LEY ESPECIAL DE VALORIZACIÓN DE BONOS DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN

CONTINUACIÓN ORDINARIA No. DE LA ASAMBLEA NACIONAL CORREPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 1994, CON CITA PARA LAS 9:30 DE LA MAÑANA.

La Junta Directiva ha resuelto alterar el Orden del Día y pasar al II: Presentación de Leyes.

2.1, Ley de Revalorización de Bonos Estatales de Pago de Indemnizaciones y el punto 2.2), Ley de Excepcionalidad Financiera y Fiscal para el Sector Agropecuario.

Hay varios mocionistas, se le solicita al doctor Iván Salvador Madriz, por ejemplo, que lo lea.

Disculpe, señor Presidente, pero tengo una afección de laringitis, me va a disculpar, pero no puedo hacer uso de la palabra.

Vamos a ofrecerle la palabra al representante Alvin Guthrie, que también es mocionista, para que proceda a dar lectura al Proyecto de Ley sobre la Revalorización de Bonos.

De conformidad con el articulo 140 Cn. y el artículo 30 inciso 2) 43, 44 y 45 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, y artículo 83 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, permítanos presentar por vuestro digno medio al plenario de la Asamblea Nacional la iniciativa de ley, de la LEY DE REVALORIZACION DE BONOS ESTATALES DE PAGO DE INDEMNIZACIONES, cuya exposición de motivos y texto íntegro del proyecto de ley, con las formalidades requeridas, adjuntamos con el presente libelo.

En espera de su pronta presentación al plenario, para que este resuelva de conformidad con los artículos 45 y 83 del Estatuto General y Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, respectivamente, nos suscribimos de usted con las muestras de nuestra más alta consideración.

Debe leer en la Exposición de Motivos donde se habla de los considerandos I, II, III y IV, y le siguen las firmas incluyendo la suya.

INICIATIVA DE LEY

LEY ESPECIAL DE VALORIZACION DE BONOS ESTATALES DE PAGO DE IMDEMNIZACION

EXPOSICION DE MOTIVOS

CONSIDERANDO

Que será la indemnización, si el Bono Estatal de Pago tiene una liquidez que le permita generar en sí mismo la confianza necesaria, de modo que humana, cualitativa y cuantitativamente contribuya a generar un ambiente de estabilidad, de modo que contribuya a la solución del conflicto de la propiedad y a la anhelada reconciliación nacional.

Si examinamos con atención este proyecto de ley, está presentado por un número muy significativo de Representantes, se puede decir que casi de todas las bancadas.

Con la Administración anterior se había dictado el Decreto 3 donde se confiscaban los bienes de la familia de Somoza, de los militares y los funcionarios, y con el famoso Decreto 38, los bienes de los allegados, el que había sido Procurador de Justicia, el doctor Ernesto Castillo Martínez, lamentablemente aplicó esa pena, o esas confiscaciones, en unos procesos administrativos que se puede decir que no tenían ni forma ni figura de juicio; eran unos procesos secretos en los cuales el principio básico y esencial de que todo mundo es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad, se invertía la situación. Y es que todo mundo era culpable hasta que no se demostrara la inocencia de la persona.

Después de muchas negociaciones, el del Frente Sandinista con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), se llegó a sacar una ley o unas normas de procedimientos a las confiscaciones; pero ya el daño causado a muchas personas se había ocasionado en tal intensidad, por la mala interpretación, por la mala aplicación y por el mal encasillamiento que había.

Esta ley que estamos tomando en consideración ahora, es algo que la Unión Nacional Opositora ha establecido como un principio en su Programa de Gobierno: revisar los casos de justicia notoria, y en aquellos casos en los cuales por X o Y motivo, a las personas que fueron injustamente confiscadas y que se les da un documento en el cual se exoneran las confiscaciones, ha dado como consecuencia que de la indemnización se le den unos bonos. Los bonos de pago que ha recibido esta gente, hasta cierto punto se puede considerar que es una burla que ha hecho el gobierno, porque no han tenido y no tienen el respaldo económico que debieran de tener.

Cuando ayer se presentó el ingeniero Antonio Lacayo, una de mis preguntas fue, que si desde el año 1990 en que comenzó este actual gobierno, en el Presupuesto General de la Republica se hicieron las reservas correspondientes que garantizan las emisiones de los bonos. No tuve ninguna respuesta. También insistí cómo es que se iba a respaldar la efectividad y el valor facial de los bonos, qué cantidad.

En el famoso documento del ESAF se habla de que de las ventas de determinados activos, como de TELCOR, como de otras instituciones del Estado, eso iba a formar como una especie de un capital de trabajo o un fondo común, para que se le diera respaldo a los bonos.

La verdad es triste, desde muchos años, muchas personas han venido gestionando antes las autoridades administrativas, y simplemente el proceso ha sido una pena, ha sido una vergüenza para este gobierno por no dar una justicia expedita. Tenemos ante nosotros una ley que amerita nuestra atención, y ver que aquellas personas que fueron injustamente confiscadas y que se les ha dado un bono, pues que tenga el mayor respaldo posible.

En esta ley, decía el Ministro Emilio Pereira que esto podría tener un impacto enorme en la cuestión del Presupuesto general, o que podría dar una incidencia económica de tal forma, que daría una devaluación o una inflación, o bien que no había de parte del Estado la cantidad de dinero suficiente para responder a estas obligaciones. Yo considero una irresponsabilidad que habiéndose emitido unos documentos de valor, esos son créditos o débitos que se deben cargar a un presupuesto, y que el Estado no puede emitir un título valor si no tiene el respaldo correspondiente.

En diferentes oportunidades tuve la ocasión de hablar sobre estos temas con los diferentes ministerios, y les decía que pueden darse estos bonos como un documento, a aquellos productores que pudieran cancelar sus propias deudas en el Sistema Financiero. Y mencionaba también de que podían estos bonos usarse para pagar los servicios públicos. En una forma extraparlamentaria he venido planteándoles una serie de inquietudes a los distintos ministros, lamentablemente no he encontrado ninguna posición, mas bien un temor de que nosotros actuemos en una forma irresponsable al dar a estos bonos la revalorización que ameritan tener.

Esta es una ley y vuelvo a insistir, que a la vista de las firmas de este anteproyecto de ley llena la aspiración de todas las bancadas, aquí no ha sido eliminado ningún sector político sobre esta situación.

Considero que es apropiado también señor Presidente, que se tome muy en cuenta a la Asociación de Confiscados para que se haga una encuesta y que se vean las realidades económicas que se están dando. Los bonos hasta cierto punto representan un 15 y un 20 por ciento de su valor, y sé que hay muchas empresas que se han dedicado a comprar bonos de personas, las cuales por X o Y motivo se han visto en la necesidad de vender los bonos. Esta es una ley que nos obliga a nosotros a dar una justicia. La justicia tardía, señor Presidente, no es justicia.

En concrete, apoyo este proyecto de ley y pido qua pase a la Comisión correspondiente.

Recordamos presionar los botones correspondientes, “sí”, “no”, o “abstención”.

CONTINUACIÓN DE LA TERCER SESIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA MARTES 12 DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, CON CITA PARA LAS DIEZ DE LA MAÑANA.

La Junta Directiva, en reunión del día de ayer tomo la resolución de alterar el Orden del Día y pasar a conocer la Ley de Bonos que fue distribuida con antelación, y está siendo distribuida en este momento de nuevo para las personas que no la hayan traído.

Tiene la palabra la Representante Dora María Téllez, Presidenta de la Comisión que dictaminó la Ley Especial de Valorización de Bonos de Pagos por Indemnización, para dar lectura al dictamen.

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, se reunió con el propósito de elaborar el Dictamen del Proyecto de Ley Especial de Valorización de Bonos de Pago por Indemnización, luego de haber sido presentado en plenario.

La Comisión realizó las consultas correspondientes y se escucharon y tomaron muy en cuenta las opiniones de la Asociación de Confiscados y Tenedores de Bonos, funcionarios del Gobierno Central y expertos en la materia.

Luego de discusiones en el seno de la Comisión y acogiéndose las mejores opiniones de las personas involucradas en la problemática de la Valorización de los bonos, la Comisión decidió modificar algunos de los artículos del Proyecto original, para hacerla congruente con la situación económica actual y con los costos y financiamiento que ello implica, pero manteniendo la esencia y el espíritu del Proyecto de Ley. De tal forma, que la Comisión desea subrayar algunos criterios que consideró al momento de dictaminar el proyecto de Ley:

En consecuencia, presentamos al Plenario de la Asamblea Nacional el Proyecto dictaminado de Ley Especial de Valorización de Bonos de pago por Indemnización, solicitando su aprobación por las razones expuestas, por ser necesario y no ser contrario a la Constitución.

COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS, FINANZA Y PRESUPUESTO

DORA MARIA TELLEZ ARGUELLO

MAURICIO VALENZUELA

DAMASO VARGAS L.

GUILLERMO CHAVARRIA

WILLIAM RAMIRES

ARMANDO ZAMBRANA F.

ADAM MORALES H.

JUAN RAMON ARAGON.

Quisiera informar al Plenario, Presidente, por ser de interés, en el caso de la Ley de Valorización de Bonos, que el proyecto de ley tal y como la Comisión lo ha presentado aquí dictaminado, es producto de una numerosa cantidad de reuniones sostenidas con el Ministerio de Finanzas y de muy fructíferas reuniones sostenidas también con la Asociación de Tenedores de Bonos. De manera que el dictamen tal como está, fue expresado en un acuerdo que firmó el Ministerio de Finanzas, la Asociación de Tenedores de Bonos, el ingeniero Guillermo Chavarría y yo, en nombre de la Comisión Económica.

De forma que nos garantiza que en esta ley estemos de acuerdo los Poderes del Estado no involucrados en la ley, de manera que se recoja el ánimo de los tenedores de bonos, las posibilidades financieras del gobierno central, y lo que en justicia la Comisión quería hacer que era, hacer una revalorización de los bonos. De manera que tal como está presentado en la Asamblea, el proyecto de ley es producto del casi textual acuerdo firmado entre el Ministerio de Finanzas, la Asociación de Tenedores de Bonos, el ingeniero Chavarría y yo, como miembros de la Comisión Económica.

Considero que por la forma en que ha sido tramitado por la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de esta Asamblea Nacional, este proyecto de Ley Especial de Valorización de Bonos o Pago por indemnización; por las consultas realizadas a diferentes sectores de la sociedad civil y especialmente los sectores que pudiesen haber resultado afectados y a su vez resultar beneficiados por esta Ley Especial de Valorización de Bonos o Pagos por indemnización, y por la repercusión que va a tener indudablemente en la economía nacional, al facilitarse su aplicación con los diferentes usos que pueden dárseles, y además de eso la elevación de la tasa de interés que van a devengar.

Y por la aplicación que se va a realizar especialmente para hacerle frente a deudas que pudiesen tener diferentes sectores con instituciones de carácter estatal como el INSSBI, el INE, TELCOR, INAA, INATEC, etc., va a revalorizar estos bonos, atendiendo a las normas y a las leyes de la economía, en las cuales, por las leyes de la oferta y la demanda que son por las que se rige actualmente la economía nacional, su impacto va a resultar definitivamente positivo no solamente a nivel macro-económico en el país, sino que creo que va a tener un indudable beneficio para los tenedores de bonos.

Por lo tanto, señor Presidente, si bien es cierto que vamos a hacer algunas observaciones cuando este dictamen sea sometido a su debate en lo particular, me pronuncio favorablemente para que este dictamen de Ley Especial de Valorización de Bonos de Pago por indemnización, sea aprobado por este Plenario.

La ley que estamos viendo ahora es una ley de suma importancia, porque como consecuencia de las revisiones y en el equilibrio social en aquellos casos en los cuales no se podía devolver la tierra injustamente confiscada o expropiada, a sus dueños verdaderos, se les dio unos documentos que han sido llamados bonos de pago. Pero la verdad, señor Presidente, es que en la Administración anterior, en los años 82, 83, por medio del Decreto 611 también se habían dado unos bonos de pago.

Yo estoy consciente de que la ley que se está presentando -como lo expuso muy bien la diputada Dora María Téllez- es producto de unas largas conversaciones que tuvo el gobierno, la Asamblea y la Asociación de Tenedores de Bonos. He discutido, platicado y me he informado con los confiscados, tengo varios meses de estar discutiendo estos temas.

En realidad esta ley que tenemos a la vista, tiene el beneficio de que en vez de 20 años se reduce a 15 años se va a pagar un 20 por ciento anualmente. Y como una novedad también en esta ley, tenemos que en el caso de los 30 meses va a capitalizar o contabilizar tanto el principal como los intereses, para dar una especie de interés compuesto y pagar semestralmente los intereses de dichos bonos; pero hay ciertas lagunas en esta ley que me interesa plantear en estos momentos.

¿Qué pasa con aquellos tenedores de bonos que se les dio mediante el Decreto 611 y que por producto de las devaluaciones, por producto de situaciones conflictivas, etc., a esos tenedores de bonos, pues, no se les canceló ni los intereses ni el principal? Eso hasta cierto punto es una laguna que existe aquí. Yo estoy claro que todo mundo quisiera que a las personas injustamente confiscadas y actualmente tenedores de bonos se les pagara en efectivo y a la par inmediatamente.

Sin embargo, la realidad es que estamos viviendo en una situación deficitaria. Solamente el hecho de emitir bonos hasta por una cantidad de 600 ó un mil millones de dólares va a tener un impacto tremendo en la situación deficitaria del Estado, en la situación de déficit en el Presupuesto. Hago estas observaciones motivado por muchos intereses de personas que se han acercado a mí, y que he discutido con mucho interés y me han expresado de que una de las cosas que se debe de ver en esta ley es no sólo la buena fe del gobierno en lo que se refiere a reducir y a pagar intereses, sino a darle un uso actual de circulación más extenso. La ley que tenemos a la vista permite pagar impuestos, permite pagar, comprar inmuebles, pagar al Instituto de Seguridad Social, Energía, Inatec, etc., pero es hasta cierto punto, señor Presidente, una circulación un poco limitada.

Creo que con flexibilidad, sin pretender romper un compromiso en el cual se ha llegado a un acuerdo de Finanzas, de los Representantes de esta Asamblea y especialmente de los perjudicados, podemos darle con una mayor flexibilidad a la ley, posiblemente, los intereses a pagar, ya que de la venta de ciertos activos del Estado eso va a significar un capital de trabajo que va a producir a la persona confiscada un interés lógico y sensato.

Interés lógico y sensato que puede consistir en el aumentar en un porcentaje el monto del tipo de los intereses, y en el dar en estos momentos una mayor circulación para que el bono pueda ser revalorizado, debemos de tener en esta circunstancia un equilibrio pensando en el Estado, pero también pensando en la persona que fue injustamente confiscada.

Quiero solicitarle al Plenario que prestemos mucha, pero mucha atención a esta ley que el día de hoy está en discusión en esta Asamblea Nacional.

Quiero decir en primer lugar, que estoy de acuerdo con el espíritu que ha sido formulada esta ley, totalmente de acuerdo. Considero que la ley sirve para enmendar errores, que la ley sirve para hacer justicia, pero no a través de una ley con ese espíritu vamos a cometer un sinnúmero de errores. Estoy plenamente convencido que el país necesita reconciliación, que el país necesita conseguir la paz, y hay dos vías para esa reconciliación: poniendo sobre el tapete todos los abusos cometidos en todas las épocas en Nicaragua, esa es una vía; y otra vía es poniéndole una cortina a todos los abusos.

Hoy hablamos de esta Ley de Valorización de Bonos y considero que revalorizar los bonos entra en primer lugar por la discreción que se tiene que entregar estos bonos; entra por limitar la emisión de esos bonos. Si los bonos se comienzan a entregar como papeletas de cine, por mucho que hagamos no tendremos la contrapartida para reunir esos bonos. Entonces una de las cosas fundamentales de que adolece esta ley, que es una de las leyes principales para arreglar el problema de la propiedad, es a quién se le paga, porqué se le paga y por quién estamos pagando. Esta ley no lo dice. Yo creo que como diputados y como ciudadanos nicaragüenses necesitamos saber por quién vamos a pagar, a quién vamos a pagar y porqué vamos a pagar.

Precisamente con esta ley aquí necesitábamos tener cuentas claras, y quiero hablar en términos contables. En todas las acciones de la vida -y aquí hay que ocupar aquella máxima contable- "no hay deudor sin acreedor, ni hay acreedor sin deudor", y para tener cuentas claras debe haber una balance entre los deudores y los acreedores. ¿Qué significa en esta ley "injustamente confiscado"? Y no lo quiero hablar desde el punto de vista partidario ni desde el punto de vista ideológico; lo quiero hablar hacia el futuro de Nicaragua.

Bueno, ¿legitimaremos las confiscaciones bajo el Decreto 3-38, señor Presidente? Yo creo que esta ley es sumamente importante Presidente y yo pediría un poquito de su comprensión. ¿Bajo el Decreto 3-38, legitimaremos ese latrocinio del gobierno de Somoza? Legitimaremos, ¿por qué? Porque aquí se ha querido meter en un sólo bolsón todos los aspectos.

Yo digo que aquí hay una "pata de gallina", como se le llama a una butaca de tres patas: por un lado revolviendo a los justamente confiscados con los injustamente confiscados; por otro lado revolviendo a los legítimos beneficiarios de las leyes 85-86 y 88 con los ilegítimamente beneficiados con esas leyes; por otro lado, revolviendo las privatizaciones hechas adecuadamente, con los que se han beneficiado con esas privatizaciones.

Encima de la mesa hay una aparente polarización de los confiscados con los beneficiados y con el gobierno. Debajo de la mesa hay enormes coincidencias del latrocinio somocista con los abusadores sandinistas, con los abusadores de este gobierno. Y todo ese acuerdo va a parar a una sola víctima: a los eternos damnificados de todas las tragedias de este pueblo; a los eternos damnificados de los terremotos, de las guerras, de los eternos damnificados de los terremotos, de las guerras, de los huracanes, de la sequía y de los latrocinios.

Yo quisiera tener ese balance acá, y he pedido me digan precisamente para esta ley, que se han hecho todos los fondos de la privatización, para saber cómo compensamos. Es muy fácil exigir viéndolo desde una sola posición, y creo que debemos ser sinceros, ver desde todos los aspectos el problema de esta ley. El único pagano con esta ley es el pueblo porque tiene que pagar por la legitimación del latrocinio somocista, pagar por los abusadores sandinistas y pagar por los abusadores de este gobierno. Yo creo que eso no es justo.

Aquí todos se han interesado en cuanto a los intereses, en cuanto a los plazos, en cuanto a los beneficios, pero no quién paga. Quiero saber, a mí me gustaría saber aquí de los beneficiados, tener un balance y un informe de cuántos son del 3-38, cuántos son los afectados por la Ley de Ausentes, cuántos son los afectados por otras leyes; me gustaría saber acá cuántos son los beneficiados con casas de menos de 70 metros; cuántos son los de las mansiones; cuántos son aquellos que se quedaron con dos o tres casas.

Porque si yo voy a exigirles algo acá en contra del latrocinio somocista necesitamos exigirnos también nosotros a lo interno y exigirle al gobierno. Don Antonio Lacayo, muy eufórico con estos acuerdos dijo que ya no había necesidad de una ley de propiedad. Y digo yo, que tranquilidad. . . Yo le podría llamar a esto un "concubinato vergonzoso. Yo creo que debemos de comenzar a hablar claro, no cegarnos en asuntos partidistas e ideológicos, debemos hablar muy pero muy claro.

Estoy de acuerdo con la ley, porque quiero decirles que mi familia es beneficiada con esta ley, es beneficiada también y he sido chantajeado por este gobierno, ya que a los únicos que no les han entregado bonos es a mi familia, precisamente esperando que voy a decir yo sobre esto. Pero no, eso no me va a calmar para decir esta verdad, para sentirme tranquilo con mi conciencia, para que quede claro que yo apoyo esta ley, pero pido que tengamos esa rendición de cuentas.

Yo he estado viendo entre los considerando de esta ley, que comienza diciendo que de esta forma se busca cómo lograr una solución al conflicto de la propiedad, y también habla de que, de acuerdo a la situación económica y social se reafirma el compromiso del gobierno de hacer justicia, y para ello ha considerado la necesidad de elevar el valor de los bonos y que eso es para que contribuya a solucionar el conflicto de la propiedad en Nicaragua.

Yo me quiero referir principalmente al conflicto de la propiedad en sectores agrícolas, o ganaderos, o cafetaleros, no en viviendas, sino en el campo. Yo lo que he podido ver y experimentar es que la valoración que le han dado a las propiedades que están siendo reclamadas está muy por debajo del verdadero valor de esas propiedades, de tal manera que hay personas que hemos sido afectados por las confiscaciones y es ridículo lo que el gobierno está ofreciendo pagar con bonos por el valor de la propiedad que a uno le quitaron.

Voy a dar un ejemplo: tierras que está comprobado que al momento de adquirirlas con el sudor de la frente, con el sacrificio, creyendo en el futuro de Nicaragua, se invirtió comprando tierras aquí en vez de sacar el dinero afuera para tenerlo seguro, a pesar de las amenazas de que venía una resolución y que pensaban quitarlo todo y abolir al sector privado. Hubo quienes invirtieron alrededor de 1,500 dólares por manzana señor Presidente, y llega uno a reclamar en las oficinas de valorización de la propiedad y le salen con el ridículo precio de 1,300 córdobas, o sea aproximadamente 200 dólares, y esos 200 dólares pagados en bonos que actualmente en el mercado lo más que se logra es el 20%, o sea el equivalente a 40 dólares por manzana.

Eso es todavía menos de lo que cuesta actualmente en Nicaragua el alquiler de una manzana de tierra agrícola para un año de producción, y eso es lo que quieren, a eso es lo que le llaman justicia y a eso es lo que le llaman resolver el conflicto de la propiedad en Nicaragua. Y esas tierras confiscadas, esto más, no están resolviendo el problema de la producción en Nicaragua porque esas tierras están abandonadas, semi-abandonadas, no existió ni siquiera un verdadero Programa de Reforma Agraria.

La reforma agraria que estos señores impusieron aquí en Nicaragua ha sido un total fracaso porque no llegó a manos campesinas, no se les dieron los programas especiales para que pudieran hacer producir la tierra, sino que ahora con esas leyes 85, 86 y 88 esa gente que recibió esas tierras en unas llamadas cooperativas, ya las están vendiendo y tienen enormes deudas en el Sistema Financiero. Sin embargo al verdadero dueño de la propiedad se le contesta como me contestó aquí a mí un día un diputado de la bancada sandinista, cuando yo le dije que lo que yo quería que me devolvieran es lo que me habían quitado, me dijo: eso es políticamente imposible, aunque la tierra esté desocupada e improductiva.

Y así como en el caso ése que acabo de mencionar hay miles de nicaragüenses que no se les ha resuelto su problema de la propiedad y que los quieren engañar con bonos, dándoles valores a la tierra que no es el verdadero valor ni cosa que parezca; y ahora lo quieren engañar a uno diciéndole: ve, te le vamos a mejorar un poquito el precio al bono, en vez del 20 por ciento te vamos a mejorar, tal vez vas a recibir el 30 por ciento pero el verdadero valor de la propiedad no se lo están reconociendo a uno.

Claro, ¿sabe cómo lo reconocen eso? Es ya más bien por arreglos personales de preferencia, por amistad, pero no por justicia igual para todo mundo; ahí viene por decisiones políticas, por compromisos, por arreglos, tal vez a alguien le pagan mejor su propiedad. Pero señor, yo no creo que pasando esta ley se arregle el conflicto de la propiedad en Nicaragua y mucho menos que se haga justicia, eso no es justicia.

Así es que esos son mis comentarios respecto a esta ley, tal vez después en lo particular, vamos a ir viendo cómo puedo alegar algo más. Pero esta ley es un engaño para la sociedad de Nicaragua, para los confiscados porque no se está resolviendo el problema de la tierra y no se está haciendo justicia con la manera a como estos bonos están siendo o como la tierra está siendo valorada para todos los confiscados.

Están anotados en este momento las siguientes personas, para hacer uso de la palabra: Ramón Gámez, Adolfo Jarquín, Luis Sánchez, Roberto Urroz, Alejandro Solórzano, Azucena Ferrey, Magdalena Úbeda, María Teresa Delgado, Delvis Montiel, Moisés Hassan, Duilio Baltodano, Dora María Téllez, Luisa del Carmen Larios, Elí Altamirano, y Julio Marenco; se han agregado: Jaime Bonilla, Herty Lewites, Alvin Guthrie y Cairo Manuel López. Eso suma un total de 19 personas anotadas, ahí cerramos la lista para inmediatamente después de agotada proceder a la votación. La lista se cerró en el 19 con el Representante Alvin Guthrie.

Yo creo que es importante analizar este proyecto de ley, tomando en cuenta que esta es una parte -como lo dice en su considerando- alrededor del conflicto serio que tenemos en la propiedad. Según la información de la Comisión dictaminadora, las consultas que se hicieron con los distintos sectores (el gobierno y las personas afectadas), arroja un consenso alrededor de este proyecto de ley. Me parece sí, ha como decían algunos legisladores, con esto no estamos resolviendo el verdadero problema que tenemos en Nicaragua y hay que hacer justicia a quien se lo merece.

Pero también considero que después de aprobado este proyecto de ley, que estoy seguro tiene el consenso de la mayoría de la Asamblea Nacional, debemos pasar a poner punto final en cuanto a resolver el conflicto de la propiedad, que es donde constituye sin lugar a duda los grandes obstáculos para lograr la reconciliación anhelada de nuestro pueblo.

Y esto señor Presidente, señores miembros de la Junta Directiva, atraviesa también por la estabilidad a los beneficiados con la Ley 86, con la Ley 85, con la Ley 88 y a los acuerdos que el gobierno realizó con retirados del Ejército y desmovilizados de la Resistencia, porque este tema de la propiedad tenemos que trabajarlo aceleradamente tomando en cuenta que el tiempo se acorta y que estos son los temas de mucha importancia que esta Asamblea Nacional debe de analizar, de discutir para dar la verdadera estabilidad en la propiedad.

El Movimiento Comunal, en todo el país está recogiendo alrededor de 120 mil firmas para traerlas aquí a la Asamblea Nacional, para que después de aprobado este Proyecto de Ley de Valorización de los Bonos, se introduzca inmediatamente lo que es la Ley de Estabilidad de la Propiedad y que así como estamos discutiendo los diputados esta ley que viene a garantizar a los indemnizados de acuerdo a lo que ha discutido la Comisión y lo que va aprobar la Asamblea Nacional, también los diputados debemos dar todo el apoyo para dicha ley, para que verdaderamente el país entre en los próximos años a una verdadera estabilidad no sólo económica sino social, que es lo que debe de marcar el camino en Nicaragua.

Por tal razón señor Presidente, apoyo totalmente en lo general este proyecto de ley y las consideraciones, para que en el transcurso de los meses que nos faltan, se introduzca también la Ley de Estabilidad de la Propiedad.

Estamos convencidos de que la crisis nacional que está viviendo el país hace que todos pongamos o aunemos esfuerzos para mostrar una solución pronta e integral a los problemas que vive Nicaragua. Es necesario que se le empiece a dar solución a los diferentes problemas que están planteados, uno de los problemas es el tema de la propiedad, un tema demasiado sensible que aquí hay que buscar cómo solucionar.

Yo, desde mi punto de vista como político, considero que éste es un paso acertado en el camino correcto, en donde a base de un consenso se escuchó una propuesta de parte de los confiscados; ellos reclamaban el 6 por ciento, a un plazo de diez años y pagos semestrales desde el inicio, y 100 por ciento al final del plazo. El gobierno estipulaba que en los primeros dos años el 3 por ciento, y así sucesivamente hasta los años 16 y 20, un plazo de 20 años y el pago de intereses capitalizables al fin del plazo.

