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Tipo Iniciatiava:Ley
Fecha Inicio Debate:6 de Septiembre del 2007
Fecha Aprobación:6 de Septiembre del 2007
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" LEY DE REFORMA Y ADICIONES AL ARTO. 11 DE LA LEY No. 290, LEY DE ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL PODER EJECUTIVO "

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CONTINUACIÓN DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2007. (XXIII LEGISLATURA).

SECRETARIO JAVIER VALLEJOS FERNÁNDEZ:

Remitimos a los diputados a la Agenda Base, al Punto 2.21: VETO PARCIAL AL PROYECTO DE LEY N° 630, “LEY DE REFORMA Y ADICIONES AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 290, LEY DE ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL PODER EJECUTIVO”
Managua, 20 de septiembre de 2007
SPPN-E-07-00673

Doctor
Wilfredo Navarro Moreira
Primer Secretaría
Asamblea Nacional
Su Despacho

Estimado Primer Secretario:

Por orientaciones del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, le remito Expresión de Motivos y Fundamentación del Veto Parcial al Proyecto de Ley N°630, “Ley de Reformas y Adiciones al Artículo 11 de la Ley N° 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, para que conforme a su solicitud se le conceda el trámite que corresponda.

Sin más a que referirme, le saludo fraternalmente.

Paul Oquist Kelley
Secretario Privado para Políticas Nacionales.


Managua, 20 de septiembre de 2007


Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente Asamblea Nacional
Su Despacho

Estimado Compañero Presidente:

Con la correspondiente Expresión de Motivos y Fundamentación, adjunto a la presente te remito Veto Parcial al Proyecto de Ley N° 630, “Ley de Reformas y Adiciones al Artículo 11 de la Ley N° 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”.

Esperando que la Asamblea Nacional acoja favorablemente este Veto Parcial.

Sin más a que referirme, te saludo fraternalmente.

Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua


EXPRESIÓN DE MOTIVOS


Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente Asamblea Nacional
Su Despacho.

En fecha diez de septiembre del año 2007, recibí de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N° 630 “Ley de Reformas y Adiciones al Artículo 11 de la Ley N° 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, de acuerdo al trámite que señala la Constitución Política para la formación de la ley. Tras el análisis del citado Proyecto expongo seguidamente mis consideraciones.

El Gobierno que presido comparte parcialmente los términos generales del presente Proyecto de Ley. Muestro acuerdo, específicamente, en lo que se ha dejado intacto del artículo 11, que no fue objeto de reformas, y en los conceptos del respeto a la institucionalidad, el actuar apegado a Derecho de los funcionarios públicos, y la debida interacción del Poder Público con todas las organizaciones ciudadanas; conceptos todos reunidos, en las adiciones de párrafos que se proponen al artículo 11, regulados en el artículo 2 del Proyecto de Ley. Sin embargo, sostengo total desacuerdo con el concepto que guarda el artículo 1, en lo atinente a la derogación de la facultad de este Poder Ejecutivo para crear Consejos, lo cual me coloca en el deber de presentar consideraciones y propuestas que tiendan a fortalecer el contenido del Proyecto de Ley, que calen en el legislador, y propicien un espacio de reflexión sobre el alcance contraproducente para el Estado de Derecho y la institucionalidad del país, puede producir derogar la facultad del Ejecutivo de crear Consejos como estructura del Poder Ejecutivo. En razón de lo antes expuesto es mi deber ejercer el Derecho al Veto que me concede el numeral 3) del art.150 de la Constitución Política de Nicaragua, y en consecuencia Veto Parcialmente el Proyecto de Ley N° 630 “Ley de Reformas y Adiciones al Artículo 11 de la Ley N° 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, a cuyos fines, y dentro del término que me concede el art. 142 de la Constitución, expreso las consideraciones que sustentan esta posición.

De conformidad con la Constitución Política de Nicaragua, es responsabilidad del Presidente de la República, velar porque los proyectos de Ley que remite la Asamblea Nacional para su aprobación, promulgación y publicación, estén de acuerdo con el marco jurídico vigente y con la realidad socio – económica del país, responsabilidad que como gestor del bien común me impone garantizar su cumplimiento y respeto en pro del bienestar nacional.

Este Veto Parcial que presento a la Asamblea Nacional, que tiene como finalidad ofrecer consideraciones de fondo al artículo 1 del Proyecto de Ley, para que sea suprimido, y con ello se observe y cumpla la Constitución Política de Nicaragua, y se dote de certeza y estabilidad a las decisiones de la Asamblea Nacional, sobre todo cuando son decisiones que causan estado en la población, en la institucionalidad del país, y se erigen en soporte de políticas de gobierno.

El 29 de Enero del presente año 2007, en La Gaceta, Diario Oficial N° 20 quedó publicada la Ley N° 612, Ley de Reformas y Adición a la Ley N° 290, en cuyo art. 2 se consagran los Consejos, como estructuras de las que se puede valer el Poder Ejecutivo, para organizar y coordinar el gobierno. A partir de entonces la población, que constitucionalmente tiene reconocido el derecho a participar en la gestión estatal (art. 2 y art. 50 Cn), se organiza y funda expectativas loables, para protagonizar el ejercicio del poder público. Por su parte el Poder Ejecutivo, órgano independiente del Estado, sobre la base de lo normado, estructuró políticas de conducción del gobierno ubicando al pueblo y al ciudadano como centro de gravedad, como artífice del proyecto social de gobierno, sobre cuyas bases se desencadena todo un trabajo donde ciudadanos y Estado colaboran y armonizan para la mejor conducción del país, como no puede ser de otra manera en un Gobierno del pueblo, en un gobierno que revoluciona, para priorizar, la posición relegada, en la que durante muchos años, gobiernos anteriores habían mantenido al pueblo .

Sin embargo, a pesar del estado que causó la Ley N° 612, para la estructura del gobierno, para los ciudadanos, y en general para el país, el legislador, a casi 8 meses de su vigencia, decide cambiar aquellas bases y hoy proyecta una derogación, en la Ley que vetamos, a la figura que ha permitido depositar el poder en el pueblo, y engranar esfuerzos, de ciudadanos y Ejecutivo, para caminar en una misma dirección.

Resulta pendular y contradictoria la posición del Poder Legislativo, no sólo por el espacio de tiempo tomado para el cambio de parecer, en temas tan estructurales para el país, sino además porque siendo la Asamblea Nacional los representantes por antonomasia del pueblo, a quienes se deben, porque del pueblo son, abogan por derogar un instrumento que permite la integración de los ciudadanos al poder del Estado, y que representa la Unidad del pueblo por el bien común y del ejercicio democrático de sus derechos.

No se detuvo el legislador en una Exposición de Motivos a la Ley de Reformas, que al menos de forma sucinta hubiere expresado a los ciudadanos y al Poder Ejecutivo, destinatarios de la norma, las causas por las cuales volvió sobre sus pasos, a pesar de haber reconocido y validado la figura de los Consejos en la Ley N° 612. Optó el legislador por hacer gala de su ejercicio extralimitado de poder, ciñéndose a derogar y a ordenar, obviando que no legislan para sí, sino para los ciudadanos y para el país en general, a quiénes tienen el deber de explicar las decisiones adoptadas, sobre todo cuando se trata de un cambio abrupto de parecer, que socava derechos preestablecidos y adquiridos.

La Presidencia de la República no tiene objeción al artículo 2 del Proyecto de Ley de Reformas a la Ley N° 290, en el que se añaden párrafos al artículo 11 de la referida Ley, lo cual no es óbice para dejar de comentar que es una adición redundante, en el entorno de nuestro Derecho Positivo, que falta al principio general de la especialidad de las leyes, por cuanto los principios y postulados en que se erige la participación ciudadana corresponden a una ley especial, que para esa materia se diseña, en nuestro caso la Ley N° 475. Contrástese que todos los principios que regula el citado artículo 2 del Proyecto de Ley, queda de forma idéntica ya regulados y refrendadas en el artículo 7 de la Ley de Participación Ciudadana, Ley N° 475, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 241 de fecha 19 de diciembre del año 2003.

No huelga expresar sobre el segundo párrafo del artículo 2 del Proyecto de Ley, que principia: “El Poder Ejecutivo facilitará una interacción fluida con la sociedad civil organizada y sin discriminación de todas las organizaciones ciudadanas interesadas en la participación…”, que coincidimos como Poder Ejecutivo en el espíritu de esta adición al artículo 11 de la Ley N° 290, sobre la base de sostener que como Poder del Estado nos corresponde interactuar con la sociedad, interactuar con el pueblo, sólo que esta norma en sí misma quedaría hueca y no pasaría de ser un postulado o aspiración, si se cercena al Poder Ejecutivo la facultad de diseñar y crear espacios que permitan la fluida interacción, a que hace referencia el proyecto. De forma que con esta adición pareciere que el legislador entiende la necesaria interacción de quien gobierna con la sociedad, al punto que la eleva a un mandato, y no sólo es un mandato del actual legislador, sino que su génesis es el mandato constitucional del artículo 50 que consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, y en la gestión estatal; sin embargo, en el art. 1 del Proyecto de Reformas, contradice su propio pensar cuando deroga una facultad de los ciudadanos y el Poder Ejecutivo que concretiza, los artículo 2 y 50 de la Constitución Política. Es como conferir un derecho y dejarlo desprovisto de una acción, de un cauce adecuado para hacerlo efectivo. En eso se traduce la adición al segundo párrafo del artículo 11, y la derogación de la facultad de crear Consejos.

La Constitución de Nicaragua proclama una participación ciudadana libre, que también refrenda la Ley N° 475; sin embargo, el legislador se aparta de esta voluntad, o al menos entra en contradicción con ella, cuando prohíbe expresamente una forma que tiene el ciudadano de participar en el ejercicio del Poder Público, con cuya actitud evidencia una contradicción entre lo que proclama y lo que ordena. Si no se pueden crear Consejos entonces la participación ciudadana no es tan libre, sino que tendrá que hacerse en los contornos que el Poder Legislativo establezca, a pesar de que esos contornos no quedan fijados en la Constitución.

Los Consejos que consagra el artículo 11 de la Ley 612, Ley de Reformas a la Ley N° 290, ensancha las formas de participación ciudadana, no cercenan ni prohíben, ninguna otra forma de participación que quieran crearse, simplemente es una forma de llevar el poder público al pueblo, que no se contradice con cualquier otra que pueda existir o se quiera crear; sin embargo, el Poder Legislativo, con el proyecto de esta reforma, sí reduce el diapasón de formas de participación ciudadana, cuando desdibuja del contorno jurídico nicaragüense la figura de los Consejos.

Hasta aquí la Expresión de Motivos.

Fundamentación del Veto Parcial

Cuando el artículo 1 del Proyecto deroga la facultad del Poder Ejecutivo de crear Consejos como estructura del Poder Ejecutivo, invade la esfera de actuación de este Poder del Estado, con notoria violación a los artículos 7 y 129 de la Constitución Política, que consagra la división de poderes, propia de los Estados democráticos.

La derogación que introduce este Proyecto de Reformas, también desconoce las competencias que corresponden al Poder Ejecutivo para organizar y dirigir el gobierno, competencias que no nacen de la voluntad de un gobierno puntual, sino que están refrendadas constitucionalmente en el artículo 150 numeral 12. La derogación de esta facultad, que introduce el artículo 1 del proyecto, no sólo desconoce a este Poder del Estado y sus competencias, ya con franca violación a la Constitución Política, sino que además, irrumpe, sin resquemores ni cautelas, en el derecho al pueblo a ejercer su soberanía y sus distintas formas democráticas de participación, consagradas en el artículo 2 Cn; en el derecho a la libertad de asociación conferido a los ciudadanos en el artículo 49 Cn; en el derecho de estos a participar en los asuntos públicos y en la gestión estatal, otorgado en el artículo 50 Cn; y en el derecho de los ciudadanos a interactuar con los poderes del Estado, de forma participativa y constructiva, que le emanan del artículo 52 de la Carta Magna.

La figura de los Consejos, como formas de participación y estructuras de ejercicio del poder ciudadano, han refrendados desde la Constitución Política en el art. 150 numeral 13, párrafo segundo, que confiere la facultad, al Presidente de la República, de crear el Consejo Nacional de Planificación Económica, precepto constitucional, que el legislador del Proyecto de Ley de Reformas a la Ley N° 290, han desconocido, cuando en el artículo 1 proyectado, deroga los Consejos como estructura del Poder Ejecutivo. No sólo el citado artículo 150 numeral 13, refrenda la consagración legislativa de la figura de los Consejos en nuestro país, sino también se expresan en la Ley de Participación Ciudadana, Ley N° 475, para la formulación de Políticas Públicas Nacional y Locales, para la Coordinación con las Regiones Autónomas, empleándose para todos los casos, igualmente, la figura del Consejo,. Como estructura legal idónea de incorporación de la ciudadanía en diferentes ámbitos.

Si aún no fuere suficientes las anteriores menciones de derechos constitucionales que se avasallan en este Proyecto de Ley de Reformas, bajo el manto del poder de legislar, ejercido en esta oportunidad de forma omnímoda, únasele que la abrogación de los Consejos del mapa jurídico nicaragüense ocasionaría una derogación de facto o tácita, a buena parte de la Ley de Participación Ciudadana, concretamente en lo atinente a la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas nacionales y locales, y en la coordinación con las Regiones Autónomas, espacios de participación, todos estructurados por la vía de Consejos en apoyo al Poder Ejecutivo, cuya creación dimana de acuerdos presidenciales (art. 38 de la Ley N° 475).

El legislador que proyectó en Ley la prohibición para la creación de Consejos, tal vez en el desesperado y pertinaz afán de frenar su proliferación, olvidó y soslayó, todo un entramado de normas jurídicas, ajenas a la Ley N° 290, creadas por ese propio órgano legislativo, que refrendan la figura de los Consejos, como una forma de participación ciudadana, normas jurídicas que resultarán, cuando menos letra muerta, o ineficaces, por vía de la desacertada fórmula legal de derogación tácita, si entrare en vigencia el artículo 1 del Proyecto que se veta.

La Constitución Política permite a los ciudadanos el derecho de asociarse de manera libre (art. 49 Cn), de participar en los asuntos públicos y de gestión estatal (art. 50 Cn), de denunciar anomalías, hacer peticiones y críticas constructivas a los poderes del Estado (art. 52 Cn). Por otra parte, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de organizar y dirigir el gobierno, (art. 150 numeral 12 Cn), además del deber de interactuar con la sociedad, y en el ejercicio de esa facultad constitucional ha estimado oportuno, para el mejor ejercicio del Poder Público, compartirlo con los ciudadanos que quieran ejercerlo, sin distingos de tipo alguno. Esta armonización de derechos constitucionales: facultades del Poder Ejecutivo, y derechos ciudadanos, constituyen palmaria expresión del ejercicio de la democracia, ante lo cual se hace insostenible e injustificada, la pretensión, que guarda la primera parte del artículo 1 del proyecto, de cercenar la actuación conjunta del Poder Ejecutivo y del pueblo para ejercer al unísono la democracia, aquella, la que deriva de su raíz latina demos –crato, la democracia del demos, la democracia del pueblo. No existe fundamento alguno que legitime prohibir una forma de asociación y participación de los ciudadanos para interactuar con el Poder Ejecutivo.

Por las razones apuntadas anteriormente, propongo que se suprima el artículo 1 del Proyecto de Reformas a la Ley N° 290, manteniéndose inalterable la regulación del art. 2 de la Ley N° 612, Ley de Reformas y Adición a la Ley N° 290.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 142 y 150, numeral 3) de la Constitución Política de Nicaragua, y artículo 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley N° 606, presento este Veto Parcial al Proyecto de Ley N° 630, que consiste en: “Se suprima el artículo 1 del Proyecto de Ley N° 630, Ley de Reformas y Adiciones al Artículo 11 de la Ley N° 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”.

