe proponerse una simultaneidad: se aprueba la Ley de Implementación de las Reformas Constitucionales o no hay elección de miembros al Consejo Supremo Electoral.

Sería una clara señal de que estaría enviando este país de que la crisis afín no ha sido superada, y que no ha sido superada, más bien no por la voluntad o la falta del Legislativo, sino más bien por la voluntad del Poder Ejecutivo. Nosotros -y aquí me refiero de manera general al grupo de la Asamblea Nacional- nunca hemos estado en contra de que venga ayuda a Nicaragua, pero tampoco hemos apoyado que esta ayuda a Nicaragua debe venir de manera fluida a un gobierno que incumple su compromiso de democratizar el país.

Resumo señalando lo siguiente: creo francamente que la Junta Directiva debe continuar su negociación poniéndole mayor presión al Poder Ejecutivo, y debe hacerse una clara demostración ante la opinión pública nacional e internacional de los síntomas que se comienzan a advertir en el Poder Ejecutivo, a fin de que no se equivoquen con las señales.

Y si bien el cinismo de un rey, en la Edad Media, para poder alcanzar el trono dijo en una oportunidad que "París bien vale una misa", creo que este Gobierno no debe ampararse en esa expresión para tratar de incumplir sus compromisos realizados ante el pueblo nicaragüense, donde este Gobierno no solamente comprometió su palabra, sino también su palabra de honor. Creo que la Asamblea Nacional debe mantener sus compromisos y su palabra de honor.

Gracias.

CONTINUACIÓN DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 3 DE JULIO DE 1995. (ONCEAVA LEGISLATURA).

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Entramos al punto de la Ley Marco.

SECRETARIA JULIA MENA RIVERA:

Doctor
Luis Humberto Guzmán
Presidente
Asamblea Nacional.
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

Para consideración de la Honorable Asamblea Nacional, estoy remitiendo el Proyecto de Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales que hemos consensuado entre ambos Poderes del Estado cuya fundamentación, a manera de exposición de motivos está expuesto en los considerandos del mismo.

De conformidad al Acuerdo Político que ambos Poderes del Estado hemos logrado alcanzar el pasado 14 de los corrientes, presento esta iniciativa a la Asamblea Nacional, para que con carácter de urgencia sea conocida y discutida con posterioridad a la elección de los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, cuyas ternas de candidatos he enviado el día de hoy.

Con un saludo para usted y los honorables representantes, me suscribo atentamente,

Violeta Barrios de Chamorro
Presidente de la República de Nicaragua".

LEY MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO:

1. Que los Poderes Legislativo y Ejecutivo con la presencia de Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Miguel Obando y Bravo como Testigo y Garante, han logrado alcanzar un Acuerdo Político el pasado 14 de los corrientes y una serie de acuerdos concretos sobre la implementación de varias disposiciones constitucionales reformadas, con el propósito de encontrar soluciones consensuadas a los diferendos existentes en materia institucional.

2. Que por medio de esos acuerdos y compromisos se propiciara un mayor fortalecimiento del proceso de institucionalización y de las relaciones armónicas entre los dos Poderes del Estado, tal como lo señala el artículo 129 Cn. en beneficio del pueblo nicaragüense.

3. Que forma parte del Acuerdo Político la necesidad que se apruebe por el Plenario de la Asamblea Nacional, una Ley Marco consensuada entre los dos Poderes del Estado, que establezca el compromiso institucional sobre la forma de llevar a cabo la implementación de las reformas constitucionales.

4. Que este instrumento de carácter temporal, denominado Ley Marco, es parte y consecuencia del Acuerdo Político y de las negociaciones entre los dos Poderes. Por lo que no debe ser considerado únicamente desde el punto de vista meramente formal, ya que desde el momento en que sea aprobada esta Ley Marco en la forma establecida en el Acuerdo Político, su contenido independientemente de su formalidad, debe entenderse como un compromiso institucional adquirido entre los dos Poderes para cumplir con los fines establecidos esta misma ley, para lograr la viabilidad de la implementación de las reformas y para el cumplimiento del Acuerdo Político.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

A discusión la Ley Marco en lo general.

Vamos a rogarle a los colegas que están solicitando hacer uso de la palabra que mantengan levantada la mano para poderlos anotar.

Jaime Bonilla.

DIPUTADO JAIME BONILLA LÓPEZ:

La Ley Marco crea o en ella se originarán veinticinco leyes, de ellas diecinueve serán leyes nuevas y seis se refiere a leyes a reformar; en cualquier caso, se trata de toda una legislación en común acuerdo, en consenso con el Poder Ejecutivo. Puedo entonces señalar que la co-legislación, ese trabajo parlamentario difícilmente vamos a poderlo cumplir de aquí al final del periodo, si es que a la experiencia de estos cinco años nos atenemos. De cualquier forma, deberemos de estar seguros que la co-legislación nos ocupará hasta el final de nuestro mandato el 10 de enero del 97.

El artículo 31 de esta Ley Marco manda a que la misma tendrá vigencia hasta el primero de Enero del 97, y pienso que de igual manera las veinticinco leyes que se señalan crear o reformar en dicha ley, de igual manera deberán dejarse de aplicar en esa fecha. Entendemos que al primero de enero del 97 este Ejecutivo ya no tendrá interés en la Ley Marco, en consecuencia también no tendrá interés en las veinticinco leyes que se originan en dicha matriz. En tal sentido, resultan incomprensibles tales tareas legislativas.

Conocemos además que alrededor de esta ley no puede haber reserva de ninguna especie en ninguna parte de su articulado; no puede ser cambiado en este plenario en ningún sentido, ni en su estilo, ni es su forma, ni en su fondo. A la vez se deberá entender que las veinticinco leyes que también serán producto de negociación y del consenso obligado no podrán en este plenario ser modificadas, ni en su estilo, ni en su forma, ni en su fondo. Por ello deducimos estimados representantes, que en adelante, hasta finales del 96, la gran mayoría de los parlamentarios estaremos solo a la espera de esas negociaciones por la Directiva o por las comisiones que se nombren; estaremos listos para levantar la mano y votar por dichas leyes negociadas.

Por tal razón, tenemos la certeza que tal grado o magnitud de co-legislación rompe con el orden constitucional establecido en la Constitución del 87 o en las mismas reformas, y las facultades expresadas en dichas leyes supremas para la Asamblea Nacional. La Ley Marco negociada entrega al Poder Ejecutivo la independencia de la Asamblea Nacional y atropella en consecuencia la majestad, el rol, el papel de cada uno de los parlamentarios. En fin, en esta primera parte hago notar esa conclusión que me parece lesiva a los intereses de la nación.

Ahora en una segunda parte queremos anotar cómo afecta las reformas constitucionales, como se afectan las reformas constitucionales a partir de la aprobación que ya ha tenido esa Ley Marco. Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley Marco manda a que no se aplique el artículo 159 de la reforma, esta norma refiere que el Poder Judicial recibirá no menos del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República, pero la Ley Marco manda a que este porcentaje se alcance gradualmente. El artículo 12 de la Ley Marco, manda a que no se aplique el artículo 114 en su primer párrafo y el artículo 138, inciso 27 de las reformas, los que contienen la facultad exclusiva de la Asamblea Nacional para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos.

El artículo 14 de la Ley Marco, inhibe de la aplicación del artículo 68, párrafo cuarto de las reformas, evitando con ello las exenciones para los medios de comunicación. El artículo 15 de la Ley Marco, conculca el artículo 130, párrafo sexto de la reforma, dando lugar a la continuidad de la práctica nepóstica en la administración pública. El artículo 17 de la Ley Marco disminuye el artículo 138, en cuanto a la aplicabilidad del inciso 12), párrafo primero de las reformas, propiciando una aprobación obligada de tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos internacionales, sin oportunidad siquiera para su rechazo por este Plenario de la Asamblea Nacional.

El artículo 18 de la Ley Marco, manda a que no se aplique el artículo 149, párrafo séptimo, inciso 2) y el párrafo ocho, inciso c) de las reformas, socavándose con ello las tipificaciones para definir las faltas temporales o definitivas del Presidente de la República. El artículo 20 de la Ley Marco evita la vigencia del artículo 151, párrafo tercero, no permitiéndose entonces el funcionamiento del Consejo de Ministros. El artículo 24 de la Ley Marco no permitirá la puesta en práctica con todo su rigor de la solicitud de informes, comparecencias e interpelaciones de la Asamblea Nacional a los funcionarios públicos, establecidos en el inciso 4) del artículo 138 de las reformas.

El mismo artículo 24 de la Ley Marco cambia el artículo 92, párrafo segundo de las reformas, modificando que la Presidente de la República no tenga obligación de consultar a todo el Consejo de Ministros, sino que a un cincuenta por ciento de ellos, para ordenar la intervención del ejército en caso en que esté amenazada la estabilidad de la República. Los artículos 27 y 28 de la Ley Marco evitan la aplicación del artículo 138, inciso 3) y el onceavo respectivamente. La no aplicabilidad del inciso tercero compromete la posibilidad de indultos por la Asamblea Nacional, y el onceavo no nos dará capacidad para conocer y admitir renuncias y resolver sobre destituciones de funcionarios públicos.

Esto, estimados representantes, solo a modo de ejemplo. Este hecho me hace considerar, me hace expresar que esta Ley Marco, vacía, fragmenta y disminuye de su contenido original a las reformas constitucionales. Las reformas ya no son las reformas que predicamos al pueblo de Nicaragua en la consulta realizada; las reformas han perdido su valor original. Puedo ahora entonces observar, que (cambio automático de cinta) al margen del orden constitucional, al margen del derecho. Concluyo expresando lo siguiente en forma puntualizada. La Ley Marco, a través de ella se entrega la independencia de la Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo, y se atropellan los derechos de cada parlamentario.

Segundo, es una ley inconstitucional y contiene absurdos jurídicos sustantivos. Tercero, disminuye, fragmenta y vacía de contenidos importantes a la reforma constitucional. Con esta argumentación mi partido, el PLC, salva su responsabilidad ante la aprobación que ya previamente se ha dado a esta Ley Marco. Aún así, juzgamos que la supremacía constitucional sobrevivirá ante tan descomunal irregularidad jurídica. En consecuencia y en virtud de esta última razón, y por el esfuerzo que para estos acuerdos ha hecho la Iglesia Católica; por la influencia para su concreción de la comunidad internacional, y observando que está comprometida en el mismo acuerdo la cooperación económica internacional; en virtud de tales razones, el PLC ha decidido votar en favor de la aprobación de dicha ley.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Por favor, se les ruega a los colegas guardar la debida compostura. Por favor colegas.

Tiene la palabra doña Miriam Arguello.

DIPUTADA MIRIAM ARGÜELLO MORALES:

Gracias, Presidente.

No voy hacer un análisis tan exhaustivo de este Proyecto de Ley Marco presentado hoy ante la Asamblea Nacional. Todos conocemos y sabemos las circunstancias por las que atraviesa nuestro país en este momento, y todos conocemos también como se han venido dando esta secuencia para efectos de que esta Asamblea Nacional se viera obligada a llegar a un acuerdo de esta naturaleza, cercenando en cierta manera los derechos y competencias que tiene, que sin consulta con ningún otro Poder pueda reformar una Constitución y hacer sus leyes de acuerdo a los criterios de sus representantes.

Las situaciones de un país muchas veces marcan situaciones ineludibles, pero muchas veces yo vengo como hoy y me extraño cuando escucho la critica a algo que se esta haciendo, cuando la realidad es que iniciadores de esos aspectos que llaman hoy inconstitucionales, vienen casualmente de iniciativas de partidos que hoy las atacan. Considero pues, no voy a mencionar todas las particularidades que mi antecesor hizo, pero solamente quiero mencionar unas dos, para no hacer larga mi interpretación; y las voy a leer casualmente del comunicado de que la alianza liberal, el Partido Nacional Conservador y el Partido Resistencia Nicaragüense firmaron con fecha 22 de mayo, casualmente el día en que el Ejecutivo envió una propuesta de acuerdo a este Parlamento y que el Poder Legislativo contestó con una contra propuesta que también tengo en mi poder.

