LEY DE PRORROGA A LA LEY No. 174

CONTINUACION DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA DECIMA LEGISLATURA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 1994.

Ley de Prórroga a la Ley N° 174, Ley de Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencias en los Juicios de Inmisión en la Posesión, Reinvindicación, Posesión, Comodato Precario y Nulidad.

Procedemos a la discusión del punto contenido en el Adendum N° 2, que se refiere a la presentación de leyes. Estaríamos en el punto 1.7 El Secretario le dará lectura.

La Ley N° 174, "Ley de Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencias en los Juicios de Inmisión en la Posesión, Reivindicación, Posesión, Comodato Precario y Nulidad" suspendió dichas acciones y ejecuciones para los inmuebles adquiridos en base a las leyes 85 y 86 y a los acuerdos entre el Gobierno, la Resistencia, los ex miembros del Ejército y el Ministerio de Gobernación.

Dicha suspensión se estableció por el termino de seis meses, plazo en el que la Asamblea Nacional podría proponer alternativas de solución a la problemática que enfrentan los adquirientes de dichos bienes. Sin embargo a la fecha, las opciones presentadas para solucionar el problema enfrentan dificultades que impiden su viabilidad, lo que obliga a prorrogar dicha suspensión por un periodo similar.

Por las razones anteriormente expuestas y con fundamento en el Arto. 140 de nuestra Constitución Política, el numeral 2) del Arto. 4 y Artos. 43 y 44 del Estatuto General de la Asamblea Nacional y el Arto. 83 de su Reglamento Interno, los suscritos Representantes sometemos, por su medio, la presente iniciativa de LEY DE PRORROGA A LA LEY N° 174, LEY DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD, a la consideración del Plenario de la Asamblea Nacional, para su posterior remisión a la correspondiente Comisión Dictaminadora.

Se aprueba con 35 votos a favor, 18 en contra, 2 abstenciones. Pasa a la Comisión de Justicia.

CONTINUACION DE LA SESION ORDINARIA No. 5 DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DIA MARTES 25 DE OCTUBRE DE 1994.

Quiero confirmar qua según el anuncio que hizo esta mañana el Presidente en funciones, a partir de las cinco y treinta minutos de la tarde, vamos a iniciar el debate sobre el Proyecto de Ley de Prórroga a la Ley 174.

Están anotados para hacer uso de la palabra y vamos a iniciar el debate de mañana, con los colegas Hernaldo Zúñiga, Nathán Sevilla, Edmundo Castillo, Dámaso Vargas y Nilo Manuel Salazar.

La petición es no solamente la de Fernando Zelaya, no es solamente que la discusión continúe, sino que de ser posible tengan una propuesta que pueda resolver el debate y la discusión que tenemos, porque se han presentado distintos criterios a través de los cuales se podría clasificar a una empresa como pequeña, y siempre resulta hasta ahora bastante controversial.

De tal manera que la Junta Directiva invita a los colegas que se han anotado para hacer uso de la palabra mañana, a que hagan un esfuerzo de poder presentarnos una moción que resuelva este tema de controversia.

Quería pedirle señor Presidente, que si puede repetir qué es lo que dijo, que no oímos bien aquí; me pareció que vamos a entrar a discutir el dictamen del Proyecto de Ley que Prórroga la Ley 174, y dice usted que hay anotado cinco o seis oradores ya para hablar en cuanto a lo general, ¿no es eso? ¿Cómo es la cosa?

Las personas que están anotadas, me estoy refiriendo todavía al artículo que estamos discutiendo del Código del Trabajo, y con ellos vamos a iniciar el debate el día de mañana. y de parte de mis colegas de la Junta Directiva, les estoy invitando a que procuren traer una propuesta concreta; y están anotados para hacer uso de la palabra mañana- en el tema del Código del Trabajo- los Representantes Hernaldo Zúñiga, Nathán Sevilla, Edmundo Castillo, Dámaso Vargas, Nilo Manuel Salazar.

Entonces están anotados esos cinco colegas para iniciar el debate el día de mañana. El Secretario le va a dar lectura, el Presidente de la Comisión le va a dar lectura al dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Prórroga a la Ley 174.

Les ruego a los colegas que se anotaron para hacer uso de la palabra, el día de mañana, que por favor se borren para que no mezclemos las listas; si pulsan una vez más el botón, se borran.

Los infrascritos miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, nos permitimos emitir el presente dictamen favorable al Proyecto de Ley de Prórroga a la Ley No. 174, Ley de Suspensión de las Acciones Judiciales y Ejecución de Sentencia en los Juicios de Inmisión en la Posesión, Comodato Precario y Nulidad, el cual nos fue remitido para su análisis, discusión y dictamen. La Comisión de Justicia ha tenido presente el plazo de la suspensión y el ofrecimiento de legislar alrededor del problema a fin de obtener una resolución definitiva.

El plazo de suspensión tenía por objeto dar lugar a la solución esperada. La Ley 174 tiene fecha 28 de Marzo del corriente y su vigencia comenzó a partir de su publicación en los medios de comunicación social, requisito que se cumplió en su momento y ahora la situación social se halla en idéntica condición, lo que significa que el plazo está cumpliéndose y la solución esperada no ha llegado.

Existe el Decreto de la Presidencia de la República No. 39-94 de Creación Funcionamiento de la Oficina de Titulación Urbana, que tiene fecha trece del mes pasado; con trece artículo en los que disponen su creación y funciones, requisitos de la titulación, las relaciones institucionales, el Director General y la Comisión interinstitucional.

Dicho Decreto da al Ministerio de Finanzas la facultad para elaborar las normativas administrativas necesarias y complementarias para la organización y funcionamiento de la Oficina.

La Asamblea Nacional ha ofrecido legislar sobre el tema, y el abundante trabajo que ha sostenido no le ha permitido cumplir dicho cometido, por lo que se necesita un nuevo plazo.

La ley 174 es específica para inmuebles, cuya superficie no excede de doscientos cincuenta metros cuadrados es decir lotes como máximo de 10 x 25, y su construcción de cien, si la hubiere y todo en base a los contenidos de las leyes 85 y 86 y como no se ha dado aún la solución al problema de la propiedad conviene prorrogar la mencionada Ley 174, a fin de que los Jueces y Tribunales no tramiten la demanda ni continúen los juicios ya iniciados, cuando el demandante demuestre la adquisición del dominio por cualquier medio de prueba, incluyendo las constancias de la OOT.

En vista de lo relatado, emitimos nuestro dictamen favorable al proyecto de prórroga presentado, consciente de que su constitucionalidad está comprobada por la vigencia del primer plazo.

Firman, Yadira Centeno González; Cairo Manuel López; Juan Ramón Aragón; Carlos Manuel Morales; Danilo Aguirre Solís;

Muchas gracias, señor Presidente. Esta ley que estamos viendo tiene una enorme importancia en dos aspectos. Uno, en el aspecto social, y el otro en el aspecto jurídico. Indudablemente que en el aspecto social se ha traído a un grupo de personas que se quiere beneficiar en esta ley, y es porque el problema de la propiedad privada indudablemente este gobierno no lo ha podido solucionar.

Al decir Gobierno, nos referimos a todo: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, etc. Pero la verdad de las cosas, que bajo el paragua del problema de la propiedad privada, ha habido un grupito que lo divido en dos grupos bien claros: el grupo de personas "vivas" o vivitos", que se repartieron mansiones, fincas, etc., y que fue lo que se bautizó como la "piñata": piñata pequeña, mediana y grande. Y otras personas que hasta cierto punto están en una situación social, que debiéramos de ponerle solución a este problema. Lamentablemente el problema existencial que tienen las personas de escasos recursos, son manipuladas por ese grupo de vivitos o de graciosos que hicieron una enorme piñata.

No todos los miembros de un partido -cometieron- lo que se ha llamado la descapapitalización de los bienes del Estado; después de cuatro años de estar en esta Asamblea, ya nosotros hacemos una distinción entre el grupo de personas. Ahora estamos discutiendo una ley que es hasta cierto punto señor Presidente, y agradecería su amable atención, que es eminentemente inconstitucional. ¿Por qué digo que esta ley es eminentemente inconstitucional? Porque viola el artículo 167 de la Constitución Política, o sea, de la Administración anterior, donde dice: "Los fallos y resoluciones de los Tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas. Como en este proyecto de ley estamos pidiendo la suspensión y repito, estamos pidiendo la suspensión o ejecución de los fallos, esta ley en base al artículo 167 de la Constitución Política es eminentemente inconstitucional.