Sin embargo, esto transcurrió y ha habido -y hay que reconocerlo- una buena voluntad de parte de la Asociación Tenedores de Bonos, porque se estableció la negociación y se llegó, producto del consenso, a un cierre que establece que los primeros dos años un 3 por ciento en los primeros, y en los otros años siguientes, el 3 y 7, el 4 y medio por ciento; y del 8 hasta el 15, el 5 por ciento y el plazo de 15 años y pagos semestrales después del segundo año. Indudablemente se ha bajado el plazo de 20 a 15 años y se ha subido la tasa del 3 por ciento anual y ha quedado solamente para estos dos primeros años.

Pero lo más importante, considero está en que se ha buscado como crear un ambiente de estabilidad y confianza que contribuya a solucionar el conflicto de la propiedad; las compensaciones según el proyecto de este dictamen, se realizaran en el marco de la estabilización económica para no afectar el crédito de la producción, los planes de inversión y los programas sociales. A mi modo de ver esa debiera de ser una gran preocupación para todos nosotros los Representantes, porque si aquí se va a revalorizar el bono y el bono no va afectar la estabilización económica en los futuros gobiernos, tanto del de 1996 como el siguiente, pues yo considero de que está en la línea correcta y que hay que alabar el consenso que se ha logrado por estos buenos nicaragüenses.

Indudablemente que ese tema de la propiedad tiene que ser legislado en el futuro y solucionado, aquí no puede quedar ese tema así en el vacío sin una solución, porque ese tema de la propiedad va a continuar afectando nuestro país, y es acertada esta ley porque esto va ayudar a la inversión extranjera. Por último señor Presidente, quiero decir, y me voy a reservar para lo particular, que las instituciones financieras no es que podrán aceptar los bonos.

Yo considero que las instituciones financieras deben de aceptar los bonos, porque si nosotros estamos legislando para adquirir un valor real de un 40%, lo más lógico es de que nosotros logremos que estos bonos sean aceptados por estas instituciones financieras. En último lugar quiero solicitar al Plenario la aprobación de este dictamen en lo general y me pronuncio favorablemente por el mismo.

Los diputados que formamos parte de la bancada de la UNO vemos con buenos ojos cualquier esfuerzo, cualquier contribución política o legislativa que se haga para contribuir a resolver, o por lo menos aliviar el problema de la propiedad sobre base de justicia y de derecho. Esa fue nuestra intención precisamente y nuestro interés cuando aprobamos la Ley 123, que pudo haber significado el punto de partida para resolver este complejo y aún hoy conflictivo problema, si no hubiera sido vetada y rechazada en su oportunidad.

Nosotros pensamos de que este proyecto de ley tiene intención de ayudar a crear condiciones, como se dice en los considerandos, para resolver este problema. Sin embargo yo me pregunto, igual que el diputado Julio Marenco, qué propiedades usufructuarias actuales, de qué propiedades vamos a beneficiar o estamos beneficiando con estos bonos, si se trata realmente de lo que los sociólogos llaman la propiedad reformada de interés social, o simplemente propiedades que fueron arrebatadas y son usurpadas hoy para beneficio particular. ¿Y por qué entonces los nicaragüenses, sea por medio de la venta o la privatización de empresas públicas, o por medio de la reducción del gasto público como está contemplado en el proyecto, dinero, recursos del pueblo, en cualquier caso, por qué el pueblo va a pagar?

¿Por qué va a indemnizar el pueblo propiedades y bienes que algunas personas o grupos están disfrutando, usufructuando para beneficio particular? Es decir, tanto en uno como en otro sentido es legítimo hacerse estos interrogantes, porque como legisladores no podemos abusar, no debemos abusar imponiéndole a la nación tributaciones, cargas, pagos para indemnizar, para compensar abusos, usurpaciones que hicieron personas en lo particular. Esa es una interrogante que está planteada efectivamente como muy bien lo señalaba antes, un poco unilateralmente, el diputado Julio Marenco.

Por otra parte, hay cuestiones en este proyecto que no están claras. Es correcto Presidente, que la Asamblea Nacional legisle sobre decretos muy específicos del Ejecutivo y aún sobre acuerdos ministeriales -como es en este caso- y los modifique de una manera sustancial. ¿Pero por qué el Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas, específicamente, no asumieron la plena responsabilidad de resolver este problema de la valorización efectiva de los bonos, en vez de mandarle el muerto a la Asamblea Nacional, en vez de descargar responsabilidades que le corresponde o deben corresponderle al Poder Ejecutivo?

Otra interrogante es, ¿hasta dónde la Asamblea Nacional puede obligar a Entes Autónomos como INE o TELCOR a recibir bonos como si fuesen dinero efectivo por cancelación de cuentas pendientes de cobrar? ¿No estaremos -es mi reflexión- cometiendo en este sentido un abuso legislativo? De manera que yo me consideraba -me considero, Presidente- obligado en nombre de la bancada de la UNO a expresar estas interrogantes, sin perjuicio de nuestro apoyo declarado a toda iniciativa siempre que sea sana, bien intencionada, para aliviar este problema de la propiedad.

Y decir finalmente, que, dadas las características de este problema, las dudas y las contradicciones algunas de las cuales han mencionado, los diputados de la UNO vamos a votar en este tema según lo determine el criterio y la conciencia individual de cada uno de nosotros.

La Junta Directiva invitó al Ministro de Finanzas para que estuviera presente y lo invitamos a que pase al hemiciclo por cualquier consulta que requiera algún Representante.

Este Proyecto de Ley de Valorización de Bonos es un proyecto de justicia para los tenedores de bonos. Quienes piensan que esta ley resuelve el problema de la propiedad están totalmente equivocados; quienes piensen también que votar a favor de este proyecto de ley es darle la espalda a los confiscados, también están equivocados. Este proyecto de ley no es más que un paso entre muchos pasos que hay que dar para resolver el problema urgente de la propiedad en Nicaragua. Creo que hay que dar más pasos y hay que buscar lo más pronto posible una solución definitiva al problema de la propiedad, ya que de lo contrario continuaremos raquíticos en inversión nacional y en inversión extranjera que tanto necesita el país, y continuaremos en un estado de inestabilidad para nuestro desarrollo económico, y más aún para salir de la pobreza en que nos encontramos.

Creo que el proyecto es bastante bueno, ha sido consultado con los diferentes sectores y creo que merece el apoyo de todos los diputados. En ese sentido, el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) le da el apoyo para que se apruebe en lo general dicho proyecto.

Este tema es tan delicado y escabroso, que algunos de mis nietos me han preguntado cómo es el problema de la propiedad en Nicaragua, tan difícil de explicar y fácil a la vez. Tan fácil si no fuera que se removieran rencores y recuerdos sepultados por decenas y decenas de años, como es la triste historia de la propiedad en este país.

De repente se encuentra uno con sectores que pareciera que para poder terminar, o por lo menos encontrar un clima de distensión en relación a este problema, habría que ir a hurgar en los polvos de los huesos de aquellos que fueron los primeros en confiscar, aquellos colonizadores que confiscaron a nuestros antepasados, legítimos dueños de sus tierras y algunos que hemos vivido en nuestro propio pellejo la defensa de los campesinos en las montañas agrestes de Nicaragua, cuando tumbando montañas hicieron cultivables algunas tierras, y a poco que ya estaban cultivadas aparecía el Juez de Mesta con par de guardias o tres guardias y un susodicho dueño, un supuesto dueño, y los campesinos adentro de la montaña haciendo auras y luego apareciendo otros dueños.

La historia de la propiedad en Nicaragua es dolorosa, y hablar de ellos significa comenzar una discusión agria porque choca con intereses encontrados. Es difícil la historia de este país alrededor de esto. Sin embargo, yo quería pedir a la Comisión algunas explicaciones, y las voy a pedir por lo siguiente. Unos confiscaron, y ahora se llegó el momento de que los confiscados se venguen, no en los confiscadores sino en el pueblo que es el que paga todas estas cosas. Reconociendo si de que hay unos sectores de tenedores de bonos que han conversado y dicen que no soluciona el problema pero que ellos entienden la situación del país; que no están de acuerdo, pero que al fin y al cabo al comprenderlo es necesario hacer esto.

Pero hay otros que no, hay otros que dicen que son muy bajos los valores, a pesar de que la Comisión al dictaminar, ahí aparece que se van a pagar las deudas al INE al INAA, AL INSSBI, TELCOR, INATEC, van a comprar activos del Estado, tendrán un 3%, 4.5%, 5% en réditos, tendrán excepción de impuestos fiscales, es decir, todo tendrán. ¿De dónde saldrá? ¿O se comprará activos del Estado? Ojalá nos puedan explicar los miembros de la Comisión cómo es que va a salir todo esto.

Si recibe bonos el INAA, no tendrán que comprar con dinero contante y sonante, e incluso en dinero duro sus importaciones necesarias para el desarrollo de la tecnología para el agua, para el INE, que estamos viendo en este momento que le están rogando a San Isidro Labrador que llueva para que no se siga con esta sequía. Todo esto necesita una explicación antes de votar en lo general por este proyecto.

Ahora, hay quienes dicen que no se va a resolver, porque lo que importa es la patria potestad que está en el dinero que yo tenga, para algunos. Si bien es cierto hay unos que lo aceptan, hay otros dice don Nicolás que eso no es resolver el problema. Hombré, si resolver el problema nunca se ha podido en este país desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. Aquí tiene que haber una vocación patriótica de determinar de una vez y para siempre este problema y no heredarle a los hijos ni a los nietos conflictos de esta naturaleza, aceptar como es la situación, como la acepta el hombre que se le incendio una casa y no la tenía asegurada; como aquellos pobres que fueron maremoteados; como los que fueron perdedores en los terremotos; como este pueblo hambriento que no tiene en que caer muerto ni siquiera puede decir, "demen un bono" porque no tiene derecho.

Se necesita esa vocación, esa comprensión, esa actitud patriótica de comprender de una vez y para siempre que debemos de dejar enterrada esa hacha que pareciera que la tenemos permanentemente sobre nuestro cuello. Hurgar en el polvo de aquellos que fueron los primeros confiscadores en este país seria para no terminar nunca una guerra por la propiedad, esa sacra propiedad violada por tantos y tantos propietarios.

Votemos en favor en lo general de este proyecto, que nos den las explicaciones necesarias la Comisión dictaminadora, y ojalá como decía mi abuela, Dios quiera que se abra la conciencia de unos y de otros para que Nicaragua saiga de este atolladero en que unos y otros la han metido.

Yo creo que en nuestro país ha sido más fácil, o es más fácil olvidar las secuelas de la guerra civil, que el problema que plantea el tema de la propiedad. Y es que este tema, mientras no cuente con la voluntad política de todos los involucrados, va a ser sumamente difícil solventarlo porque es un tema que no prescribe, se hereda, y esa herencia estará de generación en generación. Y es un tema que se vuelve muchísimo más difícil cuando determinados rubros de la propiedad se convierten en temas de campañas electorales. Por eso hay que apelar a la voluntad política de todos los que estamos involucrados en dar estabilidad permanente, en promover la paz social en una forma permanente para Nicaragua.

Yo siento que esta ley no satisface a nadie, ni siquiera a los que vamos apoyarla, por una razón muy sencilla: porque los que vamos a apoyar esta iniciativa para hacer un pequeño pinito dentro de la búsqueda de soluciones al problema de la propiedad, hemos consultado con tenedores de bonos y no están satisfechos. Y uno tiene que ponerse en un lugar, y es que los que vivieron en el primer momento el engaño la situación económica les obligó a vender a terceros, a un ínfimo precio. Las cantidades que ahora manejan son menores, no reponen jamás lo que tuvieron en un primer momento.

No satisface, porque todos entendemos que en forma indirecta son sectores totalmente inhibidos de una participación, que no tienen ninguna culpabilidad dentro del problema de la propiedad, los que en una forma u otra, dejando de percibir los servicios básicos esenciales, pagando impuestos derivados de otros productos, los que van a tener que solventar el problema de un sector de nicaragüenses involucrados en el tema de la propiedad. Y como van a sentirse satisfechos con un techo de un 4.5%, con una serie de condicionantes, con una serie de limitantes hasta en el tiempo.

Y yo me pregunto en el artículo 5, ¿Por qué hasta el 30 de Junio de 1993? ¿Por qué no hasta el 31 de Diciembre de 93? Se necesita realmente también pensar de futuro. Cualquier candidato de los que ahora están empezando a correr tendrá que solventar este mismo problema, este es un problema que se hereda, que hay que cumplirlo y si no ha habido justicia en este momento, se tendrá que hacer justicia de futuro.

Yo me uno a los tenedores de bonos, a los confiscados injustamente, porque comparto el hecho que deben ser quienes están beneficiándose de las propiedades los que deberían de estar solventando estas deudas. No puede ser que se continúe en una línea de no satisfacción para todos, porque repito, lo que se tenga que pagar siempre va ir directo al pueblo, a los menos beneficiados, a los más marginados. Yo siento que en la discusión en lo particular hay oportunidad de tratar de enderezar un tanto lo aquí expresado y buscar una mayor satisfacción a quienes demandan justicia.

Yo también comparto con otros colegas parlamentarios que han dicho que esto no resuelve el problema de la propiedad y hay que dedicarse a buscarle una solución concreta. Yo pienso que el máximo de las voluntades políticas, cuando empecemos a poner las propiedades sobre el tapete de la mesa y a dar el primer paso diciendo: "aquí está, yo estoy decidido a entrar a una verdadera solución", vamos a empezar a entender que hay voluntad política para resolver este problema. Yo felicitaría a cualquiera de los que se adjudicaron indebidamente una propiedad, que para hablar del tema empiecen por devolverla o por pagarla.

Es bien fácil aconsejar patriotismo desde fuera del problema de los confiscados Presidente, así como es fácil decirle al hambriento "no sólo de pan vive el hombre", cuando el sentencioso tiene el estómago bien lleno. Los tenedores de bonos, los llamados tenedores de bonos que fueron consultados por la Comisión encargada de dictaminar esta ley no son precisamente los tenedores de bonos por confiscados.

Estos tenedores de bonos los adquirieron precisamente de los confiscados, muchos de ellos son personas que pertenecen a la clase de los nuevos ricos, muchos de ellos no se sabe cómo adquirieron estas riquezas, si por piñateros o porque son precisamente gente que forman la oligarquía del nuevo gobierno. Pero si se hubiera consultado a la Asociación de Confiscados y algunos que por cualquier razón aunque confiscados no pertenecemos a la Asociación de Confiscados, otra hubiera sido indudablemente la respuesta señor. Hay dos aspectos de esta ley que no fueron tomados en cuenta para la elaboración de la misma.

Primero, que las propiedades injustamente confiscadas no están siendo trabajadas adecuadamente por los actuales "propietarios" (entre comillas); en tal virtud estamos sacrificando a los propietarios auténticos y legítimos, les estamos impidiendo trabajar sus bienes, nos están impidiendo trabajar nuestros bienes y alcanzar el tan apetecido despegue económico tan publicitado. Muchos de los campesinos que ocupan buenas fincas allá en mi lugar en el Norte, viven en las propiedades; en cambio todo el pueblo de Nicaragua tiene que aportar el dinero necesario para el pago de estos bonos que, aunque devaluados, al fin se están pagando en muchos, no sólo con las donaciones externas sino que en muchos con los impuestos que paga todo el pueblo de Nicaragua y eso es injusto.

Otra razón que no se tomó en cuenta en esta ley es el avaluó inicuo que hace la OSI de los bienes tomados, porque se toma en cuenta sólo el valor catastral y es un valor estimado en 1993, un valor actualizado. De manera que se está añadiendo un daño sensible que el avaluó mezquino de la propiedad a otro daño sensible que es la confiscación injusta.

Yo soy víctima Presidente de los dos daños, la ley es ridícula y no ayuda ni a paliar siquiera el conflicto creado por el "frentismo" y que este gobierno no es capaz de resolver. Pagarnos a los confiscados con bonos sin valor real, sin seguridad de que un gobierno futuro reconozca esa fementida revaluación, es una burla cruel señores. En nombre de mis representados, 200 personas que tienen en el Norte reclamamos hechos y que muchos de ellos no han recibido ni siquiera esos bonos, nosotros no vamos a apoyar esta ley.

Para nadie es un secreto el conflicto que existe sobre la propiedad en Nicaragua, reconozco que se está buscando la forma de encontrar los aspectos esenciales en beneficio de la estabilidad económica y poder cambiar de esa manera, dando protección a los tenedores de bonos.

Cuando se pide justicia en este Parlamento, yo considero que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo están haciendo justicia, cuando hoy nos presentan aquí esta ley, porque viene a traer estabilidad tanto a los tenedores de bonos como a los que tienen las propiedades.

Y yo considero que este debe ser el objetivo de todos nosotros, buscar la manera, la forma de que se encuentre una solución a este problema que hace cuatro años viene aquejando a todos los nicaragüenses, tanto de un lado como del otro. Pero tengo una inquietud, y aprovechando que se encuentra el Ministro en esta Sala, quiero preguntarle: ¿De dónde va a sacar el gobierno para pagar estos bonos?

Esa es la pregunta del millón; De dónde van a sacar esos billetes para pagar esos bonos. Porque si están pensando que los van a sacar tal vez de vender TELCOR, INE, INAA, o algunas instituciones que para algunos, para grandes empresarios a nivel internacional, como quien dice en Nicaragua, son la carne, aquí nadie, ninguna empresa internacional viene a comprar hueso a Nicaragua. No, vienen a comprar carne, y nosotros tranquilamente le estamos vendiendo la carne y nos estamos quedando con el hueso. Ayer leía en el Nuevo Diario la forma como están vendiendo pedazos de nuestro pals, 400 kilometres. ¿Cómo es posible? Entonces yo quiero que el Ministro me conteste esa pregunta.

Por otro lado, yo quiero hacer un llamado a todos los Representantes en este Parlamento. Si nosotros siempre hemos hablado aquí y hemos estado muy preocupados por la situación de la propiedad en Nicaragua, ahora que tenemos la oportunidad de apoyar esta ley para poderle encontrar solución a este problema, a este conflicto que vivimos, yo quiero hacerles el llamado a todos: dejémonos de distingos políticos y trabajemos en función verdaderamente de beneficiar tanto a los unos como a los otros, tanto a los tenedores de bonos como a los que tienen las propiedades, para que todos tengan un poco de estabilidad y verdaderamente podamos echar a andar este país económicamente.

Ese es mi aporte sobre esta ley, señores, de que todos hagamos conciencia y trabajemos en función de mejorar, ponerle o quitarle a este proyecto que está en nuestras manos, para que verdaderamente salgamos adelante con este problema. Y conteste el señor Ministro mi pregunta, porque eso sí verdaderamente me tiene muy preocupada.

Ha solicitado la palabra la Representante Julia Mena, y después de ella vamos a ofrecerle la palabra al Ministro de Finanzas para que responda las preguntas que le han formulado, y cualquier explicación que él quiera ofrecer sobre el contenido, la naturaleza y los alcances del proyecto de ley que se está debatiendo.

En relación a este proyecto, ya el coordinador de nuestra bancada dio nuestra forma de pensar y de sentir alrededor del mismo proyecto. Estamos apoyando todo proyecto que tienda al logro de la estabilización, de la paz social y que siente las bases del desarrollo del trabajo y la producción. En relación a los considerandos tengo una inquietud, específicamente en el considerando número tres, y quiero ver si el señor Ministro de Finanzas tiene a bien explicarme este considerando, que dice a la letra así:

"que los recursos para compensar se establecen en el marco de la estabilización económica, el crédito para la reactivación de la producción, los planes de inversión pública. Y lo que más me preocupa es lo siguiente: "y los programas sociales que benefician a la mayoría de la población".

Según entiendo, estos programas van a ser afectados, lo mismo que la inversión y la reactivación de la producción. Si acaso estoy interpretando mal este considerando, le solicito al señor Ministro que me lo aclare.

Buenos días, señor Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Luis Humberto Guzman; distinguidos miembros de la Junta Directiva; señores Representantes:

Les agradezco en nombre de nuestra Presidente, Violeta Barrios de Chamorro la oportunidad que nos dan para compartir con ustedes nuestra apreciación, en camino de ir solucionando el problema de la propiedad.

El problema de la propiedad, como muy bien creo que lo señalaba la diputada Azucena Ferrey, es un problema sumamente complicado y muy profundo, que ha afectado seriamente a la sociedad nicaragüense, de hecho la ha dividido y la ha polarizado, y probablemente es un problema cuyos efectos perduran y tienen un impacto bastante más allá del que tiene la hiperinflación, o incluso del que pudo haber tenido en determinado momento la misma guerra.

Por lo tanto creo que si a un consenso hemos llegado los nicaragüenses, sobre la propiedad, es que definitivamente es un problema nacional y por lo tanto requiere de una solución de tipo nacional; requiere, como decía uno de los Representantes, de la voluntad política de la mayoría de las personas que representen a todos los sectores sociales. En la medida en que le vayamos dando soluciones parciales, definitivamente que este problema va a durar más tiempo del que necesitamos para poder restaurar en este país la capacidad de crecer, de aumentar la producción y de generar empleo.

Entonces el problema de la propiedad no solamente es visto como un problema de tipo social o de tipo político, sino también de tipo económico. Es fundamental dar señales claras a la sociedad local y a la comunidad internacional de la visión común que tiene Nicaragua sobre los derechos de propiedad y sobre las propiedades en conflicto. De tal manera que yo me permitiría no solamente que el día de hoy demos un paso adicional en la solución de este problema de la propiedad, sino que también en su momento, cuando toque la reforma de la Constitución, quede muy clara esa voluntad política de los nicaragüenses en cuanto al respeto y a la inviolabilidad del derecho de la propiedad.

El problema de la propiedad en Nicaragua tiene tres capítulos. El primer problema pasa por lo que le llamamos la seguridad y tenencia de la tierra. Aproximadamente quedaron del gobierno anterior unos 34 mil beneficiados de la Reforma Agraria, que en vez de recibir sus títulos de Reforma Agraria, únicamente recibieron cartas de asignación. En la medida en que la gente del campo no tiene su título definitivo hay una inseguridad en la tierra, que invita a abusar de la tierra, en algunos casos a quemarlas, y en muchos casos como no hay seguridad, a invadir otras parcelas. Entonces el primer capítulo pasa por consolidar -una vez corregidos Ios abusos- la reforma agraria en donde quedaron aproximadamente 34 mil títulos pendientes.

El segundo capítulo pasa por las asignaciones y la revisión de los beneficiados durante el período de transición. Durante el período de transición hubieron 112, 675 beneficiados, que incluyen 12,029 casos de la Ley 85; 90,264 terrenos urbanos de la Ley 86; y 2, 382 títulos adicionales de Reforma Agraria que se dieron en el período del 25 de Febrero al 25 de Abril. Finalmente, el tercer capítulo pasa por las devoluciones y las indemnizaciones, donde tenemos un total de 5,288 reclamantes que reclaman un total de 15,985 propiedades.

Me he tomado un poco de tiempo en darles estos datos, porque muchas veces no se comprende el problema de la propiedad en Nicaragua, únicamente es visto desde cada uno de los componentes de este capítulo, de los diferentes capítulos, o de los diferentes afectados. Pero en total tenemos 151 mil casos que revisar, de los cuales corresponden 5,288 a los reclamantes y aproximadamente 146 mil a los beneficiados. De tal manera que por cada reclamante hay un promedio de 30 beneficiados. Obviamente queda demostrado un efecto redistributivo muy claro donde también se dieron algunos abusos.

Dentro de las manzanas reclamadas, alguien me preguntaba por aquí, se reclaman aproximadamente dos millones y medio de manzanas que viene significando, si lo comparamos con los 8 millones de manzanas cultivables que hay en el país, pues definitivamente eso viene siendo casi el 30 por ciento de la tierra cultivable de este país. Entonces, en la búsqueda de darle una respuesta nacional a este problema nacional, quisiera yo informarles que en el capítulo de la reforma agraria, donde no es sólo un problema de voluntad política ni un problema jurídico sino un problema de ingeniería, por el hecho de que el último catastro que se hizo en Nicaragua fue en los años 60, ya se han entregado más de 5 mil títulos, o sea casi el 20 por ciento.

En el caso de la Ley 85 ya se han revisado el 77 por ciento de los casos, como de mil casos; y en el caso de la Ley 86 ya se han entregado 35,800 solvencias con el 40 por ciento. Y en el caso de las asignaciones durante el período de transición, de los 1,382 títulos ya se han revisado 7,200 para el 70 por ciento. O sea que hemos avanzado mucho en el área de la revisión de los beneficiados.

Donde íbamos ligeramente atrasados era en el caso de los confiscados, simplemente porque si ustedes recuerdan rápidamente, ha sido muy difícil que la sociedad se ponga de acuerdo en cuanto a una respuesta de consenso que se le debía dar a este sector, y eso fue objeto de mucha discusión en la primera Concertación en 1990, en la segunda Concertación en 1991, y en muchas discusiones en diferentes foros en 1992 y 1993, hasta que finalmente en 1994, después de muchas conversaciones con afectados, con la comunidad internacional, con diplomáticos, con miembros del Poder Legislativo, con miembros del Poder Ejecutivo, con miembros de otros Poderes, aparentemente se ha estado creando el clima para ya empezar a dar una respuesta de consenso de toda sociedad a estos problemas.

FundamentaImente en el caso de aquellas propiedades donde no se puede devolver, tanto en el Programa de Gobierno como en otras alternativas que existieron, como en las diferentes posturas que han habido, siempre se estuvo de acuerdo en aquellos casos donde no se pudieron devolver.

Incluso, hay un apoyo de la Asamblea Nacional en 1990, que está firmado por el ingeniero Alfredo Cesar y el Representante Luis Sánchez Sancho, donde la Asamblea apoyaba los resultados de la primera Concertación 1991, en el sentido de aquellas tierras que no se pudieran devolver, se pagarán dentro de las posibilidades del Estado, lo cual quiere decir que la propiedad es una deuda interna que no estaba reflejado en los libros del gobierno; así como hay una deuda externa enorme de las más altas del mundo, hay una deuda interna que la sociedad nicaragüense le debe a los confiscados, y esa deuda se estima en alrededor de 650 millones de dólares cuando valoramos las diferentes propiedades que yo rápidamente he detallado.

Entonces, el problema de la propiedad ya no sólo es un problema político, ni legal, sino que es un problema de recursos. Y todos ustedes saben -para llamarlo en forma muy optimista- que este gobierno recibió una economía débil, por no decirle una economía quebrada, y no es viable ni en el corto ni el mediano plazo atender una deuda de esa magnitud. Entonces en términos técnicos, en términos viables, nosotros hemos promovido que la sociedad reconozca esta deuda, pero que sea pagado en términos de las posibilidades del Estado, de acuerdo a como está indicado en las diferentes alternativas que han habido y en el plan de gobierno.

Entonces, cuando el gobierno hace los cálculos para pagar con las posibilidades del Estado, lo hace tomando en cuenta las obligaciones que tiene el Estado, el nivel de exportaciones, el tamaño del presupuesto de la República, el tamaño de volumen de crédito requerido, el tamaño de los programas sociales; y nosotros encontramos -contestando la pregunta de la señora Representante María Teresa Delgado- que si es posible responder dentro de las posibilidades del Estado sin afectar los programas sociales y sin afectar los volúmenes de crédito, si nosotros hacemos un esfuerzo mayor en respaldar estos bonos con la venta de activos del Estado y con la reducción de mayores gastos sobre todo en la parte burocrática del gobierno.

Entonces, como hay un problema de falta de recursos, lo que nosotros planteamos y hemos convenido con miembros del Poder Legislativo y también con tenedores de un instrumento que le hemos llamado el bono de indemnización. Sin embargo, entre más largo es el plazo, ese bono de indemnización tiende a valer menos en el presente, por el hecho de que hay que esperar tiempo para cobrarlo.

Entonces, en el corto plazo necesitamos nosotros darle una característica para que el bono valga la pena, para que el bono se vuelva atractivo para las personas que en cierta manera se le está reparando el daño patrimonial. Y en eso quiero yo unirme a los que dijeron aquí de que esto no va a dejar totalmente satisfecho a nadie, porque realmente ha sido muy loable y vale la pena decirlo aquí, que los confiscados y los tenedores de bonos, haciendo un gran sacrificio y comprendiendo la limitaciones que tiene Nicaragua, han decidido hacer un acuerdo por primera vez donde están todas las partes para la ley de bonos. De tal manera que yo creo que esta ley tendrá una enorme legitimidad, probablemente va a ser una de las leyes con mayor legitimidad por cuanto los destinatarios de la misma ley ya han suscrito su acuerdo general.