Pero no voy a cansarlos a todos, porque me imagine que deben de tenerla, pero por simple curiosidad voy a leer uno de los párrafos de la propuesta firmada por los tres representantes de partidos, que dice lo siguiente, porque considero que es de las más importante dentro de lo acordado en esta Ley Marco:

"b) Nos ofrecemos como garantes de la implementación de las reformas en los aspectos siguientes: -dicen los tres-. Y en el punto tres dice: En materia impositiva para la creación, modificación y eliminación de impuestos para la contratación y captación de recursos internacionales, así como en toda ley de carácter económico, beneficiosa para la nación, se deberá cumplir un trámite de negociación entre los Poderes, antes de la aprobación por la Asamblea Nacional de la respectiva legislación".

Y yo me pregunto, ¿qué se llama eso? Es o no acaso la limitación de que se acaba de hablar en este momento, contenidas todavía en una forma más suave que lo propuesto en este punto tres de ese inciso b); de esa propuesta de los tres partidos. Y hay algo más, ese punto tres fue íntegramente reproducido o repetido por Su Eminencia el Cardenal Miguel Obando en su discurso en la Catedral el día de la imposición de la Medalla, en el párrafo seis de su discurso cuando se refiere casualmente con las mismas palabras a ese artículo tres, haciendo la recomendación a la Asamblea Nacional de plasmar o de entrar en acuerdos en relación a ese punto.

Por otro lado, también nos encontramos aquí con que se habla de la violación a la Constitución en lo relacionado al artículo 130 que es el artículo del nepotismo, y quiero hablarles a ustedes y quiero leerles a ustedes... Por favor, el diputado Castilla está interrumpiendo.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Por favor doctora, continúe en el uso de la palabra.

DIPUTADA MIRIAM ARGÜELLO MORALES:

En el punto cuatro de esa propuesta de los tres partidos, dice íntegramente "Con el ánimo de contribuir a la distensión, la prohibición del nombramiento de parientes en calidad de funcionarios públicos establecidas en el artículo 130 de la Constitución reformada, será reglamentada hasta el final del actual período presidencial, quedando incólume el principio de la no reelección y el no continuismo familiar". ¿Qué significa entonces este artículo? ¿No es dejar pasar hasta 1997 la aplicación de ese artículo? Lo que no entiendo son esas contradicciones, porque si yo no estoy de acuerdo con algo, no estoy de acuerdo desde el principio hasta el fin.

Y otros puntos que quizás después vayan a ser mencionados por alguien. Por ejemplo en el punto 1 del b), donde dice: "Integrar la Corte Suprema de Justicia, ratificando a los Magistrados recientemente electos. Integrar el Consejo Supremo Electoral mediante una negociación entre los Poderes del Estado". De tal manera pues, que para no cansar a los diputados aquí presentes, solo para una muestra, lo que quiero decir es que seríamos tal vez más maduros políticamente siendo congruentes en nuestras posiciones en todo momento; y pensar en los momentos decisivos en este país, que es lo que en un determinado momento puede empezar a resolver un problema que ha sido un problema endémico en este país, un problema que tenemos que empezar a solucionar aunque sea a pequeños pasos.

Creo que nosotros los que fuimos proyectistas, los que fuimos iniciadores de estas reformas constitucionales, a los que verdaderamente nos duelen estas reformas constitucionales y no a aquellos que hasta último momento las apoyaron; en este momento quizás somos los que más sentimos el que en cierta manera nuestras reformas no hayan quedado en un cien por ciento incólumes como hubiéramos querido, pero de dos pasos adelante quizás dimos uno hacia atrás, pero siempre queda uno hacia adelante.

Muchas gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Adolfo Jarquín.

DIPUTADO ADOLFO JARQUÍN ORTEL:

Muchas gracias, Presidente.

A pesar de que nosotros como bancada social demócrata no participamos en la elaboración del acuerdo político, sin embargo me voy a permitir intervenir en esa Sesión el día de hoy. Como afirmamos en la posición política de la social democracia ante los desafíos de Nicaragua el 14 de febrero de 1994, para afrontar las tareas prioritarias de recuperar décadas de confrontación y de atraso, era indispensable fortalecer la estabilidad política de nuestro país a fin de abocar a los nicaragüenses de buena voluntad a la labor de la modernización de la nación mediante la democratización del Estado, impulsando con realismo y responsabilidad política un proyecto de reformas profundas a la Constitución Política que fuera el fruto de amplio consenso en torno a la nación.

Por ello nos dispusimos a impulsar ese trascendental objetivo, trabajando en el Consejo Político de Bancadas, aportando nuestros puntos de vistas en la disposición constructiva de lograr un nuevo pacto que le daría cohesión a la nación Las reformas constitucionales solo pueden ayudar a resolver los problemas del país, si son producto de acuerdos políticos de todos o por lo menos de la gran mayoría de los sectores representativos de la vida nacional, que superen las posiciones egoístas o personificadoras de los intereses nacionales. Nosotros lo expresamos desde la presentación de la iniciativa de las reformas parciales.

Señalamos que la falta de un adecuado consenso entre los Poderes del Estado y con los más amplios sectores de la ciudadanía afectaría la viabilidad de las mismas reformas, y que por consiguiente era imprescindible el diálogo para lograr un acuerdo político. Señalamos en su oportunidad los graves defectos de forma y fondo de la iniciativa de las reformas parciales a la Constitución, lo que afectaría su validez legal; tales defectos se incrementaron en las discusiones en ambas legislaturas y no se escuchó nuestra petición de reiniciar el diálogo necesario para encontrar la necesaria solución.

Antes de iniciarse la segunda discusión volvimos a expresar que era necesario tomar el diálogo, con la intención de tratar de enmendar los errores cometidos en la primera discusión; se encontró con una férrea oposición por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de realizar los ajustes lógicos que ya señalaban abiertamente diferentes sectores de nuestra sociedad; se llegó incluso a contestar a la solicitud de negociación de la implementación de las reformas parciales, con la precipitada e ilegal publicación.

Se creó así un estado de confusión ante la conciencia ciudadana, que perjudicó enormemente el interés general y que de haber continuado podía causar daños profundos al pueblo nicaragüense. Es por tal motivo que siempre demandamos de la Junta Directiva y de la Asamblea Nacional, una actitud consecuente con el pueblo que nos eligió, que quiere de nosotros la defensa de sus verdaderos intereses y que deben prevalecer sobre los de las personas, y es por ello que nosotros en su oportunidad apoyamos el diálogo que habían retomado los Poderes Ejecutivo y Legislativo como único medio de superar esta penosa situación para que se llegara a un acuerdo político.

Que si bien es cierto fue efectuado entre dos Poderes del Estado que finalizan su gestión en 1996, y no con partidos políticos que son las instituciones serias que si contribuyen a fortalecer la democracia y que si se pueden comprometer; sin embargo buscando como contribuir al sosiego y a la estabilidad, quiero el día de hoy expresar ante este plenario que nosotros vamos a votar a favor del acuerdo político y de la Ley Marco.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

José Luis Villavicencio.

DIPUTADO JOSÉ LUIS VILLAVICENCIO ORDÓÑEZ:

Nosotros hemos estado analizando el Proyecto de la ley de Implementación de las Reformas, y la primer pregunta que nos surge y que la hacemos al plenario y a los honorables juristas aquí presentes, es que nos expliquen cómo es que se va a implementar una ley sobre unas reformas que aun no han sido promulgadas. Primer pregunta. Es como el caso de una señora que está esperando un niño y que compró la cuna, compró las cosas y hasta el nombre le puso. Pero todavía no es ley, la Ley 192 todavía no es ley de la República. ¿Se va a proceder entonces dentro de esta nueva teoría del derecho moderno? Porque parece que estamos ante una nueva expresión de la evolución del derecho, donde se pueda elaborar una ley que va a implementar a otra ley que no es ley todavía, porque las reformas no ha sido promulgadas. ¿Entonces este acto legislativo podrá tener validez? Primer pregunta del carácter técnico-jurídico. ¿Podrá tener jurídicamente validez una ley de implementación de unas reformas que no están en vigencia? si no han entrado en vigencia las reformas, entonces se va a legislar sobre un acto que no existe jurídicamente; más bien lo que existe es un acuerdo político.

Pero si nosotros vamos a trabajar o hemos estado trabajando por la conformación de un estado de derecho, considero que no se puede poner la carreta delante de los bueyes, y eso lo puede entender perfectamente cualquier persona, de que se va a poner ahora una ley de implementación de las reformas cuando aun no han sido promulgadas las reformas. Eso es, diríamos, una nueva situación de la teoría del derecho moderno que parece que va evolucionando ahora, que podamos legislar, hacer leyes sobre cosas, o leyes que no existen todavía. Esa es simple y sencillamente una situación muy difícil; técnicamente esta es una ley nacitura, que quiere decir que es una ley que pretende reformar o implementar algo que esta por nacer. Eso es esta ley de implementación, una ley nacitura que esta por nacer.

Luego nosotros también observamos de que esta reforma o esta ley si viene a reformar la Reforma Constitucional, porque en el mismo contenido de la ley, en el artículo 15, se presenta de que la Ley contra el Nepotismo que ya esta Asamblea venía aprobando se va a posponer ahora, y se va a posponer hasta en enero de 1997. Entonces es una ley que pretende ya de antemano, técnicamente pretende reformar la Constitución que aún no ha entrado en vigencia. No ha nacido todavía la reforma legalmente hablando y ya se le está reformando. Eso es diríamos, otro elemento de la teoría del derecho moderno, y quisiera que los juristas tan elegantes lo explicaran aquí, como es que va a nacer ese niño que no ha nacido y que ya de antemano se le está quitando algunos elementos que trae físicamente.

Por otro lado, nosotros creemos que realmente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha venido propugnando que las reformas tienen que ser para beneficios populares. Hay una serie de elementos de las reformas las cuales nosotros no aceptamos, como es la privatización de los servicios de salud o la privatización del servicio de educación, que eso atenta contra los derechos populares. De ahí que nosotros nos vamos a abstener de la participación de esta ley, porque consideramos en primer lugar que esta cocina de la teoría del derecho moderno, es una cocina que atenta contra la institucionalidad. Habría que ver si ahora en la UCA están dando esa teoría de derecho constitucional; habría que preguntar, porque esto realmente viene a revolucionar el derecho en toda la historia de la humanidad.

De ahí que consideramos señores representantes, que un error no puede tapar a otro error, y que si un error cierra a otro error, se va a dar una cadena de errores, y creo que si seis meses paso la Asamblea Nacional forcejeando con el Ejecutivo para llegar a estos acuerdos que no son más que un pacto entre la cúpula; entonces si seis meses ha pasado en angustia nuestro pueblo; si seis meses han estado con un tira y encoge para llegar a este pacto, a un pacto donde se comete un error sobre otro error, yo pienso que realmente no vamos a encontrar soluciones a las cosas que están planteadas.

De ahí que con mucha preocupación, nosotros vemos que aquí muchos políticos y muchos representantes han estado diciendo: mirá, esto es político, no le hagás caso. Pero lo político tiene que hacerse apegado al derecho, señores diputados. Si vas a hacer un pacto, tenés que hacerlo apegado a derecho, no poner primero la carreta y después los bueyes.

Gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Quiero rogarles a los colegas, que en lo posible nos mantengamos dentro de los límites del tiempo.