Respetuosamente, solicito a los Diputados de la Asamblea Nacional acoger favorablemente este Veto Parcial que tiene como único objetivo el respeto a los derechos y postulados constitucionales, tanto derechos de los ciudadanos, como el respeto a las competencias del Poder Ejecutivo, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la institucionalidad y con ello al estado Social de Derecho.

Hasta aquí el texto del Veto Parcial al Proyecto de Ley N° 630.
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua


PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Envíese el siguiente proyecto de ley, a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.


CONTINUACIÓN DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2007. (XXIII LEGISLATURA).


SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Solicitamos a los honorables diputados remitirse al Adendum 4, Punto 3.26: VETO PARCIAL A LA LEY NÚMERO 630, LEY DE REFORMA DE ADICIONES AL ARTÍCULO 11, DE LA LEY NÚMERO 2.90, LEY DE ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL PODER EJECUTIVO.

De acuerdo al procedimiento, hay un Dictamen de Mayoría y un Dictamen de Minoría, conforme la mecánica parlamentaria y lo que establece la Ley Orgánica, vamos a leer primero el Dictamen de Mayoría, le pedimos al Presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, el doctor e ilustre jurisconsulto José Pallais que nos lea el Dictamen de Mayoría.

DIPUTADO JOSÉ PALLAIS ARANA:
Managua, 7 de noviembre del 2007.

Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.

Señor Presidente:

La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional ha estudiado con detenimiento la Expresión de Motivos y Fundamentación en que sustenta el Presidente de la República su Veto Parcial a la Ley N° 630 “Ley de Reformas y Adiciones al Artículo 11 de la Ley 290, Ley de organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, que le fuera remitido para su debido Dictamen. A partir de sus deliberaciones, la comisión ha llegado a las siguientes conclusiones:

I. Exposición:

La comisión toma nota de que el Veto va dirigido en contra del Arto. 1 de la Ley N° 630, concretamente en contra de la derogación expresa de la facultad del Poder Ejecutivo de crear Consejos por medio de Decretos Ejecutivos y a la consecuente supresión de los Consejos establecidos al amparo de esa facultad, como estructuras del poder ejecutivo.

Para fundamentar el Veto Parcial, la Presidencia de la República preparó una Expresión de Motivos y una Fundamentación con argumentos carentes de respaldo legal o constitucional, además que se inspiran en una lectura distorsionada del texto y sentido de la citada Ley N° 630. Las consideraciones de la comisión sobre los argumentos de la Presidencia son las siguientes:


La ciudadanía, las organizaciones y asociaciones se encuentran completamente garantizadas con la aprobación de la Ley 630. El ordenamiento jurídico y la institucionalidad restauran su estabilidad. El ordenamiento jurídico se consolida. Y, al contrario, admitir los argumentos de la Presidencia de la República representa introducir peligrosos factores de inestabilidad, conflicto y exclusión, tal como ha sido visible en la práctica política reciente.

Por último, la comisión no puede dejar de manifestar su preocupación por las declaraciones del Presidente de la República en el sentido de imponer los denominados Consejos del Poder Ciudadano como instancias unilaterales de gestión gubernamental, al margen de la legislación vigente. Esas declaraciones, que confunden peligrosamente el concepto de pueblo con minorías partidarias, introducen mayor inestabilidad e inseguridad en la paz social y el orden jurídico. Esta circunstancia ofrece un fundamento adicional a nuestra recomendación de rechazar el veto presidencial.

II. Dictamen:

Con base en las razones expuestas y las normas constitucionales que justifican la reforma contenida en la Ley N° 630, la Comisión de Justicia dictamina desfavorablemente el veto parcial a la Ley de Reformas y Adiciones al artículo 11 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, y recomienda al Plenario la aprobación del presente Dictamen y el rechazo al Veto Parcial presentado por la Presidencia de la República.

Firman este dictamen de mayoría,

DIP. JOSÉ BERNARD PALLAIS A. DIP. GABRIEL RIVERA ZELEDÓN

DIP. MAXIMINO RODRÍGUEZ M. DIP. NOEL PEREIRA MAJANO

DIP. ALEJANDRO RUIZ JIRÓN DIP JUAN ENRIQUE SÁENZ

DIP. ADOLFO MARTÍNEZ COLE

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, Presidente Pallais Arana.

Pasamos ahora a la discusión del dictamen.

Diputado José Figueroa Aguilar, tiene la palabra.

DIPUTADO JOSÉ FIGUEROA AGUILAR:

Presidente, por favor le pido que un compañero nuestro lea el Dictamen de Minoría.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

De acuerdo a la Ley Orgánica, primero se discute el Dictamen de Mayoría, una vez rechazado este, se pasa a conocer el Dictamen de Minoría, si el de Dictamen Mayoría es aprobado, lógicamente ahí se acaba la discusión.

Tiene la palabra José Figueroa Aguilar.

DIPUTADO JOSÉ FIGUEROA AGUILAR:

Gracias, Presidente.

Buenos días, a todos los diputados y diputadas presentes.

El pueblo nicaragüense a lo largo de su historia, ha luchado firmemente por la defensa de sus derechos, y reivindicaciones políticas, económicas y sociales.

En nuestra patria a raíz del derrocamiento de la dictadura de Somoza, hemos venido construyendo pese a todas las dificultades, una República democrática y representativa y aunque no hemos profundizado en la democracia participativa, nuestro pueblo ha venido ejerciendo su soberanía, es decir su poder para construir su propio destino.

Han sido conquistas fundamentales de todos los nicaragüenses, -conquistas logradas a base de lucha y de mucha sangre- y que fueron consignadas en la Constitución Política de la República de Nicaragua aprobada a finales de 1986 y publicada a inicios de 1987: Los derechos individuales como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y de pensamiento entre otros. Los derechos políticos como el derecho de ser ciudadano nicaragüense a los dieciséis años, desde participar en igualdad de condiciones en la vida política, económica y social. En la organización sindical, el de la participación en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Así como en el de elegir y de ser electos. Los derechos sociales como el derecho al trabajo, a la educación y a la cultura, a la salud, al medio ambiente saludable, a la seguridad social, y a la protección contra el hambre. Igualmente señor Presidente, han sido conquistas muy importantes, los derechos de familia, laborales y los de las comunidades étnicas de la Costa Caribe Norte y Sur. Todo esto dista mucho de ser un sistema perfecto pero son avances significativos y reflejan la verdadera esencia de la libertad y de la democracia. Compañero Presidente, el día de hoy estamos discutiendo un Veto que remitió el Presidente de la República, sobre una Ley de Reforma al artículo 11 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional en la que se pretende prohibir al Presidente de la República quien constitucionalmente es el Jefe del Gobierno de nuestro país, la facultad de crear y organizar mecanismos de participación ciudadana como los Consejos de Poder Ciudadano, que tienen como objetivo incorporar la participación y decisiones del pueblo en la solución de los problemas de las familias y las comunidades; y a los ciudadanos a quienes se les pretende negar de hecho, sus legítimos derechos a participar en los asuntos públicos y la gestión estatal.

Llamo la atención de todos ustedes que en una sesión reciente de este plenario, se llegó al extremo por parte de un diputado, de proponer durante la discusión de una ley como parte de la xenofobia existente contra los Consejos de Participación Ciudadana, que se eliminara del texto de la ley, la palabra “consejo”. ¿Qué es lo que queremos?, me pregunto, ¿vamos a eliminar los consejos de ancianos, de los sutiabas, de los masayas y del pueblo miskito?, ¿o los consejos regionales de la Costa Caribe Norte y Sur?, ¿o del Consejo de Planificación Económica y Social, o el Consejo de Planificación Regional, Económico y Social?, ¿o el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep?, ¿o los concejos municipales de las alcaldías?

Colegas diputados, realmente esta decisión de traer al plenario esta discusión obedece estrictamente a insanos intereses políticos porque el derecho a la participación en los Consejos de Poder Ciudadano o en cualquier otra forma de organización popular, es un derecho legítimo que está ampliamente contenido y sustentado en nuestra Constitución Política y quienes se oponen a que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reconozca el poder del pueblo para participar y decidir, es porque están claros que el ejercicio del poder ciudadano reafirmará en nuestra población sus derechos fundamentales, sus valores, y su identidad nacional. Y fortalecerá un proyecto de Nicaragua para el futuro, en el que no hay cabida para la politiquería y para los politiqueros que han venido engañando en los últimos años a nuestro pueblo. Por ello quiero señalar, y recordarles lo que establece nuestra Carta Magna:

En el artículo 2 de la Constitución está consignado que el pueblo ejerce su soberanía a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación.

En el artículo 7 de la Constitución, Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa.

En el artículo 49 de la Constitución, se establece el derecho de libertad de asociación.

En el artículo 50, se establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal.

En los artículos 51, 52 y 53, se establece el sufragio universal y el derecho de petición y denuncia en lo que se reafirma el concepto de democracia representativa y participativa. El derecho de ciudadanos a interactuar con los distintos Poderes del Estado, que es el artículo 52 de la Constitución y el derecho ciudadano de decisión y participación libre en los asuntos de la nación que está contenido en los artículos 2, 7, 50 y 101, de nuestra Carta Magna.

Igualmente, señor Presidente, como un instrumento legal más que tiene el compañero Presidente de la República para organizar los Consejos de Poder Ciudadano, en la Ley de Participación Ciudadana, Ley N° 475, se establece el ejercicio de la participación ciudadana, en el ámbito político, económico, social y cultural mediante la creación de mecanismos institucionales que permiten la interacción de los ciudadanos con sus autoridades. Y se promueve la gobernabilidad en esta ley, en la medida en que los ciudadanos y agentes sociales participan en el diseño y la gestión de los asuntos públicos, lo que permite una mayor estabilidad y armonía con la realidad económica social que vivimos.

Compañero Presidente y colegas diputados, existen muchas experiencias de la amplia participación ciudadana en Nicaragua. En las emergencias provocadas por desastres naturales, en el combate a las epidemias, y en las jornadas populares de salud. En el ejercicio democrático electoral, lo cual ha permitido la elección y legitimidad de las autoridades de nuestro país. En políticas sectoriales de carácter participativo, ejemplo, en los consejos sectoriales de salud, de educación, deportes entre otros. En el ámbito social, en la lucha contra la pobreza y en la defensa del consumidor. En la seguridad ciudadana, tanto en la prevención social del delito, como en la prevención de accidentes de tránsito. En la defensa del medio ambiente. En el ámbito jurídico a través de los promotores de justicia comunitaria. En el ámbito económico a través de las cooperativas, asociaciones, federaciones entre otros.

En nuestra legislación hay diferentes mecanismos de participación ciudadana. La iniciativa y la consulta ciudadana a nivel nacional, regional y local. Las instancias consultivas para la formulación de políticas públicas, como el Consejo de Planificación Económica y Social, los Consejos Regionales de Planificación Económica y Social y los Comités de Desarrollo Local. Las asociaciones de pobladores, la consulta popular en el ámbito local, todas estas expresiones de participación ciudadana son legítimas, como también lo son los Consejos de Participación Ciudadana.

Compañero Presidente, en el contexto actual nuestro gobierno valora que hay muchas y justas demandas de la población nicaragüense a las que tenemos que dar respuestas urgentes. Estas respuestas el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, va a articularlas a través de un modelo de funcionamiento institucional, social, cultural, político y económico, basado en la participación ciudadana. Alrededor del cual nos comprometimos ante la población y vamos a hacerlo realidad incorporando a nuestro pueblo en laS decisiones y soluciones de gobierno. El pueblo tiene poder de decisión, las órdenes emanan del pueblo, y ese es el mandato que tiene este gobierno y que tenemos los sandinistas en este gobierno de pueblo. ¿Cuál es el temor de algunos diputados o de algunas organizaciones? Si en una democracia representativa el pueblo sólo delega el poder para el ejercicio de la “administración pública”, no delega el poder para ejercer la soberanía popular. Más bien nosotros quisiéramos que los planes de trabajo de todos los servidores público incluyendo esta Asamblea Nacional, se elaboren con los insumos y necesidades de las familias y de las comunidades. Y así conjuntamente ir encontrando soluciones a cada uno de los múltiples problemas que enfrenta nuestra población. Al asumir todos los nicaragüenses su responsabilidad ciudadana no será sólo el gobierno el que asuma la responsabilidad por ejemplo de alfabetizar o de vacunar, sino que es la población la que estará auto convocándose para participar en las tareas educativas y de salud.

Nicaragua tiene una gran potencialidad en la organización de su pueblo que es lo que nos diferencia de otros países, si tenemos el potencial de nuestros recursos naturales, de nuestras materias prima y tenemos el potencial de nuestra capacidad humana organizada, eso nos permite un elemento sustancial que nos va a impulsar hacia el desarrollo y superación de nuestro país. Ese es el espíritu y razón de ser de los Consejos de Poder Ciudadano, lo importante aquí no es de semántica, llámese Consejos, Comités o Comisiones, es que nuestro Gobierno está impulsando un modelo de funcionamiento social, que permite una comunicación fluida entre los pobladores organizados, la autoridad institucional, para discutir los temas que preocupan, sin distingo de credo, raza o religión y para beneficio de las mayorías y estos requerimientos incorporarlos poco a poco en el Presupuesto General de la República. En síntesis y tratando de recoger el aporte de un jurista nicaragüense de mucho prestigio, quiero señalar que con la incorporación de los Consejos de Poder Ciudadano, el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, está dando pasos para organizar su gobierno, -lo que es una atribución que le corresponde constitucionalmente inciso 12, artículo 150 Cn. que señala claramente que son atribuciones del Presidente organizar y dirigir el Gobierno- quiere el Presidente que en su gobierno el pueblo participe y decida en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Y “ojo”, es una atribución, así literalmente, y no cabe ninguna interpretación legislativa y menos aún en una ley ordinaria, no es una función, es una atribución constitucional lo que le da mayor fuerza al Presidente de la República para incorporar al pueblo al ejercicio del poder, la derogación de esta atribución no sólo desconocería las facultades y competencias del Poder Ejecutivo sino que también lesionaría el derecho del pueblo a ejercer su soberanía y sus distintas formas democráticas de participación consagradas en la Constitución que mencioné anteriormente. Y lo más grave, es que se está promoviendo un acto claramente inconstitucional, violentando nuestra misma razón de ser como legisladores. Recordemos que el Estado de Nicaragua, constitucionalmente tiene el compromiso y la obligación de respetar y promover los derechos humanos de sus ciudadanos, artículo 46 constitucional y nosotros en la Asamblea Nacional hemos ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho ciudadano de participación, es tan sagrado que ni siquiera la declaratoria de un Estado de Emergencia nacional puede suspenderlo, artículo 184 de la Constitución.

Finalmente, quería recordarles a todos los diputados que los Poderes del Estado son independientes entre sí y se coordinan armónicamente. Por tal razón estimados colegas la Asamblea Nacional no debe de interferir en los asuntos internos de otros Poderes del Estado y en este caso particular en los asuntos internos del Poder Ejecutivo. Debemos respetar el principio de independencia de los poderes, artículo 7 y 129 de la Constitución. La derogación de los Consejos de Poder Ciudadano, violentaría la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, y nos confrontaría inútil e innecesariamente con el Poder Ejecutivo. Dicho sea de paso, ¿qué es lo que se pretende derogar o prohibir?, ¿las atribuciones constitucionales del Presidente o el Poder del Pueblo a organizarse para ejercer su poder? Recordemos esto, el pueblo se organiza con ley o sin ley, para defender sus conquistas y sus derechos, caer en la tentación de cercenar esta legítima potestad, es pretender desconocer nuestra propia legitimidad. No olvidemos que nosotros somos producto de esta participación ciudadana, ejercida a través del voto.