Para delegar el valor de un bono, normalmente se necesitan dos tipos de acciones: la primera es que, en general, la gente los demande, y para demandarlos se necesita que tengan muchos usos. Y la otra es que la gente los quiera guardar, y para guardarlos se necesita que las características del bono lo hagan atractivo para conservarlo. Entonces, para aumentar el número de usos, y aun cuando estas facultades están en el área del Ejecutivo, como señalaba muy bien creo que el diputado don Luis Sánchez Sancho, aquí estamos reflejando la voluntad política de la sociedad y por eso creemos que es necesaria, aunque haya una especie de empezar a compartir poderes antes que se den las reformas constitucionales, para darle una respuesta nacional a un problema nacional.

Por eso el Ejecutivo considera que si la Asamblea no sólo debe apoyar esto, sino en forma unánime, porque no solamente se está iniciando el camino para resolver el problema de la propiedad sino para trabajar en conjunto en muchas áreas que demanda la acción de ambos poderes.

Entonces, para aumentar los usos estamos haciendo nosotros que los bonos sirvan como garantía en los bancos, como garantía en las licitaciones de obras públicas y que incluso sirvan para pagar cuentas por cobrar, de antes de Junio de 1993. No hemos incluido nosotros el segundo semestre del 93, porque parte de la recuperación de esa cartera del segundo semestre del 93 ya está considerado en el Presupuesto de 94. Si nosotros hubiéramos incluido el segundo semestre del 93, definitivamente como dice doña María Teresa Delgado y como decía doña Julia Mena, si estaríamos afectando el Presupuesto de 94 si metemos ese período.

Vale la pena señalar que tampoco es muy necesario en este momento darle mayor análisis a si se mete el segundo semestre de 1993, ya que la suma de las cuentas por cobrar que hay en el INAA, en el INE, en INATEC y en el INSSBI y en otras instituciones, suma más de 600 millones de córdobas, y en los cálculos que hemos hecho nosotros pues se considera más que razonable para darle un mayor uso a los bonos.

Por el lado de las características para que la gente lo quiera retener, lo que habría que hacer era recortar el plazo y subir la tasa de interés. Pero recordemos que la tasa de interés tiene un rendimiento del dinero, también está en función de las disponibilidades de esta economía. Este país tiene una tasa en la realidad arriba del 3 por ciento y para que esta economía empiece a crecer positivamente deberíamos de tener una tasa de crecimiento arriba del 3%. Cuando el gobierno se decide a pagar una deuda por arriba del 3% quiere decir que está pagando más de lo que la economía ha estado creciendo en los últimos años.

Cuando uno paga una tasa de interés con mantenimiento de valor y donde están los bonos protegidos contra la inflación, con sólo pagar por arriba de lo que está creciendo la economía, eso quiere decir que uno está pagando igual o por encima de las posibilidades del Estado. Por eso nosotros creemos que es razonable para los tenedores de bonos y es razonable para el Estado, porque eso significaría si hubiera un promedio de circulación de aproximadamente 350 millones de dólares en bonos, una vez que han sido retirados el resto de los bonos por la vía de venta de activos, y le calculamos nosotros el 4-1/2, aproximadamente habría que pagar intereses en el año cuarto y quinto, del orden de 14 o 15 millones de dólares.

Si nosotros tenemos un nivel de exportaciones del orden de 300 millones, aquí quiero decir que nosotros estaríamos dedicando el 5 por ciento de las exportaciones solamente para pagar los intereses de esta deuda, lo cual es una cantidad muy considerable. De tal manera que este es un proyecto que ha sido hecho muy cuidadosamente, le hemos dedicado varios meses de trabajo, se ha logrado un consenso inusual con miembros del Poder Legislativo, con miembros de los tenedores de bonos y hemos hecho un programa que, satisfaciendo en lo mínimo las partes de cada grupo y sin llegar a imponer cargas adicionales, excesivas, nosotros consideramos razonable de que se respete sobre todo a la parte cuantitativa de esta ley, que tiene que ver con las afectaciones al Presupuesto.

De tal manera que tengan la seguridad de que en los números con que hemos trabajando no se van afectar los programas sociales en el corto plazo, no se van afectar los volúmenes de crédito y tampoco se van afectar las otras obligaciones contractuales que tiene el Estado, al mismo tiempo que se le da una respuesta donde empezamos a hacer camino. Nosotros creemos que esta no es la última palabra en cuanto a solución al problema de la propiedad y tenemos que dar pasos adicionales para contribuir a ese ambiente de estabilidad general, el cual no se puede lograr si no se da una solución a la propiedad.

Yo me limitaría a estas palabras, creo que me he extendido un poco de tiempo con la idea de dejarles bastantes números, trasmitirles la seguridad de que con el mismo celo con que se ha manejado el Presupuesto, de esa manera también con el mismo celo se ha manejado el impacto fiscal que tendría este programa está hecho de tal manera que tendría un impacto fiscal neutral para los próximos tres años. A partir del cuarto año, obviamente del crecimiento de la economía tendría que salir el incremento para poder pasar del 4 1/2 al 5 por ciento; si ese crecimiento no se lograra en el futuro, pues obviamente tendríamos que buscar cómo reducir mayor la dirigencia del Estado para hacer frente a esta deuda que tiene la sociedad con los confiscados.

Igualmente yo quisiera decir de que, independiente de las relaciones con la comunidad internacional, el problema de la propiedad demanda respuesta muy pronto, porque de lo contrario al final, lo que nosotros estamos atrasando es la generación de empleo y la reducción de la pobreza en Nicaragua. La mejor contribución que se puede hacer ahorita para aumentar el empleo y para reducir la pobreza es llevando seguridad al problema de la propiedad, y esta ley sería una contribución en esa dirección.

Agradezco al señor Ministro la información que nos dio, la explicación; entonces lo que existe en este documento es una incongruencia y podríamos tratar de solucionarlo.

Entre el dictamen lo referente al punto 3, en donde dice: "Que las compensaciones de los bonos se realicen en el marco de la estabilización económica, que no afecte el crédito para la reactivación de la producción, los planes de inversión pública y los programas sociales", yo supongo que eso es lo correcto, lo que aparece en el dictamen; pero entonces tendríamos que suprimir el considerando número 3, que es una incongruencia porque dice: "Que los recursos para compensar se establecen en el marco de la estabilización económica, el crédito para la reactivación de la producción, los planes de inversión pública y los programas sociales que benefician a la mayoría de la población".

Una ley tiene que ser tan clara, un proyecto tiene que ser tan claro que no necesite una interpretación, dado que en su total incongruencia nos quedaríamos con lo que dice el dictamen y suprimiríamos el considerando número 3 para que exista verdadera armonía en todo el proyecto.

El problema de la compensación por medio de los bonos de pago por indemnización, tiene su origen precisamente en los actos fraudulentos que se llevaron a efecto en los actos de confiscaciones injustas, en los decretos violatorios de los derechos humanos, en la privación de la propiedad privada a sus legítimos dueños, en las ilegales leyes número 85, 86 y 88 dictadas por la Asamblea Nacional anterior en el periodo de transición, en la piñata misma, en los títulos de reforma agraria y títulos que se dieron de propiedades urbanas y de solares para construcción de viviendas, con fecha antedatada, donde se han detectado hasta la fecha más de mil títulos.

Y no he sabido que ningún Procurador de la República ni la Procuraduría General hayan entablado ninguna acción, más bien han sido aceptados como legítimos y no se ha demandado su cancelación por nulidad ni por ser fraudulenta, y procesar a todos aquellos que son portadores o beneficiarios de ellos y los que coadyuvaron y entraron en complicidad o fueron coactores de lo mismo. Abundan infinidad de títulos emitidos por reforma agraria donde tienen apenas un facsímil del señor Ministro del MIDINRA que fungía en ese tiempo, el cual no tiene ningún valor legal porque no hay ninguna ley que así lo otorga, ni un acuerdo ministerial dándole ese valor, que no lo tiene porque solamente la ley lo puede hacer.

Por otro lado este dictamen es contradictorio, en el sentido que se quiere resolver el problema de la propiedad en parte y en mantener la estabilidad y la confianza y buscar como la gente se interese en aceptar bonos. Pero al mismo tiempo mantiene todo aquello que debe hacer un gobierno, como es preocuparse por la salud, por la educación, los programas sociales, la inversión pública; eso no se afecta. Naturalmente que hay un artículo que más adelante, y por eso el del dictamen es contradictorio con lo especificado ya en el anteproyecto de ley, en la parte específica de la Ley Especial de Valorización de Bonos.

Por un lado estos son bonos transferibles, son títulos de valor los cuales están sujetos a la ley de oferta y de la demanda, están dentro del mercado en la Bolsa de Valores y sabemos que andan por el 20% de su valor. Todas aquellas personas que fueron perjudicadas -y hablo de pequeños y de medianos propietarios, dueños de casas- no van a estar esperando esta ley porque hasta ahora está viniendo, ya la mayoría se deshizo de sus bonos y están en poder de acaparadores que son los que están interesados en que pase esta ley y que se le dé una especie de valorización por medio del respaldo que el Estado le va a dar a través del Presupuesto Nacional. ¿Pero, qué cantidad del Presupuesto Nacional se va asignar?

Y le preguntaría, ¿cuántos bonos se han emitido y quienes han sido los beneficiarios, y actualmente en manos de quiénes se encuentran? Naturalmente es imposible esa respuesta no se puede dar porque son títulos valores transferibles. Después el Estado va a reunir esos bonos, y los va a reunir dándoles un bono de capitalización nominal, ya no van a ser transferibles al portador y van a tener un interés del 3% anual; se les va a reunir a todas aquellas instituciones del Estado que hayan aceptado bonos, si esta ley en realidad obliga y podría obligar a esas instituciones del Estado a aceptar estos bonos. Porque aquí hay algo todavía que no está muy claro, como es que si esta ley que dicta la Asamblea Nacional, extralimitándose de sus funciones, puede en realidad modificar un decreto legislativo.

Por consiguiente, el gobierno ha querido resolver el problema de la propiedad a través de decretos administrativos y no como los propuso en su inicio la mayoría de este Parlamento, a través de una Ley Especial de la Propiedad, que ya estuviéramos en mejores circunstancias y muy avanzados. Por otro lado se habla de un crecimiento de la tasa poblacional del 3.7, y un crecimiento económico que podría andar en el 3%, lo cual lleva a confusiones al Ministerio de Finanzas y a los organismos interesados y al gobierno y a los tenedores de bonos, a aceptar un 3% los 24 meses y un 4 1/2 por ciento después de los 30 meses, y un 5% en los cinco años.

Naturalmente que esto es haciendo referenda únicamente y tomando en consideración los bonos que se han emitido. Pero si es cierto que esto le va a dar valorización, va a revalorizar estos bonos y van a ser atractivos para que todo mundo vaya a la OSI a que le cuantifiquen su propiedad y recibir bonos después en el Ministerio de Finanzas, ¿cuántos millones en córdobas, en dólares significaría esa cantidad de bonos, que mucha gente todavía tiene miedo de aceptar porque no gozan de respaldo financiero, ni de respaldo del Estado, ni de ninguna institución?

Simplemente se otorgaron bonos sin un respaldo, lo que significa en el fondo haber inducido a la gente a un error, haber cometido un error aceptar estos bonos, y muy conscientemente el gobierno ha actuado de mala fe, ha actuado fraudulentamente, por no decir ha estafado a la mayoría de la población, los beneficiarios de los bonos. Por otro lado, sabemos que existen más de seis mil reclamos de los cuales se resolvieron hasta el último de Diciembre del 92, unos dos mil; están como cuatro mil todavía pendientes y hay más de diez mil casos que no han sido resueltos. ¿Con qué cantidad de dinero va a pagar el Estado?

Por otro lado, se habló desde un principio que donde existen esos Programas de Gobierno de Salvación Nacional, la formación de un fondo de indemnización el cual el gobierno debió haberlo iniciado desde un principio para darle la suficiente credibilidad a esos bonos, y jamás se hizo; es hasta ahora y a presión de los tenedores de bonos, que se ha legislado muy mal, se ha legislado tratando de valorizar estos bonos a través de esta ley, que en mi concepto es violatoria de la Constitución misma de la República y violatorio de decretos emitidos por el Ejecutivo.

Por otro lado, existe la verdad que en el fondo no existen ni los fondos suficientes, ni tiene el Estado valores suficientes para responder por estos bonos; de manera que tampoco van a ser aceptados en los sistemas financieros como garantía para solicitar un préstamo, y si no se puede pagar, que se pague con esos bonos. Eso sería magnífico, todo mundo recurriría a las instituciones financieras a hacer préstamos y dar en garantía estos bonos, pero sabemos que ya han sido rechazados infinidades de veces y no van a ser aceptados aunque nosotros aprobemos ilegalmente esta ley.

De manera que no nos estemos engañando, aquí existen contradicciones entre lo que el dictamen y lo que es la esencia misma de la ley: Por lo consiguiente, tengamos mucho cuidado en la discusión de esto y en la aprobación, y seamos más sensatos a la hora de emitir nuestro voto, leyendo determinadamente entre los que emitieron y dictaminaron, que al fin fue una apología de esta ley y lo que realmente la ley contiene.

Para comenzar, estoy totalmente en posición de apoyar que se apruebe esta ley, y voy a sintetizar los motivos. Porque este es el comienzo, el principio realmente de ir normalizando el país. Yo creo que después de haber escuchado a todos los colegas y también al Ministro de Finanzas donde habla de 151 mil casos, realmente pienso que es un terremoto lo que hubo en Nicaragua. Entonces, cada uno de nosotros tiene un criterio y hay que escucharnos y asimilar cada uno de lo que nosotros dice, para ver la mejor forma en que podemos sacar a Nicaragua.

Aquí hay tres clases de generaciones que estamos metidos en este problema: una, los señores que tienen de 70 años para arriba y no aceptan bonos de ninguna forma, y que lo que quieren no es dinero ni que les paguen sus propiedades sino que quieren que les devuelvan su propiedad y están aferrados a eso: quiero mi propiedad, no quiero dinero, y punto. Están los hijos de los confiscados, que aceptan bonos; y están los nietos de los primeros, que tienen otras posiciones. Y esto lo digo porque la diputada Ferrey decía que realmente no vamos a resolver de la noche a la mañana el problema con estos bonos.

El otro día me encontraba yo con unos chavalos ya de 17 y 18 años, que se criaron en Miami, nietos de estas personas que no aceptan en ningún momento más sus propiedades, o nada, y después de platicar un rato con ellos me dice: ¿usted es don Herty? Si les digo. Figúrese que mi abuelo me dijo que nunca le hablara a un sandinista porque son asesinos y ladrones, y yo oí que mi papá lo saludo a usted. Entonces, vemos realmente que los hombres de 40 y 50 están sirviendo de mediadores entre esos padres, o ese abuelo, y entre estos nietos, para ver cómo es que vamos a ir realmente avanzando en este país.

Y yo podría pasar toda la mañana hablando de esto. Es una responsabilidad que escuchemos qué significa aprobar esta ley de bonos, la responsabilidad histórica que vamos a tener o van a tener las futuras generaciones, y después de la exposición clara que dio el Ministro, pues no tengo que agregar mucho, y como dicen aquí, "Dios salve a Nicaragua", hoy nos toca que la Asamblea salva a Nicaragua aprobando esta ley, aunque sea muy costosa para los políticos que estamos en este Parlamento.

Le ruego al Secretario don Armando Zambrana, que por favor pase al estrado de la Junta Directiva.

Desde un inicio, cuando se empezó a hablar de la emisión de bonos, yo siempre tuve recelos acerca de la bondad de esta medida; el tiempo creo que ha venido más o menos dando a medias la razón a este recelo inicial. En primer lugar, desafortunadamente siempre permanece la objeción de que al final los bonos van a ser pagados a través de los impuestos que paga la población, van a ser pagados a través del costo de los servicios energía, agua, luz, y otros servicios que deja de rendir por falta de recursos.

De manera que el hecho incontestable e indiscutible es que, al final, no hay manera de escapar a eso: los bonos van a ser pagados de los bolsillos de todos los nicaragüenses. Particularmente, como la estructura de impuestos en este país es una estructura de impuestos que carga sobre todo a los menos pudientes, creo que el 70 u 80 por ciento de lo que se recoge en impuestos viene de la gente menos pudiente en este país, y al final, sobre los hombros de la gente menos pudiente del país va a recaer el pago de estos bonos. Eso es una objeción que existía desde el comienzo.

Por otra parte, creo que hubo una serie de problemas en la distribución de los bonos, y creo que el tiempo ha demostrado que los bonos fueron distribuidos sin dar la debida atención a dos elementos: En primer lugar, sin dar la debida atención al hecho de que entre los perjudicados había una cantidad de gente que había obtenido sus bienes en forma ilícita; incluso, yo creo que todos aquí conocemos casos de personas claramente identificadas con el saqueo al Estado, que tomo lugar durante el gobierno somocista, claramente identificadas -somocistas o no, porque también saquearon el Estado gente que no era somocista-, que han recibido bonos, incluso han recibido devolución de propiedades.

Por supuesto que esto es un problema un poco complicado, porque es difícil establecer exactamente quién obtuvo sus bienes lícitamente y quién se enriqueció ilícitamente; es un poco complicado y uno podría decir que este problema no se puede atender debidamente, a no ser que se tome un período de tiempo extremadamente largo. Pero más grave todavía es que muchos bonos fueron distribuidos sin atender a otro problema, al margen de la justeza, o la justicia o no de las leyes 85 y 86, que obviamente contemplaron y apañaron una enorme cantidad de injusticias. Pero al margen de eso incluso se cometió una serie de abusos adicionales a los abusos que ya llevaban intrínsecamente las leyes 85 y 86.

Yo veo, más o menos en el listado nueve tipos de abusos cometidos, muchos de los cuales posiblemente vayan a ser pagados con bonos y que no tenían nada que ver, ni siquiera con las leyes 85 y 86, y, repito, no estoy defendiendo esas leyes, pero aún al margen de ellas, ya tienen injusticias enormes intrínsecas. Número 2. Personas que tienen, y familias que están en poder no de una sola casa, sino de una cantidad de casas y de bienes de todo tipo.

Número 3. Casas que fueron apropiadas y luego colocadas a nombres de otros; en algunos casos fallaron, en otros no. Por ejemplo, se conoce públicamente el caso del jefe del Ejército, que la casa que regaló en matrimonio a su hija, para poder legalizarla intento ponerla a nombre de una empleada. No sé cómo le salió el truco, si se lo aceptaron o no, hasta ahí no sé, pero si a él no se lo aceptaron, otros lograron salirse con la suya seguramente.

Número 4. Otro tipo de abuso: casas que están siendo alquiladas; alguna gente pasó a ser casateniente y alquila casas actualmente.

Numero 5. Abusos: Extensiones grandes de tierras rurales, de haciendas, convirtiendo a determinadas personas en terratenientes.

Numero 6. Empresas enteras tomadas, bienes del Estado y empresas surgidas, desde empresas de construcción, empresas de transporte hasta aires acondicionados, escritorios. Es famoso el caso que cuenta la señora Chamorro, del que parece se ha olvidado, que cuando entró a su oficina solamente habían dejado una silla color violeta en la oficina de la Casa de la Presidencia.

Numero 7. Bienes a nombre de toda clase de organizaciones afines a los saqueadores de la década pasada; una cantidad de organizaciones de la propia organización Frente, hasta una cantidad de organizaciones periféricas de Frente.

Numero 8. Bienes autovendidos a fracción de su valor: uno por ciento, dos por ciento; gente que compró y dice que compró y lo dice sin rubor: "Compré esa casa que vale 400 mil dólares, la compré en cuatro mil dólares". Autovendido, se ordenó así, se ordenó a un subordinado que le vendiera una casa en una centésima parte de su valor.

Todos estos abusos o buena parte, (perdón), de estos abusos seguramente están cubiertos por las leyes, por estos bonos y ni siquiera por las leyes 85 y 86. Con toda la injusticia que han entrañado estas leyes, ni siquiera estas leyes las cubrían.

Otra razón por la cual el tiempo ha demostrado que estábamos en la razón al mirar con sospecha el uso de los bonos, es que se creó un mercado negro de bonos, porque de otra manera ¿cómo se explica que una cantidad de gente puso oficinas adquiriendo bonos? No los obtienen para jugar al azar; no los adquieren pensando que hoy los compran en 15 centavos y mañana pueden valer 10 centavos. Los compran sabiendo que hoy valen 15 centavos y que ellos saben cómo, por sus relaciones, por sus vinculaciones, como mañana o pasado mañana valgan 200 y ganarse 65 centavos de un solo "pencazo". Esta es otra razón para mirar con recelo esta emisión de bonos.

Finalmente, yo francamente no creo que esto vaya a ser la solución al tremendo problema de la propiedad en Nicaragua, solamente deseo que ojalá se cumplan los pronósticos más optimistas de que pueda significar algún paso en la dirección a la solución de ese problema; ojalá, porque necesitamos buscar soluciones. Ojalá que estas opciones que he tratado de presentar de la manera más objetiva posible, de alguna manera pudieran tomarse en cuenta en la ley y puedan tomarse en cuenta por los mecanismos del Poder Ejecutivo.

De todas maneras, quiero dejar sentada mi posición sobre esto, sobre esta ley: no estoy convencido por ella, tampoco quiero decir que estoy convencido que no sirva para nada. Va a resolver algunas injusticias, va a crear otras injusticias, de manera que nosotros nos vamos a abstener de apoyar o rechazar esta ley.

Realmente este proyecto de ley tiene una gran significación económica social en Nicaragua, en los difíciles momentos que estamos viviendo. Lamentablemente las continuas mociones del diputado Julio Marenco, sobre la conveniencia de que la Asamblea Nacional tuviese un conocimiento pleno de las transacciones, operaciones, donaciones etc., o compensaciones que son hechas con bienes del Estado, a lo cual se envió una carta por parte de la Junta Directiva al Poder Ejecutivo, no tuvieron una respuesta adecuada en su momento, que tal vez hubiese servido de insumos para que los distinguidos Representantes conocieran a fondo la situación de las transformaciones de la tenencia de la tierra que se han dado aquí en los últimos.

Pero es facultad del Poder Legislativo entrarle a esta situación, no obstante que algunos juristas muy calificados han señalado que el mismo proyecto adolece de inconstitucionalidad, por el hecho de que se trata de modificar, derogar y variar decretos ejecutivos que estaban en vigencia. Hay quienes sostienen que cuando existen decretos ejecutivos, no le compete al Poder Legislativo la derogación o modificación de los mismos, sino que es facultad del Poder Ejecutivo. Y la presente ley viene a modificar fundamentalmente las características de los bonos de pagos por indemnización, creados por decretos presidenciales; decretos presidenciales que han venido manejando en una u otra forma toda la problemática de la indemnización de los bienes confiscados.

Nosotros los diputados de la UNO, que seguimos consecuentes con las posiciones con las cuales nos comprometimos en las elecciones el 25 de Febrero del 90, no hemos acordado aquí asumir una oposición que no traiga beneficios a la sociedad de Nicaragua; no, al contrario, una oposición constructiva, y es por ello que el coordinador de la Uno el Licenciado Luis Sánchez, ha expresado que todos los diputados que participamos en la bancada de la UNO, que él preside, que él coordina, estamos en absoluta libertad de emitir nuestras propias convicciones en lo que hace a la aprobación de esta Ley Especial de Valorización de Bonos y de Pagos por Indemnización.

Quisiera señalar también que ha sido muy ilustrativo para todos nosotros los representantes del pueblo, escuchar los comentarios realizados por el señor Ministro de Finanzas, el doctor Emilio Pereira, que está con nosotros; ya que hay que reconocer que el doctor Emilio Pereira ha sido uno de los hombres del Gabinete Económico y del Gobierno que se ha entregado por entero a entregarle soluciones al problema de la propiedad, al problema de las indemnizaciones. Es por ello que en mi calidad de Representante, siento yo que el señor Ministro de Finanzas, ha hechos buenos aportes en esta línea, porque tenemos que concluir los nicaragüenses que el talón de Aquiles y la problemática socioeconómica de Nicaragua lo sigue siendo el caso de la propiedad.

Y ahora que nos encontramos con esta ley de bonos, nos encontramos nosotros que existe una reducción del plazo de 20 a 15 años para hacer efectivos estos títulos-valores. Nos encontramos nosotros también de que de conformidad con el proyecto, existirá una tasa de interés bastante aceptable, comenzando con el 3 por ciento para los primeros 24 meses, continuando con el 4.5 por ciento, siguiendo luego con el 5 por ciento, con respecto a los intereses que devengarán estos bonos en manos de los tenedores.

Por otra parte se presenta la oportunidad de la comercialización de los mismos, se presenta la oportunidad de que se van a poder hacer efectivas obligaciones con determinados Entes Autónomos del Estado, entre ellos el INSSBI, el INE, TELCOR, INAA, aunque en forma bastante limitativa, por lo que sería bueno que ahora que tratemos este asunto, artículo por artículo, veamos la posibilidad que se amplié este término, ya que el artículo ó señala que tiene un límite hasta el 30 de Junio de 1993.

Por otra parte, encontramos nosotros que se va a permitir con bastante facilidad la comercialización, va haber mucha flexibilidad para los tenedores de bonos y esto, en una u otra forma va a traer mayor confianza a este sistema. Y yo quisiera, para concluir, solicitar aquí públicamente al señor Ministro de Finanzas de que este trabajo que se realiza en diferentes dependencias del Estado, se realice con mayor prontitud, con mayor eficacia, que no hayan discriminaciones y que se actué en forma objetiva, ya que son; numerosos los reclames de algunas personas confiscadas que son vistos en una forma no igualitaria. Y es asunto de que todos debemos de ser iguales ante la ley y tener la misma igualdad de oportunidades ante las dependencias del Estado.

Es por ello que en el momento de la aprobación de este dictamen en general de este dictamen, ya analizado bastante, yo entiendo que no obstante de que las Comisiones que trabajaron, según el mismo contexto del dictamen, no han hecho un análisis a fondo del mismo tema tratado en el articulado, pero si compromete en una forma bastante aceptable el voto de aquellos Representantes que nos sentimos comprometidos a buscarle una solución a este grave conflicto.

A través de los años que lleva este gobierno, hemos venido haciendo pronunciamientos en defensa de ciudadanos nicaragüenses injustamente confiscados, sector económico importante que desistió de invertir y crear más puestos de trabajo en esta nueva Nicaragua democrática. Hoy nos toca deliberar sobre esta importante ley, y en nombre de la bancada socialdemócrata, quiero manifestarle a esta Honorable Asamblea, la necesidad urgente de darle justicia a los miles de tenedores de bonos por indemnización. Con esta ley lograremos fortalecer la confianza de ciudadanos en gran parte de este conflicto de la propiedad en nuestro país.

Es importante mencionar que la banca socialdemócrata nos hemos abocado con dirigentes y representantes de los tenedores de bonos, y ellos ven con mucha satisfacción el apoyo a esta ley, porque con esta ley le estamos llevando justicia a miles de nicaragüenses injustamente confiscados, con el respaldo financiero, seguridad y garantía a cada uno de los tenedores de bonos. Y pido a cada uno de los diputados, para llevarle justicia a los confiscados y tenedores de bonos, apoyar la presente Ley Especial de Valorización de Bonos y de Pagos por Indemnización.

Cuando discutimos en este tema, Presidente, da la impresión, en las palabras de algunos Representantes, de que no hay verdadera voluntad de resolver el problema de la propiedad. Digo que no hay verdadera voluntad, porque pareciera que nunca se termina de hallar el acomodo para buscar una cierta estabilidad en el país.

