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Año Legislativo:
XVIII LEGISLATURA
Sesión:
SEPTIMA
Tomo No.
8
Contenido del Tomo
SESION ESPECIAL DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEDICADA A LA BRIGADA MEDICA CUBANA, CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2002.(DECIMO OCTAVA LEGISLATURA).
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Diputados, esta es una Sesión Especial, dedicada a la Brigada Médica Cubana. Y además la presentación de informes anuales de algunas instituciones, de conformidad al artículo 138 constitucional.
Se abre la Sesión.
Verificamos el quórum con el Secretario.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
FREMIO ISABEL ALTAMIRANO MONTENEGRO
OCTAVIO RAMON ALVAREZ MORENO
BENITA DEL CARMEN ARBIZU MEDINA
BAYARDO ARCE CASTAÑO
NELSON ARTOLA ESCOBAR
GLADIS DE LOS ANGELES BAEZ
TOMAS WIGBERTO BORGE MARTINEZ
JOSE DAVID CASTILLO SANCHEZ
EDWIN RAMON CASTRO RIVERA
PORFIRIO RAMON CASTRO ARAUZ
LEONIDAS NICOLAS CENTENO RIVERA
JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA
ELIAS CHEVEZ OBANDO
IRMA DE JESUS DAVILA LAZO
MARIA JACARANDA FERNANDEZ MEJIA
JOSE SANTOS FIGUEROA AGUILAR
RITA DEL SOCORRO FLETES ZAMORA
ERNESTO MARCELINO GARCIA QUIROZ
JAIME RENE GARCIA MANGAS
EDUARDO JERONIMO GOMEZ LOPEZ
ROBERTO JOSE GONZALEZ GAITAN
JORGE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ
VICTOR MENUEL GUERRERO IBARRA
WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO
WILLIAM JOAQUIN RAMIREZ
ANA ESPERANZA LAZO ALVAREZ
MIGUEL REYNALDO LOPEZ BALDIZON
REYNALDO ALEXANDER MAIRENA VALLEJOS
MANUEL DE JESUS MALDONADO
JOSE ANTONIO MARTINEZ NARVAEZ
MARIA LYDIA MEJIA MENESES
GERARDO JOSE MIRANDA OBREGON
IRIS MARIA MONTENEGRO BLANDON
JAIME RENE MORALES CARAZO
FIDEL ANTONIO MORENO BRIONES
SANTOS RENE NUÑEZ TELLEZ
JOSE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVIDEZ
NOEL ORLANDO PEREIRA MAJANO
BLADIMIR PINEDA SOZA
GUSTAVO EDUARDO PORRAS CORTES
MIRNA DEL ROSARIO ROSALES AGUILAR
RIGOBERTO HILARIO SAMPSON GRANERA
MARIA EUGENIA SEQUEIRA BALLADARES
NATHAN JORGE SEVILLA GOMEZ
FREDDY SOLORZANO ALTAMIRANO
ORLANDO JOSE TARDENCILLA
EMILIA DEL CARMEN TORREZ AGUILAR
DAYSI RAFAELA TREJOS OROZCO
ALBERTINA URBINA ZELAYA
AUGUSTO ADRIAN VALLE CASTELLON
FELICITA LUCILA ZELEDON RODRIGUEZ
MARIANO MATILDE SALAZAR
Señor Presidente, por ser Sesión Especial, tenemos quórum de ley. Procederíamos con las palabras que le corresponden a usted como Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Honorables miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional;
Honorables Diputados;
Excelentísimo Señor Manuel Guillot, Encargado de Negocios de la República de Cuba;
Señores miembros de la Brigada Médica Cubana:
En mi calidad de Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, deseo expresar a ustedes mi reconocimiento y satisfacción por la invaluable labor humanitaria y científica que ustedes han realizado en nuestro país. La contribución que ustedes han hecho al pueblo de Nicaragua en la lucha contra el Dengue es de un valor extraordinario y nos obliga al agradecimiento sincero.
Es por ello que la Junta Directiva del Poder Legislativo ha resuelto otorgar una Placa de Reconocimiento al Ministerio de Salud de la República de Cuba, un Pergamino a la Brigada Médica Cubana, y un Diploma a cada uno de sus integrantes, como humilde muestra de nuestra gratitud por su destacada labor, la que sin duda refuerza los lazos de amistad entre el pueblo cubano y el pueblo nicaragüense.
Muchas gracias.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA.
EN USO DE SUS FACULTADES
Otorga el presente reconocimiento al Ministerio de Salud del Gobierno de Cuba, teniendo presente su alto espíritu humanitario en diferentes regiones del país, afectadas por epidemias y desastres naturales; ámbito en el que Nicaragua y Cuba han mantenido lazos de cooperación que profundizan la unión fraternal entre ambos pueblos.
Dado en la ciudad de Managua, a los 12 días del mes de Diciembre del año 2002.
JAIME CUADRA SOMARRIBA
PRESIDENTE
MIGUEL LÓPEZ BALDIZÓN
SECRETARIO
En representación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
DIRECTORA DE PROTOCOLO DE LA ASAMBLEA NACIONAL:
Reciben esta Placa el Doctor Manuel Guillot, Encargado de Negocios de la Embajada de Cuba, el Doctor Reynaldo Pérez y el Doctor Roberto González.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA
,
Teniendo presente que las Brigadas Médicas Cubanas han brindado servicios humanitarios en diferentes regiones del país, afectadas por epidemias, ámbito en el que Nicaragua y Cuba han mantenido lazos de cooperación que profundizan la unión fraternal entre ambos pueblos.
Por cuanto:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA
EN USO DE SUS FACULTADES.
Otorga el presente reconocimiento a los miembros de la Brigada Médica Cubana.
Dado en la ciudad de Managua, a los 13 días del mes de Diciembre de 2002.
Firman:
JAIME CUADRA SOMARRIBA
PRESIDENTE
MIGUEL LÓPEZ BALDIZÓN
SECRETARIO
.
DIRECTORA DE PROTOCOLO DE LA ASAMBLEA NACIONAL:
Recibe este Pergamino el Doctor Rodolfo Álvarez Villanueva, Jefe de la Brigada.
SECRETARIO MIGUEL REINALDO LOPEZ BALDIZON:
Procederemos ahora a la entrega de un Diploma de Reconocimiento a cada uno de los miembros de la Brigada, que dice así:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA.
POR CUANTO
María de Lourdes Sánchez Álvarez se ha destacado en su labor humanitaria con un alto espíritu de servicio en la salud del pueblo de Nicaragua.
ACUERDA:
Otorgar el presente Diploma de Reconocimiento al honorable miembro de la Brigada de Médicos Cubanos, por su abnegada entrega profesional.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los 13 días del mes de Diciembre de 2002.
Firman:
JAIME CUADRA SOMARRIBA
PRESIDENTE
MIGUEL LÓPEZ BALDIZÓN
SECRETARIO
DIRECTORA DE PROTOCOLO DE LA ASAMBLEA NACIONAL:
Se hace entrega de iguales Diplomas a los médicos: Irene Delgado Pérez, José Pacheco Albelo, José Guerrero Trujillo, Rafael Bestard Fals, Dagoberto Enríquez Gutiérrez, José Luis Cruz Roch, Norma Fernández Cárdenas, Pedro Darío Monteagudo Hernández, Arelys Crombet Vinent, Martha García Muñoz, Miguelina Portuando Valiene, Magdalena Gómez Esperón.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
También queremos brindar un reconocimiento al resto de la Brigada de Médicos Cubanos que por motivo de trabajo se encuentran en lugares tan remotos como la Costa Atlántica. Para ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento del pueblo de Nicaragua al pueblo cubano.
Agradecemos al Cuerpo Médico Cubano la presencia esta mañana en esta Sesión Solemne dedicada a este grupo humanitario, que el pueblo cubano ha enviado a los hermanos nicaragüenses a aliviar la enfermedad del Dengue.
Para ellos nuestro eterno agradecimiento, y les solicitamos nuevamente que nos visiten en otra ocasión.
Muchas gracias.
Queremos dar un saludo al Procurador de los Derechos Humanos, y solicitamos su presencia para que rinda su informe, Doctor Benjamín Pérez.
DOCTOR BENJAMIN PEREZ, PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Muy buenos días, señores y señora profesora;
Miembros de la Junta Directiva de la honorable Asamblea Nacional;
Diputadas y Diputados de la honorable Asamblea Nacional;
Representantes de los medios de comunicación social;
Amigas y amigos todos:
Este informe anual correspondiente al año 2002, presenta de manera sintetizada un breve análisis de la situación política y socioeconómica del país; el tema del proyecto de fortalecimiento institucional; las acciones realizadas en los campos de la defensa y promoción de los derechos humanos; la presentación de situaciones relevantes; los logros, obstáculos, retos y recomendaciones que se presentan a la Administración Pública. El contenido total del informe ha sido entregado formalmente, o se entregará formalmente a cada uno de ustedes, para que tengan la oportunidad de conocer a profundidad las labores realizadas por esta Institución.
Considero necesario hacer de vuestro conocimiento que este informe fue en base a datos y a un corte antes del 10 de Diciembre; por consiguiente, os pido la debida comprensión para los hechos acuciantes y que se dan con celeridad en nuestra realidad política, jurídica, social y económica.
Empezaré por hacer un análisis del contexto nacional, en relación a la elección del nuevo Presidente y Diputados de la honorable Asamblea Nacional. En el mes de Noviembre del año 2001 se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias; ambos comicios favorecieron al Partido Liberal Constitucionalista por un margen de 14 puntos porcentuales.
En el ámbito parlamentario el PLC obtuvo una mayoría absoluta, el Frente Sandinista de Liberación Nacional aceptó el resultado de la elección con mucha rapidez y su candidato presidencial visitó al candidato ganador como expresión de reconocimiento del resultado electoral, asegurando de esa manera un clima político distendido. Durante la campaña electoral, el Ingeniero Enrique Bolaños centró sus promesas electorales en la creación de oportunidades tanto para la actividad empresarial como para la generación de empleos;
Sin embargo, ya en el ejercicio de la presidencia de la República, a comienzos de este año, centró el inicio de su gestión en una campaña contra la corrupción. Esta campaña ha llevado a un enfrentamiento personal y directo con el señor ex- Presidente Arnoldo Alemán, a quien la Procuraduría General de Justicia ha acusado por presuntos delitos en contra del patrimonio nacional. Estas acusaciones incluyen a importantes miembros del Gabinete que sirvieron durante la administración anterior.
La lucha anti-corrupción liderada por el Presidente Bolaños ha recibido un 79 por ciento de respaldo de la opinión pública durante la mayor parte del presente año; sin embargo, la encuesta del mes de Noviembre de la Empresa Encuestadora CIDGALO Cid- Gallo registra una caída de 10 puntos porcentuales en el apoyo de la gestión gubernamental, dejándolo con tan sólo 69 puntos de respaldo. Esta parece ser una señal de que la población espera resultados concretos de la lucha anti-corrupción y que empieza a cansarse de tensiones que no conducen a desenlaces prácticos.
Nos ocuparemos ahora de las crisis de los Poderes del Estado. Durante los últimos diez meses el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional, tres de los cuatro Poderes que conforman la institucionalidad nicaragüense han atravesado por graves crisis institucionales. El Consejo Supremo Electoral estuvo desintegrado por más de cuatro meses; sus actuaciones en la instalación de los Consejos Regionales Autónomos, tanto del Atlántico Norte como Sur, fueron impugnados ante la Corte Suprema de Justicia, violentando de esta forma los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de todas las y los habitantes de esas regiones.
El Consejo ahora ha logrado integrarse con la elección del nuevo Presidente y empieza abordar sus asuntos pendientes; sin embargo sufre de una erosión grave en la credibilidad y la confianza de amplios sectores de la ciudadanía. Si bien el Consejo Supremo Electoral ha dado pasos importantes en la solución de su crisis, aún no concluye con ella.
La Corte Suprema de Justicia que integrada por 16 Magistrados, funciona actualmente sólo con 11, puesto que a cinco de sus integrantes se les venció el período a mitad de este año, y la Asamblea Nacional no ha procedido a la elección de los cinco reemplazos.
A pesar de una controversia acerca de que si la Corte puede funcionar con sólo 11 miembros, el Poder Judicial ha operado con bastante normalidad; incluyendo la propia Corte Suprema que eligió nueva Presidenta y recompuso todas sus Salas. Sin embargo la situación del Poder Judicial podría complicarse en el año 2003, puesto que se vence el período de otros cinco Magistrados, sin los cuales el más alto Tribunal de Justicia definitivamente quedaría desintegrado.
Un asunto de especial relevancia en el ámbito de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos lo representa la aplicación del nuevo Código Procesal Penal a partir del 24 de Diciembre de este año. La entrada en vigencia de este nuevo Código pondrá en tensión a todo el Sistema de Justicia Penal del país, al Sistema Penitenciario Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y también a nuestra Institución. Fuera de toda duda, este evento representa uno de los desafíos más serios a que todo el sistema penal del país y el sistema de protección de derechos humanos se ha visto sometido en el curso de los últimos tres años.
La crisis de los órganos constitucionales ha impactado de manera muy especial a la Asamblea Nacional, la cual por primera vez en el curso de los últimos 25 años, por lo menos, tuvo que anticipar el final del período de su Junta Directiva para elegir una nueva en el mes de Septiembre. Ya este hecho por sí mismo revela la profundidad de las tensiones dentro del Parlamento. Este cambio de Directiva se produjo con la mayoría mínima indispensable para poderla realizar, es decir, 47 votos contra 45. En la actualidad aparentemente se ha producido una nueva alineación de fuerzas que genera como resultados un empate, que como es de todos conocidos, ya dejó de existir.
La situación en realidad hacía ingobernable a la Asamblea Nacional, puesto que ninguno de los partidos tenía la capacidad para asegurar el quórum de ley, lo cual equivale a que Nicaragua se encuentre sin Parlamento, es decir, sin la posibilidad para tramitar asuntos de vital importancia. Esta situación podría agravarse aún más si se llegara al 9 de Enero del año 2003 sin que se haya conformado una mayoría amplia y estable que asegure la gobernabilidad del Parlamento y también del país.
Ante la situación presente, la ciudadanía y nuestra Procuraduría pide a la honorable representación nacional encauzar nuestra Nación por los cauces ya esperados del Estado de Derecho y de funcionabilidad en este foro político por excelencia. La situación de estos tres órganos constitucionales no sugieren una visión optimista, sino que motivan una preocupación muy seria y debe animarnos a todos a la búsqueda de soluciones para superar esta situación, que representa uno de los mayores desafíos a la gobernabilidad del país. Como dijimos antes, la situación parece haberse estabilizado y es lo que espera toda la ciudadanía.
Finanzas Públicas: La situación de la Hacienda Pública nicaragüense es de extrema pobreza, el Presupuesto de Nicaragua es de sólo 800 millones de dólares, es el Presupuesto más pequeño del área centroamericana. Tenemos el caso del Presupuesto de la hermana República de Honduras, compañera de Nicaragua en el Club de Países muy Pobres y muy Endeudados, ese Presupuesto duplica el nuestro; es decir, el de Honduras es de un mil 600 millones de dólares. Un Presupuesto como el nuestro no alcanza a cubrir las necesidades elementales del Estado nicaragüense.
Este Presupuesto convierte a la población en perdedora. No hay, ni pueden haber ganadores. No existe forma alguna de que con 800 millones de dólares pueda funcionar con un mínimo de eficiencia, pues al contrario deja al descubierto obligaciones elementales del Estado para proveer a sus ciudadanos de los servicios básicos de salud, educación y seguridad pública. Precisamente ahí se registra el mayor déficit en materia de derechos humanos para el Estado nicaragüense, en su incapacidad para satisfacer materialmente los derechos a educación, salud y seguridad para el pueblo.
Los desmesurados sueldos ofrecidos a los cargos más altos en los cuatro Poderes del Estado, particularmente al Gabinete de Gobierno, ha provocado reprobación generalizada de la sociedad nicaragüense, por considerarlos como una grave insolidaridad hacia los sectores más empobrecidos del país; al tiempo que crea un caldo de cultivo para el resentimiento y el repudio de la sociedad hacia sus líderes a quienes percibe como aprovechados e incapaces de compartir al menos simbólicamente las penurias que padece la población.
Nos ocuparemos del año 2003. El año próximo el país debería discutir una agenda y una estrategia nacional para abordar el asunto del libre comercio con los Estados Unidos, Area del Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y Plan Puebla-Panamá, y es demasiado abstracto decir que en este asunto nos jugamos el futuro. Se puede afirmar más concretamente que la capacidad de subsistencia de por lo menos tres millones de nicaragüenses estará en juego en los términos en que se negocie ese Tratado. No se trata de apoyarlo o de rechazarlo sin mayor reflexión, sino de analizar con detenimiento y serenidad cuáles son las opciones que realmente tiene el país. ¿Puede Nicaragua sustraerse de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?
El referido país ha dicho que está listo para negociar un Tratado de Libre Comercio con los cinco países de Istmo. Estados Unidos rechazó la pretensión costarricense de negociar por separado, Los nicaragüenses, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo más conveniente hacer? ¿Qué agenda debemos cubrir y qué estrategia para optimizar nuestros resultados? A pesar de la extraordinaria importancia de este asunto, el tema no aparece dominando la Agenda Nacional, ni los principales actores políticos, ni los formadores de opinión parecen haberse percatado de que ya existe un calendario muy preciso sobre el itinerario hasta llegar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos.
En menos de 30 días los Presidentes de Centro América y el Presidente de los Estados Unidos de América se encontrarán en Washington para firmar en una ceremonia solemne el inicio de las negociaciones. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la medida de sus modestas posibilidades procurará aportar ideas y el seguimiento de procesos que ayuden a establecer de qué lado están los intereses y la protección de los derechos humanos de las mayorías nacionales. La Procuraduría que me honro en presidir, podrá ser un poco pobre en recursos monetarios, de dinero, pero es multimillonaria en capacidad y en patriotismo.
Desde luego queremos prosperidad material, más y mejores empleos; pero a toda costa debemos evitar la repetición de experiencias lamentables y desgraciadas como la que nos ha dejado entre otras el ya conocido caso Nemagón y la Asbestosis; en cualquier caso haremos nuestro mejor esfuerzo por contribuir a un debate serio sobre este asunto de tanta importancia para nosotros. En el curso del año próximo nuestra Institución cumplirá cuatro años de fundada. Durante este período, pero especialmente durante el último año, se ha revisado el sistema de funcionamiento interno procurando el mejor aprovechamiento de los escasos recursos con que se opera en el afán de servir a la ciudadanía.
Reiteramos el juicio que hemos ofrecido en otras oportunidades sobre la situación de los derechos humanos de Nicaragua, particularmente los que se refieren al respeto de los derechos civiles y políticos de las personas. Por supuesto queda una extensa agenda por cumplirse. Entre otras cosas quisiera mencionar el nacional problema relativo al medio ambiente. Un punto importante en esta lucha es el cambio de mentalidad, la superación de prejuicios, arribar a la conclusión y actuar con una convicción firme de que los seres humanos somos iguales y todos merecemos la misma dignidad y la misma concesión de oportunidades.
Finalmente en el contexto general anteriormente expresado, es necesario indicar -porque en esto nos remitimos al criterio de la población- el reconocimiento existente a favor de nuestra institución, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que pese a las limitaciones de los recursos de que dispone, efectúa un trabajo que en materia de derechos humanos goza del reconocimiento y aprecio de la población e instituciones públicas y privadas, debido a un comportamiento que se fundamenta en la objetividad, profesionalismo, imparcialidad política, apego al cumplimiento de la ley y transparencia de sus actuaciones.
Quiero darles en una forma muy, pero muy breve, algunas cifras relativas a la Procuraduría. Como vemos en cuanto a clasificación de denuncias recibidas en la Procuraduría en el año 2002, de un total de 1,877 denuncias, 1,289 han recibido la orientación del caso, 502 de nuestra competencia y en 86 se ha procedido aplicando el trámite de conciliación. En cuanto a las víctimas atendidas por la Institución en el 2002, de un total de 3,826 personas, esto se ha referido a: 1,491 casos referidos a hombres, 893 a mujeres, 402 a niñas, 376 a niños, 362 adolescentes femeninas, y 302 adolescentes masculinos.
En cuanto a denuncias de competencia por víctimas atendidas, encontramos que fueron atendidos 851 hombres, 509 mujeres, 279 niños y adolescentes y 150 casos referidos a pueblos indígenas. En resoluciones en seguimiento, tenemos que de un total de 285 ha habido un cumplimiento total en 99 casos, 31 en cumplimiento parcial, y 155 sin cumplimiento. Quiero hacer énfasis en cuanto al mapa de nuestro territorio, en donde como puede verse, a pesar de sus modestos recursos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene y ha hecho presencia nacional, pero es particularmente en donde es singularmente es en el Departamento de Managua en donde lógicamente se da el mayor número de denuncias con 1,352, y el departamento de Madriz solamente con 1.
Como resultado del análisis de las experiencias del trabajo realizado por la Institución, la Procuraduría presenta a la Administración Pública las siguientes recomendaciones, reiterando las del año anterior y presentando unas nuevas:
1. Que los funcionarios de la Administración Pública acaten el cumplimiento de la Ley 212, en cuanto a la respuesta a los requerimientos y cualquier otra actividad de investigación que el Procurador y sus delegados realicen en sus funciones.
2. Que los funcionarios de la Administración Pública acaten las recomendaciones emitidas por el Procurador a través de las resoluciones, a fin de restituir los derechos vulnerados a la población y de contribuir con la institucionalidad del país.
3. Que los funcionarios del Poder Judicial hagan un esfuerzo por disminuir el número de casos referidos a retardación de justicia, ya que eso violenta las normas constitucionales y los instrumentos internacionales en materia de protección.
4. Que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes continúe la transformación curricular en educación secundaria, incluyendo en los programas de estudio, los contenidos de derechos humanos y la Constitución Política como tema específico y como eje transversal.
5. Que las Comisiones de la Asamblea Nacional permitan a la Procuraduría tener acceso a la información sobre los proyectos de ley vinculados a la vida social, económica y cultural.
6. Que el Consejo Supremo Electoral, en conjunto con la honorable Asamblea Nacional, realicen una revisión de la Ley Electoral en cuanto al cumplimiento del principio constitucional referido al pluralismo político que asegure la existencia y participación de todas las organizaciones políticas.
7. Que la Asamblea Nacional, en la aprobación de la Ley General del Presupuesto, enfoque el mismo hacia las áreas sociales como una inversión y no como un gasto.
8. Que tanto las instituciones de la Administración Pública como privada incluyan en sus rubros presupuesto de capacitación permanente de derechos humanos.
9. Que las instituciones de la Administración Pública den acceso a la información, a los hombres y mujeres de prensa, representantes de los medios de comunicación social, a fin de que éstos puedan informar objetivamente la población.
Para concluir este informe, deseo reconocer el avance que se ha tenido por parte de algunos funcionarios de la Administración Pública en el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente a la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Corte Suprema de Justicia, algunos Jueces y Juezas y el grado de confianza que los habitantes de Nicaragua ha venido depositando en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para reclamar sus Derechos y que estos a su vez se les hagan efectivos.
De igual forma esta Procuraduría felicita y agradece a todos los hombres y mujeres de prensa, que de manera sistemática colaboraron en el trabajo realizado por la Institución, brindándonos espacio en los distintos medios de comunicación social para poder informar el trabajo cotidiano realizado por la Procuraduría. Esta felicitación incluye por supuesto a los organismos y agencias internacionales de cooperación que nos han apoyado en el proceso de fortalecimiento institucional, al igual que en otras acciones, así como en los organismos no gubernamentales de la sociedad civil, ya que sin su valioso aporte habría sido imposible la realización efectiva de nuestra misión.
De la misma manera, en forma muy especial, reconozco y agradezco la meritoria labor realizada por mis compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que con su incansable mística y disciplina posibilitaron las acciones contenidas en este informe de gestión. En nombre de los derechos humanos honorables Directiva, honorables representantes, agradecemos vuestra generosa y valiosa atención.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Agradecemos al Procurador de Derechos Humanos, Doctor Benjamín Pérez, su presencia esta mañana en el Plenario de la Asamblea Nacional.
A petición especial, le vamos a ceder la palabra al Diputado Orlando Tardencilla, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
DIPUTADO ORLANDO TARDENCILLA:
Buenos días, señor Procurador de Derechos Humanos;
Buenos días señor Sub-Procurador de Derechos Humanos, Doctor - Licenciado Julián Corrales;
Buenos días Patricia, Emilio, Reverendo Norman Ben;
Buenos días a todos los amigos de Procuraduría.
En primer lugar quisiera destacar -quizás me corrige, señor Procurador- que es la primera vez que usted en tiempo y forma presenta el informe ante esta Asamblea Nacional, porque las otras veces ha sido bastante difícil por distintas razones, el que usted venga a cumplir el mandato constitucional que hoy usted está haciendo efectivamente. Quisiera destacar ese primer punto, porque con esto se está marcando un cumplimiento constitucional. Tengo entendido que incluso han habido meses enteros esperando este informe.
En segundo lugar, señor Procurador, quisiera acompañarle en la reflexión que hay alrededor de la situación de prevención que de una u otra manera la Procuraduría está impulsando a través de programas bastante agresivos y audaces. En esto quisiera reconocer públicamente el aporte que está haciendo Emilio, al frente y empujando programas vinculados a la protección de los niños y adolescentes. También quisiera destacar el aporte que está haciendo la Procuraduría Especial de la Mujer, y por supuesto destacar el aporte que está haciendo el Reverendo Norman Bent, trayéndonos la problemática permanente de la Costa Atlántica que aquí ha sido objeto de serios análisis, particularmente la situación de las comunidades más alejadas, la de los buzos, etc.
Sin embargo, además de saludar este informe constitucional, es importante, señores miembros de la Procuraduría, que sigamos manteniendo este eje de control y de protección a los derechos de la niñez y la adolescencia; hay que seguir manteniendo firmemente la defensa del Código de la Niñez y la Adolescencia; hay que seguir manteniendo e impulsando con toda la fuerza del caso, la Ley de Igualdad de oportunidades participación que está empujando la Procuraduría de la Mujer; y hay que seguir empujando nuestra vigilancia para evitar violaciones como en el caso de las minas y los enfermos del Nemagón.
Quiero hacer énfasis en que los afectados del Nemagón no son personas pasivas, que están solamente afectados y punto; también hay serias violaciones vinculadas a los derechos humanos en materia laboral. Hay afectados del Nemagón que siendo trabajadores activos están siendo afectados, y en ese marco, señor Procurador de Derechos Humanos, señores autoridades de la Procuraduría de Derechos Humanos, tanto la Comisión de Derechos humanos que me honro en presidir -hasta dentro de pocos días por supuesto- pero de esta Asamblea Nacional, yo estoy seguro que están contando y deberán contar con el respaldo de los Diputados que estamos preocupados por esta problemática.
Y aprovecho para pedirle a los honorables Diputados que estamos aquí, que al momento de discutir el Presupuesto nos fijemos en la Procuraduría de Derechos Humanos. En lo personal y en su momento, haciendo uso del derecho constitucional que tengo de presentar mociones, voy a hacer una reflexión y una propuesta para respaldar esencialmente el esfuerzo vinculado a la Costa Atlántica. Es urgente que nosotros trabajemos en instalar una infraestructura permanente que dé atención a esa problemática, además de continuar respaldando los problemas de la mujer y de la niñez; y de esta manera el mandato constitucional que se le ha encomendado al señor Procurador Benjamín Pérez Fonseca se va a ver fortalecido también.
Yo estoy muy consciente de que usted está como comisionado de esta Asamblea Nacional, como el funcionario que está vigilando en compañía de los funcionarios que le acompañan, la situación de los derechos humanos. Doctor Benjamín Pérez Fonseca, tenga en la Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Nacional y en los Diputados que estamos respondiéndole a este país, nuestro respaldo a esa noble tarea que usted está haciendo. Nicaragua se lo agradece, y que Dios bendiga a todos los funcionarios que le acompañan. Muchas gracias, honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y muchas gracias por su informe constitucional en tiempo.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Le damos la palabra al Doctor Cairo Amador Arrieta, Superintendente de Pensiones por Ministerio de Ley.
DOCTOR CAIRO AMADOR ARRIETA, SUPERINTENDENTE DE PENSIONES POR MINISTERIO DE LEY:
Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua; honorables Diputados:
Este es el primer informe que rindo en el primer año de ejercer el mandato del actual puesto que detento. Espero todos los años que me resten, cumplir con el mandato constitucional como hoy lo estoy haciendo. El proceso de reforma al Sistema de Pensiones se inicia en América Latina hace más de 20 años, hoy, más de nueve países en el Norte, Centro y Suramérica han incorporado el sistema de capitalización individual a sus sistemas de retiro.
En Nicaragua la reforma obedece a los aspectos coyunturales de la seguridad social, específicamente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y a la responsabilidad del Estado de garantizar tanto el acceso como los derechos de la población a la seguridad social en términos efectivos, de forma que puedan cubrir de forma adecuada las contingencias sociales con prestaciones dignas. En este contexto, la delegación que hace o que va hacer el Estado a instituciones privadas no significa su renuncia a la responsabilidad de normar, regular y administrar institucionalmente este tipo de sistema.
De hecho, el Estado en este nuevo contexto, en este nuevo esquema, tiene un rol solidario que se expresa en el otorgamiento de las pensiones mínimas; tiene un rol subsidiario que se expresa alrededor del certificado de traspaso; y por supuesto tiene un rol regulador y fiscalizador precisamente a través de la Superintendencia de Pensiones. Entre sus principales funciones tiene la de impartir normas, instrucciones generales u obligatorias para la correcta aplicación, función de las instituciones administradoras, dictar normas obligatorias para simular la fidelidad de las actas libres o documentos de las instituciones administradoras de las cuales se emitirán en su momento certificaciones notariales.
En síntesis, ¿qué hemos hecho a lo largo de este año? Hemos completado el marco regulatorio, el esquema técnico jurídico que facilitará la entrada en vigencia del nuevo Sistema de Pensiones; para ello hemos desarrollado las notas técnicas alrededor del funcionamiento, de las limitaciones que van a tener las nuevas Administradoras de Pensiones y en general todo el marco regulatorio de operatividad de estas Administradoras de Pensiones.
En este sentido, hoy por hoy podemos decir que después de un año de negociaciones, después de un año de discusiones con las diferentes entidades del Estado, ya tenemos no solamente el marco regulatorio listo, las notas técnicas listas sino que además tenemos conclusiones como productos terminados de negociaciones con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, acerca de los costos de recaudación que va a generar este sistema. Igualmente, la semana pasada se abordó y el Consejo Directivo aprobó lo que va a ser la tasa de descuento para las pólizas de seguro.
Todo esto lo hicimos a través del desarrollo de una metodología, que vio su expresión concreta en instructivos que forman en este primer bloque los instructivos necesarios para que los grupos interesados en formarse como Administradoras de Pensiones, tengan a mano la información necesaria para la elaboración de sus estudios de factibilidad, que va a ser el preámbulo del inicio de formación de estas Administradoras de Fondo de Pensiones. He hablado de los instructivos, que básicamente son seis y que a continuación defino de forma somera. Todo lo que es la normativa para la constitución y actualización de las instituciones Administradoras del Fondo de Pensiones.
Todo lo relativo a la determinación de capitales técnicos necesarios y la generación de las tablas de mortalidad; los instructivos de requisito mínimo para la contratación del Seguro de Invalidez y Sobre vivencia, así como el instructivo para la contratación del Seguro de Invalidez y Sobre vivencia para las instituciones Administradoras del Fondo de Pensiones; normas sobre publicidad, comisiones y oficinas y agencias y agentes de Servicios Previsionales; determinación y cálculos del salario básico regulador, y el instructivo sobre Cobro por Derecho de Fiscalización a la Superintendencia de Pensiones. Igualmente, hemos terminado ya todo lo relativo a los costos de las Comisiones Médicas, a ser financiadas por la Superintendencia de Pensiones.
En todo este año hemos impartido un total de 36 seminarios. Debo detenerme un poco aquí para reconocer que la comunicación, que es uno de los pilares de este sistema, ha estado casi ausente. Al asumir el cargo, una de las cosas que pude constatar, es que los sectores sociales que se van a ver involucrados precisamente en este sistema, carecían de la información necesaria acerca de los ejes y de los beneficios que este sistema está supuesto a brindarles. Por ello nos abocamos a todos los sectores de la sociedad civil; a todas las centrales sindicales; a todos los gremios del sector privado, agrupados en el Consejo Superior de la Empresa Privada; a todas las organizaciones de la Pequeña y Mediana Industria; a las ONGS; a los periodistas.
Y hemos hecho 36 seminarios a lo largo y ancho del país, con más de mil ochocientas personas involucradas, siendo ésta una tarea dinámica y diría yo de mucha importancia y además exitosa. Debo reconocer que falta mucho por hacer. Los agentes sociales que van a ser parte de este sistema, deben conocer cómo va a funcionar, en qué se fundamenta y qué proyección de beneficio nos ofrece; por ello, a pesar de las limitaciones serias presupuestales, vamos a seguir, en lo posible, en esta dirección. Una de las situaciones importantes también dentro de esta organización, dentro de esta Institución, es su nivel técnico, es su nivel de capacitación.
Para ello, fundamentalmente con el concurso de organismos multilaterales hemos logrado hacer 43 pasantías en el exterior, siete de ellas en países con sistemas de capitalización individual. Hemos hecho además, capacitaciones dirigidas a los sectores sociales con quienes vamos a laborar, y también hemos traído conferencistas internacionales que no solamente capaciten internamente a los funcionarios de la Superintendencia, sino que además se haga extensivo a todos los miembros que de alguna u otra forma van a estar en relación con este sistema, valga decir, sectores sindicales, sector de la iniciativa privada, sector del Sistema Financiero.
En este sentido, en el campo de las relaciones institucionales, hemos hecho dos acuerdos marcos muy importantes: uno, con la Superintendencia de El Salvador y dos, con la Superintendencia de Costa Rica. Este marco institucional nos va a permitir no solamente intercambiar información, compartir capacitación, sino que además buscar los medios para que de una u otra forma los Fondos de Pensiones de El Salvador y de Costa Rica, en un momento determinado puedan venir a invertirse en el mercado nicaragüense. Más importante aun es que al inicio de este sistema, vamos a establecer los primeros pasos para iniciar negociaciones con la Superintendencia y la Seguridad Social de Costa Rica, de forma que se dé una verdadera aportabilidad de derechos. Me explico:
Por ejemplo, que todos los trabajadores nicaragüenses en Costa Rica, que aportan al Seguro Social y por supuesto al Sistema de Pensiones de Costa Rica, al regresar a Nicaragua, puedan ser sujetos de recibir los aportes que han hecho durante su vida laboral en Costa Rica. Esta es una tarea ardua, va a ser larga además, pero ya se está planteando desde un principio. Eso por supuesto va a venir a beneficiar a la clase trabajadora nicaragüense. También hemos ingresado a organismos internacionales. Somos miembros de pleno derecho de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones del mundo, y somos miembros del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.
¿Cómo y con qué hemos hecho todo esto? Nuestro presupuesto original para el 2002, fue de 36 millones 751 mil 597; hubo una deducción de 6 millones 119, para un presupuesto efectivo de 30 millones. El presupuesto aprobado vigente de 30 millones, más intereses de mantenimiento del valor y otros ingresos, da un total de 32.6. Hemos ejecutado 25.7, partidas que no nos fueron entregadas del orden de los 346 mil; devolución de intereses al Ministerio de Finanzas por dos millones; y pendientes de ejecutar 4 millones. Debo observar aquí, que hubo un bono famoso de 34 millones para gastos de instalación, que en el proceso de Enero a Junio generó en intereses como 2 millones 150 mil, y todo ese dinero, junto con los intereses, atendiendo orden de la Contraloría General de la República, le fue devuelto al Seguro Social.
En conclusión, la Superintendencia de Pensiones no solamente está estructurada organizacionalmente, sino que además en estos momentos tenemos todas las condiciones mínimas necesarias para iniciar el proceso de formación de las Administradoras del Fondo de Pensiones. Y no solamente eso, sino que además existen ya cuatro grupos interesados en invertir en este sector. Esto demuestra que el impulso promovido por la creación del Sistema de Ahorro para Pensiones, ha comenzado a dar frutos; el impacto del nuevo Sistema de Ahorro para Pensiones en la sociedad nicaragüense, será altamente positivo, puesto que supone un aporte interesante a la reactivación económica del país.
Quiero llamar la atención sobre dos aspectos fundamentales de este sistema. El primero de ellos es que todo este proceso de formación que ha sido un tanto complicado, lo es porque cuando este sistema inicie operaciones, a diferencia de un banco que inicia operaciones y busca capital y busca clientes, etc., en el caso nuestro el sistema comienza de alguna forma, maduro; es decir, desde el inicio comienza en este caso con doscientos cuarenta mil afiliados, que desde el primer mes están aportando para su Fondo de Pensiones.
El flujo que nosotros esperamos inyectar a la economía nacional, va a ser del orden de los 3.5 millones de dólares mensuales, con una adición importantísima, dada la estructura laboral en Nicaragua y dado el gran peso que tiene el sector informal en la economía, que da cuenta además del 60 por ciento de los trabajos heredados en este país. Este sistema le va a permitir a los sectores de la pequeña y mediana industria, por ejemplo, integrarse al sistema sin necesariamente ser parte del Seguro Social. Esto tiene tres ventajas importantes: La primera de ellas es que el trabajador de la pequeña y mediana industria, va a tener un seguro de sobrevivencia; es decir, cualquier accidente fatal que en el camino de la vida le ocurriese, va a poner a su familia en condiciones de acceder a un cierto patrimonio derivado de ese seguro.
Segundo, el pequeño y mediano trabajador nicaragüense, puede llegar a tener también acceso al beneficio de invalidez, ya sea total o permanente, dentro del esquema de este nuevo sistema. No va a tener los beneficios de salud, que son propios de la seguridad social, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, pero al menos va a tener lo que no tiene en estos momentos: un acceso a lo que es el seguro de sobre vivencia, y el beneficio de invalidez. Esto es importante, porque nos hemos reunido con diferentes grupos de la pequeña y mediana empresa, e incluso con grupos religiosos, que están sumamente interesados alrededor de este sistema, como una forma de proteger en sobre vivencia e invalidez a sus afiliados, así como poder garantizarles mayores tasas de rendimiento sobre sus ahorros.
El Consejo Directivo de la Superintendencia de Pensiones ha determinado entonces alrededor de todas estas conclusiones que hoy les presento, iniciar en fecha próxima, probablemente en Enero, por efecto de las vacaciones del Estado, iniciar el proceso de formación de la Administradora del Fondo de Pensiones, proceso que se va a extender por lo menos hasta el mes de Mayo y Junio, en lo que se refiere al proceso de afiliación; y posiblemente hasta Octubre, Noviembre, en lo que es la concentración y la dispersión de los fondos propiamente dichos.
En todo caso, en estos momentos estamos en la posibilidad técnica de iniciar el proceso de formación alrededor de esto. Parte de las proyecciones del año 2003, precisamente van en el sentido de compenetrar todo el marco regulatorio, de conversar con los agentes sociales, de imprimirle transparencia a este sistema, y esta transparencia no es un cheque en blanco en este país; esta transparencia la queremos ganar con los diferentes sectores en el bregar diario, en exponer a todos con claridad, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos y cómo lo vamos a hacer. Desde esta perspectiva, todas las centrales sindicales del país, todas las organizaciones del sector privado, desde ahora tienen abiertas las puertas de esta institución, para cualquier información que requieran de nosotros.
Por último, señores Diputados, es importante señalar que éste es el inicio de un proceso que necesita toda una serie de leyes que vayan alrededor del uso de este nuevo Fondo de Pensiones. Una de las limitaciones que desde ahora se ve bien clara, es la debilidad estructural que actualmente tenemos, alrededor del mercado de valores. Se necesita, desde esta perspectiva, la posibilidad de abrir ventanas, a condiciones que vengan a prestar mayor facilidad al mercado financiero y al sector privado, para hacer uso de estos recursos.
Se necesita, desde esta perspectiva, leyes como la del fideicomiso, cédula hipotecaria, mercado secundario de hipotecas, etc., que abran por un lado la posibilidad de tener inversiones a largo plazo y que sean de alguna u otra forma accesibles a todos los sectores de la iniciativa privada; valga decir, tener una situación que permita que el mercado de valores tenga su propia dinamia para hacer uso de forma efectiva de los recursos que va a generar este Fondo de Pensiones. Estos son retos que comparten los honorables Diputados, y también lo comparte la iniciativa privada, que está obligada a modernizarse en este sentido y a tratar de ser sumamente creativa alrededor de lo que son los mercados de capitales.
Por último quiero decirles, que siendo el objeto principal de este sistema, garantizarle al trabajador nicaragüense una pensión digna y justa al final de sus días, en el proceso de hacer esto también, si se quiere como factor secundario, estos fondos de pensiones van a generar inversiones que van a generar trabajo para dos o tres años. A partir de ahora, el mayor factor de ahorro interno de este país, va a estar alrededor de este sistema. Y de nuevo, siendo la idea, la meta principal, consolidar y proteger los intereses de los futuros pensionados, también alrededor de esto se va a producir todo un flujo de inversión y creación de trabajo; no es la panacea, pero sí es un aporte consistente en la ruta del desarrollo económico de este país.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Muchas gracias, Doctor Cairo Amador, Superintendente de Pensiones por ministerio de ley.
Han pedido la palabra dos personas que tienen que ver con lo que usted expuso.
Vamos a darle la palabra al Diputado Doctor Gustavo Porras, Presidente de la Comisión de Salud.
DIPUTADO GUSTAVO PORRAS:
Gracias, Presidente.
Bienvenidos, amigos de la Superintendencia. Efectivamente creo que estamos todavía en un proceso, del cual es difícil rendir un informe con mayor contenido; sin embargo, yo tengo que decir -y creo que se tocó algo de esto- el éxito que de la Superintendencia de Pensiones está determinado por la confianza que logren depositar los interesados; es decir, la confianza que logren depositar las personas que tienen intereses, los pensionados y los ahorrantes en el sistema, y particularmente en la institución Superintendencia de Pensiones. Nosotros hemos comenzado a discutir este asunto en la Comisión de Salud, Seguridad Social y Bienestar, porque le vamos a ir poniendo la seguridad social primero, para que no sólo esté determinándose para la salud, sino también para la seguridad social.
Hemos comenzado a discutir, que es la Superintendencia de Pensiones la que tiene el objetivo principal de cuidar esos intereses. Entonces en cuanto a eso, a mí me parece que hay dos o tres cosas que hay que dejar planteadas para que se hagan bien. Primero, efectivamente la Superintendencia nace en una situación donde hay una contradicción entre intereses, al fin y al cabo. Pero es muy importante lo siguiente: Yo siento que su informe, Superintendente, y es lo que siento en general y lo que sentimos cuando se arman esos talleres, que se dedican fundamentalmente a la venta de los beneficios del Sistema de Ahorro Preventivo.
Siento que se actúa más como si fueran esos grupos que andan interesados en abrir AFP, y que andan vendiendo el sistema y modalidades nuevas, que como Superintendencia de Pensiones, que debiera de andar preparándonos a los interesados, por ejemplo, poniéndonos a identificar claramente nuestros certificados de traspaso. Es una cosa de interés de todos los asegurados. Ahorita cuando uno va, hay miles de quejas de pensionados, hay problemas en la seguridad social, porque se les comen las cotizaciones de los años ochenta, y si el empleador no cotizó, no se le adjudican; cuando la ley indica que independientemente de que el empleador no cotizó y el trabajador sí lo hizo, se le debe reconocer.
Todo eso que va a constituir el certificado de traspaso, siento que debe ser ahorita la principal función de la Superintendencia de Pensiones, porque son los montos, los fondos de ahorro que va a supervisar posteriormente y a cuidar de que esas empresas no lo lleven al traste con una mala inversión o con un mal cuido. De tal forma que esa protección de intereses, siento que está invertida; lo que siento que anda haciendo la Superintendencia ahorita, en vez de prever desde ya ese proceso de protección de mis intereses, es vendiendo la idea y el negocio que deben hacer las Administradoras de Fondos de Pensiones.
De tal forma que es muy interesante, que al abrir el próximo año, comencemos tal vez la comunicación oficial institucional entre la Comisión de Salud y los diferentes autores y actores de esto, para modificar eso. Finalmente quiero dejar sentado lo referido a la representación en el Consejo por parte de los trabajadores. Es decir, en nuestras organizaciones -y me estoy refiriendo al FNT y CST- está la mayoría de los asegurados, y no tenemos representación en el Consejo. Estamos claros de que eso está en manos de la Presidencia, sin embargo debe ser una preocupación de la propia Superintendencia, porque la representación institucional de sus usuarios está débil en ese Consejo de Superintendencia. Son esos dos puntitos, para irlos viendo de futuro el próximo año.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto González, Presidente de la Comisión Laboral.
DIPUTADO ROBERTO GONZALEZ:
Gracias, señor Presidente.
Queremos también sumarnos a la bienvenida a los representantes del Consejo Directivo de la Superintendencia de Pensiones, y a su Presidente en funciones, Doctor Cairo Amador. Yo no quisiera poner la nota negra en esta reflexión de fin de año, sobre los informes que se nos están presentando. Ahora, en el caso de Gustavo y yo, que presidimos Comisiones muy importantes vinculadas a la problemática social del país y de los trabajadores, hace algunos meses nos tocó estar allá afuera en la calle. Tuvimos que tomarnos este recinto, los trabajadores afiliados al Frente Nacional de los Trabajadores y a la Central Sandinista de Trabajadores, porque en esa ocasión estábamos luchando porque no se privatizara la seguridad social.
Y se privatizó al final la seguridad social, y dio como resultado el nacimiento y origen de este nuevo sistema, ley 340, que incluso está recurrida de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y los actuales Magistrados tampoco se dignaron lamentablemente, ni siquiera a escuchar nuestras consideraciones. Pero lo más delicado de esto -aunque fuimos vapuleados y reprimidos por defender los derechos y las aspiraciones de los trabajadores- que nació este proyecto sobre las bases de la corrupción. Todos recordamos tristemente el capítulo del señor Martín Aguado, que dio como resultado ir a sentarse a la silla, siendo juez y parte de la nueva Superintendencia, con fondos, con recursos de los asegurados.
Porque la Superintendencia no tenía ni un centavo, y se llevó inconsultamente alrededor de 36 millones de córdobas para sentarse en la silla. Ahora es prófugo, y él quería aparecer como honesto, transparente y que éramos nosotros los responsables de que la inversión extranjera no viniera al país. Yo quiero trasmitirle al Doctor Cairo Amador -y a él le consta los esfuerzos de comunicación que hemos hecho con la Superintendencia-, que no debe quedar la menor duda aun con esos tropiezos que nos hemos encontrado en el camino, nuestra disposición a respaldar la inversión extranjera en nuestro país, que dé como fruto posibilidades de empleo, y que dé como fruto también posibilidades de mayores beneficios sociales a los afiliados.
Sin embargo no veo realmente esa naturaleza voluntaria. Aquí se dice por la ley, que las personas menores de 43 años pasan al nuevo sistema, y eso no ha sido ninguna decisión voluntaria de los ciudadanos, sino por una disposición de la ley que obliga a que pasen. Eso me parece que es un elemento incongruente con los derechos y libertades de los ciudadanos para escoger lo que mejor les parezca. Pero bien, la preocupación que yo quiero reiterar -y lo ha señalado el Doctor Gustavo Porras-, es que aquí sentimos que se está vendiendo más en el enfoque financiero y de negocio. Y queremos que reciban estas recomendaciones de parte nuestra con el mejor sentido y la mejor voluntad.
Se ha vendido más un elemento de carácter financiero y de negocio, y con menor relevancia la preocupación en qué condiciones estarán ingresando esos nuevos afiliados, o ese bolsón de afiliados importantes de alrededor de 260 mil que se desprenden del actual Sistema de Seguridad Social al nuevo Sistema de Pensiones. Nos preocupa seriamente en qué términos vamos a incorporarnos a este sistema, y creo que es un tema que debemos abordarlo a profundidad con ustedes. Por eso quiero solicitar -y creo que oportunamente todavía podemos ver un esfuerzo conjunto de la Superintendencia, la Comisión de Salud y la Comisión Laboral- para que podamos tener un encuentro a profundidad sobre este tema, y que sin descuidar los elementos de las condiciones y garantías de la inversión, podamos también asegurar las condiciones y garantías de los que van a ingresar a este sistema.
Yo creo que éste es un tema pendiente que debemos abordar realmente a profundidad, con transparencia y poniendo las cartas claras sobre la mesa. Y lo otro que yo quería señalar, es el tema de la representatividad, que es un tema muy complejo. Sabemos que no está en sus manos, que no está en el resorte de ustedes, pero sí queremos hacer esta reflexión, y es que nos parece que para que el sistema funcione con garantía y con confianza, creo que también el nivel de la representatividad debe ser un elemento a tomar en consideración. Por lo tanto, yo quiero reconocer el esfuerzo que se ha hecho hasta este momento por las autoridades de la Superintendencia y el esfuerzo de comunicación que se ha pretendido ir abriendo.
Y quiero que quede claro, que no es con el ánimo de torpedear este esfuerzo, pero todavía no hay claridez sobre este asunto, todavía no hay confianza en este asunto. Por eso creo que debemos tener un mayor nivel de participación, un mejor nivel de comunicación y abrir esos mecanismos de participación de manera más ágil, más dinámica. Y finalmente, sí nos preocupa algo y quiero que lo tomen en cuenta. Nos parece que se está abriendo una contradicción institucional muy delicada entre los planteamientos que está haciendo la actual Dirección del Instituto de Seguridad Social con relación a las funciones y facultades que tiene la actual Superintendencia de Pensiones.
Me refiero a la propuesta de proyecto de ley de nueva Ley Orgánica del Seguro Social, que está promulgando su Directora, la Licenciada Eva Callejas, y que ha convertido esto en un elemento controversial de manera pública, que ha llegado aquí a la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional. Como producto de esta situación, nos hemos visto obligados a solicitarle a la señora Callejas, que lo que tenemos que hacer es un programa de consulta nacional, para que podamos escuchar los aportes y consideraciones que tiene la ciudadanía y los afectados o los involucrados. Yo invito al Doctor Cairo Amador, y tenemos pensado invitar también a la Licenciada Eva Callejas, para que en conjunto con la Comisión de Salud tengamos un foro, tengamos un encuentro en el que podamos debatir, para que aquí efectivamente las cosas las podamos sacar de consenso.
Creo que tenemos que arribar al consenso para que las controversias y las responsabilidades se puedan delimitar, y que esto no se constituya en obstáculo para el desarrollo y la estabilidad del país, sobre todo para sus beneficiarios.
DOCTOR CAIRO AMADOR ARRIETA, SUPERINTENDENTE DE PENSIONES POR MINISTERIO DE LA LEY:
Creo que las intervenciones del Diputado Porras y del Diputado González son totalmente consistentes. Sin embargo debo decir que el ámbito de la Superintendencia de Pensiones abarca no solamente la parte de regular y fiscalizar a las administradoras de pensiones en su función de inversión, sino fundamentalmente la protección de los afiliados. Esa es la razón de ser de esta institución. Desde esa perspectiva, tiene mucha razón el Doctor Porras, cuando habla de que debemos centrarnos alrededor de lo que es la hoja laboral de los afiliados, su expediente.
Y no solamente lo hemos hecho, sino que además una de las principales consultorías que estamos negociando actualmente desde hace más de ocho meses, es precisamente alrededor del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y de la Superintendencia de Pensiones, en los temas de recaudación, en los temas de la filiación. Y para hablar de la filiación y hablar del certificado de traspaso, efectivamente tenemos que hablar de la calidad de información que esta institución del Seguro Social tiene con relación a todo el universo de sus afiliados.
La efectividad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social alrededor de esto, hizo automatización de proceso en los últimos años, ha permitido de alguna manera, junto con las asesorías internacionales que actualmente tenemos, vislumbrar el campo de lo que es la hoja laboral con bastante claridad. Debo decir, que es cierto que existen toda una serie de empresas y compañías y demás que no han reportado históricamente sus cotizaciones al Seguro Social, y evidentemente quien paga eso es el obrero.
Pero si tenemos que hablar de cara al futuro, entonces en ese sentido creo que incluso el próximo Código Penal aporta algo, sobre cómo dotar de los instrumentos legales necesarios para que la morosidad de la patronal disminuya sensiblemente: cómo proteger en el futuro los intereses de los trabajadores. Quiero decir que esta asesoría –dicho sea de paso- le cuesta al Gobierno de Nicaragua, le va a costar al Gobierno de Nicaragua el doble de lo que la Superintendencia de Pensiones tiene como presupuesto para este próximo año. Estamos hablando entonces de una asesoría que ya viene dándose desde hace como ocho meses, y por lo menos faltan cinco más para puntualizar de la mejor manera posible lo que es la historia, la hoja laboral de cada uno de los afiliados. Eso es técnicamente lo posible.
Para el futuro, necesariamente se deben incorporar una serie de situaciones de leyes que permitan a la Institución tratar el tema de la morosidad con mayor rigor. Con referencia a la representación de los trabajadores, escapa del resorte de nuestra actividad, eso es regulado por la Presidencia de la República, y quien es representante actualmente de los trabajadores en el Consejo Directivo, tiene su representación en el CONPES, que es el Consejo Nacional Económico y Social. Yo quiero dar un elemento cuando se habla de la privatización de la seguridad social, para que entendamos bien este asuntito que se presta a diferentes connotaciones.
¿Qué es lo que se está privatizando? Se está privatizando, no a la seguridad social. Si los fondos de pensiones, los dueños de los fondos de pensiones son los afiliados, el resultado, el final de esta labor de inversión produce un determinado rédito; produce una determinada ganancia que no es de las administradoras del fondo de pensiones. Esa ganancia, es una ganancia social, es una ganancia que se incorpora al Fondo de Pensiones y que se traduce precisamente, como uno de los factores que alimenta la cuenta individual. Desde esa perspectiva, simplemente hago la aclaración para fijarnos exactamente de qué estamos hablando, cuando hablamos de privatización.
Por otro lado, el presupuesto que actualmente tenemos, ya lo dije, es apenas la mitad de una de las consultorías actuales. Nos pone en dificultades, pero aun así vamos a hacer los esfuerzos necesarios para tratar de superar esta situación. Yo quisiera que ustedes pensaran un poco, no tanto alrededor del funcionamiento propio de la Institución, como en la necesidad que tiene el Estado de rendir informes y dar información clara de lo que es este sistema a todos los afiliados. Una de las partes fundamentales en que basamos el aumento de nuestro presupuesto, es precisamente para trasladar esa comunicación a los afiliados.
Por último, la contradicción alegada entre el INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) y la Superintendencia, ya se ve superada cuando esta Institución retiró de esta Asamblea su proyecto de ley. Está pendiente la presentación de otro proyecto, y sería aventurarme decir algo que no conozco, el contenido del mismo, y por supuesto acepto de antemano la invitación del Diputado González.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Agradecemos al Doctor Cairo Amador Arrieta, Superintendente de Pensiones por ministerio de ley, su presencia esta mañana en la Asamblea Nacional.
Hay una modificación en la Orden del Día; para eso vamos a pedir al Secretario que verifique el quórum.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Solicitamos a los honorables Diputados marcar de nuevo su tarjeta para comprobación de quórum.
Señor Presidente: Tenemos 53 honorables Diputados y Diputadas; hay quórum de ley.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Se abre la Sesión.
Vamos a darle la palabra al Presidente de la Comisión Dictaminadora de Desaforación, por solicitud judicial, con relación a la solicitud de levantamiento de inmunidad en contra del Diputado José David Castillo Sánchez.
Por favor, Diputado Tardencilla.
DIPUTADO ORLANDO TARDENCILLA:
Muchas gracias, señor Presidente de la Asamblea Nacional.
El día de ayer se leyó la presentación en lo general del Dictamen, y para los efectos del Diario de Debates, quiero recordar que el Dictamen señaló que esta parte es común a los cuatro dictámenes particulares correspondientes a cada caso, por lo que solicitamos sea leído de una sola vez. De tal manera, querido Presidente, que en razón de que todo el Dictamen es común en la parte general, voy a leer la parte pertinente cuando la Comisión ya da respuesta al caso, y leo:
DICTAMEN DE LA SOLICITUD DE DESAFORACION EN CONTRA DEL DIPUTADO JOSE DAVID CASTILLO
Se analizó y consideró los folios donde rolan las declaraciones de Ausberto Narváez, Martha McCoy, Esteban Benito Duque Estrada y los escritos presentados ante esta Comisión. Se toma nota de las comparecencias del mismo Diputado David Castillo y los criterios establecidos ante esta Comisión por la Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Consejo de Contralores. Los Representantes de estas tres entidades del Estado nicaragüense externaron su apreciación de que el señor David Castillo Sánchez no tiene vínculos con los hechos delictivos investigados.
Se analizó la documentación presentada en este caso, tanto la remitida por la Jueza Arias, como por el mismo funcionario, y después de estudiar la Ley 290 y su reglamento, la testifical de Esteban Benito Duque Estrada y otros criterios expuestos, esta Comisión considera que aunque aparentemente no hay vínculos reales, continuados, sistemáticos y racionales con el caso, sí existe una participación institucional del funcionario con rango de Ministro en el ejercicio de su cargo, de la que conforme al Arto. 151, párrafo 4 Cn., se derivan sus propias responsabilidades. El hecho en sí, pudiera ser o no vinculante al caso en su totalidad, por lo que esta Comisión considera que la Solicitud de Desaforación del Diputado David Castillo debe ser declarada con mérito, a fin de que la autoridad jurisdiccional tenga la posibilidad de investigar exhaustivamente los hechos y establecer lo que en derecho corresponda. En consecuencia, la Comisión dictamina FAVORABLEMENTE la solicitud de desaforación del Diputado José David Castillo.
Dado en la ciudad de Managua, a los nueve días del mes de Noviembre del año dos mil dos.
ORLANDO TARDENCILLA IRIS MONTENEGRO
Presidente Primera Vice Presidenta
JORGE MATAMOROS NATHAN SEVILLA GOMEZ
Segundo Vice-Presidente Primer Secretario
IRMA DAVILA LAZO ROBERTO GONZALEZ
Segunda Secretaria Miembro
Y están también, señores miembros de la Junta Directiva, los votos razonados, para el caso de David Castillo, presentados por los Diputados Orlando Mayorga, Oscar Moncada, Doctor Gabriel Rivera Zeledón, y la Licenciada Miriam Fonseca, en la cual ellos votaron negativamente en contra de la privación de inmunidad del Diputado David Castillo. Asimismo, la explicación del voto que presentara el honorable Diputado Alfonso Ortega Urbina, también en el sentido de los conceptos que se le leyeron ayer aquí, que además son válidos para este caso.
De esta manera, con esto estoy leyendo íntegramente el Dictamen, de conformidad a lo que expone la misma Comisión, acerca de la solicitud de privación del Diputado David Castillo.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Dictamen.
Tiene la palabra el Diputado Ingeniero Augusto Valle Castellón.
DIPUTADO AUGUSTO VALLE CASTELLON:
Gracias, señor Presidente.
Buenos días, honorables hermanos Diputados.
En primer lugar, conozco personalmente al Ingeniero David Castillo; como profesional, es un excelente profesional; como persona, como nicaragüense y también como liberal, lo conozco muy bien. Considero que el mismo Dictamen reconoce que la participación de David es tangencial y que cuando se cumple con el mandato legal, no se viola la ley ni la ética, y que la participación de David no tiene nada que ver con lo expuesto el día de ayer. Por lo tanto, pido a los honorables miembros de nuestra bancada, así a como los honorables miembros de la Bancada Sandinista, no privar de inmunidad al Diputado David Castillo.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Fremio Altamirano.
DIPUTADO FREMIO ALTAMIRANO:
Muchas gracias, don Jaime.
Yo creo que David es uno de los funcionarios de Gobierno que siempre cumplió con su deber; es hombre honesto, cabal. El mismo Dictamen de la Comisión habla claro de que el Diputado Castillo no tiene nada que ver en el juicio que se le siguió. Por lo tanto, pido a todos mis colegas del Parlamento, votar en contra de que se le quite la inmunidad al Diputado Castillo.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Ingeniero Agustín Jarquín.
DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:
Muchas gracias, Presidente.
Yo tuve la oportunidad de examinar los documentos en el caso de David, y los documentos en general. Y fundado en mis conocimientos y experiencia como ex-Contralor de la República, encontré que la comunicación escrita a la que se hace referencia en el juicio, no solamente no vincula, no responsabiliza o implica –como se dice- a David en este caso, sino que más bien lo deslinda totalmente. En este sentido, hice un comparecencia en la Comisión. Formalmente externé este criterio, además de otras opiniones que me preguntaron, que tuvieron a bien preguntarme los honorables miembros de la Comisión, y es en esa consideración que yo pido también a los colegas, que votemos desfavorablemente en el caso del compañero Diputado David Castillo. Votemos desfavorablemente el Dictamen que se ha presentado.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Porfirio Castro.
DIPUTADO PORFIRIO CASTRO:
Gracias, señor Presidente.
Me parece que en el caso de David Castillo, que también se va a ventilar en esta Asamblea Nacional, si se le desaforara sería cometer otra injusticia más, como la que se cometió el día de ayer contra el Diputado y Doctor Arnoldo Alemán, ex-presidente de la República. Por tanto, mi intervención en el día de hoy va dirigida a los colegas Diputados, para que examinen su conciencia y no cometer el mismo error que cometieron el día de ayer. David Castillo es uno de los funcionarios que tuvo el gobierno de Arnoldo Alemán, en el cual su labor fue muy eficiente, por eso el pueblo no se queja, y así es como dice el Dictamen que es favorable. Espero que todos los colegas Diputados no vuelvan a cometer el mismo error y la misma injusticia que hicieron ayer contra el Doctor Arnoldo Alemán. Por tanto, espero que el voto sea a favor del Diputado David Castillo: no a la desaforación.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Han solicitado la palabra tres Diputados más. El último de la lista es el Diputado Guillermo Montenegro, para después darle lugar al Diputado David Castillo, a que ejerza su defensa.
Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge Martínez.
DIPUTADO TOMAS BORGE MARTINEZ
Cuando se discutió en la Bancada Sandinista el caso del Diputado David Castillo, el Diputado Bayardo Arce y el Diputado Agustín Jarquín, defendieron a David Castillo.
Y la Bancada sandinista, finalmente, después de examinar el caso, determinó ponerse al lado de Bayardo y de Agustín en la decisión de no desaforar a David Castillo. La Bancada Sandinista se suma pues a este criterio.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.
DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:
Gracias, señor Presidente.
Yo avalo con toda solidaridad, las expresiones que me han precedido en torno a la inocencia, la no culpabilidad y el no mérito para ser desaforado el Diputado David Castillo. Desde el inicio manifesté públicamente que mi voto sería en este sentido, porque conozco su trayectoria de honestidad, de transparencia, y la no vinculación en absoluto culpable con los hechos que se investigaron. Así es que yo invito también a los demás compañeros, hermanos y colegas Diputados, a que votemos favorablemente para que no sea despojado de su inmunidad. Finalmente agrego, que públicamente manifesté que yo jamás daría mi voto a favor de que se desaforara a ninguna dama de la Asamblea Nacional o del Parlacen.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Guillermo Montenegro.
DIPUTADO GUILLERMO MONTENEGRO:
Gracias.
Voy a hablar, y espero que me escuchen. Creo que es muy difícil restituirle a un hombre su dignidad, es muy difícil restituirle a una persona los vejámenes que se le puedan hacer, por errores o por cualquier circunstancia. Va a ser difícil que el último ciudadano que leyó un medio escrito o escuchó un medio hablado o televisivo, realmente se dé cuenta de la inocencia de una persona que la llevaron y pasó en vilo durante once meses del año, bajo sufrimientos, sabiendo que era inocente, y aún más, recordando que tiene familia. Espero en Dios que de hoy en adelante no se susciten más injusticias en esta Asamblea -ni por obcecación, ni por ninguna circunstancia- que no sean las apegadas estrictamente a la ley.
Termino diciendo y solicitando a todos mis compañeros parlamentarios, sin excepción de bancadas, que voten en contra de la desaforación de David Castillo, porque consideramos que es inocente de todas las acusaciones que aquí se vertieron. Solicito también, señor Secretario, que se me dé copia de la asistencia, porque así lo he solicitado y se me ha dicho que está mala la fotocopiadora. Solicito copia de la asistencia de nuestra presencia el día de hoy.
Buenos días, y muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Ya habíamos dicho que se cerraba la intervención de los Diputados, para darle lugar al Diputado David Castillo.
No habiendo más Diputados en el uso de la palabra, se la damos al Diputado David Castillo.
DIPUTADO DAVID CASTILLO:
Gracias, señor Presidente.
Yo tenía preparado un extenso documento, relacionando de forma muy clara el hecho de que David Castillo nunca estuvo vinculado a las operaciones que se dieron en el Canal 6, pero yo sé que el tiempo de trabajo de hoy está muy presionado para esta Asamblea, y dadas las intervenciones que se han escuchado, agradezco totalmente de corazón, el hecho de que esta honorable Asamblea esté haciendo totalmente un acto de justicia para mi persona. Les agradezco a todos y espero el voto favorable de antemano.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Se somete a votación el Dictamen.
En verde los que estén a favor del Dictamen, y en rojo los que estén en contra.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
64 votos en contra del Dictamen, y 2 abstenciones. Se rechaza el Dictamen; por lo tanto, no hay desaforación para el Diputado David Castillo.
Solicitamos a los invitados a comparecer esta mañana, que por favor nos dispensen porque tenemos que pasar de urgencia a una ley, que nos va a tomar mucho tiempo, y es la Ley de Reforma Municipal.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
ASAMBLEA NACIONAL
COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES
Managua, 21 de Agosto del 2002
DICTAMEN
Doctor
Arnoldo Alemán Lacayo
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Doctor Alemán:
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, de conformidad a lo establecido en los artículos 49, 50 y 51 del Estatuto General y 73, 89 y 90 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, nos reunimos para analizar el Proyecto de Ley de Reforma a la Ley Nº 376, Ley de Régimen Presupuestario Municipal, que fue presentado el 2 de Julio del corriente año en Primera Secretaría por los honorables Diputados José Dámisis Sirias, Emilia Torres, Eduardo Mena, Felicita Zeledón, Jorge Ulises González, María Dolores Alemán, Gerardo Miranda, y que fue remitido a nuestra Comisión el 14 de los corrientes, para su dictamen en un plazo máximo de quince días.
El proyecto de ley que hemos analizado se presenta como una necesidad para todos los Municipios del país que hay que resolver, siendo particularmente apremiante en el caso de los municipios ubicados en las cuatro últimas categorías, muchos de los cuales han tenido que cesar el ejercicio de sus funciones debido a la iliquidez presupuestaria.
La Comisión en este año recibió a varias delegaciones de las municipalidades y a AMUNIC y escuchó con atención la problemática con relación a la aplicación de los Artos. 17, 18 y 59 de la Ley de Régimen Presupuestario Municipal, Ley Nº 376.
La Ley Nº 40 y la Nº 261, Ley de Municipios, manda en su Artículo 29 que la Ley de Régimen Presupuestario Municipal debe establecer los límites mínimos y máximos para las retribuciones del personal electo en cada categoría de municipios. La Asamblea Nacional aprobó la Ley Nº 376, Ley de Régimen Presupuestario Municipal, que en su Artículo 17 solamente estableció porcentajes máximos, pero se hizo de tal manera que provocó un reducción en los niveles de salarios que se asignaban en la mayoría de los municipios. Se detectó que tal reducción es más grave en los municipios comprendidos en las categorías E, F, G y H, donde el salario de los Alcaldes oscila entre siete mil (C$7,000.00) y cuatrocientos (C$400.00) córdobas mensuales.
La intención de la ley en este particular es vincular la retribución del personal electo a los ingresos corrientes de los municipios, eliminando la discrecionalidad con que se venían fijando éstas en los años anteriores. Este novedoso elemento es de gran importancia para la gobernabilidad y la transparencia local, sin embargo no se logró que se ajustara adecuadamente a la situación económica de nuestro país.
Al aplicar los artículos 17, 18 y 59, por una parte se afecta el ingreso que los concejales percibían en concepto de dieta por su participación en las reuniones del Concejo y de las comisiones. Por otra parte, para los municipios ubicados en las tres últimas categorías resulta inaplicable la ley ya que sus ingresos tributarios son tan exiguos que no alcanzan para pagar ni siquiera la planilla del personal electo. Pero además, la Ley deja a los municipios sin posibilidad de dar una respuesta a la problemática, ya que aunque estos municipios contasen con algún ingreso extraordinario, la ley en su Arto. 18 párrafo dos del mismo, establece que las autoridades electas no podrán recibir otras retribuciones de la municipalidad diferentes de las contenidas en este artículo.
Con la reforma que hemos dictaminado se establecen límites mínimos y máximos para calcular los montos destinados para salarios y dietas de los electos; asimismo para estos montos se modifican los porcentajes que se aplicarán para determinar los montos para salarios del Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario y los de las dietas de los concejales, de forma que los cálculos en ambos casos, son independientes. La reforma permite además mantener los salarios y dietas que históricamente ha recibido el personal electo y así evita su dramática reducción.
De igual manera la reforma al Arto. 18, párrafo dos de la Ley de Régimen Presupuestario Municipal, flexibiliza la norma, pues se establece en la misma una excepción en cuanto a que los municipios ubicados en las cuatro últimas categorías pueden recibir complementos de salarios y dietas provenientes de ingresos extraordinarios, siempre y cuando el destino específico de estos recursos sea taxativamente para este fin.