Roberto Urroz.

DIPUTADO ROBERTO URROZ CASTILLO:

Gracias, Presidente.

A la crisis institucional que hemos estado viviendo, con el acuerdo recientemente firmado se logra darle la solución que ansiaban los nicaragüenses, haciendo falta únicamente la aprobación de esta Ley Marco. Su Eminencia el Cardenal Miguel Obando, jugó un papel determinante que realmente merece nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por hacer posible este acuerdo, el cual indudablemente tiene el apoyo total de la Iglesia Católica. Se ha estado hablando de la necesidad de la independencia y autonomía de los Poderes del Estado, lo cual está consignado con claridad en la reforma a la Constitución.

Este ha sido un planteamiento democrático permanente que hemos tenido los demócratas en Nicaragua desde hace muchísimo tiempo; pero eso no significa no buscar la armonía entre los Poderes del Estado como se ha empezado a hacer, es la manera de consolidar la democracia. La armonía entre los Poderes del Estado y específicamente la armonía entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, todos nosotros en esta Asamblea Nacional hemos vivido esa experiencia de armonizar las leyes con el Ejecutivo, y no por eso vamos a tener menos independencia y no por eso vamos a tener menos autonomía, sino que más bien estamos pensando en la grandeza de Nicaragua, en los intereses patrios, en vez de los intereses particulares.

El no aprobar esta Ley Marco constitucional, básicamente es ir contra las reformas. Aquellos que hemos apoyado decididamente las reformas a la Constitución, que hemos sido abanderados realmente, concebir la alternativa de no apoyar la Ley Marco sería ir contra nuestros propios principios y contra nuestra propia manera de ser demócratas. Este es un acuerdo histórico, cada quien debe asumir su responsabilidad porque estamos sentando las bases de la estabilidad política, las bases del progreso económico y social del país.

Señor Presidente, pido a todos los diputados de la Asamblea Nacional, que por los intereses de Nicaragua, por los intereses de nuestra patria, que deben estar sobre cualquier interés particular o partidario, apoyemos unánimemente esta Ley Marco, que realmente nos conmina para que se dé la vigencia de la reforma a la Constitución y para que empecemos en una estabilidad política que nos permita sacar adelante a nuestra Nicaragua.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra el diputado Alvin Guthrie.

DIPUTADO ALVIN GUTHRIE RIVERS:

Gracias, señor Presidente.

Los socialdemócratas continuamos convencidos de que solamente mediante el diálogo entre los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo alrededor de la Ley número 192, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política, podía finalizar la denominada pugna entre los Poderes públicos de Nicaragua, cuya consecuencia más visible la constituía el Poder Electoral -felizmente superada en el día de hoy- encargado de organizar las próximas elecciones para Presidente, Vice Presidente, diputados ante la Honorable Asamblea Nacional, diputados ante el Parlamento Centroamericano y miembros de los Concejos Municipales.

Por supuesto que cuando se acepta sentarse en una mesa de negociaciones, los participantes deben estar conscientes que no se pueden adoptar posiciones rígidas, inflexibles, tratando de imponer contra viento y marea nuestros criterios legales o políticos o de cualquier otra índole, puesto que la mesa de negociaciones se convertiría en una mesa de imposiciones, y obviamente se trabaría o finalizaría el diálogo sin resultados positivos, en detrimento de la construcción de una democracia dialogante, en donde la fuerza de la razón sustituya el culto a la violencia que tanto daño ha provocado a los nicaragüenses y a todos los pueblos latinoamericanos.

Cabe señalar, que mientras se desarrollaba el diálogo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el pueblo nicaragüense a través de los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos clamaba por la armonía y coordinación entre todos los Poderes públicos de nuestra sufrida y naciente democracia, consciente de que si continúan las confrontaciones estériles entre las autoridades de nuestro país, nuevamente serán postergadas las soluciones al acuciante problema del desempleo que sigue destruyendo la unidad familiar, al tener que emigrar uno o más miembros de la familia para no morirse de hambre; a la falta de suficientes centros hospitalarios dotados de instrumentos médicos indispensables y medicinas cada día mas inaccesibles para los trabajadores; a la falta de construcción de viviendas dignas del ser humano y que según datos estadísticos alcanzan un déficit de más de quinientas mil viviendas.

En fin, a la construcción de caminos, carreteras y puentes que permitan sacar las cosechas que son las que producen las divisas indispensables para que podamos progresar y heredar un mejor país a nuestros hijos y generaciones venideras. Obviamente que ante las justas aspiraciones y expectativas de nuestro pueblo, los poderes públicos estarían actuando muy mal si continúan en interminables discusiones bizantinas, entre el cansancio y la impaciencia del pueblo nicaragüense y de la comunidad internacional de donantes.

Por las razones ya expuestas deseo felicitar con toda sinceridad a la Presidencia de la República y a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, por el acuerdo político denominado Proyecto de Ley Marco, suscrito el día viernes 30 de junio del presente año, que permitirá la promulgación de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del 9 de enero de 1987, calificada por moros y cristianos como totalitaria, propia de un modelo económico y social centralista, como el que se trató de imponer infructuosamente en nuestra patria en la década pasada, y que fue sustituido precisamente por nuestra reciente democracia política, que con las reformas parciales constitucionales avanzan un paso más hacia su consolidación en beneficio de toda Nicaragua.

Por otra parte, deseo insistir en la importancia del acuerdo político ya mencionado entre los Poderes Ejecutivos y Legislativos, porque se está dando un ejemplo a todos los pueblos del mundo, especialmente a los latinoamericanos que sufren casi los mismos problemas políticos que sufrimos nosotros. Es conveniente destacar que nos pusimos de acuerdo dentro de un contexto bastante negativo, plagado de partidos políticos que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha; plagado de tomas de edificios públicos y privados; de ajustes de cuentas entre los residuos de los participantes de la guerra fratricida de la década pasada. Por eso reitero mis congratulaciones para los que dialogaron con sensatez ante la presencia del Cardenal Obando y Bravo.

Para concluir, en homenaje a la sustitución de la confrontación por el diálogo civilizado, deseo instar a todos los diputados a redoblar nuestros esfuerzos para legislar arduamente de conformidad con el acuerdo político o proyecto de Ley Marco alcanzado. Enfatizando una vez más que en el orden político, económico y social y sindical es imposible lograr convenios, contratos, acuerdos, o como proyecto de Ley Marco, o se le seguirá llamando perfecto o que satisfagan en un cien por ciento a todos los participantes o a todos los representantes en una mesa de negociación. Pero aunque se trate de una frase trillada, deseo señalar como jurista que más vale un mal arreglo que un buen pleito, y en el caso de las confrontaciones entre los Poderes públicos se ha alcanzado un buen arreglo para el pueblo nicaragüense y una señal muy buena para la comunidad internacional.

Finalmente espero que la voluntad del diálogo entre todos los poderes públicos de Nicaragua se... (cambio de cassette)... con mi voto señor Presidente, los social demócratas queremos fortalecer la estabilidad política de nuestra nación.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Hernaldo Zúñiga.

DIPUTADO HERNALDO ZÚÑIGA MONTENEGRO:

En diferentes oportunidades; en conversaciones con estimables colegas de este honorable Plenario, se me ha externado la opinión de que lo político está sobre lo jurídico. Ante estos criterios, yo he sostenido que ambos conceptos van de la mano y que debe buscarse una complementación entre ambas situaciones. Pero de pronto surge en nuestro país la crisis institucional que por un buen tiempo nos ha agobiado a todos, la que después de un largo proceso de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, se ha llegado a culminar con un arreglo, con un convenio que da lugar a la Ley Marco de implementación de las reformas constitucionales a que estamos abocados.

Indudablemente que esta situación nos ha colocado ante una alternativa; lo jurídico por una parte y lo político por la otra parte; y llegado este momento, yo que siempre he opinado como antes les dije, porque ambos conceptos van de la mano y deben complementarse, me encuentro con un acuerdo o con una Ley Marco que, de acuerdo con diferentes opiniones en todos los medios de comunicación y aun de juristas connotados, se piensa que hay roces con la Constitución Política. Indudablemente que esto preocupa a los juristas, a los profesionales del derecho.

Pero aquí surge el recuerdo de esas conversaciones, y yo, particularmente pienso de que por primera, primera vez, a mi juicio, tienen razón todos aquellos que piensan que lo político está sobre lo jurídico, y es así que nos encontramos de nuevo ante esa alternativo en la que lo político juega un papel mucho más preponderante y necesario que lo jurídico, toda vez que se trata de resolver una situación, una crisis gravísima para el país, la que estimo que dichosamente hemos logrado superar y eso se va a confirmar, señores, al momento en que este plenario apruebe esta Ley Marco de Implementación de las reformas constitucionales.

Por consiguiente, yo opino que debemos aprobarla y que debemos de tener presente, que por este momento efectivamente lo político está sobre lo jurídico, y que en consecuencia solo nos debe preocupar la solución de una crisis que ya no tiene razón de seguir continuando en el país.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Tiene la palabra el diputado Edmundo Castillo.

DIPUTADO EDMUNDO CASTILLO RAMÍREZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Después de escuchar a muchas personas, me trae en mente aquella frase lapidaria que dice: " Consummâtum est, todo está consumado. Durante muchos años, señor Presidente, muchas personas anduvimos con la bandera de las reformas a la Constitución Política; unos fuimos suspendidos, otros expulsados, etc. Después hubo personas que se tomaron la representatividad y la divulgación de las reformas a la Constitución Política. Aquí hay lamentablemente una balanza; la balanza es muy sencilla señor Presidente: si nosotros no aprobamos este acuerdo jurídico, se justifica la no publicación y entrada en vigencia de las reformas a la Constitución Política.

Si nosotros nos oponemos a este adefesio jurídico, indudablemente, no entrar en vigencia las reformas a la Constitución Política. ¿Cuál de las dos? Si hemos creído profundamente en las reformas constitucionales, mi criterio personal es apoyar este adefesio jurídico que se llama la Ley Marco; me obliga la historia y me obliga mi profesión de abogado, de parlamentario, sentar criterios bien claros de que esto es un adefesio jurídico. Un factor que ha preocupado es, señor Presidente, que en el considerando primero se habla de que hay un acuerdo político y una serie de acuerdos concretos. Me acuerdo cuando estábamos reunidos los jefes de bancadas, le pedí al doctor Luis Humberto Guzmán que me dijera cuáles eran esos otros acuerdos concretos. Y él en una forma clara y sencilla me dijo: "solamente hay un acuerdo, y es el del 14 de los corrientes".

Sin embargo, tanto en el considerando primero como en el considerando segundo se habla de acuerdos y compromisos. Claro que no voy a decir que hay una letra menuda o hay dos, tres, cuatro acuerdos; le doy fe a lo que el Presidente de la Asamblea ha dicho, que solamente hay un acuerdo político. Este adefesio jurídico establece que el acuerdo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es un compromiso institucional. Todos los abogados y políticos aquí debemos saber que nadie tiene más facultades que las que especialmente establece la ley, y la pregunta que nos debemos hacer todos los que hacemos estas leyes: ¿Qué facultades tenemos para algo que no lo establece, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, llegar a un acuerdo sobre esta categoría?

Hay un exceso de poder, un exceso de atribución. Y este exceso de atribución y de acuerdo, hace que esta resolución por la cual yo voy a votar a favor, sencillamente es totalmente ilegal, es inconstitucional. Me preocupa, señor Presidente, de que en esta Ley Marco se desvirtúa el espíritu de las reformas constitucionales; se disminuye la extensión de las reformas a la Constitución Política; se difiere la vigencia, algo que es absurdo en términos constitucionales. Espero que tal vez alguien emplee alguna frase sórdida o peyorativa, porque cuando no hay fundamento, la burla es lo único que le queda a esa pobre gente.

