LEY DE CONCESIÓN DE OBRAS VIALES A SOCIEDADES PRIVADAS O MIXTAS

SESION ORDINARIA NUMERO SIETE DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DIA MIERCOLES SIETE DE MAYO DE 1997. (TRECEAVA LEGISLATURA).

Como siguiente punto de la Agenda, es el número III, vamos a proceder a la PRESENTACION DE LEYES. La primera ley que se va a presentar es la LEY DE CONCESION DE OBRAS VIALES A SOCIEDADES PRIVADAS O MIXTAS.

Adjunto a la presente le remito el Proyecto de LEY DE CONCESION DE OBRAS VIALES A SOCIEDADES PRIVADAS O MIXTAS, con su respectiva Exposición de Motivos.

Este Proyecto de Ley permitirá involucrar al sector privado en la ampliación y mantenimiento del sistema vial, que tradicionalmente ha sido la responsabilidad exclusiva del Gobierno.

Esperando que los Honorables Diputados den una acogida favorable a este Proyecto de Ley, aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted las muestras de mi consideración y aprecio.

ARNOLDO ALEMAN LACAYO

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

La capacidad de ampliación, rehabilitación y mantenimiento del sistema vial por parte del Gobierno de Nicaragua con los mecanismos de financiamiento tradicionales, no ha sido suficiente para evitar el deterioro y la congestión del sistema vial existente. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo está proponiendo como se puede involucrar al sector privado en la ampliación y el mantenimiento del sistema vial, que tradicionalmente ha sido la responsabilidad exclusiva del Gobierno.

El Gobierno de Nicaragua ha establecido una estrategia de privatización o concesión en otros sectores. En el caso del sistema vial, la estrategia de concesión ofrece la oportunidad para involucrar al sector privado en la operación y financiamiento de los principales tramos carreteros, y al mismo tiempo obtener una mejor distribución de los recursos disponibles para mantener y ampliar el resto de la red vial.

En los últimos años no se ha invertido lo suficiente en obras públicas, debido a diferentes circunstancias, lo que ha producido un creciente deterioro en nuestra infraestructura, que llega a ser en algunos casos realmente alarmante.

En materia de caminos, el proceso ha sido agravado aún más por un aumento no previsto del tráfico de transporte terrestre, circunstancia que ha producido la destrucción acelerada de nuestras rutas pavimentadas, obligando en los últimos años a utilizar los recursos con que se contaba únicamente para reparar los caminos destruidos.

El aumento constante de este déficit de obras se acelerará en el futuro próximo debido al uso creciente del vehículo automotor como medio de transporte, obligando así a un aumento de la inversión anual en la infraestructura vial. Nuestro país requiere imperiosamente que las obras públicas posibiliten su desarrollo.

Los recursos provenientes de los impuestos, que son los que nutren los presupuestos actuales de las reparticiones, aunque se incrementen, no permiten encarar con la rapidez que las circunstancias requieren este agudo problema nacional y nos obliga a buscar nuevos mecanismos y fuentes de ingresos, que nos permitan resolver con posibilidades de éxito, esta disyuntiva que debemos enfrentar.

La experiencia en otros países ha demostrado que una legislación adecuada que despierte en la iniciativa privada, con las garantías e incentivos necesarios, el interés por la inversión en las obras públicas, ha permitido resolver problemas cuya solución de otra manera, hubiera requerido muchos años y un gran esfuerzo estatal.

En la actualidad el peaje se ha generalizado, y muchas de las más importantes obras públicas viales de comunicación de diversos países, deben su existencia a la financiación mediante su producto. Su aplicación ha demostrado su eficacia y la aceptación general de parte de los usuarios, que han advertido los beneficios, tales como el ahorro de tiempo, de combustible, la posibilidad de viajar en mejores condiciones de seguridad, un menor desgaste del vehículo, entre otros, que se derivan de las obras realizadas con este medio.

Los fondos recaudados mediante el peaje se utilizan específicamente para financiar la construcción y conservación de los medios de comunicación vial.

El anteproyecto de Ley contempla el caso de obras que se deben subvencionar para complementar de esta manera el aporte insuficiente del escaso tráfico que tendrán en los primeros años de explotación. El objeto fundamental es abrir todo tipo de posibilidades para facilitar la creación de los alicientes al inversionista, ya que de esta manera estaremos más cerca de la solución buscada.

Por otra parte, en extensas zonas estas obras producirán beneficios tan marcados a los usuarios que los productores de dichas zonas y los beneficiarios directos dispuestos a colaborar en el esfuerzo financiero que su realización exigirá.

Este Proyecto de Ley tiende a crear en el país ese mecanismo financiero que permita aprovechar los esfuerzos de tantos distintos sectores que se encuentran postergadas por nuestra falta de infraestructura, dando a la iniciativa privada el aliciente y los elementos para encauzar todos estos esfuerzos, allí donde las condiciones de rentabilidad de las obras lo permitan.

De esta manera, los recursos provenientes de los impuestos, se podrán utilizar en las obras donde no exista, por su reducido tráfico, otra posibilidad de ejecución, dando así a la labor de fomento un nuevo impulso con consecuencia de una mayor inversión.

Pase este proyecto de ley a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, de acuerdo con el artículo 67.

CONTINUACION DE LA SESION ORDINARIA NUMERO 8 DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL DIA VEINTE DE JUNIO DE 1997. (TRECEAVA LEGISLATURA).

Vamos a presentar la Ley de Peaje, y su dictamen a discusión. Este es un acuerdo de la Junta Directiva, de pasar a este punto.

Los suscritos miembros de la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Energía y Construcción, nos reunimos para estudiar y dictaminar el proyecto de ley de Concesión de obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas que nos fue enviado por el Plenario de la Asamblea Nacional en la Séptima Sesión Ordinaria del 7 de mayo de 1997. Esta Comisión cumple con la responsabilidad de lo encomendado por el plenario estableciendo las siguientes consideraciones.

Al estudiar el proyecto de Ley encontramos válidas las razones expuestas en la Exposición de Motivos. Asimismo en el proceso de dictamen escuchamos los importantes de los sectores tantos públicos como privados siendo esto las máximas autoridades del Ministerio de Construcción de Transporte, así como también del Presidente y Directivos de la Cámara de la Construcción.

Efectivamente la capacidad de ampliación, rehabilitación y mantenimiento del sistema vial por parte del Gobierno de Nicaragua con los mecanismos de financiamiento tradicionales han sido insuficientes para evitar el deterioro acelerado del sistema vial existente; esta situación es generalizada en casi todos los países de América Latina y el Caribe, donde las extensas redes viales muestran preocupantes signos de deterioro, a la vez que grandes inversiones efectuadas se han perdido totalmente debido a que no existen recursos financieros suficientes y un sistema de conservación vial adecuado. Más aún, esto ha generado un aumento innecesario en los costos de operación de vehículos y una pérdida anual inevitable del patrimonio vial, que se estima en más de 10 mil millones de dólares anuales para los países de la región.

Algunos países gastan inútilmente por esta razón hasta el 3% de su producto interno bruto. Esta alarmante situación ha llevado a los gobiernos a analizar las causas del deterioro del sistema vial y como consecuencia han llegado a desarrollar nuevos conceptos para el financiamiento y la gestión de la conservación de las redes viales existentes en el territorio nacional.

En este sentido esta Comisión está consciente de la necesidad urgente que tiene el Gobierno de Nicaragua de impulsar y fomentar un sistema de conservación vial eficaz, eficiente y sostenible, a través de este proyecto de Ley de Concesión de Obras Viales a Sociedades privadas o Mixtas, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, en el cual se le da la oportunidad de participar en la ampliación y mantenimiento del sistema vial que permitan al sector privado operar y financiar en principio los principales tramos. Carreteras al mismo tiempo el gobierno podrá obtener una mejor distribución de los recursos disponibles para mantener y ampliar el resto de la red vial del país.

Es una realidad reconocida en Nicaragua que desde la década de los años 80 no se ha invertido lo suficiente en el mantenimiento de obras públicas, lo que ha producido un creciente deterioro en nuestra infraestructura vial. En materia de caminos el proceso ha sido agravado aún más por un aumento del tráfico del transporte terrestre, produciendo como consecuencia la destrucción acelerada en la red pavimentada, obligando a las autoridades de la administración pública a utilizar los recursos que estaban destinados a la reparación general de caminos en trabajos de repavimentación, que por ser más costosos consumen todo el presupuesto disponible.

El aumento constante de este déficit de Obras Viales, aumentará en los próximos años debido al crecimiento acelerado del parque automotor, que obligara seguramente a destinar una mayor inversión anual en la infraestructura vial. En consecuencia Nicaragua requiere imperiosamente que se establezcan los mecanismos para la creación de un sistema específico para el desarrollo de las obras públicas de infraestructura vial, porque los recursos que provienen del Presupuesto General de la República, aunque se incrementen, no son suficientes para solucionar con la rapidez que las circunstancias requieren, este problema nacional. Para ello tenemos que buscar estrategias de solución y una de ellas es precisamente este proyecto de Ley que va a permitir poner la conservación vial en el ámbito empresarial.

La Comisión tiene la seguridad de que este nuevo esquema institucional tendrá el éxito deseado porque contamos con un sector privado muy bien calificado y preparado para competir, capaz de planificar, construir y mantener los caminos en buenas condiciones, en su calidad de concesionarios.

La experiencia en otros países ha demostrado que una legislación adecuada que despierte en la iniciativa privada, con las garantías e incentivos necesarios, el interés por la inversión en las obras públicas, ha permitido resolver problemas cuya solución, de otra manera, hubiera requerido muchos años y un gran esfuerzo estatal.

En la actualidad el cobro de peaje a los usuarios de la red vial se ha generalizado, y muchas de las más importantes obras públicas viales de comunicación de diversos países, deben su existencia a la financiación mediante este sistema. Su aplicación ha demostrado su eficiencia y la aceptación general de parte de los usuarios, que han advertido los beneficios tales como el ahorro de tiempo, de seguridad, un menor desgaste del vehículo, entre otros, que se derivan de las obras y mejoras financiadas por este medio. Los fondos recaudados mediante el peaje se utilizan específicamente para financiar la construcción y conservación de los medios de comunicación vial.

Una consideración muy importante a la vez que novedosa del sistema de peaje es que de ninguna manera se trata de un nuevo impuesto sino que representa una tasa de uso, que se derivan de las obras y mejoras financiadas por este medio. Los fondos recaudados mediante el peaje se utilizan específicamente para financiar la construcción y conservación de los medios de comunicación vial.

Una consideración muy importante a la vez que novedosa del sistema de peaje es que de ninguna manera se trata de un nuevo impuesto sino que representa una tasa de uso, que se establece en base a los beneficios y ahorros que obtienen los usuarios por las mejores condiciones de transito establecidas, de tal forma que el peaje que pagan es menor que el ahorro que reciben por la mejora. El proyecto de Ley contempla el caso de obras que deben ser subvencionadas para complementar de esta manera el aporte insuficiente del escaso tráfico que tendrá en los primeros años de explotación. El objetivo fundamental es abrir todo tipo de posibilidades, para facilitar la creación de los alicientes para el inversionista, ya que de esta manera estaremos más cerca de la solución buscada.

Por otra parte, en extensas zonas alejadas de la capital, estas obras producirán beneficios marcados para los productores de dicha zona, que son los usuarios. Los beneficiarios directos, estamos seguros, estarán dispuestos a colaborar en el esfuerzo financiero que su realización exigirá.

Al mismo tiempo, este proyecto de Ley, pondrá en marcha en el país ese mecanismo financiero que permita aprovechar los esfuerzos de distintos sectores que se encuentran postergados por nuestra falta de infraestructura, dando la iniciativa privada los elementos para encauzar todos estos esfuerzos, allí donde las condiciones de rentabilidad de las obras lo permiten.

Finalmente consideramos que este proyecto de Ley de Concesión de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas significa el inicio del proceso de Reforma Institucional del Sector Vial en Nicaragua, porque estamos redefiniendo el rol del Ministerio de Construcción y Transporte y en este contexto el rol de la administración vial. El objetivo principal es reducir el rol del sector público y transferir al sector privado aquellas responsabilidades que el sector privado es capaz de realizar más eficiente y eficazmente.

La Comisión Dictaminadora considera que el Proyecto de Ley de Concesión de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas, es conveniente y necesario para el País, estando bien fundamentado, cumple con los principales, disposiciones y garantías constitucionales, no se opone a la Constitución Política de la República ni a las leyes vigentes ni a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.

Los Diputados Edwin Castro, Eduardo López, y Jorge Martínez del FSLN se reservan el derecho de presentar un Dictamen de minaría.

El Diputado José Alfonso Cuadra, se reserve el derecho de presentar su propio Dictamen de minoría.

Por estas razones y estando de acuerdo con los artos. 50, 51 del Estatuto General y los Artos. 67 y 89 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, los miembros de la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Energía y Construcción emitimos el presente Dictamen favorable al Proyecto de ley de Concesión de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas con las observaciones, antes señaladas las que están integradas en el texto que adjuntamos para una mejor ilustración a los miembros del Plenario, a quienes solicitamos la unánime aprobación del mismo.

Atentamente,

Silvio Calderón y todos los demás firmantes:

SILVIO CALDERON GUERRERO ING. ROBERTO MOREIRA BACA

JOSE ALFONSO CUADRA GARCIA LIC. OSCAR MONCADA REYES

Bueno, la palabra la había pedido para dirigirme con relación a la otra ley, pero ya ese es un capítulo cerrado. Sin embargo, aprovecho la palabra para decirles que tenemos que lamentar que aprobamos una Ley de Municipios, sin haber sido capaces de ponernos de acuerdo el porcentaje que la Constitución establece, y ya todo está concluido; ojalá que nosotros próximamente podamos impulsar una iniciativa de ley donde podamos ponernos de acuerdo en las transferencias que los Municipios, como gobiernos locales demandan. Así que mi palabra era para ese momento, pero dado que se me otorga, aprovecho.

En este proyecto de Ley de Concesión de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas, tal como lo ha dado a conocer el Doctor Moncada, Diputado y Secretario de la Comisión de Comunicación, Transporte, Energía y Construcción, precisa que al dictamen se le introdujeron disposiciones y principios respaldando y enalteciendo los conceptos, y respetando fundamentalmente por excelencia las normas constitucionales y el resto de las normas de la República de nuestro país; porque sabemos que el Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país y gestor del bien común, por lo tanto tiene el deber de garantizar los intereses y las necesidades particulares sociales, sectoriales y regionales de la Nación.

Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover la forma de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para responder y garantizar la democracia económica, la apertura del libre mercado y la consolidación integral de su desarrollo social. El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares; se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende en un sentido amplio a grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas, empresas-cooperativas, asociativas y otras.

Las empresas que se organicen bajo cualquiera de las formas de propiedad establecidas por nuestra Constitución Política, gozan de igualdad ante la ley; y las políticas económicas del Estado, las iniciativas económicas son de libre acceso a todos los que se asocian para efecto de elevar inversión y desarrollo en nuestro País. Dentro de este contexto consideramos que el Estado como un Estado moderno, tiene que planificar el desarrollo del país a través de varios medios y recursos, uno de estos es precisamente la consignada en esta iniciativa de Ley de Concesión de Obras Viables a Sociedades Privadas o Mixtas.

Porque el crecimiento económico de un país en términos integrales es precisamente el resultado de la integración armónica entre la producción agropecuaria de consume interno y la producción de exportación; tiene necesariamente que ver y ha tenido que ver con la intervención del Estado, que no es una intervención de una planificación centralizada, sino una planificación indicativa con políticas claras en el rol del Estado, el cual debe jugar como regulador para hacer posible que todo el país y todos los sectores se desarrollen de manera armónica.

No debemos tener miedo a ser gestores de la planificación indicativa y política de nuestro país, tomando en cuenta experiencias exitosas en nuestro país, tomando en cuenta experiencias exitosas en algunos países en cuanto a l planificación e intervención del Estado, para lograr que las diferencias y las iniquidades que existen en un sistema económico como el nuestro, sean reguladas y equilibradas con normas claras que garanticen la presencia de los distintos sectores que coadyuven al desarrollo de nuestro país. Por eso quiero respaldar este proyecto de ley.

La verdad es que la planificación iniciativa que está tratando de establecer este nuevo Gobierno, no es un asunto de principios constitucionales, sino de métodos de gobierno. Al día de hoy no hay un solo gobierno del mundo que no haga planificación indicativa sobre todo a lo que se refiere a la red vial; porque es muy sencillo, si un gobierno no hace una planificación, simplemente no puede gobernar, simplemente no puede establecer las tasas de cambio, o puede establecer el sistema impositivo. No puede utilizar los presupuestos como instrumento político para el desarrollo macroeconómico de nuestro país, ni tampoco puede usar el resto como instrumento de políticas que permitan su desarrollo integral.