En ese sentido resulta innecesario el Arto. 59 y la reforma propuesta, por lo que recomendamos que se derogue y así lo expresamos en la modificación que hicimos al proyecto de ley dictaminado, ya que al establecerse la excepción mencionada en el párrafo anterior, legalmente los municipios pueden hacer uso de ingresos extraordinarios para sus gastos corrientes, en los que se incluye las retribuciones al personal electo, siempre y cuando esté expresado de esta forma.
Con base en las razones expresadas, la Comisión Dictaminadora ha considerado que el proyecto de ley de reforma a la
Ley de Régimen Presupuestario Municipal, Ley Nº 376,
es necesario para el cumplimiento de las funciones que manda la Constitución Política a las municipalidades, y que esta reforma a la ley contribuirá a la resolución de la aguda problemática financiera que atraviesan las municipalidades, que el proyecto en mención no se opone a la Constitución Política ni a las leyes constitucionales, ni a los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.
Por tanto, en nuestro carácter de Diputados y miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, emitimos Dictamen Favorable al proyecto de Ley de reforma a la Ley de Régimen Presupuestario Municipal, Ley Nº 376, cuyo texto adjuntamos para que el honorable Plenario lo apruebe.
JOSÉ DÁMICIS SIRIAS VARGAS
MARCO AURELIO SÁNCHEZ JOSÉ CASTILLO OSEJO
EMILIA TÓRREZ AGUILAR EDUARDO MENA
GERARDO MIRANDA ULISES GONZÁLEZ
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión en lo general.
Tiene la palabra el honorable Diputado Edwin Castro.
DIPUTADO EDWIN CASTRO:
Gracias, señor Presidente.
Nuestra bancada al fin recibe con enorme satisfacción, después de un año ya de estar presionando para que esto se haga una realidad. Yo creo que en el día anterior a cerrar la Sesión legislativa, nada mejor que cerrarlo con esta ley. Y a nuestros hermanos del Caribe les decimos que no vamos a poder cumplirles totalmente en esta legislatura, porque desgraciadamente el Presidente de la Comisión Etnica, no nos sacó a tiempo el dictamen del Reglamento de la Ley de Autonomía. Pero como hoy le cumpliremos a los Alcaldes, también le cumpliremos a medias al Caribe, y vamos a sacar después de ésto -aunque sea maratónica la Sesión del día de hoy- la Ley de Demarcación de Territorios Indígenas que ha estado engavetada en esta Asamblea Nacional por más de cuatro años y que ha sido exigencia de los Consejos Regionales Autonómicos.
Pero además, honorables colegas Diputados, honorables funcionarios de Gobierno, permítanme ponerme de pie para rendir homenaje al séptimo año de algo que no debería de haber pasado en esta Nicaragua, y que no debería de haber pasado en las afueras de esta Asamblea Nacional, y es la muerte de Jerónimo Urbina y de Porfirio Ramos. La muerte de dos luchadores por el 6 por ciento de las universidades. Séptimo aniversario en que contamos el día de hoy con la presencia y el cariño de la señora Paulina Urbina, madre de Jerónimo, a quien le damos nuestro cariño y no un minuto de silencio. Pido un minuto de aplausos por Jerónimo; un minuto de aplausos por nuestro cariño a esa lucha del 6 por ciento que va a contar con el respaldo nuestro y con el respaldo de esta Asamblea Nacional.
Y por la brevedad del caso y por la justicia de la edad, quisiera pedirle al honorable Presidente que se le transfiera de inmediato los micrófonos al Diputado Fidel Moreno, dirigente estudiantil, joven universitario, para que en las palabras de él y posteriormente en las palabras del Doctor Reynaldo Mairena, quede patentizado nuestro homenaje a estos héroes del 6 por ciento.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Fidel Moreno.
DIPUTADO FIDEL MORENO:
Muchas gracias, señor Presidente; honorable Junta Directiva;
Muy buenos días, honorables colegas; distinguidos invitados;
Muy buenos días doña Paulina Urbina, madre de Jerónimo;
Muy buenos días, magnífico Rector, Licenciado Francisco Guzmán, Rector de la UNAN-Managua.
Buenos días, al compañeros Bismark Santana, Presidente Nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua;
Distinguidos dirigentes estudiantiles que nos acompañan:
Diciembre es un mes festivo, nostálgico, reflexivo para la mayoría de las familias nicaragüenses. Para el sector universitario, Diciembre es un mes de incertidumbre, de valentía, de honor, de dignidad, de dolor y de victoria. Todos los años en este mes, se discute el presupuesto de nuestras universidades, y desde el año 91 la Universidad, trabajando al lado de su pueblo, acompañada por el pueblo nicaragüense, ha venido defendiendo este principio constitucional. Un día como hoy, hace siete años, más o menos a esta hora, en las afueras de este recinto, una multitudinaria marcha de su comunidad se acercaba a la Asamblea Nacional.
Ese día, para desgracia del pueblo nicaragüense y de nuestra comunidad, por órdenes del gobierno que presidía la señora Chamorro, esta marcha fue recibida con violencia, a golpes y a balazos, lo que enlutó indudablemente al pueblo de Nicaragua y a la familia universitaria. Jerónimo Urbina, estudiante de Ingeniería, y el trabajador universitario Porfirio Ramos, fueron asesinados en esta masacre. Igualmente el compañero Bismark Santana, perdió una pierna, producto de esta masacre; el bachiller Vidal Chang, perdió un ojo; siete compañeros nuestros resultaron gravemente heridos, y un número indeterminado de heridos en general y de detenidos resultó esa mañana. Como bien decía nuestro colega Edwin, éste es un momento de reflexión sobre las cosas que no pueden pasar en este país.
A esto se sumó en el año 99, la muerte del bachiller Roberto González, estudiante de Derecho de la UNAN-Managua, en el gobierno que presidía el Doctor Arnoldo Alemán. El 13 de Diciembre, día de la masacre perpetrada contra los estudiantes universitarios, donde cayeron asesinados Jerónimo y Porfirio, y fueron víctimas de la represión neoliberal, heridos y golpeados y encarcelados decenas de jóvenes más, ese día los predios de la Asamblea Nacional se mancharon de sangre y se llenaron de arrojo y valentía de los estudiantes, que defendían el legítimo derecho a la educación de todos los nicaragüenses. Esa fecha quedó plasmada en la historia de Nicaragua, como un día de honor y dignidad universitaria.
Nicaragua entera lloró a sus mártires y a sus muertos, representantes de la mayor demostración de defensa de la justicia y el Estado de Derecho. El 13 de Diciembre, para toda una generación juvenil, significa la expresión más alta de una década de lucha de la juventud nicaragüense, y en especial de los estudiantes, dirigida por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragüa. Hemos querido hacer este pequeño pero significativo homenaje, y que también sirva de reflexión para las diferentes instituciones que en algún momento han venido institucionalizando la violencia contra el pueblo, de lo que no puede pasar, y que la muerte de nuestros compañeros mártires universitarios sirva de apoyo para el presupuesto de nuestras universidades, que es un presupuesto constitucional y establecido en el marco jurídico del país.
Muchísimas gracias, compañeros.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra la honorable Diputada Benita Arbizú.
DIPUTADA BENITA ARBIZU:
Siete históricos años que merecen respeto y merecen recordarlo. Y no sólo merecen recordarlo por lo sucedido, sino porque a como decía el Diputado Fidel Moreno, cada vez que esta Asamblea Nacional aborda el tema del Presupuesto Nacional, las universidades y los diferentes sectores tienen que hacer este tipo de manifestaciones y de luchas para reclamar sus derechos, que es un derecho de los nicaragüenses, que es un derecho de la juventud, que es un derecho constitucional que se debe respetar. Sin embargo los estudiantes siempre hemos tenido que hacer uso de la lucha en las calles, pero a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de apoyo del mismo Gobierno, hemos salido adelante.
Y en esto no se puede quedar atrás la participación de la mujer joven, como estudiante dentro de las universidades; la mujer dirigente dentro de las universidades, dentro de los recintos universitarios, porque ahí hemos estado presentes en esa lucha. Es por eso que hoy les decimos a los representantes estudiantiles que están aquí con nosotros, que la Bancada Sandinista, y principalmente los Diputados jóvenes que estamos aquí, que los vamos a apoyar siempre y que cuenten con nosotros.
Gracias, a todos.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Reynaldo Mairena.
DIPUTADO REYNALDO MAIRENA:
Gracias, señor Presidente.
Buenos días, compañeros Diputados;
Buenos días, Rector de la Universidad, Licenciado Francisco Guzmán;
Buenos días, doña Paulina Urbina, madre de Jerónimo, compañero nuestro;
Buenos días, compañeros dirigentes estudiantiles que nos acompañan.
Para ser breve, porque estamos interrumpiendo la discusión de un dictamen de ley, sólo nos resta felicitar a los miembros de la Comisión Económica, que han dictaminado en el Presupuesto General de la República un presupuesto asignado a las universidades, adecuado para su funcionamiento, adecuado a la realidad que está viviendo también el país. Esto nos demuestra que con consenso político, con consenso aquí en la Asamblea, las cosas se pueden ir resolviendo sin necesidad de la violencia, sin necesidad de la protesta.
Además, instamos a todo el Plenario para que el día de mañana que discutamos la Ley General de Presupuesto, votemos unánimemente como lo ha dictaminado mayoritariamente la Comisión Económica, para que de esta manera honremos firmemente la memoria de los hermanos compañeros universitarios que hoy no están presentes, como es Jerónimo Urbina y Porfirio Ramos.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra la honorable Diputada Emilia Torres Aguilar.
DIPUTADA EMILIA TORREZ AGUILAR:
Muchísimas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, como dijo el Diputado Castro, podemos casi escuchar y decir junto con los ciento cincuenta y dos gobiernos locales de Nicaragua, ¡por fin! Hace casi un año que venimos consensuado esta reforma a la Ley de Régimen Presupuestario Municipal; siete Diputados de esta honorable Asamblea presentamos esta iniciativa de ley el 2 de Julio de este año, y fue dictaminada desde el 21 de Agosto del presente período. Sin embargo las innumerables dificultades que hemos vivido en la Asamblea Nacional, han provocado que casi a las puertas de cumplirse la obligación que tienen los gobiernos locales de presentar el presupuesto de su Municipio para ser incluido en el Presupuesto General de la República, antes de que finalice el año, se vieran obligados a incumplir con ese mandato que les establece la ley, o con la responsabilidad de tener que modificar el Presupuesto en el primer trimestre del siguiente año, en vista de que la Asamblea Nacional no había aprobado esta reforma a la Ley de Régimen Presupuestario Municipal.
De manera que en honor a este esfuerzo que se ha desarrollado en el país, más que explicar lo que ya está explicado en el Dictamen, yo quisiera pedirle a todos los Diputados, que sin más dilaciones aprobemos ya la Ley de Régimen Presupuestario Municipal.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Bladimir Pineda, y después se cierra con la intervención de la honorable Diputada Felícita Zeledón.
Tiene la palabra Bladimir.
DIPUTADO BLADIMIR PINEDA:
Gracias, señor Presidente.
Muy buenos días a todos los Diputados, y a los distinguidos señores que nos visitan para rendir su respectivos informes.
En base a la Ley de Reforma a la Ley de Régimen Presupuestario Municipal, quiero decirles con espíritu municipalista, que estoy satisfecho de que el día de hoy aprobemos esta importante ley. Yo fui Alcalde de mi Municipio, y estoy totalmente convencido de que la familia municipal nicaragüense va a acoger con muy buen suceso esta importante Ley de Reformas al Régimen Presupuestario Municipal que vamos a aprobar todos los Diputados y Diputadas de esta Asamblea Nacional. Creo que se ha dicho ya bastante sobre los detalles de la misma y el beneficio que trae a los señores administradores municipales.
En consecuencia, reitero mi posición como Diputado de apoyar esta ley; y a la vez quiero decirles, que todavía hasta anoche dos Alcaldes municipales de Río San Juan, llamaron a mi casa donde estoy acá en Managua, para pedirme que los Diputados aprobáramos esta ley. Entonces cumpliendo con el deber que la ley y la Constitución me asigna, estoy por eso aquí apoyando la referida ley.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra la honorable Diputada Felícita Zeledón.
DIPUTADA FELICITA ZELEDON:
Gracias, señor Presidente.
Buenos días a todos; a las Comisiones que están aquí, a la Contraloría, así como también a todos los compañeros y hermanos Diputados y Diputadas.
Todos sabemos que para que un país pueda desarrollarse, un gobernante tiene que dotar de mayores recursos económicos, tanto a la educación como a la salud, al igual que a todos los Municipios del país; sabemos que ésta es la semilla del desarrollo de cualquier país, grande o pequeño. Es por eso que ahora que tenemos la oportunidad de aprobar la reforma a la Ley de Régimen Presupuestario, me alegro muchísimo de pertenecer a la Comisión de Asuntos Municipales, que es donde realmente me siento bien realizada, por las mismas experiencias de ocho Alcaldesas de un Municipio tan bonito como Posoltega.
Sé de las grandes problemáticas que enfrenta el Alcalde y el Concejo Municipal, cuando no poseen recursos económicos para dar respuesta, tanto a lo que son sus servicios generales o básicos, como también para desarrollar esos Municipios. Los Alcaldes y Concejos Municipales durante todo este año han pasado en ascuas y siempre alerta, y pidiéndonos a esta Comisión que aprobemos esta reforma que les viene tan bien, porque han pasado ya casi doce meses y algunas Alcaldías han tenido que cerrar y otras estuvieron a punto de hacerlo.
Es por eso que pido a todos los colegas de esta magna Asamblea, que esta ley la probemos lo más rápidamente posible, para que puedan las Alcaldías mejorar sus condiciones; así como también la aprobación de siguientes leyes, para que nuestros Municipios puedan tener ese recurso y esa ley, que es la que les va a venir a ayudar en su desarrollo.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Se somete a votación en lo general la Ley del Régimen de Presupuesto Municipal.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
49 votos a favor, ninguno en contra. Aprobada la ley en lo general.
Vamos a discutirlo en lo particular.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
Hace saber al pueblo de Nicaragua que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA,
En uso de sus facultades,
HA DICTADO
La siguiente:
LEY DE REFORMA A LA LEY Nº 376, “LEY DE REGIMEN PRESUPUESTARIO MUNICIPAL”, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 67, el día 4 de Abril del 2001.
Arto. 1
Se reforman los dos primeros párrafos del artículo 17, de la Ley Nº 376, los que se deberán leer de la siguiente forma:
Arto. 17:
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo 29 de la Ley de Municipios, se establecen por categoría de Municipios los porcentajes mínimos y máximos respecto a los ingresos corrientes anuales, que aplicarán para determinar el monto que anualmente destinarán en concepto de salarios y prestaciones sociales del Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario y dietas de los concejales por asistencia cumplida a las sesiones del Concejo Municipal para cada categoría de Municipios definidas en el Artículo 10 de la presente Ley.
Los porcentajes definidos para cada categoría de municipios son los siguientes:
Categoría A: de 1.5% a 2.0% de los ingresos corrientes anuales.
Categoría B: de 6% a 10% de los ingresos corrientes anuales.
Categoría C: de 10% a 14% de los ingresos corrientes anuales.
Categoría D: de 14% a 18% de los ingresos corrientes anuales.
Categoría E: de 18% a 22% de los ingresos corrientes anuales.
Categoría F: de 22% a 26% de los ingresos corrientes anuales.
Categoría G: de 26% a 32% de los ingresos corrientes anuales.
Categoría H: de 32% a 40% de los ingresos corrientes anuales.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 1.
A votación el artículo 1.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el artículo 1.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto. 2:
Refórmese el párrafo segundo del Artículo 18 de la Ley Nº 376, el que deberá leerse así:
Las autoridades electas no podrán recibir otras retribuciones de la municipalidad diferentes a las contenidas en este artículo, excepto las de los municipios comprendidos en las categorías EFG y H, que podrán recibir complementos de salarios y dietas, provenientes de ingresos extraordinarios, siempre y cuando el destino específico de estos recursos sea taxativamente para este fin. Dicho complemento sumado al monto que proviene de los ingresos corrientes de la municipalidad, resultado de la aplicación de la presente ley, no podrá exceder el salario mínimo aquí establecido para el Alcalde e igualmente en proporción a éste para efectos de calcular salarios y dietas de las demás autoridades electas. Para las categorías EFG y H, se establecen los siguientes salarios mínimos:
Categoría E C$9,000.00 (nueve mil córdobas).
Categoría F C$8,000.00 (ocho mil córdobas).
Categoría G C$7,000.00 (siete mil córdobas).
Categoría H C$6,000.00 (seis mil córdobas).
Para determinar los montos destinados a salarios y prestaciones del Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario y para las dietas por asistencia cumplida a las sesiones plenarias del Concejo Municipal y de las comisiones, se establecen los siguientes porcentajes máximos del monto destinado para salarios y dietas de las autoridades electas, de acuerdo al número de concejales del Municipio:
Número de concejales Salarios del Alcalde Dietas
Vice-Alcalde y Secretario
19 30% 70%
10 50% 50%
5 70% 30%
Para las municipalidades comprendidas en las categorías EFG y H conformadas por diez concejales, se establece la relación porcentual del 60% para salarios del Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario y 40% para las dietas por sesiones plenarias y comisiones de trabajo.
Anualmente, cada Concejo Municipal de todos los municipios, podrá indexar los montos establecidos con base al tipo de cambio del dólar norteamericano (US), siempre y cuando cuente con los recursos suficientes.
Hasta aquí el artículo 2.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 2.
Tiene la palabra la honorable Diputada Emilia Torres Aguilar.
DIPUTADA EMILIA TORREZ AGUILAR:
Muchas gracias, señor Presidente.
Vengo únicamente con la intención de presentar una moción de consenso que modifica este segundo artículo de la Ley de Régimen Presupuestario Municipal, que diría de la siguiente manera:
“Arto. 2 Se reforma el artículo 18 de la Ley Nº 376, el que deberá leerse así:
Para determinar los montos destinados a salarios y prestaciones del Alcalde, Vice-Alcalde, Secretario y para las dietas por asistencia cumplida a las sesiones plenarias del Concejo Municipal y de las comisiones, se establecen los siguientes porcentajes máximos del monto destinado para salarios y dietas de las autoridades electas de acuerdo al número de concejales del Municipio:
Número de concejales Salarios del Alcalde Dietas
Vice-Alcalde y Secretario
19 30% 70%
10 50% 50%
5 70% 30%
Son prestaciones sociales del Alcalde, Vice-Alcalde, Secretario al Concejo Municipal, el décimotercer mes y vacaciones. Para las municipalidades comprendidas en las categorías EFG y H conformadas por diez concejales, se establece la relación porcentual del 60 por ciento para salarios del Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario, y 40% para las dietas por sesiones plenarias y comisiones de trabajo.
En todos los Municipios, el salario del Vice-Alcalde deberá corresponder al 60 por ciento del salario del Alcalde; y del Secretario del Concejo Municipal, al 40 por ciento del salario del Alcalde. Se exceptúa de esta disposición los Municipios de la categoría “A”. Las dietas y comisiones de los concejales en los Municipios categoría EFG y H, no deberán ser menores al 20 por ciento del salario del Alcalde. En caso de que el monto calculado conforme el porcentaje de los ingresos corrientes para la determinación de las dietas sea mayor al 20 por ciento, el Concejo Municipal determinará la opción a elegir.
Las autoridades electas no podrán recibir otras remuneraciones de la municipalidad diferentes a las contenidas en este artículo 17 de la presente ley, excepto las autoridades electas de los Municipios comprendidas en las categorías EFG y H, que podrán recibir complementos de salarios y dietas provenientes de ingresos extraordinarios, siempre y cuando el destino específico de estos recursos sea taxativamente para este fin. Dicho complemento, sumado al monto que proviene de los ingresos corrientes de la municipalidad, resultado de la aplicación de la presente ley, no podrá exceder al salario mínimo aquí establecido para el Alcalde, e igualmente en proporción a éste por efecto de calcular salarios y dietas de las demás autoridades electas.
Para cada categoría señalada en el párrafo anterior, se establecen los siguientes salarios mínimos:
Para los Alcaldes:
Categoría E, C$9,000.00 (nueve mil córdobas).
Categoría F, C$8,000.00 (ocho mil córdobas).
Categoría G, C$7,000.00 (siete mil córdobas).
Categoría H, C$6,000.00 (seis mil córdobas).
Anualmente, cada Concejo Municipal podrá indexar los montos establecidos con base al tipo de cambio del dólar norteamericano, siempre y cuando cuente con los recursos suficientes.
El monto de la dieta que corresponderá a los concejales por participar en la totalidad de las reuniones del Concejo Municipal, no podrá ser superior al 50 por ciento del monto que les corresponde por la participación en las sesiones ordinarias del Concejo Municipal. En ningún caso los concejales suplentes devengarán dietas, exceptuando en las situaciones previstas en el artículo 26, parte in fi ne, y 31 de la Ley de Municipios.
Paso a entregar la moción.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el artículo 2.
En verde votan los que están conforme a la ley presentada, y en rojo los que están a favor de la moción presentada por la Diputada.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
48 votos a favor de la moción de consenso. Se aprueba el artículo 2, con las modificaciones hechas en la moción presentada.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Arto. 3.
Deróguese el Artículo 59 de la Ley Nº 376.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 3.
A votación el artículo 3.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
48 votos a favor, ninguno en contra. Se aprueba el artículo 3.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto. 4:
Para efectos de interpretación del párrafo primero del Arto. 18, entiéndase por prestaciones del Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario del Concejo Municipal, el salario ordinario, décimotercer mes y vacaciones.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 4.
A votación el artículo 4.
Se abre la votación.
DIPUTADA EMILIA TORREZ AGUILAR:
Pero yo le pedí la palabra y no me la dio, señor Presidente, lo tengo marcado aquí en mi escaño. Era solamente con una intención. Es que el artículo 4 debe eliminarse, porque en la moción que le acabo de presentar está incluido el concepto de las prestaciones para Alcalde, Vice-Alcalde y Concejales. Era únicamente con ese propósito. En la moción que acabo de entregar. Se dice expresamente, pero puede quedar, no hay problema; si ya está votada, no lo contradice.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Continúa la votación.
Se cierra la votación.
Se abre nuevamente la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Se aprueba el artículo.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Arto. 5:
La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 5.
Tiene la palabra el honorable Diputado Doctor Miguel López Baldizón.
DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Gracias, señor Presidente.
Quería discutir con los honorables Diputados la posibilidad de modificar este artículo 5, en vista de que esta ley debió haber sido aprobada en el mes de Agosto, para poder acompañar la modificación al Presupuesto General de la República, efectuado por esta honorable Asamblea en el mes de Julio, y prácticamente quedan escasos quince días para poder concluir la ejecución del Presupuesto del 2002. Pediría a los honorables Diputados valorar la moción para que esta ley entre en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación, ya que el día de ayer le solicité al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, el trámite expedito en el desembolso de los fondos, una vez que esta ley fuera aprobada por esta magna Asamblea.
Entonces presento la moción de que esta ley entre en vigencia una vez publicada en cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de su posterior publicación en el Diario Oficial, La Gaceta.
Presento la moción.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión la moción presentada por el Doctor Baldizón.
A votación la moción presentada.
En verde los que votan a favor del texto original, y en rojo por la moción presentada por el Doctor Baldizón.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
Se cierra la votación con 48 votos a favor, ninguno en contra. Se aprueba el artículo. Así queda aprobada la ley.
Nuevamente le pedimos disculpa a los honorables miembros de las distintas instituciones, por haber tenido la paciencia de esperar pasar esta ley.
Muchas gracias.
Tenemos la presentación del Doctor Noel Sacasa, Superintendente General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Doctor Sacasa.
DOCTOR NOEL SACASA, SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS:
Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero Jaime Cuadra Somarriba;
Honorables Miembros de la Junta Directiva;
Honorables Diputados:
Agradezco esta primera oportunidad que se me brinda de comparecer ante el Plenario de esta honorable Asamblea, para rendir informe sobre mi gestión, como Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Como primer punto, quiero informar a esta Asamblea que durante el año 2002 no ha habido ningún banco ni ninguna otra institución financiera que haya tenido que ser intervenida o llevada a liquidación forzosa. Antes de continuar con el cuerpo de mi informe, quisiera sin embargo señalar mi preocupación sobre dos sentencias recientes emitidas por la Corte Suprema de Justicia, que con todo el debido respeto a esa Corte y sin perjuicio de que la Superintendencia tome las acciones que corresponden dentro del cuerpo judicial, sí creo que es mi deber informar a esta Asamblea, sobre estos puntos de preocupación.
La primera sentencia se refiere a un recurso de amparo del Almacén General de Depósitos, SEMAR, que fue introducido a principios del año 2001 en contra de una resolución del Superintendente, que ordenaba contabilizar como pasivos del Almacén los bonos de prenda de cuya mercadería había desaparecido por razones no explicadas. La Corte Suprema de Justicia resolvió dar lugar a este recurso de amparo. La segunda sentencia es aún más reciente, y se refiere al recurso de amparo que introdujo en Abril del año 2001 el ex-accionista principal del Banco Mercantil, señor Haroldo Montealegre, en contra de la Resolución de Intervención del Banco Mercantil.
De nuevo he sido notificado, que la Corte Suprema de Justicia declaró que ha lugar a ese recurso de amparo. En el transcurso de este informe voy a abundar en algunos detalles sobre los antecedentes de este último caso en particular. Sin embargo, quisiera dejar sentado que si la interpretación de las leyes que rigen el ámbito financiero, en la que se basan estas dos sentencias, es la que va a prevalecer en el país, yo me vería obligado a recomendar a esta Asamblea Nacional, derogar la Ley de la Superintendencia de Bancos, derogar la Ley de Garantía de Depósitos en el Sistema Financiero, derogar la Ley de la Superintendencia de Bancos, y derogar los capítulos de la Ley General de Bancos, que tienen que ver con supervisión, intervención y liquidación forzosa.
En estas circunstancias sería necesario decirle al público, que sus depósitos en el Sistema Financiero tendrían que ponerlos a su propio riesgo. Dejo este comentario, y paso ahora a informar sobre nuestra gestión en los últimos dos años. La Presidencia de la Asamblea tiene ya una copia del informe escrito que corresponde al año 2001. El informe escrito sobre el año 2002, será presentado en su momento durante los primeros meses del año próximo. En esta presentación, voy a hacer una síntesis de lo que ocurrió en estos dos últimos dos años, y en vista de la escasez de tiempo y de lo tarde de la hora, voy a concentrarme principalmente en materia de supervisión de bancos, dado que en los otros ámbitos de supervisión de almacenes de depósitos, instituciones de seguros y el ámbito del mercado de valores, no ha habido problemas mayores que reportar.
Sin embargo, siempre estoy a las órdenes de esta Asamblea para cualquier pregunta en que quieran que yo abunde. Las actividades de supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, van desde el control y seguimiento ex situ, es decir a distancia de las instituciones financieras, en forma permanente, pasando por inspecciones in situ, con visitas periódicas o por necesidades especiales a las entidades, órdenes de aprovisamiento, medidas preventivas, planes de normalización, sanciones, intervenciones, hasta llegar a la medida máxima, que es la liquidación forzosa de alguna entidad. El objeto principal de todas estas actividades es velar por los intereses de los clientes que confían sus recursos a las instituciones financieras, y preservar la seguridad y la confianza del público en dichas instituciones.
A diferencia del año 2000, en el cual las capacidades de la Intendencia de Bancos fueron absorbidas casi en su totalidad por la atención de las situaciones de crisis que se dieron en ese año, durante los últimos dos años fue posible, a pesar de las intervenciones del Banco Mercantil en Marzo y del BANIC en Agosto del año 2001, dedicar más recursos al desarrollo de las capacidades institucionales de supervisión, principalmente mediante la reorganización interna de la Intendencia de Bancos, el mejoramiento de sus métodos de trabajo y la participación en eventos de capacitación y en reuniones técnicas de la Superintendencia de la Región.
Y la conclusión de dos rondas completas de inspecciones a los bancos, asistidas por auditores internacionales que concluyó en el mes de Octubre de este año 2002. También se hizo una revisión durante estos dos años, casi completa, de las normas prudenciales que afectan a los bancos. Por el lado de las inspecciones in situ, se puso en vigencia en forma experimental un nuevo Manual de Inspecciones Bancarias a partir de Abril de 2001; esta es la primera vez que existe un Manual de Inspecciones Bancarias y fue elaborado con asistencia técnica financiada por el Banco Mundial, con base en la experiencia obtenida en las inspecciones asistidas, así como en la evaluación de manuales utilizados en otros países.
En relación al control y seguimiento a distancia de los bancos, ésta es una tarea de carácter continuo, cuyo objeto principal es alertar a tiempo sobre síntomas de problemas en dichas entidades, permitiendo focalizar las inspecciones in situ hacia esos problemas, así como la toma de acciones preventivas y/o correctivas oportunas. Quiero aquí únicamente resaltar, una de las reformas que se hicieron en materia normativa, que es la emisión de nuevas normas sobre auditoría externa y sobre control y auditoría interna.
Anteriormente no existía ninguna normativa en este ámbito fuera de los pocos requisitos establecidos en la ley. Las crisis de bancos que ocurrieron en el año 2000, habían hecho evidente que los estándares con que se habían venido haciendo las auditorías de los bancos eran insuficientes y que era necesario establecer requisitos de calificación para los auditores, términos de referencia mínimos para su trabajo y la obligación de informar de los resultados de sus auditorías a la Superintendencia. Esto se hizo tanto a través de las dos normas mencionadas como mediante reformas al marco legal en la nueva Ley de Garantía de Depósitos.
Además, para el desarrollo de una conexión remota, segura, entre la Superintendencia y los bancos, que permita la captación diaria automática de la información necesaria, así como el análisis automatizado de dicha información, se determinó en detalle el alcance del proyecto, así como los recursos necesarios en hardware y software con un presupuesto preliminar, y se sometió al Banco Mundial estando pendiente la contratación de un experto que verifique el concepto antes de proceder a las licitaciones respectivas.
Paso ahora al tema del cierre de entidades en problemas. Debido a problemas de solvencia y liquidez, que no pudieron ser resueltos mediante mecanismos de mercado, en los dos últimos años tuvieron que ser intervenidos -me refiero a los años 2000 y 2001- los siguientes bancos o tuvieron que ser cerrados por otras situaciones. Comenzamos con el Banco de Crédito Popular, último banco comercial estatal que quedaba en operación a fines de 1999. Este banco había sido descapitalizado por malos préstamos; ante la imposibilidad de recapitalizarlo se le ordenó el cese de operaciones bancarias en Noviembre de 1999.
Se pagaron todos los depósitos que estaban garantizados por el Estado; los activos remanentes quedaron bajo la administración y custodia de su Junta Directiva nombrada por el Ejecutivo, mientras la Asamblea Nacional resolvía sobre su eventual liquidación. El Banco Intercontinental S.A., (INTERBANK), intervenido el 7 de Agosto de 2000, sobresalía como el banco de más rápido crecimiento en los últimos años de la década de los noventas; operaciones irregulares realizadas después de la última inspección que finalizó en Febrero de 2000, fueron suficientes para llevar su patrimonio a cifras negativas lo cual motivó su intervención.
Sin embargo estando el banco ya intervenido ha surgido nueva evidencia de irregularidades adicionales, las cuales entre otras cosas parece indicar que un porcentaje extraordinariamente elevado de la cartera de préstamos, no había sido desembolsado a favor de los presuntos deudores, sino en beneficio de un mismo grupo económico, el Grupo Centeno. Conforme a dicha evidencia, el banco habría sido masivamente descapitalizado por actos que aparentan ser fraudulentos, hábilmente ocultados a los supervisores y ejecutados en forma difícilmente explicables, sin una amplia complicidad dentro de la administración a lo largo de más de un año. El banco se encuentra en proceso de liquidación forzosa desde el 28 de Mayo de 2001.
Las pérdidas ocasionadas al Estado, que garantizó los depósitos, se estiman en más de 220 millones de dólares. El Primer Banco Inmobiliario S.A., (PRIBANCO), comenzó tardíamente con una escala demasiado pequeña, sus accionistas negociaron con el BANPRO la venta de activos, a cambio de asumir todos los depósitos en Septiembre de 2000. Se inició su proceso de liquidación y fue concluido sobre la base de disolución voluntaria anticipada el 5 de Abril de 2001, sin ningún costo para el Estado.
El Banco del Café de Nicaragua S.A., llevado a liquidación forzosa el 17 de Noviembre de 2000, era ya en años anteriores al 2000 un banco preocupante por su excesivo crecimiento y los riesgos que asumía; su situación ya se había identificado como crítica con la inspección que terminó en Enero de 2000, a causa de operaciones realizadas con bastante anterioridad, al profundizar el análisis de la cartera, en los meses subsiguientes fueron saliendo a luz problemas pre-existentes adicionales que habían sido intencionalmente ocultados, de concentración de créditos, préstamos a partes relacionadas, deterioro de cartera y acuerdos con sociedades administradoras de cartera de microempresas pertenecientes a socios y directores del mismo banco, lesivas a los intereses del mismo. Al final tuvo que ser llevado a liquidación por presentar capital negativo y grave situación de iliquidez. El banco había sido seriamente descapitalizado por una larga historia de mala administración y abusos a favor de partes relacionadas, a la cual se sumó en el 2000 el impacto de la crisis alrededor del Grupo Centeno-Consagro, el costo para el Estado al haber garantizado los depósitos, se estima en más de 50 millones de dólares.
El Banco Mercantil S.A., (BAMER), intervenido el 3 de Marzo de 2001, había sido debilitado principalmente por operaciones realizadas antes de 1999, las cuales contribuyeron a dañar los resultados operativos y a perder progresivamente la confianza del público depositante.
A la fecha de la intervención el patrimonio contable del banco era menos de la tercera parte del requerido, y habría sido negativo si se hubieran contabilizado provisiones más realistas, diferidas por normas, sobre los bienes adjudicados, aún así, es concebible que el banco pudiera haber sido vendido a otra entidad sin costo para el Estado por la vía privada, de no haberse agudizado los retiros de depósitos en las últimas semanas de Febrero y los últimos días de Marzo.
Sin embargo la solución privada se hizo imposible y la intervención inevitable, al llevar dichos retiros al banco a una situación irrecuperable de iliquidez, que habría conducido a un paro de pagos dentro de los tres o cuatro días hábiles siguientes a la intervención; aunque durante la intervención se hizo evidente que el banco sólo podía ser llevado a liquidación forzosa, el inicio de dicho proceso fue suspendido durante un año a raíz del recurso de amparo que ya mencioné, introducido por uno de los accionistas principales. El costo neto para el Estado, de haber garantizado todos los depósitos del BAMER, se estima en no menos de 25 millones de dólares.
Finalmente, el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), intervenido el 4 de Agosto de 2001 era un banco privado, con participación minoritaria estatal; su intervención se hizo necesaria por una situación grave de iliquidez, causada por retiros masivos de depósitos a partir de Noviembre de 2000, que no pudo ser subsanada por los propietarios del banco, a pesar de tener el mismo un patrimonio contable positivo. A esto se suman debilidades en la estructura de activos, heredadas del período de control estatal, así como el impacto de la caída del precio del café en una cartera cafetalera que representaba un tercio de la cartera total del banco.
La desconfianza de los depositantes fue en gran parte alimentada por el anuncio inicial de una garantía insuficiente en el caso del BANCAFE, así como por ataques fuertes directos en los medios de comunicación; El BANIC fue llevado a liquidación forzosa el 21 de Septiembre de 2001, el costo neto para el Estado al haber garantizado los depósitos, se estima en más de 20 millones de dólares. Después de la clausura de los seis bancos mencionados arriba, además de los dos que ya habían sufrido un destino similar en años anteriores al 2000, el Sistema Financiero Nicaragüense ha pasado por un proceso de depuración, que deja a los seis bancos privados restantes en una situación financiera considerablemente fortalecida, tal como ya se señalaba en el informe del año 2000.
Primero, con la desaparición de la banca comercial estatal se ha eliminado la posibilidad de la politización del crédito, que en el pasado causó a los contribuyentes pérdidas quizás no menos cuantiosas que las de los más recientes cierres de bancos privados. Segundo, la concentración del negocio bancario en un número menor de instituciones permite ahora una mayor eficiencia y unos márgenes de seguridad financiera bastante mayores a todos los bancos restantes. Tercero, con el cierre de los bancos privados más débiles o en los cuales se dieron evidencias de abusos por parte de sus propietarios o administradores se ha depurado el sistema, dejando a los bancos restantes en manos de propietarios y equipos gerenciales, que han demostrado una mayor capacidad e integridad. Cuarto, la reducción del número de bancos permite también concentrar en los bancos restantes los recursos humanos más valiosos especializados en banca. Quinto, el fortalecimiento del marco normativo que se ha venido implementando en los últimos años, ha dejado bancos con mejores niveles de provisiones por cartera mala y tasas de capitalización superiores a las requeridas por la ley. Y por último, la mayor intensidad y profundidad de las inspecciones realizadas por la Superintendencia, a partir de la segunda mitad del año 2000, ha reducido sustancialmente el nivel de duda sobre la situación real de los bancos que quedan operando en el sistema. Voy a pasar, sin entrar a detalles, a cada uno de los bancos que acabo de mencionar y que están contenidos en el informe escrito.
Quisiera referirme pasar entonces a la relación sobre el proceso de liquidación forzosa y la gestión de las juntas liquidadoras. Como se mencionó anteriormente, cuatro bancos han estado en los últimos años en proceso de liquidación forzosa, el INTERBANK, el Banco del Café, el BANIC y el Banco Mercantil, este último a partir del mes de Marzo -creo que fue de este año 2002. Todos estos cuatro bancos han concluido sus períodos legales de liquidación. En todos estos casos los bancos han firmado escrituras con el Banco Central, entregándole al Banco Central la totalidad de los activos remanentes de sus balances, en pago de la deuda que tenían estos bancos con el Banco Central, el cual se subrogó en lugar de los depositantes al efectuar la garantía de depósitos establecida en la ley.
Quiero comenzar con un resumen del marco jurídico de supervisión de las Juntas Liquidadoras. Primero, la declaración del Estado de liquidación forzosa. Exceptuando el caso de los bancos estatales, que tengan su propia ley, constitutiva, la liquidación de instituciones bancarias está regida por la Ley 314, Ley General de Bancos e Instituciones no Bancarias y Grupos Financieros, en sus artículos 88, al 106. Cuando un banco incurre en cualquiera de las causales definidas en el artículo 88 el Superintendente debe proceder a solicitar a un Juez Civil la declaración del estado de liquidación forzosa de dicho banco. Ante la solicitud del Superintendente, el Juez debe proceder sin más trámite.
Sobre el nombramiento de las Juntas Liquidadoras. Conforme el artículo 92 de la Ley 314, una vez declarado por el Juez el estado de liquidación forzosa, el Superintendente nombra un liquidador o una Junta Liquidadora compuesta de hasta tres miembros de los cuales uno debe ser abogado. Los nombrados deben tomar posesión de sus cargos ante el Juez. En su escogencia de miembros, de Juntas Liquidadoras, el Superintendente que presenta este informe, ha procurado siempre a conciencia apegarse a la ley, nombrando personas de reconocida honorabilidad y capacidad profesional, acorde con los requerimientos de la labor de liquidación y que no estén incluidas en los impedimentos que define el artículo 30 de la Ley 314.
Sin embargo cabe hacer notar, que la liquidación de activos de bancos no es ni una especialidad profesional, ni una actividad común en nuestro país, en la cual exista un número de personas de reconocida experiencia. Generalmente los miembros de las Juntas Liquidadoras se han seleccionado de entre personas que no han formado parte de la administración superior, directores o gerentes generales de la institución fallida; sin embargo en el mejor interés de los acreedores, se han hecho algunas excepciones en casos en que se han cumplido todas las condiciones siguientes, las cuales a su vez están recogidas en nueva norma emitida recientemente por el Consejo Directivo de la Superintendencia:
a) La persona nombrada era de reconocida honorabilidad y competencia profesional como banquero;
b) La permanencia de la persona en el cargo al momento de la intervención, tenía una antigüedad no superior a los 12 meses;
c) Al momento de su nombramiento como Gerente General por parte de la Junta Directiva de la entidad fallida, la Superintendencia contaba con antecedentes o con informes de inspección, acerca de que dicha institución financiera ya presentaba debilidades de solvencia, de liquidez o de gestión;
d) Durante los últimos 12 meses o menos, en que la entidad estuvo a su cargo, no se habían otorgado créditos irregulares ni celebrado contratos que hubieran sido objetados por la Superintendencia o los auditores externos o que hubieran agravado la situación de la entidad bancaria;
e) Existía evidencia a juicio del Superintendente de la independencia de la persona con respecto a los accionistas de la entidad;
f) Previo a la intervención o declaración del estado de liquidación forzosa de la entidad, la persona correspondiente había mostrado una notable colaboración con la Superintendencia, que había resultado decisiva, ya sea para determinar la real situación financiera y de solvencia de la entidad que debía intervenirse o liquidarse o para tomar medidas preventivas o correctivas; y
g) Su experiencia y conocimiento de las operaciones de la institución a liquidar se consideraba clave para la buena gestión del proceso de liquidación.
En cuanto al régimen de supervisión de las Juntas Liquidadoras: aunque estas juntas son nombradas por el Superintendente, las mismas no están bajo su dirección, sino que gozan de autonomía dentro de las facultades, funciones y obligaciones que les atribuye la ley, con el fin de que usen su mejor criterio en el cumplimiento de dichas funciones y obligaciones. Conforme al artículo 94 de la Ley 314, los liquidadores están sujeto a la vigilancia y fiscalización del Superintendente, en la misma forma en que lo están los propios bancos. Además, deben rendir cuentas al Superintendente y presentar mensualmente un estado detallado de la liquidación.
El Superintendente, por lo tanto, debe velar porque los liquidadores cumplan cabalmente con las obligaciones que les impone la ley, pero no puede dictarles la manera concreta en que deben cumplir con dichas obligaciones. Al legislarse de este modo, se pretende separar claramente las responsabilidades del supervisor y del supervisado y evitar el conflicto de interés que se daría si el supervisor fuera al mismo tiempo en alguna medida, ejecutor de la labor de liquidación que supervisa. Sin embargo, si el Superintendente detectara una evidente incompetencia, negligencia o deshonestidad en la gestión de un liquidador, tendría la obligación de destituir a dicho liquidador y sustituirlo por una persona más idónea, conforme al artículo 92, párrafo tercero de la Ley 314.
Este no fue el caso en ninguna de las Juntas Liquidadoras que actualmente están nombradas. La supervisión de las Juntas Liquidadoras de Bancos la ha ejercido el Superintendente a través de la Superintendencia de Bancos. Para llevar a cabo una supervisión más estrecha, se asignó un auditor de experiencia y dos inspectores a tiempo completo a las juntas administradoras y liquidadoras, y se hizo inspecciones integrales a cada una de ellas, y se han requerido y analizado informes mensuales de seguimiento, además de sostener reuniones frecuentes.
Sobre los deberes de las Juntas Liquidadoras: Los deberes de los liquidadores están consignados en los artículos 95 al 106 de la Ley 314. En particular la forma de liquidar los activos del banco está regida por los artículos 95 y 99. En todo lo que no se oponga a lo establecido en la Ley 314, deben regirse por las leyes comunes. Los casos de disposición de bienes del banco en liquidación que no estén previstos en la legislación, los debe resolver el liquidador en consulta con el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos.
A esta fecha, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos no ha emitido ninguna normativa que regule el funcionamiento de las Juntas Liquidadoras, en mayor detalle que lo establecido en la ley. El Superintendente durante el año 2001 y 2002, emitió una serie de circulares en las que recordaba a las Juntas Liquidadoras sus deberes conforme a la ley, las instaba a regir sus operaciones con base en principios básicos de transparencia; les daba recomendaciones específicas a este respecto y las instruía en la forma en que debían someter a auditoría externa sus informes financieros y sus operaciones.
En este ámbito, en particular de auditoría externa, los informes finales que las Juntas Liquidadoras deben presentar al Superintendente, tienen un contenido que se les ha especificado en circular y carta a cada una de las juntas, y deben además cumplir con auditoría externa, tanto de los balances iniciales como finales de las juntas, como de todas sus operaciones durante su gestión, y así también como del cumplimiento de las leyes en el ejercicio de esa gestión. Una vez que esos informes sean presentados y hayan sido auditados, serán puesto en conocimiento de esta Asamblea.
Sobre los honorarios de las Juntas Liquidadoras. Conforme al artículo 103 de la Ley 314, los honorarios del liquidador son fijados por el Superintendente de Bancos y no pueden ser superiores al 3 por ciento, ni inferiores al 1 por ciento del valor de los bienes de la masa. Para la determinación de los honorarios de todas las Juntas Liquidadoras, el Superintendente fijó dicho porcentaje en un 2 por ciento, o sea el término medio entre el 1 y el 3 que contempla la ley.
Para la clarificación del concepto de valor de los bienes de la masa, sobre el cual se aplica ese porcentaje, el Superintendente pidió en Septiembre de 2001, una interpretación de la ley, al Consejo Directivo de la Superintendencia, el cual a su vez resolvió pedir una interpretación autentica a la Asamblea Nacional. A la fecha, este pronunciamiento de la Asamblea no se ha efectuado. En opinión del que informa, el concepto de valor de los bienes de la masa debe interpretarse, para efectos del cálculo de los honorarios, en el sentido del valor de liquidación en efectivo de los bienes o su equivalente estimado.
La determinación final de los honorarios se hará con base en el informe final auditado de la gestión de cada Junta Liquidadora, entre tanto el Superintendente ha autorizado anticipos con cargos a dicha determinación final, equivalentes a un salario acorde con las calificaciones, la responsabilidad y los riesgos de los liquidadores. En caso remoto en que la determinación final de los honorarios de ellos resultara en una suma inferior al monto de los anticipos, los liquidadores estarían obligados a reintegrar el exceso recibido.
Sobre el plazo y conclusión de la liquidación: El artículo 106 de la Ley 314, establece que la liquidación de un banco debe quedar concluida en un plazo no mayor de seis meses, prorrogables por una sola vez por el Superintendente por otros seis meses. Concluido este plazo, los liquidadores deben proceder a integrar cualesquiera activos residuales a los acreedores en pago de sus créditos, conforme al orden de prelación establecido en la ley; y en caso que después de cancelado todos los pasivos quedara todavía algún remanente, distribuirlo a los accionistas. Una vez cumplido lo descrito en el párrafo anterior, los liquidadores deben presentar su informe final sobre el estado de la liquidación al Superintendente.
Aprobado dicho informe por el Superintendente, éste debe dictar una resolución en la que se declare concluido el estado de liquidación y el cese de la existencia legal de la Institución. Esta resolución debe ser inscrita en el Registro Público Mercantil. Mientras no se haya cumplido con este último paso, los liquidadores nombrados, o el Superintendente -si éste resuelve no aceptar el informe final del liquidador- continúan ostentando la representación legal de la entidad en liquidación, y tienen el deber de continuar ejerciendo todas las acciones legales que sean necesarias para salvaguardar los intereses de los acreedores.
Como les decía, todas las Juntas Liquidadoras concluyeron su período legal de liquidación, todas menos una, 12 meses, o sea, seis meses prorrogados por otros seis. En el caso del Banco Mercantil, en donde el valor bruto de los activos, o sea, antes de cualquier provisión por incobrabilidad o irrecuperabilidad de esos activos, era menor que la deuda que se tenía con el Banco Central, y por lo tanto aquí se resolvió no ampliar el período por seis meses adicionales.
Ahora, en cuanto a los resultados de la gestión de las juntas:
Con base en cifras preliminares proveídas por las Juntas Liquidadoras y que a esta fecha aún no han sido auditadas, con cifras al 31 de Octubre del presente año se ha recuperado y/o obtenido de liquidación de activos, un total en las cuatro juntas, de 1,488 millones de córdobas, de los cuales 743.5 millones son en efectivo, o sea más de la mitad, 48.8 millones en títulos valores, y 702.7 millones en bienes adjudicados. Estos bienes aquí valorados, a valor de avalúo.
Estos bienes a su vez, obviamente, tendrán que ser vendidos y en su venta puede obtenerse un precio mayor o menor que ese valor de avalúo, pero eso no ha sido aún determinado. Si se relaciona esta cifra de 1,488 millones de córdobas con el valor de la cartera neta no transferida a los bancos que asumieron los depósitos de los bancos cerrados -que neta digo- de provisiones que tienen un valor -también con cifras preliminares- de 1,570.5 millones, lo recuperado presentaría algo más, o sea un 94.7 por ciento de ese valor neto. Recuerden que las provisiones se establecen con base en las normas prudenciales de la Superintendencia, como un estimado de la irrecuperabilidad de esos activos, y tienen que ver con la calidad de esos activos que existían ya desde antes de la intervención o la llevada a liquidación forzosa de los bancos, si bien es cierto que algunas de estas provisiones fueron constituidas ya estando los bancos intervenidos. Los gastos de administración de las Juntas Liquidadoras representan en promedio, un 15 por ciento de la cifra total de recuperación que acabo de mencionar. De nuevo, repito, estas cifras que serán provistas en detalle, van a ser auditadas y serán informadas con todo detalle a la Asamblea Nacional y a todas las autoridades competentes.
En otros aspectos de la gestión, quisiera hacer las observaciones generales siguientes: Durante los dos años en que se estuvo liquidando, se dieron las siguientes circunstancias especiales. Primero, la cartera de activos que quedó bajo la gestión de las Juntas Administradoras y de las Juntas Liquidadoras era la de peor calidad y más difícil recuperación; se trata de la cartera que había sido rechazada por los bancos que asumieron los depósitos de los bancos cerrados; a pesar de que esos bancos habrían tenido la opción -excepto en el caso de INTERBANK- de quedarse con esa cartera y ser compensados con CENIS, por cualquier diferencia entre el valor en libros y el valor real estimado de la misma.
O sea, que si los bancos optaron por devolver esa cartera, fue porque consideraron que el costo de administrar la recuperación de las mismas iba a ser mayor que lo que iban a poder recuperar. Una parte importante de esta cartera especialmente en el caso del INTERBANK y en menor grado en el caso del Banco del Café, ni siquiera estaba sustentada por documentos auténticos en que pudiera basarse su cobranza o su venta. Otro punto. Mientras la actual legislación nicaragüense contempla un máximo de 12 meses para la liquidación de un banco, la mayoría de las legislaciones en otros países establecen períodos considerablemente más largos, aún en países con mercados mucho mayores que el nuestro, o bien no contemplan ningún límite específico de tiempo, tal como lo hacía la anterior legislación bancaria nicaragüense.
El valor total neto de provisiones de los activos a liquidar en los cuatro bancos que estaban en estado de intervención o liquidación, era a finales del 2001 de 2,823.4 millones; esta cifra representaba un 11.2 por ciento del producto interno bruto de Nicaragua en ese año. La concentración de la venta de un volumen tan grande de activos en un mercado tan pequeño como el nicaragüense, en un período tan corto de tiempo esencialmente dos años, hacía virtualmente imposible su liquidación sin grandes descuentos de precios.
Además, tanto la capacidad o disposición de pago de los deudores, como la demanda efectiva de activos reales o financieros en el mercado nicaragüense, estuvieron seriamente afectadas durante el año 2001 y el 2002 por la combinación de los siguientes factores de carácter extraordinario: Primero, la incertidumbre asociada al posible resultado de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Noviembre de 2001; segundo, la fuerte caída de los precios del café; tercero, valga mencionar por ejemplo que en el caso del BANIC, la tercera parte de su cartera antes de la intervención era cartera cafetalera; cuarto, la recesión internacional y su impacto en la economía nicaragüense.
Estos factores contribuyeron adicionalmente a dificultar la cobranza de créditos y la venta de propiedades. Especialmente en el caso de estas últimas, la imposibilidad de vender sin descuentos excesivos indicaba la conveniencia de esperar una reactivación del mercado, por lo menos después de las elecciones del 2001. La cobranza judicial de los préstamos, así como la correspondiente adjudicación de los bienes dados en garantía, se vieron entorpecidas por el escaso interés que las juntas reportan haber observado por parte de los Juzgados, en atender las necesidades de los bancos intervenidos o en liquidación, en contraste con los bancos que operaban normalmente.
Aquí hay que añadir que además se da un volumen de este tipo de juicios mucho mayor que el que normalmente se ventila a través de esos canales. Otro punto. A pesar de que la ley establece la inembargabilidad de los activos de los bancos en liquidación, se dieron numerosos casos de embargos de tales activos. Los esfuerzos por revertir dichos embargos distrajeron innecesariamente la atención de los liquidadores y retrasaron las correspondientes acciones de venta. La complejidad de las investigaciones necesarias para llevar adelante los juicios de carácter penal contra los presuntos responsables del deterioro de los bancos, obligó en algunos casos, a incurrir en costos adicionales importantes, además de requerir en alto grado la atención de los liquidadores.
Y por último, a esto se suman los recursos y el tiempo invertido tanto por los administradores y liquidadores, como por las autoridades supervisoras y aún otras autoridades del país, en la defensa contra acusaciones penales falsas, demandas infundadas y campañas calumniosas en los medios de comunicación, las cuales fueron iniciadas o impulsadas por anteriores accionistas, directores, funcionarios y otras partes relacionadas con los bancos en liquidación. Para abreviar en relación a la gestión de cada junta, quisiera limitarme ahora a mencionar solamente lo que se refiere a acciones penales e investigaciones.
En el caso del INTERBANK, conforme cifras al 31 de Mayo de 2002, la Junta Liquidadora informa que el saldo neto residual de la cartera de préstamos equivalía a 2,944.7 millones de córdobas, de los cuales un 23 por ciento (72 préstamos) correspondía a deuda directa del grupo Centeno-Consagro, y un 56 por ciento adicional (1,582 préstamos), a operaciones relacionadas con las empresas de los hermanos Centeno, con clientes que no se pueden ubicar, con propiedades dadas en garantía que no existen o con suplantación de nombres. De las empresas del Grupo Centeno-Consagro, se informa que no se localizaron 10 propiedades que garantizaban financiamientos por un monto de 76.7 millones de dólares.
En 12 Municipios y 40 comarcas de la Región Norte, se constató la inexistencia del 97 por ciento de las propiedades que son 143, con un monto de préstamos equivalente a 28.1 millones de dólares. Asimismo se verificó la inexistencia de propiedades e irregularidades en la formalización de las escrituras en otros 56 casos, incluyendo falsificaciones de 14 certificaciones de INETER, falsedad de 44 testimonios por irregularidades diversas, ventas judiciales sin evidenciar los antecedentes registrales de las propiedades, falta de incorporación de las escrituras contentivas de los títulos de dominio de las fincas hipotecadas, etc.
La Junta Liquidadora informa que de 1,200 deudores y 200 fiadores, existen indicios de que solo pueden ser identificadas unas 200 personas. Priorizando los casos mejor soportados por pruebas, la Junta Liquidadora había introducido cinco acusaciones penales por los delitos de falsedad notarial, estafa, defraudación, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos públicos, esto es lo que se había introducido a fines del 2001, entre tanto se han introducido algunas acciones más sobre las cuales no tengo hasta el momento el detalle. A pesar de las acciones judiciales impulsadas por la Junta Liquidadora y la Fiscalía General de la República, al cierre del 2001 todavía no había ninguna persona guardando prisión.
A esta fecha, ya hay algunas personas que sí han sido llevadas a prisión.
En el caso del Banco del Café de Nicaragua, es conocido que con base en las acciones legales iniciadas por la Junta Liquidadora y el Procurador General de la República y entonces Fiscal General en funciones, guardan prisión algunos ex directores del Banco del Café. Por su parte, algunos ex accionistas y ex directores de ese banco, iniciaron acciones penales infundadas en contra del Procurador General de la República, del Superintendente, del Vice-Superintendente, de los miembros de la Junta Liquidadora y de otros funcionarios, habiéndose dictado Sentencia de Sobreseimiento Definitivo en la primera instancia.
En el caso del Banco Mercantil, con base en los resultados de auditorías que se llevaron a cabo para determinar posibles responsabilidades, se hicieron las denuncias del caso y se iniciaron las acciones legales. En el caso del BANIC, que es el que menos tiempo tiene de haberse intervenido y llevado a liquidación forzosa, por instrucciones del Superintendente se llevó a cabo una auditoría especial, primero a nivel de auditoría interna y luego a nivel de auditoría externa; y los resultados de esta auditoría, igual que de todos los demás que se han realizado en todos los bancos que han estado en intervención o en liquidación forzosa, han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la República.
Para terminar, quisiera solamente mencionar lo que considero que son algunos puntos que se pueden adelantar, que podrían requerir reforma del marco jurídico de supervisión bancaria. Tanto la administración de los bancos intervenidos como la liquidación forzosa de los mismos, debería ser institucionalizada por ley y no estar sujeta al nombramiento discrecional de administradores y liquidadores, ni a la supervisión por parte del Superintendente. El Fondo de Garantía de Depósitos sería un candidato idóneo para asumir estas funciones, por ser congruente con su razón de ser.
La Superintendencia de Bancos, por su parte, no debería desviar sus escasos recursos humanos de la supervisión preventiva de las entidades financieras cooperantes; estos recursos también deberían ser ampliados, y el plazo de liquidación debería ser más largo, por lo menos de hasta dos años. Debería fortalecerse la protección jurídica de los bienes de los bancos y otras instituciones financieras en liquidación en contra de embargos y secuestros. Debería clarificarse la ley, en el sentido de no dar tratamiento privilegiado como pasivo laboral o beneficios y prebendas en exceso, de las que explícitamente otorga la ley laboral.
Hemos tenido casos de beneficios, supuestamente laborales, a favor de ex gerentes generales o directores de bancos intervenidos por sumas sumamente grandes. Y por último, debería fortalecerse también la protección jurídica de las personas que cumplen su deber dentro del marco legal de la supervisión, intervención y liquidación de instituciones financieras..., valga recordar por ejemplo, que el Superintendente de Bancos no tiene inmunidad ni siquiera como las que goza cualquier Ministro.
Agradezco su atención a este informe, y repito que estoy a su disposición tanto ahora como en cualquier momento posterior para responder preguntas de la honorable Asamblea Nacional.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Le rogamos al Doctor Sacasa, permanecer un minuto donde se encuentra, ya que el Diputado Ingeniero Agustín Jarquín ha solicitado la palabra.
DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN ANAYA:
Buenos días, señor Superintendente.
Quería pedir si tiene por escrito lo que usted nos expresó, para que lo podamos nosotros estudiar posteriormente, analizarlo.
DOCTOR NOEL SACASA, SUPERINTENDENTE GENERAL DE BANCOS:
Sobre esto, la Presidencia de la Asamblea -como dije antes- tiene mi informe escrito que corresponde al año 2001, que incluye la mayor parte de lo que he presentado. Lo que he añadido referente al año 2002, va a estar incluido en el informe escrito que anualmente me permito remitir a la Asamblea en los primeros meses del año próximo.
DIPUTADO AGUSTÍN JARQUIN ANAYA:
Yo lamento que no podamos contar con su informe escrito de lo que usted nos ha leído o ha intervenido o con los datos que nos ha proporcionado, sobre todo porque estamos en una etapa de revisión y de reforzamiento –entiendo- de la Superintendencia de Bancos, cuya ejecutoria francamente ha sido lamentable en los años anteriores, porque considerando las discrecionalidades que la ley le daba a la Superintendencia de Bancos, la manera de intervenir en los bancos etc., el resultado de poco más de siete u ocho bancos cerrados por diferentes circunstancias, no es un buen récord de ejecutoria.
Sobre todo en casos por ejemplo de INTERBANK, cuando en días o semanas anteriores de que se produjese la debacle de este banco, la Superintendencia lo había calificado como uno de los bancos de excelencia del país. Particularmente en el caso del Banco de Café, yo he estudiado bastante la documentación, y encuentro ahí o encontramos -y no es objeto de hacer aquí una polémica o un debate, pero si lo invito para que podamos debatir esto en otro momento y sugeriría, no sé si la próxima semana o el próximo año, en Enero- casos donde de manera muy discrecional la Superintendencia hizo cambios en calificación de clientes "A", pasándolos rápidamente, no sé con qué criterio, a clientes "E" y en consecuencia de condición casi no recuperable.
Y otra serie digamos de decisiones. Por ejemplo, la intervención que estableció en ese banco la Superintendencia de Banco, o un desempeño gerencial que no se corresponde como debería de ser, a pesar de que usted lo ha dicho: responsabilidad, con inclusive con una visión de un manejo de ahorro de recursos con gastos increíblemente grandes, que terminaron de afectar a ese banco, que ciertamente tenía deficiencias en su manejo, pero las deficiencias de la Superintendencia generaron condiciones para que este banco colapsara. Incluso yo en esa ocasión sugería que hubiera una auditoría operacional del desempeño de la Superintendencia, para analizar qué era lo que había ocurrido en todo su desempeño, pero veo que ya están tomando una serie de providencias sobre este tema. Yo también me animo a que las últimas recomendaciones que usted está haciendo o solicitudes –entiendo- para mejorar en el aspecto de la ley el desempeño de la Superintendencia, las pudiera hacer llegar a la brevedad de manera que se hagan las reformas de ley correspondiente, para que tengamos una Superintendencia de Bancos que esté acorde con el desarrollo del país.
Esos comentarios quería hacer de su comparecencia, y sí le animaría a que el reporte escrito de lo que usted aquí ha expresado nos lo pudiera hacer llegar a la brevedad, ya no va a ser para esta legislatura, pero sí muy temprano el próximo año, de manera que podamos emitir juicio con más detalle sobre este tema.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
¿Va a responder? Adelante.
DOCTOR NOEL SACASA, SUPERINTENDENTE GENERAL DE BANCOS:
Agradezco los comentarios del Diputado Jarquín: Los juicios que emite sobre la ejecutoria de la Superintendencia me parece que indican que no ha leído el informe escrito que sobre el caso particular del Banco del Café, está ampliamente documentado y detallado sobre mi gestión en el año 2000, y que fue remitido desde el año pasado a la Asamblea Nacional. Con respecto a lo que se refiere a los bancos que fueron intervenidos, y las causales que llevaron a su intervención o liquidación forzosa, y todos los detalles que se refieren a los antecedentes de supervisión, que condujeron a esa acción por parte del Superintendente, están también ampliamente detallados y documentados en el informe que ya está en manos de esta Asamblea Nacional.
Hay que recordar de que todos estos bancos fueron intervenidos o dejados a liquidación forzosa, a más tardar en el año 2001. En relación a deficiencias de supervisión, ciertamente el que ocurra una cantidad así de grande de bancos que entran en problemas, indica debilidades en el conjunto del marco de supervisión. Me permito recordar que los bancos que fueron intervenidos en el año 2001, tanto el caso del Banco del Café como el caso del INTERBANK, la situación que tenían, tenía su origen en operaciones en su mayor parte en casos –en su totalidad- anteriores al año 2000.
El que ahorita rindió este informe, inicio sus funciones como Superintendente -como ustedes bien saben- el 10 de Noviembre del año 1999.
Por otro lado, adicional a debilidades en el caso del INTERBANK, es evidente después de toda la investigación que se hizo, que la mayor parte de esas debilidades era muy difícil -por no decir imposible- que las detectara la Superintendencia de Bancos con el personal que tenía, dentro de las normas existentes, con los procedimientos que venían aplicándose hasta esa fecha en que el banco fue intervenido.
Entre tanto, como se detalla también en el informe que tienen ustedes a su disposición, esta Superintendencia ha fortalecido de manera decisiva y sustancial las capacidades de supervisión, tanto en términos de mejorar la calidad del personal, de aumentar el número de inspectores, de obtener asistencia técnica internacional para fortalecer esta capacidad, de mejorar el marco normativo. Como ya mencioné en el informe, el marco de normas prudenciales referente a la banca, fue casi, totalmente actualizado con posterioridad a los gerentes del año 2000. Por último, los bancos que en última instancia tuvieron que intervenirse que solo el caso del BANIC y el BAMER fueron llevados a intervención, primordialmente por fugas de depósitos, en los cuales ninguna supervisión bancaria tiene ninguna responsabilidad ni capacidad de prevenir. Si no se hubiera dado esa fuga de depósitos masivos que se dio por razones que todos conocen, es posible que esos dos bancos pudieran haber resuelto sus problemas sin necesidad de una intervención.
Por lo demás, yo estoy dispuesto a darle a esta Asamblea todas las explicaciones y todos los detalles que considere oportuno en relación a mi gestión, dado que esta Asamblea es la que me ha nombrado para este cargo.
Muchas gracias.
DIPUTADO JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Agradecemos al Superintendente de Bancos su presencia esta mañana y parte de esta tarde; y su solicitud hecha al principio, queda en el Diario de Debates para su posterior trámite. Así es que le agradecemos nuevamente.
Doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República, tiene la palabra.
DOCTOR JULIO CENTENO GOMEZ, FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA:
Honorable Directiva de la Asamblea Nacional; honorable Plenario de esta Asamblea Legislativa.
Les hemos entregado por el momento, simbólicamente a ustedes, el Informe Anual del Ministerio Público del año 2002. En Secretaría se les presentará un informe de un ejemplar completo a cada uno de los Diputados para que lo tengan ustedes presente. Voy a leer prácticamente un sumario ejecutivo de este informe, porque en realidad creo que lo amerita el momento y quiero ser lo más brevemente posible, lacónico y objetivo. El Ministerio Público, a través de su titular y de los Fiscales, tiene como función principal el ejercicio de la acción penal acusatoria y la representación de los intereses de la sociedad y la víctima del delito en el proceso penal, intereses vinculados al orden público y a la paz social.
En mi carácter de Fiscal General de la República y de conformidad con la Ley Orgánica, me permito presentar el día de hoy el primer informe de gestión del Ministerio Público de Nicaragua correspondiente al año 2002, que tiene como propósito dar a conocer de forma breve, el funcionamiento orgánico, sustantivo y administrativo de la Institución. Este año para los nicaragüenses tiene especial significado, ya que abre las puertas a la transformación total de la justicia penal, humanizándola y enmarcándola en el respeto a los derechos fundamentales.
Las acciones de este año realizadas por el Ministerio Público, que se resumen en el presente informe, en cumplimiento de las facultades, atribuciones y funciones que confiere e impone a esta Institución su Ley Orgánica, fueron dirigidas a romper con los esquemas y paradigmas impuestos a la justicia por la realidad de un sistema de procedimiento penal con aplicación de más de un siglo, el cual ha resultado arcaico y obsoleto que ha hecho colapsar la justicia penal en nuestro país.
La reforma total del sistema penal entraña una esperanza nacional a la transformación de la administración de justicia, la que se interpreta como una demanda del pueblo nicaragüense por un sistema procesal democrático y transparente, en el cual la justicia sea en verdad un bien social y se haga realidad la igualdad ante la ley y el derecho de todas las personas a ser oídas públicamente por jueces independientes e imparciales. El Ministerio Público ha realizado grandes esfuerzos para el fortalecimiento institucional, asegurando que sus miembros sean seleccionados a través de un concurso de oposición que garantice la transparencia del ingreso de estos nuevos funcionarios ajenos a toda ideología, condición social y política.
Acabamos de pasar por esa experiencia y hemos elegido actualmente a 35 nuevos funcionarios del Ministerio Público, en esa forma de actuar que está establecida en nuestra Ley Orgánica.
La Reforma al Sistema Procesal Penal, trae consigo institutos novedosos que plantean un gran desafío al Ministerio Público. Ante el ejercicio de la función acusatoria, la precedencia de la acción penal, la aplicación de criterios de oportunidad y la dirección jurídica de la investigación criminal, para lo cual se ha procedido oportunamente a la formulación de políticas de persecución penal, que permitan la legalidad y las garantías de derechos fundamentales en la aplicación del Código Procesal Penal, que entra en vigencia el 24 de Diciembre del año 2002.
Ustedes saben que estamos a las puertas de ese gran acontecimiento que va ha ser en Nicaragua una verdadera transformación de la cultural procesal penal y siempre he dicho yo, posiblemente una gran revolución de carácter penal, como nunca se ha visto en Nicaragua y quizás ni en el istmo centroamericano. De esta manera, honorables Diputados, cumplo con el honroso deber que me impone la ley, de informar a la honorable Asamblea Nacional, y al pueblo nicaragüense que representa, sobre las labores desempeñadas y preparatorias del Ministerio Público en la implementación del juicio acusatorio.
Planificación: Voy a ser breve en la explicación de nuestra gestión. En el ámbito de la planificación se desarrollaron acciones de gran trascendencia para el Ministerio Público; podríamos decir que la exigencia organizativa y funcional, dio lugar a la creación de la Comisión de Planificación, coordinada por la Fiscalía General Adjunta. Esta Comisión conformada por directivos de la Institución, aprobó la presentación de un presupuesto soportado con un Plan Operativo Anual del año 2003, y abstraído desde un plan estratégico para ejecutarse en el período 2002-2004, documento que integra la misión que guía el accionar de los funcionarios y empleados públicos de esta Institución.
La misión y valores institucionales que permiten establecer los elementos culturales que necesitan desarrollar en el actuar de nuestros fiscales. Se desarrolla un planteamiento de reingeniería organizacional, basada en la metodología de aplicación estratégica, que pretende desarrollar un marco de gestión gerencial, cuyos componentes esenciales son el trabajo en equipo y comunicación ágil interna, lo mismo que el fortalecimiento y desarrollo del personal.
En cuanto a la organización: En el ámbito organizacional, el Ministerio Público asumió la posición coherente al mandato constitucional, el cual ha cumplido con plena beligerancia, compromiso y honestidad, en servicio de la Nación, materializando en este accionar con los indicadores siguientes: En primer lugar iniciamos un proceso de desarrollo integral, fortaleciendo la estructura administrativa, reorganizando la Institución de cara a la implementación del Código Procesal Penal. En este año 2002, la labor del Ministerio Público fue enfocada a sentar las bases funcionales, organizativas y administrativas, para responder con efectividad los retos que exigen la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y las reformas sufridas en las leyes sustantivas.
En consecuencia, en este año 2002 asumimos los retos estratégicos que fueron el inicio de una etapa ineludible para el Ministerio Público, que mantiene su compromiso de responder a las nuevas demandas que pueden surgir ante la lucha contra la criminalidad en Nicaragua. De ahí que su afianzamiento como institución, tenga que ver con todos los procesos organizativos y funcionales que se han generado a través de las dependencias estructuradas por la ley. Ante la implementación del Código Procesal Penal, se proyectó una metodología organizativa llamada Estructura Modular de la Gestión Fiscal, ante la reforma procesal penal.
Ante la implementación, la estructura, el fortalecimiento al área sustantiva y en atención a delitos contemplados en leyes especiales, se creó la Unidad de Propiedad Intelectual, a través del Acuerdo N° 94. Se creó el Departamento de Asesoría Técnica Jurídica, por Acuerdo N° 112, como una dependencia del Fiscal General, para garantizar la formación fiscal, tanto de aspirantes como de servidores activos. En materia de capacitación, se ha desarrollado una capacitación continua, sistemática y de cobertura nacional para todos los fiscales y funcionarios del área sustantiva del Ministerio Público, lo que ha permitido que estos profundicen sus conocimientos en el dominio del Código Procesal Penal.
La coordinación con los demás Ministerios Públicos de Centroamérica, nos ha permitido que nuestros funcionarios realicen pasantías en esos países, con el objeto de fortalecer sus conocimientos en materia penal, y en la oralidad que exige el Sistema Acusatorio. Eso es debido, sin lugar a dudas, a que en toda Centroamérica ya está implementado el Sistema Acusatorio Oral, y Nicaragua es el último en tenerlo, aunque es el primero en tener las experiencias de los otros sistemas, y por lo tanto el más avanzado en sí.
Asimismo se realizó el concurso de oposición. El concurso de oposición es de suma importancia, ya que en el uso de sus funciones el titular de esta Institución, establecidas en la disposición del artículo 37 de la Ley 346, autorizó a la Unidad de Capacitación y de Planificación, a iniciar el proceso organizativo del primer concurso de oposición que daría comienzo el día 25 de Julio del 2002. El Ministerio Público, comprometido con el desarrollo laboral, integral, de los fiscales y empleados de esta Institución, ha generado un plan de formación inicial y continuo que permite a estos funcionarios el mejoramiento también de sus conocimientos técnicos y gerenciales.
En el ámbito del régimen disciplinario, el Ministerio Público ha normado la facultad potestativa del cumplimiento de las funciones mediante la elaboración y puesta en marcha de un régimen disciplinario, con la participación de los trabajadores de la Institución. Frente a las nuevas atribuciones y órganos establecidos por la ley para este Ministerio, la nómina y los recursos disponibles son totalmente insuficientes e inadecuados para operar en condiciones mínimas de efectividad.
Presupuesto: La asignación inicial de un incipiente presupuesto en este año 2002, generó una profunda preocupación en los titulares de esta Institución, lo que propició la implementación de una estrategia con miras a lograr la ampliación presupuestaria mínima para el funcionamiento del Ministerio Público; y propició una fuerte gestión ante la Comisión Económica de esta honorable Asamblea Nacional, teniendo eco nuestra petición en este Poder del Estado, que nos brindó todo su apoyo, ampliándonos la asignación presupuestaria.
Para el año 2003, con base a una planificación estratégica se formuló la propuesta de Presupuesto acorde a las necesidades y exigencias que nos demanda la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, obteniéndose de igual manera un recorte del 46 por ciento de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es por esta razón que acudimos nuevamente ante vosotros, confiados en que brindarán al Ministerio Público todo el apoyo necesario para su funcionamiento en la transformación de la justicia.
En cuanto a las alianzas estratégicas, hemos hecho alianzas estratégicas para ejercer la acción penal. La coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público ha sido posiblemente la más efectiva. Se materializó una estratégica alianza con la Policía Nacional, con el fin de perseguir plenamente la delincuencia, para garantizar la efectividad en el ejercicio de la acción penal y así cubrir el déficit de recursos humanos en el Ministerio Público. Para ello se firmaron dos convenios: un acuerdo de actividades conjuntas de capacitación y coordinación entre estas instituciones, y un acuerdo de instalación de centros de atención fiscal en las delegaciones de la Policía Nacional en el territorio nacional, con el Director General de la Policía Nacional.
Al firmar estos acuerdos con la Policía Nacional, se consolida la política institucional general desde inicios del presente año, de conformación de equipos conjuntos para el conocimiento de delitos relevantes, tales como son: el narcotráfico, el tráfico interno, la quiebra de los bancos, el lavado de dinero, y en general el crimen organizado. Se asistieron en coordinación con la Policía Nacional, seiscientos allanamientos en los que tuvo presencia el Ministerio Público, como garante de la legalidad de los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía en general.
Ante los índices de criminalidad que afectan la libertad de actuación del ciudadano en particular la seguridad jurídica es la más exigida por la ciudadanía. Es por esta razón que se cuenta con fiscales de turno las veinticuatro horas, para defender los derechos de la sociedad y de la víctima, que nos exige cada día la lucha contra la corrupción y la impunidad. En el marco de esta coordinación de capacitación, se organizaron cursos relacionados a los temas del nuevo Código Procesal Penal.
Con la coordinación de la Comisión Interinstitucional, se tiene presencia activa de la Comisión de Coordinación Interinstitucional de alto nivel, y ante las Comisiones Interinstitucionales de los Departamentos del país, las cuales son integradas por el Sistema de Justicia Penal, que ha dado como resultado la coherencia, la uniformidad y la búsqueda integral de soluciones pragmáticas de cara a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, teniendo el Ministerio Público un evidente liderazgo en este espacio.
Con el propósito de establecer mecanismos de coordinación permanente con el Poder Judicial, y a fin de consensuar criterios y procedimientos que puedan garantizar la integración y mayor efectividad del sector justicia, la Inspectoría General fue delegada por el titular para coordinar acciones en este sentido. Hemos hecho coordinaciones con la mayoría de organismos nacionales relacionados con nuestra gestión institucional. En el ámbito de la coordinación con organismos nacionales, se ha hecho necesaria la legitimación institucional mediante el diseño de coordinaciones institucionales.
Se participó de forma activa en reuniones de coordinación con las siguientes Comisiones: Comité Técnico Asesor de Prevención Nacional; Comisión Especial para el Combate de Tráfico de Emigrantes Ilegales; Comisión Especial para el Area de Reducción de la Oferta de Droga; Comisión de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar; Comisaría de la Mujer. Asimismo la coordinación establecida con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y MIFIN, ha permitido capacitar a fiscales que son miembros de la Unidad Especializada de Delitos contra la Propiedad Intelectual.
Igualmente se han establecido coordinaciones con la Embajada Americana, el FBI, CITAP y ANCHAM en Nicaragua, para la capacitación en los temas referentes al lavado de dinero, manejo de casos relevantes, robo de vehículos, y muchos otros casos más relacionados con el crimen organizado. La gestión ante la cooperación internacional es parte de una estrategia de fortalecimiento de la autonomía administrativa de este Ministerio, y es así que el pueblo y la Embajada del Japón nos han aprobado en este momento el Proyecto de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional del Ministerio Público.
Ante el mandato del ejercicio de la acción penal, este Ministerio ha desarrollado las siguientes acciones: Aprobación de políticas de persecución penal; asimismo se dio inicio a la formulación de políticas de persecución penal en el marco de la actuación sustantiva del Ministerio Público, con la priorización en la atención de los delitos de narcoactividad; delitos graves que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de la vida, la libertad sexual, integridad física y la propiedad; delitos de corrupción pública y crimen organizado.
En la lucha constante por evitar la impunidad y estricta aplicación del principio de legalidad, se hace necesaria la emisión de instructivos y circulares tendientes a orientar el desempeño de los fiscales; un instructivo sobre medidas cautelares; instructivo sobre la mediación; circular sobre los actos de investigación que vulneran derechos fundamentales; circular sobre la disponibilidad de acceso del Fiscal a las piezas de convección en resguardo policial.
En el informe se establece que actualmente el Ministerio Público está estructurado en quince sedes departamentales, dos regionales y cinco municipales; y una sede especializada en la atención a los delitos cometidos por la niñez y adolescencia. Estas sedes están siendo atendidas por cincuenta y siete fiscales; sin embargo, a mediados de Diciembre se incorporarán treinta y cuatro nuevos fiscales, seleccionados mediante concurso de oposición, como lo dije anteriormente.
Entre las sedes departamentales y regionales en donde se registra mayor índice delictivo, se destaca en primer lugar el Departamento de Managua, seguido de los Departamentos de Matagalpa, Chinandega y Estelí, los cuales serán una prioridad de la organización funcional, tanto por su incidencia delictiva, extensión territorial y densidad poblacional. El Ministerio Público, en el presente año, ha atendido con cincuenta y siete fiscales; Honduras tiene como cuatrocientos fiscales; El Salvador como cuatrocientos; Costa Rica, más o menos cuatrocientos también.
Nosotros con cincuenta y siete fiscales hemos atendido un total de veintidós mil doscientos trece delitos, a los cuales se les realizaron diligencias procesales con el actual Código de Instrucción Criminal y la Ley 287, Código de la Niñez y de la Adolescencia. En el transcurso del año, el Ministerio Público ha atendido numerosos casos relacionados a la quiebra de bancos, a la corrupción, al tráfico de emigrantes, al tráfico de drogas, a la falsificación de moneda y abusos sexuales, en los cuales los fiscales a cargo de los casos han tenido en los procesos una participación activa, con base en los principios rectores del Ministerio Público: objetividad y legalidad.
Para la atención de muchos de esos casos, se han conformado de previo equipos conjuntos de policías y fiscales en la etapa preparatoria de los procesos, con el fin de recabar las evidencias, elementos de convicción, para luego presentarlos a los procesos una vez radicados en los Tribunales, aportando elementos de prueba que demuestren la existencia de los delitos. En relación a la quiebra de los bancos y los perjuicios económicos, tal como lo dijo hace pocos momentos el señor Superintendente de Bancos del Estado, han sido millonarios. Por ejemplo en el caso del Interbank a nivel nacional, ascienden más o menos a un monto de 300 millones de dólares.
Igualmente el caso Banic, tiene montos millonarios en pérdidas económicas al Estado, generando además perjuicios pecuniarios a centenares de cuentahabientes, que se han visto afectados en su patrimonio personal. Todo lo que se refiere al Banic, que fue pasado por la Superintendencia a nosotros, para promover la acción persecutoria, nosotros lo hemos pasado a la Policía Nacional, para que la Policía nos investigue. Estamos esperando las resoluciones finales de la Policía, para ir con toda la fuerza de la legalidad accionaria contra los depredadores y culpables de las acciones ilícitas del Banco Nicaragüense.
Asimismo, los actos de corrupción que se tramitan actualmente en los Tribunales, constituyen de acuerdo a nuestra política institucional, prioridad en el seguimiento de los mismos por parte de nuestros fiscales. Estos hechos han generado perjuicios económicos al Estado, por sumas millonarias en dólares. Entre los casos más sobresalientes están los conocidos como el Canal 6, con un monto de un millón, 530 mil dólares. La "Guaca", como se le llama, que no es nada más que la suma de casi todos los casos en los cuales está la presencia del señor Jerez, y que suma una serie de casos: los camionetazos, los checazos, etc.
Todo eso junto en realidad es lo que suma la "Guaca". Ultimamente nosotros estamos tratando -junto con los abogados que están involucrados en esto- de realizar una verdadera acumulación procesal de estos casos dispersos, porque muchos de ellos desorientan a la ciudadanía, pues en realidad casi todos son un mismo caso, que lleva a un mismo fin. Por otra parte, el Ministerio Público representa a la sociedad y a la víctima del delito, y ha participado en un mil ciento un procesos de drogas en los Tribunales, ya que corresponde a nuestra Institución representar a la sociedad como víctima de estos delitos penales.
El caso más relevante de los momentos actuales, es sin duda alguna la incautación de quinientos cuarenta y un kilos de cocaína, en el lugar conocido como la entrada de Ticuantepe, y además se relaciona con transporte internacional de drogas, constituyendo este caso un delito de crimen organizado en nuestra sociedad. Otro aspecto sensible que atiende el Ministerio Público, son los casos de abusos sexuales, donde por ley nos corresponde el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales, como la representación de la víctima en estos delitos de acuerdo a la ley. El caso más importante en este año fue el conocido en el Departamento de León, hecho que conmocionó a la ciudadanía nicaragüense, ya que el procesado involucrado en estos hechos, cometió abusos y pornografía sexual en menores de edad.
Igualmente, en seguridad ciudadana el Ministerio Público interviene en casos de trascendencia social, entre ellos los cometidos por grupos juveniles, donde normalmente la víctima es de escasos recursos económicos, y diariamente recurre a esta Institución en demanda de apoyo jurídico. Entre uno de los casos más relevantes de este año, se puede mencionar el asesinato cometido por un adolescente y un adulto a la persona del Primer Comisionado Mayor de la Policía Nacional, Cristian Munguía, quien fue asesinado por delincuentes juveniles en la vía pública, los que a la fecha tienen una situación jurídica de condena, como resultado del seguimiento del proceso por el Ministerio Público.
En sus diferentes ámbitos de competencia en el ejercicio de la acción penal y complejidad de los hechos delictivos atendidos, no se puede estandarizar la función del Ministerio Público a un tipo penal, sino que se debe intervenir en todos los procesos penales que llegan al conocimiento de los Tribunales, sea de un delito relacionado al crimen organizado, corrupción, hasta delitos cuyo bien jurídico protegido es la libertad sexual, la integridad física y el patrimonio personal. Entre el documento que les hemos presentado, existe una sección de anexos, de la cual tengo aquí también una presentación sumamente ejecutiva, y me voy a referir a grandes rasgos a eso, porque ustedes lo tienen ahí muy bien cimentado.
Se refieren los anexos, entre las principales cosas, a la asistencia jurídica internacional, a la que nosotros estamos obligados también a darle asistencia, y las cuales hemos tramitado a solicitud del Ministro de Justicia de Colombia, sobre el tráfico de armas y municiones; a solicitud del señor Fiscal General de Costa Rica, sobre casos de estafas y quiebras fraudulentas de bancos de Costa Rica; a solicitud de la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público de Guatemala.
A solicitud a través del Procurador General de Costa Rica, sobre posesión de cocaína; a solicitud también del Fiscal de Costa Rica, sobre tráfico internacional de heroína; a solicitud del Procurador y Fiscal de Panamá, sobre el blanqueo de capitales; a solicitud del Fiscal de Guatemala, por transporte de extranjeros indocumentados; a solicitud del Fiscal de Chile, por tráfico de estupefacientes; y también de otros países regionales, de Europa, donde en toda forma nosotros presentamos siempre una asistencia jurídica completa.
También ustedes van a encontrar ahí cuadros sinópticos con respecto a los casos relevantes de los bancos. Tenemos el caso del Bancafé, en el cual se establecen todas las relaciones del juicio, que más o menos ya estuvo hablando de esto el Superintendente de Bancos, y de los cuales hay algunos detenidos, hay otros en libertad y que se están tramitando debidamente, con diferentes acciones en los diferentes Juzgados de Managua. Tenemos el caso del Banco Nicaragüense, y como les dije a ustedes, está prácticamente sobre todo en una etapa de investigación policial.
Porque el único caso del Banco Nicaragüense que está en un proceso judicial es una cuestión sumamente muy pequeña y se refiere a situaciones que no tienen la trascendencia que tienen los casos que verdaderamente se investigan ante la Policía, que son los que dieron motivo de la gran defraudación millonaria del Banco Nicaragüense. Tenemos el caso de Interbank, también en diferentes juzgados; tenemos ya casi más de treinta o cuarenta juicios en los diferentes juzgados, y la mayoría de ellos se han acumulado y están personadas de diferentes fiscales en los diferentes casos, y entre ellos no sólo en Managua sino en diferentes lugares del país.
En los casos de corrupción, que ya hablamos al respecto, tenemos el caso del Canal 6; tenemos el caso de ENITEL; tenemos el caso de la "Guaca", que les vuelvo a repetir, está compuesto por diferentes acciones que comprende PETRONIC, MAYCO, los camionetazos, los checazos, etc. Tenemos también el caso de los estupefacientes, que son muchos casos, de los casos más relevantes ya les hablé cuáles son últimamente. En León se dio el caso relevante de una avioneta cargada de estupefacientes; y aquí en Ticuantepe, el caso grande de los 540 kilos de cocaína que fueron tomados por la Policía, de los cuales se encuentran procesados los autores de esto.
También tenemos que hablar de los casos que se están tramitando, como el de los delitos electorales también está en sus informes proyectado eso. Ustedes deben saber que contrario a las críticas que se han obtenido por parte de muchas personas, naturales y jurídicas, el Ministerio Público se vio involucrado en el accionar de delitos electorales, precisamente por el mandato de una Juez, que dio como consecuencia, de los ilícitos que se tramitan ante ella -me refiero a la Juez Primero en lo Criminal de Distrito- una sentencia donde ordena al Ministerio Público abrir causa contra los responsables que estuviesen involucrados en delitos electorales, y ella los tipifica.
De tal manera que nosotros no hicimos más que darle cumplimiento a una sentencia judicial, ya que la Constitución de la República habla de que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento, y por lo tanto nuestra ley también establece como primera causal de destitución del Fiscal General de la República y de la Fiscal Adjunta, el no cumplimiento de las investigaciones y de las acciones que le comisionen las autoridades o cuando existan evidencias suficientes para eso.
De tal manera que eso es lo que nosotros podemos informarles con respecto a la actuación de este Ministerio Público. Pero no quiero cerrar mi comparecencia ante ustedes, sin antes, honorable Asamblea, agradecerles todo el apoyo moral y positivo que ustedes nos han dado en nuestra vida nacional; no sólo por darnos la existencia a través de una ley orgánica, que pasó de consenso, como pasó de consenso también la Ley Procesal Penal, y también recuerdo que ustedes hicieron de consenso en la Asamblea anterior, la Ley 278 de la Propiedad.
También la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Procesal Penal, son leyes que se ajustan a la necesidad de la justicia penal, y son una respuesta al pueblo de Nicaragua, representado debidamente por ustedes. Por ustedes nacimos nosotros, y gracias a ustedes que nos han oxigenado también, vivimos este año. Porque han de recordar ustedes que se nos había recortado el Presupuesto, y si no ha sido por la ayuda que la Comisión Económica nos dio en meses pasados, pues posiblemente este Ministerio Público hubiera sucumbido.
Ahora que estamos en una etapa de crecimiento y que presentamos un presupuesto para el próximo año de 50 millones de córdobas, porque no podía menos en el Ministerio Público que presentar ese presupuesto, puesto que ahorita con 61 fiscales, cubrimos de una manera casi mística nuestro accionar. Imagínense ustedes ya con el Código Procesal Penal vigente, que exige la presencia de un Fiscal en cada juzgado, que dice que no puede haber proceso penal, si no hay un Juez personado en un procedimiento penal; que no puede haber una investigación policial en ninguna Estación de Policía, si no hay un Juzgado que coordine esa investigación policial para garantizar los derechos humanos y el debido procedimiento.
Entonces nosotros vamos a necesitar esa cantidad de fiscales que los otros Ministerios de Centroamérica tienen en función, para cumplir y dar respuesta a su institucionalidad. No sé cómo vamos a hacer ahora para el 24 de Diciembre, cuando entre en vigencia este Código Procesal Penal, si apenas contamos con un Fiscal en cada Departamento y con un Fiscal en cada Estación de Policía, para cubrir el territorio nacional.
Pero con el presupuesto que pedimos, por lo menos en Marzo deberíamos de tener 200 fiscales, y al final de Diciembre 300, para poderle dar cumplimiento a esta ley. Porque si no hay Ministerio Público, no hay vigencia del Código Procesal Penal. La ley es clarísima, la ley dice que el elemento principal de la función procesal es el Ministerio Público, porque tiene una misión acusadora y de investigación también. Tiene que ser el fiscal, y si el Fiscal está ausente, es nula la investigación y no puede existir proceso.
Y no es posible que se haya hecho tanto esfuerzo, que ustedes hayan trabajado tanto, que hayan sido tan positivos en las respuestas al pueblo de Nicaragua, y que todo ese apoyo internacional que se ha dado para que entre en vigencia el Código Procesal Penal, no se lleve a efecto por la sencilla razón de que de 50 millones que pedimos, se nos salga con la irrisoria suma de 20 millones, como quien dice, ésta es la respuesta para que ustedes no existan, puesto que este año hemos medio subsistido con 28 millones de córdobas.
Por eso quiero aprovechar para agradecerles el apoyo que nos están dando, porque venimos con la Fiscal Adjunta y todo el equipo nuestro, a pedirles vuestro apoyo y a decirles que tenían la obligación de respaldarnos, porque la ley que ustedes hicieron dice en uno de los artículos principales que el Ministerio Público tiene derecho a exigirle al Estado, y el Estado a darle el presupuesto adecuado a sus necesidades. Entonces lo único que les pedimos a ustedes, es que además de que cumplan la ley, nos protejan y nos ayuden para tener una buena justicia en Nicaragua.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
El Ingeniero Agustín Jarquín, tiene algo que preguntar.
DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:
Muchas gracias, Presidente.
Muchas gracias, señor Fiscal de la República.
En primer lugar, creo que es meritorio señalar acá, en términos generales, el acertado desempeño de nuestra Directiva de la Asamblea Nacional, dado que por primera vez está cumpliendo la norma constitucional de que las instituciones como ustedes: como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos, rindan su informe anual ante la población, aquí ante la Asamblea Nacional. Particularmente quiero saludar el trabajo que viene desempeñando el Ministerio Publico, y sobre todo el empeño que se pone para irlo adecuando -a pesar de las limitaciones presupuestarias- al nuevo sistema que va a estar funcionando, como usted bien lo señalaba, a partir del primero de Enero del próximo año.
Quisiera hacer aquí una consideración general, también para los colegas Diputados, y que quede aquí registrado, en el Diario de Debates, que vamos a expresarlo en una moción particular, cuando sea el caso el próximo año, y es que a instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos, debiera de dotárseles de autonomía financiera; para ello no hay necesidad de una reforma constitucional, sino que en la discusión que tengamos el próximo año de la nueva Ley de Régimen Presupuestario, que se consigne así.
De manera tal, que el proyecto de Presupuesto que emana de estas instituciones importantes, pasen a Hacienda simplemente para su conocimiento y su consolidación en el proyecto general del Presupuesto de la República, pero sin que tenga posibilidades de ninguna afectación por parte del Poder Ejecutivo, sino que sea aquí en la Asamblea Nacional, conforme la competencia que da la Constitución, donde en todo caso se apruebe, se haga las consideraciones correspondientes, mediante las discusiones que se tengan con los titulares de estas importantes instituciones del Estado.
Porque la falta de autonomía financiera limita severamente y establece francamente una supeditación directa en este caso al Poder Ejecutivo, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, que ejerce presión financiera cuando no le gusta el desempeño de la entidad. Entonces, esto más bien es para los colegas Diputados, un tema que debemos estar viendo el próximo año, pero es propicio el día de hoy resaltarlo, cuando usted presenta su informe. Y una consideración en particular, es que hemos observado durante el desempeño del Ministerio Público, que en casos importantes hay poca relación de armonía con la Procuraduría General de Justicia, incluso a veces pareciera poca comunicación.
Vemos importante la relación de coordinación que a veces se da, cuando el caso lo amerita, con la Contraloría General de la República; lo cierto es que cada una cumple su función correspondiente, y creemos que debería darse una relación, por lo menos más comunicativa. He tenido la oportunidad de hablar con usted y con la señora Vice-Fiscal General de Justicia, sé que están persuadidos de ello, pero qué consideración pudiera darnos al respecto?, porque para el desempeño futuro, exitoso, de la entidad que usted dirige, creo que es importante que haya esa relación, por lo menos comunicacional señalo, más fluida entre estas importantes instancias de gobierno, de Estado.
Muchas gracias, señor Fiscal y saludo al trabajo que están haciendo.
DOCTOR JULIO CENTENO GOMEZ, FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA:
Ingeniero Jarquín: Yo creo que es muy acertada la sugerencia que usted hace de la autonomía financiera, está en manos de ustedes dotarnos de esa facultad; creo que será muy bien recibida, y por lo tanto productiva, no sólo para nosotros sino también para ustedes, para el pueblo de Nicaragua, quien obtiene los resultados de nuestra actuación. Con respecto a la relación Procuraduría-Fiscalía General de la República, tal vez usted tiene razón en la parte de la relación personal. Cuando se inició la institucionalidad era muy grande la relación Procurador-Fiscal, tal vez porque al frente de la Procuraduría en ese momento estaba una persona con quien nos ligaba una gran relación humana, como era el Doctor Oscar Herdocia Lacayo, a quien sigo queriendo y apreciando muchísimo.
Pero claro, no se tiene la misma relación con el actual titular o representante, como la que teníamos con Oscar, que no sólo fue nuestro colega, sino nuestro profesor y prácticamente nuestro tutor en algunas cosas cuando estuvimos en la Universidad. Pero desde el punto de vista institucional, nosotros somos muy marcados en nuestro actuar, y conocemos el ámbito de cada quien. A mí me tocó proyectar las dos leyes, tanto la de la Procuraduría como la de la Fiscalía, y sé hasta dónde llega el ámbito de uno y el ámbito del otro. Uno no es más que el abogado del Estado, que tiene un ámbito en el aspecto penal, cuando se refiere a los bienes afectados al Estado.
En cambio nosotros no sólo cubrimos las tres, cuatro casos que atiende la Procuraduría, y que apoyamos con vehemencia, los apoyamos en lo del Canal 6, y los estamos apoyando; los apoyamos en la "Guaca", y los seguimos apoyando; los apoyamos en lo de los checazos, y lo seguimos apoyando. Cuando la Policía no tiene los recursos para entrar al Sistema Financiero, se apoya en nosotros y lo logramos nosotros. Pero nosotros no sólo cubrimos eso, como lo vuelvo a repetir, cubrimos miles de casos, casi treinta mil casos al año, y de alguna manera no podemos tener la misma relación interinstitucional, aquellos y nosotros.
Porque ellos se concentran mucho en casos tal vez relevantes y publicitarios, en cambio habría que ver que el Ministerio Público trabaja en miles de casos en los cuales posiblemente no se conoce su actuar cotidiano, de desvelos posiblemente, porque las personas que trabajan en el Ministerio Público son personas que hacen turno de 24 horas todos los días. Ya no digamos con los Contralores. Yo creo que ahí hay una interrelación tal vez por el contacto humano que se ha tenido con todos ellos, pero sobre todas las cosas, porque cada quien actúa dentro del ámbito de su competencia.
Es que esto es muy especial, todo esto se va a terminar, Ingeniero Jarquín, después del 24 de Diciembre, va a haber un ordenamiento total y completo. Yo creo que es bueno hablar un poquito para que el pleno lo entienda. Después del 24 de Diciembre, aquí va a haber una verdadera aplicación de la constitucionalidad, el principio de igualdad jurídica ante la ley, va a ser tremendo. Yo creo que podría atreverme a decir -no sé si me vuelo las trancas al decirlo, como decimos en buen nicaragüense- que después que entre en vigencia el Código Procesal Penal en Nicaragua, no hay necesidad de que nadie tenga inmunidad en este país, porque todos van a tener las mismas garantías de los demás.
El Código le va a dar tanta garantía al procesado, como al acusador; a la víctima, como al victimario. Eso de ir a un proceso oral, con inmediación y antes de entrar al juicio oral, ir de previo a exhibir ante un Juez, ante una instancia inicial, a ver si hay elementos probatorios suficientes y que el acusador le diga al acusado: aquí están las pruebas, veámonos a los ojos, dialoguemos, platiquemos, ¿qué tenés vos ahí? O que le diga al Ministerio Público o al Fiscal: Fiscal, aquí está mi elemento probatorio. Y le dice el defensor: no, es que ésto no va con ésto, ésto es superior a ésto”. Y los testigos no van a tener la oportunidad de mentir ni de tener testigos rifleros, sino que todo aquello se va a hacer una audiencia bien platicada, bien armonizada, donde el Juez por último va a decidir: aquí hay mérito, hay causa para que se proceda a ir a juicio; o no hay mérito, no hay causa y esto se queda aquí nomás.
Claro que si aquello llega de la Contraloría General de la República, pues va a haber mucho mérito; pero hasta eso de la Contraloría General de la República va a pasar por el zarandeo, por ese colador de la mediación. Y el Ministerio Público, o a lo mejor el Procurador es quien va a llevar esa materia, pues también va a decirle al acusado, aquí está esto, qué es lo que tenés vos para demostrar lo contrario? Entonces me extiendo en eso, porque la Procuraduría, o el Procurador, que es un abogado del Estado, con las mismas calidades de un representante judicial y extrajudicial, va a estar en la misma situación que está el abogado de cualquier otra persona, y va a pasar por el mismo sistema.
Entonces ya no va a haber competencia sobre quién investiga primero o quien investigó mejor. Ese es el punto álgido, porque el elemento investigación, va a quedar sólo en manos de las instituciones que están señaladas por la ley para investigar: Policía Nacional, en los crímenes y delitos; Contraloría General de la República, en todo aquel ordenamiento que la Constitución de la República dice y en aquellos delitos cometidos por los funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, y por el control de todas las situaciones que se manejan de activos o pasivos.
Entonces ya no va a haber dificultades ni problemas, porque todos tenemos que ir al mismo ámbito, tenemos que ir a las primeras instancias, a las instancias iniciales, donde de una manera directa, de una manera personal se va a decidir si hay o no mérito para que se le abra causa a una persona. Claro que se van a terminar desde entonces los denunciantes oficiosos, se van a terminar todo ese montón de personajes o personeros que inventan una cosa; es decir, vamos a ir a un ordenamiento procesal donde va a tener tanta garantía el acusado como el acusador, aunque éstos sean privilegiados por inmunidad.
Por eso yo les decía, en este caso ya no necesita llegar con inmunidad, porque el alto funcionario va a tener las mismas garantías que tiene el campesino al llegar ante un Tribunal de Justicia.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Le agradecemos al Doctor Centeno su presencia esta tarde en la Asamblea Nacional.
DOCTOR JULIO CENTENO GOMEZ, FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA:
Muchas gracias a todos ustedes honorables Diputados.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra ahora el Licenciado Francisco Ramírez Torres, Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República.
LICENCIADO FRANCISCO RAMIREZ TORREZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA:
Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero Jaime Cuadra Somarriba;
Distinguidos miembros de la Junta Directiva de la honorable Asamblea Nacional;
Estimados colegas Contralores y ex-Contralor, nuestro distinguido Diputado Agustín Jarquín Anaya, que fue compañero nuestro:
En nombre y representación del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, tengo el honor de comparecer ante ustedes, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 156, párrafo tercero de nuestra Carta Magna, para presentar el informe de gestión de nuestra entidad fiscalizadora superior, correspondiente a los primeros tres trimestres del año 2002. Con la seguridad que en el primer trimestre del año 2003, presentaremos el informe completo correspondiente a las actividades desarrolladas durante los doce meses del año calendario completo.
Debo hacer la pertinente salvedad, que como excepción, nuestro informe contiene un cuadro titulado Resumen de Auditorías Realizadas (página siete) que está cortado al treinta de Noviembre, donde se detallan las distintas clases de responsabilidad que hemos establecido a esa fecha, y los valores del perjuicio económico causado al Estado. En beneficio del tiempo, porque nos han señalado treinta minutos, pero también como es un poco tarde, no voy a leer el informe de las veintinueve páginas que hemos entregado a la honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional, con la salvedad de que éste es un informe preliminar de los nueve meses de gestión, o sea del primero de Enero al treinta de Septiembre, porque por norma nosotros preparamos nuestros informe anual en el primer trimestre del año siguiente; es decir entre Enero y Marzo del 2003, vamos a preparar el del 2002.
Nuestra actuación en la Contraloría General de la República se enmarca siempre dentro de la visión y la misión que establecimos en el año 2000, cuando diseñamos un plan estratégico de desarrollo institucional para cinco años. Nuestra visión como Contraloría General de la República, es tener una entidad pública, líder, confiable y digna de reconocimiento nacional e internacional, por su calidad humana, por su capacidad técnica y por su credibilidad en el desempeño de sus funciones constitucionales.
Trabajando con transparencia e independencia, con altos niveles de eficiencia, eficacia en el control de la gestión pública en todo el ámbito nacional, de acuerdo con nuestras facultades constitucionales y legales, y de acuerdo con nuestras capacidades instaladas para dar respuesta a la demanda de servicios. Como misión tenemos siempre presente que la Contraloría General de la República es una institución pública, independiente, de carácter eminentemente técnico, cuya misión es ejercer el control posterior sobre la administración de los recursos del Estado, y establecer y divulgar el sistema nacional de control interno para el manejo transparente, eficaz y económico de los recursos del Estado.
Siempre estamos pendientes, siempre tratamos de trabajar lo más apegados a nuestro marco constitucional y legal, dentro de las normas con la más absoluta independencia. Durante el año 2002 hemos funcionado apoyados por cinco Direcciones Generales: la Dirección General de Auditoría, la Dirección General Jurídica, la Dirección de Relaciones Externas, la Dirección General Financiera, y la División de Planificación. Quiero hacer un resumen de las actividades, en el aspecto de las auditorías, que es una de las partes medulares de nuestro quehacer como institución.
Durante estos nueve meses, hemos desarrollado con nuestros recursos propios, ochenta y una auditorías totalmente terminadas, y tenemos noventa auditorías en proceso, un 50 por ciento de ellas con un 50 por ciento de avance. De estas ochenta y una auditorías realizadas en un cien por ciento, 61 auditorías equivalentes al 76 por ciento, han sido desarrolladas por la Oficina Central; y 20 auditorías, equivalentes al 24 por ciento, han sido desarrolladas por las delegaciones que tenemos tanto en Puerto Cabezas como en Bluefields, en Chontales y en Chinandega.
A esto debemos agregarle, veinticinco auditorías que hemos realizado con firmas de Contadores Públicos, por delegaciones de la Contraloría en las distintas entidades del sector público. Y tenemos que agregarle también, setenta y cuatro informes de auditoría interna. Y tenemos la modalidad ahora, cuando las auditorías internas detectan algún tipo de irregularidades que pudieran ameritar el establecimiento de responsabilidades -de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Contraloría-, pedir el informe y los papeles de trabajo para revisarlos, analizarlos, completarlos si es necesario, hacerlos nuestro o complementarlos para efectos de establecer las responsabilidades correspondientes.
Esos suman 74, o sea que se hace un total de 180 trabajos de auditorías. Es muy importante enmarcar esto, porque son trabajos totalmente terminados, que han dado origen al establecimiento de responsabilidades de distintas naturaleza. De acuerdo con nuestra Ley Orgánica, en su artículo 136, 137 y 138 y de acuerdo con nuestra Constitución Política, tenemos las facultades para establecer responsabilidades administrativas, civiles y presunciones penales. En ese sentido, y derivado de todos los trabajos que hemos hecho hasta el 30 de Septiembre, hemos establecido responsabilidades administrativas para trescientos cuarenta y tres servidores públicos.
Responsabilidades civiles para treinta y cinco servidores públicos, y presunciones penales para veinticuatro servidores públicos; multas para tres servidores públicos por incumplimiento de la Ley de Integridad Moral, lo que nos da un total de trescientos sesenta y un ex-servidores públicos, a los que se les ha establecido responsabilidades derivadas del trabajo que nosotros realizamos como entidad fiscalizadora. Ustedes saben perfectamente bien que las responsabilidades civiles y las presunciones penales se determinan por perjuicio económico para el Estado.
Y este perjuicio económico para el Estado, determinado por la Contraloría a través de las treinta y cinco personas con responsabilidad civil y veinticuatro con presunción de responsabilidad penal, ascienden en responsabilidad civil, en córdobas, 37. millón de córdobas y en dólares 4.7 millones de dólares. En presunción penal, en córdobas, 70.5 millones de córdobas y en dólares 2.5 millones de dólares. Lo que significa que en córdobas hay un total de perjuicio económico determinado de 107.7 millones de córdobas y de 7.2 millones de dólares.
Si nosotros cordobizamos los dólares, podemos estar hablando de más de 200 millones de córdobas, que hemos determinado como perjuicio económico al Estado. Si lo relacionamos con el presupuesto con que hemos estado trabajando en este año, que es de 73.5 y habláramos numéricamente o financieramente de rentabilidad, diríamos que hemos sido altamente rentables.
Además, es importante un aspecto que quiero darle énfasis, del trabajo que hemos realizado como fiscalizadores. Hemos presentado a las instituciones del Estado 3,933 recomendaciones para mejorar el control interno, por debilidades en los procesos de organización y de administración que hemos identificado en el sector público.
De estas 3,933 recomendaciones que hemos presentado al sector público al 30 de Septiembre, se han implementado 1,266 recomendaciones, o sea el 32.19 por ciento. Están en proceso de implementación 1,159 recomendaciones, que es igual al 29.47 por ciento; y están sin iniciar el proceso, al 30 de Septiembre, 1,508 equivalentes al 38.34 por ciento.
Esto significa que la labor de la Contraloría no es solamente identificar responsabilidades, sino analizar los procesos con objetividad, para determinar las debilidades de control en la perspectiva de fortalecer el uso de los recursos.
Prevenir las irregularidades en la administración de esto, en el entendido de que en la posibilidad en que se mejoren los procesos de organización, los procesos operativos, implementando las recomendaciones que nosotros presentamos, en esa medida va a haber una mejor y mayor salida administrativa en los procesos de gerencia y los resultados en la administración de los recursos públicos va a ser mejor. Es importante, repito, hacer 3,933 al 30; cuando hablamos ya al 31 de Diciembre, esta cifra va a ser mayor de los 4,000 ó 4,500.
En el aspecto jurídico, hemos recibido 1,038 Declaraciones Patrimoniales y hemos desarrollado 134 actividades como los procesos de contratación del Estado, entre ellas, consultas externas de personas que no entienden muy bien la aplicación de la Ley de Contrataciones Administrativas, la Ley 323, que es una ley muy engorrosa, por su administración, bastante práctica y que en alguna medida yo siempre he dicho que facilita los actos de irresponsabilidad, por no decir de corrupción, en algunas circunstancias.
Estas 134 actividades de contrataciones también se refieren a recursos de nulidad, exclusiones de procedimientos para las contrataciones del Estado por la vía de excepción. Hemos recibido con frecuencia solicitudes de exclusión de procedimientos. En ese sentido hemos recibido hasta el 30 de Septiembre, 74 solicitudes de exclusión de procedimientos. De estas 74 solicitudes de exclusión de procedimientos, hemos aprobado 67 y rechazado 7. Entre las que hemos aprobado en córdobas, hemos autorizado 120 millones en córdobas y en dólares 13.5 millones y hemos rechazado 426 mil dólares en las solicitudes. Aquí hay que aclarar algunas cosas bien importantes.
En primer lugar las exclusiones de procedimiento se solicitan supuestamente por urgente necesidad; generalmente es lo que invocan, la urgencia por hacer una contratación y que si se apegan a la Ley de Contrataciones del Estado, les lleva demasiado tiempo para hacer una licitación. Siempre hemos dicho que en muchos casos es falta de planificación. Si uno hace una planificación al principio del año, de todo lo que va a comprar en el año, perfectamente bien puede iniciar sus contrataciones, sus procesos de licitación de cualquier naturaleza que sea, con la debida anticipación; salvo algunos casos especiales, cuando no hay recursos financieros para hacer las compras, y en ese caso a veces sí amerita, porque necesitan comprarlo rápido.
También hay otros casos, por ejemplo, cuando hay urgentes necesidades como en el caso del MINSA, sobresalen en las autorizaciones que hemos dado. Una del MINSA de 78 millones de córdobas para comprar productos, después para adquisición de medicamentos, material de reposición, vacunas, reactivos y laboratorios, sobresalen; y sobresale otra que va a salir ahora en Octubre de 26 millones de córdobas, también para compra de medicina. No tenían dinero, consiguieron el dinero, entonces nosotros consideramos eso.
Consideramos también situaciones como por ejemplo el caso de ENEL, que nos viene al final de Diciembre a solicitar la exclusión de procedimientos para las Pólizas de Seguro de todas las plantas que generan electricidad. Es una responsabilidad nuestra velar por el bien de Nicaragua, y consideramos que en esos casos sí lo debemos autorizar, porque si hay una catástrofe, Dios no lo permita, entonces sería un gran problema para la Nación. Con relación a las contrataciones, nosotros empezamos a operar más o menos con escasísimos recursos. A partir de Enero de este año, éramos una oficina que se llama Evaluación y Seguimiento de las Contrataciones; pero por escasez de recursos, solamente está trabajando con cuatro personas.
El objetivo de la creación de esta Dirección es darle seguimiento a las contrataciones, y para eso emitimos normas que establecen que todas aquellas contrataciones que hagan las instituciones del Estado cuyo monto sea igual o mayor a 500 mil córdobas, tienen que mandar una copia del contrato a la Contraloría para la correspondiente evaluación. Pero todavía a esta fecha, la evaluación que tenemos es que nuestra capacidad no es la suficiente como para poder evaluar todos los contratos. Hemos evaluado menos del 50 por ciento de todos los contratos que nos han llegado.
Hasta esta fecha, al 30 de Septiembre se han revisado 223 contratos, con montos de 43.3 millones de córdobas y 232.8 millones de dólares. Hemos revisado la parte legal de todos esos contratos, y se han hecho una infinidad de sugerencias y recomendaciones a las instituciones para que mejoren sus procesos de licitación, sus procesos de documentación y sus procesos de adquisiciones. Además, dentro del ámbito jurídico hemos recibido cuatro recursos de nulidad que han sido tratados en su oportunidad.
En la Oficina de Trámite Judicial y Glosas, se han desarrollado hasta el 30 de Septiembre, 825 actividades, entre las que sobresalen la confirmación del desvanecimiento de glosas. Ustedes saben que de acuerdo con la ley, el artículo 137 de nuestra Ley Orgánica, cuando se establece una responsabilidad civil, se emite una glosa y se le da sesenta días a los afectados para que la desvanezcan. Eso lleva un proceso, y después hay que hacer un análisis legal cuando ellos justifican todo o en parte el cargo que se les está haciendo.
También sobresalen entre estas 800 actividades que hemos desarrollado, las consultas externas e internas sobre los distintos aspectos legales, los recursos de revisión que han presentado y los pliegos de glosas, sobresalen en eso. Es importante también recalcar en materia financiera, que para estos nueve meses nos han asignado 54 millones de córdobas, de los cuales hemos ejecutado el 96 por ciento hasta el 30 de Septiembre, eso es bien importante. Hemos dado una atención a nuestros trabajadores, equivalente a la atención médica con 3,546 consultas médicas.
Hay un elemento muy importante que está relacionado con todas las recomendaciones de control que nosotros hemos hecho a las instituciones, que son 3,933 y que está relacionado con nuestras aspiraciones a de que cada día haya una mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos; a que cada día la transparencia sea mayor, como resultado de un mayor conocimiento de lo que es el marco normativo en que se desenvuelve la Administración Pública, como es el marco jurídico, el marco de control y el marco administrativo, las normas administrativas, las normas jurídicas y las normas de control.
Porque en la medida en que las personas tengan mayor conocimiento de este marco jurídico, se va cimentando más una cultura de control que beneficia la transparencia y el buen uso de los recursos. En ese sentido le hemos dado mucha importancia, a pesar de los escasos recursos con que trabajamos, que hemos desarrollado a nivel nacional 58 eventos de capacitación, y hemos capacitado hasta el 30 de Septiembre a 2,485 servidores públicos (lo pueden ver en la página 26). Esto significa que estas personas ya tienen conciencia de lo que realmente es la Administración Pública.
¿A qué se refiere la capacitación de que hablo? Se refiere al conocimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría; al conocimiento de la Ley de Contrataciones Administrativas, para que haya una mayor transparencia en las adquisiciones. La Ley Orgánica de la Contraloría: para que conozcan sus deberes y responsabilidades, lo que son las facultades de la Contraloría, lo que son las responsabilidades que se le pueden aplicar, cuáles son las sanciones que se le pueden aplicar. Me refiero también a la Ley de Integridad Moral de los Servidores Públicos, y a las Normas Técnicas de Control Interno para el sector público.
Hay un hecho bien importante en esto: si un servidor público que administra recursos del Estado no conoce la Ley Orgánica de la Contraloría, no conoce la Ley de Contrataciones del Estado, sobre todo si está en funciones de adquirir, de contratar recursos por delegación de los Ministros, los que manejan fondos, recursos, sean financieros, sean equipos, lo que sea, si no conocen las normas de control interno, ¿cómo van a hacer una gerencia pública transparente, eficiente y van a poner los diques necesarios, previendo, que ocurran o se den actos de corrupción?
Nuestra preocupación entonces estriba en buscar cómo la capacitación sea con la más amplia cobertura, en la búsqueda de que en el menor tiempo posible podamos cubrir la mayor cantidad del territorio nacional. Dentro de esta capacitación, también se enmarcan los conversatorios que hemos desarrollado hasta el 30 de Septiembre, con todos los gobiernos municipales del país, excepto la Costa Atlántica. Hemos hecho conversatorios con todos los Alcaldes municipales, con los financieros, con los contadores, los concejales del sector de Estelí, para la frontera, del sector Matagalpa, Jinotega, del sector de Occidente, de Oriente y del Departamento de Managua.
Hemos conversado sobre la conveniencia de administrar eficientemente los recursos y les hemos señalado las debilidades de control que hemos identificado en sus gestiones; les hemos dado las recomendaciones para que ellos no sigan cayendo en esas debilidades, con el objeto de mejorar su capacidad de gestión y que se puedan hacer mayores proyectos, que puedan desarrollar, adquirir más bienes y servicios, mayores actividades, producir más bienes y servicios, en bien de la sociedad. Esto es bien importante y esperamos para el próximo año, tener un plan más ambicioso sobre este aspecto.
Si nosotros nos fijamos, el año pasado apenas hicimos 23 cursos de capacitación, este año, al 30 de Septiembre ya tenemos 58; el año pasado capacitamos 1,411 y ahora tenemos 2,485, lo que equivale a un 77 por ciento más de lo que capacitamos el año pasado. Y esto es al 30 de Septiembre, falta todavía que le sumemos lo que es Octubre, Noviembre y Diciembre, porque todavía en estos días hemos estado haciendo cursos de capacitación. Otro aspecto importante que quiero resaltar, es el desarrollo, el comportamiento de la sociedad en la denuncia de supuestas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Nosotros creamos en la Contraloría General de la República, una oficina llamada Oficina de Denuncias Ciudadanas, con el objeto de que el ciudadano tenga la oportunidad de presentar denuncias, sobre todo lo que considere que son irregularidades en la administración de los recursos del Estado; una oficina que está accesible al público, donde hay personas que los atienden, donde hay personas que reciben la denuncia, donde hay personas que los orientan cómo presentar una denuncia, donde hay personas que procesan esa denuncia y donde hay personas que pasan la sugerencia al Consejo para la toma de decisiones.
Durante este año, de Enero a Septiembre, se han recibido 80 denuncias de distintos estratos sociales y relacionadas con distintas instituciones del Estado, de las cuales hemos procesado 76, porque cuatro han sido prácticamente anónimas y a ésas no les damos el tratamiento adecuado, no les damos un tratamiento, porque las denuncias en estos procedimientos, nuestro reglamento, la norma que hemos establecido es que la persona por lo menos se identifique, aun cuando quede en el anonimato, bajo un código especial el nombre del denunciante. Finalmente quiero decirles que hemos hecho todo lo humanamente posible por maximizar el uso de los recursos a nuestra disposición.
En otras palabras, como quien dice, hemos tratado de sacarle el jugo a la inversión. Sin embargo, tomando en cuenta que en el año 2000 diseñamos un plan estratégico de desarrollo institucional para cinco años, y que estamos por caminar los tres años, vamos por terminar tres años, estamos procediendo a hacer una evaluación de lo que hemos hecho de ese plan estratégico, que en gran parte se tiene que desarrollar con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo contrato de préstamo -tengo entendido, si no me equivoco- está en poder de la honorable Asamblea Nacional, para su aprobación.
Nosotros vamos a hacer esa evaluación. Pero tratando de ser prácticos y con mayor experiencia que la que teníamos en el año 2000 cuando empezamos nuestra gestión, vamos a desarrollar un plan estratégico a corto plazo, para dos años, que es lo que queremos hacer con mayor conocimiento como Contralores, y con mayor conocimiento de las circunstancias; porque han cambiado las circunstancias, y las situaciones que existían cuando diseñamos el plan estratégico en el 2000, han cambiado sustancialmente a esta fecha. Por eso queremos redefinir el plan estratégico a cinco años y ajustarlo a un plan de dos años, pero que sea realista y objetivo.
Este proyecto estratégico de desarrollo institucional a dos años y la evaluación del proyecto de cinco años lo vamos a hacer a principios de este año 2003. Quiero agradecer a nuestro ex-colega Ingeniero Agustín Jarquín, la sugerencia de que la Contraloría General de la República tenga una asignación presupuestaria por ley, la independencia financiera. La realidad es que en otros países ya existe, en Ecuador ya existe; en Guatemala la acaban de conseguir ahorita, y sería un gran beneficio para nosotros.
Señores, antes de culminar quiero manifestarles que en el Consejo Superior de la Contraloría General de la República anima el deseo de hacer lo mejor con los pocos recursos que tenemos, por Nicaragua, por la sociedad de Nicaragua que tanto lo necesita. En ese sentido, nosotros buscamos siempre cómo coordinarnos con todas las instituciones, somos partidarios de diseñar una estrategia de interrelación entre todas las instituciones que tenemos la responsabilidad de fiscalizar o de cuidar los bienes del Estado de distintas maneras, respetando desde luego las debidas o las pertinentes responsabilidades institucionales de cada uno.
Hablo en ese sentido de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Policía Nacional, de la Comisión de Economía y Presupuesto de la honorable Asamblea Nacional, etc. Porque creemos que respetando las distintas y correspondientes funciones institucionales, podemos intercambiar ideas, opiniones, coordinar actividades en mejor beneficio de la función pública que cada quien desarrolla. Además, es importante resaltar que nosotros como Contraloría siempre hemos hecho el trabajo, hemos pretendido hacer el trabajo que hemos querido. A ver si me explico.
Hemos pretendido hacer el trabajo que hemos querido, en función de planes de trabajo que hemos desarrollado. Pero la demanda de la sociedad a través de sus denuncias, nos ha llevado a veces a no cumplir un plan de trabajo a como lo hemos planeado, por la demanda que tenemos de la sociedad, en este caso, a través de la Oficina de Denuncia Ciudadana. Pero nuestra función como fiscalizadores, siempre es buscar como maximizar el uso de los recursos en función de contribuir de la mejor manera, previniendo.
¿Previniendo cómo? A través de las oportunas sugerencias a las instituciones, para que mejoren sus procesos de gerencia, a fin de que puedan evitar los manejos irregulares y los actos de corrupción, identificando a los responsables y precautelando de la mejor manera, en resumen, los recursos del Estado.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
No hay ninguna pregunta.
Agradecemos al Licenciado Francisco Ramírez Torres su presencia esta tarde, rindiendo un informe como Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
De las instituciones que deberían de comparecer el día de hoy, de acuerdo al artículo 138, numeral 29 de la Constitución Política, únicamente no obtuvimos la presencia del Banco Central, debido a que su Presidente se encuentra en negociaciones con el Club de París, en París-Francia y por esa razón presentó las correspondientes disculpas, con el compromiso de que posteriormente vendrá a rendir el informe que corresponde.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Pedimos a todos los Diputados ocupar sus asientos, porque vamos a continuar con la Sesión del día de hoy.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Punto 2.17: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE PRESTAMO NO. 882 H DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE ICARAGUA Y THE FUND INTERNATIONAL DEVEPLOMENT.
30 de Octubre 2002.
Doctor
MIGUEL LOPEZ BALDIZON
Primer Secretario
Asamblea Nacional
Su Despacho.
La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, remite ante Usted el Dictamen del
PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE PRESTAMO NO. 882 H DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE NICARAGUA Y THE FUND INTERNATIONAL DEVEPLOMENT.
De Ud. Atentamente,
NORLAN MONCADA GONZALEZ
Asesor Jurídico
Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto
Asamblea Nacional
CC: Archivo.
DICTAMEN
17 de Octubre de 2002.
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Señor Presidente:
La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto recibimos el mandato de dictaminar la solicitud del
PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE PRESTAMO No. 882 H DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE NICARAGUA Y THE OPEC FUND INTERNATIONAL DEVEPLOMENT.
La Comisión en relación con este Contrato de Préstamo, ha valorado los siguientes factores:
FIRMA DEL CONVENIO:
Que este Convenio de Préstamo
Numero 882 H,
fue suscrito el 22 de Mayo del 2002, entre el señor S.E. Dr. Y. SEYYID ABDULAL, Director General de la Junta de Gobernadores de The OPEC Fund for International Development y el Profesor Dr. Alberto José Altamirano Lacayo, Encargado de Negocios de la Embajada de Nicaragua en la República de Austria.
OBJETO DEL CONVENIO:
El Gobierno de la República de Nicaragua, ha logrado el apoyo de la OPEC Fund For International Development, al obtener un préstamo concesional para ser utilizados exclusivamente en el pago del servicio de la deuda que Nicaragua tiene con la OPEC, constituyendo este préstamo parte del alivio de deuda que The OPEC Fund For International Development otorgará a Nicaragua en el marco de la Iniciativa HIPC.
CONDICIONES GENERAL:
MONTO DEL PRESTAMO
El monto total del crédito es hasta por una suma de
Diez Millones de dólares (US$10,000,000.00).
AMORTIZACION, INTERESES Y COMISION
El préstamo deberá ser amortizado por el Prestatario en un plazo de veinte (20) años, incluyendo cinco años (05) de gracia. Los pagos de amortización deberán efectuarse en treinta (30) cuotas semestrales, empezando el 15 de Junio de 2007 y finalizando el 15 de Diciembre de 2021.
El Prestatario cancelará el principal del Préstamo en dólares, o en cualquier otra moneda libremente convertible aceptable por la Administración del Fondo en un monto equivalente al monto en dólares adeudado, según la tasa de cambio de mercado prevaleciente en el momento y en el lugar del pago.
El Prestatario pagará de cuando en cuando intereses a una tasa de uno por ciento (1%) anual sobre el monto principal del Préstamo retirado y pendiente.
El Prestatario pagará de cuando en cuando, un cargo por servicio a la tasa de uno por ciento (1%) anual sobre el monto principal del préstamo retirado y pendiente, para satisfacer los gastos de administración del Préstamo.
Los intereses y los cargos por servicios serán pagados semestralmente en dólares, el 15 de Junio y el 15 de Diciembre de cada año, en la cuenta del Fondo designada para este propósito por la Administración del Fondo.
DICTAMEN DE LA COMISION
La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado los objetivos y condiciones generales del Convenio de Crédito y
CONSIDERANDO:
Que este préstamo es altamente concesionario por el plazo de veinte (20) años, incluyendo un período de gracia de cinco (5) años, y que dicho crédito estará destinado exclusivamente al pago del servicio de la deuda que Nicaragua tiene con la
OPEC,
constituyendo este préstamo parte del alivio de deuda que la
OPEC Found For International Development
otorgada a Nicaragua en el marco de la Iniciativa
HIPC.
Por tanto, en base a las consideraciones anteriores y que la misma no contradice nuestra Constitución Política, Leyes Constitucionales, ni los Tratados suscritos y ratificados por Nicaragua, los suscritos Diputados
Dictaminamos Favorablemente
PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE PRESTAMO No. 882 H DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE NICARAGUA Y THE OPEC FUND INTERNATIONAL DEVELOPMENT
. Por lo que pedimos al Plenario su aprobación respectiva.
Anexamos el Proyecto de Decreto Dictaminado.
COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS,
CARLOS NOGUERA PASTORA
JORGE MATAMOROS SABORIO
GUILERMO OSORNO MOLINA
BAYARDO ARCE CASTAÑO
WALMARO GUTIERREZ MERCADO
GUSTAVO PORRAS CORTEZ
WILLIAM RAMIREZ SOLORZANO
Hasta aquí el Proyecto.
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades.
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO
DE APROBACION DEL CONVENIO DE PRESTAMO No. 882 H “ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT”.
Arto.1
Apruébase el Convenio de Préstamo No. 882 H, suscrito el 22 de Mayo de 2002, entre el Gobierno de la República de Nicaragua y The OPEC Fund for International Development, por un monto de (US$10,000,000.00)
diez millones de dólares,
para ser utilizados exclusivamente en el pago del servicio de la deuda que Nicaragua tiene con la OPEC, constituyendo este préstamo parte del alivio de la deuda que
The OPEC Fund for International Development
otorgará a Nicaragua en el marco de la Iniciativa HIPC.
Arto.2
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su Publicación en el Diario Oficial, La Gaceta.
Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los ____días del mes de ____ del año dos mil dos.
Presidente Primer Secretario
Asamblea Nacional Asamblea Nacional
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el Decreto.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Decreto.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Punto 2.18 PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE PRESTAMO NO. 1100/SF-NI "PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA".
30 de Octubre 2002.
Doctor
MIGUEL LOPEZ BALDIZON
Primer Secretario
Asamblea Nacional
Su Despacho.
La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, remite ante Ud. El Dictamen del
PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE PRESTAMO NO. 1100/SF-NI “PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA”.
De Ud. Atentamente
NORLAN MONCADA GONZALEZ
Asesor Jurídico
Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto
Asamblea Nacional
CC: Archivo.
DICTAMEN
17 de Octubre de 2002.
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Señor Presidente:
La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto recibimos el mandato de dictaminar la solicitud del
PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1100/SF-NI “PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA”.
La Comisión en relación con este Contrato de Préstamo, ha valorado los siguientes factores:
FIRMA DEL CONVENIO:
Que este Contrato de Préstamo Número 1100/SF-NI, fue suscrito el 8 de Agosto del 2002, entre el señor Eduardo Valcárcel, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Licenciado Eduardo Montealegre Rivas, Ministro de Hacienda y Crédito Público, en nombre y representación del Gobierno de la República de Nicaragua.
OBJETO DEL CONVENIO
El objetivo general del programa es mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en el Control de la Gestión Pública, mediante la Modernización y el Fortalecimiento de la Contraloría General de la República, en su calidad de Organismos superior de control de la Administración de los Recursos del Estado Nicaragüense.
COMPONENTES:
Para el objetivo mencionado anteriormente, el Proyecto financiará los siguientes componentes:
1) Desarrollo de la estructura organizacional y de gestión de la Contraloría General de la República.
2) Estructura organizacional y de gestión de la Contraloría General de la República.
3) Gestión de los Recursos Humanos.
4) Fortalecimiento de los Mecanismos de Control de la Contraloría General de la República.
5) Desarrollo e Implementación de la Estructura de Capacitación.
6) Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica.
CONDICIONES GENERALES:
MONTO DEL PRESTAMO
El monto total del crédito es hasta por una suma de
Cinco Millones, Cuatrocientos Mil Dólares (US$5,400,000.00)
o su equivalente en otras monedas, excepto la de la República de Nicaragua.
AMORTIZACION, INTERESES Y COMISION
El Préstamo deberá ser amortizado por el Prestatario en un plazo de cuarenta (40) años, incluyendo diez años (10) gracia, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, mediante sesenta (60) cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse el 8 de Febrero de 2013, y la última a más tardar el día 08 de Agosto de 2042.
El Prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deudores diarios del préstamo, intereses del uno por ciento (1%) por año, durante los primeros diez años (10) contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato, y del dos por ciento (2%) por año desde esa fecha en adelante, que se devengará desde las fechas respectivos desembolsos. El primer pago se efectuará el 08 de Febrero de 2003 y los siguientes en los días 08 de los meses de Agosto y de Febrero de cada año.
Los intereses serán abonados con recursos del financiamiento y sin necesidad de solicitud del Prestatario, durante el período de desembolso y en las fechas establecidas en el párrafo anterior.
Sobre el saldo no desembolsado del financiamiento que no sea en moneda del país del Prestatario, éste pagará una comisión de crédito del ½ por año, que empezará a devengarse a los doce (12) meses contados a partir del 17 de Julio de 2002, fecha de la Resolución del Directorio del Banco en la que aprobó este financiamiento.
Esta Comisión se pagará en dólares de los Estados Unidos de América en las mismas estipuladas para el pago de los intereses, de conformidad con lo previsto en las estipulaciones especiales.
Esta Comisión cesará de devengarse, en todo o en parte, según sea el caso, en la medida en que: (i) se hayan efectuados los respectivos desembolsos; o (ii) haya quedado total o parcialmente sin efecto el Financiamiento, de conformidad con los Artículos 3,12,3,13 y 4,02 de estas Normas Generales y con las pertinentes de las Estipulaciones Especiales.
Del monto de financiamiento, se destinará la suma de cincuenta y cuatro mil dólares (US$54,000), que equivale al 1% para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales. Dicha suma será desembolsada en cuotas trimestrales y en lo posible iguales, y se acreditará en la cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario.
El Prestatario se compromete a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, el estimado en el equivalente de seiscientos mil dólares (US$600,000), sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario.
ORGANISMO EJECUTOR
Se establece como Organismo Ejecutor a la Contraloría General de la República de Nicaragua
(CGR).
DICTAMEN DE LA COMISION
La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado los objetivos y condiciones generales del Convenio de Crédito y
CONSIDERANDO:
Que este crédito es altamente concesionario por el plazo de cuarenta (40) años, y un período de gracia de diez (10) años, y que dicho crédito estará destinado a mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en el Control de la Gestión Pública.
Por tanto, en base a las consideraciones anteriores y que la misma no contradice nuestra Constitución Política, Leyes Constitucionales, ni los Tratados suscritos y ratificados por Nicaragua, los suscritos Diputados
DICTAMINAMOS FAVORABLEMENTE
el
PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1100/SF-NI “PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA”,
Por lo que pedimos al Plenario su aprobación respectiva.
Anexamos el Proyecto de Decreto Dictaminado.
COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS, FINANZAS Y PRESUPUESTO
CARLOS NOGUERA PASTORA
JORGE MATAMORO SABORIO
BAYARDO ARCE CASTAÑO
GUSTAVO PORRAS CORTEZ
GUILLERMO OSORNO MOLINA
WALMARO GUTIERREZ MERCADO
WILLIAM RAMIREZ SOLORZANO
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
DECRETO N°._____
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus Facultades:
HA DICTADO
El siguiente
DECRETO
PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1100/SF-NI “PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA"
Arto.1
Apruébase el Contrato de Préstamo No. 1100/SF-NI, suscrito el 08 de Agosto de 2002, entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo (
BID),
por un monto de
Cinco millones Cuatrocientos Mil (US$5,400,000.00) dólares,
para financiar el
“Programa Modernización de la Contraloría General de la República”,
Formando parte de este Contrato los Anexos del mismo.
Arto.2
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su Publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ___ días del mes de ____ del año dos mil Dos.
Presidente Primer Secretario
Asamblea Nacional Asamblea Nacional
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el Decreto.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Se aprueba el Decreto.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Punto 2.19: APROBACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIAS EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES.
Managua, 29 de Octubre del 2002.
D I C T A M E N
Ingeniero
JAIME J. CUADRA SOMARRIBA
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Señor Presidente:
Los suscritos miembros de la Comisión de Defensa y Gobernación, de conformidad al Artículo 138, numeral 12) de la Constitución Política de la República, el Artículo 49 del Estatuto General y del Artículo 56 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, respectivamente, nos reunimos para analizar el Proyecto del Decreto de
APROBACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIAS EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES
presentado por la Presidencia de la República en Primer Secretaría de este Órgano el 13 de Agosto del corriente año y remitido a la Comisión de Defensa y Gobernación, para su respectivo conocimiento y discusión el 9 de Octubre del año en curso para su posterior aprobación en el Honorable Plenario de la Asamblea Nacional.
En tal sentido expresamos que esta Comisión procedió al análisis del contenido de la
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES,
sobre la cual hemos considerado que se convierte en uno de los compromisos y responsabilidades que este Poder del Estado debe de asumir frente al pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional, como gestos y manifestaciones del deseo de la consolidación de la democracia nicaragüense, el desarrollo económico y social de forma sostenible, y de forma especial y particular como la mejor manifestación de buena voluntad al aceptar aquellos principios vinculados a esta temática, pues el desarme y las políticas de contratación, limitación de armas en el ámbito regional requieren urgentemente de la necesidad de promover aspectos fundamentales tales como la seguridad y la estabilidad con el menor nivel posible de fuerzas relacionadas a los requerimientos para la defensa y la seguridad nacional, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales, siendo estos aspectos elementos esenciales para la materialización de la paz y el orden internacional, al igual que la seguridad de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos, los que debemos procurar disponer de la capacidad militar necesaria para la autodefensa y el cumplimiento de los compromisos internacionales, todo de conformidad a lo establecido en la Ley Fundamental y demás normas del ordenamiento jurídico de los respectivos Estados Miembros, los principios de la Carta de la OEA y de las Naciones Unidas, razones por las cuales se debe de establecer una restricción estricta en cualquier proceso de transferencia de armamento convencional para evitar el almacenamiento y la acumulación de este tipo de artefactos de forma innecesaria, así como impedir cualquier acción de carácter desestabilizador; todo esto se vincula a uno de los objetivos de mayor importancia de la Organización de los Estados Americanos, para así poder lograr “
alcanzar una limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros”.
Sabemos que los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos tienen el derecho a la legítima defensa, sea individual o colectiva; pero que existen compromisos asumidos en las Declaraciones de Santiago de 1995 y la de San Salvador de 1998, respectivamente; razones por las que el Estado de Nicaragua, en su calidad de Miembro de la Organización de Estados Americanos, teniendo presente los compromisos que se tienen frente a la Organización de las Naciones Unidas para contribuir al proceso de apertura y la transparencia por medio del intercambio de información sobre los sistemas de armas comprendidos en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas; y del realce e importancia que tiene la notificación anual al referido registro sobre la importación y exportación, existencia de las fuerzas armadas y adquisiciones por medio de la compra de la producción nacional de sistemas importantes de armas, debemos de adoptar las medidas de reconocimiento y fomento de la confianza y la seguridad entre los Estados que son Miembros de la Organización de Estados Americanos, con el objeto de asumir y cumplir con los compromisos planteados en la
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES,
la que constituye uno de los logros de mayor importancia para alcanzar los propósitos esenciales de la Carta de los Estados Americanos, como lo es
alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros.
En buena parte, las medidas adoptadas por medio de la
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES
van a contribuir para evitar la continuidad de sucesos lamentables y trágicos, la guerra y sus consecuencias trágicas, como es la pérdida irreparable de la vida de seres humanos o de la mutilación de éstos y el daño de la economía, todo a consecuencia del uso irracional de armas compradas y usadas sin control y regulación alguna de parte de los Estados que la utilizan.
Valorando lo señalado anteriormente, consideramos que es necesario hacer esfuerzo que permita contribuir al desafío que representa la
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES,
pues esto en gran manera permitirá ofrecer a los civiles inofensivos e indefensos, particularmente a las nuevas generaciones, el derecho a vivir con seguridad y en paz. Por eso, de la misma forma que se han reconocido otras Convenciones, lo hacemos con ésta y reconocemos y admitimos que solamente a través de un proceso transparente en las adquisiciones de armas convencionales estaremos creando un clima de confianza que permitirá el desarrollo de los mejores esfuerzos en el proceso de desarrollo de los Estados Americanos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 1179-XXII-0/92, por medio de la cual los Estados Miembros se adquirieron compromisos tales como:
”aceptar como principio rector del desarme y de las políticas de control y limitación de armas en el ámbito regional la necesidad de promover la seguridad y la estabilidad con el menor nivel posible de fuerzas acordes con los requerimientos de defensa y los compromisos internacionales”,
así como: “
expresar el compromiso de la Organización a contribuir eficazmente a los esfuerzos que se realizan en el plano internacional para el afianzamiento de la paz y la seguridad”...; “mantener sólo la capacidad militar que sea necesaria para la autodefensa y el cumplimiento de los compromisos internacionales, de acuerdo a sus Constituciones y leyes y con los principios y propósitos de la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas”...;
y finalmente para... “
restringir la transferencia de armamentos convencionales con miras a impedir acumulación de armamentos excesivos o desestabilizadores”.
El Estado de Nicaragua y sus autoridades han considerado que junto con la opinión pública se deben de fomentar los principios humanitarios, de la misma forma en que se ha hecho el llamado para la total prohibición del uso de minas antipersonales y al unísono reconoce el trabajo que durante los últimos tiempos han desarrollado Organismos y Movimientos de carácter internacional para contrarrestar el uso de la armas convencionales como modo de solución de conflictos entre Estados.
De conformidad al conjunto de consideraciones de carácter general, y en busca de un mayor esfuerzo que contribuya a la consolidación de la democracia nicaragüense y la paz mundial, así como el cumplimiento de los acuerdos referidos en el presente texto y con miras a lograr un auténtico paso hacia el progreso de las paz mundial y el desarme en general, incluyendo cualquier tipo de armas bajo un estricto y eficaz control internacional, tal y como lo señala la
CONVENCION INTERAMERICANA SOBBRE TRANSPARENCIA EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES adoptada en Guatemala el siete de Junio del año noventa y nueve, la que fue suscrita por Nicaragua el día ocho del mismo mes y año
, también es deseo de esta Comisión contribuir a la realización de los propósitos y principios de los instrumentos relativos a la
TRANSPARENCIA EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES.
De conformidad al Artículo 49 del Estatuto General y del 56 del Reglamento Interno la Comisión de Defensa y Gobernación ha resuelto
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE
la Iniciativa de Ley denominada
LEY DE PROHIBICION PARA LA PRODUCCION, COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, TRANSITO, UTILIZACION Y POSESION DE MINAS TERRESTRES ANTIPERSONALES,
pues no se opone a la Constitución Política, Leyes Constitucionales y demás leyes de la Nación, ni a los Tratados ni Convenios Internacionales suscritos por Nicaragua, razón por la que sometemos este Dictamen a la consideración del honorable Plenario de la Asamblea Nacional para su debida aprobación.
ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN DEL DECRETO DE APROBACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA EN LA ADQUISICION DE ARMAS CONVENCIONALES.
COMISION DE DEFENSA Y GOBERNACION
PEDRO J. RIOS CASTELLON
JOSE S. FIGUEROA AGUILAR
JAIME R. GARCIA MANGAS
FREMIO ISABEL ALTAMIRANO
ELIAS CHEVEZ
DAYSI TREJOS
FRANCISCO SACASA URCUYO
BLADIMIR PINEDA SOZA
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO
I
Que durante la Primera Sesión Plenaria de la Organización de Estados Americanos, realizada en la República de Guatemala el día siete de Junio de mil novecientos noventa y nueve, fue adoptada la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales.
II
Que Nicaragua en su calidad de Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos suscribió la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales el día ocho de Junio de mil novecientos noventa y nueve.
III
Que de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la República, la Asamblea Nacional de Nicaragua debe de aprobar la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales para contribuir y lograr alcanzar un control efectivo de armas y el fortalecimiento de la paz y la seguridad del hemisferio, así como el orden internacional.
En uso de sus facultades,
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO DE APROBACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA EN LA ADQUISICION DE ARMAS CONVENCIONALES
Artículo 1. (Aprobación de Convención)
Apruébase la Convención Interamericana sobre Transparencia en la Adquisición de Armas Convencionales, adoptada en la Primera Sesión Plenaria de la Organización de Estados Americanos realizada el siete de Junio y que ésta fue suscrita por Nicaragua el día de ocho de Junio de mil novecientos noventa y nueve en la República de Guatemala.
Artículo 2. (Vigencia)
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional el día ____ de ______ del año dos mil cos.
JAIME J. CUADRA SOMARRIBA MIGUEL LOPEZ BALDIZON
PRESIDENTE SECRETARIO
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Dictamen.
Aprobación del Dictamen.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Decreto.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
PUNTO 2.20: DECRETO EJECUTIVO NUMERO 81-2002, "DECRETO DE AUTORIZACION DE LA SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL Y PERMANENCIA EN EL ARCHIPIELAGO DE GUADALUPE DE UN CONTINGENTE REPRESENTATIVO DE 40 EFECTIVOS MILITARES DEL EJERCITO DE NICARAGUA".
D I C T A M E N
Managua, 29 de Octubre del 2002.
Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Señor Presidente:
Los suscritos miembros de la Comisión de Defensa y Gobernación, de conformidad a los artículos 49 del Estatuto General y 56 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, nos reunimos para analizar el
DECRETO EJECUTIVO NUMERO 81 – 2002, “DECRETO DE AUTORIZACION DE LA SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL Y PERMANENCIA EN EL ARCHIPIELAGO DE GUADALUPE DE UN CONTINGENTE REPRESENTATIVO DE 40 EFECTIVOS MILITARES DEL EJERCITO DE NICARAGUA”,
el cual fuera remitido por Primer Secretaría el 11 de Octubre del corriente año a la
Comisión de DEFENSA Y GOBERNACION
para su debido Dictamen.
Los suscritos miembros de esta Comisión, hemos valorado que la autorización de salida
del territorio nacional y permanencia en el archipiélago de Guadalupe de un contingente de cuarenta efectivos militares del Ejército de Nicaragua
con su equipamiento de rescate y salvamento a la
Isla de Guadalupe,
localizada en las Antillas Menores, en donde recibirán entrenamiento para participar en ejercicios de rescate humanitario con el fin y objetivo de poder brindar y prestar un mejor servicio a la patria, lo que consideramos que es necesario, pues esto permitirá la actividad continua de preparación y especialización de las tropas del Ejército nicaragüense, así como el acercamiento con los homólogos de otros ejércitos del mundo con quienes se debe de entrar en actividades de intercambio.
De la misma manera, la salida de este contingente de soldados nicaragüenses que realizan entrenamientos de búsqueda y salvamento humanitario, permitirá alcanzar un mayor nivel de profesionalización y especialización de las tropas del Ejército de Nicaragua, situación que permitirá a los nicaragüenses disponer dentro de las filas de las Fuerzas Armadas un grupo de soldados formados y especializados en actividades de rescate humanitario de cara al inminente riesgo permanente en que vivimos los nicaragüenses, pues somos un país vulnerable y con un alto grado de riesgos a los desastres naturales o los provocados por la mano del hombre, situación que nos hace más vulnerables frente a los embates de la naturaleza.
Esta situación nos permitirá dar continuidad a la consolidación de las relaciones entre las naciones y los respectivos ejércitos, relación de acercamiento que se inició a partir del inicio de la década de los noventa y que en esta nueva etapa de nuestra historia política, en donde el desarrollo y consolidación de la democracia ha sido una de las principales preocupaciones de los últimos gobiernos y del actual, así como la mejoría de las relaciones políticas y diplomáticas con las diferentes naciones del mundo; pensando en que se nos permita el desarrollo armonioso de las relaciones entre los Estados, así como la ayuda que nos podamos proporcionar y facilitar de manera respetuosa y recíproca, con el objetivo de proporcionar una asistencia a la sociedad nicaragüense y de las instituciones del Estado de Nicaragua.
Las consideraciones de carácter general permitieron a esta Comisión determinar que el
DECRETO EJECUTIVO NUMERO 81 – 2002, “DECRETO DE AUTORIZACION DE LA SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL Y PERMANENCIA EN EL ARCHIPIELAGO DE GUADALUPE DE UN CONTIGENTE REPRESENTATIVO DE 40 EFECTIVOS MILITARES DEL EJERCITO DE NICARAGUA”,
es necesario, pues esto viene a contribuir al desarrollo y especialización del Ejército de Nicaragua, por consiguiente contribuirá exclusivamente con su actuar y desarrollo de las labores humanitarias en beneficio de la profesionalización de la Fuerzas Armadas.
En virtud de lo referido anteriormente y de conformidad a lo establecido en el Artículo 93, 138, numeral 26 de la Constitución Política de la República, las Leyes Constitucionales, los Acuerdos, Tratados y los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, y con fundamento en los artículos 49 del Estatuto General y 56 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, los suscritos miembros de la Comisión de Defensa y Gobernación, hemos resuelto y definido emitir el presente
DICTAMEN FAVORABLE
al proyecto de Decreto referido y cuyo texto adjuntamos para que el honorable Plenario lo apruebe.-
COMISION DE DEFENSA Y GOBERNACION
PEDRO JOAQUIN RIOS C.
JOSE FIGUEROA AGUILAR
JAIME R. GARCIA
BLADIMIR PINEDA SOZA
FREMIO ISABEL ALTAMIRANO
ELIAS CHEVEZ
DAYSI TREJOS
FRANCISCO SACASA URCUYO
DECRETO N°._____
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades:
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO DE AUTORIZACION DE LA SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL Y PERMANENCIA EN EL ARCHIPIELAGO DE GUADALUPE DE UN CONTIGENTE REPRESENTATIVO DE 40 EFECTIVOS MILITARES DEL EJERCITO DE NICARAGUA
Artículo 1.
De conformidad a lo establecido en el Artículo 138, numeral 26 de la Constitución Política de la República, autorizase la salida del territorio nacional y permanencia en el archipiélago de Guadalupe de un contingente de 40 efectivos militares del Ejército de Nicaragua con su equipamiento de rescate y salvamento, donde recibirán entrenamiento en la labor de rescate humanitario durante el período que comprende del 1 al 28 de Febrero del año 2003.
Artículo 2.
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ____días del mes de Octubre del año dos mil dos.
JAIME J. CUADRA SOMARRIBA MIGUEL LOPEZ BALDIZON
PRESIDENTE SECRETARIO
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión.
A votación.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Decreto.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
PUNTO 2.25 DICTAMEN DE PROYECTO DE DECRETO DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE CRÉDITO PARA EL DESARROLLO "PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS".
DICTAMEN
Managua, 20 de Noviembre del 2002.
Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho
.
Honorable Señor Presidente:
La Comisión de Reforma Agraria y Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, se reunió el día Martes 19 de Noviembre del dos mil dos, para dictaminar el
Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio de Crédito para el Desarrollo “Proyecto
de Administración de Tierras”.
Este Convenio fue suscrito entre el Representante de la Internacional Development Associatión (IDA) y el Señor Carlos Ulvert Sánchez, Embajador de la República de Nicaragua en los Estados Unidos de América, en nombre y representación del Gobierno de Nicaragua, el 24 de Junio del 2002. Cabe Mencionar que este Proyecto fue remitido a la Comisión por Primera Secretaría de este Parlamento.
Para la realización de este Dictamen, los miembros de la Comisión y la Asesoría, realizaron una serie de consultas a los funcionarios nacionales involucrados en la ejecución del Convenio, contando con las sugerencias, explicaciones y apreciaciones, de los siguientes titulares: Ingeniero Claudio Gutiérrez Huete. Director del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales(INETER); Ingeniero Ernesto González, Coordinador de PRODEP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y coordinador de la Unidad Técnica de Administración del proyecto, y al Doctor Reynaldo Monterrey Edén, Magistrado de la Sala de la Propiedad de la Corte Suprema de Justicia.
Además de las consultas antes mencionadas, se revisó la legislación nacional creadora de los antes encargados de llevar a cabo este Proyecto, ya que en uno de sus componentes se vislumbra la necesidad de reformar las leyes y decretos relacionadas con el tema de la propiedad, tanto urbana como rural, lo mismo que la reestructuración de las instancias gubernamentales que tienen a su cargo la legalización de la propiedad.
Los objetivos del Proyecto son:
a) Desarrollar el marco legal, institucional, técnico y de participación para la administración de los derechos de propiedad en el territorio del prestario;
b) Demostrar la viabilidad de un programa sistemático de regulación del derecho de tierra.
Antecedentes:
El Gobierno de la República de Nicaragua ha logrado el apoyo de la Internacional Development Association (IDA), al obtener un crédito concesional, en los términos y condiciones señaladas o referidos en el Convenio de Crédito para el Desarrollo, para financiar el “
Proyecto de Administración de Tierras”
Se inicia por gestión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de darle la importancia debida al tema de la propiedad. La ejecución en el campo abarca tres Departamentos se consideran proyectos pilotos en Estelí, Chinandega y Somoto. También incluye la demarcación y titulación de 11 áreas protegidas en los tres Departamentos que por ley están creadas; se hará los trámites de manejo, por un lado y por otro lado el proyecto abarca los territorios indígenas, mismos que se demarcarán formalmente y se procederá a realizar un diagnóstico, para proceder a la titulación. Se aprovechará está demarcación para cumplir con la Sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Nicaragua.
Si bien es cierto los conflictos de propiedad se dan a nivel nacional, se escogieron estos tres Departamentos, para iniciar, tomando en cuenta algunos aspectos tales como su topografía, tenencia de la tierra, pobreza, el hecho de ser fronterizos, con fronteras marítimas, es decir una serie de elementos que llenaba los requisitos del proyecto.
Costo Total del Proyecto:
Por otro lado cabe mencionar que este proyecto tiene un costo de 38 millones de dólares, de los cuales 32 millones son del Banco Mundial y 6 millones del Gobierno de Nicaragua.
Componentes del proyecto financiado a través del Convenio:
1.- Componentes Políticas de Tierra y Reformas Legales:
Ø
Marco de Políticas de tierras.
Ø
Cambios legales regulatorios.
Ø
Manuales de procedimientos y operativos.
2.- Componente Descentralización y Fortalecimiento Institucional:
Ø
Apoyo a la Dirección de políticas de Tierras del MAGFOR
Ø
Descentralización y fortalecimiento de la administración de los derechos de la propiedad.
3.- Componente Servicios de Titulación y Regulación:
Ø
Servicios sistemáticos de regulación
Ø
Titulación del sector reformado
Ø
Resolución alternativa de conflictos
4.- Componente Demarcación y Consolidación de Areas Protegidas:
Ø
Ajuste de políticas de tierra para las áreas protegidas
Ø
Demarcación de áreas protegidas
Ø
Consolidación de áreas protegidas
Ø
Identificación y revisión de las áreas protegidas propuestas
Ø
Comunicación Social y educación ambiental.
5.- Componente Demarcación de Territorios Indígenas:
Ø
Marco regulatorio de los derechos de la tierra.
Ø
Asistencia técnica. Creación de capacidad y desarrollo institucional.
Ø
Diagnóstico, demarcación, titulación y manejo territorial.
6.- Componente Sistemas de Información:
Ø
Sistema Integrado de Información (SILCAR).
Ø
Subsistema de monitores de titulación de tierras
Sistema de información financiera y de manejo de proyecto
Ø
Sistema de monitoreo y evaluación del impacto del proyecto
Ø
Evaluación Participación del Impacto (PIE)
Políticas de Tierra y Reformas Legales:
Este componente pretende contribuir al desarrollo de un marco de política de tierra necesario para la ejecución del proyecto de regulación de los derechos de propiedad. El desarrollo de la misma es responsabilidad del ministerio Agropecuario y Forestal a través de la Dirección de Políticas. Se creará un diálogo con los actores claves para la formulación de políticas de tierras que sirvan de base para el desarrollo de la agricultura y economía en general del país y más específicamente para sustentar un programa de largo plazo de administración de tierras.
Descentralización y Fortalecimiento de la Capacidad Institucional:
Este Componente pretende: apoyar a la Unidad de Políticas de Tierras del Mag-For para que pueda cumplir con su rol de formular, planificar el uso de la tierra y monitorear la situación de tenencia. Fortalecer la intendencia de la propiedad y que se convierta en una instancia descentralizada que lideree la ejecución del proyecto, así como el fortalecimiento de las oficinas OTU; OOT, OCI, OTR) para que se cumplan los objetivos del proyecto.
Construir la capacidad suficiente en la dirección de Catastro del INETER que permita que la misma pueda desarrollar las acciones de supervisión y control de calidad de las firmas que se contraen para la ejecución física del catastro, entrenamiento y capacitación del personal que permita la instalación y mantenimiento de la información que se genere en el catastro físico, mobiliario, vehículos y fortalecimiento de las unidades departamentales en el área de influencia del proyecto.
Construir capacidades y modernizar los registros públicos y la DIRAC, implica apoyar el establecimiento de la Dirección Nacional de Registro Público. Apoyar la descentralización y modernización de los servicios de registro a través de las reformas legales y el establecimiento del Sistema Integrado de información Catastral y Registral de la propiedad Capacitación y entrenamiento permanente y apoyar a la DIRAC en el entrenamiento a mediadores y los tribunales arbitrales.
Brindar asistencia técnica a los agricultores y pueblos indígenas mediante su organización para que puedan establecer los procesos de demanda de demarcación de tierra. Titulación y registro y su participación en las actividades de preparación del programa de políticas.
Servicios de Titulación y Regulación:
Este es el componente esencial del proyecto y consiste en la modernización y establecimiento de procesos técnicos y legales que de forma eficiente regularicen los derechos sobre la tierra. Esto incluye: Servicios de regulación de la tierra, el cual consistirá en el levantamiento de información geográfica y legal en el ámbito predial, de manera sistemática en los Departamentos de Chinandega, Estelí y Madriz un proceso de revisión y clarificación de los límites de propiedad y de los derechos.
Demarcación y Consolidación de Areas Protegidas:
También incluye la demarcación y consolidación de 11 áreas protegidas existentes en los departamentos de Chinandega (5) Estelí (5) y Madriz (1) así como la identificación de áreas protegidas propuestas en dicha zonas. El proceso de demarcación de áreas protegidas incluye lo siguiente: trabajos preparatorios, ejecución de estudios técnicos, demarcación de linderos a través de un proceso participativo. Formulación actualización de los planes de manejo de dichas áreas b) ejecución de estudios técnicos c) demarcación de linderos a través de un proceso participativo d) formulación de los planes de manejo de dichas áreas e) aprobación de planes de manejo por el MARENA y f) regularización de la tenencia en el área protegida.
Demarcación Territorial Indígena:
El proyecto apoyará los procesos de negociación de las Comunidades Indígenas. El fortalecimiento del marco legal e institucional, la coordinación intersectorial y el fortalecimiento de la capacidad local a partir de un diagnóstico. Se ejecutará un proyecto de demarcación y titulación de tierras en la RAAN y RAAS y se apoyará el completamiento del amojonamiento y titulación de otros 6 territorios ubicados en la Reserva de Bosawas, así como la implementación de un plan de desarrollo de las mismas comunidades.
Sistema de Información de la Propiedad:
Este componente apoyará la formación de (i) Sistema de información integrada de Registro y Catastro, el cual integrará la información física (mapas) con la registral (asientos registrales); se desarrollará en los 3 Departamentos de influencia y la formación de una Dirección Nacional de Registro; ¿ O un Centro Nacional de Información?, establecimiento de un sistema de evaluación y monitoreo del impacto del proyecto, el cual será manejado por el MAGFOR. El establecimiento del Sistema de Administración y Contabilidad del Proyecto, el cual será ejecutado por la UTAP y el Sistema de administración y contabilidad del proyecto, el cual será ejecutado por la UTAP y el establecimiento de un subsistema de Monitoreo de Titulación de la propiedad.
El proyecto incluye elaboración de 10 mil nuevos títulos en el sector reformado de todo el país; se va a comenzar la revisión de 6 mil títulos rurales a través de la OOT; se revalorizará 19 mil parcelas de las 47 mil que hay. Se van a titular 20 mil títulos urbanos fuera del área. Es decir que el proyecto abarca titulación, abarca todo lo relacionado con la Ley 85, 86 y 88. Se trata de que sea un proyecto lo más completo posible con la idea de darle a Nicaragua una respuesta al problema de la propiedad. Nosotros hemos entrado en:
Principales Instituciones Involucradas:
La Intendencia de la Propiedad:
(Cuantificación de propiedades, revisión de asignaciones de tierras y lotificaciones y viviendas urbanas y titulación en el área urbana y rural y tierras de comunidades indígenas.
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER
: Catastro físico de las propiedades : Ejemplo mapeo y registro de ubicación y linderos de la propiedad y registros de la localización de la propiedad y límites.
Corte Suprema de Justicia/ Registros de la Propiedad:
Registro de derechos legales y Dirección de resolución de conflictos de la propiedad de la aplicación de las Leyes 85, 86 y 88 a través de mecanismos de mediación y arbitraje.
Unidad de Políticas de la Tierra de MAGFOR
: Análisis y formulación de políticas de tierras. Monitoreo y arreglos participatorios.
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales MARENA:
Demarcación y consolidación de áreas protegidas.
Consejos Regionales
: Aspectos legales, mediación de conflictos, registros de comunidades, etc.
INIFON:
Desarrollo de la capacidad local de las municipalidades.
Este proyecto básicamente se origina de un proyecto de titulación de tierra que se hizo o que financió el Banco Mundial en 94, 2002 que se conoce como Programa Nacional de Catastro, Titulación y Registro, llevaba el proyecto básicamente un componente de catastro y uno de registro, pero básicamente el proyecto era de titulación para desmovilizados de la resistencia y para los desmovilizados del Ejército en el tiempo de doña Violeta.
Sin embargo hubieron inversiones en materia de catastro, en compra de equipos se compraron computadoras, etc.
Se inició un proceso de conceptualización de proyecto que permitiera atender el problema de la propiedad de forma un poco más integral y entonces va dirigido al sector reformado titular, los remanentes de tierras que todavía hay cooperativas, todavía hay unas unidades de producción, que todavía no han recibido su título de propiedad.
Este Proyecto es multi-institucional ya que está metida la Corte Suprema de Justicia, el Registro, castro, INETER, está metido el MARENA a través de las Areas Protegidas, está metido el Ministerio de Hacienda a través de la Intendencia de la Propiedad.
Términos Generales del Convenio:
En los términos de este Convenio, la Internacional Development Association IDA, se compromete a otorgar al Gobierno de la República de Nicaragua un Crédito, en varias monedas hasta por una suma (DEG 26,200.000) veintiséis millones doscientos mil Derechos Especiales de Giro.
El prestatario amortizará el principal del crédito en pagos semestrales, pagaderos cada 15 de Junio y 15 de Diciembre, a partir del 15 de Diciembre de 2012 y finalizando el 15 de Junio de 2042. Cada pago, incluyendo el pago del 15 de Junio de 2022, será el uno por ciento (1%) de dicho monto principal, y cada pago subsiguiente será el dos por ciento (2%) de dicho monto principal.
El prestario pagará a la Asociación una Comisión de Compromiso sobre el monto del principal de crédito no desembolsado ocasionalmente, a una tasa que establecerá la Asociación a partir del 30 de Junio de cada año, pero que ningún caso podrá ser más del medio por ciento ( ½ de 1%) anual. Los cargos por compromiso se acumularán a partir de 60 días después de la fecha de este Convenio.
El prestatario pagará a la Asociación una Comisión de Servicio, a una tasa de tres cuartos del uno por ciento ¾ de 1%) anual sobre el monto del principal del crédito no desembolsado y pendiente de desembolso
Las comisiones de Compromiso y Servicio se pagará semestralmente los 15 de Junio y 15 de Diciembre de cada año. El plazo del pago es de 40 años, incluyendo un período de gracia de 10 años.
DICTAMEN DE LA COMISION:
Los miembros de la Comisión de Reforma Agraria y Asuntos Agropecuarios, una vez analizadas las disposiciones constitucionales, leyes nacionales, los instrumentos internacionales, aportes expresados por las instancias involucradas en el Proyecto y demás disposiciones relacionadas, consideraciones que este Crédito es altamente concesionario, tomando en cuenta el plazo del pago que es 40 años, incluyendo un período de gracia de 10 años. Sobre todo lo que los objetivos fundamentales del proyecto financiado es desarrollar el marco legal, institucional, técnico y de participación para la administración de los derechos de propiedad en el territorio nacional y demostrar la viabilidad de un programa sistemático de regularización del derecho de la tierra.
Por tanto, y en base a las consideraciones anteriores, análisis realizado y en consideración a que este Acuerdo no contradice en ninguna de sus partes a la Constitución Política de la República, Leyes Constitucionales, ni Tratados suscritos y ratificados por Nicaragua, los suscritos Diputados de la Comisión de Reforma Agraria y Asuntos Agropecuarios
DICTAMINAMOS FAVORABLEMENTE
el “
Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio de Crédito para el Desarrollo “Proyecto de Administración de Tierras
”, por lo que pedimos al Plenario de esta Asamblea su aprobación respectiva.
COMISION DE REFORMA AGRARIA Y
ASUNTOS AGROPECUARIOS
DIP. ERNESTO M. GARCÍA QUIROZ
PRESIDENTE
DIP. ALBA AZUCENA PALACIOS B.
PRIMER VICEPRESIDENTE
DIP. JAIRO RENÉ GARCÍA MANGAS
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
DIP. BLADIMIR PINEDA SOZA
PRIMER SECRETARIO
DIP. OCTAVIO ALVAREZ MORENO
MIEMBRO
DIP. REYNALDO MAIRENA VALLEJOS
MIEMBRO
Decreto No. _________________
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA
CONSIDERANDO
I
Que el día 24 de Junio del 2002, fue suscrito entre el Representante de la Internacional Development Association (IDA) y el señor Carlos Ulvert Sánchez, Embajador de la República de Nicaragua en los Estados Unidos de América, en nombre y representación del Gobierno de la República de Nicaragua, el Convenio de Crédito para el Desarrollo, para financiar el “Proyecto de Administración de Tierras”, por un monto en varias monedas hasta por DEG-26,200.000.00 (veintiséis millones doscientos mil Derechos Especiales de Giro).
II
Que el préstamo es altamente concesional, con un plazo de pago de 40 años, incluyendo un período de gracia de 10 años y que el prestario amortizará el principal del crédito en pago semestral. Pagadero cada 15 de Junio y 15 de Diciembre, a partir del 15 de Diciembre del 2012 y finalizando el 15 de Junio de 2042. Cada pago, incluyendo el pago del 15 de Junio de 2022, será el uno por ciento (1%) de dicho monto principal y cada pago subsiguiente será de dos por ciento (2) de dicho monto principal.
En uso de sus facultades
HA DICTADO
El siguiente
DECRETO
DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO DE CREDITO
PARA EL DESARROLLO “PROYECTO DE ADMINISTRACION DE TIERRAS”
Arto.1 Apruébese el Convenio de Crédito para el Desarrollo, suscrito el 24 de Junio de 2002, entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Internacional Development Association (IDA), para financiar el “ Proyecto de Administración de Tierras”, por un monto en varias monedas hasta de DEG 26,200.000.00(veintiséis millones doscientos mil Derechos Especiales de Giro.
Arto. 2 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
ING.JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente
Asamblea Nacional
DR. MIGUEL LOPEZ BALDIZON
Secretario
Asamblea Nacional
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Decreto.
A votación.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el presente Decreto.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
2.28:
LEY ORGANICA QUE REGULA EL REGIMEN DE PROPIEDAD COMUNAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA COSTA ATLÁNTICA Y BOSAWAS.
DICTAMEN
Los suscritos Diputados miembros de la Comisión de Asuntos Étnicos y Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, se reunieron el día 15 de Octubre del corriente año con el objeto de Dictaminar la
LEY ORGANICA QUE REGULA EL REGIMEN DE PROPIEDAD COMUNAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA COSTA ATLANTICA Y BOSAWAS,
iniciativa presentada por el Presidente de la República de Nicaragua en la Secretaría de la Asamblea Nacional el 13 de Octubre de mil novecientos noventa y ocho y remitido por Secretaría a esta Comisión para su debido
DICTAMEN:
La Comisión, en cumplimiento de lo que establece el Estatuto y Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, realizó un amplio período de consulta a más de trescientas comunidades de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, así como la sociedad civil y autoridades regionales, quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus propuestas e inquietudes, todas ellas consideradas por los miembros de esta Comisión al momento de elaborar el presente Dictamen.
Esta iniciativa de Ley pretende regular el Régimen de Propiedad Comunal, el mismo que ha caracterizado a las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica desde tiempos inmemoriales, prevaleciendo entre ellas ese concepto comunitario sobre sus tierras, como una herencia de sus antepasados.
El Proyecto en referencia, implementando las disposiciones constitucionales contenidas en los Artos. 5, 89, 107 y 180 de ese cuerpo de Ley, otorga Seguridad Jurídica sobre sus tierras a las Comunidades Indígenas asentadas a lo largo y ancho del Litoral Atlántico, definiendo las normas y procedimientos para legalizar el Derecho de Propiedad, así como para acreditar la existencia y Representación Legal de las Autoridades de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica.
En este sentido se crean instituciones para el trabajo de demarcación y reconocimiento legal de la propiedad comunal de las Comunidades Indígenas y Etnicas, señalándose entre sus normas que los títulos deberán reconocer el pleno dominio en forma comunitaria sobre las tierras y territorios que han venido ocupando y poseyendo desde hace mucho tiempo.
Estas instituciones creadas, su integración es representativa desde las mismas Comunidades Indígenas -sujetos activos de esta iniciativa- hasta las Autoridades Regionales Autónomas y representantes del Poder Ejecutivo.
Se tomó en consideración, al momento de dictaminar, Comunidades Indígenas que si bien es cierto geográficamente no pertenecen a la Costa Atlántica, tradicionalmente se han regido por la
FORMA COMUNAL
de la Propiedad de sus tierras, tal es el caso de aquellas que están localizadas en las riberas de los ríos Bocay, Indio y Maíz.
Se acordó ampliar el ámbito de aplicación de la Ley y consecuentemente se cambió la denominación de la misma.
Los Diputados Miembros de esta Comisión, al elaborar este Dictamen estamos cumpliendo una demanda histórica que los Pueblos y Comunidades Indígenas han reclamado sobre los derechos que les otorga y reconoce la Constitución Política, la Ley No. 28 denominada ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LAS DOS REGIONES DE LA COSTA ATLÁNTICA DE NICARAGUA, quienes gozan dentro de la unidad del Estado nicaragüense de un Régimen de Autonomía que les garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos históricos y consignados en la Constitución Política.
Por las razones antes expuestas, los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Étnicos y Comunidades Indígenas, con fundamento en lo que señala el Estatuto y Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, y dado que esta iniciativa no se opone a la Constitución Política ni al Orden Jurídico Nacional, dictaminamos
FAVORABLEMENTE la LEY DEL REGIMEN DE LA PROPIEDAD COMUNAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA COSTA ATLÁNTICA DE LOS RIOS BOCAY, COCO E INDIO MAIZ;
y lo sometemos a la consideración del honorable Plenario para su aprobación.
COMISION DE ASUNTOS ETNICOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
ASAMBLEA NACIONAL
LEONEL PANTIN WILSON
Presidente
ADOLFO JARQUIN ORTEL
Miembro
IRMA DAVILA LAZO
Segunda Vice- Presidente
ANA ESPERANZA LAZO
Primera Secretaria
JORGE TORRES MALESPIN
Segundo Secretario
ROBERTO SANCHEZ S.
Miembro
NASSER SILWANY BAEZ
Miembro
FRANCISCO SACASA U.
Miembro
Hasta aquí el Dictamen de la Comisión.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión en lo general.
Tiene la palabra la honorable Diputada Ana Lazo.
DIPUTADA ANA LAZO:
Gracias, señor Presidente.
Creo que el día de hoy, por primera vez, después de muchísimos años, estamos respondiendo a la demanda de la titulación de las tierras y de los territorios de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica -en donde antes se llamaba la antigua Mosquitia de Nicaragua-, derecho consignado en los tratados internacionales celebrados entre Inglaterra y Nicaragua, tales como el Tratado de Managua de 1860 y el Tratado de Harrison Altamirano en 1905. Este derecho a la tierra es reconocido en la Constitución Política de Nicaragua de 1987 y en el Estatuto General de Autonomía de las dos Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua.
Consignado también este derecho en el Convenio 169 de la OIT, de los pueblos indígenas y tribales del mundo. Hoy estamos dándole respuesta a ese pueblo costeño, que después de muchos años ha estado solicitando que esta ley fuera dictaminada y fuera aprobada en esta Magna Asamblea.
Es de nuestro conocimiento que en América Latina y otras regiones del mundo las poblaciones indígenas sometidas a un proceso de empobrecimiento, segregación, marginalidad, asimilación o presión, explotación y exterminio, exigen una transformación profunda del orden político, económico y cultural para el logro efectivo de sus demandas y aspiraciones.
Esas demandas y aspiraciones los pueblos indígenas la logran en el derecho consuetudinario, que es el derecho de los pueblos indígenas. La Región Atlántica nicaragüense, constituye aproximadamente el 50 por ciento del territorio patrio y tiene cerca de 400 mil habitantes, que representa el 9.5 por ciento de la población nacional, distribuida en 182 mil mestizos de habla hispana, 75 mil miskitos con su propia lengua, 26 mil creoles de habla inglesa, 9 mil sumos o mayagnas con su propia lengua, 1,750 garífonos, la mayoría de los cuales ha perdido su lengua, y 850 ramas, de los cuales sólo 35 mantienen su lengua.
El pueblo costeño es un pueblo de identidad multiétnica y está inspirado firmemente en las hazañas de algunos héroes indo-hispanos como Diriangén, Caupolicán, que nunca claudicaron, y también como el “General de Hombres Libres” Augusto César Sandino, quien sembró esperanza y determinación a los indígenas de Río Coco con sus cooperativas agrícolas y mineras, y quien orgullosamente proclamó al mundo: “Soy nicaragüense y me siento orgulloso porque en mis venas circula más que todo la sangre india que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, leal y sincero”.
Leales a los compromisos del pueblo nicaragüense, los que nos encontramos hoy aquí, creo, pido y tengo la confianza de que vamos a votar en favor de esta ley que reivindica al pueblo costeño. Es de nuestro conocimiento, que la autonomía enriquece la cultura nacional, reconoce y fortalece la entidad étnica, respeta las especificidades de las culturas de las Comunidades de la Costa Atlántica, rescata la autonomía, la historia de las mismas y reconoce el derecho de propiedad sobre las tierras comunales.
La autonomía repudia cualquier tipo de discriminación, reconoce la libertad religiosa y, sin profundizar diferencias, reconoce identidades diferenciadas para construir desde ellas la unidad nacional. Por lo tanto, como Diputada costeña, estoy pidiéndole a los honorables Diputados que hoy votemos por esta ley. Y sé que el compañero Víctor Duarte, mi colega de la Costa Atlántica de la Bancada Liberal, hoy también va a votar favorablemente para que esta ley sea aprobada.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Doctor Rigoberto Sampson.
DIPUTADO RIGOBERTO SAMPSON:
Gracias, señor Presidente.
Seguro que esta ley va a ser de mucho beneficio para la Costa Atlántica, el dictamen así lo plantea y pretende regular el régimen de propiedad comunal, que es uno de los grandes problemas que tiene la Costa. Estamos haciendo esto en el penúltimo día de la legislatura, en un tiempo extraordinario, bastante apresurada la discusión de esta ley, y esto me da la medida de la importancia que nosotros le damos a los problemas de la Costa Atlántica. En todo el año ésta es la única ley que se ha discutido, y ya se dijo que tenía cuatro años de estar en Secretaría.
El descontento de la gente en la Costa Atlántica crece año con año, porque la verdad es que los problemas no son abordados con la premura y con la atención que se le debe prestar a problemas tan graves que se padecen en la Región del Norte y del Sur de la Costa Atlántica, empezando por los caminos. No hay comunicación terrestre con la Costa Atlántica, las telecomunicaciones no funcionan en la región, la salud prácticamente es inexistente, la transferencia de pacientes graves de la Costa Atlántica hacia el Pacífico es sumamente difícil.
Sólo hay que pensar que el pasaje vale 100 dólares ida y vuelta solamente para una persona, imagínense cuando tienen que venir dos o tres personas. Y eso no está reglamentado, ni resuelto a ningún nivel, ni en ningún Ministerio aquí en el Pacífico. Hay que saber que el hospital de Puerto Cabezas no tiene agua. Imagínense, un hospital que no tiene agua suficiente, no tiene sistema de alcantarillado, y en el Presupuesto que estamos viendo no aparece ninguna partida para la construcción de un sistema de agua para el hospital de Puerto Cabezas.
Lo mismo sucede con la explotación irracional de los recursos naturales, especialmente los bosques. Ya estamos viendo cómo se mueren los buzos, y no hay Ministerio del Trabajo en la Costa Atlántica que pueda exigirles a las empresas que realmente le den la atención debida a sus trabajadores. En cuanto a la educación, es lo mismo. La calidad de la educación es la más baja en Nicaragua, y el analfabetismo seguramente es el más alto. A la formación de los técnicos y profesionales no se les da ninguna atención; actualmente vienen solamente el 10 por ciento de los estudiantes que quieren entrar a las universidades, que aprueban el examen de admisión en las universidades.
Entonces ¿cuándo se van a formar los recursos autóctonos de la Costa Atlántica, si hay una desventaja cuando ellos vienen a competir? Imagínense un bachiller de la Costa Atlántica compitiendo con uno de un instituto de Occidente viniendo de la Costa Atlántica,¿qué posibilidades tiene él de superar a ese estudiante para entrar por ejemplo a una facultad de medicina, dónde sólo admiten a 100 estudiantes? ¿Cuántos médicos de la Costa Atlántica se van a formar allá? En los años ochenta existía y a principio de los noventa existía una cuota para estudiantes de la Costa Atlántica que vinieran a estudiar, es decir, diez anualmente para el Norte y para el Sur, pero eso desapareció y nadie dijo nada, nadie protestó.
Porque la protesta que hace la gente de la Costa no se oye aquí, y porque la Costa para nosotros en el Pacífico realmente es algo que se trata con una importancia de tercer o cuarto grado. Yo creo que esas cosas tienen que cambiar si nosotros queremos realmente tener un país unitario, e integrar a la Costa con tantos recursos que tiene. El desarrollo institucional de las Alcaldías, de los límites regionales, dejan mucho que desear porque sencillamente no hay una atención a esa problemática de la Costa. Yo quiero plantear estas cosas, porque pienso que si el Gobierno, si el Ejecutivo no toma las medidas a lo mejor esta Asamblea toma en cuenta esta problemática y asume la iniciativa al menos de tomar algunas decisiones que vayan dirigidas a corregir toda esta problemática.
A lo mejor se puede aprobar una ley que obligue al Ejecutivo a conformar un equipo que le dé atención a toda esta problemática. Ellos están elaborando actualmente su propio sistema de salud, que fue la otra cosa que pudimos aprobar este año; sin embargo aquí no se conoce qué cosa es ese sistema de salud. Y hay reticencia de parte del Ministerio de Salud, realmente, a procurar o promover una verdadera descentralización de ese sistema de salud, que tiene que llevar cosas propias de la Costa Atlántica, cosas propias de su propia cultura, sin embargo hasta en eso hay dificultades.
Quería aprovechar esta oportunidad, porque me ha interesado desde hace mucho tiempo el problema de la Costa. Y quiero que por lo menos quede constancia en el Diario de Debates, porque a lo mejor esto sirve para que nos juntemos los Diputados interesados en resolver esa problemática, y que procuremos sacar a lo mejor una ley o algún acuerdo o alguna resolución de esta Asamblea, para realmente abordar a como se debe y con la seriedad que la situación amerita la problemática de la Costa Atlántica.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando Tardencilla.
DIPUTADO ORLANDO TARDENCILLA:
Buenas tardes.
Puntualmente sólo quisiera aportar o precisar para efectos del Diario de Debates. Yo tengo el Dictamen aquí, a como dice el título en nuestra pantalla, sin embargo después la Comisión dice que se reunió para dictaminar esa ley, y al final ya dictamina otra, cuando dice “dictaminamos favorablemente la ley tal". Efectivamente esto último que dictaminaron entiendo que es ya todo el cuerpo de la ley; sin embargo aquí en el Dictamen tiene dos nombres: tiene ese nombre que está allí, y termina dictaminando favorablemente otro. O quizás me corrigen, para efecto del Diario de debates, porque es una cosa muy importante.
Quisiera aportar en esa dirección, porque aquí hay que ser muy cuidadosos con la documentación, sobre todo por la seriedad con que tenemos que abordar esta problemática de las poblaciones de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica. Espero que ese aporte sirva para fortalecer el respeto hacia esa región.
Muchas gracias.
SECRETARIO MIGUEL REINALDO LOPEZ BALDIZON:
Yo diría que conforme a la solicitud del Diputado Tardencilla, nos respondieran algunos de los miembros de la Comisión; porque efectivamente en el párrafo inicial habla de dictaminar la Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y Bosawas, y en la parte final dictaminan favorablemente la Ley del Régimen de la Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica de los ríos Bocay, Coco e Indio Maíz.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Diputada Ana Lazo, por favor.
DIPUTADA ANA LAZO:
Bueno, lo que dice al inicio es que el 15 de Octubre se recibió por parte del Ejecutivo, la ley con el nombre de “Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica”; sin embargo el proceso de consulta que se hizo con las comunidades, con los organismos que nos estaban apoyando y todo el trabajo que se fue realizando, nos llevó a la conclusión de que la ley debería llamarse” Ley del Régimen de la Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y de los Ríos Bocay, Coco e Indio Maíz”, tomando en cuenta la propuesta que hicieron los dos Consejos Regionales en sesión conjunta en el Sur de la Costa Atlántica.
Yo creo que es una cuestión de estilo, de escritura. O sea, el Ejecutivo -estando el Doctor Arnoldo Alemán envía esa ley con ese nombre, pero las discusiones y la propuesta de los dos Consejos Regionales es el título que sale al final del Dictamen. Y aprovecho para saludar a la Doctora Hazel Lau, que es la única representante que pudo venir y estar con nosotros. Acaban de entrar los compañeros de la Junta Directiva del Consejo Regional, los estábamos esperando desde en la mañana; quiero aprovechar para saludarlos, porque el día de hoy estamos dictaminando la ley que es tan importante para nosotros. O sea, que ya están aquí los representantes de la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo del Norte. Creo que con esto aclaro la pregunta del Diputado Tardencilla.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Un saludo para la Directiva del Consejo de la Costa Atlántica.
Tiene la palabra el honorable Diputado Víctor Duarte.
DIPUTADO VICTOR DUARTE:
Gracias.
Quiero saludar a la Directiva del Consejo Regional que está aquí presente, y agradecerle al Diputado Rigoberto Sampson por esas palabras alentadoras que se contradicen prácticamente con lo que hizo de manera -tengo entendido- personal el Diputado suplente Eduardo Romero, donde aun sabiendo la miseria en que nos tiene sometidos el Gobierno de turno con la vía de comunicación, vino irresponsablemente y firmó un documento donde está respaldando a Pedro Solórzano, diciendo que la vía Río Blanco a Puerto Cabezas se encuentra en perfecto estado y es transitable, cosa que los costeños sabemos que es mentira.
Pero sí quiero felicitarlos a todos ustedes, porque sé que todos van a votar a favor de este Dictamen de ley que viene a llevar una esperanza alentadora para la Costa Atlántica. Y comparto la idea del Diputado Sampson, y dejo la inquietud de una propuesta para que maduremos la idea de crear alguna iniciativa de ley, que permita a los gobiernos ejercer o destinar un presupuesto especial para los rubros de educación, salud y reparación de las vías de comunicación, que es un problema muy sentido en la Costa Atlántica, al igual que el desempleo.
Mi querida Costa Atlántica, hasta allá por el barrio, recibí esta noticia con mucho agrado, dentro del hambre, el desempleo y la miseria en que estamos sometidos, tierra donde han surgido y han circulado hombres de gran ideología liberal, como lo es el liberal Augusto César Sandino y José Santos Zelaya, y otros que se preocupan realmente por nuestra Patria. Quiero decirles que me siento orgulloso, que los felicito y que aquí me tienen solidario junto a ustedes. He dicho y lo sostengo siempre que cuando hay que pensar por Nicaragua lo vamos a hacer. Adelante, hermanos, los felicito y los invito a que todos votemos de manera unánime.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Secretario de la Junta Directiva, Doctor López Baldizón.
DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Gracias, Presidente.
Quería intervenir también en defensa de los derechos y los intereses de las poblaciones de la Costa Atlántica, principalmente las poblaciones indígenas, que a pesar de ser auténticos propietarios de esas tierras, durante siglos o años han esperado que se hiciera justicia realmente, y permitirles ser legítimos propietarios de las tierras que han habitado durante generaciones y generaciones.
La Primera Secretaría y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, han recibido en diferentes momentos delegaciones de los Consejos Regionales de la Región Atlántica Norte y la Región Atlántica Sur, y expresando sus inquietudes y sus necesidades, nos llevábamos la sorpresa de que una ley tan importante desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de los derechos expresados en nuestra Constitución Política, hubiera tenido que esperar cuatro años para poder ser conocida por esta Magna Asamblea Nacional.
Pero es más increíble todavía, cuando el Presidente de esa Comisión es autóctono de la Costa Atlántica, y en ese aspecto yo quiero leer el artículo 131 de la Constitución Política: “Los funcionarios de los cuatro Poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo.
El Estado, de conformidad con la ley será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estado podrá repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión.
Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo”.
Esta es una invitación, principalmente a los Presidentes de las diferentes Comisiones de este honorable Parlamento, a que se obliguen a representar realmente los intereses de la Nación y los intereses del pueblo nicaragüense. No podemos nosotros seguir permitiendo que una cantidad de leyes y decretos permanezcan en las Comisiones o en las gavetas de las oficinas de esta Asamblea Nacional, mientras afuera tenemos a miles de personas esperando que los Diputados o Diputadas cumplamos con nuestra responsabilidad y nuestra obligación.
Creo que estamos cerrando esta legislatura, y podríamos decirlo de alguna manera, con una flor en el ojal, al haber aprobado hace un momento el Decreto de Demarcación de Tierras, que va a ser coadyuvante en la aplicación de esta ley, al permitirle al Gobierno de la República un préstamo concesionario con el que se va a aplicar el contenido y el espíritu de esta ley. También está en esta Agenda la aprobación de la Declaración de la Incorporación al Parlamento Indígena de América (PIA), y creo que hoy debe ser un día en que las comunidades de la Costa Atlántica -y principalmente las poblaciones indígenas- deben estar satisfechos por las leyes que hoy se han aprobado.
Aunque como decía hace un rato el Diputado Edwin Castro, quedamos todavía en deuda al no haber logrado -a pesar de insistentes gestiones ante el Presidente de la Comisión de Asuntos Etnicos- permitir la Reglamentación de la Demarcación de la Autonomía de la Costa Atlántica, con la que hubiéramos podido cerrar esta legislatura, habiendo aprobado estas dos importantes leyes para la Costa Atlántica. Así es que invito a todos los honorables Diputados y Diputadas a que aprobemos esta importante ley.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación en lo general.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
48 votos a favor, ninguno en contra. Se aprueba en lo general.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Solicito a la honorable Asamblea, que aprobemos esta ley por capítulos para facilitar su aprobación.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación si es por capítulo.
En verde por artículo y en rojo por capítulo.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Se aprueba por capítulos.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Arto. 1. El objeto de la presente ley, es regular el régimen de propiedad comunal de las tierras de las Comunidades Indígenas y Etnicas de la Costa Atlántica y las cuencas de los ríos Coco, Bocay, Indio y Maiz.
Arto. 2. Son objetivos específicos de esta ley los siguientes:
1. Garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, mediante la demarcación y titulación de las mismas.
2. Regular los derechos de propiedad comunal, uso y administración de los recursos naturales en las tierras comunales tradicionales de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas;
3. Determinar los procedimientos legales necesarios para dicho reconocimiento, tomando en cuenta la plena participación de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas, a través de sus autoridades tradicionales;
4. Establecer los principios fundamentales del régimen administrativo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas, en el manejo de sus territorios comunales;
5. Establecer las normas y procedimientos para el proceso de demarcación y titulación, sobre el derecho de propiedad comunal objeto de esta ley;
6. Definir el orden institucional que regirá el proceso de titulación de las tierras comunales de cada uno de los diferentes Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas objeto de esta ley.
Arto.3. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:
Area Complementaria
: Son los espacios ocupados tradicionalmente por las Comunidades, bajo el concepto de tierras comunales y que en la actualidad no están incluidos en su título de propiedad.
Asamblea Comunal
: Es la reunión de los miembros de la Comunidad, congregados para tomar decisiones sobre asuntos que le son de interés comunitario, de conformidad con sus costumbres y tradiciones.
Asamblea Territorial
: Es la reunión de las autoridades comunales tradicionales que integran una unidad territorial, congregados para tomar decisiones sobre asuntos del territorio.
Autoridad Comunal Tradicional
: Autoridad de la Comunidad Indígena y Etnicas elegida en Asamblea Comunal según sus costumbres y tradiciones para que los represente y los gobierne, tales como Síndico, Wihta, Coordinador u otros.
Autoridad Territorial:
Es la autoridad intercomunal, electa en asamblea de autoridades comunales tradicionales, que representa a un conjunto de Comunidades Indígenas o Etnicas que forman una unidad territorial, elección que se realizará conforme a los procedimientos que adopten.
Comunidad Etnica:
Conjunto de familias de ascendencia afrocaribeña que comparten una misma conciencia étnica, por su cultura, valores y tradiciones vinculadas a sus raíces culturales y formas de tenencia de la tierra y los recursos naturales.
Comunidades Indígena:
Es el conjunto de familias de ascendencia amerindia establecido en un espacio territorial, que comparten sentimientos de identificación, vinculados al pasado aborigen de su pueblo indígena, y que mantienen una identidad y valores propios de una cultura tradicional, así como formas de tenencia y uso comunal de tierras y de una organización social propia.
Consulta:
Es la expresión y entrega de la información técnica de la operación o el proyecto, seguido de su proceso de discusión y decisión sobre los mismos, durante los cuales las comunidades deberán contar con traductores que traduzcan en sus lenguas todo lo dicho durante este proceso, y estar asistidas por técnicos en la materia. Tanto el traductor como los técnicos deberán ser escogidos y nombrados por las comunidades.
Terceros:
Personas naturales o jurídicas, distintas de las comunidades, que aleguen derechos o propiedad dentro de una tierra comunal o un territorio indígena.
Territorio indígena y Etnico:
Es el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de un grupo de Comunidades Indígenas o Etnicos que conforman una unidad territorial donde se desarrollan, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.
Tierra Comunal
: Area geográfica en posesión de una Comunidad Indígena y/o ya sea título real de dominio o sin él. Comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicos, culturales, lugares sagrados, áreas boscosas para reproducción y multiplicación de flora y fauna, construcción de embarcaciones, así como actividades de subsistencia, incluyendo la caza, pesca y agricultura. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles.
Propiedad Comunal:
Es la colectiva, constituida por las tierras, agua y bosques u otros recursos naturales contenidos en ellas, que han pertenecido tradicionalmente a la comunidad, conocimientos tradicionales, propiedad intelectual y cultural, recursos de biodiversidad y otros bienes, derechos y acciones que pertenezcan a una o más Comunidades Indígenas o Etnicas.
Pueblo Indígena:
Es la colectividad humana que mantiene una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la Colonia, cuyas condiciones sociales, culturales y técnicos deberán ser escogidos y nombrados por las comunidades.
Terceros:
Personas naturales o jurídicas, distintas de las comunidades, que aleguen derechos de propiedad dentro de una tierra comunal o un territorio indígena.
Territorio Indígena y Etnico:
Es el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de un grupo de Comunidades Indígenas o Etnicos que conforman una unidad territorial donde se desarrollan, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.
Tierra Comunal:
Area geográfica en posesión de una Comunidad Indígena y/o Etnica, ya sea bajo título real de dominio o sin él. Comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, lugares sagrados, áreas boscosas para reproducción y multiplicación de flora y fauna, construcción de embarcaciones, así como actividades de subsistencia, incluyendo la caza, pesca y agricultura. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles.
Propiedad Comunal:
Es la propiedad colectiva, constituida por las tierras, agua y bosques u otros recursos naturales contenidos en ellas, que han pertenecido tradicionalmente a la comunidad, conocimientos tradicionales, propiedad intelectual y cultural, recursos de biodiversidad y otros bienes, derechos y acciones que pertenezcan a una o más Comunidades Indígenas o Etnicas.
Pueblo Indígena:
Es la colectividad humana que mantiene una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la Colonia cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingue de otros sectores de la sociedad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones.
Area de Uso Común:
Aquellas áreas territoriales de uso compartido de forma tradicional entre dos o más comunidades indígenas y/o étnicas objeto de esta ley.
Hasta aquí el Capítulo I.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
¿Observaciones al artículo 1?
¿Al artículo 2?
¿Al artículo 3?
A votación el Capítulo I, con sus artículos.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
48 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Capítulo I.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO II
DE LAS AUTORIDADES COMUNALES Y TERRITORIALES CON REPRESENTACION LEGAL
ARTO.4
La Asamblea Comunal constituye la máxima autoridad de las Comunidades Indígenas y Etnicas. Corresponde a las autoridades comunales la representación legal de las Comunidades. Cada comunidad definirá que autoridad comunal la representa legalmente.
La Asamblea Territorial es la máxima autoridad del territorio y se convoca según los procedimientos establecidos por el conjunto de comunidades que integran la unidad territorial.
ARTO.5
Las Autoridades Comunales son órganos de administración y de gobierno tradicional, que representa a las comunidades que las eligen de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Las Autoridades Territoriales son órganos de administración de la unidad territorial a la cual representan legalmente.
ARTO.6
Las elecciones, reelecciones, destituciones y períodos de mandato de las autoridades comunales y territoriales, se harán de acuerdo a las costumbres y procedimientos tradicionales de las Comunidades Indígenas y Comunidades Etnicas.
ARTO.7
Las elecciones de las autoridades comunales se llevarán a cabo, con la presencia de un miembro de las autoridades territoriales, donde existieren y un representante del Consejo Regional respectivo, quien certificará la elección de la autoridad correspondiente.
ARTO.8
Las elecciones de las autoridades territoriales, se llevarán a cabo por lo menos con la presencia de un representante del Consejo Regional Autónomo correspondiente, como testigo, comisionado para tal efecto, por la Junta Directiva de dicho órgano. El Secretario de la Junta Directiva del Consejo Regional, emitirá la debida certificación en un plazo no mayor de ocho días posteriores a la elección.
En caso de ausencia de la autoridad señalada, la asamblea territorial remitirá el acta de elección al Consejo Regional para su registro y certificación.
En caso que el Secretario no extienda la Certificación en el plazo señalado, la deberá extender de mero derecho, el Presidente del Consejo Regional Correspondiente.
ARTO.9
Cada Consejo Regional Autónomo, deberá llevar Registro actualizado de las autoridades comunales y territoriales electas, para cuyo efecto capacitará a un funcionario responsable del registro, el que deberá la menos dominar dos idiomas de las regiones.
En el caso de las Autoridades Regionales, fuera de las Regiones Autónomas, será un representante del Consejo regional quien comparezca a las elecciones.
El Municipio correspondiente, deberá llevar un Libro de Registro de Autoridades Regionales y será el responsable de emitir la certificación, en un plazo límite de ocho días, después de efectuada la elección. Las autoridades regionales podrán además inscribir las actas de elección en el Registro del Consejo Regional Autónomo correspondiente.
ARTO.10
Las Autoridades Comunales Tradicionales podrán otorgar autorizaciones para el aprovechamiento de las tierras comunales y de los recursos naturales a favor de terceros, siempre y cuando sean mandados expresamente para ello por la Asamblea Comunal. Para realizar actividades de subsistencia no se requerirá de dicha autorización.
Cuando se tratare de aprovechamiento de recursos naturales de uso común de las comunidades miembros del territorio, las autorizaciones las otorgarán para ello del mandato expreso de la Asamblea Territorial.
El Consejo Regional Autónomo correspondiente, apoyará técnicamente a las comunidades en el proceso de aprobación y aprovechamiento racional de sus recursos regionales.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
A discusión el Capítulo II.
¿Observaciones al artículo 4?
¿Al artículo 5?
¿Al artículo 6?
¿Al artículo 7?
¿Al artículo 8?
¿Al artículo 9?
¿Al artículo 10?
A votación el Capítulo II, con todos sus artículos.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
48 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Aprobado el Capítulo II.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO III
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES:
ARTO.11
Las Autoridades Municipales, en observancia de lo establecido en la Constitución Política deberán respetar los derechos de propiedad comunal, que tienen los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas ubicadas dentro de su jurisdicción, sobre sus tierras y sobre los recursos naturales que en ellas se encuentran.
ARTO. 12
En los casos de otorgamiento de concesiones y contratos de explotación racional de los recursos naturales del subsuelo en tierras indígenas, la municipalidad emitirá su opinión, previa consulta con la Comunidad Indígena en cuyas tierras se encuentren ubicados los recursos naturales. Esta consulta no agota el requisito para el Consejo Regional, o cualquier entidad, de consultar directamente a las Comunidades en materia de explotación de los recursos naturales.
Todo tipo de otorgamiento de concesiones y contratos de explotación racional, de los recursos naturales se hará coordinadamente con el Gobierno Central.
ARTO.13
En los casos de aprovechamiento forestal en tierras comunales, la autoridad municipal podrá extender el aval correspondiente sólo cuando la comunidad lo solicite o ceda sus derechos a terceros, de conformidad con lo establecido en la legislación forestal vigente.
En el caso de aprovechamiento de madera para uso doméstico en las comunidades, no se requerirá del aval de la municipalidad. El juez (Wihta) de la comunidad vigilará porque no se abuse de dicho aprovechamiento. En caso de abuso, la comunidad impondrá la sanción correspondiente, sin detrimento de las demás sanciones administrativas establecidas en la ley.
ARTO.14
Las municipalidades no podrán declarar parques ecológicos municipales en tierras comunales ubicadas dentro de su jurisdicción.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
A discusión el Capítulo III, de las Autoridades Municipales.
¿Observaciones al artículo 11?
¿Al artículo 12?
¿Al artículo 13?
¿Al artículo 14?
A votación el Capítulo III con todos sus artículos.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
48 votos a favor, ninguna abstención, ninguno en contra. Aprobado el Capítulo III.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO IV
DE LAS AUTORIDADES REGIONALES AUTONOMOS
ARTO.15
Los Consejos Regionales Autónomos y Gobiernos Regionales Autónomos, deberán respetar los derechos de propiedad, que las Comunidades Indígenas y Etnicas ubicadas dentro de su jurisdicción, tienen sobre sus tierras comunales y sobre los recursos naturales que en ellas se encuentran.
Los Consejos Regionales Autónomos de acuerdo a sus competencias tendrán la responsabilidad de promover los Procedimientos de Demarcación y Titulación de las Tierras Comunales, para lo cual deberá coordinarse con el Gobierno Central.
ARTO.16
En los casos de otorgamiento de concesiones y contratos de explotación racional de los recursos del subsuelo por parte del Estado, en tierras de la Comunidades Indígenas y Etnicas, el Consejo Regional correspondiente emitirá la resolución previa consulta y a las comunidades en cuyas tierras se encuentren ubicados los recursos naturales.
Las Comunidades, como resultado de la consulta, deberán responder positiva o negativamente a la solicitud del Consejo Regional Autónomo.
ARTO.17
En los casos en que la Comunidad se oponga a la realización del proyecto, al otorgamiento de la concesión o del contrato de aprovechamiento, el Consejo Regional deberá iniciar un proceso de negociación con la Comunidad.
En el proceso de negociación las Comunidades estarán representadas por sus autoridades tradicionales, las que serán asistidas por asesores técnicos elegidos por ellas mismas.
En todo caso la negociación del Consejo Regional deberá prever la indemnización por eventuales daños a la Comunidad, sin perjuicio de su participación en el proyecto; y en ningún caso se contemplará el desplazamiento o traslado de la Comunidad.
En cada uno de estos procedimientos, el Gobierno Central tendrá participación directa para favorecer a las Comunidades en sus negociaciones, con el fin de ofrecer una mayor protección a los recursos naturales.
ARTO.18
Concluido el proceso de consulta, para la realización del proyecto o el otorgamiento de la concesión o contrato, la Comunidad, el Consejo Regional Autónomo respectivo y la entidad o empresa interesada deberán firmar un convenio especificando los términos técnicos y la participación en los beneficios económicos de la Comunidad.
Este proceso de negociación deberá comprender los siguientes aspectos: conservación ambiental, derecho a una indemnización con independencia de la participación en los beneficios que reporten las utilidades.
ARTO.19
Corresponde al Consejo Regional Autónomo, a través de la Comisión de Demarcación resolver los conflictos limítrofes entre Comunidades, que éstas mismas no logren resolver de manera directa entre ellas, y si ha sido agotada la intervención de las Autoridades Territoriales.
ARTO.20
Los representantes de las Comunidades expondrán sus argumentos a los miembros de la Comisión de Demarcación, quienes de ser necesario, verificarán las informaciones en el lugar de los hechos. La Comisión levantará acta de todo lo actuado en el proceso de resolución.
ARTO.21
La Comisión de Demarcación del Consejo Regional emitirá una resolución al respecto, firmada por el Presidente y el Secretario de la misma para ser ratificada por el plenario del Consejo Regional. En caso de que una de las partes no esté de acuerdo con la resolución, ésta podrá impugnarla ante la Junta Directiva del Consejo Regional para que pase la solicitud al plenario, el que deberá resolver en la siguiente sesión por medio de una resolución definitiva.
ARTO.22
Si el Presidente del Consejo Regional no respondiere en el término señalado o no diere lugar a la impugnación, el interesado podrá solicitar al Secretario del Consejo por escrito que el caso sea discutido en el pleno del Consejo Regional. Contra la resolución del Consejo Regional no habrá ulterior recurso.
En el caso de las Comunidades Indígenas de las cuencas de los ríos Coco Bocay, Indio y Maíz que se encuentren fuera de la jurisdicción de las Regiones Autónomas, los conflictos limítrofes entre comunidades serán resueltos por la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI).
Hasta aquí el Capítulo IV.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
A discusión el Capítulo IV, De las Autoridades Regionales Autónomos.
¿Observaciones al artículo 15?
¿Al artículo 16?
¿Al artículo 17?
¿Al artículo 18?
¿Al artículo 19?
¿Al artículo 20?
¿Al artículo 21?
¿Al artículo 22?
DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Gracias, Presidente en funciones.
En el artículo 22, me gustaría preguntar, y a lo mejor pido disculpas por mi ignorancia en este tema, pero dice en este párrafo primero, al final, que "Contra la resolución del Consejo Regional no habrá ulterior recurso”. No sé si esto forma parte de algunas reglamentaciones propias de los Consejos Regionales, pero quisiera preguntar a los mocionistas de la ley o a algún abogado que me pueda aclarar, si esto no contraviene ninguna ley expresa o ninguna ley superior en esta situación.
Gracias.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
Miguel pregunta que en el artículo 22, en la parte última dice: “Contra la resolución del Consejo Regional no habrá ulterior recurso”; que si eso corresponde a una modalidad específica, especial de la zona Atlántica y si no se opone a alguna otra ley superior esta decisión.
A ver, Agustín Jarquín.
DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:
Creo que allí lo que cabría expresar es una redacción que diga: “La resolución del Consejo Regional agota la vía administrativa”, y punto. Vamos a hacer la moción correspondiente para la formalidad, mientras se sigue la discusión.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
Orlando Tardencilla.
DIPUTADO ORLANDO TARDENCILLA:
Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que está haciendo el Ingeniero Agustín Jarquín, porque esto tiene que ver con la Ley de Amparo y contratos administrativos. Es correcta la redacción que propone él. Y es más, si me permiten, -porque vamos a encontrarnos aspectos en otra parte de la ley-, quizás con la Comisión o los mocionistas que están aquí podemos ir redactando una moción para que en la parte final logremos darle un carácter especial a esta ley, porque tiene que ver con otros aspectos vinculados a Títulos Supletorios, Títulos de Reforma Agraria, etc.
Entonces creo que hay que darle incluso una protección especial a esta ley, definiéndola como ley especial, la que será presentada más adelante en las partes finales. Pero sí comparto el criterio del Ingeniero Agustín Jarquín.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
¿Tu moción cómo es Agustín? La resolución del Consejo Regional agota la vía administrativa? Okey.
Entonces vamos a votar el Capítulo IV, con todos sus artículos y con la moción propuesta por Agustín en el artículo 22, donde se pondría en vez de: “Contra la resolución del Consejo Regional no habrá ulterior recurso”, se diría: “La resolución del Consejo Regional agota la vía administrativa”.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Aprobado el Capítulo IV.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
CAPITULO V
DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL
ARTO.23
De conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política, el Estado reconoce la personalidad jurídica de las Comunidades Indígenas y Etnicas sin más tramite, y el derecho constitucional de éstas para darse sus propias formas de gobierno interno.
ARTO.24
El Estado reconoce el derecho que tienen las Comunidades Indígenas y Etnicas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; de la misma forma reconoce y garantiza la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las mismas.
ARTO.25
En los contratos de aprovechamiento de los recursos naturales en las propiedades comunales indígenas y étnicas, el Estado reconocerá el derecho de propiedad de la comunidad o territorio donde éstos se encuentren:
ARTO.26
Para declarar áreas protegidas en propiedades comunales, el Estado deberá acordar con los Representantes Legales de la Comunidad Indígena la emisión del Derecho Legislativo correspondiente para emitir tal declaración. En el caso de que las comunidades se opongan al procedimiento, éste deberá realizarse de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la presente ley.
ARTO.27
La administración de áreas protegidas en tierras comunales será bajo el sistema de manejo conjunto con las comunidades indígenas y el Estado. Para ello, las comunidades indígenas podrán auxiliarse de las organizaciones no gubernamentales ambientales que elijan, sin perjuicio del apoyo técnico que deberá brindarles el MARENA.
ARTO.28
El Plan de Manejo de las áreas protegidas en tierras comunales indígenas y étnicas se hará en conjunto con las comunidades indígenas involucradas y el MARENA, para lo cual se tomará en cuenta las formas de uso tradicional de los recursos naturales que emplean las comunidades.
Hasta aquí el Capítulo V.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
A discusión el Capítulo V, De las Autoridades del Gobierno Central.
¿Observación al artículo 23?
¿Al artículo 24?
¿Al artículo 25?
¿Al artículo 26?
¿Al artículo 27?
¿Al artículo 28?
A votación el Capítulo V.
Tiene la palabra el Diputado López Baldizón.
DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Gracias, Presidente en funciones.
Tengo una observación al título del Capítulo, porque el Título dice: "De las Autoridades del Gobierno Central", pero el contenido de los artículos del 23 al 28, como que no concuerda el Título del Capítulo con el contenido de los mencionados artículos. Quisiera preguntarle a los mocionistas, si se puede modificar el nombre de ese Capítulo, y ponerle un nombre que esté más adecuado al contenido de los mismos, porque parece más bien de la relación de las autoridades del Gobierno Central con el derecho y la administración de las comunidades indígenas y étnicas, en el manejo de lo que son particularmente las áreas protegidas y la administración de las tierras comunales.
Tal vez los mocionistas de la ley, podrían sugerir alguna nueva titulación para ese Capítulo.
Gracias.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
A mi juicio el Título está bien puesto, porque si ustedes revisan del artículo 23 al 28, lo que indica es qué puede hacer el Estado en referencia a los derechos de las comunidades; es decir la competencia del Estado en las comunidades. Entonces yo creo que está correctamente puesto el Título, porque es hasta dónde tiene limitaciones el Estado para hacer concesiones o no hacer concesiones.
Tiene la palabra Víctor Duarte.
DIPUTADO VICTOR DUARTE:
Gracias, señor Presidente en funciones.
Sólo era para aclarar que es del conocimiento de todos que hay tres tipos de autoridades: nacionales, regionales y municipales. Puede ser que referirse a autoridad central o nacional, no tiene nada del otro mundo.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
A votación el Capítulo V, con todos sus artículos.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
48 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Se aprueba el Capítulo V.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
CAPITULO VI
DEL REGIMEN DE PROPIEDAD
ARTO.29
Los derechos de propiedad sobre las tierras comunales pertenecen en forma colectiva a las Comunidades Indígenas o Etnicas. Los miembros de las comunidades o conjunto de comunidades tienen derecho de ocupación y usufructo de acuerdo a las formas tradicionales de tenencia de la propiedad comunal.
ARTO.30
De conformidad con el Estatuto de Autonomía, los derechos de propiedad comunal y las áreas de uso común que se incorporen dentro de un territorio indígena, serán administrados por la Autoridad Territorial correspondiente y las Autoridades Comunales.
ARTO.31
El Gobierno de la República, las Regiones Autónomas y las Municipalidades deben respetar los derechos reales, sobre las tierras comunales que tradicionalmente han ocupado, así como sobre los recursos naturales que tradicionalmente han aprovechado los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
ARTO.32
Las Comunidades que han adquirido títulos de propiedad sobre determinadas áreas, como los otorgados por la Comisión Tituladora de la Mosquitia emanados del Tratado Harrison - Altamirano de 1905, u otros, tienen derecho además, a las áreas complementarias de los espacios ocupados tradicionalmente.
ARTO.33
Las Comunidades indígenas y étnicas del Litoral, Islas y Cayos del Atlántico, tienen derecho exclusivo para el aprovechamiento de los recursos marítimos para pesca comunitaria y artesanal, dentro de las tres millas adyacentes al litoral y veinticinco millas alrededor de los cayos e islas adyacentes.
ARTO.34
Los tributos recaudados por el fisco, en concepto de derechos de aprovechamiento de recursos naturales en las Regiones Autónomas, deben de beneficiar directamente a las comunidades indígenas, en cuyas áreas se encuentren los recursos naturales. La distribución de estos recursos será así:
1)Un 25% para la Comunidad o Comunidades Indígenas donde se encuentre el recurso a aprovechar;
2)Un 25% para el Municipio en donde se encuentra la Comunidad Indígena;
3)Un 25% para el Consejo y Gobierno Regional correspondiente; y
4)Un 25% para el Gobierno Central.
Estos fondos deberán ser entregados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a cada uno de las instancias señaladas al Representante Legal de las mismas.
El uso de estas reservas, será supervisado por el Gobierno Central conjuntamente con las Autoridades Regionales.
Hasta aquí el Capítulo VI.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
A discusión el Capítulo VI, Del Régimen de Propiedad.
¿Observación al artículo 29?
¿Al artículo 30?
¿Al artículo 31?
¿Al artículo 32?
¿Al artículo 33?
¿Al artículo 34?
A ver, Miguel.
DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Quiero preguntar en este inciso 1), en las comunidades indígenas quién recibe ese 25 por ciento para su administración, si hay ya una organización plenamente establecida, porque entendemos que en los Municipios ya hay autoridades. Pero tal vez preguntarles a los mocionistas si queda suficientemente claro o si considera necesario especificarlo.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
Ana Lazo.
¿No escuchó?
El compañero pregunta que en el artículo 34, acápite 1), quién es la comunidad indígena o las autoridades que van a recibir el 25 por ciento.
DIPUTADA ANA LAZO:
En el Capítulo II, se dejan planteadas las diferentes formas que tiene la comunidad para dirigir o para organizarse; y dentro de ese Capítulo II, plantea lo que es la Asamblea Comunal y la Asamblea Territorial. Ese 25 por ciento va a ser revertido en actividades comunales, que pudieran ser escuelas o lo que pida la comunidad. El máximo representante de la comunidad es el Síndico, entonces en este sentido se trabajaría con las autoridades comunitarias que tienen las diferentes comunidades indígenas.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
A votación el Capítulo VI, con todos sus artículos.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
48 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Aprobado el Capítulo VI.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO VII
DE LOS TERCEROS EN TIERRAS COMUNALES
ARTO.35
Prevalecerán los derechos de propiedad y ocupación histórica de las Comunidades Indígenas y étnicas sobre títulos emitidos a favor de terceros que nunca las han poseído y que a partir de 1987 pretendan ocuparla.
ARTO.36
El tercero que posee título agrario en tierras indígenas y que ha ocupado y poseído la tierra protegida por este título, tiene pleno derecho de continuar poseyendo. Pero en caso que pretendan enajenar la propiedad éstos deberán vendar las mejoras a la Comunidad.
ARTO. 37
El tercero que ha recibido título agrario con algún vicio, de forma o de fondo, en tierras indígenas será indemnizado para que devuelva las tierras a las comunidades indígenas afectadas.
ARTO. 38
Los terceros en tierras indígenas sin título alguno deberán abandonar las tierras indígenas sin indemnización; pero en caso de que pretendan permanecer en ellas, pagarán un canon de arrendamiento a la Comunidad.
Hasta aquí el Capítulo VII.
PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:
A discusión el Capítulo VII, De los Terceros en Tierras Comunales.
¿Observación al artículo 35?
¿Al artículo 36?
¿Al artículo 37?
¿Al artículo 38?
A votación el Capítulo VII, con todos sus artículos.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, 0 abstención, 1 que no votó. Aprobado el Capítulo VII.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACION DE LAS TIERRAS
ARTO.39
Las Comunidades Indígenas y etnicas de las Regiones Autónomas del Atlántico de Nicaragua, los territorios de las cuencas de los ríos Coco, Bocay, Indio Maíz, tienen derecho a que el Estado les otorgue títulos de propiedad comunal sobre las tierras y territorios que han venido ocupando y poseyendo de tiempos atrás.
Los Títulos deberán reconocer el pleno dominio en forma comunitaria sobre las áreas que deberán comprender, además recursos naturales contenidos en dichos espacios, y deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
ARTO. 40
El trabajo de demarcación y reconocimiento legal de la propiedad territorial de las Comunidades indígenas y Etnicas, cuya iniciación, impulso y ejecución se realizarán en los términos por las entidades y personas que se señala en normas posteriores de esta misma Ley, se cumplirán en todo su desarrollo con pleno respeto y sujeción a los siguientes principios y criterios generales:
a) La plena participación directa de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas con voz y voto, a través de sus autoridades tradicionales;
b) La disposición y voluntad permanente de concentración y de armonía entre las diferentes instituciones y personas involucradas en el desarrollo de los trámites del proceso;
c) La determinación de la superficie y límite de los espacios territoriales a reconocer, tomando en cuenta la posesión histórica y cultural ejercida por la comunidad o comunidades solicitantes;
d) La voluntad de contribuir de manera pacífica y razonable a la búsqueda de solución a los eventuales conflictos que puedan suscitarse entre comunidades o agrupaciones de comunidades colindantes o vecinas en sus asentimientos.
ARTO. 41
Créase la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) que estará integrada por:
Los dos Presidentes de los Consejos Regionales Autónomos que alternativamente la presiden;
El Director de la Oficina de Titulación Rural (OTR);
Dos Representantes de la Cuenca del Bocay;
Un delegado del Ministerio de Agricultura y Ganadería-Forestal (MAG-FOR).
El Director del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER);
Un representante de cada una de las etnias de las Regiones Autónomas;
Un representante de la Comisión de Asuntos Etnicos y Comunidades Indígenas de la Asamblea Nacional que sea originario de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua.
ARTO.42
En las Regiones Autónomas y en los territorios de la Cuenca de los ríos Coco y Bocay, se crearán tres Comisiones Intersectoriales de Demarcación y Titulación (CIDT), como instancias operativas en el proceso de demarcación y titulación objeto de esta Ley.
Para estos efectos cada CIDT estará integrada por:
El presidente del Consejo Regional Correspondiente;
El delegado de la Oficina de Titulación Rural (OTR).
El delegado del Institución Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).
Un representante de cada una de las etnias de la Región o Territorio, designado por sus autoridades tradicionales.
Un representante de las comunidades de la Cuenca de los ríos Coco y Bocay en su caso.
Las comunidades de Indio Maíz concurrirán ante la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT) de la Región Autónoma del Atlántico Sur(RAAS).
ARTO.43
Se establecen las siguientes funciones de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI).
Dictaminar y resolver sobre las solicitudes de demarcación y Titulación;
Dirigir el proceso de Demarcación;
Crear comisiones Técnicas Regionales y Territoriales;
Dotarse de su Reglamento Interno;
Administrar su Presupuesto;
Coordinar con la Oficina de Titulación Rural (OTR), la emisión de títulos sobre las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas.
ARTO. 44
Serán funciones de la CIDT, las siguientes:
a) Recibir las solicitudes de titulación de tierras comunales que formulen las comunidades; darles su aceptación si vienen ajustadas a derecho o formular sobre ellas las observaciones convenientes, si no llenan los requisitos de Ley, para que sean corregidas.
b) Dar curso a las solicitudes de Demarcación y titulación de tierras comunales indígenas, para cuyo efecto deberá:
1. Establecer las coordinaciones necesarias con las instancias interesadas;
2. Facilitar la participación de las comunidades y sus autoridades en todo el proceso;
3. Proponer la creación de equipos técnicos con el personal profesional de apoyo necesario, y hacer el seguimiento de las actividades que se les encomienden;
4. Emitir resoluciones de trámites que tiendan a dar impulso al proceso y resolver las situaciones que se susciten dentro del mismo;
5. Hacer la evaluación técnica y jurídica de las actuaciones e informes que se produzcan, durante el proceso, para asegurar que no se omitan las actuaciones necesarias.
c) La creación de un mecanismo efectivo de Delimitación, Demarcación y Titulación de las propiedades de las Comunidades Indígenas, acorde con el Derecho Consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas.
ARTO.45
El proceso de Demarcación y Titulación contará con las etapas siguientes:
1. Etapa de Presentación de Solicitud;
2. Etapa de Solución de Conflicto;
3. Etapa de Medición y Amojonamiento;
4. Etapa de Titulación;
5. Etapa de Saneamiento.
ARTO.46
El procedimiento de delimitación y reconocimiento legal de las tierras comunales, se iniciará con la presentación de la solicitud escrita, que deberá contener:
1. La demarcación de la comunidad o comunidades solicitantes y de sus autoridades que las representarán durante el proceso;
2. Designar lugar para oír notificación en la localidad donde se presente la solicitud.
3. Un diagnóstico sobre la comunidad o comunidades que deberá contener:
a) Los antecedentes históricos de la comunidad o comunidades solicitantes;
b) Las características demográficas, sociales, económicas y culturales de la comunidad o comunidades solicitantes;
c) Las formas tradicionales de manejo y usos y tenencia del área solicitada;
d) El nombre de las comunidades Indígenas o Etnicas Y de otras entidades o personas que ocupen tierras colindantes con las áreas solicitadas;
e) Los eventuales conflictos que tenga la comunidad o comunidades solicitantes con las comunidades vecinas o terceros.
ARTO.47
La Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación
(CIDT)
correspondiente una vez revisado el estudio de diagnóstico y el levantamiento cartográfico de las tierras solicitadas, procederá a elaborar un proyecto de resolución motivada en virtud de la cual reconocerá a favor de la comunidad o comunidades el área en un término de 30 días.
Dicha resolución deberá acreditar, de conformidad con las normas constitucionales y la Ley de Autonomía; el reconocimiento por parte del Estado, a favor de las comunidades.
a) Los fundamentos de carácter histórico y legales en los que se apoya la resolución;
b) La clara identificación de la comunidad o comunidades propietarias de la tierra comunal;
c) El pleno dominio colectivo sobre las tierras y territorios objeto de la resolución;
d) El claro señalamiento de la ubicación geográfica, límites linderos y extensión;
e) El uso y administración de los recursos naturales de tales tierras; y
f) Las características propias que reviste y de los demás derechos y atribuciones que conlleva la propiedad comunal sobre la tierra.
ARTO. 48
Una vez presentado el estudio de diagnóstico ante la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT) correspondiente, esta deberá pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (3) días.
ARTO. 49
La Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT) correspondiente, a través de un equipo técnico interdisciplinario, realizará los estudios que aporten la información y los fundamentos necesarios para toma de decisiones sobre la delimitación y legalización de la tierra.
ARTO. 50
Las comunidades, con sus propios recursos, tendrán la opción de realizar los estudios señalados en el artículo anterior, sujetándose a las especificaciones técnicas y legales emanadas de esta Ley. Tales estudios deberán ser aprobados por la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT) correspondiente.
ARTO.51
Simultáneamente con la realización del diagnóstico, la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT) pedirá al Instituto Nicaragüense de estudios Territoriales (INETER), la realización de las labores técnicas de levantamiento topográfico y demarcación de los territorios solicitados.
Hasta aquí el Capítulo VIII.
PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Capítulo VIII.
¿Observaciones al artículo 39?
¿Al artículo 40?
¿Al artículo 41?
Tiene la palabra Emilia Torres.
DIPUTADA EMILIA TORREZ:
Gracias, señor Presidente.
En relación con el artículo 12 al 15, y sobre el artículo 22, la Constitución y la Ley de Municipios, hemos consensuado presentar la solicitud de agregar un asterisco para incorporar a los Alcaldes de los Municipios correspondientes, en la Comisión Nacional. De manera que quedaría redactado únicamente agregando: “Los Alcaldes de los Municipios comprendidos en el área de Demarcación y Titulación”. Paso la moción.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
¿Observaciones al artículo 43?
Nuevamente Emilia Torres.
DIPUTADA EMILIA TORREZ:
En el artículo siguiente, con la misma argumentación anterior, nada más que referido a los Municipios en el territorio propio, diría: “El Alcalde del Municipio correspondiente del Area de Demarcación y Titulación”. Paso la moción.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
¿Observaciones al artículo 43?
¿Al artículo 44?
¿Al artículo 45?
¿Al artículo 46?
¿Al artículo 47?
¿Al artículo 48?
¿Al artículo 49?
¿Al artículo 50?
¿Al artículo 51?
A votación el Capítulo VIII, con todas las mociones presentadas.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
48 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Capítulo VIII.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO IX
ETAPA DE SOLUCION DE CONFLICTO
Arto.52
Las comunidades que se propongan alcanzar la delimitación y legalización de sus territorios, realizarán todos los esfuerzos de diálogo y concertación necesarios para lograr un entendimiento y acuerdo entre las partes involucradas, para resolver los eventuales conflictos que llegaren a presentarse en el curso del proceso.
Cuando los conflictos a pesar de los esfuerzos cumplidos por las propias comunidades involucradas y sus autoridades para resolverlos, no pudieren ser resueltos, la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT) correspondiente, una vez recibido el trabajo de diagnóstico y dentro del término ya señalado de treinta (30) días, hará remisión del acervo informativo al Consejo Regional respectivo, para que se proceda en la búsqueda de un acuerdo definitivo, siguiendo el procedimiento definido en el texto de los artículos 22 al 25 de la presente Ley.
PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Capítulo IX.
Tiene la palabra el honorable Diputado Víctor Duarte.
DIPUTADO VICTOR DUARTE:
Gracias, señor Presidente.
Sólo era pedirle a la Bancada del Frente Sandinista que por favor respeten a la Bancada del Partido Liberal, ya que un miembro del Frente Sandinista está votando en el escaño de David Castillo. Yo tengo aquí la hoja, y no está presente. Entonces, que por favor no se ponga en riesgo la ley que estamos aprobando. Yo pido que el miembro de la Bancada del Frente Sandinista... Lo están viendo ustedes, el compañero que está aquí de frente, y tengo la hoja donde David Castillo aparece votando. Procedamos, pero sí más respeto, respetándonos entre bancadas, hermanos.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Edwin Castro.
DIPUTADO EDWIN CASTRO, SEGUNDO SECRETARIO:
Víctor, el Diputado Castillo pidió un momento para retirarse a hacer unas diligencias de la Comisión Económica, y pidió a la Directiva no estar ausente y que por favor daba su votación correspondiente de previo. El dio la autorización y pidió que se le hiciera.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Nelson Artola.
A votación el Capítulo IX.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
48 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Capítulo IX.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
CAPITULO X
MEDICION Y AMOJONAMIENTO
Arto. 54
La Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT) correspondiente, una vez concluidas las etapas de resolución de conflictos, dispondrá de recursos técnicos y materiales para proceder al deslinde y amojonamiento, para lo cual contará con un plazo máximo de doce (12) meses.
Arto.55
Los recursos destinados al proceso de deslinde y amojonamiento serán responsabilidad del Estado, sin perjuicio de las comunidades que pueden desarrollarlo con recursos propios y/o de apoyo o cooperación externa.
La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) presentará al Presidente de la República un Plan General de Medición, Amojonamiento y Titulación con su presupuesto respectivo, el que deberá ser incluido con prioridad en el Presupuesto General de la República y financiamiento conforme desglose anual.
En caso de incumplimiento del plazo sin completar la medición y amojonamiento iniciado, se podrá ampliar el plazo por un máximo de seis meses.
Hasta aquí el Capítulo X.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Capítulo X.
Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.
DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:
Señor Presidente.
Me quiero referir a la observación del señor Diputado y amigo Víctor Duarte. Yo creo que ella no hubiese sido necesaria -aunque fue perfectamente aclarada por el Doctor Edwin Castro- si algunos otros Diputados de su bancada, con responsabilidad patriótica y amor hacia la Costa Atlántica, tan abandonada y tan querida, se hubieran hecho presentes, o al menos el Presidente de la Comisión, el señor Pantin. Por una obligación moral y de toda índole estar presente al discutirse una ley de esta trascendencia, que venía siendo esperada desde hace muchos años atrás.
También yo hago la observación de que en casos anteriores de esta misma maratónica Sesión, se presentaron aprobaciones de Decretos de Crédito de gran importancia para el país, y había presente aquí funcionarios del Gobierno anterior -que ocuparon posiciones económicas de las más altas- que no votaron, es decir, privando al país de un voto, si acaso hubiera faltado otro más, de este enorme recurso de tanta importancia y que demandamos con tanta urgencia. Esa observación la quería hacer, señor Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
¿Observaciones al artículo 54?
¿Al artículo 55?
A votación el Capítulo X.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Capítulo X.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO XI
ETAPA DE TITULACION
Arto. 56
Concluido el trámite de medición y amojonamiento, las diligencias serán remitidas a CONADETI, quién extenderá el título correspondiente dentro de un plazo de 45 días.
El título de propiedad otorgado a favor de la comunidad o agrupación de comunidades contendrá:
a) Nombre de la Comunidad o agrupación de comunidades beneficiadas;
b) La extensión de tierras o territorio;
c) Ubicación geográfica de la propiedad;
d) Los linderos de la propiedad;
e) Formas tradicionales de manejo y uso de los recursos;
f) Su carácter de derecho inajenable, imprescriptible, inembargable, social y de dominio colectivo.
Arto.57
El Título extendido por la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, reconociendo el derecho de propiedad de las tierras comunales a favor de la comunidad o agrupación de comunidades solicitantes, serán inscritas sin costo alguno a favor de sus beneficiarios en la oficina del Registro Público de la Propiedad respectiva.
Arto.58
Los actos de la administración que llegaren a producirse en el curso del proceso de demarcación y legalización de las tierras comunales, cualquiera que sea su naturaleza (de simple trámite o resolviendo asuntos de fondo), deberán ser notificados personalmente a la comunidad o agrupación de comunidades solicitante que, en todos los casos, podrá interponer contra ellos los recursos establecidos por la Ley.
Hasta aquí el Capítulo XI.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Capítulo XI.
¿Observaciones al artículo 56?
¿Al artículo 57?
¿Al artículo 58?
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Capítulo XI.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO XII
ETAPA DE SANEAMIENTO
Arto.59
Cada una de las comunidades, una vez obtenido su Título, podrá iniciar con el apoyo técnico y material de la Oficina de Titulación Rural (OTR) la etapa de saneamiento de sus tierras, en relación con terceros que se encuentren dentro de las mismas.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Capítulo XII.
¿Observaciones al artículo 59?
A votación.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Capítulo XII.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO XIII
DE LOS RECURSOS
Arto.60
Los recursos administrativos establecidos en los artículos 39 al 45 de la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, podrán ser invocados por las autoridades comunales, territoriales y cualquier otro ciudadano que considere que sus derechos han sido violados dentro del proceso de Demarcación y Titulación.
Arto.61
Una vez agotada la vía administrativa, de conformidad con los procedimientos que para ello establece la Ley No. 290 los ciudadanos podrán recurrir de amparo, de conformidad con la Ley de Amparo vigente, ya que los derechos a la tierra para los Pueblos Indígenas son un Derecho Constitucional.
Hasta aquí el Capítulo XIII.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Capítulo XIII.
¿Observaciones en el artículo 60?
¿Observaciones al artículo 61?
A votación.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Capítulo XIII.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO XIV
FORMA DE FINANCIAMIENTO
Arto.62
El Estado, mientras dure el proceso de Demarcación y Legalización, asegurará la inclusión en el Presupuesto General de la República de cada año, de las partidas que fueren necesarias para financiar las inversiones demanden los trabajos y gestiones de toda índole, necesarias para asegurar el propósito señalado por esta Ley.
Arto.63
Para la ejecución de la presente Ley, se crea el “Fondo Nacional de Demarcación y Legislación de Tierras Comunales” el cual será administrado por la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Oficina de Titulación Rural (OTR).
Arto.64
El fondo creado por el artículo anterior, se conformará con los siguientes aportes:
a) Las asignaciones anuales establecidas específicamente en el Presupuesto General de la República;
b) El financiamiento externo que para estos propósitos se gestione y recibiere;
c) Las donaciones, herencia o legados hechas por entidades del orden nacional o internacional;
d) Otras recursos que expresamente se destinaren a tal fin.
Arto.65
La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) rendirá cuenta de la administración de los recursos del Fondo Nacional a que se refieren los artículos anteriores y de la aplicación de sus presupuestos anuales de gastos, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Hasta aquí el Capítulo XIV.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Capítulo XIV.
Tiene la palabra el honorable Diputado Víctor Duarte.
DIPUTADO VICTOR DUARTE:
Gracias, señor Presidente.
Sólo es una corrección en el 63, en vez de “legislación” es “legalización de tierras comunales”.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
¿Observaciones al artículo 62?
¿Al artículo 63?
¿Al artículo 64?
¿Al artículo 65?
A votación el Capítulo XIV.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Capítulo XIV.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
CAPITULO XV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Arto.66
La Presente Ley será traducida y ampliamente divulgada por los Consejos Regionales en las lenguas de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas, de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, en un término de tres meses a partir de la publicación de la misma.
Arto.67
La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), con el apoyo y la participación activa y la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT) correspondiente, tendrán la responsabilidad de conducir el proceso de demarcación y titulación de las tierras de las Comunidades objeto de la presente Ley, por lo cual deberán integrarse dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días después de la entrada en vigencia de la presente Ley.
Arto.68
Las Comunidades Indígenas que a la vigencia de esta Ley, hayan realizado los estudios pertinentes para la Demarcación y Legalización de sus tierras comunales, presentaran su documentación ante la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT) correspondiente para el tramite de la correspondiente titulación ante la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI).
Arto.69
Esta Ley deroga los Decretos 16-96 y 23-97, sobre la Creación y Modificación de la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas en la Costa Atlántica y cualquier otra Ley que se le oponga.
Arto.70
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, queda suspendida la expedición de títulos supletorios y de títulos de reforma agraria sobre tierras reclamadas por las Comunidades objeto de esta Ley.
Arto.71
La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación por cualquier medio de comunicación social y escrita, sin perjuicio de su posterior publicación en el Diario Oficial.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Capítulo XV.
Tiene la palabra la Diputada Ana Lazo.
DIPUTADA ANA LAZO:
Gracias, señor Presidente.
En el Capítulo XV, que son las Disposiciones Transitorias, deberíamos agregar un nuevo artículo que sería el número 66, el cual se leerá de la siguiente manera:
“Arto. 66 Esta ley por su naturaleza se define de carácter especial”. Posteriormente el artículo 66 pasaría al 67, y así sucesivamente el resto de los artículos. Paso la moción por escrito.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Edwin Castro Rivera.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
En concordancia con lo planteado por Ana, que es correcto, yo quería que el título fuera cambiado, para que no se dijera únicamente “Disposiciones Transitorias”, sino que fueran “Disposiciones Finales y Transitorias”. Paso moción.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el Capítulo XV, con las mociones presentadas.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
47 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Capítulo XV, y toda la ley con las mociones presentadas.
Diputados, por favor tomen sus asientos para proceder a la aprobación en lo general de la Ley para el Desarrollo y fomento del recurso Forestal.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Managua, 29 de octubre de 2002
DICTAMEN
Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente de la Asamblea Nacional
Estimado Ingeniero:
Los suscritos miembros de la Comisión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales nos reunimos este veintinueve de octubre del dos mil dos, para revisar el dictamen del
Proyecto de Ley para el Desarrollo y Fomento del Recurso Forestal,
elaborado el 14 de Noviembre del año 2001 y enviado a esta Comisión el 5 de Marzo del 2002 para su revisión, actualización y adecuación a las realidades del país y de los avances sobre el tema al nivel internacional.
Para tales efectos la Comisión sostuvo una serie de reuniones con el Sector Forestal de Nicaragua con el objetivo de encontrar un consenso en la nueva formulación del Proyecto de Ley, ya que el dictamen elaborado por la anterior Comisión Legislativa se encontraba desactualizado y con muchos vacíos jurídicos que ameritaron nuevos procesos de consultas con los involucrados en la actividad forestal.
Cabe recordar que este largo proceso arranca desde el año 1993 hasta esta fecha en que se han formulado alrededor de veintidós versiones y dos dictámenes para llegar a obtener, si no el ciento por ciento del consenso deseado con las instituciones del Estado y la sociedad civil, al menos la aproximación a un texto más real y objetivo que venga a satisfacer la demanda del sector, en cuanto a la urgente necesidad de poner en vigencia una ley forestal en el país que se vaya ajustando en la práctica a las realidades en que se viene desarrollando este rubro en nuestro país.
En el proceso de consulta la Comisión volvió a confirmar la existencia de dos situaciones adversas en el país, entre otras que existen, que se han mantenido en todos estos años al margen de los esfuerzos por dotar al país de este marco jurídico, siendo éstos:
1ro. La existencia de una legislación dispersa en materia forestal que data desde el año 1905, algunas de las cuales continúan aún vigente pero obsoleta y sin aplicación práctica, lo que ha derivado en una institucionalidad discrecional y poca efectiva al no contar con respaldo jurídico moderno y ágil en sus gestiones.
2do. El recurso forestal marcado por una legislación que fomenta una cultura de aprovechamiento extensivo ha continuado siendo discriminado de manera ilegal, lo que viene a establecer efectos irreversibles en la cadena de producción forestal, en donde no encontramos regulaciones para un uso eficiente del recurso, no hay valor económico agregado y no existe una industria forestal beligerante y con tecnología moderna, lo que nos hace menos competitivo en el mercado internacional en esta era de libre mercado y de globalización.
Lo planteado en el documento de Política Ambiental de Nicaragua oficializado por el Gobierno de Nicaragua el 2 de Marzo del 2001 continúa vigente en cuanto a que “las acciones que ha emprendido el país no han detenido ni revertido el proceso de deforestación”, a lo que agregamos también la desertificación, degradación de suelos y daños al ecosistema, principalmente las Cuencas Hidrográficas que aseguran la existencia del vital líquido como son las fuentes de agua.
Afirma el mismo documento que “los mecanismos para aprovechar el bosque han sido sobre la base de la extracción de árboles más valiosos, sin preocuparse del valor futuro del recurso. No hay otra valoración del bosque, ni de los productos que de él se derivan”.
A lo anterior se agregan los ya conocidos problemas como el avance de la frontera agrícola, agravado por las pocas opciones que tiene el campesinado que hasta recurren al uso indiscriminado de motosierras como una forma rápida y efectiva para talar los árboles; los incendios forestales; la falta de incentivos para la conservación; el manejo y aprovechamiento sostenible del recurso; pocas inversiones para promover plantaciones y para modernizar la tecnología en la industria forestal.
Otras actividades como el permanente corte y transporte ilegal del recurso y la instalación clandestina de aserríos que procesan el producto y promueven este tipo de actividades ilícitas.
Desde este panorama que se presenta en el sector forestal, la Comisión ha sido del criterio que esta nueva versión de ley forestal, además de la participación de las instituciones del Estado, las Regiones Autónomas y los Municipios, debe promover la participación ciudadana y específicamente la comunitaria, la de los privados como fuente principal de inversiones y desarrollo para el sector, las organizaciones gremiales y los productores individuales o colectivos en los diferentes planes y programas que se impulsen para la conservación, el fomento y desarrollo sostenible de la actividad forestal, lo que debe incluir naturalmente la protección y recuperación de las cuencas hidrográficas como un elemento indispensable para el desarrollo económico y social del país.
La Comisión consideró también la necesidad de definir una clara política de incentivos para el sector, sin lo cual la efectividad de la ley y los objetivos de la misma en cuanto a la conservación, fomento y desarrollo sostenible serían difíciles de lograr partiendo de la realidad en que se encuentra actualmente este sector que no aporta prácticamente nada a la economía nacional, por lo que es necesario motivarlo e impulsarlo para llevar a cabo su desarrollo.
La posibilidad de ir desarrollando el plan de descentralización, por medio de acuerdos o convenios delegando funciones hacia los Gobiernos Municipales es otro de los aspectos que ha considerado la Comisión en este Proyecto de Ley como parte del fortalecimiento de la institucionalidad en los territorios.
Dicha institucionalidad que abarca no solamente lo municipal, deberá ser reforzado además del recurso humano especializado, con capacidades técnicas y económicas que venga a desarrollar toda una gama de investigaciones que aseguren la sostenibilidad del recurso forestal con miras a participar en los programas de pago por servicios ambientales, promoviendo a su vez la instalación de nuevas tecnología que mejoren la calidad en el aprovechamiento y transformación del producto forestal.
Con base a lo anterior, la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales considera que se hace necesario y urgente cumplir con la demanda del Sector Forestal en nuestro país, actualizando y modernizando el marco jurídico forestal, con un instrumento ágil y de aplicación práctica y efectiva, con el cual estemos coadyuvando a un verdadero desarrollo sostenible del sector y poniéndonos acorde con los objetivos de la Política de Desarrollo Forestal de Nicaragua del 11 de Mayo del 2001 de “lograr el desarrollo sostenible del sector forestal, constituyéndose en una alternativa viable para elevar la calidad de vida de la población, ligada al recurso y en un eje de desarrollo para la economía nacional”, además de hacerla compatible con la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo y la misma Ley de Municipios.
De esta forma la Comisión ha reformulado el dictamen y el texto del Proyecto de Ley, en base a los siguientes criterios:
a) El nombre del Proyecto se denomina Ley para la Conservación, Fomento y Desarrollo del Sector Forestal, con lo cual el país estaría presentando una visión y actitud responsable ante los compromisos internacionales y las tendencias actuales sobre el tema, además de que estos conceptos son parte fundamental del contenido del Proyecto de Ley.
b) El objeto de la ley es establecer el régimen legal para la conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal, involucrando en ello el manejo forestal del bosque natural, el fomento de las plantaciones, así como la protección, conservación y restauración de áreas forestales.
c) La aplicación de la ley corresponderá al Ministerio Agropecuario y Forestal, MAG-FOR, quien deberá coordinarse con las entidades estatales, regionales y municipales con competencia forestal.
d) La ley establece que el propietario del suelo es dueño del vuelo forestal existente sobre el mismo y de los beneficios que de él se deriven. Igualmente señala que quien ejerza derechos sobre el recurso forestal queda obligado a reforestar igual superficie, densidad y especies que aproveche.
e) Se define la existencia del Sistema Nacional de Administración Forestal (SNAF), integrado por las instituciones públicas y personas naturales o jurídicas involucradas en la actividad forestal. En este aspecto se establecen las competencias en materia forestal para la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR), el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales MARENA), el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), los Consejos Regionales Autónomos y Gobiernos Municipales, las del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) cuyo director deberá ser nombrado por el Presidente de la República bajo el requisito de ser un profesional forestal calificado.
f) También en este Capítulo se crea el Registro y Catastro Nacional Forestal (RCNF), de carácter público y gratuito y se regula la existencia de los Supervisores o Regentes Forestales y los Auditores Forestales, así como lo relacionado a la delegación de atribuciones en materia forestal a los Gobiernos Municipales por medio de convenios, previa aprobación de los Concejos Municipales.
g) La zonificación forestal queda bajo la responsabilidad del MAG-FOR en coordinación con el MARENA, para lo cual deberán tomar en consideración los Planes de Ordenamiento Municipal, dejando para la ley de la materia la delimitación de las tierras comunales y manteniendo la prohibición del aprovechamiento forestal con fines comerciales en áreas protegidas.
h) En cuanto a la supervisión, monitoreo, fiscalización y control de la aplicación de las normas técnicas y los Planes de Manejo, se realizará por el INAFOR por medio de supervisores o regentes forestales, auditores forestales, técnicos forestales municipales y guardabosques debidamente acreditados. Asimismo, se establece la necesidad del Estudio de Impacto Ambiental para el aprovechamiento en áreas mayores de 200 hectáreas.
i) Con relación al manejo y aprovechamiento, la ley establece regulaciones para el bosque natural, las plantaciones, las Areas Protegidas, tierras nacionales y estatales, la restauración forestal y las áreas de protección municipal en donde se establece la prohibición de cortar árboles en una distancia de 200 metros medida horizontalmente desde las riberas de los ríos, lagos, embalses naturales o artificiales y fuentes de agua, incluyendo la extracción de rocas o piedras que les sirven de protección. También en zonas de manglares, suelos superficiales y de afloramiento rocoso y en áreas con pendientes mayores de 75 por ciento.
j) El transporte, almacenamiento y transformación también es regulado por esta ley, sujetando el control del transporte de materia prima forestal a lo establecido en la Ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito, en una forma de hacerla coherente con la legislación vigente.
k) La prevención, mitigación y control de plagas e incendios forestales es otro de los aspectos regulados en la ley bajo la responsabilidad del MAG-FOR en coordinación con INAFOR y demás instituciones relacionadas.
l) Un capítulo bien importante y que se considera el eje fundamental de la ley, es el de Fomento e Incentivos para el desarrollo forestal con la participación del sector público y privado, bajo la premisa de que el Estado establecerá una política de incentivos con el objetivo de fomentar el desarrollo forestal, promover la incorporación de las personas naturales y jurídicas en actividades de manejo adecuado del recurso y lograr su participación en el incremento de la masa forestal y en la reversión del proceso de deforestación del país.
m) De acuerdo a lo anterior, se establecen en la ley incentivos específicos para las plantaciones, el manejo de bosques natural y la industria forestal, en esta última se beneficia el pago por servicios ambientales para las personas naturales o jurídicas que mantengan áreas bajo cobertura boscosa. Asimismo la leña y el carbón vegetal provenientes de plantaciones y planes de manejo no pagaran ningún tributo.
n) También la Ley contempla un Capítulo de Concesiones Forestales responsabilizando al MIFIC, a través de ADFOREST como la institución encargada de la administración de las tierras forestales nacionales de conformidad con lo establecido en la Constitución Política en lo que a concesiones y contratos de explotación racional se refiere.
o) Se establece un pago único por derecho de aprovechamiento por metro cúbico extraído de madera en rollo, el cual se fija en un 6 por ciento del precio del mismo, establecido periódicamente por el MAG-FOR con base a los precios internacionales o nacionales, en su caso, que se tenga como referencia.
p) El monto de las recaudaciones que el Estado reciba por pagos, multas, derecho de vigencia y subastas se enterará en una cuenta especial de la Tesorería General de la República, quien lo distribuirá en un plazo no mayor de treinta días en un 25 por ciento para el Fondo Especial de Desarrollo y Promoción Social de las Regiones Autónomas; el 25 por ciento directamente a las Alcaldías donde se origine el aprovechamiento; 40 por ciento al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, FONADEFO, y el remanente queda en el Tesoro Nacional.
q) La ley crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal para financiar programas y proyectos de fomento al sector, a cargo de un Comité Regulador coordinado por el MAG-FOR e integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, un miembro de la Junta Directiva de los Consejos Regionales Autónomos y el Director del INAFOR.
r) Las sanciones administrativas por infringir la ley se establecen en amonestación, suspensión, cancelación, multas y decomisos, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran producirse.
Por todo lo antes señalado, la Comisión considera que ante tan largo proceso que ha tenido esta iniciativa para alcanzar el consenso con el sector forestal, ha llegado el momento de someter a aprobación este Proyecto de Ley de gran trascendencia y necesidad tanto para el país como para el sistema jurídico nacional, en el ámbito de la modernización y actualización de las leyes que se han venido aprobando en los últimos años en esta Asamblea Nacional en relación con los recursos naturales, como el caso de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Minas y recientemente la Ley de Geotermia, las cuales se han formulado y aprobado en armonía con las políticas de gobierno y la misma legislación ambiental vigente, como una forma de apoyar el desarrollo económico y social del país y a la demanda de los sectores por contar con leyes modernas y coherentes con nuestra realidad.
En este sentido y considerando que este Proyecto de Ley no se opone a la Constitución Política, ni demás leyes de la República, ni a los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, con base a lo establecido en el Estatuto General y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional y en cumplimiento al mandato del Plenario,
DICTAMINA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO DE LEY DE CONSERVACION, FOMENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL,
recomendando su aprobación en lo general y en lo particular del nuevo texto que adjuntamos para su debido conocimiento.
Atentamente,
COMISION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
JAIME MORALES CARAZO
ANA ESPERANZA LAZO
OCTAVIO ALVAREZ MORENO
BLADIMIR PINEDA SOZA
AUGUSTO VALLE CASTELLON
PORFIRIO CASTRO ARAUZ
VICTOR DUARTE A.
RENE NUÑEZ TELLEZ
JOSE A MARTINEZ N.
EVELIO OBANDO
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Jaime Morales Carazo.
DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:
Gracias, señor Presidente.
Tras cerca de nueve largas horas de Sesión continua, yo creo que mi mayor aporte es ser lo más breve posible. Este proyecto ha sido elaborado con todo detenimiento, con gran devoción y con una participación excepcionalmente de cooperación, de comprensión y de tolerancia de todos los miembros que integramos la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la que yo me siento muy honrado de haber presidido en este período legislativo. Por lo tanto, dado que la explicación y el contenido ha sido muy completo y puntual, yo creo que esta ley viene a ser de gran trascendencia, porque no sólo protege y conserva un recurso que está en vías de extinción, gracias a una depredación bárbara que se ha experimentado en nuestro país, sino que también viene a estimular el uso racional del mismo.
Por lo tanto, yo invito a todos los miembros que integramos este Parlamento, a que votemos en lo general este Dictamen, dejando para la próxima legislatura su discusión en lo particular, siendo una ley muy seria; y esa invitación la hago particularmente a todos los que integramos esa Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que estamos presentes en esta Sesión.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Augusto Valle.
DIPUTADO AUGUSTO VALLE:
Gracias, señor Presidente.
Secundo lo manifestado por el Presidente de esta Comisión, Diputado Jaime Morales Carazo. Quiero hacer énfasis en que en este Dictamen se buscó y se consensuaron las opiniones de todos los sectores; a la vez, es una ley moderna que va a incentivar la inversión forestal, sobre todo en la parte de la Costa Atlántica, donde prácticamente los bosques han sido eliminados; tenemos también que incentivar el valor agregado a la madera y de esa forma vamos a tratar de evitar la deforestación. Así mismo los sectores que están siendo beneficiados con esta ley, sobre todo en la Costa Atlántica, van a poder industrializar la madera para poderla sacar hacia Puerto Cabezas y hacia el Atlántico, que era lo que originalmente en los años cincuenta, sesenta y setenta, se realizaba en esta zona y que servía para mejorar el nivel de vida de todos estos sectores.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge Martínez.
DIPUTADO PEDRO BLANDON MORENO:
Muchas gracias, señor Presidente.
Soy Pedro Blandón Moreno.
Nosotros pertenecemos al área forestal, estamos en la Costa Atlántica, en la Región Autónoma, somos miembros de la Cámara Forestal y no es tan así, como dicen los honorables Diputados de la Comisión, que esa ley ha sido consultada con la industrias y con los productores. Definitivamente nosotros hemos tenido un montón de reuniones al final de año, donde hemos visto que hay una serie de inconsistencias, y se le quita poder al INAFOR y al Ministerio de Agricultura MAGFOR.
Por lo tanto, nosotros creímos que no se iba a discutir absolutamente nada de esta ley, por lo menos en lo que resta del año, porque queríamos presentarle a la Comisión de Recursos Naturales nuestros puntos de vista que hemos tenido en la Cámara Forestal.
Hemos luchado, hemos estado en coordinación, porque la ley que verdaderamente nosotros discutimos en todo Nicaragua a través de tres años, no es la ley que al final vino a la Comisión. Por lo tanto, mi punto de vista es que totalmente debería de revisarse el Dictamen de esa ley.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Doctor Rigoberto Sampson.
DIPUTADO RIGOBERTO SAMPSON:
En la exposición que se leyó, hay por lo menos tres cosas que señalar, que son las que se padecen en las administraciones municipales y que uno ha tenido la experiencia al convivir con estas irregularidades, si que se pueden llamar así. Una de ellas es que hay una distorsión en el manejo de la cuestión forestal, está INAFOR, está el MAGFOR y está el MARENA, y desde ahí comienza el problema; coordinar a esas tres instituciones es sumamente difícil y por lo tanto nadie manda. Yo creo que habría que repensarse esto, para ver si se crea un solo organismo. Si va a ser el INAFOR, que sea el INAFOR, pero que no se meta ni el MAGFOR ni el MARENA, porque si no, ninguno de ellos manda.
El segundo problema que yo veo, es que aquí se anula la autoridad de las municipalidades; en algunos de los incisos no se toma en cuenta a las municipalidades. Por ejemplo aquí en el inciso q), se menciona a los gobiernos regionales, pero no se menciona a las municipalidades. Yo creo que esta cuestión debería de repensarse, así como se planteó anteriormente por el Diputado Blandón, porque realmente todavía hay algunas cosas que no se están abordando debidamente en esta exposición; yo no he leído el resto del articulado, pero esto me llamó la atención desde el comienzo.
Lo otro, es incluir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que sea el concesionario de las prestaciones y de las áreas estatales. No hay delegaciones en los Municipios ni en los Departamentos de estos Ministerios; ellos dan las concesiones desde aquí de Managua, y realmente no hay quién les dé seguimiento. Yo respaldaría la posición del Diputado Blandón, de que esta ley se revise y se discuta en la próxima legislatura, yo creo que bastante no sólo en lo particular sino que también en lo general. Si se aprueba en lo general, así como está, esto tiene conceptos con los que no estamos de acuerdo.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Vamos a tener oportunidad de ver esas inquietudes cuando lo discutamos en lo particular.
Tiene la palabra el Diputado Víctor Duarte.
DIPUTADO VICTOR DUARTE:
Gracias, señor Presidente.
Realmente ésta es una ley de recursos naturales, vital y fundamental para Nicaragua, no solamente para la Costa Atlántica. Quiero decirle que estamos en una incertidumbre donde nos hemos visto afectados, tanto el recurso bosque como lo que es la producción agrícola. Y es necesario que también los entes reguladores que tienen que ver con esta ley, aprendan a ejecutarla, porque realmente eso es lo que nos ha llevado al descalabro en que nos encontramos. Por otra parte, quiero que lo que voy a decir quede grabado en el Diario de Debates. Yo estoy de acuerdo en aprobar la ley, siempre y cuando las cosas surjan por un camino muy honesto, porque me gusta la honestidad.
Y vuelvo decir que quede grabado en el Diario de Debates, que no está presente el Diputado David Castillo; y que me presenten en qué articulado de la ley dice que uno puede dejar un escrito para que puedan votar por un Diputado ausente. Eso es violatorio al Estatuto. Y yo lo invito, don Jaime, -yo sé que usted es una persona muy seria- a que esto mejor lo dejemos para cuando tengamos suficiente quórum, para no estar abusando de manera irresponsable, porque ésto ya está grabado en el Diario de Debates y dejo mi protesta de que yo siento que se está abusando, es un escaño de la Bancada del Partido Liberal y tengo que defenderlo.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo, y con esto se cierra, para que venga la votación de la aprobación en lo general.
DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:
Yo lamento mucho disentir de la opinión de algunos colegas que me precedieron en la palabra, especialmente del señor Blandón, sustituto o suplente de don Tomás Borge. Aquí hubo un consenso y se trabajó con mucha dedicación con todos los miembros que integran esta Comisión, sin distingo alguno. Lógicamente que una ley de esta naturaleza, de esta trascendencia y que toca muchos callos, explica que por más de ocho años se haya venido posponiendo, posponiendo y posponiendo; cuando tantas posposiciones ocurren, hay que pensar qué es lo que está detrás de estas cosas. Yo anticipo que hay muchos intereses en juego y que siempre habrán peros.
Pero venir al caso, de que un aspecto totalmente general, en donde ha habido participaciones, múltiples opiniones... Al señor Blandón posiblemente yo no le consulté personalmente, pues a todas las organizaciones y asociaciones se le consultaron; ni tengo ningún interés en la industria de la madera, ni soy responsable de las atrocidades que están haciendo con un recurso natural no renovable, en todos los ámbitos del país, en particular en la Costa Atlántica. Esto nos llama a tener en consideración, que no sigamos poniéndole obstáculos artificiales o improvisados de último momento, a cosas que a estas alturas ni siquiera se ha leído el texto de la ley, para no llevarla “como entierro de pobre”, sino que era el concepto general. Pero de todas maneras, para evitarles todas esas molestias de aprobación, yo voy a romper el quórum borrándome.
PRESIDENTE JAIME CUADRA:
Se suspende la Sesión
,
y mañana vamos a discutirlo en lo general, a las nueve de la mañana.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Buenos días, honorables Diputados; buenos días honorable Ministro de Hacienda, Doctor Eduardo Montealegre.
Vamos a abrir la Sesión comprobando el quórum, y a pedirle al Secretario que lo verifique.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
(14 de Diciembre 2002).
JOSE AGUSTIN ALEMAN LACAYO
BENITA DEL CARMEN ARBIZU MEDINA
BAYARDO ARCE CASTAÑO
NELSON ARTOLA ESCOBAR
GLADIS DE LOS ANGELES BAEZ
LUIS ENRIQUE BENAVIDES ROMERO
JAMILET DEL SOCORRO BONILLA
TOMAS WIGBERTO BORGE MARTINEZ
JOSE DE LOS ANGELES CASTILLO OSEJO
JOSE DAVID CASTILLO SANCHEZ
EDWIN RAMON CASTRO RIVERA
PORFIRIO RAMON CASTRO ARAUZ
ELIAS CHEVEZ OBANDO
IRMA DE JESUS DAVILA LAZO
VICTOR MANUEL DUARTE AROSTEGUI
MARIA JACARANDA FERNANDEZ MEJIA
JOSE SANTOS FIGUEROA AGUILAR
RITA DEL SOCORRO FLETES ZAMORA
MIRIAM ODILI FONSECA LOPEZ
CARLOS JOSE GADEA AVILES
ERNESTO MARCELINO GARCIA QUIROZ
JOSE ALFREDO GOMEZ URCUYO
ROBERTO JOSE GONZALEZ GAITAN
JORGE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ
RAMON ENRIQUE GONZALEZ MIRANDA
VICTOR MANUEL GUERRERO IBARRA
WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO
RENE HERRERA ZUNIGA
WILLIAM JOAQUIN RAMIREZ
MIGUEL REYNALDO LOPEZ BALDIZON
REYNALDO ALEXANDER MAIRENA VALLEJOS
MANUEL DE JESUS MALDONADO
JOSE ANTONIO MARTINEZ NARVAEZ
ORLANDO JOSE MAYORGA SANCHEZ
EDUARDO LUIS MENA CUADRA
GERARDO JOSE MIRANDA OBREGON
OSCAR MONCADA REYES
IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON
GUILLERMO MONTENEGRO
JAIME RENE MORALES CARAZO
LILLIAM ANTONIA MORALES TABORA
FIDEL ANTONIO MORENO BRIONES
CARLOS WILFREDO NAVARRO MOREIRA
EDGAR NAVAS NAVAS
CARLOS ANTONIO NOGUERA PASTORA
SANTOS RENE NUÑEZ TELLEZ
ALFONSO RAUL ORTEGA URBINA
JOSE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
MARIA HAYDEE OSUNA RUIZ
ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVIDEZ
LEONEL PANTIN WILSON
BLADIMIR PINEDA SOZA
GUSTAVO EDUARDO PORRAS CORTES
NOEL ERNESTO RAMIREZ SANCHEZ
GABRIEL RIVERA ZELEDON
MAXIMINO RODRIGUEZ MARTINEZ
MIRNA DEL ROSARIO ROSALES AGUILAR
FRANCISCO JOSE SACASA URCUYO
RIGOBERTO HILARIO SAMPSON GRANERA
ROBERTO SANCHEZ TORREZ
MARIA EUGENIA SEQUEIRA BALLADARES
NATHAN JORGE SEVILLA GOMEZ
JOSE DAMICIS SIRIAS VARGAS
FREDDY SOLORZANO ALTAMIRANO
ORLANDO JOSE TARDENCILLA
EMILIA DEL CARMEN TORREZ AGUILAR
DAYSI RAFAELA TREJOS OROZCO
ALBERTINA URBINA ZELAYA
HENRY ENRIQUE URCUYO MALIAÑOS
AUGUSTO ADRIAN VALLE CASTELLON
FELICITA LUCILA ZELEDON RODRIGUEZ
MARIANO SUAREZ SALAZAR
Señor Presidente: Tenemos 72 honorables Diputados y Diputadas; hay quórum de ley.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Se abre la Sesión.
Se le concede la palabra al Diputado Edwin Castro Rivera.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Gracias, señor Presidente.
Antes de iniciar esta Sesión, queremos solidarizarnos con el dolor de nuestro colega Diputado Pedro Joaquín Ríos, por el asesinato de su padre. Aunque Pedro no se encuentra presente, que san estas palabras y este homenaje de esta Asamblea Nacional extensivas a su familia y al pueblo norteño, cuyo padre fue un dirigente liberal. Pedimos a los honorables Diputados y a la Junta Directiva, que demos un minuto de silencio en honor al padre de Pedro Joaquín Ríos.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRRIBA:
En el Orden del Día tenemos, en el Adendum 7 el Punto 1.52, al que dará lectura el Secretario. De acuerdo al artículo 141, se le dará trámite de urgencia.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Managua, 21 de Noviembre de 2002.
Doctor
Miguel López Baldizón
Primer Secretario
Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Doctor López:
Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1110/SF-NI “Programa de Reactivación Productiva y Rural, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.
Sin más a que hacer referencia, le saludo cordialmente,
Julio Vega Pasquier
Secretario
Managua, 20 de Noviembre de 2002.
DP/543/02
Ingeniero
Jaime Cuadra Somarriba
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho
.
Estimado Presidente:
Con la correspondiente Exposición de Motivos estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1110/SF-NI “Programa de Reactivación Productiva y Rural”.
Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea nacional le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto . Asimismo, solicito se le dé trámite de urgencia, con fundamento en el párrafo 5 del artículo 141 de nuestra Constitución Política.
Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.
Afectísimo,
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Gobierno de la República de Nicaragua ha logrado el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al obtener un préstamo concesional con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales para financiar el “Programa de Reactivación Productiva y Rural”.
El objetivo general del Programa es incrementar en forma sostenible los ingresos de las familias rurales pobres, especialmente de la productividad de las actividades agropecuarias y forestales, con una visión del negocio rural, mediante la introducción de tecnología especializada, capacitación técnica y gerencial para la comercialización de los productos, promoción de prácticas productivas ambientalmente sostenibles, inversión en infraestructura productiva y reducción del riesgo de daños por sequía.
Este contrato está integrado por las Estipulaciones Especiales, las Normas Generales y los Anexos A, B y C.
La ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo por el Instituto de Desarrollo Rural, el que para los fines de este Contrato será denominado indistintamente el “Organismo Ejecutor” o (IDR)”. A su vez, el IDR actuará por intermedio de la Unidad de Coordinación del Programa, en adelante denominada “UCP”, a que se refiere la Cláusula 3.02 (a) de las Estipulaciones Especiales.
En los términos de este Contrato, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se compromete a otorgar al Gobierno de la República de Nicaragua un préstamo con cargo a los recursos del Fondo de Operaciones Especiales (FOE), hasta por una suma de sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$60,000,000.00), o su equivalente en otras monedas, excepto la de la República de Nicaragua, que formen parte de dichos recursos. Las cantidades que se desembolsen con cargos a este financiamiento constituirán el “Préstamo”.
El Préstamo deberá ser amortizado por el Prestatario a un plazo de cuarenta (40) años, incluyendo 10 años gracia, contados a partir de la fecha de firma del Contrato, mediante sesenta (60) cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse el 16 de Mayo de 2013, y la última a más tardar el día 16 de Noviembre de 2042.
a) El Prestario pagará semestralmente sobre los saldos deudores diarios del Prestario, intereses del uno por ciento(1%) por año, durante los primeros diez(10) años contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato, y del dos por ciento(2%) por año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las fechas de los respectivos desembolsos. El primer pago se efectuará el 16 de Mayo de 2003, y los siguientes en los días 16 de los meses de Noviembre y de Mayo de cada año.
b) Los intereses serán abonados con recurso del financiamiento y sin necesidad de solicitud del Prestario, durante el período de desembolso y en las fechas establecidas en el párrafo anterior.
Comisión de Crédito: (
a) Sobre el saldo no desembolsado del financiamiento que no sea en moneda del país del Prestario, éste pagará una comisión de crédito del ½% por año, que empezará a devengarse a los doce (12) meses contados a partir del 18 de Septiembre de 2002, fecha de la Resolución del Directorio Ejecutivo del Banco en la que aprobó este financiamiento.
b) Esta comisión se pagará en dólares de los Estados Unidos de América, en las mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses, de conformidad con lo previsto en las Estipulaciones Especiales.
c) Esta comisión cesará de devengarse, en todo o en parte, según sea el caso, en la medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; o (ii) haya quedado total o parcialmente sin efecto el financiamiento de conformidad con los artículos 3.12, 3.13, y 4.02 de estas Normas Generales y con las pertinentes de las Estipulaciones Especiales.
Del monto del financiamiento, se destinará la suma de seiscientos mil dólares (US$600,000) que equivale al 1% para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales. Dicha suma será desembolsada en cuotas trimestrales y en lo posible iguales, y se acreditará en la cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario.
El Prestatario se compromete a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, el estimado en el equivalente de ocho millones de dólares (US$8,000,000.00), sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario. Este monto podrá incluir el equivalente de cinco millones (US$5,000,000.00) provenientes del “Internacional Cooperation and Development Fund”.
Por las razones anteriormente mencionadas, y con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de nuestra Constitución de la República de Nicaragua, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea nacional, el proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1110/SF-NI, para financiar el “Programa de Reactivación Productiva Rural”.
DECRETO
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO
I
Que el 19 de Noviembre de 2002, fue suscrito entre el Señor Eduardo Balcárcel, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Nicaragua, y el Licenciado Eduardo Montealegre Rivas, Ministro de Hacienda y Crédito Público, en nombre y representación del Gobierno de la República de Nicaragua, Contrato de Préstamo No. 1110/SF-NI, por un monto de sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América(US$ 60,000,000.00) o su equivalente en otras monedas, excepto la de Nicaragua, que formen parte de dichos recursos para financiar el “Programa de Reactivación Productiva Rural”, cuyo objetivo principal consiste en incrementar en forma sostenible los ingresos de las familias rurales pobres.
II
Que el Préstamo es altamente concesional, con un plazo de pago de 40 años, incluyendo un período de gracia de 10 años, devengará una tasa de interés del uno por ciento(1%) por año hasta los diez(10) años, contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato, y del dos por ciento 2%) por año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las fechas de los respectivos desembolsos, y una comisión de crédito del ½ % que empezará a devengarse a los doce (12)meses contados a partir del 18 de Septiembre del 2002,fecha de la Resolución del Directorio Ejecutivo del Banco en la que aprobó este Financiamiento.
En uso de sus facultades,
HA DICTADO
El siguiente
DECRETO
Arto.1
Apruébese el Contrato de Préstamo No. 1110/SF-NI, suscrito el 19 de Noviembre de 2002, con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica, por un monto de sesenta millones de entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Dólares de los Estados Unidos de América (US$60,000,000.00), para financiar el Programa de Reactivación Productiva Rural”, formando parte de este Contrato los Anexos del mismos.
Arto.2
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta , Diario Oficial.
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
Presidente de la República de Nicaragua
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión en lo general el presente Decreto.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Hay cuatro decretos que vinieron con carácter de urgencia hace más de un mes a esta Asamblea Nacional. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo en que se acostumbre el carácter de urgencia y que no trabajen las Comisiones a como deben trabajar, y precisamente el Ejecutivo mal usa el carácter de urgencia. Sin embargo, también tenemos que reconocer que aquí tenemos un mes y medio, o poco menos de mes y medio, de tener esos decretos en Agenda y por la situación de la Asamblea Nacional no han podido ser pasados a Comisión; esa situación ha conllevado a que vengamos ya prácticamente a la última Sesión sin ni siquiera haberlos mandado a Comisión.
Por lo tanto esta mañana la Directiva, a petición del Ministro de Hacienda, considera que por esta vez y ante esa situación especial que en alguna manera es responsabilidad nuestra como Asamblea Nacional, estos cuatro decretos los aprobemos el día de hoy con carácter de urgencia.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el presente Decreto.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
53 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Decreto.
Pasemos ahora al punto 1.54:
DECRETO DE APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1114/SF-NI, ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE REFORMA DE POLÍTICAS SOCIALES EN APOYO A LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA.
Managua, 21 de Noviembre de 2002.
SP-102-11-21-02-JVP
Doctor
Miguel López Baldizón
Primer Secretario
Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Doctor López:
Me permito hacer llegar a Usted, el proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1114/SF-NI “Programa de Reforma de Políticas Sociales en Apoyo a la Estrategia de Reducción de la pobreza”, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.
Sin más a que hacer referencia, le saludo cordialmente,
Julio Vega Pasquier
Secretario
Managua, 20 de Noviembre de 2002.
DP/544/02
Ingeniero
Jaime Cuadra Somarriba
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Presidente:
Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1114/SF-NI “Programa de Políticas Sociales en Apoyo a la Estrategia de Reducción de la Pobreza”
Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional le den una acogida favorable a la aprobación del referido proyecto de Decreto. Asimismo, solicito se le dé trámite de urgencia, con fundamento en el párrafo 5 del artículo 141 de nuestra Constitución política.
Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
Presidente de la República
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la República de Nicaragua ha logrado el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al obtener un préstamo concesional con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) para el programa de Reforma de Políticas Sociales en Apoyo a la Estrategia de Reducción de la Pobreza.
El objetivo general del Programa es apoyar las reformas institucionales y de formulación de políticas para una adecuada implantación de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP). Los objetivos específicos son: (a) facilitar la implantación de la ERCERP mediante el establecimiento de metas especificas y monitoreo anual de indicadores de desempeño claves de los sectores sociales hasta el año 2005; (b) priorizar y hacer un seguimiento estrecho del gasto de programas sociales; y (c) promover las reformas pendientes en los sectores de educación, salud y protección social.
La ejecución del Programa y utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en adelante denominado el “Organismo Ejecutor”, con la participación de la Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia (SECEP). El Organismo Ejecutor actuará por intermedio de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP).
En los términos de este Contrato, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se compromete a otorgar al Gobierno de la República de Nicaragua, un préstamo con cargo a los recursos del Fondo de Operaciones Especiales (FOE), hasta por una suma de treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$30,000.000.00), o su equivalente en otras monedas, excepto la de la República de Nicaragua, que formen parte de dichos recursos. Las cantidades que se desembolsen con cargos a este financiamiento constituirán el “Préstamo”.
El Préstamo deberá ser amortizado por el Prestatario a un plazo de cuarenta (40) años, incluyendo 10 años gracia, contados a partir de la fecha de firma del Contrato, mediante sesenta (60) cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse el 15 de Mayo de 2013, y la última a más tardar el día 15 de 2042.
El Prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deudores diarios del Préstamo intereses del uno por ciento (1%) por año, hasta el 15 de Noviembre de 2013 y del dos por ciento (2%) por año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las fechas de los respectivos desembolsos. El primer pago se efectuará el 15 de Mayo de 2003 y los siguientes en los días 15 de los meses de Mayo y de Noviembre de cada año.
Comisión de Crédito
(a) Sobre no desembolsado del financiamiento, el Prestatario pagará una comisión de crédito del ½% por año, que empezará a devengarse a los doce (12) meses contados a partir del 13 de Noviembre de 2002, fecha de la Resolución del Directorio Ejecutivo del Banco en la que aprobó este financiamiento.
b) Esta comisión se pagará en dólares de los Estados Unidos de América, en las mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses de conformidad con lo previsto en las Estipulaciones Especiales.
c) Esta comisión cesará de devengarse, en todo o en parte, según sea el caso, en la medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; o (ii) haya quedado total o parcialmente sin efecto el financiamiento de conformidad con los artículos 3.12, 3.13, y 4.02 de estas Normas Generales y con las pertinentes de las Estipulaciones Especiales.
Del monto del financiamiento, se destinará la suma de seiscientos mil dólares (US$300,000) que equivale al 1% para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales. Dicha suma será desembolsada en cuotas trimestrales y en lo posible iguales, y se acreditará en la cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario.
Por las razones anteriormente mencionadas, y con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de nuestra Constitución Política de la República de Nicaragua, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea Nacional, el contrato de Préstamo N° 1114/SF-NI, para financiar el “Programa de Reforma de Políticas Sociales en Apoyo a la Estrategia de Reducción de la Pobreza”.
DECRETO
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO
I
Que el 19 de Noviembre de 2002, fue suscrito entre el Señor Eduardo Balcárcel, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Nicaragua, y el Licenciado Eduardo Montealegre Rivas, Ministro de Hacienda y Crédito Público, en nombre y representación del Gobierno de la República de Nicaragua, Contrato de Préstamo No. 1110/SF-NI, por un monto de sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América(US$ 30,000,000.00) o su equivalente en otras monedas, excepto la de Nicaragua, que formen parte de dichos recursos para financiar el
“Programa de Reforma de Políticas Sociales en Apoyo a la Estrategia de Reducción de la Pobreza”
, cuyo objetivo principal es apoyar las reformas institucionales y de formulación de políticas para una adecuada implantación de la Estrategia reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP).
II
Que el Préstamo es altamente concesional, con un plazo de pago de 40 años, incluyendo un período de gracia de 10 años, devengará una tasa de interés del uno por ciento(1%) por año hasta los diez(10) años, contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato, y del dos por ciento 2%) por año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las fechas de los respectivos desembolsos, y una comisión de crédito del ½ % que empezará a devengarse a los doce (12)meses contados a partir del 18 de Septiembre del 2002, fecha de la Resolución del Directorio Ejecutivo del Banco en la que aprobó este Financiamiento.
En uso de sus facultades,
HA DICTADO
El siguiente
DECRETO
Arto.1
Apruébese el Contrato de Préstamo No. 1110/SF-NI, suscrito el 19 de Noviembre de 2002, con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica, por un monto de sesenta millones de entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Dólares de los Estados Unidos de América (US$30,000,000.00), para financiar el Programa de Reactivación Productiva Rural”, formando parte de este Contrato los Anexos del mismo.
Arto.2
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta , Diario Oficial.
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
Presidente de la República
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el presente Decreto en lo general.
Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto González.
DIPUTADO ROBERTO GONZALEZ:
Yo quiero pedirle disculpas, señor Presidente, porque sé que está en el orden de discusión este punto que acaba de leer el honorable Diputado Secretario Miguel López, pero quiero transmitirle una preocupación que hay en estos momentos en este honorable Plenario. Quiero saludar en primer lugar, el gran esfuerzo que hicimos el día de ayer para avanzar en nuestra responsabilidad legislativa, ante nuestro pueblo, con las distintas iniciativas de ley que a lo largo de todo el día aprobamos y que culminamos en una larga jornada hasta las siete de la noche.
La Nación el día de hoy está pendiente de un tema trascendental para el país, como es la aprobación del Presupuesto General de la República de Nicaragua, esfuerzo que a lo largo de todas estas semanas fue producto también de la búsqueda del respaldo y del consenso, con la participación de muchos sectores. El discurso y la posición que hemos asumido en este Parlamento, ha sido que vamos a legislar para el pueblo, y que preocupados por las condiciones de pobreza y de miseria, es necesario una respuesta clara y contundente de este Parlamento.
De ahí, señor Presidente y honorables miembros de la Junta Directiva, que quiero dejar sentada una posición como miembro de la Bancada del Frente Sandinista, que si es necesario trabajar más tiempo, lo tendremos que hacer; estamos dispuestos a hacerlo para que a lo inmediato, después de esta iniciativa de ley que se ha planteado, entremos ya a la discusión del Proyecto General de Presupuesto General de la República. Nosotros sentamos una posición clara, no venimos aquí a aprobar en lo general el Presupuesto. Venimos aquí a aprobar hasta el último detalle del Presupuesto que nos ha costado construir en todos estos meses de trabajo.
Por lo tanto, yo demando este respaldo también de todos mis colegas, para que de aquí no salgamos si no aprobamos hasta el último artículo que corresponde a este Presupuesto General de la República.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Bayardo Arce Castaño.
DIPUTADO BAYARDO ARCE CASTAÑO:
Muchas gracias, Presidente.
Como usted apreciará, este Decreto para aprobar el préstamo con el BID para financiar el Programa de Reformas Sociales, está dictaminado favorablemente por quien habla y los demás miembros de la Comisión Económica, y esto lo hemos hecho precisamente en aras de el bienestar del país, en aras del que Nicaragua cuente con los recursos necesarios para enfrentar la problemática social, y así también hay otra cantidad de decretos de préstamos que hemos dictaminado favorablemente; pero yo creo que esto se puede poner en peligro si no se disipa la inquietud que ha planteado el Diputado Roberto González.
La verdad es que existe la preocupación en este Plenario, de que la Junta Directiva quiera eludir la discusión del Presupuesto, y eso sería algo muy grave, un precedente muy negativo. De tal manera que yo le pido a la Directiva, que una vez que aprobemos este Decreto, disipe las dudas y entremos a un proyecto que es estratégico para toda la Nación, que ha convocado aquí a representantes de los Alcaldes, a representantes del Poder Judicial, que han venido precisamente porque tienen la expectativa de que en el Presupuesto se les dé respuesta a sus demandas, a sus requerimientos de recursos para cumplir funciones.
Entonces, Presidente, después de aprobar esto, usted tiene que someter a votación y a discusión primero el dictamen sobre el Presupuesto.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Doctor Oscar Moncada.
DIPUTADO OSCAR MONCADA REYES:
Ingeniero Cuadra, de acuerdo a lo que había dicho Roberto y Bayardo, la Bancada Liberal también se une a este pedimento, que después de la votación de lo que acaba de leer, nosotros quisiéramos que inmediatamente se pasara a la discusión del Presupuesto aprobado para ser en lo general y en lo particular. Tiene que ser en las dos formas, y nos gustaría el pronunciamiento de la Junta Directiva, porque si no es en esa forma, nosotros nos abstendríamos de votar.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Doctor Gustavo Porras.
DIPUTADO GUSTAVO PORRAS:
Gracias.
Yo quiero llamar a la Junta Directiva a que se dé a respetar y se haga respetar a este Poder del Estado. No puede ser que se piense aprobar en lo general el Presupuesto, para que sin aprobarlo en toda su extensión y en lo particular quede vigente el que mandó el Ejecutivo, un Presupuesto que lo que va a garantizar es el hambre de la población nicaragüense, y los problemas que hemos visto este año. Señor Jaime Cuadra, señores directivos, den a respetar a la Asamblea Nacional. Si el Presidente de la República no está de acuerdo con el Dictamen y con lo que salga, que lo vete y que dé la cara al pueblo de Nicaragua con ese veto, pero nosotros no estamos dispuestos a jugar ese juego.
De tal forma que les pedimos a ustedes, que ya salgamos inmediatamente de eso que estaban leyendo y entremos a lo que fuimos citados hoy, que es la discusión del Presupuesto General de la República en toda su extensión. Y si teníamos compromiso con el periodismo, que nos perdonen los periodistas, pero lo vamos a hacer más tarde, porque ellos nos van a acompañar aquí hasta que termine el Presupuesto aprobado en toda su extensión, en lo general y en lo particular, y no estamos dispuestos a aceptar ninguna imposición aquí.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Nelson Artola.
DIPUTADO NELSON ARTOLA ESCOBAR:
Señor Presidente: Es lamentable que después de haber acumulado una muy buena imagen esta Asamblea Nacional ante la opinión pública nacional, inclusive ante la comunidad internacional, con todos los esfuerzos, los aciertos, las decisiones trascendentales que hemos hecho en los últimos días, y que el día de hoy que hemos sido convocados para venir a aprobar la ley más importante que este Parlamento puede aprobar en el año, como es la Ley del Presupuesto General de la República, se esté queriendo hacer otra cosa. Es lamentable. Estamos a tiempo de reflexionar, porque lo que hicimos bien con una mano, no lo hagamos mal o no lo borremos con la otra.
La Ley de Régimen Presupuestario y sus reformas, establece de manera clara que al no ser aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen de Proyecto de Presupuesto General de la República; entraría en vigencia en los tres primeros meses del año siguiente el Presupuesto que ha sido ejecutado el año anterior, y eso sería negarnos a nosotros mismos como Asamblea , señor Presidente, este Presupuesto que inclusive fue dictaminado con mucho trabajo por parte de la Comisión Económica, con muchas consultas y con muchos aportes de diferentes sectores.
Nosotros como Bancada del Frente, estamos claros de que este Presupuesto es insuficiente todavía para las expectativas del pueblo nicaragüense; es tan insuficiente, que se queda pequeño ante las toneladas de promesas que hizo el partido de gobierno en la campaña electoral recién pasada, de que iba a haber más empleo, que iba a haber más salud, que iba a haber más educación y que iba a haber más de todo; es insuficiente, pero es al menos el mal menor para el pueblo de Nicaragua en el próximo año 2003. Es hacer de la cruz que lleva a cuestas el pueblo de Nicaragua en un permanente calvario, un poco más liviano y con ciertas señales de esperanza.
No crean que este Presupuesto que está previsto ser aprobado el día de hoy, va a ser la solución a todos los problemas económicos y sociales; lo que reafirma es la estafa política de que ha sido víctima el pueblo de Nicaragua por el partido de gobierno, de lo que prometió en la campaña electoral y que ahora se esconde para no responderle a la Nación nicaragüense.
Rescatemos la buena marcha que lleva esta Asamblea Nacional. Digámosle al pueblo de Nicaragua que aquí venimos a trabajar; lo hicimos anteayer y lo hicimos ayer de corrido hasta las seis de la tarde; no importa el tiempo, lo que importa es el pueblo de Nicaragua, para eso estamos aquí.
La discusión en lo general y en lo particular del Presupuesto tiene que ser una tarea de primer orden de todos nosotros aquí, no importa que lleguemos hasta en la noche o que amanezcamos, pero aquí lo tenemos que lograr, señor Presidente, hay que mantener lo que hasta el momento hemos acumulado, que es lo que le interesa al pueblo de Nicaragua: un Poder del Estado productivo que le sirva a la Nación y que no viene aquí a medir fuerzas con intereses políticos partidarios.
Muchísimas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Ingeniero Agustín Jarquín.
DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN ANAYA:
Gracias, Presidente.
Conforme está definido en la convocatoria para este día, el tratamiento, la discusión del Dictamen de Presupuesto es una tarea que no podemos ni debemos eludir. Aquí tenemos presente además, acompañando, asistiendo a las deliberaciones parlamentarias, representantes de la Sociedad civil, alcaldes, representantes de la Costa Caribe nicaragüense, un Gobernador de una de las Regiones Autónomas, que están pendientes de lo que hoy vamos a estar deliberando y aprobando.
El día de ayer hicimos una jornada encomiable -y saludamos a la Junta Directiva-, cumpliendo con la recepción de los informes de los diferentes ministerios de Estado exceptuando el Banco Central, por las tareas que su Presidente está haciendo ahorita en Europa-, y luego trabajando de corrido aprobando leyes importantes como la Ley de Demarcación de los Territorios Indígenas de la Costa Caribe Nicaragüense. Pero debemos proceder a la discusión y aprobación en lo general y luego en lo particular del proyecto de Presupuesto; hay inquietudes, mociones que hemos introducido a la Comisión de Presupuesto, que algunas las han incorporado, pero otras no las han incorporado y es necesario que se consideren.
De manera que terminemos esta legislatura cumpliéndole al pueblo de Nicaragua y votando el Presupuesto, porque sería un error de la Asamblea, que por si desatender nuestras obligaciones dejemos que el proyecto de Presupuesto que se ha presentado, esté vigente para el los próximos años sin las modificaciones que se requieren. Y que espera la población nicaragüense para medio paliar la crisis nacional que es agobiante.
Muchas gracias, Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado William Ramírez.
DIPUTADO WILLIAM JOAQUIN RAMIEZ:
Muchas gracias, Presidente.
Antes de hacer uso de la palabra, quiero hacerle una pregunta. Hay varias propuestas que se han hecho aquí, para que inmediatamente después que aprobemos esto, se someta a consideración el proyecto de Presupuesto para su aprobación en lo general y en lo particular. Antes de continuar hablando, quiero oír su respuesta y la respuesta de la Junta Directiva Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Está en la Agenda lo del Presupuesto.
DIPUTADO WILLIAM RAMIREZ:
Eso significa entonces, que inmediatamente después lo vamos a discutir a como lo han solicitado los Diputados? Yo quiero recordarles a los miembros de la Junta Directiva, que este Plenario es soberano y que ya ejercimos esa soberanía cambiando una Junta Directiva cuando no quiso hacerle caso al Plenario, y lo podemos volver a hacer. Así es que yo quiero que me conteste lo que le estoy preguntando.
Que si inmediatamente después que se apruebe este Decreto, vamos a someter a consideración el proyecto de Ley de Presupuesto en lo general y en lo particular. Esa es mi pregunta concreta y quiero que me la responda.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Todos se han concretado en hablar sobre el Presupuesto. Estábamos en el Decreto, sometiéndolo a discusión y a aprobación; salgamos de eso y después vamos a continuar con la Agenda que tenemos.
DIPUTADO WILLIAM RAMIREZ:
Pero yo quiero que conteste mi pregunta, es mi derecho como Diputado y como representante de Masaya. Yo quiero que me diga que si sí, o que si no.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Está en Agenda.
DIPUTADO WILLIAM RAMIREZ:
Pero eso no responde a mi pregunta, Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Esa es mi contestación, Diputado. Está en Agenda para el día de hoy.
Tiene la palabra el Diputado Luis Benavides.
DIPUTADO LUIS BENAVIDES:
Gracias, Ingeniero Cuadra.
Nos sumamos los Diputados de la Bancada Liberal, a como lo manifestaba hace un momento el colega don Oscar Moncada, a ese clamor justo que estamos escuchando en las voces de varios honorables Diputados del Frente Sandinista. Creemos que los intereses de Nicaragua están sobre todas las cosas. Lo que se ha estado discutiendo, lo que se empezó a discutir hoy y lo que se discutió ayer y aprobó, es de interés, todo es interés, todo lo que emana de este Poder del Estado. Pero la Ley del Presupuesto General de la República, tanto en lo general como en lo particular, a como se ha dicho, es de inminente prioridad para nuestro pueblo.
Toda la República está pendiente, todos los ciudadanos nicaragüenses están pendientes de que hoy que es el último día en que sesionará esta Asamblea, deberá quedar aprobado el Presupuesto General de la República. Creemos que los mismos organismos internacionales están interesados en que se apruebe este Presupuesto, al igual que todos los nicaragüenses.
Y aquí se están oyendo las voces de los Diputados en un mismo sentido, estamos pensando en función de Nicaragua. Hace un instante el honorable Diputado William Ramírez fue bien claro al pedir la respuesta, y en vez de respuesta lo que obtuvo fueron varias evasivas, lo que me hace pensar que lo que quieren es dejar pasar el tiempo y decir, nos vemos en otra ocasión, se suspende la Sesión y ¡zaz!, se acabó.
¿Y el pueblo de Nicaragua qué? Este Poder del Estado no está ni debe estar supeditado a los deseos y voluntad de alguien en particular; debe estar supeditado a los sagrados intereses de la República y por consiguiente exigimos, y en mi calidad de representante por el Departamento de León, traigo un mandato de pedir y exigir que el día de hoy se discuta y se apruebe ese Presupuesto. En este instante no hay nada más prioritario que el Presupuesto, de lo contrario el pueblo de Nicaragua seguirá diciendo que este Poder del Estado no sirve más que para politiquear.
Si la anterior Junta Directiva fue sustituida por supuesta incapacidad y vagancia, y siendo el Plenario soberano como todos lo sabemos, yo creo que podríamos hasta cambiar a esta Junta. Fíjense que lo que estoy diciendo es algo que quizás no les va a parecer a muchos; pero si hay un Plenario, si hay bancadas que están de acuerdo, si somos soberanos y ustedes no pueden, o tendrán que terminar el compromiso, o no sé si no le parece a alguien o a algunos, pero a cinco millones de nicaragüense que están esperando esto, no los podemos defraudar, don Jaime.
Por consiguiente, pedimos, exigimos en nombre de nuestro querido pueblo, que salgamos de este Presupuesto aunque nos lleve todo el día y toda la noche, aquí estaremos.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Edwin Castro Rivera.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Gracias, señor Presidente;
Gracias, honorables miembros de la Directiva.
Realmente aquí ha habido un pedido del Plenario. Al menos tres directivos de esta Junta Directiva: el Ingeniero René Núñez, Segundo Vice-Presidente; la Licenciada Mirna Rosales, Tercera Vice-Presidente, y quien les habla, Segundo Secretario, me han pedido en nombre de los tres, que le comuniquemos al Plenario que nuestra decisión soberana, nuestra posición de miembros de Directiva, nuestra posición de mayoría de esta Directiva, es pedirle, demandarle al Presidente de esta Asamblea, que inmediatamente que se vote esto, discutamos el Presupuesto General de la República.
Que se apruebe el día de hoy en lo general y en lo particular, para que Nicaragua tenga el día de hoy un Presupuesto General de la República. Esa es la decisión de la mayoría de esta Junta Directiva, que espero sea acatada porque estamos en un Estado de Derecho.
Muchas gracias, compañero.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Maximino Rodríguez.
DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:
Muchas gracias.
Efectivamente, señores Diputados de la Bancada Azul y Blanco, que son los representantes de don Enrique aquí en la Asamblea Nacional, ustedes argumentaron en algún momento, que la Junta Directiva legítimamente elegida aquí para un período de un año que está por terminar, era necesaria su destitución por ineptos o porque violaban las leyes de la República. En consecuencia, podemos decir que ese acto realizado por ustedes el 19 de Septiembre fue ilícito. En este Plenario, que no solo habemos 47 sino la mayoría de los Diputados exigimos a ustedes se suspenda este punto en discusión y que se proceda de inmediato a la discusión del Presupuesto General de la República, porque es de nuestro conocimiento que es una de las leyes más importantes que año con año aprueba esta Asamblea Nacional. Aquí a nuestras espaldas tenemos a los Jueces y a muchos funcionarios que desean que esta Asamblea Nacional apruebe el Presupuesto. Y porque no es posible que después de que ustedes venían argumentando muchos actos reñidos con la ley, ahora sólo porque su jefe les ha dicho que no deben someter a aprobación el Presupuesto General de la República, estén ahí sin contestar las preguntas de los colegas parlamentarios.
O sometemos a discusión el presupuesto General de la República o ahorita mismo los sustituimos a ustedes, y nombramos a una Junta Directiva legítima, porque la de ustedes de acuerdo a derecho no ha nacido, simplemente usurpan funciones que no les ha conferido la ley. Por tanto, señores, exigimos que se suspenda el punto que está en discusión y se someta a discusión el Presupuesto General de la República 2003.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Augusto Valle Castellón.
DIPUTADO AUGUSTO VALLE CASTELLON:
Gracias, señor Presidente.
Con todo el respeto que se merecen los hermanos Diputados que conforman la Comisión Económica de esta Asamblea, yo considero que con menos de que se entregó firmado este dictamen de Presupuesto que vamos a discutir el día de hoy, es insólito analizarlo con toda la seriedad del caso. Yo no he venido el día de hoy. A pedir la palabra para entrar en polémicas y contradicciones con nuestros hermanos Diputados.
Si vamos a discutir el Presupuesto, pues lo vamos a hacer, pero precisamente por los errores del pasado, y no me refiero a los errores de los ochenta, me refiero a los errores de 95 años que hemos vivido y que tenemos esa obligación de pagar esa deuda pública que nos agobia a todos. Esa deuda pública, los intereses de la deuda pública que ascienden al 48 por ciento de este Presupuesto que, aunque nos cueste, debemos pagarlo para presentar una mejor imagen de nuestro pueblo y de Nicaragua ante las naciones del mundo. Debemos precisamente formar ese marco jurídico para crear confianza y para que vengan los inversionistas aquí, esos inversionistas nacionales y extranjeros que son los que mueven cualquier economía del mundo.
Sin embargo, si nosotros no cumplimos con nuestros compromisos no podríamos exigir a ningún gobierno que abra empleos que dé salud, que dé educación, cuando el gobierno del país produce 700 u 800 millones de dólares y gasta más de 2 mil 300 ó 2 mil 400 millones de dólares, con un déficit presupuestario y ese déficit presupuestario, de dónde viene? Lógicamente que viene de las ayudas de los países amigos, viene de los préstamos y del dinero fresco de afuera. Y ese dinero de afuera, queramos o no queramos, tiene sus compromisos y también sus requisitos.
Correligionarios liberales, hermanos de la Bancada Sandinista, hermanos de la Bancada Azul y Blanco y de Camino Cristiano, pongámonos la mano en la conciencia y no hablemos de populismo, porque precisamente por el populismo es que estamos como estamos.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Ramón González.
DIPUTADO RAMON GONZALEZ:
Gracias.
Voy a ser muy breve en mi intervención, pero quiero expresarle a la Junta Directiva lo que los chontaleños hemos querido decirles desde hace rato. Desde el 19 de Septiembre que asaltaron esta Asamblea y le dieron un golpe de Estado a la verdadera Junta Directiva legal, han venido burlándose del pueblo de Nicaragua y de esta Asamblea, no sólo violando la Constitución, sino el Reglamento y los Estatutos de esta digna Asamblea. Hoy una vez más, igual que lo hicieron hace días cuando invitaron al Bachiller Solórzano, que el Plenario pedía que se interpelara, que no fuera invitado nada más, se burlaron de la Asamblea en pleno.
Ahora de nuevo están burlándose del pueblo de Nicaragua y de la Asamblea Nacional de la República, queriendo eludir la aprobación del Presupuesto General de la República, del que todos los nicaragüenses están pendientes en este momento, porque nuestro pueblo se está muriendo de hambre, hay necesidad, hay hambre, hay dolor en Nicaragua, y la ley más importante quieren eludirla. Yo les pido que aprobemos hoy en lo particular y en lo general esta ley, lo exigimos todos los Diputados de la Asamblea Nacional, por Nicaragua.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra la Diputada María Auxiliadora Alemán.
DIPUTADA MARIA AUXILIADORA ALEMAN:
Buenos días, colegas Diputados.
Creo que hoy están quedando demostrados una vez más ,los intereses de Enrique Bolaños en esta Asamblea, que está manejando al Presidente ilegal de esta Junta Directiva, al no querer aprobar el Presupuesto el día de hoy, cuando existen miles de necesidades entre el pueblo de Nicaragua. Yo escuchaba decir aquí a algunos Diputados de la Bancada Azul y Blanco, cuando se formaron como bancadita, que ellos iban a trabajar por Nicaragua. Pero la verdad es, pueblo de Nicaragua, que estos señores, única y exclusivamente están al servicio de un Poder Ejecutivo, queriendo responder a los intereses de un Presidente incapaz, que no ha servido para gobernar este país.
Por eso tenemos el día de hoy que imponernos una vez más en este Poder del Estado, tenemos que estar aquí hasta la hora que sea, para que sea aprobada esta ley que traerá beneficios a Nicaragua; no podemos dejar a sectores que están necesitando que se apruebe este Presupuesto para poder salir adelante. Por lo tanto, si esta Junta Directiva, a como fue calificada la Junta Directiva anterior, creyendo que eran soberanos y fuimos destituidos supuestamente por esas falsas acusaciones, el día de hoy estamos en total mayoría en este Plenario para hacer valer nuestros derechos como Diputados.
Si no se aprueba esto, que esa Junta Directiva sea destituida legalmente para que sea aprobada esta Ley de la República.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.
DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:
Gracias, señor Presidente.
Yo deseo dejar muy claro que no soy Diputado oficialista, ni que recibo consignas ni órdenes de nadie. Si aquí fuimos citados para discutir y aprobar el Presupuesto General de la República, que es la ley más importante, así debe de hacerse, sin excusa alguna. También quiero decir que yo vine con esa intencionalidad, con ese deseo y con el propósito de hacerlo, y así lo vamos a hacer. Las presunciones que yo oigo de que no se iba a hacer, no sé qué asidero tengan, porque yo no he recibido ninguna seña, ni tampoco aceptaría seña alguna. Yo creo que si aquí estamos citados, aquí nos levantamos hasta que esté aprobado totalmente el Presupuesto en todas sus partes.
Por último, yo quiero agregar lo siguiente. Si la deuda interna es uno de los pesos más graves que gravitan sobre los hombros de este empobrecido pueblo, y los intereses que generan los CENIS y otros documentos de deuda interna o externa; yo creo que debe prevalecer sobre todo, el sentido común, la realidad de nuestra agobiante pobreza de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Creo que no es dejar de pagar, sino que lo que cabe es negociar o renegociar esos vencimientos y adecuarlos a las realidades nacionales.
No es posible que se hayan pagado tasas de interés totalmente estratosféricas sobre esos documentos, cuando prevalecían tasas más bajas en el exterior, y que por eso estemos sufriendo esta terrible angustia, por satisfacer las necesidades y las urgencias más sentidas del pueblo nicaragüense. Por otro lado, yo creo que la Asamblea Nacional tiene derecho de saber quienes son los acreedores de la República de Nicaragua, y si los tenedores de CENIS son acreedores de la República de Nicaragua, no están bajo la cobija de una Ley de Sigilo Bancario, ni mucho menos.
En todos los países del mundo, los tenedores de títulos o bonos del tesoro de una nación, son conocidos. Yo creo que esa cuestión debe dilucidarse en un futuro muy cercano, para saber a quién le debe la República de Nicaragua y quiénes se han beneficiado con esas estratosféricas tasas de interés irrealistas y fuera del mercado. Así que, señores Diputados, yo les pido que dejemos de elucubraciones, discusiones bizantinas y comencemos a discutir el Presupuesto General de la República, hasta terminarlo en su totalidad.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Doctor Orlando Tardencilla.
DIPUTADO ORLANDO TARDENCILLA:
Buenos días.
Voy a ser puntual. Entre la consigna y la responsabilidad, todos los Diputados debemos asumir una actitud responsable, así nos lo manda la Constitución. Señores miembros de la Junta Directiva, votemos ya esta iniciativa de Decreto que está ahí, y procedamos a responder a nuestras obligaciones hoy. Nicaragua no merece quedarse sin un instrumento fundamental de administración política, económica y social como es el Presupuesto todo. Si ayer nos fuimos tarde, usemos el tiempo necesario para cumplir nuestras obligaciones. Recordemos que la Constitución nos obliga a actuar en función de los intereses del pueblo; así lo establece el artículo 131.
Por lo tanto y de manera puntual, me pronuncio y también exijo hoy la pronta discusión en lo general y en lo particular de todo el Presupuesto, para que Nicaragua tenga a partir del primero de Enero, un instrumento de respaldo a sus aspiraciones sociales.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra María Lydia Mejía Meneses.
DIPUTADA MARIA LYDIA MEJIA MENESES:
Gracias, señor Presidente.
Yo secundo al Diputado Tardencilla, para que dejemos ya de discurso, que aprovechemos el tiempo y comencemos ya a discutir en lo general y en lo específico el Presupuesto de la República, que es nuestra tarea como legisladores, para iniciar un año legislativo en orden en este país, de una vez por todas.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Secretario, Diputado Miguel López Baldizón.
DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Gracias, señor Presidente.
Me alegra tremendamente que algunos Diputados se hayan acordado de que existe un pueblo y de la responsabilidad asumida el día que juraron en esta Asamblea, sobre la Constitución Política y la Bandera Nacional; que se hayan acordado de la responsabilidad de venir a aprobar leyes y decretos que han estado esperando, y que hayan tomado conciencia de defender los intereses de la Nación y del pueblo nicaragüense. Porque precisamente el artículo 2 de la Constitución Política dice que los representantes libremente y democráticamente electos, representan los intereses del pueblo.
Y precisamente ayer, después de nueve horas de trabajo en esta Asamblea Nacional -con la ausencia de muchos de los que hoy están diciendo que defienden los derechos y los intereses de la Nación y del pueblo-, aprobamos una cantidad de leyes y decretos, y todavía están pendientes de aprobar otra cantidad de decretos, de convenios ya previamente establecidos entre organismos internacionales y el Gobierno de la República de Nicaragua, para atender las urgentes necesidades de la población, hasta por un monto de 326 millones de dólares.
Secundo las palabras de mi hermano de bancada, el Diputado Jaime Morales, al decir de dónde salió la información de que no se iba a discutir el Presupuesto General de la República; cuando sabemos que en el Orden del Día no solamente está el Presupuesto General de la República, que además estoy de acuerdo en que es la ley más importante que año con año aprueba la Asamblea Nacional.
Quiero invitar a todos, Diputados y Diputadas, a que no solamente discutamos y aprobemos el Presupuesto General de la República, sino que extendamos más allá el esfuerzo y aprobemos, además, una cantidad de decretos y leyes que están pendientes, en vista de que durante más de mes y medio un grupo de Diputados se ha negado a hacer quórum para defender los intereses del pueblo nicaragüense.
Así que secundo las mociones que aquí se han presentado, y esperamos que el esfuerzo tenga éxito.
Gracias, Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Sometamos a votación el Decreto, y después vamos a entrarle a lo del Presupuesto.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
55 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el Decreto.
Vamos a terminar rápidamente con estos dos Decretos que faltan. Les prometo entrar al Presupuesto después, esto también es urgente.
Okey, vamos a darles gusto. Al Presupuesto.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
DICTAMEN
Managua, 11 de Diciembre del 2002
Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente Asamblea Nacional
Su Despacho
Señor Presidente:
La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, se reunió el 10 de Diciembre del corriente año con el propósito de culminar el Dictamen del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República, correspondiente al año 2003.
Una vez recibido el Presupuesto de Ley antes mencionado, la Comisión inició el proceso de consultas con algunas de las Instituciones. En ese sentido, la Comisión realizó audiencias con la Contraloría General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Ministerio Público, Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), Consejo Nacional de Universidades, Policía Nacional, Superintendencia de Pensiones, Instituto Nacional Tecnológico. Ejército Nacional, Parlamento Centroamericano, Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte y Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte, quienes expusieron en detalle sus políticas, planes y programas a desarrollar durante el corriente año y sus consideraciones sobre el Proyecto de Presupuesto enviado por la Presidencia de la República, presentando además sus necesidades y solicitudes específicas.
Por otra parte, comparecieron ante la Comisión, los Ministros de Salud, Educación Cultura y Deportes y Transporte e Infraestructura; los Directores del Instituto Nicaraguense de Fomento Municipal, Fondo de Inversión Social de Emergencia, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, quienes ampliaron y explicaron detalles de las partidas presupuestarias de este Proyecto de Ley y las subejecuciones presupuestarias del 2002 que a juicio de los miembros de la Comisión no estaban lo suficientemente sustentadas.
La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto desea hacer las siguiente consideraciones:
1. El Proyecto de Presupuesto de Ingresos se estima en C$9,380.3 millones de córdobas, lo que representa un incremento del 12.1% en relación al Presupuesto Originario vigente e incorpora los efectos de la Reforma de Ampliación de Base Tributaria aprobada en este año. su participación en el PIB es del 23.3%
2. El Presupuesto Total de Gastos asciende a C$13,575.0 millones de córdobas, cifra que representa un incremento del 11% en relación al Presupuesto vigente. Su participación en el PIB es de 33.8%.
3. Las modificaciones aprobadas por la Comisión al Proyecto enviado por el Presidente de la República, mantiene el techo presupuestario, por tanto, se sostiene la estabilidad financiera del programa macroeconómico del Gobierno, lo que facilitará al Ejecutivo las negociaciones con los Organismos Financieros Internacionales.
4. Conscientes que el Ministerio de Gobernación, y especialmente la Policía Nacional requiere de un mayor presupuesto para hacer frente a las necesidades de seguridad ciudadana, la Comisión aprobó un aumento salarial al personal de la Policía de C$28.2 millones de córdobas, aunque reconocemos que el monto aprobado todavía es insuficiente. La Comisión aprobó eximir el pago de Impuesto Específico al Consumo en concepto de combustible a la Policía Nacional, a fin de elevar su capacidad operativa.
5. El Dictamen incorpora al Presupuesto asignado al Ministerio de Defensa un reajuste salarial para los Soldados del Ejército Nacional. También el Presupuesto incluye una partida presupuestaria para los trabajadores de la Salud por la cantidad de C$120.0 millones, destinada a la nivelación salarial de acuerdo a la complejidad del cargo. Además se mantiene el bono mensual que está recibiendo el magisterio por la cantidad de C$20.0 millones. Finalmente a las universidades se les incrementa un monto de C$51.0 millones, destinados a mantener el adecuado funcionamiento de las instituciones educativas a nivel Superior.
6. La Comisión, consciente de fortalecer la autonomía política y administrativa de los municipios, de apoyar la unidad base de la democracia de la Nación y de cumplir con lo mandatado por el Título IX de nuestra Constitución Política de Nicaragua, consideró necesario transferir determinados proyectos del FISE y de INIFOM con sus correspondientes montos, hasta por la cantidad de C$150.4 millones a las Alcaldías Municipales para su debida ejecución.
7. La Comisión decidió aprobar la asignación de C$36.8 millones para financiar proyectos de apoyo a la comunidad y becas para estudiantes de escasos recursos.
8. Es importante destacar que la Comisión consideró necesario incrementar el presupuesto de gasto de algunas Instituciones, tales como la Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio Público, Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte y Sur, y al Gobierno Regional Autónomo Norte y Sur, con el propósito de mejorar el funcionamiento y eficiencia de dichas instituciones, tendiente a continuar con el proceso de desarrollo institucional de las mismas.
9. Para un mejor ordenamiento e institucionalidad del Estado, la Comisión, es del criterio que debe transferirse el Proyecto de Modernización y Acreditación de la Educación Terciaria al Consejo Nacional de Universidades y el Programa Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones a la Contraloría General de la República.
10. La Comisión ha incluido en el texto de la Ley las regulaciones básicas que se desprenden de la Constitución y de la Ley de Régimen Presupuestario.
En virtud de las consideraciones generales expuestas en este dictamen y de la forma en que recibimos las distintas mociones presentadas, los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, con fundamento en los artículos 49 al 51 y 81 al 83 del Estatuto General y artículo 65 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, y habiéndole encontrado conforme lo prescrito en la Constitución Política de la República y la Ley de Régimen Presupuestario, dictamina favorablemente el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República 2003, con las modificaciones que se detallan en el Arto. 3 del Proyecto de Ley.
COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS, FINANZAS Y PRESUPUESTO
BAYARDO ARCE CASTAÑO
WALMARO GUTIERREZ
OSCAR MONCADA
PEDRO JOAQUIN RIOS
WILFREDO NAVARRO
WILLIAM RAMIREZ
GUILLERMO OSORNO
GUSTAVO PORRAS
VOTO RAZONADO
Voto razonado de los Diputados Noel Ramírez Sánchez, Carlos Noguera Pastora y José David Castillo Sánchez.
Expresamos en este Dictamen nuestro voto razonado para el artículo 3 del Proyecto de Ley, teniendo en consideración que el Presupuesto General de la República es la principal herramienta de Política Económica de un país y que debe reflejar las prioridades nacionales, que en el caso de Nicaragua son el combate a la pobreza y el clima adecuado para la inversión privada que genere empleo productivo.
El crecimiento económico con estabilidad monetaria requiere de un Flujo de Recursos Externos que solamente llegará si el país mantiene una sana política económica, por lo tanto, nosotros proponemos una nueva distribución de los recursos que atiende las demandas que hemos considerado prioritarias dadas las limitaciones de recursos existentes y reflejada la redacción que a nuestro juicio deberá tener el Arto. 3 del Proyecto de Ley como anexo a este Dictamen.
JOSE DAVID CASTILLO
NOEL RAMIREZ
CARLOS NOGUERA
REDACCION DEL ARTO. 3 DEL VOTO RAZONADO
Arto.3
Apruébese el Presupuesto General de Egresos para el ejercicio presupuestario 2003 en la suma de C$13,575,051,043.00 (TRECE MIL QUINIENTOS SETENTICINCO MILLONES CINCUENTIUN MIL CUARENTITRES CORDOBAS NETOS), distribuidos en C$9,397,207,612.00 (NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes y C$4,177,843,431.00 (CUATRO MIL CIENTO SETENTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTIUN CORDOBAS NETOS) para gastos de capital. La distribución del Presupuesto General de Egresos será por organismo, programa, proyecto y grupo de gastos en la forma y monto cuyo detalle es parte de esta Ley. Se incluye en esta distribución las modificaciones de incrementos y reducciones que a continuación se detalla:
I. Increméntese o asígnese, en su caso, las partidas presupuestarias de las instituciones siguientes:
1. A la Asamblea Nacional, la cantidad de C$29,962,060.00 (VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTIDOS MIL SESENTA CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes de conformidad a detalle por renglones presentado por dicha Institución.
2. A la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de C$35,000,000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES NETOS) en gastos corrientes para cubrir demanda salarial, distribuidos en C$21,000,000.00 (VEINTIUN MILLONES NETOS) para los jueces locales y de Distrito y C$ 14,000,000,00. (CATORCE MILLONES NETOS) para los magistrados de los tribunales de apelación.
3. A la Contraloría General de la República, la cantidad de C$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
4. Al Ministerio de Gobernación, la cantidad de C$30,798,485.00 (TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes, destinados cubrir C$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para el Instituto Superior de Policía para capacitar al personal de nuevos ingresos y al personal activo y C$25,798,485.00 (VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CORDOBAS NETOS) para el rubro de servicios personales de la Policía Nacional.
5. Al Ministerio de Defensa, la cantidad de C$35,000,000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES DE CORDOBAS NETOS) destinados al Ejército de Nicaragua destinados al rubro de servicios personales.
6. A la Asociación de Alcaldes Patrióticos (ASALPAT), la cantidad de C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
7. A la Asociación Nicaragüense de Alcaldes Democráticos (ANAD), la cantidad de C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
8. A la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), la cantidad de C$5000,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS), para gastos corrientes.
9. A Proyectos de Apoyo a las Comunidades, la cantidad de C$36,800,000.00 (TREINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gasto de capital, los que serán autorizados equitativamente por cada Diputado. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá desembolsar esta partida a más tardar el treinta de Junio. Cada Diputado a través de la Secretaría Ejecutiva de la Asamblea Nacional autorizará los desembolsos y destinos de este monto, el cual deberá tramitarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
10. Al Ministerio Público, la cantidad de C$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE CORDOBAS NETOS), para gasto corriente en el rubro de servicios personales.
11. Al Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA), la cantidad de C$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes. El INATEC, deberá transferir una subvención de C$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE CORDOBAS NETOS).
12. Al Ministerio de Salud, la cantidad de C$3,000,000 (TRES MILLONES DE CORDOBAS NETOS) al rubro de servicios personales para cubrir parcialmente el ajuste salarial de los trabajadores del MINSA.
13. Al Ministerio de Educación, la cantidad de C$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes para mantener el incremento de C$52,00 al bono salarial mensual que se le otorga a 31,876 educadores, maestros de aula, subdirectores, directores, inspectores y bibliotecarios, tanto de primaria como de secundaria.
II. Redúcese las Partidas Presupuestarias de los Ministerios e Instituciones señalados a continuación por los montos que se indican y cuyo detalle se presenta en los Anexos A y B.
1. A la Presidencia de la República, la suma de C$29,197,162.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTISIETE MIL CIENTO SESENTIDOS CORDOBAS NETOS), de los cuales C$27,8897,162.00 (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTISIETE MIL CIENTO SESENTIDOS CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$1,300,000.00 UN MILLON TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) a gasto de capital. Del gasto corriente se reduce la suma de C$13,253,162.00 TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTITRES MIL CIENTO SESENTIDOS CORDOBAS NETOS) del Programa de Secretarías Departamentales y Regionales de Gobierno. Del resto de los Programas siguientes: actividades Centrales, Dirección Superior del Estado, Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Coordinación y Estrategia, Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, Vice Presidencia de la República y Secretaria de la Juventud, se reduce la suma de C$14,644,000.00 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTICUATRO MIL CORDOBAS NETOS) en los renglones que se detallan en el Anexo A.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
2. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, la cantidad de C$25,300,000.00 (VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cantidad de C$2,450.000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) de los cuales C$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) a gasto de capital.
4. Al Ministerio de Fomento Industrial y Comercio, la cantidad de C$4,700,000.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) de los cuales C$3,200,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS)
5. Al Instituto de Desarrollo Rural, la cantidad de C$4,400,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
6. Al Consejo Nacional de Planificación Económica Social, la cantidad C$2,048,893.00 (DOS MILLONES CUARENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTITRES CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
7. Modernización y Acreditación de la Educación Terciaria, la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
8. Al Programa Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones, la cantidad de C$1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
9. Al comité organizador de los VIII Juegos Deportivos Centroamericanos, la cantidad de C$1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS) que corresponden a gastos corrientes.
10. Ordenamiento de la Propiedad, la cantidad de C$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
11. Al Programa de Apoyo a la Implementación de la Estrategia de Reducción de Pobreza, la cantidad de C$2,200,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
12. Al Ministerio Agropecuario y Forestal, la cantidad de C$9,428,735.00 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTICINCO CORDOBAS NETOS), de los cuales C$3,402,252.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTIDOS CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$6,026,483.00 SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTITRES CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
13. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura, la cantidad de C$15,309,980.00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS), de los cuales C$6,350,000.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$8,959,980.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
14. Al Ministerio del Trabajo, la cantidad de C$3,585,780.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS) de los cuales C$2,350,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$1,235,780.00 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
15. Ministerio de Educación Cultura y Deportes la cantidad de C$3,109,820.00 (TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
16. Al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
17. Al Ministerio de la Familia, la cantidad de C$8,943,040.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTITRES MIL CUARENTA CORDOBAS NETOS), de los cuales C$3,324,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$5,619,040.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
18. A la Procuraduría General de la República, la cantidad de C$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
19. A la Dirección General de Ingresos, la cantidad de C$9,180,000.00 (NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CORDOBAS NETOS), de los cuales C$7,680,000.00 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
20. A la Dirección General de Servicios Aduaneros, la cantidad de C$2,648,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTIOCHO MIL CORDOBAS NETOS), de los cuales la suma de C$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponde a gastos corrientes y la suma de C$2,378,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTIOCHO MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
21. Al Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte, la cantidad de C$135,217.00 (CIENTO TREINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes.
22. Al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la cantidad de C$1,800,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
23. A la Unidad de Coordinación del Programa de Reforma y Modernización del Sector Público (UCRESEP), la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
24. A la Asignación para Indemnización a Trabajadores, la cantidad de C$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
25. Al Sistema Nacional para Prevención Mitigación y Atención de Desastres, la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
26. A la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, la cantidad de C$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos de capital.
27. A los Intereses de la Deuda Interna, la cantidad de C$40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE CORDOBAS NETOS) que corresponde a gastos corrientes, el Ministerio de Hacienda determinará los ajustes correspondientes, a excepción de los intereses provenientes de compromisos de CENIS y BPI.
Se reduce el veinte por ciento a los salarios del Gabinete de Gobierno, que corresponde al monto de C$18,123,918.00 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes, de conformidad al detalle del Anexo B.
Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional no podrán devengar un salario mayor que el de un Ministro de categoría "A". En el caso de las instituciones que obtuvieran un ahorro a consecuencia de esta disposición, quedan autorizadas para ejecutarlos en aquellas actividades sustantivas que solicitaron y no fueron aprobadas en la Ley Anual de Presupuesto 2003.
III. Reasígnese las partidas presupuestarias de las instituciones siguientes:
1. Al Ministerio de Educación Cultura y Deportes se le afecta la cantidad de C$2,277,750.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes para reasignarse de la forma siguiente: a) La suma de C$1,700,250.00 (UN MILLON SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CORDOBAS NETOS) se afecta en el Programa Partidas no Asignadas del Instituto Nicaragüense de Cultura de gastos corrientes en el renglón 131 Sueldos Cargos Transitorios, para ser reasignado en gastos corrientes a los Gastos Operativos de la Biblioteca Nacional Rubén Darío y b) La suma de C$577,500.00 (QUINIENTOS SETENTISIETE MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS) se afecta renglón 521 Instituciones Educativas para ser reasignados en gastos corrientes a la Escuela Danesa Nicaragüense Luis Alfonso Velásquez para la subvención de la Escuela.
2. De la partida 422 Bienes de Dominio Privado de Gasto de Capital del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, aféctese la suma de C$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) para ser transferido al Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, en la construcción de oficinas administrativas y docentes.
3. Reasígnese en el Ministerio de Salud, la cantidad de C$32,000,000.00 (TREINTA Y DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS), a la partida de servicios personales para cubrir parcialmente el ajuste salarial de los trabajadores. Las reasignaciones provienen de los rubros siguientes: De la partida 162 Despidos, C$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE CORDOBAS NETOS), de la partida 211, C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS), de la partida 215 Agua y Alcantarillado, 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE CORDOBAS), de la partida 216, Energía Eléctrica, C$20,000,000.00 del rubro 311, Alimentos para personas, C$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS), del rubro 332 Acabados Textiles, C$1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS).
4. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), aféctese la suma de C$26,000,000.00 (VEINTISEIS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en gasto de capital de los proyectos que a continuación se detallan: a) II Programa de rehabilitación y mantenimiento de carreteras (N/CR-3085) se afecta con un monto de C$2,000,000.00 (DPS MILLONES DE CORDOBAS NETOS), en Rentas del Tesoro; b) III Programa de rehabilitación y mantenimiento de carreteras (N/CR-3764 NI) se afecta con un monto de C$11,689,500.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTINUEVE MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS) con rentas del tesoro; c) Mejoramientos caminos rurales /adoquinado con C$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) alivio HIPC/BID; d) Drenaje de carreteras con C$1,250,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) con rentas del tesoro; e) Rehabilitación de caminos secundarios con C$2,810,500.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS) con alivio HIPC/BID; f) Revestimientos de Carreteras C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) con rentas del tesoro; G) Rehabilitación de Carreteras Chinandega Guasaule C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en rentas del tesoro y h) Conservación de Sistema Administración de Pavimentos C$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en rentas del tesoro.
El monto afectado se reasigna a los siguientes proyectos: a) Reparación y ampliación de carreteras Palacaguina, Telpaneca y San Juan de Río Coco, con una suma de C$6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE CORDOBAS NETOS); b) Reparación de la carretera Moyogalpa Altagracia con C$1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS); Adoquinado camino rural San José/Masatepe con C$9,000,000.00 (NUEVE MILLONES DE CORDOBAS NETOS); d) Rehabilitación de camino del Triángulo Minero con C$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE CORDOBAS NETOS).
5. Aféctese la suma de C$5,946,429.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CORDOBAS NETOS) en transferencia de capital a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados para reasignarse a los siguientes proyectos: a) Proyectos de agua potable para las Comarcas Las Lagunas 1 y 2 de Granada con C$946,429.00 (NOVECIENTOS CUARENTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CORDOBAS NETOS), que será ejecutado por la Alcaldía de Granada; y b) Proyecto de sistema de tratamiento y alcantarillado sanitario del Municipio de Sébaco Matagalpa con C$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE CORDOBAS NETOS).
6. A la Comisión Nacional de Energía se le afecta la suma de C$3,350,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en transferencia de capital en los proyectos siguientes: a) Desarrollo de electrificación rural fuera de red con C$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en Rentas del Tesoro; b) Electrificación Rural (CNE) con C$3,000.000.00 (TRES MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en Alivio HIPC/BID y c) Electrificación Rural para desarrollo lechero Boaco Chontales con C$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en Rentas del Tesoro, los que se reasignarán a los siguientes proyectos: a) Electrificación Comunidades del Jícaro, San Miguelito C$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS); b) Electrificación de las Comunidades de Melchorritas, San Carlos C$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS); y c) Electrificación de la Comunidad de La Cruz Verde, San Carlos C$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS).
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
7. A la Superintendencia de Pensiones, su asignación presupuestaria de C$22,000,000.00 (VEINTIDOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) se reasigna de la forma siguiente: a) La suma de C$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE CORDOBAS NETOS) se reasigna a la Partida 261 Publicidad y Propaganda y b) La suma de C$19,000,000.00 (DIECINUEVE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para su gasto operativo.
8. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes aféctese la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) del Renglón 162 Despidos de gasto corriente para reasignarse a la Partida 151 Beneficios Sociales al Trabajador del mismo gasto corriente.
9. Al Ministerio de Salud aféctese la cantidad de C$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE CORDOBAS NETOS) del Renglón 162 Despidos, Rentas del Tesoro para reasignarse a la Partida Viático al Interior de gasto corriente para mejorar la tabla de viático a los trabajadores de terreno y de lucha contra el Dengue.
V-Transfiérase las Partidas presupuestarias de las instituciones siguientes:
1. Del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), transfiérase la cantidad de C$63,797,900.00 (SESENTITRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTISIETE MIL NOVECIENTOS CORDOBAS NETOS) a las Alcaldías Municipales, de los proyectos que a continuación se detallan: a) Descentralización y microplanificación participativa FISE la suma de C$27,280,010.00 (VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DIEZ CORDOBAS NETOS); b) Otros Servicios Municipales INIFOM-FISE la suma de C$21,319,330.00 (VEINTIUN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA CORDOBAS NETOS) y c) Programa de Desarrollo Local de la Costa Atlántica, la suma de C$15,198,560.00 (QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CORDOBAS NETOS).
Estos Proyectos serán ejecutados por las Alcaldías Municipales.
2. Del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), transfiérese la cantidad de C$86,811,156.00 (OCHENTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTISEIS CORDOBAS NETOS) a las Alcaldías Municipales, de los proyectos que a continuación se detallan: a) Apoyo a las poblaciones urbanas de Estelí, Matagalpa, Jinotega, Ocotal y Somoto la cantidad de C$4,946,772.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTIDOS CORDOBAS NETOS); b) Fortalecimiento Municipal y desarrollo local en Río San Juan, la suma de C$5,670,178.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTIOCHO CORDOBAS NETOS); c) Al Programa de Apoyo al Fortalecimiento Municipal (PFM), la suma de C$5,785,296.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTISEIS CORDOBAS NETOS); d) Al Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, la suma C$21,732,996.00 (VEINTIUN MILLON SETECIENTOS TREINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTISEIS CORDOBAS NETOS); e) Proyecto Promoción del Empleo y Generación de Ingresos en el Ambito Local (PRO-EMPLEO), la suma C$4,119,984.00 (CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTICUATRO CORDOBAS NETOS); y f) Al Segundo Proyecto de Municipios Rurales, la suma C$44,555,930.00 (CUARENTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA CORDOBAS NETOS).
Estos Proyectos serán ejecutados por las Alcaldías Municipales.
La distribución en detalle de los Proyectos del Numeral V, será definida por la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Fomento de Municipal (INIFOM), El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) y la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC).
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
DICTAMEN DE MINORIA
Managua, 11 de Diciembre 2002.
Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente
Asamblea Nacional
Su despacho.
Estimado Ingeniero:
Expreso en este dictamen de minoría mis consideraciones al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la República 2003, teniendo en consideración esta ley es la principal herramienta de Política Económica de un país y que debe reflejar las prioridades nacionales que en el caso de Nicaragua son el combate a la pobreza y el clima adecuado para la inversión privada que genere empleo productivo.
El crecimiento económico con estabilidad monetario requiere de un Flujo de Recursos Externos que solamente llegará si el país mantiene una sana política económica, por lo tanto, propongo una nueva distribución de los recursos que atiende las demandas que he considerado prioritarias dadas las limitaciones de recursos existentes y que están reflejadas en este dictamen de minoría.
Espero que el Honorable Plenario tome en consideración mi propuesta de dictamen y sea sometida a su debida votación.
JORGE MATAMOROS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
Hace saber al pueblo nicaragüense que
:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
La Siguiente:
LEY ANUAL DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA 2003-
Arto.1
La presente Ley Anual de Presupuesto General de la República 2003 tiene por objeto regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración pública, determinar los límites de gastos de los órganos del Estado y mostrar las distintas fuentes y destinos de todos los ingresos y egresos, los que son concordantes entre sí, e incluye la forma de financiamiento del déficit fiscal.
Los montos de ingresos, egresos, así como las modificaciones de incrementos y reducciones presupuestarias se relacionan en la presente Ley conforme al contenido expresado en el texto enviado a la Asamblea Nacional como Proyectos de Presupuesto General de la República por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los detalles contenidos en dicho Proyecto de Presupuesto son parte integrante de la presente Ley.
Arto.2
Apruébese el Presupuesto General de Ingresos para el ejercicio presupuestario 2003, por un monto de C$9,380,332,957.00 (NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTISIETE CORDOBAS NETOS), que corresponden a ingresos corrientes y que forman parte de la Ley de acuerdo a la distribución por fuente de ingresos.
Arto.3
Apruébese el Presupuesto General de Egresos para el ejercicio presupuestario 2003, en la suma de C$13,575,051,043.00 (TRECE MIL QUINIENTOS SETENTICINCO MILLONES CINCUENTIUN MIL CUARENTITRES CORDOBAS NETOS), distribuidos en C$9,407,207,612.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes y C$4,167,843,431.00 (CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTIUN CORDOBAS NETOS) para gastos de capital. La distribución del Presupuesto General de Egresos será por organismo, programa, proyecto y grupo de gastos en la forma y monto cuyo detalle es parte de esta Ley. Se incluye en esta distribución las modificaciones de incrementos y reducciones que a continuación se detalla:
I.
Increméntese o asígnese, en su caso, las partidas presupuestarias de las Instituciones siguientes:
1. A la Asamblea Nacional, la cantidad de C$29,962,060.00 (VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTIDOS MIL SESENTA CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes de conformidad a detalle por renglones presentado por dicha Institución.
2. A la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de C$25,000,000,00 (VEINTICINCO MILLONES NETOS) en gasto corriente para cubrir demanda salarial, distribuidos en C$15,000,000,00 (VEINTIUN MILLONES NETOS) para los jueces locales y de Distrito y C$10,000,000,00. (CATORCE MILLONES NETOS) para los magistrados de los tribunales de apelación.
3. A la Contraloría General de la República, la cantidad de C$2,500,000,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
4. Al Ministerio de Gobernación, la cantidad de C$22,798,485.00 (VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes, destinados cubrir C$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para el Instituto Superior de Policía para capacitar al personal de nuevos ingresos y al personal activo y C$17,798,485.00 (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CORDOBAS NETOS) para el rubro de servicios personales de la Policía Nacional.
5. Al Ministerio de Defensa, la cantidad de C$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) destinados al Ejército de Nicaragua destinados al rubro de servicios personales.
6. A la Asociación de Alcaldes Patrióticos (ASALPAT), la cantidad de C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
7. A la Asociación Nicaragüense de Alcaldes Democráticos (ANAD), la cantidad de C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
8. A la Asociación de Municipios de Nicaragua AMUNIC), la cantidad de C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
9. A Proyectos de Apoyo a las Comunidades, la cantidad de C$36,800,000.00 (TREINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gasto de capital, los que serán autorizados equitativamente por cada Diputado. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá desembolsar esta partida a más tardar el treinta de Junio. Cada Diputado a través de la Secretaría Ejecutiva de la Asamblea Nacional, autorizará los desembolsos y destinos de este monto, el cual deberá tramitarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
10. Al Ministerio Público, la cantidad de C$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE CORDOBAS NETOS), para gasto corriente en el rubro de servicios personales.
11. Al Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA), la cantidad de C$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes. El INATEC, deberá transferir una subvención de C$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE CORDOBAS NETOS).
12. Al Ministerio de Salud, la cantidad de C$3,000,000 (TRES MILLONES DE CORDOBAS NETOS) al rubro de servicios personales para cubrir parcialmente el ajuste salarial de los trabajadores del MINSA.
13. Al Ministerio de Educación, la cantidad de C$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en gasto corriente para mantener el incremento de C$52,00 al bono salarial mensual que se le otorga a 31,876 educadores, maestros de aula, subdirectores, directores, inspectores y bibliotecarios, tanto de primaria como de secundaria.
I. Redúcese las Partidas Presupuestarias de los Ministerios e Instituciones señalados a continuación por los montos que se indican y cuyo detalle se presenta en los Anexos A y B.
1. A la Presidencia de la República, la suma de C$29,197,162.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTISIETE MIL CIENTO SESENTIDOS CORDOBAS NETOS), de los cuales C$27,897,162.00 (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTISIETE MIL CIENTO SESENTIDOS CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$1,300,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) a gasto de capital. Del gasto corriente se reduce la suma de C$13,253,162.00 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTITRES MIL CIENTO SESENTIDOS CORDOBAS NETOS) del Programa de Secretarías Departamentales y Regionales de Gobierno. Del resto de los Programas siguientes: Actividades Centrales, Dirección Superior del Estado, Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Coordinación y Estrategia, Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, Vice Presidencia de la República y Secretaría de la Juventud, se reduce la suma de C$14,644,000.00 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTICUATRO MIL CORDOBAS NETOS) en los renglones que se detallan en el Anexo A.
2. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, la cantidad de C$10,300,000.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cantidad de C$2,450,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) de los cuales C$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) a gasto de capital.
4. Al Ministerio de Fomento Industria y Comercio, la cantidad de C$ 4,700,000.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) de los cuales C$3,200,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) a gasto de capital.
5. Al Instituto de Desarrollo Rural, la cantidad de C$4,400,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
6. Al Consejo Nacional de Planificación Económica Social, la cantidad C$2,048,893.00 (DOS MILLONES CUARENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTITRES CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
7. Modernización y Acreditación de la Educación Terciaria, la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
8. A Programa Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones, la cantidad de C$1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) que corresponde a gasto de capital.
9. Al Comité Organizador de los VIII Juegos Deportivos Centroamericanos, la cantidad de C$1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS) que corresponde a gastos corrientes.
10. Ordenamiento de la Propiedad, la cantidad de C$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
11. Al Programa de Apoyo a la Implementación de la Estrategia de Reducción de Pobreza la cantidad de C$2,200,000.00) (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital
12. Al Ministerio Agropecuario y Forestal la cantidad de C$9,428,735.00 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTICINCO CORDOBAS NETOS), de los cuales C$3,402,252.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTIDOS CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$6,026,483.00 (SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTITRES CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
13. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura, la cantidad de C$15,309,980.00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS), de los cuales C$6,350,000.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS).
Corresponden a gastos corrientes y C$8,959,980.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos de capital.
14. Al Ministerio del Trabajo, la cantidad de C$3,585,780.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS) de los cuales C$2,350,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$1,235,780.00 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
15. Ministerio de Educación Cultura y Deportes, la cantidad de C$3,109,820.00 (TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
16. Al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
17. Al Ministerio de la Familia, la cantidad de C$8,943,040.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTITRES MIL CUARENTA CORDOBAS NETOS) de los cuales C$3,324,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$5,619,040.00 (CINCO MILLLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
18. A la Procuraduría General de la República, la cantidad de C$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
19. A la Dirección General de Ingresos, la cantidad de C$9,180,000.00 (NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CORDOBAS NETOS), de los cuales C$7,680,000.00 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
20. A la Dirección General de Servicios Aduaneros, la cantidad de C$2,648,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTIOCHO MIL CORDOBAS NETOS), de los cuales la suma de C$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponde a gastos corrientes y la suma de C$2,378,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTIOCHO MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
21. Al Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte, la cantidad de C$135,217.00 (CIENTO TREINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes.
22. Al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la cantidad de C$1,800,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
23. A la Unidad de Coordinación del Programa de Reforma y Modernización del Sector Público (UCRESEP), la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
24. A la Asignación para Indemnización a Trabajadores, la cantidad de C$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
25. Al Sistema Nacional para Prevención Mitigación y Atención de Desastres, la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
26. A la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, la cantidad de C$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
27. A la Comisión Nacional de Energía, la cantidad de: 10,000,000 (DIEZ MILLONES DE CORDOBAS) que corresponden a gasto de capital.
28. A Reintegro Tributario, 5,000,000 (CINCO MILLONES DE CORDOBAS NETOS).
29. Se reduce el veinte por ciento a los salarios del Gabinete de Gobierno, que corresponde al monto de C$18,123,918.00 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes, de conformidad al detalle del Anexo B.
Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional no podrán devengar un salario mayor que el de un Ministro de categoría “A”. En el caso de las Instituciones que obtuvieran un ahorro a consecuencia de esta disposición, quedan autorizadas para ejecutarlos en aquellas actividades sustantivas que solicitaron y no fueron aprobadas en la Ley Anual de Presupuesto 2003.
III. Reasígnese las partidas presupuestarias de las Instituciones siguientes:
1. Al Ministerio de Educación Cultura y Deportes se le afecta la cantidad de C$2,277,750.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes, para reasignarse de la forma siguiente: a) La suma de C$1,700,250.00 (UN MILLON SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CORDOBAS NETOS) se afecta en el Programa Partidas no Asignables a Programas del Instituto Nicaragüense de Cultura de gastos corrientes en el renglón 131 Sueldos Cargos Transitorios, para ser reasignado en gastos corrientes a los Gastos Operativos de la Biblioteca Nacional Rubén Darío y b) La suma de C$577,500.00 (QUINIENTOS SETENTISIETE MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS) se afecta renglón 521 Instituciones Educativas para ser reasignados en gastos corrientes a la Escuela Danesa Nicaragüense Luis Alfonso Velásquez para la subvención de la Escuela.
2. De la partida 422 Bienes de Dominio Privado de gasto de capital del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, aféctese la suma de C$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) para ser transferido al Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II en la construcción de oficinas administrativas y docentes.
3. Reasígnese en el Ministerio de Salud, la cantidad de C$32,000,000.00 (TREINTA Y DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS), a la partida de servicios personales para cubrir parcialmente el ajuste salarial de los trabajadores. Las reasignaciones provienen de los rubros siguientes: De la partida 162 Despidos, C$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE CORDOBAS NETOS), de la partida 211, C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS), de la partida 215 Agua y Alcantarillado, 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE CORDOBAS), de la partida 216, Energía Eléctrica, C$20,000,000.00, del rubro 311, Alimentos para personas, C$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS, del rubro 332 Acabados Textiles, C$1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS).
3. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), aféctese la suma de C$26,000,000.00 (VEINTISEIS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en gasto de capital de los proyectos que a continuación se detallan: a) II Programa de rehabilitación y mantenimiento de carreteras (N/CR-3085) se afecta con un monto de C$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS), en Rentas del Tesoro; b) III Programa de rehabilitación y mantenimiento de carretera (N/CR3764) se afecta con un monto de C$11,689,500.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTINUEVE MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS) con rentas del tesoro; c) Mejoramiento de caminos rurales/adoquinado con C$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) Alivio HIPC/BID; d) Drenaje de carreteras con C$1,250,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) con rentas del tesoro; e) Rehabilitación de caminos secundarios con C$2,810,500.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS) con Alivio HIPC/BID; f) Revestimientos de Carretera C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) con rentas del tesoro; g) Rehabilitación de Carretera Chinandega Guasaule C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en rentas del tesoro; y h) Conservación de Sistema Administración del Pavimentos C$250,000.00 (DOCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en rentas del tesoro.
El Monto afectado se reasigna a los siguientes proyectos: a) Reparación y ampliación de carretera Palacaguina, Telpaneca y San Juan de Río Coco con una suma de C$6,000.000.00 (SEIS MILLONES DE CORDOBAS NETOS); b) Reparación de la carretera Moyogalpa Altagracia con C$1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS); c) Adoquinado camino rural San José/Masatepe con C$9,000,000.00 (NUEVE MILLONES DE CORDOBAS NETOS); d)Rehabilitación de camino del Triángulo Minero con C$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE CORDOBAS NETOS).
4. Aféctese la suma de C$5,946,429.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTISIES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CORDOBNAS NETOS) en transferencia de capital a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados para reasignarse a los siguientes proyectos: a) Proyecto de agua potable para las Comarcas Las Lagunas 1 y 2 de Granada con C$946,429.00 (NOVECIENTOS CUARENTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CORDOBAS NETOS), que será ejecutado por la Alcaldía de Granada; y b) Proyecto de sistema de tratamiento y alcantarillado sanitario del Municipio de Sébaco Matagalpa con C$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE CORDOBAS NETOS).
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
5. A la Comisión Nacional de Energía se le afecta la suma de C$3,350,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en transferencia de capital en los proyectos siguientes: a) Desarrollo de electrificación rural fuera de red con C$150,000.00 (CIENTO CIENCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en Rentas del Tesoro; b) Electrificación Rural (CNE) con C$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en Alivio HIPC/BID; y c) Electrificación Rural para desarrollo lechero Boaco Chontales con C$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en Rentas del Tesoro, los que se reasignarán a los siguientes proyectos: a) Electrificación Comunidades del Jícaro, San Miguelito C$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS); b) Electrificación de las Comunidades de Melchorritas San Carlos C$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS); y c) Electrificación de la Comunidad de la Cruz Verde San Carlos C$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS).
6. A la Superintendencia de Pensiones, su asignación presupuestaria de C$22,000,000.00 (VEINTIDOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) se reasigna de la forma siguiente: a) La suma de C$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE CORDOBAS NETOS) se asigna a la Partida 261 Publicidad y Propaganda; y b) La suma de C$19,000,000.00 (DIECINUEVE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para su gastos operativo.
7. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, aféctese la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) del Renglón 162 Despidos de gastos corrientes para reasignarse a la Partida 151 Beneficios Sociales al Trabajador del mismo gasto corriente.
8. Al Ministerio de Salud, aféctese la cantidad de C$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE CORDOBAS NETOS) del Renglón 162 Despidos, Rentas del Tesoro para reasignarse a la Partida Viático al Interior de gasto corriente para mejorar la tabla de viático a los trabajadores de terreno y de lucha contra el dengue.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión en lo general.
Tiene la palabra el Diputado Noel Ramírez Sánchez.
DIPUTADO NOEL RAMIREZ SANCHEZ:
Muchas gracias, señor Presidente.
Señores Miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional; honorables Diputados colegas de este Plenario.
Como siempre lo he dicho, el instrumento más importante de la política económica es el Presupuesto Nacional, y el objetivo fundamental de la política económica es el combate a la pobreza; para ello se requiere un crecimiento económico con estabilidad de precios, ya que realmente la mejor forma de combatir la pobreza es generando empleo y ello sólo se consigue con el crecimiento económico. Sin embargo, dada la dimensión de pobreza que existe en el país, es fundamental que la política económica de carácter general, siempre sea acompañada de una dimensión social. Pero para conseguir estos objetivos, se necesita como a nivel de la familia disponer de recursos.
Para incrementar la disponibilidad de recursos que Nicaragua necesita y que va a necesitar en el futuro cercano, se requiere de mantener una sana política económica, que al ser respaldada por los organismos multilaterales y por la comunidad internacional, no sólo nos viene a proveer de esos recursos, dándonos nuevos recursos en términos concesionales, para proyectos o para apoyo de balanza de pagos, sino que también nos ayuda en la disponibilidad de los mismos, al reducir el servicio de la deuda externa. Para Nicaragua es fundamental, no sólo en este año sino que en los años venideros, continuar con una sana política económica; pero para este año es especialmente importante, porque podemos en el año 2003 conseguir concluir con el proceso de condonación de la deuda que nos va a llevar al perdón de más del 90 por ciento de la misma.
Ese marco de referencia es el que se ha utilizado por todos y cada uno de los miembros de la Comisión Económica, a quien les tengo que reconocer el profesionalismo con el cual trabajaron a lo largo de todo este proceso. Quiero decirles que para mí fue sumamente placentero haber presidido esa Comisión, ya que como me decían varios miembros de la misma, siempre había algo que aprender, y aunque jocosamente a veces se me acusaba de ser infiltrado del Poder Ejecutivo o del Fondo Monetario, la verdad es que cada uno de ellos siempre actuó con independencia de criterios y con un gran profesionalismo.
Al final elaboramos dos dictámenes, y dentro del Dictamen de Mayoría, hay un voto razonado por tres miembros de la Comisión; y quiero hacer algunas explicaciones de carácter general sobre la sustancia de estos dictámenes. En lo fundamental, tanto los dos dictámenes como el voto razonado coinciden en sus objetivos, ya que se respeta el techo presupuestario y además se dio una total coincidencia en las prioridades sociales que se tenían que apoyar; esas prioridades fueron: salud, educación, el desarrollo municipal, la defensa nacional y la seguridad ciudadana.
Todos y cada uno de los miembros de la Comisión Económica coincidimos en que era importante enfatizar el apoyo a esas prioridades. Así es que las diferencias que ustedes van a encontrar en estos dictámenes y en el voto razonado, van a ser diferencias no de sustancias, no de fondo, sino que de énfasis, y yo creo que son sanas porque son producto de la discusión democrática y profesional que se dio en el seno de esta Comisión.
Es muy importante también dejar claramente establecido, que cualquiera que sea la decisión del Plenario, ya sea apoyar el Dictamen Mayoritario, apoyar el voto razonado -si es que la técnica legislativa lo permite-, o respaldar el Dictamen de Minoría; es muy importante que quede claro que aquellos tenedores de CENIS, de títulos emitidos por el Banco Central de Nicaragua -independientemente de cuál sea el Dictamen que se apruebe- mantienen sus derechos sin ninguna afectación, porque el Banco Central de Nicaragua dispone de la autonomía institucional y de los recursos suficientes para honrar todos y cada uno de esos compromisos.
El efecto se verá en la transferencia que el Gobierno pueda hacer al Banco Central, y obviamente eso vendría a repercutir de alguna manera en el nivel de las reservas internacionales. Pero quiero volver a enfatizar en los tres aspectos fundamentales, que los dos dictámenes y el voto razonado coincidieron totalmente en lo fundamental: respetar un techo que garantice una sana política económica y el acceso a la cooperación internacional. También hubo un consenso total en cuanto a las prioridades a apoyar y que las diferencias fueron de énfasis, y que eso es sano cuando es producto de la discusión profesional y democrática que se dio en el seno de esta Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Bayardo Arce.
DIPUTADO BAYARDO ARCE CASTAÑO:
Muchas gracias, Presidente.
Cuando comenzamos a desarrollar el trabajo de dictamen del proyecto de Presupuesto, los representantes del Frente Sandinista en esa Comisión, debo confesar que la mayoría de los miembros de la misma nos pusimos una meta de inspiración para el trabajo; esta meta era darle respuesta a los problemas de la gente, no ser insensibles a las demandas de quienes sirven al país en distintas instituciones del Estado, y también no ser insensibles a las demandas de la población, que hace menos o aproximadamente un año concurrió a las urnas a ejercer su voto, esperando que se mejoraran sus condiciones de vida. A la Comisión nos llegaron propuestas de aumentos de gastos para resolver estos problemas, que suman 1,985 millones de córdobas.
Y efectivamente, buscando como contribuir con la labor del Gobierno en la conducción económica, cuando comenzamos a analizar las solicitudes por 1,985 millones, nos trazamos como meta no afectar el techo del gasto, y si era necesario aumentar el techo del gasto, conforme nos lo faculta la Constitución de la República, buscarle la fuente de financiamiento real a ese aumento. Hay que reconocer que en este trabajo mantuvimos un diálogo amplio con el Ministro de Hacienda; pero también hay que saber que el Ministro de Hacienda, no maneja todos los resortes del quehacer económico del país y del Estado; inclusive, este Presupuesto con ese techo, está definido por un acuerdo del Gobierno de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional, del cual no fue partícipe nadie más que dos o tres funcionarios del Gobierno.
Pese a la demanda del Frente Sandinista y de muchos sectores, de ser partícipes en la elaboración de ese Plan que se le iba a presentar al Fondo Monetario, esto no sucedió, y producto de ese Plan se definió un techo, que a juicio del Frente Sandinista puede ser sumamente peligroso para el futuro económico del país.
Por eso tratamos de buscar como aumentar el techo, y se nos ocurrió que una fuente de financiamiento podía ser, que la Dirección General de Ingresos cobrara lo que corresponde a los bancos de Impuesto sobre la Renta; incluso, que revisara lo que habían pagado en los últimos cinco años, que es lo que le mandata la ley; porque en un estudio del Banco Central, nosotros nos encontramos con que el Sistema Financiero el año pasado, tuvo utilidades de 480 millones de córdobas y apenas pagó millón y medio de I.R. al Estado.
Esa propuesta que se la hicimos al Ministro de Hacienda, no fue atendida, el Ministro de Hacienda dijo que era del resorte de la Dirección de Ingresos, que a la vez estaba negociando con los bancos porque habían problemas de interpretación de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta que tenían que pagar. Entonces para que no se nos dijera que podíamos sabotear el Plan Económico, nos sujetamos al techo, aun con las preocupaciones que nos inspira el techo, porque en general, el Frente Sandinista cree que ese Plan Económico que se firmó con el Fondo Monetario y que está determinando este Presupuesto, es contractivo para la economía, va a traer más pobreza y va a traer más desempleo en Nicaragua.
Lo que ahí se avizora es aumento de impuestos, ahí lo que se avizora es mantener durante los próximos años una lápida sobre la acción gubernamental en término presupuestario; desgraciadamente estos temas no han tenido un foro donde discutirse con el Gobierno. Para el Frente Sandinista, venir a dictaminar -como en efecto lo hicimos- que se dieran 120 millones de córdobas adicionales para los trabajadores de la salud, no sólo es un doble acto de justicia -porque estamos atendiendo una demanda justa- sino que además estamos atendiendo un problema de organización funcional en el Ministerio de Salud, donde producto de los incrementos establecidos en la Ley del Salario Mínimo, ahora gana lo mismo una conserje, una enfermera, un laboratorista y hasta un médico de base; eso desestimula la eficiencia en cualquier organización del trabajo y lo deberían de saber nuestros economistas.
Pero además nosotros creemos que no hay manera de levantar esta economía, si los trabajadores año con año van perdiendo su capacidad adquisitiva. ¿Para qué estamos hablando de inversión extranjera? ¿Para qué estamos hablando de que vengan a abrirse empresas, si la gente con su salario no puede comprar nada? No sólo es hacer justicia, no sólo es pensar en aumentar el salario de la gente, es pensar en la dinámica económica, porque si no hay capacidad de compra, no hay empresa que funcione en este país. Y por eso, pensando en la gente, aunque no pudimos participar en esa discusión con el Fondo Monetario, aunque nos tuvimos que sujetar a ese techo, en nuestro Dictamen le damos esos 120 millones a los trabajadores de la salud.
Y le estamos dando 37 millones al Poder Judicial, para que ajuste el salario de los Secretarios de los Juzgados, de los Jueces Locales, de los Jueces de Distrito, de los Magistrados de Apelaciones. Aquí muchos nos llenamos la boca hablando de que queremos Estado de Derecho, de que queremos justicia, de que queremos que las cosas se pongan en orden, y el Poder que está asumiendo esa ardua tarea de poner en orden el país, lo queremos tener con salarios de hambre, susceptibles incluso a que pretendan descomponerlos en el trabajo de ellos, que es componer las cosas del país.
De igual manera le hemos presupuestado 45 millones de córdobas al Ejército, para que nuestros soldados, esos que se movilizan a la hora de los Mitch, esos que nos resuelven a la hora de los desastres, puedan pasar a ganar el mísero salario de un mil 200 córdobas mensuales, porque actualmente ganan novecientos. Y estamos dando 28 millones de Córdobas adicionales, para que también los policías, a los que con gran facilidad recurre muchas veces el Gobierno ante los problemas sociales, tengan un salario digno. Y hemos defendido el bono que esta Asamblea les dio a los maestros este año y que campantemente en el Presupuesto venía eliminado.
¿De dónde agarrábamos para atender la problemática de la gente? Aquí se ha hablado de la deuda, de la deuda externa y de la interna y se trata de hallar culpables en administraciones gubernamentales pasadas, pero no tenemos la valentía de hablar de los intereses que nos cobran esos con quienes vamos adquiriendo la deuda. Los funcionarios de los gobiernos no han tenido la valentía de decirles a los organismos internacionales: No me joda, señor, usted me viene a dar 100 millones de préstamo y se queda con 20 millones para pagarle a sus funcionarios, que los manda aquí como asesores y consultores. Usted me está dando 80 millones nada más y me hace pagar 100, y todavía me hace pagar intereses.
Y no hemos tenido la valentía también de decirle: señor, yo necesito los reales para este proyecto que me va a sacar de la pobreza; sino que aceptamos que ellos nos digan en qué se va a ocupar el dinero. Y así vamos creciendo en deuda externa. Ni tampoco le hemos dicho a esos países: No me venga a decir usted, amigo, que me está ayudando, porque usted me está jodiendo cuando me paga mi precio del café, mi precio del ajonjolí, mi precio del banano, mi precio de la carne y año a año me sube el precio del petróleo, el precio del tractor, el precio del camión, el precio de lo que yo necesito para producir.
Es un replanteamiento total de la problemática económica la que se impone. Y lo mismo pasa a lo interno. Por qué no podemos decirles a los banqueros: Señores, si ustedes ganaron 480 millones el año pasado; ¿por qué sólo pagaron millón y medio de Impuesto sobre la Renta? ¡Ah! Pero tengo que ser muy puntual para pagarle los intereses a ustedes, de los CENIS. Nosotros no vacilamos en plantear de que si había que atender los problemas de la gente, había que pagarle un poco menos a los intereses de los CENIS. Y cubrimos todos estos ajustes salariales, proponiéndole a esta Asamblea que dejemos de pagarle 337 millones de intereses a los CENIS de los 800 millones que vienen programados, o sea que paguemos este año 463 millones.
Se nos ha dicho que con eso se van a ver afectadas las metas de reservas. Pero en esa carta de intenciones que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se ha comprometido a mandar una reforma tributaria que incremente los ingresos por impuestos en 1 por ciento del Producto Interno Bruto; 1 por ciento del Producto Interno Bruto, son como 23 millones de dólares. Es más que lo que ahorita vamos a dejar de presupuestar en pagos, y cuando eso se apruebe -si se aprueba- hay que incorporar al Presupuesto esos ingresos.
Y en esa carta de intenciones también se habla de que en el año 2003 hay que terminar de vender ENITEL, eso implica que deberán de entrar por lo menos 50 millones de dólares más, que tampoco vienen presupuestados, y habrá que incorporarlos al Presupuesto. En otras palabras, en todo el año habrán fuentes con las cuales cubrir lo que ahorita no estamos presupuestando. Pero era: o pagamos los intereses de los CENIS, o les damos las espaldas a la gente; y además condenamos a esta economía a seguirse deteriorando, porque la gente ya no tiene ni con qué comprar lo que producen las empresas.
De igual manera que teníamos que ayudarle al Gobierno y a la comunidad internacional a ser consecuentes con el palabrerío que vienen a decir. Yo tengo años -desde el Mitch, sobre todo- de estar oyendo hablar de descentralización, de fortalecimiento del poder municipal, de fortalecimiento del poder local, y yo no veo a los organismos internacionales, ni a la comunidad internacional, ayudando al desarrollo de las municipalidades, de las Alcaldías, dejando que ellos manejen los proyectos; al contrario, siguen metiendo la plata en los organismos nacionales, violando nuestras propias leyes, porque la Ley 40 de Municipios dice que todo lo que se haga en los Municipios lo tienen que ejercer los poderes municipales. ¡Ah, no! Pero aquí tiene que ir un FISE, un IDR, aquí tiene que ir un INIFOM -montón de sabios a nivel central- a resolver las cosas.
Años tenemos de venir planteando esto; años tiene un proyecto de ley del Frente Sandinista, para que por ley se le transfiera a las Alcaldías, cuando menos el 6 por ciento del Presupuesto General de la República. Y no se atiende ese proyecto de ley, y ha sido en esta Asamblea donde poco a poco hemos venido trasladando fondos para que los Alcaldes cumplan con las expectativas de su población. Los Alcaldes nos presentaron un trabajo donde en instituciones centrales estaban presupuestados 321 millones de córdobas para obras municipales, que les toca hacer a ellos, y cuando va con esto al Gobierno, dice: ¡Ah, no. Pero es que los organismos internacionales no aceptan.
Bueno colegas, en El Salvador, la Asamblea Legislativa decidió darle el 5 por ciento a las Alcaldías, y después el Gobierno fue a negociar con los organismos, y es un hecho irreversible de que ahora manejan las Alcaldías los presupuestos que les corresponde. Yo los invito a que comencemos a hacer esto en esta Asamblea. Y lo mismo hizo la Asamblea de Bolivia. Entonces para que vayan calentando motores -porque eso se los vamos a meter en la próxima legislatura, desde el comienzo para que se acostumbre el Gobierno y se adapte-, aquí estamos proponiendo que 150 millones de córdobas en programas -completo, para que no digan que los estamos desbaratando- que vienen en el INIFOM y en el FISE, pasen a ser manejados el próximo año por las Alcaldías. Confiamos en que los funcionarios del Gobierno vayan a saber renegociar eso.
