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Año Legislativo:		XXV LEGISLATURA
Sesión:		PRIMERA
Tomo No.		4

1. Promover proyectos de producción de alimentos de origen agrícola, ganadero mayor y menor, piscícola, acuícola, así como la producción artesanal y uso de semilla criolla mejorada de granos básicos dando prioridad a aquellos que fomentan la economía familiar.
2. Mantener libre de aranceles la importación de maquinarias, equipos, insumos utilizados directamente en la producción agropecuaria a los pequeños y medianos productores organizados en cooperativas.
3. Promover procesos para acelerar la legalización de tierras al pequeño productor o productora, a las comunidades indígenas y facilitar el acceso a la tierra a la mujer campesina, como titular de la misma de forma individual o mancomunada.
4. Priorizar la demanda de créditos para la producción campesina, estableciendo fondos para este fin, manejados desde los gobiernos locales beneficiando a los pequeños y medianos productores, campesinos e indígenas estableciendo prioridad a la mujer.

5. Fortalecer la capacidad técnica de pequeños y medianos productores y productoras para ello establecer programas que permitan la generación, transparencia y divulgación tecnológica para mejorar e incentivar el incremento en la productividad y producción de alimentos.
6. Promover y apoyar las organizaciones gremiales de productoras y productores agropecuarios.
7. Solicitar y recibir donaciones de alimentos en correspondencia con los patrones de consumo del país, solamente en circunstancias de emergencias, observándose para ello las disposiciones vigentes en materia de donaciones establecidas en la Ley de Equidad Fiscal.
8. Establecer un control estricto que permita la entrada al país de alimentos inocuos para el consumo, no permitiendo recibir ayuda alimentaria que contenga materiales genéticamente modificados.
9. Mantener reservas de alimentos para auxiliar a la población afectada en casos de desastres naturales y/o emergencias de cualquier tipo, que atañen a la problemática alimentaria, teniendo la posibilidad de dar asistencia alimentaria o bien ser un agente que regule los precios cuando los niveles de especulación a consecuencia de escasez de productos o por cualquier otro motivo, así lo requiera.
10. Promover la participación de los y las productoras en la comercialización de productos, acortando la cadena de ínter-mediación entre productores productoras, y consumidores y consumidoras.
11. Promover la mejora de las condiciones de infraestructura comercial de los alimentos entre otros: vías de comunicación y acopios hasta centros focalizados de comercialización.
12. Incorporar el programa de seguridad alimentaria y nutricional dentro de la red de estrategias de combate a la pobreza.
13. Promover la justa seguridad de los alimentos en el seno familiar y la paternidad responsable, protegiendo a las madres e hijos abandonados.
14. Fortalecer y ampliar los programas de alimentación complementaria dirigida a la población vulnerable y grupos de riesgos (la niñez menor de cinco años, mujeres embarazadas y en el período de lactancia y adultas/os de la tercera edad).
15. Fortalecer el sistema de vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA´s), manteniendo una campaña permanente de inocuidad de los alimentos.
16. Promover la Lactancia Materna conforme lo dispone la Ley y normas técnicas emitidas por el MINSA y el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna.
17. Fortalecer el programa de prevención y control de deficiencias de micro-nutrientes.
18. Promover la investigación y la fortificación de los alimentos de consumo popular con micro-nutrientes.
19. Fortalecer y ampliar el sistema de vigilancia epidemiológica establecido por el gobierno, incorporando contenidos de alimentación y nutrición.
20. Aumentar la cobertura con calidad de los servicios básicos de agua, luz, educación y depósitos de sólidos de acuerdo a las prioridades en los territorios no atendidos.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: El Estado debe garantizar a las Instituciones relacionadas con la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional la disposición de recursos necesarios (humanos, físicos y financieros) que les permita incorporar en sus planes de desarrollo, los programas y proyectos para operativizar la presente política.

1. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL.

a) Es responsabilidad del Estado elaborar y orientar planes y programas de acciones de corto, mediano y largo plazo para la ejecución de la política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, fomentando una continua coordinación entre las instituciones (agricultura, salud, educación, medio ambiente, economía, trabajo.) y todos los sectores de la sociedad civil y organizaciones de la empresa privada y organismos no gubernamentales, ordenando prioridades sobre la base de la disponibilidad de recursos.
b) Garantizar condiciones para que el sector privado genere empleos productivos y permanentes para mejorar los niveles de ingresos y las condiciones de la población nicaragüense.

2. REORIENTACIÓN DEL FINANCIAMIENTO.

a) Crear mecanismos que faciliten al pequeño y mediano productor y productora el acceso al financiamiento con bajos intereses para la producción de alimentos, así como su participación en el proceso de comercialización y dar valor agregado a los mismos.
b) Crear mecanismos para Fondos de Garantía en los municipios para pequeños productores, productoras y familias urbanas que no posean bienes para ofrecerlos en garantía, como un mecanismo de facilitación del acceso al crédito.

3. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.

a) Es responsabilidad del Estado fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional que permita ampliar la cobertura y calidad de la prestación de servicios básicos, salud, educación, agua y saneamiento ambiental como prioridades para el desarrollo social y el mejoramiento del nivel de la población.

4. DESCENTRALIZACIÓN.

a) Garantizar y velar por la continuidad de la descentralización del gobierno promoviendo la participación de los gobiernos locales los que deben constituirse en la estructura principal para asegurar a la población el acceso a los servicios públicos de manera más eficiente, focalizada y transparente que contribuya a mejorar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

5. EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

a) Garantizar el establecimiento de programas de educación sobre la temática de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, incorporándola como un componente esencial en las actividades desarrolladas por los distintos sectores de la vida nacional, tanto en el ámbito individual, comunitario, laboral, escolar con un enfoque familiar para influir en cambios de actitudes y hábitos alimentarios.

6. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN.

a) Elaborar e impulsar programas de comunicación social, contando con la participación y el compromiso de los medios masivos de comunicación en la promoción de la política de seguridad alimentaria y nutricional, que garantice el conocimiento de la misma por parte de la población.

7. CONCERTACIÓN REGIONAL.

a) Apoyar e impulsar iniciativas regionales que en materia de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional se impulsen en el contexto de la integración centroamericana.

Recursos priorizados del Presupuesto General de la República para implementar la política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo a las necesidades y requerimientos del organismo rector.

Asignar recursos priorizados de la cooperación de organismos internacionales asociados al sector de la producción y distribución de alimentos, a los proyectos de la estrategia de reducción de pobreza, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del organismo rector.

a) CONASSAN; Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

b) SESSAN; Secretaría de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.

c) COTESSAN; Comité Técnico de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

d) Comisiones Regionales

e) Comisiones Municipales.

a) Impulsar acciones encaminadas a la erradicación del hambre, la desnutrición y reducción de enfermedades carenciales, fortaleciendo las condiciones que contribuyan a que toda la población acceda a oportunidades de desarrollo humano digno;

b) Diseñar e implementar acciones eficaces y oportunas de disponibilidad de productos básicos de la alimentación y asistencia alimentaria a los grupos de población que padecen desnutrición, complementadas con programas de desarrollo comunitario y seguridad alimentaria y nutricional;
c) Impulsar los objetivos de la Política Nacional de SSAN del Estado Nicaragüense en los planes estratégicos, programas y proyectos sectoriales orientados al desarrollo socioeconómico del país.
d) Impulsar programas complementarios a la política y plan de SSAN para eliminar el hambre y la desnutrición.

1. Promover y coordinar la formulación de la política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y su plan de acción.
2. Gestionar los recursos necesarios para la implementación de esta ley en el Presupuesto de la República los rubros necesarios para cada uno de los ministerios que integran la Comisión de Soberanía y Seguridad Alimentaria y que ejecutará el programa de soberanía y seguridad alimentaria, así como los fondos externos que deben destinarse de preferencia a los sectores sociales en condiciones vulnerables de pobreza o pobreza extrema, sin olvidar a otros sectores a fin de evitar que esas condiciones se reproduzcan y lleven a mayor marginalidad.
3. Fortalecer la relación y coordinación intersectorial, planificación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan nacional de desarrollo económico social, sus programas y proyectos que favorezcan la SSAN.
4. Nombrar al Comité Técnico de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. (COTESSAN).
5. Divulgar el desarrollo, avance y resultado de la política y plan de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

El Presidente de la República, quien lo coordinará y presidirá o en su defecto a quien él delegue.

Nivel de coordinación y planificación técnica, constituido por la Secretaría de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.

Un representante de cada uno de los ministerios siguientes: Agricultura y Forestal, del Ambiente y Recursos Naturales, Familia, Fomento, Industria y Comercio, Salud, Educación, Cultura y Deportes y la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, MTI, MITRAB.

Delegados de las organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, electos por ellos mismos, en la misma proporción de participación que las instancias de gobierno.

Un delegado por cada organización de productores que así lo soliciten.

Un delegado por cada asociación u Organización de consumidores que así lo soliciten.

Un delegado de las instituciones de desarrollo tecnológico cómo las universidades y las instituciones de desarrollo agropecuario.

Este órgano es de carácter intersectorial. Sus miembros son nombrados por la CONASSAN a propuesta de los miembros respectivos, integrantes de esta Comisión. Tendrá las siguientes atribuciones:

a) Apoyar a la SESSAN en la elaboración de la Política de Soberanía y Seguridad a Alimentaría y Nutricional.
b) Contribuir con la SESSAN en la elaboración y seguimientos de los planes intersectoriales de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Las comisiones de las Regiones Autónomas del Atlántico estarán integradas por un delegado de las siguientes instituciones: Gobierno Regional, el señor gobernador la preside, Consejo Regional, Gobiernos Locales y los Delegados Ministeriales que ejecuten programas y proyectos en el área de salud, educación, medio ambiente y programas de desarrollo agrícola y de los productores de la región.

Las Comisiones Municipales estarán integradas de la manera siguiente: Gobiernos Locales, el señor Alcalde la preside, por redes locales que se conformarán con los actores sociales del sector productor de alimentos y los delegados ministeriales que ejecuten programas y proyectos en el área de salud, educación, medio ambiente y programas de desarrollo agrícola en cada uno de los municipios del país, priorizando aquellos caracterizados por su situación de pobreza, hambre y desnutrición en correspondencia con la estructura y conformación de la CONASSAN.

a. El Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional;
b. El personal técnico y equipo que le permita dar cumplimiento a sus áreas de trabajo;
c. Técnicos superiores de las instituciones del Estado representadas en la CONASSAN, quienes serán puntos de enlace;
d. Técnicos de la instancia de consulta y participación social y del grupo de instituciones de apoyo, cuando les sea requerido por la SESSAN.

La SESSAN coordinará la formulación del Plan Estratégico Nacional de SSAN, lo propondrá a la CONASSAN; asimismo coordinará la actualización, ejecución, seguimiento y evaluación, apoyará a las instancias ejecutoras en la planificación y programación de los planes sectoriales estratégicos y operativos con acciones priorizadas de acuerdo a la Política Nacional de SSAN; asimismo, someterá a consideración ante la CONASSAN los ajustes pertinentes.