Por lo tanto, con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional que tenemos como legisladores, de respetar los derechos fundamentales de los nicaragüenses, y el principio de independencia de los poderes, pido a todos los diputados en nombre de la Bancada del Frente Sandinista y la Unidad Nicaragua Triunfa, su respaldo al Veto del Presidente de la República, a la Ley de Reforma del artículo 11 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Cerramos con el diputado Juan Ramón Jiménez, que sería el número quince de los que están anotados; tiene la palabra el diputado Eduardo Montealegre Rivas.

DIPUTADO EDUARDO MONTEALEGRE RIVAS:

Muchas gracias Presidente.

Considero que hoy es un día sumamente histórico en Nicaragua. Quisiera comenzar leyendo el segundo párrafo del artículo 5 de nuestra Constitución, que dice: “Que el pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos políticos y sociales del país, sin restricción ideológica, excepto aquellos que pretenden el restablecimiento de todo tipo de dictadura de cualquier sistema anti democrático.

El dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea claramente establece los principios jurídicos por los cuales los diputados de la Asamblea Nacional debemos de rechazar el Veto del Presidente de la República o sea, aprobar el Dictamen de Mayoría. Creo que existe en este momento de parte del Presidente de la República y de los diputados que están en el Frente Sandinista, un respaldo a una visión totalitaria y absolutista. Están confundiendo participación ciudadana con integración de los ciudadanos al Estado. Están confundiendo quienes pretenden que exista una relación de jefe subalterno entre el jefe de los CPC y los ciudadanos de este país. Confunden en otras palabras la democracia con el totalitarismo. Más bien, es una mentalidad totalitaria y absolutista la que nos quieren implantar, un modelo ajeno a nuestra Constitución y a los deseos de la población. El Poder Ejecutivo es en este caso, el que está invadiendo las funciones de la Asamblea Nacional. Es una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional según lo establece el artículo 183 y el artículo 181 de nuestra Constitución, organizar el Estado le corresponde al Presidente de la República dirigir, ¿O es acaso que el Ejecutivo puede crear ministerios sin la aprobación de esta Asamblea Nacional? Obviamente no puede. Le corresponde a esta Asamblea, a estos diputados que están aquí, organizar al Estado.

Aprobar los CPC, no rechazar el Veto del Presidente de la República sería nada más y nada menos que nosotros los diputados ante esta Asamblea Nacional aceptáramos que se le diera un golpe de estado de hecho a la Asamblea Nacional, los CPC, a juicio de la población, a juicio de los diputados que hoy vamos a rechazar el Veto son una organización paraestatal, un mecanismo de chantaje y terror como le llamara un ilustre miembro de nuestra sociedad civil. Son estructuras partidarias, el día de ayer veíamos en la televisión como un miembro de los CPC, rechazaba una decisión clara del Concejo de la alcaldía de Managua. El mismo Alcalde de Managua los ha rechazado, porque están interrumpiendo en las funciones para el cual el pueblo los eligió, sólo basta ver hoy en el periódico La Prensa una encuesta en la cual claramente dice: Que no son miembros de los CPC el 95% de la población y lo que más llama la atención que el 87% de aquellos que dicen ser miembros del Frente Sandinista, no son miembros de estos consejos. Y cuando se le pregunta: ¿Participa usted o ha participado en los CPC? Dice que el 87% de la ciudadanía no ha participado. Y lo peor de todo cuando dice le pregunta ¿Está usted dispuesto a integrarse en el futuro a los CPC? El 74.1% de la población dice que no están dispuestos a integrarse a ellos.

Entonces Presidente, se está creando aquí si nosotros no rechazamos el Veto del Presidente, un Estado paralelo cuyo único objetivo es tapar, esconder la ineficiencia y la incapacidad que ha demostrado en este año de Gobierno la administración del presidente Ortega. No es la voluntad del pueblo. La población los rechaza, todo el pueblo de Nicaragua recuerda la amarga experiencia de los años 80 y de los CDS, y por eso, el pueblo de Nicaragua no está dispuesto a repetir esa experiencia. No es a través de los CPC que vamos a resolver los problemas de este país, no es a través de ellos que vamos a hacer que los frijoles bajen, ni tampoco que no hayan apagones en esta nación. No es a través de los CPC que vamos a mejorar la eficiencia, la eficacia y la capacidad de los funcionarios de gobierno. Presidente, y señores diputados, el pueblo está claro de cuáles son sus problemas, el pueblo está claro de que ha habido ineficiencia, incapacidad de poder manejar los asuntos del Gobierno y los asuntos de la población. No son los CPC los que nos van a decir cómo y cuáles son los problemas, ya sabe la población cuáles son sus problemas y esperan que el Gobierno se dedique con entrega absoluta a los problemas internos de este país.

Los diputados de esta Asamblea Nacional hoy vamos a demostrarle al pueblo de Nicaragua que estamos dispuestos a votar, a rechazar el Veto del Presidente y aprobar el Dictamen de Mayoría en la Asamblea Nacional. Estamos convencidos que esta Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de salvaguardar la democracia en Nicaragua; de que el pueblo de Nicaragua no quiere regresar a la década de los ochenta, nos lo está diciendo, ¿por qué insisten en implantar un régimen ajeno al deseo del pueblo, copiándonos de Venezuela, copiándonos de Libia, copiándonos de otros países que nada tienen que ver con la realidad de Nicaragua? Por lo tanto, les digo en nombre de nuestra bancada, en nombre de los demócratas de este país, que queremos la unidad para trabajar y beneficiar al pueblo de Nicaragua, que rechacemos el Veto del Presidente de la República, aprobando tal y como fue sometido el Dictamen de la Mayoría, por parte de la Comisión de Justicia.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputada Alba Palacios Benavídez, tiene la palabra.

DIPUTADA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Gracias, señor Presidente.

Quiero referirme a las razones por las cuales los diputados de la Asamblea Nacional deberían de aprobar el Veto y por tanto, rechazar el Dictamen de Mayoría y aprobar el Dictamen de Minoría presentado por la Bancadas Sandinista.

Y antes de referirme a los aspectos legales que fundamentan la organización de los Consejos del Poder Ciudadano, quiero exponer ante los diputados de las bancadas auto llamadas democráticas y de derecha, la explicación de lo que ha significado este proceso de organización de los Consejos del Poder Ciudadano en medio de las dificultades y en medio de las limitaciones humanas que podamos tener los ciudadanos nicaragüenses.

Y este proceso de organización de la ciudadanía, en los Consejos de Poder Ciudadano, ha tenido una culminación muy importante porque a partir del día 16 de noviembre se evidenció en nuestro país, después de muchos años un ejercicio verdaderamente democrático, una actividad significativa, basados en la participación directa de la población en la gestión del nuevo gobierno presidido por el comandante Daniel Ortega. La participación ciudadana, la expresión del poder ciudadano, no se había concretizado en los últimos tiempos en la forma en que se concretizó el dieciséis de noviembre, fecha en la que se dio inicio a una jornada de trabajo que todavía se está desarrollando por el Poder Ejecutivo con el objetivo de consensuar la agenda de trabajo del gobierno del presidente Daniel Ortega para el año 2008. En donde todas las instituciones que integran este Poder del Estado, están en un proceso de consulta y planificación con la ciudadanía.

En un período aproximadamente de ocho meses de arduo trabajo, los Consejos del Poder Ciudadano, se organizaron en los ciento cincuenta y tres municipios de nuestro territorio nacional, y han venido recogiendo las principales necesidades y demandas que la población tiene frente a los distintos problemas, temas y áreas en las que tiene incidencia el Poder Ejecutivo. Los delegados del poder ciudadano, están organizados en mesas de trabajo sectoriales, incluyendo el sector empresarial que también tienen su propio consejo empresarial de participación ciudadana con el Poder Ejecutivo. Y en estos consejos, se han recogido las principales demandas frente al gobierno. Estoy segura que la mayoría de los diputados que se llaman representantes de las minorías derechistas, nunca han ejercido el poder con el pueblo, nunca oyen, ni dialogan y jamás trabajan en equipo con los ciudadanos, de frente con los pobladores, comunes y corrientes, con el poblador que vive en carne propia los diferentes problemas económicos y sociales del país. Y no se trata solamente de escuchar los problemas al ciudadano común y corriente, al desempleado, al campesino, al trabajador, al comerciante, a los jóvenes, o a las mujeres. La dinámica que se ha establecido es que los delegados del poder ciudadano presentan sus propuestas y sus demandas ante los ministros los cuales las recogen, las asumen y la integran en su política anual del gobierno para el año 2008 y así será sucesivamente para los siguientes años. Este viernes próximo se está organizando toda una agenda nacional del poder ciudadano, o sea del pueblo nicaragüense, la que será presentada ante y aprobada por el comandante Daniel Ortega, como Presidente de nuestro país.

En la primera sesión de trabajo que tuvieron con este objetivo los Consejos del Poder Ciudadano donde estuvieron presentes los ministros del Minsa, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, los directores del INSS, del Instituto de la Cultura, del Instituto Nacional de la Tecnología, del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa, de Enacal, y del Instituto de Deportes, se han sentado con el resto de instituciones para cubrir la totalidad del Ejecutivo. Y al día de hoy, se pueden resaltar las principales prioridades que tienen los ciudadanos ante el gobierno en materia de salud por ejemplo, todos los planteamientos para mejorar las políticas de salud, para mejorar la cobertura, para accesar al medicamento, para redefinir los asuntos presupuestarios, la distribución humana, para potenciar las capacidades actuales y mejorar las debilidades y limitaciones que tiene nuestro Ministerio de Salud, al igual que en educación, como reforzar y avanzar en la gratuidad de la salud y de la educación. Obtuvimos noventa y cuatro mil estudiantes nuevos con este proceso de educación gratuita. Y se pretende que la matrícula del 2008 sea mayor, y continuar con la exitosa campaña de alfabetización donde participan los ciudadanos pobres de nuestro país. Mejorar la infraestructura, el currículum escolar, todos estos son temas de discusión y de acción entre el gobierno y la ciudadanía.

En materia de comercio, se ha avanzado en planteamientos que van desde dar valor agregado al proceso de industrialización de materias primas, el financiamiento del sistema productivo de las pequeñas empresas, el fortalecer el sistema de las normas de calidad para mejorar nuestro comercio, garantizar nuestro abastecimiento interno, fortalecer las exportaciones, buscar como estabilizar los precios de los productos de consumo nacional como el arroz, el frijol y el pan entre otros, son las acciones que desde el poder ciudadano en conjunto con el Gobierno, y el Mific se están implementando.

En materia de agricultura, se está avanzando en el proceso de organización de la red de acopio y de comercialización de los productos básicos a nivel nacional y departamental con dirección directa de los Consejos del Poder Ciudadano, se está acercando tanto a los productores como a los consumidores, se está eliminando en un proceso la cantidad de intermediarios para evitar la especulación. Con el respaldo de estos Consejos se está avanzando en los créditos y la definición de los créditos para la producción incluyendo programas especiales para las mujeres productoras. Se ha extendido el programa productivo alimentario a poblaciones que tienen mayor concentración de pobreza, organizados directamente por los Consejos del Poder Ciudadano, se ha incrementado la entrega de semillas y la inversión más eficiente en la infraestructura vial y productiva. En todo este proceso de desastres que hemos vivido en la Costa Atlántica, así como con las lluvias en distintas zonas de nuestro país, ha habido una participación directa de los ciudadanos y de las distintas instancias de Gobierno, para hacerle frente a este gran problema con la ayuda que nos ha dado la cooperación internacional.

Les hablo de esto para que ustedes tengan una visión más clara, porque ustedes lo que han hecho es única y exclusivamente politizar un asunto de participación y de ejercicio constitucional que tiene nuestro pueblo para ejercer el poder a través de nuestro Gobierno. Considero que la creación de estos consejos no sólo responden a la verdadera y genuina potestad del ejecutivo, de decidir las formas en las que debe administrar y organizar el poder, sino que estoy convencida que es de suma necesidad lograr las políticas sociales, económicas, productivas, para que impacten con plenitud en la dirección correcta en los espacios donde más se necesita y el que lo sabe es el que lo vive, en este caso, el pueblo. La potestad del Poder Ejecutivo de determinar la política y programa económico social, es una potestad constitucional, inamovible por una norma de rango inferior, como lo es la Ley 290, es decisión legítima del presidente Daniel Ortega y del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, dirigir el proceso de formulación de sus políticas económicas y sociales, con la participación directa de la población. Participación que está protegida constitucionalmente y considerada como un pilar fundamental del estado social de derecho. Con una norma ordinaria como este dictamen llamado de Mayoría, -Minoría dentro del pueblo de Nicaragua- no podemos ahora venir a afectar estos preceptos constitucionales. También este llamado Dictamen de Mayoría contraviene el derecho del pueblo de organizarse, el derecho del Poder Ejecutivo de dirigir las políticas económicas y sociales. Por tanto, creo que ustedes deben de considerar seriamente y responsablemente el apoyo al Veto y el apoyo al Dictamen de Minoría, presentado por la Bancada Sandinista. Porque si se rechaza este Veto parcial presentado por el Presidente, ustedes diputados, estarán derogando básicamente una serie de normas que prevén el derecho de la participación ciudadana, incluyéndose en este paquete a la misma Ley 475, que es la Ley de Participación Ciudadana, que en su artículo primero acápite tercero dice lo siguiente: Corresponde al Estado, la creación de mecanismos institucionales que permitan la interacción con los ciudadanos organizados. Más claro aún está establecido en el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 3, el cual dice así: Corresponde al Presidente de la República mediante decreto ejecutivo, disponer la conformación de consejos nacionales sectoriales para la formulación de políticas públicas sectoriales en apoyo al Poder Ejecutivo. Así como la creación de nuevas instancias consultivas sectoriales en forma complementaria a las que ya existen en caso de que sea necesario. Por tanto, el presidente Daniel Ortega está cumpliendo con el mandato constitucional y con la misma Ley de Participación Ciudadana. Si ustedes atentan contra la potestad del Poder Ejecutivo de nombrar los consejos, estarán entrando en choque con nuestro propio Sistema Jurídico Nacional, y más aún estarán violentando los derechos constitucionales a los ciudadanos de participar en los asuntos públicos y en la gestión estatal y al Poder Ejecutivo, de decidir la forma en que deben de formular sus políticas y programas.

Ustedes, con este Dictamen llamado de mayoría, atentan contra los consejos nacionales sectoriales, contra la organización del Conpes, contra todos los consejos de desarrollo departamentales y todos aquellos consejos que nosotros mismos en esta Asamblea Nacional en distintas leyes, hemos ido creando. Y muchos de ellos también creados por decretos ejecutivos por anteriores Presidentes de la República. Es importante recalcar que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha reconocido una importancia clave en los Consejos del Poder Ciudadano, en el apoyo que ellos significan para lograr un gobierno más justo, un gobierno que logre potenciar rentabilizar el impacto de sus acciones identificando con su ayuda y colaboración aquellos aspectos de mayor sensibilidad. Los consejos que contiene el artículo 11, de la Ley 612, no cercenan ni prohíben las formas de participación ciudadana que quieran crearse. Por el contrario las amplía y las agiliza. Son una forma de llevar el poder público al pueblo, que no se contradice con ninguna figura ya creada, o que pueda ser creada.