Voy a señalar también el artículo 183 de la Constitución anterior o vigente, donde dice: "Ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que la que le confiere, la Constitución Política y las leyes de la República". En conclusión señor Presidente, este Poder del Estado no puede bajo pretexto de una ley secundaria, quitarle una de las facultades y atribuciones exclusivas y excluyentes a otro poder del Estado, como se llama el Poder Judicial. Si llegáramos a aprobar esta ley, esto ameritaría un Recurso de Inconstitucionalidad o de Amparo.

También quiero señalar otro artículo, señor Presidente y es el artículo 44 que dice: “Los nicaragüenses tienen derecho a la propiedad personal que les garantice los bienes necesarios y esenciales para su desarrollo integral”. Tengo en mis manos señor Presidente, el Boletín Judicial, o sea, el libro donde se copian las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, y le puedo señalar que la Sentencia No. 7, dictada por la Corte Suprema de Justicia el 4 de Febrero de 1991, a las nueve de la mañana en la página número 15, se señala con claridad lo siguiente:

"El presente Recurso de Amparo, alegando que el recurrente, entre otras cosas, que se está violando el artículo 167 de la Constitución que dispone: “Los fallos y resoluciones de los Tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, este Supremo Tribunal considera”. Y Después vienen las aclaraciones y las fundamentaciones de nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia.

Sé que después de mi intervención, habrá muchas personas que utilizarán la demagogia, que utilizarán el momento existencial que estamos viviendo, pero en realidad la ley que nosotros tenemos aquí y queremos prorrogar, no favorece a este grupo de personas que con plena razón quieren una vivienda justa. Y lo señalo para que escuchen y vea toda la gente que aquí se está protegiendo, en la ley, a las personas que tengan cien metros cuadrados. Voy a señalar las distintas colonias o centros urbanos que existen en la Ciudad de Managua y que se quiere proteger a ese grupo de vivos", en la forma siguiente:

La Colonia Tenderí, Salvadorita, Maestro Gabriel, San Antonio, Primero de Mayo, su extensión de metros cuadrados oscila entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco metros recordemos que son cien metros-, La Colonia Centroamérica, Bosques de Altamira, Bello Horizonte, Ciudad Xolotlán, oscilan entre sesenta y cinco y setenta y cinco metros: la Colonia que no es Colonia que es Altamira de Este, oscila entre ochenta y siete y noventa y siete metros cuadrados. La pequeña diferencia que existe entre Altamira D Este y Colonial Los Robles es de ciento veinte metros cuadrados. O sea, señor Presidente, con esta Ley no queremos proteger a esta gente que merece nuestra protección, si no manipulando a esta gente que está en un problema existencial, se está aprovechando y protegiendo la "piñata" que ha sido el desprestigio de un grupo de partido político que ahora quiere, por otro grupo, reivindicar ese pecado histórico y gravísimo.

Con esta ley no podemos ser cómplices, no podemos ser encubridores de la "piñata". Creo que los Diputados, sean de la UNO o no sean de la UNO, los Diputados sandinistas- y los voy a mencionar con plena claridad- aquellos Diputados sandinistas honrados que no participaron en la "piñata" tienen el deber moral, la responsabilidad histórica, la responsabilidad partidaria de no permitir la aprobación de una ley en la cual se está convalidando y ratificando, algo que es violatorio de los derechos y es violatorio de las garantías constitucionales.

Es una lástima que el respaldo que el Representante Castillo ha estado dando a la búsqueda de solución de un problema social, se haya enredado después de la argumentación. Pero si quiero coincidir con él, Presidente, en el sentido de que el problema de la vivienda constituye un problema social grave de doble naturaleza.

Cuando mucha gente se pregunta por qué en Nicaragua no ha habido una expropiación social, hay quienes se responden sobre la base de la estadística. Es una de las últimas encuestas de hogares que hizo el INEC, encontró con que el 80 por ciento de la población de Managua era propietaria de su vivienda, o al menos estaba allí colocada por alguna institución del Estado y no tenía que pagar alquiler.

¿Qué pasaría si una enfermera que gana trescientos pesos, tuviese que pagar alquiler de una vivienda, o un maestro de primaria tuviese que pagar alquiler de una vivienda, o un policía? Es decir, aquí el no pago de la vivienda justamente por la distribución de viviendas y lotes que se hizo entre 1979 y el 90 y que también se ha hecho después del 90, encubre una parte de los ingresos que un sector de la sociedad no tiene por la vía del salario.

Es decir, que aquí cuando hablamos de tocar la vivienda de la población, estamos hablando de tocar el único elemento de seguridad que una familia tiene actualmente en el país, una familia de escasos recursos, en el entendido como lo conoce todo el mundo aquí, desde el Cardenal Obando hasta el Gobierno y en la propia Asamblea lo conocemos, de que la gente está pasando hambre y hay una situación de hambre, una situación de miseria, una situación de desesperación.

Y en estas condiciones se produce un desalojo masivo porque no ha habido una actuación coherente del Gobierno que resuelva definitivamente el problema de la estabilidad, del derecho de propiedad en Nicaragua y estabilidad del derecho de propiedad para los propietarios medianos grandes, pero esencialmente para la propiedad que está en manos de la gente más pobre y que no tiene los recursos, ni tiene los mecanismos para lograr defenderse adecuadamente.

Y es cierto que cada vez que viene una ley de este tipo a la Asamblea, nos encontramos con la pregunta de hasta cuándo vamos a prorrogar la suspensión de los desalojos., que es la pregunta que se hacen todos los Representantes. Y eso sólo tiene respuesta hasta que haya una solución integral al problema, de la propiedad una solución integral donde el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Y yo estoy plenamente de acuerdo con el Representante Castillo en que la Asamblea Nacional tiene que asumir su responsabilidad.

Y es cierto que no podemos prorrogar indefinidamente cuando se venza el plazo de esta nueva ley, de nuevo otra ley, porque entonces estaríamos prorrogando el problema, no resolviendo el problema, y éste es un problema que la población nicaragüense beneficiaria de las leyes 85, 86 y 88 vienen cargando desde 1990. Estamos hablando de que han transcurrido prácticamente cinco años, se va acabar el período de este Gobierno, se va acabar el período de esta Asamblea Nacional, y el problema sigue en suspenso.

Hay que hacerse la pregunta: en aras de los intereses electorales de 1996, ¿la Asamblea Nacional va a renunciar a su posibilidad de intervenir en la búsqueda de solución en este problema, o va a dejar la solución de este problema a los que quieren hacer politiquería con él; a los que andan repartiendo títulos, a los que andan repartiendo escrituras y a los que andan haciendo y fabricando su candidatura a partir del problema y la angustia de la propiedad de la población nicaragüense., y que después se lavan las manos con los conflictos y se toman la foto entregando los títulos?

Ciertamente entonces no podemos dejar al infinito la prórroga de la suspensión de los desalojos, tenemos que dar un plazo prudencial que permita a la Asamblea colocarse de frente a este problema; pero también a la propia Asamblea Nacional demandar una acción coherente del Gobierno, en relación a la solución definitiva del asunto de la propiedad urbana que tiene naturaleza social.

El día de hoy, por la tarde, la bancada sandinista está presentando en la Secretaría de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Estabilidad de la Propiedad, justamente para someter al debate político en esta Asamblea Nacional el más grande problema social del país y el más grande problema que está impidiendo la reactivación económica nacional.

Mientras haya trescientos treinta mil manzanas de tierra sin titular, sin créditos, no va a haber reactivación económica.

Mientras los desmovilizados de la Resistencia, del Ejército, de Gobernación no tengan sus títulos, sus escrituras y por tanto su opción al crédito, no va a haber reactivación económica, y mientras la gente de las ciudades, de los barrios, de lo que fueron los repartos intervenidos, de los que tienen un lote en los barrios pobres, no tengan su escritura, su título, su seguridad, no va a haber tampoco estabilidad social.