La SESSAN será responsable de las acciones siguientes:

a) Presentar a la CONASSAN, para su aprobación, el proyecto de Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional;
b) Presentar a la CONASSAN, para su aprobación, el proyecto de Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional;
c) Proponer a la CONASSAN la definición de políticas u otros aspectos legales que sean complementarios y necesarios para la implementación de la Política Nacional de SSSAN;
d) Coordinar la implementación de los instrumentos de la Política Nacional de SSSAN en forma programática y coherente con las políticas que se relacionen;
e) Realizar todas las acciones pertinentes para alcanzar el logro de los objetivos de la CONASSAN;
f) Diseñar, implementar y operar el Sistema de Información Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en adelante SISSAN, como un instrumento que permita el monitoreo y evaluación de la situación de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el avance y los efectos de los planes y programas estratégicos, así como el Sistema de Alerta Temprana para identificar situaciones coyunturales de inseguridad alimentaria y nutricional;
g) Difundir la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y velar por su cumplimiento;
h) Apoyar a las instituciones que lo soliciten en la gestión de los recursos financieros que demanden para desarrollar el Plan Estratégico de SSAN;
i) Sensibilizar a las instituciones del sector público y privado, a los organismos internacionales y a la sociedad en general, sobre la magnitud y trascendencia del problema alimentario y nutricional;
j) Identificar los grupos de población con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con el objeto de prevenir sus consecuencias, priorizar y ejecutar acciones.
k) Desarrollar planes estratégicos y operativos para enfrentar problemas (de emergencias) graves de mala nutrición y hambre en poblaciones identificadas como de inseguridad alimentaria y nutricional, desarrollando la gestión que ello demande al interior de las instituciones de gobierno, sociedad civil y cooperación internacional;
l) Coordinar con la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República las solicitudes, ofrecimientos y donaciones que a través de convenios que se produzcan en políticas, planes y programas relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional y el combate contra el hambre;
m) Documentar y normar el uso de las donaciones que se reciben en relación a SSAN.
n) Propiciar en los distintos sectores el enfoque intersectorial e integral de la SSAN y la acción coordinada entre las instancias gubernamentales, no gubernamentales y de la cooperación internacional en aspectos de SSAN;
o) Propiciar la existencia y funcionamiento efectivo de canales y espacios de diálogo y comunicación, así como mecanismos de consulta y coordinación entre el Organismo Ejecutivo, la sociedad civil y la cooperación internacional, fomentando el estudio y análisis del problema alimentario nutricional y sus soluciones;
p) Vigilar las condiciones alimentarias y nutricionales del país y proponer medidas ante situaciones de emergencia que pongan en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de los y las nicaragüenses.
q) Presentar informe mensual de actividades y un análisis de la situación de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional al Presidente de la República.
r) Las demás atribuciones que sean inherentes a su naturaleza y objetivos, así como las que en su momento delegue la CONASSAN.
s) Creará una instancia de Consulta y Participación Social, para la generación de aportes técnicos, identificará e instrumentará acciones en temas relacionados con la SSAN cuando le sea requerido por la SESSAN. La naturaleza, integración, estructuración y funcionamiento de este grupo será determinada en el correspondiente reglamento de esta Ley.
t) Conformará un grupo de instituciones de apoyo conformado por instituciones de gobierno no integradas dentro de la CONASSAN y de los organismos de la cooperación internacional que puedan brindar soporte técnico, financiero y operativo cuando les sea requerido por la SESSAN, para lo cual los titulares superiores de las instituciones formalizarán su apoyo mediante convenios de cooperación o coordinación que se acuerden.

a. Actuar como Secretario de la CONASSAN;
b. Velar por la realización de las funciones de la SESSAN;
c. Apoyar el establecimiento de mecanismos de transparencia y auditoría social en el manejo de fondos para la SSAN;
d. Realizar todas las acciones pertinentes para alcanzar el logro de los objetivos de la CONASSAN, de la política y planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional;
e. Representar al Organismo Ejecutivo por designación Presidencial de la República, ante instancias internacionales vinculadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional;
f. Representar a la CONASSAN ante el Gabinete General, el Gabinete Social y el Gabinete de Desarrollo Rural del Organismo Ejecutivo;
g. Otras que específicamente le determine el Presidente de la República.

Establecer el régimen jurídico, normativo y procedimental, aplicable a las personas nacionales o extranjeras que solicitan residir en forma indeterminada en Nicaragua en la condición migratoria de Residente Pensionado o Residente Rentista; siendo de interés especial para el Estado de Nicaragua con el fin de incentivar la actividad turística por medio de la promoción del ingreso al país del Turismo Especial.

Para los efectos de Ley se entiende por:

2.1 RESIDENTE PERMANENTE: De conformidad con la Ley de Migración, es residente permanente el extranjero que entre al país con ánimo de residir en forma indeterminada, fijando en él su domicilio real cumpliendo los requisitos legales correspondientes.

2.2. RESIDENTE PENSIONADO: Personas nacionales o extranjeras que hayan sido pensionado(a) s o jubilado(a) s por gobierno o instituciones extranjeras y que reciben una pensión mínima de institución de gobierno o Empresa privada equivalente en moneda nacional a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MENSUALMENTE (US$550.00) y que deseen residir permanentemente en Nicaragua.

2.3. RESIDENTE RENTISTA: Son todas aquellas personas nacionales o extranjeras que gozan de una renta estable permanente generada en el exterior con un monto mínimo equivalente en moneda nacional a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MENSUALES (US$750) y que deseen residir permanentemente en Nicaragua.

2.4 INTUR: Ente Autónomo del Poder Ejecutivo que conforme a la Ley No. 298 “Ley creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 149 del 11 de Agosto de 1998, y Ley No, 495, “Ley General de Turismo”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 184 del 22 de Septiembre del 2004, le corresponde dirigir la política nacional del turismo instancia encargada de dictaminar y aprobar la condición de Residente Pensionado y/o Rentista.

2.5 COMITÉ TÉCNICO: Instancia encargada por la presente Ley para la aprobación del proceso de aplicación y obtención de la condición de Residente Pensionado o Residente Rentista como requisito previo para tramitar ante la Dirección General de Migración y Extranjería la categoría de residente permanente. Las funciones de este Comité serán reguladas por el reglamento de la presente Ley.

2.6 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: Órgano del Ministerio de Gobernación encargada de regular la admisión, permanencia, entrada y salida de extranjeros al territorio Nacional.

2.7 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS: Ente descentralizado bajo la rectoría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) encargada de aplicar la política tributaria nacional.

2.8 DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. Ente descentralizado bajo la rectoría del MHCP encargada de aplicar la política en materia aduanera en el país.

Conforme las leyes migratorias vigentes, los extranjeros y extranjeras que deseen permanecer legalmente en el país deben obtener y tramitar su residencia permanente ante la Dirección General de Migración y Extranjería, y obtenerla de conformidad a la Ley.

Es Estado de Nicaragua por medio de las instancias creadas por la presente ley, otorgará la condición de Residente Pensionado o Rentista, así como otros beneficios fiscales y migratorios a las personas nacionales o extranjeras que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley.

Para acceder a la condición migratoria de Residente Pensionado o Residente Rentista el aplicante de previo deberán cumplir con un monto mínimo de pensión o renta generada en el extranjero conforme los siguientes parámetros:

1. El o la aplicante a obtener la condición de Pensionado deberá demostrar que recibe en el extranjero de forma estable y permanente, otorgada por gobiernos, instituciones públicas o privadas, una pensión o jubilación mensual equivalente en moneda nacional a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MENSUALMENTE (US$550.00).

2. El o la aplicante a obtener la condición de Residente Rentista debe demostrar que recibe en el extranjero de forma estable y permanente producto a dividendos de títulos valores, alquiler u otros negocios legales análogos que le generen un monto mínimo equivalente en moneda nacional a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MENSUALMENTE (US$750.00).

La condición migratoria de Residente Pensionado o Residente Rentista se extiende para los efectos migratorios, a los padres, cónyuge, a los hijos menores y excepcionalmente con personas que lo liguen hasta en un cuarto grado de consanguinidad.

Para efectos de la aplicación del presente artículo, el o la aplicante a Residente Pensionado o Residente Rentista, deberá acreditar además de los montos que establece esta ley, que recibe adicionalmente el equivalente en moneda nacional la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MENSUALMENTE (US$250.00) por cada hijo menor o miembro de su familia de conformidad al párrafo anterior, que dependa de él y que desea se le extienda la condición migratoria. La inclusión del familiar la puede pedir en el acto de solicitar la condición de Residencia o posteriormente.

Los nicaragüenses que comprueben haber residido en el exterior de forma estable o permanente durante el término de más de diez (10) años y que comprueben que disfrutan de pensiones o rentas generadas en el exterior en las mismas condiciones y por los montos establecidos en la presente ley podrán acceder a los beneficios establecidos.

Y el numeral 2) se leerá así:

Las personas que apliquen a la condición migratoria de Residente Permanente bajo la condición de Pensionado o Rentista podrán obtener los siguientes beneficios y exoneraciones fiscales:

1. Una vez aprobada la condición de PENSIONADO O RENTISTA, podrá solicitar la residencia permanente de forma inmediata ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
2. Los pensionados o rentista serán exonerados del depósito de garantía exigido por la Dirección General de Migración y Extranjería.
3. Exoneración por una sola vez de los Impuestos de Importación y del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) hasta por la cantidad del equivalente en moneda nacional de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$20,000.00) para la importación del menaje de casa entendiéndose como tal cualquier tipo de aparato electrodoméstico que sirva para facilitar las labores y la comodidad dentro del hogar, así como aquellos que sirvan para la distracción de la familia en la casa, tales como camas, sillas, vajilla y batería de cocina, aire acondicionado, ventiladores, mobiliario, tapicería y alfombras, ropa de cama y baño, lámparas de techo, pared, mesa, cuadros o pinturas, también incluye retrateras, floreros, almohadas, cojines, mobiliario y equipo de sala, todos o parte de ellos podrán ser nuevos o usados, así como otros similares y en general los reconocidos como menaje de casas por la legislación aduanera vigente.
4. Exoneración de los Impuestos de importación y del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por la Introducción de un vehículo automotor nuevo o usado para su uso personal o de sus dependientes cuyo precio C.I.F. máximo es el equivalente en moneda nacional hasta por VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$25,000.00). En caso de que el vehículo automotor exceda dicho valor, el beneficiario deberá pagar los impuestos correspondientes por la diferencia en exceso al valor exonerado. El vehículo usado importado no debe tener más de siete años de uso a partir de su fecha de fabricación conforme al Artículo 112 la Ley de Equidad Fiscal y otro que en un futuro regule su normativa.
5. Exoneración cada (4) años de los Impuestos de Importación y del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por la adquisición local de un vehículo automotor nuevo para su uso personal o de sus dependientes cuyo precio C.I.F. máximo es el equivalente en moneda nacional hasta por VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$25,000.00) en los mismos términos, condiciones y limitantes que establece el inciso cuatro del presente artículo.

En el caso que el beneficiario decida transferir el vehículo importado o comprado localmente exonerado antes del plazo de los cuatro años, deberá cancelar los impuestos de forma proporcional de conformidad al tiempo de la exoneración.

En el caso que el beneficiario demuestre pérdida del vehículo por destrucción total o robo ocurrido en cualquier período dentro de los cuatro años, el Residente Pensionado o Residente Rentista que haya obtenido el beneficio, podrá adquirir otro vehículo con la exoneración aquí establecida en idénticas condiciones.

La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional de la Policía Nacional está obligada a establecer en el Registro Automotor y en la Circulación del Vehículo la condición de prenda: D.G.A. LEY DE TURISMO ESPECIAL.

6. Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por el alquiler o renta de vehículos para uso turístico dentro del territorio nacional. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de obtención de este beneficio.
7. Exoneración por una sola vez del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) por la compra de materiales de construcción, equipos y accesorios para la construcción de una vivienda de su propiedad.
8. Exoneración de los Impuestos de internación de instrumentos para el ejercicio profesional, utensilios, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de la actividad del pensionado o rentista dentro del ejercicio de su profesión u oficio, así como bienes de capital y materias primas para el establecimiento de empresas, negocios o fabricas. Este beneficio será hasta un monto conglobado al equivalente de Doscientos mil dólares Americanos (US$200,000.00) en activos.
9. Exoneración hasta por el término de diez (10) del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.), al municipio donde se encuentra ubicada la propiedad a nombre del beneficiario Residente Pensionado o Residente Rentista.