Diputados, creo que antes de considerar su votación es importante que ustedes recuerden los artículos constitucionales contra los que ustedes estarán atentando si aprueban este Dictamen de Mayoría. Estarían atentando contra la independencia de los poderes que es constitucional. Contra la facultad del Poder Ejecutivo de organizar y dirigir el gobierno, contra el derecho de pueblo a ejercer su soberanía de participar en los asuntos públicos y de interactuar con los Poderes del Estado de forma participativa y constructiva. Y lo más irrisorio es que los que se llaman diputados democráticos, quisiera recordarles el concepto de la democracia de Lincoln. Lincoln en una frase decía: “el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo”. Entonces si se llaman democráticos, y apoyan las ideas de Lincoln, pues dejemos que el poder sea del pueblo por el pueblo y para el pueblo.

Y finalmente señalarle a la ciudadanía de Nicaragua que se estén tranquilos, que indistintamente de que aquí se tome una decisión política arbitraria que atenta contra nuestra Constitución Política y con otras leyes que esta misma Asamblea Nacional ha aprobado, no será la aprobación de este dictamen llamado de mayoría que es antidemocrático y es anti pueblo, el que va a derogar un precepto constitucional por el cual los nicaragüenses están protegidos para seguir fortaleciendo y organizando los Consejos de Poder Ciudadano, que son los que no dudo van a gobernar y a seguir gobernando en estos años que nos quedan de Gobierno, para que logremos sacar a nuestro pueblo, a esos hombres y mujeres humildes de la situación de miseria, de pobreza degradante en que los sumieron estos dieciséis años de gobiernos neoliberales, anti populares y antidemocráticos.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputada Xochilt Ocampo Rocha, tiene la palabra.

DIPUTADA XOCHILT OCAMPO ROCHA:

Muchas gracias y muy buenos días señor Presidente y honorables diputados y diputadas de la Asamblea Nacional.

Estoy alegre en esta sesión, porque me doy cuenta del gran poder que tienen los CPC, para hacer que todos y todas las diputadas estuvieran presentes y puntuales en esta sesión, ese es el poder que queremos del pueblo, que hagan cumplir a los funcionarios del pueblo, yo estoy alegre por eso.

Pensaba que esta mañana iba a empezar escuchando los discursos repetitivos de muchos diputados, que pareciera que los pasan y los vuelven a leer en la misma bancada, pero no es así, parece que hoy les prohibieron hablar y también tienen su derecho de hacer lo que quieran. Yo si voy a hablar, porque creo que hay que aclararle al pueblo lo que está ocurriendo esta mañana. Hoy tenemos una función en la Asamblea, es lo que yo siempre he dicho desde que empecé, que a veces la convierten en circo, porque empezamos a estar haciendo cosas que no son reales. Aquí podríamos hacer miles de leyes que le digan a la población, ¡no te podés organizar!, podemos hacer miles de leyes que digan ¡es prohibido organizarse!; sin embargo, el pueblo no les hará caso a esas leyes, porque el pueblo por naturaleza se organiza y por eso es libre, porque tiene derecho y porque nace con esa aspiración a organizarse y a defenderse del imperialismo, a defenderse de lo que les amenaza. Hago un llamado a los diputados, porque definitivamente caemos en el ridículo, haciendo leyes o votando en contra de un veto, cuando sabemos que los CPC están más vivos que nunca. Los que creen que con esto van a eliminar los CPC, porque ellos no es que van a existir, es que ya existen, y seguirán existiendo les guste o no a algunos diputados, les sea o no les sea nocivos a algunos diputados en esta Asamblea Nacional, porque los CPC son el pueblo organizado y contra eso no se puede luchar. Hay que ser claros, aquí somos diputados, pero no somos quienes vamos a decirle al pueblo lo que tiene que hacer, no caigamos en ese error.

Esta mañana quiero dirigirme a la población, no a los diputados, y decirles que no tengan miedo a organizarse en los CPC, no hay que tener miedo. Lamentablemente muchos partidos políticos desde la campaña, se dedicaron sólo a fomentarle el miedo a la gente, que la basura, que no sé qué. Hay que ser propositivos, no le infundamos temor a la gente, porque ésta ya no tiene miedo, la gente está consciente de que tiene que luchar por sus derechos y lo están haciendo; el pueblo ahora tiene la oportunidad de tomar decisiones en este nuevo Gobierno, dejemos que el pueblo lo haga. Recuerden que ya no es de ustedes el gobierno, ahora el gobierno es del pueblo, dejemos que la gente se organice y no le sigamos metiendo miedo a la gente, diciéndole que los CPC son malos.

Yo escuché decir a alguien, ¿qué si los CPC van a resolver los problemas de la gente? ¡No!, pero que hacen los diputados queriendo eliminar los CPC ¿será que eliminando los CPC van a resolverle los problemas a la gente? Eso se los pregunto a los líderes políticos que quieren desaparecer los CPC, en vez de eso, preocúpense por darle respuesta a la gente, por buscar cómo ayudar a esta sociedad a resolver ese problema de la crisis energética. Yo les devuelvo la pregunta. Es cierto que los CPC no van a resolver los problemas, pero tampoco eliminando los CPC los resolvemos. Hay que ser realistas, y me extraña que líderes vengan a decir que los CPC no van a resolver los problemas ¿y quién dijo eso? Si por el contrario se pretende que la población se involucre y aprenda a resolver los problemas de su misma sociedad.

Además quería decirles, a las honorables diputadas y diputados, ya que parece que les gusta el sistema parlamentarista, porque quieren tomar decisiones que le competen al Ejecutivo, entonces vamos de viaje con el sistema parlamentarista. El Ejecutivo, es el que dice cuáles son las políticas que considera convenientes para gobernar ¿y por qué son los parlamentaristas los que ahora quieren venir a decirle al Presidente como organizarse y como tomar las decisiones con el pueblo? Entonces vamos de viaje con el sistema parlamentarista, porque ya les gusta, ya quieren decirle al Presidente lo que debe y lo que no debe hacer, eso me alegra también, por eso yo esta mañana vine alegre, vamos de viaje los diputados y las diputadas.

Hay que ser consecuentes porque esta Ley 290, si yo no estoy mal de la memoria, aquí se aprobó, y qué pasa, no les gusto, les da miedo que el pueblo se organice. Ahora están queriendo deshacer lo que hicieron, pero si aquí nosotros diputados y diputadas fuimos los que aprobamos la reforma a la Ley 290 y como ahora no les gusta, venimos a querer atrasar otras leyes más importantes para la sociedad, haciendo funciones de circo aquí con temas que sabemos que son puro circo, porque los CPC no va a desaparecer, la gente, la sociedad se puede organizar y trabajar de la manera que la misma población lo considere necesario.
También quiero referirme a unas mantas que vi por ahí, un movimiento que dice ser de los nicaragüenses, ¿quién les ha dado el derecho a ese movimiento de decir lo que los nicaragüenses quieren o los que los nicaragüenses no quieren? ¿A caso alguien los eligió? les hubiera gustado igualmente a esos movimientos que no les dieran las oportunidad de organizarse, aquí hay libre organización, aquí todo mundo se puede asociar y hacer lo que quiera, porque este país es libre, hubo una revolución aquí y todo mundo es libre, podemos hacer lo que queramos. Esos movimientos que dicen ser defensores de los nicaragüenses, que nadie los eligió, que se formaron solos, vienen a querer decirles a los nicaragüenses lo que es bueno y lo que es malo, ¡ve que bonito esto! Ellos sí pueden existir, pero los CPC no pueden existir, esos movimientos hacen un llamado que a mí me da risa, una manta que vi por ahí, dice que “no a los CPC” y quién les dijo a ellos ¡no a los movimientos por Nicaragua! Me indigna porque uno respeta a quien se merece respeto, así que tan fuertes son los CPC, como cualquier movimiento que se pueda organizar en este país. Yo quería hacer esa observación, además los CPC son electos y son formados por el pueblo, tienen más autoridad que cualquier movimiento que nace con algunos intereses políticos que ya conocemos.

Quería referirme a este tema de los CPC y nuevamente hacer un llamado a la población, que no se asusten, porque la gente dice va a desaparecer los CPC por eso que hicieron en la Asamblea. No van a desaparecer, porque los CPC son una realidad y van a existir les guste o no les guste y los CPC van a trabajar por la sociedad, porque no son sólo de sandinistas, son del pueblo que ya está cansado de tanta miseria, que ya no quiere más hambre, ni politiquería, quiere soluciones reales. Dejemos de un lado la politiquería y en vez de estar queriendo eliminar a los CPC, dediquémonos a darle respuestas a la gente, si son oposición que lo sea con una crítica constructiva, porque a mí me gusta hacer críticas constructivas. Si somos oposición, hagámoslo ayudándole a la gente no les sigamos diciendo ¡ahí viene el mono!, no sigamos metiéndole miedo a la gente. Sean diputados y diputadas de oposición, pero constructivos, han perdido todo un año peleando contra los CPC, y en ese año no he visto propuestas concretas, que verdaderamente vengan a decir, ve hombré, le vamos ayudar a los nicaragüenses a solucionar la crisis energética, les vamos ayudar a la Costa Caribe, porque el paso del huracán los dejó peor que como estaban. Eso no sé ve de la oposición, aquí de la oposición sólo se perciben sus expresiones ¡huy los CPC!, ¡huy la casa mamón! ¡Huy, sólo cosas que dan pena de la oposición! Veamos temas concretos que le afectan a la población. Y no como el Rey diciendo: “porque no te callas” esas cosas, por favor.

Con eso quiero finalizar mi intervención, no quiero extenderme, porque yo sé que hay muchos diputados que tienen prisa, así que nuevamente hago el llamado a la población, no hay que tener miedo, lo que pasó aquí no significa que la población no tiene derecho a organizarse, por el contrario, los CPC hoy están más fuertes que nunca, y hoy demostramos el poder, haciendo venir por primera vez y de manera puntual, a esta Asamblea, a todos los diputados.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Maximino Rodríguez, tiene la palabra.

DIPUTADO MAXIMINO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ:

Buenos días Presidente, muchas gracias.

Yo quiero, aclarar ciertas situaciones que se han dicho aquí, y quiero hablar primeramente de la Ley 290, no estamos hablando aquí de una prohibición para que los nicaragüenses se organicen; debemos ser serios y no demagogos, queremos engañar al pueblo no diciendo la verdad, La Ley 290 es la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo. Yo decía la vez pasada, que le iba a regalar un libro al señor Ortega, es de un autor que establece de manera clara que significan esos términos, para no confundir, Estado – Partido.

La posición del señor Ortega, a través de los CPC, deslegitima la participación ciudadana, porque le dicen a la gente que es requisito sine qua non pertenecer a los CPC para poder acceder al agua, a la luz, a la vaca, a la gallina, entonces son cuestiones… Yo los escuché a ustedes y creo que los mejores elementos y la riqueza del hombre es respetar a los demás, la peor ofensa que puede hacer uno es interrumpir a los demás y yo no lo acostumbro.

De tal manera, amigas y amigos nicaragüenses, que hoy ese 95% no sé si aquí están los que superaron a Pitágoras, no sé si el 95% es inferior al 5%, porque si en un periódico de Nicaragua aparece que ese 95% no pertenece ni quiere pertenecer a una organización meramente privativa de la pareja presidencial, porque ni siquiera es para los sandinistas, porque aquel sandinista de verdad, que se oponga a la pareja presidencial, ahí van a estar los órganos represivos pretendiendo doblarles el brazo y bien han dicho aquí algunos colegas diputados, este país ha derramado sangre y sudor por la libertad, para que se respeten los derechos inalienables de este pueblo, por eso no podemos permitirle al señor Ortega o a la pareja presidencial, que sea un régimen cuartelario, donde sus palabras son órdenes para todos los nicaragüenses.

La Constitución Política, en su artículo 50 establece la participación ciudadana y la Ley 476 establece el derecho que tiene el Ejecutivo de crear el Consejo Económico y Social, solamente eso expresa la ley. Y dicen los señores del Conpes, que los famosos CPC, no las permiten participar en las decisiones que por ley tienen derecho. También la Constitución Política establece en su artículo 2, que nadie se puede arrogar el derecho de representación del Pueblo sin habérselo concedido. Me pregunto ¿y cuáles de esos señores CPC, han ido a una urna? ¿Han ido a una elección popular, donde los nicaragüenses en condiciones iguales han participado para elegirlos? Si quieren participar, participen, ahí está la Ley de Participación Ciudadana. Pero no están por encima de las demás organizaciones civiles, porque la ley es para todos, la Ley Erga Omnes, no significa que sólo pueden organizarse grupos afines a la pareja presidencial.

El señor Ortega, con su afán de monopolizar y entronizarse en el poder, ha pasado por encima de la Ley de Autonomía Municipal, ha pasado por encima de la Ley de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica, por eso nosotros, la Bancada del Partido Liberal, haciendo eco de ese 95% que dicen aquí que son la minoría, estamos aquí, no porque el rechazo al Veto del señor Presidente Ortega, es la solución de los problemas, todos estamos obligados a buscar solución a los problemas, ¡que viva el pueblo de Nicaragua y principalmente las clases más pobres! No es posible que el 50% de los nicaragüenses viven con tres dólares, según los versados en la materia, que el 30% viven con dos dólares, estás hablando de una gran mayoría de los nicaragüenses que no tiene que comer y el Presidente de la República, en vez de estar vetando la ley, debería de estar llamando a los sectores, a la sociedad entera, a los nicaragüenses, a un diálogo nacional y estructurar una estrategia de Gobierno, para buscar soluciones a los problemas de pobreza que vive este pueblo.

Yo quiero llamar a mis colegas, amigos diputados del Frente Sandinista, que seamos pragmáticos, nosotros somos oposición constructiva.

Cualquier iniciativa que vaya en beneficio del pueblo de Nicaragua el Partido Liberal Constitucionalista la va a apoyar, pero nos vamos a oponer a cualquier grupo represivo en contra de las grandes mayorías.

Cuando junto al Ministro del MTI hacíamos un recorrido por Matagalpa, y él decía: si ustedes son el pueblo presidente, una señora Sandinista manifestó, me ha defraudado Ortega con mi voto, de qué sirve que Ortega diga que el pueblo es presidente cuando me ha defraudado, hoy la vida es más cara. Y posiblemente Ortega va a decir que es el neoliberalismo, que son los diecisiete años de neoliberalismo, que lo tienen así. Así hubiera dicho también la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro, cuanto tomó este país en desgracia, en la década de los 80, cuando se robaron hasta los inodoros de la Presidencia y de todas las instituciones, y no dijo así doña Violeta, sacó adelante este país, con los defectos que tenemos todos los humanos, pero echó hacia adelante este país.

Entonces, el Presidente de la República, está desaprovechando la oportunidad, ya que tiene una oposición responsable y no hostil por cuestiones ideológicas, que es el flagelo de los gobiernos democráticos, Ortega nunca aprendió a hacer oposición constructiva para el beneficio del pueblo, sino que llamó a las asonadas con sus órganos del Frente Sandinista; por eso hoy, la Bancada del Partido Liberal quiere dejar claro aquí, que vamos a defender los derechos inalienables, de las grandes mayorías pero que respetamos también los derechos de esa minoría, y por eso vamos a seguir impulsando que se respete la Ley de Participación Ciudadana, pero que no se condicione a los nicaragüenses, a estar inmersos en determinados grupos para jalar agua a su molino. Los nicaragüenses tenemos derechos de organizarnos como queramos y donde queramos, no es que nos van a exigir. Yo recuerdo que un diputado Sandinista me decía, yo tampoco estoy de acuerdo con esos CPC, pero no lo dicen, porque le tiene miedo a la pareja presidencial.