Señor Presidente, la pregunta que yo hago es: ¿Cómo es posible que vayamos a crear una Ley Marco que tiene mayores poderes que la Constitución Política? Porque en esta Constitución Política no existe lo que se le llama cláusulas pétreas o inamovibles. Ese concepto de cláusulas pétreas o inamovibles significa lo que todos los tratadistas de derecho constitucional deben, y es que en cualquier reforma no podemos tomar determinados principios; sin embargo en este adefesio por el cual voy a votar, por practicidad política, se está estableciendo y dándole mayores garantías, más que la Constitución Política y las leyes constitucionales. Es lamentable que el tiempo sea tan corto, pero quería sentar este criterio para que entremos a la votación.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Adán Fletes.

DIPUTADO ADÁN FLETES VALLE:

Gracias, señor Presidente.

Cuando uno ha escuchado las intervenciones de distintos miembros de este Congreso y se fija uno en la decisión que se va tomando sobre esta Ley Marco, uno no puede menos que reconocer que la Directiva de la Asamblea, el equipo negociador con el Poder Legislativo, ha interpretado de manera global los intereses de los partidos de Nicaragua. Esta Ley Marco recoge el planteamiento de tres partidos políticos que quisieron mediar en el conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; interpreta las ideas del Partido de la Resistencia, del Partido Nacional Conservador y del Partido Liberal Constitucionalista.

Este documento interpreta también el objetivo que el FSLN planteó, de buscar un diálogo y buscar un acuerdo político para resolver la crisis del país. Considero que este Congreso ha dado pasos importantes en diversos momentos, desde que se normalice el funcionamiento de la Asamblea, ayudó esa postura a destrabar la cooperación financiera internacional, y la ayuda económica pudo venir a Nicaragua y fluir hacia distintas áreas de inversión. Cuando se ha firmado el acuerdo político entre ambos Poderes, los funcionarios de gobierno han afirmado que a Nicaragua vendrían alrededor de mil quinientos millones de dólares. La Asamblea, con las decisiones políticas que ha asumido, ha ayudado a que la cooperación financiera internacional y que las donaciones vengan a Nicaragua.

Este Congreso también ha logrado aprobar leyes importantes para fortalecer el proceso de democratización, tal como lo fue el Código Militar y el recambio en la jefatura del Ejército. Me parece a mí y expreso la opinión de la bancada de la Unión Demócrata Cristiana, que es oportuno en este momento congratular a los dirigentes de todos los partidos políticos, que han dado su aporte para que este acuerdo político y para que la Ley Marco camine en el destino que la mayoría de los representantes están expresando. Yo creo que esto ha sido posible, porque hemos mantenido dentro de este Congreso una concepción pluralista y democrática que hemos practicado dentro y que la estamos expresando también hacia afuera.

Es posible, porque en la Directiva tenemos la representación de diferentes líneas políticas, conservadoras, sandinistas, liberales, socialdemócratas; porque hemos logrado desarrollar un sistema de trabajo a través de las bancadas, que permite una participación de todo el conglomerado político. Por eso es que a nombre también de la Unión Demócrata Cristiana quiero expresar el reconocimiento a los negociadores, a la Junta Directiva de la Asamblea, por este esfuerzo que afirma el proceso de democratización en Nicaragua y que nos permite ver hacia delante con una mejor perspectiva.

Podemos tener fe entonces de que realmente el Poder Legislativo es un Poder que lucha por su independencia y que la mantiene, y que eso no significa de ninguna manera el dejar de reconocer la interdependencia y la cooperación entre los distintos Poderes del Estado. El progreso que se ha dado en este tiempo, ha sido un progreso significativo que abona a la afirmación de la democracia como sistema de vida para el pueblo de Nicaragua, e interpreta a juicio nuestro también, el sacrificio de la gran cantidad de hombres y mujeres que han dado también sus vidas por la libertad de Nicaragua.

Gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Roberto Laguna.

DIPUTADO ROBERTO LAGUNA GARCÍA:

El Frente Sandinista, desde un inicio dijimos que estábamos a favor y respaldábamos la reforma a la Constitución Política de Nicaragua; por ello participamos en los debates y en todas las sesiones que se realizaron en la primera y segunda vuelta, dejando constancia en cuales artículos estábamos en contra y en cuales de ellos respaldábamos la reforma a la Constitución. Dejamos claro en cuáles artículos, incisos de la reforma a la Constitución no estábamos de acuerdo, porque de una u otra manera considerábamos que lesionaban las aspiraciones y los intereses de un buen sector del pueblo nicaragüense.

Consideramos que era necesario el diálogo nacional no solamente entre los partidos políticos y los Poderes del Estado, sino que en éste participara el pueblo organizado a través de sus representantes en sus distintas expresiones, y que la consulta a la reforma de la Constitución fuese más amplia y de más amplio conocimiento de la población nicaragüense. Desgraciadamente fue desoído ese planteamiento del Frente Sandinista y se impusieron los criterios de partidos y personas que inciden en la Asamblea Nacional, para que no se escuchara el planteamiento del FSLN. Bueno, se aprobaron las reformas a la Constitución, y como Frente Sandinista consideramos que no eran las mejores reformas las que se habían hecho, las que en realidad el pueblo desearía que se hicieran; pero bien, las dábamos por aprobadas, independientemente de los puntos en que estábamos en desacuerdo.

Lo extraño para el Frente Sandinista y en mi carácter de representante ante la Asamblea Nacional, es que la Directiva y el resto de los jefes de bancadas y muchos representantes, al final, lo que se hubiera hecho al principio se hizo al final, y se quiso aparentar una férrea oposición al Gobierno, una férrea confrontación inclusive a muerte dentro de los Poderes del Estado. Tuvo que ser cercenada la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral; hubo una serie de atrasos en aprobación de otras leyes que benefician a la población nicaragüense, como es el mismo Código del Trabajo que se ha aprobado, pero no promulgado, incluso no hay respuesta todavía de la Asamblea Nacional.

La misma Ley de Carrera Docente, tampoco se ha aclarado sobre esto; y otras como la Ley de Cooperativas, la reforma a la Ley de Cooperativas, la reforma a la Ley General de Cooperativas, la Ley de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que son de interés de la mayor parte de la población y de manera particular de los productores. La Ley de Mora tampoco fue tomada en cuenta, y una serie de leyes que la población ha estado esperando, como es también la ansiada Ley de la Propiedad; eso no ha sido prioridad ni para la Directiva de la Asamblea, ni para el Ejecutivo.

Como consecuencia de eso hemos tenido una serie de situaciones que le han venido a crear inclusive más inestabilidad a la débil economía del país y a los campesinos y a la población en general. En este aspecto considero que el Frente Sandinista no estuvo en contra de la reforma a la Constitución Política, y aun no seguimos estando en contra de la reforma a la Constitución. Pero si hemos rechazado y vamos a seguir rechazando los acuerdos que se han tornado a espaldas del pueblo, a espaldas inclusive de los mismos representantes ante esta Asamblea Nacional.

Porque muchos diputados hemos estado aquí nada más ocupando el escaño diciendo que representamos al pueblo, pero la verdad de las cosas es que nuestra representación ha sido usurpada inclusive a veces, por otros que no son representantes y de manera particular por la Directiva de la Asamblea que ha tornado acuerdos a espaldas del pueblo, y a espaldas inclusive de los mismos representantes ante la Asamblea Nacional. Por lo tanto seguimos estando a favor de una reforma a la Constitución Política de Nicaragua que le dé estabilidad, que traiga la paz y la tranquilidad al pueblo de Nicaragua, y vamos a seguir criticando los acuerdos y los pactos que se hagan a espaldas de la población y a espaldas de los representantes que fuimos electos.

Muchas gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Víctor Manuel Talavera.

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL TALAVERA HUETE:

Gracias, Presidente.

Honorable representación nacional: Es un momento sumamente trascendental para Nicaragua la sesión de esta tarde, en que debe ser aprobada una ley que lógicamente ha sido fuertemente cuestionada en los aspectos jurídicos y que no gozó de un amplio consenso para ser sometida a consideración el día de hoy. Es la primera vez en la historia política de Nicaragua que se llega a un acuerdo después de haber reformado una Constitución. No recuerdo en los anales de la historia, que antes de procederse a una reforma, o mejor dicho, siempre se ha hecho el acuerdo político antes de reformase la Carta Magna, pero nunca después de reformada la Carta Magna.

Es amarga la píldora que tendremos que tragar este día con esta ley, pero lamentablemente por el capricho de un hombre que ha conducido a Nicaragua a situaciones jamás vistas en la historia política, se tuvo que lamentablemente ceder la soberanía del poder del pueblo a través de sus representantes. Pero este capricho estaba conduciendo a la República a que en Nicaragua se suspendiera las elecciones generales de 1996, y hubiera sido fatal para la transición democrática. Y es por esto que como liberal tengo que apoyar esta ley, para que este proceso electoral de Nicaragua no vaya a ser burlado en virtud de que no pueden ponerse en vigencia las reformas constitucionales. Ojalá que a través de esta misma ley o de estos mismos acuerdos, no existen otros pre-acuerdos, en los cuales se tenga ya negociado lo que va a ser la futura Junta Directiva en el último período constitucional de 1996 de la Asamblea Nacional.

Confiamos en el caso de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no sólo vayan a ser electos cinco, sino que son seis los que tenemos que elegir, porque son seis los que se eligieron de acuerdo con el procedimiento y no cinco. En fin, en este camino que todavía nos toca andar, los liberales vamos a tener que seguir sufriendo múltiples ataques de uno y otro lado, pero tenemos que seguir adelante para lograr lo que anhelamos en 1996. Señor Presidente, con todas las fallas que esta ley conlleva en el orden jurídico, tenemos, como dije, a fin de que no se interrumpa el proceso o la promulgación de las reformas, que respaldarla, para que el capricho de un hombre no destruya la vida institucional de Nicaragua.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Duilio Baltodano.

DIPUTADO DUILIO BALTODANO MAYORGA:

Señor Presidente, hemos escuchado en esta tarde interesantes intervenciones, tanto de juristas como de políticos calificados; hay cosas que nos sorprenden, cosas en este momento histórico en que realidad deben de movernos un poco a la reflexión. Nosotros tenemos que pensar en las consecuencias del paso que hoy estamos dando. Hemos escuchado a juristas decir que lo político está sobre lo jurídico hemos escuchado a un jurista como el doctor Edmundo Castillo decir, "Consummâtum est", todo está consumado. Y no es así, ni lo político está sobre lo jurídico, ni todo está consumado. Tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo, y estamos discutiendo ahora una Ley Marco que reforma, que implementa -(perdón)- una reforma.

En este momento la Constitución que rige Nicaragua es la Constitución de 1987, y mientras no esté publicada la reforma de la Constitución, no existe la reforma. Y me sumo a aquellos que han expresado con dignidad de que no se puede implementar algo que no existe. Implementar significa establecer mecanismos de ejecución en el caso del derecho de una institución jurídica. ¿Cómo vamos a implementar nosotros hoy una reforma de la Constitución que no existe? ¿Estaremos actuando en una forma acorde desde el punto de vista del derecho? Y desde el punto de vista político, porque alguien decía que lo político y lo jurídico van de la mano.

La sabiduría está en que a los convenios políticos hay que saberles dar la juridicidad que les corresponde, la cobertura legal que es exigente para todos los pueblos civilizados de la tierra. El error nuestro, de los nicaragüenses, es que carecemos de cultura política y carecemos de cultura jurídica, o somos bastantes pobres en esos niveles.