En el caso que el beneficiario decida transferir el vehículo importado o comprado localmente exonerado antes del plazo de los cuatro años, deberá cancelar los impuestos de la forma en que establece la ley y el reglamento de la materia.

En el caso que el beneficiario demuestre pérdida del vehículo por destrucción total o robo ocurrido en cualquier período dentro de los cuatro años, el Residente Pensionado o Rentista, que haya obtenido el beneficio, podrá adquirir otro vehículo con la exoneración aquí establecida, en idénticas condiciones.

La Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional está obligada a establecer en el Registro Automotor y en la Circulación del vehículo, la condición de Prendado D.G.A., factor turismo.

5) Exoneración. Por una sola vez del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), por la compra de materiales de construcción para una vivienda de su propiedad en la cual habitará, cuando su valor no exceda de los cincuenta mil dólares americanos (US$50,000.00). En caso de exceder este valor, deberá pagarse los gravámenes correspondientes al exceso del valor antes expresado.

6) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado, por el alquiler o renta de vehículos para uso turístico del beneficiado y su núcleo familiar más cercano, dentro del territorio nacional. Para gozar de este beneficio, el Residente Pensionado o Rentista, o la persona que bajo su cargo conduzca este vehículo, deberá tener licencia de conducir vigente, extendida por la Policía Nacional de Tránsito. En caso de comprobarse que el vehículo rentado está siendo usado con fines diferentes al establecido en el presente numeral, el Residente Pensionado o Rentista será acreedor de una multa impuesta por el INTUR, equivalente en córdobas a un mil dólares americanos (US$1,000.00). El Reglamento de la presente ley regulará la materia.

7) Excepcionalmente y a juicio del INTUR se podrá conceder exoneración de los impuestos de internación de instrumentos o materiales para el ejercicio profesional o científico, cuando el Pensionado o Rentista sea requerido para prestar sus servicios profesionales al Estado nicaragüense, a Centros de Educación Técnica o Superior o que su labor sea de interés social para el país. El valor de los instrumentos o materiales no podrá exceder de los doscientos mil dólares americanos (US$200,000.00).

Para efectos de la presente ley, las personas que reúnan las condiciones estipuladas de Pensionados o Rentistas para acceder a la condición migratoria de Residente Pensionado o Residente Rentista deberán presentar la solicitud ante el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) o ante el consulado de Nicaragua en el exterior donde reside el aplicante.

El INTUR será la instancia administrativa encargada de recepcionar la solicitud, procesar el trámite y emitir la Certificación de la Resolución que acredite la condición de Pensionado o Rentista previa aprobación del Comité Técnico, debiendo remitir la Certificación de la condición con los documentos originales a la Dirección General de Migración y Extranjería. El reglamento indicara como se distribuirá la documentación de aceptación.

De conformidad a lo establecido en la presente ley, le corresponde las siguientes atribuciones:

1) Revisar los documentos presentados por el solicitante.

2) Aprobar o denegar la obtención de la condición de Residente Pensionado o Residente Rentista.
3) Aprobar o denegar los beneficios e incentivos fiscales que se establecen en la presente ley.
4) Proponer a la Dirección General de Migración y Extranjería la cancelación de la Residencia Permanente de Rentista o Pensionado y los beneficios obtenidos a las instancias correspondientes.
5) Coordinar con las demás instituciones de Gobierno Relacionadas el otorgamiento de los beneficios de la presente ley.
6) Notificar a la Dirección General de Migración y Extranjería, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Ingresos las Resoluciones Aprobadas y/o Denegadas, Cancelaciones, Permisos etc., con sus respectivas copias certificadas del expediente.
7) Conformar el Comité Técnico en conjunto con la Dirección General de Migración y Extranjería.

1. Toda solicitud deberá presentarse en papel común dirigida a la presidencia Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Turismo o Misión Consular de Nicaragua en el exterior en su caso, en la que deberá indicar que tiene la intención de establecer su domicilio y residencia permanente en Nicaragua y que cumple con el monto que establece la presente ley, indicar dónde está su domicilio en el Territorio Nacional, indicando además los documentos que acompañan y señalar dirección, correo electrónico, número telefónico Nacional y/o extranjero, para notificaciones dentro del territorio nacional y/o en el extranjero en su caso.

2. Presentar certificación en la que demuestre la pensión o renta según sea el caso en la solicitud expedida por el organismo respectivo, en la que se exprese el monto mensual, su permanencia, estabilidad y condiciones a que está sujeta y que se puede afirmar que está en condiciones económica de girar por un mínimo de diez años la pensión o renta correspondiente.
3. Demostrar por medio de certificado de nacimiento que ostenta una edad mínima de cuarenta y cinco años de edad.
4. Adjuntar cuatro fotos tamaño pasaporte del solicitante, de su (s) padres, cónyuge, a los hijos menores y excepcionalmente con personas que lo liguen hasta en cuarto grado de lazo consanguíneo.
5. Certificado de salud de un médico especializado donde haga constar que el aplicante, su (s) padres, cónyuge, sus hijos y excepcionalmente con personas que lo liguen en lazos consanguíneos hasta en cuarto grado no padecen enfermedades mentales e infectocontagiosas. Este certificado será del lugar donde haya residido los últimos seis meses; en caso de residir en Nicaragua el Certificado de salud deberá ser emitido por el Ministerio de Salud.
6. Fotocopia de su pasaporte, de su (s) padres, cónyuge, descendientes y personas que lo liguen en lazos consanguíneos hasta en cuarto grado de ser el caso.
7. Certificado de nacimiento del solicitante, de su (s) padres, cónyuge o de personas que lo liguen hasta en un cuarto grado consanguíneo de ser el caso.
8. Certificado de Matrimonio en el caso que corresponda.
9. Certificación expedida por la Oficina, Registro o Archivo competente del lugar en que haya residido los últimos seis meses sobre sus antecedentes personales, de su (s) padres, cónyuge, hijos, y de personas que lo liguen hasta en un cuarto grado consanguíneo.
10. Lista de los artículos que conforman el menaje de su casa y documentos del vehículo nuevo o usado que está interesado en importar y Nacionalizar.
11. Todos los documentos otorgados en el Extranjero deben presentarse debidamente Autenticados por los consulados de Nicaragua en el Extranjero y por la Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores en Nicaragua para su debida validez legal.

Los documentos señalados en el presente artículo deberán acompañarse en tres (03) fotocopias debidamente notariadas. Todos los documentos en idioma extranjero deben ser traducidos notarialmente al español y deberán contener las auténticas de Ley correspondientes. Los documentos en fotocopia deben contener la Razón de la Fotocopia emitida por un Notario Público autorizado.

En el caso de que el aplicante de la condición migratoria Residente Pensionado o Residente Rentista se encuentre en el territorio nacional, deberá tramitar su solicitud directamente ante el Presidente del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). Si se encuentra en el extranjero ante las autoridades Consulares Nicaragüenses en el país de su residencia, en el caso de que no existan oficinas consulares nicaragüenses lo podrá realizar ante la Delegación Consular más cercana a su residencia.

En el caso de que la solicitud se realice en el extranjero, las autoridades consulares nicaragüenses deberán remitir la solicitud al Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) a más tardar al quinto día hábil posterior a su presentación por cuenta del interesado, para lo cual se podrá utilizar los servicios de entrega de encomiendas que se ofertan en el país en que se realizó la solicitud.

La instancia encargada de informar y recepcionar el trámite de la solicitud será el Centro de Atención al Público del Instituto Nicaragüense de Turismo. El comité técnico tendrá diez días hábiles para emitir el dictamen correspondiente, siendo el Instituto Nicaragüense de Turismo la encargada de extender la Certificación y Condición de Residente Pensionado o Rentista en un período de cinco días hábiles posterior de recibido o no el dictamen.

De toda resolución que emita el Instituto Nicaragüense de Turismo y que la persona se sienta agraviada o perjudicada, podrá hacer uso de los recursos establecidos en la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Las personas que obtengan la condición de Residente Pensionado o Residente Rentista de conformidad con lo establecido en la presente ley tienen las siguientes obligaciones:
1. Permanecer dentro del territorio nacional por lo menos seis (6) meses cada año ya sean estos de manera consecutiva o de manera alterna. En caso de que el Residente Pensionado o Residente Rentista no pueda cumplir con la estadía mínima expresada en este numeral deberá remitir una comunicación al INTUR en donde expresará lo siguiente:

a. Solicitud de permiso de ausencia con explicación detallada de los motivos que han imposibilitado su presencia en el país.
b. En caso de que la ausencia se deba a problemas de salud esta se debe demostrar fehacientemente comprobándolo con los documentos médicos que posea y que fueron realizados durante su ausencia.

3. Presentar cada año ante el Instituto Nicaragüense de Turismo documentos emitidos por cualquier entidad del sistema financiero nacional en donde se demuestre que las sumas de dinero que percibe en concepto de pensión o renta efectivamente han ingresado al territorio nacional.
4. Es beneficio no lo exime del pago de los aranceles por la obtención de la cédula de residencia y su renovación correspondiente cada cinco años de conformidad a la Ley de Extranjería.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior sin justificación de su ausencia, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) abrirá un expediente administrativo por el plazo de diez (10) días hábiles los cuales empiezan a correr a partir de la notificación al Residente Pensionado o Residente Rentista para que en ese término exponga lo que tenga a bien. Concluido el término el INTUR dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles deberá emitir su Resolución resolviendo lo que estime a bien.

La resolución emitida por el INTUR debe de ser motivada y podrá extenderse de dos maneras:

1. Solicitar a la Dirección General de Migración y Extranjería la cancelación de la condición migratoria de Residente Pensionado o Residente Rentista y por ende de los beneficios obtenidos.
2. La dispensa previa justificación comprobada

1. Se exceptúa el período de Permanencia continuo siempre y cuando el Residente Pensionado o Residente Rentista demuestre lo siguiente:

a) Tener inversiones en el territorio nacional superiores a los SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$75,000.00) o su equivalente en córdobas.
b) Por problemas de salud demostrado fehacientemente.

Todo beneficiario de la condición de Residente Pensionado o Residente Rentista, podrá permanecer en Nicaragua por tiempo indeterminado; no obstante estarán sujetos a las siguientes prohibiciones:

1. No podrán dedicadas a ninguna actividad industrial, comercial ni desempeñar trabajo remunerado con fondos públicos, excepto en los siguientes casos:

a. Que la labor o actividad a la que se dedique sean en la dirección de su propio negocio y que demuestre tener bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad de cualquier Departamento del país con valor catastral mínimo equivalente en moneda nacional de SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES (US$75,000.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, previa aprobación del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
b. Que se dedique a la operación de empresas o actividades turísticas debidamente aprobadas por el Instituto Nicaragüense de Turismo.
c. Aquellas actividades que por su capacidad y conocimiento intelectual se dediquen a las labores de docencia o a las investigaciones científicas a solicitud de centros de investigación o instituciones académicas públicas privadas.

La condición de Pensionado o Rentista otorgada a través de la presente ley será de duración indeterminada, y será cancelada por causa de renuncia o pérdida mediante resolución motivada del órgano competente de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su reglamento y legislación migratoria.

Las personas que renuncien a la condición de Residente Pensionado o Residente Rentista, deberán cancelar impuestos que les han sido exonerados en un período de dos años anteriores a su renuncia.

