LEY DE SUSPENSIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE INMISIÓN EN LA POSESIÓN, REIVINDICATORIA O POSESORIA AL COMODATO PRECARIO Y DE NULIDAD.

Hoy es suficiente, mañana a las nueve de la mañana vamos a constatar el quórum de esta misma manera. Vamos a reanudar la Sesión.

La Junta Directiva acordó modificar el Orden de Día y pasar al punto de presentación de leyes y poner en consideración una solicitud de darle un tratamiento de urgencia al Adendum en lo que se refiere a la presentación de la Ley de Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencias en los Juicios de Inmisión en la posesión, Reivindicatoria o Posesoria al Comodato Precario y de Nulidad.

El objeto de la ley, era defender a todas las personas que hubieren recibido de parte del Estado algún bien inmueble para protegerlo de la inseguridad jurídica a la que están sometidos, frente a los antiguos dueños que no quieren reconocer a los adquirientes de esos inmuebles como propietarios.

Todo derecho real adquirido bajo el amparo de leyes anteriores, subsiste bajo el imperio de las otras la Constitución Política de la República reconoce en el artículo 38 que la ley no tiene efecto retroactivo, queriendo señalar con esto, que gozan de protección constitucional las personas que han adquirido propiedades del Estado, o éste le haya cedido su posesión.

El derecho de propiedad es derecho constitucional garantizado en los artículos 5, 44 y 103 Cn., los tribunales deben respetarlo de acuerdo al artículo 160 Cn., ya que están sometidos al principio de legalidad y de tutela judicial, consintiendo el primero en actuar con apego a la ley, y el segundo en reconocer que a la parte demandada no se le puede lesionar sus derechos alegando formalidades que ahogan el derecho a una real y legítima defensa de sus bienes y derechos.

Para evitar la anarquía social en materia de propiedad, se requiere de una tregua que permita a todos los interesados buscar una salida negociable, realista y dentro del marco del derecho sobre el tema de la propiedad.

Para propiciar un plazo razonable para el tratamiento legal de este problema, se ha decidido presentar este proyecto de ley que suspende por un año las acciones Judiciales y ejecuciones de sentencias en las que se reclame la posesión que se daba por virtud de instrumento que traiga aparejada ejecución. Igualmente se suspenda por igual término las acciones judiciales y ejecuciones de sentencias que se deben por posesión, reivindicación, comodato precario y de nulidad.

Esta suspensión sólo operará para los casos en que el Estado haya transmitido el dominio o cedido la posesión de un inmueble a un particular bajo cualquier título.

Se ordena en el proyecto de ley que los jueces y tribunales se abstengan de seguir conociendo del caso, cuando el particular demuestre la adquisición del dominio o la cesión de la posesión, por cualquier medio de prueba.

El problema de la propiedad en Nicaragua ha sido tratado por Naciones Unidas, por medio del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para efectos de ilustración, se transcribe parte conducente del mismo.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en Resolución R/C.12/1.993/14, relativa a las observaciones finales de dicho Comité sobre el examen de los informes presentados, con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto presentado por el Gobierno de Nicaragua, manifestó entre otras cosas, que el Comité también se preocupa por la falta de coherencia y eficacia de los programas destinados a regularizar la tenencia de tierras y a tratar adecuadamente el problema de la vivienda en particular el incumplimiento de las Leyes números 85 y 86 relativas a la propiedad y al derecho a viviendas sociales. Así como la lentitud de los procedimientos aplicados por la OOT (Oficina de Ordenamiento Territorial), crean una inseguridad jurídica para los ocupantes de esas viviendas".

Para evitar que los jueces juzguen y resuelvan contra lo dispuesto en la presente ley, se tipifica como delictiva esa actuación, imponiéndoles una pena de tres a cinco años de prisión, destitución del cargo y multa de cinco a diez mil córdobas, sin perjuicio de la lesión patrimonial causada por su actuación.

Está en discusión si se toma en consideración o no el proyecto de ley que ha leído el Secretario, la Ley de Suspensión de Acciones Judiciales.

Yo estaba solicitando la palabra para preguntar. Entiendo que esta mañana estábamos en el debate del Código Laboral, y hoy sin anunciarse el cambio, se inicia con la Ley sobre el Comodato Precario, y tengo la siguiente preocupación: Para mi está bien, porque yo misma he estado solicitando se suspenda el debate para revisar ordenadamente el Código con los artículos que han quedado pendiente; pero tengo la preocupación de que ayer yo pase a la Mesa una moción sobre el artículo 82 del Código Laboral, el que se había logrado consensar en la Comisión de la Mujer, y esto se quedó sin darlo a conocer ni pasarlo a aprobación. Entonces, yo quería preguntar cómo es esta cosa?

Y en segundo lugar, recuerdo que en la última Sesión se había nombrado una comisión, después de que yo misma solicité que se suspendiera el debate de esta Ley sobre el Comodato Precario. Ahora yo me encuentro con una iniciativa sin haber participado, a pesar de haber quedado nombrada para formar parte de esa Comisión. Entonces, a mí me preocupa esto porque si van a haber acuerdos políticos, pues incluso valdría la pena que se le dijera al resto de los miembros de la Asamblea que han sido nombrados para formar una comisión, que se logró un acuerdo, pero que no se quede en silencio y luego aparezcan los acuerdos ya a debate.

No solamente sobre el artículo que Usted menciona se ha pedido a varios colegas que presenten redacciones que reúnan consenso de comisiones y demás. Lo que hemos previsto es que el artículo que nos presentaron el día de ayer, como un artículo consensuado, vamos a reproducirlo, vamos a distribuirlo y vamos a entregarlo junto con otros que tienen pendientes, o comisiones que se han nombrado aquí en el seno del pleno de la Asamblea, sobre el tema del Código del Trabajo, para que antes de continuar avanzando con nuevos artículos resolvamos esos temas sobre los cuales ya se encomendó específicamente a unos colegas que elaboraran propuestas.

Me parece que esta iniciativa de ley, fundamental en este momento, urge una respuesta jurídica inmediata al grave problema de los desalojos. Los desalojos que se están haciendo bajo distintas figuras legales, pues necesitamos un marco legal que de verdad le de garantía a la gente, que mientras no haya una solución definitiva al problema, una ley general sobre la propiedad, es necesario que respaldemos una iniciativa que suspenda la ejecución de desalojos, los juicios para desalojar gente que están muchas veces en una situación de posesión, en condiciones de comodato precario, y otros que, a pesar de hallarse con distintas formas de asignación, son consideradas insuficientes por la ley, por los jueces, que en última instancia se atienen a la letra de la ley, sin tomar en consideración los jueces que este es un problema social, que es un problema que de continuarse aplicando la ley indiscriminadamente a situaciones que no han sido asumidas de manera seria, de manera responsable por el Gobierno y por la fuerza social y política que tenemos que ver en la solución de este gran problema, se crean, se generan tensiones enormes dentro de la población urbana y rural.

Se está produciendo un proceso de confiscación acelerado en el campo, se está produciendo un proceso de concentración de las tierras en manos de lo que fue el viejo esquema de tenencia de la tierra aquí, por la vía de la asfixia económica a cooperativas, a pequeños, a medianos propietarios individuales de tierra, que fueron beneficiados por un proceso de reforma agraria al no tener títulos de propiedad, y por lo tanto, no ser sujetos de crédito. Entonces, se ven asfixiados, forzados incluso, a que por las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, tener que vender esas tierras a precio irrisorio, a precio de guate mojado. Pero eso no es ninguna garantía ni siquiera para los compradores de esas tierras, tampoco una garantía ni siquiera para los compradores de esas tierras, tampoco una garantía para una política estatal que pretenda por esa vía, hacer, retrotraer el proceso de reforma agraria o de democratización de la propiedad urbana. Porque cuando se toman estas medidas, cuasi-legales, digamos, porque prácticamente es una legalidad artificial ésta, obligados por la asfixia económica, hay una presión extra legal, de carácter económico para todos los propietarios de las tierras, los pequeños y medianos, los cooperativistas, las empresas propiedad de los trabajadores y desde el Gobierno, con una visión que yo la considero bastante corta, poco estratégica, muy coyunturalista. Se pretende que sin una legislación que le ponga punto final a esto se puede revertir ese proceso de transformaciones de la propiedad que se operó en el país durante los últimos años. Y todo lo contrario, los pronunciamientos que hay en el sector popular es de que van a ir por la profundización de la reforma agraria, por ejemplo, que si el Estado quita tierras, ellos van a promover la toma de las tierras quitadas por el Estado.

Entonces, está generando una mayor inestabilidad en el tema central de la propiedad, sin cuya solución no sería posible pensar en ir saliendo poco a poco de la modorra que tiene la economía nacional y de la inestabilidad política y social que hay en este país. Por lo tanto, yo creo que esta ley debemos aprobarla en lo general y pasarla de inmediato a una comisión que nos presente un dictamen que nos permita en esta misma semana aprobar esta ley.

La bancada de la UNO conoció de esta iniciativa de ley en su reunión ordinaria del lunes recién pasado y tomó por supuesto una posición que yo voy a transmitir en este momento. El solo hecho de que esta ley que se pretende prorrogar, fue aprobada el 9 de Junio de 1993, nos inhibe a nosotros los diputados de la UNO a apoyarla, porque fue aprobada en el período que por nuestras razones, independientemente de lo que otros con todo derecho pensaban, no reconocimos legitimidad a lo hecho por la Asamblea Nacional. Para nosotros esa es una cuestión de principios y por lo tanto es inconmovible.

Por parte, aun cuando respetamos la sana intención de quienes con una ley de esta naturaleza pretenden aliviar por lo menos un grave problema social, como es el de la propiedad, sin embargo nosotros no compartimos -no podemos compartir- por nuestras razones, lo que se pretende. Nos parece, en primer lugar, que no hace bien la Asamblea Nacional interfiriendo en lo que debe ser competencia exclusiva de los tribunales, como es la de dirimir los conflictos, los diferendos, los litigios sobre la propiedad entre lo tuyo y lo mío.

Si alguna vez, o en una ocasión nosotros los diputados de la UNO quisimos contribuir seria y responsablemente a resolver este problema, yendo a la raíz, aprobamos la famosa Ley 133 que no dejaba como esto intacto el conflicto, prorrogándolo nada más; sino que iba al fondo y de conformidad con el programa de Gobierno de la UNO que pretendía darle tranquilidad y legitimidad a las propiedades de la gente humilde y sencilla que había sido favorecida con propiedades por parte del Estado; Pero obligando, por supuesto, a todos los que no eran personas, ni son personas sencillas ni humildes, a devolver lo que no les pertenece y que se apropiaron indebidamente. Sin embargo, esa ley fue vetada por la Presidencia de la República y el conflicto se agravó en vez de solucionarlo.

Cuando el Gobierno actual subió al poder -y se puede decir que subió al poder- se comprometió no sólo a democratizar efectivamente el país, sino también a devolver todas las propiedades confiscadas y expropiadas que eran susceptibles de ser devueltas. Pero, ¿qué pasó cuatro años después? La mayor parte de los antiguos propietarios que fueron injustamente confiscados y expropiados, siguen esperando que se les devuelvan sus propiedades.

Solamente gente -aunque haya sido somocista-, conste, solamente gente cercana, por parentesco a la presidenta, al Ministro de la Presidencia y a la gente del cogollito, del cogollo, es a la que se le ha devuelto sus propiedades, o a aquellos que por razones de la presión norteamericana particularmente, han obligado al Gobierno a devolverlas. En otros casos, a unos cuantos también los han compensado, indemnizado con bonos que tienen apenas un valor real por el 10 por ciento de lo que nominalmente dicen valer; y siempre, además, otorgados en razones de preferencias políticas y familiar. Y el problema continúa, y continúa agravándose según se desprende de la preocupación de echarle un poquito de tierrita con esta iniciativa de ley que estamos viendo.

Nosotros, los Diputados de la UNO, no podemos de ninguna manera apoyar una iniciativa de esta naturaleza. Creemos que debe ser, independientemente de todas las fallas que hay en los tribunales y en una Corte Suprema de Justicia que, incluso, participa del festín sobre la propiedad, aceptando el regalo de un bien que está siendo reclamado por sus antiguos dueños, como son las instalaciones del Country Club. En vez de devolver como le corresponde a la justicia, si es cierto que su función principal es dar aquí a cada quien lo que le pertenece, se apropia alegremente de propiedades ajenas que le regala el Poder Ejecutivo. Pero aun así, es a los tribunales a los que les corresponde dirimir esta situación.

De manera que por esas razones, porque fue aprobada esta ley en el año 93; porque por principio nosotros no podemos apañar en modo alguno la "piñata" y sus efectos; porque debe ser a los tribunales a quienes corresponde efectivamente dirimir esta situación es que la bancada de la UNO de manera oficial, declara por mi medio, que se opone al trámite de esta iniciativa de ley.

Este proyecto y su origen tiene una intención de naturaleza social y no de naturaleza política, como el Representante Luis Sánchez lo ha enfocado, y tal vez eso sea parte de la confusión. De naturaleza social, porque la ola de desalojos está impactando a la opinión pública nacional, no se realiza sobre mansiones, se realiza sobre viviendas pobres, se realiza sobre gente que tiene 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados de vivienda, que fueron beneficiados por las leyes 85, por las leyes de repartos intervenidos, y que no tienen otro palo en que ahorcarse. Y siendo que se trata de un problema social, porque estamos hablando de un país donde hay 60 por ciento de desempleo aceptado por justos y pecadores, por las cifras oficiales del Gobierno y las cifras extraoficiales que maneja todo el mundo.

Porque estamos hablando de un país en el que no hay en corto plazo perspectiva de creación de nuevas fuentes de empleo, sino más bien la amenaza de nuevos despidos. Y estamos hablando de un país donde no hay reactivación de la agricultura, donde se cierran las industrias, donde la gente hace un tiempo al día, donde se cobran las escuelas de secundaria, donde se pide dinero para entrar a la escuela primaria, donde las unidades de salud no tienen medicamento y la gente que tiene pacientes hospitalizados allí tienen que comprar los medicamentos por aparte.

Es decir, estamos hablando de una sociedad donde la inmensa mayoría de los nicaragüenses tiene que rumbear para hacer un tiempo de comida al día, o cruzarse la roja los tres tiempos los adultos para que los chavalos coman una vez al día. Y si nosotros a una familia nicaragüense que come una vez al día, que come tortilla con sal, o que come frijoles con tortilla -y difícil los frijoles porque están caros-, que no tiene empleo permanente; que no tiene perspectiva de encontrar empleo; que rumbear se hace cada vez más difícil; que no encuentra que hacer; que se le enferma un chavalo y tiene una situación desesperada; si a esa familia, además le cae una orden de desalojo de su vivienda, estamos lanzando a la gente a situaciones de desesperación. Y no estamos hablando de un caso, estamos hablando de desalojos masivos de población de este tipo.

Para que se dé una idea, Presidente, en uno de los Juzgados de Managua hay una demanda para desalojar un barrio que queda contiguo a Las Américas, donde viven cuatrocientas familias. Que puede suceder en un desalojo de cuatrocientas familias, con la mayor parte de su gente desempleada y en situación de desesperación, que lo único que tienen es el techo de la casa para medio defenderse, y aparte del techo por lo menos buscar de que comer. No estamos hablando de un problema político, y no podemos confundir los términos. Estamos hablando de un problema profundamente social que hay que abordar con plena responsabilidad. El Juez tiene la orden de desalojo, no se ha ejecutado porque la Policía ha requerido que el Juez acompañe el desalojo, haga el desalojo, ejecute el desalojo personalmente, pero está pendiente la orden de desalojo.

¿Debe la Asamblea Nacional cruzarse de brazos frente a una explosiva situación social en este país? Yo creo que no, de lo contrario ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Politiqueando nada más? No; no es a eso a lo que hemos venido a esta Asamblea Nacional. La Asamblea tiene que garantizar no solamente la estabilidad política de este país, sino contribuir a la estabilidad social.

Y sí estamos de acuerdo que en el fondo del problema, como decía Luis, está el problema de la propiedad, y sí estamos de acuerdo en que ese problema de la propiedad no ha sido resuelto de manera definitiva pero también deberíamos estar de acuerdo en que mientras resolvemos de manera definitiva el problema de la propiedad, que es un problema de orden político y económico, tenemos que enfrentar el día de hoy la amenaza de desalojo que pende sobre miles de cabezas de familias nicaragüenses. Ese es el problema social, y la Asamblea no se puede lavar las manos.

Estamos hablando de una prórroga, acción reivindicatoria, etc., por el término de un año, en el entendido en que esta Asamblea Nacional junto con el resto de Poderes del Estado y junto con el resto del consenso del país, puede, después de sacar sus tareas más urgentes, abocarse a las definiciones de las famosas leyes de punto final de la propiedad, que deberán dilucidar de una vez la seguridad que todos los propietarios de este país requieren. Porque estamos en una ley de punto final pidiendo seguridad para todos los propietarios, pero mientras la ley de punto final llega, no dejemos que el problema social explote.

A la hora que se ejecute un desalojo sobre cuatrocientas viviendas, va a haber un conflicto social y la Asamblea Nacional no puede lavarse las manos con esa realidad. Por eso es que está planteada la prórroga de un año sobre esta ley mientras podemos discutir lo relativo al punto final de la propiedad. No estamos cerrando, Presidente, la puerta de la indemnización; la puerta de la indemnización está abierta, y está abierta si para esos bonos que tienen menos valor.

Nosotros hemos estado discutiendo con la Comisión Nacional de Tenedores de Bonos, y poniéndonos de acuerdo las cinco bancadas introduciendo una ley de revalorización de los bonos, precisamente, bajo la preocupación de que uno de los aspectos del punto final de la propiedad es la indemnización adecuada. Pero mientras este término llega, mientras el punto final podemos dárselo a este problema de la propiedad que no puede ser eterno, el problema social que está golpeando a las puertas de esta Asamblea, tiene que estar resuelto. Por eso es que nosotros pedimos a los Representantes, que representan diversos Departamentos donde se están ordenando desalojos, que con esta ley no estamos dirimiendo el problema definitivo, estamos haciendo una contención de un conflicto social y es lo menos que podemos hacer todos los diputados en esta Asamblea.

Yo quisiera pedir a los diversos Representantes de todos los partidos políticos aquí, que puedan dar su apoyo para que este proyecto sea aprobado en lo general, que la Comisión que vaya a dictaminar lo haga con tiempo de urgencia y poder resolver esta ley esta semana a más tardar, Presidente.

De entrada quiero expresar mi plena solidaridad con lo expresado por el jefe de la bancada parlamentaria de la UNO, el colega Luis Sánchez. Dejo constancia ante todos ustedes que respaldamos totalmente esas posiciones.

Yo quería también expresar algunos puntos de vista más. En el asunto en discusión hay tres cuestiones en pugna, que son parte del tema. Están los casos sociales, como los casos que señala la colega Dora María, con los cuales nos solidarizamos con los afectados y para quienes estamos deseando y luchando porque se busque una solución satisfactoria; pero que paralelamente a eso, también están los casos de los elementos que pueden llamarse los principales favorecidos por la Ley 85.

Otro punto que entra en choque en el asunto es el derecho de los dueños originales de un nivel y de otro nivel, como sean, que no puede ser motivo de indiferencia para el Poder Legislativo de ninguna nación cómo todos sabemos, el problema de la propiedad en Nicaragua, además de ser ya un problema de crisis, preocupa a todos los gobiernos que de una u otra forma tal que se favorezcan los proyectos de reconstrucción nacional.

Y por supuesto que la demanda y la presión por la solución a los problemas, a los graves problemas de la propiedad en este momento están alcanzando, además de los niveles más importantes de maduración, los niveles más importantes de condiciones para ser tratados y resueltos rápidamente y definitivamente. Y con proyectos de esa naturaleza no nos acercamos a esta solución, sino que fomentamos la desestabilización que afecta enormemente todo el plan económico del Gobierno establecido.

Hay otro elemento también, la sentencia de los jueces. Dicho sea de paso todo mundo entiende y sabe que el Poder Legislativo ha dejado mucho que desear con relación a su espíritu de justicia. A determinación de actuar, con la tendencia de actuar con un alto sentido político en los diferentes casos, particularmente en los políticos y en los problemas de la propiedad en discusión, abundan y han dejado claro que la mayoría del Poder Judicial no responde a las necesidades de justicia de la sociedad nicaragüense.

Y hoy que los jueces están haciendo sus sentencias, el proceso que culminan, que han llevado adelante y que culminan, que aparezca el Poder Legislativo interfiriendo de esta forma, nos parece que es la forma -como decía el Diputado Luis Sánchez- más inapropiado. Esto, en vez de abonar a que el Poder Judicial tenga el coraje y la decisión de actuar con libertad, con firmeza, con independencia verdadera, hombre, estaremos lanzándole un baldón, estaremos haciéndolos retroceder al vicio de la dualidad.

Yo creo que no nos corresponde salir con un reparo y con un reproche y con un freno ante esta sentencia que esta evacuando el Poder Judicial. Yo por eso creo que se debe entender que el espíritu no es desconocer y oponernos a los sentidos problemas que afectan a la población pobre de la ciudad, mucho menos del campo, sino que estamos entrampados en una difícil situación. Yo me pronuncio porque a la par de que se acate, o sea, atienda la propuesta del Diputado Luis Sánchez, en representación de la Bancada de la UNO, también se proceda a todas las providencias necesarias para garantizar la solución a los casos sociales que se vean envueltos en ese tema.

No hemos creado nosotros el problema de la propiedad, y a la hora de solucionarse este problema va a producir desgarros, y quien no tenga conciencia de eso, no sabe lo que está haciendo. Es preciso resolver el problema de la sociedad, y no se puede hablar de reconstruir a Nicaragua, de democratizar a Nicaragua, de estabilizar al país, de frenar las acciones violentas si no se reconoce el derecho, si se persiste en mantener lo incorrecto con ropaje de legalidad, desconociendo los legítimos derechos originales que corresponde en estos casos.