Yo creo que nuestra obligación está en dejar leyes para la posterioridad, que sean respetadas y apreciadas. No aprobemos algo que lo que va a traer es una enorme confusión en el campo del derecho y de la aplicación de las leyes. Hoy estábamos hablando y escuchábamos que de este marco de ley se van a desprender veinticinco nuevas leyes por consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Estamos actuando en contra de la correcta división de los Poderes del Estado; estamos sentando precedente peligrosísimo, como es que el Ejecutivo y el Legislativo actúen conjuntamente; estamos actuando como si la división de Poderes no sea un ejemplo para la historia misma de la humanidad. En México, en este mes de julio se desarrolló un simposium organizado por el Ministerio de Gobernación de México, para profundizar en la división de los Poderes del Estado a nivel federal y a nivel estatal en la República mexicana. A nosotros en cambio pareciera que no nos interesan los campos de la división de Poderes del Estado.

Yo quiero hacer un análisis exhaustivo porque ya hemos escuchado aquí diferentes intervenciones que nos hablan artículo por artículo de la Ley Marco. Pero si yo creo que es correcto que reflexionemos sobre el paso que estamos dando al aprobar a la ligera, al caminar corriendo sin ver la trascendencia del acto jurídico que hoy estamos sellando con un voto. Por ello queridos colegas, sin distingo de colores políticos, reflexionemos seriamente sobre el camino que estamos escogiendo hoy, porque no podemos lanzar al país a un camino de inconstitucionalidad establecida por la Asamblea Nacional. Por eso la invitación a todos, a reflexionar sobre el paso que tomemos, porque lo político tiene que ir con la correcta cobertura del derecho.

Muchas gracias.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra el diputado Iván Salvador Madriz.

Renunció a la palabra en vista de que faltan todavía muchos.

Tiene la palabra el diputado Omar Cabezas.

DIPUTADO OMAR CABEZAS LACAYO:

Gracias, Presidente.

Quisiéramos empezar diciendo que el Frente Sandinista de Liberación Nacional saluda el fin de la lucha insensata que no debió de haber existido entre los del Estado. En segundo lugar queremos hacer votos para que esto no sea ni tregua, ni subterfugio entre los Poderes, por cuanto en estas próximas veinticinco leyes que se avecinan podríamos estar prolongando a través de las mismas, el choque de trenes que no tuvo razón de haber sido. Lo único que tenemos que lamentar es que el precio de este acuerdo que aparentemente hace cesar la lucha de los Poderes, sea al precio de haber exhibido a la Asamblea Nacional.

Que se haya abusado del pudor y del rubor político y jurídico de honorables representantes que tienen un coeficiente intelectual normal- y más allá del normal-, que están ahora votando por algo que todos atinan a nivel personal y colectivo que es inconstitucional, pero que por practicismo hay que hacerlo. Consideramos que la gran crisis a que se metió el país se pudo haber evitado si el diálogo que se dio para resolverlo no hubiese sido un diálogo disminuido, si se hubiesen escuchado las voces como la de Roberto Urroz y la mía, cuando en su momento dijimos que había que consensuar con los Poderes del Estado, para que esto no ocurriera.

Tenemos que lamentar que esta Ley Marco sea un batido -adefesio le llaman otros- jurídico- político donde está pigmentada la soberbia de los que no quisieron darse el tiempo necesario; la soberbia de los que despreciaron las reformas constitucionales cada vez que se le pidió consulta; la autosuficiencia; la exclusión; que esté aplastado por las terribles presiones que se dieron de parte de dos Poderes, uno nacional y otro extranjero. Ese batido que produjo este adefesio jurídico que ahora tendrán que pasar por sus gargantas, haciendo a un lado el pudor y el rubor de honorables diputados, creemos que no debió haber sido.

Creemos que haber metido a Nicaragua en semejante crisis, para luego hacer veinticinco leyes en consenso, lo que nos devuelve a ser el Consejo de Estado al cual yo pertenecí en 1979, no es un final feliz. Yo quisiera pensar que la próxima Corte Suprema de Justicia que venga no va a declarar inconstitucional esta ley, porque yo he platicado con diputados colegas de distintas bancadas, incluyendo las que negociaron, y ellos me dicen que es inconstitucional. Quien dice que la nueva Corte Suprema de Justicia que venga, cualquier ciudadano, no introduzca un recurso de amparo y esta Corte declare la inconstitucionalidad de esta reforma, situaciones a la que estamos expuestos, objetivamente hablando.

Queremos decir que el Frente Sandinista, no obstante que saludamos el aparente fin de la guerra de Poderes y que hacemos votos para que esto sea estable; nosotros vamos a abstenernos de participar en la aprobación en lo general de esta ley, porque no fuimos parte de esa cocina donde salió este magro producto que sonroja y que solivianta a aquellos que están conscientes de que en aras de la estabilidad del país tienen que hacerlo; pero que los que negociaron y los dirigentes que estaban a la cabeza, llevaron a esta honorable Asamblea a la sinrazón de lo que aquí han expuesto juristas brillantes.

Entonces permítasenos por esta ocasión abstenernos de participar en lo general y en lo particular participar, para votar por todo aquello que este a favor del pueblo y en contra de lo que no esté a favor del pueblo, con la esperanza de que no se cometa el error que se cometió cuando las reformas constitucionales se hicieron, que se inventó un procedimiento de votación que siempre nos opusimos y que por la forma atropellada en que se realice, se perseveró en él, que era aprobar en bloque los artículos.

De forma tal que si no fuese en bloque la votación, si no se perseverase en ese procedimiento que ya en el pasado falló y que nos metió a semejante entuerto, habremos de participar; de lo contrario nos abstendremos porque no hemos sido artífices de ese purgante que, dicho sea de paso, retrocede lo alcanzado en las Reformas Constitucionales.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra el diputado Alfredo César.

DIPUTADO ALFREDO CÉSAR AGUIRRE:

Gracias, Presidente en funciones.

En el pasado mes de febrero, cuando el Presidente de la Asamblea Nacional envío a publicar las reformas constitucionales efectuadas en la Ley 192, la Asamblea en general con una amplísima mayoría ofreció a la Presidenta de la República negociar la implementación de las mismas, con el objeto de hacer menos duro y traumático el cambio en la forma de gobernar que se impondrá a través de estas reformas constitucionales. Y conscientes de que resta año y medio de este Gobierno de casi siete años, lo que se trataba era de poner en la balanza la necesidad de una reforma a la Constitución del 87 versus la posibilidad de implementarla gradualmente en lo que restaba de este período presidencial.

Durante meses, y a lo largo de esta crisis institucional, la Asamblea Nacional mantuvo el mismo ofrecimiento: cada vez que el Poder Ejecutivo a través de sus representantes hablaba de negociar las reformas, los diversos dirigentes políticos de la Asamblea y los miembros de la Junta Directiva reiteraban que el contenido de las reformas no se podía negociar, que lo que estaba ofrecido era negociar la implementación de las mismas. Hasta ahí me parece haber percibido un criterio prácticamente unánime de la conveniencia de haberlo hecho. No podemos entonces ahora que efectivamente se ha llegado al acuerdo de implementación de las reformas, desdecirnos de ese compromiso público, serio y formal que mantuvimos a lo largo de esos meses y que felizmente se concreta con esta negociación entre los dos Poderes.

Hubiera sido deseable que los acuerdos de implementación hubieran quedado en acuerdos políticos garantizados por Su Eminencia y por cuanto tantos requiriera la Presidenta Chamorro, puesto que no hubiéramos tenido que recurrir a las dificultades de carácter jurídico que hoy se han planteado ampliamente por parte de quienes conocen la materia. Pero la realidad política es que la Presidenta Chamorro insistió y exigió como garantía de los acuerdos, que nosotros mismos en la Asamblea aprobáramos este instrumento jurídico, incluyendo como bien lo sabemos todos, la ficción de que debe ser aprobado o reformado por el 60 por ciento de los votos.

Y digo la ficción, porque obviamente sólo las leyes de rango constitucional que están en la Constitución de 87 y posteriores definiciones que están en la Constitución reformada, son las que a derecho requieren el sesenta por ciento de los votos. Pero estas ficciones jurídicas que siguen siendo ficciones, lo importante que reflejan es la voluntad política de los partidos y de las bancadas parlamentarias que somos parte de la Asamblea Nacional. Por eso mis queridos colegas juristas, que indudablemente les molesta el hacer uso de este tipo de instrumento, no tengo más remedio que decirles que son ficciones necesarias para cumplir con los acuerdos políticos y que hay que aprobarlos.

Por otro lado, en el ofrecimiento que hizo la Asamblea Nacional a lo largo de estos meses y concretamente en algún caso de partidos políticos que lo hicieron por escrito, se ofreció negociar la implementación de temas tan sensibles como la puesta en vigencia de la Ley de Nepotismo, como la elaboración de leyes que toquen los aspectos tributarios, como los procedimientos de ratificación o aprobación de los convenios económicos internacionales y otros similares. Y esos ofrecimientos se hicieron, conscientes de que efectivamente la Asamblea estaba concediendo voluntariamente algunas de las disposiciones que en la Constitución ya reformada se la adjudican en forma exclusiva a la Asamblea.

No debemos entonces, pienso yo, a estas alturas quejarnos de cumplir con lo que ofrecimos reiteradamente, más bien creo que debemos hacer hincapié en lo siguiente: Primero, no se concedió nada más de lo que la Asamblea había ofrecido conceder voluntariamente. Repito, en la negociación no se concedió nada adicional de lo que ya voluntariamente la Asamblea había ofrecido conceder en la implementación de las reformas constitucionales. Segundo, lo que resta de este período de gobierno es un período bien corto en el cual de todas formas, salvo algunas pequeñas disposiciones, no se hubiera podido hacer uso de esas atribuciones conferidas a la Asamblea en la nueva Constitución reformada.

Estamos a las puertas de una campaña electoral, dentro de seis meses los fuegos electorales estarán en todo su apogeo, cuando mucho lo más tarde a comienzos del próximo año, lo cual significa que efectivamente es difícil pensar en una tarea legislativa de profundos cambios y transformaciones en ese tipo de período. Por lo tanto, en la práctica con gran tino la Asamblea Nacional ha concedido lo que de todas maneras parecería no ser factible en el tiempo que resta. Por último, debemos de dejar con claridad plasmado que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional llevó esta negociación de la Ley Marco para implementación de las reformas constitucionales paso a paso, en consulta plena con la totalidad de las bancadas parlamentarias que han venido respaldando la Constitución reformada.

Cada una de las sesiones de negociación motivó inmediatamente consultas a todas las jefaturas de bancadas y a su vez las decisiones políticas correspondientes. Por lo anterior y convencido de que para el país es mas importante lograr la vigencia plena de las reformas constitucionales, aun a costa de retrasar año y medio algunas de las disposiciones en su vigencia, la bancada demócrata va a respaldar plenamente esta Ley Marco tanto en lo general como en cada uno de los artículos en lo particular y a su vez hace el reconocimiento de cómo la Junta Directiva llevó adelante la negociación de esta Ley Marco en plena consulta.

Lástima que no pudimos decir lo mismo en la mañana por el Consejo Supremo Electoral que ya fue electo, pero que en esta ley, repito, debe quedar absolutamente claro que se ha cumplido con todo lo que se ofreció.

Muchas gracias.

PRESIDENTE EN FUNCIONES REYNALDO ANTONIO TÉFEL VÉLEZ:

Tiene la palabra la diputada Dora María Téllez.

DIPUTADA DORA MARÍA TÉLLEZ ARGÜELLO:

Gracias, Presidente.

