Ingeniero
RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Señor Presidente:
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos ha estudiado con detenimiento el PROYECTO DE LEY ESPECIAL PARA EL USO RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO BÁSICO DE ENERGÍA, que le fuera remitido para su debida consulta y dictamen.
I.- INFORME DE CONSULTA
1.- CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN.
Podemos afirmar categóricamente que aprobar esta ley, no sólo es necesaria, sino también inevitable e inaplazable, no se puede posponer su aprobación, deberíamos haberla aprobado antes, porque la crisis del sector energético es tan grave que atrasarla sólo contribuye a agravar más el ya precario funcionamiento.
Tenemos que tener una ley de este tipo, tenemos un sistema en la industria eléctrica obsoleto, no ha habido inversiones en los últimos años, más del 70% se genera con derivados del petróleo cuyo precio es altísimo y sube constantemente, inclusive las plantas hidroeléctricas son tan antiguas que en cualquier momento pueden quedar sin funcionamiento, la energía producida en este contexto, no sólo es deficitaria, sino carísima, lo cual repercute en altos costos de producción que no permite a las empresas que funcionan en el país ser competitivas. La meta es el cambio de matriz de plantas que funcionan con derivados del petróleo a plantas que funcionan con recursos naturales como plantas hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas etc. El sistema tiene varios componentes los generadores de energía que la venden a las empresas de distribución a través de la empresa estatal de transmisión, sin embargo existe un problema que viene a agravar la situación crónica del sector eléctrico y es la pérdida que experimentan las empresas de distribución por la sustracción de energía, mayoritariamente realizada por grandes consumidores de más de 500 Kwh./mes.
Actualmente hay 620,000 clientes, de ellos 540,000 son clientes domiciliares, de estos 8,000 consumen más de 500 Kwh./mes a ellos va dirigido la ley, también a los 35,000 clientes comerciales, 30,000 industriales y 4,000 de bombeo y riego que también consumen más de 500 Kwh./mes.
Este sector de grandes consumidores es el responsable del 80% de la energía sustraída. En términos generales, el 16% de las pérdidas de la empresa de distribución se deben a sustracción de energía y un 10% a pérdidas de energía en los sistemas de distribución, por falta de inversión de la empresa distribuidora. En esta ley se regulan estos dos factores, se establece la obligación de la empresa distribuidora de reducir las pérdidas vía inversión para cambiar líneas, transformadores y medidores obsoletos y se regula el procedimiento de inspección y verificación del fraude eléctrico que realizan los grandes consumidores que representan el 4% de los consumidores domiciliares no afectando la ley al 96% de los consumidores.
Las pérdidas representan aproximadamente 30 millones de dólares, eso hace inviable la rentabilidad económica de cualquier empresa y del sector eléctrico en su conjunto manteniendo un déficit permanente que impide pagarle a las empresas generadoras de energía porque no logran cobrar la energía que venden en Nicaragua, estas muchas veces han decidido apagar sus plantas por la falta de pago, eso desalienta a cualquier inversionista que toma en cuenta ese problema, pensando que no va a poder recuperar la inversión que realice debido a la falta de pago de la empresa distribuidora y si no hay inversión no podrá cambiarse la matriz energética ni aumentar la generación de energía eléctrica y en consecuencia manteniendo una matriz de generación basada en derivados de hidrocarburos, que conlleva costos altos en la producción de energía y contaminación del medio ambiente, como consecuencia mantenemos la energía más cara en toda la región latinoamericana, elevando los costos de producción y operación de las empresas y sacándolas de la competencia y alimentando continua y sistemáticamente una inflación galopante.
La solución a esta problemática, pasa por reducir sensiblemente las pérdidas ocasionadas por robo de energía sobre todo por los grandes consumidores de más 500 watt, que ocasionan un déficit porcentual del 80% del total del déficit.
Para operatizar esta solución se ha alcanzado cierto nivel de consenso con todos los actores involucrados como el Ministerio de Energía y Minas; La Distribuidora de Energía Unión Fenosa y el Instituto Nicaragüense de Energía INE, en su carácter de Ente Regulador de las empresas de la Industria Eléctrica que produjo como resultado un proyecto de Ley denominado “Ley Especial para el uso responsable del servicio público básico de energía” que es el proyecto de ley que estamos dictaminando.
2. SOLUCIÓN NO PUEDE AFECTAR A LOS POBRES.
Los estudios revelan que el 96% de los clientes domiciliares consumen apenas el 20 % de energía eléctrica sustraída o sea que son los grandes consumidores los mayores responsables de las pérdidas de las empresas distribuidoras, la comisión considera que las medidas contra el fraude de la energía eléctrica, no pueden afectar a los más pobres dado que su nivel de pobreza y desempleo no le permite, mientras no se mejore sus condiciones económicas, regularizarse como cliente de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica, debiendo para esto buscarle soluciones creativas y solidarias, por tanto, las medidas de inspección y verificación que establece esta ley y las sanciones penales ya establecidas en el Código Penal sólo se aplicarán a los grandes consumidores de más de 1.000 Kwh/mes que son 1.600 clientes y a la Distribuidora.
3. LEY EQUILIBRADA AL AMPLIAR GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.
La comisión considera que el Proyecto de Ley a dictaminarse tiene que ser una ley equilibrada que establezca derechos y obligaciones tanto a los clientes y consumidores como a la empresa distribuidora, que en consecuencia regule infracciones no sólo para los clientes y consumidores, sino también de la empresa distribuidora y que el Ente Regulador debe tutelar los derechos de los clientes, consumidores y usuarios.
Al mismo tiempo se debe establecer una serie de regulaciones que garanticen la imparcialidad del proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia entre otros.
4. LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEBE PAGAR EL COSTO DE REGULACIÓN.
Esta obligación ya está establecida en la ley de la Industria Eléctrica en el artículo 76, pero los funcionarios públicos vinculados al contrato de concesión con Unión Fenosa no lo incluyeron en las cláusulas del mismo, hoy más que nunca se requiere de este pago, para que el ente regulador este en disponibilidad económica, técnica y administrativa de cumplir con las funciones que le otorga esta ley.
II. CONSULTA.
La Comisión sometió a consulta el Proyecto de Ley con todos los sectores vinculados al sector energético como al Ministerio de Energía y Minas, al Instituto Nicaragüense de Energía, la Empresa UNIÓN FENOSA y a las Organizaciones de Consumidores.
El Presidente del INE explicó las pérdidas por energía eléctrica sustraídas e ilustró con datos estadísticos, la magnitud del problema, así mismo, planteó que la Empresa Distribuidora pagará el cargo de regulación, establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica para poder financiar decenas de cuadrillas técnicas que acompañan a las de la Empresa Distribuidora a la hora de hacer las inspecciones.
Propuso eliminar el párrafo 7 del Arto. 25 del Proyecto de Ley, porque implica sanción sobre sanción por una misma infracción.
El ingeniero Emilio Rappaccioli profundizó el tema de la crisis energética y los pasos que se están dando para ir creando las fuentes naturales de generación eléctrica con miras a reemplazar la actual matriz de generación que es a base de los derivados del petróleo.
Los organismos de consumidores (Liga de Defensa de los Consumidores y Red de Defensa de los Consumidores) expresaron su preocupación a que se aprobara el proyecto en los términos en que se presentó, por considerar que sólo iba a favorecer a UNIÓN FENOSA y que se le estaría dando más poder, para que siga cometiendo más abusos.
En lo particular expresaron que las infracciones creadas por este Proyecto de Ley ya están previstas en el Código Penal; se brinda un trato desigual a los consumidores violando con ello el Arto. 27 de la Constitución; que la disposición prevista en el Arto. 25 referido a poder realizar las inspecciones a los equipos de medición, a cualquier hora y día contradecía lo establecido en el Capítulo 5.4 de la Normativa del Servicio Eléctrico.
Que en ese Arto. 25 en el párrafo séptimo se estipula que el INE sobre la base de la información suministrada por la Distribuidora, sancionará con un importe equivalente a un porcentaje de la Facturación.
Que en el Arto. 29 se regula la venta de Energía Eléctrica a terceros, lo cual ya está estipulado en la normativa del Servicio Eléctrico.
Muchos artículos ya están previstos en otras leyes o normativas por lo que no es necesario aprobar esta ley, también expresaron que muchos pobladores quieren formalizar contrato con la empresa distribuidora, pero que ésta no lo permite si ellos no tienen escritura de propietarios de ese inmueble.
La empresa UNIÓN FENOSA, a través de su representante José A. Ley Lau y José Luís Gómez, expresaron: Que están de acuerdo en que el INE acompañe a UNIÓN FENOSA en las inspecciones, como garantía del debido proceso; que no son de la idea de suspender el servicio por 30 días sino que se reconecte, una vez que las causas que lo han originado desaparezcan; que se incluya en este Proyecto de Ley los Derechos de los Consumidores que están en otras Leyes y Normativas.
Posteriormente, el Presidente de la Comisión diputado José Bernard Pallais Arana, apoyado por los Asesores de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos Jorge Manuel Cano y María Auxiliadora Acosta, sostuvo dos reuniones técnicas, con los máximos representantes del Ministerio de Energía y Minas, del Instituto Nicaragüense de Electricidad y La Empresa Unión Fenosa, todos ellos apoyados por sus asesores jurídicos y técnicos con el objeto de revisar el proyecto de ley a la luz de las consideraciones iniciales de la comisión y de ajustarla a la Constitución Política, al Marco Jurídico regulatorio, a las preocupaciones de los consumidores y a la Técnica Legislativa.
Se organizó después dos sesiones sólo a nivel de asesores, contando la comisión con la valiosa participación de la Lic. Mariela Cerrato, Asesora del Presidente del INE y del Ingeniero Gustavo Acosta, Asesor del ministro de Energía y Minas, dichas reuniones tuvieron como resultado la versión que presentamos como articulado del proyecto de ley dictaminado.
III. MODIFICACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN.
Numerosas son las modificaciones que ha realizado la comisión dentro de un proceso de diálogo, convencimiento y consenso con todos los sectores involucrados, manteniendo el espíritu de la ley que es controlar y disminuir la sustracción de energía, pero dentro de un marco legal que garantiza la imparcialidad del Ente Regulador, la igualdad procesal de los consumidores frente a la distribuidora y el respeto a las garantías del debido proceso, en todas las actuaciones en la vía administrativa.
Algunas de estas modificaciones son las siguientes:
-Se retiró del proyecto toda nueva tipificación de delitos relacionados con la energía eléctrica, por estar ya establecidos en el Código Penal y estar ésta pronto a publicarse.
-Se establecieron infracciones en que puede incurrir la empresa distribuidora dentro del proceso administrativo de inspección y verificación para detectar un eventual fraude energético.
-Se estableció la obligación por parte de la Empresa Distribuidora de que previo a instalar medidores, tienen que ser calibrados por el INE.
-Se estableció el requisito de que para que tenga validez, las inspecciones, verificaciones y demás medios de pruebas, tiene que ser producidos en presencia del INE.
-Se mandató al INE para elaborar y aprobar una tabla de horas de uso por mes de energía de los aparatos electrodomésticos.
-Se estableció el derecho de los consumidores de recurrir ante dos Instancias del INE cuando no esté de acuerdo con la resolución de la Empresa Distribuidora.
-Se estableció que los medidores retirados por presunto fraude serán empacados y sellado con sellos de seguridad y dados en depósitos al INE, quien los resguardará hasta el momento en que verifiquen estos aparatos, en donde también estará presente el INE.
-No se incluirán en las facturas montos por energía no registrada por no ser responsabilidad de los consumidores.
-Se le estableció a la Empresa Distribuidoras un cargo del 1.5% por mil, que deberá pagar la Empresa Distribuidora al INE para financiar los costos de regulación y la participación del INE en todo el proceso de inspección y verificación realizado por la Empresa Distribuidora, este cargo no se incluirá ni se trasladará a la factura de los consumidores.
-Se estableció que es necesario agotar el procedimiento administrativo como condición de procedibilidad para poder ejercer la acción penal en los delitos relacionados con la energía eléctrica.
-Se modificó el titulo del proyecto de ley el que se denominaba así: Ley Especial para el uso responsable del servicio público básico de energía por la siguiente denominación: Ley para la distribución y el uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica, para regular no sólo el uso responsable sino también la Distribución responsable.
-Se facultó al INE para habilitar laboratorios de Metrología para certificar la exactitud de medidores y verificadores con la previa aprobación del Ministerio de Energía y Minas.
-Se estableció la obligación de Unión Fenosa de invertir para disminuir pérdidas técnicas
IV. DICTAMEN.
Por las razones expuestas en el presente informe, la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos DICTAMINA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO DE LEY PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, no sin antes acreditar que el presente proyecto de ley es necesario, está bien fundamentado y no se opone ni contraviene la Constitución Política, Leyes Constitucionales ni los Tratados ratificados por el Estado nicaragüense. Solicitamos al plenario la aprobación de este informe de consulta y dictamen. Adjuntamos el proyecto de ley dictaminado con todas las modificaciones incorporadas.
COMISIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS JURÍDICOS
José Pallais Arana César Castellanos Matute
Presidente Integrante
Maximino Rodríguez Edwin Castro Rivera
Integrante Integrante
Noel Pereira Majano
Integrante
Hasta aquí el Dictamen.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, doctor Pallais Arana.
Vamos a pasar a la discusión en lo general.
Diputado Eliseo Núñez Hernández, tiene la palabra.
DIPUTADO ELISEO NÚÑEZ HERNÁNDEZ:
Señor Presidente.
Esta ley es una ley muy controversial, sin embargo, necesaria para el desarrollo del país. Se necesita la ley pero no en los términos en que está actualmente.
Señor Presidente, cuando Unión Fenosa vino a Nicaragua, vino el Presidente de Unión Fenosa Internacional, se comprometió a invertir veintiséis millones de dólares en el reforzamiento de la red. Nosotros quisiéramos saber si Unión Fenosa ha cumplido con ese compromiso porque definitivamente es cierto que hay pérdidas, pero no el 26% de pérdidas es por robo. Más del 20% de las mismas son pérdidas técnicas, porque Unión Fenosa no ha reforzado la red.
Sin embargo, esta ley es una ley necesaria para que podamos cambiar la matriz energética en Nicaragua. También creo que no es posible que se penalice a aquellos que consuman más de quinientos kilowatt, cuando dos aires condicionados, gastamos los quinientos kilowatt. Lo que quiero explicarles a mis queridos colegas es que de acuerdo a la política que INE ha establecido, todos aquellos consumidores de más de 500 kilowatt, estamos pagando el doble de lo que consumimos, y digo el doble de lo que consumimos, porque la media que debe valer un kilowatt, es 1.4 dólares, no obstante, se está cobrando 0.17 centavos de dólar, se está cobrando, 34 centavos dólar todos aquellos que consumimos arriba de 500. Esto ha hecho que las personas que sienten que los están atracando en su bolsillo, traten de defenderse para nivelar lo que les está haciendo Unión Fenosa y esto es culpa de INE por su falta de regulación. Así que, me apunto a que esta ley la aprobemos en lo general, y que sea mayormente discutida en lo particular.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A ver, tenemos dificultades en dos cosas, aún cuando hay quórum establecido, los directivos presentes se han borrado de la pantalla, hemos quedado únicamente tres directivos apuntados y aquí nos están alegando varios diputados que no hay quórum de directiva. Podemos hacer dos cosas, pedirle al plenario que nos autorice a funcionar con los tres directivos que están presentes o podemos pedirles al ministro Rappaccioli y al director de INE que nos expliquen si esta ley aguanta más tiempo para su discusión. Primero, antes que el plenario decida quiero que escuchemos al ingeniero Rappaccioli, y al doctor Castillo, para que les expliquen si es posible posponer esta discusión. Están apuntados Víctor Hugo Tinoco, Carlos Gadea, Edwin Castro, Jorge Matamoros. Podemos darles la palabra y después escuchar a Rappaccioli y a Castillo.
Entonces, vamos a darles la palabra a los tres diputados, a Víctor Hugo, a Gadea, a Edwin Castro y después Rappaccioli y David Castillo.
Diputado Víctor Hugo Tinoco, tiene la palabra.
DIPUTADO VÍCTOR HUGO TINOCO:
Mire Presidente, efectivamente es una situación especial, esta es una ley sumamente controversial, que si bien ha sufrido algunas modificaciones, todavía requiere de peinarla un poco más y debatirla y no es tratando de forzar la cuestión, creo yo, que vamos a funcionar mejor. Aquí hay una situación difícil, no hay quórum en la directiva ni hay quórum en el plenario. Y usted desea continuar con la sesión sin quórum en la directiva y en el plenario. Considero que usted está obligado por ley a suspender la sesión, al menos la discusión de este tema para que podamos continuar el trabajo legislativo mientras nos ponemos de acuerdo en este Parlamento cómo vamos a continuar, pero no puede ser imponiéndose, no puede ser imponiéndose. No hay quórum ni ahí arriba, ni hay quórum aquí abajo. Esa es la realidad.
Gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Carlos Gadea, tiene la palabra.
DIPUTADO CARLOS GADEA AVILÉS:
Gracias, señor Presidente.
Mis palabras no pueden quedar grabadas en el Diario de Debates como que estemos sesionando porque no hay quórum en la Junta Directiva y se está sentando un mal precedente. Además, no hay quórum en el plenario. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con que se pase y se apruebe esta ley así como está, tenemos que discutirla, debemos consensuarla, esto va en contra del pueblo de Nicaragua y tenemos que analizarla muy bien. Por lo tanto, exijo que no se siga sesionando mientras la Junta Directiva no esté con su quórum respectivo e incluso, el plenario con su quórum respectivo.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Edwin Castro, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Señor Presidente, considero que por respeto al Ministro y al Presidente del Ente Regulador, deberíamos darle inmediatamente la palabra para que ellos nos expliquen algunas de las cosas que se han dicho aquí, que en la comisión se han aclarado, y que el doctor Pallais sabe muy bien. Realmente si comparto algo con los dos que me antecedieron, es una ley a la que se le ha creado una polémica, pero con un monto de falsas verdades. Pido que se les dé la palabra al ministro Rappaccioli y a José David Castillo para que ilustren esta Asamblea Nacional.
Muchísimas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A ver ingeniero Rappaccioli.
MINISTRO EMILIO RAPPACCIOLI:
Agradecemos a la Junta Directiva y a su Presidente, compañero René Núñez, que nos dé la oportunidad de hablar un poco sobre este Proyecto de Ley que se está discutiendo hoy aquí. Por supuesto, es importante que nosotros hagamos algunas observaciones, que también se escuche al ingeniero David Castillo, como Presidente de INE.
El 26% de lo que se genera en nuestro país para abastecer el sistema de interconectado nacional a través del cual el sistema de distribución se lleva la energía eléctrica a los seiscientos y pico de mil clientes y consumidores que tienen las empresas Disnorte Y Dissur propiedad de la empresa española Unión Fenosa, esa generación de más del 70% se produce con petróleo que ya llegó a los 108 dólares el barril, en el camino por diferente razón, se queda el 26%. Ese 26% no se mide, no se mide, se pierde. Eso significa alrededor de 57 ó 58 millones de dólares a los precios a los cuales se está generando la energía y a los precios a los cuales se están distribuyendo la energía en la actualidad. Eso significa un 26% más o menos de energía que no se está midiendo, que no se está facturando, que por diferentes razones no se paga. Una parte de esa energía queda en el sistema de transmisión, tal vez 1.5% en las líneas de alta tensión y un 10% más o menos queda en las líneas de transmisión por razones técnicas, pérdidas por calor por ejemplo, pero que podrían ser menores si en estos años que han transcurrido desde que se privatizó la distribución en Nicaragua, se hubieran hecho más inversiones en las líneas de distribución. Aquí hay circuitos de distribución que tienen más de cien kilómetros de longitud, entre más largo es y máxime si el calibre de esos cables no es el apropiado, las pérdidas son mayores. Lo mismo pasa con los transformadores que nosotros vemos ahí guindados en los postes, que están sobrecargados, entonces también por ahí hay pérdidas. Esas pérdidas podrían ser menores, podrían ser como son actualmente en Costa Rica que andan por el 8.5% ó 9%, pero aquí andan arriba del 10%, 10.5% por pérdidas técnicas.
Esas pérdidas podrían ser menores incrementando o si se hubieran incrementado las inversiones técnicas de cambio técnico, de mejorías técnicas en las redes de distribución por parte de las distribuidoras, pero también hay otra parte de las pérdidas que son por otras razones, quiero mencionar que en la actualidad de ese 26% de pérdidas, una parte se le reconoce vía tarifa autorizada por el INE, se le reconoce en las tarifas al sistema de distribución, o sea a las distribuidoras se les reconoce. En otras palabra de ese 26% hay un 10% más o menos en la actualidad que se reconoce para que las distribuidoras lo facturen, el INE lo autoriza. Entonces, eso se recupera vía factura, se pagan esas pérdidas que predominantemente son pérdidas técnicas, pero que podrían ser menores y lo que se estaría reconociendo en la tarifa sería menor, si se hubieran hecho las inversiones necesarias en estos años y se pueden reducir si en los próximos años se hacen más inversiones técnicas en el sentido, de reducir esas pérdidas.
Pero hay otra parte de ese 26% que es como el 16%, que no lo estamos pagando, que se pierde por otras razones, una parte se pierde en los asentamientos, ustedes ya conocen lo que son los asentamientos, lugares donde aquí en Managua y en otras ciudades pero principalmente en Managua, se han instalado personas, familias, que han venido de otras partes del país por diferentes razones, falta de trabajo, etc., y se han instalado de manera espontánea en diferentes lugares aquí en la capital y por supuesto, se han venido y se vienen conectando sin que haya un medidor que le mida la energía directamente a las líneas de distribución, aunque según la información que tenemos hay algunas de estas personas, de estas familias, que sí tienen un medidor. Inclusive, muchos de los que tienen el medidor, porque no tienen empleo, porque nadie tiene empleo en la familia, y aunque hayan tenido la buena intención, una vez que solicitaron y le pusieron el medidor pero no pueden pagar por falta de trabajo, entonces un 6% más o menos según las mediciones que tenemos, de ese 16%, no se paga por parte de esta población, de estas familias, que están y que viven en esos asentamientos.
Esa gente, yo diría que en un 99% si no que me corrija el ingeniero Castillo, consume menos de 150 kilovatios hora, de la gente que vive ahí en los asentamientos, porque pueden haber algunas excepciones por supuesto, tal vez alguien tiene ahí un supermercadito o algún tallercito, y consume más de 150, pero quizás esos son de los que tienen el medidor y tal vez esos son de los pocos que pagan, pero ahí en esos asentamientos se pierde más o menos un 6%. El otro 10% ahí es donde entramos los que consumimos más de 150, o los que consumimos más de 500, y esta ley que se está discutiendo aquí en base al contenido en su esencia, va dirigida para desestimular hacerle más difícil y si lo hacen con todo y eso, penalizar, castigar, porque no decirlo, obligar a que paguen, porque el que consume más de 500 kilovatios hora, que pueden ser cuatro mil pesos, tres mil y pico de córdobas, debe tener capacidad para pagar ese consumo.
En la discusión que se ha tenido, en la Comisión de Justicia, a nosotros nos invitaron, estuvimos con ellos, estuvimos con David, estuvimos con muchos de ustedes, ahí oímos opiniones, dimos nuestras opiniones, pero el proyecto final, tengo que decirlo, nosotros lo recibimos hasta hoy en la mañanita y algunos compañeros de ustedes nos estaban haciendo algunas observaciones, que creemos que son válidas y que ameritarían revisarlas, porque yo creo que se puede componer el contenido de ese proyecto, que está ahorita aquí en la Asamblea. Sin embargo, debemos de enfatizar que si no reducimos esas pérdidas, entonces las tenemos que asumir de alguna manera, y a mí se me ocurre que la única manera sería, a menos que haya otra que yo no conozca, vía presupuesto. Y ese 10% David, ese 10% de pérdidas en plata, ¿por dónde anda? 30 Millones de Dólares. O sea, mientras no tomemos acciones, para reducir ese 10% que es el 10% de pérdidas de consumidores que fluctúan en los 500 o arriba de los 500, entonces, aunque nosotros fuéramos las distribuidoras, como fuimos en los ochenta, y comienzos de los noventa, pues tendríamos que asumirlo de alguna manera. Pudiéramos inclusive, hacer todas las inversiones técnicas que hay que hacer en líneas de distribución, en subestaciones, etc., para no tener líneas tan largas, y cambiar los calibres, pudiéramos hacer todo eso, reducimos todavía más las pérdidas técnicas digamos a ocho y medio como tiene Costa Rica y otros países, pero tendríamos siempre ese pegón de los 30 millones. Que tienen que salir de algún lado. Entonces, eso afecta no solamente a las distribuidoras como empresa, sino que afecta a todo el sistema eléctrico nacional, ahorita las distribuidoras le deben 60 millones de dólares vencidos a Getsa, Hidrogesa y Enatrel.
En estos días que no han estado generando las plantas que tiene la empresa privada Sensa, de capital de Singapur, y que inclusive, por falta de suficiente bagazo en el Ingenio San Antonio no se han estado generando los 30 megavatios y que también parte de la generación geotérmica en Momotombo, estaba fuera unos 3 ó 4 megavatios, etc., hay días que hemos estado consumiendo sólo en diesel, sesenta mil, setenta mil dólares diarios y la empresa que consume eso y que lo tiene que pagar, (perdón), lo tiene que pagar pero no lo puede pagar, es Getsa que es una de las empresas adscritas a ENEL y si Getsa puede generar todos los días a ese costo es porque a través de Alba Caruna, se le está dando un financiamiento revolvente, operativo, porque de otra manera no se podrían generar los 100 megavatios de diesel que tiene Getsa. Ni los 40 megavatios que tiene de fuel oil. Inclusive, se le debe a los generadores privados más o menos como 8 millones de dólares vencidos. Entonces la deuda a los generadores incluyendo Enatrel, oscilan en los 70 millones, ¿y qué es lo que aducen las distribuidoras para no mantener al día sus pagos con estas empresas? Bueno, que parte de su margen que tiene autorizado por nosotros, autorizado por el INE, autorizado por el Estado, el margen que tienen lo están usando en una buena parte para mantenerse, para pagarle supuestamente lo máximo que pueden a los generadores. Pero a quienes menos les pagan son a los del Estado, lógicamente porque el ingeniero Ernesto Martínez, Presidente Ejecutivo de ENEL, no le va a dar orden a Hidrogesa y a Getsa que pare la generación, porque los daños al país serían enormes, racionando a cien megavatios, etcétera.
Entonces esa situación la tenemos que componer de alguna manera, obligando a la distribuidora que invierta lo necesario para minimizar las pérdidas técnicas. Inclusive, con inversiones técnicas se puede reducir las pérdidas del otro tipo, poniendo medidores que sean confiables, por ejemplo, teniendo más gente haciendo inspecciones, ya en este proyecto de ley, se ha incluido que la distribuidora sin cargar la tarifa tiene que entregarle al INE determinada cantidad de recursos de dinero, para que el INE pueda tener a la par de la que tiene Unión Fenosa, unidades que le permitan al INE estar presente en todas las inspecciones que supuestamente hace Unión Fenosa detectando o dándole seguimiento a casos sospechosos de fraude. Si no componemos eso, seguimos afectando la generación y afectamos y deberíamos de decir, le daríamos un golpe mortal, le metemos el cuchillo a las inversiones que estamos promoviendo y estamos desarrollando para cambiar la matriz energética y para que no sigamos consumiendo o generando un 70% de participación con petróleo.
Tenemos una serie de proyectos, hay un plan de expansión que una vez que sea aprobado por el presidente Ortega nos gustaría, si él estuviera de acuerdo, que se lo vengamos a exponer aquí, porque ese plan de expansión significa esfuerzos de parte de nosotros, del gobierno, de parte del INE, y de parte de esta honorable Asamblea. Porque si no, no cambiamos la matriz energética, pero con esta situación de iliquidez del sector eléctrico, donde aparecen las distribuidoras como que no les pagan a los generadores, entonces, ¿Quién va a venir a invertir a Nicaragua?, ¿quién va a venir a invertir? Nosotros recibimos visitas de las empresas que están desarrollando en Hidro Pantasma, San Jacinto-Tizate, la Y-Y, Amayo, que mete 40 megavatios ahora en noviembre, en eólicos, ¿quién nos va a pagar?, esa es la pregunta que nos hacen, ¿quién nos va a pagar? Que es lo que he hecho yo que no debería hacer, por último dije: “yo les firmo un pagaré” pero hay algo que no podemos permitirnos es que algunos de estos proyectos se paren por esa iliquidez que están viendo en el sector eléctrico, no podemos permitirnos que se pare San Jacinto-Tizate, cuando acaban de abrir un pozo, y después de evaluarlo nos dicen que ese pozo puede sustentar 16 megavatios. Pero, hoy por hoy solamente tienen el pozo que es lo fundamental tener el vapor pero todavía no está la planta, todavía no están las turbinas y eso requiere como 80 millones de dólares y a mayo son 90 millones de dólares. En Hidro Pantasma son 30 y tantos millones de dólares, y Larreynaga que lo está haciendo ENEL, precisamente aprobado por esta Asamblea, son 30 y pico de millones, y al BCIE que es el banco que está financiando muchos de estos proyectos pues le preocupa estar viendo que no les pagan a los generadores. Entonces, pudiera ser que no se hagan efectivos y no se operativicen esos préstamos por la iliquidez que tenemos, nosotros no estamos de acuerdo y no estamos aquí defendiendo para que se le dé a la distribuidora lo que no debe dársele. Pienso que en este año y pico que tenemos de estar ahí en el Ministerio, trabajando muy coordinadamente con el INE y también teniendo con cierta frecuencia intercambios con ustedes, tal vez no aquí de esta forma, pero sí de manera individual o con grupos de ustedes mismos, necesitamos todavía fortalecer más esa comunicación a través de las vías que corresponden. Considero que este es mi aporte el día de hoy.
Por otra parte, acabamos de comunicarnos con el licenciado compañero Antenor Rosales del Banco Central, y él nos dice que esta ley debería estar vigente, aprobada a más tardar el primero de abril. Porque de no ser así podríamos tener problemas con las buenas cosas que se han logrado consensuar con el Fondo Monetario, entonces, él nos pide, que si hoy no se aprobara esta iniciativa, porque hay que hacerle algunas mejoras, que tomemos las medidas necesarias para que estuviera aprobada antes del primero o a más tardar el primero de abril.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Muchas gracias, ingeniero Rappaccioli.
¿Tiene algo que decir como agregado, ingeniero Castillo?
PRESIDENTE DE INE, INGENIERO DAVID CASTILLO:
Muy buenos días estimados y honorables diputados, creo que la explicación técnica que presentó el ministro de Energía, es bastante completa, así que, tal vez me voy a enfocar en otros aspectos relacionados con esta ley.
Creo que las inquietudes legítimas que han expresado muchos de los honorables diputados, son válidas en el sentido que al ostentar la representación de los ciudadanos que votaron por ustedes, deben estar totalmente seguros que una ley pueda afectar sus derechos no sea aprobada, sin embargo, hay otros elementos que deben ser considerados a la hora de discutir esta ley. En primer lugar, para nadie es un secreto que sin energía no habrá desarrollo en ningún país, la energía es el motor que mueve a la sociedad a la industria, al comercio y en todos los países del mundo se está decretando el tema de la seguridad energética casi de interés nacional, hasta de seguridad nacional, lo han llegado a catalogar en algunos países del primer mundo, porque sin energía no habrá desarrollo. La mitad de los nicaragüenses no tienen energía y debemos trabajar para que la tengan. La industria y la agroindustria no tienen tarifas que los hagan competitivos en un mercado cada vez más fuerte y más grande porque nuestros productos están siendo demandados con mayor y mejor precio, entonces, con todo lo que dijo el ministro de Energía desde el punto de vista técnico, es evidente que si no logramos darle sanidad al sector energético, sanidad financiera a este sector energético, no va a haber ni energía, para la otra mitad de los nicaragüenses que no tienen y cuidado no va a haber energía ni para la mitad de los que tenemos. Es cierto y desde que tuve el honor de recibir la responsabilidad de esta honorable Asamblea de trabajar en el Instituto Nicaragüense de Energía, es de todo Nicaragua conocido que hemos venido teniendo enfrentamientos con estas empresas distribuidoras, con estas empresas generadoras que en determinado momento han abusado del pueblo nicaragüense.
Nos han criticado como funcionarios públicos en el INE de ser a veces hasta enemigos de la inversión privada, lo cual es totalmente falso, porque creemos en la inversión privada para acompañar el esfuerzo del Estado en el desarrollo del sector, lo que no hemos hecho nunca y no vamos a permitir nunca es que el abuso de una empresa privada esté por encima de los intereses ni de los ciudadanos ni de la nación en general.
Puedo decirles con seriedad que se está trabajando con esta empresa de distribución a efectos que cumpla con muchos compromisos que asumió cuando compró esta distribuidora eléctrica para beneficio del país y de los ciudadanos. Es un proceso largo y tedioso, porque a veces corregir lo que no se hizo en muchos años, no se puede de la noche a la mañana, pero se está trabajando con el Ministerio de Energía en una serie de acuerdos que obligan a esta empresa a mejorar la calidad del servicio, a invertir en este país independientemente si Unión Fenosa sigue en este país o se va de este país, y mañana viene una distribuidora eléctrica estatal o privada a hacerse cargo de este negocio, el país requiere hacer estas mejoras estructurales. Si no hay dinero en el sector que se fuga a través de falta de inversiones y fraude como lo dijo el Ministro, no va a desarrollarse este país y con o sin Unión Fenosa debemos y tenemos la responsabilidad todos los que de una forma u otra incidimos en hacer lo mejor para el país. Por tanto, no es malo para los ciudadanos de esta nación aprobar una ley que condene el fraude y sobre todo que condene el fraude para aquellos que tienen capacidad de pago.
Experimenté con la Comisión de Justicia y Asuntos jurídicos de la Asamblea Nacional, los miembros diputados de esa comisión el interés de asegurar el debido proceso a todos los ciudadanos. Miré el interés de la Asamblea en cuidar que no hubiese abusos contra los ciudadanos de escasos recursos. Entonces, puedo asegurarles que esta ley realmente va a ser buena para el país en la medida que permita el desarrollo del sector, y es buena en la medida en que va dirigida a aquellos que tienen para pagar y roban energía, esa no puede ser una situación de la que nos hagamos de la vista gorda. Esta ley no afecta a los pequeños consumidores, esta ley no afecta a los pequeños productores agropecuarios, esta ley no afecta a los que no tienen luz, afecta a aquellos que tienen para pagar y roban la energía y eso hay que decirlo meridianamente, porque si dejamos de decir las verdades no vamos a resolver los problemas de este país.
Entonces, quiero ponerme a la orden de todos los honorables diputados para discutir más a fondo si lo creen conveniente, aspectos que puedan mejorar esta ley, pero si en su derecho soberano como Poder del Estado, tienen que tomarse unos días más para discutirla y verla, estamos a la orden, y sé que el ministro de Energía también, para que pueda mejorarse aún más esta ley, si hay alguna inquietud. Mas, de lo que no debe haber dudas, es que es una ley que no afecta a los pobres, que no afecta a los que tienen problemas económicos, sino a aquellos que teniendo plata, no quieren pagar la energía y que si no resolvemos este problema estructural, el país está condenándose a más subdesarrollo, y a más pobreza.
Muchas gracias, señor Presidente de la Asamblea y honorables diputados.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, ingeniero.
Entonces, en vista de que no hay quórum en el plenario, ni en la Directiva, vamos a tomar la medida aparentemente menos costosa, que es suspender la discusión del tema de esta ley para ver si así hacemos quórum y seguimos con otro tema.
Le agradecemos la presencia al ministro Rappaccioli, al ingeniero Castillo, y les comunicaremos en cuanto se decida la fecha de discusión del tema.
CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE MARZO DEL 2008. (VIGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA).
SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:
Remitimos a los diputados al Adendum 006, Punto III DISCUSIONES DE DICTÁMENES DECRETOS Y LEYES PRESENTADOS, Punto 3.86: “LEY PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, cuyo dictamen se leyó el día de ayer.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
En vista que el día de ayer se leyó el dictamen por medio del Presidente de la Comisión, doctor José Pallais Arana, vamos a pasar únicamente a la discusión en lo general.
Se abre la discusión en lo general.
Diputado Francisco Aguirre Sacasa, tiene la palabra.
DIPUTADO FRANCISCO AGUIRRE SACASA:
Muchas gracias, señor Presidente.
Muy buenos días colegas diputados.
Señor Presidente, cada mañana una de las primeras cosas que hago es entrar a mi computadora y chequeo el precio del petróleo. Y esta mañana cuando entré, estaba en ciento diez dólares con 73/100, es el precio récord en términos reales en la historia, más alto que el precio que se dio en 1973, y más alto que el precio que se dio con la gran crisis mundial en 1980. Y evidentemente con un precio del petróleo tan elevado, estimados colegas, esto está golpeando prácticamente a todas las economías del mundo, que son importadoras netas de energía. Incluyendo a la economía norteamericana que como todos sabemos está entrando en una recesión, a pesar de ser el segundo productor más grande de petróleo del mundo, porque es un importador neto de energía.
Ayer mencioné, Presidente, que había estado en un programa en la Radio Corporación y que se armó todo un debate sobre la energía, el precio del petróleo y el desempeño de la economía nicaragüense versus la economía de otros países centroamericanos y los que estaban participando en ese debate era ¿por qué la inflación en Nicaragua era más alta que de la de los otros países centroamericanos? y el crecimiento económico en el año 2007 había sido más bajo si todos los países estábamos pagando el mismo precio para el petróleo. Entonces compartí con los radio escuchas, el siguiente dato: si bien es cierto que todos pagamos el mismo precio, Presidente, no todos generamos o no todos tenemos la misma estructura de generación. Por ejemplo nosotros en Nicaragua, dependemos de plantas generadoras que en un 85% queman derivados del petróleo. Algunos queman diesel, otros queman full oild o búnker.
El porcentaje en Costa Rica es exactamente el opuesto, la vasta mayoría de la energía que se genera en Costa Rica, se genera con planta hidroeléctrica y tanto Guatemala como Costa Rica tienen una enorme capacidad instalada de centrales hidroeléctricas, asimismo Panamá.
Evidentemente nosotros no vamos a poder cambiar de un día al otro la situación de Nicaragua, pero he dicho en este foro, y además por escrito en periódicos, en los artículos de opinión, que el país necesita establecer una estrategia nacional de energía. Me imagino que el ministro Rappaccioli está trabajando en eso. Pero tenemos que empezar a darle señas a la comunidad de inversionistas, que quieren venir acá a invertir en generación, -porque el problema aquí Presidente, no es tanto de distribución, sino de generación- que Nicaragua hace sentido invertir en plantas grandes, económicas, que no queman derivados de petróleo, pueden ser plantas hidroeléctricas.
El otro punto es que hace un par de semanas aquí aprobamos, Presidente, una ley que permitiría que se explotase una central hidroeléctrica que se conoce aquí en Nicaragua como la Planta Ye-Ye. Y ahora estamos leyendo en los periódicos que eventualmente podrían venir inversionistas de Irán o de alguna parte a invertir también en el sector hidroeléctrico. Pero si no tienen los inversionistas un marco positivo para poder invertir, la verdad es que no van a venir y vamos a seguir nosotros generando la energía más costosa y menos fiable de Centroamérica y me atrevería a decir del continente americano. Esta es una parte del problema no la totalidad pero una parte del problema son las enormes pérdidas que experimenta el sector energético, algunas son pérdidas técnicas, pero otras son debidas a fraude, señor Presidente. Y el fraude se refleja en tarifas más altas para los que pagamos esas tarifas. Estoy pagando -antes de venir esta mañana también vi la tarifa en mi casa- treinta centavos dólar por kilowatt hora, por esa parte de mi tarifa que es la más alta, digamos. Esa cifra es cuatro veces más elevada de lo que pago en mi finca en Virginia, en donde tengo generación rural que por definición es más cara porque las casas están alejadas, dispersas y llevarle electricidad a cada una de ella es más elevado.
