LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD

Ahora siguiendo la Orden del Día, continuamos con el Adendum No. 1, que fue repartido a primeras horas de la mañana del día miércoles, ya tiene las cuarenta y ocho horas.

Le solicito al Secretario dar lectura a la Exposición de Motivos del punto 3.4: LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD.

Hay dos anteproyectos presentados. Vamos a leer los dos, si no hay ninguna objeción.

Con fundamento en el Arto. 140 Cn. y en los Artos. 4 y 44 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, le remito el Proyecto de Ley denominado "LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD", junto con la correspondiente Exposición de Motivos, a fin de que sea sometida a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional.

Este Proyecto de Ley tiene por objeto restablecer el término de Suspensión de 90 días de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencia en los juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión de Inmueble, Comodato Precario y Nulidad, con el propósito de lograr la paz social y procurar una pronta y justa solución al problema de la propiedad.

Solicito se le dé el trámite correspondiente a esta iniciativa, a fin de que pueda ser conocida y aprobada por el Plenario de la Asamblea Nacional.

Agradeciendo su fina atención a la presente, le reitero mis muestras de consideración y estima.

Este proyecto de Ley tiene por objeto restablecer el término de Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencia en los Juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión, Comodato Precario y Nulidad, con el fin de lograr la paz social y procurar una pronta y justa solución al problema de la propiedad.

Tomando en consideración que es deber e intención del Gobierno de la República que el núcleo familiar cuente con un hogar permanente y estable, dando así cumplimiento a lo estatuido en la Constitución Política de la República como un derecho primordial de los nicaragüenses. En este sentido el Gobierno ha venido desarrollando un proceso de Titulación de los inmuebles adquiridos por los beneficiarios de las leyes 85, 86 y 88 que no cuentan con un documento suficiente que ampare su derecho; con este proceso de Titulación han sido favorecidos aproximadamente cien mil familias nicaragüenses.

Debe tomarse en cuenta que todo ciudadano con vocación de productividad agropecuaria debe ser estimulado a efecto de restablecer la verdadera función de la propiedad, por lo que el Gobierno ha favorecido a más de seis mil familias campesinas otorgándoles gratuitamente un título legal inscribible que viene a mejorar la situación precaria de los simples documentos de tenencia de tierra que se les habla otorgado, para los efectos de brindar seguridad jurídica a los beneficiarios de dichas leyes.

Se considera de urgencia necesidad, mientras se resuelve a fondo el problema de la propiedad, proponer una nueva ley que restablezca el término de noventa días para la Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencia en los Juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión de Inmuebles, Comodato Precario y Nulidad, todo con el objeto de favorecer el clima de paz y de concordia con que se deben resolver los grandes problemas que acogen a la Patria, por lo que solicito su pronta aprobación.

Pasa entonces ese proyecto de ley, a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Población y Desarrollo, para que conjuntamente dictaminen a la vez, el siguiente proyecto, al que va a darle lectura el Secretario. Punto 3.5: PRORROGA A LA LEY N° 256 LEY DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIAS A LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD.

Los suscritos Diputados, en uso de nuestro derecho constitucional presentamos a vuestra consideración la presente iniciativa de Ley denominada PRORROGA A LA LEY N° 256 LEY DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIAS A LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD.

Consideramos de mucha importancia la presente iniciativa por cuanto está íntimamente ligada a la estabilidad y al desarrollo de nuestro país y porque los efectos de la Ley N° 256 aprobada por esta Asamblea Nacional dan fe y son un testimonio vivo de que es necesario dar un clima de estabilidad y tranquilidad mientras nos abocamos a la búsqueda definitiva de soluciones al problema de la Propiedad en Nicaragua.

Acompañamos la Exposición de Motivos correspondiente y el texto de ley respectivo. Agradeciendo su atención nos despedimos.

Durante el tiempo que ha estado en vigencia la Ley No. 256, quedó claramente demostrado la necesidad de una medida de efectos jurídicos que propicie la búsqueda de solución definitiva al problema de la propiedad. También ha quedado en evidencia que esta búsqueda no es posible si antes no se dan plenas garantías a todos aquellos ciudadanos que han sido beneficiados con casas y lotes urbanos o con vocación agrícola.

Es nuestra consideración que la Asamblea Nacional, como Primer Poder del Estado nicaragüense, no puede dar la espalda a esta realidad y es su responsabilidad dictar medidas que contribuyan a la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los nicaragüenses. No se puede olvidar, sin caer en la irresponsabilidad, los hechos que antecedieron a la aprobación y promulgación de esta Ley N° 256, y que no pueden ser repetidos. No resolver el problema de la propiedad afectaría no únicamente a los beneficiarios con lotes y casas, sino que también afecta al sector de los injustamente confiscados.

Es fundamentados en todo esto, que proponemos al Plenario de la Honorable Asamblea Nacional de todo su respaldo a nuestra propuesta de prórroga a la Ley N° 256. Asimismo pedimos a la Junta Directiva dar un trámite especial a esta iniciativa dada la importancia que ella representa, y la presente en el menor tiempo posible al Plenario con el fin de ser enviada a la Comisión respectiva. También pedimos que esta iniciativa sea dictaminada con urgencia en un plazo perentorio de cuarenta y ocho horas.

Es por esto señor Presidente que solicitamos se agilice el dictamen de este proyecto, para su posterior consideración del Plenario de la Asamblea Nacional.

Como dijimos antes, pasa este proyecto de ley para que sea dictaminado y tratar de obtener un solo dictamen, para que sea dictaminado por las Comisiones de Justicia y de Población y Desarrollo conjuntamente, no por separado.

Se da un período perentorio de setenta y dos horas para evacuar este dictamen por esta Comisión conjunta, constituida por los miembros de la Comisión de Justicia y la Comisión de Población y Desarrollo.

SESION ORDINARIA NUMERO DIEZ DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. DECIMA TERCERA LEGISLATURA

Ahora vamos a pasar al Punto III, que comprende dos apartados, el 3.1: LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD.

Honorables Diputados, la prensa nacional en sólo la mañana nos reclame que nosotros hemos sido puntuales, pero que en estos últimos días nos han visto que hemos principiado un poco tarde; ayer lo hicimos porque la pizarra se descompuso un poco, aunque sí está un poco mal. Así es que les suplicaría que en los días subsiguientes seamos puntuales para que a las nueve de la mañana demos comienzo a las reuniones, que está muy pendiente la opinión pública de nuestras actuaciones.

Entonces, vamos a leer el dictamen. Por favor Secretario, para ponerlo a discusión con posterioridad.

Los suscritos miembros de las Comisiones de Justicia y de Población y Desarrollo Comunal de la Asamblea Nacional, le presentamos a través de Secretaria para consideración de los Honorables Diputados el siguiente Dictamen del Proyecto de Ley denominado: "LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD", el que fue presentado el día 95 de los corrientes por el Diputado Eliseo Núñez Hernández, y remitido a estas comisiones por el Plenario de la Asamblea Nacional para su debido dictamen.

Las Comisiones dictaminadoras, habiendo realizado un profundo análisis sobre los alcances y repercusiones del referido Proyecto de Ley consideran:

Que es prioridad del Gobierno resolver de forma integral el problema de la propiedad en Nicaragua, en aras de lograr la estabilidad y la paz social, la seguridad jurídica de miles de familias nicaragüenses y el ordenamiento del régimen de propiedad.

Que es deber e intención del Gobierno de la República que el núcleo familiar cuente con un hogar permanente y estable, dando así cumplimiento a lo estatuido en la Constitución Política de la República como un derecho primordial de los nicaragüenses. En este sentido el Gobierno ha venido desarrollando un proceso de Titulación de los inmuebles adquiridos por los beneficiarios de las Leyes 85, y 88, que no cuenta con un documento suficiente que ampare su derecho, todo con la atención de abarcar a la ciudadanía en general sin distingo de ideología política.

Que esta suspensión es necesaria mientras el Poder Legislativo somete a discusión el Proyecto de Ley para la agilización de la Titulación Urbana y Agraria que está pendiente de ser aprobado por la Asamblea Nacional desde el 03 de Abril de 1997, siempre y cuando su aprobación no exceda los 90 días señalados para la suspensión acordada. Una vez aprobado el Proyecto de Ley de Suspensión, no será susceptible de ninguna renovación.

A este efecto se abona el clima para una paz estable acogiendo la disposición expresada por los distintos sectores de la nación en el Diálogo Nacional y con miras a no paralizar la vida jurídica del País, y a dar una respuesta efectiva, no partidista ni tendenciosa al problema agudo de la propiedad.

Creemos necesario ajustar el contenido de dicho Proyecto a lo establecido en el Derecho Común, determinando que no es correcto detener todas las acciones judiciales que tutelan el tuyo y el mío en el territorio nicaragüense, porque significaría anquilosar la vida jurídica, económica y social del país; asimismo no tiene incidencia el problema de los beneficiados con las leyes precitadas la figura jurídica de Inmisión en la Posesión, ya que esta solo tiene vigencia cuando se exige la posesión al que la tiene y la debe, no siendo este el caso de la cuestión aquí debatida; igual cosa sucede con las acciones de Comodato Precario, Nulidad y Reivindicaciones, que por su propia característica cuando no tengan punto de tangencia con la cuestión relativa a los favorecidos con las Leyes 85, 86 y 88, no son susceptibles de suspensión, ni en su trámite ni en la ejecución de sentencia.

Los juicios relativos al derecho cuestionado de los favorecidos con las Leyes 85, 86 y 88 no son susceptibles de suspensión en su trámite, sino únicamente en la ejecución de la sentencia definitiva por el período señalado en el Proyecto de Ley, objeto de Dictamen, que es de 90 días.

Las comisiones dictaminadoras consideramos que el Proyecto de Ley, con los cambios propuestos es conveniente y necesario porque se adecua a la realidad político-jurídico del país, trata en lo posible de superar escollos constitucionales, eliminando la antigua práctica de usar de bandera las necesidades sociales, por lo cual nuestra misión es dar a cada nicaragüense un hogar y a la tierra su verdadera función social.

En consecuencia, fundamentados en los Artos. 50 y 51 del Estatuto General y los Artos. 67 y 89 del Reglamento Interno, ambos de la Asamblea Nacional, dictaminamos favorablemente el Proyecto de Ley denominado "LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD", que fue introducido por el honorable Diputado doctor ELISEO NUÑEZ HERNANDEZ, y modificado por propuesta del honorable Diputado NOEL PEREIRA MAJANO en el sentido que el proyecto de ley se llamara así: "LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DE SENTENCIAS CONTRA LOS BENEFICIARIOS DE LAS LEYES 85, 86 Y 88". El Término de Suspensión será de NOVENTA DIAS.

Con los cambios propuestos por estas Comisiones cuyo texto adjuntamos consideramos que está bien fundamentado, que no se opone a la Constitución Política de la República, ni a las Leyes Constitucionales, ni a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, por lo que solicitamos a los Honorables Miembros de la Asamblea Nacional su pronta aprobación.

Reservas y opinión de Diputados del FSLN, sobre dictamen de Ley de Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencias en Juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión de Inmuebles, Comodato Precario y Nulidad... el Dictamen favorable anterior, los Diputados del FSLN, ÁNGELA RÍOS PÉREZ, NELSON ARTOLA ESCOBAR, miembros de la Comisión de Justicia, y WILLIAM SWARTZ CUNNINGHAM Y JUAN MANUEL CALDERA de la Comisión de Población y Desarrollo Comunal, lo firman bajo RESERVA al no haber sido incorporado en el mismo su opinión, en el sentido de que dicho dictamen debe ser el "RESTABLECIMIENTO POR UN TÉRMINO DE DOCE MESES", conservando íntegro el resto del texto de los cuatro artículos de la Ley No. 256; "LEY DE SUSPENSIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION. POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD”. Es decir, que en vista de que la iniciativa presentada por Diputados del FSLN se hizo en tiempo durante el cual estaba aún en vigencia dicha Ley No. 256 y se propuso como prórroga, el presente dictamen favorable debe ser asumido en los siguientes términos: "LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TÉRMINO DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD".

Arto. 1 Se le da plena vigencia y se establece por el término de doce meses la Ley No. 256 LEY DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 83 del 6 de Mayo de mil novecientos noventa y siete.

Arto. La presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

COMISION DE JUSTICIA

NOEL VIDAURRE ARGUELLO ARNULFO BARRANTES M.

NOEL PEREIRA MAJANO WILLIAM MEJIA FERRETI

ÁNGELA RÍOS PÉREZ IVAN ESCOBAR FORNOS

SILVIO CALDERON GUERRERO NELSON ARTOLA ESCOBAR

JORGE SAMPER BLANCO

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

ELISEO NÚÑEZ HERNÁNDEZ CARLOS GARCÍA BONILLA

WILLIAM SCHAWRTZ CUNNINGHAM SERGIO GARCÍA PINELL

JUAN MANUEL CALDERA JOSÉ DAMICIS SIRIAS

FRANCISCO GARCÍA AUGUSTO LOPEZ

ERNESTO GARCÍA

Esta ley que estamos debatiendo señor Presidente, es efectivamente una ley que ha conquistado la atención y la preocupación, no solo de la prensa nacional sino de amplios sectores de la población que se ven afectados por los efectos que esta ley y sus variantes puedan tener en sus vidas cotidianas. Quería referirme en lo general al dictamen que ha llegado de la Comisión, y explicar con la máxima claridad posible nuestra condición al respecto. El Frente Sandinista, prácticamente desde que se inició el trabajo de este Parlamento en el mes de enero, introdujo la primera propuesta en este Parlamento para que se aprobase una ley que detuviese los desalojos y que detuviese los juicios que estaban desarrollándose en el marco del conflicto de la propiedad en Nicaragua.

En aquella ocasión los Diputados liberales o los Diputados del Gobierno se opusieron a esa propuesta, y la propuesta simplemente fue engavetada en los escritorios de la Directiva del Parlamento, sin haber pasado nunca a Agenda; fue hasta después, a raíz de los conflictos sociales de Abril, que el Gobierno decidió enviar a este Plenario una propuesta para que en efecto se parasen los desalojos y los juicios.

Nosotros consideramos que en ese momento el Gobierno estaba actuando con sensatez, con un sentido nacional, menos con una sentido partidario o intereses estrechos políticos, y que se estaban actuando correctamente; esa ley fue aprobada, tuvo respaldo del Frente Sandinista, y creemos que tuvo un efecto de alivio en amplios sectores populares nicaragüenses que están en el marco del conflicto de la propiedad. Estamos hablando aquí de centenares de miles de familias, y por lo mismo, también de millones de personas, si ya vemos el universo de esos jefes de familia.

Actualmente, como sabemos, se ha acabado la vigencia de esa ley y nosotros, por lo tanto, desde antes que se acabara la vigencia de la ley introducimos a Secretaría la propuesta para prorrogar la vigencia de esa ley, que parase los desalojos y que parase los juicios contra los sectores pobres de Nicaragua. Posteriormente los Diputados del Gobierno, los Diputados liberales introdujeron una propuesta que nosotros consideramos insuficiente y que deja abierta las puertas a la inestabilidad en el conflicto social de Nicaragua, como es la propuesta de ley que conocemos y que viene en el dictamen de la Comisión, que solamente para los desalojos, pero no detiene los juicios que están en curso.

Es por ello que en vista de esa situación, los representantes, los Diputados del Frente Sandinista en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Población que vio este tema, apoyaron en lo general el dictamen oficial de la Comisión. Apoyamos porque consideramos que tiene que haber una ley, aun cuando consideramos que la misma es totalmente insuficiente y riesgosa por las brechas que deja abierta; pero en último caso había que apoyar esta propuesta para que el dictamen pudiese venir a debate a este Plenario y poder superar los obstáculos, poder superar los baches y poder superar las maniobras que estaban haciendo diferentes sectores que están contra la ley anti-desalojos, sectores identificados sobre todo con intereses de la oligarquía terrateniente en este Pals, para impedir que esta ley viniera a discusión de este Plenario.

Es por eso señor Presidente, que los Diputados y la bancada del Frente Sandinista vamos a respaldar en lo general esta iniciativa de ley; este dictamen lo vamos a apoyar en lo general, aun cuando no contemple que se detienen los juicios, porque nosotros vamos a meter la moción correspondiente a la hora que discutamos en lo particular, para que en la discusión del artículo 1 se introduzca una moción que detenga los juicios. Aquí ha habido una discusión jurídica-teórica sobre si la decisión de este Poder Legislativo de dictar una ley que detenga temporalmente los juicios es anticonstitucional supuestamente, porque se inmiscuye en el terreno del Poder Judicial.

Nosotros hemos sostenido que es al Legislativo al que le corresponde dictar las reglas del juego, que es al Legislativo al que le corresponde hacer las leyes, y al Judicial aplicar con equidad las leyes y ejecutar esas leyes. De tal manera que lo que este Poder Legislativo determine no puede ser cuestionado desde ese ángulo por ningún Poder, mucho menos por ninguna persona o ciudadano; no puede ser cuestionado con validez. Es por eso que nosotros sostenemos y vamos a mocionar en particular, para que se detengan todos los juicios señor Presidente; son centenares, son varíes miles de familias nicaragüenses pobres en asentamientos y con todo tipo de problemas jurídicos y de propiedad que están siendo afectados por los juicios.

Nosotros planteamos no solo que se detengan los juicios que están en curso, planteamos que la ley prohíba la iniciación de nuevos juicios en relación a este tema del que estamos hablando, porque pensamos que eso es lo que puede contribuir a dar un mínimo de estabilidad y un mínimo de tranquilidad a la población pobre de Nicaragua, mientras logramos un acuerdo político y una traducción en un cuerpo jurídico en una ley, de lo que sería la solución de fondo del problema de la propiedad.

Por lo tanto, mientras esa solución de fondo al problema de la propiedad no se dé, nosotros sostenemos que está en el interés de la estabilidad de Nicaragua, que está en el interés de la tranquilidad de los nicaragüenses pobres el que se detengan los juicios, y vamos a mocionar en ese sentido. Nosotros también vamos a mocionar en ese sentido a la hora de la discusión en lo particular, para que la prórroga de los desalojos, la prórroga de suspensión de los juicios sea por un período de un año.

Nosotros no vemos condiciones, no vemos interés en el Gobierno, no vemos las condiciones objetivas para que en un período demasiado corto de noventa días, como propone el dictamen oficial, pueda estar resuelto el problema de la propiedad en Nicaragua. No tiene sentido, por lo tanto, que nuevamente en Noviembre o en Diciembre estemos trasladando la zozobra y abriendo la zozobra en los hogares nicaragüenses porque se habrá otra vez acabado la ley anti-desalojos y otra vez la gente estará sometida a los desalojos.

El período debe ser por lo menos de un año, y si alguien considera que eso es mucho tiempo y que el problema de la propiedad se puede resolver antes, no es problema, porque al aprobar la Ley de la Propiedad, simplemente introducimos un artículo que deroga la ley que detiene el juicio y que detiene los desalojos. Aprobando un período de un año, un período extenso, estamos en un período razonable, estamos trasladando confianza, estamos trasladando seguridad a miles de hogares nicaragüense; por eso es que proponemos eso. Y quería señalar también, que nosotros estamos porque se corrija ese dictamen oficial, y se incluyan los asentamientos que no están incluidos en la propuesta que ha sido respaldada básicamente por los Diputados liberales.

Quería concluir diciendo, señor Presidente, que nosotros estamos preocupados por ese planteamiento de parar sólo los desalojos y no parar los juicios. Tenemos preocupación, señores de la Directiva, porque aquí puede haber una trampa, dentro de tres o cinco meses si los juicios continúan, y los que hoy están en juicios van a ser candidatos de desalojos. Entonces, en ese sentido casi de nada sirve parar los desalojos, porque los miles de familias que va a estar sometidas a juicios, van a pasar a ser desalojados dentro de tres o cinco meses, de unos seis meses o siete meses, según el período que aprobemos.