Vemos en algunos extremos, posiciones que con el tiempo pasado deberían haberse moderado en el sentido de reconocer que la estabilidad solo puede ser lograda en la media en que el problema de la propiedad sea asumido con realismo, con sentido práctico y con sentido de futuro para Nicaragua.

Es decir, es imposible lograr una solución a la estabilidad nacional, a la reactivación económica y productiva del país, si el punto de partida o el contenido de las leyes de propiedad es que la única solución es volver al 18 de Julio de 1979. El planteamiento de que todo lo actuado en materia de propiedad es doloso, ilegal, es un planteamiento que se cae por su propio peso frente a quienes perfectamente conocen -como es el caso de esta Asamblea Nacional- que la conformación en materia de propiedad, benefició a más de 200 mil familias en Nicaragua; y que los casos de abusos fueron los suficientemente poco significativos como para que la Asamblea Nacional pueda llegar a tomar decisiones de fondo en materia de este tema, para resolver la base de la inestabilidad y de la inseguridad en el país, y sobre todo en el campo y en los sectores urbanos de Nicaragua.

De ahí que cuando entramos a esta discusión y se ha determinado de que deben devolverse las propiedades, que no debe de indemnizarse a algunos afectados, nos encontramos de nuevo en el callejón sin salida. Si esta Ley de Revalorización de los Bonos, cuyo único objeto que tiene es darle el mayor valor a instrumentos legales que el Estado nicaragüense ya está utilizando para indemnizar a las personas que fueron injustamente confiscadas, y esta ley que tiene ese único objeto es cuestionada desde todos ángulos, que incluso algunos Representantes han dicho que se pronunciaran en contra o que se van a abstener, entonces estamos simplemente negando la posibilidad de encontrarle una salida a la situación de la propiedad.

Yo tiendo a pensar que cuando en 1994 décimos de que nada de lo que hagamos en materia de solución al problema de la propiedad sirve, lo que en la práctica estamos diciendo es que cada quien quiere tener un filete para hacer politiquería de cara a las elecciones de 1996. Y que no es que no estemos interesados en resolver el problema de la propiedad, sino que pareciera ser que algunos están apuntados a tener pretextos para hacer carrera para 1996. Ayer en la televisión estaba oyendo el discurso de un economista conocido en Nicaragua, miembro del Partido Liberal, ofreciendo títulos a las casas que ya están en manos de beneficiarios en virtud de las leyes 85 y 86, y que es justamente parte de los que se oponen aquí a que le busquemos solución a este asunto.

De manera que hay quienes andan haciendo carreras presidenciales y carrera política, siempre que no se resuelva el problema de la propiedad para tener que ofrecer de cara a 1996, sin costo alguno. Por eso es que se vienen a oponer aquí y por eso es que se vienen a abstener aquí, para de todas maneras ir a darles las mismas soluciones, nada más que tratando de buscar clientela política, haciendo simple y llanamente labor a costa de la inestabilidad nacional, de la inestabilidad en las zonas urbanas y de la falta de reactivación económica y productiva en las zonas rurales.

Se trata de introducir esta Ley de Valorización de los Bonos, para evitar lo que le preocupaba a doña Magdalena: si un gobierno futuro se niega a pagar una deuda que asumió el país, si aquí está esta Asamblea Nacional. Yo quisiera entender que aquellos que dicen que se van a abstener o que van a votar en contra, no es que están lavándose las manos para dejar de asumir el compromiso que corresponde a los gobiernos futuros en este país, porque ésta es una deuda que hay que pagarla los próximos 25 años, y gobierno que vaya a asumir la responsabilidad, tendrá que pagar esa deuda, y esta Asamblea es responsable de garantizar que esa palabra quede honrada; de lo contrario, los partidos políticos que estamos aquí, estaremos simplemente lavándonos las manos frente a esa responsabilidad.

En el seminario que la Asamblea Nacional pidió participación y organización, el Seminario sobre la Transición, un delegado del Sindicato de Solidaridad; de Polonia, decía que todos aquellos que colocan la solución de los problemas en el todo o en la nada, finalmente terminan en la nada. Y yo seguía teniendo la percepción de que en los foros políticos que se le colocan a esto, siempre se está buscando a que lleguemos a quedar en la nada. ¿Se ha preguntado aquí si el proyecto de ley tiene un costo? y la Asamblea debe de reconocer ese costo, debe admitir que ese es el costo que hay que pagar.

Se está publicando una ley que no pretende engañar a los tenedores de bonos diciéndoles que el bono vale como dinero en efectivo. ¡Si para eso es bono! Un bono tiene valor justamente cuando se redime, no antes de que se redima, si no, los bonos no existirían en ninguna parte del mundo, simplemente sería una emisión monetaria regular y el problema se resuelve. De manera que lo que estamos es tratando de darle mayor valor a estos bonos por la vía de los usos y por la vía de los intereses en plazos.

Los sandinistas tenemos reservas con algunos de los que han sido indemnizados con los bonos; y tengo reservas personalmente con gente que está en la lista de los indemnizados hasta hoy, y muy seguramente tendré reservas con gente que puede indemnizarse, que son las mismas reservas que puede tener algún Representante aquí frente a beneficiarios de la reforma agraria o de la reforma urbana. Pero si aquí nosotros nos limitamos a hacer que nuestras reservas sean las que pesen a la hora de tomar una decisión de interés nacional, nunca vamos a darle al país los cauces de la paz y la estabilidad que el país requiere.

Quiero llamar entonces, señor Presidente, a los Representantes a respaldar este proyecto de ley que es parte efectivamente de lo que puede ser el punto final del problema de la propiedad en Nicaragua. Es responsabilidad de esta Asamblea, aquí en la Asamblea se van a aprobar reformas constitucionales, Código Militar, Ley de Valorización de los Bonos, y muy pronto, creo yo, Ley de Estabilización de la Propiedad y Código Laboral, es el reto que tiene frente al futuro de este país.

El Representante Julio Marenco ha solicitado -y yo quisiera trasladarle la solicitud al señor Ministro de Finanzas- una serie de informaciones, algunas de las cuales fueron ofrecidas ya verbalmente por el Ministro. Pero entiendo que la petición del Representante Julio Marenco, es que si pudiéramos tener un informe acerca del detalle de los confiscados por los diferentes decretos 3 y 38, por ausencia, por reforma agraria, los problemas de hecho, algún detalle sobre la privatización. En fin, voy a hacerle llegar al Ministro la enumeración de la solicitud de informe que ha presentado el Representante Julio Marenco.

Quisiera sí, antes de ofrecerle la palabra al último orador del debate, preguntarle al Ministro si él tiene la disposición para hacer llegar en algún momento esta información.

Con mucho gusto, señor Presidente, sería un honor no sólo darles un informe, sino participarles de los detalles sobre cómo se están manejando cada uno de los diferentes capítulos que yo mencioné, y cuáles son los planes a través del tiempo, para ir avanzando en todas las direcciones de los diferentes ángulos del problema de la propiedad.

Verdaderamente que el problema de la propiedad en Nicaragua y en la humanidad no es algo nuevo. Y desde la época precolombina ha habido problemas de la propiedad en Nicaragua. Los Niquiranos, cuando se establecieron en la región de los lagos, expulsaron a las tribus misquitas, pobladoras en ese momento, hacia el Norte, y hubo problemas de propiedad. Cuando los conquistadores llegaron a Nicaragua, expropiaron tierras de los indígenas y se presentaron problemas de la propiedad. Los colonizadores comenzaron a crecer en sus propiedades utilizando la figura de las encomiendas, y hubo problemas de la propiedad.

Las clases dominantes, después de la Independencia, siguieron creciendo en la propiedad a costa de las tierras nacionales y a costa de las tierras de los indígenas, y hubo problemas nacionales de la propiedad. Los Fiebres expropiaron a los Moderados y después los Moderados a los Fiebres; los Timbucos a los Calandracas y los Calandracas a los Timbucos; los Legitimista a los Demócratas y los Demócratas a los Legitimistas; los del 93 a la Iglesia Católica y a los Conservadores, y éstos en el período de la Restauración; los Somoza al pueblo nicaragüense y específicamente a la colonia de pobladores de origen alemán, y hubo problemas de la propiedad.

Y así podríamos profundizar en este argumento, utilizando lo que los tratadistas de Derecho Civil llaman "la prueba diabólica", y como dirían los afrancesados del derecho, así lo han señalado autores como Planiol, Ritter, y otros. Este es el origen de la propiedad en Nicaragua. Desde luego, no recogemos la expresión de Proudhor quien decía que la propiedad es un robo; ni la expresión de Honorato de Balzac en "La Comedia Humana", quien señalaba que detrás de toda gran fortuna se escondía un delito.

Más bien por el contrario, nosotros creemos que el derecho a la propiedad es un derecho básico, fundamental y que es necesario protegerlo, tutelarlo jurídicamente y esta protección debe realizarse plenamente. Es cierto que en los últimos años ha habido problemas en la propiedad que no son nuevos en el país y que ha habido piñatas en nuestra historia reciente: la piñata sandinista, la piñata de la privatización, la piñata del tráfico de aparentes o reales devoluciones, con frágiles y volátiles instrumentos que recuerdan aquella balada de los años 60, "papeles, tan sólo papeles", y que más tarde fueron deslegitimados.

A como continúan las piñatas actuales con el Patrimonio Nacional, con las llantas, con las riquezas naturales, en fin, con todo lo que pueda ser sujeto de apropiación individual. A través de esta ley, señor Presidente, entiendo que no estaremos dando toda la solución al problema de la propiedad, pero desde luego caben dos posturas: o la postura del avestruz, de no hacer nada y dejar las cosas como están, para el día de mañana tratar de enarbolar bandera; o bien hacer algo y comenzar sectorialmente a resolver este problema.

Es cierto que es más fácil que su sencillez y porque no requiere mucho razonamiento, el discurso rimbombante, la frase sectista; frase que recuerda -como se daría en buen náhuatl- a los machoteros, sin fundamento muchas veces; a la pasión sin la razón, para justificar muchas veces otros intereses. Algunos inclusive en ese afán machotero han llegado a decir que este dictamen es inconstitucional, pero no han señalado un solo precepto violado a la Constitución, o que se pueda violar; tampoco he escuchado un solo argumento jurídico de peso o que al menos guarde la apariencia de tal. Y quienes tratan de deslegitimar esta iniciativa para comenzar a resolver este problema, no dudan en disminuirse personalmente, ni en tratar de disminuir facultades y potestades en la Asamblea Nacional, llegando a afirmar que la Asamblea Nacional no puede reformar o derogar decretos del Ejecutivo. ¡Qué mentalidad!

Algunos quisieran tal vez que regresáramos a la época de la conquista o a la época de las encomiendas, si ya precisamente los geófagos comienzan a tratar de apropiarse de tierras que históricamente han pertenecido a este pueblo. Claro, es mucho más difícil hacer planteamientos serios en proponer soluciones, resolver problemas, contribuir a la solución nacional. Sin embargo, señor Presidente, creemos que éste es un momento de aceptar ese reto, y como tal, aprovechar esta oportunidad de poder discutir los representantes del pueblo este problema, para comenzar a solucionar el problema de la propiedad que no es nuevo en el país, pero que vale la pena comenzarlo, a resolver con seriedad, con valentía, con honestidad y sobre todo de cara al porvenir.

Como ya se había anunciado, estaba cerrado el debate, vamos a proceder inmediatamente a la votación del dictamen en lo general.

En el sistema electrónico están presentes todavía 13 Representantes que no han hecho uso de su derecho al voto.

Con 72 votos a favor, ningún voto en contra y 6 abstenciones, se aprueba en lo general el dictamen de la Ley de Revalorización de Bonos.

Invitamos al Ministro de Finanzas, el doctor Pereira, para que pase adelante en el hemiciclo, que vamos a comenzar.

Vamos a comenzar la discusión en lo particular de la Ley Especial de Valoración de Bonos de Pagos por Indemnización. El Secretario le dará lectura al artículo primero.

Arto. 1. La presente ley modifica las características de los Bonos de Pago por Indemnización, emitidos o por emitirse por el Estado, conforme el sistema de Compensación establecido en el Decreto Presidencial No. 56-92 del 15 de Octubre de 1992, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 198 del 16 de Octubre de 1992, y los Acuerdos Ministeriales del Ministerio de Finanzas No. 20-93 del 24 de Septiembre de 1993 y No. 33-92 del 30 de Noviembre de 1992, con el propósito de elevar la valorización de dichos bonos.

Se aprueba el artículo 1, con 53 votos a favor, ninguno en contra, 4 abstenciones, y 7 que no votaron.

Arto. 2 Los Bonos de Pago por Indemnización, que en el texto de la presente ley se denominaran simplemente "bonos", serán títulos valores con las siguientes particularidades:

Es para hacer una aclaración. Hay un error en el texto del dictamen, en el literal e) que dice: "La tasa de interés será del 3 por ciento anual, capitalizable para los primeros 24 meses de emitido el Bono de Indemnización; del 4 por ciento, dice, y tiene entre paréntesis cuatro y medio. Debe decir: "4.5 por ciento anual", para los siguientes cinco años", etc.

Lo que yo quería preguntarle a usted, es la mecánica, porque siempre hemos acostumbrado a discutir lo que es el título y los incisos correspondientes; si esa es la mecánica que vamos a usar en esta ley, porque yo tengo observaciones sobre el inciso f) y no quisiera saltarme el orden de la metodología establecida.

Vamos a proceder de la siguiente forma: vamos a ir preguntando si no hay ninguna moción sobre el inciso respectivo, y solamente donde haya mociones vamos a discutir ese inciso, y después aprobaríamos el artículo complete.

Aunque no es una cuestión de esencia, ni tampoco tiene que ver con la nomenclatura técnico-jurídica que utilice la Asamblea Nacional, sino que depende más bien del resorte de otro Poder del Estado, como lo es el Poder Ejecutivo, estaba viendo que ellos utilizan la denominación Decreto-Ley No. 1-92. Y resulta únicamente, y yo quisiera plantear la inquietud nada más, que lo que autoriza la Constitución no es a crear decretos-ley, sino decretos con fuerza de ley. Únicamente, eso escapa totalmente al control de esta Asamblea Nacional, porque no es la Asamblea quien le pone el nombre sino que es el Poder Ejecutivo. Para que lo tengamos en cuenta cuando trabajemos sobre la Reforma Constitucional.

De todas maneras, como la comisión de Estilo está constituida por juristas, vamos a dejar que ellos vean si se deja sólo decreto o decreto-ley.

Quisiera, ya que tenemos aquí al señor Ministro, que usted le solicitara, señor Presidente, ciertas aclaraciones o dudas que hemos tendido varias personas sobre este famoso Decreto 611. El Decreto 611, que es la Ley de los Bonos Estatales de la República de Nicaragua y que fue dictado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, establecía un primer sistema de pagos tanto de bonos de captación para el Estado, como bonos de pagos. Resulta que esas personas que fueron expropiadas y que este decreto es de 1980, se le dio a esas personas una serie de bonos y también un compromiso de pagos de intereses. La duda que se tiene es que esta ley está regulando también el Decreto 611.

Se tiene también otra duda en el sentido de que pasa con aquellas personas que por X o Y motivo les dieron los bonos amparados en este Decreto 611, en el cual se establecía, hasta cierto punto, pagos de intereses, fechas de vencimientos y una serie de requisitos. Como hemos venido teniendo desde el gobierno de doña Violeta, una serie de acuerdos presidenciales o decretos ejecutivos o acuerdos ministeriales, entonces existe la duda en el ambiente sobre los bonos, llamémoslos de la primera etapa, los de la etapa del Decreto 611, en relación con la segunda etapa. Porque si es así, los bonos de la primera etapa los del 611, ya hasta cierto punto están vencidos, ya son exigibles en su totalidad y ya son exigibles también en los tipos de intereses.

Otro punto es sobre esta Ley 611, que nunca hemos podido determinar qué tipo de intereses pagaba, porque es verdad que en el bono, en si tenía el bono y unos cupones, pero la ley hablaba en términos muy generales y no especificaba el monto de los intereses a pagar.

En concreto, señor Presidente, lo que le solicito a usted, con la humildad del caso, es que el Ministro nos de unas explicaciones sobre cómo quedará esa Ley 611 y los bonos emitidos.

Solicitamos al señor Ministro Pereira, que responda a las preguntas e inquietudes personales del Representante Edmundo Castillo Ramírez.

El proceso de valorar viene para ser comenzado en un proceso sumamente complejo, porque hay diversos tipos de bienes: Bienes muebles, bienes inmuebles, que luego pueden ser subdivididos en tierras rústicas, en tierras urbanas, en semovientes, en activos fijos, en valores como certificados de depósitos, en acciones en empresas. En fin, hay una gran variedad de tipos de bienes. Y otro gran problema que existe es que la mayor parte de los confiscados, por la forma en que fueron afectados, no todos tienen suficiente documentación para a veces poder comprobar o justificar los bienes que le fueron afectados.

Entonces nosotros hemos tomado un concepto muy general de indemnizar no solamente aquellas confiscaciones a las cuales no se hizo un arreglo de pago, sino que también a todas aquellas donde el proceso quedo a la mitad. Hay muchos casos, vale la pena reconocer, donde ciertas personas afectadas no solamente recibieron bonos, sino también recibieron dinero o bienes y por lo tanto su compensación tendría que disminuirse en esas cantidades.

La gran diferencia que existe entre los bonos que nosotros estamos emitiendo y que para efectos prácticos es como si fueran bonos en dólares porque tienen mantenimiento de valor, es que los bonos anteriores no tenían esa característica; es más, durante el período de 1980 hasta casi 1987, en realidad la tasa oficial de cambio no tuvo mayores cambios. Entonces esos bonos tienen dos problemas: Uno, que están totalmente superdevaluados; y en segundo lugar, la mayoría ya están vencidos.

Entonces basados en el concepto de justicia, que se quería hacer una reparación del daño patrimonial, lo que nosotros hacemos es lo siguiente: se toma el bono a la fecha en que dejó de pagarse, a esa fecha se convierte a la tasa de cambio de mercado paralelo y ese valor se trae a la fecha de hoy y se actualiza por la tasa de cambio que está vigente. En otras palabras, el poder equivalente del bono a la tasa de oportunidad que había en ese tiempo se traslada al presente.

De tal manera que nosotros estamos haciendo ahí una reparación por la voluntad que había de respetar el bono, pero el cual ya se encuentra totalmente devaluado y vencido.

De esa manera nosotros básicamente le estamos dando el tratamiento como que si estuviéramos compensando aquella parte del bien que no fue pagado y dándole un tratamiento exactamente igual al que le estamos dando a todo el mundo.

Como estamos dentro de las observaciones, yo siento que todavía no hemos determinado sobre la relación con el inciso e), ha sido de alguna manera tratando de revisar luego también los plazos y como se están presentando...

Únicamente es solicitando la palabra, a ver quiénes querían en cada inciso. Estamos en el f).

Presidente, lo que pasa es que usted dijo, observaciones al mismo. Es que las observaciones no son mociones, ni hemos votado, estamos observando. Y usted lo pasó muy rápido, yo levante la mano la tuve que volver a levantar y usted no me dio la palabra.

El Representante Edmundo Castillo preguntó cómo íbamos a proceder, explicamos como íbamos a proceder; lamento mucho que no se haya puesto atención, pero nosotros lo explicamos y así hemos ido. Nos quedábamos viendo la pantalla en cada inciso a ver si alguien pedía la palabra, el único que pidió la palabra al llegar al f), fue el Representante Edmundo Castillo, y estamos en el f).

Aprovechando la presencia del señor Ministro de Finanzas, yo quiero preguntarle con relación al inciso f), donde dice: "El Ministerio de Finanzas queda facultado para establecer los mecanismos y los instrumentos financieros que faciliten la cancelación de los intereses correspondientes". Yo pregunto, ¿ése es el criterio actual? ¿Qué pasaría si el Ministerio de Finanzas, dentro de diez años cambiara algunos criterios? ¿Cómo quedarían soportados estos amigos que tienen estos bonos, si realmente el Ministerio no se ajusta a esta ley?

Tiene la palabra el Ministro Pereira, para que conteste al Representante que acaba de hacer unos planteamientos.

Quería aclarar, completando la intervención anterior. De manera general, la Ley 611 es una ley que faculta la creación de los bonos, y esa misma ley habilita al Ministerio para crear después los bonos en forma específica. Entonces, es bueno aclararles que la Ley 611 no crea bonos en específico, sino da las facultades para que mediante acuerdos ministeriales se hagan los bonos posteriormente. Esa es la primera parte.

La segunda parte, sobre la preocupación del inciso f), por favor noten que ahí la facultad es muy limitada, se refiere únicamente al pago de los intereses. Dice: "Los intereses a pagarse semestralmente, a partir del mes 20 de la fecha de emisión, se pagaran conforme a lo señalado en el artículo 13 de la Ley No. 611. Entonces aquí hay un compromiso de pagar esos intereses cada seis meses. La forma de pagarlo puede ser por medio de un cheque fiscal; puede ser que el papelito que corresponde a los intereses la gente lo puede usar para pagar impuestos; puede ser mediante un certificado especial; en fin, puede ser cualquier implemento financiero que siendo igual al efectivo permita cumplir esa obligación con prontitud.

De tal manera que ésta no es una facultad que amplía la discrecionalidad, sino por el contrario, facilita encontrar una manera para que cada seis meses se pague efectivamente el interés a la persona que lo está devengando; no es una facultad ni para cambiar las características del bono, ni para cambiar los intereses, ni para quedar debiendo. Es simplemente encontrar diversas alternativas que la persona pueda usar ese cupón de intereses como que si fuera en efectivo.

Es para una aclaración. En realidad el segundo párrafo del artículo, (perdón, ¿cuál es?) El párrafo e), la segunda parte, es que hay un enredo ahí. Dice de que... más quiero una aclaración, una explicación clara: "Los intereses correspondientes a los primeros cuatro semestres (o sea 24 meses, que equivale al 3 por ciento, según la redacción anterior), se capitalizaran al principal para ser cancelados en parte iguales en los últimos cinco años del plazo de los bonos". (O sea del año 11 al 15, entiendo).

Pero después al final, dice: "A partir del mes treinta de emitidos, inclusive, se pagarán los intereses en formal semestral, calculados sobre la suma del principal y los intereses capitalizados durante los primeros 24 meses". Aquí aparentemente, para mi hay una contradicción, porque estos intereses, los primeros 24 meses ya están descapitalizados y dice que van a ser pagados del año once al quince. Me gustaría una explicación más amplia y clara, o tal vez estoy enredado.

Solicitamos al Ministro Pereira, a ver si puede responder a las inquietudes del Representante Nardo Sequeira.

El cálculo de los intereses y de los pagos de principal se hacen de la siguiente manera: Durante los primeros dos años (durante los primeros 24 meses) el bono capitaliza sobre el interés, sobre el principal, el 3 por ciento; o sea que transcurrido el primer año, al final del primer año, una persona que tiene un bono de cien, tendría 100 de capital más el 3 por ciento que ya se ganó, entonces el bono se convierte en 103. Transcurren otros doce meses y ahora se calculan el 3 por ciento sobre los 103; al final de los 24 meses entonces tendríamos que el bono vale 106 y un poquito más, un pelito; ahí ya quedan capitalizados, congelados los seis córdobas de interés ganados durante los primeros dos años, más el 100 de capital.

Sobre esos 106 se calcula el cuatro y medio que se pagan en los siguientes seis meses; y así sucesivamente se calcula el interés de los 106 porque se están pagando cada seis meses, ya no se vuelven a capitalizar. Llegado el mes diez, se pagan los intereses correspondientes, pero de los 106, tanto de los 100 como de los seis, se paga el 20 por ciento en el año once, y los intereses sobre el 80 por ciento restante.

En el año doce se paga el 20 por ciento de los 106 y los intereses sobre dos cuotas menos, que ahora sería del 60 por ciento restante, y así sucesivamente.

En resumen, el capital de 100 se vuelve 106 a los dos años; los intereses se están pagando parejos sobre los 106, y llegado el vencimiento, se pagan cinco cuotas que serían, de 20 por ciento cada una para cubrir los 100, y de 20 por ciento cada una para cubrir los seis de intereses de los primeros meses. La idea es que como el Presupuesto es muy estrecho, si los bonos empezaron a pagarse en 1993, realmente resulta extremadamente difícil, salvo que hagamos reducciones de gastos mayores, poder pagar intereses en los primeros dos años.

Quisiera pedir una aclaración que tal vez elimine un poco la discusión sobre lo relativo a los intereses y que el Ministro de Finanzas pueda explicarnos un poco las diferencias entre el tres por ciento que estaba establecido anteriormente como tasa de interés de los bonos; es decir, lo que el Estado debía de pagar actualmente en concepto de intereses y lo que el Estado va a pagar actualmente en concepto de intereses, y la diferencia quedaría entre el cuatro y medio y 5 por ciento. Son dos preguntas:

1. Cuánto está supuesto a pagarse con el 3 por ciento de interés y cuánto se va a pagar actualmente con este esquema; y

2. La diferencia entre elevar el 4.5 al 5 por ciento en el segundo período del plazo.

Queríamos saber si el Representante Edmundo Castillo deseaba hablar después de que responda esas preguntas del Ministro Pereira, o sí quiere hacer el unas preguntas antes.

La diputada Dora María Téllez ha agarrado la idea sobre el tema que quería plantear, entonces, para no ser repetitivo...

Entonces le solicitamos al Ministro Pereira, responder las preguntas de la Representante Dora María Téllez.

Quisiera señalar, que aunque yo estoy convencido de que estas respuestas que se les está dando a los confiscados es más que iniciar un camino, por cuanto es muy difícil reparar un daño patrimonial. Desde el punto de vista del Estado, realmente estamos nosotros incurriendo en un sistema de pagos, que si la ley es aprobada conforme ha sido propuesta, va a significar una carga fiscal en los años futuros, sobre todo después de los primeros cuatro años, que va ser necesario manejarla dentro de un ambiente de autoridad y estabilidad fiscal, para poder conservar en la misma línea en que se ha venido manejando, los gastos y las obligaciones del Estado. Con eso quiero decir, de que originalmente habíamos planeado un bono con 3 por ciento de interés cuyos intereses pagaba únicamente al vencimiento, esto es a 20 años. Si nosotros pasamos ese pago de intereses a forma semestral, una vez que ya estén todos los bonos en circulación, que sería después de mediados de 1995, si mantenemos el 3 por ciento original, los gastos de intereses en 97 serían de alrededor de siete millones de dólares; 7 millones de dólares vienen siendo como un tres por ciento de las exportaciones actuales. Si nosotros pasamos al tres y medio por ciento, los intereses anuales serían del orden de 8 millones con 100 mil dólares. Si nosotros pasamos al cuatro por ciento, estaríamos hablando aproximadamente de nueve millones 400 mil dólares.

Si ya nos ubicamos en la cifra que ha estado propuesta y que vale la pena señalarla, acordado con los distinguidos miembros de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea, incluso también por los afectados, la cifra ya se empieza a acercar a los 10 millones y medio de dólares por año. Entonces, que nosotros estemos pasando de una ley que anteriormente no impactaba el flujo de caja del gobierno, a un sistema que cada año, durante los primeros diez años, se compromete a pagar aproximadamente diez y medio millones de dólares, que ahora viene siendo casi el cuatro por ciento de las exportaciones.

Si nosotros pasamos del 4.5 por ciento al cinco, que es lo que está propuesto para la segunda fase -y queremos insistir en eso porque en la segunda fase ya esperamos que la economía haya empezado a desarrollarse a un ritmo mayor-, entonces los intereses serían ligeramente mayores a 12 millones de dólares por año; 12 millones de dólares son un poco más del 4 por ciento de las exportaciones actualmente. Entonces yo creo que aquí hay que tener en mente dos cosas: la ley actual no tenía intereses contemplados y de aprobarse el cuatro y medio, estamos pasando a 10 millones y medio de dólares por año.

Entonces hay un salto de diez millones por año. El impacto para la segunda fase cuando suba al 5 por ciento, o sea que sería del año ocho, en adelante, los intereses subirían a doce millones de dólares; o sea que entre el 4.5 y el 5 por ciento le estamos agregando otro millón y medio de dólares solamente en intereses.