Va a producir desgarros... Entiendo que quiso decir que va a producir desgarramientos en la sociedad, pero se quedan impávidos, dejando que ocurra lo que ocurra. Se solidarizan con los pobres, pero se oponen a que se resuelva este asunto.

Esa doble moral, esa demagogia choca cuando en Masaya el coronel Segundo Montoya está recibiendo solvencias, -digno jefe de Relaciones Públicas de la extinta Guardia Nacional, para los que no lo recuerdan-, solvencias para que le devuelvan sus cuarterías, y en el barrio San Jerónimo, Carlos Toribio Galán, Víctor Regidor, Flérida Guevara, Nelly García, Guadalupe Contreras, han recibido la sentencia de los jueces. Dice el que habló anteriormente, es la sentencia de muerte, porque a pesar de las solvencias de la OOT están ordenando el desalojo de estas casas de menos de cien metros cuadrados, de los pobres a los cuales dicen defender, enjuagándose la boca incesantemente.

El déficit de Masaya es de 8,500 viviendas, y de esas 8,500 viviendas que no se halla cómo construirse, la sociedad, el Gobierno tiene una obligación de buscar cómo resolver. Las casas afectadas por la Ley 85 en Masaya son 256 y apenas 42 solvencias han sido entregadas, es decir, el 18 por ciento desde hace tres años. Y allí están en la OOT, y la mayoría de esas casas -creo que son 32- son propiedad del antiguo coronel de la Guardia Nacional. El doctor Medardo Castillo, Procurador y Rank Hüeck, sobrino del señor de Masaya, Sub Procurador, se encargan con las sentencias a que hacen referencia mis antecesores en la palabra, de ir persiguiendo a cada uno de los beneficiados por esta ley, a esos pobres a los que dicen defender mis antecesores, del diente al labio, pero no en la acción ni en la práctica.

Hay 5,200 lotes en 71 repartos de Masaya; la OOT tiene en su poder 4,171 y ni uno solo ha resuelto, ni uno. Y desde hace tres años están metidos todos los papeles allí, y son repartos de diez metros de frente por veinte metros de fondo; no son mansiones, son lotes -digo- de diez metros de frente por veinte metros de fondo, no son mansiones. Eso es lo que estamos defendiendo y ni siquiera estamos diciendo nosotros en este proyecto de ley que eso se resuelve en definitiva.

Lo que estamos señalando es que se haga un impasse mientras efectivamente este problema espinoso de la propiedad encuentra un cauce, que se pueda resolver adecuadamente para la estabilidad de todos los nicaragüenses. Pero no es la mejor manera evadir esta situación, sino evitar que las 22 casas de Jinotepe, y las 22 familias de Jinotepe sean desalojadas, y como lo vamos a evitar, es tratando de concertar a las partes involucradas para que nadie salga lastimado. No estamos proponiendo anular, estamos proponiendo una tregua, que se detenga esta situación que afecta a muchísimos nicaragüenses, a miles de nicaragüenses.

Ese es el objetivo que perseguimos, y lo queremos hacer con claridad meridiana, de frente a la nación señalando expresamente que el problema de la propiedad no se resuelve con esta ley; hay otros mecanismos, hay otras situaciones y habrán otras leyes que deberán, en conjunto, ayudar a resolver el problema de la propiedad. Pero mientras encontramos el consenso adecuado para que esto se haga de común acuerdo entre quienes tenemos las facultades para legislar, tenemos que ayudar a que esto se detenga, a que no haya intranquilidad, más dolor, más hambre, más angustia en la familia nicaragüense.

El día de hoy estamos en presencia de la ley de punto final de la propiedad, no nos llamemos a engaño. Con el respeto que me merece esta Junta Directiva, están violando el proceso de formación de la ley, y es que el artículo 83 del Reglamento establece que tanto el proyecto como la exposición, deberán ir firmados por los solicitantes. Ustedes están violando el proceso de formación de la ley.

La segunda violación que puede ameritar un Recurso de Amparo, es que este proyecto de ley nos fue entregado el día de ayer a las diez y treinta de la mañana, y no comprendemos la urgencia. El artículo 46 establece que en caso de iniciativas urgentes del Ejecutivo, el Presidente podrá someterlas de inmediato a discusión, si se hubiere entregado el proyecto a los Representantes con 48 horas de anticipación. Segunda violación del proceso de formación de la ley que amerita un Recurso de Amparo.

Pero además de todos estos requisitos formales, aquí se está legislando sin que exista una agenda parlamentaria, simplemente por sus intereses creados se están presentando proyectos únicamente para solventar situaciones de otras personas que les gustaría ya estar en forma definitiva. Cuando presentaron el proyecto de comodato precario, se nombró una Comisión y yo soy miembro de esa comisión y no he sido citado para discutir la cuestión del comodato precario; pero como fracasó, ahora están presentando la suspensión de las acciones judiciales de todo tipo. El derecho de la propiedad que está garantizado por la Constitución Política, al ustedes suspender la garantía y el ejercicio que da respeto a ese derecho de la propiedad, están cometiendo la tercera violación a las normas constitucionales y vuelve otra vez a dar motivo a un Recurso de Amparo. El suspender por un año todo tipo de acción; acciones como por ejemplo que establece el Reglamento de la Policía, el artículo 20 por las vías de hecho, lo están suspendiendo, van a producir una anarquía social. Las acciones de los interdictos posesorios las están suspendiendo, va a haber otra anarquía social, y las acciones reivindicatorias también.

Esto es la ley del punto final de la propiedad. Aquí lo que se quiere convalidar es la famosa "piñata", no nos enredemos, porque aquí no se está haciendo mención de qué es, bajo el pretexto de que hay una situación social de desalojo, lo cual no es cierto. Yo personalmente he ido a los Juzgados y he visto los libros de entradas y las demandas de comodato precario son muy pequeñas. ¿Qué es lo que pasa? Que a las personas que no les han dado su solvencia, a las que, a pesar de una ley abusiva como la 85 y como la 86, y abusaron de una ley abusiva y les están diciendo que tienen que devolver las propiedades, les están suspendiendo el derecho.

Si aquí este país quiere un progreso social, pues lo lógico y sensato es que la propiedad privada que es la base del desarrollo, se debe respetar y se debe garantizar. Y el colmo y la osadía de la presentación de este proyecto de ley, es que no sólo se suspenden los derechos los ciudadanos, sino que se castiga a los jueces por el cumplimiento de la Constitución, porque son los jueces los que tienen que darles garantías y efectividad procesal a las garantías constitucionales. Y es algo contradictorio que aquí se condena a un Juez a una pena de tres a cinco años, simplemente por cumplir un principio constitucional, porque este proyecto de ley es totalmente inconstitucional.

He expresado todos estos argumentos, y sé que muchas personas van a tomar en cuenta las anomalías y nulidades que se están tomando en este momento, y que va a dar motivo a un Recurso de Amparo en el caso que este proyecto fuera aceptado y no rechazado de plano.

Tiene la palabra el Representante Juan Ramón Aragón. Le rogamos que haga uso del tiempo debido.

En las intervenciones anteriores muy acertadamente se ha dicho que el problema de la propiedad es un problema grande, y es un problema grande en el tamaño de las consecuencias que se han venido viviendo a través de la historia principalmente en los últimos años, y que requiere indudablemente de mucho, pero quizás de excesiva frialdad para tocarlo. Y voy a hacer referencia de lo que decía en su oportunidad un colega Diputado, haciendo referencia a un gran filósofo del Marxismo, decía, de Lenin: "cabeza fría, corazón ardiente".

El problema de la propiedad, tal como se está viendo en los últimos cuatro años, no lo inventamos, por lo menos, la Democracia Cristiana y algunos otros partidos políticos que hay aquí. Sin embargo, pudiera yo ser una de las personas que me aferre junto con un sector de mi familia, que me aferre terriblemente a tener un corazón ardiente y una cabeza ardiente en relación a la propiedad. De 27 fincas de café que tenía parte de la familia, no se tiene absolutamente nada hoy; de aquellos cafetos solamente existen algunas palizadas por allí y algunos repartos que se han hecho donde existe gente muy humilde.

La decisión de la familia Zambrana-Castillo, fue la siguiente: allí ha vivido en estos últimos años esa gente, allí han nacido sus hijos, no nos vamos a presentar a sacarlos; al fin y al cabo pues, la vida es diferente y estaríamos dispuestos a aceptar los bonos; y la familia Zambrana - Castillo aceptó los bonos de indemnización y dejó 27 fincas en Niquinohomo. Esto lo pueden constatar todas las personas que últimamente han venido criando a sus hijos, en situación totalmente adversa en esa oportunidad en contra de las familias Zambrana-Castillo, porque no tenían nada que ver con el somocismo, ni estaban afectados por la Ley 38 y la 3, sin embargo una decisión muy particular los llevó a desistir de las tierras.

Esto, indudablemente no obliga a quienes han perdido sus tierras a tomar esa actitud, pero por lo menos una gran cantidad de personas de las que han conversado conmigo en estos últimos quince días, que son también poseedores de bonos, habían tomado esa determinación. Esto no quiere justificar que aquí hay personas que se apropiaron de algunas mansiones, sin embargo, algunas personas dijo anteriormente: ¿pero a quiénes se va a sacar? Se va a sacar a las personas que actualmente tienen un terreno muy pequeño y un techo hecho con algunos trozos de zinc, plásticos, trozos de madera, y prácticamente viven en situaciones precarias.

Espulgar, sacar a ver quién entre ese medio tiene algún carro, porque dentro de esa gente hay quienes han construido casas bonitas, no lo vamos a negar, pero la gran mayoría de esa gente son familias totalmente desamparadas. Y la pregunta que me hago yo en conciencia, es la siguiente: ¿Soluciono yo el problema de la propiedad mandando a la calle a esa cantidad de personas y crear un conflicto mayor que el que existe actualmente de una manera pasiva y que se convierta en un conflicto activo? ¿Cómo nos veríamos en quince días, donde cinco mil, siete mil personas azuzadas, por iniciativa propia, por cualquier condición que fuere, se lanzaran a las calles a crear tumultos, asonadas, etc.? Porque nosotros quizás buenamente hemos querido resolverles a otros, problemas de la propiedad, que es un principio una obligación porque somos representantes del pueblo, pero tenemos que ser hasta cierto punto salomónicos: ¿Qué hacemos con la criatura? ¿La partimos en dos o se la damos a verdadera madre? Allí es donde cuentan las cosas que de principio tenemos.

Yo recordaba en este momento que hablaban mis colegas diputados, la famosa doctrina de la propiedad, del cristianismo primitivo que se llama exactamente, para quiénes no lo conocen, la Doctrina de los doce Apóstoles. Hay que leerse a San Ambrosio, hay que leerse a una gran cantidad de gente que habló sobre la propiedad en función social, y nos vamos a dar cuenta que muchos dejaríamos de ser católicos si nos apegáramos a lo que exige ese cristianismo.

Yo sinceramente apoyo este anteproyecto de ley. Lo apoyo, porque no es creando un conflicto mayor que voy a resolver el problema de la propiedad. Creo y lo digo con toda sinceridad y entereza, en un año quizás, dándonos tregua entre nosotros para entendernos mejor, podemos crear las condiciones para ir solventando el problema de la propiedad. Y sólo les voy a dejar una incógnita para quienes se pudieran oponer a esta ley: ¿Quiénes se han quedado con los mejores proyectos agrícolas o agroindustriales en Nicaragua? ¿Los que viven en los asentamientos? ¿Quiénes se han quedado con las propiedades que anteriormente eran propiedades del pueblo (entre comillas)? ¿Los que viven en los asentamientos? ¿Los que están viviendo aquí al otro lado? Esos no se han quedado con los ingenios, esos no se han quedado con la palma africana, esos no se han quedado con balnearios particulares, eso no se han quedado con fábricas en la carretera Norte. Y no hemos todavía preguntado quiénes son los que se han quedado con eso. Y no hemos preguntado si existe algún proyecto de ley para poder revisar de qué forma, en estos últimos años, se han apropiado de esos bienes.

Insisto, apoyo el anteproyecto de ley para evitar mayores problemas, y tenemos que darnos la tregua honrada de buscarle alternativas a la solución del problema.

Se observa que la Exposición de Motivos de este proyecto de ley, no hace ninguna referencia a que la suspensión sólo opera en los casos en que el inmueble objeto de la acción, no exceda de cien metros cuadrados. Es decir, que cuando esté esa superficie sí opera, lo cual crea un vacío, una falta de coherencia entre la Exposición de Motivos y la ley proyectada. No obstante, el proyecto acoge la superficie o inmueble que la bancada de la UNO ha sostenido en los proyectos con los que ha intentado resolver el problema de la propiedad, por cuya razón debemos de hacer un esfuerzo por buscar esa solución, dándole paso al proyecto a la respectiva Comisión para su correspondiente dictamen.

Se suspende la sesión para continuar el día de mañana, a las nueve de la mañana.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 2 DE LA NOVENA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, CON CITA PARA LAS NUEVE EN PUNTO DE LA MAÑANA.

Vamos a comprobar el quórum esta vez haciendo uso de la tarjeta magnética, quisiera pedirles pues que la usemos para constatar cuántos estamos presentes. Según la computadora estarían presentes 37 colegas en el momento en que se pasó. El computador indica 41 colegas presentes.

Esta mañana he decidido solicitar la palabra para expresar consternadamente y pedir al honorable Plenario, ante los acontecimientos de violencia y el asesinato del candidato a la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, Luis Donaldo Colosio.

Luis Donaldo Colosio, estaba en una presentación y fue asesinado cobardemente y el minuto de silencio es en respeto a su memoria y en repudio a todos aquéllos que se pronuncian por la violencia y que tiene consternado a todo el pueblo mexicano. Por favor, le pido al Plenario un minuto de silencio por Colosio.

Pido a los colegas que hagan uso del mecanismo electrónico para solicitar la palabra.

Pendiente del día de ayer, continúa en el uso de la palabra el doctor Hernaldo Zúñiga. El doctor Zúñiga renuncia a su derecho al uso de la palabra. La Representante Doris Tijerino.

El día de ayer cuando hice la solicitud de la palabra, lo hice motivada por la urgencia de la situación, y cuando estamos tratando de encontrar respuesta a través de ese proyecto que se vino a presentar. Como es de todos conocido, aquí mismo el Diputado William Ramírez y otros se refirieron a la gravísima situación que se ha presentado en Matagalpa, precisamente a partir de que se vienen dando una serie de actos violentos de desalojo, utilizando distintas figuras que van desde la arbitrariedad de desconocer una solvencia de la OOT en relación a la posesión de un bien inmueble o no, hasta las famosas escrituras de compra-venta, que algunos, porque estoy convencida que no son todos los abogados, pero si algunos notarios se prestan a hacer, como manera de cubrir préstamos. Al extremo que hubo el caso de una familia en Matagalpa que un préstamo de diez mil dólares en escaso tiempo se le convirtió en setenta mil dólares; los intereses son excesivos y allí se dio el desalojo por la figura de la restitución de un bien inmueble o de realizar un embargo a partir de una usura.

Hemos conversado con el delegado de Gobernación de Matagalpa, con el Alcalde Frank Lanzas, y con algunos jueces preocupados por esta situación, y sobre todo porque el año pasado, cuando aquí se introdujo el proyecto de moratoria, lo hicimos después de una solicitud que el Alcalde de Matagalpa vino a hacer a esta Asamblea, acompañado de dirigentes de distintos sectores de la sociedad. Se conformó en Matagalpa una comisión de personalidades en que la mayoría son autoridades del Departamento.

Y quería yo aprovechar aquí para dar a conocer cuál es la posición de este grupo de gente coordinados por monseñor Leopoldo Brenes, y quien incluso el día de mañana a las tres de la tarde va a realizar una tercera reunión; el Martes Santo va a ser la cuarta, y nos pedía a los Diputados que deseemos representar aquí a Matagalpa, que intercediéramos ante este Poder del Estado, porque consideraba él que es aquí donde podría tratarse de encontrar una respuesta.

Nuestra sociedad matagalpina ante algunos problemas que le aquejan, ha querido buscar la solución y para eso un grupo nos hemos reunido para dialogar al respecto. En este diálogo nos hemos dado cuenta que muchos de estos podrían ser tratados desde el Poder Legislativo.

Ya que usted nos representa ante tan digno Poder, en nombre de este grupo de ciudadanos, invítole a participar en una convivencia en donde expondremos dichos problemas. Para esto proponemos..."

Y luego vienen las propuestas de fechas, y hemos acordado aquí, según me explicaba el doctor Paladino, la mayoría estaba de acuerdo en que el viernes a las tres de la tarde es cuando nosotros podemos hacernos presentes para cumplir esa invitación. Allí lo que nosotros vamos a recibir, precisamente porque ya ha habido encuentros previos y conozco el resultado de éstos, es precisamente la solicitud de que se haga algo de cara a dar respuesta a esta situación.

El año pasado, las mismas autoridades judiciales solicitaron que no bastaba la moratoria, que había que hacer una transformación real de la ley que impidiera los desalojos, sobre todo porque Matagalpa es una ciudad donde ya no hay posibilidades donde construir más habitaciones.

Y según el Alcalde Lanzas, informaba el año pasado, la mayoría de los desalojos de inquilinato que utilizando la figura del comodato precario se están dando allá, es a partir de la escasez de viviendas y el retorno a la llegada a Matagalpa de población de otros lugares, hace que el casateniente, y no es ni casateniente, el dueño de las cuarterías y las casas humildes que se han estado desalojando, pues deja la posibilidad de incrementar el precio de los alquileres, y que alegando que tienen un pariente que la va a usar, realmente lo que hacen es alquilarla a otra persona por un precio mayor.

Entonces, creo yo representar aquí el sentimiento de las autoridades de Matagalpa he conversado con todas ellas-, y de la población, al solicitar que este proyecto de ley sea admitido, y sin mayor dilación pasado a comisión. Y bueno, en la Comisión veremos qué cosas son las que realmente vamos a poder concertar.

También quisiera, señor Presidente, expresar mi preocupación por la cantidad de policías antimotines que se encuentran afuera. Todos saben que ha sido solicitada una autorización para una marcha a la Asamblea Nacional de la población afectada por los desalojos, y que ellos, lo que vienen es aquí a exponer la problemática que a nivel nacional se está viviendo.

A mí me preocupa que esa presencia se constituya en un elemento disuasivo para que la población haga uso del derecho a manifestarse, a expresarse y a acercarse a este Poder Legislativo. Yo a veces siento que realmente estamos aquí cautivos, que aquí podemos estar hablando y haciendo cosas maravillosas, pero que se está impidiendo que la población se entere en qué cosas nos estamos ocupando los Diputados.

Primeramente quiero reafirmar la preocupación que ayer manifestábamos. El tema reúne en su seno elementos bien contradictorios que además de las contradicciones vivas que reflejan, se encuentran en pugna, los que mantienen erizado a la conciencia nacional y que hace imposible encontrar avances en los buenos afanes de estabilidad en pro de los planes de reconstrucción nacional.

En segundo lugar, volver a recalcar la dimensión de este tipo de leyes, porque no establece las fronteras entre los favorecidos que responden a la Ley 85, de altos privilegios, y en los favorecidos que responden a la Ley 86, de grandes problemas habitacionales y de subsistencia. Y para un legislador, no puede un elemento de estos ser motivo de equivocación y dejar de reconocer que en torno a estos problemas en que tanta dimensión social se han podido deslizarse, o tengan que deslizarse los intereses principales de estas dos leyes, los intereses que le dieron origen a la 85 y que precisamente por eso mismo, para protegerse, tuvieron que darle origen a la Ley 86.

Expresábamos ayer la preocupación sobre el tema y decíamos que es el momento en que el mundo entero exige una solución definitiva al problema de la propiedad, y un gesto de esta naturaleza nos pone muy lejos de esa posición. Y reclamábamos diciendo que el camino de solucionar estos problemas, no es esa ley. Nos parece correcto el detener ese proyecto y el de tomar las providencias necesarias para favorecer a los sectores populares y no permitir esos desalojos en los sectores populares. No creemos que sea bueno tener también que interceder en las sentencias que está dictando el Poder Judicial en medio de dificultades para hacerlo, cuando la dualidad es lo que cunde en dicho Poder y que a costa de que en el mundo se viene disponiendo en una solución de este orden, se ve precisado a tomar medidas serias sobre el asunto.

Yo lamento mucho que estas preocupaciones sean vistas de mala manera, por este hecho nosotros -como dijo ayer el Diputado William Ramírez- tenemos doble moral, pero la verdad es que por este hecho no tenemos doble moral. Tenemos una sola moral basamentada en una sola ideología, creada en una sólida, omnímoda, y única teoría. Yo creo que en este caso tienen doble moral quienes llegan al poder a costa de la sangre del pueblo y que en vez de resolver los problemas económicos y sociales, se enriquecen y se convierten en banqueros. Esos si tienen doble moral.

Nosotros no decimos que vamos a defender al pueblo, lo defendemos con alma, vida y corazón, de verdad, y por toda la vida. Nada nos ha equivocado en el camino, porque estamos resueltamente luchando por la solución de los profundos conflictos dejados por el régimen anterior. Somos los únicos que de forma sincera estamos luchando y trabajando por la superación de la crisis integral que azota a Nicaragua y que por ello somos los únicos que estamos luchando con sinceridad por los intereses económicos y sociales de las grandes masas populares.

No puedo admitir que detrás de esta cosa de importancia social, se disfracen los neocapitalistas y que hablen en tono popular, cuando lo que defienden son intereses creados, alzados y recogidos a la sombra del poder público. Sostenemos nuestros puntos de vista al respecto y deseamos una solución favorable a los moradores y todos aquellos sectores populares que se encuentren amenazados por estas situaciones, que no las hemos creado nosotros.

Finalmente, quiero decirles que la moral del proletariado, la moral de los trabajadores, la moral del pueblo, nada tiene en común con la cachandinga, con la mala fe, con ser amigo de lo ajeno. Es por el contrario, estas inquietudes y estos puntos de vista son los que han dado origen a las grandes concentraciones económicas. Así nació la esclavitud, sobre la base del arrebato y la rapiña; así se desarrolló el feudalismo; así surgió el capitalismo y se ha desarrollado el imperialismo. El proletariado piensa de manera diferente, los trabajadores piensan y sienten de manera diferente, no tienen ese apego a la propiedad privada, ni por ese camino van para hacerse justicia; buscan la socialización de la propiedad, que es cosa absolutamente diferente al apego capitalista de los bienes materiales.

Quiero decirle al antiguo camarada Elí Altamirano -que me aludió- que con ese lenguaje yo creía que se estaba refiriendo a las masas populares, siendo él un defensor de los empresarios, siendo él un empresario con reencauchadoras y todo. Nosotros no tenemos nada. Yo era representante del Frente Sandinista en el Banco Nicaragüense y ya me destituyeron. Así que va a llegar otro y tampoco va a tener nada, más que la representación política allí. En cambio el defiende sin ningún reparo -con las antiguas ideas de hace muchísimo tiempo- a los empresarios del COSEP, sin rubor, en un lenguaje que ya dejó de existir hace muchísimo tiempo.

El día de ayer un honorable Representante de la bancada sandinista, casi me hace llorar y casi me convenció de que la "piñata" es linda. En realidad, todos quisieran ser beneficiarios de la piñata, sin lugar a dudas. A todo el mundo le gusta la choña, pero la choña y la adquisición de la propiedad por medio del delito. Eso es insoportable, eso es desorden, es más, es una degeneración del Estado. Y además, la solución del problema, que efectivamente en ese aspecto a mí me conmueve que sea tanta la gente, tantas las personas que no tienen un pedazo de tierra o una vivienda, eso me conmueve, pero eso no me va a obligar a mí a utilizar el medio delictivo, el delito para adquirir la propiedad.

Por eso este proyecto, además de ser inconstitucional, es ilegal, es violatorio de los derechos humanos, es violatorio de los derechos sustantivos. Entonces, hermanos sandinistas, busquemos otra forma de solución del problema, pero no a través de un proyecto inconstitucional, y es más es un proyecto delictivo.

Yo estoy de acuerdo que la situación de esa gente conmueve a cualquiera, pero no busquemos soluciones a la loca. Estamos violando todo un procedimiento que ya existe en los Códigos. Estamos violando disposiciones sustantivas que tienen relación con la propiedad. Entonces, no es ésta la forma. Yo me permitiría, Presidente en funciones, por favor yo le rogaría que el señor Secretario actuante se leyera, para no leerlo yo, pues, se leyera el artículo 83 del Reglamento de esta Asamblea. Y perdone que yo busque este medio, para que no sea yo el que lo lea, quiero que sea el oficial Secretario.

Lo que quiero decir es que este proyecto inconstitucional, ilegal, violatorio de la moralidad porque es inmoral- no aparece firmado tal como lo ordena el artículo 83 del Reglamento de esta Asamblea. El artículo 83 dice, que tanto la exposición de motivos como el proyecto de ley mismo, deben estar firmados por los solicitantes, por los que presentaron la iniciativa. Este proyecto, yo ya lo vi en el original, no aparece firmado, el proyecto, sólo aparece firmada la exposición de motivos.

Entonces, hagamos una cosa, o decidimos aquí reformar el estatuto y el Reglamento y entonces yo no diría nada, pues, pero mientras esté esa disposición allí, no es posible. Este proyecto, debe ser rechazado de plano, de plano por inconstitucional y porque no llenó los requisitos y exigencias del artículo 83 del Reglamento.

Vean, aun cuando -como ya dije- en esa circunstancia la "piñata" es linda y todos quisieran ser beneficiarios de la "piñata", son los principios morales los que impiden a una persona disfrutar o ser beneficiario de una propiedad o un bien mediante ese expediente. La propiedad es el summum de los derechos en el que están implícitamente comprendidos el Jus Fruendi, Jus Utendi, el derecho que tiene toda persona de rehusar de lo propio, pero no para que otra persona, un extraño que no le costó ni sacrificio ni nada, venga a apropiarse de lo que es mío.

Aquí le decimos al honorable Representante, don Hernaldo Zúñiga, tiene una excelente biblioteca; yo quisiera "pirateármela", pero es que mis principios no me permiten hacerlo. Entonces, ¿cómo es posible que mediante este proyecto se pretenda ser dueño, mantener una posesión-, impedir las acciones de los verdaderos propietarios para reclamar con todo derecho? Además, se está violando la Constitución, que garantiza el derecho de propiedad.

Por otro lado, se viola el artículo 617 del Código Civil, que establece que nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de la ley o de sentencia fundada en ésta. Porque aquí eso es lo que se pretende mediante un proyecto ilegal, que fue presentado ilegalmente, que se está tramitando ilegalmente. Debe ser rechazado de plano, no tiene ningún sostén, o en otras palabras, por lo menos que disimulen, que repitan ese proyecto y que siga intacta la Exposición Motivos como el proyecto mismo de ley y entonces veremos qué pasará. Pero no a través de ilegalidad, toda una "piñata", que es delito. La ley en ninguna parte del mundo le reconoce efectos jurídicos a los delitos, y aquí, mediante este proyecto se pretende reconocerle derechos legales a los delitos y eso no es posible.

Por otro lado, los procedimientos están bien establecidos en las leyes. Además, el derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible, y eso está contemplado, ¿a dónde? En el artículo 46 de la Constitución Política de este país. Es parte de las convenciones, de los tratados internacionales, del Pacto de San José.

Así es que, señor Presidente en funciones, yo rotundamente me opongo a que se tramite este proyecto por inconstitucionalidad, por ilegal, por inmoral y por violar el Estatuto y el Reglamento de esta Asamblea.

Yo quisiera, ya que tenemos un buen rato desde el día de ayer y el día de hoy de estar debatiendo, que le diéramos trámite esta mañana lo más pronto posible. Digo lo más pronto, porque oí al doctor Castillo decir: "no comprendemos la urgencia". Es lógico que él no comprende la urgencia porque él está tranquilo en su casa y yo también. Pero yo como diputado de Carazo, sé que hay 22 casos que pueden ser desalojados antes de Semana Santa. Yo creo que es una responsabilidad moral mía, como Diputado de esa área, velar en poner un dique: Si estos desalojos fueran casas de 200, 300 metros, 150 metros, yo estaría de acuerdo como esos muchos diputados en que en la "piñata” estamos hablando por los grandes, pero aquí estamos hablando de casas de hasta 60, 80, 50 metros allí, casi patios vacíos.

Yo quisiera que pensemos bien esto. Es muy fácil tomar posiciones como los diputados de la UNO en decir, "nosotros no vamos a votar". Son las posiciones neutrales que en una situación como la que estamos viviendo es muy fácil, pero ese es problema de ellos, que ellos respondan a sus votantes. Por lo tanto no voy a hablar más, hubiera querido hablar mucho, pero quiero concluir esto y pedirle al Presidente en funciones que tratemos de someter esto a votación.

Hemos escuchado cómo en la última intervención se exige darle trámite de inmediato a este proyecto de ley, sin agotar la participación de Representantes que pueden aportar criterios que beneficien el respeto a las mismas leyes. Hemos escuchado aquí argumentaciones de tipo social que son compartidas por todos, pero tenemos que enfocar este proyecto de ley desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho existente en Nicaragua. Nosotros constituimos el Poder más importante del país, cuando de aquí emanan las leyes de la República, y estamos en presencia de una ley, de un proyecto de ley que tiene consecuencias incalculables en la aplicación del derecho positivo en Nicaragua.

Hemos escuchado aquí argumentos de Representantes señalando vicios en el procedimiento de la presentación de este proyecto de ley, vicios que deben ser tomados en cuenta por todos los Representantes, sin distingo de colores políticos, porque nosotros estamos por el respeto a las mismas leyes que se producen aquí. No podemos avalar procedimientos defectuosos violatorios del mismo Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, violatorios del mismo Estatuto de la Asamblea Nacional en su artículo 46 y su artículo 83, cuando señala taxativamente los términos para darle curso a un proyecto de ley, sea cual fuere ese proyecto de ley.

Pero más que todo, tenemos que ver nosotros el efecto de este proyecto de ley con el orden jurídico vigente y ver cómo se pretende anular el derecho de propiedad privada. No se van a poder ejercitar las acciones que conllevan la situación jurídica de un propietario; va a ser invocada esta misma ley que estamos discutiendo ahora, para que no se le dé curso a una demanda de un propietario privado de un inmueble; vamos a parar el tráfico inmobiliario de Nicaragua; vamos a crear la desconfianza en la venta de los inmuebles y vamos a traer también la inseguridad de quienes quieren invertir en ese país, que hoy más que nunca requiere de grandes inversiones para producir el despegue económico del ansiado y la ansiada situación de nuevas fuentes de trabajo en el país.

Yo creo que debemos ser muy serios en el análisis de este proyecto de ley, cuando el artículo primero de este proyecto señala un enunciado general a tono con la Exposición de Motivos, no como expresaba aquí el doctor Hernaldo Zúñiga en su intervención de ayer por la tarde, de que este proyecto queda reducido exclusivamente para los casos de inmuebles que les han sido transmitidos en dominio, o cedida la posesión por el Estado, en extensiones que no excedan de los cien metros cuadrados. Este proyecto es más amplio, comprende todas las situaciones que se den y que estén planteadas en el país. Van a paralizar el Poder Judicial de Nicaragua, porque los jueces no le pueden dar curso a una demanda de tipo posesorio, tipo reivindicatorio, de comodato precario de nulidad de instrumentos públicos. Yo creo que estamos prácticamente ordenando el cierre de los Juzgados de Nicaragua, y esto es muy delicado.

Por otra parte, el artículo dos del proyecto -este proyecto consta de tres artículos- señala un tipo de delito inexistente en la legislación penal de Nicaragua. Habla de que se comete delito de secuela y decisión de los juicios. Yo quisiera preguntar a los proyectistas, ¿A dónde está este delito en el Código Penal del país? ¿Cuál es ese delito? ¿Cómo va a cometer un Juez un delito por decidir un pleito planteado en su Juzgado? No existe el delito de decisión de los juicios, no existe el delito de secuela y decisión de los juicios.

Estamos reformando el Código Penal, creando una nueva figura jurídica que no se explica por sí misma. En el Código Penal está contemplado el Prevaricato, que es cuando una ley falla contra ley expresa; pero no señala eso el artículo dos. Señala un nuevo delito que dice que se llama delito de secuela y decisión de los juicios. Delito de secuela y decisión de los juicios existe en el Código Penal, y si tal vez los proyectistas querían referirse al artículo 385 y 386 del Código Penal, estos tratan de otra figura jurídica diferente a la planteada en este artículo segundo.

Es un proyecto totalmente incoherente desde el punto de vista legal y no puede la Asamblea Nacional aprobar esto, no puede pasar a Comisión algo que es en contra de las leyes establecidas en el país. Nosotros somos abanderados, todos los Representantes, de crear un Estado de Derecho en Nicaragua, y no ser partícipes...

Doctor Baltodano, se le recuerda el tiempo y además le recuerdo que usted está haciendo un análisis de artículo por artículo, y lo que estamos es en consideración al proyecto.

Cómo no, cómo no. Pero es importante ver la incoherencia, señor Presidente en funciones, de este articulado con la Exposición de Motivos. En la Exposición de Motivos dice otra cosa diferente. Habla de los aspectos sociales meramente y esto afecta el orden jurídico vigente en el país.

Por ello este proyecto es totalmente inconstitucional, totalmente antijurídico y debe ser en esa forma desechado de plano. Es por ello que la representación aquí de los Diputados del Partido Acción Nacional apoyamos el planteamiento hecho por el Coordinador de la Unión Nacional Opositora, licenciado Luis Sánchez, el día de ayer por la tarde, que es un planteamiento que cuenta con el apoyo total de los actuales partidos que conformamos la Unión Nacional Opositora, que estamos en contra de este proyecto de ley, para que no se le dé curso ni trámite legal alguno, en forma ilegal y de manera inconstitucional.

Les recuerdo a los Representantes que estamos tomando en consideración si se toma o no la iniciativa, y no hacer análisis de los artículos.

Al comenzar este debate sobre las consideraciones de este proyecto, y al hacer uso de la palabra ayer el coordinador de la UNO, licenciado Luis Sánchez, y escuchando la primera parte de su intervención, casi creí que al final iba a estar de acuerdo con las bondades de este proyecto. Yo comencé a ponerme de acuerdo con lo que él afirmaba de que efectivamente para la solución del problema de la propiedad en Nicaragua, no todos los pasos que se habían dado eran pasos acertados; y efectivamente coincido con él de que algunos bienes devueltos por el Ejecutivo a reconocidas figuras del somocismo, han sido las que más han prevalecido en el ámbito de las recuperaciones hechas por este sector. Y nos ha causado asombro que unos Ministros como un señor Sengelmam, Francisco Argeñal Papi, los Kelly, esto que eran secretarios privados de Somoza, todos hayan recuperado sus propiedades, y eran gente que hasta el último momento estuvo cuando todavía caían bombas sobre la cabezas de los humildes pobladores de las ciudades mártires de Nicaragua, cuando todavía amanecían decenas de cadáveres a la orilla del Lago de Managua, o cuando todavía se mataba indiscriminadamente en León, Chinandega, con el salvajismo con que la dictadura militar empleaba en eso.

Y si esos no eran sujetos de confiscación, si esos que acompañaron hasta el último momento a esa dictadura tan sangrienta, que además habían hecho toda su fortuna al amparo de esa dictadura, al amparo del latrocinio y el robo de esa dictadura no eran confiscables o no son confiscables; yo coincido con el licenciado Sánchez que ha sido una mala política del ejecutivo la forma como administraba eso. Y por cierto que esos papelitos para que les devolvieran esas propiedades a esos señores -tintos en sangre desde la cabeza hasta los pies- salían de una oficina que presidía el doctor Duilio Baltodano.

En cambio hay una cantidad de nicaragüenses que fueron injustamente confiscados y que no tuvieron el peso específico de esa oficina para conseguir los papeles necesarios para que les devolvieran sus propiedades, y todavía se las andan pidiendo al Gobierno. Coincide también con el licenciado Luis Sánchez, en que los que se han nacionalizado norteamericanos, es la actitud más vergonzosa que se puede caer. Yo escuche decir de un señor que fue Ministro de la Construcción, o hijo del Ministro de la Construcción, ir donde el señor Watson -ese mister Marshall, como lo ha calificado ahora el pueblo nicaragüense- a decirle que él era norteamericano. Un indio nicaragüense cruzado con extranjero en la zona Norte, reclamando la nacionalidad norteamericana para poder tener privilegios sobre los nicaragüenses en la recuperación de propiedades; mientras hay todavía humildes trabajadores campesinos que hicieron alguna fortuna y que efectivamente fueron injustamente confiscados y no les han devuelto nada.

Pero en lo que no coincido con el licenciado Luis Sánchez al final de su intervención, es en la bondad con que habían presentado el proyecto 133, menos mal que el doctor Hernaldo Zúñiga lo recordó ayer. El proyecto 133 que mandaba a expropiar a todos los que habían sido beneficiados con las leyes 86, 85 y 88, decía que las propiedades de cien metros cuadrados de Construcción para abajo y los lotes, pasaban inmediatamente a ser propiedad de quienes lo tuvieran en posesión. Y ahí está el proyecto, en el archivo de la Asamblea.

Y todos los argumentos que han girado han dicho de que no se trata de perjudicar a esa pobre gente, que ese es el pobre pueblo humilde que lo necesita, que lo que hay que parar es la "piñata", todos los que se han quedado con mansiones y con casas. Se está protegiendo a personas con cien metros cuadrados para abajo, que son los que no tienen como defenderse. Y no es cierto que aquí se va a paralizar la acción ni se va a paralizar el aparato judicial. Lo que se va a parar son las triquiñuelas que se están usando mediante figuras obsoletas del Código Civil y frente a la indefensión económica y cultural del pueblo nicaragüense para arrebatarles pequeños lotes.

¿Quiénes son los que les están tratando de arrebatar? Y aquí quiero referirme a la intervención de mi estimado amigo el doctor García Esquivel. No le luce al doctor García Esquivel esa posición, sobre todo ayer que ya declaramos que no hay más hijos de crianza, ni hijos adoptivos, ni hijos políticos caseros. Porque aquí a los que están defendiendo en cuanto a moralidad se refiere, son a los que andan persiguiendo esos lotes. ¿Y saben quiénes son los que andan persiguiendo esos lotes? Los antiguos dueños de los repartos intervenidos. Los que vendían un solar de 10x30 y lanzaban a la gente, sin agua, sin luz, sin alcantarillado, y si no pagaban tres meses, se lo quitaban. Y jamás hicieron una obra de infraestructura y se enriquecían con la propiedad suburbana de la capital. Y a los dueños de cuarterías que hacinaban y hacinan todavía, porque están volviendo a hacerlo en las poblaciones urbanas, ésos están ahora valiéndose de la sacrosanta propiedad privada que el doctor Duilio Baltodano dice está consignada en los registros, en que no ha sido movida, valiéndose de eso para reclamar nuevamente esas propiedades, frente a gente que no sabe cómo defenderse.

Ese proyecto, señores Representantes, establece un límite, establece cien metros cuadrados de construcción; aunque no lo diga la Exposición Motivos, lo dice en la ley que es la que vamos a aprobar, no estamos protegiendo ningún otro tipo de propiedad, ni estamos quitando las acciones que puedan tener los demandantes. Aquí no puede hablar de moralidad en cuestión de construcción de viviendas, porque fuera de esas cuarterías y fuera de esos lotes que eran dados sin ninguna infraestructura, la otra forma habitacional en Nicaragua era otro robo, nada más que era robo con saco y corbata.

Venían los préstamos que entonces si venían a bajo interés; la institución encargada del Gobierno se los pasaba a sectores de la empresa privada, a esos señores que se llenan la boca al llamarse empresarios y esos formaban un "trust", ellos mismos construían, comercializaban, aseguraban, de tal modo que cuando el terremoto, no había como accionar porque había que accionar contra ellos mismos, y sin invertir un solo real levantaron enormes fortunas en este país, aquí en Nicaragua.

Por tanto, señor Presidente, yo creo que esta tregua -porque así se le puede llamar, tregua- para pobladores que tienen menos de cien metros cuadrados para abajo, que no se les pueda sacar de sus lotes y de sus pequeñas viviendas, mientras llegamos a poner punto final al complejísimo problema de la propiedad, es una ley que en este momento es necesaria para la paz social de Nicaragua. Por tanto, respaldo que pase a Comisión el mencionado proyecto.

Les rogamos a los Representantes hacer uso debido del tiempo que a cada quien le corresponde en el uso de la palabra.

Es muy interesante su advertencia de usar el tiempo que establecen los Estatutos.

El día de ayer expresaba que la Junta Directiva está violando el proceso de formación de la ley. Se está violando el proceso de formación de la ley, porque la solicitud no llena los requisitos y lo dice bien claro el artículo 83 del Reglamento. Se está violando el proceso de formación de la ley, porque en esta iniciativa, los Diputados no tenemos las 48 horas para poder haber analizado esta ley. Tan es así que aún el caso de la iniciativa de una ley por el Poder Ejecutivo, no puede el Poder Ejecutivo, si esta ley nosotros no la hemos visto con 48 horas de anticipación.

Se está violando la igualdad parlamentaria, porque los Diputados del Partido Nacional Conservador protestaron de que la Ley de Ordenamiento Militar no se ha sometido a su consideración, y sin embargo esta ley fue presentada el día 21 y fue distribuida a nosotros el día 22 a las diez y treinta. Entonces no hay igualdad de los derechos parlamentarios que nosotros tenemos. He escuchado como argumento el problema del comodato, pero eso está suspendido hace nueve meses. En nueve meses pudieron haber presentado un proyecto de ley, y hay un principio de derecho que no se puede alegar la negligencia como un fundamento de derecho. La negligencia de que en nueve meses pudieron haber presentado leyes, y ahora, apurados por una situación quieren tratar de solucionar un problema.

Se está violando la Constitución, porque el artículo 183 dice que ningún Poder del Estado tiene más atribuciones que las que especialmente le establece la Constitución. Se está violando el artículo 160, que garantiza el principio de la legalidad, se está violando el artículo 103 que garantiza la propiedad privada y se está violando el artículo 44 de la Constitución.

Y lo grave, Presidente, es que todo esto va a dar un conflicto de Estado entre este Poder Legislativo y el Poder Judicial, porque los jueces tiene la facultad de aplicar la Constitución como primer principio y después las leyes secundarias y ustedes, al establecer penas para los jueces por el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución, se están metiendo en un poder que no les corresponde. Este proyecto debió haber sido rechazado de plano.

Lamentablemente se está usando un problema social para fundamentar el robo, la "piñata", y nosotros como Diputados de la UNO no vamos a permitir jamás que el robo sea como un medio de adquirir la propiedad privada.

Este proyecto es violatorio de todas las garantías constitucionales, y como usted bien dice, Presidente, la discusión en este momento es si se toma o no en consideración. Su obligación, como Poder del Estado, como Presidente de un Poder del Estado debió haber sido rechazar de plano este proyecto, ya que no llena los requisitos de forma, ya que no llena los requisitos de fondo, ya que es violatorio de la Constitución Política. Y yo hago un llamado de atención a su Presidencia y a todos los miembros de esta Junta Directiva, para que no violen la Constitución, porque de lo contrario lo que va a venir aquí es un Recurso de Amparo, un Recurso de Inconstitucionalidad. El problema social hay que abordarlo, pero no violando las garantías constitucionales, no violando el proceso de formación de la ley.

Mi participación va dirigida hacia el apoyo a la ley que está en discusión. Decía el doctor Edmundo Castillo, que se estaba violando con esta ley la Constitución de la República; lógicamente ese es un argumento que han mantenido todos como un espíritu conservador, como un espíritu también liberal.

Si nos remontamos a la historia y miramos que en las grandes luchas que tuvieron ellos, vencidos y vencedores, ahí se repartían ellos el botín de la Nación. Aquí únicamente esta ley está amparando aquellos desacatos que están haciendo los jueces sacando a la pobre gente, son pobre gente que está sacándose de sus viviendas sin ningún amparo, y los jueces haciendo lo que ellos quieren. Lógicamente colegas diputados les instaría a ustedes que realmente aquí a quien se está pidiendo que se favorezca con esta ley es a la gente de escasos recursos, esa gente que no tiene una vivienda y que le ha sido otorgado ese derecho a ello, y yo creo que se debe de hacer justicia.

Porque aquí no estamos defendiendo nosotros a los Sengelmann, que en Chinandega les regresaron sus grandes capitales; aquí no se está defendiendo a un somocista reconocido que hizo barbaridades en Chinandega, que por motivo de él fueron sacrificados muchos chinandeganos, y sin embargo él está siendo favorecido con querer desalojar, ya ha desalojado a gente de escasos recursos completamente. Y se está en la actualidad llevando a efecto como 20 desalojos en la ciudad de Chinandega, y no se registra, como le decía ahí, gente que tenga una categoría social; si tiene una categoría social, pero aquellos que no tienen camisas y son descalzos.

Así es que por lo tanto yo apoyo esta ley y creo que mis colegas también de la UNO deberían apoyar esta ley ya que va a favorecer a la clase menos favorecida.

Naturalmente que es preocupante la iniciativa presentada por algunos colegas parlamentarios, tratando de corregir una situación social de anarquía que ha vivido la propiedad nicaragüense durante la década pasada, en gran parte, y en estos cuatro años del nuevo Gobierno.

Han pasado cuatro años y no se han hecho los esfuerzos serios, necesarios, justos para corregir los errores cometidos. Se sigue martillando e insistiendo que las leyes 85 y 86 fueron leyes legítimas, leyes que eran facultades de la Asamblea anterior haberlas dictado, repartiendo en forma masiva los bienes del Estado y los bienes que el Estado adquirió a través de la confiscación injusta, a propietarios y a legítimos dueños.

No se puede hacer justicia en base de la injusticia. No se puede estar legislando aquí para bendecir la "piñata". Se argumenta que esto va a favorecer a aquellas personas que fueron favorecidas por la piñata y que son casitas que no pasan, o terrenos que no pasan de cien metros cuadrados. Y aunque el señor Presidente que estuvo en funciones anteriormente, no quiere referirse o no quiere que nos refiramos al articulado de esta iniciativa de ley, en realidad es necesario referirnos porque habla de dos partes.

La primera que habla de inmisión en la posesión, que nada tiene que ver en este caso, de un dueño que compra a través de una promesa de venta, adquiere un título y trae aparejada ejecución; o de alguien a quien se le debe la posesión y solicita la acción ante el Juez para que se le introduzca la posesión, para que se le entregue la posesión. Está dividido, ese artículo no tiene ninguna vinculación con lo dispuesto en la reducción y lo referente a los artículos 85 y 86 del proyecto de ley. O sea, el párrafo segundo y tercero está totalmente desvinculados del párrafo primero del artículo 101. De manera que aparentemente y con subterfugios legales se nos quiere meter "gato por liebre", haciendo aparecer aquí que se está legislando a favor de la propiedad social que fue arrebatada a sus legítimos dueños para dárselas a aquellas personas que son necesitadas. Pero también esa propiedad social que fue arrebatada y que se le entrego a través de las leyes 85 y 86 a personas de escasos recursos, también fueron usurpadas a personas de escasos recursos, se cometió una injusticia.

Y no es facultad del Poder Legislativo dictar leyes en ese sentido, privando a alguien de sus legítimos derechos sin haber habido una indemnización justa y honesta y haberse dictado una ley de expropiación, que es la que hubiere cabido en esos casos, y no unos decretos confiscatorios que no tienen ni base ni fundamento jurídico, y violatorio de los tratados internacionales; están en contra de lo establecido en el Estatuto de Derechos y Garantías de los nicaragüenses anteriormente y en contra del artículo 46 de la actual Constitución Política. Por lo tanto no tienen ninguna validez, son inexistentes y no pueden derivar derechos. Y aquí no se puede hablar de terceros adquirientes.

Llamo la atención también de que aquí en esta iniciativa de ley se manda a castigar aquellos jueces que por aplicar la ley hacen justicia. Se tipifica una clase de delito en las secuelas y decisiones de los juicios, mandándolos a la cárcel o sometiéndolos a un procedimiento y penalizando a los jueces que por hacer justicia van a recibir prisión o condena de tres a cinco años de prisión, lo cual es absolutamente absurdo, lo cual es absolutamente fuera de lógica y de razón, que por hacer justicia y dar el derecho, que es lo que le corresponde a la administración de justicia, decidir sobre el tuyo y el mío, se le vaya a castigar a un Juez.

Peor todavía es privar a los ciudadanos nicaragüenses y a todos aquellos que tengan bienes en Nicaragua legítimamente adquiridos, de hacer uso de sus derechos, de reclamar sus derechos ante las autoridades correspondientes, en este caso que es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que dirime lo que es tuyo y lo que es mío; es el Poder Judicial el que no tiene que darle cuenta, ni depende de ninguna otra autoridad, ellos únicamente tienen que acatar la Constitución y las leyes. El artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, habla de que los jueces deben aplicar primeramente la Constitución, en segundo las leyes y decretos legislativos; tercero, los acuerdos y decretos ejecutivos. Y en ningún caso atenderán disposiciones o reformas hechas de oficio.

Este proyecto de ley va en detrimento y en contra de los propietarios de reclamar sus derechos; pone en peligro la estabilidad de la propiedad, y más bien agudiza el problema de la propiedad en lugar de buscarle una solución rápida, de fondo y con justicia. Va en contra de las funciones propias del Poder Legislativo, hay una intromisión flagrante de este Poder del Estado, del Poder Legislativo en las atribuciones y en las esferas de competencia propia del Poder Ejecutivo en las atribuciones y en las esferas de competencia propia del Poder Ejecutivo. Se está privando a las personas de hacer valer sus derechos y se está creando un clima de incertidumbre y de inseguridad jurídica de la propiedad, que es un principio fundamental del derecho. Va en contra del ordenamiento jurídico y en contra de la Constitución de la República, en contra del Artículo 185, en contra del artículo 46, en contra del artículo 44.

De manera que esto va a crear un problema más grave, es decir, va a ser más grave, porque tratando de buscar cómo darle un respiro, oxígeno a la situación de la propiedad, que ya sabemos que es un problema social que se debe enfrentar por medio de programas sociales de vivienda, y de una ley que resuelva el problema de aquellas personas que ya están en posesión y que ya tienen una solvencia de la Oficina de Ordenamiento Territorial, pues que se quede allí, que le pague, no que se le dé bonos que no tienen ningún valor a las personas que fueron injustamente privadas de sus derechos.

Eso es lo que deberíamos hacer, buscar cómo legislar sobre la propiedad y no estar aquí buscando cómo quedar bien y haciendo propaganda política, queriendo quedar bien con sombrero ajeno. Eso es una inmoralidad y una politiquería que ya no debe existir en este país. Debemos de legislar como personas serias, como legisladores que conocemos las leyes, que respetamos las leyes, que respetamos los derechos ajenos y, sobre todo, que debemos respetar el ordenamiento jurídico apegarnos a la ley y a la justicia.

Por lo tanto nosotros, los de la bancada de la UNO y el Partido Acción Nacional, Socialcristiano, nos oponemos totalmente a esta ley por inconstitucional y por ser totalmente violatoria de los derechos humanos, del principio de legalidad, y del principio de seguridad que debe existir en el ordenamiento jurídico y la paz social.

Bueno, el asunto está suficientemente discutido y vamos a proceder a la votación haciendo uso por primera vez del sistema electrónico. La votación es, si se toma o no se toma en consideración el Proyecto.

Como se ha informado, quien vaya a votar de que se toma en consideración, deberá pulsar el botón verde que dice "si", y quien esté en contra, va a hacer uso del botón rojo para decir "no", o puede hacer uso de la acción de abstenerse.

Nosotros tenemos algunos problemas, en el caso de Silvia Fox, que es suplente de Ray Hooker, no aparece, no tiene tarjeta para la pantalla.

Hay aproximadamente dos o tres personas cuyo sistema no funciona. No hay ninguna dificultad, ningún problema para que voten a mano alzada.

Disponemos de cinco minutos para votar, con eso quiero decir que después de cinco minutos cierro el sistema y ya no se puede votar, para que podamos contar. A partir de este momento se abre la votación en favor o en contra, de si se toma o no se toma en consideración.

Se va a constatar el quórum de nuevo, pasando la tarjeta magnética por el tablero.

Con 48 votos a favor y 29 votos en contra, se toma en consideración el Proyecto y se le envía a la Comisión de Justicia, dándosele un plazo de 24 horas para que dictamine.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA N°. 2 DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL LUNES 28 DE MARZO DE 1994, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA.

Se inicia la Sesión para debatir el Dictamen de la Ley de Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencias en los Juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión, Comodato Precario y Nulidad.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Justicia para dar lectura al Dictamen.

Todos los nicaragüenses hemos reconocido que alrededor del concepto jurídico de la propiedad existe hoy en día un problema que aún no se ha resuelto. Todavía no se ha legislado, ni se ha planificado, ni se ha encontrado la solución que pudiera presentarse con carácter de definitiva. El problema es tal que ha trascendido de la esfera jurídica hasta ubicarse en la esfera de lo social, o mejor dicho, en la esfera de la propia vida de nuestra sociedad. También es reconocido de propios y extraños el grado de violencia social, que la misma indecisión nos ha traído, amenazándose la tranquilidad pública, en tiempos en que se necesita la paz social para emprender el despegue económico del país.

Visto lo anterior, la Comisión de Justicia pasa a considerar dos puntos de vista. El primero se refiere a la posibilidad jurídica de paralizar por un corto tiempo la tramitación de los juicios en que se hallen involucrados derechos de propiedad o de posesión de viviendas o terrenos cuya extensión no exceda de trescientos metros cuadrados de superficie y/o cien metros cuadrados de construcción. Jurídicamente es posible, y además recomendable, suspender la tramitación de estos juicios en los casos en que las personas demandadas hayan adquirido del Estado la propiedad o posesión, o adquirido por cesión de derechos de alguien que adquirió del Estado, siempre y cuando presentare una prueba de las establecidas en las leyes generales y especiales, o una prueba de que por lo menos ha sido solicitada la solvencia de la OOT, y ésta está en trámite.

El segundo punto de vista se refiere al impacto social de los lanzamientos de viviendas, desalojos y demás actos judiciales que causan violencia de carácter social, los cuales, según nuestra intención es necesario detener por un período más o menos corto; este período permitirá implementar una solución definitiva y satisfactoria para todos los nicaragüenses.

Considerando que las acciones son de índole variada, que los juicios están en estados diversos que incluyen casos de ejecución de sentencias, cabe dictar una medida provisional que mantenga el statu quo y la tranquilidad social. Ya que es imposible, por ahora, resolver en forma definitiva, no cabe más que dar un compás de espera, un plazo prudencial dentro del cual estarán en suspenso la iniciación y tramitación de los juicios de la referencia, para que aquellos a quienes corresponda, puedan hallar la solución definitiva.

La Comisión piensa también en obligar, y esto solo se consigue con alguna medida de índole penal que juzgue delito lo actuado contra esta ley dentro de los conceptos del Arto. 377 Pn. que dice: "Comete delito de desobediencia... 5) el funcionario o empleado público que resistiere o impidiere la ejecución de una ley, o reglamento u orden superior que legalmente se le comunique" y la pena será conforme el Arto. 378 Pn. de inhabilitación absoluta de uno o dos años y multa.

Congruente con las explicaciones dictaminamos favorablemente el proyecto de ley sometido a consideración de la Comisión de Justicia, dictamen que lleva implícita nuestra petición a los honorables Representantes del Plenario, para que se sirvan acoger este dictamen y votar en su favor, todo con el objeto de establecer un punto de contención contra la avalancha de desalojos de viviendas, experimentados en los últimos meses.

Se hace constar que esta medida es de carácter meramente temporaria, una especie de tregua, hasta que nuestro país se halle en mejor condición de soportar las medidas coercitivas que aunque correctas, no lo son así en el momento actual. Se hace constar además que el proyecto es de mucha necesidad y suma urgencia, no se opone a la Constitución Política según entendemos, y viene a resolver un problema sin causar lesión alguna.

La Comisión de Justicia ha estudiado como corresponde los alcances del proyecto presentado y cumple de este modo con el trabajo encomendado.

DANILO AGUIRRE SOLIS JUAN RAMON ARAGON MARIN

YADIRA CENTENO GONZALEZ CARLOS MANUEL MORALES F.

IVAN SALVADOR MADRIZ

Me parece que estos razonamientos que se dan con objeto de encontrarle solución a esta problemática de la propiedad, de suspender acciones judiciales en los casos de posesión, reivindicación, comodato precario, etc. , son los mismos razonamientos que se leyeron la vez pasada para exigir una prórroga o solicitar una prórroga. Realmente ese razonamiento era bajo el compromiso que íbamos a sacar una ley en forma definitiva y la realidad es que no se ha hecho. ¿Será que esto va a ser el camino de llegar hasta 1996?

La población está inconforme en ambas partes: los que reclaman su propiedad como legítimos dueños, y los que viven en esas; propiedades al amparo de alguna ley, están reclamando que les resuelvan eso; pero no es la solución estar dando prórrogas constantemente. Me parece a mí que poner un año de plazo es bastante exagerado. Pienso que debemos poner la celeridad necesaria para resolver esta problemática. Yo quisiera proponer que en vez de un año sean tres meses, creo que es más que suficiente si tenemos interés nosotros en sacar esto adelante y resolver de una vez este problema.

Así mismo, también quiero hacer la observación que volvemos a la situación de casas de cien metros cuadrados de área. Estamos; diciendo que vamos a favorecer realmente a las grandes mayorías, pero las grandes mayorías viven en casas de 27 metros cuadrados, de 35 metros cuadrados, de 45 metros cuadrados, de 55 metros cuadrados, de 67 metros cuadrados. Bello Horizonte no llega a los 80 metros cuadrados, las mismas casas de Altamira tienen 82 metros cuadrados. O sea, los grandes repartos que hay en Managua, por ejemplo, como Veracruz, como Las Américas, como La Primero de Mayo, como la 14 de Septiembre tienen un promedio de 50 metros cuadrados; la Centroamérica. ¿Entonces, a quiénes estamos favoreciendo con poner cien metros cuadrados? Si ahora inclusive la clase media alta vive en casas de ese tipo por las mismas condiciones en que está viviendo el país por la gran carencia de viviendas. Así que pienso que también es exagerado poner cien metros cuadrados, debe dejarse eso a unos 60, cuando mucho a 80 metros cuadrados.

Entonces yo hago dos mociones: una, que se pase eso a una prórroga de tres meses, y que se bajen los metros cuadrados a 80. Lo paso por escrito Presidente.

A mí me parece que en los debates que tuvimos anteriormente alrededor de esta ley, es importante analizar la situación que a veces algunos diputados no conocemos de miles de familias en distintos lugares del país. Cuando estamos hablando de la suspensión por un año considero y estoy de acuerdo con el criterio de la Comisión, es para que en la Asamblea Nacional y con el Poder Ejecutivo le busquemos para siempre resolver el problema de la propiedad.

Yo considero que aquí lo que hay que respaldar y garantizar es la seguridad de los que fueron beneficiados con leyes de la República y que en el momento actual, como nos hemos dado cuenta se observa la inseguridad que tienen miles de familia. Quiero decirle al honorable Representante ingeniero Roberto Urroz que en los datos que tenemos de todo el país, y en los juzgados donde se ventilan, estos casos, verdaderamente si no actuamos con una madurez y dentro del apego y del espíritu que tiene el Dictamen de la Comisión, vamos a tener mayores problemas en los próximos meses.

Y cuando estamos hablando de la suspensión por término de un año, también el mismo Dictamen habla de que el problema se tiene que resolver no sólo para los beneficiados con las leyes de la República, sino también para aquellos que de una manera injusta fueron confiscados y que a criterio de la Comisión debe de resolverles el problema.

Yo creo que aquí estamos viendo como legisladores las dos partes, no sólo estamos viendo una parte; pero la principal parte que tenemos que ver los legisladores es la inseguridad que viven los miles de beneficiados y la tranquilidad que tenemos que llevar los asambleístas. En las sesiones anteriores se dieron términos jurídicos, pero a mí me parece que aquí pesa mucho la respuesta que tenemos que llevar a los miles de demandantes, pero en las últimas reuniones que tuvimos con la Oficina de Ordenamiento Territorial, nos planteaban que para ellos es un problema y para el Gobierno lo que es la legalización de las propiedades. ¿Qué significa? Que esto no se va a resolver de la noche a la mañana, la primera parte es ponerle punto final al problema de la propiedad.

Lo segundo es garantizar la escrituración a todos los beneficiados. Me parece que también tenemos que darle seguridad a los que fueron beneficiados tomando en cuenta estos dos elementos que no se resuelven de la noche a la mañana. La situación que se vive en el país es tensa, señor Presidente. Yo creo que si los diputados en el tiempo de esta Semana Santa pudiéramos hablar en los distintos territorios, nos diéramos cuenta de la inseguridad que viven miles de pobladores.

En las regiones campesinas, un ejemplo, en la I Región no se ha entregado una solvencia a más de siete mil familias beneficiadas mayores de cien metros cuadrados, al fin y al cabo aquí lo que tenemos que cumplir y garantizar es una seguridad de los que fueron beneficiados con las leyes 85 y 86 y los que están en juicio por comodato precario.

Por estas razones, señor Presidente, apoyo el Dictamen y solicito a los honorables Representantes que lo aprobemos para que llevemos tranquilidad a miles de familias que lo necesitan.

Voy a dar algunas razones que tengo yo para no estar de acuerdo con el Dictamen, para rechazarlo, porque a la hora de votar mi voto va a ser en contra del Dictamen. Hay cuatro características del socialismo a las que en particular se han opuesto los Papas. Uno, temían el mantenido ateísmo sistemático de la mayoría de sus proponentes. Dos, rechazaron la malévola mente falsa ilusión de la igualdad. Tres, vieron que su concepto de Estado era limitado y excesivamente peligroso. Cuatro, sostuvieron que su rechazo a la propiedad privada violaba un derecho humano básico y estaba condenado a resultar en gran sufrimiento para los pobres, corrían contra el bien común. El Estado, según la enseñanza católica, es un Estado con límites, si viola la libertad y la dignidad humana, que está supuesta a servir, pierde la legitimidad.

Eso ocurrió en Nicaragua durante la triste época del sandinismo en el gobierno, especialmente en lo de la propiedad privada, las violaciones y los abusos que cometieron en contra de la propiedad privada fue enorme, de la manera como quitaban la propiedad privada a los individuos, y estoy hablando de todo tipo de individuos, o sea, habían propiedades pequeñas, viviendas, haciendas, terrenos, etc., fue con excesivo abuso, con ese poder ilimitado se perdía legitimidad. Había desalojos en todos los sentidos, no pueden venir ahora a estar hablando de desalojos conforme la ley, de la manera como ellos se metían a las propiedades y le quitaban a uno todas sus pertenencias.

Yo fui víctima de la manera como hacían las cosas, ni siquiera teníamos derecho a la hora que se metían a nuestras propiedades a sacar nuestros objetos personales, hasta eso se perdía, y había amenazas en contra de la libertad de uno y en contra de su vida si uno quería sacar algo de lo que le quitaban. Cuando se metieron en nuestra desmotadora La Fainsa, ni siquiera pudimos recuperar los títulos de ingeniero que tenía mi hermano en su oficina. Así es que ahora no tienen derecho a estar hablando de que pobrecitos los pobres, que los están desalojando, etc.

Una vez que ellos perdieron las elecciones todas esas propiedades que habían confiscado habían llegado a ser propiedades del Estado, no eran propiedades de particulares, eran propiedades del Estado, "Area Propiedad del Pueblo" le llamaban. Cuando perdieron las elecciones vienen aquí a la Asamblea Nacional a dictar leyes que no tenían ninguna legitimidad para hacerlo, como era repartir las propiedades que supuestamente estaban en el Estado, propiedades que eran de particulares que tenían sus títulos de propiedad, que habían sido confiscados, y esas propiedades se las empiezan a repartir entre todos ellos, sin tener la facultad de hacerlo.

Porque no basta con venir a legislar leyes y darle un aspecto de legalidad, porque se puso, porque se dictó una ley. Las leyes 85 y 86 tanto aquí nacionalmente como internacionalmente son unas leyes inmorales, injustas, han recibido una cantidad de calificativos y ha sido una mancha que no se la pueden borrar quienes pasaron esas leyes y que ahora están hablando de que hay que buscar una manera de solucionar los errores que cometieron y están queriendo darle un carácter legal nuevamente en esas leyes. Están queriendo involucrar a diputados que al principio rechazaban las leyes 85 y 86, las calificaban de inmorales, las calificaban de leyes abusivas, que debían haber sido anuladas, pero por compromisos que hay ahora, pues veo que hay diputados que ya cambiaron de parecer, ahora a las leyes 85 y 86 les quieren dar siempre ese carácter de legalidad.

En el Gobierno actual, doña Violeta especialmente habla mucho de un Estado de Derecho. Vivimos un Estado de Derecho o queremos estar organizando un Estado de Derecho. Y es que el concepto de Estado de Derecho se confunde a veces con el requisito de la mera legalidad en todos los actos de gobierno.

El imperio de la ley, o sea, el Estado de Derecho presupone completa legalidad pero sin que ello sea suficiente. Si una ley concede al gobierno poder limitado para actuar en su gusto y antojo todas sus acciones serán legales, pero ciertamente no encajarán dentro del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, por tanto, es también más que el mero constitucionalismo y requiere que todas las leyes se conforman con ciertos principios. Estamos ahora viendo una ley que no se conforma con los principios morales, los principios de la ley de Dios, que dicen: "no robarás", "no codiciarás los bienes ajenos". Y no le ponen límite al robo, no robarás, no robarás, no importa el tamaño o el valor de lo que se está robando, y lo que estamos queriendo aquí legalizar es el robo; yo no puedo de conciencia legalizar el robo mediante una ley injusta.

La doctrina social de la Iglesia Católica está a favor del progreso y del respeto a los derechos humanos, puesto que el Estado de Derecho significa que el Gobierno no debe ejercer nunca coacción sobre el individuo excepto para hacer cumplir una ley conocida, ello constituye una limitación de los Poderes de todos los gobiernos, incluyendo también los de las asambleas legislativas, estamos limitados de lo que podemos hacer.

Por lo tanto yo veo que al aprobar esta ley, los que voten a favor de la ley, de la manera como yo lo veo, es que primero se va a estar incursionando en las facultades propias del Poder Judicial, y supuestamente aquí debe haber independencia de los Poderes del Estado. No tenemos derecho nosotros a decirle a un Juez qué es lo que debe hacer o qué es lo que no puede hacer.

También se están restringiendo las libertades individuales, la libertad que un individuo tiene para reclamar lo que es suyo, se está cerrando el camino que conduzca a establecer un Estado de Derecho. Y con leyes como ésta se atenta contra la posibilidad de lograr una pronta recuperación económica que beneficie a la nación entera. Este va a ser el quinto año consecutivo que estamos hablando de despegue económico y con leyes como ésta no creo yo que vayamos a estar propiciando el clima para tener libertad y para tener la posibilidad de trabajar y de levantar la producción en Nicaragua.

Por todo lo expresado, me pronuncio en contra del Dictamen, en contra de esta ley. Pido a todos los diputados que recapaciten de la forma como van a votar, que pongan sus manos en el corazón a la hora de tomar la decisión y no en la bolsa.

Realmente la ley que estamos tratando la mañana de hoy es una ley de la que uno tiene que hacerse un análisis, primero de qué es lo que está rodeando en la sociedad, para luego tomar una determinación. Porque en determinado momento votar por una ley significa proteger a otro sector, y votar en contra de esta ley significa también el golpe para todos los sectores. Yo creo que la posición aquí de nosotros tiene que ser bastante responsable porque realmente a mí me parece que esta ley como está presentada, en el marco de un año, un año es no tener la voluntad de resolver el problema real de la propiedad en Nicaragua. Tampoco comparto el término que se dice de tres meses, porque el problema de la propiedad no es un problema sencillo de resolverlo en este país; pero considero que por lo menos deberíamos de buscar un equilibrio en el cual la ley fuera por unos seis meses, porque si vamos a tratar con responsabilidad de resolver este problema debemos darnos un tiempo preciso para que se encamine a compromisos, realmente para dar solución a esta situación.

También me preocupa cuando tiene aquellos términos en que se dice de 300 metros cuadrados. La realidad es que si nosotros examinamos, y de donde yo vengo por ejemplo, del movimiento obrero, uno se roza con las partes sociales, se va a encontrar que aquel que tiene 300 metros cuadrados es alguien que ya realmente tiene un buen término de ganarse un poco de dinero para tener ese terreno de 300 metros; y si buscamos nosotros por ejemplo cuando decimos de cien metros cuadrados de construcción, realmente ya estamos hablando de una casa de un profesional y que tiene un buen título y que tiene buen prestigio, para tener cien metros cuadrados.

Entonces si revisamos todas Las Américas Cuatro, veamos un ejemplo aquí nomás, las Américas Cuatro en general, ¿qué significan esas casas?, 56 metros cuadrados en todas Las Américas. Si nosotros vamos, como aquí se dijo a Bello Horizonte, es cierto lo que dijo el ingeniero Roberto Urroz, porque tanto él como un ingeniero que conoce todo lo que es construcción, pues también yo vengo de ese sector de construcción y conozco las medidas de todas las casas que se han ido construyendo en este país.

Entonces, si estamos hablando de cien metros cuadrados, yo considero que no estoy hablando de proteger realmente a los que debo y mi obligación es proteger para que no los lancen a las calle. Yo creo que mi ubicación esta mañana va a ser en que las casas sean de unos 70 metros cuadrados y que sea de 150 metros cuadrado la extensión de terreno. Yo voy a presentar moción formal en la cual el término de un año sea por seis meses, cambiar el término que dice "no excede de 300 metros cuadrados por 150 metros cuadrados", y cambiar el término donde dice "ni su construcción excede de cien metros cuadrados por 70 metros cuadrados".

La posición de mi bancada es conocida en respaldo a esta ley que nosotros consideramos una ley de emergencia social, y con la cual no pretendemos venir a resolver el grave problema de la inseguridad en la propiedad en Nicaragua. Y me parece que en el futuro inmediato sí debe ser una responsabilidad común de todas las bancadas presentes en esta Asamblea, sin excepción, abocarse a estudiar este problema que tiene miles de aspectos contradictorios y de darle al país una verdadera ley que estabilice el asunto de la propiedad en Nicaragua. Por lo tanto, yo repito, se trata de una ley de emergencia social, no podemos aquí tapar el sol con un dedo.

Antes de que nosotros tomáramos la iniciativa de participar en la presentación de esta ley, como jefe de bancada y con la dirigencia de la bancada, tuvimos la oportunidad de conversar ampliamente con los mandos de la Policía Nacional, con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y en primer lugar las estadísticas son claras: el número de lanzamientos que se trata de ejecutar con procedimiento, la mayor parte de las veces ilícitos, y abusando de la pobreza de los moradores de vivienda que no pueden pagar a un abogado ni defenderse en los Tribunales de Justicia, ese número de casos según las estadísticas policiales, ha venido quintuplicándose desde el año pasado. Nos decía la Jefatura de la Policía Nacional que el número de casos de lanzamientos que sólo en la Ciudad de Managua ellos tienen entre manos hasta la fecha en que nos reunimos hace 15 días, equivalía a todo el número de casos que habían tenido a lo largo de todo el año 1993.

De manera que estamos frente a un verdadero caso de emergencia social. Y yo quiero dejar claro que nosotros no estamos haciendo ningún parangón aquí con leyes del pasado, no estamos tratando de revivir leyes que en determinado momento tuvieron su razón de ser y que serán juzgadas de manera bondadosa o que serán juzgadas de manera negativa por la historia en el futuro. Yo creo en la legitimidad de las leyes 85 y 86 que vinieron a dar seguridad a miles de familias nicaragüenses, pero eso es harina de otro costal.

Ahora estamos discutiendo una situación social grave, en que de la noche a la mañana con órdenes judiciales se presentan a desalojar a familias, a ponerles sus trastos en la calle. Pongámonos en la condición de una persona pobre, desamparada, que no tiene recursos, lo que significa para esa persona una orden judicial, significa como que le caiga un rayo del cielo de pronto porque no tiene como defenderse. La justicia se ha vuelto cara en Nicaragua, por lo tanto parte de esa indefensión social en que el ciudadano pobre se encuentra, es no poder enfrentarse ante un tribunal y hacer valer sus derechos.

De manera que esta moratoria solamente es la oportunidad que nosotros tenemos para reflexionar dentro de esta Asamblea Nacional, sobre una ley que venga a dar estabilidad de fondo al asunto de la propiedad en Nicaragua, y ojalá esta ley pueda salir de aquí por consenso. Porque no se trata tampoco de dividir la opinión política del país alrededor de una ley de emergencia social, sino que todos deberíamos ver con la sensibilidad que se necesita para proteger a estas miles de familias que están constantemente siendo amenazadas con ser lanzadas a la calle.

Nosotros tenemos interés genuino en dar una ley definitiva de estabilidad a la propiedad, queremos demostrarlo proponiendo que extraparlamentariamente constituyamos una Comisión donde estén todos los jefes de bancada, incluyendo al jefe de bancada de la UNO y empecemos a intercambiar ideas alrededor de una ley de estabilidad de la propiedad en Nicaragua, que nosotros podamos aprobar antes de que se venza el plazo de un año que estamos proponiendo en esta moratoria.

Todos sabemos que el asunto de la propiedad no tiene que ver sólo con las propiedades urbanas de la gente humilde de pequeños recursos, sino también con las propiedades agrarias, todo esto hay que dilucidarlo. Nosotros nos hemos reunido en distintas ocasiones con la Asociación de Tenedores de Bonos y hemos estado de acuerdo con ellos en que es necesario que esta Asamblea Nacional dé una ley que garantice que el valor de estos bonos mejore en el mercado, y que sus derechos por lo tanto sean protegidos de una mejor manera.

Hemos hablado con estos antiguos confiscados, confiscados por el gobierno sandinista, en el cual yo participé, hemos tenido con ellos un diálogo franco, nos hemos entendido y les hemos dicho que los vamos a respaldar a la hora de que aquí se discuta una ley de revalorización de los bonos emitidos por el Estado para pagar la indemnización de sus propiedades. Pero esto no es más que una pieza, falta ensamblar otras piezas para resolver este problema de la propiedad en Nicaragua y nosotros estamos dispuesto a hacerlo con la mejor buena voluntad, porque esto tiene que ver con la estabilidad de Nicaragua y con las atribuciones propias de esta Asamblea Nacional.

Nosotros tenemos que ver con claridad que la Asamblea Nacional debe dejar clara frente a la sociedad su responsabilidad frente a los problemas sociales, y debe defender sus propias atribuciones. Hoy he leído yo con mucha preocupación en el periódico, el Decreto Presidencial que sustituye la voluntad legislativa mandando a publicar otra ley, otro decreto de excepción de impuestos para los útiles escolares y para los bienes básicos y para los medicamentos básicos, como si el Poder Legislativo no existiera.

Yo creo que ese es un asunto, señor Presidente, que deberíamos rediscutirlo cuando volviéramos aquí de las vacaciones de Semana Santa, porque éste es un verdadero atropello al Poder Legislativo. El Poder Judicial no quiso promulgar la ley que nosotros aprobamos sobre las medicinas, la exención de impuestos de medicinas y útiles escolares, y saca su propio decreto pasando por encima de las propias facultades del Poder Legislativo. Creo que nos estamos acercando a un momento muy peligroso de confrontación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial que nosotros no querríamos ver, porque sería traer un nuevo factor de inestabilidad a la sociedad nicaragüense, así como el lanzamiento masivo de familias pobres está trayendo inestabilidad a la sociedad nicaragüense.

De manera que el Parlamento tiene una responsabilidad social y una responsabilidad política. Por lo tanto, yo pido que esta mañana pasemos adelante esta ley, y a los miles de nicaragüenses que están esperando que la Asamblea Nacional les dé esta seguridad, efectivamente se las demos como es nuestro deber.

Mi intervención va dirigida alrededor de respaldar esta ley, la respaldo porque creo que es una necesidad evidente. No estoy satisfecho con el alcance que se le dio a la ley, por cuanto debió haberse contemplado también la propiedad agraria donde se pasa un conflicto fuerte, donde se pasa un conflicto igual como el que estamos viviendo en la ciudad. Desgraciadamente el campo no tiene la suficiente voz de los periódicos a la orilla, y ahí no nos enteramos muchos de lo que está pasando.

Yo quisiera comentarle el procedimiento que se da. Se demanda a la Procuraduría General de Justicia para que se restituya un inmueble que está en posesión de una cooperativa, de un ciudadano beneficiario de la Ley de Reforma Agraria, sujeto de reforma agraria, la Procuraduría General de Justicia allana a la demanda y ordena la cancelación de los asientos registrales van al lanzamiento.

El Juez de Carazo ordenó la cancelación de unos antecedentes registrales con una declaratoria de heredero, borrando los asientos registrales de Juan José Rodríguez Somoza, padre, Juan José Rodríguez Somoza hijo, los del Estado de Nicaragua y la cooperativa beneficiaria de Reforma Agraria. Esa es la situación legal que está viviendo el ciudadano beneficiario de la Ley de Reforma Agraria, con los cuales la UNO se comprometió a otorgarles escritura definitiva.

Ese compromiso hay que comenzar a reclamárselo a la UNO, porque está obligado a otorgar esas escrituras definitivas. Les iban a cambiar los títulos que supuestamente eran provisionales y que la Ley 88 los convirtió en definitivos por escrituras públicas porque eran más fuertes que el título. Esos productores campesinos están esperando ese momento, desgraciadamente aquí no se logró el consenso para incluir al movimiento agrario para protegerlos con esta ley, para mientras sale una ley que les dé estabilidad definitiva a la cual la UNO se comprometió. Por esa razón yo respaldo esta ley porque es el inicio para buscarle solución a la propiedad.

Cuando se presentó ante el Plenario el recién pasado miércoles 23 de Marzo la iniciativa para este Proyecto de ley, la bancada de la UNO votó en contra por razones jurídicas, políticas y éticas que expusimos en esa oportunidad. Ahora que se presenta el Dictamen del Proyecto de ley, la bancada de la UNO reitera su oposición y su rechazo.

Esta ley Presidente, producirá una mayor inseguridad jurídica para todos los nicaragüenses que son propietarios legítimos y honrados, desestabilizará aún más la administración de justicia y quebrantará todavía más el derecho de propiedad, aun para los supuestos beneficiarios de este proyecto de ley. Es por eso que en nombre de la bancada de la UNO y de conformidad con el artículo 109 del Reglamento Interno, presento el siguiente voto razonado en contra del Dictamen que se está discutiendo y que fundamento en las consideraciones siguientes:

I: La UNO ha estado dispuesta a participar en una solución justa y equilibrada del problema de la propiedad, así quedó demostrado en la Ley 133 que lamentablemente fue vetada por la Presidenta Chamorro. La posición de la UNO ha sido y sigue siendo inequívoca.

Primero: Dar títulos de propiedad a las personas pobres de la ciudad y del campo que fueron beneficiadas con asignaciones del Estado antes del 25 de Febrero de 1990.

Segundo: A cambio de eso, que todos los ocupantes de propiedades ajenas, urbanas y rurales que no pueden ser consideradas como de reforma social, las devuelvan al Estado y a sus verdaderos dueños, teniendo la opción de comprobarlas y pagarlas a precios catastrales.

Tercero: A todos los antiguos propietarios que fueron injustamente confiscados e ilegalmente expropiados, se les devolverán sus bienes, y en caso de no ser posible se les indemnizará con prontitud y justicia.

II: De aprobarse el proyecto de ley que pretende suspender las acciones judiciales en los casos de propiedades que están ocupadas por personas que no son sus legítimos dueños, se estaría cerrando la posibilidad de encontrar una solución justa y balanceada al conflicto por la propiedad entre las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea Nacional, entre los que disfrutan propiedades ajenas y los que reclaman la devolución de sus bienes, entre los que son partidarios de la indemnización con bonos del Estado y los que exigen incondicionalmente la devolución de sus propiedades, entre los confiscadores y los confiscados.

Ill: Si este proyecto de ley es aprobado, se estaría negando a las personas que fueron injusta y arbitrariamente despojadas de sus propiedades, su derecho humano constitucional y legal de reclamar judicialmente la devolución de lo que legítimamente les pertenece; y en cambio se protegería a personas que ocupan por cualquier título, propiedades que están siendo reclamadas por sus legítimos dueños, lo cual además de injusto es violatorio el principio de legalidad que garantiza la igualdad de todos ante la ley.

IV: No es cierto que esta ley tendrá temporalidad limitada y que su propósito es proteger sólo a poseedores de propiedades con extensión máxima de 300 metros cuadrados y construcción no mayor de cien metros cuadrados. En realidad, esta ley es la punta de lanza de una legislación que pretende poner punto final a las disputas judiciales por la propiedad, pero de conformidad únicamente con los intereses de quienes ocuparon propiedades que no les pertenecían, y en perjuicio de quienes fueron despojados de sus legítimas propiedades. Obviamente se quiere legitimar así las leyes 85 y 86 popularmente conocidas como leyes de la "piñata sandinista".

V: Con esta ley se estaría produciendo una grosera e inadmisible intromisión del Poder Legislativo en atribuciones exclusivas del Poder Judicial, como son las de hacer justicia y decidir en los litigios por el tuyo y el mío para dar o devolver a cada quien lo que en legítimo derecho le pertenece.

VI: Con esta ley se estaría tipificando penas que no existen en la legislación penal y que únicamente cabe establecerlas en el Código Penal de la República. En fin, se trata de una ley injusta, arbitraria e inmoral que pretende legitimar la usurpación y dejar en la indefensión a los legítimos dueños de muchas propiedades que actualmente son reclamadas ante los tribunales.

Su petición Representante, ha sido aceptada, se va a incorporar su voto razonado. Como el derecho le asiste en ese sentido conforme el Reglamento, así se hará.

Es entendible que este voto razonado que ha leído el jefe de bancada de la UNO es el mismo editorial del periódico La Tribuna, y donde desde aquí se hace una defensa inmoral sobre actos de violencia contra los ciudadanos nicaragüenses. Es inmoral diputado Sánchez, que a 130 familias de la ciudad de Masaya, un casateniente, ahora disfrazado de ciudadano norteamericano esté recuperando con violencia las casas de esas familias que están legítimamente confiscadas.

En los últimos 50 años podemos reconstruir perfectamente cómo se adquirieron propiedades, y de eso está muy claro el pueblo nicaragüense para entender cómo por mecanismos estrictamente de usura, que es una manera de confiscar a los ciudadanos, se construyeron imperios de casatenientes, de terratenientes en este país, y eso es inmoral.

Aquí queremos decirle al estimado Diputado Nicolás Bolaños, que este proyecto de ley no está en contra de la propiedad privada, estamos reivindicando la propiedad privada de los pobres. Aquí no hay mansiones de por medio en esta discusión, aquí estamos discutiendo las casas de miles de familias nicaragüenses que son casas incluso de taquezal, ¿sabe por qué se explica la cifra de cien metros cuadrados? Porque aquí a veces nosotros estamos legislando como que si legisláramos para la capital; en Masaya, en Granada, en el norte del país, las casas son arriba, incluso esos cien metros son casas altas, grandes de barro, de taquezal. Eso es lo que estamos defendiendo.

Aquí no estamos defendiendo viviendas, esto hay que dejarlo clarísimo, que se han tipificado como parte de la manzana de la discordia sobre el asunto de las leyes 85, 86, las casas arriba de los cien metros.

En segundo lugar, quiero decirle al Diputado Sánchez que yo no me explico cómo todavía continúe un pensamiento primitivo descalificando las leyes 85 y 86, cuando el sistema de Naciones Unidas en reciente resolución, que se la voy a entregar después, el Comité de Derechos Económicos y Sociales urge al Estado de Nicaragua, al Gobierno de Nicaragua, para que garantice la aplicación eficaz de las leyes 85 y 86 del año 90, a fin de confirmar la seguridad de tenencia y los títulos de propiedad. Es decir, las Naciones Unidas encuentran legitimidad en estas leyes. Evidentemente no ocurre así desde las páginas de La Tribuna donde se defiende al Alcalde de Managua al final de este editorial, vinculado el tema de la ley que estamos discutiendo.

Entonces creo, señor Presidente, que esta es una ley que viene a darle una posibilidad de defensa a los ciudadanos. El día viernes que estaba reunida la Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Nacional con dirigentes comunitarios, nosotros quedamos altamente preocupados de ver cómo -y además está documentado- algunos funcionarios judiciales, donde hay 25, 26 casas de por medio aparecen aquí sobornos, presunciones de que las cosas están realmente descomponiéndose dentro de alguna de las estructuras del Poder Judicial.

Estamos hablando de una ley para enfrentar la indefensión de los ciudadanos nicaragüenses, y finalmente decir que es una ley que viene a resolver un problema de observancia, de asegurar una posición donde los ciudadanos puedan frente a la situación a la actuación de algunos funcionarios públicos, estar también sujetos a la crítica y a sanciones porque no se puede estar actuando por encima o violando la ley.

Realmente el espíritu de la ley yo lo comprendo y lo comparto con la mayoría de la bancada sandinista, pero realmente creo que las situaciones, la situación que vivimos en Nicaragua, no solamente es aquí en este Parlamento donde tiene que manejarse la situación precaria, la situación polarizante que vivimos los nicaragüenses. Yo creo que para esta ley nosotros tenemos que hacer un grado de conciencia primero, examinarse la conciencia cada uno de nosotros tanto los sandinistas como los de la UNO y las demás bancadas que estamos aquí en esta Asamblea.

Realmente veo como se habla de áreas de construcción, yo realmente conozco poco de lo que es la construcción vertical, y he buscado, he hecho algunas formulitas matemáticas aquí y me encuentro que una vivienda, una casa de cien metros cuadrados solamente se encuentra en Bello Horizonte, en Ciudad Jardín, en Las Brisas y en lugares así, donde realmente no es a esa gente que se está tratando de defender, y que yo como demócrata cristiano he defendido hasta las últimas consecuencias la situación de la vivienda.

He estado desde el tiempo de Somoza hasta el día de hoy en contra de los casatenientes, de toda esa gente que tenía hasta 20 y 30 casas y tenían que usar oficinas, vehículos motorizados para andar cobrando la mensualidad de esas viviendas, y a veces esas viviendas eran cuarterías que tenían servicios colectivos. En todo eso yo estoy en contra, y voy a estar en contra, y voy a estar a favor de toda esa gente que ha vivido y está viviendo y seguirá viviendo en esos lugares, y que hoy esos casatenientes quieren venir a defender sus propiedades.

Pero no estoy de acuerdo en que unos vivos hayan ocupado viviendas de cien metros cuadrados y que el dueño esté en casa de un hermano, en casa de un familiar y que otra persona que no le haya costado absolutamente nada esté tranquilo viviendo en esa vivienda, comprando electrodomésticos carísimos; porque en esas casas que están en este momento ocupadas con un área arriba de los 70 metros cuadrados se encuentran electrodomésticos muy carísimos. Yo vivo en una casa de 42 metros cuadrados y no tengo los electrodomésticos que esa gente tiene.

También veo que la ley cuando se presentó para pasarla a Comisión hablaba de seis meses y aquí en el articulado habla de un año. ¿Realmente creen que los Representantes que estamos aquí no pensamos, o que no tenemos cerebro, o lo que tenemos dentro del cerebro es otra cosa? Yo estoy de acuerdo con la moción que introdujo el Diputado Nilo Salazar, que el área que debemos defender para toda esa gente marginada, que vive en Acahualinca o que vive en las circunvalaciones de Managua, debe de ser de 70 metros cuadrados y con un período de seis meses.

Finalmente, esto es un problema social que nosotros hemos venido arrastrando y la democracia cristiana la ha venido defendiendo desde hace muchísimos años, el problema de la vivienda, el problema de toda esa gente que por décadas, por siglos, han sido marginados y que no han tenido la oportunidad de tener una vivienda digna, y esa gente es la que la democracia cristiana va a defender en este proyecto de ley. Pero yo apoyo la moción del Diputado Nilo Salazar.

Nuevamente o mejor dicho, por tercera vez me opongo a la aprobación de esta ley. Los argumentos que se han venido dando durante toda esta discusión han sido muy variados. La ley, si se puede llamar así, es nula desde el inicio por falta de requisitos de fondo y de forma. No se ha cumplido el proceso de formación de la ley, y cualquier intervención de nosotros en esta discusión no la va a ratificar, ya lo que es nulo de nulidad absoluta no puede ser ratificado por nosotros. Lamentamos profundamente que los proyectistas hayan presentado este tipo de ley. Lamentamos profundamente que la Junta Directiva haya violado el Estatuto y el Reglamento de esta Asamblea dándole paso a un proyecto ilegal.

Pero creo que los diputados de la Unión Nacional Opositora no podemos jamás apoyar un proyecto cuya base descansa -y hay que decirlo con suma claridad- en el robo. Aquí se han dado una serie de argumentos en una forma muy pausada, muy serena, diciendo que ésta es una ley de emergencia social; pero la verdad de las cosas es que desde 1990 que venimos a esta Asamblea, la única legislación que se ha querido dar es la de convalidar algo que tiene una palabra sencilla que se llama robo. Y que bajo el pretexto de una sensibilidad social, y que bajo pretexto de una realidad social que es el tremendo problema del déficit habitacional, se está cubriendo algo que es muy sencillo y que se llama el robo legalizado.

En el Decreto 161 de la Ley de Suspensión por nueve meses de las acciones fundadas en el artículo 3,446 del Código Civil, que aprobó esta Asamblea el 24 de Junio de 1993 y que fue publicada en La Gaceta 128 del año pasado se dio una suspensión por nueve meses, y hoy a pesar de haber transcurrido nueve meses, ninguno de los de la bancada sandinista han presentado proyectos de ley para solucionar este problema, que bajo el pretexto de una situación social ahora sirve como fundamento.

Se ha dicho que no es para proteger el Decreto 85, decreto que podrá tener legalidad pero jamás una moralidad. Y es que con los famosos cien metros cuadrados se está protegiendo el robo en La Centroamérica, se está protegiendo el robo en Bosques y Planes de Altamira D' Este. No podemos, y el colmo Presidente, es que esta ley todavía pretende evitar los abusos del mismo Decreto 85, ya que declara y dice que no puede demandarse la nulidad de las transacciones del Decreto 85. Entonces, se ratifica por segunda vez los abusos.

Estamos a favor de esta ley que viene a parar abusos que se están cometiendo por quienes fueron los más grandes confiscadores del pueblo de Nicaragua. Y si vamos a hablar de las inmoralidades que se cometieron en la historia de este país en materia de propiedad, tenemos que recordar cómo se acumuló el capital en Nicaragua; cómo fue producto del despojo de la confiscación de los pueblos indígenas desde los tiempos de la conquista, desde los tiempos de la colonización; el asesinato de millones de indígenas, la venta de millones de indígenas como esclavos; más de 500 años de opresión, de marginación y de explotación que se tratan de legitimar con esos golpes de pecho, con esas invocaciones a Dios, a los derechos humanos ahora, para proteger a los pobres terratenientes y casatenientes.

El intento de llevar al país a una desestabilización restauradora de aquel robo hecho por los señores que ahora se presentan como abanderados de la honradez, que fueron los sanguinarios confiscadores de ayer, pretendiendo hoy sentar en el banquillo de los acusados a los beneficiados por el movimiento social, que en este país como necesidad histórica en el rebasamiento de aquella copa de explotación inmisericorde, con el derrocamiento de la dictadura somocista, que vino a ser el cuestionamiento a fondo aquel injusto y criminal régimen implantado durante siglos, llevado a sus límites más crueles en esta época moderna bajo el régimen somocista.

Por eso, estas voces restauradoras que pretenden en nombre de los derechos humanos venir a defender estos intereses espurios de los verdaderos ladrones de la historia del país, robaron ayer y quieren robar hoy también y siguen haciéndolo, no con los mismos métodos sino con métodos de explotación a través de cada negocio en que se meten; yo creo que están atentando contra la paz y la estabilidad precaria del país.

Por eso respaldamos nosotros una ley que por lo menos durante un año, mientras no se haga una concertación basada en una posición más sensata -porque esta posición restauradora es insensata-, no se puede devolver esta historia, esta rueda de la historia que caminó en una lucha popular legítima contra el somocismo y que echó raíces bastante profundas cuestionando el régimen de injusticia social. Y si aquí se quiere estabilidad no se puede venir a creer que esa revolución social va a ser revertida con los mismos métodos sanguinarios y crueles y que no va a haber ninguna negociación; tiene que haber una negociación entre estas fuerzas que pretenden esta restauración y el movimiento revolucionario, progresista y el movimiento social de concertación nacional que no es sólo sandinismo, que no es sólo revolución, sino que hay voces sensatas también en partidos políticos que aquí no están a favor de esa raza sanguinaria que quiere devolvernos al pasado a sangre y fuego invocando aquí a Dios.

Quisiera recordarles que, para quienes están hablando mucho de Dios, existe esa idea, de que es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja, antes que un rico entre al reino de los cielos. Me estoy refiriendo a que la religión y el cristianismo no pueden ser manipulados a favor de estos grandes terratenientes o de estos capitalistas que se han quedado viviendo en el pasado, sin darse cuenta que aquí ha habido un movimiento social que en ninguna parte de América Latina lo hubo y que tiene que ser reconocido por moros y cristianos, si es que queremos nosotros buscar soluciones de interés y de concertación nacional.

Siempre que discutimos algo que tiene que ser beneficioso para la población, las mayorías desposeídas, nuestro principal argumento es el Estado de Derecho. Si vamos a basarnos en estricto derecho, a estas alturas deberíamos estar discutiendo esta ley, no deberíamos estar discutiendo esta ley, no deberíamos estar sacando esta ley, porque las leyes 85, 86 y 88 ya causaron efecto. Sin discutir el fondo de esas leyes, son leyes de la República que surtieron efecto, a través de ellas se adquirió un derecho real y no hay nada que pueda devolver al estado anterior con esa misma ley, si queremos hablar de estricto apego a las leyes. No dudo que pudieron haber abusos con las leyes 85, 86 y 88 pero la misma ley establece sus excepciones, las mismas leyes 85, 86 y 88 establecen sus excepciones.

Y sobre esas mismas leyes quiero decir algo, porque muchas veces la sacan ahí como propaganda. Si de algo tenemos que enorgullecernos los sandinistas es con la democratización de la propiedad, tenemos que estar sumamente orgullosos, levantar nuestra frente muy en alto: Por haber hecho eso, darle un giro de 180 grados en la estructura de la tenencia de la tierra. Y aquí se viene alegando tantas y tantas sandeces sobre las leyes 85, 86 y 88. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos los sandinistas de haber hecho eso.

Y para nadie es un secreto aquí que con jueces comprados, con abogados al servicio de esas élites privilegiadas se han hecho aquí una serie de “chanchullos” para despojar de lo que legalmente y con justicia obtuvieron la mayoría del pueblo nicaragüense. Y para muestra un botón. Aquí tengo el fallo de un Juez contra una cooperativa de Masaya, una cooperativa que se le asignaron esas tierras desde 1980 con su título de reforma agraria legalizado, catastrado, registrado; y con argumentos pagados de los jueces y de funcionarios del INRA que llegaron a decirle a una cooperativa que le iban a compensar con otras tierras, fueron despojados de lo que la revolución le había entregado.

Para nadie es un secreto el grado de marginalidad jurídica en que se encuentra el pueblo nicaragüense. Alguien que tiene sus lotes, un lote o una vivienda adquirida por estas leyes que se encuentran en total desempleo, se le hace muy difícil tan siquiera concurrir a los mismos tribunales de justicia, y se amparan en esa leguleyada en un fallo judicial que ni siquiera les permite llegar a apelar.

Ese grado de marginalidad jurídica pone al pueblo nicaragüense no sólo con estas leyes sino con tantas otras cosas, con los problemas de la usura, con los problemas laborales, con las acusaciones que hace el poderoso, porque aquí las leyes están al servicio del que tiene más dinero, porque el que no tiene dinero ni siquiera tiene la posibilidad de defenderse aun con su presencia física en esos juzgados.

Hoy se alega la preocupación en cuanto a dejar cerrado el capítulo de la propiedad, aquí se alega que es un atentado el asunto de los cien metros. Yo quiero recordarles al doctor Castillo y a los otros, que los cien metros fue el umbral de la gratuidad que contemplaron en la Ley 133. ¿Por qué ahora se oponen a los mismos cien metros? ¿Qué los hace cambiar de la noche a la mañana? Lo que ayer defendieron demagógicamente, en un momento determinado, hoy reniegan de lo que dejaron establecido en esa Ley 133, como umbral de gratividad los cien metros. Hoy están en contra de la misma.

Y tal vez algunos de la UNO que Julio Marenco defiende con vehemencia las leyes 85, 86 y 88 porque tal vez es un beneficiado de la misma. Quiero decirles que no soy beneficiado de la ley 85, ni de la 86, ni de la 88, pero estoy plenamente convencido que son leyes justas. Y quiero decirles también, porque se ponen ahí como víctimas, que no soy beneficiado de esas leyes, sino que mi familia, si les podemos llamar así, fue perjudicada con esas leyes, pero eso no nos pone una venda en los ojos de considerar que fueron leyes justas y para eso hay otras alternativas. Así que dejémonos de hipocresía, dejémonos de demagogia y vengamos a legislar en beneficio del pueblo nicaragüense, sin politiquería, sin mentiras, con toda franqueza.

Si queremos hablar de estricto derecho, se tiene que hablar de apego a esta ley. Apoyo esta iniciativa de ley y espero que todo este Plenario sepa votar a favor de este Dictamen.

Estimados colegas, yo creo que a nadie se le oculta acá que lo que estamos discutiendo es el problema de la propiedad y el problema de la estabilidad social que genera el asunto de la propiedad. Sin embargo, parece que a muchos se les oculta que la solución de este problema no está en poner ninguna clase de parches; esta ley que queremos discutir ahora es una ley parche, una ley parche diseñada a este momento para un año, el parche servirá para un año tal vez y después el parche habrá que buscar como reponerlo con otro parche.

No necesitamos nosotros una ley parche, necesitamos una ley de propiedad, y una ley de propiedad que sea justa, no una ley de la propiedad cualquiera, una ley de la propiedad injusta, una ley que sirva para encubrir, para darle cobertura a otros intereses, a intereses ocultos, intereses turbios que se escudan detrás de leyes que no pueden ser menos que injustas finalmente, porque esos intereses no pueden esconderse. Al fin y al cabo detrás de las mantas de las leyes injustas que se quieren tender para esconderlos, asoman los cachos, los diablos; detrás de esas mantas asoman los intereses tenebrosos, los intereses ocultos que hay detrás de estas leyes. La Ley 133 que es una ley que combinaba creo, la mayor cantidad de justicia con la mayor cantidad de estabilidad, finalmente fue rechazada. Se necesita, estimados colegas, una ley justa de la propiedad. Que no se crea que con leyes injustas se va a resolver el problema de la estabilidad social, no es un asunto que aunque ya se ha legislado -como dice nuestro estimado amigo Julio Marenco- ya se ha legislado, ya está el asunto hecho, ya está resuelto, ya está consumado. No es verdad, los asuntos no se consuman con leyes cuando son injustos porque la naturaleza humana se revela contra la injusticia finalmente.

En la Unión Soviética vivieron 70 años de lo que llamaron socialismo, 70 años después hay gente que está reclamando. En 1947, ya hace 50 años casi, fuerzas muy poderosas encabezadas por los Estados Unidos, la Unión Soviética entonces, Francia, Inglaterra y otros países confiscaron un país entero, confiscaron Palestina ¿Cuál es el interés oculto? No era que querían darle tierra, casa, una patria a una cantidad de gente dispersa por todo el mundo, que no tenían un origen común para empezar, no se preocupaban por los intereses de esos, les interesaba establecer una presencia en el Medio Oriente; establecer un enclave militar, custodiar el abastecimiento del petróleo al Occidente. Entonces el pretexto para tomarse Palestina e instalar ahí emigrantes de todas partes del mundo, de todas las etnias, de todos los idiomas, de todas las razas fue simplemente "pobrecitos estos hombres, hay que darles una patria".

Ahora es lo mismo, en Nicaragua se precede valiéndose de la miseria de los pobres de este país, se precede a abusarlos. Ahora los colonos establecidos en la Palestina ocupada, son los soldados que ocupan para defender los intereses de los Estados Unidos y el Occidente allá, son los soldados. De igual manera los pobres de Nicaragua adjudicándoles un pedacito de tierra han sido convertidos en los soldados de la Dirección Nacional del Frente, y una cantidad de miembros de la cúpula del Frente que quieren apoderarse de propiedades que ni siquiera están cubiertas por la famosa Ley 85.

Aquí cualquiera que se moleste en buscarlo, encuentra con que hay centenares y miles de personas que tienen casas tomadas al amparo de la Ley 85 de cientos de metros cuadrados, de varas construidas, que tienen fincas, que tienen palacios, que tienen quintas de veraneo, que no las están ocupando para vivienda, que son mucho más grandes de cien metros cuadrados, que tienen vallas y que las ocupan para alquiler. Conozco hijos de uno de los más funestos miembros de la Dirección del Frente, que son casatenientes ahora, que alquilan casas; los conozco, los puede conocer cualquiera acá. Entonces, aquí no estamos hablando de justicia, aquí estamos hablando de proteger intereses de ciertos sectores, unos cuantos miles de personas usando como soldaditos a los pobres diciéndoles: "ahí van aquellos a querer quitarle su casa, ahí van aquellos a quitarles su pedacito de terreno".

Yo creo que la Ley 133 resolvía el problema porque ordenaba pagar a los sinvergüenzas que están en esa situación de tomarse miles de hectáreas, casas de cientos de metros cuadrados de área construida, decenas de casas por núcleo familiar que están obligados a pagar esos sinvergüenzas. Al mismo tiempo permitía que quienes tenían casas humildes de pequeños lotes en cooperativas quedaran protegidos. Sin embargo, en función de los intereses de esa cúpula dirigencial se echó al canasto de la basura una ley que podría haber traído estabilidad social al país.

Yo creo que por la vía de las leyes injustas nunca vamos a resolver el problema de la estabilidad social en el país, nunca vamos a conseguir que la resignación llegue a las mentes de todo el mundo, que aquel que le dio posada en su casa a alguien, un día encuentre con que lo ha sacado a patadas de su propia casa. Yo conozco gente que pasa enseñando su casa a sus hijos y le dice: "esta es tu casa papá, si yo no la puedo recuperar recupérala vos; y si vos no podés que la recupere tu hijo porque esa casa es tuya, yo la hice con mi trabajo, yo no soy un casateniente, no soy un millonario, no soy un burgués; la hice trabajando, es la única casa que yo tengo y me la robaron, es tuya, defendela". No vamos a lograr la estabilidad social ni en diez, ni en veinte, ni en cincuenta años de esa manera, no vamos a lograr la estabilidad social ni el progreso de Nicaragua fomentando el robo, el oportunismo, la sinvergüenzada, en vez del trabajo honrado, tenaz, disciplinado.

No, estimados colegas, no pongamos parches a esto, busquemos soluciones definitivas, soluciones integrales, retomemos leyes como la Ley 133 en plazo corto para buscar estabilidad en este país, aunque eso suponga pasarle la factura a unos cuantos cientos o miles de sinvergüenzas que quieren medrar a costilla de la paz social de los nicaragüenses, apoyándose sobre sus patas lodosas, sobre el robo, la inestabilidad social, la intranquilidad y la miseria de este país.

Esta es la cuarta vez que esta ley se renueva. Al día de hoy no se ha querido dar una solución definitiva al problema de la propiedad. Es un error renovar una ley que no ayuda a mitigar los problemas globales de la Nación, el argumento principal es la existencia de una emergencia social, es la masividad del problema del inquilinato en nuestro país.

Sostenemos de que esa emergencia social, de que esa masividad no es verdad, no es cierta. Si este argumento entonces no lo consideramos válido, ¿no será que esta ley se promueve para tratar de zurcir diferencias de los problemas internos partidarios? Si esto es así, es más grave todavía aducir emergencia social. Se trata de ser investigada por los periodistas de los periódicos sandinistas y al día de hoy no han podido mostrar realmente la validez de este argumento.

El día de hoy, incluso en uno de los periódicos matutinos del sandinismo, el argumento resulta de que el propietario es el indigente y el inquilino es el rico, y que ese inquilino rico es prestamista y peor, usurero. Entonces ¿a quién se quiere proteger? La ley en el fondo no protege a los pobres, porque más pobre puede ser el propietario que no puede rescatar a lo mejor la única propiedad de pocos metros cuadrados que poseía. Es una ley absolutamente contradictoria, y los argumentos de pobreza en los cuales se basa para su protección no se compaginan, no concuerdan con las realidades del país. Nicaragua vive situaciones de miseria que cubren a todo el pueblo y no solamente a un sector, se requiere empleo, se requiere fuentes de trabajo que esta ley realmente no promueve en tanto transmite un mensaje de inseguridad a la propiedad.

Se habla de proteger una legítima confiscación y habrá entonces como un caso real para el futuro, de que se podrá argumentar una y otra vez es tal año o dentro de cuatro años de que habrá que confiscar nuevamente en base al concepto de legítima confiscación. Aquellos juramentos, aquellos documentos escritos en donde se señala el compromiso de respetar la propiedad privada ¿en qué quedan ahora, cuando esta ley señala claramente que no hay respeto a la propiedad privada y que nuestros conceptos sobre propiedad son extraordinariamente limitados? Se dijo alguna vez de delegar en los tribunales de justicia el problema del tuyo y el mío y ahora recurrieron a una legislación desde la Asamblea Nacional, para tratar de impedir el rescate de la propiedad por aquellos que fueron confiscados o por aquellos que han dado su propiedad a inquilinos que no quieren pagarla. En fin, una y otra vez se señalan compromisos que no se cumplen y todos resultan que caen en la más absoluta demagogia.

Nos parece de que señalarle a la UNO la entrega de títulos de propiedad no es una delegación en la fuerza que realmente tenga un poder real; porque si por alguna razón no ha habido cumplimiento ni ha habido títulos de propiedades es por la existencia del co-gobierno, entonces es al Frente Sandinista sobre quien recae el hecho de que no haya podido haber un Gobierno en el cual pueda descansar una responsabilidad real y que sea ajeno a esta fuerzas políticas.

Pero el mayor error es estar señalándole al país una inseguridad jurídica, una incertidumbre sobre el derecho de propiedad que no permitirá realmente en Nicaragua que se inserte sobre nuestro país inversión, creación de fuentes de trabajo, riquezas que permitan ayudarle a los que en mayoría en nuestro país están desempleados y necesitan realmente de un poco de trabajo para mitigar sus angustias económicas para sus familias.

Como jefe de bancada del Partido Acción Nacional (PAN) Social Cristiano, y miembro de la coalición opositora UNO, la posición nuestra con respecto al anteproyecto de ley que hoy está en el tapete de la discusión del pleno de esta Asamblea Nacional es totalmente de rechazo absoluto. Rechazo absoluto por las siguientes razones: En el Dictamen en lo general se quiere justificar por un lado que es permisible y no roza con la Constitución Política desde el punto de vista jurídico; que el problema de la propiedad que si bien es cierto es un problema que no se ha podido resolver, ni hemos podido legislar en cuatro años, también se extravasa diciendo que este problema pasa de la esfera propia de lo jurídico al aspecto o a materia social. Dice que es reconocido por propios extraños el grado de violencia social que existe en el país.

Yo diría que el grado de violencia social existe desde hace mucho tiempo en la década pasada del Gobierno anterior, hubo una violencia social cuando a los propietarios se les despojó de sus bienes, no solamente a aquellos de 100 metros cuadrados arriba de construcción sino también de 100 metros cuadrados abajo de construcción. A muchas personas que ya habían pagado sus propiedades en el Banco de la Vivienda, y en el Banco de la Vivienda se les arrebató ese derecho. Muchas personas que no soportando el régimen autoritario que funcionó en la década anterior y buscando como salvar la seguridad y la integridad física y la vida de sus hijos tuvieron que salir por un tiempo a otros países, dejaron su propiedad recomendada a algún familiar y los CDS, apenas se daban cuenta de eso sacaban a este familiar de la casa y se metía algún militar o algún CDS que todavía están ahí.

Esa es la clase de vivienda en su mayoría y la clase de derecho que se pretende legitimar con la Ley 85 y 86, que son leyes realmente que atentan contra el derecho de la propiedad y van en contra del legítimo derecho de sus dueños, son derechos que van en contra de los tratados internacionales, en contra de la carta de la Organización de Estados Americanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos-Pacto de San José; que habla sobre la propiedad privada y habla del uso y goce de ese derecho. De nada le serviría a una persona tener y que se le declare que es dueño, tiene su título, es el dueño, es el dueño, es el propietario, tiene su dominio claramente reconocido y establecido y legalizado e inscrito, y de nada le serviría que se le declara que tiene ese derecho de propiedad si no la puede usar, no la puede gozar.

El artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de ese disfrute, de ese uso y ese goce; eso está consignado en el artículo 46 de la Constitución Política. Por lo tanto es inconstitucional lo que nosotros o lo que aquí se nos está planteando y se nos está solicitando, que aprobemos y apoyemos un proyecto de ley que es totalmente inconstitucional, es violatorio de los derechos humanos, es violatorio al derecho de igualdad que protege la ley y la Constitución, el derecho que tiene una persona de accesar a los tribunales de justicia para pedir que se le reconozcan sus legítimos derechos.

Es violatorio en cuanto a que el Poder Legislativo se está inmiscuyendo, está invadiendo las esferas propias del Poder Judicial. Es al Poder Judicial a quien le corresponde dictar la justicia, aplicar la justicia. Es al Poder Judicial a quien le corresponde dirimir el tuyo y el mío. Y si hay muchos casos como aquí se dicen que son más de dos mil, pero no es cierto, eso es una propaganda para legitimar esta actitud proteccionista desde que se quiso quedar bien con sombrero ajeno despojando a unos y favoreciendo a otros.

La verdad es que estas personas, estos jueces que están administrando justicia son los mismos jueces sandinistas en su mayoría, son los mismos jueces que están viendo con claridad de que no le asiste la razón a estas personas que a pesar de tener un título de la Ley 85, es un título que no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley 85, que la OOT no le dio la solvencia territorial y que la Procuraduría General de Justicia tiene que recurrir y demandar ante los Tribunales de Justicia para pedir la cancelación de esa inscripción y devolverle a su legítimo dueño lo que le corresponde. Eso es hacer justicia.

De manera que este proyecto de ley no va a resolver ningún problema de carácter social, ni lo va a mitigar, ni lo va amortiguar, ni va a crear tranquilidad social; a sus legítimos dueños se les está privando de un derecho que les corresponde simplemente, porque aquí se quiere hacer demagogia y politiquería a base de sacrificio y del derecho de unos cuantos. En esta ley se invoca y muchos participantes, muchos Representantes han esgrimido que se trata de proteger aquellas viviendas de escasos números de construcción, de unos pequeños 100 metros de construcción. Pero la verdad es que estas personas que tienen estas casas también fueron mal habidas, fueron confiscadas por el Gobierno, fueron confiscadas a sus legítimos dueños y son estas personas también tan pobres como los que tienen esas casas; y quizás más pobres porque éstos tienen esa casa y la están disfrutando desde hace 14 años, y estas otras personas que son sus legítimos dueños todavía andan posando, no les han dado ningún bono, y si les han dado un bono no tienen ningún valor a pesar de que se le quiere a través de una ley dar un valor, pero no tiene ningún respaldo legal.

Por lo tanto, nosotros nos oponemos a eso por ser inconstitucional, por violar el artículo 44, 46 y 52 de la Constitución Política y el artículo 185.

Con las siguientes intervenciones pendientes se cierra la lista y se declara suficientemente discutido.

Están pendientes en la lista: Hernaldo Zúñiga, Adolfo García Esquivel, Magdalena Úbeda, Domingo Sánchez, Alejandro Pérez Arévalo y Azucena Ferrey.

A ninguno de los que estamos aquí le cabe la menor duda de que las leyes más nefastas que consecuencias han causado, son las leyes 85 y 86, debido a su híbrida intención de una engañosa justicia social y un definido aprovechamiento de intereses personales y partidarios. Esto generó grandes daños al país en sus proyecciones internacionales y cuantioso deterioro al partido político que las propició, el cual está pagando un alto precio, lo que podemos ver en la definitiva pérdida de la contienda electoral de la Costa Atlántica y quizás de futuras campañas. Sin embargo no se observa el esperado escarmiento en la bancada sandinista, la que por el contrario apoya el Dictamen que hoy se nos presenta, continuado así en una inexplicable protección partidaria.

Sin embargo cabe observar, que a pesar de esa protección de las leyes 85 y 86 en el proyecto en debate no se menciona siquiera dichas leyes, lo cual autoriza a pensar que existe una deliberada intención de continuar abriendo las puertas a futuras invasiones y fraccionamientos ilegítimos de tierra, como son las que se darán lugar en el presente Dictamen. Esto hace que el problema inmueble que se vive en Nicaragua, más bien habrá de agudizarse en lugar de llegar a una franca solución como la que muchos buscamos.

Yo considero que esta Asamblea, pretextando una falsa solución al problema actual de la propiedad lo que está haciendo es agravar las de futuro, con una actuación contraria a las obligaciones que tenemos de prevenirlo. Es bien obvio que para esos efectos se hace necesario que las normativas contenidas en las leyes 85 y 86 sean afectadas en el presente Dictamen que debatimos a fin de evitar en lo posible esas consecuentes invasiones y fraccionamientos que está propiciando el proyecto, sobre todo en los sectores urbanos, con las dañinas consecuencias que todo eso implica. Pues repito una vez más, tal como está el artículo primero, sobre todo está abriendo las puertas a esas violaciones que debemos evitar a toda costa si es que de verdad queremos alguna estabilidad en nuestra patria.

Por tanto yo no puedo estar de acuerdo con el dictamen, por lo cual estaré en contra de su aprobación mediante la emisión del voto respectivo.

Este proyecto y este Dictamen es monstruoso, ilegal, inconstitucional y violatorio de los derechos humanos, y sobre todo violatorio de los tratados, protocolos y pactos suscritos por Nicaragua contemplados y estipulados en el artículo 46 de la Constitución.

Esta mañana me encontré aquí con que la honorable funcionaria de esta Asamblea, Zuhayla Marcos, estaba distribuyendo y entregando este proyecto precisamente, y la ley exige en el artículo 90 que se debe entregar con 72 horas de anticipación a esta Sesión, y se estaba entregando aquí mismo.

Por otro lado el proyecto trae inseguridad y trae la anarquía, además de ser violatorio y oponerse precisamente a la Constitución.

En el artículo de la ley sustantiva número 10, párrafos 10, 11 y 12 establecen que los actos ejecutados contra leyes prohibitivas o preceptivas son de ningún valor. Este proyecto y este Dictamen son de ningún valor, no tienen ningún valor legal. Este proyecto y este Dictamen son nulos por oponerse a la Constitución y violar los derechos humanos. Además el artículo 12 del Título Preliminar del Código Civil, que es ley sustantiva en paridad con la ley constitucional, dice que las leyes que interesen al orden público y a las costumbres no podrán eludirse, ni modificarse. Y aquí se está violando el orden público.

Por otro lado, esa iniciativa es nula porque precisamente viola esos artículos 10, 11 y 12 del Título Preliminar del Código Civil. Y es nula porque es jurisprudencia y práctica de que todo Juez asesor o funcionario está implicado para conocer o dictaminar cuando sea parte en el proceso o tenga en el interés personal. En este caso los mismos Diputados que presentaron el proyecto aparecen dictaminando el proyecto, esa es una inmoralidad. El interés personal de esas personas o de esos honorables Diputados es evidente cuando el Diputado que firma la iniciativa forman parte de la Comisión legislativa que va a dictaminar y dictamina. Eso es inmoralidad aquí y en cualquier parte del mundo, eso es lo que la gente llama ser Juez y parte. Y no necesito ampliar sobre este tema porque es una cuestión de moralidad y es una cuestión de orden público. Si tuvieran un poco de moralidad, no deberían haber aceptado participar en dictaminar ese proyecto.

Por otro lado, el artículo 339 número 1 y la ley del 16 de Febrero de 1906 son violadas. ¿Por qué? Porque la implicancia, la recusación y la excusa son cuestiones de orden público, y ya leía el artículo 10, de que todas esas cuestiones cuando violentan el orden público y la moralidad son nulos. Así es que ese proyecto y ese Dictamen son nulos. El proyecto es nulo porque no está fundamentado, porque es monstruoso, porque es inmoral. Es un proyecto totalmente improcedente porque no está sustentando, ni está fundamentado en ninguna ley, ni en ninguna disposición de ninguna ley. El Estatuto de la Propiedad es un presupuesto fundamental de la estructura del derecho en este país, está garantizado constitucionalmente en los artículos 44, 103 y 108, y en el Código Civil artículo 615, 876 y 617, porque nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de la ley o de sentencia fundada en ésta. El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible, por eso es inmoral este proyecto, por eso es nulo este dictamen, eso dice el artículo 876 del Código Civil.

La iniciativa de ley de suspensión de todos esas acciones judiciales, de ejecución de sentencias en los juicios de inmisión en la posesión, reivindicatorio, posesorio, comodato precario y nulidad, viola la Constitución y el Estatuto de Propiedad distorsionando el espíritu de la Constitución y del Código Civil, trayendo elementos discordantes y anárquicos que rompen la unión, la unidad de la Constitución en armonía con las leyes civiles, violando los protocolos citados anteriormente. Por lo expuesto, el proyecto no está fundamentado, es improcedente porque se opone a la Constitución. Eso dice el artículo 51 de los Estatutos.

Por otro lado, los elementos que conforman el Estatuto de la Propiedad se materializan en el "sudem del dominio", que es uno para los derechos fundamentales como derecho humano, esto es lo que en todo el mundo se conoce como el derecho de propiedad. A este respecto, acorde con el principio de legalidad establecida en el artículo 34 al 10 y en el artículo 160 de la Constitución que establecen que la administración de justicia garantiza el principio de la legalidad, protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia; este proyecto y este dictamen no sólo dejan sin protección, sino que dan inseguridad y no dejan ninguna tutela a los derechos humanos.

Por otro lado el artículo 46 dice: "En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos".

Este proyecto viola todos estos tratados, pactos, protocolos, que son leyes constitucionales de la República. En consecuencia por ser violatorio a los derechos humanos, ser violatorio de esos tratados que son tratados que han sido ratificados por Nicaragua, yo me opongo rotundamente a este Dictamen por ser nulo, por estar opuesto a la Constitución y precisamente por violar esos tratados internacionales establecidos y reconocidos en el artículo 46 de la Constitución.

Nuestro rechazo a esta ley puede considerarse bajo dos aspectos: el aspecto legal y el aspecto humano. Ya desde el punto de vista legal otros han sido brillantes, han expuesto sus puntos de vista, y como no somos expertos en la materia, vamos a hacer reflexiones y consideraciones desde el punto de vista humano.

Esta ley verdaderamente, en el contenido de ella ha sido refrendada cuatro veces, ha habido cuatro veces impunidad para los usurpadores, han sido como cuatro amnistías a favor de los usurpadores. Tanto que se habla en contra de la burguesía y de sus dulces encantos, y esta ley populista lo que pretende es crear burgueses de nuevo cuño, cuando se les están asignando 100 metros cuadrados de construcción en un predio hasta de 300 metros; es decir construcciones más grandes todavía que en barrios para la clase media de Managua, como Valle Dorado y Bello Horizonte.

La indefinición del Frente Sandinista en materia de propiedad hacia los favorecidos que sólo fueron favorecidos aparentemente, su falta de sinceridad y de seriedad es la que estamos pagando todos actualmente. ¿Por qué los costos económicos y sociales de las leyes injustas, proclamadas y promulgadas por el régimen anterior deben pagarlas quienes fueron las víctimas precisamente de este sistema? Con sentido populista y paternalista, sólo se consideran los problemas de los aparentemente paupérrimos. Y los necesitados vergonzantes, los pobres dorados, los pobres de cuello duro que ni siquiera pueden pedirle a nadie nada, ¿qué se hace con esos?, ¿quién defiende sus derechos?

Esta es una ley de una sola pieza, de un solo lado. Se habla en nombre de las mayorías, de las masas, como que las mayorías fueran una abstracción. Si las mayorías son la suma de individuos, son la suma de casos particulares, y los derechos de éstos como tal, como individuos, ¿quién los defiende?

Cuando hablamos de masas el pensamiento como que se dilatara, como que no pudiera abarcar toda la masa. Los casos particulares son más accesibles al sentimiento y al corazón humano. La idea de genocidio nos espanta, pero nos conmueve muy hondamente también ser testigos presenciales por ejemplo de un homicidio o de la mutilación a un solo ser humano.

Una señora de Matagalpa a la que no conozco, que se llama Pastora Laguna, le ha rogado a una amiga común -puesto que estoy defendiendo, estoy tratando de defender los intereses individuales-, que yo exponga su caso. Esta mujer dice: "Tengo representantes mujeres, pero no puedo acudir a ellas porque ellas están a favor de la injusticia". Esta mujer hizo centavo a centavo cocinando, vendiendo fritanga, compró un solar, hizo unas cuarterías pensando que estaba construyendo para su vejez; actualmente estas cuarterías son invadidas precisamente por precaristas. ¿Y los derechos de esta mujer, quién los defiende?

Esta podría ser parte de esa masa que pretenden defender actualmente los que están a favor de esta ley inicua. Lo que sucede es que esas casas de 100 metros cuadrados o menos están asentadas en propiedad ajena. ¿Por qué la nomenclatura del Frente Sandinista tan rica, tan opulenta hoy, no se desprende de parte de lo usurpado y lleva a vivir a los inmensos solares de sus mansiones a esos pobres criados, muchos de ellos instigados por los movimientos populistas frentistas? Esa sería señores una solución.

Honorable Directiva: Al leer los argumentos del voto razonado en nombre de la bancada de la UNO, me recuerda la discusión en el Consejo de Estado cuando estábamos aprobando la primera Ley de Inquilinato de esa época revolucionaria, y dijimos en un momento que los Representantes de entonces que se oponían a esa ley, se lamentaban como niñas quinceañeras ofendidas en su pudor. Ahora no quiero rebajarlos a niñas quinceañeras que les ofenden su pudor, sino decirles avaros repletos del estómago y que eructan la comida en descomposición.

Hay muchas palabras que aquí se han oído que se pudieran refutar, pero no hay tiempo. Por ejemplo quien diga que los verdaderos pobres son los propietarios, como lo que acaban de decir, de que 100 metros es demasiado y así, pero no es posible. Lo único que quiero dejar establecido es que los Representantes que aquí se oponen a este proyecto de ley transitoria para evitar los desalojos, para evitar la anarquía social que se sucede cuando vemos niños, ancianos, madres, inválidos y de toda condición lanzados a la calle, a la intemperie; mientras elementos por ejemplo como Germán Saborío -que aquí se dice que es un pobre propietario- está decidido a lanzar a la calle a los que se tomaron un terreno que no era de él, que era de las minas de piedra hace algún tiempo.

De tal manera que pedimos, o pido a todos los Diputados que no quieran traicionar a los que dieron su voto- y por eso estamos aquí-, que deben de votar apoyando este proyecto de ley. Podrá ser injusto, podrá ser arbitrario, pero para los grandes terratenientes, para los somocistas como hay aquí uno que fue Juez, que cometió arbitrariedades brutales, como llamarme a las doce de la noche a su despacho de Juez, preguntarme si era comunista; y le dije con valor, sí, soy comunista; me mandó otra vez a la cárcel y al día siguiente mando a publicar: "Chagüitillo condenado a seis meses por comunista confeso". Esos son los que ayer tiranizaron a este pueblo y hoy están defendiendo a sus viejos amos en tiempos de Somoza.

Que entienda el pueblo, que no está aquí, que entienda el pueblo que no lo dejaron penetrar hoy a este recinto y tienen derecho porque por ellos, repito, estamos aquí como Diputados, que los que se oponen están traicionando a ese pueblo; que abran los ojos porque viene 1996 y entonces habrá posibilidad de enmendar este error que sufrieron, para que hoy estén siendo víctimas de la infamia de los grandes propietarios y de la infamia de sus modestos colaboradores aquí en este recinto.

Realmente es un debate profundo ante una situación álgida que vive y sufre el pueblo de Nicaragua, sumado a la pobreza, a la miseria, nosotros nos encontramos con situaciones de esta naturaleza. Estamos discutiendo la Ley de Suspensión de las Acciones Judiciales y de Ejecuciones de Sentencias en los Juicios de Inmisión de la Posesión, Reivindicación, Posesión, Comodato Precario y Nulidad; estamos discutiendo esta ley en lo general, y creo que al discutirla en lo general a lo que estamos obligados los parlamentarios es hacer un análisis del fondo de la ley, las pretensiones que tiene, no las determinaciones que tiene. Esta ley es una ley transitoria, es una ley realmente de emergencia social, es una moratoria, no es una ley definitoria. Es apenas una moratoria para encontrar la solución definitiva a este problema de la propiedad y sólo va enrumbada a aquellos sectores humildes que ya están constituidos en los barrios con un solar, con una habitación.

Yo tengo muchos cuestionamientos a la ley, como tal, que las voy a hacer en su debido momento cuando pasemos a la discusión en lo particular. Pero me parece a mí que de repente estamos perdiéndonos del punto de vista que estamos analizando, el fondo de la ley en lo general; no olvidando jamás que esta ley, repito, no define, sino que lo que hace es abrir un paréntesis para poder entrar en el análisis pertinente y encontrar la solución.

Por puntos de vista meramente partidarios o políticos, de situaciones particulares o familiares, no podemos dejarnos llevar o arrastrar hasta posiciones que nos atrincheren en una forma intransigente; es de suma necesidad darnos un alto en el camino en la actividad que se está realizando.

Yo estoy totalmente de acuerdo que esta ley tiene deficiencias, es cuestionable, pero también estoy de acuerdo que se necesita dar una solución temporal, mientras se encuentra la solución definitiva al problema que nos ocupa.

Podría entrar en el análisis ya de la ley así como está redactada, pero me voy a reservar para cuando entremos discutiéndola en lo particular, dar mi punto de vista meramente jurídico, estrictamente jurídico que en algunas formas yo tengo mi reserva. Sin embargo no tengo reserva ninguna en que sé que este problema es álgido, es necesario darle alguna respuesta y por esa razón yo voy apoyar este Dictamen con algunas variaciones que pueda sufrir cuando lo discutamos en lo particular. Yo lo único que les pido a ustedes es que centremos nuestra atención en el fondo, en el problema en sí que está viviendo el pueblo de Nicaragua con los desalojos.

Mi intervención esta mañana respecto a este problema de la Ley de Suspensión de las Acciones Judiciales, Ejecución de Sentencias en los Juicios de Inmisión de la Posesión, Reivindicación, Posesión, Comodato Precario y Nulidad, es en términos generales apoyar la moción del Diputado Nilo Salazar, que propone que el artículo uno se modifique en sentido de que se ponga el término de seis meses en vez de un año, y que los 300 metros se bajen a 175, igual que poner a 70 metros la construcción que no sea de 70 metros. Esto obedece a las consideraciones que han manifestado varios expositores aquí de la UNO, en el sentido de que debe de protegerse a las clases más desvalidas y tomar en cuenta que exceden una propiedad de 300 metros, ya es una propiedad de una gente de mayor recursos que lo que puede tener una persona de las que viven marginadas en los alrededores de la capital de Managua e incluso en los Departamentos. De manera que mi posición es esa, apoyo la moción del compañero Nilo Salazar.

Entiendo que, porque los términos demagogia y moralidad son femeninos, he visto en esta mañana que han sido los términos más manoseados y abusados por ambas bancadas. Yo no puedo olvidar que la Ley 133 fue inicio de la guerra entre los cuñados y que tampoco dio pie a la apertura para que el Partido Nacional Conservador alcanzara una Embajada como es la de Inglaterra.

Recuerdo que también en esa época y con escrituras de diversas personas yo me opuse a lo que entonces era la UNO, para aprobar la cantidad de metros especificados, y en esa iniciativa de ley se contemplaban los 100 metros cuadrados. Sin embargo, en ese momento lo que era la UNO, pretendía ser el Salvador del problema de la propiedad y nadie se opuso a esa cantidad de metros; incluso a pesar de mis argumentos yo también me sumé. Mis argumentos de entonces siguen siendo los mismos. Cuando hablamos de 100 metros cuadrados estamos hablando de viviendas más allá de Bello Horizonte, de Las Brisas, de Ciudad Jardín y de un sector de Colonial Los Robles. Cuando se habla aquí de que queremos hacer respetar las leyes 85, 86 y 88, yo pienso, bueno, pero cuando somos afectados directamente, entonces sí eso no se debe de tocar. Realmente para fortalecer la decisión de construir un Estado de Derecho es responsabilidad de ambos y de todos los nicaragüenses; cuando digo de ambos, son ambas bancadas y de todo el pueblo nicaragüense, aprender a asumir con responsabilidad la cuota de la construcción de su Estado de Derecho.

Yo creo que remontándome nuevamente a los 100 metros, yo me pregunto ¿cuál sería el favoritismo para alguien que como Tomás Borge se recetó "X" número de casas en Bello Horizonte? Y que siendo amante y centinela de la alegría del pueblo, para poder permanecer en el barrio y que lo señalaran como revolucionario, además se apropió de un terreno para construir un parque y tener la protección de los niños nicaragüenses cuando él estaba en Bello Horizonte. Actualmente allí funcionan las oficinas de la ONG "La Verde Sonrisa". Y aquí no nos leamos las cartas entre gitanos, aquí los colegas de la bancada sandinista saben que muchos de sus amigos pusieron las casas aun a nombre de empleados al servicio doméstico, igual reconoció públicamente el señor Tomás Borge que había puesto su casa a nombre de sus hijos.

No puedo concebir yo que Tomás Borge no pueda construir propiedades y tenga que someterse al "piñateo" recién pasado, justificando el antepasado y tratando de beneficiar al presente. Porque así como señalo algunas cosas que medio conozco de mis colegas sandinistas, quiero decir que en lo que ahora pretende llamarse la UNO también hay personas que han vendido propiedades no siendo los legítimos dueños.

Por eso hablaba de que la moralidad y la demagogia -y la siento muy particularmente- han sido sumamente abusadas esta mañana. Yo pienso que la estabilidad del país, y sobre todo el cacareado despegue económico necesita fundamentalmente, y además de necesitar, exige el respeto al derecho de la propiedad. Yo pienso que un término de prorrogar esta ley por un período de seis meses es más que suficiente y espero que la decisión de la bancada sandinista no sea vertical en tratar de mantener los metros estipulados. No puede ser que cuando se trabaje conforme las reformas constitucionales y una verdadera ley de punto final al problema de la propiedad esta cantidad de metros queden establecidos.

Yo pienso que debe haber también mucha claridad en el actuar con los funcionarios de la Policía; lógicamente miembros de la Policía tienen problemas de viviendas, y eso violentando la oficina de la OOT que supuestamente gozó del consenso de un sector mayoritario y que surge también como un puente entre la guerra de los cuñados para garantizar la recuperación de los bienes que la OOT así lo determinara, y algunas otras sentencias judiciales que respetan la claridad del origen de la propiedad. Y me refiero a lo de la Policía, porque erróneamente se pensaba que a partir del viernes estaban congelados ya los desalojos y eso también crea confusión. Si se va aprobar esta iniciativa, yo pienso que debe haber una comunicación clarísima para que se respete lo que quede aquí establecido.

Realmente yo pido esta mañana que tengamos una verdadera reflexión al entrar al debate artículo por artículo y lo hagamos no por demagogia, no por politiquería, no por populismo, sino con la mano en la conciencia al momento de abordar la cantidad de metros aquí estipulados.

Tiene la palabra el Representante Danilo Aguirre Solís, y con él cerramos la lista.

Yo pensé que esta mañana, señor Presidente, íbamos a discutir esta ley en los límites que tiene, que es una tregua social para evitar desalojos de la gente menos favorecida económicamente de la población y que para nosotros estaba enmarcada en los términos en que está estipulado en la ley. Pero aquí se ha trasladado este debate al debate de la propiedad privada. Se han hecho acusaciones al sandinismo de violar esa sacrosanta propiedad privada y nosotros no le tenemos miedo a esa discusión, yo no creo que el doctor Nicolás Bolaños, que Dios sea blanco y capitalista, ni creo que Dios sea casateniente ni latifundista.

Aquí se ha acusado de ladrones a los pobres que habitan esos solares y esas casas y se ha invocado la propiedad privada, la propiedad privada que con la cruz y la espada despojaron a los habitantes de este Continente los extraños que vinieron más allá del Atlántico, y las reparticiones que luego hicieron los criollos -de los que abundan algunos apellidos que todavía para desgracia tienen influencia en este país -de todas las tierras a través de encomiendas, a través de donaciones y de explotaciones y concesiones que en todas las luchas de estos partidos se fueron atribuyendo poco a poco. Y esto no paraba moderadamente, los bancos que se inventaron ¿a cuántos han despojado? Y las inverosímiles después del terremoto, cuando compraban tierras semirurales a precios ridículos para luego convertirlas en colonias con dinero que venía del exterior, para proyectos de viviendas; así están hechas Las Américas y así están hechos todos esos repartos. En esos repartos han quedado fortunas de todos esos que ahora invocan la sacrosanta propiedad privada. Y los repartos clandestinos, productos de esa usurpación de esas tierras no eran dados a los pobres con diez metros de frente por 30 de fondo, eso que se quiere reducir ahora y a los tres meses se los quitaban si no pagaban, y los lanzaban ahí sin alcantarillado, sin agua, sin luz... Y fue la Revolución la que vino a nacionalizar esos repartos intervenidos para que por lo menos dejaran de pagar mientras podíamos tener recursos para darles todas esas necesidades humanas para su dignidad.

Aquí no se ha terminado la Revolución, esto es un período de transición en que se quiere acomodar un Estado de Derecho con las conquistas logradas por miles de personas que salieron de esos barrios y derramaron su sangre. Los miles de héroes y mártires van hora a contemplar cómo en esta Asamblea se hace caso omiso en nombre de la sacrosanta propiedad privada del derecho que tienen a vivir en esas tierras. Fue la Revolución la que permitió contra ornato y contra todas las leyes que había dado la burguesía anteriormente, que pudieran poblar las tierras de Managua, si no, no existieran esos barrios. Sólo el valor que dio la Revolución pudo hacer que nacieran, antes eran sacados por la Guardia somocista en cuanto alguien se apoderaba de cualquier terreno urbano y eso no lo vamos a perder. Esos no son ladrones. Ladrones son los otros. Y bajo la lógica de defender esa propiedad adquirida bajo las leyes que se dieron en el pasado, los que se repartían esas tierras, ¿le vamos a dar ahora justificación a la hija de Somoza García, a la Liliam Somoza que había sacado unos campos pagados en los periódicos diciendo que todas las tierras que ellos tenían pueden reivindicarlo en nombre del Código Civil -que leyó el doctor Adolfo García Esquivel-, que sólo se pierde la propiedad vencida en juicio o expropiado recibiendo su dinero constante y sonante? Y esas propiedades fueron adquiridas mediante introducir 20 mil córdobas y una metralleta para despojar a todos los alemanes que tenían propiedades aquí durante la guerra y cuando los metieron en un campo de concentración. Pero como eso pasó por una subasta, por el banco y por la ametralladora de Camilo González, eso sí fue adquirido bajo la sacrosanta propiedad privada y nadie podrá quitárselos; se los quitó la Revolución y se los va a devolver, aquí vamos a hablar de tregua social, nosotros no hemos pedido aquí que se le dé casa a nadie que se la hubiera robado realmente; estamos volviendo por los pobres, y los pobres habitan dentro de esos metros cuadrados que hablamos. Aquí nadie está pidiendo que no se desaloje ni a Tomás Borge, ni a nadie de ésos, si no son ésos los que están amenazados de desalojar. Son los pobres de este país los que están sufriendo eso, los que a diario los vemos en los medios de comunicación.

Quiero finalizar diciéndole, señor Presidente, leyendo dos artículos de una ley aprobada aquí en esta Asamblea.

"Los bienes inmuebles del Estado, traspasados en propiedad a personas particulares de escasos recursos y a título gratuito en virtud de las leyes 85 y 86 (a título gratuito de acuerdo con esa ley era de 100 metros cuadrados para abajo), no serán objeto de la expropiación contemplada en los artículos 9 y 10 de la presente ley y su dominio y posesión serán reconocidos".

"El Estado, las municipalidades, otorgarán de modo gratuito sus títulos de propiedad a los beneficiarios de viviendas o lotes de terrenos situados en repartos ilegales, urbanizaciones progresivas y barrios populares consolidados que aún no los hubieran recibido, siempre y cuando fueren cabezas de núcleo familiar y justifiquen no ser dueños, de otra vivienda o lote de terreno".

Es para esas personas para las que nosotros les estamos pidiendo una tregua social. Esta ley establecía la obligación de que se les reconociera inmediatamente el título y se les diera su escritura.

¿Y saben quiénes hicieron esos dos artículos de esta ley? Toda la bancada de la UNO, y se llamó Ley 133. Hoy les falla la memoria o eran unos grandes demagogos cuando lo hicieron, que respondan ellos. Mientras tanto yo apruebo este Dictamen y pido que en lo particular discutamos algunas de las propuestas que aquí se han hecho.

Vamos a proceder a la votación. Y hacer uso del sistema electrónico para votar. Como ya se sabe quiénes voten a favor del proyecto de Dictamen en lo general, oprimirán el botón que dice: "Si"; quiénes estén en contra, donde dice: "No". Es igual la abstención.

Aclaro que hay dos suplentes quienes no disponen de posibilidad de hacer uso del sistema electrónico y van a votar a mano alzada.

Quisiera pedirles entonces a los colegas que no tienen activada o no disponen del mecanismo electrónico, que voten por favor.

¿Quiénes son Secretario las dos personas? ¿Luis Rocha y Silvia Fox no disponen de tarjeta?

Según la pantalla tendríamos 50 votos a favor, 23 votos en contra y 2 abstenciones.

Arto. 1 Quedan en suspenso por el término de un año, las acciones judiciales y ejecuciones de sentencias en las causas de reinvindicación, reclamo de la posesión, inmisión en la posesión, comodato precario, y nulidad, en aquellos casos en que el Estado ha transmitido el dominio, o cedido la posesión de un inmueble a un particular, utilizado para vivienda, siempre y cuando se refiera a inmuebles cuya superficie no exceda de cien metros cuadrados.

Es para hacer una moción concreta en el artículo 1, que en vez del término de un año, sean seis meses, concretamente.

Quiero hacer una propuesta para el artículo primero, primer párrafo. Como esta ley es para proteger a los habitantes que habitan en los lotes, en la redacción del artículo no quedó bien claro cuando se refiere a los lotes. La propuesta consiste en que después de la frase construcción, se ponga una frase "si la hubiera" y lo demás igual.

"Quedan en suspenso por el término de un año las acciones judiciales y ejecuciones de sentencias en las causas de reivindicación, reclamo de la posesión, inmisión en la posesión, comodato precario y nulidad, en aquellos casos en que el Estado ha transmitido el dominio o cedido la posesión de un inmueble a un particular utilizado para vivienda, siempre y cuando se refiera a inmuebles cuya superficie no exceda de 300 metros cuadrados, ni su construcción, si la hubiere, exceda de 100 metros cuadrados.

Yo quiero hacer eco de una solicitud que ha llegado a través del Movimiento Comunal nicaragüense, que se refiere a la situación de muchos inmuebles, no en Managua, sino en otras ciudades. ¿Por qué razón? Porque se da la situación que hay familias que puedan estar en viviendas que sean un poco más de 100 metros, pero no de construcción moderna, que puede ser de adobe, taquezal o de tabla. Entonces si nosotros no dejamos esto, podemos dejar desprotegidas a estas familias. Por tal razón yo quiero pasar la siguiente moción, que quedaría en la última línea del primer párrafo del artículo primero, que dice:

"...ni su construcción" -y en este caso aceptaría la modificación de la doctora Centeno- "ni su construcción moderna, si la hubiera, exceda de 100 metros cuadrados".

"Ni su construcción moderna dice, excedan de 100 metros cuadrados ó 200 metros de construcción en adobe, taquezal, o similares".

Tal como lo planteé al discutirse el Dictamen en lo general, la ley en debate no hace la menor alusión a las leyes 85 y 86, lo cual sería necesario para establecer limitaciones a futuras invasiones y fraccionamientos de predios; de otra manera quedaría el caso de que podría invadirse un terreno amplio, el cual sería fraccionado en lotes de 100 metros o menos, y el legítimo dueño no podría establecer ninguna acción, toda vez que tiene un valladar a las posibles acciones judiciales impuestas por la presente ley en debate. Por manera que se hace necesario introducir una modificación al inciso primero del artículo primero de la ley, para lo cual propongo que al final se agregue lo siguiente:

Yo quiero referirme como presidente de la Comisión dictaminadora, a que efectivamente, y con relación a la moción que está haciendo en este momento el doctor Zúñiga, pensé que había quedado suficientemente aclarado en la Comisión. Como se está hablando de lotes o pequeñas viviendas dadas por el Estado, si se limitaba a las leyes 85 y 86 quedaban por fuera las que después del 25 de Abril de 1990 el Estado ha entregado, sobre todo lotes -y no son pocos-, y además son de los que están en situación más precaria; han entregado lotes a ex-miembros de la Resistencia y ex-miembros del Ejército y del Ministerio de Gobernación, adjudicados por el Estado, que también están siendo algunos de ellos objeto de intentos de desalojos y que están fuera de las leyes 85 y 86. Por esa razón es que se habla en general de lotes y viviendas entregadas por el Estado y no existe ningún peligro de invasión, porque cualquier invasión que se produzca no es dada por el Estado. Mientras no tengan ningún título, ninguna forma de demostrar que fue cedido la posesión o el dominio por el Estado no habrá ninguna invasión.

De modo que yo creo que introducir las leyes 85 y 86 ahí sería limitar y excluir a las personas que han sido favorecidas de abril del 90 para acá, que son fundamentalmente ex-miembros del Ejército, del Ministerio de Gobernación y de la Resistencia Nicaragüense.

Yo solamente lo que había dicho con la discusión general vuelvo a ratificarlo y quiero presentar por escrito la moción de que el plazo es demasiado un año y que deberían ser tres meses y que en vez de 100 metros cuadrados de construcción, 80 metros cuadrados.

Se le comunica al Plenario que los distintos mocionistas están procurando llegar a un acuerdo sobre las reformas al artículo primero.

Por favor, vamos a proceder a la votación de las distintas mociones que han sido presentadas. Ruego a todos los Representantes ocupar sus lugares para hacer uso del sistema electrónico de votación, por eso les ruego que ocupen sus escaños.

Hay un número considerable de mociones y nadie acogió el Dictamen, vamos a empezar por votar acerca del plazo. Está presentada una propuesta del Representante Iván Salvador Madriz para que el plazo de suspensión en vez de ser de un año sea de seis meses.

Vamos a someterlo a votación. A partir de este momento se abre el sistema electrónico de votación.

Entonces, 49 sí, ya, más los dos suplentes que no votan con el sistema electrónico, y cinco no. Hay quórum con 56 colegas representantes.

51 votos a favor de reducir a seis meses, 5 votos en contra, ninguna abstención.

Hay otra moción presentada por los Representantes Dora María Téllez y Azucena Ferrey, que reduce la superficie de lotes a 250 metros cuadrados. Esa es otra de las modificaciones que está propuesta para el artículo primero.

Vamos a votar ahora acerca de otro aspecto de las mociones de reformas a este artículo primero. Está la moción de las Diputadas Téllez y Ferrey para reducir la superficie de lotes a 250 metros.

Hay una moción también presentada por la Representante Yadira Centeno para que se agregue al final del artículo primero el texto que lee el Secretario.

"Queda suspenso por el término de un año las acciones judiciales y ejecuciones de sentencias en las causas de reivindicación, reclamo de la posesión, inmisión en la posesión, comodato precario y nulidad en aquellos casos en que el Estado ha transmitido el dominio o cedido la posesión de un inmueble a un particular utilizado para vivienda, siempre y cuando se refiera a inmuebles cuya superficie no exceda de 300 metros cuadrados, ni su construcción, si la hubiere", exceda de 100 metros cuadrados".

Esa moción también fue presentada por la Representante Ferrey y por la Representante Téllez.

En la lectura que hizo el Secretario, Presidente, se refirió a un año y ya se había aprobado anteriormente lo de los seis meses. Por otro lado, en la anterior moción ahí no aparece la especificación de los 100 metros. Yo quisiera hacer mi voto razonado si usted me lo permite.

Solamente le aclaro que es verdad, el Secretario leyó equivocadamente el texto antes de haber sido demandado, pero ya votamos el de seis meses y solamente tiene que ver con la inserción que se hace en la penúltima en la última línea del texto, que es lo que se está hablando, "si la hubiere". Es lo único nuevo que estamos considerando en el texto, sin perjuicio de las dos modificaciones que ya acordamos: reducción del término a seis meses y la superficie total de lote de 250 metros. Ahora estamos incluyendo esa frase, "si la hubiera" y es lo único que está a votación en este momento.

Presidente, lo que pasa es que yo no he sabido que cuando un representante presenta una moción integral usted la divide, la separa en varias partes; nunca he sabido en esta Asamblea Nacional, en este Plenario. Por ejemplo, me parece que es inválida la votación anterior, cuando la moción de Azucena Ferrey y Dora María Téllez decía de seis meses, contemplaba una prórroga de seis meses y hablaba del terreno hasta 250 metros cuadrados, y usted no la puede cortar porque se vota integral la moción; ni siquiera usted le consultó si había que cortarla o no.

Así es que eso es así. La del Diputado Iván Salvador estaba bien porque fue una sola moción de seis meses. En las otras usted no puede dividirlas y en ésta tampoco la puede hacer así, si no aquí todo lo demás es inválido, lo que hemos hecho anteriormente. Me parece que aquí hay un enredo total.

Es precisamente para evitar que hayan confusiones es que hemos ido votando los distintos aspectos que afectan a un mismo artículo, cosa que en absoluto altera la voluntad que aquí se está expresando, sino que simplemente por asuntos de orden y de sistema vamos votando los distintos aspectos que afectan a un artículo.

Entonces está a votación la inserción de la frase que ha propuesto la Representante Yadira Centeno, Azucena Ferrey y Dora María Téllez.

Moción: "Agregar al final del inciso 1, del artículo 1: Todo con base a las leyes 85 y 86 del 29 de Marzo de 1990 y lo acordado entre el Gobierno, la Resistencia, los ex-miembros del Ejército y del Ministerio de Gobernación".

Con 50 votos a favor, cuatro votos en contra, queda aprobada la moción del doctor Hernaldo Zúñiga.

La intervención era para aclarar, que usted dio lugar a que la moción que presenté yo, por 80 metros cuadrados y también por tres meses en extensión, entonces sólo era válida la parte de 80 metros cuadrados y esa no la votó, y daba lugar a esa moción. De acuerdo a lo que usted dijo, por eso es que hice mi intervención, para dejar claro que se puede ir viendo de cada moción lo que corresponde, que no sea incompatible con lo que se ha aprobado y usted no ha votado ni los 100 metros cuadrados, ni los 80 metros cuadrados, y mi moción era por 80 metros cuadrados. Así es que está incompleta la votación del artículo 1.

Vamos a poner a votación entonces el tema de la superficie de las viviendas, de lo construido, no de los lotes.

Yo quería respaldar el Dictamen Presidente, y que se someta a votación esta moción.

Cuando hemos estado hablando acá de aprobar esta iniciativa para dar tranquilidad a los sectores sociales desprotegidos del país, este sentido presentado se perdería si realmente queda en forma definitiva estipulado ese número de metros, en este caso construcción cien metros cuadrados.

Yo quiero decir que en esta oportunidad y en el sentido de la suspensión únicamente de los seis meses, miembros de la bancada de la UDC van a apoyar el Dictamen por esta vez, solicitando que para dar estabilidad, seguridades y garantías sobre la propiedad, posterior a las reformas y en la introducción de la ley de punto final, ese número establecido en esta iniciativa tiene que entrar a revisión. Yo mantengo que hay casas que pierden ya la proyección de protección social cuando son en repartos que pertenecieron a una clase media, y media baja, que las hemos dejado excluidas totalmente sin la posibilidad de recuperar sus casas.

Yo he escuchado a muchos aquí hablando de 75 metros cuadrados, hasta 80 metros cuadrados; y yo creo que los 100 metros en la ley de punto final debe ser revisado a conciencia y reducir ese número de metraje.

Vamos a votar la moción del Representante Roberto Urroz y está el voto del Dictamen.

El dictamen no se puede votar porque nadie en su momento lo presentó como propuesta. No se puede a la hora de la votación que Dora María Téllez proponga el Dictamen; usted tiene que votar por los 80 metros cuadrados, y los que están a favor del Dictamen que voten en contra, pero no se puede hacer lo otro.

Simplemente votamos a favor o en contra de la moción de Roberto Urroz. Quienes estén a favor del Dictamen obviamente van a votar en contra de la moción de Roberto Urroz de esa manera salimos de este asunto.

El resultado es: 47 votos en contra, 6 votos a favor, y dos abstenciones, con lo cual queda aprobado el artículo primero.

Artículo 2. Los jueces y Tribunales que desacataren lo dispuesto en esta ley, cometerán delito de desobediencia y serán castigados con inhabilitación absoluta de su cargo por el término de tres años y una multa de cinco a diez mil córdobas.

El Código Civil está en vigencia desde el 5 de Mayo de 1904, así es el 5 de Mayo de 1994 va a cumplir 90 años; en esos 90 años de vigencia de ese Código a nadie se le ha ocurrido suspender las acciones que tienen que ver con el Estatuto de la Propiedad. En realidad, esas acciones han dado seguridad jurídica a la propiedad y a los derechos humanos durante casi 90 años, a nadie se le ocurrió reconocerle dominio a alguien que adquiere bajo cualquier título, porque solamente se le ha reconocido derechos al que ha adquirido con título legal, y mucho menos nunca se le ocurrió a nadie reconocerle efectos jurídicos positivos a los delitos como “la piñata”.

Durante casi 90 años el dominio no se ha justificado por cualquier medio de prueba, sino única y exclusivamente el dominio que se acredita por el medio de prueba legal establecido previamente en la ley. Esto tiene que ver con el principio de legalidad que está inmerso en todas las instituciones, en todos los códigos en la constitución y en todas las leyes de la República. Durante esos casi 90 años las acciones judiciales mencionadas nunca fueron problemas de ninguna clase, los problemas surgieron solamente como consecuencia directa e inmediata de la herencia de “la piñata” del gobierno sandinista. Esta es la gran verdad.

Por otro lado debe decir, que el artículo 2 en el Dictamen atenta y violenta contra el espíritu y sistema armónico de codificación del Código Penal. Además este proyecto y este artículo 2 es una ley civil, y en una ley civil no se puede legislar en materia penal. Es la ley penal, es el Código Penal el único que puede tipificar, definir, penalizar y calificar los delitos. Asimismo la penalización es exclusiva de la ley penal, es exclusiva del Código Penal; por consiguiente ese artículo 2 es nulo, ese Dictamen es nulo, se opone a la Constitución, violenta la Constitución y violenta los Tratados Internacionales ratificados en el artículo 46 de la Constitución, porque violenta y viola los derechos humanos.

Señor Presidente, lo que sucede es que tengo la pena de que no entendí lo que dijo el señor García Esquivel porque está hablando desde hace 90 años, la próxima vez va a hablar de 180. Ya estoy aburrido de estar oyendo a viejos, es mucho eso. Muchas gracias.

No habiendo mociones en derredor del artículo, quiero pedir que procedamos a votar a favor o en contra del artículo 2. Se inicia la votación.

Artículo 3. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en el Diario Oficial, La Gaceta.

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
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Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	23 de Marzo del 1994	Fechas Posteriores Debate:
Fecha Aprobación:	28 de Marzo del 1994	24/03/1994
...
" LEY DE SUSPENSIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE INMISIÓN EN LA POSESIÓN, REIVINDICATORIA O POSESORIA AL COMODATO PRECARIO Y DE NULIDAD. "