Sin embargo, algunos honorables colegas y amigos Diputados miembros de esta Asamblea Nacional, han querido darle otro giro, otro sentido a esta iniciativa de ley. Lamentamos esas imprecisadas equivocaciones, porque esta iniciativa de ley sin duda alguna vendrá a estimular la inversión extranjera. Este proyecto de ley está planteado por una especie de marco jurídico en el cual el Estado interviene en su carácter de un ente regulador, y no es verdad que aquí va a haber un ente regulador que va a controlar las concesiones de estas obras a particulares, y vaya a ejercerlas con amplia facultad discrecional.

Y nos referimos a estas leyes paralelas existentes alrededor de esta ley, como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y su Reglamento; la Ley de Inversiones Extranjeras y su Reglamento; la Ley de Tributación de Justicia Fiscal. También tenemos la Ley de Contrataciones Administrativas y su Reglamento, entre las que hoy puedo precisar. Por ello pido a nuestros Diputados aquí presentes, que en aras de dotar a Nicaragua de instrumentos legales que permitan el desarrollo y la modernización de nuestras redes viables, votemos a favor de dicha ley, más aún cuando tenemos la obligación inexorable de reconocer que las inversiones sobre estas estructuras viables por su cuantía, ningún gobierno de Centroamérica, ni de Latinoamérica y especialmente el nuestro, tiene la capacidad para enfrentarlo por sí solo.

Hoy las nuevas corrientes de financiamiento como políticas adoptadas por organismos internacionales, ven que estos proyectos de ampliación, rehabilitación y construcción de las redes viables, tienen necesariamente que pasar por la participación de los sectores privados. Por ello pido señor Presidente, honorables Diputados que respaldemos esta iniciativa de ley, por el bien de nuestra Patria.

Yo quisiera preguntarle al señor Presidente, si me cabe una doble intervención. Si simplemente leo ahorita el dictamen y después me permite.

Voy a tratar primero de argumentar y después leeré el dictamen. Quería Honorables colegas Diputados: Quiero comentarles una historia que a mí no me llena de satisfacción, me llena de honda y suma preocupación, porque en una Ley de Concesiones Viales bastante técnica, el dictamen de minoría haciendo propias las conclusiones del análisis del Ministerio de Construcción y Transporte, donde determinan que el peaje es un tributo de contribución directo que los pagan los usuarios del bien ofrecido, es decir de la carretera mejorada o de la vía nueva construida; y que si lo vemos desde punto de vista de justicia tributaria, un tributo directo es a todas luces mucho más justo que un tributo indirecto que es con lo que ahorita se construye o se da mantenimiento a las vías. En eso, estuvimos de acuerdo todos.

Sin embargo el resultado es que hoy aquí tenemos un dictamen de mayoría y dos dictámenes de minorías, ese es el nivel de diálogo y de consenso que tenemos en la discusión en nuestra Comisión de Infraestructura, y por eso digo que no me llena de regocijo tener que compartir con ustedes esas condiciones. Porque si aquí vamos a entrar en discusión de transformaciones del sector público que se avizoran en Nicaragua, con ese nivel de diálogo y de acuerdo y de discusión en la Comisión de Infraestructura, aquí no haremos leyes correctas en beneficio de este país.

Si creemos que podemos seguir con el estilo que ha seguido en este Plenario: que yo tengo la mayoría de los votos, por lo tanto lo discuto y llevo los dictámenes pre-firmados, y si quieren firmarse, se firman o si no, hagan dictamen de minoría; si ésas son las reglas del juego que vamos a tener en la Comisión de Infraestructura, auguro un negro futuro a las transformaciones de la infraestructura en este país. Y traigo con recelo esto, y no lo traigo con alegría; y lo traigo con tristeza, porque en ningún momento considero que el no escuchar, el no oír y el no discutir, puede ser positivo para Nicaragua. Si ése es el estilo de la Alianza Liberal, ¿para qué dialogar? Si ese es el estilo de la Comisión de Infraestructura, que el señor Presidente quiere imponer, ¿para qué seguir sesionando en esa Comisión?

Y eso señores Diputados es lo que pasó en esta Comisión de Infraestructura, donde se podía haber llegado a consenso, a como se trató de llegar en una ardua tarea, en una ley mucho más complicada como es la Ley de Justicia Tributaria, o mal llamada de Justicia Tributaria, en donde sí hubo disenso y quedaron claramente definidos, pero se llegó y se trabajó en un avance progresivo. El día de ayer, con colegas Diputados de esa Comisión platicamos, y me decían que por qué no concordábamos la ley; yo mismo les pregunté, y por qué no la concordamos antes, no que firmaron el dictamen sin siquiera discutirlo en la Comisión.

A mí me presentaron un dictamen pre-firmado donde no estaban los Diputados de la Alianza Liberal para oír nuestra argumentaciones, y considero que eso no es bueno, ni para el país, no para el Estado de Nicaragua, ni para el mismo gobierno del Doctor Alemán. Considero que si no revisamos nuestras actuaciones y pensamos que porque tengo cinco votos y los otros tienen cuatro, vamos a imponer sin ni siquiera escuchar. Y si el criterio de los asesores de la Presidencia, cuando plantean que no hay necesidad de consensuar las leyes de reforma al servicio público porque ya tienen la mayoría, creo que vamos por un derrotero equivocado, creo que vamos a darle un mensaje muy malo a la inversión pública, al capital extranjero.

¿Qué es lo queremos decirle al inversionista? Que en este país la Alianza Liberal le garantiza su capital durante su gobierno ¿y en las próximas elecciones señores, y si no hay consenso? ¿Habrá cualquier inversionista con dos dedos de frente que lo invite la Alianza Liberal a invertir en este país, inversiones que tienen retorno en diez y quince años, en leyes que no hayan sido ampliamente consensuadas por todos los partidos políticos? Señores Diputados, la responsabilidad es nuestra si queremos ahuyentar la inversión en Nicaragua. Con actitudes de este tipo, lo que están diciendo a la inversión nacional y extranjera es que no inviertan; después no vengan con cantos de sirenas y mentiras políticas a manifestar que, "el Frente Sandinista ahuyenta la inversión en Nicaragua". Son ustedes señores liberales con esa actitud de aplanadora, sin consensuar y sin oír, los que están ahuyentando la inversión. Reflexionen señores, piensen cuál debe ser la actitud en el Parlamento, como tenemos que hacer las leyes. Piensen si un proyecto que apenas tiene veinticuatro artículos, debía hoy ser presentado con dos dictámenes de minoría.

El proyecto de mayoría lo firman los cinco Diputados liberales de la Comisión, y si le preguntan a los cinco Diputados liberales de la Comisión y son honestos, cuando discutimos en la Comisión estos veinticuatro artículos, y si son honestos tendrán que decir que nunca, nunca hubo discusión de esta ley. El Doctor Calderón llevo el proyecto de ley ya firmado, a donde nos reunimos los tres Diputados del Frente Sandinista, el Diputado del Partido Conservador, más tarde llego el Ingeniero Moreira, que ya había firmado.

Si me van a llevar ya previamente elaborados y firmados los dictámenes, ¿para qué discutir? ¿Esa es forma de consensuar? ¿Esa es forma de sacar un dictamen? ¿Esa es forma de trabajar en las Comisiones? Quiero que me aclaren. ¿O será que yo soy el equivocado, que lo correcto es que aquí no se escuche, que aquí lo único que se es imponer las voluntades de algunos jefes de bancadas, y el resto simplemente aprieten el botón? Señores; somos pensantes; señores, con nuestra inteligencia podemos aportar mejores cosas y no con imposiciones ni con esa forma de trabajo. Yo por eso les decía que este argumento y esta denuncia inicial en absoluto me llena de satisfacción, me llena de honda preocupación, me preocupa extremadamente que esa sea la forma de trabajo de esta Asamblea.

Es por eso que ante esa situación presentamos nosotros el argumento de que debíamos haberlo discutido en Comisión; el argumento que debíamos haberlo consensuado con los diferentes Diputados, y que ayer me dijeron algunos de ellos "tenés razón", sin embargo están presentados. Argumentos que en el dictamen de mayoría ponen en posición desigual a las empresas extranjeras con las empresas nacionales, cuando constitucionalmente todas las empresas -sean privadas, estatales, mixtas, nacionales o extranjeras- son iguales ante las licitaciones del Estado, sin embargo el dictamen privilegia a las empresas extranjeras. Con esta ley y ese proyecto de ley jamás una empresa nacional obtendrá una concesión vial.

¿Vamos a legislar para el malinchismo o para favorecer a Nicaragua? Y eso cuando lo comente con compañeros y colegas Diputados de la Alianza Liberal, que son de la Comisión, me dijeron que tenía razón; y cuando les pregunté por qué firmaron: "Es que nos dijeron que era cuestión de partido y de bancada, y que tenía que presentarse de inmediato". Señores, traigo esta denuncia para que nos sirva de reflexión, para que digamos que tipo de parlamento queremos hacer, para que digamos que tipo de leyes queremos hacer. Paso a leer el dictamen minoría:

"Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión de Energía, Construcción y Transporte, con fundamento en los artículos 49 del Estatuto General y 90 y 91 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, presentamos el siguiente Dictamen de Minoría sobre el proyecto de ley denominado "LEY DE CONCESION DE OBRAS VIALES A SOCIEDADES PRIVADAS O MIXTAS", para que previo trámite, sea considerado por el Honorable Plenario de este Poder del Estado.

Concordando con el pensamiento de tratadistas del Derecho Tributario que el peaje es un tributo y que la construcción, rehabilitación, reparación y mantenimiento de las redes viales de nuestro País, en la actualidad se llevan a cabo por la vía de los impuestos, lo que significa que por la vía de los tributos indirectos la red vial está siendo pagada por la población nicaragüense, usuarios y no usuarios. Siendo que el peaje es un tributo directo, consideramos que es valedero considerarlo en las actuales condiciones de Nicaragua, de tal manera que contribuyan de manera directa quienes reciben el beneficio directo de estas redes viales; sin embargo consideramos que la presentación del mismo a través de este proyecto es inadecuado e insuficiente.

En el proceso de dictamen del referido proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, fue evidente que el mismo contiene roces con nuestra Carta Magna, lo que lo hace definitivamente inviable.

Por otro lado, fue consideración de los suscritos que eliminando las inconstitucionalidades, este proyecto de ley en sus disposiciones contenía algunos preceptos que consideramos onerosos, ya que lejos de brindar un beneficio para nuestra población, contribuían perjuicios que consideramos lesivos a la estabilidad y a la economía de nuestro país.

Es importante señalar que en el proceso del dictamen de este proyecto de ley, se presentaron violaciones importantes al Estatuto General y Reglamento Interno de la Asamblea, por cuanto no se consultó a los sectores más importantes por cuanto son los más afectados por esta ley, como son los usuarios y el sector transporte, entre otros.

Es nuestra consideración que el proyecto de ley vulnera flagrantemente nuestra Constitución Política reformada en los siguientes preceptos:

A través de este proyecto se viola el principio de igualdad, ya que no se dan iguales oportunidades de participación para los inversionistas nacionales como a los inversionistas extranjeros.

Estamos convencidos que debe promoverse la inversión de capital extranjero en nuestro país, pero sin detrimento de las condiciones en que invertirán los inversionistas nicaragüenses.

El sistema de cobro de peaje restringe la libre circulación, ya que se da un racionamiento vía precio, sin ofrecer vías alternas a ser utilizadas por los ciudadanos nicaragüenses.

Grandes tratadistas en materia impositiva, han dejado claramente establecido que el peaje es un tributo de los que doctrinariamente se han clasificado como contribuciones especiales, por lo que al establecerse los peajes por la utilización de las vías, es la Asamblea Nacional la que debe mediante ley especial crear cada uno de ellos y no debe dejarse implícito en esta ley, que únicamente trata de crear los procedimientos para las concesiones de la red vial al sector público.

Es también nuestra consideración, que esta ley es insuficiente por cuanto deja vacíos peligrosos que conducen inevitablemente a la discrecionalidad, ilegalidad y al abuso de poder, por lo que hemos considerado que la Asamblea Nacional de Nicaragua debe hacer un máximo de esfuerzo para no permitir la creación de puertas y ventanas por las que se escapa el Estado de Derecho y la legalidad en nuestro País.

Consideramos necesario modificar el texto de los artículos: 5,7,9,12,13,14,16,17,19 y 21. También consideramos necesario la creación de un nuevo artículo que obligue al Estado y al Gobierno de Nicaragua, para que a través del Ente Regulador presente obligatoria y paralelamente vías alternas a los usuarios nicaragüenses y que no se vean coartados en sus derechos fundamentales y constitucionales. Adjuntamos al presente dictamen de minoría, el texto modificado del presente proyecto de ley.

Es por todas las consideraciones y por considerar INSUFICIENTE el dictamen de mayoría elaborado por la Comisión de Energía, Construcción y Transporte que estamos presentando nuestro DICTAMEN DE MINORIA sobre la LEY DE CONCESION DE OBRAS VIALES A SOCIEDADES PRIVADAS O MIXTAS, para su consideración, debate y posterior aprobación en el Plenario, y pedimos a los Honorables colegas su apoyo al mismo.

JORGE MARTINEZ

DIPUTADO

Al contrario del Diputado Castro, yo voy a iniciar leyendo el dictamen de minoría, y después expondré mis motivos y mis consideraciones.

El suscrito Diputado José Alfonso Cuadra García, Miembro de la Comisión de Comunicación, Transporte, Energía y Construcción, disiente del Dictamen de Mayoría del Proyecto de Ley de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas, y emite dictamen de minoría de la siguiente manera:

1) Al Arto. 12 del proyecto de ley dictaminado por la mayoría se agrega el siguiente párrafo en su parte final:

"Las concesiones que sean subvencionadas por el Estado serán aprobadas por ley".

Este agregado se hace en vista de que dichas subvenciones modificarían la Ley Anual de Presupuesto General de la Republica; y de acuerdo con el articulo 112 Cn., se establece que "toda modificación al Presupuesto General de la República, que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencia entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional".

"El reglamento de la ley y el contrato de la concesión establecerá las formulas y el procedimiento para el establecimiento y revisión de las tarifas durante la fase de explotación.

Para el establecimiento y revisión de las tarifas se tomaran en cuenta los siguientes parámetros:

En vista de que se considera el peaje como un tributo y como tal está sujeto a lo establecido del articulo 14 Cn. que textualmente dice: "Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributo", sería extremadamente engorroso para la Asamblea Nacional el estar continuamente estableciendo y revisando por ley dichas tarifas, por lo cual se está incluyendo una lista de parámetros que regirán el establecimiento y revisión de las mismas.

"Las compañías nacionales que participen en el concurso de licitación de obras viales, gozaran de los beneficios en igualdad de condiciones que le señala a las compañías extranjeras el artículo 22 de esta ley".

Se establece esta disposición para otorgarle a los inversionistas nacionales las mismas oportunidades que a los extranjeros, en los procesos de licitación de las concesiones de obras viales.

Por estas razones, el suscrito Diputado emite dictamen de minoría con base al artículo 49 del Estatuto de la Asamblea Nacional y pide que sea aprobado por el Plenario.

Al igual que el colega Edwin Castro no tuve más alternativa para poder emitir opinión, que emitir un dictamen de minoría. Les voy a narrar distinguidos colegas Diputados el procedimiento y las fechas en cómo se fue sacando todo este enredo de tres dictámenes para una misma ley. El 19 de Mayo, en la tarde, aquí en el Mezanine, tuvimos lo que iba a ser la única entrevista para escuchar a los distintos sectores involucrados para que emitieran opinión sobre esta ley, y ese día estuvo presente el señor Vice-Ministro de Transporte -aquí presente con nosotros- y estuvo el Ingeniero Pereira de la Cámara de la Construcción, donde nos dieron algunas recomendaciones, que más que todo eran de forma y que afectaban una palabra o un punto y una coma.

El día 20 de Mayo, cinco Diputados se reúnen, firman un dictamen, a lo cual obviamente ni a los tres Diputados del Frente Sandinista ni a mí, nos notificaron que iban a reunirse para firmar dicho dictamen. Para el 22 de Mayo, yo me di cuenta de que andaban este dictamen circulando y se andan solicitando las firmas; y yo solicite para el 26 de Mayo una reunión de la Comisión, en la cual procediéramos a estudiar artículo por artículo y que todos nosotros pudiéramos proceder a incorporar o a exponer nuestras ideas.

El Diputado Calderón muy amablemente accedió a que tuviéramos esa reunión. Nos reunimos aquí en la salita de conferencias de la Presidencia de la Asamblea, en el tercer piso, y estuvimos presentes -a como dijo Diputado Edwin Castro- el Doctor Silvio Calderón, Presidente de la Comisión, los tres Diputados del Frente Sandinista, el Ingeniero Moreira, que llegó un poco más tarde, y este servidor de ustedes. En dicha reunión, qué desgracia la que tuvimos, que el Diputado Calderón llegó con lo que podríamos llamar un “big stick” (un gran garrote) con cinco firmas y lo puso sobre la mesa, y nos miró a todos nosotros y nos dijo: aprueben, firmen o hagan su dictamen de minoría.

Señores, ésta es una ley demasiado delicada, en la que el mismo pueblo nicaragüense está dividido mitad y mitad, en cuanto a opinar si es conveniente o no y -eso lo hice saber yo ese día en la Comisión-; las encuestas han dicho que la mitad no la quiere. Y así inicié yo mi debate, mi intervención ese día en la Comisión, pidiéndoles que tuviéramos cordura, que sacáramos una ley de consenso, que sacáramos una ley en donde todos estuviéramos de acuerdo.

Pero se nos ha acusado de querer torpedear esta ley y, obviamente a todas luces, ustedes pueden ver que mi dictamen de minoría lo único que trata de hacer es mejorar la ley; no hemos en ningún momento intentado torpedear esta ley, creemos que es justa y es necesaria para darle un buen mantenimiento a las carreteras. Sólo he afectado yo tres artículos del proyecto del dictamen de mayoría, y eso no es, señores, torpedear la ley, pero se nos ha acusado de eso y es falso. Lo que hemos querido todos nosotros es mejorar la ley y poderle dar garantías al inversionista, de que esta ley va a tener permanencia en el tiempo, y que dentro de cuatro o cinco años no va a venir un nuevo gobierno y una nueva mayoría en esta Asamblea Nacional a cambiar las reglas del juego. Eso es lo que está en juego ahorita señores, pensemos bien lo que estamos haciendo.

Habla el diputado Calderón, en el dictamen que emite, de que se consultaron los sectores tanto públicos como privados, siendo estos las máximas autoridades del Ministerio de Construcción, de Transporte, así como también del Presidente y directivo de la Cámara de la Construcción. Un directivo y un Vice-Ministro, eso fue todo lo que esta Comisión entrevistó para pasar un proyecto de ley que va a afectar el bolsillo de todos los nicaragüenses; es insuficiente esa cantidad de entrevista, aquí teníamos que haber entrevistado a mucha gente más, a ganaderos, a agricultores, a comerciantes, teníamos que haberlos llamado a expresar opinión.

Se habla también más adelante en el dictamen, de que no contradice normas constitucionales. Falso. Sí las contradice, y voy a arrancar por la primera, que es el artículo 112 de la Constitución. Las concesiones son de tres tipos, a como están planteadas aquí: Las gratuitas, las onerosas y las subvencionadas. Las subvencionadas, señores, significa de que habrá una derogación de parte del ente regulador o del Ministerio de Construcción y Transporte para poder lograr que sea de alguna manera rentable la carretera para el concesario, y esto afecta el Presupuesto General de la República, queramos o no, y si no tenemos firmado un contrato de concesión, ¿cómo vamos a saber con cuánto vamos a afectar ese Presupuesto? No existe manera. Por lo tanto no podemos incorporarlo en el Presupuesto.

Entonces ¿qué significa esto? Tenemos que aprobar esas concesiones subvencionadas, por ley tiene que venir a esta Asamblea Nacional esas concesiones subvencionadas para que nosotros los Diputados de la República de Nicaragua procedamos a aprobarlas una por una. Por otro lado, son muy peligrosas esas concesiones subvencionadas, porque son objeto de mucha discrecionalidad de parte del ente regulador o del Ministerio de Construcción y Transporte, y pueden sujetarse a malos manejos y a irregularidades, y por mayor transparencia nosotros debemos traerlas aquí, por lo menos las subvencionadas que vengan aquí a la Asamblea Nacional para ser aprobadas y ser escrutiniadas por la Asamblea Nacional. Y no hay contradicciones con las normas constitucionales.

El mismo Ministerio de Construcción y Transporte como ha adelantado el Diputado Castro, en un estudio que ese día (perdón), el viernes siguiente a la reunión que tuvimos nos entregó a ciertos Diputados un estudio en el cual establece y define de que el peaje es un tributo, y ya hemos visto en la Constitución de la República, en el artículo 114, que dice: “corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. El sistema Tributario debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de las rentas”. Es el artículo 114 de nuestra Constitución de la República, y el mismo Ministerio de Construcción y Transporte está dispuesto y reconoce en un documento oficial que es un tributo el peaje.

Señores, tendríamos que traer a esta Asamblea Nacional todas esas tarifas y esos peajes que van a cobrar para que sean aprobados en esta Asamblea Nacional, por nosotros los Diputados. ¿O vamos a seguir violando las normas constituciones? ¡Vamos a seguir violando este documento que es la Ley Máxima de todos nosotros? Y en el dictamen de mayoría no se establecen ni los más mínimos parámetros para poder decir bajo qué criterios se van a fijar los tributos. Señores, se le deja totalmente la autoridad al Ministerio de Construcción y Transporte para decidir cuánto se le va a cobrar a los nicaragüenses por transitar por las carreteras, y es incorrecto.

Finalmente voy a haber referencia a otra norma constitucional, a otro artículo de la Constitución que viola esta ley, y es la igualdad de condiciones de todos los nicaragüenses ante la ley y ante las oportunidades. Aquí en esta ley, -a como las tiene el dictamen de mayoría-, se da preferencia a los inversionistas extranjeros sobre los inversionistas nacionales. Tratamos en la Comisión de que incorporáramos un componente que obligara a los inversionistas extranjeros a que se asociaran con inversionistas nacionales para lograr transferencia de tecnología, y nos fue rechazado de tajo eso.

Y no lo incorporé en el dictamen de minoría por una sencilla razón; para que no creyeran ustedes señores Diputados, que estábamos torpedeando la inversión extranjera, entonces decidí dejarlo libre, que si querían venir los extranjeros, que vinieran ellos solos a invertir. Pero lo preferible sería tener esa transferencia de tecnología, tecnología que es necesaria aquí en Nicaragua; pero se nos dijo ese día: “o firmás o haces lo que vos querrás” ese 26 de mayo.

Finalmente quiero hablar un poco y decirle al Diputado Calderón, que su intervención anterior decía que no existen facultades discrecionales en este dictamen. Vamos totalmente en contra del espíritu de la Ley de Justicia Tributaria aquí. ¿Tiene total y absoluta discrecionalidad el Ministerio de Construcción y Transporte para fijar las tarifas? Tiene total y absoluta discrecionalidad el Ministerio de Construcción y Transporte de decir qué carreteras van a ser subvencionadas, cuáles se van a entregar gratuitamente y por cuáles se le va a cobrar al concesionario participación.

Lo que nosotros hacíamos en la Ley de Justicia Tributaria en Mayo, lo venimos deshaciendo en esta ley de injusticia de peaje.

Somos de una sola línea, o vamos en una sola línea en esto; ¿queremos verdaderamente evitar las discrecionalidades o queremos estar jugando el doble juego? Donde me conviene pongo la discrecionalidad, y donde no me conviene no la pongo. La discrecionalidad señores, se debe eliminar al máximo y eso es lo que proponemos en este dictamen de minoría.

Gracias a mi hermano Diputado Edwin Castro; gracias hermano Diputado Jose Cuadra, por sus brillantes intervenciones, que tal vez hubieran obtenido el grado de excelencia si hubieran sido más veraces. La verdad es que el trasfondo es político y quieren de una manera, -no manejaron el discurso bien- trasladarlo a una falta de conducción personal con carisma autoritario. Y digo que es político, porque los liberales somos francos, no tenemos mancha y así lo indica nuestro símbolo.

Es político, porque tanto José Cuadra, como conservador, y mi hermano Edwin Castro, con carácter muy controversial por cierto, que no es necesario convencerlo… (CORTE DE CINTA ORIGINAL)... técnicamente los alcances para que nos explicaran los procedimientos y para que nos hicieran las observaciones frente a nuestras inquietudes; habiendo tenido tanto el Ingeniero Edwin Castro, como el Ingeniero José Cuadra, gran anuencia en las exposiciones, gran participación en las exposiciones y manifestaron haber quedado claros del proyecto. Alii mismo estuvo también el Presidente de la Cámara de la Construcción del COSEP, y evidentemente respaldo esa ley; y si queremos hablar de sectores inversionistas, donde no encontró lo que usted dijo, Diputado Cuadra, desventajas entre el inversionista nacional y el inversionista extranjero.

La posición del Ingeniero Edwin Castro, por la madurez política -no digo del Frente Sandinista porque quizás en ese momento no representaba esa posición, prefiero circunscribirla al Diputado Edwin Castro- se gana un galardón por su carácter controversial; que el para encontrarle viabilidad a este proyecto quiere mandar a que el Gobierno de Nicaragua construya paralelamente al proyecto de desarrollo de las obras viales otras carreteras, para que no roce con el principio constitucional de la libre circulación. Qué sentido tiene entonces el estar aprobando una ley donde queremos fomentar la inversión extranjera, la inversión nacional, para que el Estado no invierta sus recursos públicos y que pueda permitirle financiar otros programas sociales, estar a la par del privado construyendo trochas; mejor que se haga cargo de la construcción directamente. Eso sí es disparate.

Pero evidentemente son las posiciones que encuentran elementos comunes entre ellos dos. Y para recordarles que no hay tal carácter dictatorial, honorables Diputados, que los Estatutos y el Reglamento de la Asamblea y la misma Constitución que tanto les encanta exaltarla -les ruego que en sus tiempos libres refresquen sus conocimientos- establecen como procedimiento que cuando se conforman las Comisiones, se mantiene el principio del pluralismo político, que en efecto se da en nuestra Comisión. De nueve, están liberales, están conservadores y están sandinistas, y en el caso de no tener puntos coincidentes les confiere el derecho para que los políticos disidentes del que gobierna puedan tener el derecho de presentar sus disidencias a través de un dictamen de minoría.

¿Dónde está el espíritu dictatorial, honorables Diputados? Si es lo que ustedes hicieron, hacer uso de ese derecho, y vienen a lamentarse porque están haciendo uso de ese derecho. Quizás en los corredores me expliquen sus razones emotivas que los indujo a hacerlo en el Plenario. Por otro lado, dentro de la misma formación técnica de la ley, honorables Diputados, en sus dictámenes de minoría tienen ustedes la oportunidad de hacer prevalecer y ganar sus criterios, modificando, suprimiendo artículos; cuando entramos a la fase de la discusión en lo particular de la ley, ahí tienen otra opción.

Por qué vienen con semejante mentira a querer crear un concepto, como que el dictamen de una Comisión es el que va a prevalecer en el espíritu de nosotros los liberales, con los 93 que los constituiríamos. No es verdad. Atribuyo que eso es un error consignado a las coincidencias políticas que tienen.

Vamos a suspender esta discusión, la vamos a dejar y se les sugiere que la Comisión logre consensuar algo. Ya hablaron todos, no hay mucho consenso en esto y no vamos a terminar nunca esta discusión. Ya se tomó la decisión, la siguen cuando discutamos esto.

CONTINUACION DE LA SESION ORDINARIA NUMERO DIEZ DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DIA VEINTISEIS DE AGOSTO DE 1997. (TRECEAVA LEGISLATURA).

Vamos al siguiente punto, que de acuerdo con la Junta Directiva volvemos a la Agenda original, la matriz, y ese es el Punto III, y corresponde al Punto 3.2 arábigo, que es la LEY DE CONCESIONES DE OBRAS VIALES A SOCIEDADES PRIVADAS O MIXTAS.

Señor Secretario… ¿Ya fue leído? Entonces vamos a entrar al debate en lo general, porque ya fue leído.

En la última Sesión, antes de salir de vacaciones, se había sometido a consideración el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de Ley de Concesión de Obras Viales, y en ese momento ese dictamen estaba asistido por dos dictámenes de minoría, uno por parte del Frente Sandinista y otro por parte del Partido Conservador que lo Integra el Ingeniero José Cuadra. Se había discutido acerca del contenido del mismo y no se tuvo la oportunidad de ser votado. Posteriormente al regreso de vacaciones, por instrucciones de mi partido, la Alianza Liberal, tuvimos varias sesiones de trabajo con el Ingeniero Edwin Castro del Frente Sandinista y con el Ingeniero José Cuadra del Partido Conservador, para efectos de ir buscando algún acoplamiento sobre aquellas disposiciones que consideraban que estaban muy diminutas, en relación a la magnitud de la ley y en relación a la protección de los intereses del Estado de cara a las concesiones en manos de los particulares.

Dichosamente logramos consensuar en su totalidad con el Ingeniero José Cuadra, y estuvo ahí también presente en una audiencia especial la Comisión en pleno con el Vice-Ministro de Transporte, Ingeniero Pablo Hurtado, y con él logramos hacer las adaptaciones necesarias para poder -por lo que hace al Partido Conservador- llevar el consenso de las disposiciones que sugerían. Y con el Ingeniero Edwin Castro, pues también bastante adelante logramos consensuar muchas disposiciones en las que también tenían algunas inquietudes.

Tanto la Comisión en pleno, la cual la integran también el Ingeniero Edwin Castro y el Ingeniero José Cuadra, estamos totalmente convencidos de la eminente necesidad y urgencia de que esta ley sea aprobada, para poder dotar al Ejecutivo y a Nicaragua de una ley que por la vía de la concesión, jugando en igualdad de condiciones los participantes privados y nacionales en cuanto a privilegios se requiera, pudieran llevar a cabo el mejoramiento de nuestras vías o de nuestras redes viales a nivel nacional.

Algunas consideraciones hicieron ver que cualquier gobierno que ostentare el poder se va a ver siempre con la inminente imposibilidad de poder dotar de grandes cantidades, millonarias cantidades de recursos públicos, para efectos de llevar a cabo tan cuantiosas obras y realmente darle la oportunidad a los privados, para que por la vía de la concesión -vista esta como una tasa, la concesión de recuperación, una tasa revolvente de recuperación de su capital invertido- pudieran obtener al cabo de cierto tiempo, el cual no podrá exceder de treinta años, la recuperación de su capital invertido.

Por otro lado le dábamos la oportunidad al Gobierno de Nicaragua -indistintamente del partido que lo llegue a ostentar en un futuro y más aún en el presente- de que esos recursos, lejos de ser invertidos en la infraestructura vial pudieran ser destinados a otras áreas sociales más fundamentales como la educación, la vivienda, la salud entre otros. También consideramos que se le daba la oportunidad a los transeúntes, dueños de vehículos y los que en ellos circulan, se les daba una mayor seguridad por lo que el nivel de riesgos de accidentes de tránsito se disminuían rotundamente, y por otro lado se les conservaba en un mayor estado óptimo sus vehículos en relación a un acelerado proceso de depreciación, como se está llevando a cabo hoy por las condiciones en que nuestras redes viales se encuentran.

Eso de la privatización de las redes viales ha tenido algunas consideraciones en unos países con buen suceso, en otros países con menos suceso; pero realmente nosotros, si bien es cierto que estamos obligados a echar la vista hacia la experiencia de otros países, también es cierto que debe ser cada experiencia un catecismo que debemos retomarlo de manera sacramental, porque las condiciones políticas, económicas y sociales del país son totalmente distintas entre unos y otros, y valdría la pena no hacer énfasis en situaciones que realmente podrían ser para nuestro país algo superable fácilmente y por qué decirlo también podría ser para nuestro país de mayor dificultad para resolverlo.

Pero realmente cualquiera de estos dos resultados, solo con el esfuerzo de la implementación de este proyecto, vamos a evaluar el resultado final de nuestras buenas intenciones. Los países de América Latina han tornado esta nueva iniciativa, conscientes de que después de venir invirtiendo periódicamente el 43 por ciento del PIB en la construcción de carreteras, no tienen la capacidad y disponibilidad financiera para llevar a cabo su mantenimiento. Entonces, estamos hablando de que la inversión es tanto de construcción como de mantenimiento, ambas actividades significaran para los gobiernos cualquier cantidad de dinero.

Es por ello señor Presidente y honorables Diputados de las distintas bancadas, que como Presidente de la Comisión de Transporte, Construcción, Energía y Comunicaciones, les pido que respalden el proyecto tal como ha sido consensuado por la vía de la modificación; y que también elevemos nuestros mejores conocimientos, nuestras mejores inquietudes para poderlo fortalecer, y ojalá podamos nosotros aprobarlo el día de hoy para que ya nuestra Nicaragua pueda gozar de nuevas carreteras y nuestros nicaragüenses puedan transitar en ellas con una mayor seguridad, tanto ellos como sus familias.

Vamos a ver si ahora funciona y no se me apaga como en la semana pasada. Ya el Diputado Calderón más o menos expulsó lo que ha ocurrido en las últimas semanas con esta Ley de Concesiones de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas, y es que hay que reconocer, así como nosotros venimos ante esta magna Asamblea y señalamos los desaciertos, también hay que señalar las cosas que son correctas, y obviamente el proceso que se realizó en las últimas tres semanas ha ido en el camino correcto, en el camino del consenso, en el camino de darle mayor estabilidad a esta ley.

Nosotros estamos extremadamente contentos con el resultado de ese consenso, creemos que se ha fortalecido la ley, que se le ha dado más cuerpo y se le ha dado mayor permanencia en el tiempo. Las objeciones que hablamos en nuestro dictamen de minoría no tienen razón de ser en este momento, tienen una serie de mociones que hemos consensuado y con las cuales -algunas de ellas- el Diputado Castro ha señalado estar de acuerdo; por mi parte el dictamen de minoría ya no tiene razón de ser, por lo que estaríamos retirando dicho dictamen en favor del dictamen de mayoría.