Pero mientras no suceda eso, tampoco el resto de propietarios tienen seguridad, porque cuando hay un sector de propietarios inseguros, hay otro sector también de propietarios inseguros e insatisfechos por una solución definitiva Y la bancada sandinista ha venido aportando en la búsqueda de una solución definitiva con la Ley de Bonos, con la Ley de Privatización de los Bienes del Estado, buscando ordenar el problema de la propiedad y aportando soluciones que tengan una doble visión: del lado de los beneficiarios de las leyes y del lado de los que fueron también afectados por las leyes.

Es decir, hacer justicia en el problema de la sociedad, no creando problemas sociales adicionales ni creando problemas económicos adicionales, sino solventando problemas de la manera más justa posible en las circunstancias actuales que tiene el país. Yo quiero invitar, Presidente, a los Representantes de la Asamblea a respaldar esta prórroga a la Ley de Desalojos, asumir el compromiso de que está sería una última prórroga que puede dar esta Asamblea, pero también asumir el compromiso que esta Asamblea va a volcar sus mejores esfuerzos en el trabajo de este proyecto de ley de estabilidad de la propiedad, que como borrador para una discusión sumamente compleja e importante, debe tenerse en la Asamblea Nacional.

La bancada sandinista ha presentado el día de hoy este proyecto de ley, justamente con el ánimo de significar de que no estamos tratando de aplicar simplemente aspirinas al dolor de cabeza del problema de la propiedad urbana en este caso, sino buscando soluciones de fondo en aras del propio consenso y con el propio consenso de la Asamblea Nacional.

Indudablemente que las dos intervenciones anteriores fueron hechas por dos brillantes Representantes en la Asamblea Nacional. Cada uno, tanto Dora María Téllez como el Doctor Castillo Ramírez presentaron argumentos muy sustanciales, argumentos sólidos indudablemente desde sus ángulos y desde sus puntos de vista. Argumentos sustanciosos, le diría Doctor Castillo, argumentos sustanciosos, le diría también a Dora María Téllez.

Nosotros creemos que uno de los problemas más trascendentales de Nicaragua ha sido el problema de la propiedad, y pese que desde el punto de vista de las filosofías idealistas que primero hay que tomar en cuenta el pensamiento, el alma, los que hemos creído eso nos apegamos fuertemente y en los debates se nota que por muy idealista que seamos, la economía, los medios de producción, la propiedad de la tierra cuando es quitada al propietario, nadie asume una conducta y un pensamiento idealista alrededor de eso, sino que lo cuantifica y lo mide en función de realidades.

Y nosotros estamos frente a dos cosas: frente a los que fueron dueños de las propiedades y de los que hoy ocupan esas propiedades. Pero quiero recordar que durante la campaña electoral de la Unión Nacional Opositora, todavía guardo las cintas de video porque yo estuve en la campaña manejando lo que es la televisión de la UNO, y recuerdo que dentro de las filmaciones que les hicimos en aquellos días a los que hoy son Diputados -y se encuentran aquí algunos- ofrecían la seguridad de la propiedad, y el ejemplo se daba claro en este sentido:

Preguntó un ciudadano que tenía una casa en la antigua hacienda de Somoza, que queda por el bay-pass, el ciudadano preguntaba: ¿Y cuándo la UNO gane, nos van a quitar eso? El Diputado contesto: No, esa propiedad es propiedad de los trabajadores; esa propiedad va a ser asegurada por la Unión Nacional Opositora. Una sentencia muy oportuna en una campaña electoral. Cualquier argumentación es válida de las presentadas, y sobre todo para sacar a la gente de su lugar, siempre y cuando nosotros como representantes del pueblo tengamos las alternativas para ubicar a la gente en otros lugares, porque en esto tenemos que ser muy responsables.

Si el 80 por ciento de los ciudadanos de Managua tienen propiedad, ¿cuántos son el 80 por ciento? Los que viven en Las Colinas o los que viven en los barrios marginados? ¿A quién le vamos a quitar la propiedad? Y fíjense bien, con esto no estoy apañando a quienes ustedes saben perfectamente -todas las bancadas- quienes han hecho uso de los bienes en lo que se conoce como la "piñata". No estoy defendiendo nada de eso.

Cuando pienso en la propiedad y en las dimensiones de una ley, estoy pensando en los barrios que tengo que cruzar o que están cerca de donde yo vivo; en las personas que caminan sobre las calles llenas de hoyos y de lodo y que tienen cruzados treinta mil alambres, y que hasta hoy este Gobierno, impulsado por nosotros, no ha dado resultado y no ha dado respuesta, cualquiera que sea la justificación.

Nosotros hemos esperado de que el Poder Ejecutivo resuelva el problema de la propiedad, y hemos dejado que la Presidenta trate de resolver problemas de la propiedad cuando sabemos que los primeros promotores de la estabilidad de esas propiedades deberíamos de ser los que en su oportunidad ofrecimos las garantías de esa tierra. Nosotros debemos impulsar y asegurar lo que ofrecimos en la campaña electoral.

Impulsando y promoviendo eso queda definido quiénes son los propietarios del pueblo y quiénes son los que hicieron la "piñata"; pero no podemos meterlos a todos en una sola bolsa, tenemos que definir y es por medio de esto. No podemos firmar un documento para que tiren a la calle a cuarenta mil nicaragüenses, cuando hay cien culpables del abuso de las propiedades de gobierno o de otra gente.

Y quiero sumarme a esta disposición. Apoyo por última vez, porque urge que nos responsabilicemos a hacer una ley que ponga fin al problema de la propiedad; y no es que estemos esperando que alguien la haga, es obligación nuestra impulsarla, estudiarla, promoverla. Y aquí quiero recordar los pecados: la ley que fue vetada resolvía el problema de la propiedad.

Y los cien metros de que aquí se habla, esos cien metros estaban contemplados en el proyecto de ley o en la ley que la Presidenta de la República vetó en su oportunidad. ¡Qué contraste!, cuando pudimos haber resuelto los problemas de la propiedad, pero ha faltado razonamiento, ha habido mucha pasión política por estas cosas, en vez de buscar alternativas de solución. Apoyo este proyecto de ley la prórroga, y que sea la última vez para buscarle solución, porque la angustia la pasa el pueblo.

Yo creo que tocar nuevamente este tema, ya como han dicho varios oradores, es un tema esencial para el país; pero a mí me parece que es importante aclarar varias cosas. Nosotros como Comisión de Población y Desarrollo Comunal, hemos venido sosteniendo reuniones con beneficiarios de las leyes 85 y 86; hemos tenido reuniones con el Movimiento Comunal; hemos tenido reuniones en la Asamblea Nacional de Vivienda, donde asistieron más de quinientos delegados de todo el país. Y en primer lugar yo quería dejar claros los argumentos que decía el Doctor Castillo, y aquí está una representación del Movimiento Comunal que puede ser testigo de lo que voy a reafirmar.

En los planteamientos de la Asamblea Nacional de Vivienda, quedó claro que no está ni apoyando a los que amparados en la Ley 85 y en la Ley 86 y 88 abusaron de esas leyes. En segundo lugar, el compromiso de defender a las grandes mayorías que se apegan a estas mismas leyes. ¿Qué significa apegarse a estas mismas leyes? Es que nadie puede tener más de una vivienda con esta ley, la Ley 85 es clara y la Ley 86 es clara, que no puede tener más de un lote.

También es clara la Ley 85 cuando habla como Ley de la República y dice en su texto, " las viviendas igual o menor de cien metros cuadrados" o el texto de la ley a la prórroga para evitar los desalojos de la Ley 174 habla claro: "No más de doscientos cincuenta metros cuadrados en los terrenos, y en las viviendas igual o menos de cien metros cuadrados. ¿Qué significa? Las otras viviendas de más de cien metros cuadrados no están amparados por el espíritu de esta prórroga de la Ley 174. Y en la Comisión de Población y Desarrollo Comunal fuimos claros- por lo menos la mayoría de los que estamos ahí en esa Comisión- que era necesario por el impacto social y además económico y político, apoyar una prórroga a la Ley 174. El otro aspecto es que aquí se hablaba de los honestos; verdaderamente hay honestos para un lado y para otro lado, y voy a explicarlo.