La condición de Residentes Pensionados o Residentes Rentistas se podrá perder por las siguientes causas:

1. Por incumplimiento de las obligaciones inherentes a su condición de Residentes Pensionados o Residentes Rentistas.
2. Por violación expresa a las prohibiciones expresadas en la presente ley, por sentencia condenatoria de delitos graves, o fuere reincidente de delitos menos graves, sentencia en su contra de cualquier acto sea civil, laboral, de propiedad, etc.
4. En caso de dejar de percibir por el término de seis meses consecutivos el ingreso económico en la condición de pensión o renta que dio origen a su ingreso a la categoría de Residentes Pensionados o Residentes Rentistas.
5. Cambio de condición migratoria conforme a la Ley de Extranjería.
6. Si se ausenta del país por más de un año sin justificación alguna.
7. Cuando así lo determinen razones de orden público, defensa, seguridad interior o cuando su conducta contravenga los principios e intereses del Gobierno de Nicaragua.

En el caso que el Instituto Nicaragüense de Turismo tenga conocimiento de que un Residente Pensionado o Residente Rentista se encuentra en algunas de las situaciones planteadas se procederá a aplicar el procedimiento establecido en la presente Ley y su Reglamento, debiéndose garantizar el debido proceso administrativo con la intervención de las partes.

Cuando haya quedado firme la Resolución de la pérdida de la categoría migratoria de Residente Pensionado o Residente Rentista en los términos señalados en la presente ley y su reglamento, los sancionados deberán cancelar los impuestos exonerados en los últimos dos años. La cancelación de la cédula de Residencia obtenida; en tal caso la Dirección General de Migración y Extranjería procederá conforme a las Leyes Migratorias vigentes.

No serán admitidos en la condición de Residente Pensionado o Rentista los extranjeros comprendidos en las causales siguientes:

a. Los adictos a los estupefacientes, los que ejerzan, fomenten se dediquen al tráfico ilegal de drogas, fomenten su uso o se lucren con dicha actividad.
b. Los que estén cumpliendo condena o estén sometidos a procesos judiciales por cualquier delito o causa.
c. Los que hayan cometido delitos considerados graves en cualquier país del mundo y conforme al Código Penal vigente de Nicaragua.
d. Otras causas que determine la ley de Migración y Ley de Extranjería.

Podrán optar a la condición y acogerse también a los beneficiarios de la presente Ley, las personas menores de cuarenta y cinco años de edad con capacidades diferentes, previo de llenar todos los demás requisitos de Ley, y excepcionalmente aquellos que apruebe el comité Técnico.

Los Residentes Pensionados o Residentes Rentistas que adquirieron la condición amparada en el Decreto No. 628, “Ley de Residentes Pensionados o Residentes Rentistas” podrán acceder de conformidad a la Ley a los nuevos beneficiarios que establece la presente ley de forma inmediata previa notificación al Instituto Nicaragüense de Turismo.

No podrán hacer uso de los beneficios establecidos en la presente Ley los ciudadanos nicaragüenses que con anterioridad hayan recibido beneficios que otorgó el Estado de Nicaragua por medio de Acuerdos Ministeriales números 16 y 28-B del nueve de Febrero de mil novecientos noventa y del veintitrés de Julio del mismo año respectivamente; así mismo, por medio de la Ley No. 250, Ley de Incentivos Migratorios, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 52 del año mil novecientos noventa y siete y en la Ley número 310, Ley de Prórroga a la Ley de Incentivos Migratorios, Ley No. 535, Ley Especial de Incentivos Migratorios para los Nicaragüenses Residentes en el Extranjero publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 101 del 26 de Mayo del año 2005, asimismo, se excluyen a aquellas personas que hubieren recibido beneficios por cualquier otra Ley o Decretos similares a los beneficios establecidos en la presente Ley.

Por efecto de la presente Ley se reforman:

1. Se adiciona al artículo 7 de la Ley de Migración, Ley No. 153 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 30 de Abril de 1993 los incisos e, f y g, que se leerán así:

“ e)Rentista,
f) Pensionado,
g) Cónyuge, hijos menores, dependientes de las personas de conformidad con la categoría de los incisos e y f”.

2. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Migración, Ley No. 153 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 30 de Abril de 1993, en el sentido de que, las categorías mencionadas en los incisos e, f y g del artículo número 7 son competencia del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR).

Por efecto de la presente Ley se derogan:

1. El Decreto No. 628, “Ley de Residentes Pensionados o Resistentes Rentistas”, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 264, del 19 de Noviembre de 1974.
2. El Decreto No. 41-97, publicado en La Gaceta Diario Oficial, No. 136 del 18 de Julio de 1997.
3. El Decreto No. 43 del 14 de Diciembre de 1977 publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 19 del 25 de Enero de 1978.
4. De la Ley de Migración, Ley No. 153 del 22 de Abril de 1993 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 30 de Abril de 1993, los incisos c, ch y d del artículo 10 y del 22 al 27 inclusive.
5. Cualquier otra disposición anterior que se oponga al contenido expreso de la presente ley.

El Poder Ejecutivo dictará el Reglamento de la presente Ley de conformidad a lo establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Vamos a pedirle a la Segunda Secretaria que nos verifique el quórum.

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

a. Incrementar y diversificar las exportaciones de Nicaragua con destino a Panamá, que permitirá la diversificación de la oferta exportable en general y el crecimiento de los sectores productivos no tradicionales, favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas, siendo una condición fundamental para el crecimiento económico de Nicaragua.

b. Buscar un mejor equilibrio en las relaciones comerciales, con el fin de reducir el déficit de la balanza comercial con Panamá.
c. Aumentar las inversiones de Panamá en Nicaragua, las que durante el año 2006 tuvieron un impacto muy significativo y las cuales podrían incrementarse en el tiempo, además el Tratado de Libre Comercio puede favorecer una mayor captación y orientación de capitales panameños hacia inversiones que impulsen el desarrollo de nuestra economía.
d. Fortalecer la competitividad de las empresas establecidas en Nicaragua, mediante la transferencia tecnológica. El Tratado servirá como una herramienta que incentive la transferencia de tecnología, así como la apertura de nuevas inversiones en industrias de tecnología intermedia, mejorando por esta vía el nivel de vida de los y las nicaragüenses.
e. Establecer un régimen de intercambio comercial entre Nicaragua y Panamá. El Tratado contiene normativas modernas que regularán el comercio de bienes y servicios, a través del establecimiento de reglas claras, transparentes y estables que permitan el dinamismo necesario para promover un desarrollo productivo sostenible.
f. Incrementar la cooperación técnica y financiera hacia Nicaragua, ya que es un elemento de justicia comercial para paliar las evidentes asimetrías de los países que están dentro de este Tratado de Libre Comercio.

A la par de las obligaciones comerciales negociadas, el Tratado contiene disposiciones de cooperación y asistencia técnica que permitan alcanzar los objetivos del Tratado.

Los tratados de libre comercio son importantes, pues se constituyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de productos a los mercados externos, de forma más fácil y sin barreras. Además, permiten que el aumento de la comercialización de productos nacionales, generación de empleos, fomenta el intercambio tecnológico, se moderniza el aparato productivo para ser más competitivo, mejora el bienestar de la población y se promueve la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Finalmente, sirve para reducir precios que paga el consumidor por los productos que no se producen en el país.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputada Mónica Baltodano, tiene la palabra.

DIPUTADA MÓNICA BALTODANO MARCENARO:

Gracia, señor Presidente.

Sólo quiero dejar expresada claramente las reservas que tengo sobre los compromisos plasmados como buenas intenciones en esta ley, con respecto a tres asuntos que considero fundamentales.

Primero lo que estaba señalando el diputado que me precedió, respecto a la justa indemnización para todos aquellos campesinos que van a ser afectados por esta represa, y lo digo sobre la base del conocimiento de las experiencias de construcción de este tipo de obras, en algunos países centroamericanos y en el propio Brasil, ya que tengo estrecha comunicación con los movimientos sociales, la asociación de los afectados por las represas en el Brasil, en donde son expulsados, reprimidos y no gozan muchos de ellos de ningún tipo de beneficio por estas mega-obras. En el caso nuestro es una obra de carácter mediano, de acuerdo a las dimensiones de países como Brasil, este es un pequeño proyecto pero para las dimensiones de Nicaragua es un mega proyecto. Por ejemplo, lo que señalaba el anterior diputado, si los campesinos no tienen título de propiedad, simplemente se les dice no hay indemnización, porque no demuestran la propiedad sobre la tierra. Creo que es fundamental que los diputados de esas regiones y todos nosotros estemos pendientes de los problemas que se deriven de este tipo de obras y mega proyectos.

Segunda consideración, estas obras que son realizadas en buena medida con capital extranjero, terminan por beneficiar a otros y no al país que es dueño soberano de las aguas, y eso estaba claramente establecido en la Ley de Aguas; desgraciadamente la implementación de esta ley ha tenido dificultades porque no está constituida la Autoridad Nacional del Agua ni están constituidos los mecanismos, no sé si ha sido dictado el reglamento que específicamente “mandate” esta ley para este tipo de inversiones extranjeras y por lo tanto están debilitados ciertos mecanismos que permitan un control más estricto de la nación sobre éste, sobre las ganancias y las utilidades que generan este tipo de proyectos como son las Hidroeléctricas, y por lo tanto comparto que ese 10% que además quedó establecido en la Ley General de Aguas, la obligatoriedad de que el Estado nicaragüense tenga participación en este tipo de obras y en este tipo de inversiones que efectivamente no hayan subterfugios en cuanto a las dimensiones de esta participación, porque al final se habla del 10% y termina siendo de 1 ó ½% y el Estado pierde la capacidad total, no sólo para usufructuar un bien tan importante para Nicaragua como es el agua, sino para controlar las ganancias y beneficiarse de inversiones de esta naturaleza.

El tercer elemento y con esto cierro; es el tema de los precios, se construye una hidroeléctrica en Nicaragua con inversiones extranjeras y esta empresa le vende a la distribuidora ya conocida Unión Fenosa, que ahora ya no es de Unión Fenosa, sino que otra transnacional, ¿a qué precio, a qué costo para los nicaragüenses?, porque lo que vemos es que independientemente de que en Nicaragua ya tenemos plantas Hidroeléctricas, los costos siempre están determinados por la energía de ocasión o por la energía termoeléctrica que es carísima, todos los días y en estos últimos meses ha sido evidente que la energía sube de precio. Entonces está bien, es bonito estar hablando de proyecto de generación de este tipo, pero no olvidemos esos tres factores. La gente afectada y su útil indemnización, los beneficios reales que puede tener el país y en tercer lugar el costo al que va a ser vendida la energía, porque al final todos los nicaragüenses vamos a pagar esa energía y las ganancias se van muchas veces a los bolsillos de las grandes transnacionales que son beneficiadas con este tipo de inversiones.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Eliseo Núñez, tiene la palabra.

DIPUTADO ELISEO NÚÑEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, Presidente.

Quería contestar algunas inquietudes y ser un poquito más claro. Todas las interrogantes que aquí se han planteado están contenidas dentro de la ley, lo que pasa es que vamos a hacer señalamientos.

Primero, las garantías que pide el diputado Sacasa, están contempladas en la ley, conforme la Ley de Industria Eléctrica y es el 7%. O sea, que la compañía “Queiroz Galvao” está depositando 42 millones de dólares como garantía de cumplimiento, porque el monto de la inversión se va a determinar una vez concluido el estudio de factibilidad, el cual oscila entre 500 y 600 millones de dólares, si nosotros sacamos 600 millones de dólares por el 7% son 42 millones de dólares, esa es la garantía que está rindiendo la compañía “Queiroz Galvao”.

En cuanto al 10% que eso está debidamente contemplado, que el Estado, tiene derecho a dicho 10% de las acciones, no importando la cantidad que inviertan para la construcción de la presa el aporte del Estado, que es el recurso agua, vale el 10% del total de la inversión, sea cual sea ésta. En cuanto a la electrificación, también está contemplada la electrificación de las zonas afectadas; y en relación con las indemnizaciones, hay dos tipos.