Recapitulando, la ley actual, si ésta es aprobada tal como está, incluye en el Presupuesto diez millones y medio de dólares que antes no teníamos. Si tomamos en cuenta la segunda parte -y esto lo quiero decir claramente porque pareciera que hay algunos que están pensando en pasar del cuatro y medio al cinco inmediatamente, eso significaría un millón y medio de dólares adicional, que realmente si hubiera sido viable, no hubiera sido necesario que nosotros lo hubiéramos presentado de esta manera.

Lo presentamos de esta manera porque vemos que es razonable, que es compatible con el nivel de la economía actual y porque es necesario que conservemos otras prioridades como son los programas sociales y crédito y la inversión pública.

Es sobre el literal e) Presidente, un mínimo comentario de nueve palabras. Esta generación ya se sabe que está siendo doblemente confiscada, pero los nietos -es una pregunta- ¿los nietos van a recibir -si mal no entiendo, si no que por favor me lo expliquen- van a recibir dentro de once años la primera cuota de bonos al capital, y en quince años el resto del capital? ¿Es éso? O no he entendido una palabra.

Señora, con mucho gusto. Son cinco cuotas de 20 por ciento cada año, o sea que ellos recibirían un quinto en el año once; un quinto en el año doce; en el año trece, en el catorce y en el quince, o sea que en el año quince ya sólo quedaría el 20 por ciento de la deuda. En otras palabras, estos son bonos que durante diez años sólo se paga intereses y no se paga capital, y el capital se transforma en los últimos cinco años en partes iguales cada año. O sea, que no es un pago en el año once y el resto en el ano quince, sino que hay pagos en el año once, en el año doce, trece, catorce y en el quince.

Lo que quería preguntar, señor Presidente, al Ministro de Finanzas porque él habló de que son cinco mil 288 reclamantes, de dos millones y medio de manzanas de tierras. Sacando un promedio, resulta entonces que el promedio andaría por 470 manzanas de tierra por reclamante. Pregunto si tiene una escala estatificada de las extensiones de tierra que son reclamadas, porque me parece excesivo ese promedio de 470 manzanas de tierra por cada reclamante, tratándose de un promedio. Quiere decir que en la práctica pueden haber reclamantes de extensiones muy grandes de tierra, y me gustaría que nos informara el señor Ministro.

Quisiera yo aprovechar para tal vez aclarar un problema en el inciso f), y luego salta al h) y al i), me parece que el h) correspondería al g), y el i) correspondería al h). En relación a la pregunta del diputado Nathán Sevilla, yo tengo aquí algunas estadísticas, y me parece que en alguna ocasión tal vez sería bueno conversar del problema de la propiedad en forma total, para darse alguna idea de las magnitudes.

Por ejemplo, o en efecto, definitivamente hay propietarios con extensiones de tierras muy grandes, aquí yo tengo una clasificación: de los 5 mil 288 reclamantes, hay 2 mil 641 que sólo tienen un bien; hay 957 que tienen dos bienes; hay 502 que tienen tres bienes; 308 que tienen cuatro bienes; 213 que tienen cinco bienes; y 667 personas que tienen seis o más bienes.

El doce por ciento de los bienes está en 667 personas; de ese total de bienes que son 15,985, hay siete mil 186 fincas, que son el 45 por ciento del total; 5 mil 229 casas; 426 que reclaman semovientes; 474 que reclaman vehículos; 257 que reclaman maquinaria; 177 que reclaman equipos; 156 que reclaman empresas; un mil 250 que reclaman acciones; 205 que reclaman certificados; y 525 que reclaman otro tipo de bienes como chequeras, por ejemplo.

Esto les da una ilustración de la complejidad de los tipos de bienes y de los tipos de propietarios. En total, exactamente son dos millones 28 mil 453 manzanas, de las cuales en el Departamento que se seguiría sería Matagalpa con 205 mil; el segundo Departamento que le seguiría sería Matagalpa con 205 mil; el segundo Departamento que le seguiría sería Matagalpa con 205 mil; y así sucesivamente tenemos prácticamente todos los Departamentos afectados hasta completar los dos millones 28 mil 453 manzanas.

Entonces, hay una estadística muy clara de quien tiene qué tipo de bienes y de qué forma lo venimos resolviendo. Probablemente en relación a tierras rusticas, la relación de manzanas por personas efectivamente son de propietarios, o sea mayor. Y aquí creo que esto se dice por el espíritu redistributivo que tuvo la reforma agraria cuando se trataba de distribuir los bienes que estaban concentrados en unas mayorías.

Bueno, también aquí se planteó la preocupación, que no ha sido respondida, aclarada suficientemente, que creo que es bueno: ¿Quiénes son en efecto -de acuerdo con las leyes que están vigentes- los que se van a beneficiar? Porque nosotros tenemos aquí gente afectada por leyes 3 y 38, que si se les aplicó la ley correctamente, no tendrían porque beneficiarse de estos bonos. Tenemos también gentes que estaban endeudadas con los bancos, y que si se comprobó que sus deudas eran mayor es que sus bienes que reclaman, porqué le deben a los bancos. Otra gente que también ya había sido indemnizada por el gobierno anterior, el Gobierno sandinista.

Entonces, aquí en el ambiente ha quedado como la sospecha de que hay gentes de ésta que no tienen derecho porque ya fueron indemnizados o porque estaba endeudados con los bancos, o porque se les aplicó correctamente las leyes confiscatorias, que estarían siendo beneficiadas con estos bonos. Al respecto, me gustaría también que el Ministro aclarara.

Quisiera explicar que desde esta mañana el señor Ministro de Finanzas, atendiendo una petición del Representante Julio Marenco, se comprometió -no solamente dijo- a presentar esos datos, ese informe por escrito, sino que si nosotros lo deseábamos, el Ministro está en la disposición de hacer una comparecencia pública para explicar en detalles esos asuntos.

De nuevo quiero pedirles a los colegas que tengamos un cierto orden en el debate, por razones de economía procesal. Estamos debatiendo acerca del inciso g), del artículo 2. Es sobre ese tema Representante Marenco, tiene la palabra.

De la manera más respetuosa, doctor Luis Humberto Guzmán, quiero dejar sentada en este Plenario, mi mas enérgica protesta por la forma irrespetuosa con mi investidura de diputado, doctor Guzmán; y si no también, por haber visto de manera irrespetuosa, cinco informes que yo le pedí al señor Ministro y usted leyó de manera tímida- y casi no se escuchaban- sólo un aspecto de lo que yo dije en mi informe.

Esto no tuviera importancia, doctor Guzmán, si no hubiera sido que el 8 de Febrero que yo presenté una solicitud de un informe al Ejecutivo, usted me dijo que había ya enviado la carta al Ejecutivo, y me di cuenta posteriormente que esa carta no había sido enviada, me di cuenta hasta que mi hermano, Ray Hooker estuvo ejerciendo el cargo de Primer Secretario y se revisó que en esos papeles usted nunca había enviado, y usted me dijo que había enviado al Ejecutivo una carta e incluso me apoyaba.

Quiero decirle doctor Guzmán, que me siento ahorita tratado como un diputado de segunda categoría. Quiero decirle que yo no soy hijo de casa de nadie; que nadie puede hablar en nombre mío; que sólo yo me responsabilizo de mis actos y de mis acciones, como ciudadano y como diputado de esta Asamblea Nacional. Le pido con el mayor respeto, doctor Guzmán, que me diga si mis derechos como diputado están disminuidos en esta Asamblea, para saber cuáles son los que me corresponden. Tráteme con todo el debido respeto, que yo se respetar a las personas, y si respeto, tengo derecho a exigir respeto.

Bueno, esa es una exigencia que es recíproca. Yo no tengo responsabilidad por aquellos miembros del pleno que no se encuentran en sus lugares o no escucharon en el momento en que la Junta Directiva declaró un tema suficientemente discutido y cerró el uso de la palabra. Y realmente no estamos en la capacidad de hacerle llegar a cada uno de manera individual, un aviso del momento en que se haya declarado suficientemente discutido un asunto.

Esta mañana, después de que se declaró así por la parte de la Junta Directiva, cinco personas más, cinco colegas más solicitaron el uso de la palabra, y desde luego no fue posible acceder porque ya la Junta Directiva había declarado suficientemente discutido el asunto. Y quiero aclararle, además, que en la carta que usted está mencionando, sí fue enviada y fue firmada por mí, yo no he dicho que la haya firmado ningún Secretario, y le he preguntado aquí a Ray Hooker si él puede dar fe de que yo no haya enviado una carta; él podrá decir que él no envió una carta, pero no que yo no la haya enviado.

Yo creo que usted tiene derecho a reclamar las garantías que le dan en el Reglamento y los Estatutos, pero también tiene la obligación y el deber, por cierto, de ser más serio y de ser respetuoso. Estábamos en la discusión del inciso g), no hay nadie más anotado en el uso de la palabra, continuamos con el inciso h).

A los Representantes, ocupar sus escaños para poder ejercer el derecho al voto.

Con 59 votos a favor, ningún voto en contra y 8 abstenciones, se aprueba el artículo 2.

Arto. 3. En los casos que los bonos fueren utilizados para la compra de activos o bienes del Estado y sus instituciones, en subastas o cualquier otro mecanismos de privatización o para el pago de deudas originadas en el proceso de privatización o devolución de bienes por parte del Estado, los bonos serán aceptados a la par, eso es, como dinero en efectivo, salvo lo establecido en el Decreto 56-92. También los bonos servirán en la misma forma, para cancelar las obligaciones fiscales establecidas en el Decreto No. 36 -91 del mes de Agosto de 1991, siempre y cuando lo cancelen en los próximos tres años.

Como se hace en este artículo 3, referencia a dos decretos de los cuales creo que la mayoría de los parlamentarios no estamos enterados de los mismos en su contenido, quisiera que el señor Ministro de Finanzas pudiera ampliarnos la explicación del alcance de ese "salvo lo establecido en el Decreto 56-92" y en relación al asunto de las obligaciones fiscales establecidas en el 36-91. Si es tan amable el Ministro de explicarnos esto.

El Decreto 56-92, realmente es un decreto de mucha importancia por cuanto es la base a la cual esta ley está reformando. De tal manera que yo tengo aquí una copia fiel, y no sería malo si pudieran ustedes tener una copia, tan pronto como fuera posible, para tener referencia de ello. El 56-92 crea el sistema de compensación por medio de bonos, y fundamentalmente el artículo 2 corresponde al artículo 2 del artículo que está en esta ley.

En esta ley hay cosas novedosas, por ejemplo como que los bonos y los intereses gozarán de exoneración fiscal, lo cual no estaba en el anterior, así como el sistema de los intereses, de los cambios del 3 por ciento, del 4.5 y del 5 por ciento, lo cual le da definitivamente características que hacen que el bono esté más protegido y más seguro. Adicionalmente, como conversábamos esta mañana, para que un bono sea atractivo debe tener muchos usos, y el artículo 56-92 establece mecanismos para que el bono pueda ser utilizado de una manera que pueda ser redimido con anticipación.

Y fundamentalmente en el artículo cuarto y quinto, se establece que los bonos, independiente del que sea para comprar activos del Estado. De esa manera un confiscado no tiene que esperarse hasta los quince años, o hasta los diez años, sino que si le interesa, puede participar en las privatizaciones del Estado y en las licitaciones, y obtener antes del plazo el 100 por ciento de su bono o por lo menos una buena parte de él. Esto hace de inmediato que al tener esa posibilidad, los bonos suban de valor.

El artículo 56-92 también contempla, que en la medida en que el Estado tenga efectivo, pueda hacer sorteos o pueda hacer subastas de dinero, para que también los bonos sean redimidos con anticipación. Y también se establecen las posibilidades para que -y yo creo que ahora va a tener mayores posibilidades al reflejar el consenso en esta ley- se establezcan mecanismos para que se puedan establecer proyectos con la comunidad internacional y que respalde estos procesos que está implementando la sociedad nicaragüense para resolver el problema de la propiedad, de tal manera de poder incrementar fondos o programas de asistencias técnicas y financieras que multipliquen estos esfuerzos.

Entonces, el 56-92, en esencia, tiene dos cosas: las características de los bonos, que en esta ley están siendo mejoradas, y tienen algunos usos que en esta ley también están siendo mejorados y ampliados. El Decreto 36-91 está relacionado íntimamente con la creación de la OOT. La OOT resulta de la Segunda Concertación donde se estableció un mecanismo para que las adquisiciones al amparo de la Ley 85 y la Ley 86 fueran revisadas y pudiéramos determinar si estas casas habían cumplido con los trámites de ley.

En esa concertación, en ese convenio, se llegó al acuerdo de que aquellas personas que tienen casas de menos de 100 metres, cuando reciban su solvencia, reciban tanto la facultad de usar el bien, así como para poder disponer del bien. Pero las personas que tienen casas de más de 100 metros, como el espíritu de la ley indica que es para uso familiar, y por ser una casa relativamente grande para las características nicaragüenses, se requiere que para que una persona pueda alquilar esa casa o pueda venderla, en otras palabras para hacer algo donde la persona no va estar viviendo en esa casa, que la persona pueda pagar -si lo queremos hacer- un impuesto que equivale al 100 por ciento de su valor catastral.

O sea, que si una persona quiere ir mas allá de lo que era el espíritu de la ley, entonces entregaría a la Hacienda Pública un 100 por ciento que serviría de fondo para responder a otras necesidades. Entonces se estima que casas arriba de 100 metros -también esos son datos que podemos compartir-, son un poco más de mil, como mil 200, que a un estimado de 25 mil, 20 mil dólares, se estarían hablando de una cantidad del orden de 15 o 30 millones de dólares que también podrían ser pagados -de aprobarse esta ley-con Bonos de Indemnización; notándose que hay un plazo, al igual que existe un plazo para el INE, para el INAA, con el objeto de estimular, de que esta sea una cuestión que sea aprovechada en el corto plazo.

De esta manera, esto fue un tema que fue ampliamente discutido, aquellas personas podrán cancelar -si tienen la facilidad de obtener los bonos- estas casas en el corto plazo, el bono podrá tener un aumento de valor, ¿y por qué no decirlo?, un paso adelante en la reconciliación se habrá dado. Básicamente el 36-91, lo que abre es la posibilidad de que a muy corto plazo y por una sola vez, este impuesto pueda ser pagado con bonos.

Hay una parte que queda como confusa, y es que cuando dice: "En los casos que los bonos fueren utilizados para la compra de activos o bienes del Estado y sus instituciones, en subastas o cualquier otro mecanismo de privatización o para el pago de deudas originadas en el proceso de privatización, o devolución de bienes por parte del Estado". Cuando se usan esa "o para el pago de deudas originadas en el proceso de privatización, o devolución de bienes por parte del Estado", no deja muy claro.

Yo quería proponer que dijera así: "En los casos que los bonos fueren utilizados para la compra de activos o bienes del Estado y sus instituciones, en subastas o cualquier otro mecanismo de privatización, o para el pago de deudas originadas en el proceso de privatización, como para la devolución de bienes por parte del Estado", y lo demás igual.

El Representante Roberto Urroz, deja su moción para la Comisión de Estilo, ya que sólo sustituye una "o" y agrega "como para"; entonces lo estamos dejando únicamente para la Comisión de Estilo.

Hay un total todavía de 17 Representantes que están presentes y no han votado.

Con 64 votos a favor, ningún voto en contra y 6 abstenciones, se aprueba el artículo 3.

Arto. 4. Las instituciones financieras podrán aceptar bonos como garantías de préstamos y avales conforme las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos.

Todos sabemos que la ley prohíbe, manda o permite, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni autorizado a hacer lo que prohíbe; pero en esto de permitir, es optativo Presidente. Dice: "Las instituciones financieras podrán", y después dice que "conforme las disposiciones establecidas por las Superintendencia de Bancos aceptar los bonos como garantía". Y es de todos conocido, que quienes han tomado sus bonos y han querido hacer operaciones bancarias, no han podido porque los bancos tienen la opción de negar. Y aquí no se le está exigiendo a los bancos, no hay nada coercitivo para que los bancos acepten los bonos para operaciones bancarias.

Entonces a mí me parece que esto es una enorme burla, sobre todo para la gente sencilla, que ya una vez con sus bonos en el bolsillo, van a ir al Banco a querer hacer operaciones y el Banco se las va a negar, les va a negar esa posibilidad. Entonces mi moción, Honorable Mesa Directiva, Honorable Asamblea, es que este artículo se suprima por burIón, porque es verdaderamente algo cruel contra la gente que va a creer en esto. Paso mi moción por escrito.

Yo estoy acogiendo la moción de doña Magdalena, pero empleándola en otro sentido. Y voy a permitirme explicarles ciertas situaciones que se están dando.

Este es el ejemplo. Supongamos que X productor que tenía dos fincas, una fue expropiada y otra la tiene trabajando normal y corrientemente. En ese caso de que la finca está expropiada, le ha dado como resultado X suma en bonos. Pues resulta señor Presidente, que el propio Tenedor de Bonos -se puede dar el caso y se da con frecuencia, que a lo mejor tiene una deuda con el Sistema Financiero Estatal, y tiene por el otro lado bonos emitidos por el Estado y no puede usar esos bonos para pagar su propia deuda con el Sistema Financiero. Sé que el señor Ministro podría decir que esto significa como una quiebra al Sistema Financiero. No, porque en los acuerdos, en los decretos presidenciales, hemos visto que se permite con los bonos participar en las subastas.

O sea, que si yo tengo un bono determinado, y a X persona el Banco le está subastando, pues yo puedo ir con este bono a hacer una apostura y adquirir esa propiedad que el Banco estatal está subastando. Pero vea la contradicción: con esos bonos puedo adquirir propiedades que se están subastando, pero no puedo adquirir la propia deuda que la persona tenedora de bonos tiene con el mismo Sistema Financiero Estatal.

Entonces lo que se debe permitir es que estos bonos deben de permitir a los tenedores originales poder pagar sus propias deudas que tengan con el Sistema Nacional. La razón Presidente, es porque si un productor, a pesar de haber sido expropiado y después de un largo proceso tedioso, penoso, ha logrado tener X bonos, y en este proceso al mismo tiempo está trabajando en su finca y tiene una deuda con el Sistema Financiero, pues lo lógico es que el Estado a esos bonos le den honor, le den crédito, pudiendo pagar el productor sus propias deudas.

La moción dice así: "Las instituciones financieras deberán aceptar -y en eso recojo el criterio de doña Magdalena- en concepto de cancelación las deudas que tengan los tenedores originales con dichas instituciones estatales, y como garantía de préstamos y avales, conforme las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos".

En concreto, aquí lo que se quiere es hacer algo justo, que es con frecuencia que se da el caso de personas que tienen una finca, que deben al Estado y que por otro lado tienen grandes cantidades de bonos originales para pagar sus propias deudas.

Me parece importante aclarar lo que significa el artículo 4, con mucho cuidado, por las implicaciones, sobre todo porque hubo la alusión de que aparentemente se está haciendo una burla.

Me parece que esto se ha hecho con mucha seriedad, porque estamos tratando de llevar una solución permanente a un problema que desafortunadamente ha causado mucho atraso, tanto en la parte social como en la parte económica y política. Yo quisiera responder comparativamente e invitarlos a ver el artículo 8, donde dice: "Las entidades estatales deberán", y compararlo con el artículo 4, donde dice: "Las instituciones financieras podrán" se repite en varios artículos. O sea, que no es casual que en unos hayamos puesto "podrán" y en otros hayamos puesto "deberán".

En primer lugar, las instituciones públicas que son totalmente patrimonio del Estado, definitivamente el ejecutivo y el Legislativo, a través del Presupuesto, tienen control de esas instituciones, y por lo tanto sin afectar su flujo de presupuestos anuales, es normal, es viable y es legalmente y jurídicamente aceptable disponer la obligación del "deberán". Sin embargo, aun cuando existan bancos estatales -y esto es muy importante- los bancos, fundamentalmente lo que intermedian son recursos del público, recursos de los depositantes, dinero del ciudadano común y corriente, y en el proceso de aceptación de garantías, cualquier Banco del mundo (estatal, privado o mixto), están en capacidad de escoger las garantías que él considere conveniente para la protección de un crédito.

En otras palabras, supongamos una persona que no es confiscada, llega a un Banco a gestionar un préstamo y tiene dos fincas; el banco tiene la capacidad de aceptarle una de las fincas, las dos fincas o ninguna de las fincas como garantía. No se puede es forzar en la selección de garantías la capacidad de discreción de una institución financiera que está protegiendo los recursos del público, no del Estado -del público-. Sólo el Banco Nacional intermedia más de 600 millones de córdobas en depósitos, que son los que se están poniendo a la orden, no los recursos del Estado.

En segundo lugar, si algunos de los tenedores de bonos tienen la habilidad de poder pagar sus deudas en el Sistema Financiero, porque tienen deudas, entonces es como si les estuviéramos pagando el dinero en efectivo, no tuviera ningún sentido darle los bonos. Mejor encontremos de una sola vez cuáles son aquellas personas que tienen esas deudas y paguémoslas en efectivo. Pero entonces estaríamos echando a un lado la parte fundamental de esa ley, que es que la sociedad, al tener recursos muy escasos, no está en capacidad de pagar en efectivo de una sola vez a este grupo de personas que fueron afectados.

Estaríamos en cierta manera saliéndonos del espíritu de lo que queremos aprobar, que es un pago a plazos. Y, finalmente, quizás en base a la experiencia de estar compartiendo aquí con ustedes, me parece que habría un problema de inconstitucionalidad que algunas personas se les permitieran, por tener deudas, pagar en efectivo, y a otros que no tienen deuda no se les permitiera. Esto afecta el espíritu de que tenemos recursos escasos, no habría un tratamiento igual para los ciudadanos y no se puede esforzar a un Banco a decirle, qué tipo de garantías tienen que tener.

Y en todo caso, en lo que se trata de instituciones financieras, siempre la Superintendencia, pues, obviamente, es la que reglamenta la forma en que deben ser manejadas las instituciones. Por lo tanto, yo sugeriría que se deje como está, o que lo dejen como estaba en el Decreto 56-92.

Las aclaraciones que ha dado el Ministro de Finanzas, me parece que son enteramente satisfactorias cuando define el contenido de las dos disposiciones gramaticales del "podrán" y "deberán". Yo estoy totalmente de acuerdo, y por tal razón asumo el dictamen tal como está redactado, señor Presidente, para cumplir con las normas del Reglamento.

De alguna manera creo que todos los que hasta este momento han leído el dictamen, han sentido que el espíritu de la ley está en tratar de resguardar, proteger, y en el fondo hacer justicia, precisamente a través de la emisión de esta ley. Aunque no había tenido la oportunidad de tener la palabra en momentos anteriores, por desórdenes en los que caímos, creo que la situación presentada, o la moción que de alguna manera pasa a ser la inquietud de la diputada Magdalena Úbeda, en el artículo 4 relacionado con la situación de las instituciones financieras que podrán aceptar bonos como garantías de préstamos, avales y todo eso.

De alguna manera yo estaba a punto de ponerme de acuerdo con ella, e incluso creo que no es de la forma en que la está presentando el doctor Castillo Ramírez; más bien para hacer una compatibilidad con lo explicado por el Ministro y con el resto de articulados que la misma ley presenta, creo que cambiar la frase "podrán", ;que sigue incluso en el artículo subsiguiente, por la palabra "deberán", la compatibiliza y le facilita incluso a los tenedores de bonos y a los que de una u otra manera han comprado también esos, sentir que como está establecido en los subsiguientes incisos y capítulos y artículos, puede realmente esta frase facilitar y solventar esta situación.

Por tanto, estoy sometiendo la moción de cambiar la frase "podrán", por la frase "deberán".

Yo quería respaldar también el artículo 4 tal y como está. A mí me parece que en esta ley, y según las explicaciones que daba la Presidenta de la Comisión Económica y la explicación del Ministro de Finanzas, hablaba de más de 600 millones de dólares, lo que cuesta todo esto, y verdaderamente plazos de los quince años, y esto cruza por un montón de situaciones que no se pueden resolver de la noche a la mañana.

En todo el cuerpo de la ley, a los bonos se les va dando un valor de seguridad para los que se les va a entregar dichos bonos. Por tal razón el artículo 4, con las explicaciones, me parece que es correcto, tomando en cuenta también todo lo que establece la Superintendencia de Bancos, y como dice y lo liga muy bien el artículo 8 alrededor de las entidades del Estado. Me parece que de igual manera, como es la previa coordinación con el MIFIN, que es el que tiene que ordenar todo esto y tiene que ver el comportamiento de todo eso, no podemos dejar una manera categórica una responsabilidad a unas instituciones bancarias. Por eso considero que el artículo 4 lo apoyo tal como está.

En varias oportunidades, y hace poco, parte de la Directiva de los Tenedores de Bonos, me comunicaba y también la Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, leí el acuerdo, firmé el documento que estamos leyendo como un instrumento de ley, un dictamen, porque había un consenso sobre este articulado y sobre los acuerdos entre las partes. Ese acuerdo entre las partes -vaya parte-, que los que fueron confiscados y han sido pagados por bonos, entendemos de que lo que ya se perdió no se vuelve a recuperar, y que el bono es bono, no es dinero en efectivo.

Algunos bancos están recibiendo los bonos, es cierto, demasiado bajo, como garantía de préstamos al 15 por ciento, antes de salir, o por lo menos antes de que se apruebe este proyecto de ley. No sé si suena oportuna la frase mexicana aquella de, "no me ayude compadre", porque si las cosas se ponen en el extremo en que las posibilidades económicas del país no las van a poder absorber, aquí vamos a crear una ley, bueno, increíblemente bella, sobre los bonos, que va ser rebotada por la Presidencia de la República en un veto. Y como esto va dando vueltas, pasa a la Comisión, ya pasaron tres meses, viene el próximo año, y total que el asunto no camina.

Es necesario que nosotros partamos del criterio de que los Tenedores de Bonos aceptaron el anteproyecto de ley y el acuerdo de partes. Por lo menos aquí el testimonio de la Procuraduría General de Justicia, de la certificación de 17 fincas de café de la familia Zambrana Castillo, y sabemos que de cuatro mil quintales oro que se producían aquí, que equivale a estas alturas a más de un millón de dólares desde que se perdieron estas fincas, eso es irrecuperable. Y nada de somocismo, simplemente venían desde el siglo pasado, trabajadas por las familias ¿Y qué se va hacer? Ahora hay una gran cantidad de campesinos viviendo allí, hay una gran cantidad de niños, los bonos para ver si se empapela la casa. ¿Pero qué es lo que pasa? Aquí hay un acuerdo, y aquí lo que estamos haciendo es prácticamente atrasando ese acuerdo.

Yo le suplicaría aquí a los bien intencionados, que partan primero de los criterios de quiénes firmaron un acuerdo entre partes para ver si les pueden ayudar, o si no, "no me ayude compadre".

Hay que ver para creer en la vida realmente. El doctor Castillo, a quien yo considero un excelente abogado, pero si me tuviera que llevar un caso me retiro de él ya, por discriminatorio que es. El en su moción pone -que realmente no le encuentro razón en la forma en que lo expresa- que los que tienen bonos, los poseedores de bonos paguen a la banca estatal, discriminando a la banca privada. No entiendo, que siendo un abogado de los grandes consorcios discrimine a la banca privada.

Yo quisiera preguntarle al doctor Castillo, que si va a mantener esa moción únicamente, que los Tenedores de Bonos paguen a la banca estatal y sacar del juego a la banca privada.

Como decíamos en la mañana, esta ley que estamos actualmente discutiendo y conforme el texto, es contradictoria con su dictamen. Por otro lado contiene una segunda parte considerativa donde ya deja por sentado un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, de que va a ser aprobado así, sin haber consultado al Plenario. Se da por un hecho de que esta ley tal como fue dictaminada ha de ser aprobada. Ningún valor tiene esta ley, ninguna valorización le van a dar a los bonos si no se hace justicia.