Hay honestos que defienden a los que fueron confiscados con los Decretos 3-38; hay honestos que están defendiendo a los que quieren sacar y desalojar a los que tienen una vivienda o un solar amparados por esas leyes. La notificación de los desalojos, a los trabajadores de INE, que ésa es una notificación que en estos días se las enviaron para ser desalojados. Y hay honestos que consideramos que es importante la estabilidad del país y que hay que apoyar a las grandes mayorías que se apegan a la Ley 85 y 86 para evitar desalojos masivos.

Sólo en Managua hay más o menos contabilizada la orden de quinientos desalojos, sólo en Managua, sin contar con el resto del país, por lo menos, y no todavía en todos los Juzgados. El otro aspecto es que también esta Asamblea fue muy honesta en reconocer algo y aprobar la Ley de Valorización de Bonos y que en la mayoría esta ley se aprobó por consenso para buscar las varias partes del problema inicial, de entrar la Asamblea Nacional al problema de la propiedad.

Al haber aprobado la Ley de Valorización de los Bonos, se deja garantizado que todos aquellos que fueron injustamente confiscados se iban a indemnizar, y eso fue aprobado por esta Asamblea Nacional y me parece, que si fuimos honestos en reconocer eso, y honestos al analizar una problemática clara en el país y aprobar este Proyecto de Ley de Valorización de Bonos casi por consenso en esta Asamblea, Nacional, yo creo que tenemos que ver la otra parte.

Evitar los desalojos masivos tiene que ser un compromiso de esta Asamblea Nacional, (ya casi terminó señor Presidente). Pero también es necesario dejar claro que esta Asamblea Nacional no está apoyando a nadie que adquirió más de dos o tres viviendas al amparo de esta ley. Esta Asamblea no lo va a apoyar.

Y lo otro me parece y estoy de acuerdo con la propuesta de Dora María Téllez de aprobar el espíritu de esta ley y que sea la última, pero también el compromiso de esta Asamblea Nacional de discutir lo más pronto posible y ponernos de acuerdo en consenso sobre la ley de estabilidad de la propiedad.

Quiero anunciar que están anotados para hacer uso de la palabra, dieciséis o diecisiete colegas. En este momento voy a leer y voy a declarar ahí cerrada la lista. Voy a darle lectura: Fernando Zelaya Rojas, Juan Ramón Aragón, Nilo Manuel Salazar, Alonso Porras, Nathán Sevilla, Luisa del Carmen Larios, Roberto Laguna, José Cáceres, Elí Altamirano, Hernaldo Zúñiga, Danilo Aguirre, Domingo Sánchez Salgado, Julio Marenco, Omar Cabezas Lacayo, María Teresa Delgado, Dámaso Vargas, Herty Lewites, Delvis Montiel, Azucena Ferrey, Edmundo Castillo, y Saturnino Tijerino.

Veintidós colegas están anotados y en ese punto se cierra la lista. Perdón, está incluido también en la lista el Representante Rigoberto Moreno, quien es suplente de Orlando Rizo.

Quiero decir que me ha sorprendido agradablemente la sólida intervención del Representante Edmundo Castillo; sólida desde el punto de vista constitucional y sólida también desde el punto de vista de la moral y de la ética. No estoy de acuerdo con el Diputado Zambrana cuando dice que se ha producido una respuesta por parte de la señora Dora María Téllez, igualmente sólida. Los argumentos de la señora Téllez, para contrarrestar la argumentación del Diputado Castillo fueron sofísticos, es decir argumentos con apariencia de ciertos, pero no son ciertos.

Quiero insistir en lo que el Diputado Castillo enfatizó: esta ley es inconstitucional. Fue inconstitucional la Ley 174. El hecho de que no se haya presentado ningún Recurso de Inconstitucionalidad en su oportunidad de los sesenta días de que habla la Ley de Amparo, no la vuelve constitucional. Por consiguiente esta oportunidad se abriría nuevamente si aprobamos esta ley de prórroga a una ley inconstitucional.

Quiero decirles que aquí volvemos otra vez a traer el penoso tema de la "piñata". Si ustedes meditan en qué consiste este proyecto de ley de suspensión, y a qué se debe el hecho de que estemos tratando de prorrogar una ley de suspensión de ejecuciones de sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia, unos Tribunales de Justicia que han sido acusados incluso hasta de pro-sandinistas, por muchísimos miembros del ala de la Unión Nacional Opositora y de este sector de la derecha. Acusación que yo no comparto en su totalidad. Pero es obvio que existan algunas situaciones como éstas, en las que el Tribunal de Justicia tiene que rendirse ante la evidencia de la Justicia.

Fíjense bien en lo siguiente. No se puede hacer Justicia para un sector, haciéndole injusticia a otro sector. Los dueños de estas propiedades que alegremente son llamados ex dueños, que han venido a reclamar ante los Tribunales de Justicia la devolución de las mismas, han tenido que pasar por un calvario de años para hacer que la Justicia que los asiste, brille en su totalidad, tuvieron que recurrir a la Procuraduría General de Justicia y aquí tenemos como colega ahora al antiguo Procurador General de Justicia el Doctor Duilio Baltodano, a quien debemos reconocer que con su actuación de Justicia, hizo Justicia declarando la injusticia de miles de confiscaciones que permitió hacer el régimen anterior.

Una vez obtenida esa constancia de injusticia en la confiscación, el dueño de esa propiedad tuvo que recurrir ante esta nueva propiedad, digo, de este nuevo organismo que se llama la OOT creada por un Decreto Ejecutivo de la Presidencia de la República, como un paliativo al veto del Ejecutivo, a la Ley 133, -todos nos recordamos eso-, para que la gente pudiera ir allí a discutir si en realidad hay o no hay Justicia en la confiscación y en la tenencia de un bien. Ese individuo tuvo que obtener de parte de la OOT, que ese reclamante no obtuviera de ese organismo, de esa Oficina la solvencia que lo acreditaba como poseedor legítimo al tenor de las mismas leyes de la piñata.

Es decir, se cometió injusticia con las mismas leyes de la "piñata", apoderándose de una propiedad que no debía de apoderarse; luego ante la resistencia del "piñatero" para devolver esa propiedad, va y concurre ante un Juez para que sea el Juez el que le haga justicia. Ese Juez perteneciente a un Poder Judicial que ha sido calificado de prosandinista, va y le hace justicia y declara que tiene que devolverse esa propiedad; y va el a hacer efectiva su sentencia por medio de la ejecución; y es esa sentencia que viene el Poder Legislativo ahora con la Ley 174 y con esta pretendida prórroga, a paralizar la acción de la justicia. Es inconcebible totalmente.

Y no se trata de que estemos haciéndole justicia a un sector de la pobreza de este país en el cual todos estamos inmersos pero existen en realidad unos en peor situación que otros. Las mismas leyes 85 y 86 llamadas de la "piñata", ya fueron declaradas por la misma UNO, que tuvieron un aspecto de justicia, haciéndole justicia a un montón de gente que estaban metidas en propiedades posiblemente de urbanizaciones ilegales, de urbanizaciones ilegítimas, de propiedades de somocistas reconocidos y que eso no tenía retroceso.

La UNO en su Programa de Gobierno así lo declaró, no van a tener retrocesos esas confiscaciones y esas adjudicaciones dadas conforme esas leyes, incluso aunque hayan sido calificadas de "piñateras". Pero no se trata de eso ahora en esta oportunidad, como señala muy bien el Diputado Castillo, de lo que se trata es que existen algunos que quieren aprovechar la necesidad social que existe en este país para paralizar las acciones judiciales, y este Poder Legislativo, por su propia responsabilidad histórica, no debiera permitirlo.

Quiero decirle que un metro cuadrado de construcción vale ahora entre trecientos y quinientos dólares, entonces con cien metros cuadrados de construcción- estamos hablando de propiedades con valor de treinta a cincuenta mil dólares en terrenos ubicados en áreas menos o equivalentes a los doscientos cincuenta metros cuadrados-, eso no es la miseria de la vivienda en Nicaragua, esos son unos beneficiarios que no lo merecen, porque nunca obtuvieron eso en forma debida.

Por consiguiente, esto hay que meditarlo con serenidad, con reposo, porque se va a cometer una nueva injusticia con una prórroga de una ley que es inconstitucional. Quiero decirle que la existencia de un debate interno dentro del Partido Frente Sandinista, ha causado muchas expectativas y muchas esperanzas al dividirse en una corriente así llamada "renovadora", que pretende imponer justicia dentro de su propio organismo político; y otros que al parecer pretenden imponer el verticalismo y el autoritarismo dentro de él. Ese es un problema obviamente del partido político, no veo por qué inmiscuirse en él.

