Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	19 de Mayo del 2010	Fechas Posteriores Debate:
Fecha Aprobación:	15 de Julio del 2010	1 - 07/ 13- 07/ 14 - 07- 2010
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" LEY GENERAL DE SEGUROS, REASEGUROS Y FIANZAS. "

 Superintendencia de Bancos, quienes comparecieron los días 14 de mayo del año 2009 y el 15 de octubre de este mismo año, el Superintendente Doctor Víctor Urcuyo, la Doctora Virginia Molina Vice Superintendente acompañados del Intendente de Seguros el Licenciado José Ramón Pérez, entre otros.

 Banco Central de Nicaragua.

 Asociación Nicaragüense de Aseguradoras Privadas (ANAPRI) el 14 de mayo del año 2009 y el 15 de octubre de este mismo año, comparecieron representantes de Empresas Aseguradoras como: Metropolitana de Seguros, Seguros La FISE, Seguros América, Aseguradora Mundial, entre otras.

 El Presidente del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER), Eduardo Halleslevens Acevedo.

 El Presidente de la Cámara Nicaragüense de Corredurías, El Presidente de Seguros y Fianzas, y J.D.C. Jarquín y CIA., los días 15 de octubre del año 2009 y 15 de marzo del año 2010.

 Desde el mes de octubre del año 2009 el equipo técnico de la Comisión tuvo varias sesiones de trabajos con INISER, SIBOIF, así como con la Cámara Nicaragüense de Corredurías.

 Amplía y brinda nuevas facultades al órgano regulador (SIBOIF).

 Abre el mercado a las empresas de seguros extranjeros.

 Promueve la protección de los derechos de los usuarios.

 Regula la fusión de las sociedades de seguros.

 Modifica y actualiza los montos del capital social obligatorio.
 Norma y regula las facultades de la SIBOIF en materia de sanciones.

 Introduce la figura del Contralor normativo y detalla el procedimiento para los planes de normalización y liquidación.

 Crea una nueva rama de seguros, el micro seguro.

 Actualiza la Ley de conformidad a los avances tecnológicos.

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados a la Orden del Día No. 002, Punto III: DISCUSIONES DE DICTÁMENES DE DECRETOS Y LEYES PRESENTADOS.

Punto: 3.49 Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas.

Continuaremos con la discusión en lo particular de esta ley, misma que ya fue aprobada en lo general.

Cada vez que esta Ley utilice el término de entidades de seguros, sociedades o sus similares, tanto en mayúsculas como en minúsculas, singular o plural, se entenderá que se trata de entidades que operan en seguros, reaseguros, fianzas y reafianzamiento, nacionales o extranjeras, de propiedad privada, estatal o mixta, salvo las excepciones expresamente contempladas en esta Ley.

2.1 Las personas jurídicas, las nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, que se dediquen a suscribir o comercializar seguros, reaseguros y fianzas.

2.2 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen en el país al ejercicio de las actividades relativas a la intermediación de los contratos de seguros, fianzas, reaseguros y reafianzamiento.

2.3 Las personas naturales o jurídicas que actúen como auxiliares de las sociedades de seguro y realicen las actividades de actuaría, concerniente a esta materia, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros a daños cubiertos por dichos contratos y consultorías en general.

2.4 Las sociedades o entidades de naturaleza estatal o mixta, que se dediquen a suscribir o comercializar seguros, reaseguros y fianzas.

La presente Ley no es aplicable a la actividad derivada de la seguridad social.

 Activos reales: Es el total del activo menos el activo no realizable ni recuperable denominado activo ficticio.
 Activos no reales o activos ficticios: Son los que no constituyen inversión efectiva, es decir no tienen un claro valor de realización y capacidad productora de ingresos. Debiendo incluirse dentro de estos los siguientes: deudores varios, excepto productos por cobrar; mobiliario y equipo, otros activos y cargos diferidos.
 Adenda: Documento que se une a una póliza de seguros en el que se establecen ciertas modificaciones o declaraciones en el contenido anterior de esta, dejándola a un nuevo tenor.
 Agentes de seguros: Son las personas naturales nicaragüenses o extranjeras residentes en el país, autorizados por el Superintendente y registrados en la Superintendencia, dedicados a la colocación de seguros por cuenta y en nombre de una sociedad de seguros autorizada para operar en el país, que hayan recibido capacitación técnica y práctica en materia de seguros.
 Agencias de seguros: Son las sociedades mercantiles constituidas por agentes de seguros autorizados por el Superintendente, y registrados en la Superintendencia, cuya finalidad social única sea ofrecer seguros solamente a nombre de una sociedad de seguros, promover la suscripción de los contratos correspondientes y obtener su renovación. Los subagentes de la agencia de seguros mantendrán con ésta una relación de carácter mercantil.
 Ajustadores o liquidadores de reclamos: Las personas naturales o jurídicas autorizadas por el Superintendente, y registradas en la Superintendencia, con especiales conocimientos teóricos y prácticos sobre las causas productoras de los siniestros y la valoración de los daños ocasionados a fin de que, la entidad aseguradora, en base a su informe determina el importe de la indemnización correspondiente.
 Asegurado: Persona natural o jurídica que, mediante el pago de una prima, recibe la protección de la sociedad de seguros, lo que le da derecho, en virtud de lo establecido en la póliza de seguro, al cobro de las indemnizaciones que se produzcan.
 Beneficiario: Persona designada en la póliza por el asegurado o el contratante como titular de los derechos indemnizatorios que en dicho documento se establecen.
 Capital Efectivo: Es el requerimiento de capital destinado a respaldar los riesgos técnicos que afecten a una institución (solvencia) a riesgos de inversión, riesgos crediticios y otros riesgos que puedan afectarla.
 Capital de riesgo: Es el capital que representa las fuentes propias de financiación de la sociedad de seguros y está constituido por la diferencia entre los activos reales y los pasivos exigibles.
 Cartera: Conjunto de pólizas o contratos de seguros, reaseguros y fianzas emitidos y suscritos, cuyos riesgos están cubiertos por las sociedades de seguros.
 Cláusulas lesivas: Cláusulas que prohíben o impiden total o parcialmente el ejercicio de un derecho del asegurado y, por tanto no producen ningún efecto.
 Coaseguro: Participación de dos o más aseguradoras en la cobertura de un mismo riesgo, en virtud de contratos directos realizados por cada una de ellas identificando a las otras, indicando el porcentaje de participación en el riesgo que cada una tiene.
 Comercializadores de seguros masivos: Son personas jurídicas, autorizadas por el Superintendente y registradas en la Superintendencia para colocar seguros masivos como un servicio agregado a sus funciones principales. Estas entidades no están autorizadas a suscribir seguros, sino únicamente distribuirán coberturas suscritas por sociedades de seguro.
 Condiciones generales: Es el conjunto de principios básicos que establece el asegurador para regular todos los contratos de seguro que emita en el mismo ramo o modalidad. Se establecen las normas relativas a la extensión y objeto del seguro, riesgos excluidos con carácter general, forma de liquidación de los siniestros, pago de indemnizaciones, subrogación, comunicaciones, jurisdicciones, entre otras.
 Condiciones especiales: Es el conjunto de disposiciones que forma parte de la póliza de seguro, en las que se recogen las modificaciones, ampliaciones o derogaciones de las condiciones generales o particulares que hayan resultado de los acuerdos entre el asegurador, el asegurado y/o contratante de la póliza.
 Condiciones particulares: Documento que forma parte de la póliza y que recoge los aspectos concretamente relativos al riesgo individualizado que se asegura y en particular: nombre y domicilio del contratante, asegurado y beneficiario; concepto en el cual se asegura, efecto y duración del contrato, importe de la prima, recargos e impuestos, objetos asegurados, riesgos cubiertos y situación de los mismos, naturaleza de los riesgos cubiertos, alcance de la cobertura, entre otros.
 Consejo Directivo: Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
 Contratante: Persona que suscribe con una entidad aseguradora una póliza o contrato de seguro.
 Contrato de seguro: Contrato mercantil de prestación de servicios de futuro, por el cual una sociedad de seguro se obliga mediante el pago de una prima, a indemnizar a otra persona natural o jurídica, de las pérdidas o daños que sufra como consecuencia de acontecimientos probabilísticos, fortuitos o de fuerza mayor, o a pagar una suma según la duración o los acontecimientos de la vida de una o varias personas.
 Corredor de seguros: Son corredores de seguros las personas naturales o jurídicas autorizados por el Superintendente y registrados en la Superintendencia, dedicadas por cuenta y en nombre propio a solicitar, negociar u obtener seguros en Nicaragua, a nombre de terceros, expedidos por sociedades de seguros autorizadas para operar en el país.
 Escisión: Proceso por medio del cual una sociedad de seguros sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades de seguro. También se considerará que habrá escisión cuando una sociedad de seguro se disuelva sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, transfiriéndolos a varias sociedades de seguro o destinándolo a la creación de nuevas sociedades.
 Evaluador de riesgo: Son personas naturales o jurídicas, autorizadas por el Superintendente y registrados en la Superintendencia, especializados en hacer estudios mediante una metodología científica para determinar en un período de tiempo concreto la probabilidad de que ocurran daños personales o pérdidas materiales, así como su cuantificación como acción previa al proceso de aseguramiento, con el objeto de que la sociedad de seguro aprecie el riesgo que ha de cubrir.
 Fianza: Es un contrato mercantil de carácter accesorio, en virtud del cual la afianzadora se obliga a indemnizar al beneficiario, hasta por el límite establecido en el contrato, en caso de incumplimiento por parte del afianzado de sus obligaciones contractuales, mediante las opciones estipuladas en el mismo. Las erogaciones o pago de la fianza hecho por el afianzador deben ser reembolsados por el afianzado o por quien garantice al afianzado ante la sociedad emisora de la fianza.
 Fronting: Es una operación por la cual se designa a la entidad aseguradora que asume un riesgo, pero transfiere realmente su cobertura íntegra o gran parte de ella a otros aseguradores o reaseguradores extranjeros.
 Fusión: Proceso por medio del cual dos o más sociedades de seguros se disuelven sin liquidarse para integrar una nueva, o cuando una ya existente absorbe a otra u otras. La nueva sociedad de seguros o la incorporada, adquiere la titularidad de derechos y obligaciones de las sociedades disueltas.

 Indemnización: Importe que está obligado a pagar contractualmente la entidad aseguradora en caso de producirse un siniestro. Es en consecuencia, la contraprestación que corresponde al asegurador frente a la obligación de pago de prima del asegurado. El fin de la indemnización es conseguir una reposición económica en el patrimonio del asegurado afectado por un siniestro, bien a través de una sustitución del objeto dañado o mediante la entrega de una determinada cantidad en dinero, o bien mediante la prestación de servicios. Sin embargo, en cualquiera de ambos casos, debe haber una doble limitación en la indemnización: por un lado no puede ser superior a la suma asegurada en la póliza para el riesgo afectado por el siniestro; y de otro que no puede exceder del valor real del objeto dañado inmediatamente antes de producirse el accidente.
 Investigador de siniestros: Son personas naturales o jurídicas registrados en la Superintendencia, que a solicitud de parte interviene en la averiguación u obtención de datos relativos a un siniestro, debiendo presentar a su mandante el informe sobre las ocurrencias del siniestro.
 Ley de la Superintendencia: Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
 Ley General de Bancos: Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros.
 Micro seguro: Contrato en virtud del cual se otorga protección contra riesgos específicos y limitados a personas de bajos ingresos, así como a entidades pequeñas, a cambio del pago de primas de bajo costo.
 Pasivos exigibles: Son los pasivos que representan una responsabilidad vigente, inmediata o a plazo, definida o estimada, de parte de la sociedad de seguros y que no dependen de la ocurrencia de un evento fortuito para su exigibilidad.
 Perito valuador: Persona con especialidad y probada experiencia en la labor de peritaje.

 Prima: El valor de la cuota o pago que debe satisfacer el contratante o asegurado a una sociedad de seguros, en concepto de contraprestación por la cobertura del riesgo especificado en el contrato de seguro, reaseguro y fianza.
 Pleno de retención: Límite máximo de la suma asegurada total garantizada, que la sociedad de seguro puede asumir bajo su propia cuenta y responsabilidad en un contrato de reaseguro proporcional.
 Reaseguro facultativo: Es aquel en que la sociedad cedente no se compromete a ceder ni la sociedad reaseguradora se compromete a aceptar determinada clase de riesgos, sino que estos han de ser comunicados individualmente, estableciéndose para cada caso concreto las condiciones que han de regular la cesión y la aceptación.
 Reaseguro proporcional: Es aquel en el que el reasegurador participa en una proporción fija en todos los riesgos que sean asumidos por la cedente en determinados ramos o modalidad de seguros.
 Reaseguro o reafianzamiento: El contrato mercantil en virtud del cual una sociedad de reaseguro o reafianzamiento acepta a su cargo total o parcialmente un riesgo ya cubierto por el asegurador directo, o el remanente que exceda de la cantidad asegurada por el asegurador directo.

 Retrocesión: Contrato mercantil e instrumento técnico mediante el cual una sociedad reaseguradora cede a otra sociedad reaseguradora parte del riesgo aceptado en reaseguro a otro reasegurador.
 Subagentes: Son las personas naturales, nicaragüenses o extranjeros residentes en el país, autorizados por el Superintendente a solicitud de una sociedad corredora de seguros, o una agencia de seguros para colocar seguros por cuenta y en nombre directo de la sociedad solicitante. Los subagentes propuestos deberán haber recibido capacitación técnica y práctica en materia de seguros.

 Seguros masivos: Son los seguros que se caracterizan por ser productos estandarizados como mercancías con una forma de mercadeo y distribución simplificado, cuyo objeto es colocar seguros a costos más accesible al público. Los seguros masivos no son un ramo individual sino una forma particular de organizar y distribuir el seguro.
 Siniestro: Es la realización del riesgo asegurado previsto en el contrato de seguro, del cual surge la obligación indemnizatoria del asegurador.
 Siniestralidad: Coeficiente o porcentaje que refleja la proporción existente entre el costo de los siniestros producidos en un conjunto o cartera determinada de pólizas y el volumen global de las primas que han devengado en el mismo periodo tales operaciones.
 Solicitud de seguro: Es el documento cumplimentado por el tomador de seguro, mediante el cual solicita a la entidad de seguro las coberturas descritas en dicho documento y, en consecuencia la emisión de la correspondiente póliza de seguros de cualquier naturaleza.
 Suma asegurada: Representa el límite máximo de la responsabilidad de la empresa aseguradora con respecto al asegurado, en caso de siniestro.
 Suma asegurada: Valor atribuido por el titular de un contrato de seguros a los bienes cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad máxima que está obligado a pagar el asegurador, en caso de siniestro.
 Superintendencia: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
 Superintendente: Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

5.1 Regular la actividad de seguros, reaseguros y fianzas, su intermediación y comercialización, de tal manera que el mercado asegurador sea dinámico, transparente y organizado.
5.2 Fomentar la transparencia en perfiles de riesgos y calidad de las sociedades de seguro, tanto para otorgar incentivos correctos a sus usuarios, como para un eficiente manejo del mismo.

5.3 Contribuir al establecimiento de un sistema asegurador moderno y eficiente, atendiendo criterios técnicos de especialización en el campo de los seguros, reaseguros y fianzas según los ramos u operaciones que realicen.

5.4 Actualizar las modalidades o metodologías de supervisión adecuándolas a las mejores prácticas internacionales y enfocadas en una supervisión basada en riesgo.

5.5 Velar por la liquidez y solvencia de las sociedades de seguros, reforzando la seguridad y confianza del público en éstas; así como generar una sana competencia y cartera de productos diversificados y eficientes para los usuarios.

5.6 Garantizar protección de los derechos de los usuarios o clientes quienes confían sus primas a las instituciones de seguros, reaseguros o fianzas y a sus intermediarios, como asimismo vigilar por el respeto de los mismos frente al desenvolvimiento del mercado de seguro.

6.1 Impartir las instrucciones necesarias para la aplicación y cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas que regulen a las personas naturales y jurídicas supervisadas.

6.2 Supervisar, vigilar y controlar las operaciones de las sociedades de seguro, intermediarias, auxiliares y demás personas sujetas a esta Ley. Para este fin podrá examinar las operaciones, libros, cuentas, archivos y documentos; requerir los estados financieros y otros informes en las fechas que considere convenientes para precisar las inversiones de capital y reservas; y en general, pedir todos los datos y antecedentes que le permitan informarse de su estado, desarrollo, solvencia y del cumplimiento del régimen legal aplicable. Toda la información que la sociedad proporcione debe ser veraz, suficiente y oportuna. Todo requerimiento de información por parte del Superintendente deberán ser atendidos sin aducir reserva alguna.

6.3 Cuando en el ejercicio de sus facultades lo requiera, convocar a los accionistas, miembros de junta directiva, presidente, gerentes u otros funcionarios o empleados de las sociedades de seguro.

6.4 Investigar los actos que hagan suponer la ejecución de operaciones violatorias de esta Ley, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables y, en su caso, mandar la suspensión de dichas operaciones.

6.5 Informar al Consejo Directivo acerca de los hechos o situaciones que a su criterio, afecten el buen funcionamiento o solvencia de las sociedades de seguro proponiendo las medidas pertinentes.

6.6 Investigar acerca de infracciones administrativas de que tenga conocimiento, por incumplimientos a las leyes de la materia y demás disposiciones legales aplicables, e imponer las sanciones administrativas que corresponda conforme la presente Ley y a las demás leyes que regulan las actividades de las sociedades, así como a las normas que emanen del Consejo Directivo e instrucciones del Superintendente.

6.7 Crear un registro en el que se disponga de copias actualizadas de los modelos del texto de las pólizas y condiciones generales, condiciones particulares y adenda, solicitud del seguro, cuestionarios y todos aquellos documentos relativos a la emisión de las pólizas de seguros autorizadas. No podrán emitirse seguros y fianzas con modelos de pólizas que no estén registrados.

6.8 Comprobar la exactitud y suficiencia de las reservas técnicas y matemáticas constituidas de acuerdo a las normas que con carácter general haya dictado el Consejo Directivo, lo mismo que la razonabilidad de los estados financieros y otros informes estadísticos contables solicitados con arreglo a las leyes, normas y requerimientos.

6.9 Crear y mantener el registro de las personas naturales o jurídicas autorizadas para desarrollar las operaciones reservadas a las sociedades de seguros, intermediarios y auxiliares de seguros.

6.10 Elaborar, mantener y publicar estadísticas relativas a las operaciones de las sociedades supervisadas que contenga por lo menos los estados financieros, margen de solvencia, solvencia de capitales requeridos, indicadores técnicos, información legal, las listas de intermediarios de seguros y de los demás auxiliares autorizados, y otros datos que considere oportunos.

6.11 Autorizar, supervisar y controlar las actividades que desarrollen los intermediarios y auxiliares de seguros, reaseguros y fianzas.

6.12 Autorizar a las sociedades de seguro las publicaciones sobre evaluaciones de riesgos, indicadores técnicos y financieros realizados por ellas mismas o a través de calificadoras de riesgos nacionales o extranjeras, siempre y cuando, no existan conflictos de interés entre la sociedad calificadora y las sociedades de seguro de que se trate.

6.13 Proporcionar a las autoridades supervisoras del exterior, información que reciba de las personas naturales o jurídicas que supervisa, siempre que tenga suscritos con dichas autoridades acuerdos de intercambio de información en los que se contemple el principio de reciprocidad, debiendo en todo caso abstenerse de proporcionar la información cuando a su juicio ésta pueda ser usada para fines distintos a los de la supervisión, o bien por causas de orden público, seguridad nacional o por cualquier otra causa convenida en los acuerdos respectivos.

6.14 En nombre y a cuenta de la entidad supervisada correspondiente, y previa autorización de Consejo Directivo, contratar servicios de auditoría para casos especiales cuando lo considere necesario para el mejor desempeño de sus funciones. Si la situación lo justificare, el Superintendente seguirá el procedimiento establecido en el artículo 169 de la Ley General de Bancos, para hacer efectivo el pago a la firma auditora.

6.15 Las demás establecidas en ésta y otras leyes.

7.1 Se rigen por un contrato que incluye el pago por adelantado de una prima y define límites de cobertura y términos del pago y las normas que han de regular la relación contractual de aseguramiento entre ambas partes, especificándose sus derechos y obligaciones respectivas.

7.2 El contrato tiene una contingencia para la indemnización de una pérdida sufrida o la satisfacción de un monto de capital, que está determinado por la realización de un acontecimiento futuro e incierto que está fuera del control del asegurado.

7.3 Eventos aleatorios que tienen como consecuencia el pago de indemnizaciones prometidas en un contrato, los cuales serán medidos y provisionados utilizando métodos internacionalmente reconocidos por el sector de seguros.

7.4 Las demás que sean determinadas por el Consejo Directivo.

Corresponde al Superintendente la facultad de determinar si una operación se considera de seguro, reaseguro o fianza, de conformidad a lo que establece el presente artículo y las normas prudenciales correspondientes.

CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE JULIO DEL 2010. (VIGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA).

Remitimos a los diputados al Orden del Día 002, para continuar con la discusión del Punto 3.49: LEY GENERAL DE SEGUROS, REASEGUROS Y FIANZAS, misma que fue aprobada hasta el Título I, Capítulo Único.

10.1 El proyecto de escritura social y sus estatutos.

10.2 Un estudio de factibilidad económico-financiero, en el que se incluya, entre otros aspectos, la factibilidad de los productos de seguros, reaseguros y fianzas a ofertar, los ramos a operar y la viabilidad de la operación de estos; consideraciones sobre el mercado, las características de la sociedad de seguros, la actividad proyectada, el esquema de organización y administración, las bases financieras de las operaciones que se proyecten desarrollar, y las condiciones en que ella se desenvolverá de acuerdo a diversos escenarios de contingencia. El Consejo Directivo podrá dictar normas de aplicación general sobre esta materia.

10.3 El nombre y credenciales de las personas que actuarán como miembros de la junta directiva e integrarán el equipo principal de su gerencia.

10.4 Las relaciones de vinculación significativas y la determinación de sus unidades de interés, en los términos establecidos en el artículo 71 de la presente Ley, de las personas que serán accionistas de la sociedad, miembros de su junta directiva y demás personas que integrarán el equipo principal de su gerencia. El Consejo Directivo podrá dictar normas de carácter general en las que se regule lo indicado en este numeral.

10.5 Minuta que denote depósito en la cuenta corriente de la Superintendencia, por valor del uno por ciento del monto del capital social mínimo obligatorio, para la tramitación de la solicitud. Una vez que hayan iniciado sus operaciones, les será devuelto dicho depósito a los promotores. En caso de que sea denegada la solicitud, el diez por ciento del monto del depósito ingresará a favor del Fisco de la República; el saldo les será devuelto a los interesados. En caso de desistimiento, el cincuenta por ciento del depósito ingresará a favor del Fisco, devolviendo el saldo correspondiente.

10.6 Adicionalmente, cada uno de los accionistas que participen, ya sea individualmente o en conjunto con sus partes relacionadas, en un porcentaje igual o mayor al cinco por ciento del capital, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

Solvencia: Tener capacidad para cumplir los compromisos económicos mediante el conjunto de recursos que constituyen patrimonio o activo consolidado equivalente a la inversión proyectada y, cuando se reduzcan a una cifra menor, informar a la mayor brevedad posible de este hecho al Superintendente.

Integridad: Que no existan conductas dolosas o negligencias graves o reiteradas que puedan poner en riesgo la estabilidad y seguridad de la sociedad que se propone establecer o la de los asegurados.

El Superintendente señalará que existen presunciones de conductas dolosas o negligentes, cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

10.6.1 Que se encuentre en estado de quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores, o situación financiera equivalente.

10.6.2 Los que hayan sido condenados a penas principales o accesorias, graves y menos graves, de conformidad con el Código Penal vigente.

10.6.3 Que se le haya comprobado judicialmente participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, con el lavado de dinero y de otros activos o financiamiento al terrorismo.

10.6.4 Que sea o haya sido deudor del Sistema Financiero a los que se les haya demandado judicialmente el pago de un crédito, o a los que se les haya saneado saldos morosos de montos sustanciales determinados mediante norma general que para tal efecto dicte el Consejo Directivo.

10.6.5 Que en los últimos diez años haya sido director, gerente, o funcionario de una sociedad del Sistema Financiero, quien por determinación del Superintendente, o de sus propias autoridades corporativas, se le hubiere imputado responsabilidad para que dicha sociedad haya incurrido en deficiencias del veinte por ciento o más del capital social mínimo obligatorio requerido por la Ley, o que dicha sociedad haya recibido aportes del Fondo de Garantía de Depósitos conforme lo establecido en su Ley.

10.6.6 Que haya sido sancionado administrativamente o condenado judicialmente por su participación en infracción grave a las leyes y/o normas de carácter financiero.

10.6.7 Que no pueda demostrar el origen legítimo de los fondos para adquirir las acciones.

10.6.8 Otras circunstancias que puedan poner en riesgo la estabilidad y seguridad de la sociedad que se propone establecer y la de sus asegurados, conforme lo determine el Consejo Directivo mediante norma general.

En el caso de aquellos socios o accionistas que fueren personas jurídicas que pretendan una participación del cinco por ciento o más en el capital de la sociedad, deberán informar sobre sus socios o accionistas personas naturales o jurídicas con una participación igual o superior al cinco por ciento en el capital social de esta segunda sociedad. En caso de que existan socios o accionistas personas jurídicas con una participación igual o superior al cinco por ciento, deberá informarse sobre sus socios o accionistas personas naturales o jurídicas con una participación igual o superior al cinco por ciento en el capital social de esta tercera sociedad, y así sucesivamente, hasta acceder, hasta donde sea materialmente posible, al nivel final de socios o accionistas personas naturales con participación igual o superior al cinco por ciento en el capital social de la empresa de que se trate.

El Consejo Directivo podrá dictar normas de aplicación general en las que se indique la información y los documentos que deberán ser presentados para acreditar el cumplimiento de lo señalado en este numeral.

10.7 Carta de intención o respaldo directo de reaseguradores con quienes pretenden colocar los negocios de las primas cedidas.

10.8 Los demás requisitos exigidos en otras leyes y los que establezca de manera general el Consejo Directivo, entre ellos, los destinados a asegurar:

10.8.1 La proveniencia lícita del patrimonio invertido o por invertirse en la sociedad.

10.8.2 La verificación que quienes vayan a integrar su junta directiva, no estén incursos en los impedimentos establecidos en el artículo 44 de la presente Ley.

En caso que la sociedad sea aprobada, la información a la que hacen referencia los numerales 10.3, 10.4 y 10.6 de este artículo deberá ser actualizada o ampliada en los plazos, formas y condiciones que establezca el Superintendente.

Iguales requisitos aplicarán, en los términos establecidos por norma general dictada por el Consejo Directivo, para las personas naturales o jurídicas que a la entrada en vigencia de la presente Ley se encuentran autorizadas para operar como sociedades de seguros, reaseguros y fianzas.

Una vez concluido el estudio de la solicitud de parte del Superintendente y emitido el dictamen del Banco Central de Nicaragua, en su caso, el Superintendente someterá la solicitud a consideración del Consejo Directivo, quien otorgará o denegará la autorización para constituirse como sociedad aseguradora, todo dentro de un plazo que no exceda de 120 días a partir de la presentación de la solicitud.

En el caso que la información suministrada con la solicitud no esté completa o sea deficiente conforme los requerimientos de esta Ley, el plazo mencionado en el párrafo anterior se calculará a partir de la fecha en que el solicitante corrija o complemente satisfactoriamente la solicitud.

15.1 El capital social mínimo totalmente pagado en dinero en efectivo.

15.2 El ochenta por ciento de éste en depósito a la vista en el Banco Central.

15.3 Testimonio de la escritura social y sus estatutos, con la correspondiente inscripción en el Registro Público Mercantil.

15.4 Balance general de apertura, certificado por un contador público autorizado.

15.5 Certificación de los nombramientos de los directores para el primer período, del gerente o principal ejecutivo de la sociedad de seguro, el contralor normativo y del auditor interno, conforme lo presentado adjunto en la solicitud de autorización para constituirse.

15.6 Verificación por parte del Superintendente que la sociedad cuenta, entre otras, con las instalaciones físicas y plataforma tecnológica adecuada; así como los sistemas, procedimientos e infraestructura administrativa necesarios para brindar los servicios propios de su objeto social, como son:

15.6.1 Emisión de pólizas.

15.6.2 Registro de sus operaciones.

15.6.3 Contabilidad.

15 6.4 Valuación de cartera de activos y pasivos.

15.6.5 Procesamiento electrónico de información contable, financiera, técnica y estadística.

15.6.6 Infraestructura para el pago de reclamaciones y atención a los asegurados y beneficiarios.

15.6.7 Los demás servicios que correspondan a la especialidad de las operaciones que pretenda realizar la sociedad.

15.7 Nombre y datos del actuario autorizado y registrado en la Superintendencia para firmar las notas técnicas y las reservas de provisiones técnicas.

15.8 Condiciones generales, condiciones particulares, solicitudes, contratos de reaseguros y adenda a los contratos suscritos.

15.9 Manuales de procedimientos para cada uno de los procesos operativos y de control interno de las sociedades, tales como, auditoría interna, reclamos, suscripción, entre otros.

15.10 Sistema integral de prevención y administración de los riesgos de lavado de dinero, bienes o activos y del financiamiento al terrorismo conforme norma dictada por el Consejo Directivo.

15.11 Cualquier otra información que a criterio del Superintendente sea necesaria.

El Consejo Directivo podrá dictar normas de carácter general sobre los requisitos anteriores.

Si la solicitud de autorización de funcionamiento con evidencia de cumplimiento de los requerimientos mencionados no fuere presentada dentro de seis meses a partir de la notificación de la resolución que autoriza su constitución, ésta quedará sin efecto, y el monto del depósito a que se refiere el numeral 10.5 del artículo 10 de esta ley ingresará a favor del Fisco de la República.

En caso de no cumplir con los señalamientos del Superintendente dentro del plazo antes establecido, se entenderá que los interesados han desistido de la solicitud, quedando la autorización de constitución sin efecto y el monto del depósito a que se refiere el numeral 10.5 del artículo 10 de esta ley, ingresará a favor del Fisco de la República. En consecuencia, los accionistas deben proceder a la liquidación de la sociedad conforme al derecho común, no pudiendo los promotores presentar nueva solicitud sino hasta dentro de un plazo de tres años contados a partir de la fecha de incumplimiento a que se refiere el presente artículo, debiéndose anotar la resolución del Superintendente en el Registro Público.

La apertura y cierre de dichas oficinas será comunicada previamente al Superintendente con al menos sesenta días de anticipación, para lo de su cargo. En caso de apertura deberán indicar la dirección y tipo de operaciones que habrán de realizar. En el caso de cierre, las razones que lo justifican. El Consejo Directivo podrá dictar normas de carácter general sobre esta materia.

20.1 Certificación de la escritura de constitución social o acta constitutiva y estatutos de la sociedad solicitante y de la autorización legal que ampare su constitución y funcionamiento en el país de origen, así como la constancia de vigencia de todo ello.

20.2 Comprobación que la sociedad solicitante está autorizada legalmente para establecer sucursales en Nicaragua, de acuerdo con sus estatutos y las leyes de su país de origen, acompañada de certificación emitida por la autoridad supervisora de ese país donde conste su conformidad con la solicitud.

20.3 Balances generales auditados, estados de pérdidas y ganancias e informes anuales de la sociedad solicitante, correspondientes a los últimos cinco años.

20.4 Minuta que denote depósito en la cuenta corriente de la Superintendencia, por valor del uno por ciento del monto del capital mínimo, para la tramitación de la solicitud. Una vez que hayan iniciado sus operaciones, les será devuelto dicho depósito a los promotores. En caso de que sea denegada la solicitud, el diez por ciento del monto del depósito ingresará a favor del Fisco de la República; el saldo les será devuelto a los interesados. En caso de desistimiento, el cincuenta por ciento del depósito ingresará a favor del Fisco.

20.5 Los demás que con carácter general requiera el Consejo Directivo, las que en ningún caso podrán ser diferentes a las exigidas a las sociedades de seguro nacionales, en lo que le fuere aplicable.

Todos los documentos acompañados a la solicitud deberán presentarse debidamente autenticados.

Se dará trámite, únicamente, a solicitudes para el establecimiento de sucursales de sociedades de seguro extranjeras, cuando pueda efectuarse intercambio de información institucional entre los supervisores de ambos países y que la aseguradora matriz tenga más de cinco años de operar. Si se trata de una aseguradora extranjera originada de una fusión, se computarán como años de operación los de la sociedad más antigua.

Presentada la solicitud y documentos a que se refiere este artículo, el Superintendente podrá solicitar al Banco Central de Nicaragua, un dictamen no vinculante, el cual deberá ser emitido en un término no mayor de sesenta días.

Los representantes legales de las entidades interesadas en fusionarse, con una antelación de sesenta días antes de realizarse la asamblea de accionistas para adoptar los acuerdos de fusión, deberán ponerlo en conocimiento de los asegurados, afianzados, accionistas y acreedores, mediante aviso que deberá publicarse en dos diarios de circulación nacional, en el cual se deberá brindar un resumen de los motivos de la fusión, las condiciones administrativas y financieras en que se realizará, así como el método que se seguirá para la extinción del pasivo. A partir de ese momento, los libros de contabilidad y demás libros, quedarán a disposición de los accionistas para su información.

Una vez cumplido lo establecido en el párrafo anterior así como haber transcurrido el término establecido en el Código de Comercio para que los acreedores manifiesten su desacuerdo al proceso de fusión, los representantes legales de las sociedades de seguros someterán al Superintendente solicitud de aprobación, a la que deberán acompañar la documentación siguiente:

25.1 El estudio de viabilidad del proyecto de fusión, en el que se expliquen los motivos de la fusión y las condiciones administrativas y financieras en que se realizará, entre otros.

25.2 Los estados financieros de fin de ejercicio o de período intermedio, respecto de los cuales se haya emitido dictamen de auditores externos, que hubieren servido de base para establecer las condiciones en que se realizará la fusión. Los estados financieros no podrán corresponder a una fecha anterior a tres meses antes del aviso de fusión.

25.3 El método de evaluación de la sociedad que se fusionará y de la relación de intercambio resultante de su aplicación.

25.4 Certificación de las actas en que se hayan aprobado los acuerdos de fusión.

25.5 Otros requisitos que por norma general establezca el Consejo Directivo.

Cuando en la fusión intervenga una sociedad de seguros extranjera legalmente constituida en su país, deberá acompañarse la documentación fehaciente emitida por su junta directiva o su equivalente, mediante la cual se acredite que ha sido aprobada la fusión y se designen los representantes de la sociedad para ejecutar el acuerdo respectivo. Además se acompañará la certificación del organismo supervisor del país donde la sociedad esté domiciliada, haciendo constar que es una sociedad solvente y sujeta a la supervisión de dicho organismo.

27.1 Cuando la sociedad absorbente o nueva no cumpla con los montos de capital social obligatorio establecido en la presente Ley, y no existan suficientes seguridades de que será capitalizada en la cuantía necesaria y en un plazo adecuado.

27.2 Cuando la sociedad absorbente o nueva no cumpla con los niveles adecuados de patrimonio o las normas de solvencia vigentes y no existan suficientes seguridades de que su situación patrimonial se ajustará satisfactoriamente en un plazo adecuado.

27.3 Cuando determine que los administradores de alguna de las sociedades interesadas no satisfagan las condiciones de responsabilidad o idoneidad necesarias para participar en la respectiva operación o tampoco satisfagan tales condiciones los accionistas que posean más del cinco por ciento del capital social de alguna de las sociedades de seguro participantes.

27.4 Cuando, como resultado de la fusión, la sociedad absorbente o nueva pueda mantener o determinar precios no equitativos, limitar servicios, o impedir, restringir o falsear la libre competencia en los mercados en que participe, ya sea como oficina principal, matriz o por medio de sus sucursales, no se tomen las medidas necesarias para prevenirlo. Ninguna de estas hipótesis se considerará cuando la sociedad absorbente o nueva atienda menos del 25 por ciento de la totalidad de las primas directas emitidas en el mercado. Este porcentaje podrá ser revisado por el Consejo Directivo para garantizar la libre competencia y evitar situaciones monopólicas u oligopólicas.

27.5 Cuando determine que la fusión pueda causar perjuicio al interés público o a la estabilidad del sistema financiero.

Para el caso de los numerales 27.4 y 27.5, el Superintendente podrá solicitar al Instituto de Procompetencia, para fundamentar su objeción a la fusión, un dictamen no vinculante, el cual deberá ser emitido en un término no mayor de treinta días.
Durante el plazo fijado en el artículo anterior, puede oponerse a la fusión, cualquier acreedor de las sociedades que demuestre interés jurídico o económico al respecto. Esta oposición suspenderá la realización de la fusión hasta que se resuelva judicialmente.

29.1 Relación de las actas donde conste el acuerdo de fusión.
29.2 Los balances auditados con base en los cuales se haya aprobado la misma.
29.3 El balance de la sociedad absorbente o de la nueva sociedad.
29.4 La modificación de los estatutos sociales derivados de la fusión.

29.5 Resolución de autorización de fusión emitida por el Superintendente.

29.6 Resolución de autorización de la junta directiva de la sociedad no domiciliada cuando sea el caso.

30.1 Traspasos de cartera, escisión o la conversión de los servicios financieros, entendiéndose por esto último, los casos en que las sociedades de seguros, que operen en determinados ramos, busquen agregar nuevos o disminuir los ramos para las que están autorizadas a operar. La conversión no altera la personalidad jurídica de la sociedad y solamente le conferirá las facultades y le impondrá las exigencias y limitaciones legales propias de la forma adoptada. El Consejo Directivo podrá dictar normas de aplicación general con respecto a lo indicado por el presente numeral.

30.2 Reducción de su capital social.

30.3 Reformas al pacto social. Se exceptúa la reforma que consista en el aumento del capital social, la cual deberá ser informada al Superintendente. Si el aumento del capital social se debe al ingreso de nuevos accionistas que adquieran el cinco por ciento o más del capital social, o en el caso de los accionistas actuales que adquieran acciones que sumadas a las que ya posea representen una cantidad igual o mayor al referido porcentaje, se deberá atender lo establecido en el inciso 30.4 de este artículo. Las reformas referidas en este inciso no requerirán de autorización judicial, bastará con la certificación de la resolución de la junta general de accionistas protocolizada ante notario, la cual se inscribirá en el registro público correspondiente.

30.4 Para adquirir directamente o a través de terceros, acciones de una sociedad de seguro, que por sí solas o sumadas a las que ya posea, o en conjunto con las de sus partes relacionadas, representen una cantidad igual o mayor al cinco por ciento del capital social de ésta.

Quedan en suspenso los derechos sociales del nuevo accionista, mientras no obtenga la autorización del Superintendente impuesta por este artículo.
El Superintendente sólo podrá denegar la autorización, por resolución fundada, si el peticionario no cumple con los requisitos de información indicados en el numeral 10.4 y de solvencia e integridad a que se refiere el numeral 10.6, ambos del artículo 10 de esta Ley.
El Superintendente deberá pronunciarse en un plazo de treinta días hábiles contados desde la fecha en que se le hayan suministrado completa la información a que se refiere el párrafo anterior. Si no hubiere respuesta dentro del plazo antes señalado se entenderá por autorizada la transacción.
Las adquisiciones de porcentajes menores al indicado en el primer párrafo de este numeral, deberán ser notificadas al Superintendente en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha en que ocurrió el traspaso.

La base de cálculo del capital estará conformada por el capital base y cualquier otra subdivisión que mediante norma general establezca el Consejo Directivo conforme las mejores prácticas internacionales al respecto.

El capital base antes referido estará conformado por el capital social obligatorio pagado, capital pagado en acciones preferentes de carácter permanente o con cláusula de conversión no ordinaria a capital social disponible para cobertura de pérdidas, con cláusula de dividendo no acumulativo, según regulación establecida por el Consejo Directivo; capital donado no sujeto a devolución; importe recibido por encima del valor nominal de las acciones emitidas al ser colocadas sobre la par; aportes irrevocables recibidos de parte de los accionistas con destino único a incrementar el capital social; reserva legal y resultados acumulados de períodos anteriores que la junta general de accionistas de la sociedad de seguros haya resuelto capitalizarlo de manera expresa e irrevocable.

A los preceptos anteriores se le restará o deducirá el valor en libros de la plusvalía mercantil comprada, según los parámetros establecidos por el Consejo Directivo mediante norma de aplicación general.

A la base de cálculo del capital, se le debe restar o deducir cualquier ajuste pendiente de constituir y el valor en libros de las participaciones y obligaciones en subsidiarias y asociadas. Esto último, según regulación establecida por el Consejo Directivo mediante norma general.

El Consejo Directivo está facultado para establecer mediante normas de aplicación general componentes adicionales a la base de cálculo del capital. Así mismo, podrá establecer deducciones adicionales a las ya establecidas a las distintas clasificaciones de capital.

34.1 Cuando operen solamente modalidades de seguros comprendidas en el grupo de seguros patrimoniales y seguros obligatorios, según la clasificación establecida en el artículo 66 de esta ley la suma de cuarenta millones de córdobas (C$ 40,000,000.00).

34.2 Cuando operen solamente modalidades de seguros comprendidas en el grupo de seguros de personas (vida, accidentes personales, salud, seguros previsionales, y rentas), según la clasificación establecida en el artículo 66 de esta ley, la suma de cuarenta millones de córdobas (C$ 40,000,000.00).

34.3 Cuando operen las modalidades de seguros comprendidas en el grupo de seguros patrimoniales y obligatorios, así como el grupo de personas, rentas y pensiones, la suma de ochenta millones de córdobas (C$80,000,000.00).

34.4 Cuando operen en la modalidad de fianzas, la suma de diez millones de córdobas (C$ 10,000,000.00).

34.5 Cuando operen solamente reaseguros o reafianzamiento, la suma equivalente a 1.5 veces los montos establecidos en los numerales anteriores para cada una de las modalidades que opere.
El Superintendente, para pronunciarse en el dictamen a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, sobre el capital social obligatorio de cada una de las sociedades de seguro solicitando autorización para constituirse, se basará en el volumen de las operaciones que la respectiva sociedad espere realizar de acuerdo con la proyección financiera que deberá presentar, conforme el artículo 10 de esta Ley, en base a hipótesis razonable y detallada, para un número de años en cuyo transcurso la sociedad dejará de tener resultados anuales deficitarios, de acuerdo con los supuestos.

El Consejo Directivo, actualizará el monto del capital social obligatorio por lo menos cada dos años en caso de variaciones cambiarias de la moneda nacional, lo cual deberá ser publicado en un diario de amplia circulación nacional, sin perjuicio de su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial. Asimismo, el Superintendente mediante norma que el Consejo Directivo emita al efecto, podrá ordenar aumentos de capital en caso de que una sociedad se encuentre en situación de riesgo.

35.1 Reservas de riesgo en curso por las primas no devengadas correspondientes a contratos de seguro, reaseguro y fianzas;

35.2 Reservas de siniestros, por las obligaciones emanadas de aquellos siniestros ocurridos que se encuentren pendientes de pago, ya sea que estén liquidados o en proceso de liquidación, y aquellos ocurridos y no reportados;

35.3 Reservas de previsión por desviaciones estadísticas de siniestralidad;

35.4 Reservas matemáticas por las pólizas de seguro de vida suscritas por plazos mayores a un año, incluyendo aquellas derivadas de contratos de renta vitalicia;

35.5 Reservas catastróficas, por daños causados por acontecimientos de carácter extraordinario y sea necesario constituir para el normal desenvolvimiento de la actividad aseguradora.

35.6 Cualquiera otra reserva que el Superintendente determine mediante resolución razonada, según sea necesaria para determinada sociedad de seguro.

El Consejo Directivo podrá dictar normas generales a este respecto, pudiendo determinar la constitución de otras reservas, en caso que lo estime necesario.

La valuación de las reservas técnicas deberá apegarse a los estándares de práctica actuarial que al efecto dicte el Consejo Directivo, mediante disposiciones de carácter general.

La Superintendencia mantendrá un registro de actuarios autorizados, para entre otros aspectos, evalúe, certifique y firme estudios técnicos actuariales, balances actuariales, notas técnicas actuariales y las reservas de las sociedades de seguro y de las sucursales de aseguradoras extranjeras, para tales efectos se requerirá como mínimo ser graduado en la carrera de actuario, así como contar con requisitos de prácticas o pasantías en el ramo.

Cada vez que la reserva de capital de una institución de seguros alcanzare un monto igual al de su capital social o asignado y radicado, el cuarenta por ciento de dicha reserva de capital se convertirá automáticamente en capital social o asignado, según el caso, emitiéndose nuevas acciones que se distribuirán entre los accionistas existentes en proporción al capital aportado por cada uno.

Las utilidades de las instituciones de seguros se determinarán anualmente. En caso que resultare pérdidas en el resultado del ejercicio deberán cubrirse en la forma siguiente:

38.1 En primer término con aplicaciones de las reservas especiales, si las hubiere.

38.2 En segundo término, con aplicación de las reservas de capital.

38.3 En último término, con el propio capital social de la institución de seguros.

Si una institución de seguros hubiese sufrido pérdidas que afectaren parte de su capital social, éste deberá ser restituido en los plazos que determine el Superintendente. Todas sus utilidades futuras deberán ser destinadas, en primer término a reponer las reservas de capital y entre tanto la institución de seguros no podrá pagar dividendos o participaciones antes de que estuvieren restituidas sus reservas de capital y su capital social mínimo al monto original.

Solamente podrá haber distribución de utilidades efectivamente realizadas, previa autorización del Superintendente, en base a norma general emitida por el Consejo Directivo.

Las sociedades de seguro deberán llevar registros de sus inversiones plenamente identificables para cada una de sus reservas técnicas y matemáticas, del capital, de sus reservas de capital social y demás fondos.

Los bienes de las sociedades de seguros plenamente identificados que constituyan inversiones de sus reservas técnicas y matemáticas y catastróficas afectas al cumplimiento de compromisos y obligaciones con asegurados, beneficiarios y empresas reaseguradoras, son igualmente inembargables, salvo que la medida cautelar se adopte para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los contratos de seguros suscritos con sus clientes, en cuyo caso el monto a embargar no podrá exceder el monto de la reserva específica para cubrir la obligación.

Los bienes muebles e inmuebles y cualquier bien en general de las sociedades o entidades de seguros de naturaleza estatal o no podrán ser objeto de embargo, secuestros o cualquier otra medida cautelar o prejudicial. Cualquier actuación judicial o administrativa en contravención al presente artículo será nulos absolutamente, sin perjuicio de las responsabilidades que resultaren.

Los acuerdos y resoluciones de la junta directiva, constarán en el respectivo libro de actas, y deberán ser firmados por el presidente y el secretario de la misma. La participación de los directores en las sesiones, se demostrará con su firma en el documento de asistencia que pasará a formar parte del acta respectiva.

La junta directiva, con carácter excepcional, y una vez cumplidos los requisitos legales, podrá celebrar sesiones sin necesidad de reunión física de sus miembros, a través de la comunicación entre ellos por correo electrónico, teléfono, fax o por cualquier otro medio de comunicación que evidencie la participación, identificación y decisión de los participantes. En este caso, el secretario deberá constatar lo anterior, levantando el acta correspondiente, en la que se incorpore los asuntos y las resoluciones tomadas, misma que deberá ser suscrita por el presidente y el secretario de la junta directiva. Los demás directores deberán, en su oportunidad, ratificar en documento aparte, con su firma, su participación en la respectiva sesión.

Las certificaciones de las actas deberán ser libradas por el secretario de la junta directiva, o, en su defecto por un notario público designado por dicha junta.

44.1 Las personas que directa o indirectamente sean deudores morosos por más de noventa días o por un número de tres veces, durante un período de doce meses, de cualquier sociedad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia, o que hubiesen sido declarados judicialmente en estado de insolvencia, concurso, quiebra, o liquidación forzosa. El Consejo Directivo podrá dictar normas de aplicación general para regular lo indicado en este numeral.

44.2 Los que con cualquier otro miembro de la junta directiva de la sociedad, fueren cónyuges o compañero o compañera en unión de hecho estable, o tuviesen relación de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad. No se incurrirá en esta causal cuando la relación exista entre un director propietario y su respectivo suplente.

44.3 Los directores, gerentes, funcionarios, mandatarios o empleados de cualquier otra sociedad financiera supervisada que pertenezcan a otro grupo financiero.

44.4 Los gerentes, funcionarios, ejecutivos y empleados de la misma sociedad, con excepción del ejecutivo principal.

44.5 Los que directa o indirectamente sean titulares, socios o accionistas que ejerzan control accionario o administrativo sobre personas jurídicas que tengan créditos vencidos por más de noventa días o por un número de tres veces durante un periodo de doce meses, o que estén en cobranza judicial en la misma entidad o en otra del sistema financiero.

44.6 Los intermediarios y auxiliares de seguros y fianzas, y corredores de reaseguros.

44.7 Las personas que hayan sido sancionadas en los quince años anteriores a su nombramiento por causar perjuicio patrimonial a una entidad supervisada por la Superintendencia.

44.8 Las personas que hayan sido sancionadas en los quince años anteriores a su nombramiento por causar perjuicio a la fe pública, alterando estados financieros de una entidad supervisada por la Superintendencia.

44.9 Los que hayan participado como directores, gerentes, subgerentes o funcionarios de una entidad supervisada por la Superintendencia que haya sido sometida a procesos de intervención y de declaración de estado de liquidación forzosa, a los que por resolución judicial o administrativa del Superintendente se les haya establecido o se le establezcan responsabilidades, presunciones o indicios que los vincule a las situaciones antes mencionadas. Lo anterior admitirá prueba en contrario.

44.10 Los que hayan sido condenados a penas principales o accesorias, graves y menos graves, de conformidad con el Código Penal vigente.

No están comprendidas en el párrafo anterior las informaciones que requieran las autoridades en virtud de atribuciones legales, ni el intercambio corriente de informes confidenciales entre sociedades de seguro o sociedades similares para el exclusivo propósito de proteger las operaciones en general.

49.1 Falte a tres sesiones de manera consecutiva, sin presentar excusa motivada o previa autorización de la junta directiva.

49.2 Incurra en inasistencias, con o sin autorización, que superen la tercera parte del total de sesiones celebradas en un lapso de doce meses que culmine en la fecha de la última ausencia.

Las causales anteriores no operan en la medida en que el suplente designado asista a las sesiones.

51.1 Velar por la liquidez y solvencia de la sociedad.

51.2 Supervisar la gestión de la sociedad con el objetivo de maximizar los retornos a los accionistas, según la responsabilidad general de asegurar que los recursos financieros de la misma sean suficientes para cumplir con sus obligaciones, que se trate con justicia a los asegurados de acuerdo con el contrato de seguro, sus adiciones y modificaciones acordadas y que se cumpla con las disposiciones de esta Ley.

51.3 Nombrar y remover a los altos funcionarios de la sociedad y establecer el nivel de remuneración de los mismos, en base a criterios que promuevan los intereses de la misma y que no alienten el comportamiento imprudente conforme a las políticas de Gobierno Corporativo que dicte éste órgano colegiado.

51.4 Aprobar políticas y procedimientos para identificar, tratar y resolver los conflictos de intereses; así como para identificar y objetar transacciones con partes relacionadas, con el propósito de velar por el mejor interés de la sociedad.

51.5 Aprobar procedimientos respecto del tratamiento justo a los clientes, e incluso la información a los mismos, la protección de su información personal, la pronta evaluación e indemnización de los reclamos legítimos de los asegurados y beneficiarios y el manejo de las quejas y denuncias de los usuarios.

51.6 Velar porque se implementen e instruir para que se mantengan en adecuado funcionamiento y ejecución, las políticas, sistemas y procesos que sean necesarios para una correcta administración, evaluación y control de los riesgos inherentes al negocio.

51.7 Aprobar políticas y procedimientos de inversiones, con el criterio y responsabilidad de una persona prudente y razonable, para evitar riesgo indebido de pérdida y obtener un retorno razonable; y además que refleje apropiadamente la estructura de responsabilidad de la sociedad y cumpla con lo establecido en el artículo 39 de esta Ley.

51.8 Dar seguimiento a los procedimientos, estrategias y políticas anteriormente señalados, para asegurar que la sociedad los esté cumpliendo y que se modifiquen regularmente, de modo que se tomen en cuenta las circunstancias cambiantes.

51.9 Estar debidamente informada por reportes periódicos, sobre la marcha de la sociedad y conocer los estados financieros mensuales y anuales de la misma, así como respecto de los informes de los auditores internos y externos y del contralor normativo a los que se refiere la presente Ley.

51.10 Asegurar que se implementen las recomendaciones derivadas de los informes de la auditoría interna, auditoría externa, administrador de prevención de lavado de dinero, así como las instrucciones del Superintendente.

51.11 Adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades detectadas en la gestión.

51.12 Velar por que se observe la debida diligencia por parte de los empleados y funcionarios de la sociedad, en el manejo y uso de los productos y servicios de ésta.

51.13 Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones de las leyes, normas, directrices y reglamentos internos aplicables.

51.14 Conocer y disponer sin demora, lo que sea necesario para el cumplimiento y ejecución de las medidas de cualquier naturaleza que dicte el Consejo Directivo y las disposiciones del Superintendente, así como proporcionar la información que éste le solicite, garantizando su certeza y veracidad con respecto de hechos u operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la sociedad.

51.15 Velar porque las operaciones activas, pasivas y contingentes no excedan los límites establecidos en la Ley y normas respectivas.

51.16 Establecer las medidas conducentes a garantizar la oportuna realización de las auditorías internas y externas independientes que aseguren un conocimiento de eventuales errores y anomalías, analicen la eficacia de los controles y la veracidad, exactitud y transparencia de los estados financieros.

51.17 Aprobar oportunamente y velar por el cumplimiento de todos los Manuales que sean requeridos por las normas correspondientes.

51.18 Recibir capacitación en las materias establecidas en las leyes y normas dictadas por el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo podrá dictar normas de aplicación general en las que se establecerán la forma en que se aplicarán y ejecutarán algunas o todas las responsabilidades aquí enunciadas.

Tratándose de directores y funcionarios de entidades de seguros de propiedad estatal, cuyo nombramiento deviene del Presidente de la República, y que estuvieren incursos en situaciones que ameriten su remoción, el Superintendente mediante resolución razonada comunicará al Presidente de la República sobre la situación para que ordene lo que corresponda.

El gerente general o ejecutivo principal de la sociedad de seguros, deberá remitir mensualmente a los directores toda la información que les permita conocer el estado real de la sociedad, incluyendo los registros contables para su conocimiento o examen, con el objeto de que asuman sus responsabilidades y ejerzan sus deberes de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. Lo anterior deberá ser un punto de agenda obligatorio de las sesiones ordinarias de la junta directiva.

56.1 Los valores corporativos, normas éticas de conducta y los procedimientos para asegurar su cumplimiento.

56.2 La estrategia corporativa, de manera que permita constatar el éxito de la sociedad en su conjunto y la contribución individual al mismo.

56.3 Políticas de asignación de responsabilidades y niveles de delegación de autoridad en la jerarquía para la toma de decisiones.

56.4 Políticas para la interacción y cooperación entre la junta directiva, la gerencia y los auditores.

56.5 Las políticas de control interno adecuadas a la naturaleza y escala de sus actividades, que incluya disposiciones claramente definidas para la delegación de poderes, el régimen de responsabilidad, y las necesarias separaciones de funciones. Tales funciones deberán ser fiscalizadas por un auditor interno conforme lo indicado por el artículo siguiente y por las normas que a este respecto dicte el Consejo Directivo.

56.6 Las políticas sobre procesos integrales que incluyan la administración de los diversos riesgos a que pueda estar expuesta la sociedad, así como sistemas de información adecuados y un comité para la gestión de dichos riesgos.

56.7 Las políticas sobre mecanismos para la identificación, medición, seguimiento, control y prevención de riesgos y políticas para el manejo de conflictos de interés.

56.8 Las políticas generales salariales y otros beneficios para los trabajadores.

56.9 Flujos de información adecuados, tanto internos como para el público.

56.10 Políticas escritas sobre la concesión de los seguros, créditos, régimen de inversiones, evaluación de la calidad de los activos, suficiencia de reservas y administración de lo diferentes riesgos.

56.11 Creación de comités, tales como, el comité de auditoría y el comité de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

56.12 Otros aspectos relevantes para el funcionamiento de la sociedad.

El Consejo Directivo podrá dictar normas de aplicación general en las que se establecerán la forma en que se aplicarán y ejecutarán algunas o todas los aspectos del gobierno corporativo aquí enunciadas.

El auditor interno podrá ser removido antes del vencimiento de su período, por el voto de la mayoría de dos tercios de accionistas presentes en una junta general o por decisión de la casa matriz de una sociedad de seguro extranjera, en ambos casos deberán justificar de previo ante el Superintendente tal decisión quien podrá objetarla.

El auditor deberá rendir un informe trimestral de sus labores a los vigilantes electos por la junta general de accionistas, a la junta directiva o a la casa matriz cuando se trata de sucursales de sociedades extranjeras de seguros y al Superintendente. Lo anterior es sin perjuicio de comunicar de inmediato a las instancias antes referidas, y, posteriormente al Superintendente dentro de las 72 horas siguientes, acerca de cualquier situación o hallazgo significativo detectado, que requiera una acción inmediata para su corrección o prevención.

El auditor interno de las entidades de seguros de propiedad estatal o mixta, estará sujeto de manera exclusiva a los términos de la presente Ley, a las Normas dictadas por el Consejo Directivo y a las instrucciones del Superintendente.

El Consejo Directivo podrá dictar normas de carácter general que deben cumplir los auditores internos en el desempeño de sus funciones.

Las auditorías externas que contraten las entidades de seguros de propiedad estatal o mixta, estarán sujetas de manera exclusiva a los términos de la presente Ley, a las normas dictadas por el Consejo Directivo y a las instrucciones del Superintendente

65.1 Practicar las operaciones de seguros, reaseguro y afianzamiento a que se refiera la autorización otorgada conforme esta Ley.

65.2 Constituir e invertir las reservas previstas en la Ley.

65.3 Administrar las sumas que por concepto de utilidades o indemnizaciones les confíen los asegurados o sus beneficiarios.

65.4 Administrar las reservas retenidas a entidades del país y del extranjero, correspondientes a las operaciones de seguro, reaseguro y afianzamiento.

65.5 Efectuar inversiones en el extranjero conforme norma que emitirá el Consejo Directivo.

65.6 Otorgar préstamos o créditos.

65.7 Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto social.

65.8 Cualquier otra que con carácter general, autorice el Consejo Directivo.

66.1 Vida:

66.1.1 Vida Individual.
66.1.2 Vida Colectiva.
66.1.3 Saldo Deudores.

66.2 Accidentes personales:

66.2.1 Individuales.
66.2.2 Familiares.
66.2.3 Colectivo.
66.2.4 Escolares.
66.2.5 Transporte privado.
66.2.6 Transporte público.
66.2.7 Accidentes personales para viajeros.
66.2.8 Colectivo de accidentes personales para viajeros.

66.3 Salud:

66.3.1 Gastos médico individual.
66.3.2 Gastos médico grupo familiar.
66.3.3 Gastos médicos colectivos.

66.4 Seguros previsionales:

66.4.1 Accidentes laborales.

66.5 Rentas:

66.5.1 Rentas programadas.
66.5.2 Rentas vitalicias.
66.5.3 Pensión.

66.6 Patrimoniales:

66.6.1 Incendio.
66.6.2 Líneas aliadas.
66.6.3 Automóviles.
66.6.4 Transporte.
66.6.5 Robo y hurto.
66.6.6 Marítimo.
66.6.7 Aviación.
66.6.8 Rotura de cristales.
66.6.9 Agropecuario.
66.6.10 Dinero y valores.
66.6.11 Todo riesgo en construcción.
66.6.12 Equipo de contratista.
66.6.13 Todo riesgo de montaje.
66.6.14 Caldera y maquinaria.
66.6.15 Rotura de maquinaria.
66.6.16 Seguro bancario.
66.6.17 Equipo electrónico.
66.6.18 Crédito.
66.6.19 Pólizas de asistencia.
66.6.20 Seguro de título de propiedad.
66.6.21 Caución.
66.6.22 Desempleo.
66.6.23 Responsabilidad civil.
66.6.24 Fidelidad.
66.6.25 Responsabilidad civil de licencia

66.7 Obligatorios:

66.7.1 Responsabilidad civil por daños a terceros para vehículos automotores.
66.7.2 Responsabilidad civil por daños a terceros para vehículos con matrícula extranjera.
66.7.3 Seguro de responsabilidad civil de accidentes personales de transporte a pasajeros.
66.7.4 Seguro de responsabilidad civil de licencia profesional.

66.8 Fianzas:

66.8.1 Fianzas de contratista y proveedores.
66.8.2 Fianzas fiscales.
66.8.3 Fianzas profesionales.
66.8.4 Fianzas judiciales.
66.8.5 Otras fianzas.

66.9 Los especiales que declare el Superintendente conforme a lo dispuesto por el artículo 68 de esta Ley.

66.10 Micro seguro.

66.11 Cualquier ramo adicional que el Superintendente declare como admisible.

67.1 Para las operaciones de seguros de vida: los que tengan como base del contrato aquellos riesgos que puedan afectar al asegurado en su existencia.

67.2 Para las operaciones de accidentes personales: los contratos de seguro que tengan como base la lesión o incapacidad que afecte la integridad personal, salud o vigor vital del asegurado, como consecuencia de un evento externo, violento, súbito y fortuito.

67.3 Para las operaciones de salud (gastos médicos): los contratos de seguro que tengan por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por causa de un accidente o enfermedad.

67.4 Para las operaciones de seguros previsionales (accidentes laborales): los contratos de seguro que tengan por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando sea afectado por causa de un accidente o enfermedad causados por riesgos que se derivan de accidentes laborales o actividades en el ejercicio de su actividad profesional.

67.5 Para los seguros de rentas: el pago de las rentas periódicas durante la vida del asegurado o las que correspondan a sus beneficiarios de acuerdo con los contratos de seguros celebrados en los términos de la ley aplicable.

67.6 Para los seguros de pensión: el pago de primas periódicas durante un espacio de tiempo con fin de acumular capitales que podrán ser cobradas en caso de jubilación, supervivencia, viudez, orfandad o invalidez.

67.7 Para los seguros de responsabilidad civil: Aquel en el que la entidad aseguradora se compromete a indemnizar al asegurado del daño que pueda experimentar su patrimonio a consecuencia de la reclamación que le efectúe un tercero, por la responsabilidad en que haya podido incurrir, tanto el propio asegurado como aquellas personas de quienes el deba responder civilmente.

67.8 Para el ramo de transportes: Aquel por el que una entidad aseguradora se compromete al pago de determinadas indemnizaciones a consecuencia de los daños sobrevenidos durante el transporte de mercancías. Estos daños pueden afectar al objeto transportador (seguro de casco), o a la propia mercancía transportada (seguros de mercancía).

67.9 Para el ramo marítimo: Garantiza en general los riesgos de navegación que puedan afectar tanto el buque, transportador como a la carga transportada.

67.10 Para el ramo de incendio: los que tengan por base la indemnización de todos los daños y pérdidas causados por incendio, rayo y/o explosión, fulminación o accidentes de naturaleza semejante.
67.11 Para el ramo agropecuario: Aquel que tiene por objeto la cobertura de los riesgos que puedan afectar a las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
67.12 Para el ramo de automóviles: el pago de la indemnización que corresponda a los daños o pérdidas del automóvil y a los daños o perjuicios causados a la propiedad ajena o a terceras personas con motivo del uso del automóvil. Las sociedades de seguro que se dediquen a este ramo, podrán en consecuencia, incluir en las pólizas regulares que expidan, el beneficio adicional de responsabilidad civil.

67.13 Para el ramo de seguro de crédito: Aquel que tiene por objeto garantizar a una persona el pago de los créditos que tenga a su favor cuando se produzca la insolvencia de sus respectivos deudores.
67.14 Para el ramo de diversos: el pago de la indemnización debido a daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas por cualquier otra eventualidad prevista en el contrato.
67.15 Para el ramo de líneas aliadas: los contratos de seguro que amparen daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas como consecuencia de eventos de la naturaleza con periodicidad y severidad no predecibles, que al ocurrir, generalmente producen una acumulación de responsabilidades para las sociedades de seguros.

67.16 Para el ramo de seguros obligatorios: las coberturas que serán establecidas según la Ley como obligatorios para personas naturales o jurídicas involucrados en actividades específicas.

67.17 Para el ramo de fianzas: los contratos que garantizan el cumplimiento de una obligación adquirida por cualquier persona o empresa respecto a un tercero denominado "beneficiario de la fianza”. Las fianzas que las sociedades de seguros podrán operar incluyen las garantías de mantenimiento de oferta, cumplimiento de contratos de obras, anticipos, calidad de obra y de todas aquellas que no tengan el carácter de garantías financieras o de pago, según lo determine el Consejo Directivo.
67.18 Para el ramo de desempleo: los contratos que garantizan pagos parciales o totales de deudas especificas del asegurado por parte del asegurador en caso de que este quede imposibilitado de generar ingresos por desempleo.
67.19 Para el ramo de seguro de título de propiedad: los contratos que protegen al asegurado sus derechos legales para la propiedad, tenencia, uso, control y disposición de terrenos.
67.20 Para las operaciones de micro seguro: los productos que tengan como propósito facilitar el acceso de la población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la utilización de medios de distribución y operación de bajo costo.

El Consejo Directivo mediante norma general podrá indicar los riesgos que pueden cubrirse dentro de cada una de las operaciones o ramos mencionados en el artículo anterior, siempre que los riesgos no enumerados tengan las características técnicas de los consignados para cada operación o ramo.

69.1 Por así solicitarlo la sociedad, conforme lo acordado en su asamblea general de accionistas.

69.2 Cuando habiéndose presentado cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 133 de esta Ley, referido a los planes de normalización, a juicio del Superintendente y en protección de los intereses de los asegurados, dicha modificación contribuya a mejorar la situación financiera y la cobertura de los parámetros regulatorios de la sociedad.
69.3 Cuando una sociedad durante dos años consecutivos incurra en pérdidas significativas, según lo reportado en los estados de resultados actuariales anuales suministrados al Superintendente.
69.4 Cuando un producto autorizado resulte en tres años consecutivos con pérdidas significativas, en este caso el Superintendente podrá revocar la autorización otorgada para operar ese ramo en particular.

69.5 Si reiteradamente, a pesar de las observaciones del Superintendente, la sociedad excede los límites de las obligaciones que pueda contraer en las operaciones o ramos de que se trate.
69.6 Si comprueba que la sociedad no cumple adecuadamente con las funciones de las operaciones o ramos correspondientes, por mantener una escasa emisión de primas.

En cualquiera de los supuestos se deberán adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses de los contratantes, asegurados y beneficiarios.

A este efecto se establecen las definiciones y limitaciones siguientes:

71.1 Partes relacionadas con una sociedad de seguros.

71.1.1 Los accionistas que, bien sea individualmente o en conjunto con otras personas naturales o jurídicas con las que mantengan directa o indirectamente vinculaciones significativas, posean un cinco por ciento o más del capital social obligatorio pagado de la sociedad de seguros.

71.1.2 Los miembros de su junta directiva, el secretario cuando sea miembro de ésta con voz y voto, el ejecutivo principal así como cualquier otro funcionario con potestad, individual o colectiva, de autorizar créditos sustanciales, calificados de acuerdo a normativas generales establecidas por el Consejo Directivo. De igual forma estarán incluidas las personas jurídicas con las que tales miembros y funcionarios mantengan directa o indirectamente vinculaciones significativas.

71.1.3 Los cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas naturales incluidas en algunos de los numerales anteriores, así como las personas jurídicas con las que tales cónyuges y familiares mantengan directa o indirectamente vinculaciones significativas.

71.1.4 Las personas jurídicas con las cuales la sociedad de seguros, mantenga directa o indirectamente vinculaciones significativas.

71.1.5 Las personas jurídicas miembros del grupo financiero al cual la sociedad de seguros pertenece, así como sus directores y funcionarios.

71.2 Vinculaciones Significativas. Existen vinculaciones significativas en cualesquiera de los siguientes casos:

71.2.1 Cuando una persona natural, directa o indirectamente, participa como accionista en otra persona jurídica en un porcentaje equivalente o superior al treinta y tres por ciento de su capital social obligatorio pagado o ejerce control por cualquier medio, directo o indirecto, sobre un derecho de voto equivalente o superior al mismo porcentaje.

71.2.2 Cuando una persona jurídica, directa o indirectamente, participa en otra persona jurídica o ésta participa en aquella, como accionista, en un porcentaje equivalente o superior al treinta y tres por ciento de su capital social obligatorio pagado o ejerce control por cualquier medio, directo o indirecto, sobre un derecho de voto equivalente o superior al mismo porcentaje.

71.2.3 Cuando dos o más personas jurídicas tienen, directa o indirectamente, accionistas comunes en un porcentaje equivalente o superior al treinta y tres por ciento de sus capitales sociales obligatorios pagados o cuando unas mismas personas naturales o jurídicas ejercen control, por cualquier medio, directo o indirecto, en aquéllas personas jurídicas, sobre un derecho de voto equivalente o superior al mismo porcentaje.

71.2.4 Cuando el Superintendente considere que por cualquier medio, directo o indirecto, una persona natural o jurídica ejerce influencia dominante sobre la junta de accionistas o junta directiva; la administración o gerencia; en la determinación de políticas, o en la gestión, coordinación, imagen, contratación o realización de negocios, de otra persona jurídica.
71.2.5 Cuando, por aplicación de las normas generales dictadas por el Consejo Directivo, el Superintendente pueda presumir, que una persona natural o jurídica o varias de ellas mantienen, directa o indirectamente, vinculaciones significativas entre sí o con otra persona jurídica, en virtud de la presencia de indicios de afinidad de intereses.
71.2.6 A este respecto, se consideran indicios de vinculación significativa por afinidad de intereses, entre otros: La presencia común de miembros de juntas directivas; la realización de negocios en una misma sede; el otorgamiento de créditos por montos excesivos en relación con el capital, de favor o sin garantías; el ofrecimiento de servicios bajo una misma imagen corporativa; la posibilidad de ejercer derecho de veto sobre negocios; la asunción frecuente de riesgos compartidos; la existencia de políticas comunes o de órganos de gestión o coordinación similares, y los demás que se incluyan en normas que al efecto dicte el Consejo Directivo. Estas presunciones admiten prueba en contrario.

71.3 Manifestaciones Indirectas. En los casos en que la presente Ley haga referencia a vinculaciones significativas, participaciones, medios y cualquier otra manifestación de carácter indirecta, debe de entenderse que tales manifestaciones se refieren a situaciones donde se evidencie la celebración de actos o contratos, la existencia de hechos o la intervención de terceras personas, que produzcan efectos equivalentes a aquellos que se producirían de manera directa. Estas evidencias admiten prueba en contrario.
71.4 Limitaciones a las operaciones activas con Partes Relacionadas. El monto de las operaciones activas realizadas por una sociedad de seguros con todas sus partes relacionadas, tanto individualmente consideradas, como en conjunto con aquellas personas naturales o jurídicas que integren con ella una misma unidad de interés por la existencia, directa o indirecta, de vinculaciones significativas o asunción frecuente de riesgos compartidos, no podrá exceder de un treinta por ciento de la base de cálculo del capital. A los efectos de esta Ley, se entenderá por unidad de interés lo indicado por el artículo siguiente.

71.5 Entre las operaciones activas que están sujetas al límite anterior se encuentran las siguientes:
71.5.1 Los créditos otorgados por la sociedad.
71.5.2. Las operaciones de compra de cartera de créditos, seguros y obligaciones emitidas por partes relacionadas que no cumplan con las normas dictadas por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la Superintendencia podrá dictar normas de carácter general para regular las condiciones que deben cumplir este tipo de operaciones.

71.5.3 Depósitos e inversiones de cualquier naturaleza que mantenga la sociedad, incluyendo operaciones de reporto, que no cumplan con las normas dictadas por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo podrá dictar normas de carácter general para regular las condiciones que deben cumplir este tipo de operaciones.
71.6 Condición básica. En cualquier negociación con sus partes relacionadas, las sociedades de seguro deberán efectuarlas en condiciones que no difieran de las aplicables a cualquier otra parte no relacionada con la sociedad, en transacciones comparables. En caso de no existir en el mercado transacciones comparables, se deberán aplicar aquellos términos o condiciones, que en buena fe, le serían ofrecidos o aplicables a partes no relacionadas a la sociedad.

Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable a los siguientes casos:

71.6.1 Las operaciones activas realizadas por la sociedad, incluyendo las contingentes;

71.6.2 La compra venta de activos a partes relacionadas;

71.6.3 Servicios contractuales realizados por o a favor de la sociedad de seguros;

71.6.4 Cualquier transacción en que la parte relacionada actúe como agente o reciba comisiones por sus servicios a la sociedad de seguros;

71.6.5 Cualquier transacción o serie de transacciones con terceras personas, naturales o jurídicas, en las que la parte relacionada tenga interés financiero; o que la parte relacionada sea partícipe en dicha transacción o serie de transacciones.

Cuando el Superintendente determine que se ha infringido cualquiera de las disposiciones de este literal o que se exponga a cualquiera de las sociedades del grupo financiero a riesgos de contagio derivados de la situación que afecte a las personas relacionadas, el Superintendente, tendrá sobre dichas sociedades las mismas atribuciones de fiscalización y supervisión que la Ley le otorga para el caso de las sociedades de seguro. Si se determinare la existencia de la infracción o de la exposición, el Superintendente, sin perjuicio de las sanciones que contemplen las leyes, ordenará de inmediato la terminación de tales operaciones o exigirá las medidas correctivas necesarias.

A los efectos de este artículo se consideran formando parte de una misma unidad de interés, las siguientes personas naturales y jurídicas:

72.1 Si el solicitante de crédito es una persona natural, formarán con esta una misma unidad de interés, su cónyuge y sus familiares dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como las personas jurídicas que directamente o indirectamente mantengan vinculaciones significativas con el solicitante, su cónyuge y sus indicados familiares.

72.2 Si el solicitante de crédito es una persona jurídica, formarán con esta una misma unidad de interés, las personas naturales o jurídicas que directamente o indirectamente mantengan vinculaciones significativas con dicho solicitante.

Para determinar las vinculaciones significativas señaladas en los numerales precedentes, se atenderá a las definiciones contenidas en el artículo precedente, en todo cuanto sea aplicable.

En la carátula de las Condiciones Generales y Condiciones Particulares, y en todos los documentos integrantes de la póliza, deberá figurar con caracteres destacados el número y fecha de resolución del Superintendente a través de la cual fue aprobada.

El Superintendente instruirá los cambios necesarios, cuando las pólizas o los modelos de cláusulas adicionales, se opongan a la ley; asimismo cuando de la revisión de las notas técnicas se derive que las tarifas no son suficientes para cubrir los riesgos, o cuando los recargos, intereses o provisiones sean de igual manera insuficientes. La Superintendencia registrará las pólizas y los modelos de cláusulas adicionales.

El contrato o cláusula incorporada al mismo, celebrado por una sociedad de seguro, sin contar con la aprobación y registro en la Superintendencia a que se refiere el presente artículo, conservará su validez a favor del contratante, asegurado o beneficiario o de sus causahabientes, excepto de las estipulaciones que les perjudicaren; lo anterior sin perjuicio de las sanciones administrativas que impondrá el Superintendente.

El Consejo Directivo conforme a las prácticas internacionales y la experiencia del sistema asegurador del país, podrá dictar normas de carácter general que contengan los criterios, bases y guías generales que sirvan de sustento para la formulación de tarifas o primas y demás documentos de respaldo técnico en sus operaciones.

La aseguradora estará obligada a indemnizar al asegurado por los siniestros que ocurran, cuando la prima pagada a la fecha sea igual o superior a la prima devengada al momento de ocurrir el siniestro. En caso contrario, es decir, que las primas en mora correspondan a un período ya devengado, la aseguradora no estará obligada a indemnizar al asegurado en caso de que se produzca el siniestro.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable a las solicitudes de aumento de suma asegurada, inclusión de nuevos riesgos y en ningún caso a seguro de personas.

En caso de ocurrir un siniestro antes de solicitada y/o aceptada por la sociedad de seguros cualquier rectificación o modificación durante el tiempo establecido en el párrafo anterior, ambas partes se sujetarán a lo establecido en la póliza. Se sujetarán a lo establecido en la solicitud cuando, por omisión de la sociedad de seguros, no se incluya en la póliza lo solicitado por el asegurado, habiendo éste pagado la prima correspondiente a lo solicitado.

81.1 Los plazos máximos en que se deben pagar las indemnizaciones directamente a los asegurados, beneficiarios y/o cesionario después de aceptado el siniestro por la compañía;

81.2 Lo que se entiende como aceptación del siniestro;

81.3 Plazo máximo que tiene la sociedad de seguro para aceptar o rechazar el siniestro y determinar el monto de la indemnización; así como sobre el plazo que tiene el asegurado para aceptar o rechazar el monto de la indemnización; y además sobre el plazo que tienen ambas partes para acudir a la cláusula de arbitraje ante cualquier controversia;

81.4 Plazo máximo que tiene la sociedad de seguro para presentar solicitud debidamente justificada al Superintendente cuando la sociedad requiera contar con un plazo mayor para realizar investigaciones adicionales u obtener evidencias suficientes sobre la procedencia del siniestro o para la adecuada determinación de su monto.

Las sociedades de seguros podrán pagar la indemnización, bien mediante la reparación o reemplazo del bien asegurado, o bien mediante el pago en efectivo al asegurado, beneficiario o al respectivo proveedor de servicios. En caso que la sociedad decida pagar en efectivo, queda prohibido que realice deducciones no fundamentadas en ninguna disposición legal, ni normativa dictada por la Superintendencia.

El seguro no puede ser objeto de lucro indebido por parte del asegurado ni de la aseguradora. Para la determinación de la indemnización se utilizará el valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro.

83.1 Procedimientos a seguir para la atención de los reclamos.

83.2 La instancia o autoridad administrativa encargada de recibir, atender y responder los reclamos de los clientes.

83.3 Llevar un registro por ramos de los reclamos recibidos, fecha de ocurrencia y recepción, número o cantidad, monto del siniestro, causa, y de las resoluciones que se hubieren dado a los mismos.

Sin perjuicio de lo establecido en las condiciones generales de las pólizas de seguros, toda sociedad de seguros al momento de entregar ésta al usuario, deberá entregarle un folleto que contenga el procedimiento o requisitos básicos para presentar reclamos.

La Superintendencia protegerá la libertad de los usuarios para decidir la contratación de sus seguros o fianzas y escoger sin limitaciones la institución, y en su caso, el intermediario, y aplicará las sanciones correspondientes cuando verifique conductas o prácticas que contraríen lo dispuesto en este artículo.

Cuando el Superintendente considere que las sociedades de seguros incurran en prácticas o conductas que restrinja y trasgreda la libre competencia del mercado de seguros, podrá solicitar al Instituto de Procompetencia un dictamen no vinculante, el cual deberá ser emitido en un término no mayor de 30 días.

85.1 Ofrecer y celebrar contratos en relación a las operaciones autorizadas, en los términos de las disposiciones legales aplicables y conforme a los sanos usos y costumbres en materia de seguros, con el propósito de lograr una adecuada selección de los riesgos que se asuman.

85.2 Determinar sobre bases técnicas, las primas de riesgo a fin de garantizar con un elevado grado de certeza, en el cumplimiento de las obligaciones que al efecto contraigan con los usuarios de sus servicios.

85.3 Prever que las estipulaciones contenidas en la documentación contractual corresponda a las diversas operaciones de seguro y que en la determinación del importe de las primas y extra primas, su devolución y pago de dividendos o bonificaciones, en caso de que se contrate ese beneficio, no den lugar a la disminución de la prima de riesgo.

85.4 Indicar de manera clara y precisa, en la documentación contractual de las operaciones de seguros y las relacionadas con éstas, el alcance, términos, condiciones, exclusiones, limitante o deducible y cualquier otra modalidad que se establezca en las coberturas o planes que ofrezca la sociedad, así como los derechos y obligaciones de los usuarios. De igual manera, se deberá procurar claridad y precisión en la comunicación individual o colectiva que por cualquier medio realicen las sociedades con sus usuarios o con el público en general. Como mínimo, las coberturas básicas y los riesgos no cubiertos por el contrato, deben consignarse con caracteres destacados en la portada de la póliza.

85.5 Los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles. En los casos de dudas por haber sido redactados en forma ambigua, se interpretarán en el sentido más favorable al usuario. Asimismo, las condiciones especiales que se agreguen a las condiciones generales del contrato, deberán en igualdad de circunstancias favorecer equitativamente a los usuarios, sujetándose a normas de aplicación uniformes que tenga cada sociedad. Sin embargo, en caso de controversia entre las condiciones generales y especiales prevalecerán las que favorezcan al usuario.

85.6 Respetar los principios de equidad y suficiencia, fundados en las reglas de la técnica aseguradora y actuarial.

85.7 En aquellos riesgos que por su naturaleza no sea posible el cumplimiento de los requisitos anteriores, podrán ser resultantes del respaldo de reaseguradoras de reconocida solvencia que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley y las normas sobre reaseguradoras dictadas por el Consejo Directivo.

86.1 Debe ser expresada en forma clara y precisa, a efecto de que no induzcan al público a error por promesas, estimaciones, ilustraciones o proyecciones.

86.2 No escondan u omitan la mención de algún hecho importante que sea necesario, para que las afirmaciones contenidas en dicho material no conduzcan a error en el contexto de las circunstancias en que fue formulada dicha aseveración.

86.3 No generen engaño o confusión sobre la prestación de servicios o de los productos ofrecidos.

86.4 No ofrezcan ventajas y condiciones que no estén autorizadas o en capacidad para cumplir.

86.5 No incurran en competencia desleal por presentación al público de comparaciones directas o indirectas de productos que no están basadas en hechos reales y comprobados.

86.6 Las demás que al efecto dicte el Consejo Directivo mediante normas generales.

91.1 Los requerimientos que en esta materia demande el Superintendente. Asimismo, el Superintendente está facultado para procesar información en materia de lavado de dinero, bienes o activos conforme lo dispongan las leyes y los tratados internacionales.

91.2 La información que soliciten otras entidades supervisadas por la Superintendencia de los nombres de clientes en mora o en cobro judicial, así como aquellos clientes que libren cheques sin fondos.

91.3 La información que se canalice a través de convenios de intercambio y de cooperación suscritos por el Superintendente con autoridades supervisoras financieras nacionales o extranjeras. La información será canalizada a través de las respectivas entidades supervisoras.

91.4 Las otras excepciones que contemple la ley.

Ninguna autoridad administrativa, exceptuándose a la Superintendencia, podrá solicitar directamente a las entidades reguladas por esta Ley, información particular o individual de sus clientes.

CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE JULIO DEL 2010. (VIGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA).

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados al Orden del Día Nº 002, Punto III: DISCUSIONES DE DICTÁMENES DE DECRETOS Y LEYES PRESENTADOS, Punto 3.49: LEY GENERAL DE SEGUROS, REASEGUROS Y FIANZAS, misma que fue aprobada el día de ayer hasta el Título IV, Título III -perdón-, en su artículo 92. Continuamos con el Título IV, Capítulo I, Reaseguro, Fronting, Coaseguros y Microseguro.

De igual manera, las reaseguradoras domiciliadas en el país deberán enviar a la Superintendencia los contratos de reaseguro emitidos y los contratos de retrocesión suscritos. El Consejo Directivo podrá emitir normas sobre esta materia.

Todo contrato que celebren las aseguradoras que operan en el país con las reaseguradoras deberá efectuarse en términos de mercado.

La terminación del contrato por mora en el pago de la prima o de manera voluntaria con preaviso de treinta días por las partes, en cuanto al plazo para el pago de la indemnización y el plazo máximo para resolver la reclamación será conforme lo establece el artículo 81 de la presente Ley, relativo a la indemnización de siniestros.

En los casos que por las características del seguro, éste requiera necesariamente ser por un plazo mayor a un año, la materia se sujetará a las regulaciones que dicte el Consejo Directivo mediante norma general.

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Nos remitimos nuevamente al del Orden del Día No. 002, Punto 3.49: para la continuación de la discusión en lo particular de la Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas. Estamos en el Título IV.

Perdón. Título V.- Intermediarios y auxiliares de Seguros.- Capítulo Único.- Intermediarios y Auxiliares de Seguros.-

Son auxiliares de seguros externos las personas naturales o jurídicas autorizadas para prestar servicios como ajustadores, investigadores de siniestros o evaluadores de averías o daños, consultores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros.

Son auxiliares de seguros internos aquellas personas naturales que laboran en las empresas de seguros bajo contratación laboral y que prestan sus servicios como ajustadores, investigadores de siniestros o inspectores de averías, consultores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros.

No podrán actuar como intermediarios o auxiliares de seguros: los directores, gerentes, funcionarios o empleados de sociedades de seguros y los directores, gerentes, administradores o empleados de instituciones bancarias y financieras.

Ninguna persona natural o jurídica, podrá ejercer las funciones de intermediarios o auxiliares de seguros, externos e internos, sin la previa autorización de la Superintendencia y la inscripción al registro correspondiente.

Las autorizaciones tendrán el carácter de intransferibles, debiéndose registrar en el registro que para tal efecto lleve la Superintendencia. Cada tres años deberá actualizarse el registro proporcionando la información correspondiente. El Consejo Directivo mediante norma de carácter general establecerá el costo de la inscripción inicial y su actualización, así como los demás requisitos para tales fines. Las sociedades en ningún caso aceptaran negocios ni suscribirán contratos con intermediarios y auxiliares que no cuenten con autorización para operar.

119.1 Prestar el asesoramiento técnico a los usuarios o clientes para que obtengan la cobertura de riesgos adecuada a sus intereses.
119.2 Informar a sus usuarios o clientes sobre las condiciones del contrato, sobre los riesgos, beneficios y exclusiones de las pólizas observando el alcance de los deducibles de la misma, regla proporcional, forma y plazos de pago, efectos de su incumplimiento, y en general toda la información necesaria para ilustrar mejor su decisión.
119.3 Acatar las disposiciones de esta ley, las normas del Consejo Directivo e instrucciones del Superintendente, así como sus propias normas éticas o código de conducta.

119. 4 Los intermediarios proporcionarán a las sociedades de seguros toda la información que sea de su conocimiento sobre el riesgo o la responsabilidad a asumir, a fin de que puedan formarse un juicio sobre sus características que les permita determinar las condiciones bajo las cuales deban suscribir las pólizas.

119.5 Proteger los intereses del asegurado y de la aseguradora en un grado de igualdad.

119.6 Actualizar permanentemente sus conocimientos en seguros, siguiendo cursos o seminarios de capacitación para conocer integralmente los productos de seguros que ofrecen y los nuevos productos existentes en el mercado, que les permitan responder de manera técnica y eficiente a los requerimientos de los tomadores o contratantes de seguros y asegurados.

119.7 Comunicar de inmediato y por escrito a los tomadores o contratantes y/o asegurados, el rechazo o las modificaciones de cobertura del riesgo propuesto, realizadas por las sociedades de seguros.

119.8 Entregar al asegurado la póliza de seguro contratada, dentro de los tres días siguientes a su fecha de recepción, verificando que ésta se encuentre conforme con lo solicitado a la sociedad de seguros, debiendo devolver a esta última las copias, las adenda y demás documentaciones que requiera firma del asegurado dentro de un plazo no mayor a tres días, siguientes a la fecha de recepción por parte del asegurado.

119.9 Comunicar de inmediato y por escrito a las sociedades de seguros, cualquier modificación del riesgo asegurado que signifique una agravación o disminución del mismo, que pudiera repercutir en sus condiciones de aseguramiento.

119.10 Asistir al asegurado, con la debida diligencia y prontitud, en caso de siniestro, gestionando el reclamo correspondiente ante la sociedad de seguros y haciendo un seguimiento del mismo hasta su conclusión.

119.11 Enterar a las sociedades aseguradoras, en un plazo no mayor de tres días, las sumas recibidas de los clientes en concepto de primas.

119.12 Las demás que el Consejo Directivo establezca mediante normas generales, sin perjuicio de las instrucciones que el Superintendente pueda emitir de acuerdo a circunstancias particulares de este servicio.
Las comunicaciones efectuadas por un corredor de seguros al asegurador, en nombre del contratante de una póliza, surtirán los mismos efectos que si la realizara el propio contratante, salvo indicación en contrario por parte de éste. En todo caso, se precisará el consentimiento expreso del contratante para suscribir un nuevo contrato o para modificar o rescindir el contrato de seguro vigente.

120.1 Verificar que el valor de los objetos asegurados sea el mismo establecido antes de la ocurrencia del siniestro, en el caso de que éste se encontrase cubierto por la póliza.

120.2 Examinar, investigar y determinar las causas conocidas o presuntas del siniestro.

120.3 Calificar, informar y opinar si el siniestro se encuentra amparado por las condiciones de la póliza.

120.4 Establecer el monto de las pérdidas o daños amparados por la póliza.
120.5 Señalar el importe que corresponde indemnizar con arreglo a las condiciones de la póliza.

120.6 Establecer el valor del salvamento para deducirlo de la cifra de daños, o su comercialización por la sociedad de seguros.

120.7 Las demás que el Consejo Directivo establezca mediante normas generales; sin perjuicio de las instrucciones que el Superintendente pueda emitir de acuerdo a circunstancias particulares de este servicio.

El peritaje del ajustador no obliga a las partes y es independiente a ellos.

121.1.1 Examinar y calificar un bien, una responsabilidad o una operación, como acción previa al proceso de aseguramiento, con el objeto de que la sociedad de seguro aprecie el riesgo que ha de cubrir;

121.1.2 Alertar sobre la posibilidad de que ocurra un daño o una pérdida, recomendando las acciones para evitar o reducir uno u otra;

121.1.3 Las demás que el Consejo Directivo establezca mediante normas generales, sin perjuicio, de las instrucciones que el Superintendente pueda emitir de acuerdo a circunstancias particulares de este servicio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el caso de agentes y auxiliares de seguros internos de las sociedades de seguro, en éste caso dicha sociedades responderán por las actuaciones de éstos.

La relación entre las sociedades de seguros y los corredores de seguros o agencias será de carácter mercantil y se regirá por las disposiciones del Código de Comercio.

La suscripción de este tipo de contratos por parte del representante de la sociedad de seguros, podrá efectuarse mediante el uso de facsímil, previa resolución de su respectiva Junta Directiva aprobándola y estableciendo las regulaciones en cuanto a la seguridad y manejo de este procedimiento.

CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE JULIO DEL 2010. (VIGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA).

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados a la Orden del Día No. 002, Punto III: DISCUSIONES DE DICTÁMENES DE DECRETOS Y LEYES PRESENTADOS.

Punto 3.49: LEY GENERAL DE SEGUROS, REASEGUROS Y FIANZAS.

Ayer aprobamos hasta el Título V y hoy continuamos con el Título VI, Vigilancia y Liquidación Forzosa, Capítulo I, Medidas Preventivas y Planes de Normalización. Artículo 127.

131.1.1 Iliquidez que pueda comprometer el pago de sus obligaciones.
131.1.2 Pérdidas de capital, actual o inminente.
131.1.3 Irregularidades de tipo administrativo y gerencial en la conducción de sus negocios.
131.1.4 Infracciones a las leyes, regulaciones y demás normas aplicables a sus actividades, así como a las instrucciones y resoluciones del Superintendente.
131.1.5 Cualquier otro hecho relevante detectado por el Superintendente, que represente peligro para sus asegurados y acreedores, o que comprometa su liquidez y solvencia en un grado tal que no amerite el establecimiento de planes de normalización o la liquidación de la sociedad de seguro según lo establecido en la presente Ley.

132.1 Amonestación.
132.2 Prohibición de emitir nuevas pólizas y realizar otras operaciones.
132.3 Suspensión de operaciones específicas u orden de cesar o desistir de las operaciones que se estén llevando a cabo y que el Superintendente considere como inseguras.
132.4 Prohibición de decretar y distribuir utilidades.
132.5 Órdenes de restitución de pérdidas de capital o de adecuación de capital.
132.6 Prohibición de abrir nuevas oficinas o sucursales.
132.7 Inversión obligatoria de las nuevas captaciones en valores del Banco Central de Nicaragua o en otros títulos previamente designados por el Superintendente.
132.8 Requerir aumentos de capital para superar el déficit.
132.9 Designación de un funcionario de la Superintendencia para asistir a las sesiones de la junta directiva, comités y cualquier otra instancia resolutiva.
132.10 Diferir el pago del principal, intereses o ambos, de las obligaciones subordinadas u otros títulos de crédito que haya emitido, o en su caso, ordenar la conversión anticipada en acciones.
132.11 Las demás que sean necesarias, de conformidad con la Ley y regulaciones aplicables, para subsanar la situación anómala detectada por el Superintendente.

133.1 Déficit en la constitución de sus reservas técnicas y matemáticas conforme a lo establecido en la presente ley y la normativa de la materia.
133.2 Faltante en la cobertura de las inversiones de sus reservas técnicas y matemáticas, conforme a lo establecido en la presente Ley y la normativa de la materia.
133.3 Deficiencia de capital necesario para la cobertura del capital de riesgo a que se refiere los artículos 32 y 33 de esta Ley.
133.4 Deficiencia del capital social obligatorio en los términos previstos en esta Ley.
133.5 Incumplimiento de la relación de capital de riesgo por un lapso superior a dos meses consecutivos, por montos que no ameriten su liquidación de conformidad con la presente Ley.
133.6 Si la sociedad presentare a la Superintendencia alguna información que deliberadamente no sea veraz o contenga datos falsos, sin perjuicio de las sanciones que el Superintendente pueda aplicar a sus autores y a sus superiores, incluida la remoción para los que resultaren responsables.
133.7 Si la sociedad incumpliere por tres veces consecutivas o seis veces no consecutivas durante un año, disposiciones legales que le son aplicables, normas o instrucciones emanadas del Consejo Directivo o del Superintendente respectivamente, sobre un mismo asunto.
133.8 Si las relaciones de la sociedad con otros miembros de su grupo financiero la hacen susceptible de sufrir perjuicios en su situación financiera o de su reputación.
133.9 Si el Superintendente determina por cualquier medio que la sociedad ha incurrido en prácticas inadecuadas en el manejo de riesgos significativos de cualquier naturaleza que pongan en peligro su situación financiera, incluida la deficiencia en las provisiones para tales riesgos, o en la valuación de los activos.
133.10 Si los auditores externos de la sociedad se abstienen de emitir opinión sobre sus estados financieros, o tal opinión es negativa, o cuando la sociedad omita la publicación del dictamen de auditoría externa.
133.11 Cualquier otro hecho relevante detectado por el Superintendente que represente peligro para los asegurados y acreedores de la sociedad, o que comprometa su liquidez y solvencia en un grado tal que no amerite la liquidación de la sociedad.

El Superintendente dispondrá de un plazo no mayor de quince días para otorgar su aprobación al plan con las modificaciones que juzgue necesario incorporar. Una vez aprobado un plan de normalización por el Superintendente y notificada la sociedad de esta decisión, el mismo será de obligatorio cumplimiento para esta. La responsabilidad en la ejecución del plan de normalización recaerá en la junta directiva de la sociedad.

Una vez aprobado un plan de normalización, el Superintendente podrá modificarlo o dejarlo sin efecto, según las circunstancias en cada caso.

135.1 El programa de capitalización que, en su caso, requiera la solución de la problemática detectada.
135.2 Los objetivos específicos que persigue el plan y el calendario detallado de actividades para su ejecución.
135.3 Capitalización de reservas de capital y/o utilidades.
135.4 Reestructuración y negociación de pasivos y activos.
135.5 Absorción de pérdidas contra cuentas patrimoniales.
135.6 Reducción de gastos administrativos.
135.7 Cierre de oficinas, agencias o sucursales.
135.8 Compromiso de no celebrar nuevos contratos de servicios, o renovación de los existentes.
135.9 Venta o fusión de la sociedad, previa aprobación del Superintendente.
135.10 Cuando la sociedad sea miembro de un grupo financiero: venta o liquidación de cualquiera de sus subsidiarias si el Superintendente determina que una de sus subsidiarias está en peligro de quedar insolvente, y además presenta un riesgo significativo a la sociedad, o es probable que cause una reducción significativa en los activos o en las ganancias de la misma.
135.11 Remoción de administradores, directores, asesores y otros funcionarios.
135.12 Designación de funcionarios delegados del Superintendente con facultades para verificar el plan, así como vetar y revocar las operaciones que lo contravengan.
135.13 Reducir total o parcialmente la emisión de pólizas o retención de primas y la aceptación de operaciones de reaseguro a niveles compatibles con los recursos de capital de la sociedad.
135.14 Diferir el pago del principal, intereses o ambos, de las obligaciones subordinadas u otros títulos de crédito que haya emitido, o en su caso, ordenar la conversión anticipada en acciones.
135.15 Cuando el plan haya sido exigido por insuficiencia patrimonial y contemple aportes diferidos de capital a lo largo del período de ejecución del plan, el Superintendente evaluará la viabilidad de la realización de tales aportes y exigirá la presentación de garantías reales y/o personales de los accionistas de la sociedad a fin de asegurar el fiel cumplimiento del plan de normalización. El Consejo Directivo, mediante norma general establecerá el procedimiento para calcular el monto, las condiciones de esta garantía, así como lo referente a su ejecución.
135.16 Cualquier otra medida que a juicio del Superintendente, bien de oficio o, a propuesta de la junta directiva de la sociedad, sea necesaria para corregir la situación que motiva el plan de normalización.

El plan de normalización establecerá también las metas e indicadores de medición para verificar el adecuado cumplimiento de las medidas establecidas, especificando aquéllas que deben alcanzarse gradualmente durante la ejecución del plan. El plan contendrá un compromiso de información constante por parte de los órganos de control interno de la sociedad al Superintendente acerca de la evolución de la sociedad y la ejecución del plan, incluyendo sus pronunciamientos sobre el estado de las causas que motivaron dicho plan.

138.1 Estar en situación de cesación de pagos por incumplimiento de obligaciones líquidas, vencidas y exigibles o que presentaren indicios de un inminente estado de suspensión de pagos.
138.2 Si la sociedad no presentare el plan de normalización.
138.3 Si la sociedad incumpliere el plan de normalización de acuerdo a la normativa correspondiente.
138.4 Si la sociedad tuviere pérdidas que redujeren su capital a menos del capital social obligatorio establecido por la presente Ley.
138.5 En los casos indicados en el artículo 165 de la presente Ley o cuando estando vigente la ejecución de un plan de normalización se evidencien situaciones graves que revelan la imposibilidad de lograr la recuperación de la sociedad.
138.6 Si la sociedad persistiere en infringir las disposiciones de esta Ley, las de su escritura de constitución social o de sus propios estatutos o reglamentos, las normas que dictare el Consejo Directivo, así como las instrucciones y resoluciones del Superintendente o si persistiere en administrar sus negocios en forma no autorizada por la Ley.
138.7 Si el órgano competente no se reuniese o no tomase los acuerdos correspondientes en un plazo de diez días, contados a partir de la fecha en la que dispuso las referidas remociones a que se refiere el artículo 165 de la presente ley.
138.8 Si transcurrido un plazo de treinta días contados desde la fecha de la notificación de la resolución referida en el numeral anterior, no se hubiese modificado la situación que dio lugar a la adopción de la correspondiente medida de remoción.

Solamente el Superintendente tendrá la facultad para solicitar al Juez la declaración de liquidación forzosa, con la única excepción del caso en el cual se haya aplicado la norma contenida en el numeral 13 del Artículo 10 de la Ley de la Superintendencia. El proceso de liquidación se sustanciará conforme lo indicado por los artículos siguientes de la presente Ley.

En caso de una sociedad de seguros propiedad del Estado incurriere en alguna causal que amerite su disolución y liquidación forzosa, el Superintendente deberá de informar de estos hechos de forma inmediata al Presidente de la República para que este ordene lo que corresponda, siendo esto condición previa e indispensable para promover y ejecutar cualquiera de las disposiciones establecidas en el presente capítulo.

146.1 Avisar inmediatamente a todos los bancos, personas naturales o jurídicas, radicadas en el país o en el extranjero, que sean deudoras o posean fondos o bienes de la sociedad en liquidación, para que no efectúen pagos sin intervención del liquidador, para que devuelvan los bienes pertenecientes a la sociedad y para que no asuman nuevas obligaciones por cuenta de la misma.
146.2 Avisar a los registros públicos para las anotaciones a que haya lugar.
146.3 Notificar por cualquier medio a cada una de las personas que resulten ser propietarios de cualquier bien entregado a la sociedad, dentro del plazo de sesenta días contados desde la fecha de la notificación.
146.4 Notificar por medio de tres avisos consecutivos publicados en "La Gaceta", Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, a los acreedores de la sociedad, para que legalicen las obligaciones ante el propio liquidador, dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de la última publicación y hacer una lista protocolizada por un Notario Público de los créditos que no hubiesen sido reclamados dentro del plazo indicado.
146.5 Examinar y aprobar o rechazar los créditos debidamente reclamados, según que los comprobantes estuvieren o no a satisfacción del liquidador, designando entre los créditos aceptados, aquellos que tuvieren preferencia sobre los comunes.
146.6 Reclamar judicial o extrajudicialmente los créditos vencidos a favor de la sociedad.
146.7 Verificar y rectificar las listas del activo y pasivo presentadas por la sociedad o formar dichas listas, si no hubieren sido presentadas.
146.8 Procurar que los bienes ocupados o inventariados estén debidamente resguardados y se conserven en buen estado y disponer de la venta de aquellos que no pudieren conservarse sin perjuicio de la liquidación o tomar las medidas conducentes para evitar el perjuicio.
146.9 Valorar los bienes de la sociedad y proceder a su venta, mediante los procedimientos que establezca el Consejo Directivo conforme norma de aplicación general. Estas normas deberán contener procedimientos expeditos para la venta de los bienes.
146.10 Administrar la cartera de créditos a favor de la sociedad mientras se efectúa su venta, efectuar arreglos de pago y conceder descuentos por pronto pago cuando dicha política contribuya a una mejor recuperación de la cartera, previa autorización de los reglamentos internos por parte del Superintendente.
146.11 Depositar diariamente en depósitos a la vista a su orden en un banco la suma que hubiere recibido.
146.12 Convocar a reuniones de acreedores para conocer lo que éstos tengan que alegar sobre sus créditos, por medio de un aviso que será publicado en "La Gaceta", Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, por lo menos dos veces consecutivas, debiendo mediar entre la primera publicación del aviso en "La Gaceta" y el día de la reunión no menos de quince días.
146.13 Formular una cuenta distributiva cada vez que hubiere fondos suficientes para repartir por lo menos un dos por ciento de la masa sujeta a liquidación entre los acreedores cuyos créditos hubiesen sido aceptados.
146.14 Llevar en forma la contabilidad de las operaciones de la liquidación.
146.15 Cancelar la relación laboral al personal de la sociedad, así como nombrar los empleados que sean estrictamente necesarios para la liquidación. Asimismo, fijar los honorarios, sueldos y demás gastos, para aprobación del Superintendente.
146.16 Efectuar los pagos por gastos de administración por medio de cheques.
146.17 Dar temporalmente en arrendamiento los activos en liquidación y tomar todas las medidas para administrar y conservar dichos activos, cuando no sea posible su venta inmediata. El Consejo Directivo podrá dictar normas generales al respecto.
146.18 Contratar empresas especializadas en la liquidación de activos, mediante el pago de comisiones consistentes en un porcentaje del precio de realización, cuando dicho procedimiento resulte más eficiente, previa aprobación del Superintendente.
146.19 Dar en dación en pago, parcial o total, activos sujetos a liquidación, a los acreedores con prelación de pago, siempre que éstos lo acepten y que el precio no sea menor que el avalúo encargado por el Liquidador. Sin embargo dicho avalúo podrá ser revisado y ajustado, previa autorización del Superintendente, cuando su valor hubiere sufrido variación por cualquier causa o cuando las condiciones del mercado así lo demanden.
146.20 Si la situación financiera de la sociedad afectada lo permite, solicitar al Superintendente autorización para realizar el traspaso de la cartera de pólizas a otra sociedad autorizada. El convenio de traspaso deberá ser aprobado por el Superintendente y cumplido bajo su vigilancia. Estos traspasos y los que se realicen voluntariamente entre dos compañías de seguros previa aprobación del Superintendente, se notificarán a los asegurados de la sociedad cedente con el objeto de que éstos puedan cancelar sus contratos en las condiciones que los mismos tengan estipulados, si no desearen continuarlos con la compañía cesionaria.
146.21 Efectuar todos los demás actos que estime conveniente con el fin de llevar a cabo la liquidación en la mejor forma posible.

163.1 Con una multa de cinco mil hasta sesenta mil unidades de multa, en los siguientes casos:
163.1.2 Cuando no desarrollen adecuadamente un sistema integral o programa de prevención de los riesgos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, de conformidad con las leyes y normativas de la materia, o dicho programa no se ajuste a las necesidades del giro y de los riesgos de su negocio, o dicho programa presentare deficiencias significativas en su contenido, en especial atención, en su administración y ejecución, conforme el criterio técnico de la Superintendencia.
163.1.3 Cuando no cumplan con la obligación de reportar a la autoridad competente, según la Ley de la materia, las operaciones o transacciones detectadas como inusuales y calificadas como sospechosas de constituir lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo. Se aplicará el máximo de esta sanción cuando no se reporte una operación ostensiblemente sospechosa, conforme criterio técnico de la Superintendencia.

163.2 Con una multa equivalente entre cuatro y ocho veces el respectivo salario mensual de la persona responsable, sin perjuicio de la remoción del cargo y las sanciones penales correspondientes, en los siguientes casos:
163.2.1 Cuando el gerente, vice-gerente, funcionario, administrador del Programa de prevención de los riesgos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, o cualquier otro empleado de la sociedad, divulgue, alerte o informe al cliente o a cualquier otra persona no autorizada, que su transacción o cualquier otra transacción, fue presentada en un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo, o que está siendo analizada o considerada para un posible reporte.
163.2.2 Cuando el administrador del Sistema integral o programa de prevención de los riesgos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo de la respectiva sociedad, no informe al Superintendente o esconda información, sobre hechos que impidan de manera significativa el adecuado desempeño de su labor, una vez que no hayan sido resueltos por la dirección de la sociedad pese a requerirse atención inmediata, conforme criterio técnico de la Superintendencia.

163.3 Con una multa de cinco mil hasta cincuenta mil unidades de multa, y sin perjuicio de la remoción del cargo y las sanciones penales correspondientes, en los siguientes casos:
163.3.1 Cuando el directivo de la sociedad divulgue, alerte o informe al cliente o a cualquier otra persona no autorizada, que su transacción o cualquier otra transacción, fue presentada en un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo, o que está siendo analizada o considerada para un posible reporte.
163.3.2 Cuando la junta directiva o el comité de prevención de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo de la sociedad no de atención y respuesta a los requerimientos planteados por el administrador de su Sistema integral o programa de prevención de los riesgos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, sobre hechos que impidan de manera significativa la adecuada ejecución de dicho programa, conforme criterio técnico de la Superintendencia.
163.3.3 Cuando el gerente o vice-gerente de la sociedad o sucursal de la sociedad extranjera obstaculice la labor y la capacitación del administrador de su sistema integral o programa de prevención de los riesgos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, o debilite el adecuado desarrollo de dicho programa, conforme criterio técnico de la Superintendencia.

Los montos específicos de las multas dentro de los rangos que esta Ley establece, podrán ser graduados a través de normativa dictada por el Consejo Directivo de la Superintendencia, según situaciones específicas y su ponderación en muy graves, graves y leves.

Si en el término de tres días contados a partir del indicado requerimiento no se convoca al organismo competente para la designación de los nuevos funcionarios, el Superintendente procederá a convocarlo.

Tratándose de directores y funcionarios de entidades de seguros de propiedad estatal, cuyo nombramiento deviene del Presidente de la República, y que estuvieren incursos en situaciones que ameriten su remoción, el Superintendente comunicará al Presidente de la República sobre la situación para que ordene lo que corresponda.

En los casos de duda acerca de la naturaleza de las operaciones que realizare cualquier empresa, entidad o persona, corresponderá al Superintendente decidir en el término de ocho días si la realización de tales operaciones está o no sujeta a previa autorización conforme a esta Ley. En estos casos se suspenderán las operaciones investigadas hasta la resolución definitiva.

Iguales sanciones a las establecidas en este artículo impondrá el Superintendente a los que sin estar previamente autorizados conforme a la presente Ley, usaren como denominación o designación de sus establecimientos o negocios cuyas operaciones tuvieran semejanzas con las contempladas en la presente Ley, la palabra seguros, aseguradora, reaseguradora, fianzas, afianzadoras, corredor de seguros, correduría de seguros, brókeres de reaseguro, intermediario de seguros, comercializador de seguros, agencia de seguros o cualquier otras semejantes o equivalentes, en castellano o cualquier otro idioma, que a juicio del Superintendente tenga semejanzas con las referidas en esta Ley.

La decisión de suspender o revocar la autorización de un intermediario o auxiliar de seguros, la tomará el Superintendente previa audiencia del intermediario o auxiliar, de la sociedad y de la persona o personas afectadas, para oír los argumentos en defensa de sus derechos procediendo de conformidad con el principio del debido proceso.

Si el sancionado a quien se le hubiese debitado de su cuenta conforme al anterior párrafo de este artículo recurriere en contra de la resolución del Superintendente y dicho recurso prosperare, el Superintendente instruirá la devolución del monto de la multa impuesta, caso contrario, y estando firme la resolución administrativa, el Superintendente instruirá la transferencia a la cuenta del Fisco de la República del monto de la multa impuesta con las especificaciones y detalles correspondientes.

El Consejo Directivo de la Superintendencia establecerá mediante normas generales, los montos de las multas dentro de los rangos establecidos en la presente Ley adaptados a la gravedad de la falta.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el interesado deberá presentar solicitud escrita al Superintendente adjuntando información general de la aseguradora con quien pretende hacer la contratación del seguro.

Igualmente, los intermediarios y auxiliares de seguros, que a la entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren autorizados para operar, podrán continuar haciéndolo sin necesidad de nueva aprobación y registro.

Respecto a estas sociedades o entidades, la Contraloría General de la República tendrá competencia para fiscalizar la ejecución de su presupuesto, sin perjuicio de las regulaciones que conforme a la ley estén sujetos los directores o funcionarios de estas entidades.

El Consejo Directivo de la Superintendencia podrá dictar normas de carácter general que regulen esta materia.

Lo anterior es sin perjuicio de la información que sobre esta materia puedan intercambiarse entre sí las sociedades de seguros.

SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

a) Decreto Legislativo No. 1727, Ley General de Instituciones de Seguros, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 270 del 26 de Noviembre de 1970.

b) Ley No. 227, Reforma a la Ley General de Instituciones de Seguros, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 150 del 12 de agosto de 1996.

c) Decreto 25-96, Reglamento de la Ley General de Instituciones de Seguros con las Reformas Vigentes, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 26 del 6 de febrero de 1997.

d) Las demás disposiciones legales que se le opongan.