La Bancada Sandinista, Presidente, no viene aquí a respaldar esta Ley Marco por presiones de ninguna especie, ni viene a respaldar esta Ley Marco lavándose las manos o lamentándose de lo que pasó o de lo que puede pasar, y no viene a respaldar esta Ley Marco como pájaro de mal agüero, aventurando adivinanzas del negro futuro que se le avecina a la Asamblea Nacional y al país. La Bancada Sandinista viene a respaldar esta Ley Marco, convencida de que en los acuerdos firmados entre la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la Presidenta de la República y respaldados por los jefes de bancadas es la solución no solamente al conflicto institucional que estaba aquejando al país, sino también a la necesaria transición en la implementación de unas reformas constitucionales.

Aquí hay diputados que han considerado que la negociación llevada adelante con el Ejecutivo obligó a la Asamblea a hacer concesiones. Yo, francamente, soy del criterio de que la propia reforma Constitucional por su esencia, al contener una profunda reforma del Estado, requería de una transición en su aplicación. No son entonces concesiones lo que es necesario para la estabilidad del país y para el buen desenvolvimiento de los asuntos nacionales. Y hay quienes aquí han hablado contra la armonía actual de los Poderes del Estado en este acuerdo, y otros que han hablado demandando una lucha entre los Poderes, como que si esto fuera el escenario ideal para actuar de una Asamblea Nacional y de un Poder Ejecutivo.

Nosotros hemos estado en la Reforma Constitucional no para convertir a la Asamblea en un Poder autárquico, sino para nivelar, para balancear, para establecer un verdadero balance entre los Poderes del Estado, balance que no significa lucha a muerte ni confrontación permanente, sino esfuerzo institucional para encontrar la armonía entre estos Poderes del Estado.

No le tenemos temor por lo tanto a la búsqueda del consenso en las diferentes leyes que están planteadas en el acuerdo político. Nunca hemos pensado por lo menos en la Comisión Económica en hacer una Ley General de Bancos de manera unilateral; lo ideal no es ni que haya ejecutivos unilaterales, ni que haya un Poder Legislativo actuando en la unilateralidad.

No creemos pues que lo que está planteando en la Ley Marco sean concesiones; si creemos que es el proceso de transición necesario en que una Reforma Constitucional trascendental para el país tiene que transcurrir. Y no le tenemos miedo al futuro, como le pueden tener miedo algunos; no le tenemos miedo al consenso ni le tenemos miedo más allá de 1997, porque más allá de 1996 o en el propio 1997, o en el próximo período, estamos convencidos que no va a haber ninguna Asamblea Nacional que se deje arrebatar las potestades que la Constitución le confiere ni va a haber ningún Ejecutivo que pueda imponer un esquema de poder autoritario sobre el resto de los Poderes del Estado. Y ese es -a juicio nuestro, Presidente-, el éxito fundamental de esta Reforma Constitucional y el éxito fundamental de los acuerdos políticos logrados.

Mucho se ha hablado, muchos juristas han hablado aquí de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley- lo que yo francamente no quisiera discutir-, y se ha hablado de que esta ley va a implementar una ley que no existe, y lo han dicho distinguidos juristas, para mi extrañeza, y bien saben que las leyes comienzan a tener vigencia cuando son publicadas. Si mañana se pública la Ley 192 y después se pública la Ley de Implementación, el problema que preocupaba aquí por lo menos a un par de distinguidos abogados, está completamente resuelto. Pero no quiero opinar sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, sino sobre la voluntad política de los que suscribimos juntos a la Junta Directiva el Acuerdo Político con el Ejecutivo.

Con ley o sin Ley Marco, la bancada sandinista va a hacer honor letra por letra a los compromisos suscritos en el Acuerdo Político con el Ejecutivo; con Ley Marco o sin Ley Marco, no distingue nuestra voluntad política y no distingue la firmeza de nuestro respaldo a los acuerdos, si existe ley o no existe ley. Vamos a aprobar esta ley porque ese fue el requisito que la Presidenta creía conveniente para garantizarse formalidad en los acuerdos. Pero nosotros, independientemente de si hay ley o no hay ley, vamos a cumplir al pie de la letra estos acuerdos políticos. No creo entonces, Presidente, que sea venir a lavarse las manos o a llorar por lo que no se pudo hacer, o a creer que aquí hay compromisos que no están correctos.

La Asamblea se empeño durante casi un año en echar adelante profundas reformas constitucionales; esas reformas constitucionales pueden ser publicadas el día de mañana y comenzar a regir como Carta Fundamental del país, y ese es una transformación esencial para la vida democrática nacional. Si no queremos ver eso, estamos simplemente viendo el punto negro en la hoja de papel blanco; y el prurito negro en la hoja de papel blanco Presidente, sólo lo ven los que quieren seguir viendo hacia atrás o los que tienen carta debajo de la manga con las que nos están esperando más adelante.

No le tengo temor yo a los trucos hacia adelante, a los posibles recursos por el procedimiento a la reforma constitucional insinuado aquí por más de algún representante; no le tengo temor a los recursos de inconstitucionalidad a la ley. Creo que la crisis que ha atravesado el país, la conciencia que se ha generado a nivel nacional, la propia firma de la Presidenta, de la Junta Directiva y de los jefes de bancada es la señal más que suficiente como para decir, con esta reforma constitucional el país tiene que caminar en el futuro.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Elí Altamirano.

DIPUTADO ELÍ ALTAMIRANO PÉREZ:

Gracias.

... que todas las reservas que se han venido expresando se ajustan a razones legales y también a razones objetivas. Pero también estoy convencido de que el proceso de negociación se inició tomando en consideración las dificultades, entre lo que nos amenazaba el peligro de que la Reforma tuviese como una suerte de non nata; y en lo que hemos logrado media un espacio fundamental, que si no se pierde de vista, por supuesto que se concluye de que estamos en presencia de unos acuerdos que salvan una grave situación.

Quiero señalar que pese a las reservas -con excepción de los representantes del Frente Sandinista que han sido categóricos en expresar su rechazo a este Acuerdo-, todos los demás han concluido en que es imprescindible respaldar este Acuerdo y se han comprometido en apoyar el Proyecto de Ley Marco, tanto de la discusión general como en la discusión en lo particular. Esas conclusiones, si las analizamos en lo que ello significa, dejan débilmente paradas las reservas que se han tenido que esgrimir. Este proceso ha sido muy difícil, largo, completo, tortuoso.

Nos enfrentamos a negativas poderosas que por cierto están gobernando en este país y no desmayamos, y ya a esas negativas le pusimos la perseverancia, la continuidad, la batalla sistemática civilizada por alcanzar los objetivos que estamos hoy tratando de dejarlos culminados. También nos enfrentamos a intentos sistemáticos por impedir las reformas, a intentos por desviar las reformas, incluso, una vez que las reformas se aprobaron por negociar las reformas y todo ello a espaldas del pueblo, a espaldas de la Asamblea a espaldas de los partidos políticos gestores e ideológicos de las reformas, y a espaldas de las bancadas y de los diputados.

A todo eso nos enfrentamos y aquí estamos hoy dando los últimos pasos por cambiar el panorama histórico y político de Nicaragua. También hubo en este largo proceso de dificultades, grandezas, derroche de grandeza, mucha inteligencia mucha entereza, mucha firmeza, mucha flexibilidad, mucha reflexión, mucha responsabilidad. Estos resultados son el producto de todas estas cosas, de todas estas virtudes, de todos estos elementos, y este resultado se impone como lo único posible en estas circunstancias que vive el país. Otra cosa no fue posible, si algo mismo se logró, no es por que no se persiguiera, no es porque no se quiso batallar es porque no resultó posible en estas difíciles circunstancias en que hemos tenido que sacar avante estas reformas.

El momento nos debe hacer reflexionar sobre los elementos fundamentales que se ofrecen: ¿Qué significa este Acuerdo esta Ley Marco? Que haya reforma. ¿Qué significa no hacer esta implementación? Que no haya reforma, es decir que haya continuismo de la Constitución presidencialista y absolutista aprobada en 1987. O hay continuismo dinástico, o hay una nueva época en la que se le pone fin a una de las peores herencias del somocismo que sigue afectando la suerte de la sociedad nicaragüense.

Estamos ante una nueva situación, hay un nuevo panorama. Al publicarse las reformas constitucionales, queda atrás la era que nació en 1939 y Nicaragua por supuesto entra en nuevas circunstancias, en una nueva situación, a una nueva época que pueda avanzar por las sendas de las transformaciones democráticas y progresistas.

Yo creo que como corolario importante y altamente positivo, queda el insistir con el Gobierno establecido de que dieciocho meses que hacen falta para finalizar el período presidencial de doña Violeta puede ser un tiempo suficiente para que las fuerzas políticas, económicas y sociales de la nación se unan en la acción a tratar de sacar a este pueblo del hambre, de la pobreza, de la desocupación, de la miseria, y que en conjunto impulsemos las tareas de reconstrucción económica y social para ver que puede hacerse en dieciocho meses, y que el nuevo Gobierno que debemos instalar en 1997 encuentre una situación mucho menos desgastada que la que está prevaleciendo hasta el momento.

Muchas gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Danilo Aguirre.

Luis Sánchez.

DIPUTADO LUIS SÁNCHEZ SANCHO:

Gracias, Presidente.

Pienso que todo o casi todo está dicho. Sin embargo, el hecho que ningún miembro de la Junta Directiva que participó directamente en la negociación política que condujo a la elaboración de este Proyecto de Ley Marco ha hablado en esta tarde, me anima a hacerlo para puntualizar dos o tres cuestiones que son las siguientes: En primer lugar decirles que nosotros los miembros de la Junta Directiva nos hemos sentido total y profundamente identificados con todos los colegas jefes de bancadas o no, que manifestaron y han manifestado una honda preocupación por la defensa de la potestad legislativa de la Asamblea Nacional; por la defensa de la conquista más preciada de la Reforma Constitucional en relación con la Asamblea Nacional, que es su derecho a legislar exclusivamente sin intromisiones ni interferencias de otros Poderes del Estado.

Créanme que cuando estábamos negociando a veces muy fuertemente con los representantes del Poder Ejecutivo, siempre tuvimos en cuenta -y los esgrimíamos-argumentos muy importantes presentados en privado o en público por distinguidos diputados y juristas al mismo tiempo, como Hernaldo Zúñiga, Edmundo Castillo, Miriam Argüello, Danilo Aguirre o Delvis Montiel; y los argumentos también que en mucho nos ayudaron y que fueron presentados por distinguidos juristas que forman parte del cuerpo de asesores jurídicos de la Asamblea Nacional y de algunas bancadas de la Asamblea Nacional, incluyendo en algunos casos juristas que no han estado de acuerdo con la mayoría de nosotros en los principales temas que tienen que ver con la Reforma Constitucional, pero cuyos argumentos jurídicos, sobre todo en relación a la eventual inconstitucionalidad de esta Ley Marco nos sirvieron de mucho apoyo en las negociaciones.

Al comienzo la delegación del Poder Ejecutivo creyó que podía tratar esto con la mayor frescura y superficialidad, comenzó demandando simple y sencillamente que había que reformar la reforma Constitucional, y argumentando toda clase de cuestionamiento a la forma y al fondo de la Reforma Constitucional. En algunas ocasiones, incluso en la parte del Ejecutivo hubo expresiones groseras, arrogantes en contra de los diputados juristas y de los juristas asesores de la Asamblea Nacional, negándoles la mínima capacidad de dominar la técnica legislativa y los principios del derecho constitucional. Querían que se reformara la reforma.