Pero también debo declarar que ha causado expectativa en la ciudadanía, que un grupo de hombres y mujeres pertenecientes a ese partido hayan entrado en un camino de rectificación. Hoy mismo el Padre Cardenal, cuya renuncia a la membresía del Frente Sandinista ha causado conmoción nacional y posiblemente internacional, dada su categoría intelectual, ha declarado que lo más abochornante que ha pasado por el Frente Sandinista es la "piñata".

Y ahora venimos aquí a pretender establecer, a fijar a sancionarla nuevamente, con una prórroga a una ley que obviamente lo que hace es establecer nuevamente la "piñata". Eso francamente es inconcebible y me parece que debieran de meditarlo, señores, para que se den cuenta que tienen en sus manos el destino, el propio destino como partido político. Una ley de esta naturaleza vendría a echar por tierra toda expectativa de redención.

Por esas razones señor Presidente, y por muchas otras que seguramente se darán aquí por parte de mis colegas, yo me opongo a la aprobación de esa ley, y pido que se rechace en lo general este proyecto de ley.

Realmente que el tema que estamos tratando con esta ley, es un problema bastante complicado por motivos de que a uno como Representante ante la Asamblea Nacional, es como que le ponen: ¿por qué camino pasas? Por éste es malo, y éste otro es malo. La verdad de las cosas es que cuando se está hablando de esta ley y cuando uno siente que viene realmente de aquella clase que está en cada una de esas casas en esos terrenos, y que sabe que si los van a sacar de esa casa, está uno en contra de esa gente que no merece que se le lance la calle.

Pero cuando también uno sabe que hay gente que con la misma ley quiérase o no, sale escondida y sale a buenas solventando un problema...Es una posición bastante difícil, porque para mí entender, ya no debiéramos de estar discutiendo prórrogas de esta ley; a estas alturas debiéramos de estar discutiendo la ley definitiva, porque hoy se está diciendo nuevamente la última vez que discutimos esta prórroga. Y yo lo tengo bien grabado en mi mente, que en la discusión pasada también se dijo "la última vez que discutimos esta ley".

Y si vamos a estar hablando de la última y la última, entonces jamás vamos a enfrentar el problema. Realmente hay que tomar una decisión precisa. Ahora hablar de seis meses, estamos hablando de que hoy es 25 de Octubre y que está completo para la fecha de aprobarse esta ley para el 25 de Abril !Qué coincidencia con la fecha! Pero la realidad es que coincide con esa fecha. Y hablar de no aprobar la ley, también estaríamos nosotros echándole leña al fuego para que se den una serie de contradicciones, y los que hablamos de buscar la estabilidad vamos a buscar que se den problemas en la sociedad.

Yo soy partidario de que la ley debe aprobarse, pero me preocupa el término del tiempo de la ley, porque me hago una pregunta: Si realmente habrá la seria intención de que exista la ley para resolver el problema de la propiedad. Porque como Representante ante la Asamblea Nacional y como Representante de un sector obrero, y sé que el problema de la propiedad es un problema que afecta y produce desocupación en este país, cuando hay un poco de inversionistas que no quieren invertir por el problema de la propiedad que hay en Nicaragua, y aunque aquí se diga también de que si el Gobierno no lo resuelve y se lo dejamos todo al Gobierno, pues yo creo que es un tema de no decir simplemente el Gobierno, sino decirnos qué hacemos este Poder del Estado para que realmente resolvamos este problema.

Yo considero que el tiempo de la ley es mucho, si hubiera buena intención. Yo soy partidario, repito, de que se apruebe la ley, pero el término que tiene de esos seis meses, sea reducido. Yo soy del planteamiento que esa ley tenga cuatro meses. ¿Y por qué soy de ese planteamiento? Porque estoy viendo que viene el mes de Diciembre, que viene el tiempo en que se van los Diputados y todo, que vienen las fechas navideñas y todo eso, y estoy viendo el tiempo ahí avanzado.

Pero también estar pensando hasta en Abril y luego llegamos a Abril y hablemos de otra prórroga, entonces, me parece que ya no es correcto. Y me parece también que las expresiones vertidas por el Doctor Edmundo Castillo, quiérase o no, si uno lee la ley, también tiene sus temores al ver la ley, porque la Constitución Política está clara en sus artículos que él ha mencionado, y está claro también qué caminos buscamos y que pueden llegar a una estabilidad.

Entonces yo solicito, o dejo sentado que mi voto por la ley, para que no saquen a los que yo considero que debo de proteger como Representante de la Asamblea Nacional y no a otros que no me interesa, ni parte de ellos, pero considero que voy a votar a favor de la ley. Pero yo solicito también que este término de plazo de la ley sea reducido.

Cuando nosotros en la Comisión de Población y Desarrollo empezamos a tener un contacto directo y a conocer con profundidad el problema que está relacionado con la situación de la vivienda, y fundamentalmente en la propiedad, empezamos a evaluar y analizar toda esta serie de cosas que en sí están vinculados. Para nosotros, en la Comisión, siempre ha estado presente y ha sido la constante el elemento humano, el factor al que nosotros como Representantes creemos que debemos defender, y los intereses que en la mayoría también deben ser cautelados por los Representantes.

Empezamos a conocer también, incluso independientemente el que yo haya estado cuando se discutió y se aprobó por primera vez la Ley 174, desconociendo incluso el espíritu de la ley en ese momento, pero sí conociendo las condiciones difíciles por las que siempre ha tenido que venir pasando el país y fundamentalmente los sectores populares; es lo que motivó nuestra preocupación, el conocer, evaluar, considerar y profundizar sobre esta problemática, el acercarnos a La organización que estaba desarrollando el análisis de la situación de la propiedad, como es el caso de la OOT.

Y acercarnos incluso a las organizaciones que de una u otra manera, por las razones que hayan sido, han tenido que verse abocadas a conocer la problemática y también procurar empezar a descansar de los casos de las actitudes oportunistas y de los casos considerados verdaderamente necesarios, de resultar beneficiados y fundamentalmente de que llegase hasta el proceso mismo de la titulación.

Empezamos a tener también el conocimiento de por qué los asentamientos espontáneos y por qué también incluso la falta de oportunidades. Empezamos a saber que el Gobierno, independientemente de tener el problema primario en toda la problemática que ha enfrentado como es el caso de la propiedad, no ha dado pasos significativos y sólo ha dado paliativos ofrecimientos que no han venido a resolver de fondo el problema.

El caso incluso de la revalorización de bonos fue visto, independientemente de que en la Asamblea Nacional, de personas vinculadas al problema de la vivienda analizaron que les era contraproducente y que miraban la justicia desde un solo lado y se venía a proteger sólo los intereses de sectores económicamente activos; y que en cambio a los sectores populares hasta este momento el Gobierno no les ha dado acciones receptivas en cuando a resolver esta problemática.

Aun así, esa asamblea nacional de personas vinculadas a la vivienda, fue favorable y consideró que era justo reconocer las confiscaciones que habían sido dadas y las consideradas confiscaciones injustas; y fueron y reconocieron ese hecho y se comprometieron a continuar desarrollando una acción constante para no ser promotores ni avaladores de actitudes oportunistas como el que se ha conocido como la "piñata". Y ha habido desde nuestra óptica una actitud responsable de parte del Movimiento Comunal, de otras organizaciones que se han vinculado al tema de la vivienda para presentar y demandar propuestas en función de resolver de una buena vez este problema.

A nosotros en la Comisión habíamos avalado una disposición de buscar, de continuar buscando medidas que solucionasen problema y en ese espíritu también emitimos una carta a todos los jefes de bancada, presentándoles la oportunidad de una reunión para buscar el consenso frente a lo que considerásemos fuera la solución definitiva a este problema. Hemos tenido un contacto directo con el Ministerio de Finanzas el cual en parte cumplió con ciertos ofrecimientos, los cuales no han permitido hasta este momento encontrar los resultados óptimos para resolver el problema.