Nosotros estamos preocupados porque aquí pueda haber un cálculo político orientado nuevamente a la concentración de la propiedad, a la creación de los bancos de tierra -la gran aspiración de este Gobierno que es básicamente la concentración de la propiedad en pocas manos- y se vuelva otra vez a poner en situación de inestabilidad a miles de familias que viven en los asentamientos. Alertamos por lo tanto, sobre el peligro de que aun si paramos los desalojos por cinco meses, si los juicios no se paran, esos miles de familias ahora en juicio, en diciembre o en enero van a ser candidatos al desalojo, o seguros candidatos al desalojo; por las condiciones de que esa gente pobre no tiene para estar pagando abogados, para estar pagando papeleo, para estar yendo a los juicios, porque efectivamente la gente que tiene recursos es la que se puede defender y hacer uso de sus derechos.

Pero muchas veces esa es la realidad de las democracias restringidas o limitadas como la que tenemos nosotros en Nicaragua, donde los derechos de todos no son efectivos para todos, porque la gente más pobre no tiene las condiciones económicas ni materiales para hacer efectivo su derecho a la defensa. Es por eso que termino diciendo que la bancada del Frente Sandinista va a apoyar en lo general este dictamen, y vamos a hacer las mociones correspondientes a la hora de la discusión en lo particular.

El Frente Sandinista desde el inicio de esta legislación, ha considerado trascendental, vital, oportuno, detener la ola de desalojos masivos que se han venido practicando en contra de los beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Esta iniciativa ha perdurado durante todo estos meses, pero desgraciadamente nos hemos encontrado con la posición negativa del Gobierno representado en la bancada liberal, al rechazar esta iniciativa de estabilidad, de paz y de tranquilidad, que el FSLN ha venido practicando durante todos estos meses.

Hoy tenemos esta propuesta de ley dictaminada por la Comisión de Justicia y la Comisi6n de Población y Desarrollo, y nuevamente encontramos en el fondo de la misma, la negativa de la Alianza Liberal de no darle una tregua a Nicaragua, de no permitir la tranquilidad, la estabilidad y la salida de angustias a centenares de miles de nicaragüenses que necesitan de este Parlamento una acción consecuente, un accionar que respalde su bienestar, sus intereses consignados en la gran reforma social que se hizo en la década de 1980.

Es inadmisible señor Presidente, que en este dictamen la Alianza Liberal plantee tres meses de suspensión de la ejecución de sentencias y reforma total a la Ley 256, que perdió vigencia el 5 de Agosto de 1997. En el lenguaje nicaragüense, la reforma que plantean en este dictamen los legisladores de la Alianza Liberal, al reformar el artículo 2 y 3 de la Ley 256, deja abiertas las demandas masivas y la continuidad de todos los procesos judiciales en contra de todos los beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88. En lenguaje nicaragüense esto significa, para esos miles de pobladores, para esos centenares de miles de campesinos de Nicaragua que están a la expectativa de lo que nosotros hoy podamos aprobar: "si te corres te mato y si te quedas te tiro".

No hay ninguna propuesta seria de la Alianza Liberal en esto de darnos una verdadera pauta para encontrar la solución definitiva al problema de la propiedad. Nicaragua necesita estabilidad, y este tema que estamos discutiendo en este momento, es crucial para la gobernabilidad de Nicaragua. El futuro de Nicaragua esta en lo que aquí aprobemos el día de hoy. Y lo que aquí hagamos en bien de la población el pueblo lo va a reconocer, y lo que aquí se haga amañadamente en perjuicio de esos centenares de nicaragüenses por los cuales estamos apelando, el pueblo mismo sabrá juzgar en el futuro.

Preguntémonos en este momento si ha corrido tanta sangre, si ha habido muertes, si hay persecución gubernamental en esos centenares de miles de nicaragüenses beneficiados con la reforma social, si Nicaragua necesita un respiro que significa esta ley de suspensión, entonces, ¿por qué la Alianza Liberal se plantea reformar la ley que tuvo vigencia por tres meses, y deja un espacio favorable a las principales fuerzas políticas de este Pals para encontrar una solución definitiva al tema de la propiedad?

Señor Presidente, nosotros nos podemos preguntar en este momento, que se esconde detrás de esa reforma que le están haciendo al artículo 2 y 3 de la Ley 256. Nosotros entendemos que son los preparativos judiciales masivos para desatar una cacería nacional en contra de los centenares de miles de beneficiarios con la reforma social. No se puede admitir que solamente se suspenda la ejecución de sentencias y se deje abierta la posibilidad de nuevos procesos judiciales, después de los miles y miles que ya están adelantando en los diferentes Tribunales de Nicaragua. Sabemos que la gente humilde, la gente pobre, con una simple demanda que ponga el demandante que por supuesto tiene plata, es suficiente presión para que sin necesidad de que se dé sentencia final lo tiren a la calle o lo tiren al callejón, en el caso del campo.

Ya hay desalojos en este momento, y todavía no ha entrado toda la batería de persecución a los beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88. En Matagalpa por ejemplo, en la propiedad que se llama “Mompellie” en el Municipio de San Ramón, el 13 de agosto el ministro de Defensa, Jaime Cuadra y su hermano, el delegado de Gobernación en Matagalpa, desalojaron a veintiocho campesinos que tienen más de diez años de estar en esa propiedad, beneficiados por la Reforma Agraria; y fueron a meter allí, por la brava y por la fuerza, a cuarenta y ocho desarmados.

Es una situación difícil que tenemos que reflexionar. Nosotros aprobamos en lo general este dictamen presentado el día de hoy, pero sí nos reservamos profundamente las diferencias de fondo que tenemos en relación al término de suspensión y a la reforma del artículo 2 y 3 de la Ley 256, porque es una situación peligrosísima para Nicaragua entera.

Yo quisiera que me permitiera contextuar un poco más ampliamente el proyecto en cuestión. Independientemente que sean tres meses, seis meses, un año, que se suspendan los trámites o no se suspendan los trámites, yo más bien quisiera hacer una reflexión de carácter más global para los colegas de las distintas bancadas, a las cuales no pertenecen quien les habla. Cuando la humanidad pasó del esclavismo al sistema feudal, fue a partir de un proceso de hecho, de un proceso que generó grandes contradicciones entre esclavos y esclavistas, que desembocó en violencia y dio como resultado un nuevo régimen, que fue el régimen feudal, donde estaban los señores feudales y los siervos de la gleba.

Producto de la acumulación de contradicciones que se dieron en ese nuevo estadio de desarrollo de la humanidad, es que surgió lo que posteriormente fue la Revolución burguesa, la Revolución Francesa… (Interrupción del audio) Dantón, Marat, que no eran santos y que ahora los estudiamos como próceres de la historia y limitaciones. Pero bueno, fueron los artífices de la Revolución Francesa, que marcó la conclusión del régimen feudal al régimen burgués, tampoco no fue por la vía de la concentración, fue por la toma de la Bastilla y de ahí salió la guillotina; fue por la violencia. La violencia ha sido desgraciadamente a partera de la historia; es la que ha ido haciendo que la humanidad vaya cambiando de estado.

Aquí en Nicaragua una dictadura de cuarenta y cinco años engendró un conjunto de contradicciones que llegaron a tal grado, que la sociedad nicaragüense tuvo que deshacerse de esa dictadura por la vía de hecho y dar paso a una Revolución. Esta Revolución al igual que la Revolución Francesa, tuvo sus defectos y sus aciertos, sus errores y sus limitaciones; tuvieron fallas y tuvieron virtudes. Pero algo no se puede obviar, que así como en 1789 se dio una revolución en Francia que transformó a Francia y a la humanidad para toda la vida; aquí en esta esquina, en este pequeño planeta, no se puede obviar que hubo una Revolución hecha por hombres y mujeres, con errores y con virtudes.

Pero esta Revolución, al igual que las revoluciones que precedieron a la humanidad, hizo transformaciones sociales: repartió tierra a los campesinos e hizo un conjunto de cosas positivas, y también hizo cosas negativas. Yo creo que de todas maneras si pusiéramos en la balanza lo positivo y lo negativo, creo que ha privado más lo positivo que lo negativo; tan positivo que esa Revolución fue la madre de la nueva democracia en Nicaragua. Sin esa Revolución Doña Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín a quien mandó a matar Somoza, no hubiera sido la Presidente de Nicaragua; y sin ese Gobierno de transición, que el Frente Sandinista entregó el gobierno habiendo llegado por las armas, lo entregó pacíficamente como era su deber hacerlo, cumpliendo con la Constitución que el mismo Frente había hecho; si no se hubiera dado ese gobierno de transición no se hubieran dado las elecciones que se dieron es 20 de octubre de 1969, por la que nosotros estamos aquí.

Con todos y sus defectos, esa Revolución del 19 de Julio es la creadora de la madre de la democracia contemporánea en nuestro país; es la que nos tiene aquí a nosotros ahora en este foro. Pero bien, esa Revolución hizo transformaciones sociales, y cuando hay transformaciones sociales, obviamente sale perjudicada una minoría –y estoy hablando de la transformación de la propiedad- y favorecida una mayoría.

Ahora que hemos continuado con el devenir de la historia nos encontramos con este momento, con este minuto de nuestra historia y digo: la respuesta ¿Cuál es? ¿Volver todo hacia atrás o dejar todo a como está? Creo que ninguna de las dos cosas es correcta; creo que ninguno de los dos polos es correcto. Ni hay que devolver todo a como estaba antes del 79, ni tampoco hay que dejar todo a como está actualmente, y ahí es donde nosotros tenemos que pensar como estadistas; así es como tenemos que pensar, como legisladores y como políticos responsables, no con sentimientos de revancha, no con sentimientos de vindicta, sino con sentimientos de nación, de Patria, de ver cómo echamos este país adelante.

¿Pero qué ocurre? Nos ocurre que a veces tenemos planteamientos, mentalidad de país subdesarrollado, porque a veces queremos deshacer. Aunque en Europa ya no ocurre eso, en Europa cambia el gobierno y cambia la administración. El gobierno que existe en Francia o en Estados Unidos. Clinton no dice: todo lo que hizo Reagan es una barbaridad, y le da vuelta a todo. Cuando ganó Aznar, que es de la derecha de España, no dijo: todo lo que hizo Felipe González –que es de izquierda- es una barbaridad, y le dio vuelta a España. Cuando ganó Jospin no dijo: todo lo que hizo mi antecesor es una barbaridad y ahora le voy a dar vuelta.

Esto que yo estoy diciendo es más bien producto de los países subdesarrollados que el gobierno que va llegando va borrando todo lo que hizo el otro y lo mismo ocurre con las Asambleas. Ese es el llamado de alerta, queridos colegas liberales, colegas de Camino Cristiano, colegas de PRONAL, colegas conservadores y del MRS. Yo quiero hacer el llamado evidentemente en esta reforma social de la propiedad que hizo esa Revolución –que es un hecho objetivo del 79-, donde se perjudicó gente que no se debió de haber perjudicado, creo que eso hay que enmendarlo. Pero también hay que reconocer que cuando perdimos las elecciones hubo quienes abusaron en el Frente Sandinista al momento de la transición, hay gente que abusó, hay que decirlo autocríticamente y yo lo hemos dicho.

Pero bien la gran pregunta es que si nosotros no queremos caer en el subdesarrollo, ese problema de la propiedad que fue creado por el año 85, 86, 88, son leyes legales, son jurídicamente válidas, pero que el Gobierno de Doña Violeta no reconoció. Porque esas leyes no eran legítimas; eran legales, pero no eran legitima, ¿por qué no eran legitimas las leyes 85, 86, 88 y las que siguen? Porque no las reconocía un sector de la sociedad; ellas eran legales pero no legítimas, y entonces hubo que hacer una concertación muy grande con el gobierno anterior para crear una ley que fuera legal y al mismo tiempo legítima, o sea que fuese reconocida por el resto de la sociedad; entonces fue que creamos la Ley 209, Presidente, para que fuera legítima y fuera legal.

Pero ahora que viene que producto de nuestro atraso en la democracia y nuestro atraso en el subdesarrollo, para este Gobierno y esta Asamblea, la ley que hizo el Gobierno de la señora Chamorro es legal, pero para nosotros no es legítima. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a hacer otra ley aquí, porque tenemos que dar respuesta al problema de la propiedad. ¿Y qué va a ocurrir si nos ponemos de acuerdo liberales y sandinistas en una ley, y dentro de cuatro años y medio viene otro gobierno y otra Asamblea que va a decir: yo reconozco esa ley, es legal, pero no es legitima? ¿A dónde vamos a parar?

No puede cada gobierno ni cada asamblea que va entrando, ir diciendo que desconoce lo que hizo el otro, porque nos metemos en un círculo vicioso que solo conduce al atraso, al subdesarrollo y a la confrontación. Ante esta óptica es que creemos que hay que enmendar desaciertos, pero si hay que reconocer los aciertos. Yo apoyo que esta ley se prolongue por un año, ¿saben por qué? Porque quiero ser pragmático, quiero ser práctico, cuando estábamos en la Comisión pasada, Presidente y queridos miembros de la Junta Directiva, el Frente planteó que fueran seis meses.

Silvio Calderón, Noel Vidaurre y un conjunto de amigos liberales, conservadores y del PRONAL, Eduardo Rizo, dijeron que seis meses era mucho, que mejor tres. Y luego mi querido colega liberal, con todo el respeto, el Doctor Eliseo Núñez dijo: en su intervención cuando aprobamos esta ley, a propuesta del FSLN, que se iba a dar el trago amargo de aprobar esta ley por tres meses, cuando ya habíamos dicho que debía ser por seis; y habíamos invertido horas de horas de horas discutiéndola.

La historia nos viene a dar la razón: Ahora vienen a pedir tres meses más. Cuánto tiempo, tanto desgaste que nos hubiésemos ahorrado. Y yo probé queridos colegas que ese problema va a llevar un tiempo resolverlo, y la única forma de resolverlo ¿Ya saben cuál es? Que aquí reconozcamos todos que el problema de la propiedad se resuelve con la Ley 209, porque la Ley 209 reconoce el derecho de lo que fue reforma social. La ley 209 manda a que se indemnice correctamente a los injustamente confiscados; la Ley 209 manda a castigar en los Tribunales Comunes, a los que abusaron durante la transición. Es decir, el problema de la propiedad se resolvería con la Ley 209, eso sería lo ideal.

Pero el subdesarrollo, el revanchismo político, el espíritu de la vindicta todavía no nos permite la serenidad y la objetividad de legislar como estadistas; estamos legislando como políticos de un partido, y no logramos legislar como estadistas de un Parlamento, de una nación centroamericana. Tal vez no sea la forma, yo no quisiera ni que se prolongara pero ni seis meses esta ley, yo quisiera que el problema ya se resolviera y que se castigue a los que abusaron, que se indemnice a los incorrectamente confiscados y que se legitime y se reconozca toda la reforma social, que se le ha dado en llamar "piñata" por los adversarios de la reforma social.

Porque aquí también se ha confundido y se ha hecho un "chacuatol", los sectores más extremistas, los sectores que podrían haber sido los señores siervos de la gleba o los esclavistas, han querido meter en un solo saco la reforma social que hizo la Revolución, con los casos de abusos que se cuentan con la mano, y a todo eso junto se le llama "piñata" y hay que distinguirlo. Lo ideal fuese entonces que ya ratificáramos la Ley 209, pero ese no parece ser el espíritu, de reconocer y legitimar la Ley 209.

Pues bien, conociendo la velocidad de la marcha, yo digo: Eliseo Núñez, jefe de la bancada liberal, señor Presidente, queridos jefes de bancadas de los distintos partidos políticos, tres, seis meses, tres meses es muy poco, vamos a volver dentro de tres meses más aquí de nuevo a desgastarnos. Yo digo, démosle por un año y hagamos votos, propongámonos Presidente Iván Escobar Fornos, doctor Eliseo Núñez, doctor Noel Vidaurre, suplente de Nicolás Bolaños, Guillermo Osorno, PRONAL, El MRS, propongámonos sandinistas a hacer una ley cuanto antes, que resuelva el problema de la propiedad.

Propongámonos eso, para lo cual tenemos queridos colegas que pensar como Legislativo y no como Ejecutivo, como un Poder independiente.

Porque en realidad aquí no deberían haber diálogos nacionales, ni diálogos bilaterales. Aquí deberían de haber diálogos, pero desgraciadamente nosotros mismos nos hemos anulado como protagonistas del diálogo al responder directamente al dictado del Ejecutivo; nosotros nos hemos anulado, nosotros nos hemos autoanulado como protagonistas de lo que es la esencia de esta Asamblea, que es el foro y el centro del diálogo por excelencia; aquí es donde estamos los más representados de todo el país. Entonces, yo invito a que guardemos la prudencial distancia del Ejecutivo, que eso no significa entrar en pleito con el Ejecutivo, no significa eso; significa legislar de acuerdo a como nosotros creemos que debemos legislar.

Concluyo diciendo que apoyo la moción de suspensión de desalojos de la ley por un año, producto de que tengo la impresión y yo creo que íntimamente la compartimos todos los liberales y sandinistas de que en tres meses no va a estar lista esta ley definitivamente, llámese que ratifiquemos la 209 o llámese otra ley, que una vez que la aprobemos ojalá que el próximo gobierno en el 2001, no venga a decir que esa ley no vale porque es ilegítima.

Ruego disculpas si acaso me extendí y le agradezco mucho la atención prestada a los que tuvieron la gentileza de escucharme con atención.

Hay una lista de personas anotadas y tengo la idea de que muchos de ellos no es para esta discusión en lo general, sino para la discusión en lo particular.

Mucho he oído de parte de la bancada del Frente Sandinista, externar su profunda preocupación por la situación que la Ley de la Propiedad actualmente está atravesando en Nicaragua, y sobre todo la propiedad misma. Definitivamente yo quisiera creer a los Diputados del Frente Sandinista, que quieren buscar una solución al problema de la propiedad en Nicaragua. Pero debemos recordar que las soluciones a veces no se pueden dar de una sola vez, ni pueden ser soluciones integrales, porque cuando se trata de buscar la solución a un problema tan complejo como el de la propiedad, siempre resulta alguna parte afectada y por lo tanto no se le puede dar una solución, porque esto hace que se trabe precisamente cualquier propuesta.

La propuesta de los ilustres juristas que está analizando tanto por parte del Frente como por parte del Gobierno, por parte de nosotros los liberales, y algunos juristas independientes una solución a la propiedad, es solo un proyecto para buscar la solución de la propiedad, sin llegar nunca en la práctica a solucionar los problemas. Nosotros debemos ir solucionando lo que inmediatamente se puede solucionar, lo que ya tenemos al alcance y que es una solución pronta, eso sí debemos hacerlo.

Nosotros debemos recordar que en el problema de la propiedad estamos arreglando tres tipos de propiedades: la de los lotes, la Ley 86; la de las casas, la Ley 85; y la rural, la Ley 88, además de lo que queda de la Ley 209. Entonces, nosotros nos tenemos que poner a analizar y ver qué es lo que podemos solucionar y ver qué es lo que lleva a un mejor beneficio social para el pueblo de Nicaragua; si lo solucionamos ya, debemos recordar que aproximadamente ciento sesenta mil casos de propiedad que hay en Nicaragua -ciento diez mil casos abarca la Ley 86-, y de estos ciento diez mil casos, tenemos conocimiento que oficialmente dice la OOT que hay noventa mil solvencias; pero nosotros tenemos conocimiento que hay ciento siete mil poseedores de solvencias.