Esas han sido las principales medidas que hemos tomado aquí, como también hemos buscado cómo resolver los problemas reales de la infraestructura, porque aquí ya no podemos seguir dando 800 ó 1000 millones de córdobas a un Ministerio que no le consulta ni a sus colegas Ministros, dónde va a invertir las obras de infraestructura. Yo no me he cansado de decir, que me quedé sorprendido de saber que el Ministro del MAGFOR no tiene la más mínima idea de cuáles son los caminos de producción agrícola que piensa reparar el señor del MTI, porque ni se lo han consultado, ni se lo han informado.
Los Alcaldes que están en el terreno nos han dicho qué necesitan; los Diputados de los Departamentos, que viajan todas las semanas a relacionarse con su gente, nos han dicho qué necesitan. Y hemos acordado aquí, ponerle nombre y apellido a una serie de partidas que aparecían como grandes bolsones en el MTI. Decían: “Mejoramiento de carreteras”, aquí les estamos diciendo cuáles van a mejorar. “Mejoramiento de caminos”, aquí les decimos cuáles van a mejorar. “Adoquinamiento”, aquí les decimos cuáles son las que van a adoquinar.
Y lo mismo hemos hecho con otras áreas, como una tal Comisión Nacional de Energía que aprobamos nosotros en esta Asamblea, que es uno de esos errores que tenemos que corregir; yo no sé para qué tenemos esa Comisión de Energía, que ahí aparece en el Presupuesto con unos buenos bollos y traía un aumento de presupuesto que era para aumentarle salario a una persona, que es la que trabaja allí. Hay un tipo que es el Presidente y es a su vez el Director, dice que tiene un científico y una secretaria. Esa es la Comisión de Energía. A ella le encargamos las obras de electrificación rural, y nosotros no sabemos dónde va a ser la electrificación rural y en qué va a ayudar a la reactivación económica.
Hemos tenido que atender la demanda de la eternamente postergada región del Caribe del país. Aquí vivimos hablando que estamos de acuerdo con la Autonomía, que queremos integrar al país, y hasta bailamos Palo de Mayo para decir que estamos identificados con los hermanos de la Costa Caribe. Bueno, aquí lo vamos a demostrar. Aquí nosotros les estamos dando cerca de 15 millones de córdobas más al Norte y 5 millones más al Sur de lo que venía presupuestado, para que realmente los gobiernos regionales del Atlántico, puedan ir avanzando en resolver sus problemas.
Y es de esa manera que hemos venido enfrentando el problema institucional. Por ejemplo, para mí es inconcebible que el Ministerio Público, la Fiscalía, que a partir del 24 de Diciembre tiene que aportar las pruebas de todos los delitos penales del país; que requiere tener un Fiscal en cada unidad de Policía, le pongan un presupuesto de 22 millones de córdobas. Igual presupuesto tiene la Vice-Presidencia de la República, que no tiene ninguna función que ejercer. La Vice-Presidencia no tiene ninguna función y se gasta el mismo presupuesto que el Ministerio Público. Estas cosas no pueden ser.
Entonces nosotros le estamos dando 14 millones de córdobas más al Ministerio Público, que además pedía mucho más, porque hemos tratado de manejarnos digamos dentro de ese techo bendito que fueron a negociar nuestros técnicos, para que no digan que nosotros ponemos en peligro el Plan Económico. Si ustedes ven, en total nosotros estamos proponiendo que se incrementen en gastos a favor de la gente, 508 millones de córdobas, y estamos transfiriéndolos de las Alcaldías, de los programas internos en varias instituciones, y no estamos tocando el techo. Es más, nosotros para lograr esto, reducimos 454 millones de gastos corrientes y asignamos esto, sólo a 414 millones de gastos corrientes.
En otras palabras, nosotros hemos aumentado en estas partidas el gasto de capital de 52 millones a 92 millones de córdobas. Estamos más eficientes económicamente que los técnicos presupuestarios del Gobierno, porque estamos generando más gastos de capital, y además le estamos haciendo justicia a la gente. Ustedes podrán ver que el Dictamen de Minoría, que pido rechacen porque su mocionista ni siquiera está aquí para defenderlo; además yo le digo que es un mago, porque nunca estuvo en las reuniones de la Comisión Económica y fue capaz de hacer un Dictamen de Minoría, propone que sólo sean 168 millones. Y los colegas liberales que hicieron un voto razonado por ahí, están proponiendo que sólo sean 208 millones los que distribuyamos.
Yo les pido que ni los tomen en cuenta. Yo les pido que ustedes piensen -como lo hemos tratado de hacer nosotros- en la gente; piensen en la reactivación económica; piensen que aquí ya es hora de que comencemos a ver la problemática económica de manera global y que no siga siendo manejado por dos o tres funcionarios, por muy bien intencionados y sabios que sean; y que comencemos a hacerlo, dándole lo justo a salud, a educación, al Ejército, a la Policía, a los jueces y a todas las instituciones que este Dictamen de Mayoría les está pidiendo, estimados compañeros.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado, Doctor Orlando Tardencilla.
DIPUTADO ORLANDO TARDENCILLA:
Gracias, Directiva.
Cuando hablamos de mandatos, todo los que de una u otra manera somos funcionarios públicos, los mandatos los debemos de circunscribir a la responsabilidad directa que todos y cada uno de nosotros tenemos con nuestros mandantes. Yo me voy a permitir desde ahora expresar mi respaldo a este Dictamen de Mayoría, en razón de que estoy convencido de que se están atendiendo algunas de las demandas que amplios sectores de la población están haciendo. Sin embargo, quiero aprovechar esta discusión en lo general, para apuntar dos aspectos esenciales. El día de ayer, en cumplimiento de una disposición constitucional, nosotros escuchamos la comparecencia de varios funcionarios públicos que deben rendir informe anual ante este Plenario de la Asamblea Nacional.
Particularmente escuchamos el informe del señor Procurador de Derechos Humanos, Benjamín Pérez, en el que nos hizo un llamado a todos los Diputados a desarrollar algunas preocupaciones vinculadas al tema de derechos humanos. El día de ayer le dijimos que efectivamente íbamos a aprovechar la discusión de este Presupuesto, para hacer planteamientos de fortalecimiento a esa Institución, especialmente para desarrollar programas de prevención y de promoción en la defensa, particularmente de los derechos de los adolescentes y de las comunidades de la Costa Atlántica. Yo espero que en la discusión en lo particular podamos desarrollar algunas propuestas o recibir el respaldo a algunas mociones puntuales que vamos a hacer, aunque en el Dictamen de Mayoría, también se reconoce un aumento presupuestario de medio millón de córdobas a esa Institución, el cual aún creo que es muy insuficiente.
Y un segundo aspecto, queridos amigos parlamentarios, es que tenemos un gran problema a partir del día 24 de Diciembre; digo que tenemos un gran problema, porque si respetamos el Estado de Derecho, debemos respetar absolutamente todas las disposiciones que son de obligatorio cumplimiento para todos y que particularmente emanan de aquí. A partir del 24 de Diciembre entra en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal, el que en uno de sus artículos finales, en el artículo -si mal no recuerdo- 422, nos obliga este nuevo Código, a que al entrar en vigencia, ya debe de haber sido aprobada una nueva Ley de Régimen Penal, lo que implica mayor protección a la población que está privada de libertad.
En ese marco, la Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Nacional, en las múltiples visitas que hicimos a las autoridades y a los centros penales, nos dimos cuenta de la difícil situación que está pasando esta gente, de las condiciones bastante complicadas en término de infraestructura, de financiamiento y de atención a la problemática primaria, incluso de salud, que tienen los privados de libertad y los propios funcionarios. Y no tenemos ni en el Dictamen de esa ley que ya está en una de las Comisiones de esta Asamblea Nacional, ni tampoco tenemos -según he leído- en el Dictamen de Mayoría y de Minoría, ni en el voto razonado, un planteamiento puntual para atender la problemática de las cárceles de este país.
Independientemente de las razones que tenga la población privada de libertad de estar allí, les recuerdo a todos mis hermanos que son seres humanos los que están allí, que los funcionarios del Sistema Penitenciario son funcionarios que tienen iguales derechos que los demás y que requieren atención de parte nuestra, y que nos acordemos de todos ellos. Hay que recordar el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. En el momento adecuado haré la propuesta pertinente para atender un poco la problemática.
No quisiera abusar de la paciencia de ustedes, en el sentido de que debemos aprobar cuanto antes en lo general esta propuesta de Ley de Presupuesto General de la República, no sin antes informar que deberemos estar muy atentos a estos esfuerzos que han empujado algunos funcionarios destacados del Gobierno, alrededor de lograr el alivio de la deuda, y sobre todo de los intereses, que es una columna y una obligación bastante alta que tiene que empujar este Gobierno; deberemos estar atentos, porque las demandas que la población nuestra nos está haciendo en los Departamentos es muy, pero muy fuerte.
Yo en lo personal pido un poquito de paciencia a los pobladores de Ciudad Sandino, y un poquito de paciencia a su Alcalde, el señor Pinell; pido un poquito de paciencia -ya histórica- a los pobladores del Municipio de San Francisco Libre, que han hecho justas demandas, porque éste es uno de los Municipios más pobres que tiene el país, estando tan sólo en línea recta a menos de 25 kilómetros de la capital, porque creo que en esta Asamblea Nacional se está gestando poco a poco, o fortaleciendo una sensibilidad que va permitir en los próximos meses empezar a atender con justicia los planteamientos.
Como Diputado del Departamento de Managua, aquí mismo estoy comprometiéndome desde ahora a presentar a la mayor brevedad posible, mociones que tengan una finalidad de respaldar las urgentes y más acuciantes demandas que están planteando los pobladores a través de sus autoridades. Y desde ahora también, comprometo mi pleno respaldo a las justas demandas de los señores jueces, que de todo el país están demandando no solamente dignificación, sino un respaldo al trabajo duro que ellos están haciendo. Y, por supuesto, creo que ellos ya lo saben, que los Municipios de este país, todos, absolutamente todos, deberán recibir el pleno respaldo de esta Asamblea Nacional, para hacer realidad el viejo planteamiento de que la descentralización debe ser para fortalecer la democracia, justamente desde las raíces populares.
Al expresar estas consideraciones, expreso también de manera clara mi respaldo al Dictamen de Mayoría que la Comisión de Asuntos Económicos de esta Asamblea Nacional nos ha presentado.
Muchas gracias, compañeros.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Maximino Rodríguez.
DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:
Muchas gracias.
Efectivamente, yo quiero aclararle al Diputado Arce, que nosotros respetamos el voto razonado de los colegas Diputados pero no es una decisión de la Bancada Liberal. Nosotros hemos dicho que vamos a legislar en este Parlamento por la clase más vulnerable, y así lo han expresado la mayoría de los parlamentarios. Por eso creemos que no es posible que un funcionario del Ejecutivo esté ganando 35 mil córdobas, el salario de 35 maestros, y aquí la Comisión le redujo un 20 por ciento. Pero aún así, con ese 20 por ciento, estos funcionarios quedan ganando 108 salarios de un maestro; y si hablamos de los jueces de Nicaragua, qué decimos de la retardación de justicia; el señor que le pasa el agua al Presidente de la República gana más que un Juez de Distrito, porque gana como unos 20 mil y pico de córdobas.
De tal manera que si hablamos del pueblo y de que nadie debe estar por encima de la ley, la Constitución de la República establece que todos somos iguales, y en consecuencia debemos legislar no para que todos seamos iguales porque es difícil, es una utopía, pero al menos reconsiderar y legislar para que las clases más pobres de este país puedan salir de la desgracia, de la pobreza. Viendo aquí, el Secretario de la Juventud, yo no sé definitivamente cuál es su función, si es andar poniendo mantas en la carretera Norte o en la carretera Sur, gana 82 mil, ¿y cuánto gana un judicial de Distrito aquí?, cuando tiene -como diríamos en buen nicaragüense- más clavos que Peñaranda.
Hablamos de un Ministro de Transporte, y ahora sí estoy convencido, porque él aquí viene y se quita el saco y dice que es el mejor Ministro que tiene don Enrique Bolaños. Tiene que defender a don Enrique porque le paga 135 mil, y ése es el mejor Ministro que tiene este Gobierno. Y le decía en broma al Licenciado Eduardo Montealegre, que yo sé que hay Ministros con mucha capacidad, pero don Enrique de manera cantinflesca ha dicho que su mejor Ministro es Pedro Solórzano, cuando en verdad aquí no ha hecho nada.
El norte de Nicaragua ya no tiene comunicación; y el 15 de Julio le aprobamos aquí 4 millones al Departamento de Jinotega; 4 millones al Departamento de Río San Juan, San Carlos, 8 millones a Matagalpa; y el Ministro como tiene la venia de don Enrique, simplemente no ejecutó la ley, ni el mandato de este Parlamento. Entonces cuando a ellos les conviene están por encima de la ley, pero cuando no les conviene, ahí sí buscan la ley, buscan la Constitución Política. Nosotros hemos dicho que los Alcaldes de Nicaragua no pueden ser rehenes del Poder Ejecutivo, porque han chantajeado a nuestros Alcaldes y les han dicho que si no se hacen de la línea de Bolaños, pues no reciben la transferencia.
Aquí nosotros aprobamos una ley que tipifica como delito el tráfico de influencia, y este Gobierno, como ignorante de la ley, siguió chantajeando a esos Alcaldes. Por eso la Bancada Liberal va a apoyar para que las transferencias sean directamente a las Alcaldías y que no hayan intermediarios.
Ayer hablaba con un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y me decía que los recursos que tienen asidero legal no se fallan. Por eso me parece a mí, que el Presidente de la República ha querido echarle tierra, basura de cualquier cosa a la Asamblea Nacional, para escudarse y protegerse de sus inoperancias como gobernante y justificar los megasalarios.
Nos han dicho que a la Asamblea Nacional venimos a ganar unos grandes salarios; yo mejor me voy de barrendero del Presidenta a pasarle el agua, para ganar tranquilo. Y no estoy reclamando que a los Diputados se nos aumente el salario, sino que le aumentemos el presupuesto a la salud, a la educación, al Poder Judicial, y a esos soldados que con mil córdobas ¿qué pueden hacer? Están día a día expuestos a perder su vida, por mil córdobas; sin embargo el Ministro “carreta”, gana 35 mil, simplemente por andar haciendo show en los medios de comunicación.
Señores Diputados, pueblo nicaragüense, tengan la plena de seguridad que nosotros aquí no habíamos hecho quórum porque no vamos a legitimar un caso ilícito que se cometió el 19 de Septiembre; sin embargo, por Nicaragua, por los nicaragüenses y la clase más pobre, estamos aquí y vamos a quedarnos aquí hasta que se apruebe este Presupuesto de la República, de manera total. Pero quiero llamar a todos los colegas parlamentarios, para que no les quitemos el 20 por ciento a los funcionarios que ganan 35 mil, quitémosle el 40 por ciento a los que todavía les quedan 80 mil córdobas de salario.
Y que me disculpe aquí el Licenciado Montealegre, pero la verdad es que un funcionario del Poder Ejecutivo, es suficiente que gane esos 82 mil córdobas, porque además tiene vehículo, tiene escolta, tiene combustible; a un parlamentario no le dan vehículo, nosotros lo compramos. Sin embargo, como dije al inicio, gana más el Secretario de la Juventud, ¿Qué hace el Secretario de la Juventud? ¿Cuál es el beneficio que tiene este pueblo? Gana más el que le pasa el agua al Presidente. Así es que, quitémosle el 40 por ciento a los funcionarios del Poder Ejecutivo, si el Presidente gana 23 mil dólares en un país como Nicaragua, y además de su salario, tiene una pensión equivalente al salario del Vice-Presidente de la República.
Por eso quiero llamar también a los colegas Diputados, para que en los próximos meses del año 2003, aprobemos aquella iniciativa de ley que introduje aquí en la Asamblea Nacional, para quitarle las pensiones a todos esos ex Presidentes y ex Vicepresidentes, porque suficiente dinero ganan en cinco años en el ejercicio de su poder. No puede entonces el pueblo nicaragüense vivir sin caminos, sin poder salir a la ciudad para curarse, mientras los gobernantes viven felices.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Doctor Wilfredo Navarro Moreira.
DIPUTADO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:
Muchas gracias, don Jaime.
Yo voy a ser breve, y sólo voy a plantear que este Dictamen de Mayoría que estamos aprobando, no es un triunfo o la voluntad de los liberales o de los sandinistas, sino que es el consenso y la voluntad de las fuerzas mayoritarias en este Parlamento, de apoyar lo mejor para la gente pobre de este país y mejorar las condiciones de sectores marginados de la sociedad.
Respetando criterios técnicos bien elucubrados, pero rescatando el sentimiento de los que nos eligieron, y ante quienes son los únicos que tenemos que responder, quiero manifestar formalmente el respaldo de la Alianza Liberal, integrada por los partidos Liberal Constitucionalista, Camino Cristiano y la Resistencia, de respaldar totalmente el Dictamen de Mayoría de la Comisión Económica.
Porque responde a las reivindicaciones de las grandes mayorías y respeta el techo presupuestario presentado por el Ejecutivo, cumpliendo así con la ley. En este Dictamen -y a lo mejor voy a ser repetitivo- ha sido prioridad de estas fuerzas políticas, de la voluntad mayoritaria de la Comisión Económica, apoyar a instituciones que garantizan la gobernabilidad y la seguridad ciudadana en el país. De nada sirve tener seguridad económica, si nuestros policías andan prácticamente descalzos, sin un uniforme.
O si a nuestros miembros del Ejército se les asigna tres córdobas diario para que coman los tres tiempos de comida, mientras -como decía Maximino-, hay una Secretaría de la Juventud que sólo sirve para poner las mantas que les hace el Ministro de Transporte y ganan un sueldo de 81 mil córdobas. Y le queremos escamotear al Ejército y a la Policía lo necesario para garantizar la seguridad ciudadana en nuestro país.
Estamos garantizando dinero suficiente para la Fiscalía, para mejorar los salarios de ese Ejército y de esa Policía y las condiciones de trabajo de esta gente, que necesita el apoyo para poder cumplir con su deber y con su trabajo.
Estamos apoyando con este Dictamen, el bienestar social de los nicaragüenses, apoyando al Ministerio de Salud, para dignificar a los trabajadores de la salud, y hemos tomado dinero que estaba reservado en el Presupuesto para asesores y para gente que gana grandes salarios y que sólo han servido para reprimir a los trabajadores de la salud. En este Presupuesto hemos incrementado el salario de los trabajadores de la salud, que es una reivindicación sentida desde hace muchos años por este sector de trabajadores; hemos rescatado el bono de los maestros, que había sido suprimido en el Presupuesto y que significa un zarpazo a los escuálidos bolsillos de los maestros de Nicaragua.
Estamos respondiendo al cumplimiento de la ley, al apoyar a la educación superior, a las universidades, haciéndoles justicia en su reclamo del 6 por ciento, que también se les quería escamotear. Y también, con nuestro Dictamen estamos fortaleciendo la autonomía política-administrativa de los Municipios, pues estamos fortaleciendo las partidas para los Alcaldes y transfiriendo del FISE y de INIFOM, sumas de dinero que eran usadas para manipular políticamente a nuestros alcaldes y para obligarlos a adoptar conductas que no son las que se corresponden con los votos que los eligieron.
Hoy les estamos haciendo justicia a los Alcaldes de Nicaragua, independientemente de su filiación política, porque hay claramente en esta Asamblea una voluntad de los Diputados, independiente del color político, de apoyar la autonomía municipal y hacer sentir verdaderamente el gobierno de los Alcaldes en los Municipios que les corresponden.
Creemos que la labor del INIFOM, ha sido una labor nefasta para el trabajo de los Alcaldes, y desde ahora estamos diciendo que la Bancada Liberal, por lo menos, va a propugnar por la eliminación de INIFOM, para crear una institución administrada y manejada por los Alcaldes de Nicaragua, que son los que verdaderamente saben qué es lo que necesitan las Alcaldías del país.
Asimismo, en respaldo a la institucionalidad y al Estado de Derecho en nuestro país, estamos apoyando con firmeza los incrementos salariales para la Corte Suprema de Justicia, a sus jueces y a sus Magistrados, en un acto de justicia y reconocimiento a su trabajo y a su voluntad de mejorar la justicia en este país. También estamos apoyando el Presupuesto de la Contraloría y de la Procuraduría de Derechos Humanos y del Ministerio Público, en una clara demostración y una respuesta palpable de esta Asamblea Nacional, a la sociedad nicaragüense, que estamos comprometidos con la institucionalidad de este país.
Y por último, estamos rescatando y apoyando la autonomía de las Regiones Autónomas, incrementando el apoyo económico a los Consejos y a los Gobiernos Regionales, para mejorar su funcionamiento y eficiencia. Hermanos Diputados, la aprobación de este Dictamen es un compromiso de todos por Nicaragua. Los señalamientos que se puedan hacer, no pueden rebatir una realidad política, por que los Diputados nos debemos a nuestros electores y nuestros electores quieren mejoría, quieren trabajo, quieren desarrollo, quieren progreso.
Y solo trabajando unidos en la Asamblea Nacional lo vamos a lograr, a como lo estamos haciendo con este Dictamen de Mayoría que vamos a apoyar con la voluntad de todos los Diputados de la Asamblea Nacional.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.
DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:
Gracias, señor Presidente.
Tratando de ser lo más objetivo y honesto, yo quiero manifestar públicamente, que la única exposición que yo considero -con respecto a los otros colegas- que ha sido la más congruente, sentida, objetiva, puntual y una expresión y una continuidad de los ideales de su partido, es la manifestada por el Comandante Bayardo Arce. Independiente de todo sentido de oportunismo, ni para venir a presenciar un concurso de retórica, de insultos y de injurias contra el primer mandatario, o quien sea, pareciera que aquí estamos en un mundo irreal; personas que hablan como que se les olvidó en dónde estuvieron hace un año y qué sueldos percibieron, qué instituciones crearon y que ahora vienen a querer desaparecerlas.
El cosechar aplausos, pues a veces es tarea más fácil, pero yo creo que tenemos que poner los pies muy en el suelo. Estamos conscientes de que rebatir los argumentos y las cifras que expuso Bayardo, es muy difícil; y no fue cuestión de retórica, las puntualizaciones que hizo son muy concretas. Nadie puede pretender defender que se prive a un humilde policía, a un humilde soldado, a un humilde servidor público, sea de la salud, de la educación, a costa de que se consideren enormes partidas por pagos de intereses de una deuda interna que creció tremendamente, precisamente en el período inmediato anterior.
Yo no digo que no se cometieron enormes desaciertos en períodos anteriores, que vinieron incrementando nuestra deuda pública interna y externa. Pero venir a rasgarse las vestiduras en el momento en que estamos discutiendo la ley más importante de la República, como que si nada hubiera pasado o como que estuvieron en un limbo, no me parece muy congruente ni honesto. En términos generales, yo creo que la Comisión en su Dictamen de mayoría es acertada, no lo diré que en todos los términos en sí, pero en términos generales yo creo que su manifestación y disposición es bien ajustada a la realidad nuestra.
Finalmente, yo quisiera decir en cuanto a las exenciones de impuestos relacionadas con los CENIS, lo cual es una cuestión verdaderamente cuestionable, que en muchos países se exenciona a las personas naturales, física, para promover al ahorrante nacional que invierta en su instrumento y no a las instituciones. Porque puede ocurrir dentro de términos generales, que con ese instrumento estemos nosotros incentivando a la banca que no preste a la producción, que no preste a las actividades productivas, generadoras de trabajo, porque lo más sencillo es comprar papeles del Estado, con esos altísimos intereses y exentos de impuestos.
Yo creo, y repito, que en el futuro tenemos que hacer un buen planteamiento en torno a esa materia. No es que el Gobierno no honró sus compromisos, es que Hacienda Pública perciba en una u otra forma lo que le corresponde como ingreso a la Renta.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Como hay dos dictámenes, vamos a votar.
Los que están a favor del Dictamen de Mayoría, votan verde; los que están a favor del Dictamen de Minoría, votan rojo.
Se abre a votación.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
84 votos a favor del Dictamen de Mayoría; no hay votos por el de la Minoría.
Tiene la palabra el honorable Diputado Nelson Artola.
Vamos a discutir en lo particular, así es que los que se han anotado, van a tomar la palabra después.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.1
La presente Ley Anual de Presupuesto General de la República 2003, tiene por objeto regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración pública, determinar los límites de gastos de los órganos del Estado y mostrar las distintas fuentes y destinos de todos los ingresos y egresos, los que son concordantes entre sí, e incluye la forma de financiamiento del déficit fiscal.
Los montos de ingresos, egresos, así como las modificaciones de incrementos y reducciones presupuestarias se relacionan en la presente Ley, conforme al contenido expresado en el texto enviado a la Asamblea Nacional como Proyecto de Presupuesto General de la República por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los detalles contenidos en dicho Proyecto de Presupuesto, son parte integrante de la presente Ley.
Hasta aquí el artículo 1.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 1.
Tiene la palabra el honorable Diputado Nelson Artola.
DIPUTADO NELSON ARTOLA:
Señor Presidente: Ya en la discusión para la aprobación en lo particular de este importantísimo proyecto de ley, yo quisiera solamente aprovechar la oportunidad en este primer artículo para hacer un recordatorio, porque veo que muchos Diputados están expresando padecimientos de amnesia. Yo quiero celebrar el cambio radical mostrado por la Bancada del PLC, en los planteamientos que han hecho de apoyar el Presupuesto General, de la República en lo general y de manera particular, los énfasis que han hecho para el apoyo al fortalecimiento del poder local por la vía de las transferencias que el Presupuesto tiene establecido.
Pero yo creo que es justo y necesario recordar que a mí no se me pueden olvidar las posiciones recientes del pasado. Fui miembro de la Comisión de Asuntos Municipales de este Parlamento, y debo decir que la Comisión de Asuntos Municipales ha estado presidida durante la legislatura pasada, y en ésta, por Diputados del PLC y en la legislatura pasada, nosotros batallamos por conseguir el 8 por ciento del Presupuesto General de la República a favor de los Municipios, porque teníamos conciencia plena de las dificultades de los Municipios de este país para poder enfrentar la problemática social por la cual son demandados constantemente.
Alcalde, antes de ser Diputado, yo fui Alcalde de un Municipio pobre y pequeño, y sé lo que significa estar en el pellejo de los Alcaldes de este país. Jamás pudimos arrancarle a la Bancada Liberal de la legislatura pasada, ni el 1 por ciento del Presupuesto General, de una demanda compartida con los 52 Alcaldes del país, de un 8 por ciento del Presupuesto General de la República para las municipalidades. Y hay que decirlo para superar el trabajo en las Comisiones, que ayer lo decía muy bien el Diputado Miguel López:
Ciento cincuenta mil dólares -oigan bien, estimados Diputados-, y Diputadas, 150 mil dólares asignados a la Comisión de Asuntos Municipales -que ha sido presidida por Diputados liberales- por la comunidad internacional, no fueron ejecutados porque la táctica del Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales era no hacerla funcionar para que no reivindicáramos las demandas de los Alcaldes de todo el país, y hasta ese fondo proveniente del extranjero, prácticamente no se ejecutó, en detrimento del fortalecimiento del poder local.
Yo creo en el cambio que están haciendo ahorita los Diputados que antes se oponían al desarrollo del poder local por la vía del oxígeno económico que necesita, pero creo que han obviado los graves daños que le hicieron al municipalismo, antes del día de hoy. Y no me sorprende la demagogia -y hay que decirlo de manera clara- y el oportunismo con que se están abordando los temas para salir ahora como abanderados del tema del municipalismo, cuando fueron los principales enemigos a lo largo de todos estos años de legislatura que hemos tenido en la Asamblea Nacional.
Eso lo deben conocer los Alcaldes del país, y ésa era la reflexión que quería hacer, señor Presidente de este Magno Poder del Estado, para que tengamos en cuenta quiénes hemos trabajado por los Municipios y quiénes han hecho trabajo de retroceso para los mismos.
Muchísimas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Nathán Sevilla.
DIPUTADO NATHAN SEVILLA:
Muchas gracias, señor Presidente.
Bueno, lo que tengo en primer término son proposiciones de dos artículos nuevos. Uno que tiene que ver con la regulación de la utilización del presupuesto que ya viene asignado aquí a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, a fin de que cuando ellos tomen dinero de ese presupuesto para las jubilaciones de los Magistrados, tengan un límite, que es el mismo que se establece en la ley para las máximas pensiones que da la Seguridad Social, que es de mil 500 dólares, en el caso de que no estén cubiertos por la Seguridad Social, para que tampoco se produzcan duplicidad de pensiones. Este es un artículo para regular ese límite.
Recordemos que hay de por medio una ley que está pendiente de aprobación, para la interpretación auténtica de la ley en esta materia, pero en la Ley Anual de Presupuesto del 2003 ya quedaría esa regulación establecida. El otro artículo es una propuesta de Diputados de varias bancadas, que es adicionar la suma de 15 millones de córdobas, que no es más que tomar del mismo Ministerio de Educación y pasarla de un lado a otro; o sea, sacar de una partida que aparece ahí como partida para asesorías, que no estaba en el 2002, y trasladarla al bono de los maestros, para mejorarlo un poco.
Pero bueno, estas dos mociones se tendrán que ver después del artículo 3. No es el momento ahorita de presentarlas, lo haría en su momento.
Gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra la honorable Diputada Emilia Torres.
DIPUTADA EMILIA TORREZ:
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero regocijarme con tantas voces que hemos escuchado esta mañana, que demuestran un naciente espíritu municipalista en esta Asamblea Nacional, porque efectivamente ésta no es una causa privada, podría decir que es una causa de todos. Sin embargo la descentralización y la autonomía municipal están todavía en pañales. El monto asignado en esta oportunidad en el Presupuesto General de la República, a las Alcaldías, si bien significa un reconocimiento a la eficiencia y la eficacia de los gobiernos locales, es todavía insignificante, es todavía insuficiente.
Yo quiero dejar planteado como un reto para el próximo período, en el que ojalá que las voluntades que se han expresado en esta Asamblea Nacional se mantengan, para que en el próximo Presupuesto del año 2004 le sea reconocido a los gobiernos locales, al menos el 8 por ciento del Presupuesto General de la República; e invitar a los Diputados que compartimos la Comisión de Asuntos Municipales, a agilizar la aprobación de leyes fundamentales que tenemos todavía pendientes, como son la Ley de Solvencia Municipal, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y por supuesto transformar estas transferencias en la Ley de Transferencia que requieren los gobiernos locales.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Dámisis Sirias.
DIPUTADO DAMICIS SIRIAS:
Muchas gracias.
Efectivamente quisiera aseverar y acentuar lo dicho por la distinguida colega Diputada Licenciada Emilia Torres. Ha sido un esfuerzo el que se ha hecho desde la Comisión de Asuntos Municipales, para gestionar de una manera pragmática un 4 por ciento, ya que efectivamente había solicitud del 10, del 8 y 6 por ciento. Y conociendo la realidad económica de este país, todos los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, de consenso consideramos que era muy posible que pudiéramos llegar al 4 por ciento del Presupuesto General de la República, para solventar las acuciantes necesidades y problemas que aquejan a nuestros Municipios.
Esa fue una petición de consenso. Pero me llama poderosamente la atención, la expresión maliciosa del Diputado colega Artola, cuando está hablando de su ejecución en cuanto al apoyo del fortalecimiento municipal, porque no ha dado cifras correctas. Y quiero rectificarle que no es cierto que se ha dejado al garete -por así decirlo- el apoyo a la municipalidad, puesto que como Comisión de Asuntos Municipales, hemos estado pendientes de sus necesidades, pendientes de la legislación que va a llevar gran beneficio al desarrollo de la descentralización de los municipios y la autonomía.
Dentro de ese programa hemos hecho varias capacitaciones para varias leyes, y la ejecución del apoyo fue del 84 por ciento, que fueron los daneses los que nos pasaron esa porcentualidad. Y a pesar de las grandes dificultades que desde el 19 de Septiembre se produjeron en nuestra Asamblea, logramos llevar un gran avance, y con grandes tropiezos, aun así se sigue adelante. Sin embargo, nosotros le queremos decir a todos nuestros hermanos Alcaldes de la República, que estamos siempre en la mejor disposición y unidos de la mano, para apoyarlos en ese hermoso empeño de fortalecer las municipalidades para fortalecer la democracia.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Francisco Sacasa.
DIPUTADO FRANCISCO SACASA:
Muchas gracias, don Jaime.
Yo quiero hacer énfasis en que siempre nos ven a los costeños como que somos un apéndice de Nicaragua, y lo estoy observando en estos momentos en el presupuesto de la RAAS, donde los Alcaldes presentaron un sinnúmero de proyectos y no los veo en el Presupuesto. Veo que se benefició- y los felicito porque los necesita- al Norte con 14 millones 955 mil; y a nosotros los de la RAAS apenas con 5 millones, y eso que no se toma en cuenta a la parte central de la RAAS, que nadie los ve, parece que no somos de nadie, nadie se acuerda de ese territorio tan grande.
Hemos gritado, hemos hablado de las necesidades que tiene la gente pobre, porque somos de los Municipios pobres de esta región del país ¿y cómo es posible que no se haya tomado en cuenta a nuestros Alcaldes, a nuestros Municipios? Me duele ver en estos momentos esas cifras, que no sé como poder explicárselas cuando llegue a mi zona. Pero sepan, hermanos costeños del Sur que me están oyendo, que el próximo año, Francisco Sacasa como Diputado de ustedes, va a estar encima de esas necesidades de ustedes, Alcaldes, que hoy no se tomaron en cuenta.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el artículo 1.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
81 votos a favor, ninguno en contra. Se aprueba el artículo 1.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Arto.2
Apruébase el Presupuesto General de Ingresos para el ejercicio presupuestario 2003, por un monto de C$9,380,332,957.00 (NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTISIETE CORDOBAS NETOS), que corresponden a ingresos corrientes y que forman parte de la Ley de acuerdo a la distribución por fuente de ingresos.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 2.
A votación el artículo 2.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
81 votos a favor, ninguno en contra. Se aprueba el artículo 2.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Arto.3
Apruébase el Presupuesto General de Egresos para el ejercicio presupuestario 2003 en la suma de C$ 13,575,051,043.00 (TRECE MIL QUINIENTOS SETENTICINCO MILLONES CINCUENTIUN MIL CUARENTITRES CORDOBAS NETOS), distribuidos en C$ 9,397,207,612.00 (NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes y C$ 4,177,843,431.00 (CUATRO MIL CIENTO SETENTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTIUN CORDOBAS NETOS) para gastos de capital. La distribución del Presupuesto General de Egresos será por organismo, programa, proyecto y grupo de gastos en la forma y monto cuy detalle es parte de esta Ley. Se incluye en esta distribución las modificaciones de incrementos y reducciones que a continuación se detalla:
I.
Increméntese o asígnese, en su caso, las partidas presupuestarias de las Instituciones siguientes:
1. A la Asamblea Nacional, la cantidad de C$29,962,060.00 (VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTIDOS MIL SESENTA CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes de conformidad a detalle por renglones presentado por dicha Institución.
2. A la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de C$ 26,300,000.00 (VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en gasto de capital para la contrapartida nacional en los distintos proyectos en ejecución.
3. A la Contraloría General de la República, la cantidad de C$ 3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
4. Al Ministerio de Gobernación, la cantidad de C$ 7,800,000.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes, destinados al Instituto Superior de Policía para capacitar al personal de nuevos ingresos y al activo.
5. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura la cantidad de C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) en gasto de capital, para el diseño de la carretera Mozonte, Jalapa, Teotecacínte.
6. Al Ministerio de Defensa, la cantidad de C$ 28,300,000.00 (VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) destinados al Ejército de Nicaragua desglosados de la forma siguiente: la suma de C$ 14,000,000.00 (CATORCE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes, para logística y C$ 14,300,000.00 (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en gasto de capital, para reparaciones mayores de naves aéreas.
7. A la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, la cantidad de C$ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
8. A la Asociación de Alcaldes Patrióticos (ASALPAT), la cantidad de C$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
9. A la Asociación Nicaragüense de Alcaldes Democráticos (ANAD), la cantidad de C$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
10. Al Teatro Municipal José de la Cruz Mena la cantidad de C$ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos de capital, asignada a la contrapartida de Donación del Gobierno de Japón, para mejorar el audio y luces.
11. Comité Olímpico de Nicaragua, la cantidad de C$ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes asignados de la forma siguiente: la suma de C$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para la participación en los XIII Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 y la suma de C$ 1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos de Preparación de los XIII Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.
12. A la Fundación Amigos del Zoológico Nicaragüense (FAZOONIC), la cantidad de C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
13. A la Asociación de Scouts de Nicaragua, la cantidad de C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes, asignado al Montaje y Desarrollo del XX Encuentro Centroamericano de Jóvenes.
14. A la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cantidad de C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
15. A la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC),la cantidad de C$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
16. Al Parlamento Centroamericano, la cantidad de C$ 5,965,200.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTICINCO MIL DOSCIENTOS CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes, asignados al pago del compromiso de Nicaragua con el Parlamento Centroamericano.
17. A Proyectos de Apoyo a las Comunidades, la cantidad de C$ 36,800,000.00 (TREINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos de capital, los que serán autorizados equitativamente por cada Diputado. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá desembolsar esta partida a más tardar el treinta de Junio. Cada Diputado a través de la Secretaría Ejecutiva de la Asamblea Nacional, autorizará los desembolsos y destinos de este monto el cual deberá tramitarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
18. Asociación Esperanza del Futuro, la cantidad de C$ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes asignados al Proyecto Educativo con Mujeres Inmigrantes en Costa Rica.
19. Al Consejo de la Juventud de Nicaragua, la cantidad de C$ 1,309,060.00 (UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL SESENTA CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
20. Foro Nicaragüense de la Cultura, la cantidad de C$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
21. A la Fundación Orlando Robleto Gallo, la cantidad de C$ 175,776.00 (CIENTO SETENTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTISEIS CORDOBAS NETOS) para gastos de capital asignados a la construcción de cocinas ecológicas campesinas en Villa Carlos Fonseca.
22. Al Consejo Nacional de Universidades (CNU), la cantidad de C$ 51,000,000.00 (CINCUENTIUN MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
23. Al Ministerio Público, la cantidad de C$ 3,660,000.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CORDOBAS NETOS), de los cuales C$ 2,660,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) a gastos de capital. El monto del gasto corriente se asigna de la forma siguiente: la suma de C$ 2,240,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CORDOBAS NETOS) para Servicios no Personales y la suma de C$ 420,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL CORDOBAS NETOS) para Materiales y Suministros.
24. A la Alcaldía de Managua, la cantidad de C$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CORDOBAS NETOS) para gastos de capital, asignados al Proyecto Restauración del Monumento General Augusto César Sandino en el Parque Laguna de Tiscapa.
25. Al Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte la cantidad de C$ 5,100,000.00 (CINCO MILLONES CIEN MIL CORDOBAS NETOS), de los cuales la suma de C$ 4,500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) es para gastos corrientes en Servicios no Personales, y la suma de C$ 600,000.00 (SEISCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos de capital, asignados a Bienes de Uso.
26. Al Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte, la cantidad de C$ 3,800,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS), de los cuales C$ 1,800,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes y C$ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para gastos de capital. El monto del gasto corriente se asignar de la forma siguiente: la suma de C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) para Servicios no Personales y C$ 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para Materiales y Suministros.
27. A la Alcaldía de Matagalpa, la cantidad de C$ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos de capital asignado al Proyecto de Reactivación Parque Los Monos de Matagalpa.
28. A la Iglesia San Jerónimo de Masaya, la cantidad de C$ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) para su Restauración en gastos de capital.
29. Al Proyecto Remodelación del Museo Augusto César Sandino, en San Rafael del Norte, la cantidad de C$ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en gastos de capital.
30. A la Parroquia San Pedro Apóstol, de Diría, Granada, la cantidad de C$ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) para su restauración en gastos de capital.
31. A la Alcaldía de Diriamba, la cantidad de C$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) para gastos de capital, asignados al Proyecto Remodelación del Parque Central de Diriamba.
32. A la Parroquia Santa Ana, de Nindirí, la cantidad de C$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para su restauración en gastos de capital, declarada Monumento Histórico y Patrimonio Cultural de la Nación.
33. Al Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA), la cantidad de C$ 10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE CORDOBAS NETOS), de los cuales C$ 9,700,000.00 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes y C$ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para gasto de capital para Bienes de Uso.
34. A la Catedral Metropolitana de León, la cantidad de C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) en gastos de capital, para su mantenimiento.
35. Al Santuario de la Basílica del Municipio de El Viejo, la cantidad de C$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en gasto de capital, para su mantenimiento.
36. A Instituciones benéficas la cantidad de C$ 3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes.
37. Para elaborar diseño de remodelación del Antiguo Parque y Cementerio San Pedro, la cantidad de C$ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en gasto de capital.
38. Al Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur la cantidad de C$ 4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE CORDOBAS NETOS), de los cuales la suma de C$ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes y la suma de C$ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para gasto de capital.
39. Al Consejo Regional Autónomo Atlántico Sur, la cantidad de C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) para gastos corrientes.
40. A la Alcaldía de Niquinohomo, la cantidad de C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS), de conformidad a Decreto N° 3318 aprobado por la Asamblea Nacional el 23 de Agosto del 2002, en gasto de capital.
41. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura la cantidad de C$ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en gasto de capital, para el adoquinamiento de la calle turística central de Catarina.
II:
Redúcese las Partidas Presupuestarias de los Ministerios e Instituciones señalados a continuación, por los montos que se indican y cuyo detalle se presenta en los Anexos A y B.
1. A la Presidencia de la República, la suma de C$ 29,197,162.00 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTISIETE MIL CIENTO SESENTIDOS CORDOBAS NETOS), de los cuales C$ 27,897,162.00 (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTISIETE MIL CIENTO SESENTIDOS CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$ 1,300,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) a gasto de capital. Del gasto corriente se reduce la suma de C$ 13,253,162.00 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTITRES MIL CIENTO SESENTIDOS CORDOBAS NETOS) del Programa de Secretarías Departamentales y Regionales de Gobierno. Del resto de los Programas siguientes: Actividades Centrales, Dirección Superior del Estado, Secretaría de la Presidencia, secretaría de Coordinación y Estrategia, Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, Vice Presidencia de la República y Secretaría de la Juventud se reduce la suma de C$ 14,644,000.00 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTICUATRO MIL CORDOBAS NETOS) en los renglones que se detallan en el Anexo A.
2. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, la cantidad de C$ 25,300,000.00 (VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cantidad de C$ 2,450,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) de los cuales C$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) a gasto de capital.
4. Al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, la cantidad de C$ 4,700,000.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) de los cuales C$ 3,200,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$ 1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) a gasto de capital.
5. Al Instituto de Desarrollo Rural, la cantidad de C$ 4,400,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponde a gasto de capital.
6. Al Consejo Nacional de Planificación Económica Social, la cantidad de C$ 2,048,893.00 (DOS MILLONES CUARENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTITRES CORDOBAS NETOS) que corresponde a gastos corrientes.
7. Modernización y Acreditación de la Educación Terciaria, la cantidad de C$ 1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponde a gasto de capital.
8. Al Programa Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones, la cantidad de C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) que corresponde a gasto de capital.
9. Al Comité Organizador de los VIII Juegos Deportivos Centroamericanos, la cantidad de C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
10. Ordenamiento de la Propiedad la cantidad de C$ 2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponde a gasto de capital.
11. Al Programa de Apoyo a la Implementación de la Estrategia de Reducción de Pobreza, la cantidad de C$ 2,200,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
12. Al Ministerio Agropecuario y Forestal, la cantidad de C$ 9,428,735.00 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTICINCO CORDOBAS NETOS), de los cuales C$ 3,402,252.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTIDOS CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$ 6,026,483.00 (SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTITRES CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
13. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura, la cantidad de C$ 15,309,980.00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS), de los cuales C$ 6,350,000.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$ 8,959,980.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
14. Al Ministerio del Trabajo, la cantidad de C$ 3,585,780.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS), de los cuales C$ 2,350,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$ 1,235,780.00 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
15. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la cantidad de C$ 3,109,820.00 (TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
16. Al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la cantidad de C$ 1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
17. Al Ministerio de la Familia, la cantidad de C$ 8,943,040.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTITRES MIL CUARENTA CORDOBAS NETOS), de los cuales C$ 3,324,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$ 5,619,040.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
18. A la Procuraduría General de la República, la cantidad de C$ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
19. A la Dirección General de Ingresos, la cantidad de C$ 9,180,000.00 (NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CORDOBAS NETOS) de los cuales C$ 7,680,000.00 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes y C$ 1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
20. A la Dirección General de Servicios Aduaneros, la cantidad de C$ 2,648,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTIOCHO MIL CORDOBAS NETOS), de los cuales la suma de C$ 270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gastos corrientes, y la suma de C$ 2,378,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTIOCHO MIL CORDOBAS NETOS) corresponden a gasto de capital.
21. Al Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte, la cantidad de C$ 135,217.00 (CIENTO TREINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes.
22. Al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la cantidad de C$ 1,800,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
23. A la Unidad de Coordinación del Programa de Reforma y Modernización del Sector Público (UCRESEP) la cantidad de C$ 1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
24. A la Asignación para Indemnización a Trabajadores, la cantidad de C$ 10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
25. Al Sistema Nacional para Prevención, Mitigación y Atención de Desastre, la cantidad de C$ 1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
26. A la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, la cantidad de C$ 3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) que corresponden a gasto de capital.
27. A los Intereses de la Deuda Interna en los CENIS-BCN la cantidad de C$ 68,651,551.00 (SESEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTIUN CORDOBAS NETOS) que corresponden a gastos corrientes.
28. Se reduce el veinte por ciento a los salarios del Gabinete de Gobierno, que corresponde al monto de C$ 18,123,918.00 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes, de conformidad al detalle del Anexo B.
Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional no podrán devengar un salario mayor que el de un Ministro de Categoría “A”. En el caso de las instituciones que obtuvieran un ahorro a consecuencia de esta disposición, quedan autorizadas para ejecutarlos en aquellas actividades sustantivas que solicitaron y no fueron aprobadas en la Ley Anual de Presupuesto 2003.
III. Redúcese la Partida Presupuestaria de los Intereses de la Deuda Interna en los CENIS-BCN por la cantidad de C$ 268,845,485.26 (DOSCIENTOS SESENTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTICINCO CORDOBAS CON 26/100 CENTAVOS), y asígnese ese monto para incrementar el Salario o Bono Salarial, en su caso, a los empleados de las siguientes instituciones:
1. Policía Nacional, la cantidad de C$ 28,292,585.00 (VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTICINCO CORDOBAS NETOS) para el Grupo de Servicios Personales.
2. Corte Suprema de Justicia, la cantidad de C$ 37,167,788.26 (TREINTISIETE MILLONES CIENTOSESENTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTIOCHO CORDOBAS CON 26/100 CENTAVOS) desglosados de la forma siguiente: la suma de C$ 21,189,566.88 (VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTISEIS CODOBAS CON 88/100 CENTACOS) para la revalorización salarial de todos los Jueces de Distrito y Locales a nivel nacional, y la suma de C$ 15,978,221.38 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CORDOBAS CON 38/100 CENTAVOS) para la revalorización salarial de los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones, de conformidad a detalle del Anexo “C”.
3. Al Ministerio Público, la cantidad de C$ 10,340,000.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CORDOBAS NETOS) para los Cargos de Fiscales y de conformidad a detalle presentado por dicha Institución.
4. Al Ejército Nacional, la cantidad de C$ 45,000,000.00 (CUARENTICINCO MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para salario de los Soldados.
5. Al Ministerio de Gobernación, la cantidad de C$ 2,345,112.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE CORDOBAS NETOS) para salarios de los Bomberos de Nicaragua.
6. Al Ministerio de Salud, la cantidad de C$ 120,000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para nivelación salarial de sus trabajadores.
7. Al Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte, la cantidad de C$ 1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para el Grupo Servicios Personales.
8. Al Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte, la cantidad de C$ 4,200,000.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) para el Grupo Servicios Personales.
9. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la cantidad de C$ 20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE CORDOBAS NETOS), para mantener el incremento al Bono Salarial mensual a los educadores, maestros de aulas, subdirectores, directores, inspectores y bibliotecarios.
IV.
Reasígnese las partidas presupuestarias de las instituciones siguientes:
1. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se le afecta la cantidad de C$2,277,750.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CORDOBAS NETOS) en gastos corrientes para reasignarse de la forma siguiente: a) La suma de C$1,700,250.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CÓRDOBAS NETOS) se afecta en el Programa Partidas no Asignables a Programas del Instituto Nicaragüense de Cultura de gastos corrientes en el renglón 131, Sueldo Cargos Transitorios, para ser reasignado en gastos corrientes a los Gastos Operativos de la Biblioteca Nacional Rubén Darío; y b) La suma de C$577,500.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS) se afecta renglón 521, Instituciones Educativas, para ser reasignados en gastos corrientes a la Escuela Danesa Nicaragüense Luis Alfonso Velásquez para la subvención de la Escuela.
2. De la partida 422 Bienes de Dominio Privado de gastos de capital del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, aféctese la suma de C$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) para ser transferidos al Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II en la construcción de oficinas administrativas y docentes.
3. Al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), aféctese la suma de C$26,000,000.00 (VEINTISEIS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en gasto de capital de los proyectos que a continuación se detallan: a) II Programa de rehabilitación y mantenimiento de carreteras (N/CR-3085), se afecta con un monto de C$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en Rentas del Tesoro; b) III Programa de rehabilitación y mantenimiento de carretera (N/CR-3764 NI), se afecta con un monto de C$11,689,500.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS) con Rentas del Tesoro; c) Mejoramiento caminos rurales/adoquinado con C$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) Alivio HIPC/BID; d) Drenaje de carreteras, con C$1,250,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) con Rentas del Tesoro; e) Rehabilitación de caminos secundarios con C$2,810,500.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS) con Alivio HIPC/BID; f) Revestimiento de Carretera C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) con Rentas del Tesoro; g) Rehabilitación de Carretera Chinandega-Guasaule C$500,000.00 (QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en Rentas del Tesoro; y h) Conservación de Sistema Administración de Pavimento C$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en Rentas del Tesoro.
El monto afectado se reasigna a los siguientes proyectos: a) Reparación y ampliación de carretera Palacagüina, Telpaneca y San Juan de Río Coco, con una suma de C$6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE CORDOBAS NETOS); b) Reparación de la carretera Moyogalpa Altagracia, con C$ 1,000,000.00 (UN MILLON DE CORDOBAS NETOS); c) Adoquinado camino rural San José/Masatepe con C$9,000,000.00 (NUEVE MILLONES DE CORDOBAS NETOS); d) Rehabilitación de camino del Triángulo Minero con C$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE CORDOBAS NETOS).
4. Aféctese la suma de C$5,946,429.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CORDOBAS NETOS) en transferencia de capital a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, para reasignarse a los siguientes proyectos: a) Proyecto de agua potable para las Comarcas Las Lagunas 1 y 2 de Granada con C$946,429.00 (NOVECIENTOS CUARENTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CORDOBAS NETOS), que será ejecutado por la Alcaldía de Granada; y b) Proyecto de sistema de tratamiento y alcantarillado sanitario del Municipio de Sébaco Matagalpa con C$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE CORDOBAS NETOS).
5. A la Comisión Nacional de Energía se le afecta la suma de C$3,350,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en transferencia de capital en los proyectos siguientes: a) Desarrollo de electrificación rural fuera de red, con C$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS) en Rentas del Tesoro; b) Electrificación Rural (CNE), con C$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE CORDOBAS NETOS) en Alivio HIPC/BID; y c) Electrificación Rural para desarrollo lechero Boaco- Chontales, con C$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en Rentas del Tesoro, los que se reasignarán a los siguientes proyectos: a) Electrificación Comunidades El Jícaro, San Miguelito C$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS); b) Electrificación de las Comunidades de Melchorritas San Carlos C$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL CORDOBAS NETOS); y c) Electrificación de la Comunidad de la Cruz Verde- San Carlos C$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS).
6. A la Superintendencia de Pensiones, su asignación presupuestaria de C$22,000,000.00 (VEINTIDOS MILLONES DE CORDOBAS NETOS) se reasigna de la forma siguiente: a) La suma de C$3,000.000.00 (TRES MILLONES DE CORDOBAS NETOS) se asigna a la Partida 261 Publicidad y Propaganda; y b) La suma de C$19,000,000.00 (DIECINUEVE MILLONES DE CORDOBAS NETOS) para su gasto operativo.
7. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, aféctese la cantidad de C$1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CORDOBAS NETOS) en gasto corriente del renglón 162 Despidos, para reasignarse a la partida 151 Beneficios Sociales al Trabajador, del mismo gasto corriente.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON
8. Al Ministerio de Salud, aféctese la cantidad de C$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE CORDOBAS NETOS) del Renglón 162, Despidos, Rentas del Tesoro, para reasignarse a la Partida 273 Viático al Interior, de gasto corriente, para mejorar la tabla de viático a los trabajadores de terreno y de lucha contra el dengue.
Se determina que los renglones del Ministerio de Salud que a continuación se detallan, son exclusivamente para lo siguiente: Renglón 299, Otros Servicios, para las Jornadas Nacionales de Salud; Renglón 512, Donaciones, Gratificaciones y Recompensas, de gasto corriente, para garantizar el bono de productividad y bono navideño de jubilados, pensionados, médicos internos, residentes y médicos en servicio social; Renglón 162, Despidos, de gasto de capital, para indemnización de pensionados y jubilados.
V. Transfiérese las Partidas Presupuestarias de las instituciones siguientes:
1. Del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), transfiérese la cantidad de C$63,797,900.00 (SESENTITRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTISIETE MIL NOVECIENTOS CORDOBAS NETOS), a las Alcaldías Municipales, de los proyectos que a continuación se detallan: a)Descentralización y microplanificación participativa FISE, la suma de C$27,280,010.00 (VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DIEZ CORDOBAS NETOS); b)Otros Servicios Municipales INIFOM-FISE, la suma de C$21,319,330.00 (VEINTIUN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA CORDOBAS NETOS); y c) Programa de Desarrollo Local de la Costa Atlántica, la suma de C$15,198,560.00 (QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CORDOBAS NETOS).
Estos Proyectos serán ejecutados por las Alcaldías Municipales.
2. Del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), transfiérese la cantidad de C$86,811,156.00 (OCHENTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTISEIS CORDOBAS NETOS) a las Alcaldías municipales, de los proyectos que a continuación se detallan: a) Apoyo a las poblaciones urbanas de Estelí, Matagalpa, Jinotega, Ocotal y Somoto, la cantidad de C$4,946,772.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTIDOS CORDOBAS NETOS); b) Fortalecimiento Municipal y desarrollo local en Río San Juan, la suma de C$5,670,178.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTIOCHO CORDOBAS NETOS); c) Al Programa de Apoyo al Fortalecimiento Municipal (PFM), la suma de C$5,785,296.00 CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTISEIS CORDOBAS NETOS); d) Al Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal la suma de C$21,732,996.00 (VEINTIUN MILLON SETECIENTOS TREINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTISEIS CORDOBAS NETOS); e) Proyecto Promoción del Empleo y Generación de Ingresos en el Ambito Local (PRO-EMPLEO), la suma C$4,119,984.00(CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTICUATRO CORDOBAS NETOS); y f) Al Segundo Proyecto de Municipios Rurales, la suma de C$44,555,930.00 (CUARENTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA CORDOBAS NETOS).
Estos Proyectos serán ejecutados por las Alcaldías Municipales.
La distribución en detalle de los Proyectos del numeral V, será definido por la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) y la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC).
Hasta aquí el artículo 3.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 3.
Tiene la palabra el Diputado Wálmaro Gutiérrez.
DIPUTADO WALMARO GUTIERREZ:
Muchas gracias, señor Presidente, miembros de la Junta Directiva.
Para viabilizar y hacer efectivos todos los planteamientos que mis antecesores -tanto en lo general como en lo particular- han venido planteando sobre la voluntad de este Plenario soberano de aprobar en todos sus extremos el artículo 3, y además hacer algunas modificaciones y adiciones que son prácticamente unánimes de este primer Poder del Estado, tengo a bien leer las siguientes mociones que tengo aquí en mi mano, que son todas de consenso, están firmadas por todas las bancadas y que a continuación detallo:
La primera moción dice lo siguiente: En el numeral 3, inciso 2) del Artículo 3, deberá leerse así: "A la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de 37 millones 167 mil 788 córdobas con 026 centavos, desglosados de la siguiente forma: La suma de 22 Millones 012 mil 905 córdobas para bono salarial mensual a los jueces de distrito y locales a nivel nacional, equivalente al salario que actualmente devengan y de conformidad a detalle presentado por dicha institución. La suma de 7 millones 039 mil 061 córdobas para bono salarial mensual equivalente a los secretarios de actuaciones; y la suma de 8 millones 155 mil 821 córdobas con 038 centavos para la revalorización salarial de los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones".
Esto es para la revalorización salarial de los jueces tanto Locales como de Distrito, un apoyo que les estamos dando a los Secretarios de Actuaciones de todo el país, y una revalorización a los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones conforme a detalle.
Segunda moción: "Disminúyase de la partida presupuestaria asignada al Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, la cantidad de seis millones de córdobas, para asignársela como gastos corrientes a la Alcaldía de Corinto, para la construcción del muro de contención del Puerto de Corinto".
Tercera moción. Esta es una moción solamente aclaratoria: "En el numeral 4 de la página 4, número 18, en el Proyecto b) del Sistema de Tratamiento y Alcantarillado del Municipio de Sébaco- Matagalpa, donde ya se le asignaron cinco millones de córdobas, estos cinco millones de córdobas serán ejecutados por la Alcaldía de Sébaco".
En el caso del artículo numero 3, parte in fine: "Recórtese el programa 17, Servicios de Normalización, Regulación y Control, Construcción y Desarrollo Urbano, el revestimiento del cauce de las Américas, la suma de 7 millones 320 mil córdobas, y se reasignan de la siguiente manera: A la Alcaldía de Managua, 3 millones 660 mil córdobas, para el revestimiento de cauces; y a la Alcaldía de León, 3 millones 660 mil córdobas para el recarpeteo de calles asfaltadas del Centro Histórico de la ciudad de León".
Una moción para "Adicionar dos millones de córdobas a la Reducción de Partidas de Pagos de Intereses de Deuda Interna, y transferir a AMUNIC para las Alcaldías que están realizando la Aplicación de la Ley 309, Ley de Asentamientos Humanos Espontáneos".
"En el caso del numeral 4, inciso 5) del artículo 3, modifíquese lo siguiente: Reasignación de la Comisión Nacional de Energía, 550 mil córdobas, se reasignan de la siguiente manera: a) Construcción del parque turístico de Morrito, la suma de 200 mil córdobas; restauración del Castillo de la Inmaculada Concepción, El Castillo 150 mil córdobas y la construcción de 150 metros de adoquinado en el bulevar El Almendro, Río San Juan, la suma de 200 mil córdobas".
Y la última de las mociones de consenso: "En el artículo 3, numeral 2) de las reducciones, agregar un nuevo inciso que se leerá así: Al Ministerio de Transporte e Infraestructura, se reduce la cantidad de un millón 500 mil córdobas en gastos de capital en el Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Panamericana, San Benito- Yalagüina- El Espino, para asignarse a la Comisión Nacional de Energía, en los siguientes proyectos: La suma de 500 mil córdobas en electrificación Barrio Nuevo Amanecer de la Ciudad de Ocotal, Departamento de Nueva Segovia; y la suma de un millón de córdobas de electrificación rural de la zona del Rosario- Murra- Nueva Segovia".
Todas estas mociones son mociones unánimes, y por lo tanto pido a todo el Plenario de la Asamblea Nacional que dé un voto positivo unánime a las mismas.
Paso las mociones a la Primer Secretaría.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el honorable Diputado Fremio Altamirano.
DIPUTADO FREMIO ALTAMIRANO MONTENEGRO:
Muchas gracias, don Jaime.
Había introducido petición para que se aprobaran tres proyectos importantes para el Departamento de Jinotega, fue introducido el 4 de Diciembre en tiempo y forma, y no fue aprobado o no fue revisado por la Comisión; por lo tanto, he priorizado uno de los proyectos, para el cual tengo la siguiente moción. Se agrega un nuevo inciso al numeral 2 del artículo 3. Se reducen los Intereses de la Deuda Interna, la suma de 17 millones de córdobas netos; y se asigna al Ministerio de Transporte e Infraestructura en los siguientes proyectos: a) siete kilómetros de pavimentación de San Rafael del Norte a La Concordia; b) ocho kilómetros de pavimentación de Miralagos -Pueblo Nuevo a San Esteban, en la carretera que va de Jinotega a Pantasma; c) dos kilómetros de pavimento de la salida vieja de Jinotega a Pantasma, exactamente del Puente San Antonio-salida a Las Trincheras.
Les pido a todos mis colegas me respalden con su voto positivo, ya que Jinotega es uno de los Departamentos más olvidados por la historia de este país.
Presento moción.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA
Tiene la palabra el Diputado Dámisis Sirias Vargas.
DIPUTADO DAMICIS SIRIAS VARGAS:
Muchas gracias.
Honorables colegas Diputados, una de las zonas más olvidadas de nuestro territorio es la zona central, compuesta por los Departamentos de Boaco, Chontales, Zelaya Central, Río San Juan; y el poco progreso que se ha logrado es producto de grandes esfuerzos, a golpeteo de cincel y martillo. Y en esta ocasión, yo quiero pedirles el apoyo en nombre de mis colegas Diputados del Departamento de Chontales, Zelaya Central y Río San Juan, y que a la vez estamos respaldados en esta moción que voy a someter al ilustrado conocimiento de este Magno Plenario, por miembros Diputados de la Bancada del Frente Sandinista, de la Bancada Azul y Blanco y de la Bancada Liberal, consecuentes con ese empeño que tenemos los olvidados del desarrollo.
Para lograr avanzar 25 kilómetros en esa magna obra que va de San Benito hasta El Rama, ya que esa carretera está totalmente destruida, invitamos a los colegas que no conocen -y quizás por eso no nos quieran apoyar- a que vayan para que se den cuenta que es una odisea llegar al Rama. Después de San Lorenzo es una odisea, los vehículos se viven destruyendo. Hay un clamor popular de los diferentes sectores sociales de estos Departamentos de la zona central que he mencionado, y por lo tanto les pido el respaldo a mis queridos colegas Diputados. La moción literalmente dice así:
"Se agrega un nuevo inciso en el numeral 2) del artículo 3. Se reducen a los intereses de la Deuda Externa la suma de 101 millones 269 mil 300 córdobas, y se asignan al Ministerio de Transporte e Infraestructura, en el Proyecto de Construcción de 25 kilómetros adicionales de la carretera San Lorenzo Muhan, en gastos de capital".
Todos los habitantes de la zona central y de los Departamentos que he mencionado, estoy seguro que les reconocerán en todo su valor.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Francisco Sacasa.
DIPUTADO FRANCISCO SACASA:
Gracias, don Jaime.
Yo sigo pensando que por qué no podemos apoyar hoy esta moción tan importante que estamos presentando para Chontales, Boaco, Río San Juan y Zelaya Central. Son clamores de los transportistas, que en cada viaje que hacen llegan al Rama con sus vehículos destruidos. No es posible, hermanos, colegas Diputados, que 25 kilómetros adicionales que van a beneficiar a miles de campesinos, al puerto más importante que tiene Nicaragua en el Atlántico, por qué han dejado de llegar las cantidades de barcos que llegaban, de cuatro y hasta cinco por el mes, hoy nos llegan dos. Y tienen mucha razón, no se pueden arriesgar los container en esa carretera destruida.
Yo quiero hacerle un llamado a mis colegas para que nos apoyen en esta moción, porque el próximo año ya no vamos a poder pasar.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Bladimir Pineda.
DIPUTADO BLADIMIR PINEDA:
Gracias, señor Presidente.
¿Yo solamente quería hacer una aclaración, antes sí, sumarme también a las mociones de consenso presentadas por el Diputado, Licenciado Wálmaro Gutiérrez. Como Diputado de Río San Juan, quiero dejar claro que este representante ante la Asamblea Nacional, apoya cien por ciento las mociones que tienen que ver con la Corte Suprema de Justicia, para mejoras salariales de nuestros jueces, quienes tienen una responsabilidad bien seria en este país, como es la de administrar justicia. Así también las mociones relacionadas al quehacer municipal, para que logremos una mayor participación ciudadana, lo cual nos beneficia para la gobernabilidad y fortalecer la democracia.
La aclaración, en razón de mi moción de Río San Juan, es que por iniciativa mía también, le dábamos dos proyectos de electrificación al Municipio de San Carlos, dejando sin proyectos a tres Municipios del Departamento. De tal manera que en una de las mociones presentadas por el Diputado Gutiérrez se reasignaron 550 mil córdobas para tres Municipios, como son: El Castillo, Morrito y El Almendro; haciendo una distribución equitativa y sin discriminación política, para que estos fondos en vez de que los administrara la Comisión Nacional de Energía, los administren los señores Alcaldes. Esa era la aclaración.
Gracias, señor Presidente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Maximino Rodríguez.
DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:
Muchas gracias.
No voy a presentar moción, porque ya las presentó aquí el colega parlamentario Wálmaro Gutiérrez. Efectivamente, sólo quiero hacer una reseña de lo que es la ciudad de Sébaco, a algunos Diputados, para que no duden que Sébaco es una ciudad muy importante, creo que todos hemos pasado por allí. Matagalpa está terminando un proyecto millonario financiado por organismos internacionales, para abastecer de agua a esa ciudad, y efectivamente es de la ciudad de Sébaco; lo mismo ciudad Darío, y por supuesto Sébaco, que una de sus mayores riquezas es su manto acuífero.
En consecuencia, en mi carácter de Diputado de Matagalpa, consciente de la necesidad de la salud de los matagalpinos, los sebaqueños y darianos, es que hemos hecho aquí una moción consensuada para iniciar el Proyecto de Saneamiento y Alcantarillado Sanitario de Sébaco. Aunque el proyecto que presenté hace tres meses a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional contempla 37 millones de córdobas, conscientes de la crisis económica que vive Nicaragua, la Comisión ha dicho -y creo que todos los parlamentarios vamos aprobar- 5 millones para Sébaco, para iniciar el proyecto de las aguas negras.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Víctor Duarte.
DIPUTADO VICTOR DUARTE:
Gracias, señor Presidente.
Hoy quiero decir aquí, ante los hermanos que están de la Costa Atlántica, que realmente siempre los costeños hemos sido abandonados. Realmente es lamentable que cuando el 4 de Noviembre, en tiempo y fecha pasé a la Comisión Económica de ambas bancadas una petición firmada por los honorables Consejales Regionales, en conjunto con mi persona, solicitando un presupuesto considerable para reparar la vía de Río Blanco a Waspán -es cierto que yo soy de las Minas, pero no puedo olvidarme de Puerto Cabeza y Waspán-, estaba solicitando 10 millones de córdobas adicionales del rubro número 15, donde hay una asignación especial para caminos secundarios, y malintencionadamente se aprobaron nada más 10 millones de córdobas para reparar la carretera Río Blanco-Las Minas.
Yo le pregunto a los honorables Diputados que forman parte de la Comisión Económica, por qué están relegando a Puerto Cabezas, Waspán y Prinzapolka? Qué va a pasar? yo les hago un llamado solidario a los Diputados costeños del Norte: Qué sucede con el resto de la Costa? Dónde está la autonomía? Para qué somos Diputados de la Costa Atlántica, si no es para pelear por ese pedacito de tierra de Nicaragua? Cómo es posible, si ese camino de penetración está intransitable, con 10 millones de córdobas van a solucionar esos problemas? Qué va a suceder con esa clase desprotegida, con el productor, con el campesino, con el enfermo costeño? Pero está bien, si así nos quieren marginar a los costeños, sígannos marginando.
Yo tengo aquí una moción individual, porque no logré el consenso de los Diputados costeños del Norte. Considerando al Triángulo Minero, Siuna, Rosita y Bonanza, quiero que los Diputados tomen conciencia de lo que voy a decir: Prinzapolka es el Municipio más pobre de Nicaragua, y lo repito: Prinzapolka es el Municipio más pobre de Nicaragua, y quisiera que me aprobaran esta moción individual, no hago consenso porque no tengo, pero sí pienso en mi pueblo. De los 10 millones que nos aprobaron al Triángulo Minero, asignémosle 3 millones para bachar la carretera que va a Prinzapolka.
Hermanos, qué vamos hacer, sólo porque simplemente ése es un Municipio donde tal vez hay más miskitos que mestizos, vamos a dejar en abandono a esa gente? Hagamos conciencia sobre la Costa Atlántica, escuchen el clamor de su representante como Diputado costeño, porque el día de mañana que haya una marginación social, una explosión social, quiénes vamos a ser los culpables? Este es un desglose nada más, de esos 10 millones, yo quiero que me... Ya están aprobados, están aprobados en el numeral 4), inciso número 3, párrafo segundo, letra d), artículo número 3.
Simplemente voy a leer la moción: "En el numeral 4, inciso 3), párrafo segundo, letra d) del inciso número 3, deberá leerse así: Rehabilitación de camino del Triángulo Minero, con 10 millones de córdobas detallados de la siguiente manera: Para rehabilitar la carretera principal, Río Blanco, Siuna, Rosita y Bonanza, asignar 7 millones de córdobas, y para rehabilitar la carretera a Prinzapolka, asignar 3 millones de córdobas". Allí están desglosados los 10 millones que miserablemente nos aprobaron para los costeños. Yo quiero que nos acordemos del Municipio más pobre de Nicaragua, que se llama Prinzapolka. No estoy pidiendo ni un córdoba más, simplemente que seamos solidarios, ni estoy cambiando el Presupuesto.