Nosotros por supuesto nos negamos insistentemente, argumentamos nuestras propias posiciones, y rebajaron entonces la propuesta: que se respetara a la Reforma Constitucional pero que se adoptara una Ley Marco de implementación de rango Constitucional y propusieron específicamente que se reformara el artículo 184 de la Constitución que define las leyes constitucionales, para lo cual sugerían poner en vigencia la Ley 173 del año pasado, que como ustedes saben suprime el candado de las dos legislaturas. Demostramos también la inviabilidad de esa otra propuesta, apoyados por supuesto en los argumentos políticos de toda la Asamblea y jurídicos de los colegas y de los amigos asesores que he mencionado.

Y cuando se llegó a hablar específicamente sobre el proyecto de una tal Ley Marco de Implementación, la Junta Directiva insistió con la delegación del Poder Ejecutivo sobre los riesgos inminentes de aprobar una norma, una ley que pudiera ser susceptible de ser considerada inconstitucional. Por supuesto que este es un asunto de segunda importancia. ¿Quién no sabe que por mucho que esta Ley Marco tenga disposiciones susceptibles de ser consideradas inconstitucionales, si lo son no tienen ninguna validez? Nada, absolutamente nada, aunque esta parezca una verdad de perogrullo la digo, nada, absolutamente nada, ni ley, ni decreto, ni reglamento, ni acuerdo, ni compromiso, ni pacto, ni frase, ni nada puede estar en contra de la constitución; simplemente si se opone a la Constitución no vale.

Ese fue el argumento fundamental que nosotros esgrimimos, además del otro, de la defensa de las potestades legislativas de la Asamblea Nacional. A veces nosotros hablamos criticando esta Ley Marco -que es criticable como todo-, como si la Asamblea Nacional fuera el Poder Legislativo autónomo y competente por excelencia, olvidándonos que hasta hoy precisamente estábamos compartiendo las facultades legislativas con el Poder Ejecutivo, gracias a aquella disposición del artículo 50; puede dictar decreto con fuerza de ley en materia fiscal y administrativa. Y la materia administrativa es todo. Y precisamente con esta Ley Marco, gracias a la cual entrará en vigencia irrestricta e incuestionable la reforma Constitucional, eso se acabó, todas las leyes, absolutamente todas las leyes inclusive y sobre todo las que tienen que ver con la materia de impuestos que hasta ahora eran dictadas en forma de decretos ministeriales, ahora tienen que venir a morir aquí. Aquí se tienen que aprobar, aquí se tienen que negociar, aquí se tienen que consensuar. Es un salto verdaderamente extraordinario el que vamos a dar con la reforma Constitucional que va a entrar en vigencia gracias a esta Ley Marco. No estamos cediendo nada, estamos conquistando nuestros derechos de Poder Legislativo.

Y permitame decir además una reflexión. Me parece que es primitivismo político realmente, estimar que el estado de derecho se funda en un Poder Legislativo omnímodo, absoluto, que hace lo que le da la gana sin consultar ni consensuar nada con nadie. Eso no es cierto, en cualquier país democrático el Poder Legislativo legisla por su propia iniciativa y propuesta gubernamental; esa es la regla elemental. Y todas las leyes, sobre todo las disposiciones legislativas que tienen mucha significación son consensuadas aunque no está escrito; aunque no haya pacto ni ley que diga que se deben consensuar las leyes, la práctica, la bienandanza de la administración pública obliga a buscar ese consenso y el Ejecutivo a ceder y el Legislativo a ceder también en lo que es necesario.

De manera que aquí de lo que estamos hablando realmente es de comenzar a modernizar sobre la base de un equilibrio adecuado en la medida de las posibilidades de nuestro país, el funcionamiento de los Poderes del Estado. Y finalizo con una reflexión. Durante este mes de negociaciones con el Ejecutivo, mi percepción personal fue de que lamentablemente para los amigos señores del Poder Ejecutivo, estas reformas constitucionales fueron dictadas únicas y exclusivamente con el ánimo de perjudicarlos, de molestarlos, en un excesivo alarde de subjetivismo, justificado tal vez por el hecho de que sus fuentes no son políticas sino técnicas.

En segundo lugar como convencimiento de parte de los señores del Poder Ejecutivo de que el autoritarismo es malo si lo ejercen otros, el presidencialismo absoluto, el autoritarismo es malo si lo ejerce Somoza o lo ejerce Ortega; pero que si lo ejercen ellos que son buenas personas y que supuestamente buscan el bien de la gente por encima de todo, entonces es positivo porque les da ejecutividad, porque les da rapidez en la toma y ejecución de decisiones , etc. Y una tercera deducción que yo saqué personalmente de este mes de negociaciones a veces muy conflictivas, a veces de cheques inclusive hasta con la señora Presidenta de la República, es que las heridas todavía están abiertas y sangrantes.

Que las divisiones que haya entre los Poderes y por lo tanto nicaragüenses son todavía muy profundas y que hay que hacer muchos, pero muchísimos esfuerzos como éste para ir echando bálsamo en la herida y para ir cerrando esas profundas divisiones. Y en consecuencia- quizás lo más importante de este Acuerdo que ahora se traduce en ley- no sea que va a garantizar solamente la implementación de las reformas constitucionales, sino que además y sobre todo nos puede servir de punto de partida para ir avanzando en la conformación de un Estado verdaderamente democrático, con confianza entre los funcionarios de los distintos Poderes, funcionando de una manera verdaderamente equilibrada, dejando a un lado pequeñeces, mezquindades y ambiciones estrictamente personalistas o familiares, que eso es precisamente lo que nos va a impulsar en el camino de la democracia.

De manera pues estimados colegas, que nosotros aun sabiendo y reconociendo los defectos, errores o contradicciones que pueda tener este texto que ahora esta a la consideración de todos nosotros, podemos sin duda valorarlo con toda la importancia que tiene, y sobre todo con la significación de que nos va a servir para avanzar consistentemente el el desarrollo y profundización de nuestra incipiente democracia.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

A votación en lo general la Ley Marco.

Votos a favor.

Se les ruega a los colegas que están en los pasillos que ingresen al salón para contar los votos.

Votos en contra.

Abstenciones.

Con 80 votos a favor y dos abstenciones, se aprueba en lo general la Ley Marco.

Artículo 1.

Antes de la lectura del artículo primero, Danilo Aguirre solicita la palabra.

DIPUTADO DANILO AGUIRRE SOLIS:

Señor Presidente, es para solicitarle -si el plenario estuviera también de acuerdo- que la discusión en lo particular lo hiciéramos por capítulo, en vista de la gran unanimidad con que ha sido aprobado en lo general y la facilidad que se nos permitiría de discutirlo en lo particular.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

No hay objeciones del plenario, tomaríamos ese procedimiento de discutirlo por capítulo.

La Primera Secretaria daría lectura entonces al Capítulo

SECRETARIA JULIA MENA RIVERA:

OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY
CAPITULO I

Arto. 1 La presente ley tiene por objeto enmarcar dentro del ordenamiento jurídico, los conceptos y compromisos contenidos en el Acuerdo Político suscrito entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo el catorce de junio del corriente año, para implementar la Reforma Parcial a la Constitución Política en los temas expresamente consignados en esta Ley.

La mención de los artículos de la Constitución que se hace en lo sucesivo en la presente ley, debe entenderse que se refiere a los artículos ya reformados según la Ley 192. Todas las leyes a aprobarse establecidas en la presente Ley Marco y esta misma ley, se harán mediante el procedimiento establecido en el Arto. 141 de la Constitución y en consenso con el Poder Ejecutivo; con excepción de la Ley de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

A discusión el Título I, Capítulo I.

A votación el Capítulo I.

Votos a favor.

Votos en contra.

Abstenciones.

82 votos a favor.

Título II, Capítulo I

SECRETARIA JULIA MENA RIVERA:

TÍTULO II

CONCEPTOS Y REGULACIÓN

CAPÍTULO I

DERECHOS INDIVIDUALES Y SOCIALES

Arto. 2. El derecho de las personas a no ser detenidas ni privadas de su libertad arbitrariamente y de ser puestas a la orden de las autoridades competentes conforme lo dispuesto en el Arto. 3.2.2 Cn. será asegurado mediante una Ley de garantías Ciudadanas que entre otras cosas comprenda lo siguiente:

a) Las atribuciones de la autoridad competente, en casos de detención;

b) La autoridad de la Policía como auxiliar del Poder jurisdiccional; y

c) Las garantías individuales ciudadanas para que se respeten los derechos al detenido.

Arto. 3 El Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho y la existencia de las distintas formas de propiedad privada: individual, asociativa, cooperativa y comunitaria sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. El Estado protege su inviolabilidad.

Se elaborará una ley sobre la propiedad que incluirá entre otros temas al derecho de propiedad privada y el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de la propiedad, individual, asociativa, cooperativa y comunitaria sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Arto. 4 En relación al Arto 68 Cn párrafo final, se emitirá una reforma a la Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, en la que se establezca el alcance de las acciones de incautación y decomiso de bienes comprometidos como instrumentos de delito en actividades de narcotráficos y lavado de dinero.

Arto. 5 En relación al arto. 71, Cn. en materia de patrimonio familiar, se dictará una Ley de Patrimonio Familiar orientada a la protección de las familias más pobres.

Arto. 6 Se dictará una Ley de Reforma Agraria que regule especialmente lo siguiente:

a) Los alcances de la misma;

b) Determinación de los sujetos beneficiarios; y

c) La definición de latifundio ocioso, incultivado e improductivo.

Arto. 7 Se considera que una reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, deberá ser consensuada con la comunidad universitaria.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Esta a discusión el Capítulo I del Título II.

A votación.

Votos a favor.

Abstenciones.

Votos en contra.

80 Votos a favor.

Capítulo II del Título II.

SECRETARIA JULIA MENA RIVERA:

CAPITULO II

ECONOMÍA NACIONAL

Arto. 8 El orden económico se fundamenta en los principios de eficiencia, equidad y justicia social que posibiliten el mejoramiento del nivel de vida de los nicaragüenses. Para alcanzar un desarrollo económico en forma ordenada, equitativa y sostenible, el Estado se compromete a buscar consistentemente el equilibrio macroeconómico y la estabilidad interna y externa de la economía nicaragüense; extender los frutos del crecimiento económico a las grandes mayorías y al conjunto del territorio; avanzar significativamente en la generación de empleo y la reducción de la pobreza; lograr una eficiente reinserción del país en la economía internacional y tutelar la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Para todo ello se dictará una ley de consenso sobre el rol del Estado y particulares.

Arto. 9 En relación al Ato. 99 Cn., se dictará una Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que garantice un marco de eficiencia administrativa y financiera a esas instituciones y que defina el papel de fomento de la banca estatal, sin que implique en forma alguna competencia desleal en relación con la banca privada.

Arto. 10 Reformar la Ley de Defensa del Consumidor, en aras de contribuir a la economía de los ciudadanos y que establezca los mecanismos necesarios para garantizar el control de calidad de los productos y evitar el acaparamiento y la especulación.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

A discusión el Capítulo II De la Economía Nacional.

A votación.

Votos a favor.

Votos en contra.

Abstenciones.

81 votos a favor.

Capítulo Ill.

SECRETARIA JULIA MENA RIVERA:

CAPÍTULO III
MATERIA FISCAL Y FINANCIERA

Arto. 11 La Asamblea Nacional expresa su compromiso de no modificar el techo presupuestario que el Poder Ejecutivo presente en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la República. Con el fin de garantizar un proceso eficiente y armónico en la aprobación del Presupuesto Nacional se reformará la Ley de Régimen Presupuestario, en el que se incluirá entre otras modificaciones el concepto de ingresos presupuestarios y de la definición de ingresos corrientes, ordinarios, extraordinarios e ingresos de capital y financiamiento del déficit, como préstamos y donaciones.

En el caso de la asignación presupuestaria establecida en el Arto. 159 Cn; dicho porcentaje se aplicar gradualmente conforme acuerdo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, haciendo énfasis durante los primeros años en inversión pública y capacitación.