El haber ofrecido al Ministerio de Finanzas, la oficina de titulación y que ésta de hecho existe a través del Decreto 39-94, pero que aún no ha empezado a desarrollar su acción y su ejecución, también pone en una situación tremendamente difícil a los miles y miles de ciudadanos, y fundamentalmente en la ciudad de Managua, que son y van a ser en todo momento los afectados en su mayoría, cuando nosotros los Representantes no veamos eso, no con intereses eminentemente económicos, no con actitudes incluso revanchistas y no con intereses también de solucionar problemas políticos, sino con intereses de buscarle solución plena al conflicto.

Hay actitudes responsables en los tenedores de una vivienda cuando consideran que han encontrado una contraparte, con la cual pueden negociar; pero es imposible tener que negociar cuando tienen de frente la amenaza, y por lo tanto considerábamos nosotros dentro del seno de la Comisión, que plantearnos una prórroga con compromiso con objetividad y sobre todo con esa actitud responsable de los tenedores de las viviendas, sí podíamos encontrar resultados.

Y es en ese espíritu en el cual los miembros de la Comisión de Población y Desarrollo habían venido tratando de hacer las consultas respectivas en este asunto. Nuestra propuesta estuvo siempre dispuesta a buscar la solución y nuestra propuesta estaba por considerar que una prórroga con compromiso si podía dar los resultados.

Y en ese espíritu yo- independientemente que nosotros no hayamos sido los que al final tuvimos que dictaminar sobre el tema- considero que es necesaria la prórroga, independientemente de los considerandos económicos políticos, y fundamentalmente eminentemente jurídicos que aquí se estén esbozando, tenemos que verlo como el factor humano. Y los Representantes queramos o no, independientemente las condiciones sociales que tengamos, antes que nada somos representantes del pueblo, representantes de un gran sector poblacional que demanda de nosotros una actitud responsable, una actitud eminentemente humana frente a un problema de lo que es salirse de una vivienda, ser lanzado a la calle y no habérsele ofrecido una oportunidad hacia donde poder cobijarse. Esa es nuestra propuesta.

Por lo tanto, yo sí apoyo esa prórroga y considero que efectivamente el plazo de los seis meses no es favorable para ellos, y no consideraba, desde el punto de vista de nuestra Comisión, la solución de compromisos que este problema en sí requiere de todos los Representantes. Nosotros planteábamos que cuatro meses era la media intermedia que nos permitía a todos saber que por lo menos en Navidad, independientemente que no tuviesen pensando en una buena cena, por lo menos iban a dormir tranquilos esa noche, los que tengan aún ese conflicto sin poderlo dirimir; por lo tanto, nuestra propuesta estaba basada precisamente en los cuatro meses .

Si esa propuesta que Nilo Salazar propone la pasa por escrito, yo secundo esa moción.

Quiero comenzar señalando que para la campaña electoral de 1990 no existía Ley 85 ni 86, y que tampoco existía el fenómeno que se dio entre Febrero, Marzo y Abril y que se conoce con el nombre de piñata. Agregar también, para hacer honor a la verdad que sobre la tierra para los campesinos y sobre los predios y viviendas en manos del pueblo trabajador, del pueblo pobre y empobrecido, el programa de Gobierno de la UNO es muy claro, muy categórico y que precisamente ha servido de base para el reclamo de justicia de los sectores humildes que ocupan tierra en el campo y predios en las ciudades.

El Capítulo II de dicho Programa, que me cupo en suerte redactar de proponer y luchar por su aprobación plena, expresa las prioridades del Programa de Gobierno de la UNO, y esas prioridades se refieren precisamente y a fondo a estos dos grandes sectores sociales, del campo y de la ciudad, que se encuentran en este conflicto. No recuerdo que en la campaña, en donde tuve la suerte de encabezar las movilizaciones en Managua, el tema de la "piñata” haya sido motivo de propaganda política.

Ahora bien, el problema es que son tres aspectos sumamente sensibles los que están mancomunados: lo legal, lo social, lo político. En lo legal, la Ley 174 es una ley inspirada en lo que al respecto dicta la Constitución, y por lo tanto constitucional, en su espíritu, y por tanto la prórroga- reconozco perfectamente bien- no luce legal, es verdad. En lo social, está el gran daño que enfrentan los dueños originales, que no podemos negarlo, no podemos desconocerlo, y a la par, el peor daño que amenaza a los que ocupan estas propiedades.

Este es un conflicto social de doble aspecto. No seríamos de ninguna manera representantes del pueblo, y para nosotros el pueblo no es sólo una parte, tanto derecho tienen los que han adquirido derechos por la posesión, como aquellos que con su sudor, con su trabajo se hicieron de sus propiedades y que las están reclamando y que tienen sus derechos jurídicos vigentes. Por lo tanto, para nosotros este es un problema complicado.

En lo político tenemos una profunda crisis, y además creciente. Con dificultades se buscan pasos cortos, concretes pero seguros, que nos permitan la continuación de este proceso democrático, semi-democrático, o mini-democrático- como lo quieran tomar- con el que podamos avanzar hacia una solución de fondo y definitiva.

Este panorama de triple carácter muestra claramente dos cosas de una parte, asiste toda la razón a la Ley 174, y de otra, que frente a los problemas sociales y políticos que enfrentamos, la razón que reclama y que tiene el distinguido Representante Doctor Edmundo Castillo, pone en claro el carácter dogmático de la ley, especialmente de la Ley 174, que con toda razón constitucional y jurídica reclama su aplicación sin importar las consecuencias dramáticas de carácter social y político que su aplicación deriva.

Por eso creo que lo conveniente es actuar con mesura. Nosotros no somos jueces ni somos fuerza de choque; nosotros somos legisladores, y en este honorable trabajo nos inspira la justicia, por encima de la dureza misma de la ley. De ahí que tenemos que pensar en una solución concordante con las dificultades que enfrenta el país y con las tareas políticas que las fuerzas democráticas, en un esfuerzo conjunto, tienen entre manos. Por eso creo que es cierto, mucha prórroga, muchísimas prórrogas, pero amerita la última prórroga.

Yo me pronuncio, como otros lo han hecho, porque ésta sea la última prórroga, pero en efecto que sea la última prórroga. Por eso estimo que la resolución del Plenario debe ser categórica al respecto y por tanto acompañada de algunas medidas que ayuden a que ésta sea la última prórroga. Creo que la Asamblea, tanto el Plenario en su conjunto como la Junta Directiva y la Presidencia de la Junta Directiva, debemos asumir el compromiso serio ante la Nación -y por escrito- de esforzarnos por una solución verdadera para que esta sea la última prórroga, porque no debe de haber una prórroga más.

En segundo lugar, creo que a la par de la prórroga que hay que dar, hay que hacer un llamamiento público, franco y patético, a la Presidente de la República, para que dé solución a este problema en el plazo señalado por la prórroga que hoy se puede dar. En esas condiciones, yo invito a mis colegas a que apoyemos la prórroga a la Ley 174.

Repito, este mensaje debe darles tranquilidad a una y a otra parte, y este tipo de actitudes nos elevan como persona creíbles, responsables, y esto es lo que puede comenzar a levantar el prestigio de este Parlamento, que según hemos visto, hacia él, por razones que no quiero mencionar pero que no se me pueden olvidar, el pueblo tiene profundo resentimiento.

En mi actuación como miembro de la Comisión de Justicia de esta Asamblea manifesté mi desacuerdo a la prórroga de la Ley 174 que se está discutiendo. Si mal no recuerdo, se comenzó con el argumento de suspender las acciones judiciales y la ejecución de sentencias originadas en el contrato de comodato precario. Luego esto se extendió a las acciones que dan origen a los juicios de Inmisión en la Posesión, la reivindicación, querellas posesorias y nulidades, todo lo cual estimo inaceptable; toda vez que se deja sin protección los derechos que asisten a los que legítimamente han adquirido sus bienes y han sido despojados por particulares, que en una u otra forma se aprovechan de la situación crítica por la que pasa la propiedad inmueble, y específicamente por la Ley 174.

Por otra parte, tengo conocimiento de Juzgados de distintos lugares de la República, que fundados indebidamente en la Ley 174, rechazan acciones judiciales que nada tienen que ver con propiedades cubiertas por dicha ley. Este estado de cosas, sin lugar a dudas genera situaciones que van en contra de la estabilidad patrimonial que todos buscamos, sumiendo al Estado de Derecho en mayores erosiones. Por consiguiente, no puedo estar de acuerdo con la prórroga de dicha ley, desacuerdo que se subraya por las violaciones constitucionales expuestas acertadamente por el estimado colega Doctor Castillo Ramírez.