Una, la Indemnización a aquellos productores que tienen títulos y a aquellos que no tienen títulos, reales ni de dominio, se les hará una sesión de derechos posesorios también a los habitantes de Apawás que son sesenta y cinco casas. Estos habitantes serán trasladados a áreas debidamente diseñadas donde habitarán, se les construirá una escuela, un centro de salud, se les garantizará energía eléctrica, comunicación, habrá desarrollo. Recuerden que la construcción de esta represa va a generar alrededor de tres mil empleos y una vez instalada se contratarán entre trescientos a cuatrocientos empleos permanentes y como decía el diputado Augusto Valle, está contemplada la pavimentación de treinta kilómetros entre San Pedro y Tumarín, que va a empalmar con los setenta kilómetros que el Estado tiene que pavimentar de Río Blanco hasta Ubu Norte y Paiwas.

Por lo tanto, esto lo que está llevando es un desarrollo acelerado a esta zona, a través de esta ley, por medio de la aprobación de esta concesión, los estamos dotando de infraestructura vial, telecomunicaciones, asistencia en salud, educación, solamente tienen como crecer las comunidades que ahí se encuentran actualmente. Y todos los que fueron saben muy bien la enorme capacidad que tienen los actores involucrados en esto. Electrobras genera actualmente cincuenta mil mega en Brasil, dos mil veces más que lo que necesita el total del requerimiento de toda Nicaragua; así que tienen una enorme capacidad técnica, además de económica. Y en cuanto a la satisfacción porque nosotros aceleramos este dictamen, les quiero decir que el presidente Lula, termina su período en enero-febrero, y nosotros necesitábamos aprobar este proyecto antes que él entregue el poder. Es cierto que el Gobierno del Brasil es de Gobierno a Gobierno, pero para que no hubiera ningún escollo, pretendemos según las conversaciones que hemos hecho con los Desarrolladores que en noviembre ya comienzan a desarrollarse y el presidente Lula, puede venir a poner la primera piedra de este proyecto.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputado.

Diputado Pedro Joaquín Chamorro, tiene la palabra.

DIPUTADO PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO BARRIOS:

Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestra bancada se une a las bondades de este proyecto expresada claramente por los colegas que me antecedieron el uso de la palabra, particularmente Augusto Valle, Francisco Aguirre Sacasa, Freddy Torres, el diputado Edwin Castro y Eliseo Núñez, quienes han expresado las bondades que tendrá este nuevo proyecto Tumarín para Nicaragua, entre ellas 180 Megavatios generación de Energía limpia, un ahorro de 80 millones de dólares anuales, en concepto de pago por importación de hidrocarburos, la cantidad de campesinos que se van a beneficiar en la zona, porque ésta se va a desarrollar, habrá una nueva carretera y el proyecto generará tratando cuando se esté desarrollando y cuando ya esté terminado en unos dos años. Considero que este es un proyecto que demanda el apoyo de todas las bancadas y nosotros como bancada de oposición vamos a demostrar una vez más que somos una oposición constructiva y propositiva, apoyando todos aquellos proyectos que benefician al pueblo de Nicaragua.

Antes de concluir, señor Presidente, quiero dejar constancia aquí en la Asamblea Nacional de una carta que hemos entregado a Primera Secretaria el día de hoy, firmada por más de veintiséis diputados entre los cuales figuran cuatro miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional: don Carlos García, Alejandro Ruiz, Wilfredo Navarro y don Oscar Moncada y el Presidente de la Comisión de Educación don Mario Valle. La carta dice:

Los abajo firmantes diputados propietarios de la Honorable Asamblea Nacional, nos dirigimos a usted, para que por su medio eleve a la Junta Directiva de la Asamblea nuestra protesta más enérgica por la ofensas expresadas en su vulgar intervención el día de ayer del diputado suplente José Antonio Zepeda, durante la Sesión Solemne en ocasión del “Día Nacional del Maestro”, que tuvo lugar ayer en el auditorio Fátima del Colegio de Rivas.

Consideramos que el diputado Zepeda, faltó a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional al proferir palabra como “cobardes e hipócritas” a diputados miembros de la Bancada Democrática, que sin tener el derecho a réplica, nos congregamos ahí para escuchar palabras que exaltasen la misión de los maestros en una Sesión Solemne donde se debe guardar la compostura y no recibir ofensas en un discurso politizado que está bien para cualquier barricada, pero no para un acto así, donde los maestros lo primero que deben de demostrar es precisamente educación.

Y termino, señor Presidente, exigimos de parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional una sanción al diputado Zepeda, y le recordamos al señor Presidente de la Asamblea Nacional, que de acuerdo al artículo 82, numeral 2 de la Ley Orgánica, él está obligado a guardar el orden y el respeto en las Sesiones de la Asamblea Nacional, particularmente en una Sesión Solemne como la de ayer, en donde los diputados no tienen derecho a réplica cuando son ofendidos y lo único que pueden hacer en estos casos es levantarse en protesta, lo cual no hicimos en consideración a los maestros de todo el país y a la Ciudad de Rivas, ciudad anfitriona de la Sesión Solemne.

Firman veintiséis diputados.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputado.

Saludamos a estudiantes de Nueva Segovia de la Universidad Martín Lutero, y de la Universidad Norte de Nicaragua, lo mismo que al grupo de maestros que los acompañan.

Un saludo para ellos.

Diputado Ramón González, tiene la palabra.

DIPUTADO RAMÓN GONZÁLEZ MIRANDA:

Gracias, señor Presidente.

Quiero felicitar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos por esta ley y a los señores que están aquí presentes, por confiar en que esa inversión será para el desarrollo de este país. Lamento que en la pantalla no se pueda ver el proyecto como dice allá arriba Adendum No. 5, no se ve en la Agenda Base ni en la Orden del Día ni en dicho Adendum No. 5, para apreciar mejor la ley, aquí en nuestras computadoras no aparece, pero lo importante es que creo que todas las bancadas aquí presentes estamos apoyando un proyecto tan importante como éste; desde hace más de cincuenta años existe ese gran proyecto de Copalar Tumarín, Mojolca, para mejorar la energía eléctrica de Nicaragua y poder abastecer a otros países de Centroamérica.

Algunas personas van a ser afectadas al efectuarse este proyecto importante, pues sus terrenos serán inundados, pero sabemos que van a ser indemnizados y que tengan confianza que así como serán afectados muy pocos, van a ser beneficiados millones de nicaragüenses. Lo que sí le vamos a pedir al Ejecutivo, a los inversionistas y a los involucrados en este proyecto, es que se le cumpla a esta gente en tiempo y en forma, principalmente a las personas que van a ser trasladadas a un mejor lugar. No tuve el honor de ir a Brasil como lo hicieron otros diputados, pero he viajado a otros países y conocí la Presa del Cajón en México. Estoy seguro que a esta población que van a mover, que son casi dos mil personas, tendrán un pueblo más decente, aquellas casitas de cartón y de piedra que habían, serán mejoradas, creo que hasta ahora esta gente va a conocer lo que es la luz eléctrica, tener agua potable, una escuela, un parque, un centro de salud; y ojalá este mensaje de los diferentes diputados que han intervenido llegue a esta población y que confíen en que vamos a responder y apoyar este proyecto de ley que va a ser para el beneficio de para todos ellos.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Bien. Gracias, diputado.

Diputado César Castellanos, tiene la palabra.

DIPUTADO CÉSAR CASTELLANOS MATUTE:

Gracias, Presidente.

En primer lugar, quiero nuevamente saludar a los compañeros, estudiantes y maestros que nos visitan del Departamento de Nueva Segovia y también quiero saludar a los productores que hoy se encuentran aquí en la Asamblea Nacional tratando de encontrar un arreglo justo entre ellos y las Microfinancieras sobre el problema que desde hace dos años están enfrentando, esperamos que definitivamente los productores y las Financieras puedan llegar a un arreglo que felizmente pueda terminar y que ellos puedan seguir produciendo la tierra.

Presidente, nosotros quisiéramos hacer un poco de historia sobre este proyecto de Tumarín, que desde el año 2007, después de un encuentro entre el presidente Ortega y el presidente Lula, entre el Gobierno de Nicaragua y del Brasil se realizaron una serie de eventos bilaterales que buscaban como estimular el intercambio de diversos sectores de la economía nacional para empujar proyectos sobre todo en el sector energético de este país, que es donde Nicaragua enfrenta serias dificultades. Desde esa fecha hasta ahora, Presidente, se han realizado una serie de encuentros interinstitucionales entre diferentes autoridades del Gobierno de Brasil y el Gobierno de Nicaragua, en la búsqueda de llegar a un encuerdo en esta negociación, que le permita a Nicaragua poder tener un proyecto tan importante como el proyecto Tumarín, y es hasta el día de hoy con esta ley que estamos aprobando en esta Asamblea Nacional, que prácticamente se concluyen toditos esos encuentros.

Queremos decirles que esta Presa Hidroeléctrica Tumarín está prevista a producir inicialmente 160 MW, pero de acuerdo a los estudios que nos ha presentado la Queiroz Galvao, resulta que vamos a tener la posibilidad de tener 220 MW de producción, aprovechando este recurso hídrico del Río Grande de Matagalpa y que posteriormente podemos tener la oportunidad de que esta misma empresa pueda desarrollar el “Proyecto Boboké”. Nosotros hemos visitado Brasil, Presidente, con el propósito de conocer in situ cual es la capacidad que efectivamente tenía esta empresa, porque nosotros hemos escuchado aquí la posición de algunos diputados con respecto a las condiciones que presentaba esta empresa. Realmente queremos decirles que la Queiroz Galvao fue fundada desde el año 1953 y tiene presencia en América Latina y África y ahora con sucursales en Centroamérica y específicamente en Nicaragua. Tiene ingresos anuales por el orden de los 2,400 millones de dólares anuales, eso precisamente hace de la Queiroz Galvao, una empresa con capacidad económica para resolver definitivamente este proyecto que apenas les cuesta a ellos 600 millones de dólares y detrás de esta empresa Queiroz Galvao está Electrobras, que es una de las empresas situada a la cabeza en producción energética en América Latina, y más detrás de estas dos empresas por si fuera poco, está el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, que es un banco más grande que el propio BCIE y el BID. Es decir, que detrás de toda esta gente tenemos una gran capacidad económica como para resolver este proyectito y otros más, que definitivamente en relación con Brasil es un proyecto sumamente pequeño.

También pudimos constatar que la Queiroz Galvao, tiene actuación en las siguientes áreas y que la hacen una empresa responsable en Brasil, por ejemplo en la construcción civil, es una empresa con gran responsabilidad en la exploración y producción de petróleo bruto y gas natural igualmente en ingeniería ambiental, producción de alimentos y siderurgia. Entonces, Presidente, con esto quiero decir que esta es una empresa que definitivamente no hay ninguna duda de que tiene la capacidad suficiente para poder desarrollar este proyecto y que va a ubicar a Nicaragua, definitivamente en una posición de independencia del petróleo, que nos va a permitir ahorrarnos aproximadamente 80 millones de dólares anuales, en concepto de compra de petróleo en el exterior.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Luis Ortega Urbina, tiene la palabra.

DIPUTADO LUIS ORTEGA URBINA:

Gracias, Presidente.

Como miembro de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, solicito a todos los diputados que integran las diferentes bancadas su apoyo y respaldo a esta iniciativa de ley denominada “Ley Especial y Específica para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín”.

Cabe resaltar que con el objeto de reducir la generación eléctrica a base de los derivados del petróleo, el Ministerio de Energía y Minas está impulsando este Proyecto Hidroeléctrico de gran envergadura, el cual le traerá muchos beneficios al pueblo de Nicaragua. La volatilidad de los precios internacionales del petróleo, así como las constantes alzas en los últimos años y la falta de inversión, han traído como consecuencia medidas de racionamiento, razón por la cual constituye un imperativo nacional incrementar la generación de electricidad con recursos renovables para lograr una menor dependencia de los combustibles sólidos fósiles, siendo de gran necesidad la declaración de utilidad pública e interés nacional el desarrollo del proyecto Hidroeléctrico de Tumarín, el cual se localizará en la Cuenca del Río Grande de Matagalpa y su embalse en los municipios de La Cruz de Río Grande y Paiwas, Región del Atlántico Sur.

El Proyecto Hidroeléctrico de Tumarín cuenta con un área de reservorio de cincuenta y cinco kilómetros y su aprovechamiento hidroeléctrico tendrá una potencia instalada de unos 180 megavatios, además ya están identificados los grupos de inversionistas extranjeros quienes están interesados y dispuestos a invertir en Nicaragua en este sector, y sobre todo en la ejecución de este proyecto, el cual incurrirá en la construcción de una sub-estación de línea de trasmisión asociada a doscientos cincuenta kilovoltios con setenta kilómetros de extensión y una presa de concreto de sesenta metros de altura y un conjunto de turbinas cuya capacidad de generación de energía se estima de 870 Gwh.

La generación de energía eléctrica a partir de este proyecto hidroeléctrico, repercutirá de forma positiva en el país al inyectar energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional y así disminuir la carga económica del alto costo de la generación de energía a base de combustible sólido. Hay que tener en cuenta que este proyecto de desarrollo no sólo representa un aumento y mejoramiento de la generación eléctrica al país, sino que también impulsa al progreso en esas áreas que han estado abandonadas en su desarrollo. Por tanto, son promotoras y generadoras por sí mismas de fuente de empleo directo e indirectos, potenciando así el mejoramiento de los niveles de vida.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado sea más breve, que estamos con el tiempo…

DIPUTADO LUIS ORTEGA URBINA:

Está bien.

A la vez, los productores y campesinos que sean afectadas en sus áreas deberán de ser indemnizados con justeza y conforme a nuestras leyes, ya que ahí estaremos los diputados de la bancada del PLC, respaldándolos ante cualquier arbitrariedad que surja en su contra. Por tanto, solicito a este plenario su aprobación y respaldo.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputado.

Cerramos la discusión con el diputado Brooklyn Rivera Bryan, a quien rogamos brevedad.

DIPUTADO BROOKLYN RIVERA BRYAN:

Gracias, compañero Presidente.

Sin duda, hay un convencimiento entre todos los colegas diputados de la necesidad imperiosa y la importancia estratégica de esta iniciativa de Ley Especial para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico de Tumarín. Estamos todos convencidos de la viabilidad técnica y financiera y de la capacidad de la empresa, sin embargo, debemos recalcar en algunos aspectos, como la salvaguarda de los derechos de los pueblos y comunidades que habitan en la zona y también en el impacto ambiental que va a generar la implementación de este proyecto.

Quiero señalar que el proyecto tiene su ámbito en la cuenca del Río Grande de Matagalpa, abarcando los municipios de La Cruz de Río Grande y de Bocana de Paiwas. Dentro del primer municipio que es La Cruz de Río Grande, se ubica el territorio indígena de Awastara, compuesta por dieciséis comunidades y al menos tres de estas comunidades indígenas, incluyendo Tumarín están ubicadas en el área de influencia de este proyecto hidroeléctrico, de manera que es importante tomar en cuenta esa realidad, que va a cubrir parte del territorio indígena de Awastara, que ya tienen su título de dominio pleno, extendido por el Estado de Nicaragua, y junto con sus recursos naturales y la poblaciones que se encuentra dentro de eso.

De manera que es importante dejar establecido la voluntad de esta Asamblea Nacional que haya una consulta previa, libre y bien informada a las comunidades de Tumarín y las comunidades vecinas; además que en cuanto se defina el límite exacto de la ubicación, que se va a realizar a través de un trazo topográfico, que se aseguren los derechos de los pueblos indígenas sobre su tierra y se asegure la protección ambiental y las medidas para mitigar el impacto cultural en estas poblaciones. Vamos a seguir de cerca todo este desarrollo, y finalizo diciendo también que el Consejo Regional Autónomo Atlántico Sur debe dar previa aprobación de este proyecto de ley, a fin de garantizar la disposición constitucional, para este fin.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias diputado.

Participaron en el debate en lo general dieciocho diputados y diputadas, algunos hablando más de lo correspondiente.

Pasaremos a la votación en lo general.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, 14 presentes, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Dictamen en lo general.

SECRETARIO ALEJANDRO RUIZ JIRÓN:

Vamos a leerlo en lo particular, como no hay capítulos, vamos artículo por artículo; así que tranquilos.

Arto. 1 Objeto de la ley

La presente Ley Especial tiene por objeto definir y establecer las bases y fundamentos jurídicos para normar y promover la realización, desarrollo, mecanismos, requisitos y procedimientos para el otorgamiento, por la autoridad competente, de las Licencias de aprovechamiento sostenible, racional y óptimo del recurso agua y la Licencia de Generación que resulte necesario para la construcción de los embalses correspondientes, así como para la construcción, operación y explotación de los recursos naturales en el proceso de contracción y ejecución del Proyecto Hidroeléctrico de Tumarín el cual se encuentra localizado en la Cuenca del Rió Grande de Matagalpa, y que en lo sucesivo se le denominará El Proyecto; así como autorizar el desarrollo de dicho Proyecto y establecer los mecanismos y procedimientos para el otorgamiento del Permiso Ambiental, la Licencia de Generación Hidroeléctrica y la Licencia de Aprovechamiento de Aguas, al desarrollador del Proyecto.

Por ministerio de la presente Ley Especial se autoriza a las Empresa Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua, Sociedad Anónima, identificada comercialmente por las siglas CHN, que para los efectos de esta Ley se le denominará El Desarrollador, para que ejecute y desarrolle el Proyecto Hidroeléctrico Tumarín, de conformidad a las reglas y estipulaciones definidas por la presente Ley.

El Desarrollador es una sociedad mercantil constituida bajo la figura de Sociedad Anónima de conformidad a las Leyes de la República de Nicaragua, constituida ante los Oficios Notariales de la licenciada Olga María Barreto Gutiérrez, mediante Escritura Pública Número Veintidós, 22, de las dos de la tarde del día doce de septiembre del año dos mil siete e Inscrita con el Asiento Nº 2141, de la página 182 a la 205, en el Tomo LIV del Libro Segundo Mercantil y con Asiento Nº 7296, Página 277 a la 278 del Tomo XIX del Libro de Personas, ambos del Registro Público del Departamento de Masaya.

Para los fines y efectos de la presente ley, sin perjuicio de las definiciones establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica, se establece el glosario siguiente:

1. CEP: Cronograma de Ejecución de Proyecto.
2. CHN: El Desarrollador o Empresa Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua, S.A.
3. CONEPHIT: Comisión Negociadora del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín.
4. CROM: Costos reducidos de Operación y Mantenimiento.
5. Desarrollo del Proyecto: Desde los Estudios de Preinversión hasta la Explotación comercial, inicio, desarrollo y final.
6. DIA: Documento de Impacto Ambiental.
7. NaMo: Nivel de aguas Máximo ordinario.
8. NaMe: Nivel de aguas Máximo extraordinario.
9. NaMimo: Nivel de aguas Mínimo ordinario.
10. PDI: Plan de Desarrollo Integral.
11. Plazos: Términos y plazos en días establecidos en la presente Ley, serán considerados como días y plazos calendarios.
12. SIMEC: Sistema de Medición Comercial.
13. SNT: Sistema Nacional de Transmisión; y
14. SST: Sistema Secundario de Transmisión.

El Proyecto Hidroeléctrico Tumarín, contará con un área de embalse estimado en 55 kilómetros cuadrados en su nivel máximo y su aprovechamiento hidroeléctrico tendría una potencia instalada aproximadamente de 180 Mw. El Proyecto Hidroeléctrico Tumarín comprende infraestructuras mayores y construcciones conexas, y otras obras tales como la construcción de una presa de concreto estimado en 60 metros de altura, embalse, obras de desvío, obras de demasías, obras de conducción, casa de máquinas, una subestación, una línea de transmisión asociada de 230 Kilovoltios con aproximadamente 70 kilómetros de extensión necesaria para conectarse al Sistema de Interconectado Nacional, SIN, y un conjunto de turbinas cuya capacidad media anual de generación de energía se estima en 870 GWh.

El plazo de ejecución de dichas obras es de 48 meses, aproximadamente, toda vez que se cumplan y satisfagan los requisitos y trámites establecidos en la presente ley y demás leyes conexas a la materia para poder desarrollar El Proyecto.

El Proyecto estará ubicado en los sitios que se describen y delimitan así: El eje de la presa Tumarín, estará ubicado sobre el Río Grande de Matagalpa aproximadamente 43 Km. río abajo de la confluencia del Río Tuma con el Río Grande de Matagalpa, en el tramo del río comprendido entre las coordenadas UTM sistema WGS 84: 780288 Longitud Oeste y 1440161 Latitud Norte, 780982 Longitud Oeste y 1440309 Latitud Norte, 780792 Longitud Oeste y 1440567 Latitud Norte, 780267 Longitud Oeste y 1440343 Latitud Norte, en la hoja geodésica 1:50,000 Río Isika 3355 – III). Su embalse está ubicado en los municipios de La Cruz de Río Grande y Paiwas de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS. El área del embalse en aguas máximas será de aproximadamente 55 Km2 variando según los niveles de aguas máximas ordinarias, NaMo de 55.0 msnm - y el nivel de aguas mínimas ordinarias - NaMino de 40.0 msnm. El nivel extraordinario en avenidas máximas es de 60.0 msnm, (NaMe).

El límite exacto de la ubicación y la correspondiente afectación para los fines y objetivos expresados en este artículo y siguientes de la presente Ley, será establecido en forma final por medio del trazo topográfico en el sitio de la obra de la línea correspondiente al nivel de aguas máximas extraordinarias -NaMe- para el embalse, según se determine este nivel en los planos finales de construcción al establecer la altura de la crecida máxima esperada sobre el vertedero de la presa, más una franja de amortiguamiento y protección de la rivera contigua al embalse, la cual será definida por el Ministerio de Energía y Minas. El Ente Regulador una vez que entre en operación productiva el Proyecto deberá realizar sus funciones de regulación sin perjuicio de que a instancia del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pueda participar en las actividades de supervisión durante el proceso de construcción del Proyecto.

De conformidad a lo establecido en el artículo 44, párrafo Segundo de la Constitución Política de la República de Nicaragua, se declara de utilidad pública y de interés social el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín, en el área descrita en el artículo anterior, para la generación de energía hidroeléctrica.

Los Procedimientos para la declaratoria de utilidad pública y de interés social, así como las declaratorias de expropiación e imposición de servidumbres y las indemnizaciones por las afectaciones que en su caso puedan derivarse de lo dispuesto en el presente artículo, se regirán y tramitarán obligatoriamente de conformidad a lo dispuesto en el Decreto No. 229, Ley de Expropiación, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 58, del 9 de marzo del 1976, Ley No. 272. Ley de la Industria Eléctrica, y demás leyes conexas a la materia que no se opongan y contradigan a la presente Ley Especial.

Los derechos y beneficios que se deriven de la declaratoria de utilidad pública e interés social de las diferentes propiedades afectadas se establecerán a favor de El Desarrollador; de la misma forma, las obligaciones serán por su cuenta.

1. Programa y cronograma de la adecuación y/o restitución de la infraestructura afectada por el proyecto.
2. Programa y planos de reubicación de los pobladores afectados por la ejecución del Proyecto y que no hayan sido indemnizados por El Desarrollador; y
3. Programa y planes de manejo de las medidas ambientales con su correspondiente cronograma de ejecución y desarrollo durante la construcción del Proyecto.