En los últimos dos meses hemos estado abordando este polémico proyecto de ley denominado "Ley de Concesiones Viales a Empresas Privadas o Mixtas", y efectivamente se habían presentado tres dictámenes: un dictamen de mayoría de la Comisión, un dictamen de minoría presentado por el Diputado José Cuadra, y un dictamen de minoría presentado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nosotros como bancada del Frente Sandinista vamos a mantener nuestro dictamen de minoría, porque consideramos que aun cuando en algunos aspectos del anteproyecto de ley hubo alguna coincidencia, se mantienen los puntos esenciales y sustantivos que afectan a la población nicaragüense en cuanto a este proyecto de ley.

Ahora se está vendiendo la idea de que el peaje es una tasa, pero nosotros tenemos a mano un estudio que realizara el Ministerio de Construcción y Transporte -de la Unidad Coordinadora de Programas- denominado Estudio Marco-Jurídico y Factibilidad Financiera para la Concesión de Mantenimiento o Rehabilitación Vial, para el proyecto de Ley de Concesiones Viales a Empresas Privadas o Mixtas. Este estudio fue realizado en Enero de este año 1997, por Lois Berger Internacional, y en una definición histórica llegaron a la conclusión de que el peaje es un tributo, y esta Asamblea Nacional no puede estar creando más tributos que vienen a afligir a los nicaragüenses.

Me voy a permitir leer textualmente lo que el punto 4.12 de este estudio respecto al peaje, dice: "El peaje en el marco histórico tributario. El peaje es un tributo cuyas peculiares características hacen innecesarias una consideración especial". Y se refiere a las acepciones más antiguas en general y a la definición. Entonces, el mismo estudio del MCT, dice que el peaje es un tributo, en la última reunión que compareció el Vice-Ministro de Construcción y Transporte, Ingeniero Pablo Vigil. Porque el Ingeniero Pablo Vigil dijo que había sido un error de los consultores, que había sido un error de los doctrinarios el haber concluido que el peaje era un tributo.

Pero además de las concepciones doctrinarias, nosotros consideramos que este anteproyecto de ley viola y roza en la Constitución Política, en el artículo 31 constitucional, que se refiere a que los nicaragüenses pueden circular libremente por el territorio nacional; y en este proyecto de ley al no ofrecerse vías alternas para la circulación de los nicaragüenses que no quieran usar los tramos concesionados, no se ofrece ninguna vía alterna porque a consideración del MCT, no existen las condiciones de crear vías alternas. Sin embargo al no crear vías alternas, deja indefensos a todos aquellos nicaragüenses que no tengan la capacidad de pagar el peaje.

El otro aspecto de fondo del anteproyecto de ley, que aparentemente quedo consensuado, es el relacionado a que no se ofrece igualdad en las concesiones a las empresas nacionales y a los extranjeros, hay una marcada desigualdad a favor de los inversionistas extranjeros. Por estas razones y otras que mis compañeros de bancada van a exponer, es que nosotros mantenemos el dictamen de minoría y nos reservamos el derecho de presentar en la discusión en lo particular las mociones correspondientes a ese articulado, en las cuales el Frente Sandinista deja sentada su posición. Por tanto, estamos manteniendo nuestro dictamen y oponiéndonos al dictamen de mayoría aparentemente consensuado.

El discutir y exponer puntos de vista en una Comisión, no necesariamente debe ser presentado como un consenso, o si llegara la determinación de que tenemos un disenso claramente establecido, es consenso, pues consensamos. No podemos definitivamente apoyar el dictamen presentado por el Doctor Calderón por las razones expresadas por el colega Jorge Martínez, que me antecedió. Pero quería hacer hincapié en algo que es el problema donde tenemos un disenso fundamental, y es a como está presentando el dictamen y a como pretenden presentarse las mociones que se tienen en esta ley, la obligatoriedad de pago para trecho de carreteras que así se determinen; obligatoriedad que a todas luces roza con normas y derechos constitucionales.

Aunque aquí el Vice-Ministro Hurtado y algunos asesores han tratado de plantear el hecho de poner una contribución por circulación, que según el mismo estudio realizado por el MCT es un tributo, y lo dice un estudio del MCT que concluye que el peaje no es nuevo, viene desde la época de los romanos; es un tributo y ellos lo concluyen así. Y si es un tributo, dice la Constitución reformada en 1995, que los tributos son facultad indelegable de esta Asamblea; además dice la Constitución, que los nicaragüenses tenemos derecho a una libre movilización.

Los abogados han tratado de convencernos que el hecho de pagar no impide la circulación. Si ellos mismos concluyen que es un tributo y que no tenés otra opción más que pagar si querés pasar, porque no contempla ninguna posibilidad de rutas alternas en los trechos donde se establezca el peaje, definitivamente no podemos apoyar un dictamen de esa manera, aunque en algunas otras cosas se hayan acercado en algunas posiciones. Porque lo que estaríamos haciendo aquí señores Diputados, es gravando a la población, es gravando al transporte colectivo que hoy está en crisis en este país.

En el Norte o en el centro del país, un sinnúmero de transportistas al margen de signos políticos están en franca protesta por la falta de ordenamiento; crisis de transporte que este Gobierno no ha resuelto; crisis de transporte que este Gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de resolver, cuando tuvo por más de sesenta días una mesa de discusión sobre el problema del transporte en el país, y que unilateralmente el Gobierno la cerró y hoy están los problemas en la población y en el sistema de transporte. A esto le queremos agregar el día de hoy una nueva tributación que afecta precisamente a los pobres de este país, porque al hacer eso se va a elevar el transporte colectivo obligatoriamente y el pasaje tendrá que elevarse.

Es por eso colegas Diputados que llamo a la reflexión, para que no nos apresuremos a tomar una decisión equivocada. Yo le entregué a la Comisión y a algunos miembros de la Comisión un análisis hecho el 14 de Julio en Costa Rica -y al cual don Silvio Calderón se refirió en alguna manera- en donde se llamaba la atención de que leyes de este tipo aprobadas en América Latina, estaban en serios cuestionamientos y en serios conflictos, y en vez de contribuir a la inversión privada estaban frenando la misma inversión.

El Doctor Calderón planteaba que los ejemplos de otros países y las experiencias no son catecismo ni son dogmas, es correcto; pero hay que analizar y hay que ver que el agua tibia no se inventa, se usa; y si aquí queremos inventar el agua tibia cerrándonos a las experiencias de países como México, donde es un fracaso este sistema, cerrándonos a la experiencia de Costa Rica, donde hoy están frenadas las licitaciones de concesiones, por roces constitucionales en la Sala IV, y cuando en toda Europa los viajes establecidos son con rutas alternativas. Por eso es que llamo la atención, para que tomemos con suma delicadeza el aprobar el dictamen presentado por el Doctor Calderón; y solicito que esta honorable Asamblea Nacional rechace el dictamen presentado por el Doctor Calderón, por las razones antes expuestas.

Realmente es preocupante que una ley o un anteproyecto de ley como este tan importante, tan transcendental para la vida futura de nuestro país, no .haya sido ampliamente consultado con los sectores correspondientes, tal y como "mandatan" los procedimientos internos de la Asamblea. Y quiero decir que en este anteproyecto de ley, la idea de poner condiciones a sociedades privadas o mixtas para la administración, mantenimiento y ampliación de obras viales no es nueva; aquí ya se ha dicho que han habido experiencias en otros países y que han resultado provechosas en países que tienen cierto nivel de desarrollo, porque al momento de otorgar las concesiones de sus redes viales estas no estaban en lamentable estado de deterioro como se encuentran las nuestras.

Esta iniciativa que hoy estamos discutiendo, ha sido descartada en otros países de América Central -como aquí bien se dijo- y también en México; y ha sido descartada por posibles empresas interesadas, debido a la necesidad de inversiones de grandes capitales y las pocas perspectivas de recuperación de las mismas. En nuestro País casi el 80 por ciento de las redes de comunicación vial se encuentran en un estado lamentable, incluidos los puentes, las carreteras, etc.; la vida útil para la que fueron diseñadas se venció hace muchos años, al igual que su diseño técnico no cumple con los mismos requisitos de seguridad para el tipo de transporte actual.

Es por eso que no se puede hablar de reparación y mantenimiento sino de una reconstrucción casi total, lo que implica enormes volúmenes de inversión. Como bien se señala en la Exposición de Motivos de esta iniciativa de ley, el crecimiento de la flota vehicular en nuestro país acelera de forma constante el deterioro de nuestras carreteras; pero como también se reconoce, el aporte que este volumen de tráfico producirá en cierto número de años -quince, veinte, veinticinco- será insuficiente, lo que obligaría al Estado a subvencionar las inversiones.

Se plantea dar a la iniciativa privada concesiones donde las condiciones de rentabilidad de las obras lo permitan; o sea señores Diputados, entregar las pocas vías en regular estado, donde el peaje pueda ser rentable. Y yo me pregunto, ¿Por qué no asume el Gobierno y reinvierte las utilidades en ampliar y mejorar el sistema vial en otras áreas? En el Capítulo III, artículo 12, se establecen tres modalidades de concesiones; a título oneroso, gratuita y subvencionada por el Estado. Sin embargo, anteriormente se ha reconocido que el aporte financiero del cobro del peaje será insuficiente en un plazo intermedio, lo que deja como única opción la subvención por parte del Estado.

Señores Diputados, yo pido una reflexión para que no nos apresuremos a aprobar un proyecto de la envergadura de este que estamos hoy discutiendo y que efectivamente le demos tiempo a una consulta adicional; porque todas y todos los nicaragüenses estamos de acuerdo en que debemos mejorar nuestra estructura vial, sin embargo tenemos que ser responsables en esta Asamblea, para que efectivamente el pueblo no se vea perjudicado y que los recursos que el Estado tiene no sean dilapidados de la forma en que esto está siendo presentado.

A un adefesio del Doctor Calderón, Presidente de la Comisión, vamos a tener que oponernos. Aunque él le llame a eso boicot, pero nos vamos a tener que oponer a la ley y al dictamen que está presentando el Doctor Calderón, a su Ley de Concesión de Obras Viales, porque simplemente aquí en Nicaragua los liberales están queriendo adoptar cosas que en el mundo ya vienen para atrás, ya han fracasado y que están siendo corregidas precisamente por uno de los grandes errores que tiene este proyecto de concesión vial, que es subvencionar a la empresa privada.

Aquí yo les quiero poner el ejemplo que sucedió hace apenas tres días en la hermana República de México, donde esta propuesta que ahora nos trae el buen amigo Calderón ha sido ya un completo fracaso; y el Gobierno mexicano -Doctor Calderón, quisiera que pusiera un poco de atención- está asumiendo deudas del sistema carretero privado por diecinueve mil millones de pesos, precisamente por la propuesta que usted nos está trayendo, porque los mexicanos cometieron el error de subvencionar a la empresa privada en la construcción de las carreteras y simplemente dárselas después en administración.

Esa es la razón por la cual no podemos nosotros ahora venir a aprobar un sistema que ya ha fracasado y que supuestamente aquí nos lo habían puesto como la panacea, como la solución al problema de las carreteras en Nicaragua. Este dictamen de mayoría presentado por el Doctor Calderón, trae el garrafal error de pretender subvencionar a la empresa privada para la construcción de obras viales, por lo tanto este Plenario debe rechazarlo y en todo caso modificar esa parte o enviarse nuevamente a la Comisión, para que vean las experiencias y nosotros no cometamos esos errores; y no vengamos después con el dinero de los contribuyentes a solucionar el problema que van a traer estas concesiones de obras viales que definitivamente van destinadas al fracaso.

Es por eso señores Diputados, señores del Plenario, de la Junta Directiva, que vamos a oponernos al dictamen de mayoría y a apoyar la propuesta presentada por la bancada nacional que presentó el Diputado José Cuadra.

Es para dar mi apoyo al dictamen del honorable Diputado don Silvio Calderón, debido principalmente a que provengo de un Departamento mártir en cuanto a carreteras se refiere. En la actualidad las unidades de transporte del Departamento de Jinotega, con sus respectivos propietarios y transportistas se encuentran en un paro, y no solamente por el problema de índole nacional, sino específicamente por el problema que significa el mal estado de las carreteras de ese rico Departamento, cuya suerte debería ser completamente distinta, dado que es de donde proviene la mayor parte de alimento, sin mencionar las divisas que genera el café.

Cuando he escuchado que se habla de tributos a pagar, yo también invito a la reflexión a los honorables colegas de la bancada del Frente Sandinista y demás amigos de las otras bancadas, para que meditemos; y realmente yo invito a que quitemos a nuestros pueblo nicaragüenses, a los transportistas, a los productores, a los usuarios en general, de una vez por todas el obligado tributo por pasar o circular por pésimas carreteras. Si hablamos de obligación de pagar, reitero, les invito a que pensemos cuanto nos cuesta a nosotros circular en las pésimas carreteras que desgraciadamente son la radiografía de nuestro país, especialmente del Departamento de Jinotega.

Insisto, trasladarse de la cabecera departamental de Jinotega -por poner un ejemplo- a San Rafael del Norte, veintitrés kilómetros apenas, significa hora y media de viaje para los transportistas, para los usuarios, viajando en camiones porque son las rutas, son los vehículos apropiados para tan malas vías. Y he puesto el ejemplo más céntrico y más al alcance para quienes quieran comprobarlo in situ; no les invito a visitar por ejemplo del empalme de la Docha a la Pita del Carmen, porque sería demasiada grosería invitarles a que conozcan semejante tortura que significa para los habitantes transitar en esas pésimas condiciones.

Jinotega, desde 1954 -ya casi medio siglo- apenas tiene quince kilómetros mal pavimentados entre Matagalpa y Jinotega, lo que ha significado que la crisis de transporte, la crisis de pésimas carreteras que afronta nuestro país no es un mal nuevo, es un mal que nosotros venimos arrastrando desde muchas décadas atrás, y que hoy en día esta ley es el significado de una apertura y de una probabilidad de solución. Cuando se habla de inversión de la propiedad, privada o mixta, a mi como liberal me alegra pensar que la propiedad privada va a invertir su capital y darle el real sentido de proyección social; y ya no será un capital que piense en su beneficio personal, sino que tomará el riesgo de invertir en Nicaragua para beneficio de nuestra sociedad.

Por eso yo aplaudo esta iniciativa de ley, este proyecto, e instó a los amigos, a los colegas Diputados a que lo aprobemos, porque significa una esperanza real de transformación de esa crisis que hemos señalado. Y en cuanto a economía, insisto en que debemos quitar el obligado tributo que sí pagamos en combustible, en llantas, en deterioro de nuestros vehículos, y sobre todo en la inseguridad que significa viajar en las actuales circunstancias por nuestras carreteras; y es una economía real, porque nadie va a decir que el costo que se va a implementar, el costo del transporte se va a disminuir; no tendrá lógica ni tendría aprobación ningún aumento en las tarifas de transporte.

Por tanto, yo quiero instarles de nuevo a que aprobemos esta ley, que significa una esperanza de transformación para la realidad de nuestras vías y carreteras nacionales.

Se le concede la palabra al honorable Diputado Nelson Artola Escobar. Terminamos el debate con el honorable Diputado René Aráuz López, que es el último inscrito aquí en la pantalla.

Yo he estado tratando de camuflar, he estado tratando de justificar con diferentes nombres algo que en el lenguaje nicaragüense, con esta propuesta que está haciendo la Alianza Liberal se llama, "privatización de las carreteras y nuevos impuestos para el pueblo". Esa es la lectura popular que hay que darle a esto y hay que estarla matizando de diferentes maneras, porque aquí no se puede engañar a nadie. Y quiero pedirle al señor Secretario que haga uso de sus funciones, no tenemos ahorita instalado el quórum necesario, la fórmula necesaria de funcionamiento de la Junta Directiva; me reservo la palabra para cuando tome lugar el Secretario. Es un irrespeto a los Diputados en general.

Gracias, Presidente en funciones, que ya puso el orden allí en la Mesa Directiva.

Decía que hay un esfuerzo aquí en la bancada liberal, de ponerle nombre diferente a lo que tiene un nombre claro y real. Con esta propuesta que se está haciendo en esta Ley de Concesión de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas, se están privatizando las carreteras; es la creación de un nuevo impuesto. Alguien decía ahí que las carreteras están en mal estado, que se deterioraran los vehículos con la misma circulación por el estado que tienen las actuales vías en nuestro país, pero se olvidan de que el mantenimiento, la reparación y el estado óptimo que deben tener las carreteras en nuestro país es una obligación del Estado; ahí está una expresión de lo que debe ser la correcta aplicación del conjunto de impuestos que pagamos los nicaragüenses para que el Estado asuma la función que le corresponde en relación a este rubro.