Nosotros hermanos y hermanas diputados, tenemos que legislar para que se respeten los derechos del pueblo, por eso estamos aquí y como decía una diputada que me antecedió, este es un récord en la Asamblea Nacional, está completa la pizarra de diputados y yo quisiera que así como está hoy permaneciera siempre en las sesiones, porque el pueblo nos paga para trabajar. Perdimos un día de la semana pasada porque los honorables diputados y diputadas del Frente no quisieron trabajar un jueves, hace unos diez, doce días. Yo tengo aquí once años de estar en esta Asamblea y podemos revisar el Diario de Debates y toda la información que tiene esta Asamblea, que he estado a las nueve en punto aquí, así es que hago propias las palabras de la diputada, que debemos estar no sólo hoy por este veto, sino por la obligatoriedad que tenemos los diputados de venir a esta Asamblea a trabajar y no es anotarnos e irnos hacer otras cosas. Así que quede claro pues que el Partido Liberal Constitucionalista, fuimos los primeros en estar aquí los 25 diputados y que queremos dilucidar cualquier suspicacia, que han querido crear en contra del liberalismo.

Los liberales somos el corazón de las libertades públicas y queremos que este pueblo viva en paz. Bien decía el Alcalde de Managua, si los consejos ciudadanos o los CPC son para bien, ahí está la Ley de Participación Ciudadana, pero que no sean consejos para reprimir a los demás, como quieren hacer en una Casa Comunal en Managua, como quieren hacer con las propiedades de Francisco Sacasa, allá en la Región Autónoma del Atlántico Sur. Entonces es una nueva manera de confiscar y quiero darle el beneficio de la duda a Ortega, que dijo aquí, para aquellos que todavía creen que están en la década de los 80% “Cometimos muchos errores en la década de los 80”. Y quieren regular los servicios básicos dice, no queremos caer en el Micoin de la década de los 80, que un pobre campesino iba con diez libras de frijoles, se la quitaban y el Estado era el dueño de todo.

Prefiero entender que estas son operaciones aisladas en contra de los nicaragüenses y que no es una orden del Presidente de la República o no es una réplica de la década de los 80. Por eso amigas y muchachos que están en los consejos, a la Secretaria del Frente Sandinista en Matagalpa, que es la Presidenta de los consejos, a mi amigo Elías Chévez que es el Secretario del Frente en Managua y Presidente de los consejos, quiero decirles que hagan uso de la Ley de Participación Ciudadana y que dejen de estar metiéndole turbulencia o que dejen de estar inmiscuidos en una ley que no tiene nada que ver con la Ley 290.

Así que no tenga miedo ese 95% de los nicaragüenses, que aquí estamos nosotros para frenar cualquier pretensión totalitaria, ya sea de izquierda o de derecha, no importa, los pueblos nacimos libres y tenemos que morir libres, por eso tenemos que estar juntos los nicaragüenses en contra de la pobreza, que es el peor enemigo que tiene este pueblo.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Marcelino García Quiroz, tiene la palabra.

DIPUTADO MARCELINO GARCÍA QUIROZ:

Gracias, señor Presidente, gracias honorables diputados.

Yo creo que aquí hay una confusión, probablemente en un sector de bancada, alrededor del papel de los CPC. En realidad la participación del pueblo y los sistemas democráticos tienden a confundir, a como lo han estado planteando y ejerciendo los gobiernos anteriores. Definitivamente, a mí me han confundido unas organizaciones que dicen representar al pueblo y definitivamente no sabemos esos dirigentes de donde han salido. Aquí formaban organizaciones como el famoso Conpes y no sé cuántas organizaciones se sumaban ahí y no las conocíamos ni las conocemos en las comarcas, en los barrios.

Quiero referirme a la libertad de organización, a la libertad del pueblo, porque nosotros, el pueblo nicaragüense ha conocido regímenes en este país, que realmente no tienen esa vocación de libertad y de hacer efectiva la participación del pueblo. Aquí hay una confusión, porque hay organizaciones que dicen representar al pueblo y están participando, y creo que eso es bueno, pero yo no quisiera referirme a la filosofía, al tema jurídico de la participación, sino a la realidad práctica de lo que se vive en el país.

En las comarcas y en los barrios la gente vive deseosa de que lleguen los alcaldes, concejales, diputados, para compartir con ellos los esfuerzos de trabajo, para resolver sus problemas, ahí realmente es donde viene y creo que está la confusión, en el papel de los CPC, porque allá donde no llegan o no aparecen los diputados, los alcaldes, los concejales, ahí se encuentran problemas de agua potable, de energía eléctrica, de educación, de salud, de pobreza, donde muchos de los que estamos sentados en este hemiciclo ni siquiera nos damos cuenta de los problemas que viven esos sectores de la población. Y es con los CPC que se ha despertado mayor interés de esa población que está sumergida en la pobreza, que está realmente hastiada de tantos engaños en las campañas electorales, porque a la hora que requerimos el voto, esa población definitivamente va a votar a la hora de las elecciones, pero esperando que se le cumpla, definitivamente, ahora ellos están de alguna manera participando y llevando las propuestas a las soluciones de sus problemas. Creo que la democracia no es como la concebimos los diputados que permanecemos aquí con aires acondicionado, que pasamos lleno el estómago todo el día, no es en sí misma, la democracia tiene que estar conforme a la participación del que está con hambre, del que no tiene trabajo, del que no tuvo trabajo en libertad, en el tiempo de Somoza.

Si nosotros le vamos a preguntar a algunos trabajadores de los banqueros, ninguno va a decir que se quiere organizar, porque existe represión de esas empresas privadas en el seno de sus trabajadores. Realmente siempre, una parte de la población es la que se pone a la cabeza para encontrar las soluciones a sus problemas y yo creo que tanto una parte del Estado, del Ejecutivo como esta Asamblea Nacional estamos obligados a facilitarle al pueblo esa participación, pero no en el vacío, no en el engaño, no en la promesa electoral, sino en el cumplimiento de todos aquellos compromisos que de una u otra forma se le llevan al pueblo por un medio o por otro, pero que al final, no se cumplen. Si nosotros nos vamos y hacemos un recorrido, para ver qué es lo que se ha cumplido de esas promesas, vamos a ver que aún con la bondad de la comunidad internacional; aquí quiero recordar, que en una reunión con la comunidad donante de Estocolmo aprobaron al Gobierno de turno, después del huracán Mitch 4,500 millones de dólares, para que fueran a subsanar los daños de ese fenómeno ¿y qué tenemos como resultado? que todavía en las comunidades, están viendo si se reparan las alcantarillas, los puentes, los caminos que quedaron deteriorados y a pesar de tanto dinero, nunca se aparecieron funcionarios públicos que fueran a reparar esos daños.

Lo que quiere el pueblo efectivamente es salir de ese atraso, que no vamos a decir que es menos en estos dieciséis años, que no vamos a pasar diciendo que fue la revolución sandinista. ¿Acaso la carretera Chinandega el Guasaule no tuvo el dinero suficiente para que se construyera en el tiempo que se presupuestó? ¿Acaso era el gobierno sandinista el que estaba cuando se aprobaron los 4,500 millones para que reparar los daños del huracán Mitch? Hay que hacerse esas preguntas ¿A dónde fueron a parar?, ¿y por qué la comunidad internacional está también ahora con muchas reservas para respaldar un programa de reconstrucción en el país? La verdad es que para saber el papel de los CPC, también tendríamos que ir a las comunidades donde no se han reparado los sistemas de agua potable, los caminos, los puentes, las alcantarillas y donde todavía realmente las emigraciones son fuertes, porque no hay respuesta al problema del empleo.

En ese sentido, quiero decirles compañeros de la Directiva, compañero Presidente de esta Asamblea, que realmente no podemos nosotros aceptar, que los participantes en las conformaciones de los Consejos del Poder Ciudadano son órganos represivos, porque son ciudadanos que sienten la presión de los problemas económicos y sociales en las comunidades donde nunca llegamos los diputados y los funcionarios públicos, a ver cuál es la situación que están viviendo estos pobladores.

Considero que es una falta de respeto a estos sectores, independientemente que aquí se venga a decir que no es la mayoría de la población en ese sentido, debemos exigirlo nosotros mismos, que vivimos de un presupuesto para trabajar por ese pueblo. Creo que esos ciudadanos que han constituido sus organizaciones y que trabajan por solucionar sus problemas deben seguir funcionando, independientemente de los resultados en esta Asamblea Nacional.

Muchísimas gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputada Gladis Báez Álvarez, tiene la palabra.

DIPUTADA GLADIS BÁEZ ÁLVAREZ:

Gracias, compañero Presidente.

Efectivamente hoy estamos ante la presencia de una discusión, que tiene que ver con el interés particular de diputados y diputadas que se oponen a la participación de los pobres, para poder enfrentar los problemas de manera organizada, de tal manera que el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, está planteándose trabajar con la inmensa mayoría de la población, independientemente de sus colores políticos, de su creencias religiosas, tan solo por la necesidad vital que tiene la población en los barrios, en las comarcas y es por eso que hoy vemos que la participación de la población en los Consejos del Poder Ciudadano, ha despertado este miedo, a que no haya esa simbiosis entre la facultad que tiene el Presidente con las necesidades que tiene nuestra población.

Para nosotros es de suma alegría observar como de manera voluntaria, nuestra población y particularmente las mujeres nicaragüenses están accionando, si no hubiese problemas en las comunidades, la gente no se organizara. La gente se organiza alrededor de resolver sus problemas y por mucho tiempo, individualmente no podía llegar una ciudadana, o un ciudadano, a un ministerio o a una alcaldía, pues prácticamente nadie le hacía caso, pero si llega de forma organizada con planteamiento certeros a exponer sus necesidades y a expresar su voluntad de participación para resolver esas necesidades, entonces efectivamente ha sido positiva esa participación. Y es lo que ha sentido la ciudadanía, para ellos es importante la toma de decisiones, la participación de las mujeres, los jóvenes de todos los sectores, ese papel beligerante, lo hemos estado viendo, en las diferentes emergencias que hemos estado teniendo en estos últimos tiempos.

De tal manera que habiendo un problema tan serio en esta emergencia, sólo el Gobierno y sus funcionarios, no hubieran podido resolver los problemas que se han resuelto. Con la participación organizada de la población, se pudo lograr que se hicieran jornadas de limpieza, que participaran activamente en la vacunación, en la abatización, en los problemas de prevenir las enfermedades y es por esa razón que se han sentido partícipes de su propia vida. Por supuesto, que éso es lo que ha permitido la existencia de este tipo de organización, porque se ha vinculado estrechamente las necesidades de la población, con los responsables de los ministerios, para poder accionar en función de resolver esas necesidades. Obviamente ellos estaban acostumbrados a hacer un presupuesto sin la participación de la población y ahora esta potestad la estamos planteando, que la población participe, indique sus principales necesidades y también estas se vean, generalmente son tantas, que la misma población organizada va señalando cual es la prioridad y esas prioridades se las está plantean sucesivamente a los diferentes ministerios y eso se llama democracia participativa.

Entonces, ¿no es que la democracia es del pueblo, para el pueblo? ¿No es acaso importante que la ciudadanía está siendo partícipe de su propio destino? ¿Sentirse parte importante de la sociedad, para resolver, para poner en la palestra política, económica y social sus principales problemas? Por qué tenerle temor a que se organice la gente, por qué no permitirle a la ciudadanía que se organice. Particularmente voy a exponer algunos ejemplos: En el sector norte de León, en Sutiaba, los problemas del agua eran insoportables, y una delegación iba a discutir cómo resolver ese problema y la negociación con la empresa dio como resultado la solución a esa problemática.

En cuanto a la negociación en el sector del barrio Los Poetas, en León, en relación con el transporte, tenía que ver con mejorar la cobertura del horario de atención la población; el propósito era armonizar y hacer posible lo que esté al alcance en cada momento porque no es con la varita mágica que se van a resolver todos los problemas, pero si en la medida en que haya negociación, en que haya participación, que se le escuche a la gente y además en la medida que haya voluntad de resolver los problemas puntuales, en esa medida la gente se siente importante y se siente parte de esa realidad que la está viviendo y que sabe que vale la pena.

Asimismo observamos a las trescientas mujeres beneficiadas por el Bono Productivo Alimenticio, cien en el Sauce, setenta y cinco en Achuapa, veinticinco en Santa Rosa, participando desde la selección, la ubicación, el acompañamiento de los ministerios involucrados, el seguimiento a toda una programación, de este programa que es dirigido hacia las mujeres, porque efectivamente sobre los hombros de la mujeres recae muchas veces el que podamos distribuir, lo poco que tenemos para garantizarle por los menos un bocado de comida a nuestra familia y prácticamente para los que dicen que se ha politizado y que solamente participa la gente de nuestro partido, pues eso significa desconocer la realidad, eso significa no ir a las comunidades, más bien hay gente de nuestro partido que nos reclama, pero nosotros estamos diciendo que la voluntad política del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional dirigida por nuestro Presidente de la República, es que la miseria, el hambre, la desnutrición y que los problemas heredados, no tiene ni color político, ni credo religioso; este es un problema de humanismo, aquí debemos unirnos para enfrentar junto a este Gobierno que tiene la voluntad de garantizarle a nuestro pueblo un mejor sistema de vida con la participación ciudadana de todas y todos.

Quiero poner otro ejemplo: La transnacional en La Mina El Limón, iban a contratar gente para trabajar ahí pero las iban a llevar de otro lado, entonces, los mineros organizados, fueron a negociar con la transnacional y le dijeron: No, aquí habremos gente capaz, que tenemos años de trabajar y estamos dispuestos a trabajar. Y esa negociación con la transnacional, dio como resultado que se contratara a gente de la Mina y eso es lo que hacen a diario los CPC, señores. Efectivamente, cuando un pueblo se organiza, lo hace por sus reivindicaciones más sentidas y se organiza precisamente para triunfar, para luchar por lo más sentido y no hay fuerza humana -y eso lo sabemos todos los nicaragüenses- que diga que no pueden hacerlo, porque aquí se nos ocurre o se les ocurre a determinadas diputadas y diputados decir, que no es de esa forma, que tiene que ser de otra.

Los CPC van a seguir existiendo porque las necesidades más sentidas están en la población y sabemos que sólo la unidad fundamental y hoy más que nunca, que tenemos un Gobierno que tiene la voluntad política de trabajar con la gente, estamos seguros que vamos a seguir trabajando, para poder sacar a Nicaragua adelante, razón por la cual, nosotros el día de hoy le decimos a nuestro querido pueblo, humilde, trabajador, con grandes esperanzas, que sigamos adelante, que no hay porque temerle a lo que aquí se decida, que no somos nosotros los que tenemos el privilegio los que vamos a obstaculizar la disposición que tiene nuestro pueblo de enfrentarse a los problemas de manera organizada y que aprovechemos al máximo esta voluntad política, para seguir trabajando por el bienestar de Nicaragua, por el bienestar, de las clases populares, por el bienestar de los más necesitados.

Gracias Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Eliseo Núñez Hernández, tiene la palabra.

DIPUTADO ELISEO NÚÑEZ HERNÁNDEZ:

Señor Presidente.

He estado escuchando con atención las diferentes exposiciones que en esta mañana se han hecho. Yo quisiera no referirme a las sustentaciones técnico-jurídicas, puesto que el honorable diputado José Pallais ha expuesto con una sustentación jurídica irrebatible el rechazo al veto en esta mañana.