Entonces, para empezar abordar este problema de una manera sistemática, creo que necesitamos empezar a castigar aquellos que roban grandes cantidades de energía. Felicito a los miembros de la Comisión de Justicia y a mi correligionario “Chepe” Pallais, a dos Jefes de Bancada por lo menos que están en esa Comisión, porque ello tomaron un proyecto de ley y le dieron vuelta, introduciendo algunos elementos novedosos, para proteger a los pequeños y micro consumidores de esta ley. No es perfecta, señor Presidente, pero por lo menos envía una señal positiva a futuros inversionistas, que en Nicaragua hace sentido invertir. Dentro de esa estrategia nacional, Presidente, creo que se podrá incorporar algún elemento para que las tarifas bajen, así como se suben cada vez que sube el precio de generar, se bajarían en la medida que los derivados de petróleo -por ejemplo- bajan también a como ocurre en las bombas de gasolina o de diesel aquí en Managua. Todas las últimas semanas se ha elevado el precio del diesel, pero también hemos visto en algunas ocasiones cuando baja el precio mundial, que se baja el precio. O sea que espero que en algún momento el Gobierno tenga una estrategia nacional de energía para lo cual esta Ley Anti-fraude será un pequeño pero importante elemento.
De nuevo felicito a Chepe Pallais, y a la otra gente que han trabajado en esta ley y quería decir que al menos voy a apoyar para su aprobación en lo general. Seguramente habrá algunas mejoras en la ley, entiendo que eso se va a realizar después de Semana Santa, pero les recuerdo a los diputados que esta ley también es una condición previa para que el Fondo Monetario lleve el primer año de desempeño del programa de Nicaragua con el Fondo, a su directorio.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, doctor Aguirre.
Tenemos todavía cuatro diputados más.
Diputado Wálmaro Gutiérrez, tiene la palabra.
DIPUTADO WÁLMARO GUTIÉRREZ MERCADO:
Muchas gracias, Presidente.
De hecho me uno al apoyo prácticamente unánime que este Poder del Estado le está dando para la aprobación en lo general a una ley que ha sido sumamente polémica como es la ley para garantizar el uso responsable de la energía eléctrica. Y también quiero reconocer el trabajo que ha hecho la Comisión de Justicia, para proveerle a este plenario de un instrumento jurídico que venga a dar algún nivel de respuesta a este problema que creo que no podemos caer en el error de verlo solamente como un problema directamente ligado al precio del petróleo.
Aquí nosotros tenemos cuatro grandes componentes sobre los que debemos incidir, generación, transmisión, distribución y consumo. Esta ley viene a incidir en estos últimos dos segmentos del sistema, sin embargo, al ser cuatro componentes de un sistema, uno de ellos que falle, me falla completamente el sistema y es lo que sucede con el tema de la distribución y del consumo. Porque desde el punto de vista de la generación, ya todos estamos claros que tenemos una matriz energética que no aguanta para más. Más del 80% de dependencia de derivados de los hidrocarburos para generar combustible en este país es una barbaridad, y debemos enderezar esa matriz energética y empezar a cambiar ese plan, y a garantizar generación con fuentes renovables, eso es uno de los elementos que el Gobierno tiene de primer orden, de prioridad número uno en materia de inversiones. Es por eso que -y no es casual- estamos tratando de atraer inversión de la comunidad internacional y estamos creando condiciones también para los inversionistas nacionales, para atraer este tipo de inversiones para la generación de la energía con fuentes renovables. Mientras nosotros sigamos teniendo esta excesiva dependencia de los derivados de los hidrocarburos, este será un problema latente.
Por otro lado también el Gobierno de Unidad se ha encargado de canalizar recursos para mejorar las redes de transmisión. Tal vez ustedes se recuerdan que hace al menos quince días este Parlamento aprobó un dictamen de un convenio de crédito donde le estábamos inyectando alrededor de 24 millones de dólares a la red de transmisión eléctrica. Ya que los otros países al menos del Istmo Centroamericano, han hecho enormes e importantes inversiones en materia de transmisión y nosotros en años pasados nos hemos quedado a la zaga y en un momento determinado vamos a tener la necesidad de captar energía generada fuera de nuestras fronteras nacionales, de países hermanos, y por tener un sistema de transmisión incompatible, vamos a tener problemas para poder traer esa energía de fuera de nuestras fronteras y utilizarla dentro de ellas.
Sin embargo nos queda el tercero y el cuarto elemento, que es el tema de la distribución y el consumo. Y aquí nosotros hemos hecho profundos debates en cómo ir resolviendo paulatinamente este tema. Es una realidad que las empresas distribuidoras de energía eléctrica de nuestro país, -y ayer el ministro de Energía y Minas lo ratificó- no han hecho las inversiones necesarias que garanticen la reducción de las pérdidas no técnicas en la distribución de energía.
No obstante hay un elemento importantísimo que tiene esta ley, que vamos a aprobar hoy en lo general, es un artículo donde se estatuye por ministerio de ley, la obligación, en un plazo determinado, a la distribuidora a realizar las inversiones necesarias para garantizar una reducción efectiva de las pérdidas no técnicas en la distribución de la energía.
Por otro lado, también es muy importante para nosotros garantizar de que el consumo sea racional, y que se pague por la energía que se consume. Sin embargo, y aquí debo dejar algo muy claro, esta ley en este momento y bajo estas circunstancias está enderezada a que paguen los que más han cometido fraude en el consumo de energía eléctrica, que son un segmento muy reducido de clientes, con una alta capacidad económica, con una alta capacidad de generar recursos, negocios, que sencillamente se pegan de manera ilegal, y al final del día, quiénes terminamos pagando los platos rotos por la energía que consumen cuatro, cinco, seis, ocho o diez sinvergüenzas que sí tienen plata, somos todos los nicaragüenses.
Tal vez ustedes se recuerdan honorables diputados, que en la discusión presupuestaria, hay un tema recurrente, y escucho al Presidente de la Comisión, a Francisco Javier Aguirre, he escuchado a Torres, a Wilfredo, asimismo a María Eugenia Sequeira, quejarse con sobrada razón, porque nosotros hemos tenido que generar “salvatajes” presupuestarios, por la vía del Presupuesto General de la República, para dar dinero para cerrar estas brechas. Un dinero que nosotros perfectamente bien podríamos utilizar para garantizar más salud, más educación, mas reparación de caminos y carreteras, más inversión social, mayor y más profundo combate a la pobreza, lo hemos tenido que distraer y enderezar para el subsidio a la energía. Y un segmento importante de subsidios es para cerrar esa brecha generada por estas personas naturales y jurídicas que roban energía y que después tenemos que pagarla todos los nicaragüenses con nuestros impuestos por la vía de Presupuesto General de la República. Es por eso, que en gran medida esta ley viene a garantizar la reducción de ese fenómeno presupuestario injusto y que viene a afectar de manera directa a los más pobres de este país.
Efectivamente nosotros también tenemos la responsabilidad de dar respuestas claras y certeras en este tema, y es por eso que los diputados de las diferentes bancadas, tenemos una serie de mociones para hacer efectiva la aplicación de esta iniciativa; esta no es una iniciativa para perseguir y castigar penalmente a los pobres, como en algunos medios de comunicación han querido manipular de manera perversa el contenido de esta ley. Lo que nosotros perseguimos con esta iniciativa es hacer pagar a los que realmente han cometido fraude contra los nicaragüenses más pobres de este país. Ese es el verdadero punto y por eso es que les tiemblan las piernas a los grandes emporios económicos, porque normalmente son los que de manera recurrente, roban energía en este país.
En lo particular vamos a realizar nuestros propios planteamientos al articulado de esta ley, vamos a elaborar nuestras propias mociones, pero en lo que no debe caberle el más mínimo resquicio de duda al pueblo nicaragüense, es que hay un Gobierno interesado, no en pegar parches a este tema energético, sino en buscar cómo darle soluciones sistémicas a un problema sistémico heredado por administraciones anteriores, que solamente se pusieron a pensar en privatizar, hacer los negocios del siglo, y agarrar la tajada de león. Y esto nos ha generado como consecuencia una Nicaragua inviable, una Nicaragua que desgraciadamente no es atractiva para canalizar inversiones nacionales y extranjeras, un país que no tiene una matriz energética que venga a hacer positivo el clima de inversiones y ese es el compromiso del Gobierno de Unidad y Reconciliación. Hacer una Nicaragua más justa, hacer una Nicaragua viable, hacer una Nicaragua de progreso y es por eso que la Bancada del Frente y la Unidad, y creo que todos los diputados de esta Asamblea Nacional, aprobaremos en lo general y con las mociones de enmienda, se aprobará a la brevedad y en lo particular este importante tema.
Muchas gracias y buenos días.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, diputado.
Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Gracias, señor Presidente.
Independientemente de la conciencia, creo que se ha venido granjeando nacionalmente de que se cometió un error en privatizar la distribución de energía y haber traído a Unión Fenosa a este país. Cosa que nosotros nos opusimos desde el comienzo.
Creo que eso ha venido ya en la mente de todas y todos los nicaragüenses, ganando espacio. Toda aquella “cantaleta” de que los que estaban a favor de la privatización de la distribución, de que iba a aumentar la cobertura, a mejorar el sistema y que iba abaratarse el servicio, hoy se han dado cuenta, que la cruda realidad es que eso fue totalmente falso. Ni se ha aumentado la cobertura en la velocidad que debía ni ha mejorado el sistema, tenemos una matriz energética como bien decía el Presidente de la Comisión Económica, dependiente en más de un 85% del petróleo. Y muchos menos se han abaratado el sistema. Si preguntamos aquí, a quien no se le ha triplicado, de hace siete años para acá su cuenta de luz eléctrica, teniendo la misma casa, los mismos aparatos y la misma gente, considero que faltarían manos para levantarse aquí, porque a todos se nos han triplicado los costos, producto del sistema, de ese sistema injusto que nos obligó y obligó a Nicaragua, con la oposición en esta Asamblea Nacional del Frente Sandinista, de privatizar la distribución de energía.
Hoy estamos ante un sistema caótico, con una matriz que hay que revertir, pero además con una crisis financiera violenta. A eso se agrava una pérdida que estiman algunos en el 27, otros en el 24% de la más alta, de las cuáles la tarifa reconoce el 11% como pérdida técnica y debería por ley el próximo año bajarse al nueve. Pero la verdad es que tenemos un 12% que consume arriba de quinientos kilowatt por mes. Pero ese 12% de los consumidores domiciliares, consumen el 75% de la energía; y es en ese sector donde hay más robo. Y son los que pueden pagar, por lo tanto esta ley tiene un enfoque no sólo de sancionar al que roba -lo cual es correcto- sino también tiene un enfoque social que es importante dejarlo claro, que el que tiene capacidad de pago y roba, debe ser sancionado. Porque si no, eso se revierte, entre los honestos que pagamos y la gente más pobre de este país. Porque reciben peor servicio del que ya están recibiendo. Tenemos que salir y darle vuelta a la matriz y hay buenas intenciones y buenos pronósticos, ahí está la inversión de la planta Ye-Ye, ahí está la inversión de Amayo en energía eólica, hay inversiones geotérmicas en Monte Galán, hay intenciones de invertir en Las Sirenas Los Calpules, ahí está el financiamiento, hay intenciones de los taiwaneses en hacer hidroeléctrica, hay empresarios interesados en hacer más geotermia y más hidroeléctrica.
Pero hay un común denominador, con este nivel de desastre financiero, los inversionistas no siente la garantía de país. Por eso es necesario que una ley como esta que salvaguardando el aspecto social de los más desprotegidos, venga a sancionar aquel que teniendo capacidad de pago, roba. Porque no le está robando a la distribuidora, le está robando a la nación y a los más pobres. Eso es un robo social. Y por tanto creo que eso hemos logrado entenderlo en esta Asamblea Nacional, se logró entender en la Comisión de Justicia, que con pequeñas excepciones firmamos el dictamen de esta ley.
Por eso, creo que el día de hoy, es correcta la señal que vamos a enviar a la nación nicaragüense, el aprobar esta ley en lo general, hacerle las observaciones que algunos queridos colegas han hecho, tanto con INE como con el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Infraestructura y Transporte, y aprobarla inmediatamente después de Semana Santa en lo particular.
Esta ley anudada o junta con el Código Penal y con leyes de Protocolo, donde también se le exige a la distribuidora su responsabilidad y sus sanciones, cuando el servicio es incorrecto al cliente, cuando hay facturas indebidas a tiempo, se le exige la inversión requerida para disminuir las pérdidas, y es por eso en nombre de la distribución y uso responsable del servicio público porque también la distribución debe ser responsable. Por tales razones, es que el día de hoy les pedimos a los honorables colegas que aprobemos por unanimidad esta ley.
Muchísimas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Wilfredo Navarro Moreira, tiene la palabra.
SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:
Gracias, Presidente.
El día de ayer por imponderables situaciones y falta de comunicación, pues no tuvimos la posibilidad de llegar a entendernos y llegar a acuerdos para la aprobación de esta ley.
El día de ayer después de la sesión hubo conversaciones entre las diferentes bancadas, y se quedó claro que en la Asamblea Nacional no hay un solo diputado que se oponga a la aprobación de una ley, que lo que está tratando de hacer es penar el robo de energía eléctrica. Comparto los criterios de los colegas que me antecedieron que ese robo de energía es un robo social, porque somos los que pagamos la energía, los que tenemos que pagar ese robo.
No discutimos la necesidad de esa ley, pero lo que sí tenemos que discutir y verlo con mucho cuidado es el contenido de la misma, porque en lo general es buena, pero lo que vamos a plasmar en los artículos, es lo que debemos dejar claramente establecido, que esta ley no sea de una sola vía, porque a como está planteada ahora, es una ley sólo para proteger, beneficiar y privilegiar los derechos de Unión Fenosa, pero no se dice nada de los derechos que tenemos los usuarios. Ni se establecen obligaciones claras a favor del usuario. Es por eso que nosotros establecemos claramente, que no sólo se dejen los derechos de los usuarios en los reglamentos y en las normativas de INE, sino que si le estamos dando categoría de ley a los derechos de Unión Fenosa, también equilibremos los derechos de los usuarios.
Pero hay algo aquí que se ha dejado fuera, y es la actitud y la actuación de Unión Fenosa. Aquí todo mundo dice que hay que proteger el robo, porque se le roba al pueblo porque ese dinero se pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa?, no miran las bandidencias de Unión Fenosa que nos pasó cobrando tres años a los usuarios, el rubro denominado el 1% de impuesto municipal que no tenía por qué cobrarlo y se lo “embuchacó” por tres años y, ¿qué autoridad dijo que se le devolviera a la gente ese dinero que se le estaba robando a los usuarios? Nadie. Nadie.
Aquí tenemos también que Unión Fenosa le cobra a la gente el alumbrado público que no presta; los diputados tenemos miles de quejas de gente que dicen que esta empresa no cumple con la obligación de dar el alumbrado, pero sí lo cobra y, ¿quién obliga a Unión Fenosa que le devuelva esa plata que ya viene a escalfada en el recibo? El cobro del Impuesto al Valor Agregado a clientes con tarifa domiciliar que consumen de trescientos kilowatt al mes, Unión Fenosa, si te descuidás te aprieta. Y la gente no revisa sus recibos, el consumidor está tan apurado y dice, ¡ah! son cincuenta pesos más, son cuarenta pesos más, pero, ¿cuántos clientes tiene Unión Fenosa?, ¿cuánta plata se le roba a los usuarios al mes?, ¿y quién protege a los usuarios de esas zanganadas? Pero Unión Fenosa se llena la boca diciendo: los que me roban energía. Si también ella le roba a los usuarios y nadie lo señala.
Hay otras cosas que hay que mencionarlas, por ejemplo, la falta de Unión Fenosa al compromiso de invertir en la mejoría del servicio y en las redes de distribución. Me decía los especialistas, que gran parte de la pérdida de energía se da en las redes de transmisión por el mal estado de las mismas que es obligación de Unión Fenosa mantenerlas al cien, como igualmente es parte de su responsabilidad el mejorar ese tipo de transmisiones y esa energía que se pierde por la irresponsabilidad, la incapacidad y la mala fe de Unión Fenosa es cargada a los usuarios del servicio, y quién le dice a Unión Fenosa que tiene que hacer un plan de inversiones para mejorar eso, y para que no sigamos cargando con la cruz de pagar una energía que no consumimos. Unión Fenosa se abanica con las disposiciones técnicas, tengo como 40 resoluciones técnicas de INE y más de cien reclamos de gente en contra de esta empresa y ésta no paga ni un centavo, porque lo chiche que hace es ampararse y deja guindada a la gente. Aquí hay casos dramáticos, que ha costado vidas a los nicaragüenses por las irresponsabilidades de Unión Fenosa.
Tengo un recorte de periódico de lo que aconteció en Jinotega, a ver los diputados de Jinotega si se acuerdan, 35 nicaragüenses cortadores de café víctimas de la irresponsabilidad de Unión Fenosa. A ver Carlos Noguera usted se acuerda de eso, tres muertos y 35 heridos, gente humilde que iban en la carretera y los cables estaban casi pegando en el suelo, pegó el cable en el camión, al carajo 35 nicaragüenses y Unión Fenosa muy bien gracias, porque de la resolución de INE se amparó y las familias hasta hoy están esperando las indemnizaciones que tenían que darles. Eso no lo podemos olvidar hermanos diputados, al momento de aprobar una ley que le va a dar un gran garrote a Unión Fenosa para joder a los nicaragüenses, no podemos, tenemos que ser cuidadosos al estar garantizándole todo a esta transnacional que se burla de nuestras autoridades administrativas.
Quisiera observar en esa ley, porque lo leí en los periódicos, lo vi en la televisión, a miembros de la Comisión que dictaminaron esta ley que decían, que habían establecido hasta 500 kilowatt las sanciones administrativas, y de 1000 para arriba las sanciones penales, y que eso estaba en la ley, está en el enunciado de la ley, pero en el articulado no aparece por ningún lado, eso tiene que enmendarse, porque fue un ofrecimiento a los diputados de la Comisión y que debe ser reflejado en la ley, porque ahora se nos viene a decir que no se acuerdan de eso, pero yo tengo los recortes de periódicos donde aparecen diciéndolo y en el introito del dictamen se habla específicamente de esto, hasta 500 kilowatt sanción administrativa, de 1000 para arriba inician las sanciones penales.
Todas esas cosas han provocado en muchos de los diputados que estamos aquí, una actitud reflexiva y beligerante para que se apruebe una ley que no sea de una sola vía que beneficie a Unión Fenosa, sino que sea de doble vía para que se establezcan también obligaciones a favor del usuario. Me puse de acuerdo hoy y ayer con Edwin, con Wálmaro, que discutíamos sobre esta ley y ellos me decían, que es correcto, compartimos la necesidad de la ley, pero qué clase de ley, y ahí es donde vamos. Quisiera que en esa ley que dice, que se tiene que repetir lo pagado, si alguien le roba a Unión Fenosa energía, lo correcto es que ese dinero robado le sea devuelto a Unión Fenosa y si es un consumidor de más de 1000 kilowatt pues hay que meterlo preso, nadie se opone a eso, pero lo que queremos es que cuando Unión Fenosa me mete la mano en la bolsa cobrándome más energía de la que yo no he consumido, que también en la ley se diga, que no quede sólo en una normativa, que yo puedo echar preso a los de Unión Fenosa porque igual me están robando mi dinero, eso tiene que quedar en la ley. Por qué sólo vamos a privilegiar a Unión Fenosa y cuando esta empresa nos roba, que permanentemente nos está robando todos los meses, ¿no le vamos a poner en la ley que tienen que devolver ese dinero que nos robó? Cuando de repente se dan los famosos apagones, a muchos de ustedes les ha pasado, se va la luz, y cuando regresa vienen 440 en lugar de los 110 voltios y se te destruye tu televisión, tu refrigeradora, y vos vas a INE, le haces la demanda y Unión Fenosa, dice que el INE es el que te tiene que pagar y Unión Fenosa se te ampara, y hasta ahí llegó tu reclamo, te quedaste, andá comprá tu refrigeradora o tu plancha o tu cocina, o tu radito, andá compralo de nuevo porque la poderosa Unión Fenosa por sus pistolas no le paga los daños que le ha hecho al usuario, pues hay que incluir en la ley aquí, que presta mérito ejecutivo la resolución de INE para que inmediatamente se le pague al usuario lo que le destruyó el incremento en la energía, cuántas quejas no tenemos los diputados, -ya voy Presidente- pero es importante que quede constancia de esto, cuántas quejas no tienen los diputados, por ejemplo, de que en los lugares de gente humilde, vamos a las comarcas de Managua, llega la gente, se junta, hacen sus agrupaciones, y van a Unión Fenosa y le dicen, miren necesitamos el servicio de luz para esta comunidad y entonces esta empresa Unión Fenosa dice, no tenemos capacidad para darles ese servicio, ¡ah!, pero en la puerta te están esperando y te dicen, pero si usted pone el chimbo ese, el transformador, las cuchillas, pone el alambre, entonces sí le ponemos el servicio, pero, una vez que se lo pongamos el transformador, ese chimbo, todo lo que ustedes pusieron, transformador, etc., se lo tienen que pasar a Unión Fenosa. Por qué carajo, si es obligación de Unión Fenosa de acuerdo al contrato, llevar un servicio adecuado y útil a los lugares, ¿por qué no lo hace? En la bancada la vez pasada estábamos discutiendo este tema y el diputado Freddy de Matagalpa, se quejaba de una situación, de que es un negocio ya de Unión Fenosa, estarles diciendo a los productores, les ponemos el servicio de energía pero si ustedes ponen todos los equipos. Si eso es obligación de dicha empresa hagámoslo que aparezca en la ley para que no sigan fregando a la gente. Y los daños que hay cuando se va la luz, que a las pobres mujeres del mercado o a las mujeres de las pulperías se les pierden sus pollos, carnes, leches o a veces nos las venden así. Quién le paga al usuario de un mal servicio las consecuencias de ese mal servicio, esas son las cosas que tenemos que reflejar en esta ley, para que no sea una ley desigual. Y paro por ahora hasta aquí, porque ya el Presidente me está tocando el escritorio, pero era importante que esto quedara claro, que nuestra oposición no es “per se”, no es porque seamos contrarios a la empresa privada, que estábamos parando la aprobación de esta ley, sino que se incorporaran una serie de cosas que son reivindicaciones sociales, que los diputados tenemos obligación de impulsar, porque para eso nos pagan, no para defender a Unión Fenosa, no para que esta empresa revise el Dictamen que se va a aprobar, sino para defender los derechos de esa gente a las cuales se les niega muchos privilegios del servicio de energía por la sinvergüenzada de Unión Fenosa.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, diputado.
Cerramos con el diputado Mario Valle Dávila, que es el octavo orador después de estos cinco que han hablado, vamos a pedirles a todos ustedes, brevedad y concreción.
Diputado Brooklyn Rivera Bryan, tiene la palabra.
DIPUTADO BROOKLYN RIVERA BRYAN:
Gracias, señor Presidente.
El día de ayer cuando se introdujo esta propuesta de ley y cuando se iniciaba la discusión en lo general, se presentó la situación que tuvimos que parar el proceso de discusión, debido a la falta de quórum, realmente quedamos un poco inquietos por esa situación, porque no sabíamos cuando se regresaba al plenario esta iniciativa, pero afortunadamente no se tardó mucho, porque ya en 24 horas estamos de nuevo analizando esta importante propuesta de ley, en ese sentido tenemos que reconocer a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, por su constante esfuerzo para facilitar que el proceso de la aprobación de esta ley continúe marchando sin mayores atrasos. Esta es una propuesta de ley que viene con el consenso de todos los sectores involucrados de la industria eléctrica en el país, y también se ha logrado importantes ajustes en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. De manera que en esta propuesta se procura atender el problema crónico de la energía, que es un problema estructural de fondo y que estamos conscientes todos, que con esta propuesta lo que apenas estamos haciendo es atender parte del problema, buscando soluciones en dos vías concretas que se plantean, por la vía del uso responsable, pero también acompañado por la vía de una distribución responsable.
De tal forma, manera que acogemos muy bien la modificación que se hizo, no sólo en el título, sino en el contenido de la propuesta en el sentido de incluir la responsabilidad de una distribución eficiente, de una distribución muy bien planificada, de parte de los organismos, distribuidoras que están participando, en este caso más específico Unión Fenosa. También estamos inquietos alrededor de las supuestas afectaciones que pueden darse a la mayoría de los nicaragüenses, que son los pobres de este país, pero analizando la ley o la propuesta de ley, vemos que esta iniciativa prácticamente va dirigido a los grandes consumidores, que consumen hasta 80% de energía, y que los pobres aunque son mayoría apenas consumen el 20%, según indica el Dictamen de esta propuesta. De manera que creemos que los pobres, los sectores populares, los desempleados, no están afectados, o sea, no los incluyen dentro de las categorías de las afectaciones que son los que consumen más de 500 kilowatt hora, en ese sentido podemos estar respirando, porque no habrá grandes preocupaciones.
Es importante que en la propuesta también se incluya la responsabilidad de las distribuidoras, para que haga realmente un trabajo eficiente de una distribución responsable, sobre todo cuando hemos visto que en gran parte las pérdidas de energía se da porque no hay inversión en el tendido eléctrico, en los equipos obsoletos en todo el sistema, tan ineficiente que provocan altos costos de generación de energía. De manera que eso es importante, porque esto conlleva a asegurar que se reduzca sustancialmente las pérdidas de energía. Creemos que en ese sentido es importante que también vayamos pensando un poco más allá, no sólo de las ciudades principales de este país, sino que otras ciudades un poco alejadas, donde Unión Fenosa no cubre, pero hay otras empresas que están ahí haciendo algo más ineficiente, tal vez afectando más a la población, por ejemplo, el caso de la Región Autónoma del Atlántico Norte, donde está la empresa Puerto Cabezas Power, esta empresa funciona tan deficientemente, porque no sólo cobran altos costos a los usuarios por el consumo de energía, sino que también contamina el ambiente, contamina la ciudad, de manera que esto debe ser tomado en cuenta.
Señor Presidente, también creemos que el Estado tiene responsabilidad en la producción, en la distribución y en el servicio de energía para la población, sobre todo para los más pobres. El Estado tiene que retomar iniciativas que le permitan realmente asumir esta responsabilidad para dar servicio eficiente a la población. De manera que no sólo dejemos a las empresas que hagan y deshagan y que exploten la energía, y exploten a los sectores populares, sino que como Estado debemos asumir responsabilidad en esto.
Finalmente, debemos mencionar que hay que ir impulsando una alternativa real de solución a este problema crónico de energía en el país, sabemos que la matriz de generación de energía resulta a estas alturas muy costosa para el país, y que cada día el precio del petróleo va subiendo y que nuestro país tan pobre no puede realmente ir dependiendo cada vez más del consumo de los hidrocarburos, debemos buscar fuentes naturales de producción de energía y creemos que Nicaragua tiene abundantes medios naturales, elementos naturales que puedan servir para producir energía. De manera, que tenemos que ir apuntando en esa dirección. Por un lado, de producir energía más limpia, más barata, más al alcance de todos los nicaragüenses. Por otro lado, tenemos que ir retomando la responsabilidad del Estado en la producción, en la distribución, en el servicio que le debe brindar a todos los nicaragüenses, sin excepción.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, diputado.
Diputado Andrés Zúñiga, suplente de Enrique Sáenz Navarrete, tiene la palabra.
DIPUTADO ANDRÉS ZÚÑIGA MERCADO:
Gracias, señor Presidente.
Desde que esta iniciativa de ley fue presentada ha creado una gran conmoción, porque desde su comienzo era como una guillotina generalmente hacia las clases menos favorecidas, y no solamente los partidos políticos se preocuparon, sino que también toda la red de consumidores a nivel de todo el país, enviaron sus mociones para ver si era posible lograr cambios. Definitivamente en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, el proyecto de ley tuvo un enorme cambio, pero creemos que como Bancada del MRS todavía hay puntos fundamentales que cambiar.
Considero que hay suficientes razones por la cual estamos en este problema, coincido con el diputado Castro, primero, que no se debió haber privatizado un bien del Estado, estos recursos son mucho mejor manejados en estas ocasiones por el Estado, aunque creo que con el enorme desorden en que vivimos lo mismo hubiera sido que estuviera en manos del sector privado o bien del Estado. Hay que recordar que Nicaragua es el país de más extensión del área centroamericana, el que tiene más recursos sin embargo, somos los que estamos más atrasados, Costa Rica que es el que tiene menos recursos desde hace tiempo, lograron solucionar este problema del consumo del petróleo, y por qué no lo logramos nosotros, no que actualmente estamos pasando como bien se dice en buen nicaragüense, el Niágara en taburete.
También lo que escucho, es que la inversión nos va a traer desarrollo, creo que en ésto estamos bien equivocados, el hecho de que vengan tres, cuatro inversionistas a construirnos tres, cuatro rascacielos, no nos va a traer desarrollo, porque la base del desarrollo está en el proceso educativo, cultural, que deben de tener las sociedades. Si Costa Rica lo ha logrado aunque no nos guste, es precisamente porque se han preocupado desde un comienzo para establecer una base educativa. Con todos los anillos de miseria que nosotros tengamos, no importa cuántos inversionistas vengan a este país, porque estaremos viviendo siempre en las mismas condiciones, en donde solamente los más preparados o los más adinerados son los que siempre van a tener los mejores dividendos y los mejores resultados.
Estimo que, nosotros no estamos protegiendo el robo, porque a título personal para mí, robo es robo, no importa quien lo haga, pero lo que tenemos que ver es qué hemos hecho como Estado y sociedad, para que este robo no se produzca en las clases menos favorecidas. Creo que son culpables tanto el Estado como la sociedad, que hemos empujado a esta gente a buscar protección y la protección se estudia en sociología es el robo buscar el truco para ver cómo pueden sobrevivir y subsistir en un país que carece de orden, de sistema, de leyes, creemos que nosotros estamos llenos de buenas intenciones y de muchas leyes, ¿pero realmente se impulsan estas leyes para hacer cambios estructurales en la sociedad?, creo que es irrisorio, hemos pasado leyes del Medio Ambiente, y ¿en qué hemos quedado?, que sencillamente no protegemos nada del medio ambiente, se pasó la Ley del Ruido, seguimos con los mismos ruidos y con los mismos ruidos estruendosos de cantinas, bares, en los vecindarios y en los mejores repartos, aquí no se cumplen las leyes.
En cuanto a lo de Unión Fenosa, todos somos coincidentes con las arbitrariedades que ésta Unión Fenosa hace. Recientemente tuve que usar los servicios de esta empresa en la construcción de mi casa, me pidieron seis mil córdobas como depósito por un medidor, con la salvedad de que me serían reintegrados después que terminara ese servicio provisorio. Actualmente no me lo han entregado y hablando con otros usuarios ellos han perdido totalmente esa cantidad de dinero, incluso otros perdieron mayores cantidades, porque les cobraron en dólares. Considero que como legisladores, como supervisores tal vez del proceso de ley, nosotros debemos ser más cuidadosos, entrever cómo hacemos cumplir no tanto a los nacionales, sino a los extranjeros para que no vengan aquí a atropellarnos. Decía el diputado Aguirre, que la ley no era perfecta, creo que nosotros no podemos darnos ese lujo de someternos a leyes imperfectas, porque después de todo eso nos viene a dar resultados negativos, o sea, “nos sale el tiro por la culata”, creo que debemos hacer una revisión más exhaustiva para que esta ley redunde lo mejor posible, los mejor posible en nuestra sociedad.
El día de ayer, el diputado Barquero, y el diputado Torres, tuvieron una polémica, y es algo que a mi me sorprende, siempre estamos hablando de corrupción, de los corruptos y yo no sé, creo que estos señores son espíritu santo, porque nunca los vemos, no veo que ocupen lugares en las cárceles, sencillamente solamente nos vivimos en dimes y diretes, pero pienso que la ley debe ser aplicada ya de una manera efectiva, clara y precisa, no importa qué miembro de la sociedad sea, pero que un día en este país aprendamos a respetar la ley, sin importar qué clase social sea, qué religión practique, etc., considero que esa es la única manera de obtener un verdadero desarrollo. Pero el desarrollo tampoco se va obtener, sólo porque ya vinieron dos o tres inversionistas y le abrimos los brazos, aun cuando no le ofrecemos ni seguridad en las leyes, ni seguridad en el sistema judicial. Nosotros como Bancada MRS, vamos a abstenernos en la votación, hasta que introduzcamos las mociones pertinentes al caso.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Insistimos en la brevedad.
Diputado Indalecio Rodríguez, tiene la palabra.
DIPUTADO INDALECIO RODRÍGUEZ ALANIZ:
Gracias, ciudadano Presidente de esta Asamblea.
Me alegra que ya al final se recuerde la brevedad, cuando antes han pasado aquí diputados de otras bancadas, que han hablado más allá de lo permitido en cualquier presentación.
Sin embargo, precisamente por la intervención de uno de ellos que hace alusión a la parálisis en que se estuvo en gobiernos anteriores, a esa parálisis y a esa privatización que hicieron gobiernos pasados, es que se debe todo el mal que se está ocasionando en el presente. Quiero únicamente decir tres cosas. Una, que el ilustre diputado don Wálmaro Gutiérrez, debe recordar con precisión que el daño aquí comenzó precisamente en los 11 años del gobierno de 1979 a 1990, no se construyó una sola instalación, ni se le dio mantenimiento a ninguna de las represas existentes, ni a las instalaciones que estaban en ese tiempo que daban la cobertura nacional al tendido eléctrico de la época. Tampoco puede hablar de privatización cuando el despojo que se hizo fue a parar a manos privadas, y hasta el momento no sabemos quiénes son los dueños de todas esas confiscaciones onerosas, salvajes, que se hicieron y que fueron a parar ya sabemos a manos de quien. No sabemos qué pasó con esa privatización que no rindió absolutamente nada para el pueblo nicaragüense.
Me preocupa más todavía cuando aquí volvemos a tocar el problema de la crisis energética sin hablar de soluciones valederas y permanentes, sin hablar de soluciones como sería la alternativa de explotar las otras fuentes de generación eléctrica como son, la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica y no seguir dependiendo de los combustibles fósiles que no tenemos, no veo ningún proyecto, el costo precisamente de que tanto se hable y nos alarma de los 110 dólares por barril, eso es por no tener las fuentes, no explotar las fuentes hidroeléctricas o la geotermia o la eólica, que son las que cubren el 85% del tendido eléctrico e industrial que hay en Costa Rica por ejemplo, un 10% de térmica y 5% como todo mundo lo sabe de Biomasa. Así que, eso es lo que va a solucionar el problema del costo, salir de las fuentes de utilizar el combustible fósil y pasar a la fuente que nosotros tenemos aquí en Nicaragua, esa es la verdadera razón, más que centrarnos en la discusión sobre los distribuidores, centrémonos en la discusión de la producción, ya.
Y finalmente, quiero decir, que no tendremos ni crecimiento económico, ni desarrollo social, ni vamos a combatir la pobreza de la que tanto hablamos, mientras estemos quitando, suprimiendo, con medidas coercitivas, la posibilidad de una inversión segura, y permanente. Hoy en día es curioso, que con los famosos CPC, se esté poniendo obstáculo, aun para extender un simple certificado de vecindad municipal, están exigiendo en la Alcaldía de Juigalpa, llevar firmada o tener la firma de un CPC, esas cosas que las estamos viviendo, que se vivió en el pasado y que pensé que nunca más se iban a volver a vivir, están dándose en este momento. Entonces, estas medidas coercitivas por el uso fraudulento de la electricidad, ¿quién las va a calificar?, ¿las van a calificar los CPC?, ¿las va a tomar como método o amenaza para represalias de tipo partidario?, esas son otras cosas que tienen que quedar salvadas dentro de esta ley.
Sabemos y compartimos que también sufrimos daños en nuestros utensilios y en nuestras instalaciones de los equipos de uso doméstico, cuando se dan estas alteraciones en el fluido eléctrico, pero igualmente sabemos que no existe ninguna retribución, ni una compensación por esos daños sufridos.
Quiero además decir que debemos buscar cómo olvidar ya el pasado, y dejar de estar hablando, echándole el muerto a los gobiernos recientes, cuando ya tenemos año y medio de gobierno, todo lo que está pasando actualmente es culpa de este gobierno y no de los gobiernos pasados, si aquellos no hicieron ningún intento por dar las facilidades para la inversión en la generación eléctrica, entonces, hagámoslo ahora, hagámoslo ahora y dejemos de estar buscando pretexto, no lo vamos a solucionar con energía térmica, ni con las chatarras que están trayendo como plantas generadoras con combustible térmico. Vamos nosotros a poder solucionar este problema en la medida en que desde ya terminemos con aquellas leyes que habían aquí, que sólo se permitían cinco megawatt. Señores quién va invertir con cinco megawatt?, dicen que ahora ya la ampliaron a treinta o a sesenta y tampoco es suficiente, nosotros necesitamos dar más libertad para que aquel que quiera invertir si tiene la capacidad de producir mil megawatt, que se produzcan, que para el crecimiento industrial y para abastecer a los países vecinos hacen falta y nosotros tenemos los medios, sólo basta utilizarlos.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, diputado Rodríguez.
Diputado Freddy Torres Monte, tiene la palabra.
DIPUTADO FREDDY TORRES MONTES:
Muchas gracias, Presidente.
Hoy con esta Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica, he aprendido algo. De manera sorprendente he escuchado aquí, que los ladrones se clasifican en pequeños, medianos y grandes ladrones, y creo que el robo sea pequeño, mediano o grande, es robo, creo que los mensajes que a veces mandamos a la ciudadanía, desde los gobiernos, desde los Poderes del Estado y en este caso de la Asamblea Nacional, son mensajes que no contribuyen a moralizar a nuestro pueblo y a la ciudadanía. Pretender aquí salvaguardar el pequeño o el mediano robo y decir que sólo se castiga a los grandes ladrones de energía, no me parece extraordinario, me parece una barbaridad, porque pudiéramos decir, que el que se robe cinco libras de frijoles en Enabas, si hay dos mil empleados robándose cinco libras de frijoles diario, se van a robar a Enabas. Lo mismo sucede con la energía y con cualquier tema donde la economía está presente.
Considero, que mal haríamos al aprobar una ley donde se dice, que clasificamos a los ladrones en tres categorías: pequeños, medianos y grandes ladrones. Creo que nuestra obligación es encontrar el equilibrio de la ley, encontrar cómo penalizar a cualquiera que robe energía, a pequeños, medianos y grandes ladrones, incluso, a mega-ladrones que hay en este país, pienso que ese es el papel que debemos jugar los diputados aquí, pero es un pésimo mensaje a la ciudadanía estarle diciendo a alguien, como vos sos pequeño ladrón vos sos el buen ladrón como en los tiempos bíblicos, pero el que roba ya de mil para arriba ese es el mal ladrón.
Este tipo de mensaje no ha contribuido a moralizar a nuestro pueblo y a nuestros ciudadanos, los mensajes deben ser más claros desde esta Asamblea, porque yo coincido con el diputado Navarro cuando dice, que hay penalización para el que roba energía, pero cuando es la empresa la que le roba al usuario o esconde la normativa o la falsea, o cuando no atiende su demanda de servicio, pues sencillamente es una medida administrativa la que se le aplica. Creo que hay que encontrar balance, y si hay penalización para el que está robando energía, creo que en la misma, al mismo nivel debe de estar penalizada la empresa que de alguna manera actúa en contra del usuario, ese es el verdadero equilibrio, porque a veces se cree que en los pequeños ladrones de energía es muy poco lo que se pierde, pero alguien me decía de los que conocen este tema, que ahora en todos esos asentamientos nadie cocina con gas y leña, cocinan con hornillas eléctricas, y eso gasta mucha energía, incluso, he visto talleres de soldadura en esos asentamientos donde hacen verjas, hacen toda clase de trabajo donde se utiliza mucha energía y están ubicados en esos asentamientos.