Arto. 12 Las leyes, ya sean de iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo, que establezcan, modifiquen o supriman impuestos o modifiquen la base tributaria y las tasas, serán consensuadas entre ambos Poderes del Estado.

La anterior disposición no comprende la modificación de pagos a cuenta y retenciones sobre tributos, de las cuotas o aranceles de derechos por servicios que presta el Estado, multas y recargos administrativos.

Arto. 13 Para garantizar la modernización del sistema tributario,será aprobado con amplia consulta el Código Tributario.

Arto. 14 Las exenciones a que se refiere el Arto. 8 Cn. serán reguladas mediante ley ordinaria.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

A discusión el Capítulo III.

A votación.

Votos a favor.

Votos en contra.

Abstenciones.

79 votos a favor.

Capítulo IV, Organización del Estado.

SECRETARIA JULIA MENA RIVERA:

Arto. 15 La Ley que regule la aplicación de lo dispuesto en el Arto.130 Cn. párrafo sexto, entrará en vigencia a partir del 8 de Enero de 1997.

Arto. 16 En relación al Arto. 145 Cn. párrafo 1, parte final, se dictará una Ley de Funciones y Atribuciones del Vice-Presidente de la República, por iniciativa del Presidente de la República.

Arto. 17 La Asamblea Nacional dictará de conformidad con su Estatuto General y bajo lo dispuesto en el Arto. 1 de esta ley, el procedimiento para la aprobación posterior por parte de la Asamblea Nacional, de los Tratados y Convenios Económicos Internacionales previamente negociados y suscritos por parte del Ejecutivo.

Transitoriamente mientras se establece el procedimiento a que se refiere esta disposición la Asamblea aprobará antes de la entrada a receso, los instrumentos que remitan con carácter de urgencia el Poder Ejecutivo.

Arto. 18 Se elaborará una ley que regule lo establecido en el Arto. 149 Cn. párrafo 7 inciso 2) y párrafo 8 inciso c), para viabilizar la aplicación de esta disposición.

Arto. 19 En la reforma a la Ley Electoral se regulará lo dispuesto por los Artos 146 y 147 Cn. de que el sistemas para las elecciones generales de Presidente y Vice Presidente de la República será a dos vueltas, cuando en la primera vuelta los candidatos no obtuvieren como la mayoría relativa al menos el cuarenta y cinco por ciento de los votos válidos.

Arto. 20 Se dictará una Ley Orgánica que regule la organización competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley será iniciativa del Presidente de la República, respetándose la actual organización y competencia de los Ministerios del Gobierno. Asimismo se elaborará una ley que regule la atribución de la Presidencia de la República para hacer cumplir las leyes y de reglamentarlas.

Arto.21 Para fines de modernización y reforma de la administración pública y de Iegislación sobre la regulación de los servicios públicos básicos, se realizarán los cambios que sean necesarios.

Arto.22 Se procederá a reformar la Ley de Municipios, ampliamente consultada y consensuada con las autoridades municipales del país, para fortalecer la autonomía y gestión municipal.

Arto. 23. Se hará una reforma a la Ley de Autonomía para fortalecer la gestión de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, mediante amplias consultas y consensuadas con los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica y Consejos Regionales Autónomos.

Arto. 24 La Asamblea Nacional procederá a dictar mediante ley, los procedimientos en relación a los siguientes temas:

a) En relación al Arto. 138, inciso cuarto de la Constitución, se establecerá un procedimiento que contribuya a una cooperación eficiente y armónica entre las instituciones del Estado y la Asamblea Nacional.

b) Se establecerá un procedimiento expedito mediante el cual la Asamblea Nacional ejerza la atribución conferida en el Arto. 92 de la Ley de Reforma Constitucional. En relación al párrafo 2 de ese mismo artículo, el Presidente consultará con al menos 50 % de los Ministros.

Arto. 25 Se reformará la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, con el fin de dotarla de mayores y más idóneos instrumentos para la consecución de sus fines.

Arto. 26 Se elaborará una reforma a la Ley de Emergencia, a fin de adecuarla a las modificaciones establecidas en la Reforma Parcial de la Constitución Política.

Arto. 27 A efecto de lo dispuesto en el Arto. 138, inciso 3), se elaborará una nueva Ley de Indulto.

Arto. 28 Se elaborará una ley que establezca las causales y procedimientos establecidos en el Arto. 138, inciso 11), Cn.

Arto. 29 Le corresponde a la Asamblea Nacional elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la entrada en vigencia de la Ley N° 192, Ley de Reforma Parcial a la Constitución en virtud de la ampliación ordenada por el Arto. 163, párrafo primero de dicha ley.

La elección de dichos Magistrados se hará de conformidad con el procedimiento fijado por la Ley N°. 192. Las vacantes que se produzcan después de esta elección se harán en consenso con el Poder Ejecutivo.

Arto. 30 La elección del Contralor General de la República y del Subcontralor se hará en forma concertada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

A discusión el Capítulo IV.

A votación.

Votos a favor.

Votos en contra.

Abstenciones.

Con 78 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, se aprueba el Capítulo IV del Título II.

SECRETARIA JULIA DE LA CRUZ MENA RIVERA:

TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

Arto. 31 La presente Ley Marco tendrá vigencia hasta el primero de enero de mil novecientos noventa y siete y no podrá ser reformada antes de esa fecha, y requerirá para su aprobación por lo menos del 60% del total de los miembros de la Asamblea Nacional.

Arto. 32 La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

A discusión el Título III de las Disposiciones Finales.

Delvis Montiel.

DIPUTADO DELVIS MONTIEL DIAZ:

Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera hacer una enmienda al artículo 32 para cumplir con lo que hemos venido cumpliendo, o sea, con la suscripción del Acuerdo Político. Si nosotros leemos el Acuerdo Político, ahí se habla de que la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier diario y sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Entonces yo voy a hacer la moción por escrito para que se agregue eso.

Muchas gracias.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Juan Francisco Castillo.

DIPUTADO JUAN FRANCISCO CASTILLO MORALES:

Gracias, Presidente.

Solamente era para expresar lo que acaba de decir el señor Montiel.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Dona Miriam Argüello.

DIPUTADA MIRIAM ARGÜELLO MORALES:

Si se toman los acuerdos... Dicen los acuerdos: Una vez que la Secretaría de la Asamblea Nacional entregue a Su Eminencia el Cardenal Obando los autógrafos de la Ley Marco aprobada por la Asamblea Nacional; en consenso con el Poder Ejecutivo, Su Eminencia procederá a publicar las reformas constitucionales. Lo cual significa que a partir del día de hoy que aquí se firme por la Directiva o el Presidente de la Asamblea ,y la Presidenta de la República firma, porque esta de acuerdo con esto, de inmediato el Cardenal Miguel Obando manda a publicar en cualquier medio de comunicación la reforma a la Constitución.

Eso es independiente del artículo de la ley que habla de que se manda a publicar la Ley Marco en La Gaceta. Pero la realidad es que la publicación de las reformas- solamente por aclaración y que lo tengan todos en su conocimiento-, la publicación de las reformas tiene que hacerse con los autógrafos hechos y no después de la publicación de la Ley en La Gaceta.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Con Dora María Téllez cerramos este debate.

DIPUTADA DORA MARÍA TÉLLEZ ARGÜELLO:

Presidente; yo quiero respaldar ese artículo tal como está porque es parte del acuerdo exactamente. Yo no quisiera caer aquí en la trampa bien intencionada; de que cambiemos un artículo de publicación de La Gaceta a publicación de medios de comunicación; son dos cosas diferentes como decía la doctora. Esta ley entrará en vigencia cuando se publique en La Gaceta. Se va a publicar en La Gaceta cuando ya va a estar publicada la Reforma Constitucional y no tiene necesidad de publicarse en los medios de comunicación, podría publicarse después. De manera que yo asumo el proyecto tal como está; porque exactamente tal como está planteado en el Acuerdo.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Víctor Manuel Talavera.

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL TALAVERA HUETE:

Presidente, mi inquietud en este artículo y pregunta que hago a la Junta Directiva, es cual fue el objetivo de que esta ley tuviera vigencia hasta el primero de enero y hasta el 31 de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Fue un asunto de discusión de cual fecha, de tal o cual. Pero realmente quiero aclararle al doctor Delvis Montiel, que el Acuerdo Político no habla de publicación en cualquier medio; el Acuerdo Político no llegó a ese detalle. Lo que se convino con el Poder Ejecutivo es exactamente lo que está aquí en el artículo 32.

DIPUTADO DELVIS MONTIEL DIAZ:

Señor Presidente quiero que haga una interpretación de lo que suscribimos nosotros y lo que suscribió la Junta Directiva con el Ejecutivo y que fue respaldado por el Consejo de Bancadas. En la parte tercera en la ejecución de los acuerdos, numeral 4), dice: "La Presidenta de la República promulgará la Ley 192 y autorizará su publicación en cualquier diario y en La Gaceta, ambos documentos serán entregados a Su Eminencia el Cardenal Obando. ¿Qué importancia y qué significado tiene el promulgar, publicar en un diario una ley que estamos elaborando en este momento, si no va a entrar en vigencia, señor para conocimiento del público? Simplemente no va a entrar en vigencia.

Hago la moción y entiendo que la interpretación que se esta haciendo de esto es como lo hemos venido estilando en muchas leyes, en infinidad de leyes; casi todas las leyes que nosotros hemos elaborado aquí entran en vigencia cuando se publican en cualquier medio, ya sea hablado o escrito. Aquí lo mejor es que sea en cualquier medio escrito; sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta. De manera que si esta ley la aprobamos hoy y se pública en un diario escrito o en un medio radial no entraría en vigencia porque la ley habla que es La Gaceta. Si no se dice que en un diario o en un diario de circulación a nivel nacional, no entraría en vigencia sino hasta que se publique en La Gaceta.

Y yo entiendo que con la premura que estamos realizando este trabajo; que llevamos más de mes y medio de estar trabajando con el esfuerzo y sacrificio de ustedes y de todos nosotros; de desvelos, de llegar hasta más de la una o dos de la madrugada con el objetivo de buscar un consenso y luego postergar la entrada en vigencia de esta ley, me parece que no debió haberse hecho con tanta premura; simplemente la hubiéramos hecho poco a poco. Ese es el objetivo y el fundamento de mi moción; de que entre en vigencia inmediatamente de que se publique por un medio escrito.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

Solamente quiero aclarar, antes de proceder a la votación, que la Ley 192 no es la Ley Marco; la Ley 192 de Reforma Parcial a la Constitución que será publicada y entrará en vigencia después que sea publicada en cualquier diario, y la condición previa a eso que se entregue al Cardenal Obando los autógrafos de esta Ley Marco, independientemente que hayan sido publicadas o no. En cualquier caso el doctor Montiel está perfectamente en su derecho de presentar la moción que ha presentado.

En razón de que la diputada Dora María Téllez asumió el dictamen, vale decir, asumió que permanezca el artículo 32 tal cual está aquí y que se refiere a la entrada en vigencia de la Ley Marco hasta la publicación en La Gaceta, Diario Oficial, vamos a proceder a votar en primer lugar tal y como esta aquí la versión del artículo 32 en el Proyecto de Ley Marco que se distribuyó.

Votos a favor.

Votos en contra.

Abstenciones.

Con 69 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones, se aprueba el Título III de las Disposiciones Finales de la Ley Marco.

PRESIDENTE LUIS HUMBERTO GUZMÁN AREAS:

La Junta Directiva va a hacer el esfuerzo por entregar dentro de una hora a Su Eminencia el Cardenal Obando, la Ley debidamente autografiada, y todavía tenemos la expectativa de que puedan aparecer publicada el día de mañana las reformas.

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