Me voy a referir, a las diferentes exposiciones que el Frente Sandinista ha hecho esta mañana, es lamentable que diputados del Frente Sandinista como José Figueroa, nuestra vicepresidenta y también Gladis Báez, no tengan plena convicción de lo que en esta mañana vinieron a defender en este hemiciclo y lo digo así, porque lamentablemente lo que vinieron fue a leer un documento que alguien les hizo, porque no estaban convencidos de lo que estaban diciendo.

Señores, pueblo en general, porque esto es para el pueblo en general, ¿acaso queremos reeditar las turbas divinas? Ya se nos olvidó que cuando el ciudadano, Presidente de la República vino a este hemiciclo, tuvimos a las turbas allá arriba, ya se nos olvidó que precisamente lo que estamos tratando de evitar esta mañana es que se reediten esas turbas divinas, que se reedite lo que eran los CDS, no podemos permitir que agrupaciones ciudadanas, estén por encima de la ley. Dicen que tienen derecho a asociarse, sí tienen derecho a asociarse, pero que vengan aquí a pedir su personería jurídica y no bajo el alero y el amparo del Gobierno, no se les está pidiendo que dejen de asociarse, sino que dejen de insertarse dentro de las estructuras estatales, nadie les está negando su derecho a ser asociados.

Lo que nosotros no queremos es volver a hacer filas en las diferentes pulperías del barrio a través de alguna tarjeta de racionamiento, no queremos que se nos persigan en las noches, no queremos que nos digan que es lo que debemos de comer, no queremos que nuevamente existan esas estructuras de represión de la década de los 80. Es bochornoso recordar, cuando ciudadanos que nos quedamos aquí en este país a defender nuestros principios, teníamos por lo menos unas cuatro veces al mes las visitas de las turbas durante la noche, y se ponían a tirar bombas, morteros, hasta dinamita en nuestras casas, sólo por el delito de no participar de una ideología completamente totalitaria, absoluta e izquierdista.
El pueblo tiene una memoria frágil a veces, pero si nos eligieron, fue precisamente para recordarla. No queremos reeditar esas noches oscuras horrorosas que vivimos en la década de los 80, los demócratas que nos quedamos aquí en este país a defender nuestros ideales, es por eso que nos tenemos que oponer rotunda, completa y absolutamente a la constitución de estos órganos de represión popular. Organícense, sí organícense, pero bajo una figura de asociación o bajo una figura de personería jurídica, no pueden ser Estado, no pueden ser un brazo del Estado, no se les quita su derecho, porque no puede ser responsable el Estado de lo que están haciendo los CPC, no pueden ser responsable de la quema de vehículos que en la 19 de julio se dio hace una semana. Tampoco puede ser responsable el Estado de la destrucción de mallas perimetrales como se dio hace quince días, porque los CPC, siguen igual que en la época de los 80, quieren reeditar ese período, quieren ser un órgano de represión como en los 80, y nosotros estamos aquí y no vamos a permitir eso, las argumentaciones jurídicas bastan, pero también las argumentaciones políticas, porque no podemos sólo para que una estructura partidaria pueda basarse y alcanzar nuevamente el poder de algunos intereses del Frente Sandinista, venir a someter al pueblo a nuevas vicisitudes, como la que pasamos en la época de los 80.

Señor Presidente, el rechazo al veto no sólo tiene fundamentos jurídicos, tiene fundamentos políticos y sobre todo en defensa de los derechos humanos, porque los CDS han sido los primeros que han violado, todos los derechos humanos universales del pueblo de Nicaragua, y por lo tanto aquí estamos juntos todos los partidos de organización para rechazar el veto.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Gustavo Porras Cortés, tiene la palabra.

DIPUTADO GUSTAVO PORRAS CORTÉS:

Gracias, señor Presidente.

Yo quería dejar expresada, la posición alrededor de este asunto, de esta forma de organización del pueblo. En primer lugar, yo creo que hay que aterrizar, nosotros debemos estar claros de lo que la gente piensa de esta Asamblea, este sistema político en el que estamos esta desgastado frente a la gente. Pregúntenle a la gente lo que piensa de nosotros los diputados, aquí podemos decir que trabajamos miles de horas, pero pregúntenle a la gente para qué les sirve la Asamblea Nacional, para qué les sirve todo este andamiaje del Estado, pregúntenselo a la gente poco a poco, desgraciadamente van identificando que todo este andamiaje no le sirve absolutamente para nada, esta Asamblea no les sirve para nada. Entonces nosotros llegamos a la conclusión, que hay que modificar el sistema porque no sirve y en esa modificación la única forma de hacer un mejor sistema es abrirle espacios reales de participación a la gente, la Constitución lo permite, la Ley de Participación Ciudadana, lo permite, entonces en ese proceso, los Consejos del Poder Ciudadano se trasforman en una forma de organización para que la gente participe realmente en la toma de decisiones, naturalmente quienes defienden este sistema actual van a tenerle horror a los CPC, quienes defienden este sistema actual porque los protege, van a tenerle horror a los CPC, quienes defienden este sistema porque están pegados con todo este proceso de corrupción que hubo en los dieciséis años, le van a tener horror a esta forma de organización. ¿O es acaso invento de nosotros lo de los Cenis?, ¿es invento de nosotros ese proceso?, ¿acaso cuando estaba el doctor Alemán no tuvo un canciller que hoy es diputado aquí y que ahora no quiere ni verlo? ¿Acaso el vicepresidente del Doctor Alemán, no fue el Presidente que después agarró una daga y lo puñaleó? Y el sistema permitía que apareciera como nuevo; Enrique Bolaños aparecía como que nunca estuvo ni siquiera cerca de Alemán, y fue el responsable de la Comisión de Transparencia y de Anticorrupción de ese entonces. Después, cuando oigo hablar a Eduardo Montealegre, parece que nunca estuvo cerca de Alemán, cuando sabemos que fue secretario de la presidencia y después canciller; posteriormente fue el ministro de Hacienda en el gobierno de Bolaños. Menos mal que ganó el Frente Sandinista, porque ahorita estuvieran siendo apuñalados todos ustedes, pues parece que esa es la práctica de ese lado, esa es la realidad, la gente sólo mira, no crean que no los mira.

Sin embargo, en esta situación creo que lo más importante es aclararle a la gente. Considero que la posición de Maximino Rodríguez es clara, él tiene la suya, pero al menos es honesto y dice, esta posición mía es por tal cosa; porque estamos queriendo quitarle la potestad de formar consejos al Presidente de la República en la Ley 290, y ese es el punto central del debate; pero aquí hay otros que manipulan y comienzan a decir, van a ser prohibidos los CPC, y claro, ese es un eco completo. Veo a Eduardo Montealegre con su gran referencia bibliográfica, La Prensa. Hubiera sacado la primera página donde dice, “Llegó la hora a los CPC”, porque eso es lo que quiere dar a entender de una forma demagógica. Lo que estamos discutiendo aquí es que si le dan o no le dan en la Ley 290 la potestad al Presidente de la República, de crear consejos, porque los CPC, más allá de lo que quiera Montealegre, su gente, sus banqueros, sus muñequitos perfumados y todo lo demás, van a existir, se van a conformar, ahí están y seguirán funcionando, y tienen que levantar bandera contra esa corrupción que hubo con los Cenis, y tienen que levantar bandera contra todo lo que ha pasado en este país, además, tienen que buscar cómo resolver los problemas de la gente. Ese es el problema de ustedes. Yo he hablado con muchos de ustedes. Decía Maximino, “hubo un diputado sandinista que me dijo que no estaba de acuerdo”. Maximino, cinco liberales me dijeron, “estamos de acuerdo con los CPC, pero no podemos votar”. Así es la democracia, ¿no? Así es.

Entonces, lo que sí quiero decirles claramente, es más, allá la gente así piensa. Reúnanse. Yo le pregunté a la gente reunida en una asamblea, ¿qué piensan ustedes de la prohibición que le van a hacer los diputados a los CPC?, porque así le llaman algunos de ustedes. La respuesta fue “muy a lo Freddy Torres”, pues, de forma muy campechana, me dijeron, “y yo que pierdo”; que los diputados van a prohibir los CPC, y nosotros ¿qué perdemos?, si nosotros estamos aquí, vivimos aquí, estamos sobre la tierra, nos juntamos, y si queremos que nos reparen este camino, vamos a ir a luchar porque nos reparen el camino. Entonces, estamos haciendo un juego virtual. Ahora, creo que es muy franco el planteamiento, si lo que estamos discutiendo es quitarle la potestad que la Ley 290 le da al Presidente, de la República de crear consejo, esa es una posición a la que ustedes tienen derecho, y si esa es su posición, que primero lo aprobaron y ahora se arrepienten, cámbienla, pero eso ¿qué tiene que ver con los Consejos de Poder Ciudadano?, la gente se va seguir organizando. Es más, como a la gente le gusta estar en oposición y nosotros estamos en oposición al sistema, pues va a ser mejor, vamos a organizarnos porque los diputados nos prohibieron, según ellos. Vamos a multiplicarnos, porque nosotros sí estamos en oposición a este sistema que no le responde a la gente, tengan clarito que este sistema no le responde a la gente. Así que lo que debe quedar claro es que los CPC van, llueva, truene o relampaguee, aunque algunos lo miren como racumín y otros a como quieran verlos, los CPC van adelante.

Gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Filiberto Rodríguez, tiene la palabra.

DIPUTADO FILIBERTO RODRÍGUEZ LÓPEZ:

Gracias, compañero Presidente.

Yo quisiera esta mañana histórica, como dijo el diputado banquero, felicitar a los Consejos del Poder Ciudadano porque se han puesto al frente en muchas ciudades del país, en las jornadas de limpieza y a combatir la leptospirosis y el dengue hemorrágico. Con esto quiero decirle al señor Montealegre, que se nota en sus palabras el desprecio total al pueblo, porque solamente lo utilizan cuando vienen las elecciones, cuando llegan sonrientes a chinear y a besar a los niños, a abrazar a la señora, cuando andan ofreciendo regalitos y prebendas entonces se acuerdan del pueblo, ese es el sistema que estamos combatiendo. Porque decía el señor Montealegre, que el poder ciudadano no resuelve los problemas de la nación ni resuelve los problemas de la pobreza ni del hambre. Por supuesto que sí, el poder ciudadano está vigilante del Presupuesto de la República y de los presupuestos municipales, y está participando en las decisiones más importantes de este país; por supuesto que está resolviendo los problemas de la miseria y de la pobreza. Es ahí donde está el sentido, y aunque digamos que no le estamos quitando poder al Ejecutivo de construir por decreto el poder ciudadano, sí estamos dándole una puñalada al corazón del pueblo, y que vea el pueblo quiénes son los que atentan contra esa soberanía política, que vea el pueblo quiénes son los que van a votar para quitarle facultades al Ejecutivo, para quitarle poder al pueblo, porque realmente estamos entrometiéndonos también en la independencia de Poderes del Estado, estamos nosotros violentando también en Nicaragua las leyes y los Poderes.

Quería decirle al diputado Maximino, que se fije bien quién es el que le está violentando ese derecho inalienable al pueblo. Los CPC, los gabinetes de gobierno van a ser instalados pronto, los vamos a juramentar, vamos a existir y vamos a trabajar. Pero quiero ver después a los “diputaditos” de León y a los diputados de las otras bancadas, pidiendo el voto en las calles, ahí nos vamos a ver y nos vamos a encontrar con quinientos noventa y nueve Consejos de Poder Ciudadano, con dieciséis miembros cada uno, para un total de cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis ciudadanos organizados en el departamento de León, donde hay liberales, conservadores, moros y cristianos, organizados en esos Consejos del Poder Ciudadano, a ver qué les van a decir; ahí vamos a ver a estos colegas pidiendo el voto.

Todos hablan de miedo, y nos decían a nosotros que cuál es el miedo. Ahora les devolvemos la pregunta, ¿cuál es el miedo de devolverle el poder al pueblo? ¿Cuál es el miedo de que el pueblo mande? ¿Cuál es el miedo de que el pueblo se organice y trabaje para luchar por sus reivindicaciones? Sólo el que nunca ha estado al lado del pueblo habla de esa manera, como lo decía el señor Montealegre.

Los fondos públicos, la salud, la educación, todos estos aspectos van a ser revisados por este Poder. Señores, reivindiquen aquella frase que dijo el General Sandino, que los liberales y conservadores eran una “bola de canallas, vende patria”. Piensen, porque hoy tienen una alternativa de hacernos creer que son oposición responsable y constructiva, no le quiten ese derecho al pueblo. Les hacemos pues, un llamado a participar, para juntos construir la Nicaragua que soñó Rubén Darío, la patria grande.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Víctor Hugo Tinoco, tiene la palabra.

DIPUTADO VÍCTOR HUGO TINOCO FONSECA:

Gracias, Presidente.

Efectivamente, por la crisis que vive el país, nosotros deberíamos de estar discutiendo temas más sentidos por la población en este momento, como el precio de los granos básicos -de los frijoles sobre todo- el problema del alza del diesel y cómo hacemos para subsidiarlo para que no siga golpeando el bolsillo de los nicaragüenses, el problema del precio de la luz, que ahora está subiendo tres punto y pico por ciento cada mes, y va a seguir subiendo. Pero la verdad es que tenemos la obligación política y la responsabilidad de abordar otros temas y otros problemas en que nos han metido, y que creo que era innecesario todo este debate, si no se hubiese impuesto una visión errada de cómo conducir este país. Efectivamente, el problema de los CPC, ese debate y esa cuestión que nos quita el tiempo aquí, lo creó el Presidente de la República, esa es la verdad. Desde que vino aquí al Parlamento en enero de este año, dijo con claridad, y lo vuelvo a repetir, “los CPC se van a organizar con ley o sin ley”. Era claro, por lo tanto, que había una concepción que no era la de articular al Estado y a las instituciones del Estado con la población, sino de crear un mecanismo o un instrumento de carácter político organizativo amplio.

Estamos entonces discutiendo este tema de los CPC, cuando pudiéramos estar discutiendo problemas más de fondo, pero al fin y al cabo hay que discutirlos, porque es el problema de las instituciones del país, es el problema de la democracia, es el problema de que si vamos a permitir que el autoritarismo avance o no avance. Porque quiero ser claro, puede haber derecho a organizarse, pero detrás de la concepción que tiene el Presidente o la pareja presidencial -porque su esposa preside el aparataje de los CPC-, hay una concepción totalmente autoritaria, excluyente, que aparta a los demás, que atropella, y eso se está viendo en la práctica concreta de manera constante.

En este sentido, creo que aquí ya ha quedado claro, que nadie está cuestionando el derecho ni el hecho inclusive de que van a existir con ley o sin ley los CPC; aquí cualquier ciudadano nicaragüense, por base constitucional tiene derecho a organizarse como lo desee. Nadie está negando el derecho al partido de gobierno a organizar a los CPC. Yo sería más preciso aun al decir, que nadie le está negando a la pareja presidencial que encabeza una corriente dentro del Frente Sandinista, a organizar a los CPC, como un aparato de poder político frente a las otras fuerzas políticas y dentro de su propia correlación de fuerza interna. Pero una cosa es el derecho a organizarse -que lo tiene todo mundo-, y otra cosa es que se haya pretendido o se pretenda todavía, darle a estas formas organizativas que tienen derecho a existir, el carácter de instituciones públicas, el carácter de instituciones del Estado, y que por lo tanto, como tales van a ser las encargadas de repartir a la población dichos recursos, según lo anunció la presidenta de los CPC, la señora Rosario Murillo, quien es la encargada de repartir también todo el asunto del Hambre Cero y todos los recursos que van a venir. Eso es totalmente incorrecto, esa es la deformación en que se está incurriendo y que nos obliga a estar debatiendo estos temas, porque si lo permitimos, retrocedemos sin lugar a duda en los avances que ha tenido el país en materia de institucionalidad democrática, en materia de tratar de separar el Estado del partido.

Entonces, quiero ser preciso. Hay derecho a organizarse, pero no hay derecho a considerar o señalar a los CPC como único interlocutor válido, como la única forma organizada en el terreno que el gobierno reconoce para desarrollar los programas sociales que el mismo desarrolla con recursos del Presupuesto de la República, con recursos que nosotros mismos aprobamos.

Por lo tanto, la posición nuestra es que la corriente dentro del partido sandinista que está organizando los CPC, como una estructura de poder político particular, tiene derecho a organizarlo, pero no tiene el derecho a darles el papel y el rol de instancias públicas, por el contrario, el Presidente de la República tiene la obligación, en su relación con la ciudadanía, de convocar a todas las organizaciones, de convocar a esta forma organizada que se llama CPC, de convocar al movimiento comunal, sin excluir a nadie. ¿Cuánto tiempo tiene el movimiento comunal de existir aquí?, tiene décadas, y ahora está tratando de ser excluido por los mismos CPC. Al movimiento comunal, aun siendo de origen sandinista, le están tratando de quitar varias de sus casas los grupos organizados en los CPC. Entonces, eso es totalmente incorrecto, porque tanto derecho tiene el movimiento comunal de hacer actividad social, organizativa y movilizativa de la población en el terreno, como derecho tiene también de ser interlocutor ante el gobierno, igual que los CPC.

Pero no sólo el movimiento comunal tiene expresión en todo el país, también están las organizaciones de mujeres; las mujeres tienen organizaciones prácticamente en todos los municipios del país, muchas veces hasta en comarcas que se consideran impensables, ahí están las mujeres organizadas, y tienen proyectos, planes y programas; esas mujeres tienen que ser interlocutoras del Poder Ejecutivo; esas mujeres tienen que ser llamadas, tomadas en cuenta y escuchadas igual que los CPC, igual que el movimiento comunal u otra organización que existe en el territorio, como las organizaciones campesinas, los ONG. Aquí hay centenares de ONG que desarrollan proyectos de carácter social, capaces de responder a necesidades de la gente, reparar caminos, hacer pozos, hacer programas de salud, etc., que están ahí y tiene derecho a ser consideradas representantes de la ciudadanía, tienen derecho a ser interlocutores del gobierno. Ese es el error en el que está cayendo el gobierno, específicamente el Presidente de la República y la presidenta de los CPC al querer pretender poner como único representante exclusivo a estos grupos. Eso es lo que en la práctica está sucediendo, e inclusive lo que se está diciendo en los discursos públicos.

Por lo tanto, nosotros pensamos que ese es el problema principal que hay que corregir y combatir, además de que en esta concepción autoritaria de cómo organizar a la sociedad y cómo resolver los problemas de la gente, se ha estado atacando y afectando hasta a las mismas alcaldías, y muchas de ellas se han visto acosadas por las nuevas formas organizadas que de repente quieren decirles, nosotros somos los que mandamos aquí y vos tenés que hacerme caso. No me estoy refiriendo nada más al problema de Managua o al problema del alcalde Marenco, que ha dicho claramente que depende de cómo se organicen los CPC, pueden ser malos o buenos, depende de la concepción que los esté guiando, pueden ser malos o buenos. Ese es un problema de muchísimas alcaldías en el país, inclusive sandinistas, porque la mayoría de las alcaldías en este país son de esa línea, y muchísimos alcaldes que quedaron por la Alianza del FSLN, están teniendo estos problemas, que no son nuevos, porque siempre la pretensión de la fuerza partidaria por imponerse sobre la autoridad pública ha existido. Que los secretarios políticos peleen con los alcaldes no es nuevo, el problema es que con esta concepción autoritaria de los CPC, se les dio un nuevo impulso y han profundizado la contradicción con las autoridades legítimamente electas.

Entonces, ese es el tipo de problemas que realmente se está presentando, y creo que inclusive afecta hasta la misma coherencia del partido de gobierno. En la medida en que estos grupos se ven como fuerza organizada de un sector de ese mismo partido, afectan a otros sectores. Por eso mismo es que nosotros estamos convencidos de que hay que hacer la corrección, pero que quede claro que el derecho a organizarse no significa excluir o negar el derecho a los demás, a organizarse y a ser tomados en cuenta por el Ejecutivo.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Juan Manuel González, tiene la palabra.

DIPUTADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ HENRÍQUEZ:

Muchas gracias, compañero Presidente.

Realmente, hoy me siento orgulloso de ser misquito y de representar a esa nación indígena. Tanto los misquitos como sumos, mayangnas, las comunidades étnicas afro-descendientes, tienen desde su raíces históricas su forma de organización, un gobierno comunitario como tal electos de manera transparente en asambleas comunitarias. Qué bonito, cuando esa comunidad, esa nación, ese territorio, elige a sus autoridades, pero fíjense bien, además de que elige, también participa en la elaboración de las prioridades que tiene esa comunidad, que tiene ese territorio, y acompañan a sus electos en las gestiones pertinentes ante los gobiernos municipales, regionales y nacionales.

Entonces, deberíamos de traer aquí a esos pueblos indígenas misquitos y mayangnas, para que nos den una clase de cómo no se puede sustituir los derechos inalienables de nuestra población en el quehacer de su gobierno. ¿De qué democracia estamos hablando? La democracia es poder del pueblo; sin embargo, con sus frases, un diputado dijo aquí, que hoy es un día histórico, ¿por qué?, porque le van a rechazar, le van a cercenar una vez más como siempre se ha hecho, de que el pueblo sea partícipe en la gestión de su gobierno. ¡Qué bonito!, y es histórico. Claro que es histórico para lo que ellos representan; claro que es histórico, porque este sector grande que es el pueblo, en todos estos dieciséis años han estado excluidos de esa gestión, de esa participación al lado del gobierno que ellos, mediante su voto, lo llevan a ese poder. No entiendo cómo nos golpeamos el pecho diciendo que somos las fuerzas demócratas -como se autollaman-, si le estamos negando a nuestro pueblo, ese derecho de organizarse. Decía un diputado, que se pueden asociar y venir a pedir personería jurídica aquí, ¿acaso nosotros no le vamos a pedir el voto a ese pueblo, para ponernos aquí, para que no hagamos nada más que estar politiqueando?

Hermanos, seamos consecuentes con nuestro discurso. Nicaragua es una República democrática y por eso el poder del pueblo es representativo, porque ellos nos eligen, pero también es participativo. Pero en vez de estar aquí discutiendo si es correcto o no que quede la Ley 290, deberíamos de apoyar a este presidente, al Comandante Daniel Ortega, que sí quiere ser acompañado por el pueblo en la gestión de su gobierno, en la ejecución de sus actividades de gobierno, y no estar solo como han hecho todos los gobiernos anteriores.

Hago ese llamado a estos diputados, a que si son demócratas, cumplan con la frase que muy bien definieron los griegos.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Odell Íncer Barquero, tiene la palabra.

DIPUTADO ODELL INCER BARQUERO:

Gracias, señor Presidente.

He estado oyendo con detenimiento la participación de todos los colegas, y me acuerdo del comienzo de la intervención del señor Montealegre, cuando se refería a la prensa, como quien dice, lo que dice la prensa es verdad. Más bien me parece que esa publicación del día de hoy, posiblemente fue financiada con los fondos del IRA, porque hay un desprecio absoluto hacia el pueblo organizado en los CPC. He observado hasta el día de hoy, la chacota, la burla y el desprecio que se siente por los CPC, por la palabra “compañero”. Un diputado dijo, cuando vino el presidente Ortega, que se habían muerto en la Costa más de cien presidentes. ¿Acaso la palabra democracia no significa “demo”, pueblo, “cratos”, “poder”, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? ¿Por qué le tienen tanto miedo a un 38%? ¿Por qué le tienen tanto miedo a un 62% que dicen tener? ¿Cuál es el celo?, ¿Qué les preocupa tanto? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la organización? ¿Por qué el doctor Pallais, que preside la Comisión de Justicia, se olvida de una serie de artículos de la Carta Magna, donde avala y mandata a este pueblo a organizarse como sea? No quiero ser repetitivo, pero sí voy a leer solamente dos artículos. Dice el artículo 49 Cn: “En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y el campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad.

Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y sus fines”.

El artículo 182 Cn, dice: “La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”.

¿Será acaso que las próximas elecciones les quite el sueño? ¿Será acaso que tienen insomnio y no pueden dormir? No, hombres y mujeres de este lado, la Constitución Política es clara, aquí se acabaron los privilegios -y usando el léxico de ustedes-, se acabaron los privilegios de los correligionarios y no correligionarios, de los que les quitaban el bocado de pan al pobre, se lo robaban a través de indemnizaciones escandalosas, tráfico de influencia, dilapidaron el erario, representaban a los consejos, y aquí se ha hablado del Conpes, y se resisten a perder el poder que tenían. Yo voy a hablar de lo que conozco de mi pueblo, Boaco, quiénes integraban el Consejo de Planificación Económica y Social de Boaco, (Codebo), era una minoría la que se recetaba carreteras, se recetaba electrificaciones, como las cuarenta luminarias en la casa del ex director del IDR, y no pagaba luz; esa es la patente de corzo que muchos desean y desearían que no se acabara. Pero en fin, eso se acabó para siempre, que jalaban agua sólo para su molino. Dicen que no quieren continuismo, pero también en mi pueblo existe un municipio donde un hermano ya fue alcalde, el otro hermano es actualmente, y posiblemente va la mujer de uno de ellos o la hermana de uno de ellos, de futura candidata a alcaldesa.

Por amor de Dios, hay una serie de cosas que ya se han dicho aquí hasta la saciedad, y es que quieren los privilegios de los Cenis, esa gran cantidad de ex-funcionarios que están desfilando por los tribunales o se han ido de este país. Le robaron o le quitaron el derecho que tenía ese pueblo de salir de la pobreza; había un Presupuesto muy bonito que luego lo desviaba para beneficio propio. Existe una comunidad en Boaco llamada El Peñasco -no voy a decir el nombre del municipio-, donde desviaron la electrificación para una propiedad de alguien que algunas veces se sienta en este recinto.

Por ejemplo, nosotros que deberíamos de ser los que respetemos las leyes, porque las hacemos en este Parlamento, las irrespetamos. Hay denuncias en la Comisión Laboral, de que un diputado que está sentado aquí le debe la indemnización a trescientos trabajadores; también otro trabajador llegó a la misma comisión, con un cheque de diecisiete mil córdobas, que ya no tenía dónde poner la razón.

Respeto la retórica y la verborrea de don Eliseo. Yo no la tengo, porque provengo de las raíces de la empresa privada y sigo creyendo en los conceptos de la empresa privada, pero definitivamente, si eso es democracia, pues permítanme compañeros de este lado, correligionarios de este lado decirles que no comulgo con esos preceptos de esa democracia. Para mí, democracia significa hambre cero, analfabetismo cero, seguridad alimentaria –ley que fue bloqueada por ustedes-, leyes de beneficio social como la Ley de Costas –que también fue bloqueada por ustedes-, para no quitarle el privilegio a muchos que tienen cercadas las costas y que le impiden a ese pueblo acercarse a ellas. Para mí, eso es la democracia, desnutrición cero, participación ciudadana, reducir la pobreza; en definitiva, leyes sociales que redunden en beneficio de los más pobres, sin perder un equilibrio que permita avanzar y crecer. Esto no lo apoyan ustedes.

Trabajemos por una agenda de nación, sin politiquerías baratas, en vez de encender tantas tusas, vivir conspirando, bloquear leyes, hacer alharacas artificiales, robar cámara, vivir creando fantasmas de todo tipo, ¡párenla! No sigamos haciéndoles el jueguito a inversionistas fantasmas, ni a transnacionales que están mal acostumbradas a no respetar nuestras leyes; eso se acabó para siempre. Trabajemos por Nicaragua, obliguemos a quienes están acostumbrados a hacer su agosto a que paguen sus impuestos, para que esos impuestos lleguen a este pueblo; la arrogancia convirtámosla en humildad, el parlamentarismo es para quitar poderes al absolutismo vivido. Dejemos de poner sólo zancadillas, de venir a este Parlamento a torpedear, a vivir inflando globos, a vivir encendiendo cachinflines. ¿Por qué no nos damos una tregua por Nicaragua? ¿O acaso hay quienes prefieren una libanización? Creo en la reconciliación sin exclusión, creo en los CPC que son milenarios, porque en el libro del Éxodo aparecen desde la época de Abraham, cuando éste estaba en el desierto y organizó entre las tribus, a los mejores hombres para que le ayudaran a gobernar.

Los CPC existirán por los siglos, y pienso que nosotros los nicaragüenses no podemos seguir confrontados. Se han satanizado, se han estigmatizado, hay una xenofobia, como dijo el diputado Figueroa, por los Consejos del Poder Ciudadano. Como dijo también él, ya lo vimos cuando se creaba una ley, que era en beneficio de los consumidores, que se sustituyó la palabra “consejo” por “comisión”, y ¿cuántos consejos hay en este país? No sé si Chepe se refirió al Consejo Supremo Electoral.

En fin hermanos, yo quiero felicitar desde aquí a los CPC, que son consejos pluralistas, que van a trabajar por la defensa y a ayudar a este gobierno a salir adelante en su proceso de lucha contra la pobreza, van a ser parte en la creación y en el diseño de las funciones públicas. Esta rueda de molino no la detiene nadie, ni la para nadie, y los que estaban acostumbrados a tener esa patente de corzo, se les acabó para siempre, les llegó su hora. Ese derecho que tienen los CPC a organizarse, a aspirar a una vida digna, nadie se los va a quitar, porque esa es la voluntad de este gobierno de todos, esa es la vida y la realidad de los CPC, por el derecho que ustedes les han negado.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Ramiro Silva Gutiérrez, tiene la palabra.

DIPUTADO RAMIRO SILVA GUTIÉRREZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Vi que algunos jefes de bancada estaban pidiendo que sólo hablaran tres o cuatro diputados. Creo que aquí los noventa y un diputados tenemos derecho a expresar cada quien lo que siente y lo que quiera opinar respecto al tema que se esté tratando. Por lo tanto, yo exijo respeto para todos los diputados.

Hoy nos encontramos debatiendo este tema tan controversial, por los errores que se cometieron en un momento, un 19 y 23 de enero, después de una derrota de los partidos liberales, en donde se tocó un tema como la Ley Marco, y también el tema de la reforma a la Ley 290, desgraciadamente, a veces por los intereses de algunos círculos, por interés de cúpula o intereses personales. En ese momento yo estaba en la Bancada de ALN, pues votamos a favor de que estuviera en vigencia la Ley Marco. Después, sobre el tema de los Consejos, con la reforma de la Ley 290, había una discusión de que si se les debería de llamar comisión o se les debería de llamar consejo. Eso dio como resultado que los mismos liberales estuviéramos en un pleito por determinar quién tenía la razón. Nosotros también somos culpables de estar en la discusión de un tema tan controversial, porque aquí las tres bancadas, tanto el Frente, el PLC como el ALN, aprobamos que se hiciera esa reforma, si no me equivoco en el artículo 2, que era el tema de la creación de los consejos porque antes era la Secretaría de la Presidencia. Creo que esa falta de visión política de futuro, de un liderazgo de las dos bancadas, a veces nos lleva a cometer errores.

Yo vivo en un barrio que se llama Loma Linda, San Judas, y los CPC pueden existir o no pueden existir, si hubiera otra organización, pero creo que aquí, lo de nosotros también ha sido falta de beligerancia y también de voluntad de los políticos de la oposición, porque a veces nos vamos mucho en bla, bla, bla, y cuando hay que hacer el trabajo en el barrio, sólo le decimos a la gente, a la base que anduvo trabajando, vaya que después yo llego a tirarme el discurso y a recibir los aplausos, eso es lo que hacemos siempre en las campañas.

Hoy, señores diputados, la Constitución Política y la Ley de Participación Ciudadana, nos permiten a todos los nicaragüenses organizarnos a como uno quiera y a su voluntad, pues hay errores, como le decía, que uno los paga caros, y esto nos lleva a que el pueblo esté pasando hambre, el pueblo esté pidiendo también respuesta al alza que se da de la canasta básica, al alza de la luz, y es lo que escucho en las comarcas y en los barrios. Por eso, hoy quiero decirles, tal vez como diputado independiente, y como un liberal con principios y con valores, que es necesario que en esta Asamblea Nacional, el gobierno presente una agenda social e invite a un diálogo donde se traten temas políticos, económicos y sociales, porque es necesario también que la gente obtenga algo del trabajo que nosotros venimos haciendo.

Ese discurso de confrontación, considero que no le conviene ni al Frente Sandinista ni a los que vivimos una guerra en los 80. Pero también me parece que el gobierno ha cometido sus errores, y se hace necesario pensar en los más humildes, en la gente pobre, en aquella gente que vivió el desastre del huracán Félix. Desgraciadamente se ha politizado la ayuda, pero también a veces nosotros mismos los diputados que estamos aquí nos quedamos callados.

Señor Presidente y señores diputados, la vez pasada que tomé la palabra, pedí que se discutiera un tema tan importante, como es la creación de una ley de apoyo para la pequeña y mediana empresa. Y lo estoy pidiendo, porque tampoco en la Orden del Día, en la agenda que nos pasaron, no la miro. Ya vamos a finalizar el año, y ¿a dónde está el incentivo para aquellos panaderos que tienen una lucha porque cada día va subiendo la harina, la manteca? ¿y el salario del trabajador?, pero nosotros a veces nos quedamos callado.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Wálmaro Gutiérrez Mercado, tiene la palabra.

DIPUTADO WÁLMARO GUTIÉRREZ MERCADO:

Muchas gracias, señor Presidente; miembros de la Junta Directiva; hermanos y hermanas nicaragüenses que nos miran a través de los diferentes medios de comunicación que cubren este Parlamento nacional.

Yo quisiera iniciar mi intervención pidiéndole disculpas al pueblo de Nicaragua. Empezamos a las 9:20 de la mañana, ya vamos a más del medio día y esta Asamblea Nacional ha invertido recursos públicos, recursos humanos y tiempo en desarrollar una dinámica legislativa que no solamente no beneficia al pueblo de Nicaragua, sino que se distancia del interés de los y las nicaragüenses. Y es lamentable porque, haciendo eco de los planteamientos de Ramiro Silva, que correctamente nos enfocó el rumbo que debe seguir esta Asamblea Nacional, discutiendo leyes tan importantes como la Ley de Garantías Recíprocas, o la Ley de las MIPYME, o en vez de estar en nuestras comisiones de trabajo, que hubiésemos empezado desde las nueve de la mañana a recibir en la Comisión Económica a los diferentes sectores sociales que están demandando atención nuestra en el Presupuesto General de la República, hemos venido aquí a enfrascarnos en este debate bizantino y pusilánime que la visión cortoplacista y retrógrada de algunos diputados ha hecho al venir a discutir en esta Asamblea Nacional, es lamentable.

Sin embargo, también es importante destacar que no me sorprenden las posiciones que algunos colegas diputados han venido a desarrollar a este plenario, porque evidentemente respondemos a dos corrientes político -ideológica absoluta y diametralmente opuesta. Una corriente político – ideológica que viene a concentrar el poder en la plutocracia y que utilizan al Estado como un botín de guerra, y otra corriente político – ideológica, que siempre ha estado a la par de las reivindicaciones económicas y sociales del pueblo nicaragüense. A esa segunda corriente ideológica es a la que apuesta el Frente y la Unidad Nicaragua Triunfa.

No me sorprende, por lo tanto, planteamientos como los del diputado Maximino, incluso como los planteamientos del diputado Montealegre, no me sorprende; es más, son entendibles, y el pueblo los entiende. Es por eso que, como consecuencia de esos planteamientos, el diputado Montealegre es diputado constitucional, y algunos le dicen “regalado”, y Daniel Ortega se hizo presidente de todos los nicaragüenses, ahí tenés la diferencia clara de cómo el pueblo de Nicaragua no se enreda, y está claro de que el Frente y la Unidad Nicaragua Triunfa, con ley o sin ley, tiene la voluntad política de gobernar para y con los ciudadanos, esa es la discusión de fondo y es correcta. Aquí la discusión no está en que si los nicaragüenses nos asociamos o no nos asociamos; la verdadera discusión está centrada en que si el Poder Ejecutivo tiene la facultad o no tiene la facultad de crear consejos. Pero la pregunta del millón de dólares aquí es, ¿quién les ha dicho a ustedes que la Ley 290 es la que le da facultades al Poder Ejecutivo para crear los Consejos? Es la Constitución política de la República de Nicaragua la que le faculta al Poder Ejecutivo a organizar y dirigir el gobierno, y si Daniel Ortega tiene la voluntad política de organizar el gobierno, no solamente teniendo al pueblo como un convidado de piedra, sino integrándolo y haciéndoles partícipes en las tomas de decisiones del poder público, ¿quién le va a quitar ese derecho al presidente Ortega? Ni toda la Asamblea Nacional junta ni que todos los votos de ésta se unan diciendo eso le quitan ese derecho a Ortega, y tampoco le quitan el derecho al pueblo nicaragüense para organizarse como crea conveniente, -y también respaldo el planteamiento de Ramiro en ese sentido.-

Pero es que la cercanía del pueblo con algunos políticos obviamente les crea alergia, eso es real, es objetivo y es lamentable; es más, lamentamos el nivel de oposición que la mayoría de los miembros del ala de la derecha exhiben en esta discusión parlamentaria, porque si hubiese realmente una posición constructiva, beligerante, propositiva, hombré, obligaría al gobierno a ser mejor, a esforzarse por ser mejor. Sin embargo esta es una oposición que en algunos círculos políticos, inclusive en la calle, les dicen la oposición cucaracha, porque al igual que las cucarachas son los únicos seres que pueden vivir sin cabeza, y ¿por qué?, porque piensan con el hígado y no con el cerebro, lamentablemente con honrosas excepciones, pero cuando tienen que debatir de fondo los problemas económicos y sociales de este país, no escucho a la derecha hablar, no escucho a la derecha proponer, sólo escucho la verborrea de un Eliseo Núñez diciendo cuatro barbaridades en este plenario y queriendo desarrollar ese efecto demagógico de poner a un sector del pueblo contra el otro, eso es lo único que yo escucho.

Es por eso que el día de hoy, hermanos y hermanas nicaragüenses, sí es una fecha histórica, claro que es una fecha histórica, porque aquí se están cayendo las caretas y aquí se están exhibiendo tal cual son. Quieren seguir usufructuando el poder y recurriendo al pueblo de Nicaragua solamente cada cinco años a pedirle el voto, para seguir teniendo el jugoso salario, las grandes indemnizaciones y seguirse aprovechando del poder público, pero a la hora de venir aquí a hacer propuestas y a representar a sus electores, díganme ¿con quién se reúnen para venir a discutir el Presupuesto de la República?, a ver, ¿con quién se reúnen?, ¿a quién le preguntan? Porque cada vez que vienen aquí a hacerme propuestas de programas y proyectos, yo no veo el respaldo de nadie, de ningún barrio, sector, comarca o caserío que venga a dar apoyo a los planteamientos que ustedes hacen al Presupuesto General de la República. Nosotros sí estamos desarrollando un proceso de consulta amplio, con los diferentes sectores económicos y sociales en relación al mismo. Pero además, no sólo queremos escucharlos. Aquí no sólo queremos escuchar al pueblo, aquí queremos hacer que las decisiones del pueblo sean vinculantes a la toma de decisión del poder público, y ese es el pecado mortal que para ustedes está cometiendo el Frente y la Unidad Nicaragua Triunfa. La única ventaja de todo esto, es que el pueblo no es tonto y tampoco se equivoca.

Es por tal razón que el día de hoy suplico, señor Presidente y honorables miembros de esta Asamblea Nacional, que ya superemos este impasse absurdo al que nos someten estas fuerzas retrógradas y que empecemos a legislar por y para los nicaragüenses.

Muchas gracias, y buenos días.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Agustín Jarquín Anaya, tiene la palabra.

DIPUTADO AGUSTÍN JARQUÍN ANAYA:

Gracias, Presidente.

En primer lugar, aprovechando esta discusión que tiene que ver con la participación ciudadana y el acceso a la información, queremos saludar y felicitar en este caso a la Junta Directiva, al Presidente, al director de medios de esta Asamblea Nacional, por la emisión el día de hoy, de la publicación “El Parlamentario”, que se une a este esfuerzo de información a la ciudadanía del quehacer de este Parlamento, así como se están haciendo ahora las divulgaciones en directo de estas discusiones, para que la gente nos vea y así esté informada del trabajo de este Poder del Estado.

Saludamos, Presidente Núñez, sobre todo la manera amplia, plural, democrática, como se elabora este documento, esta revista “El Parlamentario”, y auguramos más éxito en el proceso de la comunicación de este Poder del Estado con la población nicaragüense.

Este es un tema que en efecto motiva, ha creado debate y la discusión nacional, pero creo que es importante también, señalar o enfatizar un poco más el tema que estamos discutiendo, porque acá estamos hablando del Veto que el Presidente de la República, Daniel Ortega, ha hecho a la Ley 630 por las razones que él aduce en el mismo. Se habla sobre la vigencia de los Consejos del Poder Ciudadano, y se dice equivocadamente que la Ley 630, que fue aprobada en el mes de septiembre, deroga a los CPC, y realmente esta ley en ninguna de sus partes, ni siquiera menciona a los Consejos del Poder Ciudadano. De manera que aquí hay una burla a la población, burla de los medios y burla de quienes han pretendido ese objetivo.

Porque el artículo 1 de esta Ley 630, que es la que veta el Presidente de la República, dice textualmente: “Se deroga expresamente la facultad del Ejecutivo de crear, por medio de Decretos Ejecutivos, consejos como estructura del Poder Ejecutivo”. Y en consecuencia, dice el artículo 11 de la Ley 290, se va a leer de una manera, y ahí señala las facultades del Presidente de la República, y adiciona dos párrafos con los cuales todos estamos de acuerdo, que dice que: “El derecho de participación ciudadana se ejercerá bajo los privilegios de pluralidad, voluntariedad, equidad, universalidad, sin privilegio de ninguna índole, subsidios o ventajas, que el Poder Ejecutivo, o sea el Presidente, facilitará una interacción fluida con la sociedad civil organizada, atendiendo por igual y sin discriminación, a todas las organizaciones ciudadanas interesadas en la participación y que las organizaciones de participación y consulta ciudadana, deberán constituirse y regirse de acuerdo a la Constitución Política”.

De manera que en la Ley 630 no está derogando, ni siquiera mencionando en nada a los Consejos de Participación Ciudadana. Y ¿qué es entonces?, O sea que esos existen y tienen la competencia de existir, lo que aquí se señala en la Ley 630 que es la que veta el Presidente, que deroga expresamente la facultad del Ejecutivo, de crear por medio de decretos, consejos como estructura del Poder Ejecutivo, y este hecho, es un adefesio jurídico, esta es una acción inconstitucional. Pero más allá de eso, porque la creación de Consejos por el Presidente, no es de ahora que los está creando el presidente Ortega, aquí hay creados más de treinta Consejos como instancias vinculadas al Poder Ejecutivo y a otras entidades de gobierno, está creado en el año 95 por la expresidenta Chamorro, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez con Discapacidad, fue creado el Conpes, también el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, (Conades). Incluso fue reformado no solamente por el doctor Alemán, sino además por don Enrique Bolaños, el Consejo Nacional de Planificación Económica Social, se ha creado y se ha reformado por el mismo ingeniero Bolaños el Consejo Nacional Agropecuario (Conagro), también creó el Consejo Nacional del Adulto Mayor. El expresidente Alemán creó el Consejo Nacional Asesor del Plan Maestro del Sitio Histórico Ruinas de León Viejo, está creado y se ha reformado el Consejo Nacional de Educación. Entonces, si la Ley 630 queda vigente, todos estos consejos incluidos los Consejos del Poder Ciudadano, tienen vigencia porque no están ni siquiera referidos en la Ley 630, esa es una cuestión clarísima. Lo que no se le puede quitar al Presidente de la República es la facultad de crear consejos como los creó en su momento doña Violeta Barrios de Chamorro, el doctor Arnoldo Alemán, don Enrique Bolaños Geyer, y el presidente Ortega, en enero del año 2007 creó el Consejo Nacional de Reconciliación y Paz, en el Decreto 8/2007, y en este consejo, ahora esta Ley 630 el presidente Ortega invita y nos llama a que la vetemos, a derogarla, el Consejo Nacional de Reconciliación y Paz, lo integran el Movimiento de la Resistencia Democrática Nicaragüense, el Partido Resistencia Nicaragüense, la Asociación de Militares en Retiro, el Consejo Nacional de Oficiales en Retiro, la Organización de Madres Unidas y huérfanos de la Resistencia Nicaragüense, la Organización de Madres Lidia y Camilo Ortega. O sea, es una integración que es plural, una integración que es precisamente de los que en un momento lamentable de la historia política nuestra, estuvieron en un lado y otros en el otro lado, disparándonos y creando una situación de la cual todos nos lamentamos acá.

Entonces, ¿cómo quedan, estos consejos creados por el presidente Ortega, el expresidente Bolaños, el doctor Alemán, y por la expresidenta Violeta Chamorro? ¿Cómo quedan? Entonces, ahí hay una aberración jurídica, que por supuesto la lógica jurídica misma indica que tiene que superarse por la vía incluso de un recurso, ante las instancias de justicia superiores. Y quiero señalar acá, que es un engaño al pueblo el que se hace porque en la Ley 630 ni siquiera se menciona a los Consejos del Poder Ciudadano.

Aquí estamos en una situación donde hay evidentemente una confrontación política, eso es lo que está en el fondo y que impide que nos juntemos para atender la problemática del país. Acá se creó también el Consejo Ciudadano para el Programa Usura Cero, y es en esta administración que esos temas de la usura y del hambre -resultado de más de diecisiete años de administración que ha estado en contra de los pobres- se pueden organizar. Entonces, Presidente, no sé cuál es el desasosiego, (es cierto que se fue la luz, se fue la energía, mientras tanto…). Simplemente, Presidente y colegas, estamos en esta situación, y pido a los compañeros que no se desesperen, que simplemente estemos tranquilos. Estamos en esta situación, Presidente, porque este es un tema importante para el país.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Por eso, diputado, vamos a votar ya, por favor.

Entonces, pongan atención todos los compañeros y compañeras, que vamos a proceder a la votación.

La Asamblea Nacional solamente puede rechazar el veto, ¿verdad?, Por lo tanto, van a votar aquellos que quieran rechazar el veto, para lo cual se requieren 47 votos, es decir, la mayoría absoluta de los diputados. Los que rechazan el veto que voten en rojo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

52 votos a favor de que se rechace el veto, por consiguiente, se rechaza el veto a la Ley N° 630, Ley de Reformas y Adición al artículo 11 de la Ley 290.

Se suspende la sesión, y continuamos el día de mañana.







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