No siempre, señor Presidente, cuando uno ofrece una línea de argumentación para defender o atacar, realmente se camina por el sendero a cuyas conclusiones uno pretende llegar. Es lógico que algunos Representantes aquí, al oponerse a esta ley, están pensando en que se está protegiendo a unos cuantos despojos de sus viviendas o de sus lotes, y que se está protegiendo a una pandilla de sinvergüenzas que se ha apoderado de las propiedades de esos despojados.

Si así fuera de simplista este asunto, yo creo que todos nos pusiéramos de acuerdo en que no amerita ni siquiera estarlo discutiendo, pero no nos damos cuenta del serio problema en que está metido Nicaragua desde mucho tiempo.

Yo no sé si a veces tienen razón algunos teólogos que dicen que las revoluciones son especies de castigos divinos, que sacan de su adormecimiento a determinadas capas sociales que se acostumbran a defender los status que casi siempre con argumentos de tipo jurídico, y las leyes hechas para defender a minorías contra mayorías.

Aquí el Doctor Zelaya nos ha dicho, por ejemplo, que se encomendó al Procurador - ahora diputado aquí con nosotros-para que hiciera justicia sobre una gran cantidad de confiscados. Claro -dice- a los somocistas no. Pero bueno nosotros no sólo sabemos que la Corte de Justicia desautorizó el que la Procuraduría hiciera justicia porque no es poder jurisdiccional ni estaba capacitada para decir quién está confiscado y quién no está confiscado no era ése su papel.

Sin embargo, con los documentos salidos de esa Procuraduría nosotros nos encontramos, y estas discusiones obligan a veces a volver sobre cosas que realmente yo personalmente no quisiera seguirla escarbando. Pero han sido ex-militares de la dictadura somocista, ex-Ministros, corresponsables absolutos durante la dinastía somocista de todos los crímenes y robos que se cometieron, los más favorecidos con esos papelitos. La familia Sacasa, íntimamente emparentada y enriquecida con la dinastía somocista ha recuperado casi todas sus propiedades y los Sengelmann y los Frank Kelly y los Alceo Tablada Solís, todos, todos corresponsables de la dictadura somocista.

En cambio, yo no sé si a Nicolás Brenes ya le devolvieron todas sus propiedades- realmente e injustamente confiscado-, no sé si tuvo acceso a los papelitos de Duilio. Sin embargo hemos querido también ponerle un manto de alguna neblina a ese asunto. Cuando aquí algunos de los confiscados han venido a alentar la Ley de Bonos o la ley que de alguna manera le dé más valor a los bonos, ha encontrado receptividad en casi todas las bancadas, incluso hemos hecho caso omiso si cayó en el Decreto 3 ó si cayó en el Decreto 38.

Y cuando aprobamos esa Ley de Bonos aquí, dijo Julio Marenco con toda claridad: lo voy a hacer buscando la paz social de Nicaragua, porque ahí se nos está obligando a dos cosas: por un lado a pagar el pueblo con esos bonos a gente que efectivamente se apoderó de grandes bienes a través de la conocida "piñata", y también se nos está obligando a pagar, como pueblo, indemnizaciones a gente que estaba perfectamente confiscada por los Decretos 3 y 38, y estamos haciendo caso omiso de eso.

Y que no haya discriminación en los bonos y nadie más ha vuelto a hacer piedra de escándalo de eso, pero ahora se quiere hacer piedra de escándalo con la prolongación de una protección a un sector que está claramente definido en esta ley. Yo no sé si por dos o tres casas en Altamira, entre los ochenta y siete, noventa y siete, o ciento diez metros de la lista que le pasaron al Doctor Castillo, podrán tres, o cuatro, o cinco o diez frente a cuarenta mil o cincuenta mil familias, que dice esta ley que el Estado les hubiera otorgado domicilio o les hubiera dado posesión, no son personas que se llegaron a meter por gusto, ni a quitarle nada a nadie.

Esos a que se refería el Doctor Castillo, esos están tranquilos. Aquí los que santificaron la "piñata" no la pasaron ni siquiera por estas leyes, están absolutamente a resguardo y aquí nadie está viendo que los jueces llegan a sacar de mansiones a nadie, ni nos interesa si llega a ejercerse la ley entre los que teniendo recursos puedan disputarse una gran propiedad en este país. Estamos protegiendo a gente con lotes de diez por veinticinco, doscientos cincuenta metros cuadrados, que puedan tener dentro de eso una construcción de hasta cien metros y que además el Estado les haya dado el dominio o les haya dado posesión, o sea, que no se hayan llegado a meter a la brava.

Y ahí están comprendidos los de los repartos intervenidos. ¿Ustedes saben qué ha pasado con los repartos intervenidos? Dejan de pagar, el Estado ya les va a dar su escritura y ahí están. Y los antiguos dueños les vienen a decir: hombré, ya tenés los recibos; si no tenés los recibos eso todavía es nuestro. Y esa oficina que se está abriendo ahorita, ahí van a comparecer los antiguos dueños de esas lotificaciones, a reclamar de que no les han pagado esos terrenos y que esos terrenos son de ellos; son conocidas esas personas, tienen dinero e influencia. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que esto no se puede prolongar demasiado.

En lo particular voy a proponer- y ya se lo dije al Representante Cáceres- un artículo que diga con claridad, porque aquí no es cuestión de estar diciendo es la última, es cuestión de decirlo en la ley; que diga expresamente de que no habrá prórroga más para esta ley. Y lo hacemos en la confianza de que ya hemos depositado un intento de Ley de Estabilización de la Propiedad, que nos va a servir como el instrumento de donde arrancar para provocar una gran discusión que venga por lo menos no a darle punto final a un problema de la propiedad que no vamos a resolverlo ni en este año ni en el otro, pero si a fijar ciertas reglas del juego que al menos dejen a la orilla de este problema a los sectores sociales a los cuales nos interesa realmente proteger.

Tengan la plena seguridad que no priva en el ánimo de la bancada sandinista proteger ninguna sinvergüenzada de alguien que se ha robado cualquier casa o terreno amparándose en la leyes 85 y 86, con la seguridad que muchos que así lo hicieron, ni siquiera recurrieron a esas leyes y están tranquilos. Vamos a proteger la propiedad social y los miles de asentamientos que se hicieron en Managua y allí están.

Y yo le digo a Elí, que no existía la Ley 85 y 86 y cuando él andaba en la campaña y es cierto, pero ya existía la gente en posesión. Cuando pasaron por el Barrio “René Polanco” que era el antiguo Retiro (y es capaz de venir la sucesión Somoza a reclamarlo), ya estaba la gente allí. Cuando la gente preguntaba, ¿qué va a pasar si ganan ustedes, nos van a sacar de aquí?, no lo decían por las leyes 85 y 86, lo decían porque tenían la convicción de que había llegado o accedido a esos lotes durante el Gobierno revolucionario, y tenían la posibilidad que frente a otro Gobierno los pudieran sacar.

De modo señor Presidente, que yo en lo particular pido que aprobemos estos en lo general, y en lo particular voy a proponer un artículo, ya lo firmé junto con otros Representantes, para que se establezca con claridad que esta ley no podrá ser objeto de ninguna prórroga más.

Antes de ofrecer la palabra al siguiente colega, quiero pedirles a todos, que tengamos compresión por la Agenda Legislativa, que tenemos una Agenda densa para el resto de la semana; estamos todavía pendientes del Código del Trabajo y de muchas otras leyes importantes que están pendientes de trámites.

Por eso quiero decirles que en el resto de la tarde de hoy debemos salir de este tema de la ley que estamos debatiendo y por eso quiero pedir que hagamos un esfuerzo por sostener el quórum hasta el momento en que votemos la ley en lo particular.

Naturalmente que la ley prorrogada y dictaminada para volverse a prorrogar - Ley número 174- es a todas luces inconstitucional. No es un capricho decirlo, está sustentado en la misma Constitución, es obligación de nosotros los legisladores respetar la Constitución y las leyes de la República. Cuando se instaló esta Asamblea Nacional ante el Poder Electoral y fuimos promesados por el Presidente del Consejo Supremo Electoral prometimos respetar esta Carta Magna, y es notorio y no es necesario profundizar ni ser doctor en jurisprudencia de derecho ni en la doctrina para entenderlo.