Es increíble cómo en esta propuesta se viene violentando la Constitución Política nuevamente; la Carta Magna no sirve de conductora ni de guía para la convivencia social, económica y política de los nicaragüenses. No hay manera de hacer reflexionar a la bancada liberal para que respeten la Constitución Política. Con esta propuesta están golpeando profunda y peligrosamente el principio de igualdad entre todos los nicaragüenses, porque vamos a tener carreteras de pobres y carreteras de ricos con este proyecto que se pretende aprobar el día de hoy.

La libre circulación, que es un principio consignado en nuestra Carta Magna, va a ser fuertemente golpeado con esta propuesta; no cas a poder circular si no tenés el pago para el peaje, para este nuevo impuesto. ¿Por dónde van a circular los que no tengan posibilidades, porque no tienen para pagar nuevos impuestos? Esta es la gran pregunta que hay que dejarles a los que proponen esta iniciativa: ¿De dónde va a sacar más reales el pueblo si ya no tiene? Este proyecto viene a ser el proyecto que le va a sacar la última gota de sangre que tiene el pueblo de Nicaragua, y así hay que decirlo de manera clara; ya el pueblo no tiene más que sacarse, y viene con un nuevo impuesto y se justifica de diferentes maneras que es viable, que es necesario, pero el pueblo ya no lo soporta.

Fíjense qué increíble, sólo falta que aquí en Nicaragua se nos comience a cobrar hasta el oxígeno que respiramos. No sería remoto que con esta iniciativa, de repente el Alcalde de Managua también -con estos ejemplos que está dando la Alianza Liberal- comience a cobrar impuesto hasta por visitar Managua a los que no somos de aquí; yo creo que no estamos largo de este tipo de impuesto también en este país, a los que somos de otros Departamentos de repente se nos va a cobrar por entrar a Managua. Decían por ahí que como que anda flotando ya un proyecto de esta naturaleza en el gobierno municipal de aquí con el corazón abierto y la mente apuntando hacia el futuro, una delegación que nos hace reflexionar.

Una delegación que nos compromete a trabajar por el futuro de Nicaragua y sobre todo por los pobres, que es la delegación de niños pobres que recibimos aquí del barrio Acahualinca. Mientras ellos no estaban pidiendo con sus mentes infantiles, con sus mentes sanas, con su visión hacia el futuro, que hiciéramos algo por su situación de gravedad integral que tienen de maltrato, de abandono, de menosprecio en este país, exigiendo con urgencia que aprobemos el Código de la Niñez; nosotros les respondemos aquí o le está respondiendo la bancada liberal –inmediatamente que se fueron- con más impuestos para sus padres con más impuestos para sus hogares, para hacer más rápida la agonía de estas familias pobres de Nicaragua.

No son consecuentes los de la bancada liberal con el discurso y su ego, los recibimos con bombos y platillos y los despachamos con otra esperanza, más impuesto y este pueblo ya no aguanta más. En vez de estar legislando aquí, qué vamos a hacer por el empleo de los padres de estos niños, sus rostros y sus ropas decían claramente y sin palabras, el estado físico en que viven como sociedad. Pero ni eso nos sensibiliza y por el contrario, lo que están haciendo aquí es clavándole un puñal más a la escuálida situación económica de la familia nicaragüense y especialmente de esas familias pobres que ya no aguantan más en este país.

De tal manera que me pronuncio en contra totalmente de este nuevo impuesto, de esta nueva privatización que ya se está dando hasta en las carreteras; la experiencia dice que este tipo de concesiones a empresas privadas o mixtas no dan solución, ahí está el retrato de México, ahí lo tenemos cerca, producen petróleo y ni siquiera han podido solventar el problema del mantenimiento de las carreteras, mucho menos Nicaragua. Yo me pregunto finalmente, después de rechazar totalmente este proyecto, quién va a controlar, quién va a supervisar la andanada de millones de córdobas que van a andar circulando por debajera en las concesiones que se esperan concentrar con este impuesto y con esta privatización de las carreteras.

Quiero referirme brevemente al problema de constitucionalidad que se ha presentado sobre esta ley en el debate en lo general, muy interesante, pero creo que no son aplicables para esta ley que se está presentando.

En primer lugar esto no es un impuesto, el impuesto es algo que el ciudadano paga a cambio de nada, son recursos en virtud de los cuales el Estado vive y se desenvuelve. Esto es simplemente una tarifa por un servicio prestado, se señala un precio para un servicio que se da, hay recíprocas prestaciones tanto del que tiene la concesión como del que usa el servicio, y eso no se opone a la Constitución en cuanto a la creación de los impuestos.

En segundo lugar, yo no creo que exista ese roce con la libre circulación, y si eso existiese lo soluciona el principio de razonabilidad de la ley que lo establece el artículo 24, que dice: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”. Con estas concesiones que se están dando lo que se quiere es que este país tenga facilidades de transporte, tenga facilidades para su desarrollo económico, su desarrollo social, y esto prevalece, si acaso es que se restringe en cierta forma el derecho de circulación, porque así lo dice expresamente y eso es lo que se llama la razonabilidad, y eso se da en todos los países.

En Argentina se acaban de dar casos muy importantes y muy singulares; el monopolio de la construcción creó una crisis, el monopolio en pocas manos creó una crisis de vivienda donde se encareció la vivienda y el Estado tuvo que dictar una ley prorrogando los plazos de los contratos y congelación de los contratos de arrendamiento; a pesar de que se alegó que se restringía el derecho de propiedad, se le contestó que ésa era una regla razonable porque prevalecía -aunque se razonaba el derecho de propiedad- el interés común.

Yo creo que aquí también prevalece el interés común. Es restricción de que se habla del derecho de circulación, es cierto que puede darse en cierta forma, pero de acuerdo con el artículo 24 estaría supeditado al bien común, y el bien común en este caso son las construcciones de carreteras - todas, modernizar todas nuestras carreteras tan necesarias para el desarrollo de este país. Yo no creo que existan obstáculos constitucionales, es una ley razonable que bien se ajusta a los valores de la Constitución.

Yo quiero que en esta honorable Asamblea Nacional podamos reflexionar no solo en relación a esta ley que estamos discutiendo el día de hoy, sino en la responsabilidad que tenemos como Diputados con el pueblo. Digo esto, porque efectivamente -como mis colegas Diputados sandinistas que me han antecedido- esta Ley de Concesión de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas, lo que viene a crear fundamentalmente en el fondo, es un nuevo impuesto. Y yo no estoy de acuerdo con el Doctor Iván Escobar Fornos, quien plantea que no es impuesto; a veces nosotros queremos ser más papistas que el Papa y queremos defender lo indefendible.

Aquí en Enero de este año se hizo un estudio, que no lo hizo la bancada liberal ni la bancada de los otros partidos políticos ni la bancada sandinista; lo hizo una empresa extranjera que determinó claramente con algunos especialistas nicaragüenses, que esta ley lo que viene a crear es un nuevo tributo a la población. Y no sólo se plantea eso aquí en Nicaragua, en las experiencias de América Latina y el mundo donde ha existido este tipo de ley, los gobiernos han reconocido que efectivamente es un nuevo impuesto que se le está imponiendo a la población.

Entonces aquí es donde yo me hago la reflexión. Por ejemplo, los Diputados de las diferentes bancadas hemos venido a hablar del problema de la pobreza de este país, hemos venido a hablar de los problemas que hay en las zonas secas de este país y hemos venido a hablar también del problema de desnutrición de los niños, del problema de desempleo que esta galopante en nuestra Patria, y resulta que a veces yo siento como que estamos en esta Asamblea Nacional en la estratosfera o en otro país.

Aquí estamos más bien discutiendo otro tipo de leyes que para mí no son tan importantes y tan necesarias, como sería discutir lo que anteriormente estaba diciendo; y aquí tranquilamente un Diputado que me antecedió decía que teníamos que aprobar esta ley porque los vehículos se dañaban. Aquí la mayoría de la población, señores Diputados, no tiene ni bicicletas para movilizarse. ¿Estamos legislando para una gran mayoría de los sectores populares, o estamos legislando para una minoría que son los que tenemos vehículos?

Y quiero decir que son los que tenemos vehículos, porque esta oportunidad se nos ha dado efectivamente. Pero lo más importante por ejemplo, es que en esta Asamblea hemos venido diciendo el problema y aquí ni un pronunciamiento ha habido; incluso cuando se ha planteado eso, muchos ni le ponen atención a los Diputados que lo hacen, ¿entonces qué sucede? Por eso es que esta Asamblea esta entredicho, porque efectivamente no estamos apuntando correctamente a legislar sobre leyes que realmente beneficien a la gran mayoría de la población o a la población nicaragüense.

También quiero refutarle al Presidente Iván Escobar Fornos, que un impuesto sea a cambio de nada, aquí los impuestos se den para que el Estado los retribuya en servicios sociales a la población; otra cosa es que la lógica de este Gobierno que tenemos, es que efectivamente no sean para nada los impuestos y en todo caso los invierta en otra cosa y no para retribuirle en obras sociales a la población. Yo quiero decirles que según un estudio del Ministerio de Construcción y Transporte del año pasado -cuando estaba de Ministro el señor Raúl Leclair- plantea que en Nicaragua sólo hay dos tramos -en el hipotético caso que vayamos a apoyar este anteproyecto de ley-, aquí solo hay dos tramos que cumplen los requisitos para poder poner este tipo de ley, por la cantidad de vehículos que pasan, que es el tramo entre Masaya y Managua y el tramo que va al Crucero.

Porque para que pueda ser rentable una empresa, en los tramos de carretera por lo menos tienen que pasar veintidós mil y veinticinco mil vehículos; y solo en esos tramos de carretera es que pasa esa cantidad de vehículos diario. ¿Entonces qué va a pasar con las otras carreteras? Sencillo: el Estado va a tener que subvencionar a estas empresas a como está planteado en la ley. ¿Y por qué entonces no se subvenciona y se da gratuita la educación en las escuelas de primaria; y por qué no mejor se dé gratuita la salud en los hospitales y se de medicamentos, antes de venir a tratar de subvencionar empresas privadas o mixtas que sólo favorecen a una pequeña parte de la población?

Es la reflexión que tenemos que hacer aquí. Lógicamente aquí tenemos en determinado momento dos polos opuestos; estamos los que defendemos efectivamente a la gran mayoría de la población y los que defienden una minoría. En este caso, llamaría entonces a los Diputados de esta honorable Asamblea Nacional a que no aprobemos esta ley, por una responsabilidad que tenemos con el pueblo, que fue esa inmensa gran mayoría que votó el 20 de octubre, confiado en que votaban por nosotros -todos los que estamos aquí- para que legisláramos a favor de ellos.

Es muy sabio el refrán o el principio que la Corporación dice: “No son culpables los que se equivocan sino los ausentes”. Esto cabe exactamente con el Frente Sandinista, por la actitud que ha tomado durante estos siete meses que tenemos de estar aquí en esta Asamblea. Sencillamente se oponen a cualquier proyecto de ley que venga y se trate de mejorar y levantar el nivel de vida de los nicaragüenses; a todo aquel proyecto de ley que venga por parte del Ejecutivo ellos se oponen, sin importarles si beneficia o perjudica. Sencillamente se oponen porque creen que su papel de oposición es oponerse a todo, oponerse al bienestar y a elevar el nivel de vida de todos los nicaragüenses; con eso ellos se están oponiendo, es oposición la que tienen que hacer.

Es una oposición negativa, no plantean soluciones, no plantean salida, no buscan cómo llegar realmente a ver como nicaragüenses y encontrar soluciones a lo que está acaeciendo, a lo que está aconteciendo, como es la situación real de las carreteras que ahora nosotros tratamos de enmendar. Nosotros acá, como partido liberal, acabamos de tomar el poder y estamos tratando de enmendar los errores que durante once años ellos cometieron en el país. Señor Presidente, de todas las carreteras pavimentadas, cuando el Frente Sandinista entregó el poder no había una sola que estuviera en buen estado; de veintidós mil caminos de todo tiempo que recibieron en 1979, cuando entregaron el poder en 1990 habían diecisiete mil; destruyeron cinco mil caminos, cinco mil kilómetros de caminos.

Señores, y ellos quieren que el pueblo de Nicaragua siga pereciendo, siga sin tener infraestructura. Y no termina ahí lo que ellos hicieron, ¿por qué creen que todos los puentes que hay sobre la Carretera Panamericana y todos los puentes que hay sobre la Carretera Panamericana y todos los puentes que están en las diferentes carreteras pavimentadas el Gobierno del Japón está ayudando para construirlos? Porque definitivamente durante los once años que mantuvo el Frente el poder, que era un gobierno militarizado, se desplegaban y transitaban en las carreteras los tanques y los caminos sobrecargados, sencillamente pasaban por los puentes y los destruyeron, y nos heredaron esos puentes destruidos que Nicaragua no tiene capacidad de poder componer, y hoy los estamos reparando con la ayuda internacional.

Pero sencillamente destruyeron Nicaragua, destruyeron las carreteras, destruyeron las vías de comunicación, y hoy para remate se vienen a oponer a que este Gobierno mejore las vías de comunicación, que mejore la infraestructura, porque definitivamente ellos creen que el papel de oposición a todo y a lo que se están oponiendo es el pueblo, se están oponiendo a que el pueblo mejore, a que el pueblo progrese, a que eleve su nivel de bienestar, porque a ellos no les interesa ni les importa.

Ellos quieren que este Gobierno fracase, y que para el poder ser opción después en el 2001, 2002, sin importarles el sufrimiento, el hambre, la miseria que el pueblo tenga que atravesar durante este período. Son egoístas, no piensan en la Patria, piensan nada más partidariamente, no buscan soluciones, no buscan canales en los cuales podamos llegar a empujar esta Nación, porque todos somos nicaragüenses. Pero definitivamente no, el papel es oponerse porque me opongo. Señores, si estamos tratando de componer lo que ustedes destruyeron y no tenemos la capacidad, no podemos negarle al pueblo el derecho que tiene al progreso.

Y si el Gobierno no tiene capacidad para hacerlo con sus propios recursos, tiene que buscar un método para poder lograr mejorar esa infraestructura, y esto es a través de concesiones a empresas privadas; y eso va a redundar en beneficio de Nicaragua, en beneficio del pueblo de Nicaragua, porque donde no hay un camino ahora, va a haber un camino pavimentado que si va a estar en concesión por un tiempo determinado. Este tiempo determinado es limitado y va a prestar un servicio. Dicen que ahora el pueblo no va a poder pagar el peaje. ¿Cuánto cuesta transitar con un vehículo en mal estado por un camino en mal estado, con respecto al deterioro del vehículo?

¿Cuántas fugas de divisas hay cuando nosotros en nuestros vehículos nos metemos a un camino que está en mal estado y se destruye y se tiene que comprar repuestos, se tiene que comprar llantas, se le tiene que dar mantenimiento? Así como se mete un vehículo, son todos los vehículos en Nicaragua y esto perjudica, porque si nosotros no producimos repuestos tenemos que importarlos, y en la medida que sigan estos caminos en mal estado, en esa medida se sigue empobreciendo el pueblo de Nicaragua, porque lo poco que ganamos lo tenemos que sacar para poder mantener todos los vehículos que existen.

Dicen que es más caro cobrar un peaje, con el cual nosotros vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar dinero; no es oneroso, es saludable para el pueblo. Además, no sé a quién estarán defendiendo pues, porque nosotros sabemos que la mayor parte del pueblo así como lo hemos notado, todos transitan en transporte colectivo, y el transporte colectivo tiene un propietario que es un empresario, y tiene la obligación ese empresario de aportar por la mejoría de Nicaragua, no solamente a base de una concesión que se le dio, y es un privilegio el haber sido concesionario y estar manteniendo su peculio.

Creo definitivamente que el Frente Sandinista tiene que analizar esa posición que ha venido asumiendo reiteradamente hasta el día de hoy; si de parte del gobierno se manda cualquier ley que venga a mejorar la situación, si el Gobierno dice que va a decretar que el día de mañana es veintisiete, ellos se oponen porque el Gobierno lo dijo. Señores, seamos serios, legislemos a favor de Nicaragua; ustedes tienen una responsabilidad con el pueblo que los eligió; nosotros tenemos una responsabilidad con toda Nicaragua, con el pueblo que nos eligió, y legislemos en favor de ellos, no en favor de un partido político.

El día de hoy yo quisiera invitar a la reflexión a los Diputados de la Alianza Liberal y a los Diputados de las demás bancadas. La experiencia de la administración pública en los últimos años nos dice que hay funcionarios que con mala intención no cumplieron la responsabilidad que se les encomendó. La experiencia de la Carretera Panamericana en la que el Ministerio de Construcción y Transporte, teniendo el presupuesto y la maquinaria suficiente para al menos llenar los hoyos que se habían hecho y no lo hizo, no creemos que fue simplemente descuido. ¿No será que en ese Ministerio había quienes ya pensaban en esta ley y que ex-funcionarios también ahora se han preparado -y como dice el argot popular "se estaban prepeando" para ser accionistas de estos proyectos?

Es impensable que el pueblo encomiende la administración de un presupuesto determinado, y que en vez de ejecutar las obras de servicio estos funcionarios sugieran que se privaticen esos servicios, que es otra cosa, y que además de devengar su salario sin cumplir con su trabajo, están simplemente argumentando que el único camino que les queda es vender el país. Ya el Diputado Samper nos recordaba la experiencia mexicana, que por subvencionar a la empresa privada y empresas sobre todo extranjeras, han abandonado al pueblo; y esta crisis económica del Gobierno mexicano tiene sus raíces en este tipo de proyectos. Otros Diputados nos han recordado la experiencia de Costa Rica, de Europa y nosotros simplemente estamos queriendo ignorar lo que ya ha sido experiencia en otros lados.

A mí me extraña que el Diputado Rivera Monzón crea que así va a lograr la carretera tan necesaria en su Departamento. Quiero recordarles que las riquezas de nuestras tierras y nuestras montañas, que generalmente han sido explotadas por capitales nacionales, han generado una pléyade de pobres que deambulan de finca en finca en busca de trabajo para sobrevivir; me da lástima verlos tan ingenuos. Le puedo garantizar que con ese proyecto de ley, esa carretera con la que soñamos él y yo, en los próximos treinta años no va a ser posible porque nunca la empresa privada ha estado interesada en buscar realmente el desarrollo de esos lugares por donde pasa la carretera con la que el sueña.

Aunque no lo han dicho los que defienden este proyecto, se busca entregar la infraestructura existente, y sobre los escombros y la miseria del pueblo levantar capitales que en el futuro van a venir a ser los verdugos de obreros y campesinos. Claro que nos oponemos a que se venda el país, y si eso es oponernos a todo -como dice Eliseo Núñez, bendita oposición porque vamos a defender siempre lo que es realmente del pueblo, lo que nos corresponde a todos. Y tengan la plena seguridad de que jamás vamos a hipotecar o a vender el futuro de nuestros hijos y el futuro de este país.

Hay veces que se forman alharacas que no llevan un sentido específico en cuanto a tener un concepto claro de lo que es un Estado en aras de modernizarse; estas tensiones políticas, el populismo y todos aquellos elementos de que de una forma contumaz se hace uso, al final por supuesto son insostenibles y vienen a caer por su propio peso. Yo pregunto: ¿A quién no le gusta vivir en una casa totalmente arreglada, o que le brinden todas las comodidades necesarias para su propio desarrollo? Si alguien contesta a mí, bueno, yo podría decir que un tanto de hipocresía lleva esa respuesta.

Pero quiero preguntar a quien le gusta contribuir para que esa casa esté arreglada, o a quien sólo le gusta que se la den servida para no tener ninguna responsabilidad posterior, o a quien solo le interesa generar situaciones inestables para que esa casa no esté arreglada jamás. Todas esas preguntas tienen respuesta muy íntima de convicción como ciudadano, que todos estamos obligados a contribuir para mantener esa casa arreglada. Los argumentos que se vienen utilizando para tratar de torpedear el proyecto y mostrarlo como que es un adefesio, mostrarlo como que no conlleva el interés común de todos, mostrarlo como que no es necesario en estos momentos actuales para Nicaragua, no son contundentes, no son viables, no son asimilables, ¿por qué?, porque la realidad es otra.

La fuerza que tiene esa realidad nos obliga a aceptar que efectivamente nosotros necesitamos hacer un esfuerzo común para sacar a Nicaragua de la postración vial, que nos lleva como consecuencia también a un atraso económico. Si el Gobierno o el que patrocina este proyecto, con la gran sensibilidad que muestra, está diciendo claramente que se adolece de recursos económicos para hacerle frente a la modernización de la red vial, y bien está creando un proyecto como el que nos ocupa, le está diciendo a los demás: Señores, éste es la única forma como nosotros podemos actualmente hacerle frente a ese desarrollo.

Pero tratar de decirle, usted no debe hacer ese mecanismo, usted no debe usar ese método para tratar de modernizar la red vial, es estar propugnando para que Nicaragua siga siempre en el ostracismo del desarrollo, marchando a la par de todos los países centroamericanos que necesitan actualmente también de nuestro concurso; y ellos conscientes de esa situación van a salir a la palestra diciendo: aquí estamos nosotros, a través de los organismos, a través de los inversionistas, para operar de esa manera con la reestructuración vial del País.

Los demás adornos en cuanto a cuestionamientos de que si el peaje es un impuesto nuevo, y que viene a deteriorar los escuálidos bolsillos de los nicaragüenses no son contundentes. Definitivamente nadie puede aceptar que se derive el concepto de peaje para ubicarlo en el concepto de un nuevo impuesto; el impuesto todo mundo sabe que es una contribución a la que está obligado el ciudadano, sin esperar por supuesto una contraparte. No es ese el sentido del peaje; el peaje es un pago por el servicio o uso de determinado camino vial público o privado, con el cual se va a recopilar el fondo necesario para darle mantenimiento o para contribuir en la apertura de nuevas vías.

El Ente Regulador ya está establecido; la forma también como este Ente Regulador tiene que funcionar, tiene sus controles; de ahí que el proyecto en si viene a ser un instrumento indispensable para que Nicaragua vuelva a alcanzar niveles aceptables, porque a nadie se le puede preguntar, ¿cómo encuentras tú esta red vial actualmente? Esto es triste, es decepcionante que los pueblos más alejados que no tienen las vías de comunicación, van a seguir siendo ignorados por esos honorables Diputados. Pongamos todos el sentido común, apoyemos este proyecto porque es la única forma de obtener recursos. O es que se le va a decir al Estado: Búscalos de cualquier manera, estrangula, sigue echando impuestos. No señores, hay que tener conciencia.

Si ustedes y los demás dicen que ya no hay suficiente capacidad para seguir pagando impuestos, pues entonces echemos manos de eso, para que otros sean los que nos brinden la mano con esa funcionabilidad de prestar el servicio de carreteras, con una reserva por supuesto, en esto si soy claro y me gusta ser bien franco. El artículo 105 de la Constitución, que regula el comportamiento, el método, la forma de cómo se pueden elaborar las concesiones, señala de manera categórica que se debe crear el instrumento jurídico, ese marco jurídico de forma general para después, de manera posterior, en una reglamentación aplicarse en cada caso particular la concesión. Ojalá que esa reserva todos los analicemos más a fondo y veamos la importancia, interés y utilidad pública que tiene este proyecto.

Comenzare por decir que esta Ley de Concesión de Obras Viales va en contra de la vía, o sea que va en detrimento del pueblo. Cuántas veces se han construido carreteras en este país, que solo han servido para endeudar al país sin lograr beneficiar al pueblo, porque no se construyen o se construyen con pésimo material y al poco tiempo esta carretera ya no sirve para nada. Polémico proyecto de ley, nuevo impuesto para el pueblo, impuesto por circular -dice- por una buena carretera. Es obligación del Estado mantener en buen estado la red de carreteras con los impuestos que ya pagamos por tantas cosas.

Así que este peaje es un impuesto sobre impuesto, como el del alumbrado público, que el usuario paga ya ese alumbrado público en el costo por kilovatio gastado; pero ahora le cobran por aparte el servicio de alumbrado público; y si tomamos en cuenta que ese alumbrado público en la mayoría de los casos no existe, pues entonces la cosa es peor. Pero uno nunca termina de aprender y aquí he venido a escuchar, no con poco asombro porque lo dijo el propio Presidente de nuestra Asamblea el Doctor Iván Escobar Fornos, que el impuesto es algo que el ciudadano paga al Estado a cambio de nada, ¿cómo? Sí, a cambio de nada, dijo el Doctor Iván Escobar Fornos. Con razón no tenemos ya nada, ni educación, ni salud, nada, nada, absolutamente nada.

Aquí en Nicaragua estas concesiones que se están dando y que se ofertan a los extranjeros son únicas; por ejemplo, las carreteras se las van a dar construidas a los concesionarios porque en Nicaragua no hay la suficiente cantidad de vehículos que circulen por las carreteras para que el negocio sea rentable -tal como lo decía mi colega de bancada "Chemaya" Espinoza-, para que sean rentables. Y ya lo han dicho los propios funcionarios, y es que yo soy miembro de la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Energía y Construcción y he escuchado en voz de los propios funcionarios, que la única carretera por donde circulan más de veinte mil vehículos es la que conduce a Masaya.

Entonces no hay negocio, no es rentable el negocio de que venga una compañía a construir una carretera en donde por ahora no pasa una carretera. Entonces, ¿cuál es la ganancia del poblador que vive tierra adentro? Sí, se la merecen también, pero no pueden venir, no pueden concesionar una obra de esas porque no es negocio. Porque para que haya negocio hay que darle construida la carretera al concesionario para que venga a recoger los reales nada más, ¿a costilla de quién? del pueblo. Pero el señor Eliseo Núñez dice que nosotros los de la bancada sandinista nos oponemos a todo por el prurito de oponernos; mayor cinismo no se puede concebir en una persona.

A lo que nosotros nos oponemos es a que este Gobierno ponga más impuestos, eleve más impuestos en contra del pueblo. El señor Núñez cree que el pueblo es dundo y que no se da cuenta de lo que le están haciendo; lo que están haciendo es sangrar cada vez más al pueblo con más impuestos. Eso de privatizarlo todo -como es el afán del gobierno del Doctor Alemán- no da resultado y se presta al negocio ilícito, al chanchullo, a la corrupción, etc. Ahorita mismo se está descubriendo por parte de la Asociación de Padres de Familia, la venta de notas, enormes fraudes en el Centro Experimental México, cuyo director es un liberal -arnoldista por más señas- que se llama Róger Cano.

Y pronto aquí mismo vamos a darles a conocer los nombres de Diputados liberales que están enviando cartas al Ministerio de Construcción y Transporte, girando instrucciones para que les otorguen concesiones de rutas a empresarios amigos suyos. Y a eso es a lo que le llama el señor Núñez que los sandinistas nos oponemos a todo. Nos oponemos a ese tipo de negocios, a esos tipos de chanchullos que hacen ellos mismos. La concesión que se le va a dar a los interesados en comprar a ENEL, el derecho a producir energía va a ser únicamente en la ciudad, en la zona urbana, porque para la parte rural estos concesionarios no tienen capacidad de producir energía.

Pero no importa, esto se resuelve fácilmente: si el interesado quiere que la energía llegue hasta su casa, hasta su propiedad, que saque de su bolsa el dinero que cuesta la instalación de esa energía y después de la compañía concesionaria le va a reembolsar el gasto. Lindo negocio para los concesionarios.

Entonces, esas son las cosas a las que nosotros los de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y como miembro de la Comisión de Construcción, Energía y Comunicaciones nos oponemos, a esta Ley de Concesión de Obras Viales que ahorita está en discusión.

Yo quisiera aclarar, aunque no es necesario ser abogado, que cuando se entrega una cosa y no se recibe nada al momento de celebrarse esa como es el impuesto, a diferencia de la tasa que si se entrega se recibe un servicio, no quiere decir que el Estado con eso viva. Crear parques y otros servicios, son cosas muy diferentes a la interpretación que se le ha querido dar, que no existe. Esa es la diferencia de lo que puede ser un impuesto y una tasa o tarifa; en este caso no es ningún impuesto que el Estado lo pueda devolver por otra forma, nada tiene que ver en ese momento dar el pago del impuesto.

Terminamos esta discusión, según ya se había anunciado con mucha anticipación, con el honorable Diputado René Aráuz López.

Desde 1979 se dejaron de construir infraestructuras en Nicaragua, acto seguido entramos en una guerra fratricida donde todos los recursos fueron encauzados con fines militares para una supuesta Revolución; pero en esa década de los 80 Nicaragua aumento su deuda externa a más de trece mil millones de dólares, heredándosele al gobierno de doña Violeta de Chamorro. Es obvio que estamos circulando sobre carreteras vencidas efectuadas durante el gobierno de la década de los 70, carreteras que están llenas de baches por todos lados.

No veo yo que este proyecto de Ley de Concesión de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas, no venga a solucionar o a hacer progresar el país; este proyecto a contrario sensu de lo que decía el honorable Diputado, yo creo que es un proyecto de vida, no es un proyecto de muerte. El problema de la carretera es una situación generalizada en casi todos los países de América Latina y el Caribe, donde las extensas redes viales muestran preocupantes signos de deterioro, a la vez que grandes inversiones efectuadas se han perdido totalmente, debido a que no existen recursos financieros suficientes y un sistema de conservación vial adecuado.

¿Está el Gobierno de Nicaragua en capacidad de reparar esas carreteras? Deberíamos tener una pregunta y una respuesta ¿Está el gobierno en la capacidad de crear un sistema de conservación vial adecuado, y tener los suficientes recursos económicos para darle mantenimiento a las pocas carreteras buenas que existen? Yo creo, honorables Diputados, que no está el Gobierno en ninguna capacidad de este tipo. Tampoco es correcto y justo que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados, o que un Ejecutivo se quede con los brazos cruzados y no vaya solucionando el problema de las carreteras, pues solucionar ese problema es en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio del pueblo de Nicaragua, el progreso y la inversión nacional e internacional.

Es una realidad reconocida en Nicaragua, que desde la década de los años 80 -la década perdida- no se ha invertido lo suficiente en el mantenimiento de obras públicas, lo que ha producido un crecimiento de deterioro en nuestra infraestructura vial; el aumento constante de este déficit de obras viales aumentara en los próximos años debido al crecimiento acelerado del parque automotor, que obligará seguramente a destinar una mayor inversión anual en la infraestructura vial. En la actualidad el cobro del peaje a los usuarios de la red vial se ha generalizado, y muchas de las más importantes obras publicas viales de comunicación de diversos países debe su existencia al financiamiento mediante ese sistema.

Para aclaración de los honorables Diputados de este Plenario, voy a leerles el concepto de impuestos del Doctor Guillermo Cabanellas, eminente jurista argentino, del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. "Impuesto: Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar casi siempre en dinero por las tierras, frutos, mercancías, y profesiones liberales para sostener los gastos del Estado y de las restantes corporaciones públicas"; eso es impuesto; ¿será peaje un impuesto? Peaje, en la Enciclopedia Diccionario Salvat: "Cantidad que paga y derecho que cobra un particular o un ente público por el paso de vía de tránsito, con animales o sin ellos, con carga o vacío, con vehículo o sin ello, como contribución a los gastos de construcción y mantenimiento de tales vías". ¿Será eso un impuesto?

"Tasa: Valuación, estimación del valor o precio de una cosa; precio fijo máximo por la autoridad a determinado producto o servicio, a fin de reprimir la especulación abusiva". Es evidente que lo que se plasma en esta ley es una tasa de uso, no un impuesto, y el objetivo mismo de esta ley es abrir todo tipo de posibilidades para facilitar la creación de los alicientes para el inversionista, ya que de esta manera estaremos más cerca de la solución buscada. Ahora, honorables Diputados, ¿esta ley en definitiva nos producirá atraso o nos producirá beneficios? ¿Cuáles serán mayores? ¿De qué se beneficiará la población de Nicaragua? En realidad los costos del beneficio están claros que son objetivos y son una realidad.

La experiencia en otros países ha demostrado que una legislación adecuada que despierte inversiones privadas, con las garantías o incentivos necesarios, el interés con la inversión en las obras públicas, ha permitido resolver problemas que de otra manera hubieran requerido de muchos años y un gran esfuerzo estatal; el Gobierno de Nicaragua no tiene los recursos para solucionar el problema de las carreteras. En la actualidad este peaje se ha generalizado, y su aplicación ha demostrado perspicacia y aceptación general de parte de los usuarios que han advertido los beneficios, como el ahorro de tiempo.

Con una buena carretera definitivamente nos vamos a ahorrar tiempo en todos los aspectos de la vida nacional: ahorro de combustible, posibilidad de viajar en mejores condiciones de seguridad, un menor desgaste del vehículo, como bien lo ha dicho el honorable Diputado Eliseo Núñez. Qué es más caro, andar en una carretera con el montón de baches, donde los buses se tienen que estar parando a cada rato porque hasta los ejes se le pueden salir, o comprando repuestos -lo que ocasiona un incremento de las divisas del país para gastos- o en carreteras buenas con mayor seguridad, donde el rendimiento de un vehículo sería mucho mayor, y con los otros beneficios que ya mencioné.

Yo creo que lo lógico, lo correcto, lo racional es aprobar esta ley porque va a darle mayores beneficios al pueblo de Nicaragua. Ahora, los fondos recaudados mediante el peaje o la tasa de uso se utilizan específicamente para financiar la construcción y los medios de comunicación vial, no se les va a dar otro uso.

Por otra parte, están los impuestos que se podrán utilizar en las obras donde no existan por su reducido tráfico, otra posibilidad de ejecución, dándose así a la labor de fomento para que se le dé el curso con consecuencia de una mayor inversión. Entonces, honorables señores Diputados, donde no se puede aplicar esta ley, ahí el Estado definitivamente tiene que hacerle frente con los recursos tributarios.

Pero yo no veo ninguna razón para que esta ley no sea aprobada, no veo ninguna razón de que esta ley vaya a producir muerte; muertes va a producir si no la aprobamos, porque vamos a tener que andar en animales, en bicicletas o a saber en qué. Aquí tenemos que ir para adelante y pensar en el progreso, pensar que otros países van avanzando con súper carreteras y Nicaragua todavía esta con carreteras con un montón de baches por todos lados. Lo lógico, lo progresista es aprobar esta ley, y la debemos aprobar los Diputados que estamos de acuerdo en que Nicaragua progrese.

Muchísimas gracias, señor Presidente, señores miembros de la Junta Directiva.

Quedando concluido el debate, se suplica a los honorables Diputados que tomen sus asientos, que vamos a someter a votación el dictamen de mayoría.

Arto. 1 La presente ley tiene como objeto regular el régimen de concesión que el Estado otorga para la construcción, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento, reconstrucción y explotación de obras viales y de las instalaciones conexas a estas.

El resultado es el siguiente: 47 a favor, 33 en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 1.

Arto. 2. Para los fines de la presente ley, se entiende por obras viales, las vías condicionadas para la circulación de vehículos automotores.

Presidente, yo le quisiera preguntar al Presidente de la Comisión, cuál es la legislación vigente en relación a la expropiación de los bienes inmuebles, ya que la Ley de Expropiación vigente de antes del 79 quedó derogada porque ésta estaba vinculada a la Constitución del 74, que también quedo derogada en el 79 con el Estatuto fundamental y el Estatuto de Derechos y Garantías. Entonces, ¿a qué legislación vigente se está refiriendo en este artículo segundo?

Yo más bien quería solicitarle Presidente, que nos concediera unos diez minutos para poder consensuar sobre algunas disposiciones con algunas bancadas de la Asamblea, y posteriormente en caso de persistir la inquietud del Doctor Samper, después se la sabremos aclarar.

Miembros de la Junta Directiva, vamos a reiniciar, vamos a continuar la Sesión.

A los miembros de la Junta Directiva y a los Diputados, que tomen sus escaños por favor. Quedamos en la discusión del artículo 2.

Diputado Alberto Rivera Monzón, Diputado Óscar Moncada, Diputado Arnulfo Barrantes, vamos a la discusión del artículo 2.

¿No hay nadie en el uso de la palabra sobre el artículo 2? Vamos a proceder a votar.

Vamos a proceder a votar el artículo 2, tal como está en el dictamen; no hay mociones. Entonces sólo queda vivo el dictamen en el artículo 2.

El resultado es el siguiente: 42 votos a favor, 26 en contra, 0 abstención. Se aprueba el artículo 2.

Arto. 3. Se declararan de utilidad pública y sujetos a expropiación, todos los bienes inmuebles requeridos para la realización de las obras comprendidas en el artículo uno. La expropiación se llevará a cabo conforme a disposiciones constitucionales establecidas y a la Ley de Expropiación aplicable y vigente a la fecha de la acción.

Arto. 4. De conformidad con el Arto. 3 de la Ley de Disposiciones de Bienes del Estado y Entes Reguladores de Servicios Públicos, publicada en "La Gaceta"; Diario Oficial, No. 103 del 3 de Junio de 1994, se define como Ente Regulador para fines de la presente Ley, al Ministerio de Construcción y Transporte.

El resultado es el siguiente: 43 votos a favor, 26 votos en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 4.

Arto. 5. El Ente Regulador contará con el apoyo de un Comité Técnico Asesor, cuya composición y funcionamiento se determinará en el Reglamento que de la presente Ley dicte el Presidente de la República.

El resultado es el siguiente: 41 votos a favor, 18 votos en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 5.

1) Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de obras viales a concesionarse.

2) Supervisar la construcción, operación y mantenimiento de las obras viales concesionadas.

3) Regular las concesiones a que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso.

El resultado es el siguiente: 43 votos a favor, 19 en contra, 0 abstención. Aprobado el artículo 6.

Arto. 7. El Ente Regulador podrá otorgar concesiones de obras públicas viales por un término fijo, a sociedades privadas nacionales, extranjeras, o mixtas, para la construcción, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento, reconstrucción y explotación de las mismas, mediante el cobro de peaje, conforme los procedimientos que fija esta ley.

"También podrán otorgarse concesiones de obra para la construcción, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento, reconstrucción y explotación de obras viales, con la finalidad de obtener fondos para la construcción o conservación de obras que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con las primeras, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario.

El resultado es el siguiente: 44 votos a favor, 23 votos en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 7.

Arto. 8. La explotación del bien objeto de la concesión se entenderá siempre para beneficio del interés público. Este propósito se cumplirá con la prestación del servicio público, según los siguientes principios: Conveniencia nacional, legalidad, generalidad, continuidad, eficiencia, adaptabilidad y justa retribución.

El resultado es el siguiente: 43 votos a favor, 15 votos en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 8.

Arto. 9. En cada licitación de concesión de Obras Viales se establecerá el plazo de duración de la concesión y en ningún caso será mayor de treinta años.

El resultado es el siguiente: 46 votos a favor, 19 en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 9.

Arto. 10. La concesionaria estará sometida al ordenamiento jurídico nicaragüense y a la jurisdicción de los Tribunales de la República, cualquiera que sea el origen de sus capitales y el de sus accionistas.

El resultado es el siguiente: 44 votos a favor, 18 votos en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 10.

Arto. 11. Las concesiones se otorgarán bajo el procedimiento de licitación pública, aplicando para ello los procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, Entes Descentralizados o Autónomos y Municipalidades (Decreto N° 809, publicado en "La Gaceta, Diario Oficial No. 202 del 7 de Septiembre de 1981), y el Reglamento General de la Ley de Contrataciones Administrativas del Gobierno Central (Acuerdo Ministerial N°. 60-91, publicado en "La Gaceta", Diario Oficial N°. 211 del 8 de Noviembre de 1991) y sus reformas, y las resoluciones que dicte el Ente Regulador.

El resultado es el siguiente: 47 votos a favor, 18 en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 11.

CAPITULO III

MODALIDAD DE LA CONCESION

1) A título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado, o ambos.

2) Gratuita, cuando el flujo financiero sustentado en el estudio de la concesión que da origen al Contrato de Concesión determine la no necesidad de subvención ni la generación de excedentes que permita trasladar fondos a favor del Estado.

3) Subvencionada por el Estado, con una entrega inicial durante la construcción o con entregas en el periodo de la explotación, reintegrables o no al Estado. No se considera subvencionada la concesión por el solo hecho de otorgarse sobre una obra ya existente, dado que el acto jurídico de la concesion no implica traslado de la propiedad del bien concesionado.

En todos los casos el concesionario deberá pagar los impuestos que le corresponden según la tributación ordinaria vigente.

Es para proponer una moción que hemos consensuado el Diputado Silvio Calderón, el Diputado Eliseo Núñez y este servidor, para que el artículo 12 se lea de la siguiente manera:

1) A título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado.

3) Subvencionada por el Estado, con una entrega determinada inicial durante la construcción o entregas en el período de la explotación, o reintegrables o no al Estado. No se considerara subvencionada la concesión por el sólo hecho de otorgarse sobre una obra ya existente, dado que el acto jurídico de la concesión no implica traslado de la propiedad o bien concesionado.

Las concesiones que sean subvencionadas por el Estado serán aprobadas por ley, antes de la licitación pública de la concesión. En todo caso el concesionario deberá pagar los impuestos que le corresponden según la tributacion ordinaria vigente".

1) A título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado.

3) Subvencionada por el Estado, con una entrega determinada inicial durante la construcción o entregas en el período de la explotación, reintegrables o no al Estado. No se considerara subvencionada la concesion por el solo hecho de otorgarse sobre una obra ya existente, dado que el acto jurídico de la concesión no implica traslado de la propiedad o bien concesionado.

A votación la moción junto con el artículo como queda modificado. Se abre la votación.

Los Diputados que no han tornado sus asientos, que lo tomen y hagan uso de su derecho.

El resultado es el siguiente: 46 votos a favor, 11 en contra, 0 abstención. Se aprueba la moción junto con el artículo 12.

Arto. 13. Para establecer la modalidad de la concesión dentro de las opciones fijadas en el artículo anterior, el Ente Regulador deberá considerar:

1) Que el nivel medio de las tarifas no podrá exceder al valor económico medio del servicio ofrecido.

2) La rentabilidad de la obra, teniendo en cuenta el tráfico presunto, el pago de la amortización de su costo, de los intereses, beneficios y de los gastos de mantenimiento y de explotación.

3) Si al establecer la modalidad de la concesión a otorgar se optase por la gratuita o subvencionada por el Estado, deberán precisarse las obligaciones de reinversión del concesionario o de la participación del Estado en el caso que los ingresos resulten superiores a los previstos.

A este artículo 13, creo que es necesario agregarle un nuevo párrafo, en el sentido de que precisamente como estas concesiones se van a otorgar a la empresa privada, tienen que estar acorde con la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, en cuanto a que deben otorgar una fianza de fiel cumplimiento para que efectivamente cumplan con el contrato o con la concesión que se les está otorgando. El párrafo que se le debe agregar a este artículo 13, es el siguiente: "En todo caso, y previo al acto de otorgamiento de la concesion, el concesionario deberá rendir una garantía de fiel cumplimiento a favor del Ente Regulador, por un monto no menor del 20 por ciento, ni mayor del 25 por ciento al valor inicial de la obra, a efecto de asegurar que el concesionario lleve a cabo los trabajos objetos de la concesión.

El concesionario tendrá derecho a retirar la garantía una vez concluida la obra objeto de la concesión. La garantía podrá ser rendida en dinero efectivo o por entidad bancaria o de seguros, que permita que la garantía pueda hacerse efectiva en Nicaragua". Paso a presentar mi moción a la Mesa Directiva.

La propuesta presentada por el Doctor Samper, realmente ya está retomada en el artículo 11, dado que él parte de un concepto contenido en la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, y prácticamente lo que está es haciendo una transcripción literal de la disposición sobre la cual ya nosotros, en el artículo 11, dejamos establecido y aprobado cuando decimos: "Las concesiones se otorgaran bajo el procedimiento de licitación pública, aplicando para ello los procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, Entes Descentralizados o Autónomos y Municipalidades". Si ya hacemos mención aquí, sería hacer una innecesaria transcripción sobre una disposición legal claramente identificada y que este cuerpo de ley lo retoma literalmente.

Hay un axioma que dice que "lo que abunda no daña". Yo considero que si se puede encajar la propuesta del Diputado Samper para una mayor clarificación, pues mejor aún, para que no queden a veces obras incumplidas y que se vaya la gente, levante sus bártulos y quede el Estado sin reclamar este mal trabajo que se realiza. Así es que yo considero que ha sido acertado lo expuesto por el Diputado Samper, y como se dice en derecho "lo que abunda no daña", entre mejor vaya la ley, mejor aún y mejor garantía para el mismo Estado.

La moción que hace el Diputado Samper me parece que va muy bien acertada, en vista de que nosotros tenemos que asegurarnos ciertas posiciones a la hora de brindar este tipo de concesiones. Yo considero que lo que abunda no daña y por lo tanto secundo la moción del Diputado Samper.

Se le concede la palabra al honorable Diputado Eliseo Núñez; con éste terminamos la discusión.

Para que sea una moción de consenso, nosotros estamos sumándonos a la moción de Samper.

Por favor lea la moción. ¿Ya la presentó el Diputado Samper? Va a leerse la moción.

Agregar un último párrafo de este artículo o bien un nuevo artículo que se leerla así: "En todo caso, y previo al acto de otorgamiento de la concesión, el concesionario debera rendir una garantía de fiel cumplimiento a favor del Ente Regulador, por un monto no menor del 20 por ciento, ni mayor del 25 por ciento al valor inicial de la obra, a efecto de asegurar que el concesionario llevara a cabo los trabajos objetos de la concesión.

Se va a someter a votación la moción junto con el artículo, ya obtenido el consenso.

Vamos a someterlo a votación. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra.

El resultado es el siguiente: 49 votos a favor, 7 votos en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 13, junto con la moción presentada.

Arto. 14. El Ente Regulador designará un representante ante el concesionario, para la fiscalización del cumplimiento de las condiciones de la concesión, cualquiera sea su naturaleza, con las facultades que se fijen en el contrato de concesión.

El resultado es el siguiente: 48 votos a favor, 12 votos en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 14.

CAPITULO V

REQUISITES DEL CONTRATO DE CONCESION

Arto. 15. Para su validez el contrato de concesión deberá contener por lo menos los siguientes requisitos:

5) Las facultades del representante al que se refiere el artículo 14 de esta ley.

7) La forma en que el Estado solucionará el eventual defecto de ingresos si las tarifas autorizadas o reajustadas no resultasen suficientes.

8) El procedimiento del control contable y de fiscalización de los trabajos técnicos.

10) Las cláusulas relativas al régimen económico-financiero de la concesión y la participación del Estado en las utilidades de la concesión.

11) Los derechos y obligaciones de las partes y las sanciones por el incumplimiento del contrato.

En vista de que la moción anterior fue aprobada, es necesario modificar el numeral 6) de este artículo 15, y habría que decir en lugar de lo que está aquí: "La determinación del monto y tipo de las garantías", "haber otorgado la garantía de fiel cumplimiento a que se refiere el Arto. 13 de la presente ley", ya que ahora se estableció el monto y los tipos de garantía que ya se señaló en el artículo 13. Y luego no sé si vamos a ir numeral por numeral, pero también tengo una moción para el inciso 8).

Está bien. En el numeral 8) habría que agregar lo siguiente. Aquí se señala que el contrato de concesión debera contener "El procedimiento de control contable y de fiscalización de los trabajos técnicos"; pero también se debe adicionar algo que es muy importante, como es el programa de inversión y el programa de ejecución de la obra, para que efectivamente en el contrato de concesión se sepa perfectamente cómo van a invertir, cuál va a ser el programa de inversión que se va a hacer en la concesión y en qué tiempo se va a establecer.

La moción seria la siguiente: "Inciso 8) "El procedimiento del control contable y de fiscalización de los trabajos técnicos", agregando: "Igualmente se debera incluir el programa de inversión y el programa de ejecución de la obra, estipulando fechas de inicio y de conclusión de las mismas y las penalidades en que incurrirá el concesionario en caso de incumplimiento de dichos programas". Paso a presentar la moción.

Se da por cerrada esta discusión. Sólo esperamos la moción para leerla de nuevo aquí y someterla a votación.

La moción es sustituir el inciso 6), que se leerá así: "Haber otorgado la garantía de fiel cumplimiento a que se refiere el Arto. 13 de la presente ley". Adicionar en el inciso 8), que se leería así: 8) "El procedimiento del control contable y de fiscalización de los trabajos técnicos. Igualmente se deberá incluir el programa de inversión y el programa de ejecución de la obra, estipulando fechas de inicio y de conclusión de las mismas y las penalidades en que incurrirá el concesionario en caso de incumplimiento de dichos programas".

Por favor, se suplica a los Diputados que tomen sus asientos para las votaciones.

Vamos a proceder a la votación de la moción presentada por el Diputado Samper, junto con el artículo.

El resultado es el siguiente: 48 votos a favor, 6 votos en contra, 2 abstenciones. Queda aprobado el artículo 15, con la moción correspondiente presentada.

1) El incumplimiento injustificado del programa de trabajo para la ejecución de la obra;

2) La violación de los principios de legalidad, generalidad, continuidad, adaptabilidad y eficiencia en la prestación del servicio;

3) La falta de aplicación de las tarifas autorizadas, en perjuicio de los usuarios;

4) Cualquier otro motivo de incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario, derivadas del contrato de adjudicación o de la presente ley.

Por favor honorables Diputados, tomen sus asientos y voten en sus propios lugares.

El resultado es el siguiente: 49 votos a favor, 10 en contra, 0 abstenciones. Queda aprobado el artículo 16.

Arto. 17. La formulación de los proyectos estará a cargo del Ente Regulador, y la ejecución de los mismos estará a cargo de la concesionaria, en los términos que se establezcan en el Contrato de la Concesión.

El resultado es el siguiente: 48 votos a favor, 6 en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 17.

Arto. 18. Las obras se realizarán conforme al programa de ejecución establecido en el contrato, el cual contemplará, para cada tramo, los plazos para la presentación de los proyectos, la iniciación y terminación de su construcción y la puesta en servicio de las obras. El programa podrá ser modificado por el concesionario previa aprobación del Ente Regulador.

Este artículo en su parte final trae una contradicción con la Ley de Contrataciones Administrativas, por consiguiente también con el artículo 11. Y si lo aprobamos tal como nos está siendo presentado por la Comisión, incluso estaríamos violando el principio de igualdad ante la ley, ya que al cambiarse los términos en que se adjudicó la licitación de la obra los participantes que estuvieron previamente en la licitación no van a poder tener la oportunidad de participar en el proceso de licitación con ese cambio.

Por lo tanto, yo mociono para que esta parte final del artículo 18 este acorde con la Ley de Contrataciones Administrativas, que esta misma ley ha venido a reiterar, y la moción diría lo siguiente: "El programa podrá ser modificado por el concesionario, previa autorización de la Contraloría General de la República, a solicitud del Ente Regulador". Paso a presentar la moción.

A todo gobierno le interesa que haya una fiscalización para que sea transparente su gestión, pero cada institución tiene sus atribuciones, su competencia y su tiempo. No se puede a priori estar llamando a la Contraloría cuando es a posteriori; no puede integrarse la Contraloría si no es después del hecho. Por lo tanto no cabe la moción del Doctor Samper, porque estaríamos extralimitando la competencia de la Procuraduría, estaríamos dándole más atribuciones de las que la ley le señala.

Yo quisiera aclararle al Diputado Núñez que aquí no estoy inventando el agua helada, ni estoy estableciendo ninguna nueva función, esto está en la Ley de Contrataciones Administrativas, así lo dice claramente, y lo que estoy es tratando de armonizar el proyecto de ley que nos presentó la Comisión. La Comisión en el artículo 11 incorporó la Ley de Contrataciones Administrativas, y esta parte final hay que ponerla acorde con la Ley de Contrataciones Administrativas.

O sea que no estoy haciendo aquí nada nuevo, ni estoy dándole a la Contraloría General de la República una facultad que no tiene. La tiene la Contraloría General de la República, y lo que estaríamos aprobando hoy de esta manera, es el establecimiento de una contradicción y más bien metiendo un problema; porque habría que ver, siendo dos leyes de la misma naturaleza, en el mismo orden jerárquico, cuál va a prevalecer. Creo que mi moción esta simplemente ordenando este proyecto de ley y poniéndolo acorde con lo establecido en el artículo 11.

Que me disculpe una vez más el Doctor Jorge Samper, pero realmente la Ley de Contrataciones Administrativas que la tengo en mi poder, establece los procedimientos claros y define incluso las funciones propias de la Contraloría General. Lo que dijo el Doctor Eliseo Núñez es correcto, es correctísimo, la Contraloría no puede tener una intervención sobre un acto administrativo que no se ha verificado. La Contraloría tiene su intervención a partir de la adjudicación y en el proceso mismo, pero hacerla que ella emita un dictamen tal como lo está proponiendo el Doctor Samper, realmente no es correcto.

Ahí sí, con ese dictamen, con esa recomendación que él está sometiendo si estaríamos violando flagrantemente la ley. Pero si él tiene a disposición la ley -y le ruego que le de lectura- y me señala el artículo en el cual él se basa, pues me demostraría lo contrario. Por lo tanto y en caso contrario, no nos quedaría otra cosa más que someter a votación el artículo del dictamen.

Vamos a someter a votación el dictamen y la moción, si se va a reformar o no conforme la moción, o si son excluyentes.

A favor del dictamen, es el verde. Es decir, el artículo tal a como está aquí en el documento que ustedes tienen ahí enfrente, es verde, es decir que se mantiene; y la moción del Doctor Samper, es el rojo.

El resultado es el siguiente: 13 a favor de la moción, 46 a favor del dictamen, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 18 del dictamen.

Arto. 19. El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios de las obras viales, como precio por el servicio, un peaje que se determinará mediante tarifas aprobadas por el Ente Regulador.

El resultado es el siguiente: 49 votos a favor, 14 en contra, 2 abstenciones. Queda aprobado el artículo 19.

Arto. 20. El reglamento de la Ley y el Contrato de la Concesión establecerán las fórmulas y el procedimiento para la revisión de las tarifas durante la fase de explotación.

Quería mocionar para el artículo 20. Agregarle una serie de parámetros que van a ser utilizados para el establecimiento y la revisión casualmente de las tarifas, para que vaya en una forma más pormenorizado, y se leería de la siguiente forma: "Arto. 20 El reglamento de la Ley y el Contrato de la Concesión establecerán las formulas y el procedimiento para el establecimiento y revisión de las tarifas durante la fase de explotación.

Para el establecimiento y revisión de las tarifas se utilizaran los siguientes parámetros:

El resultado es el siguiente: 48 votos a favor, 16 en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 20.

Es para solicitar la incorporación de un nuevo artículo, inmediatamente después del artículo 20. Esta moción la presentamos el Diputado Silvio Calderón y yo. El artículo nuevo diría lo siguiente: "Quedan exentos del pago de la tarifa de peaje, los vehículos de las instituciones siguientes: Cruz Roja, Bomberos, Policía Nacional, Ejército Nacional y Ministerio de Salud".

Está abierta la votación a favor del nuevo artículo; hagan uso de su derecho por favor. Por favor, tomen sus asientos y voten.

El resultado es el siguiente: 45 votos a favor del nuevo artículo, 10 en contra, 3 abstenciones. Queda aprobado ese nuevo artículo.

Se suspende la Sesión y se convoca para mañana a las nueve de la mañana en punto. Por favor, se les ruega puntual asistencia.

CONTINUACION DE LA SESION ORDINARIA NUMERO DIEZ DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DIA VEINTISIETE DE AGOSTO DE 1997, CON CITA A LAS NUEVE DE LA MANANA. (TRECEAVA LEGISLATURA).

Vamos a continuar la Sesión; por favor honorables Diputados, tomen sus asientos.

Aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a una destacada Diputada del Partido de la Revolución Democrática de México que nos está visitando en estos momentos, se llama Violeta Vásquez Osorno, Secretaria de Formación Política de su Partido.

Vamos a continuar con la ley. Lea por favor el artículo 21, que sería el 22 actual.

Arto. 22. Las tarifas y sus modificaciones serán puestas en vigencia mediante resolución del Ente Regulador, publicada en cualquier medio escrito de circulación nacional.

Por favor está abierta la votación, hagan uso del derecho a su voto. Honorables Diputados tomen sus asientos, se va a cerrar la votación, por favor voten.

El resultado es: 43 votos a favor, 19 votos en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo.

Tenemos presente -les vuelvo a repetir- a la honorable Diputada Violeta Vásquez Osorno a quien le hemos dado la bienvenida; está presente en el Salón, la hemos invitado para que observe esta reunión.

Arto. 23. Las compañías extranjeras que inviertan bajo la presente Ley, podrán acogerse a la Ley de Inversión Extranjera, Ley 127 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 113 del 20 de Junio de 1991.

Lo que yo quisiera más bien es presentar un artículo nuevo, Presidente, pero no sé si presentarlo después de la votación de este artículo o someter ya la moción a discusión.

El artículo nuevo que quiero presentar es complementando el artículo 5 que ya fue aprobado aquí en la ley, referido al Ente Regulador.

¿Está oyendo, Presidente? Lo que pasa es que no hay orden en este momento en el Plenario.

La moción es la siguiente, señor Presidente, "Sin detrimento de lo establecido en el artículo 5, un miembro del Comité deberá ser designado a propuesta de la Cámara de Construcción de Nicaragua".

Vamos a someter a discusión el 22, que fue el que se leyó primero; después vamos con la moción.

Se va a abrir la votación sobre el artículo 22, que ahora es el 23. A votación.

Está abierta la votación honorables Diputados, por favor vengan a hacer uso de su voto; y los miembros de la Junta Directiva, que tomen sus lugares.

A votación el articulo 23 a como se había leído, tal como está en el dictamen.

Arto. 23. Las compañías extranjeras que inviertan bajo la presente Ley, podrán acogerse a la Ley de Inversión Extranjera, Ley 127 publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 113 del 20 de Junio de 1991.

El resultado es el siguiente: 42 votos a favor, 18 en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 23, que es el 22 del dictamen.

En cuanto a la moción del nuevo artículo 5, se declara improcedente porque ya habíamos discutido la aprobación del artículo 5 a como estaba.

Arto. 24. Las compañías nacionales que participen en el concurso de licitación de concesiones de Obras Viales, gozaran de los beneficios en igualdad de condiciones que las distintas leyes le confieren.

En este tipo de proyectos la tendencia siempre es darle la prioridad al extranjero, hay esa tendencia de beneficiar al extranjero en detrimento del nacional, porque se parte del hecho que el producto extranjero es superior al nacional y trabajamos dentro de esa cultura; en las bebidas, en los productos de consumo, en todo se considera que la marca del exterior es mucho mejor que la nuestra, aunque esa camisa, ese pantalón se haya hecho en las fábricas que están instaladas en nuestro País.

Señor Presidente, yo quisiera mocionar en este artículo 23, que pasa a ser el 24, lo siguiente. Que de darse un empate en la oferta de licitación entre una empresa nacional y una extranjera, se le dé prioridad a la nacional. Yo propongo que esa moción esté incluida en el artículo en referencia, porque puede darse un empate en la oferta, y que de darse un empate en la oferta de licitación, se le dé prioridad a la empresa nacional.

He escuchado con mucha atención la propuesta del Diputado Casco, pero voy a permitirme explicarle la inviabilidad de que dentro del proceso de licitación se pueda dar un empate. Se entra en un estado de precalificación en aquellas ofertas que tienen menores costos en primera instancia, menores costos financieros al proyecto que se está solicitando; pero eso no es suficiente porque después entra al Comité Técnico, donde va a ser evaluado desde el punto de vista técnico, o sea calidad de materiales, personal, maquinaria y una serie de requisitos técnicos, que es lo que va a definir la asignación de la licitación del proyecto.

Entonces, aunque se llegue y se abran los sobres que contienen las ofertas y hayan dos valores iguales, ahí no se asigna la licitación, tiene que entrar al Comité Técnico donde va a hacerse la evaluación, y posteriormente a ella se asigna. Así que esta recomendación tal vez podría el Diputado Casco tomarla en consideración para efectos de su moción.

Tradicionalmente, en Nicaragua preferimos la llegada de los amigos extranjeros, y nos apegamos incluso, irreflexivamente, a sus distintos postulados. Ese quehacer nacional tenemos nosotros como representantes del pueblo, y en particular como representante de mi Partido Acción Nacional Conservadora, insto no solamente a los honorables Diputados, sino también al pueblo nicaragüense, a que antes de tomar una decisión final, haga un análisis y ponga en la balanza el peso de un nicaragüense, de una empresa nacional, de un consorcio nacional, de un grupo de connacionales que quieren contribuir al desarrollo del País; y analicen también cual es el peso, cuál es la medida, cuál es la realidad de los amigos internacionales que quieran contribuir al desarrollo del país.

Quiero apoyar formalmente, e insto a todo este Plenario a que apoyemos la posición del Reverendo Casco, para que en un momento de empate, toda nuestra decisión, toda nuestra fortaleza y todo nuestro quehacer sea para proteger al nacional, y que en la realidad -luego del análisis- seamos verdaderamente nacionalistas; nacionalistas no solamente en la forma teórica, sino nacionalistas en la realidad, dándole nuestro apoyo, nuestra mano, nuestra decisión y todo nuestro quehacer a las empresas nacionales.

Si bien es cierto que debido a la situación económica de este país hemos permitido y aceptado que empresas extranjeras vengan a hacer inversión en Nicaragua, eso no significa que nosotros tengamos que actuar con detrimento, en contra de los nicaragüenses. Por lo tanto, considero y hago un llamado a los colegas Diputados, de que es necesario apoyar la moción para que los nacionales, en este caso tengan la opción y tengan la potestad de ser ellos los primeros a quienes se les pueda dar el derecho que les corresponde como nicaragüenses. Por lo tanto me sumo a la moción del Diputado Samper.

Nosotros debemos estar claros de que nuestra economía está muy golpeada, que tenemos una clase empresarial muy incipiente por la razón de que nuestro país, por la crisis económica que ha estado sucediendo no ha podido capitalizarse. Esta situación nos pone en desventaja a todos los nicaragüenses para competir con los capitales del resto de los países de Centroamérica, y realmente ésta es una situación que no podemos nosotros subsanarla inyectándole bienes materiales, porque tampoco tenemos nosotros esa capacidad.

Pero me da gusto que el Diputado Silvio Calderón respalde la moción, de que en caso de empate en una licitación en que participe un nacional, se le de preferencia al nacional; eso es ser un verdadero patriota y ser nacionalista.

Yo quisiera hacer tal vez un cambio a la moción que el Diputado Casco está presentando, y es en la línea de que se especifique claramente que sean aquellas empresas internacionales que no lleven en sus ofertas ningún componente en su estructura, ningún componente nacional, o sea ninguna participación de nacionales en la composición de la empresa que están creando para administrar la concesión. Así es que estarla pasando una moción en el sentido de que sólo si la empresa internacional tiene un componente nacional, ya podríamos considerarla como una empresa nacional.

Pero si es sola, sin ningún componente nicaragüense, entonces si le daríamos preferencia a aquellas empresas que lleven el componente nacional. Voy a redactar la moción señor Presidente, para pasarla.

Sería mejor que la consensuaran, para que no vayan dos cosas que se puedan excluir.

Ahora que el Doctor Calderón está respaldando la moción, es importante que esta moción se amplié. ¿En qué términos pensamos que puede ser flexibilizada? En que esta moción señala casos de empates; casos de empates son sumamente difíciles, es una coincidencia entre millones de coincidencias la que puede producir empate. Lo que es claro, a mi juicio, es que hay que darle prioridad a los nacionales; si no hay diferencias drásticas entre oferta de nacionales o donde estén involucrados nacionales con la de extranjeros, evidentemente hay que favorecer a la nacional, ¿por qué?, porque es dinero que queda aquí. Eso es fundamental, también proteger un tanto y darle prioridad a los nacionales porque en todas partes del mundo así es.

La otra parte es que lo veamos en términos de integrar a compañías nacionales dentro de las ofertas que hagan los extranjeros. Yo no sé si esto ya está en la ley, Doctor Calderón, pero es importante que quede establecido, que la concesión no quede sólo en manos de extranjeros cuando ganen la oferta, sino que estén obligados a hacer consorcios con nacionales. Esto es importante, porque ellos lo que quieren es hacer dinero y de todas maneras probablemente van a buscar a esas compañías nacionales; pues entonces que ya quede en la ley esa obligatoria integración de consorcios para que los nacionales participen con esa obligatoriedad.

Evidentemente ya estamos dejando en claro que cualquier oferta que sea, lleva integrado a nicaragüenses y ya no habría ningún problema si las ofertas son empatadas o si llegan a ser aproximaciones importantes entre unas y otras; y las diferencias drásticas ya no nos preocuparían tanto, porque habrían nacionales integrados obligatoriamente en toda oferta que hagan para participar en estas concesiones. De tal manera que la moción, en vez de obligar a que si hay diferencias o no hay diferencias importantes en la cuantía económica de las ofertas, lo que debe obligar más bien, es que en toda oferta en que participen extranjeros haya también nacionales integrados al consorcio que la presente.

Yo estoy de acuerdo con las recomendaciones que hace el Primer Vice-Presidente y no con lo que dice el Segundo Vice-Presidente José Cuadra, porque en los términos que él lo establece es muy fácil que estas compañías internacionales le den participación con una acción a un nacional, con el fin de asegurarse las licitaciones. Porque es un componente que sabemos, que en esta sociedad o en estos grandes consorcios tener una acción en cien -por decirlo así-, no representa nada y lo único es que le estamos allanando el camino. En cambio lo que decía y recomendaba el Ingeniero Bonilla le da mayor amplitud, porque no la deja sólo remitida estrictamente al simple empate, sino también cuando no hay diferencias tan sustanciales en esa situación.

De todos modos pediría al Diputado Casco, que si es posible amplié la moción en ese sentido.

Vamos a tener un receso. El tema es muy interesante, pero un poco delicado, no es de estar jugando con las corporaciones locales.

Se les llama otra vez para que continuemos y salgamos lo más rápidamente posible; por favor honorables Diputados, vuelvan a sus asientos.

Honorables Diputados, se terminó el receso, se les ruega que tomen sus asientos para que ya terminemos esto. Vamos a proceder a votar ya, honorables Diputados, lo más pronto posible.

Honorables Diputados, tomen sus asientos, si no esto va a salir tarde, ya terminó el receso. Ya se retiró la moción, vamos a llamar a votación para que los Diputados asuman su responsabilidad. Los que están en los pasillos, si van a votar o no, por favor, ya vamos a proceder.

Por favor, honorables Diputados, pasen a sus escaños que ya estamos en la votación. Por favor, todos los que están en el bar, que tomen sus asientos. A votar, don Jesús Miranda, por favor.

Vamos a cerrar la votación y todavía muchos están en pláticas. Se va a cerrar la votación. Se cierra.

El resultado es el siguiente: 38 votos a favor, 20 en contra, 0 abstenciones. Queda aprobado el artículo 23, que es el 24 actual.

Arto. 25. La presente Ley entrará en vigencia desde el momento de su publicación en "La Gaceta", Diario oficial.

40 votos a favor, 19 votos en contra, 0 abstención. Queda aprobado el artículo 24, y así toda la Ley de Concesiones de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas.

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez.
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Edificio Benjamin Zeledón, 10mo. Piso.
Teléfono Directo: 22768460. Ext.: 227
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Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	20 de Junio del 1997	Fechas Posteriores Debate:
Fecha Aprobación:	27 de Agosto del 1997	26/08/97 - 27/08/97
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" LEY DE CONCESIÓN DE OBRAS VIALES A SOCIEDADES PRIVADAS O MIXTAS "