Los dos primeros programas, deberán especificar la adecuación de la infraestructura social afectada y el plazo a realizarse, tales como vivienda, caminos de acceso, escuelas, centro de salud, servicios públicos - privados, templos religiosos, reubicación de cementerios, campos deportivos y/o centros recreativos, así como otros aspectos que resulten necesarios para el nivel y la calidad de vida de los pobladores afectados y de aquellas instituciones públicas que tuvieren delegaciones u oficinas.

Previo al inicio de las obras de construcción del Proyecto, El Desarrollador deberá de elaborar y presentar dichos programas al Ministerio de Energía y Minas (MEM), para su debida aprobación; para tal efecto se deberá efectuar las coordinaciones que resulten necesarias con las autoridades entre los programas de medidas sociales, compensatorias y ambientales presentados por El Desarrollador, con las autoridades locales, regionales y nacionales según sea el caso, de conformidad al Plan de Inversiones Públicas para la zona donde se desarrollará el Proyecto, así como cualquier otra disposición establecida por la Comisión Negociadora del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín, CONEPHIT.

De conformidad a lo establecido en el artículo 44, párrafo segundo, de la Constitución Política de la República, y por ministerio de la presente ley, El Desarrollador del Proyecto queda facultado para gestionar y demandar en sede administrativa, según corresponda, o en la vía judicial la tramitación e impulso correspondientes al proceso judicial de expropiación e imposición de servidumbres necesarios para la construcción del Proyecto. Así mismo, corresponde indelegablemente a El Desarrollador responder por el proceso y las resultas de tales procesos y por el debido pago en efectivo como consecuencia de la justa indemnización a los propietarios de los bienes inmuebles que resulten afectados por la realización del Proyecto, cuando estos bienes sean privados.

El Desarrollador deberá tener como referencia base, pero no excluyente, los datos oficiales suministrados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, sobre los Registros del Censo de Población y Vivienda del 2005 y el Censo Nacional Agropecuario del 2004, así como los respectivos Registros de la Propiedad inmueble, con las debidas actualizaciones de conformidad con las normativas técnicas establecidas por la autoridad correspondiente, entre los que serán incluidos los levantamientos aerofotogramétricos realizados por El Desarrollador.

Para los fines y efectos de la presente ley son obligaciones del Desarrollador las siguientes:

1. El Desarrollador realizará a sus costas, los estudios de factibilidad y de ingeniería y construcción de las obras civiles y montajes electromecánicos, hasta cumplir con los requisitos requeridos por la autoridad correspondiente y todos los que sean necesarios de conformidad a los estándares nacionales o internacionales, debiéndose adoptar el que sea de mayor provecho y beneficio para el Proyecto y el país en este tipo de proyectos, debiendo cumplir con los parámetros técnicos y requisitos para la obtención, tanto del Permiso Ambiental otorgado por Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente, MARENA, así como la Licencia Especial de Aprovechamiento de Aguas otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, ANA, o quien haga las funciones de ésta, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 620, Ley General de Aguas Nacionales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 169 del 04 de Septiembre del 2007 para el uso y aprovechamiento racional y óptimo del recurso agua en el área destinada para la construcción del embalse para la generación de energía eléctrica y los requisitos para la obtención de la Licencia de Generación Hidroeléctrica que otorga el Ministerio de Energía y Minas, MEM, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 612, Ley de Reforma y Adición a la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

En los casos en que no se realicen los estudios, obras y construcciones dentro de los plazos y términos contratados y/o establecidos, estos se podrán prorrogar por una sola vez, por un período igual o menor al plazo original establecido en el cronograma de actividades aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, MEM, para tales actividades;

2. A partir de la vigencia de la presente Ley Especial, El Desarrollador deberá comprobar debidamente su capacidad técnica y financiera ante el Ministerio de Energía y Minas, MEM. Para el cumplimiento de esta disposición la capacidad técnica y financiera de El Desarrollador, podrá ser acreditada con la capacidad técnica y financiera de los socios de la Empresa Centrales Hidroeléctrica de Nicaragua y bien con la acreditación o evidencia de la disponibilidad financiera, en su caso.

3. El Desarrollador deberá mantener oficinas de representación permanente en Nicaragua, así como en las localidades en donde vaya a realizar el Proyecto;

4. El Desarrollador cederá en propiedad sin costo alguno al Ministerio de Energía y Minas, los estudios y documentos conexos, en caso de no concretarse el Proyecto; y

5. El Desarrollador ejecutará todas las actividades para la realización del Proyecto por su cuenta y riesgo, de acuerdo a las prácticas modernas de la industria eléctrica; en consecuencia, el Estado de Nicaragua no asume responsabilidades de ninguna naturaleza frente a El Desarrollador o frente terceros, producto o a consecuencia de la ejecución y operación del Proyecto Tumarín.

Previo al inicio de la construcción de las obras correspondientes al Proyecto, El Desarrollador deberá gestionar el Permiso Ambiental ante el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, cuyas disposiciones son de estricto cumplimiento de conformidad con la Ley Nº 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, debiendo realizar el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, necesario para la construcción de la presa, el embalse, obras civiles, montaje de las unidades de generación, líneas de transmisión y vías de acceso, de conformidad con los Términos de Referencia, T de R, así como el Cronograma de Ejecución de Proyecto, CEP, requerido por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA. A partir de la fecha de entrega de los Términos de Referencia, T de R, debidamente aprobados por la autoridad competente, El Desarrollador dispondrá de un plazo de nueve meses para la entrega del Estudio de Impacto Ambiental, EIA y Documento de Impacto Ambiental del Proyecto, DIA, salvo en caso fortuito o fuerza mayor. A partir de la fecha de entrega del Estudio de Impacto Ambiental, EIA, y el Documento de Impacto Ambiental del Proyecto, DIA, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, deberá proceder a la respectiva revisión para luego proceder a la debida consulta pública de conformidad a la Ley de la materia.

De conformidad a la petición debidamente soportada y justificada del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, El Desarrollador deberá enterar en la Tesorería General de la República, TGR, el monto que sea necesario para cubrir los costos del seguimiento, fiscalización y control del cumplimiento del Permiso Ambiental en la etapa de Pre-construcción y construcción del Proyecto, monto que será cuantificable y reconocido como parte de la inversión total del Proyecto. En los casos en que El Desarrollador deba enterar dichos costos serán de uso exclusivo para lo que refiere el presente artículo.

La Tesorería General de la República, previa solicitud del funcionario autorizado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo no mayor de cinco días deberá trasladarlo a las instituciones correspondientes especificando su destino, so pena de responsabilidad administrativa para el Tesorero General de la República. Se exceptúan los pagos a que se refiere el presente párrafo y que El Desarrollador deba hacer efectivos ante las instancias correspondientes a los Gobiernos Locales.

El Desarrollador deberá cumplir con el Programa de Gestión Ambiental, así como con las condiciones y obligaciones ambientales establecidas en el Permiso Ambiental, y con todas aquellas otras medidas de mitigación y prevención contempladas en dicho Programa e indicadas por el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, así como participar con los programas y acciones que favorezcan a la reforestación y mantenimiento forestal de la Cuenca a fin de garantizar la sostenibilidad del recurso y su uso racional. El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, en coordinación con los gobiernos locales son las autoridades estatales encargadas de ejercer las funciones de vigilancia, monitoreo y control para el cumplimiento de las condiciones y cargas modales establecidas en el Permiso Ambiental como obligación de El Desarrollador. El incumplimiento de éstas será sancionado de conformidad a la ley, las normativas y procedimientos establecidos en la legislación vigente.

El Estado de Nicaragua, por medio del Ministerio de Energía y Minas, MEM, otorgará Licencia de Generación Hidroeléctrica dentro de un plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha de presentada la solicitud acompañada de los documentos y requisitos pertinentes, a favor de El Desarrollador; dicha Licencia será concedida por un plazo de 30 años.

La Licencia de Generación Hidroeléctrica terminará de acuerdo a las causas establecidas por la Ley Nº 272, Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento y las condiciones establecidas en el Contrato. Asimismo, aplicará la terminación de la Licencia de Generación Hidroeléctrica si El Desarrollador no ha iniciado las obras de construcción descritas en el Cronograma de Trabajo incorporado en el Contrato conforme las fechas establecidas, las cuales podrán ser prorrogadas, por razones justificadas, una vez aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas, MEM.

Los procedimientos y requisitos para el otorgamiento de la Licencia de Generación Hidroeléctrica, su seguimiento y control se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 272, Ley de la Industria Eléctrica y sus Reformas y su respectivo Reglamento y las reformas de este y la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo y sus reformas contenidas en la Ley Nº 612, en todo lo que no se oponga a la presente Ley.

Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Licencia de Generación, El Desarrollador entregará al Ministerio de Energía y Minas, MEM, al momento de la suscripción del Contrato de Licencia de Generación, una garantía de cumplimiento de conformidad a los términos establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento.

Dicha garantía deberá ser emitida por una institución Bancaria o Aseguradora nacional autorizada para operar en el país por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, SIBOIF, bajo las condiciones de ser irrevocable, incondicional, solidaria y de pago inmediato a simple requerimiento del Ministerio de Energía y Minas, MEM. El depósito de la garantía tendrá una vigencia de doce meses posteriores a la fecha de terminación de las obras, en cuya fecha caducará la misma.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales durante el período de las obras iniciales contenidas en la Licencia de Generación Hidroeléctrica, la autoridad competente deberá proceder a la ejecución de las garantías otorgadas por El Desarrollador.

La Licencia Especial de Aprovechamiento de las Aguas para la Generación de Energía Hidroeléctrica, será expedida a favor de El Desarrollador por el Estado por medio de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, o por quien haga las funciones de tal autoridad, debiendo de previo presentar el Permiso Ambiental que otorga el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, de conformidad a los requisitos establecidos en la Ley Nº 620, Ley General de Aguas Nacionales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 169 del 04 de Septiembre del 2007 y su Reglamento.

El Desarrollador deberá acreditar ante el Autoridad Nacional del Agua, ANA, o quien esté asumiendo esta función, que se encuentra en trámite en el Ministerio de Energía y Minas, MEM, la Licencia de Generación Hidroeléctrica. Con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, MEM, y de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, o quien haga las veces de tal, deberá de otorgársele una prórroga que consistirá en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, siempre y cuando El Desarrollador haya cumplido con los requisitos establecidos en la presente Ley.

La Licencia Especial de Aprovechamiento de Agua deberá determinar el área geográfica afectada, los volúmenes y caudales de agua, las condiciones socio - económicas y técnicas relativas a los usos múltiples, las prioridades de uso y demás especificaciones, debiendo establecerse en la misma la prioridad de uso del agua para el consumo humano de conformidad con la ley de la materia.

La Autoridad Nacional del Agua, ANA, o quien esté asumiendo las referidas funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 numeral 8) de la Ley Nº 40 y 261, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Municipios, deberá consultar el otorgamiento de la Licencia con los Concejos Municipales respectivos. En los casos de que se tratase de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica, el proceso se hará de conformidad a lo establecido en el artículo 181, párrafo segundo de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 6 de la Ley Nº 620, Ley General de Aguas Nacionales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 169 del 04 de Septiembre del 2007, debiendo hacerse constar la respectiva aprobación de dichos Consejos en la Licencia Especial de Aprovechamiento de Agua.

Créase la Comisión Negociadora del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín, la que para los efectos de la presente ley y demás efectos colaterales directos o indirectos se le identificará con las siglas CONEPHIT, la que tendrá como objetivo principal negociar de forma expedita con El Desarrollador el establecimiento de los términos definitivos del Contrato de Suministro y Compraventa de Potencia y su energía asociada, incluyendo entre otros el precio y plazos de dicho Contrato, así como las debidas garantías de pago en su caso, de acuerdo al resultado del Estudio de Factibilidad.

Las Empresas Distribuidoras de Energía, de acuerdo a los términos definitivos aprobados por La Comisión, deberá suscribir con El Desarrollador el respectivo Contrato de Suministro y Compraventa de potencia y energía asociada. El valor monómico se establecerá de conformidad al estudio de factibilidad, y el costo de la energía contratada será trasladado a tarifas por el Instituto Nicaragüense de Energía, INE.

La Comisión Negociadora será la encargada de negociar la participación del Estado de la República de Nicaragua, en la participación accionaria del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín sobre la base del porcentaje mínimo establecido en el artículo dieciséis, así como el carácter de las acciones, sus condiciones especiales y otros derechos diversos, así como la capacidad sobre el control de los actos de administración que confieran dichas acciones. También se le faculta para negociar el plazo y las condiciones en las que todas las instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín, en operación comercial, deberán ser entregadas al Gobierno de la República de Nicaragua.

La Comisión Negociadora dará el seguimiento que sea necesario hasta que dicho Proyecto entre en operación comercial, de igual forma, se podrán crear las subcomisiones que resulten necesarias para la implementación y control del Plan de Desarrollo Integral y sus medidas sociales, compensatorias, rehabilitadoras y ambientales cuyas funciones serán definidas por La Comisión de acuerdo a la naturaleza del tema.

La Comisión Negociadora estará integrada por un miembro permanente de cada una de las entidades del gobierno señaladas a continuación:

1. El Ministerio de Energía y Minas, quien la preside, representado por el Ministro o el Viceministro;
2. El Presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, o su representante que deberá de ser uno de los miembros del Consejo Directivo;
3. El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales o el Viceministro;
4. El Titular de la Autoridad Nacional del Agua o su delegado o quien haga las funciones de ésta;
5. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su Viceministro;
6. El Presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos o cualquiera de los vicepresidentes;

También podrán participar en calidad de invitados a la Comisión los representantes de las Instituciones Públicas siguientes:

1. El Presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur o su delegado, RAAS;
2. El Director de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL;
3. Un representante de las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica;
4. Un Representante del Ministerio de Fomento Industria y Comercio;
5. Un representante de las diferentes organizaciones de defensa de los consumidores designados entre ellos mismos;
6. El Director del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres;
7. La Procuraduría General de la República, representada por el Procurador General o el Procurador en quien él delegue;
8. El Director o el Subdirector General del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales;
9. Cualquier otra Institución que a criterio de los miembros permanentes de la Comisión lo estimen necesario.

En todos los casos los miembros permanentes e invitados se podrán hacer acompañar de sus respectivos asesores técnicos, sean estos nacionales o internacionales, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto.

La Secretaría Ejecutiva de La Comisión la desempeñará un funcionario público especialmente nombrado para tal efecto, con las facilidades presupuestarias y materiales del cargo. Físicamente funcionará en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, MEM, y se subordina a la Comisión Negociadora.

La asistencia a las reuniones de la Comisión Negociadora será obligatoria para todos los miembros que la integran, quienes deberán ser permanentes y contar con sus respectivos suplentes asignados con facultades resolutivas.

En ningún caso habrá pago de dietas o estipendios, sesionará tantas veces como resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones, la convocatoria la efectuará el Presidente de ésta por medio del Secretario Ejecutivo y el quórum para su funcionamiento será de la mitad más uno del total de sus miembros, sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple del total de los presentes. Esta Comisión deberá estar instalada treinta días después de entrada en vigencia la presente ley y su funcionamiento será a partir de la fecha de su instalación.

Otorgada la Licencia de Generación Hidroeléctrica para desarrollar el Proyecto, El Desarrollador, transferirá al Estado de la República de Nicaragua, sin costo alguno, como dueño del recurso como mínimo el diez por ciento del monto total de las acciones que conforman y representan el Capital Social de la misma, esta participación accionaria del Estado de la República de Nicaragua, será representada por la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, lo que le otorga el derecho de tener al menos un cargo en su Junta Directiva, con derecho a voz y voto; previo a la transferencia antes referida, otros derechos, privilegios y obligaciones de estas acciones serán convenidas entre el Desarrollador y la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL.

El Desarrollador deberá abastecer de forma preferencial la demanda de energía eléctrica para el consumo del mercado de la República de Nicaragua. El Desarrollador podrá vender la energía excedente a otros países de la región, previa autorización del Ministerio de Energía y Minas, MEM.

A los efectos de la programación operativa del Proyecto en el Mercado Eléctrico Nacional, MEN, El Desarrollador aplicará las reglas establecidas por este y podrá ofertar sus excedentes en el Mercado Eléctrico Regional, MER, de conformidad con las normas establecidas en el reglamento y demás normas vigentes. En los casos de emergencia nacional por escasez de abastecimiento, El Desarrollador estará obligado a proveer el 100 % de su generación disponible, si fuere necesario en forma prioritaria y sin excepción, para cubrir la demanda de energía eléctrica nacional requerida para solventar dicha emergencia.

Si para hacer frente a esta demanda con carácter de emergencia, El Desarrollador dejare de cumplir sus compromisos u obligaciones de carácter contractual de suministro de energía con terceros, se le reconocerá y autorizará por las autoridades competentes, la debida compensación por los costos totales incurridos sobre ese suministro. La compensación aquí establecida deberá ser en igualdad de condiciones económicas en correspondencia a los costos incurridos, debiendo cubrir las penalidades en que pudiese incurrir El Desarrollador por los incumplimientos de entrega de energía con terceros, de acuerdo a sus compromisos contraídos en contratos de suministro vigentes.

Serán a cargo y cuenta de El Desarrollador del Proyecto el financiamiento y la construcción de las obras del Sistema Secundario de Transmisión, SST, que resulte necesario para que el Proyecto Hidroeléctrico Tumarín se conecte al Sistema Nacional de Transmisión, SNT; las referidas inversiones serán reconocidas en el precio de compra venta de potencia y energía, lo que será negociado por la Comisión Negociadora.

También será obligación de El Desarrollador realizar las obras de refuerzo que sean necesarios en el Sistema Nacional de Transmisión, SNT, sean estas en subestaciones, líneas o cualquier otra instalación, para asegurar que la producción del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín tenga un acceso físico y comercial adecuado y seguro, sea para el Mercado Eléctrico Nacional, MEN, como para el Mercado Eléctrico Regional, MER. El Instituto Nicaragüense de Energía, INE, reconocerá la inversión realizada en los reforzamientos del Sistema Nacional de Transmisión, SNT, autorizando su traslado a la Tarifa de Peaje.

De acuerdo con la Normativa de Transporte establecida en la Resolución 04 - 2000, El Desarrollador deberá de pagar, en concepto de remuneración a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, lo siguiente:

1. Los Costos Reducidos de Operación y Mantenimiento, CROM, autorizado por el INE en la determinación de la Remuneración Anual General, RAG; y
2. El Costo de Funcionamiento del Centro Nacional del Despacho de Carga, CNDC.

El Desarrollador de El Proyecto recibirá de parte de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, un monto mensual para reembolsar el costo de las obras de reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión, SNT, recibidas a satisfacción por la empresa de transmisión, ENATREL, calculado en base a las inversiones hechas y a una tasa de descuento a aplicarse durante la vida útil de las mismas, todo debidamente autorizado por el Instituto Nicaragüense de Energía, INE.

El Ministerio de Energía y Minas, MEM, en su calidad de Ente Rector del Sector Energético y de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo y sus reformas contenidas en la Ley Nº 612, en todo lo que no se oponga a la presente Ley, la Ley Nº 272, Ley de la Industria Eléctrica y sus Reformas y su respectivo Reglamento, se aplicarán a El Desarrollador las sanciones administrativas y las de carácter pecuniario que correspondan, por el incumplimiento o violaciones de las obligaciones en las cuales incurra El Desarrollador como Titular de la Licencia de Generación Hidroeléctrica y otras vinculadas a la condición del Agente Económico del Mercado Eléctrico, las que en ningún caso podrán ser inferiores a los efectos del daño o afectación causado a terceros. Estas sanciones se resolverán por la vía administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales a que dieren lugar. Las sanciones de carácter económico serán depositadas en la Tesorería General de la República para el uso exclusivo del FODIEN.

El Desarrollador gozará de los incentivos fiscales comprendidos en la Ley Nº 532, Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 102 del 27 de mayo del 2005, se exceptúan los tributos municipales vigentes que se regulan con la presente ley.

En el caso de los plazos para el goce de los incentivos fiscales y municipales comprendidos en la Ley Nº 532, Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, en lo que hace al Artículo 7, numerales 3), 4), 5) y 6) el plazo será de quince años; en lo concerniente al numeral 4), el pago de los impuestos municipales sobre Bienes Inmuebles, matrícula, se aplicarán de la siguiente manera: el 75 % durante los primeros cuatro años; el 50 % durante los siguientes seis años y el 25% durante los últimos cinco años. El pago del 1 % sobre ventas se hará efectivo en el momento del inicio de operación comercial del Proyecto.

El Desarrollador gozará de la exoneración de los impuestos municipales sobre construcción y ampliaciones de obras del Proyecto; indistintamente del lugar en donde se adquieran los bienes y servicios, así como los materiales.

Para los efectos del cómputo del inicio del plazo de las exoneraciones otorgadas por esta Ley, en lo que corresponde al Impuesto sobre la Renta, será a partir de la fecha del inicio de la operación comercial del Proyecto; para las demás exoneraciones el cómputo del inicio del plazo será la fecha de publicación de la presente Ley en la Gaceta, Diario Oficial.

Cumplido el plazo acordado y las condiciones de las negociaciones realizadas entre El Desarrollador y la Comisión Negociadora, una vez recuperada la inversión, El Desarrollador deberá hacer entrega en propiedad al Estado de la República de Nicaragua todas las obras físicas de infraestructura de generación de energía, plantas de generación, obras de transporte de electricidad y de interconexión al Sistema de Interconectado Nacional, SIN, así como los activos, beneficios, derechos y resto del capital de El Desarrollador, los que pasarán a ser propiedad del Estado de Nicaragua mediante transferencia de la totalidad de las acciones libres de todo gravamen, sin que medie precio ni costo alguno o compromiso de ningún tipo, incluyendo obligaciones contraídas por El Desarrollador, salvo aquellas obligaciones que por su naturaleza se presuman dolosas.

También se le exonera del pago de los derechos arancelarios en concepto de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble a favor del Estado.

Para hacer efectivo el cumplimiento de la presente norma, en el Contrato de Licencia de Generación Hidroeléctrica se deberá establecer en el contrato las cláusulas correspondientes a la definición de los mecanismos y procedimientos específicos para hacer efectivo el traspaso de la Empresa a favor del Estado de Nicaragua.

El Desarrollador del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín deberá presentar a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, un informe de avance y ejecución del proyecto mismo de forma consolidada cada seis meses, debiendo ser el primero en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley y así sucesivamente hasta concluir el mismo.

Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de carácter especial para ser aplicadas únicamente al Proyecto Hidroeléctrico Tumarín, son aplicables también las disposiciones contenidas en la Ley Nº 272, Ley de la Industria Eléctrica y sus Reformas, así como su Reglamento, Ley Nº 620, Ley General de Aguas Nacionales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 169 del 04 de Septiembre del 2007 y su Reglamento, Ley Nº 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su Reglamento, la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo y sus reformas contenidas en la Ley Nº 612, así como aquellas otras leyes conexas a la materia relacionadas con la presente Ley, en lo que no se le opongan ni contradigan.

La presente Ley es de orden público e interés social y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.