Por lo tanto, nosotros estamos resolviendo el problema, con la Ley 86, el 98 por ciento de los casos de ella y estaríamos solucionándoles ya, el problema a ciento siete mil pequeños poseedores de lotes. Cuando se tiene un problema grande, hay que fraccionarlo, hay que irlo solucionando, y abocarnos a solucionar, a titular ya todo lo de la Ley 86. Eso tiene una importancia social tan grande, que solucionaríamos más del 60 por ciento del problema de la propiedad, si el Frente Sandinista -así como lo ha expresado tiene la voluntad de buscarle ya una salida a este problema y se junta en esta voluntad, pues nosotros metimos desde el 3 de Abril un proyecto de ley para la titulación de todos aquellos poseedores de los lotes urbanos en Nicaragua, que son ciento siete mil.

Y en ese proyecto de ley que nosotros presentamos, damos facultades por delegación de la notaría del Estado a las diferentes alcaldías, y estamos proponiendo la apertura de oficinas para que en los próximos seis meses sea titulado por lo menos el 50 por ciento de los casos que tienen solvencia. Y a ese 50 por ciento nos referimos, porque es el 50 por ciento que nosotros tenemos conocimiento que el Estado ya es dueño de ellas; o sea que la cadena registral está completa, que todas las fincas matrices pasaron al Estado y el Estado ya puede titular.

Y en cuanto a estos casos, también tenemos conocimiento de que la Alcaldía de Managua tiene el levantamiento topográfico de todos los planos, de todos los diferentes asentamientos, de los diferentes repartos y que ya pueden ser otorgadas las escrituras; y tendríamos seis meses posteriores para que el Estado pase a nombre suyo el restante 50 por ciento de las fincas matrices y se les pueda otorgar. Porque no es otorgar un título por otorgarlo, sin respaldo jurídico alguno, o interrumpiendo cualquier cadena registral ya abriendo unas nuevas cuentas registrales, sino que encaje perfectamente en el Estado de Derecho, y volver propietario a estos que no son propietarios, para que puedan defender la propiedad, porque la propiedad no es quien la tiene sino como la tiene.

Por lo tanto, nosotros estaríamos volviendo propietarios y quitándoles la inseguridad a ciento siete mil pequeños propietarios; nosotros hemos metido esa ley desde el 3 de Abril. Hombre nosotros tenemos planteado y dentro de nuestras soluciones el problema de la propiedad, está esa ley, agarremos la partecita que nos corresponde, la partecita nada más ahorita para poder solucionar y después vayamos solucionando lo respectivo a lo de las otras leyes. Eso es la realidad, para que ya no haya demagogia, para que no se siga ocupando el problema de la propiedad como bandera de lucha, como una bandera de proyección política para ir ganando adeptos de uno u otro bando, sino que ya nos olvidemos en un momento dado de nuestro partidarismo y pensemos fundamentalmente en los pobres de Nicaragua, y los pobres de Nicaragua están ahí contenidos en la Ley 86.

En cuanto a este proyecto de ley que hoy se mete para suspender los términos en algunos casos y suspender la ejecución de sentencias en otros. Yo no sé por qué dice el Frente Sandinista que estamos dejando desprotegidos a los beneficiarios de las Leyes 86, 85, 88, cuando muy bien saben los abogados del Frente Sandinista que la Ley 209 los faculta y les da una herramienta para que con solo la presentación de la solvencia puedan detener cualquier juicio y darlo por terminado. Y es más, le pone una carga a aquel que vaya a iniciar una demanda porque tiene que llevar la constancia que ahí no hubo solvencia en ese caso, para poder iniciar el proceso.

Es una carga procesal, esto ya está solucionado. Los únicos que no están solucionados son aquellos casos que no están contemplados en ninguna de estas leyes, y es el caso entre particulares que se han aprovechado de esta suspensión de los juicios para poder seguir usurpando bienes a otros particulares; tan nicaragüense es el que usurpa como el usurpado. Entonces se tiene que bregar, se tiene que luchar por un estado de derecho en el cual reconocerle realmente el legítimo derecho a quien lo tiene, y el usurpado es el que en este momento tiene la razón.

Por qué le vamos a quitar esa facultad que tiene de hacer uso de la ley para defender sus derechos al usurpado; vamos a propiciar más tomas de tierra, más usurpaciones de bienes si nosotros suspendemos los términos, si ya están protegidos debidamente; la penetración social de las Leyes 85, 86 y 88, está debidamente protegida. No sé por qué es toda esta discusión, si realmente ya está planteado en las leyes, establecidas las soluciones para que no se den estos casos. Los únicos lanzamientos que pueden haber son entre particulares, entre deudores, entre morosos, o entre usurpadores y usurpados.

Así es que me pronuncio apoyando favorablemente, y lo que es el dictamen favorable en cuanto a la suspensión por el término de noventa días de la ejecución de sentencia. Le recuerdo que solo estamos en lo general.

Sí, estamos en lo general, por eso vamos a ir declarando entre unas cuantas intervenciones más, como suficientemente discutido este tema en lo general.

Nosotros como miembros de la Comisión de Población y Desarrollo, propusimos que se restableciera, que se mantuviera el espíritu de la Ley 256; porque yo creo que si se aprueba con las reformas del artículo 2 y 3, entonces estaríamos aprobando una ley que verdaderamente beneficia únicamente a una parte. Voy a decir en palabras sencillas lo que significa no suspender todo el proceso de los juicios. Significa dejar a los pobres manos arriba, eso es lo que significa, y ¿Por qué? Porque para ir a un juicio se necesita pagar un abogado, y los beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88, la mayoría son pobres que no tiene para pagar un abogado. Todos aquí sabemos que a la Ley 259 nadie le hace caso, y el pobre no tiene para pagar un abogado y seguir el proceso hasta la sentencia; prácticamente quedaron ya desalojados aquellos a los que les fue desfavorable la sentencia.

Y es porque yo siento y he sentido en carne propia lo que es estar en manos de los ricos, -y en la historia de Nicaragua lo sabemos- que siempre han querido despojar y han despojado y han robado la propiedad de los pobres. Y lo que el Frente Sandinista hizo fue devolverle a sus verdaderos dueños la tierra que fue robada por los ricos de este país, los terratenientes de este país. Eso es lo que hizo el Frente Sandinista, y eso es lo que no le gusta a algunos ricos en este momento. Es por eso que tenemos que defender, y muchos de los que están aquí en esta Sala, incluso que trabajaron como abogados del Frente, podríamos decir que fueron cómplices del Frente en este asunto de las propiedades.

Por eso señor Presidente, voy a hacer la moción de cambiarle el título a la ley que está en discusión. Nosotros como Frente Sandinista y en nombre de la bancada sandinista, hago la moción de que se le cambie el título a la ley, porque nosotros pretendemos que se restablezca la Ley 256, que se prorrogue, que se restablezca y que se mantenga por un año. La moción dice lo siguiente: "Nombre de la ley: Ley de Restablecimiento del Término de Suspensión de las Leyes 85, 86, y 88". Yo pongo 88, pero él dice claramente 87, en el texto original a modificar.

Lo que vamos a modificar es el título de la ley: Ley de Restablecimiento del Término de Suspensión de la Ejecución de Sentencia Contra Los Beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88, la moción es que se lea así: Ley de Restablecimientos de la Ley No. 256, Sobre la Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencias en los Juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión de Inmuebles, Comodato Precario, Nulidad y Ampliación del Termino de Suspensión a Trescientos Sesenta y Cinco días". Paso la moción por escrito al Secretario.

Colegas Diputados: démonos cuenta que la ley debe beneficiar a la mayoría, y no se crea que la mayoría del país únicamente está en los alojados en los diferentes lotes pequeños y que viven en una vida infrahumana. También hay una cantidad de gente pobre que la llamada "revolución social" le quitó sus propiedades y únicamente tenían pequeñas casas, tal vez de cincuenta metros cuadrados, mal cerradas, pero eran las casas producto de su trabajo, del sudor de sus frentes y no eran beneficiados, con beneficios políticos por el Gobierno que estaba en ese entonces.

El único delito para muchos, fue que tal vez se habían ganado algunos cincuenta córdobas alquilando sus casas para algún cantón electoral. Recordemos que las propiedades que se quitaron en este país no solo fueron la de los políticos ni la de los militares; fueron propiedades de gente que la había trabajado y que se fueron de este país porque no les gustaba la forma de gobierno, e inventaron la Ley de Ausencia. Y hoy vemos en las calles a esa gente pobre deambulando y buscando como recuperar aquella pequeña casa, y lo único que les ofrecemos al fin y al cabo -cuando logran terminar un juicio, porque a como dicen, no tienen reales para pagar abogado- son bonos que a la postre no tienen ningún valor y que con ellos nunca van a construir sus casas.

Cuando nosotros pensamos que lo que se debe suspender es únicamente la ejecución de la sentencia en estos casos, y deben llevarse los juicios; y por qué tenemos temor de ir a un juicio si nosotros estamos convencidos que nuestro derecho está bien fundamentado, cuando yo tengo una propiedad y la tengo bien fundamentada no tengo temor de ir a discutir el derecho de esa propiedad, sé que voy a ganar. Entonces, ¿cuál es el temor de ir a un juicio si sabemos que todo está ganado? Debemos darnos cuenta que en estas suspensiones de juicios llevamos de dos a tres años, cuatro o cinco suspensiones y no hacemos nada; lo que queremos es estar ganando tiempo y estar pasando el tiempo, porque creemos que el tiempo todo se lo lleva y por lo tanto se olvida.

El 3 de abril se presentó una ley buscando la titulación, que si hemos tornado el verdadero interés a esa titulación, toda esa gente de la que hoy se quiere decir que son solo los amparados en la revolución social, a estas alturas ya tuvieran muchos de ellos su verdadero título; y no aquellos títulos que en la transición del 90 fueron dados por Procuradores de Justicia Departamentales, arrogándose funciones que no tenían porque ni siquiera a ellos les habla delegado ninguna función el Procurador de Justicia Nacional.

Por tanto, yo considero que la ley debe ser únicamente en suspensión a la sentencia y deben llevarse los juicios de una manera correcta y legal. Y si hay jueces que no los quieren hacer y jueces que cometen prevaricato, que cometen una serie de desajustes legales, pues pongamos la queja y que la Corte Suprema de Justicia se encargue de ellos. Y para aquellas personas que se dice que no tienen dinero para llevar un juicio, ahí tenemos a miles de estudiantes de derecho que están en las diferentes universidades -estas a distancia que solo los sábados estudian-, pongámoslos en bufetes a trabajar para que al menos aprendan la práctica del derecho, ya que me reservo el pensar de que aprende el derecho mismo estudiando solo los sábados en las universidades.

Nos vivimos quejando de que los ricos quieren comerse a los pobres, es un principio general; pero ahora los que no quieren que hayan estos juicios y quieren esta suspensión para que no haya juicios sobre todo, realmente hermanos Diputados o colegas Diputados, son los nuevos ricos, porque los que quieren los juicios son los que en realidad eran los que se habían ganado la propiedad con el sudor de su frente.

A veces venimos aquí a dar nuestros mejores criterios y algunas veces queremos incluso hasta imponerlos. Este problema de la propiedad, incluso en el dialogo que se está llevando en este país, Camino Cristiano hizo una propuesta de que durante durara el diálogo no se diera ningún desalojo; sin embargo han aparecido varias propuestas con este asunto de la Ley de Desalojos. Para nosotros es importante que se le dé el respeto al cumplimiento de las Leyes 85, 86, 88 y la 209, pero también es importante que podamos definir qué significa para nosotros propiedad de interés social, y que ese asunto de interés social se defina bien claro, que cantidad de manzanas es la que le debe quedar a cada cabeza de familia.

Se debe insistir un poco con el Gobierno para que se dé la titulación de todos los asentamientos y las propiedades que el pueblo tiene, y el reconocimiento que se debe dar a las personas que fueron ultrajadas en los gobiernos anteriores, al haber tornado sus propiedades injustamente. Así es que queremos dejar bien claro que se establezca también en este tipo de ley, lo que es razón social, interés de propiedad social; y la titulación del Gobierno que tiene que ser precisa, sea de los tres meses, de los cuatro o de los seis meses que se pueda aprobar en esta Asamblea, que el Gobierno también cumpla con la titulación de estas propiedades que están en manos del pueblo.

Es importante que aprobemos esta ley, en el espíritu que ha sido planteada por los Diputados de la bancada del Frente Sandinista; es decir que en primer lugar pensemos en el pueblo, darle al pueblo la protección de un año de estabilidad emocional -digámoslo así, en términos comprensible para todo mundo- y démonos el plazo perentorio, si se quiere, el termino fatal, como Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua de resolver el problema de la propiedad, que aquí tiene que venir a parar de todas maneras, sea quien sea el que este dialogando sobre este tema fuera de la Asamblea y démonos nosotros un término de tres meses.

Pero ya que hemos sido irresponsables al haber dado tres meses con la promesa de que íbamos a resolver el problema y no lo resolvimos, ahora démosle tranquilidad a la gente por un año; esta es la posición de la bancada sandinista. Pero por otro lado, si estamos hablando de que hay que proteger a los pequeños, como es posible que en una propuesta que vino aquí a la Asamblea Nacional, supuestamente del Diálogo Nacional, se haya dejado por fuera a los pobladores de los asentamientos humanos, que solo en Managua son alrededor de doscientos mil; se haya dejado por fuera a todos los beneficiarios de la Reforma Agraria, que ya sabemos que son decenas de miles de nicaragüenses, familias nicaragüenses beneficiadas por la Reforma Agraria; se haya dejado por fuera también a todos los desmovilizados del Ejército, de la Resistencia, de Gobernación.

Entonces, ¿cuál es la protección a los pobres que se dice ahí que es el interés del Diálogo Nacional? Si el Diálogo Nacional nos vino con una sugerencia que dejo por fuera a este enorme universo de nicaragüenses pobres, y deja por fuera la propiedad privatizada legítimamente a favor de los trabajadores también. Entonces, ¿cómo es que se quiere proteger a los pobres? Nosotros estamos totalmente de acuerdo que a quienes hay que proteger son a los pobres precisamente, porque los ricos se protegen solos; no solo se protegen sino que agreden constantemente a los pobres.

De tal manera que también quiero hacer referencia a que hace una semana el señor Arguello Poessy que es el encargado del Gobierno para resolver los problemas de la propiedad en el Ministerio de Finanzas ha dado declaraciones públicas donde dio a conocer que le van a devolver propiedades al General Guillermo Noguera, el 61, el Jefe de Operaciones de la guardia genocida de Somoza; y que le van a devolver a Fausto Zelaya, tristemente célebre por su apego y por su carácter de allegado incondicional de Somoza, el edificio del Ministerio de Economía y el edificio o los terrenos que ocupa lo que era la seguridad personal.

A Pablo Renner, famoso costeño que se benefició con su lealtad con el régimen de Anastasio Somoza, le están devolviendo, también ahí aparece, que le van a devolver una serie de propiedades en la Costa Atlántica. O sea que el Gobierno actual parece que quiere poner el acento en devolver las propiedades a los somocistas que fueron legítimamente confiscados con los Decretos 3 y 38. Estamos de acuerdo con que algunos han aquí protestado -de la banda de la Alianza Liberal- porque también se afectó a pequeños propietarios privados, porque se afectó tal vez a los que se fueron del país. Pero estoy hablando aquí no de esos que fueron afectados y que pueden reclamar y que con justicia hay que devolverles, si se les puede devolver y si no, hay que indemnizarlos. Estamos hablando de los allegados de Somoza, a los que les están devolviendo las propiedades.

Entonces, ¿cuál es la identificación del Gobierno actual? Seamos claros, seamos categóricos en eso. ¿Quieren hacer una contrarreforma social, eliminar toda transformación social que hizo la Revolución y devolver al somocismo al poder económico, al grupo económico predominante de este país que era el somocismo; quieren que reviva, retoñe con todos su arreos? Ahí si no podemos estar jamás de acuerdo con esa política del Gobierno. Además se dice por ahí que están pidiendo comisiones, es decir, que están cobrando coima para devolverles las propiedades a estos somocistas.

La posición del Frente Sandinista ha sido pues muy clara en esta propuesta que hemos hecho, y esperamos que sea aprobado el término de un año y que se manden a parar los desalojos, no solo a parar los desalojos, la ejecución de las sentencias; que se manden a detener todos los procesos judiciales y que se manden a detener las nuevas demandas judiciales, porque esto es lo que introduce la zozobra en la población, la inestabilidad, es lo que mantiene la inquietud. Nosotros tal vez ahora si podemos ser responsables en dar una respuesta definitiva a este problema de la propiedad, y que se abarque a todos los que están fuera de la propuesta que ha sido presentada.

Que abarque a los trabajadores legítimamente beneficiados con la privatización, y también a los desmovilizados del Ejército, de la Resistencia y de Gobernación, a todos los pobladores de los asentamientos espontáneos, ya que la Asamblea ha sido incapaz de regular mediante ley ese problema de los asentamientos humanos espontáneos.

Es difícil navegar cuando el mar esta encrespado para tratar de arribar a soluciones prácticas; lógico es que hay intereses que como viento soplan fuertes para mantener esas olas así encrespadas. También es considerable observar, cuando dos corrientes confluentes deciden proyectar una sola, con el ánimo de sujetar ciertos intereses a determinadas actitudes políticas. No podemos criticar que esa sea una pretensión aceptable, pero si tenemos que poner atención como legisladores, cuando una de esas corrientes pretende encauzar mayor volumen de agua para hacer incontrolable ese cauce.

En cierta oportunidad y como miembros de la Comisión de Justicia, en la que tuve que participar, tuve que tomar ese trago amargo ante las pretensiones del partido de la otra corriente, de que se suspendiera por seis meses. Bisoños y nóveles como estábamos los Diputados, en aras de buscar eso que le llaman la justicia social, la paz social, aceptamos de buena parte en hacer una prórroga de seis meses a la Ley de Suspensión de Desalojos, pensando por supuesto en la buena fe, en la disponibilidad que tuvieran para encontrar soluciones prácticas, y así ver plasmada la buena voluntad de encontrar un proyecto aceptable y que diera una resolución definitiva a este problema intrincado de la propiedad.

Hoy nuevamente me toca recibir el embate de la pretensión, pero ya no solo de un lado sino de ambos, en la que el único elemento distintivo viene a ser el período o plazo que se dan los dos proyectos; pero en el fondo es el mismo contenido, la misma pretensión de conseguir otra vez prórroga a este problema. Entonces vamos a preguntarnos, cuando estaremos arribando a una solución categóricamente aceptable y socialmente práctica. No podemos decir que por un lado nosotros como Diputados del Gobierno estamos bloqueando, porque ya pusimos nuestra cuota y en esa oportunidad me abstuve e incluso me opuse, y por eso es que en esos dictámenes no aparece mi firma como Secretario de la Comisión de Justicia, porque nunca he estado de acuerdo en continuar prorrogando.

Nunca he estado de acuerdo también en que a nosotros los Diputados se nos esté utilizando, porque si utilizamos esa bandera de que por un lado están los pobres, y no hay duda que necesita, pero también no se abona a ese concepto de justicia con que se mantiene el principio de todo gobierno en la Constitución. ¿Justicia para quién? Solo para aquel que pide más. ¿Justicia para aquel que come más, o para aquel que le interesa únicamente que le satisfagan sus propios intereses, sin importarle que aquel otro sufra amargamente? Y si hablamos de esa justicia, este problema nunca ha tenido justicia, porque esa revolución social de la que ellos hablan y se escudan, ¿dónde nace? Nace para utilizar los bienes en una forma legal, en una forma normal y solucionar el problema de la escasez de vivienda y lotes de terrenos, ¿o sale o nace nada más como una oportunidad de arrebato y entregarle al otro?