El problema de la propiedad en Nicaragua se suscita debido a la mala aplicación de una falsa revolución que vino a expropiar y a despojar de sus bienes a aquellas personas sin que exista en nuestra legislación – y hasta la fecha no lo hay- ninguna pena, ni principal, ni accesoria, que hable de confiscaciones. Y se aplicaron primero los Decretos 3 y 38, a Somoza, a los familiares de Somoza, a los funcionarios públicos, a los militares y luego se agregó el Decreto 38 para los allegados, término que nunca se supo en qué consistía.

Posteriormente se dictaron otros Decretos donde ya no se aplicaban las confiscaciones por Decretos, sino que se tenía que entablar un juicio ante un juzgado. Pero a pesar de eso se siguió confiscando y aplicando los Decretos 3 y 38 y se aplicó el Decreto 3-29 a propiedades intervenidas o administradas por INRA, aquellas que habían sido intervenidas simplemente por denuncias, por enemistades y se les aplicó ese Decreto 3-29 de confiscaciones.

También se aplicó el Decreto 760 de la Ley de Ausencia, aquellas personas que permanecían por espacio de más de seis meses fuera de la República. ¿Y eso no es injusticia? Y luego, cansado de estar aplicando decretos confiscatorios espantosos, terribles, arrebatando la propiedad ajena, se recurrió al expediente de la Ley de Expropiación Agraria, la Ley Número 14 en la Ley última 14 se habla de expropiar todas aquellas propiedades para desarrollo agropecuario para fines de reforma agraria.

Fue un instrumento jurídico – político que empleó el régimen anterior para vengarse y despojar a todas aquellas personas que no comulgaban con sus nefastas ideas revolucionarias. Desde ahí viene el origen viciado de esto, y lo nulo con nulidad absoluta no puede producir ningún derecho. Las leyes 85, 86 y 88 son nulas con nulidad absolutas, no hay derecho adquirido, y por consiguiente es válido todo lo expuesto en la Constitución Política en lo referente a lo establecido en el artículo 164 y 167.

En el artículo 164 que ya fue mencionado, se habla que son atribuciones de la Corte Suprema: “Organizar y dirigir la administración de justicia”, y no le podemos quitar ese derecho.

El 167, “Los fallos y resoluciones de los Tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales”. En el artículo 46, 52, habla del derecho de petición que tienen todos los nicaragüenses.

El 27, somos todos, tenemos derecho de dirigir a los organismos del Estado y obtener una pronta respuesta. Y el artículo 46 viene a incorporar la Comisión Americana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 10, dice que “Toda persona tiene derecho a usar y gozar de su propiedad”, lo cual es una violación de los derechos humanos arrebatárselo. Por consiguiente, nosotros como Poder del Estado, que no tenemos esas atribuciones de mandar a suspender la ejecución de la sentencia ni suspender los juicios, estamos violando la Constitución y estamos extralimitando nuestras funciones y violando otros artículos más de la Constitución de la República.

Por consiguiente, no apoyo ni respaldo, porque no quiere ser cómplice de la inmoralidad que se ha venido estableciendo aquí por un sector de esta Asamblea.

Se declara suficientemente discutido el asunto y se procede inmediatamente a votar en lo general el tema.

49 votos a favor, 3 votos en contra, 3 abstenciones y el voto del doctor Martínez.

Con 49 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones, se aprueba el proyecto de ley en lo general.

Arto. 1. Se prorroga por el término de seis meses la Ley No. 174, Ley de Suspensión de las acciones judiciales y ejecución de sentencias en los juicios de inmisión en la posesión, reivindicación, posesión comodato precario y nulidad.

Es para proponer una reforma al artículo primero, señor Presidente. En vista de que ya había terminado el período para la cual fue prorrogada la Ley 174, se necesita que en el artículo primero le vuelva a dar plena vigencia y prorrogarla por el término de seis meses. Propongo que el artículo primero comience diciendo:

"Se le da plena vigencia y se prorroga por el término de seis meses la Ley 174", y lo demás igual.

En mi intervención anterior yo expresé claramente de que iba a votar en favor de la ley, pero el término de los seis meses, lo veo demasiado tiempo. Ya presenté una moción que está en manos del Secretario, en la cual yo solicito que se cambien el término de los seis meses, por cuatro meses.

El Secretario le va a dar lectura a las dos mociones para proceder a la votación.

Moción sobre la Ley de Prórroga presentada por el Representante Nilo Salazar Aguilar:

A votación la moción del Representante Nilo Manuel Salazar, que fue la primera que se presentó.

47 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención. Se cuentan 47 votos porque el aparato del Representante Rommel Martínez no está funcionando y vota.

Arto. 2. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Realmente, después que he oído intervenir a una buena cantidad de colegas relacionado con esta ley, con esta prórroga de esta ley, reconozco que estamos al frente de uno de los problemas sociales más espinosos, más complejos.

Realmente en esta situación en que estamos embarcados, estamos embarcados tres sectores sociales de nuestra sociedad nicaragüense, y estos son aquellos amigos, que si realmente no me equivoco, están sentados allí esperando los resultados de esta Asamblea Nacional, y que realmente entre ellos hay una buena cantidad de personas que realmente sí pueden ser objeto de esta ley, porque son gentes que viven en casas y están ubicados en lotes que andan por debajo de los cien metros cuadrados de construcción.

Yo recuerdo cuando se discutió primeramente esta Ley 174, que no nos poníamos muy de acuerdo que fueran cien metros cuadrados; nosotros decíamos que fueran setenta, otros ochenta, porque como muchos Representantes dijeron aquí que una cantidad de cien metros cuadrados cuesta alrededor de cincuenta mil dólares, y yo creo que todos estos amigos que están allí no viven en casas ni siquiera de cinco mil dólares; pero muchos, amparados en esta situación, en estos amigos que viven en estas casas precarias están excusados muchos "piñateros" que viven en las Colinas, que viven en otros repartos, que realmente aquí dijeron algunos amigos Diputados, que ellos, cuando andaban en la campaña electoral, prometieron devolver esas propiedades.

Yo recuerdo que en esa oportunidad, los que vivían en casas bien ubicadas en los repartos que era donde vivía la burguesía en el tiempo de Somoza, ya estaban ubicados en esa oportunidad. Y esta Ley 85, 86 y 88 salió desde el 25 de Febrero al 25 de Abril de 1990. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de darles una propiedad, de darles su título o darles su escritura a estos hermanos y hoy los están utilizando como escudo para que defiendan sus intereses. Yo no estoy de acuerdo en esta situación, pero realmente porque yo sé que aquí hay amigos que lo necesitan, por eso es que yo estoy de acuerdo en toda la generalidad de la ley.

Por otro lado, aquí debemos ser justos, mucha gente que no eran ni fueron somocistas nunca, fueron confiscados y fueron intervenidos simplemente porque abandonaron el país en 1983, 84, 85, y realmente esta gente que hoy regresa al país o que ha regresado al país, andan buscando dónde ubicarse, dónde vivir y están realmente ubicados en casas de los primos, en casa de los parientes, porque sus casas están ocupados por unas personas que realmente no tienen necesidad de estar buscando casas, buscando viviendas en esta oportunidad. Por eso es que yo me adhiero y propongo una moción en el artículo 2, que dice lo siguiente:

"La vigencia de la Ley 174, que establece el artículo anterior una vez expirado el término señalado, no podrá ser objeto de ninguna otra prórroga".

Arto. 2. La vigencia de la ley 174 que establece el artículo anterior, una vez expirado el término señalado, no podrá ser objeto de ninguna otra prórroga.

Con 47 votos a favor, 6 votos en contra y 6 abstenciones, se aprueba la moción de los Representantes Cáceres y Dora María Téllez.

Arto. 3 La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

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Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	18 de Octubre del 1994
Fecha Aprobación:	25 de Octubre del 1994
...
" LEY DE PRORROGA A LA LEY No. 174 LEY DE SUSPENSION DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y EJECUCION DE SENTENCIAS EN LOS JUICIOS DE INMISION EN LA POSESION, REIVINDICACION, POSESION, COMODATO PRECARIO Y NULIDAD. "