Si una persona ha recibido bonos porque fue expropiada o porque fue injustamente confiscada, y estos bonos los ha emitido el gobierno en concepto de pagos de indemnización por no poderles devolver la propiedad, lo justo es que las instituciones financieras del Estado -llámese bancos estatales- también tienen la obligación de aceptar estos bonos, de lo contrario estos bonos no van a tener ningún valor. A caso podrían subirse en 5 por ciento del valor que actualmente tienen, andan en un 20 por ciento, lo más que podrían llegar a tener sería un 25 a un 30 por ciento de valor.

Y hablo que es obligación de las instituciones financieras del Estado y no de las privadas, porque a las privadas no las puede obligar el gobierno a que acepten eso; eso es optativo, si ellos quieren aceptar o no aceptar los bonos. Me parece que la objeción que hace el diputado Herty Lewites es absolutamente desacertada. Las instituciones financieras privadas tienen la facultad y es optativo de ellos aceptar o no aceptar bonos, y lo van hacer, y muchos tal vez ya lo han hecho con el valor del mercado, pudiendo ser el valor que actualmente se cotiza al 20 por ciento o un poco más, al 30 por ciento en concepto de garantías o avales, pero no para el pago de deudas.

Aquí lo que se está buscando es que sirva a aquellos propietarios que fueron injustamente confiscados y que recibieron bonos, que se les permita cancelar sus deudas que han contraído con estos mismos bonos que el gobierno ha emitido, y sea el Ministerio de Finanzas, con todos esos activos que va a tener y con la partida que se va a establecer en el Presupuesto Nacional, y con el Fondo de Indemnizaciones, y con las donaciones que vengan para fortalecer este Fondo de Indemnizaciones, para poder darle solución.

Si es en realidad que se busca como estabilizar este país e irle dando solución al problema de la propiedad, pues también es necesario que se les haga justicia a estas personas que tienen deudas pendientes con el Estado y no pueden. Es decir, el Estado les paga con bonos, pero al mismo tiempo el Estado a través de sus instituciones financieras no les acepta los bonos, lo cual viene a ponerlos en una situación de desamparo absoluto. Por un lado les obligan en cierta forma a aceptar bonos y por otro lado no les permiten que puedan pagar con los bonos, lo cual es un absurdo.

De manera que yo estoy de acuerdo con la moción presentada por el diputado Edmundo Castillo Ramírez y lo apoyo totalmente.

Es sólo para aclarar que yo no he propuesto que se diga "deberán aceptar los bancos", sino que se suprima el artículo por innecesario, por inoperante, por imposible. Todos podemos ir a la luna, pero no vamos. Yo quiero que reflexionemos y se considere razonable mi propuesta. ¿Para qué vamos a ilusionar al campesino medio, al hombre, a la familia que tiene un puñadito de bonos y no puede operar con ellos? Quitemos eso, es más misericordioso.

Ya se ha discutido bastante, le han pedido explicaciones al Ministro Pereira, él se las ha dado ampliamente. Yo no miro en este artículo ninguna burla, sino más bien es un artículo que está consecuente con las leyes del país, y creo que ya se ha llegado al momento de votar y asumo el artículo tal como está en el dictamen. Repito, no miro ninguna burla, lo que miro es el esfuerzo de salir adelante y que los Tenedores de Bonos han hecho un buen negocio, de acuerdo a esta ley que estamos pasando. Creo que deben de estar, si no muy satisfechos, pero sí satisfechos de que estamos legislando en beneficio para que realmente haya la distensión que tanto se necesita en este país.

Incluso yo en la mañana hablaba de la exoneración de impuestos sobre los réditos que van a ganar. Los trabajadores asalariados en este país no tienen mantenimiento de valor, cada vez su sueldo es más pequeño, y aquí se les va a mantener a los Tenedores de Bonos. Y para beneficio de la distensión hago propio el dictamen de este artículo, asumiendo de que se está tratando con toda seriedad y no es ninguna burla para los Tenedores de Bonos.

Con la intervención del Representante Edmundo Castillo, se da por concluido el debate y después procederemos a la votación.

Cada vez que yo intervengo, interviene don Herty Lewites. Don Herty se ha especializado en hacer continuamente ditirambos y loas a mi persona, diciendo "abogados de grandes consorcios, gran jurisconsulto" etc. Pues desde este momento lo voy a nombrar mi director publicitario para que continúe de esa manera.

Yo quiero insistir con seriedad, señor Presidente, y he planteado unos casos sencillos consistentes en los cuales a un productor le quitaron una finca, y por quitarle esa finca le dieron unos bonos, y por el otro lado ese mismo productor tiene una deuda con el Sistema Financiero estatal; repito, estatal. Lo lógico es que habiendo bonos del Estado, pueda ese productor con esos bonos del Estado pagar su propia deuda que tiene con el Sistema Financiero estatal, porque se dé muchos casos de personas que tienen bonos de dos millones, tres millones y tienen deudas a lo mejor en 200, 300 mil córdobas, y es absurdo que teniendo bonos de dos millones no puedan pagar una deuda de 100 mil ó 300 mil córdobas al mismo Estado.

Sin embargo, he insinuado y he preguntado de que esto debiera de ser cada caso es cada caso, porque yo estoy bien consciente y no tengo interés en quebrar el Sistema Financiero estatal. Yo no quiero que todos los que tengan deudas con el Sistema Financiero estatal vayan a comprar bonos, y con esos bonos comprados vayan a pagar las deudas. Por eso estoy poniendo en forma muy clara tenedores originales que tengan deudas propias, es lo único, lo elemental, lo sencillo, que aquel productor que se quedó, que está trabajando y que lo expropiaron, pues que pueda pagar una deuda de una injusticia.

Voy a cederle la palabra al Representante Nardo Sequeira, aún cuando yo estaba haciendo el anuncio de que el último que iba a intervenir era el doctor Ramírez. Ahí termina la lista de los oradores para proceder a votar.

Realmente yo entiendo que el espíritu de la ley siempre tiende a favorecer a los más débiles. Entiendo que aquí, si efectivamente el sector productivo, los ganaderos, agricultores que realmente fueron expropiados, confiscados -como bien lo explicó el doctor Montiel y el doctor Edmundo Castillo- yo no veo porque esta ley no pueda beneficiar para pagos de deudas pendientes al Sistema Financiero; yo no veo porque a la banca estatal pueda pagar bonos y no un privado que es el perjudicado, realmente estaríamos cometiendo injusticia.

Si la persona perjudicada utiliza el bono para pagar otras cosas, ¿por qué realmente no se va a utilizar para pagar adeudos bancarios? A mí me preocupa esto, porque aquí no estaríamos haciendo absolutamente nada con la parte económicamente débil. Decía el diputado Zambrana que esto fue un arreglo entre unos y otros y que hay que respetar el convenio que habla entre los confiscados, expropiados y el gobierno. Entonces yo digo que para que se metió esta ley a esta Asamblea, si un acuerdo entre las partes surte efecto entre los confiscados y el Estado y no tiene por qué… ¿Cuál es la razón legal de que se meta eso aquí?

No se hubiera metido. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene? Si realmente aquí el sector agropecuario ha sido el sector más perjudicado, y la falta del financiamiento y la falta de ayuda directamente al sector agropecuario han hecho que el Estado esté en una crisis tremenda, de nada sirve. Protejamos a este sector pues. Por eso la moción del doctor Castillo, yo la veo prudente y consecuente, si realmente estamos haciendo patria produciendo; si no, no hagamos nada.

Quizás es importante mantener la mirada de una manera integral en el sentido de ir añadiendo una serie de usos adicionales para que estos medios de pagos tengan mayor demanda, con la idea de subirles el valor.

Hace poco, varios de ustedes me preguntaban cuál era el impacto de pasar del 3 por ciento al 4 y 4.5 por ciento, y hablamos de ese impacto. Nadie pregunto cuál sería el impacto, si esto se trabajara a través del Sistema Financiero; independiente de los roces que pueden haber con la Ley de Bancos, con la Ley de la Superintendencia y con el resto de las leyes vigentes y el problema de desigualdad, porque aquellos que no deben, tendrían el problema de no poder usar ese beneficio, aquellos que le deben a bancos privados, no podrían aplicar este beneficio y únicamente serían los que le deben a bancos estatales.

Entonces en un universo de tres posibilidades, estaríamos sacando una ley en forma deliberada, solamente para un tercio de los afectados, y creo que jurídicamente se trata de que cubra a todo el mundo. Pero yo creo que lo más importante aquí a distinguir es la parte del concepto bancario. Cuando se habla de banca estatal, pareciera decir: este banco es del Estado y por lo tanto puede hacer con él lo que quiera.

Solamente como ilustración quiero decir lo siguiente: El Banco Nacional tiene una capital de 75 millones, que es lo que pone el Estado. La Cartera del Banco Nacional es de más de mil millones, que está respaldada con 700 millones de depósitos del público y con unos 300 millones de depósitos de empresas públicas. En una institución financiera que queremos desarrollar, la idea no es resolver el problema de la propiedad y abrir un hoyo por otro lado.

En la medida en que se sepa que un Banco va a recibir bonos y que esos bonos no se pueden cobrar de inmediato, pues lo que haría un depositante informado es ir a retirar sus depósitos de ese Banco porque no van a tener respaldo con liquidez en el corto plazo, aunque sea Banco estatal tiene un capital mínimo del Estado, y lo que maneja son depósitos del público. Ya sea que se disminuyan los depósitos del público o se disminuyan los depósitos de las empresas estatales, estaríamos afectando o el presupuesto de las empresas estatales o los depósitos del público.

En este país lo que nosotros queremos es vender confianza, entonces no podemos, por querer regresar la confianza al sistema de la propiedad, empezar a crear velos de desconfianza en el Sistema Financiero. Un Banco, en la medida en que se le bajan sus depósitos, presta menos en el siguiente ciclo, y si en la banca estatal van a prestar menos porque ahora ya no tienen plata en efectivo, pues lo que se va a afectar es el desarrollo agrícola.

Yo estoy claro y comprendo, y sobre todo en el plan de confiscado, siento que la postura del doctor Castillo tiene un ángulo correcto, que porque no se resuelve ese caso en particular. Pero el problema es que, nos estamos saliendo en lo general y estamos por creer que la banca es estatal y virtualmente disminuyendo la capacidad de préstamos que ese Banco puede dar por tener menos depósitos.

En el orden de presentaciones: La primera moción es suprimir el artículo, moción presentada por doña Magdalena Úbeda.

La segunda moción es del doctor Castillo Ramírez, donde dice: "Las instituciones financieras deberán aceptar en concepto de cancelación las deudas que tengan los tenedores originales con dichas instituciones estatales y como garantías de préstamos y avales, conforme las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos". Y la tercera moción presentada es por la Representante Luisa del Carmen Larios, que se debe cambiar la frase "podrán", por "aceptarán". Pero se les recuerda que dos Representantes asumieron el dictamen, por lo tanto se tendría que votar primero el dictamen.

El resultado es el siguiente: 16 votos a favor, 60 votos en contra, 2 abstenciones. Queda rechazado el texto del dictamen.

El Secretario le va a dar nuevamente lectura a las mociones en el orden en que fueron presentadas.

El resultado es el siguiente: 5 votos a favor, 66 en contra, 8 abstenciones. Queda rechazada la moción de doña Magdalena Úbeda.

Vamos ahora a proceder a votar sobre la moción presentada por el Representante Edmundo Castillo Ramírez.

Y para los que todavía no saben por qué están votando, la moción del doctor Castillo que fue leída inicialmente, dice:

La Representante Azucena Ferrey puede cambiar el voto, solo apriete el otro botón.

Se les pide a los Representantes que no están de acuerdo con la votación que han hecho, que pueden cambiar su voto, porque está abierta la votación para hacerlo.

El resultado es el siguiente: 16 votos a favor, 56 en contra, 5 abstenciones. Se rechaza la moción presentada por el Representante Edmundo Castillo.

El Secretario le va a dar lectura a al siguiente moción, que es la de la Representante Luisa del Carmen Larios.

La moción de la Representante Luisa del Carmen Larios es cambiar la frase, "podrán" por "aceptarán".

El resultado final es el siguiente: 59 votos a favor, 10 en contra, 7 abstenciones. Queda aprobada la moción presentada por la Representante Luisa del Carmen Larios.

Arto. 5. Las instituciones del Estado podrán aceptar bonos hasta en un 200 por ciento de su valor de mercado, siempre que no exceda su valor nominal, como garantías de mantenimiento de oferta, o como fianzas o garantías de ejecución o cumplimiento en la licitación para obras de construcción y suministro de equipos, en el marco de los artículos 43 y 44 del Reglamento General de la Ley de Contrataciones Administrativas del Gobierno Central, según Acuerdo Ministerial del Ministerio de Finanzas No. 60-91, del 7 de Noviembre de 1991.

La moción, o esta iniciativa de artículo 5, de que el bono será reconocido en un 200 por ciento de su valor de mercado, siempre que no exceda de su valor nominal y que este reconocimiento sería por las instituciones del Estado, me parece incorrecto y quiero razonarlo de esta manera.

El Estado entrega bonos por compensación a los confiscados, y cuando el Estado entrega esos bonos por compensación por un X valor, significa que ese es el valor que el Estado reconoce -valga la redundancia- como compensación. ¿Cómo va ser posible que estemos diciendo que el mismo Estado ahora desconoce el compromiso inicial que hizo con los bonificados; que ya no es el valor que en un momento dijo como compensación al inmueble o a la propiedad, sino que ya es mucho menor?

Esta es una manera de estafar al bonificado, es una estafa del Estado el que hoy le diga, "te reconozco 100 córdobas" y a los dos días le diga, "tu bono ya no vale 100 córdobas sino 60 pesos". Yo creo que un Estado serio no podría estar proponiendo este tipo de iniciativa; el Estado debe de asumir su compromiso tal como fue el contrato inicial, y si reconoció un valor determinado de los bonos, ese es el valor que debe reconocer en cualquier momento. Por esa razón simple, quiero proponer, voy a mocionar de que el artículo 5 en sus dos primeras líneas sea modificado y se diga:

Tal vez por falta de experiencia legislativa me cuesta entender que un trabajo tan serio, producto de muchas personas, de alguna manera pueda ser interpretado como estafa; sobre todo de personas con un nivel cultural privilegiado en Nicaragua y con nociones básicas de contabilidad y finanzas que son elementales. Cuando uno tiene una deuda a plazos, por las razones que sean su origen, el simplemente deber a plazos hace que el valor nominal difiera del valor presente. Es el dicho típico de "más vale pájaro en mano, que 100 volando", hay una diferencia de 99.

Entonces de ninguna manera aquí el Estado ni los que han participado en la elaboración de esta ley, han pretendido desconocer el valor nominal ni mucho menos estafar a nadie; sino con mucha valentía y con un conocimiento de la realidad, a veces desapercibido para muchos, han reconocido que esta economía es muy débil, que los recursos son muy escasos y que no se puede pagar en efectivo como todos quisiéramos hacerlo y que no se cuenta con esos recursos a corto plazo. Y este argumento es válido igualmente para el artículo anterior.

De tal manera que cuando la sociedad refleja una voluntad política clara de decir, vamos a reconocer el problema, pero la sociedad no tiene plata, lo hace con los recursos que tiene, diciendo, "te voy a pagar a plazos" y esto se convierte en un bono, que ahora gracias a Dios es a 15 años y antes era a 20 años y aunque sabemos que no es una respuesta completa, pero es lo que se puede y es lo que va haciendo camino. Entonces esta propuesta no es antojadiza, ni siquiera a nosotros se nos había ocurrido.

Vino un asesor internacional, con experiencia en muchos países donde han habido confiscaciones, y recomendó que para darle más uso a los bonos, se pudiera utilizar también como soporte en las garantías de contracción pública. Y la experiencia mundial demuestra como máximo que los bonos del Estado -incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica- son aceptados en general hasta en 150 por ciento de su valor y sólo en raras ocasiones hasta en 200 por ciento.

¿Por qué en 150 por ciento de su valor? Como se espera que estos títulos respaldados por el Estado y que toda la sociedad los va apoyar, rápidamente van a costar 45 ó 50 centavos; entonces al multiplicar ese valor de mercado por un gran factor mayor del 100 por ciento, estamos deliberadamente tratando de decir de que ese valor de mercado se acerque al valor nominal, aún cuando no haya trascurrido todo el plazo. Pero básicamente al final es una garantía como dinero en efectivo.

Si hay una garantía para hacer un puente y ese puente no se puede hacer, obviamente que el contratista va a usar la garantía; esa garantía se tiene que liquidar en el mercado a valor de mercado y no va a recibir el 100 por ciento, aunque sea la voluntad nuestra de que eso valiera, y entonces la obra quedaría incompleta. Entonces al igual que en el artículo anterior que afectábamos al Sistema Financiero, en este sistema, con el afán de llevar una tranquilidad a los confiscados -que todos queremos hacerlo-, estaríamos aumentando el riesgo de la inversión pública.

Entonces no se trata de ninguna manera de desconocer el valor nominal, es una simple relación financiera de que las cosas hoy valen más que dentro de diez años y simplemente tratar de adecuarlo por un factor mayor que la unidad para que signifique una mayor garantía, para que sea atractivo a los ingenieros y que al ser demandado, el bono aumente de valor. Por lo tanto, algunos de los que trabajaron en este proyecto, que son ingenieros y han trabajado en obras públicas conocen lo que esto significa, y la postura del Ejecutivo en esto era que fuera 150 por ciento.

De tal manera que 200 por ciento, aparte de la parte conceptual -que yo creo que era importante aclararla- no deja para efectos prácticos de alguna manera, viniéndose a ser casi lo mismo que el valor nominal.

Yo creo que en este aspecto debería de existir una flexibilidad de parte del Estado, en el sentido de que es de las pocas oportunidades de poder darle el valor nominal al bono para ser utilizado para fianzas. En la industria de la construcción han sido los casos muy pocos, quizás contados con los dedos de la mano, en que se han ejecutado fianzas de este tipo. Entonces un bono que se diese como garantía en la construcción tiene un riesgo bien pequeño.

Por otro lado, yo entiendo, según estuve platicando con varios, que cuando se dice: "Las instituciones del Estado podrán aceptar bonos hasta en un 200 por ciento de su valor de mercado", la interpretación que se le dio a esto a la hora de la discusión era un 200 por ciento adicional al valor de mercado. ¿Qué significa eso? Si el bono por ejemplo estuviese a 30 centavos, -dicen que va estar a 40 centavos una vez que saiga esta ley- y fuera un 200 por ciento de su valor de mercado", la interpretación que se le dio a esto a la hora de la discusión era un 200 por ciento adicional, el bono valdría 90 centavos, o sea casi su valor nominal.

Si subiese el precio de mercado -a como dicen que va ser- de 40 centavos y le aplicas el 200 por ciento adicional, entonces pasa a ser 1.2 del valor nominal. Entonces en términos prácticos pareciese de que lo que conviene es aceptar la moción de Jaime Bonilla, de decir que las instituciones del Estado deberán aceptar bonos por el valor nominal para el propósito de fianza etc., etc. A mí me gustaría que en esto opinara el Ministro de Finanzas porque tal vez no ha hecho las cuentas.

Entiendo, por lo que me dijeron los miembros de la Comisión, que siempre se habló del 200 por ciento adicional al valor del mercado. Si el valor del mercado es 30 centavos, eso sube a 90 centavos, y casualmente por eso le pusieron que no excediera su valor nominal, porque fácilmente en pocos meses va a exceder ese valor nominal. Entonces, en términos prácticos, estamos hablando del valor nominal tal vez es razonable hablar de aceptar un valor nominal para este caso de asuntos de fianzas.

Quisiera que por favor, el Ministro primero contestara la pregunta que le hizo el ingeniero Roberto Urroz, para posteriormente intervenir, si lo tiene a bien el señor Presidente.

El artículo se lee literalmente: "Las instituciones del Estado podrán aceptar bonos hasta en un 200 por ciento de su valor de mercado". En otras palabras, si el valor de mercado es 40 centavos, se acepta en el doble, en 80; no es el triple, es el doble. O sea, que si vale 35, se acepta en 70; si vale 50, se acepta en 100; si vale 60, ahí ya se pasaría del valor nominal. Entonces yo quisiera dejar claro de que estaría por debajo del valor nominal hasta que el mercado no refleje un valor más alto del bono.

Recuerden bien, aquí es bueno ver los pro y los contras. Si una persona que se sintiera muy indignada por la forma en que fue confiscada, podría someter una garantía a una inversión pública y si le aceptan el doble o el triple, simplemente dejar de cumplir y es una forma de cobrarse en efectivo por adelantado el valor de sus bonos, entonces estaríamos promoviendo también una nueva situación de confianza y desconfianza. La idea es que queden las reglas bien claras. Si el bono vale tanto, se acepta en el doble. ¿Por qué? Porque en las leyes de seguros las posibilidades de que alguien fracase son mucho menores que en una situación como en el Sistema Financiero donde alguien iría directamente a cobrar su deuda, pues de cada 100 casos hay un siniestro.

Entonces eso compensaría el hecho de que las garantías se acepten en el doble. Pero a nadie le gustaría tener un programa de inversión pública en un municipio muy desarrollado, que le diera una garantía y que después, por haberse recibido en el doble o en el triple, a la hora de ir a ejercerla no la pudieran cobrar porque el mercado no refleja ese valor. Entonces la idea es aumentar los usos, pero no hacerlos sustitutos de dinero en efectivo en los bancos, ni de garantía real en los proyectos, sino aumentar los usos en muchas cosas, para aumentar su demanda y darle valor.

Realmente que esto nos plantea un problema no solamente jurídico, sino que es un problema económico y de finanzas. Porque al entregar el Estado a los confiscados en un momento dado, estos bonos de compensación, tienen un valor parcial o nominal de tanto. Pero la realidad es que en ese momento, de cara al valor nominal, frente a la verdadera situación económica financiera del país tienen un valor real de mercado, y ese valor real de mercado se da precisamente por las mismas leyes de la oferta y la demanda. Va a ser en el año X, cuando se venza el período de estos bonos, en que ellos adquirirán el valor del 100 por ciento de su valor total más los intereses que hayan devengado anteriormente.

Sin embargo, a mí me parece que vale la pena reflexionar un tanto sobre estos Bonos de Compensación, si lo que conviene realmente sobre estas cosas, especialmente si se van a utilizar para mantenimiento de ofertas, fianzas o garantías de ejecución, o para licitaciones de obras de construcción y suministro de equipos, todos remitiéndonos a esta Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, si realmente es aceptable o no desde el punto de vista económico, que desde el momento X se acepte como garantía con un valor de 100 por ciento, o si debe aceptarse más bien el valor de mercado, duplicándolo, como dice el dictamen precisamente.

Por otro lado, a mí me había preocupado un tanto las expresiones de un diputado que señalaba que estamos en este caso concreto frente a un caso de estafa. Y como a mí me gusta hablar en ciertos detalles, no al peso de la inspiración ingenieril, sino más bien al peso de las cuestiones jurídicas, estaba consultando el Código Penal vigente en el país -no el introducido recientemente con capítulos muy especiales reñidos con el derecho de la vida- leyendo sobre el delito de estafa y realmente en las doce causales que contiene el artículo 283, no veo configurado propiamente el delito de estafa.

Porque esta es una oferta pública la que se está haciendo de cara a la nación, y esta es una decisión más bien de carácter económico en la que el Tenedor de Bonos es quien va a decidir a la larga que camino va a darle. Porque yo también entiendo de que una de las preocupaciones es que podría estarse favoreciendo a determinados sectores de la sociedad, que podrían adquirir bonos a un precio relativamente menor, dado el valor real del dinero en este momento, y utilizarlos poniendo posiblemente en riesgo al mismo Estado o a las mismas obras de carácter público que pudieran realizarse, si estas tuviesen el valor parcial.

Por lo tanto, yo creo que en este momento vale la pena más ahondar un poco sobre la discusión, para pronunciarse posteriormente.

Realmente, cuando estuvimos discutiendo este dictamen con el Ministerio de Finanzas, una de las ideas que se nos había ocurrido inicialmente era de que el bono, cuando fuera usado como fianza o garantías en ejecución de cumplimiento de las licitaciones de las obras de construcción, se pudiera afectar según el valor nominal. Y en esa ocasión el Ministro de Finanzas argumentaba de que al darle el valor nominal al bono, en estas garantías, podría fomentarse la irresponsabilidad de los contratistas.

El hecho de usar bonos como fianzas o garantías en las obras civiles del gobierno, el Estado no estaría dejando de percibir ningún ingreso, que es uno de los aspectos que el Estado debe de considerar, y tampoco está haciendo ningún egreso. O sea que en términos de circulante y meramente de recursos financieros, el Estado ni deja de recibir, ni tiene que sacar dinero. En la primera propuesta el Ministerio de Finanzas había aprobado 150 y bajo la argumentación de que el Estado no emitía ni dejaba de percibir, fue que en la Comisión se llegó al 200, pero por lo menos yo entendía que era el triple.

Sin embargo es importante ver, que cuando un contratista pone una fianza y si acaso tuviera que ser ejecutado por falta de cumplimiento, normalmente esa ejecución no sobrepasa más allá del 30 por ciento de las obras, porque lo que el inversionista da siempre como adelanto, no sobrepasa nunca el 30 por ciento del valor total de la obra. O sea que nunca está en riesgo el valor del 100 por ciento de la obra.

Sólo que sea un inversionista que esté en contubernio con el contratista, que le dé un adelanto sobre lo normal, para que el riesgo sea más allá del 20 6 30 por ciento del valor de la obra, que ese es otro elemento que hay que considerar para ver la importancia de que los bonos puedan funcionar como fianza. Porque el nivel de riesgo que el Estado corre, nunca va a pasar más allá del 30 por ciento del valor de la obra, porque el inversionista que es el dueño -en este caso el Estado- no desembolsa dinero, sino es una medida que va evaluando el avance de la inversión.

Entonces, bajo esa lógica es que nosotros veíamos conveniente que se le pudiera subir del 150 -que era el proyecto original- al 200, que es como está ahora en el dictamen. Sin embargo, por lo menos en aquel momento, la interpretación que nosotros teníamos era de que ese 200 por ciento era realmente tres veces; Pero el Ministro ahora ha aclarado que es dos veces, el doble del valor de mercado.

En este artículo 5, yo creo sí que debe cambiarse el "podrán" por "deberán", porque si se llegara a dejar este 200 por ciento, o el doble, como lo interpreta el Ministro, tenemos que cambiarle el término de "podrán", porque entonces siempre le deja la discrecionalidad del gobierno, de aceptarlos o no. Entonces hay que poner la obligatoriedad, cambiando el "podrán" por "deberán".

Representante Valenzuela, pase su moción a la Mesa Directiva. Después de dos intervenciones, que son las del Representante Edmundo Castillo y Roberto Urroz, le vamos a ceder la palabra al Ministro.

En esta tarde, he visto tantas cosas absurdas, que ya no me sorprende. Por ejemplo, cuando vimos el artículo 3, y que hacía referencia al Decreto 36 -91 donde se establecía que los bienes, producto de la Ley 85, cuando se vendieran y merecieran un pago del 100 por ciento de su valor, podrían ser pagados a la par con estos bonos. Es decir, si por X o Y motive alguien se piñateó un inmueble y ese inmueble lo quiere vender, puede pagar ese inmueble al propietario pagando un 100 por ciento de su valor con bonos demeritados a un 20 ó 30 por ciento. ¡Cosas veredes, Sancho amigo!, diría don Miguel de Cervantes.

También tenemos aquí a la vista de que el espíritu de esta ley -y es la ratio legis-, es revalorizar los bonos. Y en la parte 5 del artículo, es el mismo Estado el que dice que podrá aceptar bonos hasta en un 200 por ciento de su valor de mercado. Es decir, están reconociendo el mismo Estado, la misma ley, que hay una enorme diferencia entre el valor de mercado y el valor parcial o el valor nominal, y a que ese valor parcial y a ese valor nominal hay que darles una duplicidad de una 200 por ciento para que pueda ser motivo de garantía, no de pagos. En los contratos de licitación puede ser, y es una garantía de mantenimiento de oferta, una garantía de fianza, ejecución o cumplimiento de licitación.