Estimo que Nicaragua debe de avanzar y tenemos que avanzar penalizando a cualquiera que roba, no sólo energía, al que robe cualquier bien, cualquier servicio, porque me parece que a veces aquí ha habido mensajes totalmente equivocados. Recuerdo cuando la Presidenta de Enacal doña Ruth Selma Herrera, llamaba a los usuarios a no pagar el servicio de agua potable y ahora es una de las grandes defensoras del cobro del agua y del servicio del agua en Enacal, y además de subirle la tarifa de manera indiscriminada a los que usan el servicio de agua. Entonces, todos estos mensajes a veces de las altas autoridades de este país, realmente están totalmente divorciados de la moralidad, están divorciados de los valores que deberíamos desarrollar. Nosotros principalmente los diputados, el Presidente de la República, los que estamos en los puestos relevantes de la cosa pública, debemos enviar mensajes claros a la población, aquí no podemos estar diciendo que es sano si robas poquito, o que queda fuera de la penalización robar poquito, eso me parece absurdo totalmente, realmente en un país donde pretendemos construir el futuro, no podemos estar mandando mensajes donde si sos un pequeño forajido sobrevivís, pero que si sos grande estás mal visto, el buen ladrón y el mal ladrón, como en los tiempos bíblicos.
Señor Presidente, creo que esta ley nos va a permitir a través de mociones, encontrar el equilibrio que debe tener una ley de esta naturaleza, una ley que penalice lo que haya que penalizar, pero también que obligue a las empresas prestadoras de servicio, en este caso Unión Fenosa, a que no nos siga dando espejitos por oro en el país, como en aquellos tiempos; a que recibamos los usuarios y paguemos lo que tenemos que pagar, pero penalicemos al que roba, eso tiene que ser así, de otra manera estaríamos apostando no a un estado de derecho, no estaríamos trabajando por el futuro de Nicaragua, el futuro de nuestro país debe basarse en reconstruir la moralidad de nuestros ciudadanos, en hacer leyes y hacer llamados exhortando a la población a cumplir con los compromisos, a llevar ese mensaje a nuestros ciudadanos de que los servicios tienen un costo y que los servicios se pagan, sólo así, veo a Nicaragua marchando hacia el futuro, de otra manera quedaríamos estancados en un estado marrullero, que esconde el desarrollo y el futuro a través de leyes que pretenden entre comillas beneficiar a algunos, pero jamás creería que aquí podría clasificar a los ladrones en pequeños, medianos y grandes, el ladrón es ladrón, así se robe un alfiler o abra la caja fuerte de un banco.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputada Mónica Baltodano, tiene la palabra.
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Gracias, señor Presidente.
Sobre esta ley quisiera primero llamar la atención y recordar, como llegó a este plenario, a este Parlamento, cuando se introdujo como una iniciativa de la Presidencia con trámite de urgencia, esta ley a como venía propuesto por el presidente Ortega, no solamente mandaba a la cárcel a quienes fueran encontrados robando energía, sino que incluía prácticamente hasta la expropiación de bienes. Nosotros dijimos y luego comprobamos, que era verdad, que realmente esta ley había sido elaborada en los escritorios de Unión Fenosa y simplemente había pasado por un trámite de firma del Presidente, los mismos funcionarios de Unión Fenosa tuvieron que reconocer y yo tengo documentos de ellos, de que era demasiado dura, fíjense los mismos funcionarios reconocieron que era demasiado dura, y el Presidente la había mandado con toda esa dureza en el mes de noviembre, casi a la misma vez que él se encontraba en Chile, con el famoso ¿”por qué no te callas”? y despotricando contra la transnacional. Hago este pequeño recordatorio para recordar el origen de este proyecto de ley.
El Dictamen creo que la mejoró muchísimo, y entiendo todos los factores y todos los argumentos que nos ha presentado aquí el Presidente de la Comisión de Justicia, pero, no es una ley que realmente necesite Nicaragua, esta es una ley que forma parte de nuevo, de las condicionalidades de los organismos financieros internacionales, que no encuentra un gobierno que realmente resista a esas exigencias, sino que de nuevo pese al discurso, sumisamente se pliega a las mismas y lo puedo demostrar. He leído importantes informes del propio Banco Mundial, pero también de otros organismos que demuestran que a nivel mundial hay una estrecha relación entre la privatización de los servicios públicos y los incrementos de tarifas. El gran argumento era que la privatización al aumentar la eficiencia con la que los privados suelen manejar los negocios, iba a revertir en disminución de las tarifas, pero en todo el mundo no existe un solo país en el que la privatización haya significado la disminución de las tarifas, ¡ah!, si se ha aumentado la eficiencia, pero la eficiencia se revierte en incremento de las ganancias de los dueños de las transnacionales, no se revierte en función ni mejora de los servicios a los usuarios ni en ampliación a sectores desprotegidos tanto rurales como urbanos ni por supuesto en mejora de las tarifas, pero también está demostrado que las privatizaciones han incrementado los robos de una manera asombrosa, ¿por qué?, por una sencilla razón, cuando la tarifa es de manera demostrable injusta, la gente y otros negociantes también, comercios, empresarios, que utilizan mucha energía en sus procesos, tratan de protegerse y dicen, o pago los recibos de energía o mi negocio quiebra y entonces empiezan las trampas. Por eso, es que hay una relación entre privatizaciones, incremento de las tarifas e incremento brutal de la robadera. Entonces, quiere decir que hay un problema de carácter estructural, como cuando decimos, que hay una relación entre pobreza y delincuencia, es cierto, hay una relación, entre más pobreza más tiende la gente a buscar cómo resolver por la vía de los delitos. Por tanto, deberíamos de preocuparnos como Parlamento, de ir a las raíces de este problema.
Estaba leyendo aquí un reporte de la India, que le aplicaron la misma medida, incrementos en medidas técnicas que dicen que además encarecen brutalmente la venta de energía o medidas coercitivas, dicen que en la India incrementaron en dos mil los inspectores, dos mil nuevos inspectores como los que están aquí planteados en esta ley, que van a andar pegados ahí a Unión Fenosa por parte de INE, dicen que agilizaron los trámites para la regulación de los servicios, y hasta el año pasado habían capturado a dos mil consumidores en las cárceles productos de los robos de energía, y eso no redujo las pérdidas en esta empresa pública, que luego fue privatizada en la India, no las redujo, porque no son las medidas coercitivas, facistoides, como las que estaban planteadas en esta ley y algunas de las cuales se mantienen, las que van a resolver el problema.
Y finalmente señalo un tema que nadie ha abordado, es cierto, Unión Fenosa es una empresa de distribución, pero ¿qué pasa con la generación? Es cierto que se logró que algunas empresas generadoras como la hidroeléctrica de Pantasma no se privatizara, pero también se ha abierto enormemente el mercado para generación privada y nadie realmente controla que estas empresas no encarezcan de manera brutal también su venta de energía a la distribuidora. Tuve una entrevista con Unión Fenosa, y nos decían, que realmente ellos ahorita están al día, el Gobierno les ha pagado todo, las generadoras estatales son las que han cargado completamente con el costo de lo que se llaman las pérdidas, que ellos eufemísticamente le llaman pérdidas técnicas, pero, ¿quiénes son los dueños de las generadoras?, ¿quién inspecciona realmente estas generadoras?, el gran drama, es que hay una presencia altísima de funcionarios del Estado operando al lado de los negocios de generación, entonces muy difícil para el Estado guardar distancia, entre lo que son sus funciones de estado como gobierno y los negocios, porque familiares de los funcionarios de más alto nivel, incluido el Presidente, están metidos en estos negocios de generación, y tratan de ganar el máximo, y trasladan eso a la distribución. Entonces no es solamente el problema de Unión Fenosa, es el problema también de cómo están operando y ganando los generadores que insisto, algunos de ellos tienen vínculo de relación y parentesco con altos funcionarios del Gobierno. O sea, hablémoslo claro, ahora que va a comenzar la Semana Santa, por el lado de la generación, de la distribución, del agua, de la luz, de los teléfonos, de la telefonía celular, todo se vuelve un calvario para la gente y en particular para la gente pobre.
El año pasado fui a Unión Fenosa, a gestionar para un asentamiento de 80 familias, pegado al barrio San Judas, la mayoría de las viviendas, de las viviendas si se puede llamar así, tienen como responsable a mujeres, mujeres solas, que se dedican a planchar o que venden helados en su casa, entonces, me reuní prácticamente con las 80 cabezas de familia y ellas decían, “nosotros queremos que nos pongan nuestros medidores, nosotros no queremos estar pegados, hemos tenido niños que han muerto por esos cables cruzados que van encima de nuestros asentamientos”. Fui a Unión Fenosa, ¿cuál es la condición que ponía esta empresa?, que se pusieran al día y debían como doscientos mil córdobas, según Unión Fenosa, fue imposible resolverle a la gente de los asentamientos. Esta ley no le preocupa a los asentamientos, la gente que vive ahí quiere pagar, el problema es que Unión Fenosa no les quiere realmente establecer un servicio a ellos, porque para ellos, para Unión Fenosa la gente que consume menos de 150 kilowatt no es negocio, ellos tienen sus negocios por otro lado. Entonces no es que la gente de los asentamientos quiera estar colgado, sufriendo con unas malas conexiones, es que a la empresa le importa un comino mejorar los servicios, ya no digamos ampliarlos hacia los sectores más vulnerables y pobres de este país.
En síntesis, realmente esta ley no se necesita, porque para eso ya están las medidas coercitivas en el Código Penal, esta es una ley que obedece a los intereses de las transnacionales y de las privatizaciones, en resumen no va a resolver nada, ya está demostrado en México, en Argentina, en Colombia, en la India, que no bajó el problema de la robadera, porque la misma tiene un origen estructural, que es al que deberíamos apuntar, y mientras se mantenga el esquema de que los servicios son fuente de enriquecimiento, de capitales privados, transnacionales y nacionales no hay manera de que la energía se venda a un precio justo. Por eso como Bancada de la Alianza y como Movimiento por el Rescate del Sandinismo, a quien estoy representando aquí en este hemiciclo, no vamos a votar a favor de esta ley que es injusta, no resuelve, no va al fondo de los problemas que atraviesan la mayoría de los nicaragüenses y es una ley hecha para las transnacionales, mandada por un presidente que se dice de los pobres, pero que está actuando todos los días en defensa de grandes intereses y de grandes capitales, no vamos a respaldar esta ley y vamos a tratar en las mociones, en lo particular, de paliar algunos de los yugos o de las amenazas que penden sobre los nicaragüenses con este tipo de medidas coercitivas.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Faltan dos oradores únicamente, insistimos en la brevedad.
Diputada Xochilt Ocampo, tiene la palabra.
DIPUTADA XOCHILT OCAMPO ROCHA:
Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a tratar de ser breve, porque creo que la mayoría de colegas estamos claros y claras de que esta ley es importante, lástima que algunos todavía por el populismo no logran entender que el país necesita una ley de este tipo.
Rápidamente quiero leer un párrafo que encontré por aquí para hacerle memoria a algunos diputados que parece que se les ha olvidado un poco de donde viene Unión Fenosa, y es que el servicio de distribución de energía eléctrica, fue privatizado en el año 2000 por el gobierno del entonces Presidente Arnoldo Alemán, que vendió la concesión a la transnacional española Unión Fenosa, por 115 millones de dólares.
La situación del problema heredado por la privatización de la energía eléctrica es algo insostenible, quería hacer referencia a esto porque escucho planteamientos irresponsables de algunos diputados y lástima que a quien se lo iba a decir se fue. Él se estaba refiriendo a que sería más fácil que se fuera Unión Fenosa, porque sólo nos costaría 120 millones de dólares, aun cuando estamos claros de que nos costó 115 millones, pero dice que por la depreciación habría que darles 120 millones de dólares, son planteamiento irresponsables.
También dicen que esta ley no nos va a ayudar, critican, pero no aportan a las soluciones, porque es bonito criticar, ¿pero de qué manera podemos nosotros resolver los problemas? Es fácil el populismo, es fácil venir a cuestionar ¿pero qué hacemos nosotros para venir a ayudar a resolver este problema? Estamos claro que esta ley si la analizamos y estamos conscientes y creo que es buena la explicación que nos ha dado la Comisión de Producción Economía y Presupuesto, pero considero que es bueno decirle al pueblo, para que no lo engañen, que esta ley viene a castigar a los que tienen y no quieren pagar, aquellos que gastan más de 500 kilowatt y esta gente representa con costo el 8% de la población, esta es la gente de las grandes empresas que de forma descarada roban y no quieren pagar, pero que no vengan a engañar al pueblo, a la gente pobre que no tiene la ley en sus manos y que les vienen a cambiar la idea diciéndoles que esa ley te afecta, esa ley te perjudica, cuando en realidad la responsabilidad nuestra como legisladores es explicarles el impacto que va a tener. Sé que a algunos les molesta, porque incluso hasta diputados se han visto envueltos en estos robos de energía. Yo sé que a muchos les chima el zapato con esta ley, pero es necesaria porque hay que ir cambiando la cultura de robar el que consume energía tiene que pagarla y los que sí pagamos no debemos asumir en nuestra factura lo que otros se roban.
Rápidamente quería hacer referencia a eso y recordarles que el Gobierno no está haciendo una ley que venga a beneficiar a Unión Fenosa, lo que pasa es que no podemos hacer o ponerle en bandeja de plata a esta transnacional que nos demande que se vaya con más de 150 millones de dólares simple y sencillamente porque algunas personas irresponsables se ponen a decir que Unión Fenosa es mala, que Unión Fenosa no cumple, eso lo sabemos, pero el Gobierno no puede prestarse a ese juego. Tenemos que dar soluciones y eso es lo que pretende esta ley, cambiar esa cultura de robo y que la gente se preocupe por legalizarse, pagar y evitar esos más de 30 millones que se pierden con estos robos millonarios de la gente que tiene y no quiere pagar. Lástima que se fue el diputado al que quería hacer referencia, pero el llamado es para que no hagamos planteamientos irresponsables a la hora de hablar.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Un saludo al señor Franck Tischer quien es Representante Internacional de la Unión Cristiana y está trabajando con el Instituto Holandés de Democracia Multipartidaria, él se encuentra aquí apoyando proyectos para Nicaragua.
Diputado Mario Valle Dávila, tiene la palabra y con el cerramos.
DIPUTADO MARIO VALLE DÁVILA:
Gracias Presidente.
Realmente esta ley, como algunos diputados han señalado y en ésto quiero ser puntual, da la impresión d que se quiere señalar como que los grandes consumidores son delincuentes y creo que esta es una aseveración casi irresponsable. Si nosotros no logramos entender que la generación de energía en este momento se paga, ¿y quién la paga?, la pagan los grandes consumidores que no roban energía, ¿quiénes son los grandes promotores del robo de energía? Y esto lo voy hablar con plena propiedad. Los grandes promotores son las mismas cuadrillas de Unión Fenosa, son los que llegan a alterar los medidores.
Y aquí quiero hacer referencia a algo que decía el Diputado Wilfredo Navarro. Buscando como pagar menos energía de la que me estaban facturando, tuve la oportunidad de que Unión Fenosa me propusiera poner un banco transformador en la institución académica a la que le trabajo, hicimos la inversión de diez mil dólares en el banco transformador, lo instalamos y antes de hacer funcionar las cuchillas fue condición sine qua non, tener que donar el banco transformador a Unión Fenosa, si no, no íbamos a tener uso a ese derecho, pero como no quisimos ceder y esto lo quiero decir con absoluta responsabilidad, en un período de treinta días nosotros tuvimos dieciocho inspecciones. Gracias a que en la institución a la que le trabajo tenemos un grupo técnico que fue capaz de poder subirse a los lugares donde están los medidores -y hay que recordar que los medidores no están ni siquiera dentro de los domicilio, están bajo el control de Unión Fenosa, y esta es una de las cosas que hay que prever también en la ley, que si yo voy a hacer responsable, el bien debe estar bajo mi control- paralelamente fuimos capaces de demostrar que durante los apagones de energía en períodos de ocho horas, los medidores seguían marcando energía, nosotros pusimos equipos de medición donde probamos esto. Les invito a que hagamos una reflexión, cuando aquí hubo escasez de energía durante ocho horas ¿a quién se le disminuyó la tarifa?, se sigue pagando lo mismo, porque las supuestas pérdidas energéticas siempre se han pagado con las facturas de los que no hacen fraude.
Con esto, Presidente, quiero ratificar mi rechazo parcial a esta ley, porque considero que la misma debe contener dos vías. Creo que si a un gran consumidor, mediano o pequeño se le encuentra haciendo fraude, debe ser castigado, pero asimismo yo demando de que el ente regulador el INE pueda crear empresas certificadoras, el INE no se da abasto para poder atender y yo puedo constatar, tengo pruebas fehacientes de que hay medidores que aunque no haya energía siguen marcando. Entonces creo que se deben crear también las empresas que sean capaces de poder auditar; en donde los ciudadanos puedan acudir para verdaderamente hacer efectivo sus reclamos y que la ley castigue por parejo. Creo que se deben proteger las inversiones, vengan de donde vengan, pero también creo que se debe proteger los derechos de los consumidores vengan de donde vengan.
Muchas gracias presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Después de la participación de once oradores y oradoras en un tiempo de casi dos horas, vamos a proceder a votar en lo general, el Dictamen del Proyecto de Ley Especial para el Uso Responsable del Servicio Público Básico de Energía.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
57 votos a favor, 18 presentes, 0 en contra, 7 abstenciones. Se aprueba el Dictamen en lo general.
Les recordamos a los jefes de bancada, que en Junta Directiva del día de ayer acordamos que iban a estar trabajando estos días y los próximos para hacer los consensos correspondientes sobre mociones a este dictamen y valorar la posibilidad de discutirlo el día jueves 27 de marzo de este año.
CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE MARZO DEL 2008. (VIGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA).
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Pasamos entonces a la discusión del tema único de hoy que es la Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica. En estos días las distintas bancadas consensuaron mociones que serán presentadas al plenario para su incorporación al dictamen de la Comisión de Justicia.
Procedemos entonces a la discusión en lo particular de este tema.
SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:
Remitimos a los diputados al Adendum No. 006, en el Punto 3.86: LEY PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
LEY PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Arto. 1 Objeto.
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto garantizar el adecuado, eficiente y responsable uso y prestación del servicio público de energía eléctrica, el respeto a la propiedad de los bienes necesarios para su distribución, los procedimientos para la detección y sanción de infracciones a las conductas que perjudican el desarrollo y prestación de dicho servicio.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Señor Presidente: Disculpe, es que estoy tratando de llamar al Presidente de la Comisión de Justicia, porque tiene una moción general que ayer firmamos varios jefes de bancada. Sucede que como se hizo una revisión, queríamos que se considerara un documento genérico de guía, como ya lo hicimos en anteriores ocasiones con el Código Penal y con otras leyes. ¿Qué significa esto? Acabo de llamar al doctor Pallais y dice que ya viene en camino. Yo le pediría que me permita esperar al doctor Pallais que es quien tiene los documentos firmados.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
No entiendo cuál es la propuesta.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA.
La propuesta que traemos es una carta donde hemos incorporado los cambios que se le han hecho en la discusión a todo el documento. Queremos que ese sea el documento base de discusión -que ya lo hicimos-, y pedimos que esa moción sea presentada al plenario.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado, usted sabe que eso no puede ser, porque no es jurídicamente viable, incluso cuando se discutió el Código Penal, leímos el dictamen inicialmente y después se fueron introduciendo mociones. Hagamos lo mismo hoy, pero no nos metamos a una discusión bizantina.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Es que las mociones no están preparadas aquí, señor Presidente, por eso mismo quisiera esperar a que venga el Presidente de la Comisión que trae todo, porque la propuesta viene en una sola moción de cambio.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
No se puede cambiar el dictamen ya elaborado, tiene que trabajarse sobre el mismo, y en base a mociones, ir variándolo. Eso usted lo sabe muy bien, así que procedamos a discutir si votamos por capítulos o por artículos.
Los que estén de acuerdo que se discuta por capítulos, votan en verde; los que estén de acuerdo se discuta por artículo, votan en rojo.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
49 votos a favor de que se discuta por capítulos, 8 presentes, 4 a favor de que se discuta por artículos y 4 abstenciones.
Pasamos a la discusión por capítulos.
SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Arto. 1 Objeto.
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto garantizar el adecuado, eficiente y responsable uso y prestación del servicio público de energía eléctrica, el respeto a la propiedad de los bienes necesarios para su distribución, los procedimientos para la detección y sanción de infracciones a las conductas que perjudican el desarrollo y prestación de dicho servicio.
Arto. 2 Definiciones.
Para los fines de esta Ley se entiende por:
a) Servicio de Energía Eléctrica: El servicio debe ser prestado por los operadores del sistema de Distribución de Energía Eléctrica de forma continua, eficiente y segura a los clientes, consumidores o usuarios, con la debida fiscalización del ente regulador o sea el INE.
b) Ente Regulador: Es el Instituto Nicaragüense de Energía denominado también INE, cuya función principal es regular, supervisar y fiscalizar la prestación del servicio de energía eléctrica ofrecida por las Empresas Operadoras de Distribución a los clientes, consumidores o usuarios.
c) Normativa de Servicio Eléctrico: Normas que debe emitir todo distribuidor de Energía Eléctrica para establecer sus relaciones de distribución o comercialización con sus clientes de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 272 y su reglamento, esta Normativa debe ser aprobada por el Ministerio de Energía y Minas a propuesta del INE.
d) Empresa Distribuidora: Es el Agente Económico que distribuye en forma eficiente, continua y segura la energía eléctrica a los clientes o consumidores.
e) Acta de Inspección: Formato aprobado por el INE y utilizado por la Empresa Distribuidora en original y copia para ser entregado al Cliente o Consumidor que certifique el resultado de la inspección y el estado del equipo de medición.
f) Certificación de la Energía Sustraída: Formato utilizado por el INE, para legalizar el cobro de la energía sustraída.
g) Cliente o Consumidor: Se entiende por Cliente o Consumidor a la persona natural o jurídica a la que una Empresa Distribuidora provee de energía eléctrica, previa firma de un contrato de servicio eléctrico.
h) Usuario: La persona natural o jurídica que hace uso de la energía eléctrica y que no tiene contrato suscrito con una Empresa Distribuidora.
i) Representante del Cliente o Consumidor: Para efectos del procedimiento de inspección del equipo de medición es la persona mayor de veintiún años, que esté presente en el inmueble al momento de la inspección. En caso de un inmueble alquilado el arrendatario podrá representar al cliente en los reclamos administrativos.
j) Energía Sustraída: Energía eléctrica suministrada por la Empresa Distribuidora que corresponda, a un Cliente, Consumidor o Usuario y que no ha sido medido correctamente por el equipo de medición de la Distribuidora, por manipulación imputable al cliente o por línea directa manifiesta, se exceptúa la venta de energía eléctrica a terceros.
k) Energía no Registrada: Energía Eléctrica suministrada por la Empresa Distribuidora a un cliente o consumidor y que no ha sido registrada correctamente por el equipo de medición por fallas técnicas o mecánicas del equipo de medición sin responsabilidad del cliente o consumidor.
l) Línea Directa Manifiesta: Utilización por parte de un Cliente, Consumidor o Usuario de conexiones que permitan el consumo de energía sin que pase a través del dispositivo de medición.
m) Formato de Notificación: Formato informativo de las supuestas causas por las que se pretende realizar la inspección, en original y copia, entregado al Cliente, Consumidor o Representante, con el objeto de darle a conocer la actividad a ser realizada por la Empresa Distribuidora.
n) Tarifa Binómica: Es la tarifa especial aplicable a Clientes o Consumidores con cargos de potencia máxima y energía consumida.
o) Verificación: Procedimiento que sin romper los sellos del medidor a verificar, mediante un instrumento de medición llamado verificador o mediante la comprobación de intensidades de fase y la prueba de precisión del medidor con carga externa o carga del cliente, permite verificar la exactitud del registro del mismo.
Arto. 3 Infracciones de los Clientes o Consumidores.
Constituyen infracciones a la prestación del servicio de energía eléctrica, las siguientes:
a) Instalar, por sí o mediante terceros, conexiones que eviten que la energía consumida pase a través del dispositivo de medición.
b) Manipular o alterar, por sí o mediante terceros, los dispositivos de medición propios o de otros usuarios, con el objetivo de evitar o modificar el registro total de la energía suministrada por la Empresa Distribuidora y que haya consumido el Cliente, Consumidor o Usuario.
c) Vender energía eléctrica a terceros.
d) Manipular, por sí o mediante terceros, los equipos de verificación que instale el INE o la Empresa Distribuidora.
Una vez agotado el procedimiento administrativo, las infracciones antes establecidas serán certificadas por el INE y tal certificación constituirá un medio de prueba, dentro del proceso que corresponda.
Arto. 4 Responsabilidad social de la Empresa Distribuidora prestataria del servicio público de Energía Eléctrica.
Los servicios deberán ser ofrecidos y suministrados a los Clientes, Consumidores o usuarios bajo criterios de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social por parte de los prestadores del mismo, sean éstos agentes económicos del sector público o privado. Los prestadores del servicio público de Energía Eléctrica están obligados a promover el uso responsable del servicio, por parte de los clientes, consumidores o usuarios, con la finalidad de garantizar la operación de los sistemas existentes, ampliar su cobertura geográfica, promover y facilitar el acceso a ellos por parte de la población, de acuerdo a lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política.
Arto. 5 Responsabilidad de los Usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Los clientes, consumidores o usuarios del servicio público de energía eléctrica, deberán utilizar los mismos en forma responsable, no deberán alterar ni modificar los sellos ni manipular los sistemas de distribución o registro de consumo y deberán cancelar las facturas por los servicios consumidos, todo sin detrimento de los mecanismos de reclamo correspondientes, establecidos en la ley y las normativas que regulan el servicio público del servicio eléctrico.
Arto. 6 Infracciones de la Empresa Distribuidora o prestadora del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Constituyen infracciones de los prestadores del Servicio Público de Energía Eléctrica las siguientes:
a) Instalar equipos de medición sin que hayan sido previamente certificados por el INE.
b) Suspender por falta de pago el de energía eléctrica a los Clientes o Consumidores sin previo aviso de por lo menos cinco días de antelación, o suspender el servicio a un cliente o consumidor que presente la factura o facturas canceladas que motivarán la orden de suspensión del servicio de energía eléctrica.
c) Realizar las inspecciones del servicio público previstas en el procedimiento contenido en el Capítulo Segundo de esta Ley, sin la presencia del INE, sin notificar al cliente, consumidor o su Representante.
d) Alterar intencionalmente la cuenta del Cliente o Consumidor vía factura.
e) Solicitar o cobrar al cliente que asuma el costo de los materiales o equipos para hacer las reparaciones y mantenimientos que constituyen responsabilidad de la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica.
f) Cobrar por el concepto de Energía No Registrada, cuando el hecho sea por defectos en la lectura o en el aparato de medición, dado que no es responsabilidad del cliente o consumidor.
Una vez agotado el procedimiento administrativo, las infracciones antes establecidas serán certificadas por el INE y constituirán un medio de prueba dentro del proceso que corresponda.
Arto. 7 Prescripción.
En caso de que la ley de la materia no establezca otra disposición, todo adeudo a favor de un prestador del servicio de energía eléctrica, estará sujeto a la prescripción de un año, la que se contará a partir del mes siguiente en que se facturó el adeudo.
Esta prescripción opera de mero derecho por el transcurso del tiempo.
Arto. 8 Interrupción de la prescripción.
La prescripción a que se refiere el artículo anterior se interrumpe cuando la Empresa Distribuidora ha notificado al Cliente o Consumidor la existencia de un adeudo antes de cumplirse un año o cuando el Cliente o Consumidor ha firmado un acuerdo de pago con la Empresa Distribuidora.
Arto. 9 Interrupción del servicio sin causa justificada.
Cuando fuese descontinuado un servicio por la supuesta comisión por parte de un Cliente o Consumidor de una de las infracciones previstas en la presente Ley y el Cliente o Consumidor o usuario probase lo contrario, la Empresa Distribuidora deberá restablecer el servicio de inmediato, sin cobrar la reconexión.
Hasta aquí el Capítulo I.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el Capítulo I.
Observaciones al artículo 1.
Diputada Mónica Baltodano, tiene la palabra.
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Gracias, señor Presidente.
Primero, quiero felicitarlo por haberse manifestado rápidamente en contra de la pretensión de hacer un debate en lo particular de esta ley sobre la base de un nuevo documento, hubiese sido un pésimo precedente. Creo que fue correcta la decisión de debatir en base al dictamen.
En segundo lugar, nosotros queremos dejar bien claro y reiterar lo que dijimos cuando se debatió el dictamen en lo general, que esta es una ley que tiene como único propósito beneficiar a la transnacional Unión Fenosa. Estamos claros de que el gobierno quería más de lo que dice el dictamen y la nueva versión; el gobierno quería que se mandara a la cárcel, que se confiscaran los bienes, la casa, que se pagara multa, que se indemnizara a Unión Fenosa. Eso es lo que decía el proyecto inicial, y está en la iniciativa de ley que recibimos en noviembre, firmada por el presidente Ortega, y que además pidió que se hiciera con trámite de urgencia.
Se le hicieron mejoras, pero aún así esta ley no es necesaria, ni muchos menos como dice el artículo 1 que es de interés social, ¡por favor!, ésta es una ley que no necesita el pueblo nicaragüense ni la nación nicaragüense, quien la necesita es el capital transnacional, los Pellas que son socios de Unión Fenosa, y algunos que se están metiendo en los negocios de la generación de energía, incluyendo familiares del Presidente. Esta no es una ley para los nicaragüenses, ni para los pobres, ni para los medianos, ni para los ricos, sólo para algunos grandototes del gran capital. Esta es una ley que criminaliza la pobreza, criminaliza a la gente que sufre los efectos del proceso privatizador de los servicios públicos, por eso, si de verdad fuésemos diputados representantes del pueblo, no tendríamos que estar discutiendo esta ley sino otras, para ver cómo resolvemos los problemas del alto costo de la vida, de los incumplimientos de las empresas con los usuarios. No voy a abundar en detalles, señor Presidente, pero reafirmamos…
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A ver, diputada Baltodano…
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Era necesario…
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Estamos discutiendo la ley en lo particular, por favor, concrétese al artículo 1…
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
En el artículo 1 dice…
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
…porque ya la discutimos en lo general la semana ante pasada y participaron doce personas incluyéndola a usted, entonces, si estamos en lo particular, por favor concrétese a lo particular en el artículo 1.
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
En el artículo 1, señor Presidente, dice que esta ley es de interés social, y queremos demostrar que eso es una falacia. Esta es una ley para los capitalistas de Unión Fenosa y sus socios y por tanto, seguiremos insistiendo en oponernos, porque somos víctimas del fanatismo, somos víctimas del fundamentalismo, que quiere ver el mercado y las privatizaciones, como el único camino posible para esta pobre y sufrida Nicaragua. Por eso, en este y en los demás artículos, vamos a oponernos a esta Ley que no tiene nada de interés social.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, diputada.
Diputado Agustín Jarquín Anaya, tiene la palabra.
DIPUTADO AGUSTÍN JARQUÍN ANAYA.
Gracias, Presidente.
Le solicito solamente dos minutos para referirme a esta ley. Nosotros permanentemente nos hemos opuesto y hemos señalado las situaciones de imposición de privatización en extremo que ha habido acá en el país en detrimento de la gente, pero realmente tenemos que actuar con responsabilidad y señalar la necesidad de esta ley para el interés de la gente. Porque si nosotros no ponemos orden en el sistema energético y seguimos permitiendo que Unión Fenosa o la distribuidora no asuma sus responsabilidades conforme lo obliga el derecho ciudadano, aunque no esté establecido en el contrato, si no le establecemos obligaciones para con los atropellos que se hacen a la población, que incorpora esta ley, va a seguirse afectando a la población; asimismo si no fortalecemos al ente regulador, para que cumpla su función en defensa del interés ciudadano. Eso por un lado.
Y en segundo lugar, si seguimos permitiendo que la gente con recursos, no lo pobres, sino la gente con reales, la gente que tiene la capacidad de contratar a un técnico -estamos hablando de aquellas personas que viven en barrios residenciales o que tienen empresas- se burlen y aprovechen las deficiencias de la ley para sustraer, para robar energía, eso afecta al país y afecta a los más pobres, y vamos entonces a seguir facilitando una situación que genera pobreza.
Aprovecho la oportunidad que me da, y no voy a extenderme más, pero francamente quiero saludar a los colegas que han hecho este dictamen, porque es un trabajo realmente encomiable, que por supuesto, quienes en las empresas proveen energía y lo hacen conforme la ley van a tener un beneficio, pero sobre todo favorecerá a la población y al interés de desarrollo en Nicaragua. Quería hacer esa observación, Presidente.
Gracias por la palabra.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Seguimos en el artículo 1.
Diputado Enrique Sáenz Navarrete, tiene la palabra.
DIPUTADO ENRIQUE SÁENZ NAVARRETE.
Gracias, Presidente.
En este artículo 1 se pretende sintetizar lo que es el objeto y la filosofía de esta ley, pero en realidad eso no es así, señor Presidente. Este primer artículo en verdad es una máscara hipócrita, como muchas de las máscaras, que lo que encubre o pretende encubrir es el verdadero objetivo de esta ley. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta ley? Asegurar las ganancias monopólicas de Unión Fenosa, pero no sólo asegurar las ganancias de esta empresa, que es al final quien saca la cara, sino también garantizar las de quienes están escondidos detrás. ¿Y quiénes están escondidos detrás? En primer lugar las generadoras, por lo que en algún momento esta Asamblea Nacional deberá entrar a revisar los contratos leoninos a través de los cuales se lucran estas generadoras. Pero también está detrás de esta ley, el grupo económico clandestino que se está lucrando de los recursos de la cooperación venezolana. Porque aquí ya se ha sabido y se sabe, que con los recursos de la cooperación venezolana se le otorga crédito a las generadoras, las generadoras a Unión Fenosa, y Unión Fenosa recupera por la vía de la tarifa los fondos para pagar a las generadoras, que además sirven para alimentar la caja negra que se ha construido con los recursos de la cooperación venezolana. Ese es el objeto de esta ley.
Los nicaragüenses debemos estar claros de que con esta máscara también se esconde un látigo en contra de los consumidores, porque quienes van a pagar las consecuencias son los consumidores, y es falso afirmar que aquí sólo se va a castigar el fraude de los grandes consumidores, que es cierto que hay que castigarlos. Basta ver el contenido del artículo 31 para darse cuenta de que al amparo de esta máscara, dentro de muy pocos meses, con el impulso de la inflación van a ser los consumidores pobres los que van a ser castigados, y ya lo vamos a demostrar cuando se llegue a ese artículo. De tal manera, señor Presidente, que nosotros nos oponemos a este artículo por ser una máscara que encubre el verdadero objetivo, que es castigar a los nicaragüenses para beneficiar a generadores, a la transnacional Unión Fenosa y al grupo clandestino que se está beneficiando con los fondos de la cooperación venezolana.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, diputado.
Diputado Francisco Aguirre. Estamos en el artículo 1, insisto con los diputados en que la discusión en lo general ya pasó. Necesitamos saber si hay mociones al artículo 1. Diputado Francisco Aguirre Sacasa, tiene la palabra.
DIPUTADO FRANCISCO AGUIRRE SACASA:
Buenos días, señor Presidente.
Buenos días, colegas diputados.
En el Senado romano, hace dos mil años, había un senador que siempre terminaba sus intervenciones, con una frase: “Delenda est Cartago”, que quiere decir, Cartago tiene que ser destruida. Últimamente, que estamos abordando términos energéticos, ustedes habrán notado que yo siempre abro mi intervención con el precio del petróleo del día, y viendo acá en la computadora, está en ciento siete dólares con treinta centavos, después de haber bajado a cien y de haber subido a ciento once, señor Presidente.
Como dije la última vez, en general estoy a favor de esta ley, y voy a dar mi voto sobre todo porque se han introducido mociones de consenso que protegen más al consumidor nicaragüense. Ese consumidor necesita protección, Presidente. Acabo de regresar de vacaciones, quedó apagado el aire acondicionado, el único que se prende en mi casa, porque usted sabe, Presidente, que al igual que usted soy leonés, sin embargo mi cuenta no bajó. Espero que esto lo oiga aquí nuestro amigo David Castillo del INE, porque a lo mejor lo voy a llamar para que llegue él a investigar mi medidor. La cuenta no bajó ni un céntimo, y mi señora estaba muy molesta. Pero en el fondo, a lo que me lleva esto, Presidente, es a la siguiente reflexión que hice en la última sesión del Parlamento, y es que nosotros tenemos una estructura de generación que es la peor de Centroamérica, e hice unas investigaciones, y ¿cuál es esa estructura? El 85% de la energía eléctrica en Nicaragua se genera quemando petróleo. Dije en esa ocasión también, que en Costa Rica es exactamente a la inversa, pero me equivoqué porque es sólo el 10%. La mayoría de la energía costarricense se genera con planta hidroeléctrica y hasta con planta eólica.
Durante los últimos años, desde 1990 hasta el presente, incluyendo los años del actual gobierno, se ha instalado nueva capacidad generadora; hasta la fecha, más del 90% de esa nueva capacidad instalada está quemando bunker o diesel, es decir, señor Presidente, está quemando derivados del petróleo. En lugar de salir del hoyo estamos entrando cada vez más en él, porque se está hablando ahora de volver a los cortes de energía. Creo que urge, señor Presidente, que el ministro de Energía y Minas, que entiendo que tiene una estrategia para cambiar esa estructura de generación, la dé a conocer a esta Asamblea Nacional y a la nación, y abra un debate para que no se dé la impresión de que estamos improvisando en el sector energético, porque esa es la impresión que tienen los nicaragüenses.
Esta ley antifraude puede ser parte de esa estrategia general, pero hay muchas otras acciones que se tienen que tomar para que nosotros estimulemos la generación en geotermia, en agua, en eólica, y hasta en otros hidrocarburos, que es más barata y más eficiente que el petróleo. Entonces, hago esa solicitud, señor Presidente, para que el ministro de Energía y Minas comparta con esta Asamblea, en el plenario, la estrategia que él tenga, porque no podemos seguir, como país, improvisando. Las improvisaciones nos han llevado al hoyo en que nos encontramos ahorita, y si seguimos improvisando, de aquí en diez años vamos a estar en el mismo problema y con las mismas dificultades que hoy.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Vamos a cerrar la lista de oradores con Maximino Rodríguez.
Insisto, estamos en el artículo 1 y esperamos cosas concretas o mociones al mismo.
Diputado Freddy Torres, tiene la palabra.
DIPUTADO FREDDY TORRES MONTES:
Muchas gracias, Presidente.
Este artículo 1 creo que define muy claro el objetivo de una ley de esta naturaleza, en un país donde ni producimos petróleo, ni tenemos tanto dinero para regalar o para permitir que prolifere el robo de manera indiscriminada. Algunos creen que hacer política partidaria o ganar adeptos, significa venir aquí de manera irresponsable a promover el robo. Así he escuchado algunas fuerzas políticas de este país, decir incluso que los diputados del PLC estamos coludidos, que tenemos negocios con Unión Fenosa, cualquier cantidad de disparates. Precisamente eso es lo que a este país lo ha llevado a la postración económica, todo ese populismo mal entendido, todo ese desorden que pretenden algunos todavía seguirle imponiendo a este país y queriendo hacerle creer a la población que la energía no tiene un costo, que la energía se puede robar, y que porque hay una situación coyuntural ahora con un presidente venezolano que regala, despilfarra a su gusto y antojo los recursos de su país y su petróleo, creen que aquí podemos tener petróleo venezolano de Hugo Chávez por siempre.
Tenemos que estar claros de que esa es una situación momentánea, y Nicaragua no puede estar sujeta a momentos, a situaciones muy especiales, a regalos o apoyos que ni siquiera están sujetos a la transparencia debida en este tipo de apoyos que tiene Nicaragua, y más que nada, no tiene transparencia en el país de donde se origina que es Venezuela. Porque ahí, de manera brutal -diría yo-, hay un Presidente que regala los recursos, que si bien es cierto en este momento le ayudan a Nicaragua, pero no creo que esté colaborando con mantener el orden económico de este país, sino más bien pienso que está creando serias distorsiones.
Pero volviendo al artículo 1, Presidente, lo que pretenden algunas fuerzas políticas aquí que se han pronunciado en contra de penar el robo de energía, causa también distorsión a lo interno del país, porque es bien sabido, por ejemplo, que en las zonas rurales la energía eléctrica es escasa, o casi no existe, o es muy bajo el porcentaje que hay de electrificación rural, y eso tiene dos efectos distorsionantes para la ruralidad del país. Por un lado le estamos diciendo a esa migración del campo a la ciudad, que se pueden venir a un asentamiento a vivir y que ahí no van a pagar por la energía, porque ese es un servicio para los ciudadanos, a quienes se les otorga la facultad de robársela impunemente.