Muchas gracias, señor Presidente. Paso la moción por si me quieren apoyar.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Edwin Castro Rivera.
DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:
Señor Presidente, yo sólo quiero hacer una moción, que más que moción es una corrección. En el artículo 3, numeral 1), inciso 41), equivocadamente aquí se planteó que se le asignara o se le incrementara al MTI 2 millones de córdobas en gastos de capital, para el adoquinamiento de la calle turística central de Catarina. Obviamente aquí se ve que hay un error craso, a la hora de hacer el artículo, porque la ley de municipalidades deja bien claro que éste es un trabajo de la Alcaldía de Catarina. No puede ser asignado al MTI el adoquinamiento de la calle central de Catarina; tiene que ser claramente de la Alcaldía de Catarina. Por tanto, estoy pasando esa moción, que más que una moción de cambio es una moción de corrección a la redacción del articulado.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado Agustín Jarquín Anaya.
DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN ANAYA:
Gracias, Presidente.
Esta moción es un poco parecida en el concepto a lo que ha manifestado el Diputado Edwin Castro, es además una moción consensuada debidamente, de manera que así la presentaríamos, y tiene que ver en este caso con lo que es el mantenimiento de caminos, en lo que son los aspectos de la normación, regulación y controles en las carreteras. Y es que los dos programas que están en el proyecto de presupuesto del MTI, tienen que ser ejecutados por la Ley 355, que es la Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial propiamente como un ente autónomo por el FOMAC.
En el proyecto de Presupuesto se establece por primera vez el FOMAC, y ya le asignan cinco millones para sus gastos corrientes, pero no se le da la asignación de estos programas; de manera que eso es un evidente error que hay de asignación. Entonces la moción lo que pretende es corregir ese error, así como el anterior de la Alcaldía de Catarina, para que se haga esta reasignación interna del MTI al FOMAC, donde además está presente el mismo Ministro de Transporte e Infraestructura. La moción ha sido debidamente consensuada y viene a salvar ese error que había.
La moción se lee así: "Reasígnase proyecto y las partidas del Programa 15, Conservación de la Red Vial, y del Programa 16, Normación, Regulación, Control y Administración Vial, al Fondo de Mantenimiento Vial, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 355, Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial".
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Tiene la palabra el Diputado William Ramírez.
DIPUTADO WILLIAM RAMIREZ:
Gracias, Presidente.
Es para reforzar la moción que yo había presentado en el caso de Catarina, que efectivamente cuando se presentó la moción era la asignación para la propia Alcaldía, dado que en el MTI y en el FISE los costos de contratación que tienen ellos son el doble de la capacidad que tienen las Alcaldías para contratar. Ellos por ejemplo, contratan a 35 dólares el metro cuadrado de adoquinamiento, cuando en las Alcaldías anda entre 13 y 16 dólares. O sea, los Alcaldes con la misma cantidad de plata pueden hacer el doble de lo que hace INIFON y de lo que hace el FISE. Entonces cuando introduje la moción, yo decía que era para la Alcaldía de Catarina, pero equivocadamente se puso que era al Ministerio de Construcción. Y si se pasa, Jaime, al Ministerio de la Construcción, nunca lo van a hacer. Así que hago la corrección.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Sometemos a la votación el artículo 3, con las mociones de consenso.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
75 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el artículo 3.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Vamos a leer las mociones que fueron presentadas y que no tienen el consenso de las bancadas, pero que deben ser sometidas para ver si se aprueban o no.
Hay una moción presentada por varios, que dice: "Agregar un nuevo inciso al numeral 2) del artículo 3. Se reducen los intereses de la Deuda Externa, la suma de 101 millones 269 mil 300 córdobas, y se asignan al Ministerio de Transporte para la construcción de 25 kilómetros adicionales a la Carretera San Lorenzo - Muhan, en gastos de capital".
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Se somete a votación esta moción, verde a favor, rojo en contra.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
22 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones. Se rechaza la moción.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA
:
Moción: "Se agrega un nuevo inciso al numeral 2 del artículo 3. Se reducen los intereses de la Deuda Interna la suma de 17 millones de córdobas y se le asignan al MTI, para los siguientes proyectos: siete kilómetros de pavimentación de San Rafael del Norte a La Concordia; ocho kilómetros de pavimentación de Miralagos-Pueblo Nuevo; dos kilómetros de la salida vieja Jinotega a Pantasma, exactamente del Puente San Antonio- salida a Las Trincheras. Fremio Altamirano.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación la moción, lo mismo que la otra.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
3 votos a favor, 53 en contra. Se rechaza la moción.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
La moción de Víctor Duarte que es en el numeral 3, Rehabilitación de Camino del Triángulo Minero, 10 millones, detallados de la siguiente manera: Rehabilitación de caminos 7 millones y 3 millones"... Hay que dejar claro, Presidente, que esta moción no establece de dónde; es decir, reasigna pero no dice de dónde los 10 millones. Por lo tanto, yo pido que se declare improcedente, no identifica la fuente del financiamiento.
Y la última es la que había planteado William, para que quede registrado que era la reforma al 41, una corrección de acuerdo a la Ley de Municipios. En el 41 se le había asignado al MTI -entiendo yo que equivocadamente- en la redacción, la reparación de las calles centrales de Catarina, cuando correctamente debía reasignarse a la Alcaldía de Catarina. Así es que debe ser sometida a votación para que quede registro.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación la moción presentada por el Diputado William Ramírez.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
68 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba la moción presentada por el Diputado Ramírez.
SECRETARIO MIGUEL REINALDO LOPEZ BALDIZON:
Arto.4
El exceso del Presupuesto General de Egresos sobre el Presupuesto General de Ingresos constituye el Déficit Fiscal. Para financiar el Déficit Fiscal, se obtiene financiamiento proveniente de donaciones externas y de financiamiento externo e interno neto.
Hasta aquí el artículo 4.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 4.
A votación el artículo 4.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
76 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 4.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Arto.5
Estímase la necesidad de financiamiento neto para cubrir el Déficit Fiscal del Presupuesto General de la República para el ejercicio presupuestario 2003, en la suma de C$4,194,718,086.00 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTISEIS CORDOBAS NETOS).
Hasta aquí el artículo 5.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 5.
A votación el artículo 5.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
74 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.
Se aprueba el artículo 5.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.6
El financiamiento neto estimado, de conformidad al artículo anterior está compuesto por la suma de C$2,874,227,289.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTINUEVE CORDOBAS NETOS) en Donaciones Externas, C$1,668,771,811.00 (UN MIL SIESCIENTOS SESENTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTIUN MIL OCHOCIENTOS ONCE CORDOBAS NETOS) en concepto de financiamiento externo neto, menos C$348,281,014.00 (TRESCIENTOS CUARENTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTIUN MIL CATORCE CORDOBAS NETOS) de financiamiento interno neto. Este incluye amortización interna por C$493,723,527.00 (CUATROCIENTOS NOVENTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CORDOBAS NETOS), ingresos de privatización por las ventas de ENITEL y GEOSA en C$168,063,000.00 (CIENTO SESENTIOCHO MILLONES SESENTITRES MIL CORDOBAS NETOS), y en aumento de disponibilidades C$22,620,487.00 (VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTISIETE CORDOBAS NETOS).
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 6.
A votación el artículo 6.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
78 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.
Se aprueba el artículo 6.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.7
El Proyecto de Modernización y Acreditación de la Educación Terciaria que está asignado a los Entes Descentralizados y Otras Instituciones se transfiere al Consejo Nacional de Universidades para su correspondiente ejecución.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el Artículo 7.
A votación el artículo 7.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
79 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 7.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Arto.8
El Proyecto Programa Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones que está asignado a los Entes Descentralizados y Otras Instituciones, se transfiere a la Contraloría General de la República para su correspondiente ejecución.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 8.
A votación el artículo 8.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 8.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Arto.9
Reasígnese al monto asignado de la Amortización Interna, la suma de C$925,737.66 (NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTISIETE CORDOBAS CON 66/100 CENTAVOS) para ser pagado a la Sra. Jeanette del Carmen Vega Baltodano en concepto de Daños y Perjuicios por Mora, de conformidad a sentencia de las once de la mañana del dos de Abril del año dos mil uno del Tribunal de Apelaciones de Managua de la Sala Civil número uno.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 9.
Tiene la palabra el Diputado Gustavo Porras.
DIPUTADO GUSTAVO PORRAS:
En este artículo vamos a presentar una moción de consenso que más bien es una aclaración, y es agregar al final, después de "la resolución del Tribunal de Apelaciones" "y del mandamiento de la Juez Quinto Civil del Distrito de Managua, Doctora Ana Clemencia Corea Ocón, del 17 de Junio del año 2002".
Esa es nada más una aclaración, y es de consenso. Paso la moción.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el artículo 9, con la moción presentada por el Diputado Doctor Porras.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
58 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 9.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Arto.10
Los créditos presupuestarios asignados por la presente Ley, constituyen límites máximos a gastar por cada organismo e institución.
Se prohíbe que los organismos y los funcionarios a cargo de las instituciones presupuestadas, efectúen gastos por encima de las asignaciones consignadas en este Presupuesto.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 10.
A votación el artículo 10.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 10.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Arto.11
Los gastos de los organismos que se financien con rentas con destino específico (ingresos propios), sólo podrán ser sujetos de desembolsos si existieran los fondos confirmados previamente en las cuentas de la Tesorería General de la República del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Si durante el período de ejecución del Presupuesto General de la República vigente, los organismos que recaudan rentas con destino específico alcanzaran montos de recaudación superiores a los previstos en el Presupuesto General de Ingresos, la suma confirmada de incremento podrá ser incorporada al Presupuesto General de Egresos mediante crédito adicional, y su desembolso se ejecutará conforme a aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público e informar a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General de la República.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 11.
A votación el artículo 11.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
72 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 11.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.12
Todas las donaciones internas o externas que financien programas y proyectos de los organismos e instituciones presupuestados, deberán ser canalizadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme las correspondientes disposiciones legales según sea el caso. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgará los desembolsos, previa presentación de la programación correspondiente.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 12.
A votación el artículo 12.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
74 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 12.
SECRETARIIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.13
Los organismos presupuestados quedan facultados para incorporar al presupuesto de la institución, el producto de las donaciones de bienes y recursos externos, así como los desembolsos de préstamos concesionales aprobados por convenios y leyes, destinados a proyectos y programas, y cuyos montos no se hayan previsto en este Presupuesto.
La programación y registro de la ejecución presupuestaria se hará conforme al Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría de la Contabilidad Gubernamental, y de acuerdo a las Normas de Ejecución y Control Presupuestario, del cual se remitirá un informe a la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional de su Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, de conformidad con el Arto.16 de la presente Ley.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 13.
A votación el artículo 13.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
72 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 13.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.14
El alivio interino proveniente del pago de servicio de la deuda externa bajo la iniciativa HIPC, destinado a la reducción de la pobreza, está incluido dentro de los límites del Presupuesto General de Egresos, tanto corriente como de capital, aprobados en esta Ley Anual de Presupuesto General de la República. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, elaborará informes trimestrales y los remitirá a la Asamblea Nacional, de conformidad al Arto.16 de la presente Ley.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 14.
A votación el artículo 14.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 14.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.15
Todos los organismos sujetos a las disposiciones de la Ley del Régimen Presupuestario, deben presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público su programación trimestral de compromisos y la programación detallada por mes del gasto devengado, así como la programación física de sus proyectos de inversión. Esta presentación se efectuará anticipadamente en las fechas y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de la Dirección General de Presupuesto.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 15.
A votación el artículo 15.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 15.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.16
Todos los organismos e instituciones que se financien, total o parcialmente, con fondos del Presupuesto tanto de origen interno como de donaciones y desembolsos de préstamos externos, están obligados a presentar a la Dirección General de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar dentro de los primeros veinte días de cada trimestre de que se trate, los resultados e informes de la ejecución financiera y física del presupuesto del período anterior.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a los registros del Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría, remitirá un informe trimestral de la ejecución presupuestaria financiera a la Asamblea Nacional a través de su Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, con copia a la Contraloría General de la República, a más tardar dentro de los primeros treinta días siguientes a cada trimestre de que se trate. Este informe deberá de contener, además del detalle de la ejecución de los proyectos de inversión, el desglose por renglones del gasto corriente y el gasto de capital de las Instituciones Centralizadas y Descentralizadas.
La Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá de proporcionar a la Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público de la Asamblea Nacional, toda información vinculada a la Ejecución y Seguimiento de la Ley Anual del Presupuesto General de la República y cualquier otra información que resultase necesaria para el desarrollo del trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 16.
A votación el artículo 16.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
75 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 16.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.17
Todos los organismos del sector público presupuestado, que legalmente recaudan o perciben ingresos a su nombre o a nombre del Estado Nicaragüense en concepto de aprovechamiento, concesiones, derechos, licencias, matrículas, multas, recargos o cualquier tipo de tributo y/o servicios administrativos, deberán enterarlos en las cuentas que en conjunto se designen al efecto con la Tesorería General de la República. El cobro de cualquier tipo de servicio que se realice en las instituciones estatales deberá hacerse mediante boleta fiscal y dicho cobro deberá tener un fundamento legal, para lo cual deberá abocarse con el Ministerio de Hacienda Crédito Público. Si no cumplen estos requisitos, ninguna persona está obligada a pagar dichos cobros y los funcionarios que los ordenaren incurrirán en delito.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 17.
A votación el artículo 17.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
75 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 17.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVEA:
Arto.18
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dará seguimiento físico y financiero a los proyectos contemplados en el Plan de Inversiones que forman parte de la presente Ley.
Este Ministerio queda facultado para no suministrar fondos de la contrapartida local para la ejecución de los mismos, si los organismos no cumplen con los requisitos establecidos de presentación de los informes de avances físicos y financieros alcanzados, así como el registro de los recursos externos, todo ello de conformidad a la presente Ley y la Ley del Régimen Presupuestario.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 18.
A votación el artículo 18.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 18.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.19
Las instituciones públicas o privadas que reciban aporte del Gobierno Central quedan obligadas a informar mensualmente del uso de los recursos recibidos según establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Presupuesto. Esta información también deberá remitirse a la Contraloría General de la República. El incumplimiento de esta disposición implicará la suspensión temporal de la transferencia.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 19.
A votación el artículo 19.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
75 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 19.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.20
El control del Presupuesto General de Ingresos y de Egresos de la República corresponde al Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República y de las facultades propias de la Asamblea Nacional que establecen las leyes de la materia.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 20.
A votación el artículo 20.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
77 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 20.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.21
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público destinará a la Policía Nacional, el cincuenta por ciento de las sumas que ingresan por multas y el setenta y cinco por ciento de las sumas que ingresan por aranceles y servicios de tránsito (Decreto Nº276), liquidación de mercadería y medios decomisados, pagos por servicios, permisos y licencias policiales y demás resultantes de la actividad de la Policía Nacional. Se exime del pago del Impuesto Específico al Consumo en concepto de combustible a la Policía Nacional a fin de elevar la capacidad operativa de la misma. El monto correspondiente de los conceptos antes señalados, será liquidado y transferido mensualmente al Ministerio de Gobernación para ser utilizado por la Policía Nacional, de acuerdo con las Normas de Ejecución y Control Presupuestario.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 21.
A votación el artículo 21.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
76 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 21.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.22
El Gobierno de la República, en el marco del Programa de Reforma y Modernización del Estado y con el apoyo de organismos internacionales, continuará impulsando el proceso de descentralización con la transferencia de servicios y recursos a los efectos de mejorar la gestión y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. En consecuencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público apoyará y dará seguimiento a los esfuerzos para la descentralización presupuestaria y autonomía en la administración de los recursos en los Ministerios de Salud y de Educación, Cultura y Deportes.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 22.
A votación el artículo 22.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
78 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 22.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.23
Se asigna a las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, incluidos en la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la suma de C$719,000,000.00 (SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE CORDOBAS NETOS), en transferencias corrientes y C$78,030,000.00 (SETENTIOCHO MILLONES TREINTA MIL CORDOBAS NETOS), en transferencia de capital, para el ejercicio presupuestario 2003, las que serán utilizadas por estas instituciones en base a las facultades que le confiere el Arto. 125 de la Constitución Política y el Arto. 8 de la Ley de Autonomía.
Complementario a lo presupuestado para estas instituciones, el Gobierno de la República se compromete a continuar gestionando con la cooperación externa y recursos del tesoro, fondos para inversiones.
Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior están obligados a informar a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar dentro de los veinte días de cada trimestre de que se trate, el uso de los recursos recibidos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Presupuesto, dará seguimiento a los desembolsos de conformidad a las Normas de Ejecución y Control Presupuestario que rijan para ese año.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 23.
A votación el artículo 23.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
78 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 23.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.24
Los entes autónomos y gubernamentales, así como las empresas del Estado, que transfieran recursos financieros al Gobierno Central en concepto de apoyo presupuestario, deberán transferirlos a la Tesorería General de la República, quien abrirá una cuenta en el Banco Central de Nicaragua. Cualquier uso específico deberá ser previsto en el Presupuesto General de la República y registrarse en la ejecución presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 24.
Tiene la palabra el Diputado Ingeniero Agustín Jarquín.
DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:
Gracias, Presidente.
Estamos legislando a favor de que tengamos una planificación de los ingresos y los gastos y las inversiones más ordenadas, y a la vez ir limitando las discrecionalidades y favorecer la transparencia, asimismo fortalecer el desempeño de este Poder del Estado. En consonancia con esto, presento esta moción que es de consenso, para que al artículo 24 del Dictamen se le adicione al final, un párrafo en el cual se establezca que a comienzos de año se informe al Ministerio de Hacienda lo que se pretende transferir de parte de la Empresa de Puerto, de Hidropuerto, INISER, etc., al Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo presente la correspondiente reforma presupuestaria, y sea aprobada a comienzos de año por esta Asamblea Nacional.
Se lee así, Presidente. Al final del artículo añadir lo siguiente: “Los entes citados al inicio de este artículo, informarán antes de finalizar el mes de Enero, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el total de lo que se programa transferir al Gobierno Central durante el año dos mil tres. La Presidencia de la República presentará de inmediato a la Asamblea Nacional, el Proyecto de Reforma Presupuestaria, para su consideración de ley. Entrego la moción que está suscrita por Diputados líderes de diferentes bancadas.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Sometemos a votación la moción de consenso presentada por el Diputado Agustín Jarquín.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
77 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 24, con la moción presentada.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Hay dos artículos nuevos que fueron presentados por el Diputado Nathán Sevilla, les vamos a dar lectura y a votarlos de forma independiente. Artículo nuevo: “Reasígnase la partida presupuestaria al de la Institución siguiente: Al Ministerio de Educación, aféctase la cantidad de C$15,000.000.00 (QUINCE MILLONES DE CORDOBAS), al grupo 1, Servicios Personales, Fondos Asignados a Asesorías, que no existían en el Presupuesto del año 2002, para reasignarse a incremento del Bono Salarial Mensual que se les otorgará a educadores, maestros de aulas, inspectores, bibliotecarios, sub-directores y directores de escuelas primarias y secundarias, complementarios a los C$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE CORDOBAS) contemplados en el artículo 3, numeral 9”.
Repito de nuevo:
“Al Ministerio de Educación, aféctase la cantidad de C$15,000,000.00 (QUINCE MILLONES DE CORDOBAS), del grupo 1, Servicios Personales, Fondos Asignados a Asesorías que no existían en el Presupuesto del año 2002, para reasignarse a incremento del Bono Salarial Mensual que se les otorgará a educadores, maestros de aulas, inspectores, bibliotecarios, sub-directores y directores de escuelas primarias y secundarias, complementario a los C$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE CORDOBAS) contemplados en el artículo 3, numeral 9”.
Firman: Nathán Sevilla, Felícita Zeledón, Mirna Rosales y otras firmas que no las identifico.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el artículo nuevo con la moción presentada.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
67 votos a favor, ninguno en contra. Aprobada la moción.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
El otro artículo nuevo leído por el Diputado Sevilla, que viene firmado por varias bancadas, dice lo siguiente:
“Del presupuesto asignado al Poder Judicial, se autoriza la cobertura de pensiones de jubilación de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hasta los montos que contemple la de la máxima pensión de ley contemplada para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en los casos que el Magistrado jubilado no goce de la citada cobertura de pensión de la Seguridad Social”.
Firman; Orlando, Wálmaro, Wilfredo, Benita Arbizú, etc.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el nuevo artículo.
A discusión el nuevo artículo.
A votación.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
63 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Se aprueba la moción.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.25
En lo no previsto en la presente Ley, se regirá por lo dispuesto en la Ley Nº. 51, Ley del Régimen Presupuestario y sus Reformas.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 25.
Tiene la palabra el Diputado Ingeniero Agustín Jarquín.
DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:
Presidente, muchas gracias.
Yo también tengo una propuesta de dos artículos nuevos, que no afectan, no hay movimiento de partida, no tienen cuantía, pero van orientados uno, a que se fortalezca el sistema de control interno, para que las unidades de auditoría interna obtengan por su titular, la entrega de más recursos; y el otro es, la disposición de recursos sobre los casos de delitos vinculados a la corrupción, etc. Como es artículo nuevo, tiene que ponerse antes del artículo 25, por el orden lógico. Si me permite, voy a presentar la moción que a la vez es de consenso de varias bancadas.
Dice: Artículo nuevo. Después del artículo 24 del Dictamen:
“Las Unidades de Auditoría Interna (UAI), de los entes presupuestados y los entes autónomos, tendrán una asignación presupuestaria proporcionalmente similar a la de una dirección general de la entidad correspondiente, y su presupuesto de operación será lo suficiente para realizar la labor de control interno financiero y operacional, prevista en la ley y los reglamentos correspondientes y consignadas en su Plan de Trabajo Anual”.
Es la redacción que hemos propuesto y goza, como le digo, del apoyo de diferentes bancadas.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el nuevo artículo presentado por el Diputado Ingeniero Agustín Jarquín.
Vamos a leerlo de nuevo para que lo oigan todos.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Moción para artículo nuevo.
“Las Unidades de Auditoría Interna, de los entes presupuestados y los entes autónomos, tendrán una asignación presupuestaria proporcionalmente similar a la de una dirección general de la entidad correspondiente, y su presupuesto de operación será lo suficiente para realizar labor de control interno financiero y operacional, prevista en la ley y los reglamentos correspondientes y consignadas en su Plan de Trabajo Anual”.
Firman los mocionistas: Wálmaro Gutiérrez, Orlando Tardencilla, Roberto González, Agustín Jarquín, Wilfredo Navarro y David Castillo.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A votación el nuevo artículo.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
49 votos a favor, 10 en contra, y ninguna abstención. Se aprueba el nuevo artículo.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.26
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación, por cual...
¿No se ha votado el 25?
Leo de nuevo el 25.
Arto.25
En lo no previsto en la presente Ley, se regirá por lo dispuesto en la Ley Nº. 51, Ley del Régimen Presupuestario y sus Reformas”.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 25.
A votación el artículo 25.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
77 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 25.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.26
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial, y de lo establecido en el Artículo 41 de la Ley del Régimen Presupuestario”.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 26.
A votación el artículo 26.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
78 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 26, y la Ley General de Presupuesto.
Adéndum No.7, Punto 1.53: Decreto de aprobación del contrato de préstamo No.1576 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Nicaragua, para financiar parcialmente el Proyecto denominado Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chinandega Guasaule, Frontera con Honduras (CA-3).
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Managua, 21 de noviembre de 2002.
Doctor
Miguel López Baldizón
Primer Secretario
Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Doctor López:
Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1576 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Nicaragua para financiar Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chinandega-Guasaule, Frontera con Honduras (CA-3), con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.
Sin más a que hacer referencia, le saludo cordialmente,
Julio Vega Pasquier
Secretario
cc:
Archivo
Managua, 14 de noviembre de 2002.
Ingeniero
Jaime Cuadra Somarriba
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Presidente:
Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1576 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Nicaragua para Financiar Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chinandega-Guasaule, Frontera con Honduras (CA-3), para que sea sometido a la aprobación de esa Honorable Asamblea Nacional, esperando sea resuelto favorablemente el referido Proyecto de Decreto.
Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.
Afectísimo
Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República
cc:
Archivo
Cmb
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Banco Centroamericano de integración Económica (BCIE) y la República de Nicaragua, suscribieron con fecha 23 de Octubre del 2002, el Contrato de Préstamo No. 1576 por un monto de US$19,500,000 (Diecinueve Millones Quinientos Mil Dólares) moneda de los Estados Unidos de América, con recursos provenientes del Convenio de Apoyo Financiero para el Plan de Reconstrucción y Transformación de Centroamérica, suscrito entre el BCIE y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho préstamo está destinado a financiar parcialmente la ejecución del proyecto denominado “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chinandega-Guasuale, Frontera con Honduras (CA-3)”.
El proyecto tiene como objetivo generales. 1) Mejorar la red vial primaria de acuerdo con el esquema de la Carretera Panamericana, según lo estipulado en el Programa de Integración Económica para América Central. 2) Facilitar las condiciones a los transportistas internacionales y resto de usuarios de la Carretera Panamericana (72Km), adaptándola a los nuevos requerimientos que estos demandan; y 3) Mejorar la intercomunicación de los Municipios del Departamento de Chinandega con la frontera de Honduras.
En los términos de este Contrato, el Banco Centroamericano de Integración Económica, con base en las Resoluciones Nos. DI-54/2002 del 29 de Marzo del 2002 y DI-104/2002 del 28 de Agosto del 2002, autoriza a la República de Nicaragua el Préstamo No. 1576 por un monto de US$19,500,000.00 (Diecinueve Millones Quinientos Mil Dólares) moneda de los Estados Unidos de América.
El banco desembolsará el préstamo en dólares, moneda de los Estados Unidos de América, reservándose sin embargo, el derecho de entregar al prestatario cualquier otra divisa que estimare conveniente para la ejecución del proyecto, siendo esa parte de la obligación denominada en la divisa desembolsada. También, el banco se reserva el derecho de efectuar los desembolsos en moneda local, por su equivalente en dólares, quedando esa parte denominada en dólares y el prestatario estará obligado a amortizar en dólares, con opción de pago en la moneda local, al tipo de cambio con el que el BCIE opere, en la fecha de pago respectivo. Las comisiones de cambio serán pagadas por el prestatario.
El Organismo Ejecutor será el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), a través de la Dirección General de Vialidad (DGV).
Por ser recursos provenientes del Convenio de Apoyo Financiero para el Plan de Reconstrucción y Transformación de Centroamérica, suscrito entre el BCIE y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, hasta veinte (20) años plazo, incluyendo hasta cuatro (4) años de gracia, contados a partir de la fecha del primer desembolso.
En caso de que así fuere necesario, el BCIE podrá revisar el período de gracia concedido a afecto de lograr la concesionalidad requerida por el prestatario.
Este préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del mismo, en las fechas y por los montos que determine el BCIE, debiendo pagar la primera cuota, una vez transcurridos cincuenta y cuatro (54) meses contados a partir de la fecha del Contrato de Préstamo, sin embargo, conforme lo establecido en la Sección 2.3. Plazo y Período de Gracia, en caso de que fuere necesario, el BCIE podrá ampliar el período de gracia, comunicando para tal efecto, al prestatario la fecha en que deberá hacerse la primera amortización de capital más intereses.
El prestatario reconocerá y pagará la tasa de interés de dos puntos setenta y dos cincuenta y cuatro por ciento (2.7254%) anual fija, por toda la vida del préstamo, más cero punto cinco por ciento (0.5%) por año, margen del BCIE, entendiéndose que de no realizarse el primer desembolso del proyecto antes del 14 de Febrero de 2003, dicha tasa deberá ser revisada por el banco.
No obstante, por ser recursos provenientes del Convenio de Apoyo Financiero para el Plan de Reconstrucción y Transformación de Centroamércia, suscrito entre el BCIE y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, se podrá aplicar la tasa Libor de 6 meses más 0.5% por año, margen del BCIE, la cual se fijará por toda la vida del préstamo, si éste resulta menor que la señalada en el párrafo anterior al momento de otorgar la primera disposición de recursos.
Los intereses deberán pagarse semestralmente en dólares y se calcularán sobre los saldos deudores sobre una base de trescientos sesenta y cinco (365) días. El primer pago se hará a los seis (6) meses siguientes de la fecha de firma del Contrato de Préstamo.
La aceptación por el banco del pago de intereses después de su vencimiento, no significará prórroga del término de vencimiento de dichos intereses, ni del señalado a este préstamo.
El prestatario pagará al BCIE una Comisión de Auditoría y Supervisión de un cuarto del uno por ciento (1/4 del 1%) sobre el monto del préstamo, pagadera de una sola vez a más tardar al momento del primer desembolso. Por la naturaleza y complejidad del proyecto, esta comisión será revisable pudiendo ser aumentada por la Presidencia Ejecutiva hasta ¼ adicional si las necesidades de supervisión así lo aconsejan. Dicha comisión será utilizada exclusivamente para apoyar las labores de supervisión del proyecto.
Por las razones anteriormente mencionadas, y con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, someto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, el Contrato de Préstamo No. 1576 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Nicaragua, para financiar parcialmente la ejecución del proyecto denominado “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chinandega-Guasaule Frontera con Honduras (CA-3)”.
Hasta aquí la Exposición de Motivos.
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO:
Que con fecha 23 de octubre de 2002, fue suscrito el Contrato de Préstamo No. 1576 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), representado por el Señor Pablo R. Schneider M., Presidente Ejecutivo del BCIE, y la República de Nicaragua, representada por el Señor Eduardo Montealegre Rivas, Ministro de Hacienda y Crédito Público, para financiar parcialmente la ejecución del proyecto denominado “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chinandega-Guasaule, Frontera con Honduras (CA-3)”.
En uso de sus facultades
HA DICTADO
El siguiente
DECRETO:
Arto.1
Apruébase el Contrato de Préstamo No. 1576, suscrito el 23 de Octubre de 2002, entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de Nicaragua, por un monto de US$19,500.00 (Diecinueve Millones Quinientos Mil Dólares) moneda de los Estados Unidos de América, para financiar parcialmente el proyecto denominado “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chinandega-Guasaule Frontera con Honduras (CA-3).
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
Presidente de la República de Nicaragua
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el presente Decreto.
A votación el Decreto.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Decreto.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Punto 1.55: Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1111/SF-NI entre el gobierno de la República de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa Multifase de Vivienda para Poblaciones de Bajos Ingresos, FASE I.
Managua, 20 de noviembre de 2002.
Ingeniero
Jaime Cuadra Somarriba
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Presidente:
Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo N°. 1111/SF-NI “Programa Multifase de Vivienda para Poblaciones de Bajos Ingresos FASE I”.
Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto. Asimismo, solicito se le dé trámite de urgencia, con fundamento en el párrafo 5 del artículo 141 de nuestra Constitución Política.
Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio
Afectísimo
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
Presidente de la República
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Gobierno de la República de Nicaragua, ha logrado el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al obtener un préstamo concesional con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales para ejecutar el “Programa Multifase de Vivienda para Poblaciones de Bajos Ingresos, Fase I”.
El objetivo General del Programa es profundizar mercados y crear instituciones a fin de mejorar las condiciones de viviendas de hogares de ingresos bajos y moderados. Específicamente, el programa fortalece un organismo para política y programas de vivienda, el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), a fin de: (a) modificar la función del gobierno central de producción directa a facilitación de la presentación del sector privado mediante subsidio; (b) estimular mercados por medio de la creación de incentivos sólidos y la prestación de asistencia técnica para créditos para la vivienda, ahorros y regularización de la tierra; y (c) descentralizar la ejecución de programas a organizaciones calificadas con o sin fines de lucro y aumentar la capacidad de estas organizaciones.
La ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del banco serán llevada a cabo en su totalidad por el Prestatario por intermedio del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural de Nicaragua, en adelante denominado el “Organismo Ejecutor” o “INVUR”.
En los términos de este Contrato, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se compromete a otorgar al Gobierno de la República de Nicaragua un Préstamo con cargo a los recursos del Fondo de Operaciones Especiales (FOE), hasta por una suma de Veintidós Millones Quinientos Mil Dólares (US$22,500.000.00) o su equivalente en otras monedas, excepto la de la República de Nicaragua, que formen parte de dichos recursos. Las cantidades que se desembolsen con cargo a este financiamiento constituirán el “Préstamo”.
El préstamo deberá ser amortizado por el Prestatario en un plazo de cuarenta (40) años mediante sesenta (60) cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse el 1 de Marzo de 2013, y la última a mas tardar el 1 de Septiembre de 2042.
(a) El prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deudores diarios del préstamo intereses del uno por ciento (1%) por año hasta el 1 de Septiembre de 2012 y del 2% por año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las fechas de los respectivos desembolsos. El primer pago se efectuará el 1 de Marzo de 2003 y los siguientes en los días 1 de los meses de Septiembre y de Marzo de cada año.
(b) Los Intereses serán abonados con recursos del financiamiento y sin necesidad de solicitud del Prestatario, durante el período de desembolso y en las fechas establecidas en el párrafo anterior.
Comisión de crédito
: (a) Sobre el saldo no desembolsado del financiamiento que no sea en moneda del país del Prestatario, éste pagará una comisión de crédito del ½% por año, que empezará a devengarse a los doce (12) meses contados a partir del 25 de Septiembre de 2002, fecha de la Resolución del Directorio Ejecutivo del Banco en la que aprobó este financiamiento.
(b) Esta comisión se pagará en dólares de los Estados Unidos de América, en las mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses, de conformidad con lo previsto en las Estipulaciones Especiales.
Del monto del financiamiento, se destinará la suma de Doscientos Veinticinco Mil Dólares (US$225,000.00), que equivale al 1% para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales. Dicha suma será desembolsada en cuotas trimestrales y en lo posible iguales, y se acreditará en la cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario.
El Prestatario se compromete a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, el equivalente de Dos Millones Ochocientos Mil Dólares (US$2,800,000.00), sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario.
Por las razones anteriormente mencionadas, y con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea Nacional, el Contrato de Préstamo No. 1111/SF-NI, para financiar el “Programa Multifase de Vivienda para Poblaciones de Bajos Ingresos, Fase I”.
Hasta aquí la exposición de Motivos.
DECRETO N°____
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO
I
Que el 19 de Noviembre del 2002, fue suscrito entre el Señor Eduardo Valcárcel, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nicaragua y el Licenciado Eduardo Montealegre Rivas, Ministro de Hacienda y Crédito Público, en nombre y representación del Gobierno de la República de Nicaragua, Contrato de Préstamo N° 1111/SF-NI, por un monto de Veintidós Millones Quinientos Mil Dólares (US$22,500,000.00) o su equivalente en otras monedas, excepto la de Nicaragua, que formen parte de dichos recursos para financiar el “Programa Multifase de Vivienda para Poblaciones de Bajos Ingresos, Fase I” cuyo objetivo general es profundizar mercados y crear instituciones a fin de mejorar las condiciones de viviendas de hogares de ingresos bajos y moderados.
II
Que el préstamo es altamente Concesional, con un plazo de pago de 40 años, incluyendo un período de gracia de 10 años, el Prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deudores diarios del Préstamo intereses del 1% por año hasta el 1 de Septiembre de 2012 y del 2% por año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde la fecha de los respectivos desembolsos y una comisión de crédito del ½ % que empezará a devengarse a los doce (12) meses contados a partir del 25 de Septiembre de 2002, fecha de Resolución del Directorio Ejecutivo del Banco en la que aprobó este financiamiento.
En uso de sus facultades,
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO:
Arto.1
Apruébase el Contrato de Préstamo N° 1111/SF-NI, suscrito el 19 de Noviembre de 2002, entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica, por un monto de Veintidós Millones Quinientos Mil Dólares (US$22,500,000.00) para financiar el “Programa Multifase de Viviendas para Poblaciones de Bajos Ingresos, Fase I”.
Arto.2
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
Presidente de la República de Nicaragua
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el presente Decreto.
A votación el presente Decreto.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
70 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el Decreto.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Punto IV: DISCUSION DE DICTAMENES DE PERSONALIDADES JURIDICAS PRESENTADAS POR LA COMISION DE DEFENSA Y GOBERNACION, de la 4.52 a la 4.80.
Leo el listado y después leo el texto de cada una, para aprobarlas todas en serie.
4.52 ASOCIACION AMIGOS DEL FUTURO.
4.53 ASOCIACION DE INICIATIVAS Y HERMANAMIENTOS DE EL CASTILLO (ASIHERCA).
4.54 FUNDACION PARA LA PROMOCION DE DESARROLLO LOCAL (FUNDACION PRODEL).
4.55 ASOCIACION ACADEMICA PARA EL DESARROLLO HUMANO ALTERNATIVO “ASADEHUALT”.
4.56 ASOCIACION DE CONFISCADOS Y AFECTADOS ARGES SEQUEIRA MANGAS (ACAS).
4.57 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES UNIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE (APPRUDAS).
4.58 ASOCIACION EVANGELISTICA DIOS FUERTE.
4.59 ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL TURISMO SOLIDARIO (TUSOL).
4.60 ASOCIACION PARA NIÑOS NEFROPATICOS “ANNEF”.
4.61 ASOCIACION CENTRO CRISTIANO CASA DEL PADRE PENTECOSTAL INTERDENOMINACIONAL “CCC DEL PADRE”.
4.62 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO ECONOMICO Y SOCIAL “DICES”.
4.63 ASOCIACION DE CONSULTORES PARA EL DESARROLLO RURAL NICARAGÜENSE (ACODER).
4.64 ASOCIACION VILLA SOBERANA NICARAGÜENSE “AVSOBNIC”.
4.65 ASOCIACION DEPORTIVA ACUATICA NICARAGÜENSE.
4.66 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE AMIGOS DEL ANCIANO Y DEL NIÑO RURAL (ADIANRU).
4.67 ASOCIACION NICARAGUENSE DE EXBECARIOS DEL JAPON (ANEJA).
4.68 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS NICARAGÜENSES (ASODIN).
4.69 ASOCIACION MISION CRISTIANA PODER Y SANTIDAD (MICPOSAN).
4.70 ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO PSICOEDUCATIVO, HOGAR Y SALUD DE NICARAGUA.
4.71 ASOCIACION MOVIMIENTO EVANGELICO EL TABOR (AMET).
4.72 ASOCIACION NICARAGÜENSE DE ESCRITORAS (ANIDE).
4.73 ASOCIACION DE ACCION AL METODO NATURAL, AMEN.
4.74 FUNDACION NUEVOS HORIZONTES “FUNHORI”.
4.75 FUNDACION PARA LA UTILIZACION DEL RIÑON ARTIFICIAL DE LEON (FURAL).
4.76 FUNDACION VIDA Y ESPERANZA (FUVE).
4.77 FUNDACION CITLAL.
4.78 FUNDACION INVESTIGACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIAL (INCADESO).
4.79 FUNDACION EVANGELICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE O FUNDACION FEPRODES.
4.80 FUNDACION CENTRO PARA PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN/NICARAGUA O “CPC/NICARAGUA”.
Dictamen de la Personalidad Jurídica de la
Asociación Amigos del Futuro
.
DICTAMEN
Managua, 21 de Agosto del 2002.
Doctor
Arnoldo Alemán Lacayo
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.
Estimado Presidente:
Los suscritos Miembros de la Comisión de Defensa y Gobernación, nos reunimos para dictaminar la solicitud de la Personalidad Jurídica de la
ASOCIACION AMIGOS DEL FUTURO,
con domicilio en el Municipio de León, Departamento de León, presentada por el Diputado Sergio García Pinel, en la Continuación de la Segunda Sesión Ordinaria de la XVII Legislatura de la Asamblea Nacional celebrada el once de Diciembre del dos mil uno.
Esta Asociación fue creada sin fines de lucro, es apolítica y tiene por objetivos: 1) Promover proyectos que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de personas de escasos recursos; 2) Impulsar y promover proyectos de protección y saneamiento del medio ambiente, turístico y prevención y mitigación de desastres naturales; 3) Buscar el financiamiento nacional e internacional para la capacitación de la pequeña y mediana empresa de producción y servicios, para mejorar el nivel de ingresos.
Esta Asociación presenta su Junta Directiva, integrada por: Presidente: MARTIN HILARIO ORTIZ SALINAS, Vicepresidente: GLRORIA ESMERALDA GONTOL JUAREZ; Secretario: ALEJANDRO ADRIAN ORTIZ SALINAS; Tesorero: GUILLERMO RAFAEL ARGUELLO VILLAREAL; Fiscal: JOSE BENITO ZAMORA MEDRANO.
Los Miembros de la Comisión de Defensa y Gobernación consideramos que la solicitud, elementos constitutivos, fines y objetivos de esta Asociación están en concordancia con la Ley No. 147.
Asimismo, el proyecto y su Exposición de Motivos están bien fundamentados y no se opone a lo dispuesto en la Constitución Política.
Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 56, inciso 5 del Reglamento interno de la Asamblea Nacional, dictaminamos
FAVORABLEMENTE
esta solicitud de Personalidad Jurídica.
Instamos al Plenario a aprobar el otorgamiento de Personalidad Jurídica a la
ASOCIACION AMIGOS DEL FUTURO.
Atentamente,
COMISION DE DEFENSA Y GOBERNACION
PEDRO JOAQUIN RIOS C.
PRESIDENTE
RENE HERRERA ZUNIGA
PRIMER Vicepresidente
IRIS MONTENEGRO
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
JOSE FIGUEROA AGUILAR
PRIMER SECRETARIO
JAIME RENE GARCIA MANGAS
SEGUNDO SECRETARIO
FREMIO ISABEL ALTAMIRANO
MIEMBRO
BLADIMIR PINEDA SOZA
MIEMBRO
JAIME CUADRA SOMARRIBA
MIEMBRO
ELIAS CHEVEZ
MIEMBRO
DAYSI TREJOS
MIEMBRO
JOSE DAMICIS SIRIAS
MIEMBRO
FRANCISCO SACASA URCUYO
MIEMBRO
Hasta aquí la Exposición de Motivos.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Aprobación en lo general.
A votación.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
54 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado en lo general.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.1
Otórgase Personalidad Jurídica a la ASOCIACION AMIGOS DEL FUTURO, sin fines de lucro, de duración indefinida y con domicilio en el Municipio de León, Departamento de León.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 1.
A votación.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
54 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado el artículo 1.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.2
La representación legal de esta Asociación será ejercida en la forma que determinen sus Estatutos.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 2.
A votación el artículo 2.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
52 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.3
La ASOCIACION AMIGOS DEL FUTURO, estará obligada al cumplimiento de la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y demás Leyes de la República.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 3.
A votación el artículo 3.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
51 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 3.
SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:
Arto.4
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
A discusión el artículo 4.
A votación.
Se abre la votación.
Se cierra la votación.
54 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba esta personería y todas las leídas.
Les recordamos a todos los honorables Diputados asistir al convivio que tenemos con los periodistas en el Mezzanine, pero primero vamos a oír el Himno Nacional.
También se les recuerda que mañana, la Sesión de Clausura de la Legislatura, es las nueve de la mañana.
Se cierra y levanta la Sesión.
(Himno Nacional).
SESION SOLEMNE DE CLAUSURA DE LA DECIMA OCTAVA LEGISLATURA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, EN MEMORIA DEL XXX ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE ROBERTO CLEMENTE, y CONDECORACIÓN A LA OPS EN SU CENTENARIO, CON LA ORDEN PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO EN EL GRADO DE GRAN OFICIAL, CELEBRADA EL DIA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.
PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:
Vamos a entonar las notas de nuestro sagrado Himno Nacional.
Muy buenos días.
Damos por abierta esta Sesión, saludando al Cuerpo Diplomático, Gabinete de Gobierno, Diputados e invitados especiales y los distintos Poderes del Estado.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, dedica esta Sesión Solemne de Clausura de la Décimo Octava Legislatura en memoria del XXX Aniversario del fallecimiento de Roberto Clemente.
Primero oiremos las notas de nuestro sagrado Himno Nacional.
SEÑORA ANA LORENA SAENZ, DIRECTORA DE PROTOCOLO:
El Doctor Miguel López Baldizón, Primer Secretario de la Asamblea Nacional, dará lectura a la Resolución de la Junta Directiva, dedicando la Sesión Solemne de Clausura de la Décimo Octava Legislatura, en memoria del XXX Aniversario del fallecimiento de Roberto Clemente.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
Muy buenos días.
En esta ocasión, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, y esta honorable Asamblea Nacional, rinden un tributo a un verdadero humanitario y uno de los grandes jugadores del béisbol, nacido en la estrella brillante del Caribe, Puerto Rico. Como es natural, dentro de su belleza, a veces hubo turbulencias en el pasado, la gente de Puerto Rico es paciente y apasionada por la música, la literatura, el deporte, y especialmente por el béisbol. Roberto Clemente sigue y seguirá siendo el ídolo de este juego, fue el muchachito de Carolina, quien se convirtió en el más grande raid filders de las Grandes Ligas; dejó no sólo la historia de un gran pelotero, sino también la de un caballero, orgulloso de ser puertorriqueño y que amó a la gente.
Puerto Rico en los años cuarenta y cincuenta, fue esencia de la juventud de Roberto Clemente; su padre, cortaba caña y Roberto, adoraba el béisbol; solía acudir a los juegos de la Isla Negra y su ídolo fue Monte Irving. Nombre, Roberto Clemente. Fecha de nacimiento, año 1934. Lugar de nacimiento, Carolina, Puerto Rico. Casado con Vera Zavala el 14 de Noviembre de 1964, en la Iglesia San Fernando de Carolina, Puerto Rico. Procreó tres hijos: Roberto Clemente Zavala, Luis Clemente Zavala y Ricky Clemente Zavala. Como padre y esposo fue ejemplar.
En Septiembre de 1972 batió su hit número 3000, fue el primer latinoamericano en lograrlo y fue el último juego de Roberto Clemente. Ejemplo de ese gran hombre que amó a la gente, es el de venir personalmente a Nicaragua a traer ayuda para el pueblo durante el terremoto de Diciembre de 1972, ya que llegó a sus oídos los rumores de que la ayuda de otros países no estaba llegando a las manos del pueblo de Nicaragua.
Es así que abordó un avión rentado por él, y a minutos de elevar, cae trágicamente en Punta Maldonado, lugar del Mar de la Isla, en donde existen tiburones blancos, falleciendo él y cuatro personas más. Nunca se encontró el cadáver, solamente un maletín comprado en Nicaragua, en la Casa del Lagarto, y un calcetín.
Ese día fue de gran dolor para el pueblo puertorriqueño y para el pueblo nicaragüense, ya que el 31 de Diciembre es una fecha significativa de fiesta en todos los hogares; sin embargo estuvo lleno de tristeza y mucho dolor por la pérdida de este gran hombre. La muerte de él fue muy sentida por su país, por Nicaragua y por el mundo entero, como también en el ámbito del béisbol.
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA N° 006-2002
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,
CONSIDERANDO:
I.
Que en el presente mes de Diciembre se cumplen treinta años de uno de los acontecimientos de más triste recordación, como es el devastador terremoto que asoló la ciudad de Managua, en la víspera de celebración de la nochebuena, dejando huellas indelebles de dolor, muerte y desolación en millares de nicaragüenses y en especial de los habitantes de la ciudad capital.
II
. Que ante tal tragedia que enlutó a toda la Nación, los pueblos y gobiernos hermanos, así como destacadas personalidades internacionales, desbordaron su solidaridad y su generosa ayuda, distinguiéndose entre ellos, el jugador puertorriqueño de Grandes Ligas Roberto Clemente, quien durante su fructífera existencia se caracterizó como uno de los atletas latinoamericanos más ejemplares de todos los tiempos; y a nivel personal, como un abanderado de los más desafortunados, en especial los niños del mundo.
III
. Que como fiel practicante del evangelio y de la palabra auxilio de los afectados por el terremoto de Managua, dejando la comodidad de su hogar un 31 de Diciembre, emprendiendo un viaje que lo llevaría a la eternidad, cuando el avión en que transportaba la preciada ayuda se precipitó al mar, escribiendo una de las páginas más tristes y heroicas de nuestra historia y que nos entrelazó para siempre con el pueblo puertorriqueño, con indisolubles lazos de gratitud ante la suprema ofrenda de uno de sus mejores hijos, el héroe, el ídolo, el inolvidable Roberto Clemente.
RESUELVE:
1. Rendir tributo a la memoria inmortal de Roberto Clemente, en el XXX Aniversario de su partida, como muestra del imperecedero agradecimiento del pueblo nicaragüense.
2. Dispensar un minuto de aplausos en la Sesión Solemne de Clausura de la Décimo Octava Legislatura, el día quince de Diciembre del año en curso.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los quince días del mes de Diciembre del año dos mil dos.
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente
ASAMBLEA NACIONAL
MIGUEL LOPEZ BALDIZON
Secretario
ASAMBLEA NACIONAL
Pedimos a todos los presentes, brindar un minuto de aplausos.
SEÑORA ANA LORENA SAENZ, DIRECTORA DE PROTOCOLO:
El Ingeniero Jaime Cuadra Somarriba, Presidente de la Asamblea Nacional, presentará su Informe Anual de las gestiones de este Poder Legislativo.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Excelentísimo señor Doctor, José Rizo Castellón, Vice-Presidente de la República de Nicaragua;
Excelentísimos y honorables miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en Nicaragua;
Excelentísimos y honorables miembros de los organismos internacionales acreditados en Nicaragua;
Honorables miembros de la Corte Centroamericana de Justicia;
Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
Honorables Magistrados del Consejo Supremo Electoral;
Honorables miembros de la Fiscalía Nacional de la República;
Honorable señor Patricio Rojas, representante de la OPS-OMS;
Honorables miembros del Gabinete de Gobierno y Directores de Entes Autónomos;
Honorable Doctora Mirna Cunnigham;
Honorables miembros del Ejército de Nicaragua;
Honorables miembros de la Policía Nacional;
Honorables miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada;
Honorables señores Rectores de las instituciones de la Educación Superior;
Miembros de la Directiva de la Asamblea Nacional;
Honorables Diputados y Diputadas ante la Asamblea Nacional.
Invitados especiales;
Señoras y señores:
Por mandato constitucional, el Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional, por delegación y mandato del pueblo, y en fiel cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 28 del Estatuto General y del artículo 6, del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, vengo hoy ante ustedes, honorables Diputados y Diputados, en mi condición de Presidente de este Primer Poder del Estado, a presentar el Informe Legislativo, correspondiente a la Décimo Octava Legislatura que finaliza el día de hoy con esta Sesión de Clausura.
En el complejo escenario internacional, marcado por el fin de la guerra fría, la globalización, los extraordinarios avances de la revolución tecnológica y un ámbito mundial caracterizado por la inseguridad y la incertidumbre, ya hace casi trece años, y luego de una sangrienta guerra fratricida y una economía al borde del colapso, Nicaragua emprendió el difícil, pero esperanzador camino de la paz, la recuperación económica y la construcción de la democracia.
Desde entonces hasta la fecha, los nicaragüenses hemos organizado y participado en tres procesos electorales libres y honestos. Tres gobiernos democráticamente electos se han sucedido y no son pocos los avances logrados, especialmente en materia de estabilización macroeconómica, libertades públicas, derechos civiles, y primacía de la autoridad civil sobre las fuerzas militares y de Policía.
Sin embargo, resulta imposible desconocer que en nuestra transición política hacia la democracia, todavía existen importantes vacíos, tanto en el ambiente económico y social, como en el político. En el primero, sobresalen la pobreza y el desempleo, y en el segundo, el lento e imperfecto proceso de consolidación y fortalecimiento de las instituciones, debido especialmente a la obstinación de algunas personas y sectores de continuar reproduciendo en el seno de nuestra joven y frágil democracia, los rasgos más funestos de nuestro pasado, en particular el caudillismo, el autoritarismo, la corrupción, la intolerancia y la exclusión.
Nicaragua entera y la comunidad internacional, han podido constatar que ha sido en el Poder Legislativo, el foro político por excelencia en cualquier régimen que se aprecie de democrático, en donde tales rasgos han tenido una de sus manifestaciones más negativas. A lo interno de este Primer Poder del Estado, las ambiciones e intereses individuales y de grupos intransigentes han pretendido colocarse por sobre los intereses supremos de la Nación y por encima de las aspiraciones de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense.
La consecuencia de tales excesos se evidencian con absoluta claridad en la sucesión de tres Juntas Directivas en menos de un año, lo que lamentablemente condujo a un importante grado de desestabilización de la institucionalidad y en una relativa paralización de la función parlamentaria, en perjuicio de los intereses de la Patria y de los deseos de la población de Nicaragua. Muestra de ello es, sin lugar a duda, el limitado desempeño en la función principal del Parlamento, como es legislar para asegurar el orden jurídico, sobre el que descansa la vida de la Nación.
En la legislatura que hoy concluye, se pusieron en Agenda cien iniciativas legislativas, setenta y ocho de las cuales fueron presentadas ante el honorable Plenario; de éstas, cincuenta y uno fueron dictaminadas, y de esas, sólo treinta y dos fueron aprobadas, cinco rechazadas y tres vetadas. Debo resaltar además, que en la Agenda parlamentaria existen más de ciento treinta iniciativas pendientes de dictamen, responsabilidad que recae sobre la gran mayoría de las Comisiones parlamentarias y algunas de las Comisiones Especiales nombradas por la Junta Directiva, conforme las facultades que le confiere el Estatuto General y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.
No obstante, debo resaltar el esfuerzo realizado, justo en los días finales de esta Legislatura, al aprobar entre otras iniciativas, la Ley Anual del Presupuesto y diversos decretos presentados con carácter de urgencia por el señor Presidente de la República, que significan el ingreso de importantes recursos líquidos que el país necesita para su despegue económico.
En la presente legislatura, la Junta Directiva nombró cinco Comisiones Especiales: Asuntos Institucionales; Anticorrupción; Turismo; Control y Seguimiento de Informes; y Asuntos Interparlamentarios.
Además, se nombraron dos Comisiones Especiales de Investigación: la Comisión Especial Dictaminadora de Desaforación, por solicitud judicial y la Comisión Especial Dictaminadora de Desaforación, por solicitud de particulares. En la primera de éstas y conforme lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 185, Ley de Inmunidad, durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Décimo Octava Legislatura, el día doce de Diciembre del corriente año, se presentó a conocimiento del Plenario el dictamen correspondiente al caso del Diputado Doctor Arnoldo Alemán Lacayo, el cual fue aprobado por 47 Diputados presentes.
Este es sin duda alguna, un acontecimiento histórico sin precedentes, que demuestra la voluntad de la Nación nicaragüense, para labrarse un futuro promisorio en materia de transparencia y honestidad en la administración de la cosa pública; lo que habrá de rendir sus frutos, tanto de cara a la cooperación internacional, como en el uso eficiente y transparente de nuestros escasos recursos.
Entre las actividades más relevantes desarrolladas a lo largo de la Décimo Octava Legislatura, debo hacer referencia a la remodelación de los sectores de la planta física del Parlamento; la licitación del Seguro Colectivo de Gastos Médicos con Seguro de Vida para el año 2003; más de 17 millones de córdobas en becas de estudio en todos los niveles del sistema educativo nacional, promovido por los honorables Diputados propietarios, y más de 21 millones de córdobas destinados a proyectos de desarrollo de diversas comunidades de todo el país.
En el orden financiero, es importante notar que se modificaron y modernizaron algunas de las normas y procedimientos existentes desde 1997. Igualmente en el último trimestre del presente año, se tomaron medidas pertinentes para garantizar la austeridad, racionalización y transparencia en el uso de los recursos, lo que contribuyó a la presente legislatura, queda solvente de deudas. Se realizaron además once auditorías en distintas dependencias de esta institución, y se encuentra en proceso el Informe Anual del Plan de Auditorías.
A pesar de las severas limitaciones de recursos financieros, logramos garantizar a los trabajadores de este Primer Poder del Estado, todos los beneficios sociales contemplados en el Convenio Colectivo e igualmente se realizó un importante reordenamiento salarial. Deseo concluir este informe, agradeciendo el apoyo decidido que Nicaragua ha recibido de la comunidad internacional. Y hacer al mismo tiempo un vehemente llamado a todos los honorables Diputados, para que en el año 2003 hagamos de la Asamblea Nacional un cuerpo armónico y eficiente, a fin de que pueda ejercer su genuina función parlamentaria, para ser fieles a la voluntad de nuestros electores y a los intereses supremos de Nicaragua.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge Martínez.
DIPUTADO TOMAS BORGE MARTINEZ:
Amigos y amigas:
Roberto Clemente, es héroe entre la constelación de héroes que dieron su vida por Nicaragua. Algunos se acostaron en la línea de ferrocarril, para protestar por la política imperialista contra Nicaragua; otros murieron -me lo recordaba un compañero Diputado- asesinados en la montaña; norteamericanos también. Sacerdotes que se inmolaron por Nicaragua, para que Nicaragua fuera libre. Alfabetizadores cubanos sacrificados en el altar de la solidaridad con nuestro pueblo. Roberto Clemente no sabía que iba a morir en un accidente, pero eso no le resta nada a la calidad de su sacrificio, de su heroísmo y de su solidaridad.
Su cuerpo -como lo recordaba aquí el Secretario de la Asamblea- no se encontró, igual que no se encontró el cuerpo de Andino; ambos están enterrados en el corazón de Nicaragua, y Clemente en el corazón de los puertorriqueños y tal vez de todos los latinoamericanos. El pueblo de Puerto Rico, ahora convertido en una colonia, mañana seguramente en un pueblo libre e independiente, a como tal vez lo quería un hombre de la calidad de Roberto Clemente.
Hoy también se le rinde homenaje -y lo hago en nombre de la Bancada Sandinista- a la OPS, que ha luchado por la salud de nuestro Continente; lucha que no ha tenido mucho éxito en Nicaragua, donde se mueren no se sabe cuántos, tal vez ochenta o más niños de cada mil niños nacidos, a diferencia de otros países como los Estados Unidos, donde se mueren diez, o en Cuba donde mueren seis.
La mortalidad y morbilidad en general, sobre todo la que se refiere a las parturientas, es muy alta, ojalá la OPS pueda hacer algo más por este país, a como lo hizo -creo que es bueno señalar- con Mirna Cunningham, como héroe de la salud. Claro que Mirna Cunningham, quien fue ultrajada muy gravemente durante la guerra, no sólo es héroe de la salud, también lo es por haber luchado por los intereses generales de nuestro pueblo. Por lo tanto, nos sumamos al homenaje que se le rinde a la OPS, a nuestra amiga compatriota Mirna Cunningham, y a la memoria de Roberto Clemente. Así lo hizo nuestra bancada.
Muchas gracias.
SEÑORA ANA LORENA SAENZ, DIRECTORA DE PROTOCOLO:
A continuación, el Doctor Miguel López Baldizón, Primer Secretario de la Asamblea Nacional, dará lectura a la Resolución de Condecoración a la OPS en su Centenario, con la Orden “Pedro Joaquín Chamorro”, en el Grado de Gran Oficial.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,
POR CUANTO:
I. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), benemérita institución fundada en 1902 por personalidades visionarias de países del Continente Americano, quien con su tesonero esfuerzo que ha sido emulado por laboriosos trabajadores de la salud, ha traspasado las fronteras, llegando a incorporar en la actualidad a aproximadamente un 14 por ciento de la población mundial, con la misión de apoyar a los países miembros en la lucha contra las enfermedades, a mitigar el sufrimiento de las personas causado por enfermedades transmisibles, así como fomentar la educación que permita el mejoramiento de sus condiciones de vida.
II. Que en su centenario de actividades ininterrumpidas la Organización Parlamentaria de la Salud (OPS), ha logrado la erradicación de enfermedades como la Viruela, y a nivel de las Américas, de la Poliomelitis; así como también ha logrado avances sustanciales en el control del Sarampión y otras enfermedades.
III. Que en homenaje y reconocimiento a sus años de ininterrumpida labor a nivel de las Américas yen agradecimiento a los humanitarios aportes que la OPS ha prodigado a Nicaragua desde el año de 1950, que son testimonio fiel de los principios que rigen en su Constitución, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua,
RESUELVE:
Conceder a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el centenario de su fundación, la Orden de la Libertad “Pedro Joaquín Chamorro”, en el Grado de Gran Oficial, por sus invaluables aportes a la humanidad; así como por la inestimable labor de asistencia que en el campo de salud ha brindado al pueblo de Nicaragua, a través de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, lo que ha contribuido a mejorar decididamente su calidad de vida.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los quince días del mes de Diciembre del dos mil dos.
JAIME CUADRA SOMARRIBA MIGUEL LOPEZ BALDIZON
Presidente Secretario
ASAMBLEA NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL
SEÑORA ANA LORENA SAENZ, DIRECTORA DE PROTOCOLO:
Escucharemos las palabras del señor Patricio Rojas, representante de la OPS – OMS.
SEÑOR PATRICIO ROJAS, REPRESENTANTE DE LA OPS-OMS:
Honorable señor Presidente de la Asamblea Nacional;
Honorables señores y señoras miembros de la Junta Directiva;
Honorables miembros de la Asamblea Nacional.
Con humildad recibimos este homenaje que esta Asamblea brinda a los cien años de trabajo en pro de la salud de los pueblos americanos.
El trabajo lo hemos realizado en conjunto con estos mismos pueblos y con sus dirigentes, dirigentes como ustedes, sin los cuales no habría sido posible alcanzar los logros de mejoría de salud, de evitar la muerte prematura y de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos.
Gracias por este homenaje. Nos orgullece haber estado junto a ustedes en momentos determinantes de su historia reciente, en la guerra y en la paz, en los desastres naturales y en la construcción de un nuevo orden social que reduzca las iniquidades en general y las iniquidades en salud en particular. Hemos compartido momentos duros y también momentos de esperanza, y hemos aprendido que salud no es un sub-producto, sino un pre-requisito para un desarrollo humano sostenible.
La preocupación de esta Asamblea por la salud de los nicaragüenses es una prioridad, y este año ustedes lo han probado, ya sea en la discusión de la aprobación de la Ley General de Salud, como en la discusión del Presupuesto de la Nación y la asignación para el sector salud; hemos visto su interés en mantener el tema de la salud del pueblo de Nicaragua, como un tema prioritario en su Agenda y eso merece nuestro reconocimiento.
La salud no lo es todo en la vida, pero sin ella, pierde gran parte, si no todo su valor el resto de la vida. Ustedes saben eso y por ello confiamos que pese a las vicisitudes y dificultades por la que atraviesa el país en estos momentos, ustedes sabrán conducir al pueblo desde su Asamblea, y la salud seguirá siendo una prioridad en la Agenda de esta casa.
En nombre de la Organización Panamericana de la Salud, acepto esta alta distinción, que nos honra más allá de la elocuencia que estas palabras podrían expresar. Gracias, señores Diputados y señoras Diputadas, por permitirnos trabajar junto a ustedes a través de todos estos años, en la promoción de la salud y en la lucha contra la enfermedad. No podía haber mejor forma ni mejores erarios para cerrar el año de celebración de nuestro centenario.
Muchas gracias.
SEÑORA ANA LORENA SAENZ, DIRECTORA DE PROTOCOLO:
La Asamblea Nacional entrega un reconocimiento a la Doctora Mirna Cunningham. Dará lectura A la Resolución de la Junta Directiva, el Doctor Miguel López Baldizón.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
RESOLUCIÓN JUNTA DIRECTIVA N° 007-2002.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA,
CONSIDERANDO:
I. Que la Doctora Mirna Cunningham Kain, ha descollado en muchos ámbitos de la vida nacional, especialmente como una abnegada profesional de la salud pública y que ha ejercido una extraordinaria labor en las zonas rurales de la Costa Atlántica de Nicaragua, llevando de manera desinteresada la salud de los habitantes menos afortunados.
II.Que su elevado espíritu de servicio y dedicación de la Doctora Mirna Cunningham Kain, le ha merecido la honrosa distinción de ser declarada por la Organización Panamericana de la Salud, en la celebración de su centenario de fundación, como heroína de la salud.
RESUELVE:
1. Conceder el presente reconocimiento a la humanitaria labor de la Doctora Mirna Cunningham Kaim, destacada profesional de la salud, originaria de la Costa Atlántica de Nicaragua, a cuyos habitantes ha prodigado abnegadamente su amor y sus conocimientos en el campo de la salud.
2. Entregar este reconocimiento a la Doctora Mirna Cunningham Kaim, nominada como “Heroína de la salud”, por la Organización Panamericana de la Salud, en la Sesión Solemne de Clausura de la Décimo Octava Legislatura a efectuarse el día quince de Diciembre del año en curso.
Dado en la ciudad de Managua, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil dos.
JAIME CUADRA SOMARRIBA MIGUEL LOPEZ BALDIZON
Presidente Secretario
ASAMBLEA NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL
SEÑORA ANA LORENA SAENZ, DIRECTORA DE PROTOCOLO:
Hará entrega de la Placa de Reconocimiento, el Ingeniero Jaime Cuadra, Presidente de la Asamblea Nacional, y el Doctor Miguel López Baldizón entrega de la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,
EN USO DE SUS FACULTADES,
Otorga el presente Reconocimiento a la Doctora Mirna Cunningham, por su nominación como heroína de la salud por la OPS-OMS, por cuanto se ha destacado en su labor humanitario con un alto espíritu de servicio en la salud del pueblo de Nicaragua.
Dado en la ciudad de Managua, a las doce días del mes de Diciembre del año dos mil dos.
JAIME CUADRA SOMARRIBA MIGUEL LOPEZ BALDIZON
Presidente Secretario
ASAMBLEA NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL
SEÑORA ANA LORENA SAENZ, DIRECTORA DE PROTOCOLO:
A continuación escucharemos las palabras de la Doctora Mirna Cunningham.
DOCTORA MIRNA CUNNINGHAM:
Honorable señor Presidente de la Asamblea Nacional;
Honorables miembros de la Junta Directiva;
Honorables Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional.
Miembros del Gabinete;
Invitados especiales;
Todos los que están en esta actividad:
Quiero en primer lugar agradecer a esta honorable Asamblea Nacional, por este reconocimiento, en nombre de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua; a esta Asamblea Nacional, que ha sabido identificar las prioridades de este país, para avanzar firmemente hacia la construcción de un país con condiciones para que todos podamos vivir. El reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud se enmarca, como se ha señalado, en la conmemoración de los primeros cien años del establecimiento del primer organismo internacional en el mundo, pionero en la promoción de las relaciones entre países, y la asistencia técnica hacia los países que actualmente está en tanta vigencia.
En estos primeros cien años de la salud pública, los países de América han enfrentado enormes desafíos de salud pública, con resultados destacables; hoy vivimos, los hombres y mujeres de este continente, casi cuarenta años más de lo que vivíamos hace cien años; se ha erradicado la polio; se ha reducido la mortalidad infantil por enfermedades diarreicas y otros temas. Nos enfrentamos sin embargo a nuevos retos y desafíos en la salud pública; debemos reducir la mortalidad materna, debemos enfrentar el dengue, debemos enfrentar la malaria, la tuberculosis y el peligroso incremento del VIH-SIDA. Para señalar solo algunos de los desafíos que enfrentamos.
Sin embargo, el mayor desafío constituye precisamente definir como nicaragüenses, cuál es el modelo de salud pública que queremos impulsar en nuestro país; cómo asegurar la responsabilidad colectiva que todos tenemos por el derecho a la salud, que está establecido en nuestra Constitución Política;
Cómo impulsar nuevos modelos de salud pública, respetuosos de las diversidades de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, que tiene cada uno sus propios sistemas de salud; Cómo potenciar el enorme caudal y voluntad de participar en la salud, que nuestro pueblo ha demostrado en innumerables oportunidades para complementar los escasos recursos que tiene el Estado en medio de la situación crítica, desde el punto de vista económico que enfrentamos.
Cómo avanzar para mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud, para que puedan efectivamente tener condiciones de trabajo más dignas, reconociendo las diversidades geográficas, culturales y económicas que ellos enfrentan. En este contexto, la equidad de la salud se constituye en el principal desafío. Tenemos que enfrentar de forma decisiva las barreras que limitan el acceso a una vida digna para la mayoría de los nicaragüenses. El reconocimiento de la OPS – OMS, como heroína de la salud pública, es un reconocimiento a los héroes y heroínas anónimas que de forma cotidiana, en medio de las situaciones más adversas, han posibilitado los avances en salud.
Estamos hablando del reconocimiento a los trabajadores de la salud anónimos, en Waslala, en los hospitales de Managua, en las comunidades del Río Coco, en las comunidades de la desembocadura del Río Grande de Matagalpa, en las comunidades de Jinotega. Todos esos trabajadores que continúan realizando su trabajo en hospitales, en centros de salud, en barrios, en comunidades, en el Pacífico, Centro-norte y las Regiones Autónomas de Nicaragua; trabajadores anónimos que continúan creyendo que los y las nicaragüenses aún tenemos esperanzas, que continúan convencidos de que el potencial, la fuerza y la vida está en ellos y en ellas mismas.
Esta Asamblea Nacional, por lo tanto, se ha comprometido, a través de este reconocimiento, a mejorar las condiciones de esos trabajadores, y seguir trabajando para mejorar la salud del pueblo nicaragüense. Muchas gracias por recordar a esos trabajadores, a todos y todas ellas, a través de mi humilde contribución a la salud de este pueblo.
Muchas gracias.
PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:
Se levanta la Sesión.
(Himno Nacional)
Managua,Nicaragua
2003
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