Entonces no le vas a dar la oportunidad a alguien que injustamente fue confiscado y arrebatado o mancillado en su derecho, para que tenga la oportunidad de aclarar ante los Tribunales de que él está sufriendo fuertemente la depredación de que fue objeto. No podría ser posible entonces hablar de justicia. Tampoco es argumento viable que lleven a la Comisión de Justicia la situación de que están dialogando ciertos grupos, y que como amortiguador para encontrar resonancia, de primas a primeras sale a través del Movimiento Comunal una petición para suspender otra vez las acciones judiciales y consensuar una prórroga.

Entonces encontraría yo que ahí está parcializado, junto al diálogo; que hay intereses bien marcados y orientados en la línea en que corresponde no sé a quién, pero ustedes pueden deducirlo. También es argumento viable que le vengan a decir que es vinculante, ¿vinculante con quién? La aceptación del lenguaje donde dice “vínculo”: lazo, unión de una persona o cosa con otra persona o cosa”. Pero tiene que existir por supuesto esa similitud. Y he escuchado argumentos fuertes a los que no les he dado la razón por supuesto, de que nosotros al oponernos en esa comisión, estábamos perdidos y desorientados porque no teníamos el Norte, el valorar o rechazar ese concepto vinculante. Vaya vinculante repito, ¿cómo? Pero eso no implica que ese Poder Legislativo tenga la oportunidad de discutir y analizar cualquier pretensión que salga de ese diálogo.

¿Vinculante en el sentido de quién? Repito, no es cuestión de soslayar responsabilidades, es actitud madura la que se necesita para resolver problemas, no situaciones que más que todo son manejables. Repito esto: la cuota que debe poner cada una de las corrientes tiene que estar sobre la mesa en una forma sincera. No es cuestión de pedir que el Gobierno tenga que aportar su cuota y por el otro lado decir que mientras no haya un acuerdo político, o para mientras se de ese acuerdo político el problema de la sociedad va a ser resuelto.

Yo preguntaría ¿cuándo se va a dar? ¿Desde qué punto de vista puede llegarse a un acuerdo político entre las corrientes, si están los intereses señalando las fronteras que nos separan? Tengo necesariamente que mirar sobre la mesa la cuota o aportación de cada uno de ellos, porque no es posible olvidar que a través de esta prórroga, se vuelve a dejar la orilla, al margen, a aquellos que tienen derechos justos para reclamar la forma troglodita en que fueron conculcados sus derechos. Entiendo entonces, que por aquí es necesario tener una mentalidad bien serena.

No es motivo esto para dar figura política, ese es el problema neurálgico de Nicaragua y a esta altura hay que entrarle con seriedad, con la responsabilidad y sobre todo con la buena voluntad de arribar a un puerto seguro en la solución de problema de la propiedad. Por eso es que yo me opuse y me continúo oponiendo, porque por un lado este nuevo proyecto donde se dice que se suspenda únicamente la ejecución de la sentencia, viene a ser un paliativo y no viene a ser una solución. ¿Por qué digo paliativo? Porque es momentáneo, temporal. Pero eso implica también otro sacrificio para aquellos que están expectantes viendo pasar la procesión, en el sentido que los obligan a iniciar un proceso largo, tedioso, que implica gastos y todo lo que nosotros conocemos como abogado en un proceso; pero se llega al final a una sentencia, que los juicios se suspenden.

Y esa sentencia puede quedar completamente anulada posteriormente, si es que se llega a ese acuerdo político cacareado que señala la otra fracción; de tal manera que no es por ahí la línea. Yo entendería y estaría de acuerdo si en estos proyectos ambas partes ponen su cuota y dicen: a partir de esta fecha nosotros en el plazo de tres meses nos comprometemos por ley a elaborar ese proyecto; y que en el caso fatídico de que no se cumpla, bueno señores, nadie podría volver a pedir aquí una prórroga. Pero esto es más que todo, cortina de humo. ¿Cuál es la solución específica? Pongamos nuestra cuota cada quien, no usemos cortina de humo para no poder más tarde ser señalados como irresponsables, como Diputados sin sentido ante un problema que embiste socialmente y que nosotros estamos obligados a darle respuesta.

Si nos pusiéramos a pensar un rato si estos problemas llevan la solución, si estos proyectos llevan la solución, será mentiroso. De tal manera que en lo general, que es a lo que se está refiriendo este debate, yo no estoy de acuerdo, a menos que surgiera en un proyecto de manera categórica y bien explicito, que esto es solo para determinadas áreas de terreno; y que se diga que a partir de aquí tenemos el trato, el compromiso formal de las dos fracciones para resolver el problema de la propiedad. Porque la Ley 209 dice en el artículo 21, "esto es improrrogable por ninguna causa". ¿Y cuáles son esas causas? Son subjetivas, y en cualquier momento vuelven a aflorar con intenciones malévolas.

Se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general, y como consecuencia vamos a proceder a su discusión. Pero antes tengo que dar la información de que la moción presentada para cambiar el nombre del título original, que es Ley de Restablecimiento del Término de la Suspensión de la Ejecución de Sentencias, por otro que comprende también las acciones judiciales, será sometido en su oportunidad en lo particular, si es que se cambia y se introducen en el texto del proyecto las acciones judiciales. Si se introducen las acciones judiciales, lógicamente se tendrá que cambiar el nombre, mientras tanto no podemos entrar a estas cosas sin entrar primero a lo particular.

Por favor, se les suplica a los Honorables Diputados que tomen sus asientos, que vamos a proceder a la votación.

El resultado es el siguiente: 79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Queda aprobado el dictamen en lo general.

Bueno, están solicitando receso el jefe de la bancada de la Alianza Liberal y la bancada conservadora. Vamos a conceder un receso de diez minutos.

Se les suplica a los Honorables Diputados que tomen sus asientos. Se terminó el receso, Honorables Diputados, les pedimos que tomen sus asientos para continuar.

Don Noel Delgado, vamos a la discusión en lo particular, proceda a dar lectura al artículo 1 del Título de la ley.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo Nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades:

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DE SENTENCIA CONTRA LOS BENEFICIARIOS DE LAS LEYES 85, 86 Y 88.

En mi intervención anterior le hacía un llamado a los colegas, de que actuáramos como estadistas y no con sentido de vindicta política. Quiero mantener la propuesta del dictamen de minoría, de que sea por trescientos sesenta y cinco días en vez de solo noventa días. Recuerdo que esta ley -le recuerdo a todos los presidentes- fue producto de una jornada de protestas, por eso fue que surgió esta ley, si no no se hubiese dado. Seguramente que si nosotros no resolvemos esto en tres meses más -como no se va a resolver-, lo que vamos a estar es abonando de nuevo a otra protesta; el que no vote por los trescientos sesenta y cinco días, tiene que estar claro de que está votando por la ingobernabilidad, por la desestabilización, la falta de tranquilidad y la falta de paz.

La bancada patriótica, consciente de la necesidad de la estabilidad y de la gobernabilidad de Nicaragua, estamos presentando una moción al artículo 1, de la Ley de Restablecimiento del Término de Suspensión de los Juicios de Sentencia contra los Beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88 y voy a leer la moción que dice: "Articulo 1: Se suspende por el término de ciento cincuenta días la ejecución de sentencias definitivas en contra de los pequeños propietarios de inmuebles de interés social, con un área hasta de cien metros cuadrados de construcción, o de lotes urbanos hasta de un mil varas cuadradas de superficie, que sean beneficiarios de las Leyes 85, 86; o inmuebles rústicos conforme la Ley 88, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 64 del 30 de Mayo, N° 66 del 3 de Abril y N° 68 del 5 de Abril de 1990, respectivamente.

También quedan protegidos por la presente disposición, los poseedores de dichos bienes que sean desmovilizados y retirados del Ejército, del Ministerio de Gobernación y la Resistencia, que tienen contratos de promesa de venta o de arriendo con opción a compra; los asentamientos humanos espontáneos que se hubieren consolidado al 31 de Diciembre de 1996 y los sujetos de reforma agraria o rural o cooperativas de conformidad con la ley de la materia. Esta moción ha sido ya discutida ente los miembros de la bancada patriótica.

Creemos que es necesario hacer un impasse para ver que resulta del Dialogo Nacional, y estamos conscientes de que no se va a resolver el problema de la propiedad en doce meses, como han dicho algunos aquí, o en tres meses, tampoco se resuelve en cinco meses. Pero es necesario que nosotros como parlamentarios estemos conscientes de que muchos ciudadanos adquirieron esas propiedades tal vez porque se las regalaron o porque el Gobierno anterior de alguna manera quiso taparse la cara de aquella gran piñata que se repartieron los grandes del Frente Sandinista. Pero hoy como parlamentarios, lo que nos interesa es la paz en Nicaragua y por eso queremos que los Diputados aquí presente hagamos conciencia de la necesidad de apoyar esta moción para que no haya más violencia en el país, porque la apología de la violencia no tiene sentido y es nuestra responsabilidad que haya esa estabilidad para bienandanza y el desarrollo de Nicaragua.

Quise tomar la palabra en la discusión en lo particular, porque creo que hay algo que es un sentir generalizado y que gracias a Dios todo este cuerpo de Diputados hemos entendido, es necesario que exista una ley que suspenda los desalojos en este país. Esa es una condición que ninguno de los Diputados que estamos aquí sentados creo que podríamos rechazar, y es por ello que también he planteado mi voto a favor con las reservas respectiva que hicieron los miembros de la Comisión de Justicia y representantes de la bancada del Frente Sandinista. Sin embargo creo que es oportuno y atingente, en lo particular hablar de lo relacionado al texto de esta ley, porque como se observa claramente, en esta ley solamente se suspende las ejecuciones de sentencias y no se suspenden las acciones judiciales.

Yo quisiera saltar un poco del terreno político al terreno jurídico, porque aquí existimos muchos Diputados que somos abogados. Por un lado el hecho de suspender las acciones judiciales -y tal como lo había expresado el jefe de nuestra bancada- exponemos a decenas de asientos de familias a ser candidatos seguros a los desalojos, después de un período de tres meses, período mediante el cual por no suspenderse las acciones judiciales, perfectamente bien se puede demandar y se puede llevar hasta ejecución de sentencia en ese período de tres meses. ¿Cuál es verdaderamente la suspensión que estamos dándole a estos señores beneficiados?

Nosotros perfectamente bien, cuando nos presentan una demanda -y eso lo saben todos los abogados- podemos poner tercería, podemos alegar excepciones y podemos hacerlo más largo que los propios tres meses que se plantean o los seis meses que ahora se están planteando. Por otro lado, recuerden también que desde la misma demanda, señores, ¿cuál es el verdadero derecho o el bien jurídico a proteger en esta ley? La propiedad. La propiedad tiene su base en dos pilares fundamentales: el dominio y la posesión. El dominio con su justo título y la posesión con la habilitación o el haber material de la cosa.

Evidentemente cuando suspendemos las ejecuciones de sentencia, a nosotros no se nos quita la cosa en el momento, pero perfectamente nosotros podemos como demandantes pedir que de previo y especial pronunciamiento y como una medida precautelar, el juez manda a suspender el asiento registral de nuestro demandando, y ahí nosotros estamos agrediendo uno de los pilares del derecho de propiedad. Si la suspensión fuera solamente por suspensión, porque nos dio la gana suspenderlo, estaría de acuerdo en que solo se suspendieran las ejecuciones de sentencia.

Pero el objetivo que creo que toda esta magna sala de Diputados tiene al momento de solicitar una suspensión, es crear las condiciones de estabilidad nacional para lograr un acuerdo o ratificar en todos sus términos la Ley 209, o en su defecto crear una nueva Ley de la Propiedad ajustada a los nuevos términos históricos. Entonces, el hecho de solamente suspender la ejecución de sentencias no crea realmente una estabilidad en la Nación, por lo tanto no tendría razón de ser el objeto de esta discusión.

Nosotros debemos suspender las acciones, porque con el solo hecho de anotar en la columna de anotaciones preventiva esta demanda, nosotros ya estamos creando inestabilidad en el seno de la población. Desde el mismo momento en que vos recibís la copia de la demanda con la notificación de que estas siendo demandado, ya te estas sintiendo agredido; y además el oficio de Juez mandándole a decir al Registrador que anote en la columna de anotaciones preventiva que existe una demanda, y que ya no podes hacer nada con el inmueble que vos crees que es tuyo en dominio y posesión por justo título y estamos hablando solamente de los beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88.

No es un criterio antojadizo de nosotros, el hecho de estar solicitando que se suspendan desde las acciones judiciales inclusive, porque estamos agrediendo uno de los pilares que tienen el derecho de propiedad. Por otro lado se maneja el axioma de que supuestamente estaríamos invadiendo el terreno del Poder Judicial; situación que con todo el respeto que se merecen muchos de los Diputados que son abogados y que han manejado estos temas, es totalmente falso porque el Poder Judicial lo que hace es respetar y garantizar la aplicación de las leyes que en esta magna Asamblea se discuten y se resuelven.

Si como Diputado llegara a mi Departamento a decirle a un Juez: por mí y ante mí, hombre, aquí no me vas a hacer ningún desalojo, ahí sí estoy invadiendo el terreno del Poder Judicial porque no hay una ley que a mí me ampare para tener ese proceder. Pero si existe una ley de la Asamblea donde se detengan las acciones judiciales y ejecución de sentencia para los beneficiarios de las Leyes 85, 86, 88, inclusive para los asentamientos que no están reflejados ni en el primer anteproyecto de los liberales ni de la bancada patriótica, ni el área de la propiedad reformada a favor de los trabajadores, que tampoco está reflejada, ahí si estamos contribuyendo a la estabilidad.

Si nosotros suspendemos desde las acciones judiciales inclusive, y agarramos ese gran bolsón de personas y familias que están siendo afectadas, ahí si estamos creando la inestabilidad. La suspensión tiene un objeto: crear estabilidad, no suspender por suspender. Si fuera suspender por suspender, no me apunto. Queremos estabilidad, y por eso que yo apoyo la moción presentada por mi colega Diputado William Schwartz y por los otros señores y demás colegas de la bancada y que esta presentada en la Primera Secretaria; y apoyo el voto de reserva, el voto razonado que hicieron mis compañeros de bancada en la Comisión de Justicia, de que se debe suspender desde las acciones judiciales y que se debe amparar a todos los sujetos que se ampararon en la Ley 256.

Vamos a concederle la palabra a los dos mocionistas, a Nelson y a Maximino, que hizo una corrección. Por favor, aclare la corrección para ver la moción y después Nelson toma la palabra. Suplico a todos, rapidez, nada más para que el debate continúe.

Es que en la moción estamos incluyendo el artículo 1 y 2. Es decir, esta moción de nosotros recoge el artículo 1 y 2 del dictamen. También quiero hacer énfasis en que quienes firmamos esta moción es el Diputado Eduardo Rizo, Francisco Navas Espinoza, Saúl Zamora, José de Jesús Miranda, Ángeles Castellón, Noel Delgado Cuadra y Maximino Rodríguez; también está la firma del hermano Osorno.

Evidentemente en este tema tan crucial, queremos reiterar que después que lo planteamos en el dictamen que trabajamos en la Comisión de Justicia y Desarrollo, me sorprende el contenido de este artículo 1 que presenta la Alianza Liberal de esta ley en discusión. Es sorprendente como el discurso de la Alianza Liberal se contradice totalmente con sus actos, con sus hechos, con sus obras; y este articulo 1 lo refleja de manera categórica, de manera clara, al pretender parchar con más parches, sin voluntad política de resolver el punto de este asunto de la propiedad, el tema de la suspensión de desalojos: te doy un plazo corto pero después te mato judicialmente hablando.

Señores de la Alianza Liberal: hay miles y miles de casos que ya fueron tramitados para promover los desalojos, y con este planteamiento que hace la Alianza Liberal en este articulo 1, vamos a tener centenares de miles de procesos judiciales en contra de un porcentaje elevadísimo de la sociedad nicaragüense beneficiada con la reforma social. Imagínense que clase de Navidad la que tendrán los pobladores de los barrios beneficiados de las Leyes 85 y 86; que clase de Navidad la que tendrían los campesinos corporativizados beneficiados con la Reforma Agraria, cuando aquí lo que están gobernando es una trampa al decir: se suspende la ejecución de sentencia por tres meses, pero vamos al remate dejando abierta con la reforma que se plantea aquí, los procesos judiciales, que en el lenguaje nicaragüense significaría desalojos masivos, presión a los pobres.

Pero es más; han estado hablando de que están preocupados por los pobres en este país, y fíjense bien en el contenido de este artículo 1, que marca el fondo de la intención política de la Alianza Liberal: excluyen los asentamientos humanos; excluyen a los beneficiarios retirados del Ejército, del Ministerio de Gobernación, de la Resistencia misma. Increíble, cuando estos son sectores amplísimos de la sociedad que necesitan garantía, seguridad y respeto a los beneficiarios que han recibido en estos últimos años.

Importante es dejar constancia en este debate histórico sobre este tema de nosotros, como Frente Sandinista, que si existe la Ley 256, no es por voluntad de grupos, de las agrupaciones políticas que han estado interesadas últimamente en este tema crucial. Existe la Ley 256 y la traigo a colación, a recuerdo, para los que se les ha olivado que producto de una lucha cívica de miles de pobladores, de miles de pequeños y medianos productores, cooperativizados e individuales que se manifestaron en la jornada de protesta en el mes de abril, de ahí nace la Ley 256; y éste es el compromiso profundo que tenemos nosotros, de trabajar y de argumentar por qué se tiene que mantener la misma en su contenido de carácter intacto, íntegra.

Este artículo 1, reafirma que el Gobierno está jugando tácticas dilatorias y no tiene en el fondo voluntad política de entrarle de lleno a la solución definitiva del tema de la propiedad, si ni siquiera son serios en el planteamiento de fondo del tema de la suspensión de desalojos. Tenemos ejemplos de desalojos que se han dado, y cuando abordábamos en lo general mencionábamos el caso de Matagalpa. Pero hay otros ejemplos dentro de tantos que se han dado últimamente. El 7 de agosto la misma Procuraduría, que es la representante del Estado, introdujo un juicio de desalojo en contra de la periodista Elisa Maturana, y toda la sociedad está vulnerable a esta cacería de parte del Estado. Insistimos, la propuesta de fondo de la Alianza Liberal es una trampa al pueblo, es un engaño, no está en defensa de los intereses de los pobres, a como lo han venido predicando últimamente.

Por esa razón, señor Presidente de este Parlamento, nosotros queremos reafirmar la reserva de fondo que planteamos en el dictamen que se presentó el día de hoy. Objeto de debate en este momento, y hacemos la moción concreta siguiente: en el artículo 1, planteamos que este debe ampliarse en su alcance conforme a la ley. La reforma que planteamos establece lo siguiente: “Se establece término de suspensión por trescientos sesenta y cinco días, y en todo su alcance la Ley N° 256, denominada Ley de suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencia en los Juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión de Inmueble, Comodato Precaria y Nulidad, y publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 83 del 6 del corriente año”.

Quiero recordarle señor Presidente, que esta moción recoge las reservas que traemos en el dictamen presentado el día de hoy, fue presentado ante Secretaría a las 12:45 del día y solicitamos que por este orden de primera en tiempo, primera en derecho, sea sometida, después que se someta a la aprobación correspondiente el artículo 1, a como lo establece la ley que se presenta el dictamen.

Yo quería reforzar la posición de la bancada patriótica de suspender las ejecuciones por los ciento cincuenta días, abarcando esa moción el artículo 1 y el artículo 2. De todos es conocido la gran injusticia que se cometió en años anteriores, pero también sabemos que una enorme cantidad de personas pobres fueron beneficiadas, y es precisamente a ellos que queremos la bancada patriótica darles un espacio de tiempo, de paz y tranquilidad; dar un tiempo para que realmente en Nicaragua pueda existir gobernalidad, para que en Nicaragua pueda existir el Estado de Derecho que tanto ansiamos los nicaragüenses.