No entiendo, señor Presidente -y eso con el respeto de todos mis queridos colegas- como es posible que vayamos a aceptar una ley que en su mismo espíritu está diciendo que tenemos estos bonos desmeritados, que tienen un valor de mercado y que ese valor de mercado tiene que ser aumentado un 200 por ciento para poder ser garantía, no pagos. Y sin embargo hemos aceptado que con el Decreto 36-91, que es la Ley del 85, donde aquellas personas que adquirieron un inmueble piñateado por interpósita persona, y ahora lo quieren adquirir a su nombre, van a comprar con bonos, ese impuesto, ese inmueble.

Yo apoyo la moción de mi querido amigo el ingeniero Jaime Bonilla, desde luego dando razones diferentes a lo que él ha mencionado.

Quisiera dar algunas observaciones en base a mi experiencia, y es que en la industria de la construcción, cuando se va a dar garantías a las instituciones financieras, ya sea INISER o algún Banco, si uno lleva en efectivo el dinero o en un certificado de ahorro, le dan cuatro veces más ese valor. ¿Por qué? Porque como los riesgos son tan pequeños en la industria de la construcción, valoran el riesgo en el 25 por ciento, y entonces dan cuatro por uno. O sea, si yo voy a pedir una fianza de un millón de pesos, sólo tengo que depositar 250 mil córdobas o una propiedad que valga 250 mil pesos para que me den una fianza por un millón de pesos.

Esta moción del ingeniero Bonilla, de pedir que sea nominal para que acepten ese bono como garantía en las instituciones del Estado, apenas están reconociendo el uno por uno, ni siquiera la relación cuatro a uno como es efectivo. Así es que yo creo que realmente todavía está subvalorado el bono y me parece que lo mínimo que se puede hacer es darle su valor nominal y aceptar la moción de Jaime Bonilla. Creo que eso es razonable y tal vez este enfoque no lo tenía bien el Ministro de Finanzas, se lo acabo de explicar, y ésto haría ver de que habiendo flexibilidad de parte del gobierno en ese sentido, podemos pasar a aprobar ésto con nominal.

Yo quisiera recordar siempre el asunto global de esto. De que se trata de ir encontrando una serie de variedad de usos que hagan que personas para sacar préstamos lo usen como garantía; personas para construir lo usen como avales; que se puedan usar en empresas públicas, y no encontrar un uso totalmente perfecto porque no lo hay. Es más creo que en el futuro estamos obligados -la Comisión, los confiscados y el gobierno- a seguir buscando nuevas alternativas.

Yo quería recordar, que pareciera que se está jugando aquí, es que ya una pequeña diferencia entre poner valor nominal y poner 200 por ciento del valor de mercado. Pongo un ejemplo como el siguiente: el valor nominal es el 100 por ciento, entonces si uno dice que el valor de mercado anda en 45 centavos, el 200 por ciento sería 90, entonces hay una diferencia del diez por ciento.

Cuando uno está construyendo una carretera -que de paso este año con el Proyecto REMECAR empieza fuerte la construcción de carreteras-, si por alguna casualidad hubiera un problema, el 10 por ciento de una carretera podría significar un quiebre en el flujo de los ingresos, que signifique muchos millones, bastantes más millones de los intereses que ahorita ya convenimos en una forma bastante general, votadas por todos, donde se midió el impacto fiscal de estas cosas.

Yo vengo sintiendo la tendencia de que a medida que vamos viendo los artículos, ese criterio original del impacto que tiene ésto en una economía que sabemos que está restableciéndose, no se están tomando en cuenta todas las posibilidades, todas las contingencias. Entonces ésto es para que los constructores de inversión pública, al demandar el bono, suba de valor, pero sigue siendo una garantía para una situación de riesgo; de tal manera que abre la posibilidad de que aún con el 200 por ciento, si hubiera que ejecutar las garantías, esa inversión pública no podría completarse porque sabemos que por ser un documento a largo plazo, en el corto plazo vale menos que el 100 por ciento.

Yo apelaría un poco al criterio de que, al manejar los fondos nacionales, pensáramos en como si fuera nuestro propio pecunio y lo viéramos con autoridad. Queremos dar una respuesta integral donde queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo, y deliberadamente nos estamos yendo más allá de lo que recomendó el experto internacional, para abrir un uso adicional.

Nosotros creemos y tenemos fe que vamos a hacer todo lo posible en que este bono valga, porque al final, la solución al problema de la propiedad no se va a ver completa si una parte de los afectados no reciben una solución satisfactoria, por eso el bono sólo para arriba puede ir, pero démosle el tiempo necesario para que madure y el mercado lo refleje. Obviamente, si estuviéramos en Alemania, donde gastan un millón de dólares anuales en resolver el problema de la propiedad, pues no estuviéramos en esta discusión, y la idea de estar aquí, en esta posición, es para defender un poco la Hacienda Pública, es porque hay que hacer otros programas de tipo social, de apoyo al crédito y a la inversión pública.

Por un momento voy a aprovechar. Los bonos, al subir de valor se vuelven medios de pago. Llegado un momento, si el bono sube mucho de valor, pero mucho, mucho..., como la producción en el país no ha aumentado, el valor de los bonos sólo puede salir a base de que disminuya el valor del córdoba, porque van a haber córdobas y bonos compitiendo por las cosas de la economía. Entonces hay un punto óptimo, donde podemos llevar el bono a corto plazo de valor, pero no puede ser más allá, a costa de otros sectores de la sociedad.

Tiene la palabra el Representante Alejandro Solórzano, y con él se cierra la lista y el debate sobre el artículo 5 que estamos discutiendo en este momento.

Si alguna vez ha habido en la Asamblea Nacional la discusión sobre un avance de millones, ha sido hoy, con esta cuestión de los bonos, casi más allá de lo que significa discutir el Presupuesto General de la República, de acuerdo a todo lo que aquí se ha dicho. El diputado Jaime Bonilla hizo una propuesta y lanzó su dardo como arpón, y cazó. Ya les parece a nuestros constructores (que hasta se les salió un líquido un poco espeso por la comisura de los labios) estar frente a la posibilidad de un gran negocio, incluso en las inversiones para la construcción civil en nuestro país.

Con todas las explicaciones que ha dado el Ministro Pereira, de la situación cruda y real de la producción interna de nuestro país y ese enorme desbalance que hay, incluso en importación y exportación, nos damos cuenta que esa deuda interna, a pesar de que es menor que la deuda externa, pues nos "acogota" aún más duro que la última.

Yo voy a asumir el articulo tal y como está aquí en el dictamen, tomando en cuenta que aquí no habla de 200 por ciento adicional al valor del mercado de los bonos, sino simple y llanamente el 200 por ciento, como ya lo ha explicado el Ministro Pereira. Asumo por tanto, con la responsabilidad y la seriedad que el caso requiere, el artículo tal y como está en el dictamen de este proyecto.

Solamente existe una moción, porque el Representante Valenzuela se sumó a la moción presentada por Jaime Bonilla y Roberto Urroz. El Secretario le va a dar lectura a la moción presentada por estos tres Representantes.

Vamos a proceder a votar por el dictamen, porque fue asumido por el Representante Alejandro Solórzano.

Se les pide a los Representantes que no están en sus lugares, que los ocupen para proceder con el deber de votar. Estamos votando por el dictamen, por el Artículo 5, tal como está en el dictamen. Hay 10 Representantes que faltan por votar.

El resultado final es el siguiente: 7 votos a favor, 66 votos en contra, una abstención. Queda rechazado el texto del dictamen.

Vamos a esperar un momento, debido a que varios Representantes de diferentes bancadas están reunidos para consensuar una moción. El Secretario le va a dar lectura a la moción de consenso presentada.

"Las instituciones del Estado, aceptarán bonos por su valor nominal, como garantías de mantenimiento de oferta, o como fianzas o garantías de ejecución o cumplimiento en la licitación para obras de construcción y suministro de equipos, de acuerdo a las disposiciones administrativas pertinentes, en el marco de los artículos 43 y 44 del Reglamento General de la Ley de Contrataciones Administrativas del Gobierno Central, según Acuerdo Ministerial del Ministerio de Finanzas No. 60-91, del 7 de Noviembre de 1991".

Con 67 votos a favor, 1 en contra, 5 abstenciones, queda aprobada la moción presentada de consenso, el artículo 5.

Arto. 6. Por una sola vez y en forma excepcional, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSSBI), el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), y el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), deberán aceptar bonos por el 100 por ciento de su valor, para la cancelación de sus cuentas por cobrar vigentes originadas antes del 30 de Junio de 1993, inclusive. Esta disposición será válida por un ano.

Con la única intención de que los que recibieron bonos puedan recuperar parte de su tiempo perdido por no poderlos aplicar, para ayudarles a recuperar la credibilidad en compromisos adquiridos por parte del Estado, y para recuperar la confianza y credibilidad de estos nicaragüenses en las instituciones que los están apoyando, yo propongo la siguiente moción: Donde dice: "Antes del 31 de Junio de 93", se debería leer así:

Se va a votar por el dictamen, dado que fue asumido por el Representante Danilo Aguirre.

Con el respeto que se merecen todos los Representantes, yo quiero pedir disculpas y creo que he incurrido en un error. Vamos a proceder de la siguiente manera. Está abierta la votación, voy a decirle al Secretario que lea la moción presentada por Azucena Ferrey y seguiremos con el proceso de la votación del dictamen.

Quisiera hacer una aclaración, y sobre todo a la Representante Azucena Ferrey. Está leída su moción y está en votación también el dictamen. Todos los Representantes tienen el derecho de cambiar su voto. Si les parece mejor la propuesta de moción de Azucena Ferrey, lo pueden cambiar. De tal manera que voy a proceder la votación en este momento. Cierro la votación. |

El resultado final es el siguiente: 43 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 5, tal como está en el dictamen.

Arto. 7. "Por una sola vez y en forma excepcional, la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas, deberán aceptar Bonos de Indemnización por el 100 por ciento de su valor, para la cancelación de las cuentas por cobrar vigentes originadas antes del 30 de Junio de 1993, inclusive. Esta disposición será válida por seis meses.

Presidente, yo lo miro muy bien y está bien claro el artículo 7, así es que yo voy con el dictamen y lo apoyo.

Con 63 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones, queda aprobado el artículo 7.

Arto. 8. "Las entidades estatales podrán, con la autorización previa del Ministerio de Finanzas (MIFIN), cancelar entre ellas y al MIFIN, sus saldos deudores vencidos al 30 de Junio de 1993, inclusive, con Bonos de Pago de Indemnización".

Quisiera invitar a la Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, que nos explicara la razón por la cual el artículo se expresa que las entidades estatales podrán solamente con la autorización previa del Ministerio de Finanzas. Es decir, si el Ministerio de Finanzas lo tiene a bien, sí, si el Ministerio de Finanzas no lo considera correcta, o viable, o posible, no podría realizarse la transacción, y solamente ante el punto de vista del Ministerio de Finanzas las entidades estatales podrán cancelar entre ellas, y al MIFIN, sus saldos deudores.

Parece ser que esto tiene sentido porque sería una relación con el Ministerio de Finanzas, los saldos deudores al Ministerio de Finanzas, producto de tributo fiscal. Me gustaría que la Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos nos explicara estos altibajos de esta norma.

Voy a pedirle al ingeniero Bonilla que lea también el artículo 9, para que se percate de porque el Ministerio de Finanzas tiene que autorizarlo. El artículo 9, dice: "El saldo neto de los bonos va a ser redimido por el Ministerio de Finanzas" -por eso es que los tiene que autorizar- y sustituidos por un bono de capitalización nominal intransferible a 20 años".

Entonces, primero hay que recordar que el Estado es uno sólo, no son Estados pequeños que van a negociar entre sí. Segundo, se trata del manejo de política fiscal, que es rectoreada por el Ministerio de Finanzas, en la medida que el Ministerio de Finanzas va a redimir estos bonos con un bono de capitalización, por eso deben de ser autorizados. Es decir, es la política económica global del Estado que tiene que tener una cierta coherencia, de lo contrario se obligaría al Ministerio de Finanzas a hacer una redención que no quiere o que no conviene.

Quería puntualizar en este artículo 8, que las entidades estatales a que se está refiriendo son las mencionadas como receptoras de bonos, en los artículos 6 y 7 de esta ley; tal como está redactado el artículo pareciera que todas las entidades estatales. Entonces quiero proponer las siguientes reformas en la introducción del artículo, que diga:

Yo creo que es muy válida la aclaración del señor diputado, el doctor Aguirre, porque básicamente la lógica que estamos viviendo se refiere a lo siguiente. Cuando las empresas públicas señaladas en los artículos 6 y 7 recojan los bonos, pasan a formar parte de sus ingresos y parte de su capital. Entonces el INE, TELCOR, INAA y la Dirección General de Aduanas, podrían regresar al mercado con esos bonos también a hacer actividades económicas. La idea aquí es retirarlos del mercado, retirarlos de esas empresas que los recibieron, sustituyéndolos por unos bonos de largo plazo que no devengan intereses.

Sin embargo, como esas empresas se deben entre ellas mismas: el INE le debe a TELCOR; TELCOR le debe a INAA, y así sucesivamente, la idea es establecer una mesa de conciliación similar a la que hay entre los bancos -cuando hay cheques de diferentes bancos, para que entre ellos se liquiden las cuentas que tienen entre sí y una vez que esa liquidación se dé, que tiene que ser obviamente autorizada y coordinada por algún Ministerio -normalmente esto lo hace Finanzas- esos saldos convertírselos en bonos de largo plazo para que no salgan a competir con los bonos que queremos retirar.

Por eso yo, además de respaldar la sugerencia del doctor Danilo Aguirre, creo que para ser consistente con el artículo anterior, tal vez la palabra "podrán", debería ponerse también "deberán, y entonces quedaría "Las entidades estatales mencionadas en los artículos 6 y 7 deberán", y así continuaría igual. Si se puede hacer esa sugerencia.

Para modificar la moción, señor Presidente; en ese sentido acepto la sugerencia para que se oficialice.

"Las entidades estatales mencionadas en los artículos 6 y 7 de esta ley, como receptoras de bonos deberán, con la autorización previa del Ministerio de Finanzas (MIFIN), cancelar entre ellas y al MIFIN, sus saldos deudores vencidos al 30 de Junio de 1993, inclusive, con Bonos de Indemnización".

En razón de que nadie asumió el dictamen, se pone a votación la moción del Representante Danilo Aguirre, tal como la ha leído el Secretario.

Con 65 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención, se aprueba el artículo 8, con la reforma que propuso el Representante Danilo Aguirre.

Arto. 9. El saldo neto de bonos recibidos por las entidades estatales, serán redimidos por el Ministerio de Finanzas por medio de la sustitución de bonos de capitalización nominales e intransferibles, a 20 años de plazo, con 3 por ciento de interés anual capitalizables al vencimiento y con mantenimiento de valor.

De acuerdo con el dictamen, Presidente, pero quería hacerle un llamado de atención. En la votación habla una cantidad de Representantes que aparecen como presentes, que ya no están, entre ellos el ilustre Primer Secretario de la Asamblea Nacional, doctor Frank Duarte, que no se encuentra presente, ni el diputado Altamirano, ni el diputado Sánchez. Para que puedan retirar las tarjetas antes de la próxima votación.

Con 65 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, queda aprobado el artículo 9.

Arto. 10. El Presupuesto General de la República deberá contener las partidas necesarias para la ejecución adecuada de la presente ley. La fuente para el pago de los intereses semestrales provendrá del ingreso neto en efectivo de la privatización o venta de activos del Estado, la reducción de gastos corrientes, o de ambos. En ningún caso se aprobaran nuevos impuestos o incrementos de los existentes, para el financiamiento de estas indemnizaciones.

En este artículo donde se definen las fuentes de pago, no se deja la oportunidad de que una venta de un activo del Estado, podría ser reinvertido hacia otra área importante de inversión del país, que pueda generar empleos o que pueda reactivar más la economía.

En ese sentido yo quiero proponer una moción que incluya la reinversión, en una cuestión amplia, facultativa del Ejecutivo de poderlo hacer, dependiendo de la conveniencia; Por consiguiente, mi moción se leería así: "El Presupuesto General de la República deberá contener las partidas necesarias para la ejecución adecuada de la presente ley. La fuente para el pago de los intereses semestrales provendrá del ingreso neto en efectivo de la privatización o venta de activos del Estado o de su reinversión". Eso es lo que le agregamos, y lo demás continua igual.

Con este artículo, entiendo yo que de lo que se trata es que en la medida en que el Estado venga pagando estos bonos como Estado, vayan saliendo de circulación. Y aquí cuando se habla de reinversión, me parece que vamos a reinvertir otra vez bonos y creo que no es esa la naturaleza de contenido de este artículo. Por tanto, yo hago propio el artículo tal y como está en el dictamen, en la búsqueda de que, en la medida que el Estado vaya cancelando, vayan saliendo de circulación estos bonos.

Aquí en este artículo, me llama la atención y me preocupa, que dice que el pago de los intereses semestrales se hará de la privatización de lo poco que todavía queda del Patrimonio Nacional. También aquí haría una pregunta en relación a que en ocasiones anteriores, en el caso concreto del diputado Marenco, ha preguntado que cuándo y en qué ha parado todo el capital que significa la venta de todo lo que ha sido el Patrimonio del Estado. Aquí se ha preguntado una y otra vez y nadie nunca ha dado respuesta.

Este párrafo también me trajo a la mente esa interrogante que ya se ha planteado en otras ocasiones, porque a mi entender, aquí lo que está dejando implícitamente establecido es que este pago, cuando se afirma de que verdaderamente aquí no deberá contener, o sea que la fuente tendrá que salir del efectivo de la privatización o venta de activos del Estado, esos activos del Estado no son más que el Patrimonio, es la venta del Patrimonio de todo lo que han venido desmantelando, que han venido vendiendo.

Entonces la realidad es que yo podría entender de que aquí se estaría justificando seguir privatizando lo poco que queda todavía. Las minas ya están privatizadas; INISER, no me extrañaría que también dentro de poco empiecen a hablar de que lo van a privatizar; TELCOR está en vías de privatizarse. Entonces yo lo que veo es que aquí vamos a una total privatización de todo.

Sólo quería externar esta preocupación, y no estoy de acuerdo, no sé si alguien me podría aclarar esto, si los miembros de la Comisión o si el Ministro, que es lo que queda aquí planteado en este párrafo de este artículo 10.

Es en relación al artículo que estamos discutiendo, propongo una moción en el sentido que diga en el último párrafo: " En ningún caso se aprobarán nuevos impuestos o incrementos de los existentes para el financiamiento de estas indemnizaciones, ni se afectaran los planes de inversión pública, ni los programas sociales que benefician a la mayoría de la población".

Francamente que este artículo se presenta un poco difícil de encontrarle solución, porque si este artículo está relacionado con el Decreto 56-92 de Octubre del 92, en su artículo 3 dice que "Los bonos de pagos a emitirse, podrán ser redimidos con anticipación, según lo establecen los siguientes artículos. En los casos de bonos que fueron utilizados para la compra de activos o bienes del Estado y sus instituciones, en subasta o en cualquier otro mecanismo de privatización, o por el pago de deudas originadas en proceso de privatización o devolución de bienes de parte del Estado, los bonos de pago serán afectados a la par, esto es como el dinero en efectivo.

Los bienes que van a privatizarse -y están establecidos aquí en el artículo 5, y conforme el procedimiento que refiere el artículo 6, son: TELCOR; INE; el Campo Turístico Montelimar (que ya fue privatizado, fue vendido); la Empresa Agroindustrial del Valle de Sébaco; la Compañía Nacional Productora de Cemento; el edificio del antiguo Banco de América (que se debe conservar como Patrimonio Nacional y no debe de ser privatizado), edificios de la Zona Franca; la Cartonera Nicaragüenses (el 75 por ciento de participación del Estado); Ingenio Victoria de Julio; Ingenio Julio Buitrago (el 50 por ciento de la participación del Estado); el Ingenio Benjamín Zeledón.

Al redimir y al irse privatizando todo esto -porque está pendiente de privatizar TELCOR e INE y hay bonos que ya están en circulación-, estas personas que ya tienen bonos pueden comprar perfectamente los activos o bienes del Estado y los pagan con bonos; ya a esta fecha hay 21 mes de haberse dictado esta ley. ¿Cómo es posible y qué es lo que va a quedar por subastar o privatizar, para pagar los intereses a que se refiere el artículo 10, que comenzará a pagarse el número 30, después de emitida y publicada la presente ley?

Si nosotros sumamos 30 y 21 mes, son 51 mes, y aquí dice un artículo que "Las empresas o bienes, o participaciones arriba descritas, serán ofertadas dentro del proceso de privatización en un período no mayor de cuatro años". Es decir, que cuando ya se quiera pagar los intereses dentro de 30 meses a partir de la aprobación y publicación de esta ley, ya han pasado los cuatro años a que se refiere el Decreto 56-92, y lo que quede, ya no se puede privatizar. Así es que yo lo veo bastante contradictorio y difícil de cumplimiento.

Me gustaría mayor aclaración al respecto sobre este artículo, porque entra en parte, en choque y en contradicción con el artículo 5 y el artículo 4 del Decreto 56-92.

Yo creo que es importante que aquí el Ministro de Finanzas nos aclare un poco más sobre ese asunto de la previsión que se tienen en cuanto a ingresos, por ese concepto de lo que se llama privatización, puesto que se ha venido privatizando una serie de bienes del Estado, empresas a las que se les ha dado un período de gracia, para que luego empiecen a pagar.

De manera que si se quiere compensar, tiene que haber una programación ya en manos del Ministerio de Finanzas, de cuáles son los ingresos previstos, o los que ya se están recibiendo, por este concepto de las privatizaciones. Porque no vamos a partir aquí, al aprobar esta ley, de lo que no está privatizado, en vista de que eso sería estar ya de antemano adelantándonos a los acontecimientos, si podemos partir de lo que ya está privatizado. Y en este sentido debería ya de existir esa programación de los ingresos que se piensan percibir por esos conceptos. Me gustaría que el señor Ministro de Finanzas, nos diera esa información.

Le he solicitado la palabra para aclarar un poco, un tanto, en cuanto la preocupación que tiene Leticia Herrera y también Nathán Sevilla.

Yo les quiero recordar que las razones de la fuente para el pago de los intereses semestrales que provendrán del ingreso neto o efectivo de la privatización o venta de efectivos del Estado, les quiero decir y les recuerdo que nosotros aquí estamos construyendo una democracia, una economía social de mercado, una libre economía; que ya dejamos atrás la economía centralizada, y que la privatización es parte de este proceso en el cual hemos estado de acuerdo que los escenarios anteriores en materia económica, en el sentido de centralización no han funcionado, y debemos de dejar atrás ese tipo de escenarios para proyectarnos interpretando los nuevos signos de los tiempos.

Están anotados para hacer uso de la palabra doña Magdalena Úbeda y Herty Lewites, ahí se cierra la lista. Se ha anotado en el último momento el doctor Danilo Aguirre, y ahí se cierra la lista para proceder a votar.

Era para decir que no estoy de ninguna manera de acuerdo con la moción presentada por mi amigo el Representante Roberto Urroz. Eso de que los activos del Estado es un pésimo administrador. Los bienes de particulares que el Estado-Partido asumió en la década pasada, fueron agotados, fueron consumidos, fueron depredados; de modo que lo que el gobierno actual ha privatizado son empresas ruinosas, empresas no productivas. La función del Estado no es de administrar bienes y servicios.

Todos los Estados modernos del mundo se han decidido por la privatización de las empresas que tenían, de los servicios que tenían. Recordemos que hace muy poco Fidel Castro vendió, privatizó, vendió a México el 49 por ciento de su TELCOR. Entonces yo le pediría al Representante Urroz, que retirara la moción por considerarla infortunada.

Después de escuchar al diputado Urroz, yo quisiera que después de tantas horas que tenemos de estar en esta Asamblea, en este recinto, la exposición que quiero hacer la tomemos muy en cuenta. Porque yo estoy secundando la moción del diputado Urroz, pues considero que ante la situación que vive Nicaragua y quiero ser claro, yo estoy de acuerdo con la privatización de TELCOR; pero no puedo aceptar que si TELCOR tuviera un valor de 220 millones de dólares, y cualquier compañía, venga de donde venga, va a comprar el 40 por ciento, eso sería más o menos 100 millones de dólares en efectivo, considero, porque no van a ser en bonos; esos 100 millones fueran a parar a pagar deudas de bonos.

Considero que ese dinero se ha reinvertido, dado un porcentaje, digamos de 20 millones a la banca estatal, 20 millones a la banca privada y un banco de préstamos a 7, 8 y 10 por ciento a 15 y 20 años para un desarrollo agroindustrial, de viviendas. Porque esto significaría un ingreso aproximadamente de 6 millones de dólares anuales que le reingresaría al Estado para pagar intereses de los bonos, y podríamos dar un despegue económico realmente al país en áreas que nosotros no tenemos ni un centavo.

Por eso es que creo que la moción del diputado Urroz la voy a secundar, y la voy a apoyar, porque pensar en la forma en que este dinero podría insertarse en la economía para proyectos agroindustriales de 10, 12 y 15 años, como podría ser también que a la banca privada se le inyecte unos 20 millones de dólares; que al Banco de la Vivienda se le inyecte otros 10 millones de dólares; y a la banca estatal, tanto al Banco Nicaragüense como el Banco Nacional se le invirtieran otros 15, 20 millones para proyectos de 5, 7 y 8 años, sería muy positivo para la economía del país.

Entonces, después de esta exposición yo podría hablar mucho rato, pero por eso es que quiero y creo que si el diputado Urroz está en esta línea, quisiera que explicara por qué el plantea de la reinversión, si es en esa área o es que quiere que el Estado compre empresas.

Tiene la palabra el Representante Danilo Aguirre, y luego procedemos a la votación.

Yo creo, señor Presidente, que aquí no está en discusión si el Estado es buen o mal administrador, si Ramiro Gurdián es bueno o mal patrón, o los chinos de la Zona Franca. Yo creo que aquí tampoco está en discusión lo que se va a privatizar y lo que no se va a privatizar, parece que nos estamos adelantando a acontecimientos que nos pueden hacer perder el fondo de este artículo.

El fondo de este artículo es garantizar que estos bonos no podrán ser redimidos con más impuestos para el pueblo nicaragüense; incluso si no apareciera ahí el origen de los ingresos, lo mismo quedaría el artículo. Me imagino que eso se puso ahí para ejemplificar de dónde se pueden obtener recursos sin poner más impuestos al pueblo, pero igual, si no se hubiera puesto, lo mismo hubiera quedado.

La garantía del artículo es que el gobierno asume con esta ley, que va a redimir los bonos sin cargar más impuestos que los que ya paga el pueblo nicaragüense, y en tal sentido yo respaldo el artículo. No entiendo lo de la reinversión sobre esos activos y prefiero apoyar el dictamen tal como fue presentado.

En realidad, yo considero que juntando la participación de la diputada Magdalena Úbeda y la que acaba de hacer el doctor Aguirre, realmente me quedaría poco que agregar. Sin embargo, creo que es bueno volver a enfatizar, de lanzar un mensaje a la sociedad, al cerrar esta ley, de que existe la voluntad no solamente del Ejecutivo, sino de todos los Representantes, y por eso yo pediría un voto unánime de que la fuente de los ingresos de estas indemnizaciones, no debe de salir de más impuestos al pueblo de Nicaragua.

(Ya cerré la lista señor, yo anuncié que se cerraba la lista). Por favor pongamos atención, oportunamente anuncié que quedaba cerrada la lista, y está cerrada. Vamos a proceder a votar en primer lugar por el dictamen que fue asumido por el Representante Iván Salvador Madriz y por el Representante Danilo Aguirre.

Va a leerse la moción, para el caso de que el dictamen fuera rechazado. El Secretario dará lectura a la moción.