Por otro lado, si no ordenamos el sector energético y buscamos la verdadera rentabilidad de un sector como este, pues nunca habrán recursos suficientes para invertir y llevar la energía al sector rural nicaragüense donde hayan ciudadanos que la requieran. Es una disyuntiva tremenda, pero ante esa disyuntiva, creo que los diputados debemos optar por el camino correcto, porque quiero reiterar lo que yo ya dije en la discusión general de esta ley, que aquí no podemos estar separando a los ladrones en grandes, medianos y pequeños ladrones, ni autorizando o aprobando leyes que dejen legalizado el robo, así con ese argumento, de algunos que se van a robar una gallina y van a decir que ese es un pequeño robo, y al que tiene cien vacas le van a robar dos y le van a decir que ese es un pequeño robo, sólo porque no se le robaron las cien vacas. El robo es robo en cualquier parte, en cualquier país del mundo, y debe ser penado si queremos ordenar este país. Claro que si alguien se roba una gallina no es como el que se roba un banco; que las penas estén acordes a lo que se roba cada quien. Pero mal haríamos aquí en venir a promover que los ladrones pequeños sean bendecidos por esta Asamblea Nacional, o que en algún momento digamos que está bien robar energía, por el hecho de que es asentamiento, o por el hecho de que no tiene suficiente dinero. En fin, no podemos justificar ningún tipo de robo desde esta Asamblea Nacional. Creo que debemos de oponernos firmemente a una ley que pretenda legalizar el robo a menor escala. El mar está lleno de granos de arena, y de grano en grano podemos sacar toda la arena del mar, y también de grano en grano podemos quebrar cualquier empresa aquí. Como decía mi colega Francisco Xavier Aguirre, con un precio de petróleo subiendo cada día, aquí vamos a decir que la energía se puede robar, ¿y con qué vamos a pagar el petróleo?, ¿y con qué vamos a pagar a los generadores?, ¿y con qué vamos a hacer potable al sector energético?
Considero, señor Presidente, que esta ley es necesaria, no porque el Fondo Monetario Internacional la pida o diga que la necesitamos, porque nosotros con responsabilidad como nicaragüenses, como nacionalistas, debemos apostar a ordenar un sector que necesita pagar sus cuentas para que haya energía. O lo hacemos para que tengamos energía muchos, o no lo hacemos para que no tengamos energía ninguno, me parece que son posiciones responsables las que necesita Nicaragua, y visión de futuro en lo económico para poder salir adelante, de otra manera este país seguirá siendo mendigo, de otra manera este país seguirá exportando mano de obra.
Debo cerrar mi intervención, Presidente, diciendo que esta ley es necesaria y pone orden en ese sector energético, pero hay serias preocupaciones de cómo se están ejecutando algunas acciones del gobierno, en este caso del Ejecutivo, con recursos que ya fueron aprobados en esta Asamblea y que no están llegando a los sectores productivos, pero ese es un tema que lo vamos a ver en el futuro inmediato. De tal manera, Presidente, que este artículo 1 encierra todo ese espíritu que tenemos los que vemos a Nicaragua con responsabilidad, los que creemos que hay que funcionar de manera adecuada, en un orden económico ordenado y adecuado, valga la redundancia. De otra manera, o hacemos un país o hacemos una pulpería.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Indalecio Rodríguez, tiene la palabra.
DIPUTADO INDALECIO RODRÍGUEZ ALANIZ:
Gracias, ciudadano Presidente.
Estamos hoy discutiendo un tema que es de mucha importancia indiscutiblemente, pero ya nosotros en intervenciones pasadas hemos señalado y llamado la atención, de que el sector energía es algo prioritario, tan importante como la salud, la educación y el combate a la pobreza, a la miseria y al hambre. Sin energía no es posible crecer, ni dar las condiciones, ni mejorar la calidad de vida en todo el sector rural. Y aquí me preocupa sobre todo la triste situación en que viven nuestros hermanos del Caribe, que además de estar marginados en cuanto a infraestructura social se refiere, también en este momento están siendo amenazados con suprimirles derechos que están considerados y estipulados en la Constitución de la República. No sólo es que no van a tener la energía de la cual no gozan, sino que tampoco se les va a garantizar derechos ciudadanos como los contemplados en el artículo 48, 50 y 51 de la Constitución Política de Nicaragua, y aquí estamos con los brazos cruzados dejándolos como inertes. Inclusive a nuestros hermanos aquí presentes que forman parte de este plenario, no los veo activos reclamando el derecho que tienen los hermanos del Caribe, de que se les respete la igualdad incondicional que tienen todos los nicaragüenses del goce de sus derechos políticos, el ejercicio de los mismos y el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Existe igualdad entre todos, independientemente del carácter político, del carácter partidario, de la etnia, raza o religión a la cual pertenecen.
El artículo 50 Cn. nosotros lo estamos violentando, porque dice: “Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo”, y según el artículo 51: “Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución Política”. No veo ninguna condición en este momento, para que además de que los privemos de las facilidades y la infraestructura necesaria para crecer, no les permitamos un derecho que sí se puede ejercer, como es el derecho a elegir y a ser elegidos. No veo yo por qué anticipadamente los hermanos del sector del Frente, no registraron los candidatos de la RAAN en tres municipios importantes. Y esto me preocupa mucho más, inclusive porque es una violación de los derechos elementales del ciudadano, una violación a los derechos humanos primarios, así como también estaríamos violentando cuando hacemos discriminaciones en la tipificación de un delito que debe ser general y universal para todos y las penas deben ser para todos sin excepción.
Pero me preocupa además, que en este momento ya hayan dado por un hecho definitivo que el Consejo Supremo Electoral va a cometer una violación constitucional, sacrificando y perjudicando a los hermanos del Caribe de la Región Norte. Por eso llamo la atención, y aprovecho la oportunidad de que estamos discutiendo una ley tan importante como ésta, no sólo para que veamos la importancia y la necesidad de aprobar esta ley, sino que veamos esta otra necesidad primaria porque estamos cometiendo violación hoy en el Caribe, ya algunas de las instituciones del Estado han comenzado a hacer público que se quedarán sin votar, alegando cosas que en el pasado no fueron motivo de suspensión de las elecciones. Y me refiero a que ya tuvimos el huracán Juana, el Mitch y una cantidad de desastres que no llevaron a la supresión de las actividades Asimismo, están invocando pretextos como la no verificación o el traspaso o cambio de domicilio, cuando todos los nicaragüenses y en todos los municipios de Nicaragua hay una emigración y cambio de domicilio hacia Costa Rica, hacia los Estados Unidos, hacia otros países, a todas las repúblicas vecinas, y nadie está verificando estos cambios de domicilio. Esto no es pretexto para que digan que se suspenden las elecciones.
Así que en este momento, a la vez que estoy pendiente de que discutamos artículo por artículo y hacer modificaciones en lo que a sanciones se refiere, también quiero dejar claro que no debemos olvidar a estos hermanos de la Región Norte, para que no sean privados de un derecho constitucional que les asiste y que ninguno de nosotros estamos autorizados para violentarlo, mucho menos en la Asamblea Nacional, como diputados y representantes de ellos. Así que si queremos nosotros conservar la paz social de la que tanto hablamos y el ambiente necesario para el desarrollo, estamos también pidiendo que se respeten estos derechos innatos y propios de los hermanos de la Región Norte, para que podamos obtener una mejoría en la calidad de vida de todos los hermanos que hoy permanecen marginados.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Tiene la palabra el último orador, Maximino Rodríguez.
DIPUTADO MAXIMINO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ:
Muchas gracias, Presidente.
Como miembro de la Comisión de Justicia, quiero decirle a los colegas diputados que hemos trabajado este dictamen de manera minuciosa, responsable y en concordancia con la Constitución Política, porque lo que se nos planteó como Asamblea Nacional, por parte del presidente Daniel Ortega, era una posición bastante hostil para muchos sectores que no tienen capacidad económica. De tal manera que, aun haciendo esas modificaciones la Comisión de Justicia, hay colegas diputados que no han leído el dictamen o quieren engañar a la gente, principalmente a los pequeños consumidores. Aquí hay –digamos- personas que pueden consumir cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, mil kilowatt/hora, y en ese sentido, la Comisión dejó resuelto el problema de los pequeños consumidores. Obviamente que la ley debería de valer “erga omnes”, como dicen, para todos, porque la infracción de la ley, ya sea de un grande o un pequeño, siempre es infracción. Pero por eso es que este artículo 1 establece el interés social que plantea el legislador alrededor de esta Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Es difícil poder explicarles a nuestros electores en una participación breve en el plenario el fondo del asunto, porque hay muchísimos que han hablado de esta iniciativa sin tener conocimiento, y por eso es que mucha gente se eriza, como decimos de manera popular en Nicaragua, y tienen razón. Tenemos razón los nicaragüenses de poner mucha atención alrededor de este tema, porque esta compañía Unión Fenosa, tampoco hace lo suyo, no es una empresa responsable. Y como decimos, “lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa”, y es ahí donde la comisión, de manera responsable tratamos de incidir. Ahora, la infracción es de doble vía, a la misma compañía cuando infrinja esta norma jurídica se le va a aplicar la ley. Le comentaba a mi querido amigo ex-diputado David Castillo, cuando vino aquí, sobre un caso específico: frente a mi casa yo compré el poste, compré el faro, y los facinerosos de Unión Fenosa, a través de su cuadrilla se robaron el faro, ni siquiera llegaron a instalar la luz. Ahí está David. Te di el número NIS que vos me pediste, porque supuestamente estos señores de Unión Fenosa con eso iban a resolver. Y les pregunté a los muchachos de Unión Fenosa de Sébaco, y me dijeron que se lo robó una cuadrilla que mandan de Estelí. Por eso el legislador en ese sentido ha dicho que esta empresa también debe prestar un servicio adecuado y no meterle la mano al bolsillo del nicaragüense.
Hace tal vez unos seis años, yo traje aquí a la Asamblea Nacional el caso de una señora de San Dionisio que vivía en una casa de plástico, y los facinerosos de Unión Fenosa le estaban cobrando treinta mil córdobas y sólo tenía una bujía, además de que estaba legal la señora. El cobro era por la famosa energía no registrada y una cantidad de términos que plantean en la factura de cobro.
De tal manera que este artículo 1 es muy importante porque es como el eje fundamental que se nos dio a los diputados para ir perfeccionando de alguna manera este Dictamen. Obviamente cualquier persona que crea que una ley es perfecta, está totalmente equivocado, es una utopía, pues van a haber personas que se van a sentir vulnerados en sus derechos, otros van a sentir que está muy bien la ley, pero es una necesidad. En los países constituidos debe haber un orden y el orden sólo se puede hacer a través de una legislación, sin embargo hay ciertas situaciones que nosotros consideramos que las tenemos que analizar un poco más, y por eso yo le decía al Presidente de la Asamblea, al ingeniero René Núñez, que fuéramos aprobando algunos artículos y como es un compromiso con los organismos internacionales aprobar esta ley y según tengo entendido -yo no hablo con esos señores- que con sus políticas macroeconómicas lo que nos han traído a Nicaragua e pobreza y más pobreza, porque no he visto otra cosa. Desde el período que Arnoldo Alemán era Presidente, recuerdo que el Presidente del Banco Central -el doctor Noel Ramírez- siempre nos decía a los diputados hay que aprobar este paquete de ley que pide el Banco Mundial y donde está el desarrollo, veo la pobreza acentuada en este país, sin embargo tampoco podemos ser irresponsables al salirnos de los programas macroeconómicos y ahora tenemos que soportar el chantaje de estos organismos internacionales por nosotros mismos los nicaragüenses.
Ellos no nos buscaron el problema, nosotros buscamos el problema, por el robo indiscriminado que se le ha hecho al erario desde hace mucho tiempo y por eso es que hoy tenemos una pesada deuda externa y debemos pagarla, por lo tanto tenemos que sujetarnos a esta política inhumana de los organismos internacionales. Por tanto Presidente creo que es importante que esta Asamblea Nacional de alguna manera pueda o la Junta Directiva pueda informar -ahora que ya tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública- y se puede decir a las y los nicaragüenses que esta ley no es lo que han planteado algunos de manera irresponsable y es una necesidad. En una casa, si nos vamos al seno familiar, si no existe orden, es un caos, por eso nosotros como Comisión de Justicia hemos tratado de proteger los derechos de los más desposeídos, sin perder de vista que aunque sea una aguja la que tomamos de manera indebida no es correcto, así que vamos a continuar con la aprobación de esta ley; en su momento, nosotros como Bancada del PLC, vamos a conversar con el Presidente, porque hay ciertas situaciones que las tenemos que dirimir, que tiene que quedar clara y esta Asamblea Nacional desde hace mucho tiempo ha implementado una metodología de que aprobamos las leyes en consenso no se trata de pasar por encima de un legislador o de una legisladora, sólo porque yo tengo la fuerza. Hemos tratado de implementar en esta Asamblea un sistema donde todas y todos los diputados estemos de acuerdo, obviamente en concordancia, con el mandato del pueblo que es defender a los nicaragüenses.
Por eso Presidente, creemos que ese artículo 1 debería aprobarse tal y como está.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias diputado, participaron nueve diputados y diputados en torno al artículo 1 y no hubo ninguna moción para modificarlo, de modo que el artículo queda como está en el dictamen.
Vamos a rogarle nuevamente al plenario que nos centremos en la discusión en lo particular y si hay moción a los artículos que vamos a ir enumerando, que la presenten para discutirla y votarla.
Observaciones al artículo 2.
Diputado José Pallais Arana, tiene la palabra
DIPUTADO JOSÉ PALLAIS ARANA:
Si, muchas gracias señor Presidente.
Dentro del trabajo que realizó la Comisión de Justicia con la presencia de los Jefes de Bancada acreditadas ante esta Asamblea Nacional, donde se trasladaron importantes insumos de la Bancada misma y diferentes diputados con el fin de que esta ley tuviera un balance y equilibrio, pendiente a la protección de los derechos del consumidor, y así tener la oportunidad de corregir algunas de las imperfecciones que había en las normativas eléctricas y debemos decirlo con claridad los reiterados abusos que Unión Fenosa venía cometiendo en contra del consumidor aprovechándose de estos casos y estas inconsistencias. Se han agregado a la ley una serie de regulaciones que van a ponerle un coto a conductas reiteradas de la distribuidora en contra de los consumidores, atendiendo con esto, las sugerencias de todas las asociaciones de consumidores del país, especialmente se le va a poner fin con esta ley a la práctica de que la distribuidora cobre lo que ha llamado como energía no registrada, que no es achacable que no es responsabilidad del cliente, esto ya no podrá volverse a repetir conforme las disposiciones de esta ley y los cambios que se le hicieron en esa sesión de la Comisión de Justicia el martes de esta semana.
Igualmente se le ha consignado a la distribuidora, la obligación de devolver con multa en el doble toda facturación excesiva hecha demás sin fundamento, sin razón entre otras. Así que me permitiré leer dentro de esta lógica cuáles son las propuestas, las mociones para cumplir con ese objetivo que esta Asamblea se ha propuesto, de defender a todos los consumidores nacionales.
En cuanto al artículo 2 la moción pretende sustituir, en el inciso a) en las definiciones, la definición de Servicio de Energía Eléctrica que se leerá así: “Servicio prestado por un agente distribuidor y comercializador de energía eléctrica que incluye el suministro de potencia de energía eléctrica en el punto entrega al cliente, sin considerar si esta energía se está o no usando. Este servicio debe ser prestado de forma continua, eficiente y segura a los clientes consumidores o usuarios con la debida fiscalización del ente regulador”.
En el inciso b) Ente Regulador, la definición dirá así: “Es el Instituto Nicaragüense de Energía denominado también INE, cuya función principal es regular, supervisar y fiscalizar la prestación del servicio de energía eléctrica ofrecido por las Empresas Operadoras de Distribución a los clientes, consumidores o usuarios y garantizar los derechos de las partes”.
En el inciso c) “Normativa del Servicio Eléctrico: Normas que debe cumplir todo distribuidor de energía eléctrica para establecer sus relaciones de distribución o comercialización con sus clientes de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 272 y su Reglamento. Esta normativa debe ser aprobada por el Ministerio de Energía y Minas a propuesta del INE, en ellas no se podrá disminuir los derechos establecidos por la Ley a favor de los clientes o consumidores de energía eléctrica”.
En el inciso f) sobre definición de “Certificación de la energía sustraída: Formato utilizado por el INE, para certificar y autorizar el cobro de la energía sustraída.
En el inciso i) Representante del cliente y consumidor: Para efectos del procedimiento de inspección del equipo de medición es la persona mayor de veintiún años, que habite o labore formalmente en el inmueble y que esté presente al momento de la inspección. En caso de un inmueble alquilado el arrendatario podrá representar al cliente en los reclamos administrativos.
En la definición del inciso j) de “Energía sustraída: Energía eléctrica suministrada por la empresa distribuidora que corresponda a un cliente o consumidor o usuario que no ha sido medido correctamente por el equipo de medición de la distribuidora, por manipulación imputable al cliente o consumidor, por línea directa manifiesta, se exceptúa la venta de energía eléctrica a terceros”.
En el inciso n) “Tarifa Binómica: Es la tarifa especial aplicada a clientes o consumidores no residenciales con cargas de potencia máxima y energía consumida”.
Además se agrega un inciso p) que dice:
p) Venta de energía a terceros: La venta de energía que un cliente o consumidor realiza a un usuario, fuera de los límites de su propiedad”.
Este agregado tiene mucha importancia, por cuanto en una casa viven muchas familias -dada la escasez de viviendas- y si está en los linderos perfectamente puede brindarse ese servicio, igual que un propietario de un inmueble que habita en el mismo, desea poner un negocio propio en su mismo inmueble, perfectamente a esa otra empresa aunque sea una sociedad anónima, si está dentro de sus límites perfectamente le puede suministrar energía.
Estas son las mociones que reforman diferentes incisos del artículo 2.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias diputado Pallais.
Diputada María Eugenia Sequeira, tiene la palabra.
A ver diputada María Eugenia Sequeira, tiene la palabra.
DIPUTADA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA BALLADARES:
No tengo sonido. Ahora sí, todavía no está bien.
Gracias diputado.
Las definiciones de este artículo llenan algunas consideraciones meramente técnicas, las cuales se analizaron en la Comisión de Justicia y definitivamente existe una gran brecha entre la iniciativa que presentó el Frente Sandinista, en donde no tenía ningún sentido social esa Ley, y el avance que se ha dado en la comisión sobre ella ha sido bastante notorio el esfuerzo que han hecho cada uno de los diputados y las instituciones que participaron en ese debate interno.
A pesar que existe una falta de igualdad en esta ley hacia todos los nicaragüenses, pero es una desigualdad, diríamos, positiva ya que con la crisis económica que vive nuestro país, los sectores más desposeídos definitivamente no podrían enfrentar de una manera intempestiva un cambio drástico en su economía familiar, además el aspecto técnico que no permite cubrir hacia todos los nicaragüenses la aplicación de esta ley, se ha mejorado definitivamente. Pero todavía existe mucho temor por dicha ley, y este temor es esencialmente por las actuaciones que a veces tiene este gobierno sandinista, de chantaje hacia los ciudadanos, de chantaje hacia los políticos, y por ese temor vale la pena valorar aún más la conveniencia de la aprobación de esta ley o de algunos artículos que deben ser mejorados.
Precisamente, hablo de chantajes, porque una prueba actual del proceder de esta administración es la posición que tiene el gobierno sandinista -el Partido Sandinista- cuando no inscriben los candidatos a las elecciones municipales en la RAAN, dando por un hecho la suspensión de estas elecciones en estos tres municipios. Sin importar que están violando el derecho constitucional de los nicaragüenses, sin importar que están violando el derecho a elegir de los pobladores de estos municipios; por lo tanto creo que vale la pena valorar o poner un alto con firmeza en el actuar de este partido y de este Gobierno, eso va a permitir más que esta ley, más que los 12 millones a lo mejor -que están de por medio con el Fondo y los requerimientos- la garantía y la confianza del pueblo de Nicaragua en el comportamiento político del Frente Sandinista. Podrán hacer leyes, podrán hacerse miles de cosas, pero si no se cambia la política en Nicaragua, del chantaje y de la represión hacia los nicaragüenses muy difícilmente va a ver confianza en la inversión o en la aprobación de leyes aquí en este país.
Por lo tanto pido que se valore aún más y se le dé garantías a los ciudadanos nicaragüenses, a nuestro pueblo de tener leyes y políticas claras, conforme la libertad que podamos tener constitucionalmente. Pedimos que se valore y que no se apruebe la suspensión de las elecciones municipales en la Costa Atlántica.
Gracias Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Tiene la palabra el diputado Mario Valle Dávila y cerramos con él.
DIPUTADO MARIO VALLE DÁVILA:
Gracias Presidente.
A veces no entiendo las preocupaciones de algunos colegas y en estas definiciones tengo la impresión, de que hace falta un concepto, tal vez habría que agregar la energía subsidiada o regalada -o no sé cómo decirle- por el generador y por el distribuidor. Según los técnicos, las pérdidas energéticas en el país, unos las calculan en 35 millones de dólares y otros en 30 millones de dólares, si estos los multiplicamos por ocho años, creo que más bien el pueblo de Nicaragua, le adeuda a los generadores 240 millones de dólares, porque nos han estado obsequiando esa energía de forma gratuita; tengo la impresión que estos generadores de energía, se han dedicado a realizar una labor de carácter patriótica, porque de la manera como se plantea el problema, no se asumen las responsabilidades.
Señor Presidente, me tomé la molestia de investigar sobre este tema y realmente si se metieran los medios informáticos y los conceptos que se están metiendo como en Las Bahamas, en países que los tenemos cercanos, todos estos conceptos que están aquí, son conceptos de legislaciones ya atrasadas. Lamentablemente, creo que algunos miembros o algunos diputados no se tomaron la molestia de investigar cómo se estaba resolviendo este problema de energía en otros países.
Muchas gracias Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Pasamos a votación la moción presentada por el diputado Pallais, que comprende la modificación en el artículo 2, de los acápites a, b, c, f, i, j, y n y agregar un acápite nuevo.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
57 votos a favor, 10 presentes, 3 en contra, 8 abstenciones. Se aprueba la moción presentada al artículo 2.
Observaciones al artículo 3.
Diputado Víctor Duarte Aróstegui, tiene la palabra.
DIPUTADO VÍCTOR DUARTE ARÓSTEGUI:
Gracias, señor Presidente.
Entiendo al honorable diputado, acerca de la preocupación que hay en torno a la ley, pero permítanme con todo el respeto que se merece honorable Presidente, de exponer aquí una preocupación mayor al honorable pueblo de Nicaragua, con lo que está sucediendo en los tres municipios de la Región del Atlántico Norte, al intentar violar los derechos constitucionales establecidos en el artículo 51 de la Constitución Política.
Hemos visto con ánimo de desprecio, cuando el Frente Sandinista ni siquiera inscribió candidatos en esos tres municipios, es lamentable que se venga fraguando una posible reforma electoral, la cual las fuerzas democráticas no estuvieron de acuerdo en su momento y quieren crear jurisprudencia suspendiendo las elecciones en esos tres municipios, posteriormente lo van a hacer con las regionales, argumentando que no se ha terminado de reconstruir la Costa Atlántica y posteriormente puede terminar a nivel nacional.
Creo que el pueblo de Nicaragua y nosotros como legisladores debemos hacer uso del derecho, apegado a las leyes como se dice, sin violentar la Constitución Política, sin violentar la Ley Electoral, debemos pronunciarnos que el único órgano de Poder facultado para reformar, interpretar o crear las leyes es el Poder Legislativo, los demás órganos como dice la Constitución Política, están subordinados a ella, y no sé de qué manera se quieren postergar las elecciones municipales, cuando esta suspensión es una violación jurídica aberrante y lesiona la soberanía del pueblo costeño y a nivel nacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Stanford Cash, tiene la palabra.
Siempre al artículo 3.
DIPUTADO STANFORD CASH DASH:
Muchas gracias, señor Presidente.
Estamos discutiendo una ley de suma importancia, pero hay algo que también deberíamos discutir en esta Asamblea y se trata de las elecciones municipales en Bilwi. Los últimos acontecimientos sucedidos en la RAAN han ahondado la inestabilidad, el caos y las convulsiones políticas, que conlleva a serios problemas sociales, políticos, morales, aun económicos. Si seguimos cronológicamente los sucesos acaecidos en esta región, percibiremos una trama en la que se conspira contra el orden institucional y notaremos la consecuente reacción de la población costeña en la RAAN frente a este hecho. Existe un grupo que da un plazo para que el Consejo Supremo Electoral, se pronuncie sobre las peticiones de suspender las elecciones, amenazan con realizar protestas en cada municipio, si no les resuelven sus demandas.
Es importante aclarar que en la RAAN, Yatama aliado del Frente Sandinista, tiene treinta y tres concejales y los del PLC sólo cuentan con diecisiete, por lo que la mayoría en el Consejo Regional escogerían a las autoridades de los municipios donde no se efectuarán elecciones.
Ante todo esto, se observan manifestaciones masivas de la población en Bilwi, en protesta por las peticiones de suspender las elecciones municipales, amenazan con tomarse el aeropuerto y la alcaldía si éstas se suspenden. La población también acusa, no es Stanford Cash, algunas autoridades le temen al pueblo, porque los alcaldes de Waspán, Bilwi y Prinzapolka no han sido transparentes en el manejo del patrimonio municipal. Dirigentes de Yatama opuesto al grupo oficial, manifiestan que esperan conocer la recomendación que haga el Presidente del Consejo Supremo Electoral, quien visitó la RAAN y fue obligado a retornar a la capital por el ambiente de inseguridad que vivía en esos momentos, también fue obligado a suspender las reuniones con los partidos políticos de la RAAN, debido a las protestas y no recibió a la delegación de pastores que pidió reunirse con él, para exponer sus puntos de vista sobre las elecciones. Los representantes del PLC y Yatama opuesto al diputado Brooklyn Rivera anunciaron el 3 de marzo que harán todo lo posible, para que no haya transporte en el Triángulo Minero y Puerto Cabezas, y responsabilizan a las autoridades del Consejo Electoral de cualquier escalada de violencia que se desarrolle en esta región, debido a las intenciones de suspender los comicios municipales.
Osorno Coleman, Comandante Blas, afirmó que si los Magistrados Electorales deciden suspender los comicios para complacer al diputado Brooklyn, lo que hará es iniciar el desacato civil, por irrespetar la voluntad de la mayoría de las comunidades indígenas, reclamando que no van a permitir que se cercene su sagrado derecho a ser elegidos y de elegir a sus autoridades. Si analizamos los acontecimientos en la RAAN, podemos identificar que hay dos tendencias, una tendencia que pide la suspensión de las elecciones municipales….
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A ver diputado Cash, por favor concrétese al artículo 3, está fuera de orden su intervención.
DIPUTADO STANFORD CASH:
Señor Presidente, ¿puedo seguir?
La tendencia que está integrada por miembros de Yatama que son aliados al Frente tienen hegemonía política en el Consejo Regional, lo que aprovechan para solicitar al Consejo Electoral que posponga las elecciones municipales. A mi manera de ver, si se suspenden las elecciones, éstas dejan de ser en sí un quehacer democrático al negar a las comunidades indígenas y étnicas el derecho de elegir a sus autoridades municipales, con el riesgo de que las alcaldías o los concejos municipales, elegidos por el Consejo Regional puedan significar una acción política de ampliación del poder central. Estas municipalidades estarían determinadas bajo un nuevo tipo de acción del gobierno central; el diputado Rivera -mi estimado coterráneo- dijo claro, sin titubear, que de suspender las elecciones municipales, el Consejo Regional será el órgano responsable de escoger las autoridades municipales, esto para mí es increíble, señores diputados y diputadas, creo que ceder a las exigencias antidemocráticas, significaría un grave error, porque representaría un retroceso a la institucionalidad y una traición a los ideales democráticos y de la sociedad costeña de la RAAN.
Como conclusión de lo expuesto, se desprende que es necesario y urgente hacer un acto de presencia en esta zona convulsionada de la RAAN, porque los acontecimientos que hemos escuchado y visto nos permiten identificar las características esenciales de una escalada inestabilidad social que puedan desembocar en una tragedia local o regional, ¿qué esperamos señor Presidente?, ¿qué esperamos señores diputados, esperamos que se produzcan una convulsión mayor con hechos sangrientos, destrucción y muertos?, tenemos que intervenir. Considero que el diputado por la RAAN Víctor Duarte nos dio una luz para actuar de inmediato. Estamos ante una situación.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias diputado, gracias, gracias diputado Cash.
Diputado José Pallais Arana, tiene la palabra.
DIPUTADO JOSÉ PALLAIS ARANA:
Muchas gracias, señor Presidente.
En el artículo 3, tenemos una moción que pretende modificar el último párrafo de ese artículo, agregando la palabra “indubitable”, por lo tanto éste se leería así:
“Una vez agotado el procedimiento administrativo, las infracciones antes establecidas, serán certificadas por el INE y tal certificación constituirá un medio de prueba indubitable dentro del proceso que corresponda”.
Hasta aquí la moción de consenso.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A votación la moción de consenso que modifica el artículo 3.
Diputado Enrique Sáenz, tiene la palabra.
DIPUTADO ENRIQUE SÁENZ NAVARRETE:
Gracias Presidente.
Nosotros tenemos una preocupación exactamente en sentido contrario, opuesta a lo que aquí está planteado, efectivamente ese último párrafo dice: “Una vez agotado el procedimiento administrativo, las infracciones antes establecidas serán certificadas por el INE y tal certificación constituirá un medio de prueba”, en el documento que tenemos dice indubitable, dentro del proceso que corresponda a nosotros nos parece realmente un precedente muy peligroso incorporar un párrafo como este, peor aún con la moción que se está haciendo.
Primero: que de acuerdo con el artículo 31, aquí existe la posibilidad que se abra un proceso penal, si aquí se agrega la expresión indubitable, ¿qué significa indubitable?, que no está sujeto a duda, que no está sujeto a contradicción, entonces un documento tramitado administrativamente va a servir casi de prueba suficiente en otro proceso, incluyendo la posibilidad de un proceso penal, aun las resoluciones de la Contraloría General de la República en materia penal son presunciones y aquí le estamos dando prácticamente el carácter de plena prueba y casi única prueba si le asignamos el carácter de indubitable en el marco de un proceso penal.
Para nosotros, esto no sólo técnicamente sino que de acuerdo con principios elementales relativos a los procesos penales, nos parece que se estaría estableciendo un precedente muy peligroso, en consecuencia nosotros estamos presentando una moción para eliminar ese párrafo.
Muchas gracias señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias diputado.
Diputado José Pallais Arana, tiene la palabra.
DIPUTADO JOSÉ PALLAIS ARANA:
Gracias, Presidente.
Entiendo perfectamente la preocupación del diputado Sáenz, pero pienso que tenemos que analizar las leyes como un conjunto normativo y tenemos la ventaja que en nuestra legislación penal, tanto procesal como sustantiva, están regidas por estrictos principios de legalidad, por respeto en las garantías. Algunas personas pueden pensar que el nuevo Código Penal tiene un defecto, si lo tiene, es esencialmente garantista porque parte del principio que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente; y las certificación del INE -para los que estudiamos bajo el Código de Instrucción Criminal (IN) donde se hablaba del cuerpo del delito y la delincuencia- no es más que el certificado médico forense y voy a ir al ejemplo: aparece un cadáver apuñaleado en la casa de uno de nosotros y bajo ningún momento el certificado médico forense ni ninguna persona, ninguna autoridad en un proceso administrativo, puede decir que ese cadáver que está en la grada de la entrada de mi casa, yo lo asesiné, está comprobado el cuerpo del delito, pero hay que ir a comprobar la delincuencia, hay que ir a comprobar quién lo mató, hay que buscar a los testigos, buscar la confesión, es decir son dos elementos.
En el nuevo Código Procesal Penal ya no se habla de cuerpo de delito ni de delincuencia, se habla del indicio de que se cometió un hecho delictivo, es decir hay un indicio, el medidor es el cadáver, pero quien asesinó al medidor esa es la prueba de la delincuencia que en el nuevo Código Penal está regido y nuestro Código Procesal Penal está regido por dos principios fundamentales, el Principio de la Responsabilidad Personal, que deviene de una garantía constitucional y el Principio de la Responsabilidad Subjetiva y la Culpabilidad. Pero para mayor claridad y para evitar estos errores de interpretaciones, ¿verdad?, porque mucha gente puede pensar que quien desconoce el derecho no sabe aplicarlo, asumamos que nadie lo conoce, vamos a presentar una moción en la parte final del artículo 17; aunque es innecesario hacerlo porque ahí están nuestras disposiciones penales, pero para la tranquilidad de todos, para la acción penal, la certificación del INE solamente constituirá indicio de la acción de un hecho delictivo, debiendo atribuirse al delito de los presuntos responsables y probarse el dolo y la responsabilidad personal conforme con las disposiciones de las leyes penales vigentes.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Cerramos con el diputado Enrique Quiñónez.
Diputado Porfirio Castro, tiene la palabra.
DIPUTADO PORFIRIO CASTRO ARÁUZ:
Gracias, Presidente.
Quiero comentar que en verdad hay muchos que meten la mano en los medidores, pero tal vez habría que ver algo, porque a veces el dueño tiene el deseo, pero en otras los mismos trabajadores de Unión Fenosa, son los que ofrecen esos servicios, habrá que ver si ellos mismos proponen a los dueños de las casas, te hago ese trabajo a cambio dé una coima. Entonces habría que elaborar por ahí una moción para también buscar a los técnicos de ellos mismos, si ofrecen ese trabajo eso es grave, y por tanto ese problema no va a terminar nunca.
En el caso de las elecciones, que también como diputados tenemos que ver lo de Bilwi, lo de la RAAN; diría que aquí en Nicaragua tuvimos una catástrofe nacional, producto del huracán Mitch, cuando estaba Arnoldo Alemán como Presidente y no suspendió las elecciones del 2000, no me dí cuenta que en Sébaco ni en Darío se suspendieron y ahí fue inundado por los ríos, asimismo allá en El Casitas aquellos deslaves que se dieron.
Creo que no hay motivo ni razón para suspender las elecciones en la RAAN, en esos municipios, sencillamente porque tal vez algún partido se siente mal con sus votantes que demuestre, su competencia que trabaje, está a tiempo todavía, la campaña está largo y la votación es en noviembre, que demuestre su capacidad y de esa manera no hay que violentar la ley sino que ejercer el derecho que el pueblo tiene. Recuerden la frase “derecho que no se defiende es derecho que se pierde” y aquí estamos los diputados que legislamos para todo el territorio nacional.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Enrique Quiñónez, tiene la palabra.
DIPUTADO ENRIQUE QUIÑÓNEZ TUCKLER:
Gracias Presidente.
Esta mañana, me encuentro sumamente preocupado y oyendo a mis colegas diputados principalmente a los de mi propio partido o bancada, parecería que en los últimos años no observamos cómo se ha chantajeado y se ha extorsionado a los mismos miembros de mi partido.
De repente escucho que hay que ordenar y es cierto hay que ordenar, pero hay que comenzar a ordenar la casa, por donde el pueblo ha venido demandando desde hace muchísimos años y es casualmente por el Poder Judicial, donde queremos ordenar a todos aquellos que bajo chantaje o extorsión de quienes controlan el Poder Judicial pueden llevar a nuestra gente, pueden llevar a las personas que crea el partido de gobierno que tendría que chantajear.
Me hago una pregunta y digo ¿qué pasaría si en estos momentos el partido de Gobierno no fuera el Frente Sandinista? Hago esta pregunta porque estoy seguro que los miembros de la Bancada del Frente Sandinista, que están defendiendo esta ley, serían los primeros en estar oponiéndose a ella en un año electoral, y siento que estamos cayendo en el juego, de hacerle todito o cediéndole todito lo que perjudica a este pueblo, siento que estamos poniéndole al igual que a cada uno de nosotros una soga al cuello, para cuando los extorsionadores y los chantajistas en este país, política y económicamente quieran apretar. De repente escucho y dice uno ya no es a los usuarios que se les va a perjudicar, también va a ser a Unión Fenosa, entonces hay que aplaudirlo, porque ahora usuario y empresa van a ser chantajeados por los mismos que extorsionan al Poder Judicial.
También escucho voces decir no hombré, no te preocupés, porque para llevar a una persona a los tribunales y acusarlo por la vía penal tiene que ser certificado por INE y yo digo, ¿y acaso estos vienen de Marte?, acaso no son los mismos nicaragüenses y no reciben igualmente algunas coimas para perjudicar no sólo a los políticos, sino también a los empresarios. Una cosa es que tengás los medidores en tu casa, en tu cuarto, y otra cosa es que estén los medidores a media cuadra de tu casa, expuestos a cualquier tipo de extorsión y de chantaje que puedan hacer.
Entonces en lo personal me opongo y cuando escucho aquí, a los mismos miembros de mi partido que durante tantos años hemos luchado por una situación de chantaje, en contra de nuestro líder y veo ahora, que todos estamos confiados y de acuerdo en una situación donde entregamos el pueblo de Nicaragua a aquellos que manipulan el Poder Judicial en este país; por eso me da risa, cuando escucho a algunos que dicen me quito la inmunidad; y cómo jodido no se la va a quitar, si los jueces son de su mismo partido, quién no sabe cómo se maneja la justicia en este país.
Si queremos orden y estoy de acuerdo con una ley, pero mientras esa ley no limpie al Poder Judicial en este país o mientras el pueblo de Nicaragua sienta que hay una verdadera injusticia no podemos estar llevando a nadie ni poniéndonos la soga nosotros mismos, ante aquellos que han venido a servir de verdugo en la democracia de este país.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias diputado, entonces hay dos mociones, una moción que propone agregar al último párrafo del artículo 3 la palabra “indubitable”, y la otra que propone eliminar el último párrafo del artículo 3.
Los que estén de acuerdo con la moción de agregar indubitable votan en verde, los que estén de acuerdo con suprimir el último párrafo del artículo 3 votan en rojo.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
Se va a cerrar la votación.
51 votos a favor de la moción presentada por el diputado José Pallais que agrega la palabra “indubitable” al último párrafo del artículo 3, 11 presentes, 8 votos a favor de eliminar el último párrafo del artículo 3, y 6 abstenciones. Se aprueba por consiguiente la moción presentada por el doctor Pallais que agrega indubitable al artículo 3.
Observaciones al artículo 4.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 5.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 6.
Diputado José Pallais Arana, tiene la palabra.
DIPUTADO JOSÉ PALLAIS ARANA:
Si, muchas gracias señor Presidente.
El artículo 6 que requirió más trabajo en el seno de la comisión, porque a como decía en mi anterior intervención, se hizo una revisión exhaustiva de todas las normativas que regulan o que regulaban el sector y se amplió sustancialmente los diferentes borradores, se fue ampliando para incorporar a situaciones particulares repetitivas de abusos sostenido, por las empresas distribuidoras y ponerle un detente firme a esos abusos en contra de los consumidores, por eso es que estamos mocionando agregar o modificar las diferentes incisos del artículo 6, específicamente proponemos de consenso modificar el inciso b) de eso artículo 6 que leería así:
“Como una infracción –verdad- de los prestadores de servicios públicos de energía eléctrica, que no son más que los distribuidores.
b) Suspender por falta de pago el servicio de energía eléctrica a los clientes o consumidores sin previo aviso de por lo menos cinco días de antelación.
c) Cortar el servicio a un cliente o consumidor que presente la factura o facturas canceladas a la cuadrilla en el momento del corte o cuando el cliente o consumidor tiene un comprobante de pago realizado por cualquier medio y forma emitido por institución competente por el período de consumo que motivara la orden de suspensión del servicio de energía eléctrica”.
Este inciso pone freno a esa prepotencia de las cuadrillas que a pesar que el consumidor enseña sus recibos hacen caso omiso a esa presentación, ahora será una infracción que tendrá responsabilidades pecuniarias grandes para la distribuidora.
También se agrega el inciso e) se modifica y se pone como infracción también de la distribuidora: “alterar intencionalmente la cuenta del cliente o consumidor vía factura, el monto total de estas facturas deberá ser compensado al cliente o al consumidor cuando así lo certifique el INE, hasta por dos veces el valor cobrado o intentado a cobrar.
Para entender este cambio, tenemos que hacer relación para qué pusimos la anterior norma, que la certificación era indubitable, porque con esa certificación al cliente o consumidor se le va a permitir a facilitar cobrar a Unión Fenosa el monto alterado, de una forma expedita y rápida por dos veces el valor de la alteración.
f) “Solicitar o cobrar al cliente el costo de los materiales o equipos para hacer reparaciones y mantenimiento que constituyen responsabilidad de la empresa prestadora de servicios públicos y energía al cliente, este monto deberá ser compensado al cliente aun cuando no hubiese sido cancelado”.
Este ha sido otro abuso reiterado, de pretender con engaños, cobrar al cliente lo que tiene que ser inversiones responsabilidad exclusiva de la distribuidora, ellos tienen que mantener las líneas funcionando en excelentes condiciones, no puede trasladársele este cobro al consumidor.
El inciso h), se leerá así:
“h) El retraso injustificado en la conexión o en la re conexión de un servicio eléctrico, el servicio nuevo, o la re conexión deberá regirse por lo establecido en la normativa de calidad de servicio, en caso de incumplimiento, la empresa distribuidora o prestadora de servicios públicos de energía eléctrica, adicional a la sanción y multa establecida en la correspondiente resolución o certificación emitida por el INE, deberá compensar con un crédito a favor del reclamante por cada día que excede el plazo válido, equivalente a cuatro veces el consumo de energía diario, calculado por el censo de carga presentado en la solicitud del servicio, sin menoscabo de los perjuicios que puedan ser reclamados en la vía respectiva.
Para la aplicación de esta infracción, el INE deberá adecuar la normativa haciendo la diferencia en la zona urbana y rural”
Señor Presidente, aclaro que este inciso se incluye por múltiples quejas de diferentes zonas del país, en que la distribuidora se niega a operar e instalar el servicio en múltiples negocios o viviendas, atrasando y excediéndose los plazos, causando un perjuicio personal al ciudadano nicaragüense que desea hacer un negocio, y al país en su conjunto porque no se generan los empleos, no se generan los impuestos o no se generan la exportación. Con este inciso estará obligada la empresa distribuidora con la certificación indubitable del INE a pagar hasta cuatro veces de lo que pagaría de consumo ese cliente desatendido y que la distribuidora cumpla con la obligación constitucional de establecer el servicio público.
El inciso i) Se modifica y se leería: “No efectuar los reembolsos o reintegros a los clientes que en virtud del proceso administrativo, sean determinados por el ente regulador”.
Se modifican también los dos últimos párrafos de dicho artículo 6, conforme a las siguientes mociones:
“Una vez agotado el procedimiento administrativo, las infracciones antes establecidas serán certificadas por el INE y tal certificación constituirá un medio de prueba indubitable dentro del proceso que corresponda.
Todas estas infracciones serán sancionadas según lo establece la presente Ley y la normativa de multa y sanciones emitidas por el INE, sin perjuicio del derecho del cliente o consumidor para acudir a la vía judicial”.
Aclaro, señor Presidente, si me lo permite este último párrafo; esto va a permitir que haya una doble sanción, hay sanciones que están establecidas en la normativa y se están legalizando la aplicación de esas multas, que llegan algunos casos, a cifras muy altas; se adicionan los castigos, las sanciones, las multas contenidas en esta ley que son en beneficio o a favor del consumidor; y se deja también con el último párrafo, la posibilidad de que el consumidor pueda hacer uso de las disposiciones penales que en el delito “desabastecimiento” y en el delito de “facturación indebida” hace responsable a los gerentes, a los directores y a los funcionarios de mayor jerarquía de las empresas distribuidoras por las infracciones aquí cometidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Francisco Sacasa Urcuyo, tiene la palabra.
DIPUTADO FRANCISCO SACASA URCUYO:
Gracias, señor Presidente.
Sé que estamos viendo una ley importante, en la cual mi voto va estar a favor de esta norma siempre, pero quiero elevar mi voz y acompañar a los miles de costeños y a los diputados aquí presentes de la Costa Atlántica, sobre la suspensión que se habla de las elecciones en los tres municipios de la RAAN, pienso que se está violentando la Constitución de la República, y si hubiese un vacío en esa ley, y se lograse interpretar en ese vacío la suspensión de las elecciones, me parece que le estamos quitando el derecho soberano a esos tres municipios. Tal vez algunos partidos políticos se sienten débiles en esos lugares y quieren bloquear estas futuras elecciones que es un derecho que da nuestra Constitución. No podemos crear ahorita, jurisprudencia de estos actos inconstitucionales, porque el día de mañana, señor Presidente, diputados tengan la seguridad que en cualquier momento con esta jurisprudencia, cualquier elección en este país sea municipal o nacional, pueda suspenderse por conveniencia de una u otra parte. Así que, me uno a ese llamado que hicieron los diputados e igualmente al pueblo costeño para que jamás se permita que se suspendan las elecciones en la RAAN.
Muchas gracias señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputada Mónica Baltodano, tiene la palabra.
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Señor Presidente, quería informar a esta Asamblea y para ilustrar sobre la importancia de responsabilizar a Unión Fenosa de una serie de delitos que realmente cometen contra los usuarios, el día 12 y 13 de octubre del año pasado se realizó una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. Este es un tribunal que se fundó en el año 79, como sucesor del Tribunal Russell, que juzgaron la guerra contra Vietnam y también a las dictaduras en los años 74, 76.
La Sesión fue la Número 33 que realizó en veinticinco años o sea que ese tiempo se han realizado hasta el momento treinta y tres sesiones y está sesión que se llevó a cabo en Nicaragua, fue para juzgar las acciones de la trasnacional Unión Fenosa en Centroamérica.
Estuvieron presentes más de mil doscientos representantes de las distintas organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores y el Tribunal que estaba integrado por jueces y representantes de distintas nacionalidades, concluyó que Unión Fenosa era responsable de lo siguiente:
En primer lugar de agresión a los usuarios con los constantes incrementos de las tarifas, este es un tema que ya se ha abordado bastante, que era responsable de falta de inversión y mantenimiento de la distribución de la energía eléctrica, que no había realizado suficientes inversiones en el servicio de alumbrado público, que no atendió a los pobladores de los asentamientos. Aquí quiero aclarar algo que decía un diputado, que la gente de los asentamientos está pegada porque quieren robar, en realidad en los asentamientos no es que la gente quiera pegarse, nadie quiere estar pegado corriendo riesgos propios y de sus hijos, sino que no se brinda el servicio, no se instalan los medidores y no se atiende a esa población. También el tribunal de los pueblos constató que hay una reducción de la atención en Nicaragua a los sectores rurales, y se dijo que se redujo el personal en 70% mientras se incrementó la cobertura en 35%, pero sobre todo en las ciudades. Y se dio un ejemplo que me parece muy importante, se señaló que en San Juan de Limay y Quilalí, zonas rurales en donde apenas reciben dos o tres horas de alumbrado, es una reducción significativa de lo que recibían antes de la instalación o de que este servicio pasara a ser distribuido por Unión Fenosa. Por supuesto se mencionaba también, como una falta imputable a la privatización el hecho de que las alcaldías tienen que destinar parte importante de su presupuesto a las inversiones que le correspondería hacer a esta empresa. Con esto quiero decirle señor Presidente y señores diputados, que ya hubo un tribunal acá en Nicaragua, que analizó lo que pasaba en Guatemala y en este país, y considera que esta transnacional no ha cumplido ni lo mínimo con sus responsabilidades adoptadas cuando se le dio la concesión. Insisto, nosotros seguimos como representantes del pueblo en vez de defender a la gente, con esta ley estamos defendiendo a la transnacional Unión Fenosa. Esta lista de infracciones que está planteada aquí me parece excelente, pero absolutamente es insuficiente al considerar nada más penalizaciones civiles, cuando a la gente le estamos recetando cárcel, a la gente en esta ley se le está mandando a la cárcel o se le está mandando incluso, a pagar onerosas multas y a Unión Fenosa no pasan de ser consideradas prácticamente, simples faltas las que se van a cometer. Y en ese sentido, recordamos las resoluciones de este tribunal permanente que se realizó el 12 y el 13 de octubre en este país.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Ramón Macías Luna, último orador.
DIPUTADO RAMÓN MACÍAS LUNA:
Muchas gracias, señor Presidente.
Veo con preocupación esta ley y considero que es una ley que no beneficia en nada al sufrido pueblo de Nicaragua, Unión Fenosa ha sido una empresa que no ha cumplido, como decía la diputada Baltodano, con todo lo que se comprometió hacer. Creo que este país de pequeñas industrias con una institución como esa, si nos ponemos a revisar no ha dejado desarrollar a este país, por sus altos costos y su pésimo servicio, ustedes no se imaginan cómo los pequeños industriales cuando están esperando el recibo de luz es una agonía, porque mes a mes viene más caro, más pésimo y no sé quién en este país autoriza por debajo que las tarifas sean aumentadas.
Esta ley, si ustedes la analizan y si ustedes la ven, se darán cuenta que en realidad aparentemente trae transformaciones positivas para el pueblo, pero conociendo al INE como se ha portado con esta empresa, que siempre ha estado a su favor, y que yo lo considero que ha sido cómplice de todo lo que ha pasado en este país alrededor de esta empresa, creen ustedes que podemos confiar en esta institución que vaya a poder fallar a favor del pueblo. Recuerde cuántos casos, hay como mil casos que todavía se encuentran sin resolver porque la empresa ha recurrido de amparo, y creen ustedes que INE vaya a trabajar eficientemente cuando ya conocemos como lo hace. No quiero que vayan a pensar que mi intervención tenga un fondo populista, sino que es realista para el pueblo, porque escuchar a los obreros, a las enfermeras, a los maestros, cuando Unión Fenosa les cobra 500, a 800 córdobas, cuando sabemos que eso no gastan, eso da mucha tristeza, y creo que los diputados de esta Asamblea Nacional…
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Macías, ya pasamos la discusión en lo general, por favor concrétese al artículo 6.
DIPUTADO RAMÓN MACÍAS LUNA:
Está bien.
Creo que en este artículo donde INE deberá actuar con la normativa, haciendo la diferencia y haciendo un montón de cosas no se va a cumplir. Les pido a los diputados de esta Asamblea Nacional que reflexionemos un poco sobre esta ley, porque no creo que al pasarle la responsabilidad al INE se vaya a solucionar el problema del alto costo de la luz y la ineficiencia de Unión Fenosa.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, diputado.
Pasamos a votar la moción presentada al artículo 6 que modifica el acápite b), c), e), f) y agrega acápite g), h), i) y dos párrafos adicionales.
A votación la moción presentada, que modifica el artículo 6.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
55 votos a favor, 7 presentes, 0 en contra, 12 abstenciones. Se aprueba la moción presentada, que modifica el artículo 6.
Observaciones al artículo 7.
Diputado José Pallais, tiene la palabra.
DIPUTADO JOSÉ PALLAIS ARANA:
Muchas gracias, señor Presidente.
Presentamos una moción de consenso que establece una modificación al párrafo primero del artículo 7, de la Prescripción, con el propósito de acortar y precisar el transcurso del período que da origen a la prescripción, el párrafo primero con la modificación propuesta se leería así:
“En caso que la ley de la materia no establezca otra disposición, todo adeudo a favor de un prestador del servicio de energía eléctrica, estará sujeto a la prescripción de un año, la que se contará a partir de la fecha en que se notifique el cobro”.
El último párrafo de dicho artículo queda igual a como está en el Dictamen.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A votación la moción presentada que modifica el artículo 7.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
54 votos a favor, 10 presentes, 1 en contra, 9 abstenciones. Se aprueba la moción que modifica el artículo 7.
Observaciones al artículo 8.
No hay.
Observaciones al artículo 9.
Diputado José Pallais Arana, tiene la palabra.
DIPUTADO JOSÉ PALLAIS ARANA:
Señor Presidente, tengo una moción de consenso para el artículo 9, de la Interrupción del servicio sin causa justificada, propone modificar ambos párrafos del mismo, el cual con las modificaciones propuestas se leería así:
“Cuando se suspenda un servicio de energía eléctrica, si del proceso se desprende que el cliente o consumidor no es responsable de los hechos que se le imputan, la empresa distribuidora deberá restablecer de inmediato el servicio, sin cobrar la reconexión. Cuando la suspensión del servicio sea por supuesta falta de pago y el cliente o consumidor probase que tiene el recibo pagado o en reclamo dentro del plazo legal para resolver, el prestador de servicio público, deberá restablecer el servicio sin cobrar la reconexión, en caso que hubieren daños o perjuicio por la suspensión del servicio, el cliente o consumidor podrá hacer valer su derecho en la vía correspondiente”.
Me permito justificar señor Presidente, tradicionalmente la empresa hacía los cortes ilegales sin fundamento, sin razón técnica, y en algunos casos se tardaban hasta varios días para hacer la reconexión, ahora se manda que esa reconexión sea inmediata, sin límite de tiempo, es decir, dentro de las 24 horas que tiene el día, y a pesar de que era injustificado, ilegal, e injusto la suspensión del servicio, se pretendía y en algunos casos se cobraba, recargaba y dañaba más al consumidor cobrándole el servicio de reconexión, tal conducta queda ahora totalmente prohibida y en los casos de corte injustificado tiene que ser inmediato aunque sean las 12 de la noche y tiene que ser sin costo alguno para el consumidor, sino a cargo de la empresa distribuidora. Esa es la justificación señor Presidente, y con esto concluyen las mociones al Capítulo I, por lo que me permitiré pasarlas por escrito en su conjunto.
Gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, diputado.
Vamos a proceder a la votación de la moción presentada al artículo 9.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
58 votos a favor, 9 presentes, 0 en contra, 7 abstenciones. Se aprueba la moción presentada al artículo 9.
Pasamos ahora a votar el Capítulo con todos sus artículos, y con todas sus mociones.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
51 votos a favor, 12 presentes, 3 en contra, 6 abstenciones. Se aprueba el artículo 1 con todos artículos, y todas sus mociones aprobadas.
Saludamos la visita a la Asamblea Nacional de estudiantes de las carreras de Derecho, Relaciones Internacionales y Comunicación Social de la Universidad Nicaragüense de Ciencias y Tecnología.
SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO
Arto. 10 El presente procedimiento establece las reglas que permiten verificar la sustracción ilegal de energía eléctrica, detectar, regularizar y facturar energía sustraída, así como sancionar, estableciendo mecanismos que preserven los derechos y el debido proceso de participación de los clientes, consumidores o usuarios.
Este procedimiento se aplicará inicialmente a todos los Clientes y Consumidores comerciales, industriales, de riego, de bombeo y a todos los Clientes, Consumidores y Usuarios domiciliares cuyos consumos sean superiores a 500 KWh/mes.
La aplicación del procedimiento al resto de los clientes y consumidores domiciliares en forma gradual, deberá aprobarse por ley.
Los funcionarios del INE deberán participar en el procedimiento de inspección, so pena de nulidad del mismo.
Arto. 11 A efectos de aplicar este procedimiento todo equipo de medición debe estar ubicado en un lugar visible, accesible y en el límite de la propiedad tal como indica la Normativa del Servicio Eléctrico. Si no estuviese así, la empresa de distribución podrá reubicar el equipo sin cargo alguno para el Cliente o Consumidor domiciliar. Las otras categorías de Clientes y Consumidores asumirán los costos de reubicación del medidor o en su defecto, deberán otorgar por escrito el libre acceso a la Empresa Distribuidora y al INE para que sean efectuadas las inspecciones necesarias.
Cuando el Cliente o Consumidor se negase a que el medidor sea reubicado, la Empresa Distribuidora podrá instalar un nuevo equipo de medición en el límite de la propiedad.
Arto. 12 Una vez realizada la notificación al Cliente, Consumidor o Representante en el acto de la inspección a realizar, éste se niegue a permitir o presenciar las pruebas, la Empresa Distribuidora hará constar este hecho en presencia de un funcionario del INE. Al finalizar la labor, se notificará al Cliente, Consumidor o Representante del resultado de las pruebas entregando una copia del Acta de Inspección.
Arto. 13 Para comprobar la comisión de infracciones por parte de Clientes o Consumidores en la prestación del servicio eléctrico la Empresa Distribuidora podrá disponer de los medios probatorios, técnicos tales como: fotografías, estadísticas de los consumos, certificación del laboratorio siempre que técnicamente sea posible y el Acta de inspección debidamente firmada por el INE, la Empresa Distribuidora y el Cliente, Consumidor o Representante, si así lo desea.
Arto. 14 En el caso de Clientes o Consumidores domiciliares cuyo equipo de medición se encuentre dentro de su propiedad, las inspecciones serán realizadas de lunes a sábado de 8 00 a.m. a 8 00 p.m., solamente con la autorización del propietario, o del que habita la vivienda, o con autorización judicial.
Las otras inspecciones en los equipos de medición así como las conexiones y reconexiones de los medidores se realizarán en cualquier hora y día.
Si el Cliente o Consumidor se le comprueba el uso de energía sustraída, la Empresa Distribuidora podrá notificarle para que en un término de setenta y dos horas se presente a la oficina comercial de la Empresa Distribuidora a solventar su situación. De no presentarse el Cliente o Consumidor en el término establecido, la Empresa Distribuidora procederá a la suspensión del servicio.
Se faculta a la Empresa Distribuidora la facturación de la Energía Sustraída al Cliente o Consumidor que hubiese cometido alguna de las infracciones previstas en la presente Ley.
Arto. 15 Revisión de las Instalaciones.
La Empresa Distribuidora podrá revisar la acometida, desde el poste o barra secundaria hasta el medidor, transformadores de tensión e intensidad cuando se trate de inspeccionar el medidor deberá contar con la presencia del INE.
Arto. 16 Línea directa manifiesta.
La existencia de una línea directa manifiesta en un servicio eléctrico facultará a la Empresa Distribuidora para:
a) Retirar de inmediato la línea directa.
b) Indicar al Cliente, Consumidor o Representante de la situación encontrada y a tomar la medición de corriente instantánea de la línea directa.
c) Solicitar al Cliente, Consumidor o Representante que permita el acceso a sus instalaciones para la realización de un censo de carga, con el propósito de confirmar la medición de la corriente instantánea y los equipos conectados.
Si el Cliente o Consumidor se niega a la realización del censo de carga, la Empresa Distribuidora procederá a la suspensión inmediata del servicio.
d) Entregar al Cliente, Consumidor o Representante, copia del Acta de Inspección, indicando la detección de la línea directa y comunicándole que se presente a la Oficina Comercial de la Empresa Distribuidora que le corresponda, en un plazo no mayor de setenta y dos horas, para solventar su situación.
Si el Cliente, Consumidor, o Representante, se negara a recibir el Acta de Inspección, se hará constar en la misma esta situación, ante la presencia del funcionario del INE.
e) Si el Cliente o Consumidor no se presenta en el plazo establecido para solventar su situación, la Empresa Distribuidora procederá a la suspensión del servicio.
Arto. 17 Procedimiento de reclamo ante el INE.
En cualquier caso de las infracciones establecidas en la presente ley, en las que el Cliente o Consumidor no estuviese de acuerdo con el dictamen de la Empresa Distribuidora y habiendo reclamado ante la misma, en primera y segunda instancia tal como lo establece la Normativa de Servicio Eléctrico, podrá hacer uso de los siguientes recursos administrativos ante el INE:
1. El Recurso de Revisión en la vía administrativa para los clientes, consumidores cuyos derechos se consideren perjudicados por actos del prestador de servicio. Este Recurso deberá interponerse en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación.
El escrito de interposición deberá expresar, nombre y domicilio del recurrente, acto contra el cual recurre, motivo de la impugnación y lugar para notificaciones.
El competente para conocer este recurso es la Dirección General de Electricidad del Instituto Nicaragüense de Energía.
La interposición del Recurso no suspende la ejecución del acto, pero la autoridad que conoce el Recurso podrá acordarla de oficio o a petición de parte, cuando la misma pudiere causar perjuicio irreparable al recurrente.
El Recurso de Revisión se resolverá en un término de veinte días a partir de la interposición del mismo.
2. El Recurso de Apelación se interpondrá, ante el mismo órgano que dictó el acto en un término de seis días después de notificado, éste remitirá el recurso junto con el informe, al Consejo de Dirección del INE en un término de diez días.
El Recurso de Apelación se resolverá en un término de treinta días a partir de su interposición, agotándose así la vía administrativa. La Resolución dictada por el INE presta merito ejecutivo.
No se podrá iniciar la acción penal, sin haber agotado la vía administrativa a través de una resolución.
Arto. 18 Verificar los dispositivos de medición.
1) Verificación: La Empresa Distribuidora o sus representantes con la presencia del personal del INE procederán a verificar los dispositivos de medición con las características establecidas en la Normativa de Servicio Eléctrico, una vez finalizada la verificación se procederá con la inspección de sellos.
2) Inspección de sellos: Se realiza la inspección con la comprobación de los sellos de aro, de caja o borne y de calibración:
a. Si el medidor no posee sello de aro, caja o borne, o el sello está roto o se nota que ha sido alterado, se retira el medidor de la base (socket) para confirmar el estado del sello de calibración.
b. Si el medidor no tiene sello de calibración, o este, está roto o se ve que ha sido manipulado, se retira el medidor y en su lugar se instala otro equipo de medición. A continuación se procede con lo estipulado en el Reemplazo del Medidor por Inspección.
c. De detectarse puentes internos en el medidor, se tratara la infracción como una línea directa manifiesta.
3) Reemplazo del Medidor por inspección: De acuerdo con lo indicado en la verificación, si la prueba de precisión del medidor resulta con un error diferente al valor establecido en la Normativa de Servicio Eléctrico o el medidor no tiene sellos de aro y de calibración, y no exista evidencia de línea directa manifiesta se procederá a realizar cálculo de energía sustraída y no facturada o facturada en exceso de acuerdo a lo establecido en la Normativa de Servicio Eléctrico.
Arto. 19 Venta de energía eléctrica a terceros.
La venta o suministro de energía eléctrica a terceros facultará a la Empresa Distribuidora a suspender el servicio hasta que se regularice la situación.
Arto. 20 Instalación de medición para el control de consumos.
Si en el análisis del suministro se detectan inconsistencias en la lectura o en los consumos del Cliente o Consumidor la Empresa Distribuidora podrá instalar el equipo de medición para el control del consumo. Una vez determinadas las causas de la anomalía, el registro de este equipo de medición de control servirá de soporte técnico en la detección del problema encontrado que deberá ser del conocimiento del INE.
Arto. 21 Análisis y cálculo de la energía sustraída.
La Empresa Distribuidora calculará la Energía Sustraída por los meses en que se presentó la infracción, hasta un máximo de doce meses. Tomando como base para su análisis el comportamiento del consumo facturado hasta un máximo de veinticuatro meses previo a la detección de la infracción y considerando los métodos de cálculos de la energía sustraída en el orden de prelación descritos a continuación:
a) Censo de carga: Se tomará como base la carga instalada y los consumos promedio de los equipos eléctricos instalados en el local donde se suministra la energía eléctrica, de acuerdo con las tablas de capacidades y consumos promedios aprobados por el INE. La energía sustraída será la diferencia entre el consumo que debió registrar el medidor según el censo de carga y el consumo facturado, durante el período considerado.
b) Prueba de laboratorio: El porcentaje de energía que según el laboratorio no está siendo registrado por el equipo de medición, debidamente certificado en presencia del INE y del Cliente o Consumidor si éste presencia la prueba.
Los medidores que sean retirados producto de la aplicación de esta Ley serán resguardados por el INE con sus correspondientes sellos, en una bolsa sellada y lacrada, para su posterior traslado al laboratorio.
c) Mediciones de corrientes instantáneas. Cuando el Cliente o Consumidor rechace la toma de un censo de carga, el cálculo de la energía sustraída se obtendrá como producto de la corriente instantánea medida de la línea directa, multiplicada por la tensión de la línea, las horas uso mensuales según el tipo de Cliente o Consumidor y el periodo ya sea meses o fracción en que existió la infracción.
d) Promedio de consumo real: Media de consumo real registrado en el medidor a lo largo del siguiente ciclo completo de facturación tras la normalización del suministro. La energía sustraída será la diferencia entre el dato definido anteriormente y la energía que fue facturada para un mismo período.
| Tipo de Cliente o Consumidor | Horas uso mes |
 | |
| Comercial mayor y menor | 220 |
| Industrial menor y mediana | 300 |
| Industrial mayor | 480 |
| Irrigación y bombeo | 360 |
| Iglesia | 150 |
| Soldadores | 4 horas diarias por días de uso |
En el caso de los clientes domiciliares el INE elaborará una tabla sobre las horas uso de los electrodomésticos, la cual deberá estar aprobada quince días después de la entrada en vigencia de la presente Ley, y mandada a publicar en La Gaceta, Diario Oficial.
Arto. 22 Cálculo del Importe a facturar.
El valor del consumo de energía sustraída será reflejado en una sola factura que comprenderá la energía sustraída durante el período en que se presentó la infracción, hasta un máximo de doce meses. El valor de la energía y la potencia será de acuerdo a la tarifa del mes en que se detectó.
En el caso del servicio domiciliar el cobro de la energía será de acuerdo al valor que tendría el consumo excedente que refleja la sustracción.
En el caso de tarifas binómicas, se determinará la potencia real consumida aplicándose la metodología de cálculo establecida en el artículo 21 de esta Ley. La potencia a facturar por las Empresas Distribuidoras será la diferencia entre este nuevo valor calculado y el valor facturado.
Todos los demás cargos asociados a la facturación deberán ajustarse al pliego tarifario y a la tarifa vigente, para ese nivel de consumo.
Arto. 23 Cobros asociados.
Las Empresas Distribuidoras están autorizadas a cobrar los costos asociados por la detección y normalización de los servicios, previamente aprobados y publicados por el INE.
Arto. 24 Forma de Pago.
En el caso de la energía sustraída podrá efectuarse el pago en tantas cuotas mensuales iguales como meses le sean facturados al Cliente o Consumidor. No se aplicarán intereses durante este plazo. Con una sola cuota vencida, la Empresa Distribuidora hará uso del título que presta mérito ejecutivo para el cobro.
Hasta aquí el Capítulo II.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el Capítulo II.
Observaciones al artículo 10.
Diputado Maximino Rodríguez, tiene la palabra.
DIPUTADO MAXIMINO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ:
Muchas gracias, Presidente.
En vista de que hay ciertas situaciones alrededor de los artículos subsiguientes del Dictamen, como decíamos, como Comisión estamos claros de lo que planteamos en el Dictamen y todo, pero como hay diputados que tienen ciertas inquietudes alrededor de esos artículos, quiero pedirle a la Junta Directiva que mejor suspendamos hasta acá la discusión, para evacuar las inquietudes que tienen algunos colegas, que estamos seguros que no van alterar el espíritu de este Dictamen que hemos hecho los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Tengo mociones firmadas y yo procedería a leer la moción del artículo 10, firmada por el Presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, que fue consensuada en la Comisión; si ya quieren suspender y romper quórum lamentaría mucho la situación. Lamento esa posición, y creo que deberíamos seguir discutiendo la ley, de la que se ha dicho infinidades de cosas que no son ciertas, se ha mentido reiteradamente y estamos ante una realidad objetiva. Nuestra bancada está aquí dispuesta a cumplir con la responsabilidad legislativa y tenemos las mociones del caso señor Presidente, si fuera posible tener quórum y lograr seguir, seguiríamos, sino quedaría suspendida por falta de quórum. Así que pediría que se comprobara.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Hay 45 diputados apuntados, y hay como 18 presentes, o sea, que no tenemos quórum de diputados apuntados, pero a lo mejor lo que están presentes la piensan mejor y se apuntan para concluir la discusión. La pensaron mejor, porque ahora solamente hay 40 diputados apuntados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, suspender la sesión hoy, para continuar el martes esta discusión a primera hora.
Se suspende la sesión y continuamos la discusión del Capítulo II, el próximo martes primero de abril.
CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA PRIMERO DE ABRIL DEL 2008. (VIGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA).
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Se abre la sesión.
El día 27 suspendimos la sesión ordinaria en la discusión de la ley denominada Anti-Fraude; hoy procedemos a darle continuidad en el segundo Capítulo, el que ya fue leído en la sesión anterior; por consiguiente, vamos a pedir observaciones al artículo número 10 del Capítulo II.
En el Adendum No.006, Punto III: DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE DECRETOS Y LEYES PRESENTADAS.
Punto 3.86: LEY PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Tenemos una moción al segundo párrafo del artículo 10, referente al procedimiento, el que diría lo siguiente:
“El presente procedimiento establece las reglas que permiten verificar la sustracción ilegal de energía eléctrica, detectar, regular y facturar, energía sustraída, así como sancionar estableciendo mecanismos que preserven los derechos y el debido proceso de participación de los clientes consumidores o usuarios. El procedimiento para las sanciones administrativas, contenidas en la presente ley, serán aplicables inicialmente a todos los clientes y consumidores comerciales, industriales, de riego, de turismo, bombeo y en los casos de los clientes y consumidores domiciliares, se aplicará solamente a aquellos cuyo consumo sea superior a quinientos kilowatt por mes.
La aplicación del procedimiento al resto de los clientes y consumidores domiciliares de forma global, deberá aprobarse por ley.
Los funcionarios del INE deberán participar en el procedimiento de inspección, so pena de nulidad del mismo”.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A votación la moción presentada que modifica el artículo 10.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
40 votos a favor, 25 presentes, 10 en contra, 2 abstenciones. Se aprueba la moción presentada que modifica el artículo 10.
Observaciones al artículo 11.
Diputada María Eugenia Sequeira Balladares, tiene la palabra.
DIPUTADA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA BALLADARES:
Gracias, Presidente.
Quisiera externar al pueblo de Nicaragua, a esta honorable Asamblea, nuestra gran preocupación como diputados de oposición aquí en este país, asimismo nuestra posición en este honorable Parlamento, ante los momentos que se están viviendo en Nicaragua, porque, consideramos que no se pueden seguir aprobando leyes por exigencias del fondo monetario, cuando no existe ni siquiera la confianza y la estabilidad en esta ley que hoy estamos aprobando, pensamos que es necesario hacer una nueva revisión a dicha ley, además creemos que aun cuando sea una ley de exigencia del Fondo Monetario, este organismo debería también de prestar atención a los temas de gobernabilidad en nuestro país.
Hoy estamos viviendo las consecuencias de querer suspender las elecciones en la Región Atlántico Norte, y no podemos permitir que una resolución administrativa del Consejo Supremo Electoral o una resolución del Consejo de Autonomía de la RAAN, puedan impedir los derechos constitucionales de la población o de los ciudadanos de tres municipios de la Costa Atlántica; por lo tanto, consideramos que no podemos continuar aprobando una ley, en estas condiciones de inestabilidad en cuanto a la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
Así que, señor Presidente, le pedimos que por favor se suspenda la aprobación de esta ley, porque reitero no podemos continuar aprobando una ley donde no brinda estabilidad y confianza al pueblo de Nicaragua. También quisiera dar lectura a una declaratoria que hemos firmado algunos de los diputados aquí presentes; sin embargo, queremos de antemano llegar a un acuerdo aquí en el plenario, de que se valore la continuidad o no de la aprobación de esta ley anti-fraude.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
En la sesión anterior, del día jueves 27, nosotros dimos la oportunidad para que todos los oradores que quisieran, expresaran su opinión sobre una supuesta posposición de elecciones en tres municipios de la RAAN, digo supuesta, porque no hay ninguna resolución que así lo indique; de modo que se está usando un pretexto inexistente para no discutir una ley tan importante como ésta, hay todavía cuatro compañeros y compañeras apuntados, vamos a escucharlos.
Diputado Víctor Duarte Aróstegui, tiene la palabra.
DIPUTADO VÍCTOR DUARTE ARÓSTEGUI:
Gracias, señor Presidente.
Creo que en estos momentos, la democracia de Nicaragua está en juego y lo digo, cuando la máxima autoridad representada en el Gobierno de la República desconoce la Constitución Política, que es la Carta Magna por excelencia y las leyes están subordinadas a ella. Hoy aparece en los periódicos, que el señor Presidente dice que los Consejos Regionales tienen la facultad de suspender las elecciones en tres municipios de la Costa Atlántica. Con todo el respeto que se merecen y sin querer herir a nadie, creo que el señor Presidente está mal asesorado o se agacha para ver si los nicaragüenses dejamos pasar esa bola sobre nuestras cabezas. Eso es crear un Estado sobre otro Estado. La Constitución Política es clara en su artículo 168 da las atribuciones al Consejo Supremo Electoral que es de organizar, dirigir y supervisar qué?, elecciones, plebiscitos y referendos en concordancia con el artículo 3 y 2 de la misma Ley Electoral, por ningún lado dice, que los Consejos Regionales u otros órganos podrán postergar elecciones en cualquier parte de Nicaragua.
El artículo 182 de la Constitución Política, es clara cuando dice que La Constitución Política es la carta fundamental de la República y que las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno, dice, aquellas leyes, órdenes o disposiciones que se le opongan. Por tanto esa resolución del consejo regional es violatoria a la Constitución Política y el cual no tiene ninguna facultad para postergar elecciones ni el mismo Consejo Electoral, porque en el artículo 191 de la Constitución Política es claro cuando dice que la única facultada para crear, interpretar y reformar leyes es la Asamblea Nacional. No sé entonces, a donde nos estamos enredando y habla de reforma parcial y total de la Constitución, a quien le corresponde la reforma parcial a petición del Presidente de la República o de un tercio de los diputados, qué se necesita para ello, el 60% de los votos favorables a esa petición de reforma parcial y la reforma total le corresponde al 50 más 1 de los diputados de la Asamblea Nacional y que esto se tiene que hacer en dos legislaturas y no al capricho de una persona.
Me molesta, me parte el alma en dos, cuando veo buses llenos de niños trasladados del Atlántico hacia el Pacífico, para demostrar ante la opinión nacional e internacional que no hay condiciones para celebrar elecciones en la Costa Atlántica y no sabemos si con ese fin venían, porque el destino que traían no existe. Dice la Ministra de la Familia, que no hay albergue en el lugar donde venían, ahí hay un delito de por medio y tendrán que ser investigadas las personas que en el medio de comunicación de hoy, aparecen involucradas. Por eso hago la petición, que se conforme una comisión especial para que investigue el traslado de los niños misquitos hacia el Pacífico y se castigue con el peso de la ley, que así se establece esa aberrante decisión y que no se involucren ahí las personas que están mencionadas, porque tienen implicancia, no pueden ser juez y parte.
Yo les pregunto a los honorables diputados, en qué país estamos?, si el Presidente de la República nos “mandata” a desconocer la Constitución Política y las leyes conexas, de qué democracia estamos hablando, dónde está la libertad, dónde está lo que el artículo 51 de la Constitución Política, claramente dice; que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electos y el artículo 3 de la Ley Electoral establece que los alcaldes son electos por cuatro años, de qué manera se van a suplantar estas autoridades.
El artículo 24 del Estatuto de Autonomía dice, que los Consejos Regionales tienen facultad de presentar ordenanzas y resoluciones en coordinación con la Constitución Política. La resolución misma que publicó este Consejo Regional dice, que le pide al Consejo Supremo Electoral postergar las elecciones al tenor del artículo 179 de la Ley Electoral y si el mismo Consejo Regional reconoce que es el Consejo Supremo Electoral el encargado de efectuar tal elección, por qué el Presidente de la República ahora sale diciendo lo contrario, se enreda, desconoce la ley, es lamentable, bochornoso, vergonzoso y humillante para los nicaragüenses, que un mandatario desconozca la ley, principalmente la Constitución Política.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias diputado.
Recordamos lo siguiente, estamos discutiendo en lo particular la Ley Anti-Fraude en el Capítulo II y pidiendo observaciones al artículo 11. Les pedimos a los que están anotados, que sean concretos y se refieran a ese tema, vamos a cerrar con el diputado Wálmaro Gutiérrez.
Tiene la palabra la diputada Mónica Baltodano.
DIPUTADO MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Gracias, señor Presidente.
Tal vez recordarle, que este Parlamento tiene también una función política, una función que tiene que ver con lo que ocurre en las calles, con lo que ocurre en la vida política del país y que es muy difícil, señor presidente, que frente a lo que está pasando, querernos enmarcar mecánicamente en que ahorita estamos discutiendo el artículo tal o estamos discutiendo el capítulo tal, cuando hay problemas reales sobre los cuales hay que referirse.
Y en primer lugar, si uno escucha todos los medios de comunicación o habla con la gente, va a los barrios, hay una enorme preocupación de la ciudadanía por esta ley, por todo su contenido, porque está hecha en función de beneficiar a la compañía Unión Fenosa, dejando en la indefensión a la gente. Cuando se les explica a la gente que esta ley se mejoró porque se establecieron delitos o faltas de esta empresa ante las cuales la ciudadanía podrá recurrir, se ríen de nosotros, porque dicen, ¿cuándo un ciudadano de un barrio le va a ganar en un juicio a Unión Fenosa? esa es pura patraña. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que se debe suspender la discusión de esta ley y volver a revisar los artículos que aún nos faltan por aprobar, para tratar de quitarle todas aquellas espadas, sobre todo las espadas penales que sabemos que contiene la ley.
Ahora bien, señor Presidente, lo de la Costa Atlántica no es como usted dice, que estamos soplando la cuajada porque nos hemos quemado con leche, no es cierto, lo de la RAAN no es un hecho ficticio o producto de nuestra imaginación y bastan tres elementos, que demuestran que es una ley que está hirviendo y no una cuajada. Uno, que su partido, señor Presidente, que es el partido de gobierno, tuvo la desfachatez de ni siquiera inscribir candidatos en Prinzapolka, en Waspán y en Bilwi. Y ayer, el Presidente de la República argumentó, que el Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte había decidido y que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento al Consejo Supremo Electoral, cosa más absurda, cómo puede un mandatario de una nación decir que una resolución del Consejo Regional de la RAAN en materia electoral posponiendo o suspendiendo el derecho de los costeños de esos tres municipios a ejercer el derecho al sufragio en noviembre de este año, es una resolución que puede estar por encima de la Constitución y la ley.
Señor Presidente, este Poder del Estado está viendo las intentonas de volver a hacer lo que usted ya sabe que se hizo a principios de este año, donde quisieron conculcarle a esta Poder del Estado el derecho a todo el proceso de formación de la ley. Entonces, no es una cuajada la que estamos soplando, porque ya nos quemamos con leche, es que estamos viendo cómo está hirviendo esa leche, con todos los factores que se están poniendo en evidencia con las declaraciones cínicas del Presidente, con las declaraciones de los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, con las declaraciones de Brooklyn Rivera. De manera que este Poder Legislativo tiene que adelantarse a la posibilidad real, construida sobre la base del control del Consejo Supremo Electoral, a que se vuelva a atropellar la Constitución y la ley.
Así que, señor Presidente, le invito a que no nos esté coartando nuestro derecho como representante de la gente a opinar sobre un tema que es de enorme trascendencia, mucho más que estarle sirviendo en bandeja de plata a una transnacional lo que ellos quieren. Es mucho más importante la defensa de la democracia, la defensa de los derechos de los nicaragüenses, que estar a mata caballo aprobando la ley de la transnacional Unión Fenosa, así que por favor no nos coarte nuestro derecho como representantes.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Carlos Olivas Montiel, tiene la palabra.
DIPUTADO CARLOS OLIVAS MONTIEL:
Muchas gracias, señor Presidente.
Con el debido respeto a todos nuestros colegas diputados, es importante que comencemos nosotros a hablar como habla nuestro pueblo. Ya muy pocos diputados en vía de extinción, son los que solemos andar en los buses, en los taxis, en las calles, hablando y tocando a la gente, ya somos muy pocos, la mayoría está distanciada totalmente de la gente. Y se oye decir a nuestro pueblo: qué barbaridad, dicen, cómo es posible que los grandes paladines de los trabajadores, de los pobres y de los más necesitados, ahora estén dándole un cuchillo a Unión Fenosa para que nos trasquilen el cuello, así dicen los taxistas, los obreros, los campesinos, todo mundo. Bueno, los campesinos que tienen el servicio de luz eléctrica, porque en el caso de Río San Juan, del 100% de las comunidades campesinas, sólo el 3% tiene luz eléctrica; sin embargo, hoy nuestras bancadas están urgidas para negociar, que raro, que rara esa palabra, para negociar si nos dan las elecciones en los tres municipios les aprobamos la ley de Unión Fenosa, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de negociaciones, señores.
Es un derecho que tienen los costeños, es un derecho que tienen los tres municipios de que se realicen sus elecciones, no es un derecho solamente por ley ordinaria, es un derecho constitucional, y eso no tiene ningún tipo de objeción, más que el capricho -como siempre lo he dicho- del excentricismo político, que ya son otros temas y nuestro pueblo ya no puede estar aguantando ese tipo de aberraciones en la manera de dirigir el gobierno.
Es importante que nosotros comencemos a recapacitar, ¿qué es lo que esconden?, se pregunta la gente. Sigo diciendo esto, porque hay que codearse con el pueblo, ¿qué es lo que esconden en esos tres municipios?, será que ya saben que la tienen perdida, será que ahí se está fraguando un bunker de petróleo, será que ahí el narcotráfico está reinando, o sea, están dejando muchas dudas ese tipo de actitudes excéntricas.
En relación con la ley de Unión Fenosa, ya dije soy de una sola cara, aquí no es cuestión de que negociemos esto por lo otro, una cosa son las elecciones y otra es esta ley de Unión Fenosa. En primer lugar, defendamos a nuestra gente, a nuestro pueblo, si vamos hacer un artículo que vaya a trasquilar a nuestra gente, es un artículo por el que ustedes van a ser condenados por esta generación y las futuras generaciones que vengan. Les pido, señores diputados, señor Presidente, con el debido respeto, maduremos ya, la política no es toma y daca, toma que te doy, no, la política es la consecución del bien común y no se trata del bien común de los parlamentarios, se trata del bien común de la nación, el bien común de la gente, ya los pobres no son los mismos de antes, ellos cambiaron, antes eran sandinistas, ahora son liberales, MRS, sandinistas. Porque hay sandinistas que están siendo condenados por el mismo gobierno y todos los otros que son más del 80% que no tienen partido, todos están siendo condenados a la pobreza incesante. Este pueblo tiene que despertarse, tenemos que actuar, decirle a la gente que nosotros sí venimos a trabajar por ellos, que nosotros estamos vigilando, defendiendo sus derechos y sus intereses. Si ustedes se quieren quedar sentados, está bien, si las bancadas quieren estar haciendo pantomima de que están peleando por la gente, háganlo tranquilos, pero aquí habemos diputados que no estamos tranquilos, que sí nos codeamos con la gente y vamos a denunciar. Así que, hermanos, yo les pido que le hagamos capricho a esta situación.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Mario Valle Dávila, tiene la palabra.
DIPUTADO MARIO VALLE DÁVILA:
Gracias, Presidente.
Verdaderamente, a veces no logro entender estos amarres que hacen entre las bancadas mayoritarias. hace diez minutos aprobamos un artículo de la ley, de esa misma ley a la que un grupo de diputados, que en el mejor de los casos hemos llegado a ser diez, nos hemos estado oponiendo de forma consistente, unos absteniéndose y otros votando en rojo y los puedo mencionar hasta con nombre y apellidos, pero no entiendo cómo hace diez minutos los que están diciendo que esta ley de Unión Fenosa hay que regresarla, acaban de aprobar un artículo y después de la intervención de la Jefa de Bancada de ALN, se plantee el problema de la Costa Atlántica.
Efectivamente, coincido plenamente con lo que mencionaba la diputada Mónica Baltodano, de que la población está indefensa ante esta ley y al menos el grupo que creo que nos hemos estado oponiendo, nos vamos a seguir oponiendo. Pero cuando se trae a colación el tema de la Costa Atlántica, también he visto que hay otro grupo de diputados que claramente se han expresado ya, de que el Consejo Supremo Electoral no tiene competencia para suspender las elecciones en la Costa Atlántica.
Creo que el Estatuto de la Asamblea Nacional establece con meridiana claridad, los mecanismos que se deben de utilizar en esta Asamblea. Pero muy acertadamente, como decía el diputado Carlos Olivas, esto no puede ser un dame que te doy, hace cinco minutos la ley es buena y ahora a los cinco minutos decimos ya no, suspendamos, y los que están aprobando y votando en verde han estado aprobando esta ley, la que dicen que ahora no hay que aprobar. A mí me meten en un gran enredo con esto, creo que las bancadas mayoritarias, los partidos mayoritarios deben asumir una actitud responsable, en términos de decir qué es lo que se quiere, con mucha claridad, pero no estar manoseando ni al Primer Poder del Estado, porque creo que lo manoseamos y nos irrespetamos nosotros mismos, porque si aquí queremos elevar la tesis de que esta ley antifraude es nociva para el pueblo de Nicaragua, a como yo lo creo y a como lo he estado votando consistentemente, pues sencillamente que metan la moción para que esta ley vuelva a comisión, si esa es la decisión que van a tomar. Si hay una decisión con respecto a las elecciones en la Costa Atlántica, pues que los jefes de bancada metan su iniciativa ante la Junta Directiva del Parlamento. Pero no pueden estar negociando, que si me aprobás esto, porque siendo así, yo que en este momento estoy diciendo que esta ley es lesiva para los intereses de la población de Nicaragua y si dentro de cinco minutos la misma ley se va a volver buena, entonces toda la gente que está aquí atrás está haciendo el ridículo, por tal razón lo que quiero, es que la población se dé cuenta que estos once artículos que se han aprobado y la aprobación en lo general de la ley, fue con el voto mayoritario de los partidos Alianza del PLC, Movimiento Vamos con Eduardo y la bancada de gobierno.
Así que, creo que no se puede seguir engañando a la población de esta manera o hacemos las cosas en orden o no las hacemos, dejemos de estar agarrándonos a las mentiras, porque aquí dentro de diez minutos va a comenzar el relajo de nuevo, apaguémonos, encendámonos, apaguémonos. Es decir, estamos hablando del caos que hay en la Costa Atlántica, del caos que se quiere crear en el Consejo Supremo Electoral y nosotros lo que hacemos es echarle más leña al fuego, en vez de buscar y utilizar los mecanismos que están establecidos en el Estatuto General de la Asamblea Nacional.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Enrique Sáenz Navarrete, tiene la palabra.
DIPUTADO ENRIQUE SÁENZ NAVARRETE:
Gracias, Presidente.
Cuando comenzó a discutirse esta ley, nosotros, además de denunciar que el objetivo era beneficiar a Unión Fenosa, beneficiar a los generadores y beneficiar al grupo económico clandestino que se está lucrando de la cooperación venezolana, también nos referíamos a la hipocresía de esta ley, no sólo en su objeto, no sólo en su contenido, sino que aun en el procedimiento. Estamos discutiendo el capítulo del procedimiento y aún el procedimiento es himno a la hipocresía, aparecen aquí un conjunto de trámites y de supuestos derechos para los consumidores, pero eso es para las sanciones administrativas y además también con argumentos hipócritas basándose en algunos artículos de la ley, se dice que esto sólo está dirigido para los grandes consumidores, a los que están más allá de los 500 kilowatt, etc., con un argumento hipócrita y seguramente los defensores de la ley que van a intervenir posteriormente, se van a referir a lo mismo.
Pero este capítulo relativo a los procedimientos con lo que hay que contrastarlo es con el contenido del artículo 31, donde aquí realmente salen los dientes, las garras, los pelos de esta ley, es aquí donde ésta dice la verdad. En primer lugar, porque se anticipa la vigencia del Código Penal en un conjunto de artículos, yo preguntaría, cuál es el afán de anticipar las penas contenidas en el Código Penal que todavía no se ha publicado y vincularlo a esta ley, cuál es la razón, no es castigar?, no es penalizar?, y ahí de ninguna manera se hace diferencia entre los que consumen más o los que consumen menos, lo que se está vinculando expresamente a esta ley es un conjunto de penas y de delitos que como es obvio, valen para todos.
De tal manera, que este capítulo de procedimientos solamente se refiere a la parte administrativa, pero el contenido real de la ley está en el artículo 31 donde están las disposiciones dirigidas a penalizar ¿a quién? por supuesto a los más pobres. Y no es cierto, tal como está dispuesto ahí, que solamente los grandes consumidores van a ser penalizados, porque de la manera en cómo está redactado el artículo que se denomina aprovechamiento indebido de fluido eléctrico, agua y telecomunicaciones, en un país sometido a la inflación como estamos en este país por razones que se pueden discutir, pero el hecho es, que estamos sufriendo el impacto de la inflación, con el deterioro de los salarios y con el aumento de la tarifa eléctrica muy rápidamente los más pobres también van a ser penalizados y castigados con cárcel, con la entrada de vigencia de esta ley; de tal manera, que esas son las razones por las que nosotros nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo a esta ley.
Otra cosa es lo que ocurre en la Costa Atlántica y ahí nosotros queremos destacar en particular un punto. Ciertamente despojar a los habitantes de la Costa del Atlántico Norte por razones politiqueras, ya es un atentado contra la democracia, pero hacerlo sin fundamento legal, tal como existe la amenaza real de que lo haga el Consejo Supremo Electoral, es un atentado contra la legalidad del país.
Pero hay otro asunto igualmente o todavía más grave, uno se podría preguntar, si se suspenden las elecciones ¿qué ocurre con las autoridades que están vigentes en este momento una vez que se cumpla su período? Hay dos opciones o cesan en sus funciones o continúan en sus funciones. Si cesan en sus funciones, como lo establece la Constitución, ¿cuáles serán las autoridades de esos municipios?, ¿quién las va a designar?, no hay en la Constitución ningún órgano habilitado para designar esas autoridades. Y si continúan en su ejercicio, se trata de usurpación de funciones y no corresponde al Consejo Supremo Electoral otorgar a quienes fuimos electos por un período determinado un período adicional, ya se conoce que en derecho público ningún órgano tiene más facultades que aquellos expresamente establecidos por la Constitución y por las leyes.
De forma que una decisión en ese sentido del Consejo Supremo Electoral, representaría igualmente un atentado, porque mañana con cualquier otro pretexto pueden suspender las elecciones en Managua, en León, en Ciudad Sandino, en Carazo, las elecciones regionales y por último las elecciones nacionales. Simplemente porque cuatro magistrados sirviendo de coro a una directriz superior, se les ocurra suspender estas elecciones, esa es la razón y que es distinta de las razones por las que nos oponemos a la Ley Anti-fraude; por la que nosotros estamos respaldando la iniciativa de un posicionamiento de la Asamblea que defienda la democracia, que respalde la estabilidad y el derecho de los ciudadanos costeños a elegir a sus autoridades.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Carlos Noguera Pastora, tiene la palabra.
DIPUTADO CARLOS NOGUERA PASTORA:
Gracias, señor Presidente.
El día de ayer por la noche, escuchábamos al presidente Ortega, dando declaraciones a los medios de comunicación, en donde con mucha claridad él expresaba su apoyo a una decisión del Consejo Regional de la RAAN de suspender las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspán y Prinzapolka.
En realidad, el problema que se está planteando el día de hoy en el país y en especial en este Poder del Estado, es que nosotros como diputados liberales, nos oponemos a crear un precedente negativo en la nación, porque en primer lugar, viola la Constitución Política que es la Carta Magna; asimismo la Ley Electoral no establece ningún mecanismo para hacer esa suspensión de elecciones, y también la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica -tanto del norte como el sur- en ningún momento establece una disposición de ese tipo, porque se opone a la Constitución y todos sabemos por principio, que ninguna ley puede estar por encima de las disposiciones de la Constitución de la República.
Por otro lado, estamos en el proceso de aprobar la Ley Antifraude, considerada como uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, para estar dentro del programa y como todos sabemos lo que eso significa, tanto la ayuda económica que se da para balanza de pago, como el apoyo de la comunidad donante para el tema presupuestario. El problema es que, al finalizar el año recién pasado, Nicaragua vivió una crisis institucional de gobernabilidad al entrar en conflicto esta Asamblea Nacional con el Poder Judicial, por la decisión de un tribunal de suspender el proceso de formación de la ley, hasta que por último se buscó una solución a esa situación.
Pero ahora lo que observamos en Nicaragua, es que estamos viviendo de crisis en crisis institucional. Al querer suspender las elecciones en la Costa Atlántica, creamos una nueva crisis institucional y demostramos a los mismos organismos internacionales que es un país que no tiene estabilidad y si no existe ésta se aleja la inversión, si no hay estabilidad, no hay crecimiento económico, por consiguiente las metas de recaudación se bajarían y tampoco habría la estabilidad que permite precisamente esa lucha contra la pobreza, la cual todo mundo apoya y que es uno de los paladines del actual Gobierno del presidente Ortega.
De tal forma, que dejaremos bien clara nuestra posición la cual es, que no podemos aceptar desde ningún punto de vista, que se haga un aplazamiento de las elecciones en esos tres municipios de la Costa Atlántica, por el precedente negativo que se crea; porque quien puede lo poco, puede lo mucho; mañana pueden interrumpirse en cualquier otro municipio o inclusive las nacionales, porque ya se pudo hacer en lo poco. Por lo tanto, la posición nuestra es que esa situación debe quedar sumamente clara. Tan cierta es esta circunstancia, señor Presidente, que usted decía que no había una resolución en ese sentido, cuando el Frente Sandinista no presenta candidatos en ninguno de los tres municipios, quiere decir de hecho que están aceptando que no se realizarán elecciones en esos tres municipios, aquí no nos van a engañar.
Por tal razón nuestra posición es, que así como esta ley es parte del compromiso con el Fondo Monetario, asimismo es compromiso la gobernabilidad y mientras el país atraviesa una nueva crisis institucional de gobernabilidad creada con la suspensión de las elecciones, no le vamos a dar estabilidad a Nicaragua y por lo tanto esta situación no ayuda a destrabar esta coyuntura que estamos viviendo ahorita.
Por eso llamo a la reflexión al Presidente de la República y a los otros Poderes del Estado, a que analicen con profundidad esta decisión que quieren tomar y que la reviertan por el bien de Nicaragua, por la gobernabilidad, por la estabilidad económica y social del país y no sentar precedentes graves que vayan echar al traste la institucionalidad de Nicaragua.
Gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Víctor Hugo Tinoco Fonseca, tiene la palabra.
DIPUTADO VÍCTOR HUGO TINOCO FONSECA:
Gracias, Presidente.
No me voy a referir a la parte electoral de la Costa, pues ya se ha abordado con mucha madurez por las personas que han hablado, si lo haré a la ley en discusión. Considero que no hay que tratar de tapar el sol con un dedo, queramos o no queramos esta ley está diseñada y concebida para que Unión Fenosa, tenga más viabilidad económica, lo que significa que ésta tenga más herramientas para recuperar reales, dinero, etc. La ley no tiene que ver con los consumidores en el sentido positivo, solamente en sentido negativo, porque como le da herramientas a Unión Fenosa, ésta fácilmente lo que hará es apretar al consumidor y a todo el que pueda. Son más armas de las que ya tiene, en eso no hay que enredarse, no hay que ocultar el sol con un dedo, esta es una ley para que la empresa tenga viabilidad, aquí esta ley no está diseñada para favorecer a los consumidores.
Pero hay otra cosa que quería desarrollar, señor Presidente, y es lo siguiente, el problema no es esta ley, sino el “clavo” que se le viene a la gente en lo que queda de este año y el próximo. Cuál es el panorama que tenemos hacia delante, en términos del precio que pagan por la luz, por la energía los consumidores, cuál es la perspectiva que tenemos, acaso no es que el petróleo va aumentando de precio cada día más y se supone que es probable que llegue a valer de ciento seis dólares el barril que está ahorita, en casi doscientos dólares, cuando eso vaya sucediendo, qué va a significar para los que consumen luz en Nicaragua, va a significar que cada vez -como la luz se produce en este país básicamente con petróleo- el precio de la luz irá en aumento en la medida que vaya subiendo el precio del petróleo.
Por lo tanto la perspectiva del problema energético es sumamente negativo, ya el mismo presidente Chávez prácticamente lo dijo, que piensa que es inevitable que llegue a los doscientos dólares, otros dignatarios de los países que extraen petróleo, dicen que no se puede evitar que llegue a ese precio y nosotros los consumidores nicaragüenses, la gente de los barrios, de las comunidades, cómo hace, cada día la luz va a ser más cara, más cara, y si encima de esto en esta ley vamos a imponer la amenaza de cárcel a la gente, entonces a los clientes les estamos poniendo en una situación “jodida”, la luz cada vez más cara y además con amenaza de cárcel.
Es por eso que esta ley, vista así aisladamente como se está planteando, es inaceptable, porque sólo ve el interés de Unión Fenosa y no ve el interés del consumidor. Pero bueno, seamos constructivos para no ser críticos solamente, ¿qué opciones tenemos?, ¿qué podemos hacer?, dice la gente, no podemos cambiar al Gobierno porque tiene que terminar su período, por lo menos parece ser esa la perspectiva ahora, entonces, ¿qué opciones tenemos? Nosotros pensamos que hay formas cómo a los consumidores se les puede aliviar la carga del precio de la luz, que va ir subiendo cada vez más. Está la experiencia hondureña, y repito, no es invento. Hace un poco más de quince días, señor Presidente, estaba en la ciudad de México, invitado por la Organización Mundial de Comercio, por la Fundación alemana Everts y habían invitado a una serie de sindicalistas, empresarios y parlamentarios de Centroamérica, y hablando ahí con los empresarios hondureños y con algunos parlamentarios hondureños, ellos nos explicaban lo siguiente, le preguntamos, ¿qué están haciendo ustedes con el petróleo que le está dando el presidente Chávez a través de Petrocaribe?. Ellos nos decían, tenemos un procedimiento muy sencillo, el presidente Zelaya de Honduras, aceptó el siguiente esquema: PDVSA le entrega a un organismo que se llama ACAB, el petróleo, ese organismo hondureño le vende a la hidroeléctrica y a las generadoras, éstas le pagan al Banco Central, y éste le paga de vuelta a PDVSA el 50% y el restante 50% que queda de la venta del petróleo en Honduras, ¿qué se hace?, el Gobierno de Honduras creó una comisión donde están las ONG’s, la sociedad civil, los empresarios, los sindicatos y entre todos más o menos, van supervisando cómo se usa el otro 50% que queda del petróleo venezolano, y cuando se ponen de acuerdo cómo lo van a usar, lo integran en el Presupuesto General de la República de Honduras, este año ya va presupuestado cómo se usará el dinero del petróleo venezolano, en obras sociales, en infraestructura, en subsidio precisamente al diesel, etc., etc.
Entonces, qué es lo que quiero plantear con esto, Presidente, que aquí los consumidores, la gente de los barrios, de los sectores populares, los de clase media, pero ni los que tienen algunos recursos económicos tienen futuro, si no aprobamos junto con este proyecto algún tipo de mecanismo o una ley que nos garantice al transporte de carga, al transporte colectivo y el subsidio al búnker con que producen la generadoras, esa es la única forma cómo la energía eléctrica no siga creciendo en su precio este próximo año.
Entonces esa es la situación, el problema es que esa es la única forma de proteger a los consumidores, con esta ley no hay forma de protegerlo, sólo “joderlos” -con perdón de la palabra- sólo afectarlos. La única forma de proteger a los consumidores es que el dinero del petróleo venezolano, como están haciendo en Honduras, se utilice para amortiguar el golpe sobre el bolsillo de los consumidores. Es por esa razón, que nosotros no podemos resbalar en esta ley, porque así solita es anti-consumidor y no tiene una contraparte para protegerlo.
Gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Último orador, diputado Wálmaro Gutiérrez, tiene la palabra.
DIPUTADO WÁLMARO GUTIÉRREZ MERCADO:
Muy buenos días hermanos y hermanas de esta Asamblea Nacional, que en la mañana de hoy nos acompañan en este debate.
Hemos escuchado con mucha atención los diferentes argumentos que se han desarrollado en relación con un tema que ha generado enormes polémicas, en diferentes sectores políticos, económicos y sociales de este país, y creo que es imperativo, señor Presidente, para entender la dimensión de este problema, tal vez empezar hablar con los instrumentos jurídicos y con las realidades evidentes que se nos presentan en esta discusión.
Lo primero que quiero destacar, Presidente, es el excelente trabajo de la Comisión de Justicia de esta Asamblea Nacional, que tiene al frente a un prominente diputado liberal, el doctor Pallais, el cual no contento con el resultado propio del trabajo interno de la comisión, abrió un segundo debate de dictamen sobre esta iniciativa, un debate en el cual absolutamente todos los diputados de estas Asamblea Nacional la tuvimos la oportunidad de involucrarnos, o hubo un solo diputado de este Parlamento que se viera inhibido de expresar sus comentarios, realizar sus propuestas o desarrollar sus mociones en relación con esta iniciativa, por lo tanto, rechazo desde el punto de vista de que esta ley no haya tenido el espacio de debate correspondiente, por parte de todos los sectores representados en esta Asamblea Nacional.
Sin embargo, señor Presidente, aquí lo que realmente observamos es una manipulación de los hechos, con un objetivo eminentemente politiquero, aquí se han venido a sostener mentiras en relación con esta iniciativa que pretende perseguir y castigar penalmente a los pobres de este país y se pretende agarrar y tergiversar los artículos de esta ley para sostener un infundio, habida cuenta de que la misma ley dice, a qué sector de los consumidores se pretende afectar con esta ley…
Difícilmente podemos desarrollar un debate de esta manera, Presidente, no sé si suspendemos el debate a esta altura o me permite continuar…
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Vamos a pedirle silencio al público para poder escuchar los argumentos de este debate, por favor.
DIPUTADO WÁLMARO GUTIÉRREZ MERCADO:
Gracias, Presidente.
Primer elemento, con base en el fraude identificado, que asciende a los 50 millones de dólares anuales, se identificó que del 100% de los consumidores o usuarios, más del 85% de esos 50 millones de dólares están recayendo en solamente un 7.2% de los consumidores en este país, que consumen arriba de los quinientos kilowatios hora mes, por lo tanto no es cierto, niego, rechazo y contradigo, que a los consumidores de ciento cincuenta, de doscientos y de trescientos kilowatios, que son la mayoría de consumidores de este país, se les esté aplicando esta iniciativa, ¿a quiénes se les aplica esta iniciativa?, se les aplica desde el punto de vista administrativo a los consumidores a partir de los quinientos kilowatios, y las sanciones penales son aplicadas a los consumidores a partir de los ochocientos kilowatios, lo que significa que estamos aplicando esta ley a los grandes consumidores de este país y no a los pequeños consumidores que con justa razón el día de hoy quieren ser escuchados en esta Asamblea Nacional.
No podemos seguir permitiendo que vía tarifa el pueblo pobre, siga pagando la electricidad de los ricos que siguen robando energía en este país y no lo vamos a seguir permitiendo y esta ley lo pretende evitar. Tampoco consentiremos que vía subsidio presupuestario le estemos pagando la luz a los ricos delincuentes que roban luz en este país y que estemos invirtiendo 100, 120 ó 150 millones de córdobas, cuando bien lo podríamos invertir en educación, salud, la rehabilitación de caminos productivos o bien en el otorgamiento de crédito a los sectores productivos que tanta necesidad tienen de ser atendidos en este país.
No existe ley perfecta, sin embargo aquí en este momento, lo que estamos llamando es a un debate serio, a un debate reflexivo, a un debate de ideas. Aquí no se puede seguir permitiendo pensar que vas a lograr por la fuerza lo que no podés lograr por la ley. En este momento nosotros tenemos que garantizar que este país sea viable, no sólo para sandinistas, no sólo para liberales, ni sólo para conservadores. El día que Nicaragua como nación deje de ser viable, va a dejar de ser viable para todos, porque aquí no habrá ganadores ni perdedores, aquí todos vamos a ser perdedores el día que este país deje de ser económicamente viable. Estamos abiertos a escuchar las diferentes propuestas; sin embargo, lo que no podemos permitir es el chantaje que se pretende cambiar en este momento, en este Plenario, estamos claros, claritos que de no cumplir con esta ley, los recursos que tanto necesita el Plan de Combate a la Pobreza en este país sencillamente se van a ver obstaculizados.
Estamos claros que más del 85% de la inversión pública en este país se podría ver severamente desacelerada, que impacta negativamente a los más pobres de este país y no podemos permitir que por un interés perverso e individualista de algunos vayamos a poner en riesgo una nación que nos ha costado a todos, le pretendemos dar a este país estabilidad, rumbo y viabilidad y es por eso que el día de hoy queremos generar un debate de altura, un debate de nivel, por lo tanto, señor Presidente, dado que las condiciones en este momento no están dadas para generar ese debate de nivel, yo haré mis planteamientos en lo particular en este debate y planteo de que se desarrolle en el momento que hayan condiciones en este plenario para desarrollar un debate como el que se merece el pueblo nicaragüense.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias diputado.
En vista de que no hay observaciones al artículo 11, pasamos a observaciones al artículo 12.
Diputado Maximino Rodríguez, tiene la palabra.
DIPUTADO MAXIMINO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ:
Muchas gracias, Presidente.
Yo quiero coincidir un poco con lo que dijo últimamente Wálmaro, que como no hay condiciones para hablar de un tema tan importante como es la aprobación de una ley de uso responsable de consumo de energía, ese tema lo dejemos para otro día.
Propongo que se suspenda la Sesión y podamos reunirnos los jefes de bancada para hablar del tema, en concreto es que se suspenda la sesión a fin de….
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Pedimos al público que por favor nos dejen escuchar las mociones.
DIPUTADO MAXIMINO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ:
Sí, les decía que la propuesta en concreto es que se suspenda la sesión, en vista de que no hay las condiciones para continuar con la aprobación de una ley tan importante.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A ver miembros de la Junta Directiva, Vallejos, Moncada, por favor.
Escuchada la solicitud del diputado Maximino, Jefe de Bancada del PLC y consultando con la Junta Directiva, se acuerda por mayoría de votos, suspender esta sesión e instruir a los jefes de bancada para que se reúnan y mejoren el planteamiento de la ley.
Van a ser citados por telegrama para la próxima sesión.
Se suspende la sesión.
SESION ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2008. (VIGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA).
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Se abre la sesión.
El día 27 suspendimos la sesión ordinaria en la discusión de la ley denominada Anti-Fraude; hoy procedemos a darle continuidad en el segundo Capítulo, el que ya fue leído en la sesión anterior; por consiguiente, vamos a pedir observaciones al artículo número 10 del Capítulo II.
En el Adendum No.006, Punto III: DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE DECRETOS Y LEYES PRESENTADAS.
Punto 3.86: LEY PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Tenemos una moción al segundo párrafo del artículo 10, referente al procedimiento, el que diría lo siguiente:
“El presente procedimiento establece las reglas que permiten verificar la sustracción ilegal de energía eléctrica, detectar, regular y facturar, energía sustraída, así como sancionar estableciendo mecanismos que preserven los derechos y el debido proceso de participación de los clientes consumidores o usuarios. El procedimiento para las sanciones administrativas, contenidas en la presente ley, serán aplicables inicialmente a todos los clientes y consumidores comerciales, industriales, de riego, de turismo, bombeo y en los casos de los clientes y consumidores domiciliares, se aplicará solamente a aquellos cuyo consumo sea superior a quinientos kilowatt por mes.
La aplicación del procedimiento al resto de los clientes y consumidores domiciliares de forma global, deberá aprobarse por ley.
Los funcionarios del INE deberán participar en el procedimiento de inspección, so pena de nulidad del mismo”.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A votación la moción presentada que modifica el artículo 10.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
40 votos a favor, 25 presentes, 10 en contra, 2 abstenciones. Se aprueba la moción presentada que modifica el artículo 10.
Observaciones al artículo 11.
Diputada María Eugenia Sequeira Balladares, tiene la palabra.
DIPUTADA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA BALLADARES:
Gracias, Presidente.
Quisiera externar al pueblo de Nicaragua, a esta honorable Asamblea, nuestra gran preocupación como diputados de oposición aquí en este país, asimismo nuestra posición en este honorable Parlamento, ante los momentos que se están viviendo en Nicaragua, porque, consideramos que no se pueden seguir aprobando leyes por exigencias del fondo monetario, cuando no existe ni siquiera la confianza y la estabilidad en esta ley que hoy estamos aprobando, pensamos que es necesario hacer una nueva revisión a dicha ley, además creemos que aun cuando sea una ley de exigencia del Fondo Monetario, este organismo debería también de prestar atención a los temas de gobernabilidad en nuestro país.
Hoy estamos viviendo las consecuencias de querer suspender las elecciones en la Región Atlántico Norte, y no podemos permitir que una resolución administrativa del Consejo Supremo Electoral o una resolución del Consejo de Autonomía de la RAAN, puedan impedir los derechos constitucionales de la población o de los ciudadanos de tres municipios de la Costa Atlántica; por lo tanto, consideramos que no podemos continuar aprobando una ley, en estas condiciones de inestabilidad en cuanto a la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
Así que, señor Presidente, le pedimos que por favor se suspenda la aprobación de esta ley, porque reitero no podemos continuar aprobando una ley donde no brinda estabilidad y confianza al pueblo de Nicaragua. También quisiera dar lectura a una declaratoria que hemos firmado algunos de los diputados aquí presentes; sin embargo, queremos de antemano llegar a un acuerdo aquí en el plenario, de que se valore la continuidad o no de la aprobación de esta ley anti-fraude.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
En la sesión anterior, del día jueves 27, nosotros dimos la oportunidad para que todos los oradores que quisieran, expresaran su opinión sobre una supuesta posposición de elecciones en tres municipios de la RAAN, digo supuesta, porque no hay ninguna resolución que así lo indique; de modo que se está usando un pretexto inexistente para no discutir una ley tan importante como ésta, hay todavía cuatro compañeros y compañeras apuntados, vamos a escucharlos.
Diputado Víctor Duarte Aróstegui, tiene la palabra.
DIPUTADO VÍCTOR DUARTE ARÓSTEGUI:
Gracias, señor Presidente.
Creo que en estos momentos, la democracia de Nicaragua está en juego y lo digo, cuando la máxima autoridad representada en el Gobierno de la República desconoce la Constitución Política, que es la Carta Magna por excelencia y las leyes están subordinadas a ella. Hoy aparece en los periódicos, que el señor Presidente dice que los Consejos Regionales tienen la facultad de suspender las elecciones en tres municipios de la Costa Atlántica. Con todo el respeto que se merecen y sin querer herir a nadie, creo que el señor Presidente está mal asesorado o se agacha para ver si los nicaragüenses dejamos pasar esa bola sobre nuestras cabezas. Eso es crear un Estado sobre otro Estado. La Constitución Política es clara en su artículo 168 da las atribuciones al Consejo Supremo Electoral que es de organizar, dirigir y supervisar qué?, elecciones, plebiscitos y referendos en concordancia con el artículo 3 y 2 de la misma Ley Electoral, por ningún lado dice, que los Consejos Regionales u otros órganos podrán postergar elecciones en cualquier parte de Nicaragua.
El artículo 182 de la Constitución Política, es clara cuando dice que La Constitución Política es la carta fundamental de la República y que las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno, dice, aquellas leyes, órdenes o disposiciones que se le opongan. Por tanto esa resolución del consejo regional es violatoria a la Constitución Política y el cual no tiene ninguna facultad para postergar elecciones ni el mismo Consejo Electoral, porque en el artículo 191 de la Constitución Política es claro cuando dice que la única facultada para crear, interpretar y reformar leyes es la Asamblea Nacional. No sé entonces, a donde nos estamos enredando y habla de reforma parcial y total de la Constitución, a quien le corresponde la reforma parcial a petición del Presidente de la República o de un tercio de los diputados, qué se necesita para ello, el 60% de los votos favorables a esa petición de reforma parcial y la reforma total le corresponde al 50 más 1 de los diputados de la Asamblea Nacional y que ésto se tiene que hacer en dos legislaturas y no al capricho de una persona.
Me molesta, me parte el alma en dos, cuando veo buses llenos de niños trasladados del Atlántico hacia el Pacífico, para demostrar ante la opinión nacional e internacional que no hay condiciones para celebrar elecciones en la Costa Atlántica y no sabemos si con ese fin venían, porque el destino que traían no existe. Dice la Ministra de la Familia, que no hay albergue en el lugar donde venían, ahí hay un delito de por medio y tendrán que ser investigadas las personas que en el medio de comunicación de hoy, aparecen involucradas. Por eso hago la petición, que se conforme una comisión especial para que investigue el traslado de los niños misquitos hacia el Pacífico y se castigue con el peso de la ley, que así se establece esa aberrante decisión y que no se involucren ahí las personas que están mencionadas, porque tienen implicancia, no pueden ser juez y parte.
Yo les pregunto a los honorables diputados, en qué país estamos?, si el Presidente de la República nos “mandata” a desconocer la Constitución Política y las leyes conexas, de qué democracia estamos hablando, dónde está la libertad, dónde está lo que el artículo 51 de la Constitución Política, claramente dice; que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electos y el artículo 3 de la Ley Electoral establece que los alcaldes son electos por cuatro años, de qué manera se van a suplantar estas autoridades.
El artículo 24 del Estatuto de Autonomía dice, que los Consejos Regionales tienen facultad de presentar ordenanzas y resoluciones en coordinación con la Constitución Política. La resolución misma que publicó este Consejo Regional dice, que le pide al Consejo Supremo Electoral postergar las elecciones al tenor del artículo 179 de la Ley Electoral y si el mismo Consejo Regional reconoce que es el Consejo Supremo Electoral el encargado de efectuar tal elección, por qué el Presidente de la República ahora sale diciendo lo contrario, se enreda, desconoce la ley, es lamentable, bochornoso, vergonzoso y humillante para los nicaragüenses, que un mandatario desconozca la ley, principalmente la Constitución Política.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias diputado.
Recordamos lo siguiente, estamos discutiendo en lo particular la Ley Anti-Fraude en el Capítulo II y pidiendo observaciones al artículo 11. Les pedimos a los que están anotados, que sean concretos y se refieran a ese tema, vamos a cerrar con el diputado Wálmaro Gutiérrez.
Tiene la palabra la diputada Mónica Baltodano.
DIPUTADO MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Gracias, señor Presidente.
Tal vez recordarle, que este Parlamento tiene también una función política, una función que tiene que ver con lo que ocurre en las calles, con lo que ocurre en la vida política del país y que es muy difícil, señor presidente, que frente a lo que está pasando, querernos enmarcar mecánicamente en que ahorita estamos discutiendo el artículo tal o estamos discutiendo el capítulo tal, cuando hay problemas reales sobre los cuales hay que referirse.
Y en primer lugar, si uno escucha todos los medios de comunicación o habla con la gente, va a los barrios, hay una enorme preocupación de la ciudadanía por esta ley, por todo su contenido, porque está hecha en función de beneficiar a la compañía Unión Fenosa, dejando en la indefensión a la gente. Cuando se les explica a la gente que esta ley se mejoró porque se establecieron delitos o faltas de esta empresa ante las cuales la ciudadanía podrá recurrir, se ríen de nosotros, porque dicen, ¿cuándo un ciudadano de un barrio le va a ganar en un juicio a Unión Fenosa? esa es pura patraña. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que se debe suspender la discusión de esta ley y volver a revisar los artículos que aún nos faltan por aprobar, para tratar de quitarle todas aquellas espadas, sobre todo las espadas penales que sabemos que contiene la ley.
Ahora bien, señor Presidente, lo de la Costa Atlántica no es como usted dice, que estamos soplando la cuajada porque nos hemos quemado con leche, no es cierto, lo de la RAAN no es un hecho ficticio o producto de nuestra imaginación y bastan tres elementos, que demuestran que es una ley que está hirviendo y no una cuajada. Uno, que su partido, señor Presidente, que es el partido de gobierno, tuvo la desfachatez de ni siquiera inscribir candidatos en Prinzapolka, en Waspán y en Bilwi. Y ayer, el Presidente de la República argumentó, que el Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte había decidido y que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento al Consejo Supremo Electoral, cosa más absurda, cómo puede un mandatario de una nación decir que una resolución del Consejo Regional de la RAAN en materia electoral posponiendo o suspendiendo el derecho de los costeños de esos tres municipios a ejercer el derecho al sufragio en noviembre de este año, es una resolución que puede estar por encima de la Constitución y la ley.
Señor Presidente, este Poder del Estado está viendo las intentonas de volver a hacer lo que usted ya sabe que se hizo a principios de este año, donde quisieron conculcarle a esta Poder del Estado el derecho a todo el proceso de formación de la ley. Entonces, no es una cuajada la que estamos soplando, porque ya nos quemamos con leche, es que estamos viendo cómo está hirviendo esa leche, con todos los factores que se están poniendo en evidencia con las declaraciones cínicas del Presidente, con las declaraciones de los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, con las declaraciones de Brooklyn Rivera. De manera que este Poder Legislativo tiene que adelantarse a la posibilidad real, construida sobre la base del control del Consejo Supremo Electoral, a que se vuelva a atropellar la Constitución y la ley.
Así que, señor Presidente, le invito a que no nos esté coartando nuestro derecho como representante de la gente a opinar sobre un tema que es de enorme trascendencia, mucho más que estarle sirviendo en bandeja de plata a una transnacional lo que ellos quieren. Es mucho más importante la defensa de la democracia, la defensa de los derechos de los nicaragüenses, que estar a mata caballo aprobando la ley de la transnacional Unión Fenosa, así es que por favor no nos coarte nuestro derecho como representantes.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Carlos Olivas Montiel, tiene la palabra.
DIPUTADO CARLOS OLIVAS MONTIEL:
Muchas gracias, señor Presidente.
Con el debido respeto a todos nuestros colegas diputados, es importante que comencemos nosotros a hablar como habla nuestro pueblo. Ya muy pocos diputados en vía de extinción, son los que solemos andar en los buses, en los taxis, en las calles, hablando y tocando a la gente, ya somos muy pocos, la mayoría está distanciada totalmente de la gente. Y se oye decir a nuestro pueblo: qué barbaridad, dicen, cómo es posible que los grandes paladines de los trabajadores, de los pobres y de los más necesitados, ahora estén dándole un cuchillo a Unión Fenosa para que nos trasquilen el cuello, así dicen los taxistas, los obreros, los campesinos, todo mundo. Bueno, los campesinos que tienen el servicio de luz eléctrica, porque en el caso de Río San Juan, del 100% de las comunidades campesinas, sólo el 3% tiene luz eléctrica; sin embargo, hoy nuestras bancadas están urgidas para negociar, que raro, que rara esa palabra, para negociar si nos dan las elecciones en los tres municipios les aprobamos la ley de Unión Fenosa, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de negociaciones, señores.
Es un derecho que tienen los costeños, es un derecho que tienen los tres municipios de que se realicen sus elecciones, no es un derecho solamente por ley ordinaria, es un derecho constitucional, y eso no tiene ningún tipo de objeción, más que el capricho -como siempre lo he dicho- del excentricismo político, que ya son otros temas y nuestro pueblo ya no puede estar aguantando ese tipo de aberraciones en la manera de dirigir el gobierno.
Es importante que nosotros comencemos a recapacitar, ¿qué es lo que esconden?, se pregunta la gente. Sigo diciendo ésto, porque hay que codearse con el pueblo, ¿qué es lo que esconden en esos tres municipios?, será que ya saben que la tienen perdida, será que ahí se está fraguando un bunker de petróleo, será que ahí el narcotráfico está reinando, o sea, están dejando muchas dudas ese tipo de actitudes excéntricas.
En relación con la ley de Unión Fenosa, ya dije soy de una sola cara, aquí no es cuestión de que negociemos esto por lo otro, una cosa son las elecciones y otra es esta ley de Unión Fenosa. En primer lugar, defendamos a nuestra gente, a nuestro pueblo, si vamos hacer un artículo que vaya a trasquilar a nuestra gente, es un artículo por el que ustedes van a ser condenados por esta generación y las futuras generaciones que vengan. Les pido, señores diputados, señor Presidente, con el debido respeto, maduremos ya, la política no es toma y daca, toma que te doy, no, la política es la consecución del bien común y no se trata del bien común de los parlamentarios, se trata del bien común de la nación, el bien común de la gente, ya los pobres no son los mismos de antes, ellos cambiaron, antes eran sandinistas, ahora son liberales, MRS, sandinistas. Porque hay sandinistas que están siendo condenados por el mismo gobierno y todos los otros que son más del 80% que no tienen partido, todos están siendo condenados a la pobreza incesante. Este pueblo tiene que despertarse, tenemos que actuar, decirle a la gente que nosotros sí venimos a trabajar por ellos, que nosotros estamos vigilando, defendiendo sus derechos y sus intereses. Si ustedes se quieren quedar sentados, está bien, si las bancadas quieren estar haciendo pantomima de que están peleando por la gente, háganlo tranquilos, pero aquí habemos diputados que no estamos tranquilos, que sí nos codeamos con la gente y vamos a denunciar. Así que, hermanos, yo les pido que le hagamos capricho a esta situación.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Mario Valle Dávila, tiene la palabra.
DIPUTADO MARIO VALLE DÁVILA:
Gracias, Presidente.
Verdaderamente, a veces no logro entender estos amarres que hacen entre las bancadas mayoritarias. hace diez minutos aprobamos un artículo de la ley, de esa misma ley a la que un grupo de diputados, que en el mejor de los casos hemos llegado a ser diez, nos hemos estado oponiendo de forma consistente, unos absteniéndose y otros votando en rojo y los puedo mencionar hasta con nombre y apellidos, pero no entiendo cómo hace diez minutos los que están diciendo que esta ley de Unión Fenosa hay que regresarla, acaban de aprobar un artículo y después de la intervención de la Jefa de Bancada de ALN, se plantee el problema de la Costa Atlántica.
Efectivamente, coincido plenamente con lo que mencionaba la diputada Mónica Baltodano, de que la población está indefensa ante esta ley y al menos el grupo que creo que nos hemos estado oponiendo, nos vamos a seguir oponiendo. Pero cuando se trae a colación el tema de la Costa Atlántica, también he visto que hay otro grupo de diputados que claramente se han expresado ya, de que el Consejo Supremo Electoral no tiene competencia para suspender las elecciones en la Costa Atlántica.
Creo que el Estatuto de la Asamblea Nacional establece con meridiana claridad, los mecanismos que se deben de utilizar en esta Asamblea. Pero muy acertadamente, como decía el diputado Carlos Olivas, ésto no puede ser un dame que te doy, hace cinco minutos la ley es buena y ahora a los cinco minutos decimos ya no, suspendamos, y los que están aprobando y votando en verde han estado aprobando esta ley, la que dicen que ahora no hay que aprobar. A mí me meten en un gran enredo con ésto, creo que las bancadas mayoritarias, los partidos mayoritarios deben asumir una actitud responsable, en términos de decir qué es lo que se quiere, con mucha claridad, pero no estar manoseando ni al Primer Poder del Estado, porque creo que lo manoseamos y nos irrespetamos nosotros mismos, porque si aquí queremos elevar la tesis de que esta ley antifraude es nociva para el pueblo de Nicaragua, a como yo lo creo y a como lo he estado votando consistentemente, pues sencillamente que metan la moción para que esta ley vuelva a comisión, si esa es la decisión que van a tomar. Si hay una decisión con respecto a las elecciones en la Costa Atlántica, pues que los jefes de bancada metan su iniciativa ante la Junta Directiva del Parlamento. Pero no pueden estar negociando, que si me aprobás ésto, porque siendo así, yo que en este momento estoy diciendo que esta ley es lesiva para los intereses de la población de Nicaragua y si dentro de cinco minutos la misma ley se va a volver buena, entonces toda la gente que está aquí atrás está haciendo el ridículo, por tal razón lo que quiero, es que la población se dé cuenta que estos once artículos que se han aprobado y la aprobación en lo general de la ley, fue con el voto mayoritario de los partidos Alianza del PLC, Movimiento Vamos con Eduardo y la bancada de gobierno.
Así que, creo que no se puede seguir engañando a la población de esta manera o hacemos las cosas en orden o no las hacemos, dejemos de estar agarrándonos a las mentiras, porque aquí dentro de diez minutos va a comenzar el relajo de nuevo, apaguémonos, encendámonos, apaguémonos. Es decir, estamos hablando del caos que hay en la Costa Atlántica, del caos que se quiere crear en el Consejo Supremo Electoral y nosotros lo que hacemos es echarle más leña al fuego, en vez de buscar y utilizar los mecanismos que están establecidos en el Estatuto General de la Asamblea Nacional.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Enrique Sáenz Navarrete, tiene la palabra.
DIPUTADO ENRIQUE SÁENZ NAVARRETE:
Gracias, Presidente.
Cuando comenzó a discutirse esta ley, nosotros, además de denunciar que el objetivo era beneficiar a Unión Fenosa, beneficiar a los generadores y beneficiar al grupo económico clandestino que se está lucrando de la cooperación venezolana, también nos referíamos a la hipocresía de esta ley, no sólo en su objeto, no sólo en su contenido, sino que aun en el procedimiento. Estamos discutiendo el capítulo del procedimiento y aún el procedimiento es himno a la hipocresía, aparecen aquí un conjunto de trámites y de supuestos derechos para los consumidores, pero eso es para las sanciones administrativas y además también con argumentos hipócritas basándose en algunos artículos de la ley, se dice que esto sólo está dirigido para los grandes consumidores, a los que están más allá de los 500 kilowatt, etc., con un argumento hipócrita y seguramente los defensores de la ley que van a intervenir posteriormente, se van a referir a lo mismo.
Pero este capítulo relativo a los procedimientos con lo que hay que contrastarlo es con el contenido del artículo 31, donde aquí realmente salen los dientes, las garras, los pelos de esta ley, es aquí donde ésta dice la verdad. En primer lugar, porque se anticipa la vigencia del Código Penal en un conjunto de artículos, yo preguntaría, cuál es el afán de anticipar las penas contenidas en el Código Penal que todavía no se ha publicado y vincularlo a esta ley, cuál es la razón, no es castigar?, no es penalizar?, y ahí de ninguna manera se hace diferencia entre los que consumen más o los que consumen menos, lo que se está vinculando expresamente a esta ley es un conjunto de penas y de delitos que como es obvio, valen para todos.
De tal manera, que este capítulo de procedimientos solamente se refiere a la parte administrativa, pero el contenido real de la ley está en el artículo 31 donde están las disposiciones dirigidas a penalizar ¿a quién? por supuesto a los más pobres. Y no es cierto, tal como está dispuesto ahí, que solamente los grandes consumidores van a ser penalizados, porque de la manera en cómo está redactado el artículo que se denomina aprovechamiento indebido de fluido eléctrico, agua y telecomunicaciones, en un país sometido a la inflación como estamos en este país por razones que se pueden discutir, pero el hecho es, que estamos sufriendo el impacto de la inflación, con el deterioro de los salarios y con el aumento de la tarifa eléctrica muy rápidamente los más pobres también van a ser penalizados y castigados con cárcel, con la entrada de vigencia de esta ley; de tal manera, que esas son las razones por las que nosotros nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo a esta ley.
Otra cosa es lo que ocurre en la Costa Atlántica y ahí nosotros queremos destacar en particular un punto. Ciertamente despojar a los habitantes de la Costa del Atlántico Norte por razones politiqueras, ya es un atentado contra la democracia, pero hacerlo sin fundamento legal, tal como existe la amenaza real de que lo haga el Consejo Supremo Electoral, es un atentado contra la legalidad del país.
Pero hay otro asunto igualmente o todavía más grave, uno se podría preguntar, si se suspenden las elecciones ¿qué ocurre con las autoridades que están vigentes en este momento una vez que se cumpla su período? Hay dos opciones o cesan en sus funciones o continúan en sus funciones. Si cesan en sus funciones, como lo establece la Constitución, ¿cuáles serán las autoridades de esos municipios?, ¿quién las va a designar?, no hay en la Constitución ningún órgano habilitado para designar esas autoridades. Y si continúan en su ejercicio, se trata de usurpación de funciones y no corresponde al Consejo Supremo Electoral otorgar a quienes fuimos electos por un período determinado un período adicional, ya se conoce que en derecho público ningún órgano tiene más facultades que aquellos expresamente establecidos por la Constitución y por las leyes.
De forma que una decisión en ese sentido del Consejo Supremo Electoral, representaría igualmente un atentado, porque mañana con cualquier otro pretexto pueden suspender las elecciones en Managua, en León, en Ciudad Sandino, en Carazo, las elecciones regionales y por último las elecciones nacionales. Simplemente porque cuatro magistrados sirviendo de coro a una directriz superior, se les ocurra suspender estas elecciones, esa es la razón y que es distinta de las razones por las que nos oponemos a la Ley Anti-fraude; por la que nosotros estamos respaldando la iniciativa de un posicionamiento de la Asamblea que defienda la democracia, que respalde la estabilidad y el derecho de los ciudadanos costeños a elegir a sus autoridades.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Carlos Noguera Pastora, tiene la palabra.
DIPUTADO CARLOS NOGUERA PASTORA:
Gracias, señor Presidente.
El día de ayer por la noche, escuchábamos al presidente Ortega, dando declaraciones a los medios de comunicación, en donde con mucha claridad él expresaba su apoyo a una decisión del Consejo Regional de la RAAN de suspender las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspán y Prinzapolka.
En realidad, el problema que se está planteando el día de hoy en el país y en especial en este Poder del Estado, es que nosotros como diputados liberales, nos oponemos a crear un precedente negativo en la nación, porque en primer lugar, viola la Constitución Política que es la Carta Magna; asimismo la Ley Electoral no establece ningún mecanismo para hacer esa suspensión de elecciones, y también la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica -tanto del norte como el sur- en ningún momento establece una disposición de ese tipo, porque se opone a la Constitución y todos sabemos por principio, que ninguna ley puede estar por encima de las disposiciones de la Constitución de la República.
Por otro lado, estamos en el proceso de aprobar la Ley Antifraude, considerada como uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, para estar dentro del programa y como todos sabemos lo que eso significa, tanto la ayuda económica que se da para balanza de pago, como el apoyo de la comunidad donante para el tema presupuestario. El problema es que, al finalizar el año recién pasado, Nicaragua vivió una crisis institucional de gobernabilidad al entrar en conflicto esta Asamblea Nacional con el Poder Judicial, por la decisión de un tribunal de suspender el proceso de formación de la ley, hasta que por último se buscó una solución a esa situación.
Pero ahora lo que observamos en Nicaragua, es que estamos viviendo de crisis en crisis institucional. Al querer suspender las elecciones en la Costa Atlántica, creamos una nueva crisis institucional y demostramos a los mismos organismos internacionales que es un país que no tiene estabilidad y si no existe ésta se aleja la inversión, si no hay estabilidad, no hay crecimiento económico, por consiguiente las metas de recaudación se bajarían y tampoco habría la estabilidad que permite precisamente esa lucha contra la pobreza, la cual todo mundo apoya y que es uno de los paladines del actual Gobierno del presidente Ortega.
De tal forma, que dejaremos bien clara nuestra posición la cual es, que no podemos aceptar desde ningún punto de vista, que se haga un aplazamiento de las elecciones en esos tres municipios de la Costa Atlántica, por el precedente negativo que se crea; porque quien puede lo poco, puede lo mucho; mañana pueden interrumpirse en cualquier otro municipio o inclusive las nacionales, porque ya se pudo hacer en lo poco. Por lo tanto, la posición nuestra es que esa situación debe quedar sumamente clara. Tan cierta es esta circunstancia, señor Presidente, que usted decía que no había una resolución en ese sentido, cuando el Frente Sandinista no presenta candidatos en ninguno de los tres municipios, quiere decir de hecho que están aceptando que no se realizarán elecciones en esos tres municipios, aquí no nos van a engañar.
Por tal razón nuestra posición es, que así como esta ley es parte del compromiso con el Fondo Monetario, asimismo es compromiso la gobernabilidad y mientras el país atraviesa una nueva crisis institucional de gobernabilidad creada con la suspensión de las elecciones, no le vamos a dar estabilidad a Nicaragua y por lo tanto esta situación no ayuda a destrabar esta coyuntura que estamos viviendo ahorita.
Por eso llamo a la reflexión al Presidente de la República y a los otros Poderes del Estado, a que analicen con profundidad esta decisión que quieren tomar y que la reviertan por el bien de Nicaragua, por la gobernabilidad, por la estabilidad económica y social del país y no sentar precedentes graves que vayan echar al traste la institucionalidad de Nicaragua.
Gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Víctor Hugo Tinoco Fonseca, tiene la palabra.
DIPUTADO VÍCTOR HUGO TINOCO FONSECA:
Gracias, Presidente.
No me voy a referir a la parte electoral de la Costa, pues ya se ha abordado con mucha madurez por las personas que han hablado, si lo haré a la ley en discusión. Considero que no hay que tratar de tapar el sol con un dedo, queramos o no queramos esta ley está diseñada y concebida para que Unión Fenosa, tenga más viabilidad económica, lo que significa que ésta tenga más herramientas para recuperar reales, dinero, etc. La ley no tiene que ver con los consumidores en el sentido positivo, solamente en sentido negativo, porque como le da herramientas a Unión Fenosa, ésta fácilmente lo que hará es apretar al consumidor y a todo el que pueda. Son más armas de las que ya tiene, en eso no hay que enredarse, no hay que ocultar el sol con un dedo, esta es una ley para que la empresa tenga viabilidad, aquí esta ley no está diseñada para favorecer a los consumidores.
Pero hay otra cosa que quería desarrollar, señor Presidente, y es lo siguiente, el problema no es esta ley, sino el “clavo” que se le viene a la gente en lo que queda de este año y el próximo. Cuál es el panorama que tenemos hacia delante, en términos del precio que pagan por la luz, por la energía los consumidores, cuál es la perspectiva que tenemos, acaso no es que el petróleo va aumentando de precio cada día más y se supone que es probable que llegue a valer de ciento seis dólares el barril que está ahorita, en casi doscientos dólares, cuando eso vaya sucediendo, qué va a significar para los que consumen luz en Nicaragua, va a significar que cada vez -como la luz se produce en este país básicamente con petróleo- el precio de la luz irá en aumento en la medida que vaya subiendo el precio del petróleo.
Por lo tanto la perspectiva del problema energético es sumamente negativo, ya el mismo presidente Chávez prácticamente lo dijo, que piensa que es inevitable que llegue a los doscientos dólares, otros dignatarios de los países que extraen petróleo, dicen que no se puede evitar que llegue a ese precio y nosotros los consumidores nicaragüenses, la gente de los barrios, de las comunidades, cómo hace, cada día la luz va a ser más cara, más cara, y si encima de esto en esta ley vamos a imponer la amenaza de cárcel a la gente, entonces a los clientes les estamos poniendo en una situación “jodida”, la luz cada vez más cara y además con amenaza de cárcel.
Es por eso que esta ley, vista así aisladamente como se está planteando, es inaceptable, porque sólo ve el interés de Unión Fenosa y no ve el interés del consumidor. Pero bueno, seamos constructivos para no ser críticos solamente, ¿qué opciones tenemos?, ¿qué podemos hacer?, dice la gente, no podemos cambiar al Gobierno porque tiene que terminar su período, por lo menos parece ser esa la perspectiva ahora, entonces, ¿qué opciones tenemos? Nosotros pensamos que hay formas cómo a los consumidores se les puede aliviar la carga del precio de la luz, que va ir subiendo cada vez más. Está la experiencia hondureña, y repito, no es invento. Hace un poco más de quince días, señor Presidente, estaba en la ciudad de México, invitado por la Organización Mundial de Comercio, por la Fundación alemana Everts y habían invitado a una serie de sindicalistas, empresarios y parlamentarios de Centroamérica, y hablando ahí con los empresarios hondureños y con algunos parlamentarios hondureños, ellos nos explicaban lo siguiente, le preguntamos, ¿qué están haciendo ustedes con el petróleo que le está dando el presidente Chávez a través de Petrocaribe?. Ellos nos decían, tenemos un procedimiento muy sencillo, el presidente Zelaya de Honduras, aceptó el siguiente esquema: PDVSA le entrega a un organismo que se llama ACAB, el petróleo, ese organismo hondureño le vende a la hidroeléctrica y a las generadoras, éstas le pagan al Banco Central, y éste le paga de vuelta a PDVSA el 50% y el restante 50% que queda de la venta del petróleo en Honduras, ¿qué se hace?, el Gobierno de Honduras creó una comisión donde están las ONG’s, la sociedad civil, los empresarios, los sindicatos y entre todos más o menos, van supervisando cómo se usa el otro 50% que queda del petróleo venezolano, y cuando se ponen de acuerdo cómo lo van a usar, lo integran en el Presupuesto General de la República de Honduras, este año ya va presupuestado cómo se usará el dinero del petróleo venezolano, en obras sociales, en infraestructura, en subsidio precisamente al diesel, etc., etc.
Entonces, qué es lo que quiero plantear con ésto, Presidente, que aquí los consumidores, la gente de los barrios, de los sectores populares, los de clase media, pero ni los que tienen algunos recursos económicos tienen futuro, si no aprobamos junto con este proyecto algún tipo de mecanismo o una ley que nos garantice al transporte de carga, al transporte colectivo y el subsidio al búnker con que producen la generadoras, esa es la única forma cómo la energía eléctrica no siga creciendo en su precio este próximo año.
Entonces esa es la situación, el problema es que esa es la única forma de proteger a los consumidores, con esta ley no hay forma de protegerlo, sólo “joderlos” -con perdón de la palabra- sólo afectarlos. La única forma de proteger a los consumidores es que el dinero del petróleo venezolano, como están haciendo en Honduras, se utilice para amortiguar el golpe sobre el bolsillo de los consumidores. Es por esa razón, que nosotros no podemos resbalar en esta ley, porque así solita es anti-consumidor y no tiene una contraparte para protegerlo.
Gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Último orador, diputado Wálmaro Gutiérrez, tiene la palabra.
DIPUTADO WÁLMARO GUTIÉRREZ MERCADO:
Muy buenos días hermanos y hermanas de esta Asamblea Nacional, que en la mañana de hoy nos acompañan en este debate.
Hemos escuchado con mucha atención los diferentes argumentos que se han desarrollado en relación con un tema que ha generado enormes polémicas, en diferentes sectores políticos, económicos y sociales de este país, y creo que es imperativo, señor Presidente, para entender la dimensión de este problema, tal vez empezar hablar con los instrumentos jurídicos y con las realidades evidentes que se nos presentan en esta discusión.
Lo primero que quiero destacar, Presidente, es el excelente trabajo de la Comisión de Justicia de esta Asamblea Nacional, que tiene al frente a un prominente diputado liberal, el doctor Pallais, el cual no contento con el resultado propio del trabajo interno de la comisión, abrió un segundo debate de dictamen sobre esta iniciativa, un debate en el cual absolutamente todos los diputados de estas Asamblea Nacional la tuvimos la oportunidad de involucrarnos, o hubo un solo diputado de este Parlamento que se viera inhibido de expresar sus comentarios, realizar sus propuestas o desarrollar sus mociones en relación con esta iniciativa, por lo tanto, rechazo desde el punto de vista de que esta ley no haya tenido el espacio de debate correspondiente, por parte de todos los sectores representados en esta Asamblea Nacional.
Sin embargo, señor Presidente, aquí lo que realmente observamos es una manipulación de los hechos, con un objetivo eminentemente politiquero, aquí se han venido a sostener mentiras en relación con esta iniciativa que pretende perseguir y castigar penalmente a los pobres de este país y se pretende agarrar y tergiversar los artículos de esta ley para sostener un infundio, habida cuenta de que la misma ley dice, a qué sector de los consumidores se pretende afectar con esta ley…
Difícilmente podemos desarrollar un debate de esta manera, Presidente, no sé si suspendemos el debate a esta altura o me permite continuar…
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Vamos a pedirle silencio al público para poder escuchar los argumentos de este debate, por favor.
DIPUTADO WÁLMARO GUTIÉRREZ MERCADO:
Gracias, Presidente.
Primer elemento, con base en el fraude identificado, que asciende a los 50 millones de dólares anuales, se identificó que del 100% de los consumidores o usuarios, más del 85% de esos 50 millones de dólares están recayendo en solamente un 7.2% de los consumidores en este país, que consumen arriba de los quinientos kilowatios hora mes, por lo tanto no es cierto, niego, rechazo y contradigo, que a los consumidores de ciento cincuenta, de doscientos y de trescientos kilowatios, que son la mayoría de consumidores de este país, se les esté aplicando esta iniciativa, ¿a quiénes se les aplica esta iniciativa?, se les aplica desde el punto de vista administrativo a los consumidores a partir de los quinientos kilowatios, y las sanciones penales son aplicadas a los consumidores a partir de los ochocientos kilowatios, lo que significa que estamos aplicando esta ley a los grandes consumidores de este país y no a los pequeños consumidores que con justa razón el día de hoy quieren ser escuchados en esta Asamblea Nacional.
No podemos seguir permitiendo que vía tarifa el pueblo pobre, siga pagando la electricidad de los ricos que siguen robando energía en este país y no lo vamos a seguir permitiendo y esta ley lo pretende evitar. Tampoco consentiremos que vía subsidio presupuestario le estemos pagando la luz a los ricos delincuentes que roban luz en este país y que estemos invirtiendo 100, 120 ó 150 millones de córdobas, cuando bien lo podríamos invertir en educación, salud, la rehabilitación de caminos productivos o bien en el otorgamiento de crédito a los sectores productivos que tanta necesidad tienen de ser atendidos en este país.
No existe ley perfecta, sin embargo aquí en este momento, lo que estamos llamando es a un debate serio, a un debate reflexivo, a un debate de ideas. Aquí no se puede seguir permitiendo pensar que vas a lograr por la fuerza lo que no podés lograr por la ley. En este momento nosotros tenemos que garantizar que este país sea viable, no sólo para sandinistas, no sólo para liberales, ni sólo para conservadores. El día que Nicaragua como nación deje de ser viable, va a dejar de ser viable para todos, porque aquí no habrá ganadores ni perdedores, aquí todos vamos a ser perdedores el día que este país deje de ser económicamente viable. Estamos abiertos a escuchar las diferentes propuestas; sin embargo, lo que no podemos permitir es el chantaje que se pretende cambiar en este momento, en este Plenario, estamos claros, claritos que de no cumplir con esta ley, los recursos que tanto necesita el Plan de Combate a la Pobreza en este país sencillamente se van a ver obstaculizados.
Estamos claros que más del 85% de la inversión pública en este país se podría ver severamente desacelerada, que impacta negativamente a los más pobres de este país y no podemos permitir que por un interés perverso e individualista de algunos vayamos a poner en riesgo una nación que nos ha costado a todos, le pretendemos dar a este país estabilidad, rumbo y viabilidad y es por eso que el día de hoy queremos generar un debate de altura, un debate de nivel, por lo tanto, señor Presidente, dado que las condiciones en este momento no están dadas para generar ese debate de nivel, yo haré mis planteamientos en lo particular en este debate y planteo de que se desarrolle en el momento que hayan condiciones en este plenario para desarrollar un debate como el que se merece el pueblo nicaragüense.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias diputado.
En vista de que no hay observaciones al artículo 11, pasamos a observaciones al artículo 12.
Diputado Maximino Rodríguez, tiene la palabra.
DIPUTADO MAXIMINO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ:
Muchas gracias, Presidente.
Yo quiero coincidir un poco con lo que dijo últimamente Wálmaro, que como no hay condiciones para hablar de un tema tan importante como es la aprobación de una ley de uso responsable de consumo de energía, ese tema lo dejemos para otro día.
Propongo que se suspenda la Sesión y podamos reunirnos los jefes de bancada para hablar del tema, en concreto es que se suspenda la sesión a fin de….
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Pedimos al público que por favor nos dejen escuchar las mociones.
DIPUTADO MAXIMINO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ:
Sí, les decía que la propuesta en concreto es que se suspenda la sesión, en vista de que no hay las condiciones para continuar con la aprobación de una ley tan importante.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A ver miembros de la Junta Directiva, Vallejos, Moncada, por favor.
Escuchada la solicitud del diputado Maximino, Jefe de Bancada del PLC y consultando con la Junta Directiva, se acuerda por mayoría de votos, suspender esta sesión e instruir a los jefes de bancada para que se reúnan y mejoren el planteamiento de la ley.
Van a ser citados por telegrama para la próxima sesión.
Se suspende la sesión.
SESION ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2008. (VIGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA).
SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:
Remitimos a los diputados al Adendum 005, Punto III: Discusiones de Dictámenes de Decretos y Leyes Presentados, para continuar con la discusión del Capítulo II, del Punto 3.61: LEY PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, que ya ha sido aprobada en lo general y hasta el artículo 10 en lo particular.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Les recordamos a todos los diputados y diputadas que estamos votando por capítulos esta ley, ya aprobamos el Capítulo I con todos sus artículos y sus mociones, cuya discusión en abril fue suspendida en el artículo 10 del Capítulo II, donde aprobamos una moción. El Capítulo II ya fue leído, por lo que pasaremos a pedir observaciones al artículo 11 del Capítulo II.
¿Hay observaciones?
Diputado Carlos Gadea Avilés, tiene la palabra.
DIPUTADO CARLOS GADEA AVILÉS:
Gracias, señor Presidente.
Yo había pedido la palabra en el tema anterior, pero bien, también quería hacer eco de la solicitud que ha hecho la Iglesia Católica, el Cepad, Acnur, la Pastoral de Cáritas, Migración, Cancillería, la Universidad Centroamericana, el Cenidh, a la Presidencia de este Poder Legislativo, de realizar una sesión especial para el jueves 19 de junio, o sea dentro de pocos días, ya que el 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado, y considerando además que Nicaragua acaba de aprobar la ley, que es de las más modernas entre las leyes de los refugiados. Repito, queremos los diputados hacer eco de esta solicitud, a ver si es posible que la Junta Directiva considere hacer efectiva esta petición para el 18 de junio, porque el 20 de junio cae en viernes y posiblemente no haya sesión. A ver si es posible que podamos conmemorar en esta Asamblea Nacional el Día Mundial del Refugiado.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Le vamos a pedir a los diputados y diputadas que por favor atiendan el orden de la discusión.
¿No hay observaciones al artículo 11?
Observaciones al artículo 12.
Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA.
Perdón, no hay.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
¿No hay observaciones al artículo 12?
Observaciones al artículo 13.
Diputado Indalecio Rodríguez, tiene la palabra.
DIPUTADO INDALECIO RODRÍGUEZ ALANIZ:
Disculpe, mi querido Presidente, en realidad había pedido la palabra para el tema anterior. De todas maneras sólo quería decir dos cosas: ¡Dolor! Las mismas palabras que expresó Antonio Machado ante la muerte de Rubén Darío. Eso fue todo lo que él externó con expresión de duelo, y hoy digo, dolor por el tema, por haber cerrado los espacios cívicos a dos organizaciones políticas, violentando la Constitución Política de la República al no permitir la libre asociación.
Y dos: dolor por la situación de tragedia en que se encuentra nuestra juventud. Ese tema a mí me ha apasionado y dolido, y por ello he trabajado, no desde ahora, sino desde mi misma juventud. Es triste que aquí tengamos que usar la situación en que se encuentra nuestra niñez sólo al amparo de las frías cifras estadísticas, cuando tenemos que verlas desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social. En Nicaragua no existen los métodos de subsistencia ni de educación para brindar a es niñez la asistencia que necesita. Voy a citar rápidamente un ejemplo nada más, porque eso refleja la situación de la niñez. Cuando en Honduras salió la ley que prohibía el trabajo infantil, en una empresa en la cual yo estuve al frente teníamos cantidades de niños que estaban trabajando, y cuando vino la prohibición pues la consideré correcta porque la empresa les facultaba la continuación de sus estudios, haciendo un horario flexible y poniéndoles profesores en las mismas instalaciones para la educación de ellos. Pero como eso estaba prohibido, vino el Ministerio del Trabajo y radicalmente lo convirtió en una persecución, y hubo una situación dramática cuando comenzaron a llorar aquellos que habían llegado desde jóvenes o niños, que estaban trabajando porque no tenían ni madre ni padre porque los habían perdido o porque los habían abandonado. Y decían que no querían ir a pedir. Entonces, ese es un problema de tipo social al que no le veo la solución aquí en esta ley que se está aprobando en lo general el día de hoy, ni una alternativa para esos niños que tienen necesidad.
Aquellos que hemos recorrido la geografía de este país palmo a palmo, de frontera a frontera, hemos visto que la situación es dramática, tanto en el Caribe como en el Pacífico y en el Centro de Nicaragua. A esos niños no les estamos presentando aquí las alternativas para que no tengan que trabajar forzados por la necesidad de querer comer para subsistir, más bien los vamos a condenar a la muerte, posiblemente hasta van a morir de hambre porque no veo la solución. Creo que también habría que pensar en una reestructuración o una “reingeniería”, como le llaman ahora, del famoso presupuesto de donación de ese 6% que se paga con todos los ingresos y egresos, lo cual para mí es una aberración total ya que debería de ser sólo de los ingresos corrientes, pero no de todos los ingresos y del gasto que se hace.
Sé que ya me va a decir otra vez que estoy fuera del tema, pero lo que estoy diciendo está relacionado con la brillante exposición que hizo don Douglas Alemán y con la inquietud que presentó la niña Xochilt -que estamos abusando de ella porque en realidad se requiere más madurez para estar en este Parlamento. Sencillamente quiero decirle que reflexionemos y que lo anote ahí por el momento, para ver de qué manera llevamos una solución integral al problema de la niñez y de la pobreza en este país.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Observaciones al artículo 13.
Observaciones al artículo 14.
Diputado Edwin Castro, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Gracias, señor Presidente.
Antes de presentar la moción al artículo 14, quería dejar claro que como ya está vigente el Código Penal, en esta ley vamos a suprimir todas las mociones que se refieren a las sanciones penales y simplemente va a existir una moción que diga que cualquier sanción penal está referenciada en el Código. Lo que queda es una ley procedimental administrativa, que garantiza los derechos de los usuarios, dejando claro, como quedó establecido en el artículo 10 que aprobamos, que esta ley administrativamente es aplicable para los consumidores arriba de quinientos kilowatts, que representa la defensa del 90% de los consumidores domiciliares. Únicamente es aplicable el aspecto administrativo a los consumidores domiciliares el 8%, pero además esta ley crea responsabilidad administrativa a las distribuidoras, en función del beneficio de los usuarios, tanto de la multa, como el resarcimiento a los usuarios hasta de dos meses de consumo gratis en caso de facturas alteradas que dañen al usuario.
Entonces, paso a leer la moción de consenso de la comisión al artículo 14, que diría lo siguiente:
“En el caso del cliente o consumidor domiciliarios cuya medición se encuentre dentro de su propiedad, las inspecciones serán realizadas de lunes a sábado, de ocho de la mañana a ocho de la noche, solamente con la autorización del propietario o del que habita en la habitación o con autorización judicial. Las otras inspecciones en los equipos de medición, así como las conexiones y reconexiones de los medidores se realizará en cualquier hora del día.
Los miembros que integren las cuadrillas de inspección, deberán estar debidamente identificados con carnet que los acredite como inspectores de la Empresa Distribuidora y deberá contener además su nombre y número de cédula.
Si al cliente o consumidor se le comprueba el uso de energía sustraída, la Empresa Distribuidora podrá notificarle para que en un término de setenta y dos horas se presente a la oficina comercial correspondiente a solventar su situación. De no presentarse el cliente o el consumidor en el tiempo establecido, la Empresa Distribuidora procederá a la suspensión del servicio.
En caso que la energía sustraída sea en consecuencia de una línea directa manifiesta, la suspensión del servicio de energía procederá de manera inmediata, notificando acto seguido al cliente el motivo de su suspensión y solicitándole que se presente a las oficinas principales de la Empresa Distribuidora para solventar su situación.
Se faculta a la Empresa Distribuidora, la facturación de la energía sustraída al cliente o consumidor que hubiese cometido alguna de las infracciones previstas en la presente ley, todo con la debida certificación y autorización del Ente Regulador, el Instituto Nicaragüense de Energía”.
Paso moción.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Juan Ramón Jiménez, tiene la palabra.
DIPUTADO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ:
Gracias, señor Presidente.
Sólo quisiera hacer una reflexión al artículo 15 o 16, para que hagamos una valoración.
Esta no es ninguna moción, pero quisiera hacer un comentario. Hace dos años con fondos de la Asamblea Nacional, se instaló en el municipio El Rosario, en el Reparto Guadalupe, instalaciones para alrededor de ciento treinta servicios domiciliares. Es la fecha, y aunque hemos visitado la institución, no han sido capaces de irle a instalar ese servicio.
Creo que tenemos que ser fuertes en este sentido con estas instituciones distribuidoras, porque si estamos invirtiendo dinero del Estado para beneficiar a los ciudadanos y la empresa distribuidora no tiene la voluntad de instalarles el servicio, entonces cualquiera se pega y corre peligro porque está energizado el tendido de cables de alta tensión, y ahí vamos a tener cuatro o cinco ciudadanos fallecidos. Por lo tanto, considero que es importante en las demás mociones que se efectúen, que se prevea algo para hacer cumplir a esta institución.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Estamos en el artículo 14 siempre.
Diputado José Pallais Arana, tiene la palabra.
DIPUTADO JOSÉ PALLAIS ARANA:
Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera responder a la inquietud muy válida del diputado Juan Ramón Jiménez, si usted me lo permite, es en el artículo 6 que ya aprobamos, referido a las infracciones, en el inciso h) se consignó la infracción de la empresa distribuidora por no conectar en el plazo de cuarenta y ocho horas la solicitud de nuevo servicio y se consignó que en caso de que no procediere y como se espera en esta legislación, el INE lo hará responsable a través de una multa a favor del usuario que está pendiente de que se le instale para su vivienda o para su negocio. Así que esa situación que nos planteaba quedo resuelta con una infracción a cargo de la distribuidora.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Pasamos entonces a la votación de la moción que modifica el artículo 14 en dos aspectos. El primer aspecto, es que los miembros de la cuadrilla deben actuar con un carnet de identificación de la empresa distribuidora y el segundo aspecto, de cambio, es cuando hay una sustracción de energía a través de una línea directa, que se corte la energía de inmediato.
A votación la moción presentada que modifica el artículo 14.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
49 votos a favor, 26 presentes, 5 en contra, 0 abstención. Se aprueba la moción presentada que modifica el artículo 14.
Observaciones al artículo 15.
Diputado Francisco Aguirre Sacasa, tiene la palabra.
DIPUTADO FRANCISCO AGUIRRE SACASA:
Muchas gracias, Presidente.
Quería aprovechar este momento para informarle a los miembros de la Comisión Económica, que todos están invitados el próximo lunes a las cuatro de la tarde al Banco Central, para reunirse con la misión del Fondo Monetario que se encuentra acá. Creo que hoy es el primer día de las reuniones técnicas entre el Fondo Monetario y el equipo del Gobierno, pero el lunes los miembros de la Comisión Económica tendrán su encuentro. Uno de los puntos de agenda para ese encuentro es la Ley Antifraude, y es la que estamos viendo ahorita.
Quiero decirle, señor Presidente, que muchos de los miembros del PLC tenían graves dudas acerca de esta ley, pero con las modificaciones que se han introducido a la misma, más bien lo que hacen es fortalecer los derechos del consumidor, frente a acusaciones espurias que podrían hacerse en contra de consumidores, la bancada, como usted acaba de ver, en el último momento votó a su favor. En la agenda del lunes también está la nueva Ley de Transparencia, que sé que la tenemos en la agenda, ojalá tengamos la oportunidad de aprobarla antes de esa reunión, porque ese es otro tema de importancia para el Fondo Monetario.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Observaciones al artículo 15.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 16.
Diputada Jenny Martínez Gómez, tiene la palabra.
DIPUTADA JENNY MARTÍNEZ GÓMEZ:
Muchas gracias, compañero Presidente.
Tenemos una moción al artículo 16.
“Línea directa manifiesta.
La comprobación con la presencia del INE de la existencia de una línea directa manifiesta en un servicio eléctrico facultará a la empresa distribuidora para:
a) Retirar de inmediato la línea directa.
b) Indicar al cliente, consumidor o representante de la situación encontrada y a tomar la medición de corriente instantánea de la línea directa.
c) Solicitar al cliente, consumidor o representante que permita el acceso a sus instalaciones para la realización de un censo de carga, con el propósito de confirmar la medición de la corriente instantánea o equipos conectados.
Si el cliente o consumidor se niega a la realización del censo de carga, la empresa distribuidora procederá a la suspensión inmediata del servicio.
d) Entregar al cliente, consumidor o representante, copia del acta de inspección firmada por el INE, indicando la detección de la línea directa e indicándole que se presente a la oficina comercial de la empresa distribuidora, en un plazo no mayor de setenta y dos horas, para solventar su situación.
Si el cliente, consumidor o representante, se negara a recibir el acta de inspección, se hará constar en la misma esta situación, ante la presencia del funcionario del INE.
e) Si el cliente o consumidor no se presentara en el plazo establecido para solventar su situación, la empresa distribuidora procederá a la suspensión del servicio.
Paso moción.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A votación la moción presentada al artículo 16.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
51 votos a favor, 18 presentes, 10 en contra, 1 abstención. Se aprueba la moción presentada que modifica el artículo 16.
Observaciones al artículo 17.
Diputado Rodolfo Alfaro García, tiene la palabra.
DIPUTADO RODOLFO ALFARO GARCÍA:
Muchas gracias, Presidente.
Tengo una moción de consenso para el artículo 17, que se refiere al procedimiento de reclamo ante el INE, el artículo se leerá así:
“En cualquier caso de las infracciones establecidas en la presente ley, en las que el cliente o consumidor no estuviese de acuerdo con el dictamen de la empresa distribuidora y habiendo reclamado ante la misma, en primera y en segunda instancia tal como lo establece la normativa de servicios eléctricos, podrá hacer uso de los siguientes recursos administrativos ante el INE:
1. El recurso de revisión en la vía administrativa para los clientes, consumidores cuyos derechos se consideren perjudicados por actos del prestador del servicio. Este recurso deberá interponerse en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación.
El escrito de interposición deberá expresar, nombre y domicilio del recurrente acto contra el cual recurre, motivo de la impugnación y lugar para notificaciones.
El competente para conocer este recurso es la Dirección General de Electricidad del Instituto Nicaragüense de Energía.
La interposición del recurso no suspende la ejecución del acto, pero la autoridad que conoce el recurso podrá acordarla de oficio o a petición de parte, cuando la misma pudiere causar perjuicio irreparable al recurrente.
El recurso de revisión se resolverá en un término de veinte días a partir de la interposición del mismo.
2. El recurso de apelación se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto en un término de seis días después de notificado, éste remitirá el recurso junto con el informe, al Consejo de Dirección del INE en un término de diez días.
El recurso de apelación se resolverá en un término de treinta días a partir de su interposición, agotándose así la vía administrativa. La resolución dictada por el INE presta mérito ejecutivo.
Si en cualquier estado del procedimiento administrativo se llegase a establecer que la empresa distribuidora cobró más de lo que le correspondía o es responsable de un daño cuantificado, ésta deberá pagar o establecer un acuerdo de pago dentro de un término de cinco días a partir de la certificación que al efecto libre el INE. El INE estará obligado a resolver en los plazos establecidos en la ley y en las normativas correspondientes y en los cursos administrativos aquí establecido. De no resolver el recurso de revisión o el de apelación administrativa en su caso, en los plazos establecidos en este artículo, operará el silencio administrativo positivo a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios del INE por la falta de resolución oportuna.
Asimismo para evitar interpretaciones erróneas o incompletas, se propone modificar el último párrafo del artículo 17 de la ley. El último párrafo deberá leerse así:
“Para la acción penal, la certificación del INE constituirá indicios d la comisión de un hecho delictivo, debiendo atribuirse el delito a los presuntos responsables y probarse el dolo y la responsabilidad personal conforme a las disposiciones de las leyes penales”.
Paso moción, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputada Mónica Baltodano, tiene la palabra.
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Gracias, señor Presidente.
Al estarse aprobando ya esta ley, que yo he llamado la ley Ortega y Fenosa, se avanza un paso más en la decapitación de los derechos de los consumidores de energía sobre todo en los barrios populares. Hemos dicho como Bancada de la Alianza MRS, que esta ley era realmente para la transnacional Unión Fenosa y aunque la moción intenta proteger derechos de los consumidores, yo sólo quiero poner un ejemplo:
Imagínense, los pobladores del Hugo Chávez, los pobladores del Asentamiento Milagro de Dios o los pobladores de Villa Reconciliación Norte, Villa Reconciliación Sur, que llegan los de Unión Fenosa acompañados de INE y dicen que van a cortarles la energía porque han estado defraudándolos y según esta moción los ciudadanos tienen quince días para recurrir e iniciar un proceso de carácter administrativo. Imagínense a la señora vende tortillas, a una compañera lavandera o empleada doméstica, iniciando los trámites para recurrir frente al monstruo de Unión Fenosa con sus cuerpos de abogados, conciban a esta señora ganando un caso en la vía administrativa a Unión Fenosa y luego figuren a esta empresa agotada la vía administrativa, porque van procediendo como dice la moción en la vía judicial. ¿Cómo se nos puede ocurrir, que frente a estas arbitrariedades va a tener posibilidades el ciudadano común y corriente de un asentamiento miserable? La gente tiene que estar clara que el Código Penal deja establecida prisión para aquellos que sean encontrados haciendo hurto y que esta ley sigue siendo a pesar de los esfuerzos de los legisladores para mejorarla, un instrumento para favorecer los intereses de esta transnacional en detrimento de los consumidores y que el Gobierno de Daniel Ortega, lo único que…
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
¿Diputada tiene moción?
Si hay moción, preséntela.
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
No tengo moción, pero tengo derecho a hablar. Ya nos quitaron la personería y no pueden conculcarnos nuestro derecho a expresarnos. No quieren que votemos y no vamos a dejar que nos quiten nuestro derecho a hablar, pues nos respaldan más de doscientos mil votos que recibimos en las elecciones.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputada, en la discusión en lo particular… Óigame, por favor, cálmese, y escúcheme. En la discusión en lo particular usted tiene derecho a hablar para presentar mociones, así es la ley.
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Nosotros rechazamos esta ley y rechazamos el Código Penal, que penaliza a los pobres de Nicaragua, cuando sean encontrados conectados ilegalmente en los asentamientos. Eso lo vamos a expresar a lo largo y ancho de este debate y de todos los debates que se vengas, porque tenemos derecho.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Presente su moción diputada.
A votación la moción presentada que modifica el artículo 17.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
54 votos a favor, 12 presentes, 14 en contra, 0 abstención. Se aprueba la moción presentada que modifica el artículo 17.
Observaciones al artículo 18.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 19.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 20.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 21.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 22.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 23.
No hay observaciones.
Y observaciones al artículo 24.
Tampoco hay observaciones.
A votación el Capítulo II, con todos sus artículos y todas sus mociones ya aprobadas.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
51 votos a favor, 17 presentes, 12 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Capítulo II, con todos sus artículos y sus mociones aprobadas.
SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Arto. 25 Derechos de Clientes y Consumidores.
El procedimiento previsto en el Capítulo Segundo de la presente Ley será aplicado asegurando el respeto y garantía de los derechos de los Clientes o Consumidores consignados en la Ley de la Industria Eléctrica, su Reglamento y la Normativa de Servicio Eléctrico.
Arto. 26 Obligación de las Empresas Distribuidoras.
La Empresa Distribuidora se obliga a establecer planes anuales para reducir las pérdidas técnicas y operativas, los que deberán ser remitidos al INE.
Arto. 27 Campañas de Divulgación.
Con el objetivo de promover el uso lícito y responsable de los servicios públicos el INE, la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, deberán realizar campañas masivas de divulgación junto con la colaboración de los organismos de la Sociedad Civil.
Arto. 28 Cargo por Supervisión.
Las Empresas Distribuidoras de energía deberán enterar al INE un cargo por servicio de supervisión del 1.5 por 1000 de su facturación mensual, no trasladable a tarifa, con lo cual el INE debe garantizar su presencia en todo el procedimiento establecido en la presente ley, en particular en las inspecciones.
Arto. 29 Habilitación por el INE a laboratorios de Metrología.
El INE habilitará el funcionamiento de laboratorio de metrología públicos o privados que presten el servicio de certificación de la exactitud de los medidores y verificadores utilizados en el servicio público de distribución de energía eléctrica. Para tales efectos, el INE deberá proponer al Ministerio de Energía y Minas, para su aprobación, la Normativa aplicable.
Arto. 30 Publicación de Normativa Eléctrica.
La Normativa de Servicio Eléctrico deberá adecuarse a la presente ley, y mandarse a publicar en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de vigencia de esta ley.
Arto. 31 Responsabilidad Penal.
La responsabilidad penal de los infractores de esta ley estará sujeta a lo establecido en la Ley No. 641; Código Penal, el que íntegra y literalmente dicen:
Arto. 22 Delitos y faltas dolosas e imprudentes.
Cuando la ley tipifica una conducta lo hace a titulo de dolo, salvo que expresamente establezca la responsabilidad por imprudencia.
Arto. 45 Actuar en nombre de otro.
La persona que, actuando como directivo, administrador de hecho o de derecho u órgano de una persona jurídica o en nombre o representación legal voluntaria de otro, realice un hecho que, salvo en la cualidad del autor, sea subsumible en el precepto correspondiente a un delito o falta, responderá personalmente de acuerdo con éste, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación actúe.
Arto. 64 Pena de días multa.
La pena de días multa consistirá en el pago de una suma de dinero que se fijará en días multa. Su límite mínimo será de diez días y su límite máximo será de mil días. Este límite máximo no se aplicará cuando la multa se imponga como sustitutiva de otra pena.
Los jueces y tribunales, fijarán el número de días multa por imponer dentro de los límites señalados para cada delito o falta, atendiendo a la gravedad del hecho, a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las características propias del autor que estén directamente relacionadas con la conducta delictiva.
La suma de dinero correspondiente a cada día-multa la fijarán los jueces y tribunales, en sentencia motivada, conforme a la situación económica del acusado, tomando en cuenta todos sus ingresos diarios y los gastos razonables para atender sus necesidades y las de su familia. Un día multa será calculado sobre la base de una tercera parte del ingreso diario del condenado.
En caso no se pueda determinar ese ingreso, se tomará como base el salario mínimo del sector industrial. Corresponderá a las partes demostrar al Juez la verdadera situación económica del sentenciado.
La multa se cumplirá pagando la cantidad señalada a beneficio del Sistema Penitenciario para calidad de vida, infraestructura y programas de tratamientos para la población penal. Para efectos de aplicación de este Código, el salario que se considerará será el vigente al momento de cometerse el delito o falta.
La persona condenada deberá cubrir el importe total de la multa dentro de los treinta días después de haber quedado firme la sentencia, sin embargo, a solicitud de parte interesada, aun después de dictada la sentencia, el Juez o Tribunal podrá autorizar un plazo mayor, o bien el pago en tractos o cuotas sucesivas, tomando en cuenta la situación económica del obligado. Estos beneficios podrán ser modificados, y aun revocados, en caso de variaciones sensibles en su condición económica.
Si la persona condenada tiene bienes propios, el Juez o Tribunal podrá exigir que se otorgue garantía sobre ellos; en caso de que ésta no cubra la multa dentro del plazo correspondiente, el acreedor de la obligación incumplida procurará su ejecución judicial.
De la pena de multa impuesta de descontará la parte proporcional que haya satisfecho con otra pena o con cualquier medida cautelar de carácter personal.
Arto. 219 Hurto simple.
Quien se apodere ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena será penado con prisión de seis meses a dos años y de noventa a ciento veinte días multa, siempre que el valor de la cosa hurtada sea mayor a la suma resultante de dos salarios mínimos mensuales del sector industrial.
Arto. 220 Hurto agravado.
El hurto será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años y de ciento veinte a trescientos días multa en los casos siguientes, cuando:
a) Sea de cosas que formen parte de la instalación de un servicio público y estén libradas a la confianza pública.
Arto. 243 Daño.
Quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo dañe un bien mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado, será sancionado con prisión de seis meses a dos años o de noventa a trescientos días multa o trabajo en beneficio de la comunidad de cuarenta y cinco a doscientos días de dos horas diarias, atendida la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, si éste excediera de dos salarios mínimos mensuales del sector industrial.
Arto. 244 Daño agravado.
Se impondrá prisión de dos a tres años cuando el daño:
a) Recaiga sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, sobre puentes o canales, sobre plantas de producción o conductos de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.
Arto. 226 Receptación.
Quien compre, reciba u oculte bienes o valores provenientes de un delito, conociendo su ilícita procedencia, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años o de cincuenta a trescientos días multa o trabajo en beneficio de la comunidad de noventa a trescientos días de dos horas diarias.
Si el delito fuere cometido por comerciante o intermediario en el sector financiero, autoridad, funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones en establecimiento mercantil, o para traficar con los efectos del delito, la pena será de prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial por el mismos periodo para ejercer el empleo o cargo público profesión, oficio, industria o comercio.
Las penas establecidas en los párrafos anteriores se incrementarán en un tercio en sus límites mínimos y máximo cuando se recepte bienes o valores cuya falta haya provocado interrupción en los servicios básicos, afecte la economía o la seguridad nacional.
Arto. 236 Aprovechamiento indebido de fluido eléctrico, agua y Telecomunicaciones.
Quien por medio de una conexión ilegal o alterado los sistemas de control y mediación, obtenga o utilice para sí o para un tercero los servicio de agua, electricidad, telecomunicaciones u otros servicios públicos, con perjuicios para la empresa suplidora o de otros usuarios, por un monto mensual igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años y de cien a trescientos días multa.
Arto. 245 Destrucción de registros informáticos.
Quien destruya, borre o de cualquier modo inutilice registro informáticos, será penado con prisión de uno a dos años o de noventa a trescientos días multa.
La pena se elevará de tres a cinco años, cuando se trate de información necesaria para la prestación de un servicio público o se trate de un registro oficial.
Arto. 269 Desabastecimiento.
Quien con el propósito de obtener un beneficio económico, provoque el desabastecimiento total o parcial o una situación de escasez en el mercado, mediante acaparamiento u ocultación, destrucción de mercadería o interrupción injustificada de servicios, será sancionado con trescientos a seiscientos días multa y prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo periodo para ejercer profesión, oficio, industria o comercio.
Se impondrá la pena de seiscientos a mil días multa y tres a cinco años de prisión e inhabilitación especial por el mismo periodo para ejercer profesión, oficio, industria o comercio, cuando se trate de servicios públicos, productos alimenticios, medicinas o cualquier otro artículo de consumo básico o de primera necesidad.
Arto. 271 Fraude en la facturación.
Quien, en perjuicio del consumidor y por cualquier medio, altere las facturas a través del establecimiento de cantidades superiores por productos o servicios, incluya en ella conceptos de cobros indebidos o altere los valores legales o contractualmente establecidos, o los instrumentos de medición de pesos o medidas para incrementar el precio; será sancionado con prisión de seis meses a dos años y de trescientos a quinientos días multa.
La pena se incrementará en un tercio en sus límites mínimo y máximo cuando la conducta recaiga sobre artículos de primera necesidad o servicios públicos.
Arto. 325 Atentados contra plantas o conductores de energía.
Será penado con prisión de dos a cuatro años, quien ponga en peligro la vida, integridad física o la salud, en cualquiera de las formas siguientes:
a) Atentando contra obras o instalaciones destinadas a la producción o trasmisión de energía eléctrica o de sustancias energéticas;
b) Atentando contra la seguridad de los medios conductores de energía;
c) Evitando o impidiendo la reparación de desperfectos de obras o instalaciones a que se refiere el literal a), o el restablecimiento de los conductores energéticos interrumpidos.
Si de esos actos se derivare un estrago o desastre, la pena será de cuatro a seis años de prisión.
Los actos previstos en el presente artículo también serán punibles con prisión de cuatro a seis años, cuando sean ejecutados con el propósito de impedir o dificultar las tareas de defensa o salvamento contra un desastre ocurrido en contra de obras o instalaciones de energía eléctrica o de sustancias energéticas.
Arto. 327 Entorpecimiento de servicios públicos.
Quien cree una situación de peligro, impidiendo u obstaculizando gravemente el normal funcionamiento del transporte por tierra, agua y aire, o el de los servicios públicos de provisión de agua potable, electricidad u otras sustancias energéticas, o de telecomunicaciones, será penado con prisión de seis meses a dos años.
Los anteriores delitos y disposiciones penales pertinentes, entrarán en vigencia transitoriamente durante un plazo de sesenta días mientras finaliza la Vacatio Legis del Código Penal.
Arto. 32 Derogaciones.
La presente ley deroga el inciso c) del artículo 18 y el párrafo cuarto del artículo 42 de la Ley No. 272 Ley de la Industria Eléctrica reformada en la Ley No. 465, publicada en La Gaceta No. 74 del 23 de abril de 1998 y en La Gaceta No. 168 del 27 de agosto del 2004.
Arto. 33 Vigencia.
La presente Ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el Capítulo III.
Observaciones al artículo 25.
Diputado Wilfredo Navarro, tiene la palabra.
DIPUTADO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:
Presidente, hay una situación muy particular en este tema de los derechos que deben tener los usuarios del servicio eléctrico, yo he sido el principal crítico en cuanto a que esta ley establecía una sola vía de beneficios para Unión Fenosa y no había protección para los usuarios del servicio, con los cambios que le estamos haciendo a esta ley, toda esa barbaridad que acabo de leer del Código Penal y que se le había metido a la ley, va a ser quitado porque no tiene ninguna razón por hermenéutica jurídica, por lógica jurídica, era un adefesio jurídico haber metido todos esos artículos.
Además, hay una serie de derecho y garantías que se le dan al usuario, pero hay una situación muy especial y es que Unión Fenosa abusa de los usuarios del servicio eléctrico, y voy a poner un ejemplo: El caso del Mercado Oriental, Unión Fenosa alega que mucha gente en dicho mercado no paga el servicio de energía y como hay algunos que no pagan, le cortan la energía eléctrica a todo el sector, castigando a los que sí pagan energía eléctrica. Esto tiene mayores repercusiones, porque en la zona del Mercado Oriental hay más de tres pozos de Enacal y cuando cortan la luz en ese sector, además de cortarle la luz a los que pagan, les cortan el agua, entonces esta situación es grave y tenemos que aclararla.
Tengo derecho a justificar mi moción, para que se entienda el sentido de lo que queremos plantear, por tanto propongo un artículo nuevo después del 25 que establece:
“Por ninguna circunstancia las empresas distribuidoras de energía podrán interrumpir el servicio eléctrico necesario para el funcionamiento ininterrumpido de los pozos de agua potable que abastecen de dicho servicio a la población, por ser este un tema de salud pública”.
Presidente es una moción de consenso, no es sólo de Wilfredo Navarro.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
En vista que no hay observaciones al artículo 25, pasamos a votar la moción que crea un nuevo artículo que se ubicará después del 25.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
61 votos a favor, 11 presentes, 8 en contra, 0 abstención. Se aprueba la moción presentada que crea un nuevo al artículo después del 25.
Observaciones al artículo 26.
Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA.
Gracias, señor Presidente.
Tenemos una moción de consenso en al artículo 26 pero quiero reafirmar lo que hemos dicho en toda esta ley, que parece que algunos diputados, por politiquería o es que están defendiendo a los grandes ladrones usando a los pobres, que están insistiendo en cosas y en falsedades de esta ley. Aprobamos en el artículo 10 de esta ley, que las sanciones administrativas sólo son aplicables a los mayores de 500 Kwh. al mes, no hay ningún barrio popular de este país que consuma eso; por tanto, no podemos estar hablando de que esta ley afecta a los barrios populares y a los asentamientos y el Código Penal establece tres salarios mínimos industriales, que significa, casi 900 Kwh. al mes, sólo los barrios residenciales y los grandes consumidores son los que consumen eso.
Entonces aquí venimos con una demagogia a defender a los ricos que roban energía en perjuicio de los barrios pobres y del alumbrado público de este país. Creo que es intencional querer usar demagógicamente a los pobres en defensa de los ricos, robando energía.
Paso a leer el artículo 26.
“Arto. 26 Obligaciones de las Distribuidoras.
Por disposición de la presente ley, las empresas distribuidoras están obligadas a establecer para su ejecución planes especiales anuales de inversión, de acuerdo a la situación financiera, para reducir las pérdidas técnicas y operativas, las que deberán ser remitidas al INE, para lo de su cargo, estableciendo una garantía de cumplimiento.
Paso moción de consenso.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Odell Íncer, tiene la palabra.
DIPUTADO ODELL ÍNCER BARQUERO:
Gracias, señor Presidente.
Voy a referirme a un tema que está vinculado con la moción al artículo 26 que pasó el compañero Edwin Castro. Hay diecisiete proyectos que solicitamos diputados de diversos departamentos del país, que están encima del escritorio del representante de Unión Fenosa para Nicaragua, don Luis Gómez. Estas diecisiete comunidades fueron consideradas viables por el Fondo para el desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional (Fodien) apoyada por el MEN, y si no se ejecutan estos proyecto se podrían perder y dejar sin beneficio a catorce mil personas entre adultos y niños. Es una forma de llevar la luz a mucha gente, a muchos conciudadanos que están en la pobreza.
Unión Fenosa no consideró viable estos diecisiete proyectos, algunos de ellos están en el Presupuesto General de la República, otros son fondos del BCIE y otras instituciones. Le pido vehementemente a don Luis Gómez, que ayude a este país a salir adelante con electrificaciones necesarias para el país. Como dije antes catorce mil…
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
¿Pero qué moción tiene diputado?
DIPUTADO ODELL INCER BARQUERO:
Era por el vínculo, como es de interés de todos los diputados el hacer un llamado a Unión Fenosa para que haga lo que les corresponda para que estos diecisiete proyectos se ejecuten.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
¿Esa es la moción?
A votación la moción presentada que obliga a Unión Fenosa a tener un plan anual de sus inversiones supervisadas por el INE.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
57 votos a favor, 17 presentes, 7 en contra, 0 abstención. Se aprueba la moción presentada que modifica el artículo 26.
Observaciones al artículo 27.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 28.
Diputada Jenny Martínez Gómez, tiene la palabra.
DIPUTADA JENNY MARTÍNEZ GÓMEZ:
Muchas gracias, compañero Presidente.
Tenemos una moción para el artículo 28 “Cargo por servicio de regulación.
Las empresas distribuidoras de energía deberán enterar al INE un cargo por servicio de regulación de 1.5 por 1000 de su facturación mensual, no trasladable a tarifa con lo cual el INE debe garantizar su presencia en todo el procedimiento establecido en la presente ley, en particular en las inspecciones, cumpliendo con los objetivos de esta ley”.
Paso moción.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A votación la moción presentada que plantea un cargo de regulación del 1.5 por 1000 para el ente regulador.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
57 votos a favor, 17 presentes, 6 en contra, 0 abstención. Se aprueba la moción presentada al artículo 28.
Observaciones al artículo 29.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 30.
Diputada Jenny Martínez Gómez, tiene la palabra.
DIPUTADA JENNY MARTÍNEZ GÓMEZ:
Muchas gracias.
Es una moción al artículo 30. Publicación de Normativa Eléctrica.
“Las normativas existentes en el sector eléctrico, deberán adecuarse a la presente ley y mandarse a publicar en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.
Paso la moción.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A votación la moción presentada al artículo 30.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
56 votos a favor, 13 presentes, 12 en contra, 0 abstención. Se aprueba la moción presentada al artículo 30.
Observaciones al artículo 31.
Diputado José Pallais Arana, tiene la palabra.
DIPUTADO JOSÉ PALLAIS ARANA:
Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo una moción de consenso que pretende sustituir el artículo 31 por carecer de sentido una vez publicado el Código Penal, en todo lo referente a la constitución de delitos y tipificación delictiva en esta ley. El artículo 31 deberá de leerse así:
“La responsabilidad penal de los infractores de esta ley, funcionarios de la distribuidoras de energía eléctrica o usuarios del servicio de energía eléctrica, estarán sujetos a lo dispuesto por la Ley No. 641; Código Penal, publicado en La Gaceta No. 8 del 5 de mayo del 2008.
Presento moción.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Francisco Jarquín, tiene la palabra.
DIPUTADO FRANCISCO JARQUÍN URBINA:
Presidente.
Sinceramente desde los primeros artículos había pedido la palabra, pero era para referirme en lo general, porque prácticamente el espíritu de esta ley era necesariamente respaldar a Unión Fenosa, dándole los argumentos para el cobro con represalia, pero después que se tipificó en el Código Penal, prácticamente por declaraciones mismas del representante del Fondo Monetario Internacional, quien dijo que la ley prácticamente estaba demás. O sea que si ésto fue con la intención de darle razón jurídica o argumentos jurídicos a Unión Fenosa para la represión, yo digo por qué no ponemos una ley donde Unión Fenosa cumpla con la distribución de energía donde sea necesaria. Nosotros hemos visto las protestas de los diferentes barrios de Managua, como lo decía el diputado Wilfredo Navarro, que por más de setenta y dos horas prácticamente se suspende la luz, han estado llamando a Unión Fenosa y no da ninguna respuesta; todos los productos perecederos se descomponen y nadie responde prácticamente por las pérdidas de esta gente pobre que se juega la vida.
Gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A votación la moción presentada al artículo 31.
Esta apuntada diputada.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
57 votos a favor, 13 presentes, 11 en contra, 1 abstención. Se aprueba la moción presentada al artículo 31.
Observaciones al artículo 32.
Diputado Víctor Hugo Tinoco, tiene la palabra.
DIPUTADO VÍCTOR HUGO TINOCO:
Gracias, Presidente.
En este día y en estos días que son tristes para la democracia en Nicaragua, porque estamos volviendo a las prácticas de Anastasio Somoza Debayle, que voten nada más por su partido zancudo, al que tienen dominado. Estamos aquí abordando un tema que es importante para la población, porque en este artículo 32 copiado del Código Penal que va entrar en vigencia con posterioridad, se pretende recetarle cárcel a la gente. Nosotros por principio, estamos en contra de que se esté usando el instrumento de la cárcel para castigar a la gente que tiene dificultades con Unión Fenosa por el pago de la luz.
En casi todos los países del mundo el problema con la energía eléctrica son asuntos de sanciones económicas, de cortes de energía, lo que vos querrás, pero no con cárcel; y eso es lo que queda aquí de la copia del Código Penal. Pensamos que es triste que a los nicaragüenses les estemos haciendo eso, en determinado momento se ha estado usando el argumento que esto no es para los pequeños consumidores sino para los grandes, pero la verdad es que con el criterio que existe en el Código Penal, tal como está la pena de cárcel, se le va a aplicar cada vez más a mayor cantidad de gente en la medida que la inflación vaya aumentando y en la medida que el precio del Kwh. de energía sea más caro.
La verdad es que ésta al final se viene revelando como una ley para hacerle el favor a Unión Fenosa, y para que esta empresa pueda tener una “espada de Damocles”, un palo con el cual estar amenazando a la gente. He escuchado a algunos diputados de la bancada del partido de gobierno, decir que es una ley para ser aplicada a los ricos, no a los pobres, pero todos sabemos que el criterio para aplicarte la cárcel son los tres salarios mínimos industriales, es un criterio muy bajo que anda alrededor de los seiscientos a setecientos córdobas de consumo ahorita y que éso irá afectando a más gente. Por eso nosotros proponemos para tratar de salvar no sólo a los sectores pobres sino a los sectores medios, asimismo a las pulperías, que fácilmente te consumen arriba de los setecientos u ochocientos córdobas y son miles de pulperías en Nicaragua las que necesitan elevar el techo para evitar ser amenazados o castigados con cárcel. Nosotros hemos propuesto sustituir el criterio de los tres salarios mínimos con una reforma o con un artículo en el 32 bis que diga:
“Cuando se trate de delitos vinculados al fluido de energía eléctrica y para los efectos de la aplicación del artículo 31 de esta ley, se considerarán sujetos a la pena señalada en él, aquellos consumidores cuyo consumo mensual promedio en los últimos tres meses supere los 1000 Kwh.”.
Pensamos que ésto es un acto mínimo de defensa para muchas personas y como está ahorita la ley, le va a caer a mucha gente la amenaza de cárcel, además cómo pagar un abogado para defenderse de manera individual, ante la planilla de abogados contra de la transnacional Unión Fenosa. Entonces, un mínimo de dignidad y de sentido de preocupación por los pobres, sería fijar un criterio más estable en Kwh. y fijarlo en mil Kwh. de consumo mensual, para evitar que afecten a montones de casa de habitación pequeñas y medianas, montones de pulperías y pequeños negocios, donde la gente está sobreviviendo con las completas. Es por eso que estamos presentando esta moción, señor Presidente, y la vamos a introducir.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Pase la moción diputado, por favor.
Diputada Jenny Martínez, tiene la palabra.
DIPUTADA JENNY MARTÍNEZ:
Muchas gracias, compañero Presidente.
Es para presentar una moción al artículo 32, creo que es el que estamos viendo ahorita. La moción se leerá así:
“Daños físicos o materiales a terceros:
Cuando por responsabilidad de alguna de las empresas distribuidoras de energía eléctrica se ocasionaren daños físicos, materiales, lesiones o la muerte de terceras personas, estas empresas distribuidoras estarán en la obligación de pagar las indemnizaciones por daños y perjuicios. Para la determinación de los daños, las partes podrán someterse al arbitraje del INE. El INE deberá aprobar dentro de su normativas la tabla de indemnizaciones para ser aplicadas a los casos concretos en su calidad de ente regulador en el cual podrá asistirse de una comisión interinstitucional, especializada para cada caso según corresponda e integrada por un delegado de cada una de las instituciones que a juicio del INE considere necesarias para la emisión de un dictamen o resolución.
El dictamen o resolución deberá ser emitido dentro de un plazo no mayor de noventa días calendario a partir de la ocurrencia del hecho y también prestará méritos ejecutivos a favor de las personas afectadas”.
Paso moción de consenso.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
La moción por favor.
Diputada Mónica Baltodano, tiene la palabra.
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Gracias, señor Presidente.
Reforzando la moción presentada por el diputado Víctor Hugo Tinoco, queremos recordar, que aunque en el artículo 31 fue suprimido por estar nada más recogiendo todo lo que decía el Código Penal, éste ya va a entrar en vigencia, porque la Vacatio Legis fue de sesenta días, que ya han comenzado a correr, calculamos que en el mes de julio entrará en pleno vigor, y en el artículo 220 dice que “El hurto será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años y de ciento veinte a trescientos días multa en los casos siguientes”. Y dice el inciso a) Cuando sea de cosas que formen parte de las instalaciones de un servicio público y estén libradas a la confianza pública.
O sea, que el servicio de energía cabe en este inciso a), pero queremos recordar que no sólo se refiere al servicio de energía, se refiere también al servicio de agua, porque es también un servicio público; es decir, que la cobertura de este artículo 220 va más allá de lo que es esta ley, y en el artículo 10 al que hacía referencia el diputado Castro, dice que este procedimiento se aplicará inicialmente a todos los clientes y consumidores comerciales y ahí es donde habla de los quinientos kw que es el tema que nosotros queremos resolver con la moción presentada por nuestra bancada de elevar esa suma a mil kwh, tomando en consideración que hay cientos, miles de consumidores a los que sus recibos les llegan como que si consumieran mil o más de mil kwh/mes.
La vez pasada estuve en una radio y me estaban esperando gente de unos barrios populares con recibos de dos mil y tres mil córdobas, porque quién regula o cómo se regula en realidad quienes gastan mucho menos, pero como ellos tienen la sartén por el mango, ponen lo que se les antoja en las facturas y gente que sólo tiene una bujía y a lo mejor una refrigeradora, le facturan que gastó más de mil kwh/por mes. Por eso es que nosotros tenemos que estar claros y ya lo adelantamos, para efectos de este plenario, que no basta haber quitado el artículo 31, sino que deberíamos proceder para resolver estas incongruencias posteriormente a una reforma del Código Penal. Mientras tanto, por lo menos con esta moción vamos a dejar muy claros que no nos referimos a tres salarios mínimos que pueden incrementarse de manera paulatina debido a la inflación sino que por lo menos vamos a proteger algunas pulperías, algunos pequeños negocios de las posibilidades que otorga esta ley de sanciones, que implican la pérdida de libertad de las personas.
Señor Presidente, quiero decirle que la aprobación de esta ley conjuntamente con la resolución arbitraria del Consejo Supremo Electoral adoptada el día de ayer -decisión que vamos a recurrir como nos corresponde en nuestros derechos ciudadanos-, constituyen y van a constituir el día de hoy un día de luto para los nicaragüenses y por eso es que nosotros hoy hemos enarbolado la bandera negra para recordar que este es un día de luto para la democracia y para los derechos de los usuarios del servicio eléctrico, porque a partir de hoy, con esta ley, van a estar sometidos a más arbitrariedades de esta empresa llamada Unión Fenosa.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputados, les recuerdo que estamos en el artículo 32 que habla de derogaciones, pero han surgido dos mociones para crear dos nuevos artículos antes de este.
Diputado Carlos Langrand, tiene la palabra.
DIPUTADO CARLOS LANGRAND HERNÁNDEZ:
Gracias, Presidente.
En realidad, esta ley de uso responsable de parte de nosotros los consumidores y de la sana y eficaz distribución del servicio eléctrico, es un derecho humano de todos los nicaragüenses, Presidente, sin embargo, tengo varias preguntas alrededor de todos estos artículos que hemos discutido. Por ejemplo, cómo hacen en esos barrios marginales donde está la población más pobre y los transformadores están muy alejados, pues se van sumando kilómetros de cables, y en la casa no vive únicamente la pareja, sino también el resto de la familia. También hay casos cuando hacen censos de carga, que llegan, te ven ahí artefactos que tal vez no sirven y asumen que vos los utilizás. Hay un adagio que dice, “es mejor liberar a un culpable que encarcelar a un inocente”.
Cuando inicié el estudio de esta ley, vi por un momento que en ésta se hablaba de mil kilowatts de consumo al mes. En ese sentido, me uno a la propuesta de Mónica y de Víctor Hugo. ¿Cuántos hogares, cuántas pulperías consumen quinientos kilowatts? Creo que si empezamos a recetar cárcel, por estos delitos, a un derecho humano que es precisamente la energía eléctrica, mañana, la madre que tiene que acudir a una tomografía y no la puede pagar, pues también echémosla presa; el estudiante que está ahí en la UNAN, en la UNI, en la UCA y en esas universidades donde no puede pagar la matrícula, echémoslo preso; asimismo a la madre que llega a la pulpería y está fiando su “AFA” del mes echémosla presa.
Considero que los diputados tenemos que llamar a la reflexión, y repito, “es mejor liberar a un culpable que encarcelar a los inocentes”. Tampoco digamos que son ladrones todos los que están pegados de alguna manera, porque tal vez nosotros estamos cerquita del transformador y se nos hace fácil la instalación del servicio del fluido eléctrico, pero hay gente que está a más de quinientos metros, y veo cómo van hilvanando de cable en cable. No satanicemos esta ley. No estoy en contra del Gobierno, pero sí contra el mal precedente de empezar a reprimir a través de cárcel precisamente por un derecho humano como es el gozar del servicio de fluido eléctrico. Esa es mi intervención, y respaldo desde ya la moción que presenta Mónica Baltodano y la Bancada del MRS alrededor de elevar el techo a mil kilowatts por mes.
Gracias, presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Porfirio Castro Aráuz, tiene la palabra.
DIPUTADO PORFIRIO CASTRO ARÁUZ:
Gracias, Presidente.
Sobre este tema de Unión Fenosa tenemos que ser claros. Ellos también cometen errores. Recuerdo que cuando hicieron la instalación en mi casa, pusieron un cable con carga eléctrica positiva equivocadamente pegada a la línea que hace polo a tierra y un muchacho que se arrimó tocó esa línea y sintió que lo golpeó, revisamos el cable y detectamos la falla. En ese caso, creo que los que están mocionando tienen que considerar también los errores de la empresa, para que ésta pueda subsanar los recibos.
Nos encontramos un caso en San Dionisio, donde a una señora le estaban cobrando como dieciocho mil córdobas, y era una casa de familia pobre que sólo tenía una bujía, y quien había cometido el error era la misma Unión Fenosa. Y lo mismo pasó en la casa de nosotros, en la finca, cuando unieron el cable con carga positiva a la línea que hace polo a tierra. Entonces, esos casos se dan no porque alguien tal vez quiera robar, sino que son errores de los mismos trabajadores de Unión Fenosa, y cuando ponen el medidor ven el exceso de energía que está gastando la casa, y el error es cometido por ellos. Por lo tanto, expongo esos casos para ver si en la moción se puede subsanar eso.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Insisto, hay dos mociones para crear un nuevo artículo, una presentada por Víctor Hugo Tinoco y apoyada por Langrand de la Bancada Democrática, y otra presentada por Jenny Martínez, que es de consenso.
Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Señor Presidente, sólo quiero llamar la atención en cuanto a la moción de Víctor Hugo, que aunque la someta usted a votación es totalmente improcedente, porque acabamos de aprobar el artículo 31 donde dice que todo lo referido a las sanciones penales están contempladas ya en el Código Penal.
Gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Ramón Macías, tiene la palabra.
DIPUTADO RAMÓN MACÍAS LUNA:
He estado observando el debate de esta ley y una de las cosas que siempre me ha dejado mucha duda, ha sido la participación directa del INE en todo lo que se refiere a dicha ley, sin embargo, creo que este instituto va a desarrollar un papel muy importante. También he notado que esta ley fue dictaminada favorablemente, pero algunos miembros de la Bancada Democrática votan en rojo, a pesar de que ellos firmaron el Dictamen. Entonces, me da la impresión de que se le está “metiendo ruido” a una ley que tiene muchas cosas buenas, pero hay que aclarar que con estas mociones el pueblo de Nicaragua está siendo bastante beneficiado en esta ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Vamos entonces a proceder de la siguiente forma: Se somete a votación primero la moción de consenso que crea un nuevo artículo referente a daños físicos o daños a terceros, el cual plantea que los distribuidores cuando produzcan daños físicos o materiales a terceros, están obligados a pagarle una indemnización, y que el encargado de hacer la tabla de indemnización es el INE. Esa la moción presentada por Jenny Martínez.
Entonces, sometemos a votación esta moción referida a daños físicos y materiales a terceros.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
59 votos a favor, 20 presentes, 0 en contra, 3 abstenciones. Se aprueba la moción que crea un nuevo artículo referente al pago de indemnización por daños físicos o materiales, causados a terceros.
Pasamos entonces a votar la moción presentada por Víctor Hugo Tinoco, apoyada por Mónica Baltodano y Carlos Langrand, que se refiere a que todas las acciones penales vinculadas al flujo de energía eléctrica, van a ser aplicadas solamente a aquellas personas cuyo consumo mensual promedio de los últimos tres meses supera los mil kilovatios mes.
Se abre la votación sobre esta moción.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
14 votos a favor, 21 presentes, 42 votos en contra, 5 abstenciones.
Se rechaza la moción presentada al quedar 42 a 40.
Porfirio Castro, tiene la palabra.
DIPUTADO PORFIRIO CASTRO ARÁUZ:
Presidente, para mientras estoy redactando la moción, para cuando la distribuidora haya hecho mal la instalación en los hogares, ella misma se encargue de subsanar…
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Eso está incluido en el artículo 32 nuevo, diputado, que habla de indemnización por daños materiales o físicos a terceros por cualquier causa.
DIPUTADO PORFIRIO CASTRO ARÁUZ:
Pero en ese caso, Presidente, cuando ellos mismos hacen mala la instalación puede ser tal vez otro daño, pero cuando el recibo le sale altísimo, eso no es un daño material, que el medidor le cobró trece mil o veinte mil córdobas, y lo que le van a decir es que…
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Pase la moción, por favor.
En espera de la moción de Porfirio Castro, vamos entonces a pedir observaciones al artículo 32 del dictamen original que habla de derogaciones.
¿No hay observaciones en el artículo 32 que habla de derogaciones?
Diputada Ana Julia Balladares, tiene la palabra.
DIPUTADA ANA JULIA BALLADARES ORDÓÑEZ:
Muy buenos días, señor Presidente.
Antes de entrar a la discusión del artículo referido a las derogaciones, quisiera mocionar de consenso un artículo nuevo, el cual se leerá así:
“Por la función social que desempeñan las emisoras de radio departamentales, las tarifas que se aplicarán a éstas será una tarifa preferencial, la que fijará el Instituto Nicaragüense de Energía”.
Muchas gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Quisiera que sometiera a votación esa moción, porque tenemos otra para el artículo de las derogaciones.
Presidente, si quiere someta a votación ésa y después leo ésta, ¿o quiere que la lea ahorita?
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
La moción presentada por la diputada Balladares, señala que por la función social que desempeñan los medios de comunicación, en este caso las radios, tendrán –dice- una tarifa preferencial que será fijada por el INE.
Entonces sometemos a votación este artículo nuevo.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
68 votos a favor, 13 presentes, 0 en contra, 1 abstención. Se aprueba la moción presentada.
Observaciones al artículo 32.
Diputado Edwin Castro, tiene la palabra.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Gracias, señor Presidente.
Hay una moción de consenso de la comisión, que se leerá así:
“La presente ley deroga el inciso c) del artículo 18, el párrafo cuarto del artículo 42 y el párrafo tercero del numeral 1) del artículo 45 de la Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica reformada en la Ley 465, publicada en La Gaceta No. 74 del 23 de abril de 1998, en La Gaceta No. 168 del 27 de agosto del 2004”.
Paso moción.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Hay una moción para el artículo 32, derogaciones.
Diputada Mónica Baltodano, tiene la palabra.
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Gracias, señor Presidente.
En el artículo referido a las derogaciones nosotros queremos presentar una moción, ya que no pasó la que propuso anteriormente de Víctor Hugo Tinoco, para que se derogue el inciso g) del artículo 220 del Código Penal, Ley 641, que dice que “será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años y de ciento veinte a trescientos días multa en los casos siguientes, cuando: g) Sea de cosas que formen parte de la instalación de un servicio público y estén libradas a la confianza pública”, de manera que la ligazón no solamente sea con la Ley de Energía Eléctrica por el uso de este servicio, sino también con el tema del agua y de cualquier otro servicio público. En algunos lugares del mundo nunca se le suspende el agua a alguien solamente porque no la pueda pagar, pues se considera un bien esencial para la vida.
Paso mi moción, señor Presidente.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Hay dos mociones al artículo 32, que se refiere a las derogaciones. La de consenso indica que el inciso c) del artículo 18, el cuarto párrafo del artículo 42 y el tercer párrafo del numeral 1) del artículo 45 también se derogue. Como las dos mociones son excluyentes, vamos a votar la de consenso en verde para modificar el artículo 32, y la moción presentada por la diputada Baltodano, en rojo.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
55 votos a favor de la moción de consenso, 14 presentes, 13 votos a favor de la moción de la diputada Baltodano, 0 abstención.
Se aprueba la moción de consenso que modifica el artículo 32.
Observaciones al artículo 33.
Diputada Mónica Baltodano, tiene la palabra.
DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:
Señor Presidente, sólo quiero hacer ver a usted que está procediendo en las votaciones de manera incorrecta. En el anterior artículo usted sometió a votación cada moción por separado. Cuando se trata de propuestas que no son contradictorias entre sí, usted tiene que someter cada una por separado, como hizo anteriormente con la de la diputada Balladares, es decir que sometió primero a esa y después la otra, porque no hay contradicción, pero en este caso usted las puso como contradictorias. Nosotros podríamos estar a favor de la moción presentada de consenso, y a la vez estar a favor de mi moción. Entonces, señor Presidente, trate de proceder de manera que todas las propuestas sean realmente sometidas a votación por el plenario y no enfocadas de la manera que usted hizo con esta última.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, diputada.
¿No hay observaciones al artículo 33?
Entonces, a votación el Capítulo III de la ley, con todas sus mociones y todos sus artículos.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
56 votos a favor, 13 presentes, 10 en contra, 2 abstenciones. Se aprueba el Capítulo III, con todos sus artículos y sus mociones, y con él se aprueba la Ley Especial para el Uso Responsable del Servicio Público Básico de Energía.