Por esto y como miembro de la bancada patriótica pido que exista madurez y que exista voluntad política, para que en el lapso que la bancada patriótica está solucionando, se de la prórroga de las sentencias ejecutorias contra estas personas, y pueda llegarse a resolver el problema de la propiedad de una vez por todas y sacar del caos que cada vez está hundiendo más a este empobrecido país. Por lo tanto, solicito tanto a los colegas Diputados sandinistas como liberales y de otras bancadas, que aprueben la moción presentada por la bancada patriótica.

A los miembros de la Directiva y a todos los colegas, yo quiero invitarlos a reflexionar sobre este tema. Quiero informarles que el 30 de junio, el Frente Sandinista presentó en la sub-comisión jurídica que está trabajando en el problema de la propiedad, una propuesta de solución. Desde entonces hasta el día de hoy que es el 21 de agosto, los abogados liberales no han podido presentar su contra-propuesta escrita; eso pone de manifiesto lo complejo que es ir elaborando una legislación sobre la propiedad, porque hay que conocer que han estado reuniéndose y discutiendo puntos de vista.

Quiero recordarles que esta sub-comisión jurídica nació de un acuerdo sandinista y el Titular del Ejecutivo el 13 de enero, y que esta sub-comisión se formó el 28 de febrero. En otras palabras, se viene trabajando desde hace más de seis meses y todavía no se ha terminado el trabajo, con todo y que se trata de un equipo pequeño, y creo que yo que es gente animada de la mejor intención de resolver este problema. Así es que no nos pongamos una soga al cuello, no nos pongamos un plazo fatal de tres meses, mucho menos manteniendo los juicios en marcha porque si no, se van a emitir una serie de sentencias en estos meses y cuando concluyan los tres meses que piden los liberales, lo que va a venir es una andanada de ejecuciones se sentencias.

Reflexionen bien lo que van a hacer, en lo que van a votar ahorita, como ya dijo el jefe de nuestra bancada. Si afortunadamente en un período anterior al año se logra una solución definitiva al problema de la propiedad, cuando esta Asamblea apruebe instrumento jurídico, ahí nos comprometemos los sandinistas a votar porque quede derogada la Ley de Suspensión de un año, que ahorita les pedimos se apruebe, para verdadera tranquilidad del país, para verdadera tranquilidad de la gente que está siendo afectada con los problemas de la propiedad. Recuerden que la moción liberal no incluye a los desmovilizados del Ejército ni de la Resistencia, ni a los trabajadores; no incluye a los asentamientos; la moción de la bancada patriótica no incluye las empresas de los trabajadores.

No dejemos un vacío si realmente queremos que el problema de la propiedad no sea un factor de desestabilización en el país.

Yo quiero poner en evidencia ante esta magna Asamblea, que tanto la propuesta liberal contenida en el dictamen como la propuesta de la bancada patriótica constituyen un burdo engaño para el pueblo nicaragüense; y la esencia está en la diferencia que existe entre sus mociones y la Ley 256, que establece la Suspensión de los Juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión de Inmuebles, Comodato Precario y Nulidad, en los casos en que el Estado ha transmitido el dominio o cedido la posesión de un inmueble a un particular, para ser aprovechado por los beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88.

Y solo quiero poner un ejemplo. Ayer salió en Bolsa de Noticias, que Alejandro Sevilla Somoza, hijo de Lilliam Somoza Debayle y Guillermo Sevilla Sacasa, confirmó que todos sus casos de reclamo los tiene ante los Tribunales de Justicia. Imagínense ustedes a la pobre gente miserable, descamisada de este país, a los beneficiarios de las Leyes 85 y 86 luchando en un Tribunal contra los Sevilla Somoza o contra millonarios, o contra el Presidente del COSEP, como está ocurriendo recientemente. Con qué dinero la gente que apenas les alcanza para sobrevivir y a veces ni siquiera para almorzar y desayunar van a ir a pagar un abogado o ya no digamos, sobornar a los jueces como ahora es la costumbre.

De manera que es una mentira decir que se está por los pobres, que se está con los descamisados, con las propuestas de ambas bancadas, la liberal y la patriótica, cuando ninguna de las dos propuestas suspende los juicios. Lo que hacen es posponer, una a tres meses y otra a cinco meses, los desalojos masivos que ahora se harían sobre la base de sentencias firmes que se van a trabajar en los tres meses que vienen, o en los seis o cinco meses que propone la bancada patriótica.

Yo quiero reiterar y recomendar, que si realmente la bancada patriótica y la bancada liberal están por la estabilidad, están por el beneficio a las mayorías beneficiadas por las leyes de la propiedad, a los trabajadores que accedieron a las propiedades por medio de la privatización de las empresas, que respaldemos la moción sandinista, que lo que hace es poner de nuevo en vigencia simplemente los contenidos de la Ley 256. Yo solo quiero para concluir, señalar que en esa ley se establece en su artículo 3, que los jueces y Tribunales que tramiten juicios en contravención a la presente ley, cometerán delito de desacato. En cambio en ninguna de las propuestas, ni en la de los liberales ni en la de los patrióticos se mencionan medidas para obligar a los jueces a que actúen en consonancia.

Tenemos casos por ejemplo como el de la concha, en Juigalpa, en donde con títulos de propiedad inscritos en derechos reales -y el Doctor Guerra me vuelve a ver porque sabe bien a que me estoy refiriendo-, expulsaron a los campesinos de las tierras. Aquí mismo anda un pobre habitante de uno de los barrios de Managua, que dice que el día de anoche lo desalojaron, y con todos sus trastes y sus camas ha estado bajo la lluvia, por un desalojo ni siquiera basado en sentencia firme. Entonces llamo a la reflexión: la Ley 256 es producto de los tranques, es producto de las barricadas. ¿Quiere decir entonces que en este país, este Poder solo va a entender por medio de la fuerza, por medio de la violencia?

Yo creo que no es necesario. Yo creo que tenemos muy bien claro y que tenemos cinco dedos de frente para entender que lo que hay que buscar es una solución definitiva al problema de la propiedad; esperar que avancen las conversaciones alrededor de la solución definitiva, es dar espacio, verdaderamente dar espacio al Diálogo Nacional y al entendimiento, reafirmando íntegramente el contenido de la Ley 256, que es en esencia lo que contiene la moción del Frente Sandinista.

Cuando se habla del derecho y se habla de la ley, se habla del derecho a la vida, del derecho a la propiedad, del derecho a la estabilidad; por ello se habla del marco donde se desenvuelve la sociedad que llamamos Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir, reglas determinadas dentro de las cuales los hombres van a desenvolverse para que tutele el tuyo y el mío y haya paz social. La paz social no se obtiene solo de una parte, no se obtiene solo en una forma parcial; paz social significa que los intereses de todos, de todos los elementos concurrentes en la vida de un país organizado, sean perfectamente satisfechos, perfectamente oídos y perfectamente tutelados y sobre todo protegidos.

La realidad es que estamos hablando en este momento sobre la cuestión relativa al artículo 1 de la ley que fue patrocinada por la Alianza Liberal, que quiere en todo momento recoger la verdadera realidad de lo que significa la justicia social. No es lícito romper todo el orden jurídico de un país, suspendiendo todos los juicios indiscriminadamente. No es posible, como dice en la Exposición de Motivos de esta misma ley, que se suspendan los juicios de inmisión en la posesión, que nada tienen que ver con las Leyes 85, 86 y otras que le son conexas, para perjudicar todo el andamiaje jurídico de Nicaragua.

No es posible que nosotros detengamos toda la vida jurídica nacional, porque por una parte decimos: los jueces que estén en mora de dictar sentencia serán castigados; ya nosotros vimos la Ley Orgánica del Poder Judicial en ese sentido, y ahora con la otra mano, con la mano izquierda queremos deshacer aquello que habíamos dictado en beneficio de una justicia que sea igualitaria, general y establece, y decimos que deben suspenderse totalmente esos procedimientos. Lo honorable es que entendamos que son ciudadanos nicaragüenses los confiscados y los que tienen las propiedades de los confiscados; son ciudadanos nicaragüenses aquellos que rompiendo el orden jurídico pre establecido, lanzaron muchas veces a gente inocente a tomarse las propiedades que ya estaban tuteladas por leyes de un Estado organizado.

Son ciudadanos nicaragüenses los jueces y todos aquellos que concurrimos directa o indirectamente a entender que los derechos de todas las personas deben ser respetados, razón por la cual entendemos que los pobres tienen derecho a no ser lanzados circunstancialmente; pero también a todos aquellos que sufrieron el despojo de su propiedad, hombre démosle el derecho de que se tramite su juicio, para que una vez tramitándose este juicio, se encuentre que la frustración de esto no venga en manera alguna a alterar la paz social. La paz social no se altera solo cuando se va a atacar a aquel que tiene los bienes que le dieron después de una fallida Revolución; la paz social se altera desde el momento mismo en que se estrujo el derecho de la propiedad.

Pero bien, ahora yo llamo a una situación de que esta ahí la propiedad, y después de haber causado semejante tristeza al pueblo nicaragüense, no sería justo ni lógico que condenáramos a aquellos que no tienen nada que ver con esas leyes que se suspenden los juicios. No sería lógico condenar a un Juez y decirle: si usted tramita un juicio de esta clase va a ser condenado por desacato; cuando allá un salvadoreño mal intencionado y asesino, en un momento dado irrespeto a un Juez y causo muerte a un ciudadano nicaragüense. Creemos que la ley tiene que ser en general, obligatoria y estable, y creemos como consecuencia lógica que estamos obligados a ser Honorables.

Estamos con los pobres, queremos que todos tengan un pedazo de terreno; queremos que todos tengan una casa en donde poder conciliar el sueño; queremos que todos tengan también un pedazo de tierra modesto para poder él suplir la satisfacción de obtener lo necesario para vivir, pero lo que no queremos es que esto sea medio de chantaje. Queremos que nosotros, los más capaces, los de mayor entendimiento, no usemos esas lágrimas, y las necesidades como pretexto para entorpecer la paz social. En este período de noventa días, que bien puede ser como dice la bancada patriótica de cinco meses, cuatro meses, creemos que es un término prudencial, para que en ese momento se dicte la ley que ya se encuentra aquí en manos de la Junta Directiva, para darles títulos a los pequeños propietarios.

Ya dándoles títulos, no cabe esa comidilla de que no hay buena intención con los pobres de Nicaragua. Si, se va a dar el título, y desde ya se está dando de hecho por el Gobierno de la República y queremos que se haga derecho. Esa es una ventaja que el pobre va a sacar, que dentro de ese lapso improrrogable tiene que dársele su título, eso es indispensable. Por otra parte, nosotros tenemos que resolver el problema de la propiedad en definitiva. Esto no puede seguir en una forma interna, queremos que también se nos obligue a nosotros que estamos en mora como legisladores por no dictar una ley de la propiedad; queremos como legisladores saber que también nosotros cometeríamos el delito de desacato con el pueblo nicaragüense, si en este período improrrogable dentro del cual se van a suspender los desalojos, vengamos nosotros y no dictemos la ley definitiva de la propiedad.

Somos responsables, pero no vamos a ir caminando por la calle de la amargura creando tristezas, creando inestabilidad, creando angustias y creando necesidades. El Frente Sandinista entendemos que desea resolver el problema de la propiedad; quieren nuestros amigos cristianos resolver el problema de la propiedad; quiere también la bancada patriótica resolver el problema de la propiedad, quiere la Alianza Liberal como fundamento principal de su propia ideología, resolver el problema de los desheredados. Pues esta suspensión tiene que ser el marco obligatorio para que todos los nicaragüenses obtengamos la fórmula mágica para que se dicte una ley resolviendo en definitiva el problema de la propiedad.

Esta no es cuestión de vivos, no es cuestión que se junten unos y otros a resolver en las alturas, ya que dicen esta inconclusa la cuestión de la discusión por la propiedad. Pero aquí donde se discute la cuestión controversial de tipo dialectico e ideológico, y donde se va a resolver el problema de la propiedad en el término improrrogable en que dure la suspensión de los desalojos que actualmente nos ocupa.

Yo creo que el problema de la propiedad ha estado vigente y va a seguir vigente, siempre y cuando no se le enfrente como se debe. Han tenido el gobierno anterior y este gobierno grandes oportunidades para resolver a fondo esa problemática de la propiedad, y ninguno de los dos ha puesto el énfasis necesario para resolver ese problema, por situaciones que todos conocemos que probablemente esta demás decir aquí, pero es un apelativo que se llama miedo. El miedo nace de la incapacidad de darse cuenta que se puede gobernar un país.

Los países se gobiernan y se proyectan en beneficio de las grandes mayorías, y todos los que vivimos en este país tenemos el derecho de que la ley nos ampare y nos cubra. La ley aquí ha amparado en diferentes oportunidades a los elementos que han sido muy cercanos al gobierno de turno, o a elementos que han sido muy cercanos al gobierno de los diez años, que muchas veces han estado diciendo a los gobiernos: o haces lo que yo digo, o te voy a meter problema en la situación natural de vida de todos los nicaragüenses a nivel nacional.

Creemos que una ley de desalojo lo que viene exclusivamente es a poner un pequeño esparadrapo, que no va a solucionar nada y lo único que viene a hacer es a profundizar más el problema de la propiedad; se creía que proyectando el Diálogo Nacional, donde no está concurriendo uno de los partidos políticos que existen en la República, se iba a comenzar a solucionar el problema de la propiedad, que es lo único que no ha dejado levantar este país, ni buscar la concordia dentro de este conglomerado de nicaragüenses que vivimos en esta Nación.

Por lo tanto, creo que venimos hoy aquí a presentar dos proyectos de ley: uno presentado por la bancada sandinista y otro presentado por la bancada patriótica, y nos encontramos con que están benevolentes dando términos y dando términos para que no hayan desalojos, y que no pueda cada ciudadano tener el derecho de meter un juicio cuando un delincuente está metido en las tierras de uno. Las tierras de uno y las casas de uno fueron adquiridas con derechos propios, según la ley y la Constitución; no fueron robadas, ni usurpadas; las que trajeron el problema de la propiedad son las que han sido robadas y usurpadas, y en este caso nosotros venimos a ser cómplices y a buscar cómo ponernos de acuerdo con los elementos que están metidos para no poderlos sacar ni retirar.

Eso en español normal se llama estar siendo cómplices absolutos de todos estos gánsteres que en este momento no tienen derecho a la defensa; y esas dos mociones, o una de esas, pasa en este Congreso. Por lo menos, la del Frente Sandinista dice uno año y la otra cinco meses; van a ser doce meses y cinco meses, y cinco meses en que aquí no se va a poder ejercer el derecho que tenemos todos los ciudadanos para exigir que nos saquen a un delincuente de una casa o de una propiedad rural bien adquirida.

Esta demás estar diciendo que están defendiendo a los pobres; que si no se defienden a los pobres va a haber navidades violentas; que aquí puede venir la insurrección; que aquí puede venir el desastre, todas esas cosas. Si los gobernantes que estamos en este país en este momento no podemos controlar esas actitudes y esas protestas que dicen que van a venir a hacerse en el momento en que aquí no se pase esta ley, entonces no seamos gobernantes del país y dejemos gobernar a otros. Aquí se tiene que implantar la ley; aquí se tiene que implantar el orden; aquí se tiene que dar el derecho a cada ciudadano que se lo merece; en este Poder Legislativo tiene que darse leyes beneficiosas y no estar congraciando con delincuentes y sinvergüenzas que en este país nunca prevalezca la ley y nunca prevalezca la Constitución que está instituida.

La Constitución de la República está vigente; la Constitución de la República no podemos estarla violando cada vez que nos dé la gana o cada vez que tengamos miedo a elementos nocivos que quieren meter el huy-huy-huy en este país, y no dejar que se ponga el derecho y la ley en función. Creo que es hora de que todos los ciudadanos de este país cuestionemos a este Congreso, que no ha sido interpretar el derecho de la propiedad privada como se debe; no ha sabido avalar y defender los intereses de todos los ciudadanos de la República que estamos pidiendo paz y tranquilidad, y leyes que beneficien en igualdad de circunstancias a todos los ciudadanos de la República.

Por lo tanto, por eso y por muchas otras cosas -y no quiero ser muy largo-, quiero decirles que mi voto va de oposición a las dos mociones, a la del Frente Sandinista y a la de la bancada patriótica en conjunto con la liberal. Y eso por principio y por derecho, para que el mundo se dé cuenta -por lo menos el pequeño mundo de Nicaragua- de que aquí existe un Diputado que no está de acuerdo en seguir en contra de la Constitución y las leyes del Estado, y en contra de los derechos que tienen todos los que fueron usurpados en aquella década oprobiosa que nos dejó a todos en la calle.

Quisiera en primer lugar hacer un llamado a la serenidad, a la cordura, a la ponderación, y quisiera pedirle a Ángela Flores que está aquí, que por favor se ponga de pie. Esta señora es hermana del abogado de Chontales, Carlos Flores Mairena, que en este momento se encuentra huyendo por ser el abogado de una cooperativa que fue desalojada, una vez terminada y concluida esta ley. Y voy a pedirle que se ponga de pie a este humilde anciano llamado Prospero Justo Hermán Mendoza Huete, ahí está. Ese seno que ven allí, fue desalojado anoche de su humilde casa en Campo Bruce, con todos sus enseres a la calle. No es cierto doctor Majano que los pobres ancianos humildes no están siendo agredidos.

Esta moción no tiene nada, ni de patriótica, ni de liberal, menos aun de cristiana, porque al no suspenderse los juicios, lo que va a ocurrir aquí una vez transcurrido los tres meses, -porque fuimos incapaces de resolver el problema de la propiedad en tres meses- va a ocurrir como le ocurrió a Elisa Maturana queridos -periodistas-, que el 6 se venció y el 7 la misma Procuraduría de Justicia, que dijo iba a pedir la prórroga y que iba hacer un llamado a los jueces para que no desalojaran, la misma Procuraduría estaba desalojando a esta periodista al día siguiente.

Colegas de las bancadas: el 30 de este mes se acaba el término de suspensión que dieron los bancos a los productores; catorce mil productores que están en la COBRA pasan a ser ejecutados; ochenta seis mil productores que están en el BANADES, a partir del 30 de este mes, pasan a ser embargados; y dentro de tres meses ciento veinte mil familias. Es decir, que si aquí tomamos una decisión equivocada -por eso llamo a la ponderación-, estaremos afectando a doscientos dieciocho mil setecientas cuarenta y cinco familias, que en un país de cuatro o cinco millones de habitantes, es una inconmensurable cantidad.

Quiero hacer un llamado a que respaldemos esta ley: No estamos apañando a nadie, yo dije que la Ley 209 resuelve los casos de los injustamente confiscados; que la Ley 209 manda a castigar a los que abusaron, como también debió de castigarse a estos señores que mandaron a echar preso a Carlos Flores Mairena, que habiéndoles indemnizado el gobierno anterior la propiedad en cuatro veces más de su valor, con el nuevo gobierno ahora las están recuperando, después de habérseles pagado en cuatro veces más su valor.

Colegas no acorralemos a la población. Estamos llevando a la población a una encrucijada; estamos lanzando al país a un precipicio; estamos llevando una incertidumbre y un desasosiego increíble; estamos empujando al país en un despeñadero. Conocemos de las presiones que ustedes colegas liberales, les hicieron en los Ranchos; pero queremos pensar que hay liberales dentro de esta alianza que están dispuestos a ser legisladores y no brazo legislativo del Presidente y del Ejecutivo. Y yo creo en la armonía entre el Ejecutivo con el Legislativo, pero guardando nuestra debida independencia para que pueda ser un verdadero foro.

Por tanto, no apoyo esa moción y le digo a Eduardo Rizo, a Maximino y a los liberales, que al no suspender los trámites lo que están haciendo es prefabricando por miles a los hermanos y fabricando miles a los Carlos Flores y esa es una ayuda a la estabilidad, dad, varaos a responder con una frase muy popular: "no me ayude compadre".

Suficientemente discutido el tema, que nos ha llevado a las últimas horas del horario normal.

Señor Secretario, venga a ocupar la mesa para leer las mociones presentadas. Honorables Diputados se les solicita tomen sus asientos.

Moción: "LEY DE RESTABLECIMIENTO AL TERMINO DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DE SENTENCIAS CONTRA LOS BENEFICIARIOS DE LAS LEYES 85, 86 Y 88".

Arto. 1 Ampliar los alcances de la ley, planteadas en el artículo. 1, para que se lea de la siguiente manera: "SE RESTABLECE EL TERMINO DE SUSPENSION POR TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS Y EN TODOS SUS ALCANCES, LA LEY N° 256 DENOMINADA" LEY DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 83 del 6 de Mayo del corriente año".

Firman: María Lourdes Bolaños, Ángela Ríos Pérez, Nelson Artola Escobar y otras firmas ilegibles.

Vamos a votarla por el orden, pero antes vamos a someter a votación si se reforma o no el dictamen.

Arto. 1 Se restablece el término de suspensión de noventa días para la ejecución de sentencias definitivas en los juicios contra los beneficiarios de las leyes 85, 86 y 88.

56 votos a favor de que se reforme el dictamen, 6 en contra, 0 abstención. Se reforma el dictamen.

Vamos a leer ahora las mociones en el orden presentado para someterlas a votación.

Moción: "LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DE SENTENCIAS CONTRA LOS BENEFICIARIOS DE LAS LEYES 85, 86 Y 88" Arto. 1 "Ampliar los alcances de la ley, planteados en el artículo. 1, para que se lea de la siguiente manera: SE RESTABLECE EL TERMINO DE SUSPENSION POR TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS Y EN TODOS SUS ALCANCES, LA LEY NO. 256 DENOMINADA "LEY DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIA EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 83 del 6 de Mayo de corriente año".

Firman: Nelson Artola, Ángela Ríos, María Lourdes Bolaños y otras firmas ilegibles.

La otra moción de Ley de Suspensión del Término de Ejecución de Sentencias, que sustituye a los Artos. 1 y 2 del dictamen, dice así: "Se suspende por el término de ciento cincuenta días la ejecución de sentencias definitivas en contra de los pequeños propietarios de inmuebles de interés social, con un área de hasta cien metros cuadrados de construcción, o de lotes urbanos de hasta un mil varas cuadradas de superficie, que sean beneficiarios de las Leyes 85 y 86 de inmuebles rústicos conforme La ley No. 88 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 64 del 30 de Mayo, No. 66 del 3 de Abril, y No. 68 del 5 de Abril de 1990, respectivamente.

También quedan protegidos por la suspensión de desalojos, los poseedores de dichos bienes que sean desmovilizados y retirados del Ejército, del Ministerio de Gobernación y la Resistencia, que tienen contratos de promesa de venta o de arriendo con opción a compra; los asentamientos humanos espontáneos que hubieren consolidados al 31 de diciembre de 1996 y los sujetos de reforma agraria individuales o cooperativas legítimamente constituidas, amparados en títulos legítimos, de conformidad con la ley de la materia".

Firman: Francisco Espinoza Navas, Jesús Miranda, ingeniero Saúl Zamora, Eduardo Rizo y otras firmas ilegibles.

El resultado es el siguiente: 41 votos a favor, 5 en contra, 36 abstenciones. No pasa tampoco la segunda moción.

SESION ORDINARIA NUMERO DIEZ DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. DECIMA TERCERA LEGISLATURA

Me permito saludar a los niños del Jardín de Infante "PINOCHO" y al Licenciado Carlos Orensín, ellos nos visitan en estos momentos para conocer el procedimiento de esta Cámara. Por eso el Plenario de la Asamblea le da la más cordial bienvenida a esta juventud, que es el futuro de Nicaragua y esperamos que muchos de ellos puedan pasar por estas bancas para que nos den un hermoso legado.

Muchísimas gracias por la presencia de estos niños y de los profesores que dignamente y con gran acierto dirigen estos colegios.

Se le ruega a los Honorables Diputados que por favor asuman sus escaños; a los invitados y a todo el público presente en esta Sesión, que asuman sus lugares para que podamos darle inicio.

Señor Presidente: En vista de lo acontecido el día de ayer y que es voluntad expresa de la bancada de la Alianza Liberal buscar una solución para el ingente problema que actualmente está atravesando la propiedad de Nicaragua, y que como todos sabemos no es una solución que se lleve un día, una semana, sino que se necesita un espacio vital para poder llegar realmente a solucionar en lo sustantivo el problema de la propiedad, no solamente como paliativo; nosotros, la bancada de la Alianza Liberal hemos realizado una moción en el entendido que una vez, si es aunado esto, sea aprobada esta moción.

Si así en efecto lo es, deberá buscarse una solución dentro de este término de suspensión para los problemas de la propiedad. Y pedimos en público aquí ante el Plenario, de que su señoría y la Junta Directiva presenten al Plenario el proyecto de Ley para la Titulación de los Beneficiados conforme la Ley 86, que presentó el 3 de Abril del presente año la bancada de la Alianza Liberal, para que una vez que sea presentada, al final pase a Comisión y que realmente empecemos a buscarle soluciones reales al problema de la propiedad.

Presento la siguiente moción: "Ley de Suspensión del Término de Ejecución de Sentencias.

Artículo 1. "Se suspende por el término de ciento cincuenta días la ejecución de sentencias definitivas en contra de:

a) Los pequeños propietarios de inmuebles de interés social, con un área de hasta cien metros cuadrados de construcción y de lotes urbanos de hasta un mil varas cuadradas de superficie, que sean beneficiarios de las Leyes 85 y 86; y de inmuebles rústicos de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria y conforme la Ley No. 88 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 64 del 30 de Mayo, No. 66 del 3 de Abril, y No. 68 del 5 de Abril de 1990 respectivamente;

b) Los poseedores de dichos bienes que sean desmovilizados y retirados del Ejército, del Ministerio de Gobernación y la Resistencia, que tienen contratos de promesa de venta o de arriendo con opción a compra;

c) Los asentamientos humanos espontáneos que se hubieren consolidado al 31 de diciembre de 1996; y d) Los sujetos legítimos de reforma agraria, individuales o cooperativas debidamente legalizadas, amparados en títulos legítimos otorgados de conformidad y con la extensión que señala la Ley de la Reforma Agraria.

Los jueces y Tribunales, durante la vigencia del término referido en la disposición que antecede, no tramitarán la ejecución de sentencias en los casos a que se refiere esta ley: cuando el demandado demuestre la adquisición del dominio o la cesión del derecho de posesión por cualquier medio de prueba que señalen las leyes generales y especiales, incluyéndose los contratos de promesa de venta o de arriendo con opción a compra; la solvencia de revisión y de disposición de la constancia, acreditando que las solvencias han sido solicitadas a la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), o de las que están en proceso de apelación".

Presento esta moción en conjunto con la bancada conservadora independiente. Firman junto conmigo, el señor Enrique Sánchez, don José Cuadra, el Doctor Nicolás Bolaños, el Doctor Adolfo Calero y este servidor.

Quiero pedirles una especial atención a los Diputados aquí presentes y a los jefes de bancada, para que le encuentren sentido a esta iniciativa de ley presentada por el Doctor Eliseo Núñez y respaldada por los jefes de bancada, en la cual hace énfasis a la suspensión de ejecución de las sentencias. Han habido algunos criterios que realmente por falta de aclaración han quedado flotando, produciendo ruidos innecesarios, porque dentro del seno de algunas bancadas aquí presentes, pretenden que también se abarque la suspensión de los juicios en base a las Leyes 85, 86 y 88, y realmente vale la pena hacer algún historial muy breve sobre las leyes que se han aprobado en materia de propiedad.

En diciembre del 95, entro en vigencia la Ley 209 que tendría como objetivo lograr la estabilidad de las propiedades tanto urbanas como rurales, y en su artículo 21 estableció un período de suspensión de todos los trámites judiciales por un término de 80 días, que más tarde fue objeto de que la Comisión de Justicia conociera su restablecimiento, la cual se dio a través del Decreto 256 por un período de tres meses; y ahora habiéndose vencido a inicios del mes de agosto este período, es lo que ha provocado esta nueva iniciativa de restablecimiento de un período, tal como fue presentado en la iniciativa de ley.

El objetivo de esta propuesta es efectivamente, suspender la ejecución de la sentencias, dado que en los juicios la iniciación de la acción judicial está cubierta por las disposiciones iniciales de la Ley 209, que aún es ley, y aunque indistintamente contra ella existan recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, hay que analizar dos factores: uno, Mientras no exista una resolución de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse sobre los recursos presentados esta ley está en plena y total vigencia; y mientras acá no se aprueba una nueva ley en materia de la propiedad la 209 está en su plena vigencia.

Por lo tanto, hay que recordar que las primeras disposiciones contenidas en el artículo 1 al artículo 6, establecen una serie de mecanismos administrativos pendiente de resolver para dar estabilidad a la propiedad. Todos aquellos tenedores de solvencias de revisión o de constancia o de títulos de Reforma Agraria, o incluso de constancias que han sido sometidas a su revisión ante las instancias administrativas creadas por la Ley 209, al momento que sus anteriores propietarios traten de iniciar una acción judicial en contra de los poseedores beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88, tienen la plena potestad de presentar por ministerio de la ley estos documentos, y al amparo de estos documentos promover una excepción perentoria donde efectivamente se termina con la acción judicial.

Ahora lo que pretendemos es efectivamente tratar de evitar aquellos juicios que habían logrado avanzar en sus etapas procesales y que estaban en estado de sentencia. Y con el ánimo de proteger a los beneficiarios que son más de cien mil beneficiarios de las Leyes 85 y 86 y 88, le damos una cobertura para que no se lleve a cabo la ejecución de la sentencia, característica que no estaba contenida en la Ley 209.

Por lo tanto con esta aclaración, yo le pido a los Honorables y colegas que procedamos a darle el respaldo necesario para que este anteproyecto de ley salga adelante, le podamos regresar la tranquilidad y la estabilidad a los poseedores y tenedores de títulos y de bienes al amparo de las Leyes 85, 86 y 88, dado que la 209 y todas las reformas que se han hecho alrededor del artículo 21, tal como se decía ayer, la Ley 256 se deriva del artículo 21, y ahora esta nueva disposición es vinculante con el aspecto troncal de la 209.

Así es que yo no veo ningún plan que quede descubierto;, incluso, la Ley 209 va más allá todavía, dentro de ese espíritu de darle solución al problema de la propiedad, donde se establecen una serie de mecanismos, por efecto de que se contemplan propiedades que son mayores de cien metros cuadrados y menores de doscientos metros cuadrados; y para aquellos casos que sean propiedades mayores de doscientos metros cuadrados donde ineludiblemente tendrán que efectuar una negociación y establecer la forma de pago con el Ministerio de Finanzas a través de un plazo determinado, constituyendo a favor del Estado una hipoteca de primer grado.

Ahora, lo que nos corresponde es respaldar esta iniciativa presentada con un interés eminentemente social de proteger a los pequeños beneficiarios, a los campesinos, a los obreros, al trabajador, al tenedor de estas propiedades, hasta cien metros cuadrados darles su estabilidad en la posesión y que se le permita al Gobierno implementar los mecanismos administrativos ya establecidos en la Ley 209, para poder otorgarles sus títulos definitivos de propiedad con carácter definitorio, generándole ya una seguridad jurídica en su tenencia.

Nosotros hemos trabajado, en efecto, a raíz de los acontecimientos del día de ayer, que no permitieron que pudiéramos coincidir en una serie de ángulos con representantes de otras bancadas. Nosotros hemos formulado una propuesta nueva que introduce algunas modificaciones y algunas precisiones al planteamiento del Frente Sandinista, que nosotros consideremos en lo fundamental es un planteamiento que debe contribuir a la estabilidad y a la tranquilidad de la sociedad nicaragüense, sobre todo a los sectores más pobres.

En el nuevo planteamiento proponemos la suspensión por un término de ciento ochenta días, es decir por un término de seis meses, a diferencia del año que estábamos proponiendo en la ponencia anterior, o en la moción del día de ayer. La suspensión por seis meses, de las ejecuciones de sentencias, obviamente creemos que es clave en los procesos judiciales; o sea la suspensión de procesos judiciales, que están en curso y suspensión de los juicios que puedan iniciarse, en contra de los cubiertos, de los beneficiados por las Leyes 85, 86 y 88.

Asimismo en nuestra moción planteamos que también quedan protegidos por esta disposición –o sea que no hayan juicios y que no haya ejecución de sentencias en firme- los trabajadores beneficiados con privatización del 25 por ciento de las empresas propiedad del Estado, o de aquellas empresas que tienen participación estatal en base a los Acuerdos de Concertación. Nosotros creemos que ese sector de la sociedad nicaragüense no debe de quedar desprotegido.

Es un sector amplio, estamos hablando de aproximadamente entre dieciséis y dieciocho mil trabajadores de este país, que son socios en diferentes empresas de trabajadores, que son trabajadores; que laboran en jornadas de ocho horas; que son trabajadores directos en la producción y que producto de que hubo una Revolución, y de que hubo una transición fue posible que ellos pudieran acceder a tener propiedades y a tener títulos accionarios en estas empresas. De tal manera que nosotros planteamos que para ese sector igualmente debe valer que no hayan juicios y que no se ejecuten sentencias.

Asimismo retomamos lo que planteaba la propuesta de la bancada patriótica el día de ayer, para que los desmovilizados y retirados del Ejército, así como los licenciados del Ministerio de Gobernación y la gente de la Resistencia Nicaragüense, que tienen contrato de promesa de venta o de arriendo con opción de compra, que esta gente también quede liberada de la amenaza, queden liberados de la zozobra de estar siendo enjuiciados y que se les abran en los próximos seis meses nuevos juicios, o de que se ejecute sentencia que pudieran existir contra ellos en el marco de la caótica y precaria situación jurídica que tiene nuestro sistema judicial, donde realmente se pueden poner en duda muchas de las decisiones judiciales que en nuestro sistema jurídico están resultando.

Igualmente retomamos de la propuesta de la bancada patriótica, la inclusión para que también sean protegidos los asentamientos humanos espontáneos, que no estaban recogidos en la otra propuesta; planteamos que también sean cubiertos, que no puedan ser enjuiciados durante seis meses y que tampoco se ejecuten sentencias contra ellos. Finalmente en nuestra propuesta también incluimos a los sujetos de reforma agraria. ¿A qué sujetos de la reforma agraria? Estamos hablando de aquellos sujetos cooperativisados, es decir las cooperativas; y nosotros no hacemos distinción en cuanto a las cooperativas, entre cooperativas que tienen títulos legales o legítimos y las cooperativas que tienen otros tipos de documento de adjudicación.

Nosotros sabemos que el 70 por ciento de las cooperativas existentes en este país no tienen títulos formales, el 70 por ciento de las cooperativas en este país lo que tienen son documentos de adjudicación o documentos de diferentes tipo otorgados por el Ministerio de Reforma Agraria. De tal manera que nosotros no hacemos la distinción y planteamos que no puedan ser enjuiciados, ni sean desalojadas las cooperativas, independientemente de que tengan un título o si es un documento de adjudicación dado por la entidad y por la institución correspondiente.

Además planteamos que no solo las cooperativas, sino que también otros tipos de colectivos; hay muchas formas de colectivo que son de carácter familiar, que no asumen propiamente una forma cooperada, que no podemos llamarlos cooperados. Entonces también hay miles de colectivos de carácter familiar que quedarían fuera de esta protección, si no se les señala específicamente. Y finalmente señalamos también a los individuales, no solo a los cooperativizados y colectivos familiares, sino también a los individuales, obviamente partiendo de la lógica de que son sujeto de reforma agraria, conforme a las leyes establecidas y las leyes vigentes en nuestro país.

Este es el planteamiento que el Frente Sandinista está haciendo, pensando que esto puede hacer que aquí haya tranquilidad en este país y que esperanzadoramente los próximos seis meses pudiera haber un entendimiento sobre el tema de la propiedad en este país, porque aquí lo que se necesita es un entendimiento sobre el tema de la propiedad. Aquí no se necesita solamente una ley de la propiedad, si de ley se tratara, ya tenemos una ley que está vigente, que es la Ley 209, una ley que fue aprobada por el gobierno de la señora Chamorro, por el Parlamento, por todas las instituciones de este país, pero que este gobierno desconoce; es una ley que está vigente, que el gobierno del Doctor Alemán actualmente desconoce y no la quiere aplicar.

Entonces, aquí lo que se necesita es un entendimiento político, en primera instancia, que se traduzca obviamente en una intención jurídica que refleje la voluntad de solucionar este problema, voluntad que por cierto no vemos, porque seguimos viendo que lo que sigue aquí es la tendencia a tratar de ejecutar gente, concentrar tierra, bancos de tierra, bancos de propiedades, concentración de propiedades y afectación de los sectores populares. Esa son las tendencias reales que vemos, y por eso estamos totalmente de acuerdo con que esta ley pare desalojos y pare juicios. Ya hemos entregado en la Secretaría la moción que acabo de explicar.

No me sorprende la argumentación que hacia el Diputado Silvio Calderón. La Ley 209 a la que se refería, fue aprobada en la Asamblea Nacional anterior, inclusive con minoría sandinista en la votación de este momento. Para el gobierno liberal -al cual representa el Doctor Calderón- esta Ley 209 ha sido una ley de letra muerta, y sorprendentemente el Doctor Calderón en este momento trata de darle vida. Jamás se había pronunciado durante todos estos meses a favor de la vigencia de la Ley 209, y la casualidad que en este momento crucial para Nicaragua, trata de darle vida a algo que ellos han tenido sepultado, darle la vigencia a la misma ley.

Nosotros como bancada del FSLN, no podemos estar de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer el Diputado Eliseo Núñez, ya que la misma contiene los mismos elementos que fueron derrotados el día de ayer al no haber alcanzado mayoría de votos para pasar en este Parlamento. Es increíble que en un tema tan álgido para la Nación nicaragüense y la experiencia que nos dejó el trabajo de ayer. La Alianza Liberal se presente hoy con una propuesta ni más ni menos igual en su forma y contenido con la que fue derrotada el día de ayer. Eso muestra la falta de voluntad política, la falta de seriedad que efectivamente tiene el gobierno liberal representado en la bancada para no entrarle por ninguna vía al tema crucial de la propiedad en Nicaragua.

Esta propuesta que acaba de ser introducida por la Alianza Liberal, sin lugar a dudas deja al descubierto que además de su falta de voluntad por resolver parte del problema de la propiedad con la suspensión de desalojos, se están burlando de manera clara, categórica, contundente, de lo que ellos montaron, de lo que el gobierno liberal montó como diálogo; y que de ahí surgió la iniciativa también de que Nicaragua necesita la suspensión de los proceso judiciales y de la ejecución de sentencias a los beneficiarios de las leyes 85, 86 y 88, para que podamos tener un terreno abonado y así entrarle de lleno definitivamente a la solución del problema de la propiedad.

Con este planteamiento que están haciendo los liberales y su propuesta, no cabe la menor duda que le acaban de preparar el acta de defunción a lo que ellos han llamado el gran Diálogo Nacional. Que juzgue la opinión pública nacional e internacional; que juzguen los integrantes, organizaciones políticas y civiles, y la sociedad civil, que participan en el Diálogo Nacional, cuáles han sido las pretensiones del gobierno liberal con este foro que han instalado. Queda al descubierto que no buscaban más que venta de imagen a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando hay que hacer cuestiones concretas, cuando hay que entrar a acuerdos para enfrentar los principales problemas de la Nación, mantienen una posición retirada, distanciada totalmente de ese acercamiento que necesita el pueblo de Nicaragua para resolver sus principales problemas.

Queremos dejar constancia que si de aquí no sale ninguna ley sobre esta materia, es responsabilidad única y exclusivamente de la bancada liberal que ha asumido una posición intransigente. Es más se ha tratado de hacer negociaciones, se ha tratado de hacer consenso sobre puntos comunes sobre este tema, y nos hemos encontrado que las posiciones han sido inflexibles por parte de la bancada liberal. La desesperación, el caos va a reinar nuevamente en Nicaragua para los centenares de miles de beneficiarios de la reforma social, porque todo hace ver que la Alianza Liberal está interesada en que de aquí no salga ninguna ley al respecto.

Estamos seguros que también se abonará con esas actitudes el camino y el aumento de los suicidios, que ya es un tema preocupante en Nicaragua. A la gente en la desesperación, a la gente con sus enseres en la calle, a los campesinos en los callejones, no les va a quedar otra alternativa que seguir abonando desgraciadamente el terreno en aumento de los suicidios que es la mayor desgracia sobre la cual pesa en estos momentos en los hombros de la sociedad nicaragüense y de los más desposeídos que son los sectores populares.

Señor Presidente, yo quería darle lectura a las mociones específicas que nuestra bancada ha presentado y que fueron argumentadas profundamente por nuestro jefe de bancada Víctor Hugo Tinoco; nosotros reformamos el artículo 1 que dice así: "Se suspenden por el término de ciento ochenta días los procesos judiciales y la ejecución de sentencias definitivas en contra de los beneficiarios de bienes inmuebles conforme a las Leyes 85, 86 y 88, publicadas en La Gaceta, Diario Oficial No. 64 del 30 de Marzo, No. 66 del 3 de Abril y No. 68 del 5 de Abril de 1990, respectivamente. Quedan protegidos por los presentes disposiciones, los poseedores de dichos bienes que sean trabajadores beneficiados con la privatización del 25 por ciento de las empresas propiedad del Estado o con participación estatal realizada en base a los acuerdos de la Concertación Económica y Social.

También quedan protegidos los desmovilizados y retirados del Ejército, Ministerio de Gobernación y de la Resistencia Nicaragüense, que tengan contratos de promesa de venta o de arriendo con opción a compra; las solvencias de revisión y disposición, o la constancia acreditando que dichas solvencias han sido solicitadas a la oficina de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Finanzas, o las que están en proceso de apelación; los asentamientos humanos espontáneos que se hubieren formado y consolidado al 31 de Diciembre de 1996; y los sujetos de reforma agraria de conformidad con la ley de la materia, tanto cooperativizados, colectivos familiares e individuales".

La reforma que le hacemos al artículo 2, es la siguiente: Moción artículo 2. "Los jueces y Tribunales durante la vigencia del término referido en el artículo anterior, no tramitarán demandas, ni continuarán los juicios, incidentes, incidencias y tercerías de dominio ya iniciados, aun la ejecución de sentencia, siempre que el demandado demuestre la adquisición del derecho o la cesión del derecho de posesión, por cualquier medio de prueba que señalan las leyes generales y especiales". Y retomamos íntegramente el artículo 256 de la Ley Anti-desalojos el cual dice así:

"Articulo 3. Los jueces y Tribunales que tramiten juicios en contravención a lo dispuesto en la presente ley, cometerán el delito de desacato y serán inhabilitados en el ejercicio de su cargo por el término de dos años". Esas son las tres mociones específicas que nuestra bancada ha hecho llegar a Secretaría.

Queridos, estimados, y entrañables pobladores de los barrios de las Américas I, Américas II y Américas III; queridos pobladores de Don Bosco, de Villa Libertad; estimados núcleos familiares de la Colonia Independencia, Los Arcos, Linda Vista; queridas madres solteras del Reparto San Mateo de León, de San Felipe, San Sebastián, Guadalupe, Villa 23 de Julio; queridos y estimados hermanos de la Resistencia que en número de veintidós mil se desmovilizaron por la paz en 1990, y que se les entregó tierras pero no se les ha dado títulos legalmente constituidos en escritura pública; Queridos campesinos de las cooperativas repartidas en cuatro millones de manzanas, donde apenas solamente si acaso un millón, tienen títulos y están constituidas legalmente como cooperativas.

Entrañables hermanos de CARTONICA de León, de SOLKA, de MAYCO; entrañables hermanos de la Parrales Vallejos; queridos hermanos de la Comunidad Indígena se Sutiava, del Barrio Guanuca de Matagalpa; hombres, mujeres y niños de todo el país, que están alojados en las casas favorecidas por el gobierno del ex-Presidente Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional; y por supuesto estimables Diputados colegas que me están escuchando: Quiero explicarles por qué el Frente Sandinista de Liberación Nacional se opone a la propuesta del Doctor Eliseo Núñez.

Nos oponemos estimados habitantes de Villa Venezuela, Don Bosco y San Antonio, porque la casas de ustedes tienen más de diez metros por diez metros, que son los cien metros que plantea Eliseo; nos oponemos, queridos hermanos del Barrio San Antonio, porque ustedes tienen casas que le han puesto ya un corredor y en quince años le han puesto una terracita y ya tienen más de diez metros cuadrados. Nos oponemos, queridos hermanos de las cooperativas, porque a ustedes no se les ha entregado el título, porque el sandinismo no tuvo todo el tiempo para entregar los títulos y perdimos las elecciones.

Nos oponemos porque el Banco Mundial puso cinco millones de dólares cuando el gobierno de Doña Violeta y pidió para titular y medir y entregar las escrituras de Reforma Agraria a las cooperativas de los individuales; y el Banco Mundial dijo que reconcentrando a todo nuestro pueblo sobre Centroamérica y con cinco millones de dólares en la mano, recorrían por lo menos cuatro años para poder titular todas esas propiedades, Pregúntenselo al Banco Mundial. Menos aun de ciento cincuenta días. Nos oponemos, porque ayer Doña Hortensia Aldana dijo que nada más en cuatro años pudieron titular seis mil propiedades de las ciento veinte mil.

¿Quién puede creer queridos pobladores de Rivas, de Boaco, de Matagalpa, que en ciento cincuenta días, de aquí a la próxima Navidad van a titular esas tierras? Nos oponemos porque no es cierto que esté vigente la Ley 209. Colegas, querido Presidente: usted y yo que somos abogados y notarios sabemos que si está vigente la Ley 209, ¿por qué? estamos discutiendo esta ley. Si justamente porque no se aplica la Ley 209, es que los sandinistas nos apresuramos a decirle aprobemos esta ley por seis meses y no escucharon nuestro clamor.

Porque no se aplicó la Ley 209, ni se nos hizo caso, fue que se dieron los tranques. Y como dijo Eliseo, hubiese pasado el trago amargo. Eliseo lo que no quería en aquel tiempo, ahora de repente Eliseo aparece de paladín, paladín Eliseo, luchando a toda costa por lo que antes se opuso contra viento y marea. No hay que tener más de cuatro dedos de frente para preguntarse, por qué esa prisa ahora.

Entonces está claro que lo que se esconde, queridos indígenas de Sutiaba, del Atlántico; queridos hermanos de Granada y de Masaya; queridos hermanos de la Fosforera, de PROCON: lo que se esconde no es más que un truco que pueden metérselo a otro, pero a los sandinistas ya no nos van a dar atol con el dedo, ni tampoco le van a dar atol con el dedo a los pobladores del Reparto Linda Vista, ni al Benjamín Zeledón de León, que es suspender por ciento cincuenta días y prolongar la agonía; y después de ciento cincuenta días, como una gigantesca guillotina caerles al día siguiente que se acaben los ciento cincuenta días, como le cayeron a la periodista Elisa Maturana.

Y un querido amigo abogado y notario, al igual que don Silvio Calderón me decía: "Omar, pero es que este es un problema del Poder Judicial"; y yo le decía: "No Silvio, quien mando a echar a la periodista Maturana el día siguiente que se venció el término, fue el Procurador del Municipio de este país. El mismo, -óigase bien-, el mismo que había dicho el día anterior que se vencía el término, que pedía a los jueces que no hicieran desalojos, quería proponer una ley para que se prorrogara el término de desalojo; este mismo Procurador al día siguiente estaba mandando la notificación a la señora Maturana, que es hija de un periodista y también se mantiene aquí en los alrededores de la Asamblea Nacional".

Entonces creemos que hay que darle una solución de fondo al problema de la propiedad, pero no podemos meterles una puñalada trapera a las mujeres, hombres, pobladores de toda Nicaragua. Ciento veinte mil títulos urbanos, no serían ciento veinte mil, serían ciento catorce mil porque ya se titularon los seis mil. Ciento catorce mil urbanos, mas no sé cuántos miles de miles, de miles de títulos rurales, no se pueden dar en ciento cincuenta días. Pero además si solo se va a hacer la prórroga para -como dicen todos- los que tienen debidamente inscritos sus títulos, adiós cooperativas de la Resistencia, adiós cooperativas de todos los signos.

¿Por qué? Porque de todas las cooperativas que hay en Nicaragua, un poquitito nada más son las que tiene títulos; el resto tiene papelitos, como les decíamos nosotros. Pero la gente se sentía más segura con su papelito de constancia de asignación, porque más importante que el papelito era la voluntad política que había en ese gobierno, de darle posesión y dominio a la propiedad que se había distribuido. Pero ahora nos encontramos que hay gente que incluso tiene títulos y que se siente tan insegura como el que no lo tiene. Pero al poner en una ley, como ha propuesto la bancada liberal, que nada más sean los que tengan las escrituras debidamente constituidas, estamos hablando de que se puede desalojar al 75 por ciento de los campesinos que tienen tierras en este momento.

Ojo, veinte mil desmovilizados de la Resistencia; ojo, centenares de miles de campesinos que les dimos las tierras y que no votaron por nosotros y que votaron también por los otros; ojo, a todo el que tenga un tuco de tierra dado por el gobierno sandinista o dado por el gobierno de Doña Violeta; porque si no tienen sus títulos debidamente inscritos y registrados en el Libro de Derechos Reales, ese proyecto de ley liberal les pasa la cuenta, porque los pueden ir a desalojar. Esto es lo que tiene que pagar el pueblo de Nicaragua, y los sandinistas no nos podemos prestar a eso.

Yo quiero insistir -y discúlpenme el apasionamiento, discúlpenme la vehemencia, pero creo que esto es delicado- en que debemos llenarnos todos de sentido de estadistas, de cordura, de sensatez, que la propuesta nuestra nos da una Navidad con estabilidad. Y a Silvio le digo ya por último, que si la bancada liberal tiene algunos puntos en común con la propuesta nuestra y la patriótica, a lo mejor hasta podríamos hacer un plus esfuerzo en nombre de la Patria, en buscar un consenso Presidente, y hacer un último intento, a lo mejor pensando como estadistas y no de manera política.

De todas maneras, a todos los pobladores de los repartos, si sus casas tienen más de diez metros, que es donde viven los obreros, de diez metros cuadrados, de cien metros cuadrados que significa, diez por diez, o sea dos cuartitos, a todos esos les decimos que si este término se vence, estaremos con ellos, al lado de ellos en las próximas navidades. ¡Salud a los pobladores y sabiduría a los legisladores!

Estamos frente a un tema que requiere asumirlo con la seriedad y la objetividad del caso. En esta misma Sala, nosotros el 24 de Abril de este año aprobamos la Ley 256, ley que se constituye para el Diputado Núñez en un trago amargo, y no sabemos cuáles han sido los efectos de ese trago amargo. Esta Ley 256 se constituyó para los pobladores de Nicaragua en un compás, en un paréntesis por lo menos de tranquilidad, y aunque no tuvieran el pan de cada día en sus mesas, podían tener seguridad que nadie los iba a desalojar. A tres meses de aprobarse esa ley, observo que mis colegas Diputados liberales se están rasgando las vestiduras y se están golpeando el pecho de arrepentimiento.

La propuesta de ellos, es una propuesta que conlleva un arrepentimiento porque se equivocaron al haber aprobado esa ley; porque no hicieron lo correcto al haber aprobado esa ley; porque no le dijeron la verdad al pueblo en esa ley; y que por lo tanto como no es una ley que llena las aspiraciones, los deseos del Ejecutivo, de la inmensa mayoría de Diputados liberales, hay que cambiar esa ley. Ya no se habla de una prórroga de la ley, sino de una derogación de esa ley y de introducir textos nuevos, antagónicos a la misma.

Señores, ¿por qué ese arrepentimiento? ¿Qué intereses o que espíritus penetraron a ustedes para no haber tenido la hidalguía, la objetividad, el patriotismo que en vez de haber elaborado otro texto, haber dicho en nombre de la Patria, vamos a prorrogar el mismo texto de esa ley que nosotros mismos aprobamos? Porque esta ley no nos vino de otro Parlamento ni la envió la famosa nave "Pathfiuder" de Marte hacia nosotros; aquí la aprobamos, creo que nadie estaba drogado ese día cuando se aprobó esta ley y creímos que era lo correcto.

Las circunstancias siguen siendo las mismas, el problema sigue siendo el mismo, lo que indica que lo más prudente que los padres de la Patria hubieran hecho con los hijos de la Patria que demandan en la calle, es haber reconocido que fuimos incapaces de elaborar una ley que en estos tres meses le pusiera fin al problema de la propiedad; pero que vamos a prorrogar el texto de la misma y donde nosotros nos podamos comprometer con el pueblo, con las futuras generaciones para que por lo menos este Parlamento sea recordado por algo.

No se olviden colegas Diputados que nosotros vamos a despedir el siglo XX y vamos a darle la bienvenida al siglo XXI, y nos gustaría que las futuras generaciones nos recuerden como el Parlamento que le puso punto final al problema de la propiedad. Aunque no hagamos otra cosa, que nuestros hijos y nuestros nietos digan que en este país hubo una Asamblea, que hubo Diputados que fuimos capaces de concertar por el bien de la Patria y ponerle punto final al problema de la propiedad, porque de lo contrario como decía un colega nuestro, este Parlamento va a prostituirse.

Durante el gobierno anterior que presidio Doña Violeta, la Ley de Desalojos estuvo suspensa durante dos años. En el gobierno que preside el Doctor Arnoldo Alemán, en estos siete meses de gobierno ya estuvieron suspenses los desalojos por tres meses, y no se ha visto que haya habido voluntad política para solucionar definitivamente el problema de la propiedad, que es el que agobia a Nicaragua, que dicen que entorpece la producción del país. Estas prorrogas, como pudiéramos llamarles, estas leyes de suspensión de los desalojos, del comodato precario, de lanzamientos, de nulidades, como le queramos poner, son parches de un pantalón viejo que ya no sirve.

Nosotros tenemos que elaborar una ley de la propiedad, una ley de titulación que beneficie a los pequeños, que venga a solucionar un problema social y un problema sociopolítico, un problema económico como es el problema de la propiedad. Realmente tenemos que poner todos voluntad para hacer una ley que de una vez acabe con este problema;, yo espero que los Diputados estén conscientes de que tenemos que aprovechar estos cinco meses en que van estar suspenses los desalojos para elaborar esta ley.

Me quiero referir a esto, porque no ha habido mala voluntad de parte de los liberales en solucionar el problema de la propiedad;, y también me quiero referir a un fenómeno que viene ocurriendo durante este tiempo, que es que cuando llueve salen las cosas y el Frente Sandinista nos trae las turbas para amenazarnos. Yo creo que eso ya no da bola, aquí no se amedrenta a nadie. Pero es molesto estar viendo las turbas afuera amenazando con morteros y con esas cosas;, tal vez dio resultado en los años anteriores, pero creo que la táctica tiene que ser otra, una táctica más inteligente, mas política; ya la violencia en estos tiempos no viene a dar buenos resultados.

Yo insto a la bancada sandinista para que piense con más soltura, con más política y que no esté trayendo las turbas cada vez que la votación no sale como a ellos les parece; el tiempo cambia y las tácticas obligadamente tienen que ser otras. Debemos poner buena voluntad para terminar con la violencia y para ponerle punto final al problema de la propiedad.

Me da la impresión de que algunos colegas Diputados como Pedro Joaquín Ríos, no han leído la Ley 209 publicada en La Gaceta del viernes 1 de Diciembre de 1995. Si uno lee con detenimiento esa ley, va a ver con claridad meridiana que quien entorpece y quien ha entorpecido los procesos de solución del problema de la propiedad han sido sucesivamente el gobierno de Doña Violeta y ahora el gobierno de Alemán; porque aquí queda muy claro que no hay necesidad de esa famosa Ley de Titulación Rápida, cuando dice en el artículo 7 que "los Jueces de Distrito, con el solo pedimento del Procurador de Justicia y sin más trámites, enviaran oficio y orden al Registrador Público de la Propiedad para que realice la inscripción registral a favor del Estado de los inmuebles asignados por mandate de las Leyes 85 y 86".

Después dice, que los Jueces de Distrito entregaran sin mayor trámite las escrituras, los títulos, etc., etc., a los beneficiarios de las Leyes 85 y 86. Pero, ¿qué ocurre cuando más bien el Procurador de Justicia le manda una orden expresa al Registrador, en el sentido de que no inscriba nada que tenga que ver con las Leyes 85, 86 y 88? No nos llamemos a engaños las vías para la solución del problema de la propiedad están claras y lo que ocurre es que no hay voluntad política para hacerlo.

Y eso ha quedado muy claro con la terrible moción que presentó Eliseo Núñez, que además retrocede de lo avanzado con la Ley 209. Es una aberración jurídica venir a reformar por medio de una ley de suspensión del término de ejecución de sentencias la Ley 209, en donde reduce la cobertura de la Ley 209 únicamente a los pequeños propietarios de inmuebles de interés social y a los beneficiarios de lotes de menos de mil metros.

Yo no encuentro una explicación lógica del porqué la bancada liberal que aparece de nuevo rescatada como históricamente ha sido por los conservadores -y me llama poderosamente la atención de que al igual que en 1927 con el "Pacto del Espino Negro"; que en 1954 con el "Pacto de los Generales"; después del 22 de Enero el pacto con Agüero Rocha- ahora vengan los conservadores a firmar conjuntamente con lo más recalcitrante y reaccionario de la bancada liberal, una moción verdaderamente aberrante, porque no solo no resuelve el problema de los desalojos o el problema de los juicios, sino que retrocede de los avances obtenidos en materia de propiedad en la ley 209.

Y quiero resumir, para efectos de claridad de la opinión pública, que hay cuatro diferencias entre la moción libero-conservadora y la moción sandinista, y hay tres diferencias con la moción de la denominada bancada patriótica. Las cuatro diferencias son: que la bancada libero-conservadora no suspende los trámites y los juicios, y volvemos a la posición del día de ayer, dentro de ciento cincuenta días habrán ya miles de sentencias firmes para lanzar a la gente a las calles. Dos, discrimina a los poseedores de vivienda mayores de cien metros cuadrados, que no son precisamente los grandotes. Seamos claros aquí. Los que se dicen que son grandotes o que son ricos, esos no están emproblemados ni pierden el sueño; esos ya tienen hasta escrituras fuera de la Ley 85. Y es cierto que el gran problema es la gran masa de propietarios, muchos de ellos de repartos medianos, de más de cien metros, de ciento veinte, de ciento treinta metros cuadrados, que son los que van a quedar desprotegidos con la propuesta libero-conservadora. La otra gran diferencia es que no protege a los trabajadores beneficiarios con empresas y sobre las que ellos tienen contratos con opción a compra, porque nadie se las ha regalado.