La primera moción fue del Representante Roberto Urroz, firmada después por el Representante Carlos Zamora, y dice lo siguiente:

El Presupuesto General de la República deberá contener las partidas necesarias para la ejecución adecuada de la presente ley. La fuente para el pago de los intereses semestrales provendrá del ingreso neto en efecto de la privatización o venta de activos del Estado o de su reinversión, la reducción de gastos corrientes o de ambos. En ningún caso se aprobaran nuevos impuestos o incrementos de los existentes para el financiamiento de estas indemnizaciones.

Después tenemos una moción de la Representante Julia Mena: Moción de artículo 10.

Agregar después de "indemnización", ni se afectarán los planes de inversión pública, ni los programas sociales que benefician a la mayoría de los nicaragüenses.

La votación estaba por abrirla, solamente estábamos dando lectura a las mociones para proceder a votar; y están en consideración, en primer lugar el dictamen que fue asumido por el Representante Madriz y por el Representante Aguirre, más las mociones que han presentado el Representante Urroz y la Representante Mena. Entonces iniciamos la votación y se pone en primer lugar en consideración el dictamen.

Con 15 votos a favor, 50 votos en contra y una abstención, ha sido rechazado el dictamen.

Los Representantes Mena y Urroz se han puesto de acuerdo en presentar una sola moción. Se le pide al Secretario que le dé lectura de nuevo.

Con 45 votos a favor, 8 votos en contra y 4 abstenciones, queda aprobado el artículo 9, con la moción de los Representante Mena y Urroz. Perdón, el artículo 10.

Cuando estuvimos discutiendo el dictamen en lo general, se escucharon algunas preocupaciones sobre mecanismos para garantizar que el bono se mantenga y no pierda su valor, y uno de ellas era -y así me pareció escuchar- la preocupación sobre las emisiones de los bonos.

El Gobierno tiene destinado, creo, una emisión equivalente a unos 600 millones de dólares en todo el período, más de los que ya se han emitido, más los que se seguirán emitiendo- en este momento se han emitido alrededor de unos 100 millones de dólares- y buscando como fortalecer la transparencia de este proceso administrativo y con ello buscar la cautela del valor de los bonos, yo quiero proponer un nuevo artículo que sería del artículo 11, que diría lo siguiente:

"Arto. 11. El Ministerio de Finanzas está obligado a presentar informe a la Asamblea Nacional por cada 250 millones de córdobas emitidos en bonos, sin menoscabo alguno a las funciones de la Contraloría General de la República".

Con 46 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones, se aprueba lo que sería el artículo 11.

Presidente, es para proponer un nuevo artículo. Este es un mecanismo que ya se viene empleando en la Oficina de Cuantificación y de Indemnizaciones, y hay dos tipos de problemas en este asunto. Uno, en el caso de los indemnizados que se le entregan los bonos, ellos firman un finiquito donde se establece que no pueden ejercer reclamación alguna contra el Estado o de terceros, de manera que no vayan a estarle cobrando al Estado permanentemente posteriormente.

El segundo caso es por razones de que el Estado no inscribió, o una expropiación mal hecha, la propiedad no está a nombre del Estado, y este es el caso de bastantes propiedades. También se está haciendo que cuando reciban los bonos, firmen la escritura de traspaso a nombre de transferencia de propiedad, a nombre del Estado, de manera que la transacción quede completa. Ese es el origen de este artículo que quiero proponer, que es el siguiente:

En realidad yo quise haber participado en el artículo anterior, porque es obvio y ampliamente conocido de que originalmente este era un proyecto de ley, donde lo habíamos trabajado muy intensamente tres partes: el Legislativo, el Ejecutivo y los afectados; y dentro de las limitaciones que tiene esta economía habíamos encontrado una respuesta que dentro de esas limitaciones se considera satisfactoria. Sin embargo, quiero decir que el Ministerio de Finanzas está obligado constitucionalmente a aparecer de vez en cuando ante la Asamblea, a dar cuenta no solamente del Presupuesto de la República, de las privatizaciones sino también de la utilización de otros fondos, como en este caso sería el de los bonos.

Si se establece un artículo para dar cuenta del uso de los bonos a los confiscados, que yo siento que está de más porque es una cosa que estamos obligados a hacerla, pero si ya estamos entrando a una cuestión de cierta privacidad para sacar en el listado de quién es la gente que está recibiendo bonos; a mí me parece que por el mero trato de igualdad también debería pedirse control sobre todo lo que se haga de esta ley. Y en eso incluiría, de que si van a haber beneficiados, pues que se publiquen las listas de aquellas personas que recibiendo bonos, paguen las casas arriba de los bonos, sobre todo en el caso del 35-91 y de los que se beneficiaron con la Ley 85.

O sea, que si nosotros vamos a redundar en controles y poner más controles de los necesarios hagámoslo con todo el mundo y solamente con los confiscados.

Ha sido voluntad del Ejecutivo, muy clara, de que debe haber una respuesta integral a todos los sectores, y aquí solamente queremos poner control sobre uno de los sectores. En ese sentido, creo, y no estoy opuesto, de que si alguien recibe una indemnización del Estado y firma un finiquito por su libre voluntad, pues obviamente, para no haber más burocracia, yo podría abonar lo que dijo la diputada Dora María Téllez, no sólo con la que ella dijo, sino de que ese finiquito sirviera -en eso yo no tengo experiencia judicial- para que ya el Estado pudiera inscribir, al margen las escrituras, que sirviera como una autorización de inscribir en el Registro para que de una sola vez, al pasar a nombre del Estado, del INRA, se pudiera hacer la titulación de la Reforma Agraria.

Pero siento de que ya lo que era una ley obviamente dirigida y consensuada para trabajar en uno de los sectores que no se le había dado respuesta, ahora ya estamos metiendo leyes o artículos que tienen que ver con los otros capítulos de la propiedad, y yo creo que eso ameritaría igual que esto, varias horas más de trabajo, varias horas más de esfuerzos y tal vez más comunicación que la que hubo en este caso para realmente traer soluciones de consenso para todos.

Así es que, es una lástima que yo no pueda haber hablado antes, en el artículo anterior; pero, o no se hubiera puesto del todo o se hubiera puesto para todo el mundo.

Me gustaría que tuviera usted la amabilidad, antes de mi intervención, y desde luego no corriendo mi tiempo, que leyera la moción que le acaban de entregar ahorita.

Comienzo con mi tiempo. Habíamos acordado, y el señor Ministro ha reclamado en varias oportunidades de que esta ley hasta cierto punto era una ley consensuada, donde habían participado el Estado, este Poder Legislativo y la Asociación de Tenedores de Bonos. Es muy bonito el argumento que presenta la colega Dora María Téllez, pero hay una expresión que indudablemente golpea el espíritu de la justicia.

Yo estoy de acuerdo, señor Presidente, que cuando se pague a una persona, debe dar un finiquito al Estado, eso es algo elemental, es una contraprestación. Si yo te estoy pagando un bien injustamente confiscado, aquí te doy los bonos y me tenés que dar un finiquito; pero hay una palabrita ahí suelta que dice que no hay un reclamo ni al Estado, ni a terceras personas. Ese concepto de “terceras personas” tiene un fondo muy grave, y es muy sencillo, lo voy a explicar.

Si yo por X motivo estoy reclamando a una persona lo que me están quitando, al pagarme el Estado, no le voy a reclamar a alguien que injustamente me ha estado usurpando una casa o usurpando una finca, los bienes de una fábrica etc. Entonces lo que quieren hacer es un finiquito total, una cuenta nueva, un borrón y cuenta nueva. Yo creo y vuelvo a la iniciativa que le ha hecho el señor Ministro, que nos debiéramos de interponer nuevos artículos, porque esos nuevos artículos es una enorme salida de exonerarse de responsabilidad, no sólo el Estado, que se debe exonerar de responsabilidad; pero estamos exonerando bajo el pretexto de tercera persona.

Si vamos así, señor Presidente, pues sigamos poniendo artículos a esta ley. Yo he visto y he insistido en varias ocasiones que en el Decreto 36-91, que es el decreto de doña Violeta, donde se quería regular los excesos de la Ley 85 en aquellas propiedades que tienen un área mayor de 100 metros, esa área mayor de 100 metros, por venderla iban a pagar el impuesto del 100 por ciento del valor catastral actualmente actualizado. Y se permitió que mediante unos bonos actualmente desvalorizados y que todo mundo está consciente que valen el 20 ó el 30 por ciento, se va a pagar una propiedad piñateada, producto de una venta de una interpósita persona.

Entonces no estamos actuando con justicia, porque si lo que se ha planteado aquí es hacer el espíritu de esta ley, señor Presidente, es la revalorización de los bonos, esta ley no puede tener el espíritu de cubrir cosas que no son justas, y no quiero dar un calificativo par ano molestar a terceras personas. Pero esta ley no puede permitirse el lujo, porque entraría desprestigiada, entraría inmoral, si bajo pretexto de un finiquito al Estado se le va a quitar el derecho a una tercera persona a reclamar algo que durante ese intervalo tiene su derecho para poder reclamar.

Yo pido un momento de cordura, yo pido que suspendamos un momento –si es posible- esta discusión, porque no hemos cerrado todavía la ley. Si queremos romper las reglas del juego, rompámoslas y vamos a presentar una serie de leyes, y vamos a regular la Ley 85 y todas las otras leyes, pero no es ése el espíritu de esta ley. El espíritu de esta ley es que a un sector, el cual se ha perjudicado enormemente, pues darle un valor; pero si lo que queremos es cubrir anomalías de la Ley 85 a posibles responsabilidades que tienen las personas perjudicadas, pues señor Presidente, llamo a la cordura a la Mesa Directiva con el respeto debido que me merecen ustedes.

Cuantos problemas nos hubiéramos evitado, si hubieran hecho caso a mi intervención en lo general de esta ley. Vuelvo a recalcar que aquí necesitamos una serie de datos, porque además, con lo que acaba de venir el señor Ministro, más dudas tengo de la transparencia con que se ha hecho esto. Ahora vemos aquí que una inmensa mayoría de los que vamos a indemnizar, además que fueron justamente confiscados, además de ser confiscados, tenían inmensas deudas en los bancos, o sea dos veces.

Primero, con el Patrocinio con que obtuvieron las propiedades; segundo, indemnización con los adeudos que dejaron en los bancos, que sería bueno revisar todos esos adeudos en los bancos, como se capitalizarían los bancos; y ahora quieren dejar las puertas abiertas para una nueva indemnización: la indemnización con los bonos (la tercera indemnización) y quieren dejar la puerta abierta para una cuarta indemnización. Eso si ya es lo último. Y sobre todo la gran ayudita que les hace el Ministro, diciendo que ésta es una transacción privada y que el pueblo no debe darse cuenta, como acaso no es del "lomo" del pueblo y de la sangre del pueblo que van a salir todos estos pagos, y han salido todos estos pagos. ¡Qué barbaridad! Por eso les dije muchas veces, no lo llevemos en carrera, nadie se hubiera muerto con esperar dos o tres meses a que hubiéramos tenido ese balance aquí de deudores y acreedores. ¡Cuánto nos hubiéramos ahorrado!

Bueno, yo sí creo que estoy salvado de tal miseria, y lo digo con mucho orgullo acá, a pesar de que soy un beneficiario afectado y posible Tenedor de Bonos, cuando el Ministro se digne hacer justicia a mi familia, porque parece que los han retenido ahí como chantaje, a ver que dice Julio Marenco. Ahora no quiere que venga aquí el listado de a quien han indemnizado y por qué han indemnizado, para que no nos demos cuenta a quienes han favorecido y a quienes no, porque en este país, utilizar el argumento de honestidad es el peor argumento que se puede utilizar.

Yo antes creía que los valores del somocismo estaban muertos; hoy estoy plenamente convencido que los valores del somocismo estaban hipócritamente ocultos en las actuaciones de mucha gente. Y quiero terminar hoy con esta frase de aquel escritor, Severo Martínez Peláez, que dice: "Una vez más se demuestra que lo moral está determinado por lo económico".

Estábamos poniéndonos de acuerdo con el doctor Castillo; ya estamos de acuerdo en que efectivamente se dejara a salvo el derecho a terceros, que en la redacción tenía un problema. Terminando la redacción, se la pasamos en un momento.

Solamente unas cuantas palabras, para manifestar que estoy en todo punto de acuerdo con el Representante Julio Marenco. Lo ideal hubiera sido aquí, que eso se hubiera hecho en realidad, porque yo creo que ya es tiempo que aquí debiéramos de actuar con transparencias mayores, en lugar a la trasparencia en todas estas cosas. Desgraciadamente la situación no se plantea así, ya estamos en esto, pero quiero manifestar que me solidarizo con la posición del Representante Julio Marenco.

Yo quiero enfatizar que de lo que se trata es de buscar cómo esta ley contribuya generalmente a resolver de fondo el problema, y por eso creo que es necesario que se dé dentro de la ley, la capacidad de finiquitar situaciones que una vez que el Estado está pagando, entonces, necesariamente tiene que haber un finiquito que sirva, inscrito incluso en el Registro de la Propiedad, para deslindar responsabilidades en materia de las responsabilidades pecuniarias entre el Estado y los particulares. Porque aquí son negocios -entre el Estado y los particulares- que se están finiquitando a través de estos bonos, y eso deja a salvo cualquier otra reclamación que pudiera surgir, pero ya no sería el conflicto entre el Estado y ese particular.

Me parece que si se busca la redacción apropiada, incluso aquí se ha estado haciendo consultas sobre el particular, estamos salvando, y muy bien esta discusión, y creo que ya deberíamos conocer esa propuesta.

Está anotado para hacer uso de la palabra solamente el Representante Edmundo Castillo Ramírez, después de él está anotado Mauricio Valenzuela y ahí cerramos la lista. Vamos a proceder inmediatamente a votar.

Tiene la palabra el representante Edmundo Castillo, después lo hará el Representante Valenzuela, ahí se cierra la lista y procederemos a votar.

Pido a ustedes la comprensión. Yo podría presentar una moción que dijera así: "Del monto de los pagos de los bonos serán solidariamente responsables, el Estado y las personas naturales o jurídicas que estén usufructuando, o son actuales propietarios". Esto quebraría todo el sistema que estamos jugando, quebraría las reglas del juego, porque habría una responsabilidad para exigir a los actuales propietarios o usufructuarios, en igual forma al Estado.

Yo espero no poner un elemento de discordia tremendo, porque aquí podemos seguir trabajando, señor Presidente, hasta la madrugada, hasta la hora que ustedes quieran. Aquí no hay el temor de decir, bueno, vamos a trabajar en la noche, estamos dispuestos a trabajar en la noche; pero aquí hemos venido con una ley, que el espíritu ha sido consensuado y se ha violado la razón, ni siquiera se le dio la palabra al Ministro de Finanzas y el Ministro de Finanzas fue muy claro y decía: "vean señores si ustedes me están pidiendo informe, yo voy a dar un informe completo y total", y se rompió el espíritu de esta ley.

Entonces, uno no dio esa zancadilla, porque si se admite esa moción, pues yo voy a presentar otra moción posterior.

Tiene la palabra el Representante Mauricio Valenzuela. ¿No? No. Como no hay nadie más en la lista, vamos a proceder a la votación.

Quiero pedirle a la Representante Téllez que traiga su moción para poderle dar lectura y poderla votar.

"Las personas naturales o jurídicas indemnizadas deberán firmar, al momento de recibir su indemnización, un finiquito, el cual deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad, causando efecto de transferencia y el cual estará exento de impuestos".

Con 45 votos a favor, 12 votos en contra y 7 abstenciones queda aprobado el artículo.

Artículo 11. Todo lo relativo a los bonos y que no se encuentre comprendido en esta Ley, se regirá por las siguientes disposiciones legales: a) Ley General de Títulos Valores; b) Decreto Ley No. 611 del 4 de Noviembre de 1980, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 5, del 9 de Enero de 1981; y c) Decreto 56-92 del 15 de Octubre de 1992, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 198, del 16 de 1992, en todo lo que no se oponga.

Como reclamé en forma pública y clara, lamentablemente no se me dio la palabra. Yo quiero que conste en el Diario de Debates, que después de la discusión de este artículo estoy pidiendo la palabra para hacer una moción.

Realmente Presidente, yo había solicitado la palabra anteriormente, con respecto a la moción presentada por la doctora Téllez, pero como ya fue aprobada, no obstante que es en contra de ley expresa.

Solamente para una cuestión de forma, que me imagino la Comisión de Estilo a la hora de trabajarla va a superarla, porque se refiere al acápite c), "Decreto 56-92 del 15 de Octubre del 92, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 198 del 16 de" y falta el mes, es subsanar nada más esa deficiencia. También la otra que dice: "todo lo que no se oponga". Seria: "en todo lo que no se le oponga".

Con 60 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención, queda aprobado el artículo 11.

De parte de los colegas de la Junta Directiva, se les recuerda la prohibición de fumar en el hemiciclo.

Arto. 12. La presente ley deroga cualquier disposición anterior que se oponga a lo aquí dispuesto, y entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 12 días del mes de Julio de 1994.

Lamentablemente yo había pedido y había insistido, primero públicamente golpeando la mesa pedí la palabra, y no me la quisieron dar. Segundo, en la intervención que hice en el artículo anterior, pedía que antes de que se leyera este artículo, se me diera el elemental derecho parlamentario de presentar una moción. Ya se dio lectura a este artículo; perfecto, como se han violado mis derechos parlamentarios yo interpondré un Recurso de Amparo en contra de la Junta Directiva.

Perdone pero lo que dijo era que usted iba a hacer uso de la palabra referente a un artículo anterior, no anunció que iba a hacerlo de futuro. De todas maneras usted está en libertad de hacer lo que crea más conveniente para proteger sus intereses; y por su propio interés yo le ruego que escuche la grabación, para que se dé cuenta exactamente qué fue lo que usted nos dijo.

Yo fui bien claro, yo pedí la palabra para presentar una moción, y antes de presentar la moción leí el texto de la moción que tenía presentada. Lamentablemente usted no me la ha querido dar. Yo lamento esta conducta, con el debido respeto que usted me merece, pero yo tengo derecho como cualquier diputado o Representante a presentar una moción. No quiero que esto sea un antecedente parlamentario, que motivado por intereses ajenos, o no sé de qué razón, solamente a un grupo se le permite presentar mociones y a otro grupo no se le permite presentar mociones.

Con su respeto, señor Presidente, igualmente al respeto que me merece esa Honorable Junta Directiva, se han violado mis derechos parlamentarios. Sin embargo, si usted y la Junta Directiva, previa consulta que usted hace, pues yo la presentaría, porque ese derecho lo he recalcado dos veces y se me ha negado. Yo pido a usted la consideración que me merezco, y pido a usted me dé el derecho parlamentario que me corresponde.

Desde luego la Junta Directiva tiene para usted la consideración y el respeto que nos merecemos todos como colegas. Yo recuerdo que usted dijo que presentaría una moción, en caso de que ocurriera tal o cual cosa. De todas maneras aquí los colegas de la Junta Directiva, y yo junto con ellos, no tememos ningún reparo en darle paso a que usted presente su moción. Puede hacerlo, adelante.

Muchísimas gracias, señor Presidente, por la venia que usted me da en presentar mi moción.

He insistido varias veces que ésa era una moción, o esta era una ley hasta cierto punto consensuada, porque se había buscado a las tres partes, pero se rompió ese compromiso político que se había adquirido. La moción que voy a presentar, señor presidente, dice textualmente lo siguiente:

(Cambio de cinta original y por ello no resultó grabada la moción del Representante Castillo).

...gozando de ese inmueble, lo elemental es que sean solidariamente responsables en el pago de los bonos.

Hemos venido hablando del decreto y vuelvo a insistir, señor Presidente, del acuerdo 36-91, yo quiero hacer una descripción para que después no se manipule.

Yo estoy de acuerdo con las personas pobres, humildes y sencillas, que a veces por motivos de necesidad social, pues se iba a dar un beneficio; pero aquí se extendió ese beneficio para aquellas personas cuyo inmuebles tengan 100 metros cuadrados, y estamos hablando de altas casas, de altas personalidades etc., que pueden ser pagados por medio de bonos que son quitados. Eso es triste, señor Presidente, participar en esta legislación donde estamos sumamente conscientes que el bono que se le da a una persona que lo merece, que tiene un valor actual del 30 y del 40 por ciento, y por factores de necesidad lo está vendiendo, pues va a ser comprado, para que una persona que tiene una casa de 200 metros, de 400 metros va a pagar con un valor irrisorio.

Yo creo que nuestra legislación no se debe caracterizar por hacer una balanza de injusticia. Y como aquí se ha roto el equilibrio que traía esta ley, paso a la Mesa Directiva la moción que estoy seguro que va a ser derrotada; pero creo que tengo el pleno derecho, por responsabilidad histórica, de dejar constancia en este Diario de Debates cuál es la posición de mi persona y que humildemente le pide el apoyo.

El espíritu del Decreto 36-91, en el artículo 2, no es lo que dice Edmundo, el articulo dice: "El impuesto será exigible en el momento de efectuarse la transferencia de dominio, constitución de otro derecho real sobre el inmueble o cuando de cualquier forma se graven o ascienden o en general se pone en disposición de otra persona, en carácter de mero Tenedor. En cualquier caso este impuesto deberá pagarse una sola vez".

Eso es lo que quiere decir, es que las personas que están en posesión de las casas de la Ley 85, si quieren venderla, la tienen que pagar como dice el artículo 1, cien por ciento de su valor catastral actualizado, pero la gente que está viviendo allí, el espíritu es que la gente se quede, porque esta Ley 85 ha sido para beneficiar a la gente que viva en su casa, no para venderla ni arrendarla.

Presidente, yo siento que en las palabras del doctor Castillo hay una cosa que yo quiero revertir. Creo que esta ley ha sido aprobada con un altísimo consenso en la Asamblea Nacional; es más, creo que pocas leyes han tenido tal consenso. De manera que la apreciación del doctor Castillo puede estar un poco oscurecida porque él no está de acuerdo con un punto de un artículo. Pero creo que es justo reconocer que la Asamblea se ha puesto de acuerdo a fondo y con amplísima mayoría y casi unanimidad, en una gran parte de los puntos sobre un tema que son sumamente sensibles. Donde yo insistía al principio, todos tenemos problemas, para los sandinistas es un problema tocar el problema de las confiscaciones, las expropiaciones y las indemnizaciones, porque cuando nosotros hicimos la transformación de la propiedad no lo hicimos pensando que íbamos a pagar todas las propiedades, comenzamos a hacerlo posteriormente.

Pero le reconocemos que hay que resolver el problema de la propiedad y hemos estado actuando con absoluta voluntad de buscar una solución. Yo creo que la lógica del consenso político. Es natural que cuando el Estado realiza una transacción tenga que tener garantías; y el punto del finiquito que tal vez molestó al doctor Castillo, es la garantía mínima.

Nosotros conocemos de centenares de casos de gente que fue totalmente indemnizada durante el gobierno nuestro y que ha ido a tocar las puertas del Ministerio de Finanzas a pedir hasta tres o cuatro veces la indemnización por el mismo bien, hasta que el Ministerio de Finanzas logra más o menos sacarle los papeles y le dice: "Señor, usted aquí ya fue indemnizado", después de hacer una gran reconstrucción de cosas, que le dieron tres tractores, que le dieron dos sacos que le cambiaron por otras fincas, que le permutaron no sé qué...

Esos son casos reales. Yo creo que lo mínimo que tiene derecho el Estado cuando realiza una transacción y después de una indemnización, es tener una certificación un finiquito elemental.

Sobre la moción del doctor Castillo, nada más quisiera hacer un comentario, es una carga de dinamita a esta ley, yo entiendo el ánimo con que la hace, el mismo sabe de qué esto es una carga de dinamita a esta ley. De manera que yo no quisiera hacer más comentarios, nada más insistir en que esta ley ha sido y sigue siendo producto de un mutuo consenso; en una parte del punto final de la propiedad, que en otro momento vamos a tener que asumir lo que el doctor Pereira planteaba, la otra parte del punto final de la propiedad, que es del lado de los beneficiarios; y también en ese momento, en la Asamblea, deberíamos de buscar que actué con el máximo de consenso y el máximo de ecuanimidad posible.

Yo no quisiera prolongar más esto en la noche, pero creo que si se hace necesario, y ya desde la intervención anterior del doctor Castillo es importante resaltar, porque podría quedar en el ánimo que con la aprobación del artículo anterior de alguna manera se rompió ese consenso de que venía hablando, de un artículo que nos parecía de lo más justo.

Actualmente de las indemnizaciones que se pagan, el indemnizado firma, tiene un finiquito, pero en el Registro tiene sus propiedades inscritas siempre a su nombre, y el gran aparato burocrático que hay para que luego llegue, firme y se hagan nuevas escrituras y aparezca incluso -por la misma situación irregular que dan las indemnizaciones- un poco hasta forzando la voluntad; pareciera de quien se ve obligado a desprenderse de una propiedad, ir a retirar su registro.

Lógicamente que el finiquito funcione como la transferencia de propiedad me parece que evita esa burocracia. Es justo que quien ya aceptó la indemnización, pues que a nadie le obliguen a aceptarla tampoco. Ya la aceptó, pues no pueda tener derecho a reclamos. No nos parecía justo y así se retiró, que no quedaran libres los derechos a terceros porque el Estado puede hacer un mal pago, y las personas beneficiadas o que recibieron bonos podrían ser no las personas que estaban legalmente como dueños de esa propiedad, y eso fue retirado. Me parece que era un artículo muy sensato.

Ahora, en cuanto a lo que ahora está introduciendo el doctor Castillo, me parece que nos vuelve a la discusión en lo general. Aquí todos quedamos claros en las intervenciones de Julio Marenco, que quizás fueron las más exhaustivas en ese sentido. Aquí se están dejando en el camino una serie de reservas, algunos creemos que no todos los que están recibiendo bonificaciones deberían recibirla. Me parece que los Decretos 3 y 38, en gran medida fueron de justicia, como en otra medida pudieron haber sido injustos, y los bonos no han atendido a hacer esas clasificaciones, más bien la tendencia ha sido de revertir situaciones que no debieron de haber sido revertidas.

Pero en fin, hay otro que creen que las leyes 85 y 86 nunca debieron causar efecto jurídico, y también tienen sus reservas alrededor de esto. Y hay quienes han sido favorecidos por la Ley 85 y 86 que están negadas sobre esto. Y hay quienes han abusado sobre la Ley 85 y 86, y eso de alguna manera está siendo perseguida, y de otra manera podrán seguirlo siendo. La carga que trae la propuesta del doctor Castillo llega a encerrarse en eso, pero no es a través de esta ley que se va a solucionar.

No podemos decir aquí que los bonos los van a dar la mitad, o una parte de uno y otra parte de otro. Estos son bonos del Estado, el que adquirió mal, tendrá que pagar, tendrá que ser demandado.

Lo de la votación va a tener que tomarse a mano alzada, porque ya en este momento no funciona el sistema electrónico.

Entonces está a votación la moción del artículo nuevo que presentó el Representante Edmundo Castillo.

Ya había sido leído el artículo 12, que es el que se refiere al momento de entrada en vigencia de la ley. Vamos también a proceder a votar el artículo 12. El Secretario lo va a leer y se procede a votar.

Arto. 12. La presente ley deroga cualquier disposición anterior que se oponga a lo aquí dispuesto y entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Nota: (No se escucha nada en la cinta original, en cuanto a la intervención del Representante López).

"Articulo 12. La presente ley deroga cualquier disposición que se oponga a lo aquí dispuesto y entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial".

Nuevamente se está rompiendo el compromiso de esta ley, porque todo mundo sabe que La Gaceta va atrasada por lo menos seis meses y me permito pedirle en forma amistosa o amigablemente al doctor Cairo Manuel López, que presentó eso, que lo retire, porque está perjudicando a los Tenedores de Bonos que fueron injustamente confiscados.

Está asumido el dictamen, entonces vamos a votar en primer lugar por el dictamen.

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez.
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Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	12 de Julio del 1994
Fecha Aprobación:	12 de Julio del 1994
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" LEY ESPECIAL DE VALORIZACIÓN DE BONOS DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN "