Dip. NOEL RAMIREZ SANCHEZ.
Miembro
A N E X O 1
AGENDA COMPLEMENTARIA DE PAÍS PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL CAFTA-DR
I. EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD
1. Acceso al crédito de la pequeña y mediana empresa agrícola, industrial y agroindustrial.
Con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a la pequeña y mediana empresa, en un plazo no mayor de 6 meses posterior a la aprobación del DR – CAFTA, el gobierno de Nicaragua tendrá elaborado un anteproyecto de Ley y Reglamento denominado “Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa”. Este deberá ser aprobado por la Honorable Asamblea Nacional en un plazo no mayor a 6 meses, posterior a la remisión del anteproyecto.
La Ley contemplará la creación de un fondo de capital de riesgo que le facilite a la pequeña y mediana empresa el acceso al crédito en el Sistema Financiero Nacional de donde tradicionalmente han estado excluidos. La Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) como institución financiera, será regulada bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones (SIBOIF) para que otorgue avales, garantías, fianzas y otros servicios para la efectiva incorporación de las pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo con el apoyo de la Honorable Asamblea Nacional buscará fuentes de financiamiento para dicho fondo.
Estas acciones podrán incluir apoyos y estímulos para promover la asociatividad, así como facilitación del acceso al crédito y el perfeccionamiento de garantías colectivas o solidarias para el otorgamiento de financiamiento.
Así mismo, el Poder Ejecutivo mejorará la coordinación de la asistencia técnica de donantes, préstamos, garantías para préstamos, y otros tipos de asistencia destinada a las PYME.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo impulsará un mayor dinamismo del sistema financiero nacional, a través del fortalecimiento del FNI como banco de segundo piso para que este asuma un mayor rol en la atracción y promoción de instrumentos financieros de primer piso y el desarrollo del mercado de capitales en Nicaragua para así facilitarle el acceso al crédito a las pequeñas y medianas y empresas y al sector agropecuario nacional.
La Asamblea Nacional aprobará en un plazo no mayor a 12 meses la Ley de Microfinanzas.
2. Programas especiales de formación de mano de obra calificada, transferencia de tecnología y capacitación para la pequeña y mediana empresa incluida la agrícola
Será primordial en el portafolio de proyectos que presente el Poder Ejecutivo para financiación ante la Cooperación Internacional, el componente de capacitación y formación de técnicos básicos y medios que se requieran para optimizar el desempeño de la pequeña y mediana empresa, incluida la agrícola. Se prestará especial atención a los programas de Gobierno, liderados por el INATEC, y la formación de capacidades para aquellas operaciones de negocios con mayor potencial de crecimiento con la vigencia del CAFTA-DR.
3. Adecuación del Marco Legal e Institucional para Fortalecimiento de las PYME.
Con el objetivo de promover la competitividad de las PYME, la Asamblea Nacional se compromete a incluir como tema de agenda para su discusión y aprobación en la presente legislatura, la Ley PYME. Con esta Ley se espera caracterizar a las PYMES de acuerdo a criterios que le permita al Poder Ejecutivo focalizar políticas adecuadas a su propia naturaleza, tamaño y ubicación geográfica para evitar la exclusión del que actualmente son objetos.
Así mismo, en esta Ley se incluirá el reconocimiento al Consejo Nacional PYME como el espacio de mayor representatividad de este sector empresarial para validar y aprobar las estrategias, planes y proyectos en conjunto con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) presentará en un plazo no mayor a un año la Política Nacional de Fomento y Desarrollo para las PYME, validada y consensuada con el sector empresarial representativo.
4. Fortalecimiento de la asociatividad en los gremios empresariales pequeños y medianos.
El MIFIC promoverá el proceso de asociatividad orientado a mejorar la capacidad competitiva de las PYMES, facilitándoles alcanzar mayores economías de escala y sinergias a través de una unidad especializada dentro de la Dirección General de Fomento Empresarial y en coordinación con la Comisión Presidencial de Competitividad, con el objetivo que las pequeñas y medianas empresas se fortalezcan comercialmente y estén mejor preparadas para enfrentar la competencia y asumir los retos de la competitividad.
5. Perfeccionamiento de un sistema de información único para el fomento de la exportación.
El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) se reestructurará en un centro de promoción de las exportaciones (NICAEXPORT) dirigido al desarrollo de sectores de mayor potencial de crecimiento, que facilite además de la información e inteligencia de mercado para la identificación de oportunidades, requisitos de acceso a los mercados y contactos comerciales, brindándoles apoyo en los procesos de prefactibilidad de exportación, estudios de productos, mercados, negocios y la elaboración de los planes de exportación con la identificación de los costos a incurrir por las exportaciones.
NICAEXPORT brindará información sobre los programas de crédito y de cooperación disponible para la promoción de las exportaciones o programas de formación que se estén impulsando en el país. El MIFIC promoverá que las organizaciones gremiales, sean estas de pequeños o grandes empresas, colaboren con este centro a fin de asegurar que su funcionamiento permita el objetivo señalado de propiciar un ambiente totalmente enfocado a la exportación.
6. Incorporación formal de la investigación y desarrollo de las Universidades al proceso de producción nacional.
El fortalecimiento de la educación superior requerirá que las Universidades participen activamente del proceso de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de producción, administración y formación general en los campos de mayor potencial para la exportación. Para ello la Asamblea Nacional condicionará que un porcentaje racional de las asignaciones previstas en el presupuesto a las Universidades sea destinado a investigación y desarrollo, asimismo parte de la curricula de graduación de los futuros profesionales será el énfasis en programas que faciliten el acceso a la transmisión del conocimiento para los productores pequeños y medianos y artesanales de nuestro país, interactuando sus horas prácticas y tesis a través de dichos programas.
El Poder Ejecutivo preverá que los nuevos programas de cooperación avalados por el Estado incluyan un componente de innovación y/o transferencia tecnológica.
7. Promoción de la calidad, tecnología y normalización certificada
En el contexto de CAFTA-DR y la Unión Aduanera Centroamericana, el MIFIC impulsará, preferiblemente en la agenda regional, el establecimiento de un centro de certificación de la producción centroamericana, con oficinas en cada país miembro del acuerdo de libre comercio a fin de asegurarnos el acceso de nuestros productos al mercado de Estados Unidos o como mínimo deberá impulsarse el establecimiento de organismos nacionales de certificación de productos; la acreditación de laboratorios que emitan resultados confiables y de entidades de inspección que verifiquen el cumplimiento de las normas de los productos que se sometan al proceso de certificación.
El MIFIC, a través de la Oficina Nacional de Acreditación, será la institución responsable de la acreditación de los organismos de certificación de los productos de exportación prioritarios para Nicaragua en un plazo no mayor de 18 meses. A la vez, se deberá promover el establecimiento de estándares y normas técnicas que garanticen la calidad de los productos.
En el contexto de los esfuerzos para establecer un Sistema Nacional de la Calidad, la Asamblea Nacional se compromete a incluir dentro de su agenda Legislativa para la presente legislatura, la aprobación del Proyecto Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica (PAIT II) del Fondo Nicaragüense de Tecnología (FONITEC).
8. Sanidad Animal, Vegetal, e Inocuidad de Alimentos
El Presupuesto General de la República deberá prever recursos para el fortalecimiento del MAGFOR, MINSA y MIFIC, que permita el funcionamiento efectivo de un sistema de control, seguimiento y verificación de la salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos y calidad de los productos de exportación, de tal forma que los productos de consumo nacional y para exportación cumplan con las normas sanitarias y estándares de calidad, con el objetivo de apoyar al sector exportador a cumplir con las exigencias del mercado internacional y asegurar la calidad de las importaciones.
9. Adecuación de la Infraestructura de apoyo a la producción y la exportación.
El Poder Ejecutivo, con el apoyo de la Asamblea Nacional, propiciará dentro del programa de cooperación asociado al CAFTA-DR, la priorización de proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructura y servicios de apoyo a la producción, tanto como caminos de penetración, carreteras troncales y adecuación de puertos. En materia de energía eléctrica deberán dictarse políticas y regulaciones que permitan la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas, tanto de artesanías, madera o agricultura a base de riego a fin de potencializar la incorporación de nuevas tecnologías que incrementen su productividad.
10. Facilitación del Flujo Comercial y Fortalecimiento del Derecho Comercial y las Instituciones.
La Asamblea Nacional aprobará los cambios necesarios en la legislación nacional y el Poder Ejecutivo impulsará las medidas dirigidas al marco normativo, regulatorio e institucional del comercio, la reducción de costos de transacción, administrativos y de logística orientada a la facilitación de los flujos de comercio regional e intra-regional y garantizar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los agentes económicos y una mayor eficiencia y simplificación de trámites.
El Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional avanzarán según sus atribuciones, en los próximos veinticuatro meses en las siguientes áreas:
La Unión Aduanera y el proceso integracionista centroamericano. Mejoramiento del procesamiento de exportaciones e importaciones.
Modernización de las aduanas nacionales.
Fortalecimiento y modernización de la infraestructura relacionada al comercio.
Iniciativa del Plan Puebla Panamá.
Aprobación de la Ley de Comercio Exterior.
Garantizar al MIFIC los recursos presupuestarios necesarios para la efectiva administración de los tratados.
Aprobación de la Reforma a la Ley de Zonas Francas.
Aprobación de la Ley de Arbitraje Comercial y fortalecimiento de las instituciones y autoridades competentes para su aplicación.
Aprobación de la Ley de Competencia.
Aprobación de la Ley del Consejo Superior del Trabajo.
Actualización de normas del Código de Comercio de Nicaragua acorde con el nuevo entorno comercial internacional.
II. EN MATERIA DE LIBERTAD E IGUALDAD DE ACCESO A LA COMPETENCIA EL PODER EJECUTIVO A TRAVES DEL MIFIC:
1. Elaborará Reglamentos para la Administración y Adjudicación de contingentes acordados en el CAFTA-DR para los productos de exportación como de importación, de conformidad con los acuerdos establecidos en el Tratado y en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ratificados por la República de Nicaragua. (Ver Anexo 1.1)
2. Identificará mecanismos de compensación al país por aquellas industrias que se beneficiarán de la cuota de acceso al mercado de Estados Unidos libre de impuestos, particularmente en la industria del Azúcar. (En este tema es de vital importancia el aspecto de los precios internos del azúcar y mecanismos de participación de capital nacional en las nuevas asignaciones de los TPL)
III. EN MATERIA LABORAL EL PODER EJECUTIVO A TRAVES DEL MITRAB:
1. Establecerá la Comisión Tripartita de manera permanente para dar seguimiento al cumplimiento de la legislación laboral vigente.
2. Velará por la aplicación de la ley de Derechos Laborales Adquiridos.
La Asamblea Nacional apoyará el fortalecimiento institucional del Ministerio del Trabajo, a través de una adecuada asignación presupuestaria.
IV. EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EL PODER EJECUTIVO A TRAVES DEL MARENA
1. Adecuará su estructura orgánica para garantizar la aplicación de las Leyes y Regulaciones en materia ambiental.
2. En conjunto con las autoridades correspondientes, trabajará a lo inmediato en la redacción u aprobación de la Ley de Aguas, Reforma a la Ley General del Medio Ambiente, tipificación de Delitos Ambientales, Ley de Bioseguridad, Ley de Biodiversidad y Reformas a las Leyes de Propiedad Intelectual que protejan los conocimientos tradicionales y ancestrales, especialmente sobre la flora y fauna nicaragüense.
V. EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
1.- En un término no menor de doce meses, el Poder Ejecutivo deberá definir el mecanismo que asegure el acceso a medicamentos genéricos en aquellos casos de emergencia o urgencia nacional o prioridades que se definan en el plan de salubridad nacional, tomando en consideración los compromisos internacionales en el marco de la OMC y la Ronda Doha.
VI. DISPOSICIONES GENERALES
Esta agenda paralela es parte de un plan de acción de más largo alcance que la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo deberán impulsar para superar los problemas estructurales del país, alcanzar el desarrollo sostenible y reducir la pobreza, a través de una estrategia integrada para mejorar los niveles de competitividad, fortalecer el capital humano, fortalecer el entorno regulatorio e institucional fomentando la transparencia y eficiencia, y lograr una exitosa inserción del país en los mercados internacionales.
Para garantizar la correcta aplicación del Tratado y esta agenda paralela y lograr el máximo aprovechamiento de los beneficios y enfrentar los desafíos del CAFTA-DR, es imperativo que la Ley de Presupuesto General de la República tome en consideración la asignación adecuada de los recursos que permitan su efectiva implementación.
ANEXO 1.1
PRINCIPIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LAS CUOTAS DEL CAFTA – DR
o Los procedimientos para la administración y adjudicación de las cuotas obtenidas en el contexto del CAFTA-DR se deberán hacer conforme los mecanismos establecidos en el marco de la OMC y según lo estipulado en el mismo Tratado.
o De acuerdo a lo establecido en el CAFTA-DR, las asignaciones se deberán otorgar, en primera instancia, en base al record histórico de importación de los solicitantes, dejando un porcentaje de la cuota para ser asignada a nuevos solicitantes.
O En los casos donde no exista un record histórico de importación para algún producto, las asignaciones se efectuarán de acuerdo al principio de primero en tiempo, primero en derecho, por un período de uno a tres años, tiempo durante el cuál se deberá establecer un record histórico de importación.
o En el caso específico del arroz granza, la asignación de la cuota se deberá realizar conforme al método histórico y con la aplicación de un requisito de desempeño que exigirá la compra de arroz nacional de un volumen equivalente al volumen importado dentro de la cuota.
o En el caso específico de las piezas de pollo, la cuota deberá ser asignada a través de un mecanismo de subasta definido de común acuerdo entre las partes.
o Los procedimientos y mecanismos garantizarán que, cualquier persona, natural o jurídica que cumpla con los requisitos legales y administrativos, sea elegible para solicitar y considerada para la asignación de la cuota.
o Los procedimientos para la asignación de las cuotas deberán ser transparentes y no discriminatorios.
o Los procedimientos o reglamentos se darán a conocer a través de su publicación en los periódicos y además se colocarán en la página WEB del MIFIC, a fin de que cualquier persona ya sea por sus propios medios o a través de la oficina del Centro de Información y Consultas Comerciales (CICC) de la Dirección de Política Comercial del MIFIC, tenga acceso a los mismos.
o Los procedimientos y mecanismos, sin menoscabo del control y supervisión adecuada, serán ágiles, flexibles y sencillos, con la finalidad de garantizar la utilización plena de la cuota asignada.
O Los procedimientos y mecanismos garantizarán que las asignaciones se hagan en cantidades de embarque comercialmente viables y, en la medida de lo posible, en las cantidades que los importadores soliciten.
SECRETARIA MARÍA AUXILIADORA ALEMÁN:
DICTAMEN DE MINORÍA
Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente Asamblea Nacional
Su Despacho.
Honorable Señor Presidente:
Las suscritos miembros de la "Comisión Especial para el Seguimiento Permanente a las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica", con fundamento en los artículos 49 del Estatuto General y Arto.93 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, presentamos el Siguiente Dictamen de Minoría Desfavorable sobre el " Decreto de Aprobación del Tratado de Libre Comercio Centroamericana - Estados Unidos y República Dominicana", también conocido por su nombre en ingles como Dominican Republic - Central American Free Trade Agreement y por sus siglas en inglés como DR- CAFTA.
La Comisión Especial para el Seguimiento Permanente a las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica se fundamenta en el artículo 27 numeral 5 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, según Resolución J.D. No. 006-2003 del catorce de julio del dos mil tres, ya que fue considerado de primordial importancia que la Asamblea Nacional se involucrara plenamente en el proceso del seguimiento a las negociaciones, dado que de conformidad al artículo 138 numeral 12 de la Constitución Política de Nicaragua, es facultad privativa de la Asamblea Nacional "Apoyar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional. Dichos instrumentos internacionales solamente podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general sin poder hacerles cambios o agregados a su texto. La aprobación legislativa les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua una vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente mediante depósito o intercambio de ratificaciones cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en el texto del tratado o instrumentos internacional".
El presente Tratado surge en abril del 2001, durante la Cumbre de las Américas, cuando los Presidentes del área centroamericana expresaron al Presidente George W. Bush, el interés de suscribir un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, argumentando desde su visión, tres ventajas: (I) una Centroamérica mas prospera, con mayores fuentes de empleo, lo que implicaría menos migración ilegal hacia los Estados Unidos. (II). Productos de alta calidad a precios favorables para los consumidores y (III) un mercado más atractivo y con mayor poder adquisitivo para las exportaciones estadounidenses. Para el 18 de febrero del año 2002 los Ministros de Comercio del área centroamericana aprobaron el Marco General para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El 28 de mayo de 2004 sé firmo el Tratado luego de un año de talleres de preparación y nueve rondas ordinarias de negociaciones, las que formalmente dieron inicio el 8 de febrero del 2003.
En el proceso de Dictamen realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento Permanente a las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría de sectores consultados fueron unánimes y categóricos alrededor del planteamiento de que dicho tratado en los términos y condiciones en que ha sido negociado, es perjudicial para los sectores involucrados en particular y para el país en general. Que si bien es cierto en la actualidad Nicaragua necesita de la diversificación de sus relaciones económicas y comerciales ya sea en el marco bilateral o multilateral, esas relaciones deben ser basadas en principios de simetría que reconozca las diferencias de tamaño y el desarrollo de las economías centroamericanas particularmente la nicaragüense y de los Estados Unidos de Norte América.
Conociendo que los sectores más vulnerables de nuestro país como son el sector agropecuario, laboral, ambiental y la pequeña y mediana empresa rural y urbana serán seriamente afectados por las simetrías y tratos desiguales contenidas en este tratado comercial; y que en las actuales condiciones, Nicaragua no está preparada para enfrentar la implementación del DR - CAFTA, ya que requiere cerrar brechas, un plan emergente de producción y competitividad y que existen vacíos legales que demandan cambios institucionales y reformas a políticas y normativas.
Por su parte la mayoría de los sectores consulados manifestaron, entre otros aspectos, los siguientes desacuerdos con el texto negociado y que perjudicarían significativamente la economía nacional.
Una condición previa a cualquier tratado comercial es el desarrollo de nuestro propio proceso de integración económica y de intercambio comercial entre los centroamericanos y la región caribeña, de tal manera que pudiésemos avanzar en una política regional agrícola, aranceles externos comunes, mejoramiento de nuestra infraestructura, normas jurídicas sanitarios, ambientales, laborales, salariales, migratorias y sociales comunes en pro de nuestro propio desarrollo regional, así como una moneda y un pasaporte común que nos permita la libre movilidad de las personas a la par de la libre movilidad de nuestras mercancías.
Nicaragua es un país con una economía predominante agropecuaria; este sector según el Censo Nacional Agropecuario está integrada por 199,549 familias, de ellas, el 80% siembra granos básicos en pequeña y mediana escala y en condiciones difíciles, sin apoyo del gobierno, este agricultor en el marco del CAFTA deberá competir con agricultores y empresas agroindustriales de Estados Unidos que reciben subsidios por producir y por comercializar sus productos a países pobres como el nuestro, vendiendo a un precio de por debajo los costos de producción, legalizando así la práctica del doping, la competencia desleal, desigual e injusta, la cual traerá como consecuencia el desplazamiento de la producción nacional y la quiebra de miles de productores nicaragüenses.
El haberle aceptado a los Estados Unidos no discutir y no tomar acuerdos sobre el tema de los grandes subsidios que este país le da a sus agricultores y empresas agroindustriales, sumándole a su política proteccionista, provoca una sobreproducción que se coloca en nuevos mercados como los nuestros, mediante los tratados de libre comercio a precios de doping(o sea por debajo de los costos de producción). Esta práctica provoca una distorsión de los precios de los productos agropecuarios y nos obligan a competir en condiciones muy desiguales, provocando más pobreza, migración del campo a la ciudad y hacia otros países y una reconcentración de los medios de producción en pocas manos.
Al no lograrse un tratado especial y diferenciado, estaremos aceptando que Estados Unidos y Centroamérica (particularmente Nicaragua) somos iguales a pesar de los distintos niveles de desarrollo, donde debe regir la regla de la reciprocidad, olvidándonos de unos de los principios de las negociaciones comerciales incluidos en el texto del GATT( Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, hace mas de cincuenta años) en el párrafo 8, arto 36 del capítulo sobre comercio y desarrollo donde se establece el trato especial y diferenciado y la reciprocidad que se debe dar en las negociaciones comerciales entre países desarrollados y en vías de desarrollo.
Nicaragua no esta preparada para la implementación del CAFTA en el corto plazo, requiere disminuir brechas y profundos déficit que demandan cambios institucionales, desarrollo productivo, competitividad, acceso a tecnologías, políticas y normativas (marco jurídico). Se necesita establecer estrategias anticipadas de mitigación de impactos, especialmente para los sectores más vulnerables. Necesitamos concretar una agenda nacional e implementar un plan de transcripción para los sectores más sensibles de la economía nacional.
El CAFTA afectara el libre acceso de la población y el abastecimiento del sistema publico de salud de medicamento genéricos, cuyos componentes se encuentran disponibles en el mercado para su combinación, obligándolo a proteger y consumir a mayores precios las marcas patentadas por las corporaciones transnacionales, lo cual implica que nuestra población se vera obligada a comparar los mismos medicamentos consumidos anteriormente a precios exorbitantes o de lo contrario se incrementará la mortalidad por la falta de acceso a los mismos.
El CAFTA ha sido propagandizado como generador de empleo, pero no garantiza el derecho al empleo contemplado en el artículo 80 de la Constitución de la República: "El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de las personas". El capítulo laboral del CAFTA solamente es una declaración de intenciones, no asegura el mejoramiento de los salarios de los trabajadores ni de sus condiciones laborales, ni asegura el libre ejercicio de libertad de organizaciones sindical. Por su parte el sector empresarial de Nicaragua ha interpuesto mas de siete recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Derechos Laborales Adquiridos aprobados por la Asamblea Nacional, demostrando con ello su práctica de incumplir los derechos de los trabajadores y de impulsar futuras reformas laborales que eliminen mas los derechos laborales.
La competitividad que Nicaragua sustenta para la promoción y captación de la inversión extranjera está basada en la oferta de mano de obra más barata de Centroamérica, que nos lleva a precarizar aun más nuestro mercado laboral. No existe ningún plan de generación de empleos más allá del discurso gubernamental. El precario empleo que sustentan con el desarrollo de mas zonas francas no compensara ni en un 10% las necesidades reales de generar empleos productivos y estables y por el contrario el desplazamiento productivo de miles de familias campesinas, de artesanos, comerciantes, panaderos, farmacéuticos, de la pequeña y mediana empresa y aun de empresas grandes tendrá como saldo un mayor desempleo, aumento de la migración hacia otros países y por tanto mayor inestabilidad social en el país.
Una condición necesaria para negociar un Tratado de Libre Comercio es el reconocimiento de las asimetrías entre una potencia como Estados Unidos y un pequeño país pobre como Nicaragua (segundo lugar en América Latina, solamente superado por Haití), condición que demanda el establecimiento de un Fondo Especial de Compensación que permitiese prepararnos para la inserción progresiva en este intercambio comercial, así como la reconversión productiva. Debió haberse excluido de estas negociaciones los productos sensibles para nuestro país (que son subsidiados en EE.UU.) y evitar las patentes sobre nuestra vida animal y vegetal y los medicamentos farmacéuticos sensibles para nuestro sistema de salud pública.
La inseguridad judicial de los beneficiarios de reforma Agraria y la falta de políticas socioeconómicas hacia este importante sector, no ha permitido la estabilidad para la Generación de la producción pecuaria y agrícola, los que ascienden aproximadamente a 800,000 familias. Dejar sin alternativas a estas familias significa enviarlas al desempleo, con lo que el país estaría generando más hambruna, lo que provoca un boomerang social a corto y mediano plazo.
Ejemplo de esto los tenemos en las fincas de café de Matagalpa y Jinotega, lo que se estará reproduciendo en otras regiones del país.
El CAFTA lejos de desarrollar nuestras capacidades productivas, provocará que las empresas norteamericanas debiliten mas nuestra capacidad de desarrollo económico local, destruyendo nuestra estructura productiva, afectando sectores agropecuarios, forestal, industria, servicios así como la desaparición de las pequeñas y medianas empresas, todo esto repercutirá en aumento de nuestra dependencia económica. La invasión progresiva de productos agrícolas norteamericanos subsidiados, harán desaparecer la poca estructura de producción de miles de familias campesinas, de pequeñas y mediana producción que serán sustituidos por sistemas de agricultura intensiva, altamente capitalizados controlados por las transnacionales.
Los subsidios del gobierno estadounidense son en promedio de 21 mil dólares por productor, esto permite que los Estados Unidos inunden los mercados a precios por debajo del costo de producción en el mercado mundial, consecuentemente los precios de los cultivos se afectan aun más, terminado así con los agricultores más débiles para enriquecer así a los agricultores norteamericanos. Se permite que los estados Unidos pueda introducir los productos agropecuarios e industriales que quiera a nuestro país. En cambio Nicaragua está sujeta a cuotas pequeñísimas en los pocos productos que impondríamos exportar y a fuertes restricciones sanitarias, fitosanitarios y a incontrolables barreras por concepto de BIOTERRORISMO.
EL CAFTA plantea incluir en las licitaciones públicas de compras de bienes y servicios a empresas transnacionales bajo condiciones no discriminatorias, con el claro objetivo de favorecerlas.
Se desconocen las proyecciones fiscales para el pago de la deuda interna para los próximos diez años, pero sabemos que la tendencia es un mayor endeudamiento de nuestro país. El gobierno no ha hecho un análisis serio del impacto fiscal con la reducción arancelaria acordada en el DR - CAFTA, ni de que manera se le hará frente a las demandas de inversión social y productiva en nuestro país para la supuesta competitividad y pie de igualdad que se tendrá frente a las compañías norteamericanas. Ya en este sentido el FMI recomendó suplir este déficit fiscal a través del aumento de los impuestos del IVA, del IR y/o la creación de nuevos impuesto a la población.
EL CAFTA viola la Constitución al establecer que cualquier interpretación y resolución de controversias podrá efectuarse por medio de una "comisión libre comercio" arrebatando facultades constitucionales atribuidas al Poder Judicial y a la Asamblea Nacional. Las corporaciones multinacionales adquirirán el poder de demandar a nuestro país cuando se trate de proteger nuestros intereses nacionales para defender los derechos de los consumidores, los trabajadores, los productores y nuestro medio ambiente, bajo el argumento de que se impide el libre comercio que CAFTA brindo a los Estados Unidos de Norteamérica.
En las negociaciones del CAFTA no se tomó en cuenta a la gran mayoría de productores del país ni a los trabajadores, ni se diseñó dicho Tratado en una estrategia de solución de los problemas sociales y económicos de la nación. Ningún grupo político y/o económico puede hoy construir a solo el futuro del país, el CAFTA es competir en condiciones iguales entre dos economías diametralmente desiguales.
Por otra parte expresamos nuestra seria preocupación sobre la llamada Agenda Complementaria negociada entre el PLC y el MIFIC para realizar un dictamen mayoría a favor de la ratificación del CAFTA, en primer lugar porque esta agenda no tiene carácter de obligatoriedad y en segundo lugar por ser insuficiente en su contenido y alcance. Con fecha del 31 de marzo del 2005 la Ministra de Fomento Industria y Comercio, Sra. Azucena Castillo envío carta el Diputado Carlos Noguera, donde excluye de esta Agenda la creación del Banco de Fomento, institución que claman por ella miles de productores nicaragüenses.
Urgimos al gobierno a realizar una evaluación de impacto con la implementación del DR - CAFTA en cada sector productivo, que se orienten los recursos necesarios par compensare a los sectores perdedores, a iniciar y desarrollar una Agenda de Desarrollo Nacional que se incluyan a todos los sectores productivo y laborales del país, y que contemple políticas de fomento a la producción, de competitividad, asistencia técnica, acceso al crédito, comercialización, creación de empleos estables con salarios dignos, protección y desarrollo de nuestros recursos naturales de bioseguridad, entre otros.
Dejamos claramente sentada nuestra posición de la necesidad que Nicaragua establezca acuerdos o tratados comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica y otros países y regiones del mundo, pero estos tratados deben ser realmente libres y acordes a nuestra realidad y necesidad de desarrollo, en donde las ventajas sean para la mayoría de los ciudadanos de los países que comercian y no solamente a favor de las minorías económicas o grupos transnacionales.
Necesitamos tratados comerciales justos y equitativos que apunten a consolidar el desarrollo, la justicia social y la democracia, en donde el desarrollo humano y social vaya de la mano con el desarrollo comercial. Con tratados como el CAFTA pierden los pobres, se genera más hambre, más desempleo, más migración y tendremos más inequidad, discriminación e injusticia social.
Por todo lo antes expuesto y con fundamentos en los artículos 138 numeral 12 de la Constitución y el 49 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, las suscritas diputadas miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a los Tratados de Libre Comercio de la Asamblea Nacional, demandamos el rechazo y presentamos nuestro DICTAMEN DE MINORIA DESFAVORABLE al "Decreto de Aprobación del Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Estados Unidos y la República Dominicana (DR -CAFTA)", por lo que solicitamos al honorable plenario, su pleno y total respaldo al presente dictamen, que aun siendo de minoría expresa la voluntad de la gran mayoría de la población nicaragüense que se vera afectada negativamente por el presente tratado de libre comercio.
Dado en la ciudad de Managua, a los tres días del mes de agosto del 2005.
Alba Azucena Palacios Benavídez.
Ritha Fletes Zamora.