Y cuarta diferencia, discrimina a las cooperativas que todavía no tienen completes sus trámites; las pre-cooperativas, los colectivos de trabajadores que no tienen totalmente sus papeles en orden. Y la única diferencia de la moción libero-conservadora con la actual moción de la denominada bancada patriótica, es que la bancada patriótica si está incluyendo la suspensión no solamente de las sentencias firmes, sino de los juicios. Pero de las otras tres nos diferenciamos radicalmente, por lo cual creo que no podemos de ninguna manera los sandinistas prestarnos a estos juegos de hacer creer que hay una ley de protección a los pobladores, cuando realmente los contenidos de la misma distan mucho de ese interés.

Yo le llamaría la atención Pedro Joaquín Ríos, porque los liberales dicen: "Ay la Mónica, como ofendió a nuestro Presidente... lo trato despreciativamente. Y él, a cualquier grupo de gente que se digna, de acuerdo a la Constitución y las leyes a protestar como es su derecho, lo viene a llamar turba, igual que Somoza llamaba a Sandino bandolero. Yo creo que es más importante respetar al pueblo, a las masas organizadas, a los pobres de este país llamarlos respetuosamente con sus nombres, población preocupada movilizada, y no preocuparse por estar defendiendo a un señor.

Me ha llamado sumamente la atención, cuando en una de las intervenciones se acusaba al Gobierno de no querer resolver el problema de la propiedad. Yo creo que el problema de la propiedad en este tema, no menciona específicamente al Gobierno, que sea de interés del Gobierno; es un tema de interés nacional, y aquí es donde nosotros verdaderamente vamos a demostrar a quien nos eligió, porque ellos mismos van a sopesar -y bien lo decía la honorable Diputada Mónica Baltodano- la voluntad política que tenemos las diferentes bancadas para resolver el problema de la propiedad en Nicaragua.

Porque resolver el problema de la propiedad en Nicaragua es resolver el problema de la producción; es resolver el problema del financiamiento; es resolver a aquellos que el día de ayer les llamaron descamisados; es resolver el problema del pueblo nicaragüense; y yo creo que éste es el momento propicio para que nosotros los políticos revisemos nuestro entorno y ver cómo en los países hermanos de América Latina existe ánimo para iniciar sus despegues económicos. No podemos condenar a Nicaragua y convertirla en una isla para este desarrollo.

Recordemos que hemos perdido importancia geopolítica y que es momento de demostrar nuestras capacidades para sacar adelante este país, pues ya no vamos a contar con aquellas ayudas millonarias vía cooperación externa; nosotros tenemos que convertirnos en un país altamente productivo. Y es que en este momento también se hablaba de que no podemos escudarnos detrás de estructuras políticas, y también es momento de reflexionar que no es momento de escudarnos detrás de las necesidades sociales; porque en los discursos hemos escuchado como siempre estamos lanzando a la gente.

Se decía que no tuvieron tiempo de resolver y legalizar el problema de la propiedad a miles y miles de nicaragüenses; es que no existió voluntad, porque se creía que el Estado en ese momento era el dueño de todo, y sabíamos quiénes eran el Estado. Eso es importante que los pobladores de los barrios y campesinos de las cooperativas se den cuenta también. Es sumamente importante que no podemos en este momento, a estas alturas, escudarnos detrás de la necesidad social que está enfrentando nuestra población.

Es necesario que el tema de la propiedad lo discutamos con la altura que necesitamos. No es que se está hablando aquí de una prórroga para resolver el problema, si estamos conscientes como bancada de la Alianza Liberal, que no existe ambiente; pero no porque no haya disposición del Gobierno o de esta misma bancada, sino porque precisamente la oposición no da la oportunidad de que exista ese ambiente político para resolver los grandes problemas de la Nación. Yo insto una vez más para que nosotros podamos consensuar y resolver de una vez por todas el problema de la propiedad, que aqueja a miles y miles de nicaragüenses y que demostremos altura política.

Que de una vez por todas y en esta semana podamos decirle a Nicaragua que sí le hemos cumplido y que verdaderamente estamos representando los intereses del pueblo y no los intereses personales o los intereses de un partido.

Es importante que vayamos avanzando porque ya se va a declarar suficientemente discutido este debate.

Hoy queremos nosotros, como bancada patriótica, hacer efectiva la protección a aquellos pequeños beneficiarios de las leyes 85, 86, 88 y también a los miembros de la Resistencia Nicaragüense, retirados del Ejército y Ministerio de Gobernación que tienen algún documento. Nosotros estamos anteponiendo aquí los intereses partidarios por los intereses de la Patria. Precisamente es nuestra responsabilidad contribuir a la estabilidad y la gobernabilidad de Nicaragua, por eso quiero invitar a los colegas Diputados, no importa su tendencia política, porque aquí primero debe prevalecer la Patria, Nicaragua. Le voy a dar lectura a la moción que hoy está presentando la bancada patriótica, y dice lo siguiente:

"Moción que sustituye el artículo 1 y 2 del Dictamen, Ley de Restablecimiento del Término de Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencias en los Juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión de Inmueble, Comodato Precario y Nulidad. "Se suspenden por el Término de ciento cincuenta días los juicios, la ejecución de sentencias definitivas promovidas en contra de los pequeños propietarios de inmuebles de interés social, con un área hasta de cien metros cuadrados de construcción y lotes urbanos de hasta mil varas cuadradas de superficie, que sean beneficiarios de las Leyes 85, 86; de inmuebles rústicos conforme la Ley 88 y la Ley de Reforma Agraria vigente" (y quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando yo estoy hablando de la Ley de Reforma Agraria vigente, estoy hablando de la ley o el Decreto 782 de 1981 y su reforma el 13 de 1986, que dice quién es el sujeto de reforma agraria). Y continuando con la moción: "publicadas en La Gaceta No. 64 del 30 de Mayo, No. 66 del 3 de Abril y No. 68 del 5 de Abril de 1990, respectivamente.

También quedan protegidos por esta disposición, los poseedores de dichos bienes que sean desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, retirados del Ejército y del Ministerio de Gobernación, que tienen contratos de promesa de venta o de arriendo con opción a compra; los asentamientos humanos espontáneos que se hubieren consolidado al 31 de Diciembre de 1996; y los sujetos de Reforma Agraria individuales o cooperativas legítimamente constituidas, amparados en el título de conformidad con la ley de la materia".

Quiero reafirmar que esta es una moción que a muchos les ha gustado, y les ha pasado como cuando estamos en la escuela y somos malos estudiantes, que para poder pasar un examen nos copiamos; por eso es que han habido aquí mociones que tienen similitud con la moción que está proponiendo la bancada patriótica.

Indudablemente esta iniciativa de la bancada patriótica, la cual estoy apoyando en este momento, los elementos necesarios para lograr la estabilidad que necesita el país, y particularmente contiene el elemento de justicia necesario para lograr la armonía y la paz social en nuestro país. Porque estamos hablando de garantizar a una serie de personas que van a mantenerse en suspenso no solo en las ejecuciones sino en los juicios también en contra de ellos, y eso les va a dar una paz y un compás de espera necesario para que el Diálogo Nacional que a muchos no les gusta, pueda prosperar y dar los resultados que todos estamos esperando en nuestro país, incluso en materia de propiedad.

Sin embargo señor Presidente, adolece la actual iniciativa de un problema que preocupa a toda la clase obrera nicaragüense, y es que no se habla de las ejecuciones ni de la solución del problema de la propiedad de la clase obrera, de los trabajadores. Por eso pido a usted la conformación de una Comisión o la designación de una o varias Comisiones, para ver a fondo el problema de la propiedad de los trabajadores, que están siendo sacados, están siendo enjuiciados de sus propiedades que legítimamente adquirieron al tenor o en base a los Acuerdos de Concertación Económica y Social.

Unos cuatro "vivianes" -sin ser trabajadores- se están quedando con la empresa o con el 25 por ciento que le corresponderla a los trabajadores, y esos "vivianes" pueden ser dirigentes o no dirigentes o empresarios que aprovechándose de la ignorancia o la necesidad de los trabajadores, se han dado a la tarea de andar comprando el derecho a la propiedad que ellos tenían. Entonces, a la vez que apoyo la moción presentada por mi colega Maximino Rodríguez, pido a usted señor Presidente la conformación de una Comisión para ver a fondo, para investigar y resolver en definitiva el problema del 25 por ciento de la propiedad de los trabajadores en las diferentes empresas de este país.

La bancada de la Alianza Liberal, en estos días que hemos venido discutiendo la ley de suspensión del término de sentencia a los proyectos de ley, en lo que ha hecho énfasis es en tratar de buscar una solución negociada al problema que esta tan encima de todos los nicaragüenses, que de una u otra forma están envueltos en este problema de la propiedad, Y queriendo desde un comienzo dar ese espacio y esa seguridad jurídica en espera de una resolución total y absoluta, hemos presentado una moción con ese espíritu, con el único espíritu de ser nicaragüense y ser patriota, con el único espíritu de buscar la conciliación, con el único espíritu de buscar el equilibrio y dar todos los elementos necesarios para una gobernabilidad adecuada y que no siga creándose una inestabilidad en Nicaragua.

Oyendo a la presentación oficial que hizo de una moción la bancada patriótica la cual recoge prácticamente todos los elementos que están contenidos en la moción que fue presentada por mí con anterioridad, con la única variante de suspender también la tramitación de juicio, manteniendo el término de ciento cincuenta días, manteniendo el interés social, manteniendo las mil varas en casos de la Ley 86, manteniendo los cien metros cuadrados y manteniendo la legitimidad de los títulos otorgados de conformidad con la Ley de Reforma Agraria, no me queda más, en bien de la Patria, de Nicaragua y pensando que esta bancada lo único que necesita es ese equilibrio, que necesita esa estabilidad, que retirar mi moción y sumarme a la de la bancada patriótica.

Se le concede la palabra porque hay una solicitud y divergencia con esto, al honorable Diputado José Cuadra.

Nosotros, la bancada conservadora, no estamos de acuerdo con el señor jefe de bancada de la Alianza Liberal en el sentido de retirar esta moción, obviamente él está retirando su firma de esta moción, nosotros La estamos manteniendo. La bancada conservadora y la bancada del Partido Liberal Nacionalista representada por el Diputado Enrique Sánchez, retomamos y continuamos con nuestra moción para el artículo 1 en la cual nosotros respetamos y defendemos a los chiquitos nada más, como hemos estado diciendo, a los pequeños.

Vemos nosotros que es realmente innecesario el detener los procesos judiciales, porque realmente no va a hacer ningún efecto; todos estos procesos judiciales y civiles tardan dos, tres y cuatro años, no tiene ningún sentido detenerlos, y no vamos a lograr absolutamente nada deteniéndolo. Lo importante que creemos nosotros, es que suspender las ejecución de la sentencias, seria -El detener los procesos judiciales- por una invasión de parte de esta Asamblea Nacional al terreno que le corresponde al tercer poder del Estado, como es el Poder Judicial; no solo estamos ya rozando la Constitución desde el momento en que detenemos la ejecución de sentencias, ahora vamos a violarla totalmente porque no nos corresponde a nosotros decirle al Poder Judicial cuando detener un proceso y cuando no. Por eso nosotros y la Bancada Liberal del Partido Liberal Nacionalista, representada por el Diputado Enrique Sánchez Herdocia, mantenemos nuestra posición de solo suspender la ejecución de la sentencia.

Suficientemente discutido el tema. Hemos incluso pasado la hora indicada para las Sesiones, normalmente llevamos dos días. Vamos a proceder a ordenar las mociones, se mantiene la moción con el respaldo del Partido Conservador y el Partido Liberal Nacionalista.

Por favor señor Secretario, vamos a ir leyéndolas por orden para someterlas a votación en el orden presentado.

Vamos a establecer el quórum después se expresan por favor, si no están de acuerdo.

Por favor pasar las tarjetas por todo, honorables Diputados, para verificar el quórum. Ya cerré todo el sistema, primero pasen sus tarjeta comprueben que están registrados.

Hay una solicitud para los señores de la televisión a ver si le bajan la intensidad al foco o lo quitan; no es por agraviar a ningún presente.

Vamos a leer en el orden las mociones presentadas. La primera moción es la presentada por el Doctor Eliseo Núñez que la retire, pero la moción persiste porque la recoge la bancada conservadora. La otra fue presentada por el Frente Sandinista, son tres mociones. Y la tercera es la presentada por la bancada patriótica. Las del Frente Sandinista son tres mociones para tres artículos.

En ese orden vamos a proceder a la votación. Vamos a leer la moción de la bancada conservadora.

La moción de la bancada conservadora es la siguiente: Moción que sustituye a los artículos 1 y 2 de la Ley de Suspensión del Término de Ejecución de Sentencia.

Artículo 1. "Se suspende por el término de ciento cincuenta días la ejecución de sentencias definitivas en contra: de:

a) Los pequeños propietarios de inmuebles de interés social, con un área de hasta cien metros cuadrados de construcción y lotes urbanos de hasta un mil varas cuadradas de superficie, que sean beneficiarios de las Leyes 85 y 86 y de inmuebles rústicos de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria y conforme la Ley 88 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 64 del 30 de Mayo, No. 66 del 3 de Abril y No. 68 del 5 de Abril de 1990, respectivamente;

c) Los asentamientos humanos espontáneos que se hubieren consolidado al 31 de Diciembre de 1996;

Y d) Los sujetos legítimos de reforma agraria, individuales o cooperativas debidamente legalizadas, amparados en títulos legítimos otorgados de conformidad y con la extensión que señala la Ley de la Reforma Agraria.

Los jueces y Tribunales durante la vigencia del término referido en la disposición que antecede, no tramitarán la ejecución de sentencias en los casos a que se refiere esta ley: cuando el demandado demuestre la adquisición del dominio o la Cesión del derecho de posesión por cualquier medio de prueba que señalen las leyes generales y especiales, incluyéndose los contratos de promesa de venta o de arriendo con opción a compra; la solvencia de revisión y de disposición de la constancia, acreditando que las solvencias van sido solicitadas a la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) o de las que están en proceso de apelación"

Artículo 3. "La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial".

Artículo 1. "Se suspenden por el término de ciento ochenta días los procesos judiciales y la ejecución de sentencias definitivas en contra de los beneficiarios de bienes inmuebles conforme a las Leyes 85, 86 y 88, publicadas en La Gaceta, Diario Oficial, No. 64 del 30 de Marzo, No. 66 del 3 de Abril y No. 68 del 5 de Abril y de 1990, respectivamente.

Quedan protegidos por las siguientes disposiciones los poseedores de dichos bienes que sean trabajadores beneficiados con la privatización del 25 por ciento de las empresas propiedad del Estado o con participación estatal realizada en base a los Acuerdos de la Concertación Económica y Social.

También quedan protegidos los desmovilizados y retirados del Ejército, Ministerio de Gobernación y de la Resistencia Nicaragüense, que tienen contratos de promesa de venta o de arriendo con opción a compra; las solvencias de revisión y de disposición, o la constancia acreditando que dichas solvencias han sido solicitadas a la Oficina de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Finanzas, o las que están en proceso de apelación; los asentamientos humanos espontáneos que se hubieren formado y consolidado al 31 de Diciembre de 1996;y los sujetos de reforma agraria, de conformidad con la ley de la materia, tanto cooperativizados, colectivos e individuales".

Para el artículo 2, sería la siguiente: "Los jueces y Tribunales durante la vigencia del término referido en el artículo que antecede, no tramitarán demandas ni continuarán los juicios, incidentes, incidencias y tercerías de dominio ya iniciados, aun la ejecución de sentencias siempre que el demandado demuestre la adquisición del derecho o la Cesión del derecho de posesión, por cualquier medio de prueba que señalan las leyes generales y especiales.

Para el artículo 3. "Los jueces y Tribunales que tramiten juicios en contravención a lo dispuesto en la presente ley, cometerán el delito de desacato y serán inhabilitados en el ejercicio de su cargo por el término de dos años".

Vamos a proceder a leer la moción presentada por la bancada patriótica moción que sustituye a los artículos 1 y 2 del dictamen de Ley de Restablecimiento del Término de Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencia en los Juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión de Inmueble, Comodato Precario y Nulidad: "Se suspenden por el término de ciento cincuenta días los juicios y la ejecución de sentencias definitivas promovidas en contra de los pequeños propietarios de inmuebles de interés social, con un área de hasta cien metros cuadrados de construcción y lotes urbanos de hasta un mil varas cuadradas de superficie, que sean beneficiarios de las Leyes 85 y 86; de inmuebles rústicos conforme la Ley 88 y la Ley de Reforma Agraria vigente, publicadas en La Gaceta No. 64 del 30 de Mayo, No. 66 del 3 de Abril y No. 68 del 5 de Abril de 1990, respectivamente.

También quedan protegidos por esta disposición, los poseedores de dichos bienes que sean desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, retirados del Ejército y Ministerio de Gobernación, que tienen contratos de promesas de venta o de arriendo con opción a compra; los asentamientos humanos espontáneos que se hubieren consolidado al 31 de Diciembre de 1996; y los sujetos de Reforma Agraria, individuales o cooperativas legítimamente constituidas, y amparados en títulos de conformidad con la ley de la materia". Hasta ahí el texto.

Vamos a proceder a la votación de la moción presentada por el Partido Conservador y el Partido Liberal Nacionalista.

El resultado es el siguiente: 5 a favor, 58 en contra, 3 abstenciones. Se rechaza la moción.

Vamos a la moción de la bancada patriótica y la bancada liberal, conjuntamente respaldada.

50 a favor, 4 en contra, 0 abstención. Queda aprobada. Perdón, 36 abstenciones.

El artículo quedo aprobado, al haberse aprobado la moción, para sustituir los artículos 1 y 2 del dictamen.

Arto.3. La presente Ley deroga cualquier disposición legal que se le oponga, y entrara en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Ya se aprobó, con eso quedo prácticamente absorbido el 2. Con la aprobación de la bancada patriótica quedo absorbido el 2, votémoslo pues.

Vamos a someter a votación el artículo 2 de la moción del Frente Sandinista, porque de esa manera si se rechaza ya queda comprendido el de nosotros porque llevamos el 1 y el 2. Así que vamos y si se aprueba, pues ya es otro problema.

Artículo 2. "Los jueces y Tribunales durante la vigencia del término referido en el artículo que antecede, no tramitarán demandas ni continuarán los juicios, incidentes, incidencias y tercerías de dominio ya iniciados, aun la ejecución de sentencia, siempre que el demandado demuestre la adquisición del derecho o la Cesión del derecho de posesión, por cualquier medio de prueba que señalen las leyes generales y especiales". Este es el artículo 2 que propone el Frente Sandinista.

El resultado es el siguiente: 36 votos a favor, 49 en contra, 0 abstención. Queda rechazado.

Así es que quedan incorporados el 1 y el 2 la moción de la bancada patriótica y la bancada liberal de la Alianza Liberal.

Arto.3. La presente Ley deroga cualquier disposición legal que se le oponga y entrara en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Se abre la votación del artículo 3 del dictamen original que dice: "La presente Ley deroga cualquier disposición;" ese es el que vamos a votar.

El resultado es: 49 a favor, 6 en contra, 32 abstenciones. Se aprueba, y como consecuencia, queda aprobada la ley.

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
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Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	8 de Agosto del 1997	Fechas Posteriores Debate:
Fecha Aprobación:	21 de Agosto del 1997	20/08/97 21/08/97
...
" LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL TERMINO DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION DE INMUEBLES, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD "