 Mejorar la economÝa rural y el estßndar de vida de las familias de los caficultores, a travÚs de la restauraci¾n de la capacidad de beneficio h·medo de cafÚ.
 Reducir el da±o fÝsico en el proceso de despulpe y secado, esperando una recuperaci¾n de calidad que incremente los ingresos del caficultor.
 Proteger y conservar los recursos naturales, en especial los recursos hÝdricos y de suelos.
 Reintegrar a los trabajadores a las ßreas cafetaleras, reduciendo la migraci¾n a las zonas urbanas.

Para el otorgamiento se tomará como indicador, en cuanto al uso o aprovechamiento de que se trate, el orden siguiente:

El Organismo de Cuenca podrá modificar el orden señalado anteriormente, cuando así lo exija el interés social y previo a escuchar la opinión de los usuarios dentro de los Comités de Cuenca, exceptuando el uso para consumo humano y público urbano que siempre será preferente sobre cualquier uso.

Si distintos solicitantes concurrieran con los mismos derechos, se podrá proceder a seleccionar la solicitud que ofrezca los mejores términos y condiciones, que garanticen el uso racional, el reuso y la restauración del reuso hídrico, atendiendo además la preferencia de usos que establece esta ley.

La duración de las concesiones y asignaciones será definida por la autoridad del agua en función de:

a) Las condiciones que guarde la fuente de suministro.

b) El uso específico del cual se trate.

c) La preferencia de los usos vigentes en la zona que corresponda.

d) Las expectativas de crecimiento de dichos usos.

a) Los estudios de disponibilidad media anual del agua.

b) Los derechos del uso o aprovechamiento de agua registrados en el Registro Público Nacional de Derechos de Agua.

c) El posible impacto social del uso o aprovechamiento solicitado.

d) La suscripción de un contrato entre el solicitante y la Autoridad Nacional del Agua.

Para el otorgamiento se tomará como indicador, en cuanto al uso o aprovechamiento de que se trate, el orden siguiente”: (Ahí es donde le estamos haciendo una reforma)

“11. Uso de bebidas de diversa naturaleza, procesadas para su comercialización al público nacional únicamente.

a) Identificación del solicitante o de su representante legal, en su caso.

b) Identificación o ubicación del sitio y cuerpo de agua donde se pretende captar el recurso.

c) Estudio de Impacto Ambiental, cuando proceda.

d) Información sobre el uso actual del agua.

e) El caudal o volumen de agua requerido expresado en el sistema métrico decimal en forma mensual.

f) Especificaciones sobre el uso inicial que se dará al agua.

g) El plazo por el cual se solicita la concesión o autorización.

h) Disposición final de los vertidos, el volumen y las características del mismo.

i) El permiso para la realización de las obras.

j) Las demás que se indiquen en el Reglamento de la presente Ley.

La falta de presentación de la solicitud dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

a) Las inversiones realizadas o por realizarse para el desarrollo hidráulico por cuenta de los concesionarios.

b) La situación de disponibilidad del agua.

c) El estado de afectación de las fuentes.

También será considerado como elemento fundamental para cualquier otorgamiento de prórroga, el cumplimiento efectivo, hasta la fecha de vencimiento, de los términos establecidos en el correspondiente título o autorización y lo establecido en esta ley y su reglamento.

La suspensión es de naturaleza temporal y subsistirá en tanto el infractor no regularice su situación o se dicte resolución por la autoridad del agua decretando su levantamiento.

La solicitud de la autorización a que se refiere el párrafo anterior deberá señalar:

En caso de proceder la autorización, será necesario presentar el Estudio de Impacto Ambiental, en los términos establecidos por la ley.

a) Cuando se compruebe el uso eficiente y productivo de los volúmenes de agua concesionados o autorizados.

b) Cuando se verifique la implementación de modernas tecnologías y métodos dentro de parámetros óptimos de costos y competitividad que incrementen la producción más limpia y eviten la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

La organización de estos Distritos y Unidades de Riego podrán estar conformadas por personas naturales o jurídicas que sean usuarios del recurso hídrico en una Cuenca determinada, con el objeto de integrar redes públicas que permitan proporcionar servicios de riego agrícola y de actividades pecuarias y acuicultura a diversos usuarios. El reglamento de la presente ley regulará lo concerniente a los objetivos y requisitos para el funcionamiento de estos Distritos y Unidades.

a) La disponibilidad relativa del agua en la localidad o región en donde se realice la extracción, y
b) La productividad y el beneficio económico que le confiere el uso del agua al usuario;

La autoridad del agua podrá contemplar aspectos muy sensitivos de carácter social y humanitario a fin de garantizar el suministro de agua potable a la población de más escasos recursos económicos y niveles de extrema pobreza en condiciones especiales.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo III.

Observaciones al artículo 105.

Diputado Ramiro Silva tiene la palabra.

DIPUTADO RAMIRO SILVA GUTIÉRREZ:

Gracias, señor Presidente.

Voy a presentar una moción de consenso que dice así: “El Marena previa verificación propia de sus funciones o a propuestas de la (ANA), podrá ordenar la suspensión de las actividades que den origen a los vertidos de aguas residuales en el caso que los mismos sobrepasen los límites permisibles”.

Presento moción.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A votación la moción presentada.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

59 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 29 presentes. Se aprueba la moción presentada.

Observaciones al artículo 106.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo III.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

55 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 33 presentes. Se aprueba el Capítulo III.

Pasamos al Capítulo IV.

SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Se abre la votación para el Capítulo IV.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

64 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 24 presentes.

Se aprueba el Capítulo IV.

Pasamos al Capítulo V.

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVIDES:

MARENA y la (ANA) establecerán las coordinaciones con la Policía y Ejercito Nacional, para efectos de garantizar el cumplimiento efectivo de las vedas y la protección de las reservas.

Arto. 116 Para lograr la promoción, fomento y la participación en el financiamiento, construcción y operación de infraestructura hidráulica de carácter público, a excepción de aquellas destinadas al servicio de agua potable, la autoridad del agua podrá celebrar con personas naturales o jurídicas contratos de obras públicas y servicios para:

a) La construcción, equipamiento y operación de infraestructura hidráulica, pudiendo quedar a cargo de una empresa o grupo de éstas la responsabilidad integral de la obra y su operación.


b) Operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar la infraestructura hidráulica.

c) La construcción, equipamiento y puesta en marcha de dichas obras.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo II.

Observaciones al artículo 116.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 117.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 118.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo II.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

61 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 27 presentes. Se aprueba el Capítulo II.

SEGUNDA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Se consideran infracciones graves las siguientes:

1. Usar o aprovechar las aguas sin la autorización o título respectivo;

3. Ocupar vasos, cauces, canales, riberas, zonas de protección y demás bienes a que se refiere la presente ley, sin concesión o autorización de la autoridad competente correspondiente;

4. Realizar prácticas monopólicas y de especulación con los títulos de concesión;

5. Infiltrar o inyectar en terrenos públicos o privados aguas residuales que puedan contaminar el suelo, subsuelo o el acuífero, sin perjuicio de las sanciones que fijen las disposiciones sanitarias y ambientales;

6. No realizar la inscripción en el Registro Público Nacional de Derechos de Agua en los términos previstos en la presente ley y su reglamento;

7. Usar o aprovechar aguas en volúmenes mayores que los autorizados;

8. No instalar, no conservar, no reparar o no sustituir los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas, usadas, aprovechadas o descargadas en los términos que establece esta ley y su reglamento;

9. Modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua utilizados, sin permiso de la autoridad correspondiente;

10. Suministrar agua para consumo humano que no cumpla con las normas técnicas de calidad correspondientes;

11. Impedir, obstaculizar u oponerse a las visitas de inspección, reconocimiento y verificación que realice MARENA o la autoridad del agua;

12. No entregar los datos requeridos por la Autoridad del agua y MARENA, según el caso;

13. Usar o aprovechar aguas residuales sin cumplir con las normas técnicas en materia de calidad y condiciones particulares establecidas para tal efecto;

14. No acondicionar las obras, instalaciones o sistemas de tratamiento de vertidos o afluentes líquidos en los términos establecidos en los reglamentos o en las demás normas o disposiciones que dicte la autoridad correspondiente;

15. No ejecutar la destrucción de los pozos que hayan sido objeto de relocalización, reposición o cuyos derechos hayan sido transmitidos totalmente a otro predio;

16. No informar a la autoridad del agua de cualquier cambio en sus procesos de producción cuando con ello se ocasione modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales;

17. Usar sistemas de drenajes de aguas fluviales para la disposición de afluentes líquidos;

18. No activar o activar de forma deficiente los planes de emergencia o contingencia;

19. cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley y su reglamento.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo I.

Observaciones al artículo 119.

Diputado Ramón González, tiene la palabra.

DIPUTADO RAMÓN GONZÁLEZ MIRANDA:

Gracias, señor Presidente.

En las consideraciones de Infracciones que se tratan en el Artículo 119 hay unas observaciones en el numeral 5 en el numeral 14 y en el 19. El cual se leerá así: “Inciso 5: o numeral 5) Infiltrar o inyectar en terrenos públicos o privados aguas residuales y sustancias tóxicas que puedan contaminar el suelo, subsuelo, o el acuífero sin perjuicio de las sanciones que fijen las disposiciones sanitarias y ambientales”.

El numeral 14 se leerá así: “No acondicionar las obras, instalaciones o sistemas de tratamiento de vertidos o afluentes líquidos en términos establecidos en la legislación, los reglamentos o en las demás normas o disposiciones técnicas dictadas por la autoridad competente”.

Y el numeral 19 desaparece del artículo 119.

Paso la moción.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Como el capítulo consta de un solo artículo, vamos a votar de una sola vez la moción con el artículo y el capítulo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

63 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 25 presentes. Se aprueba el Capítulo I, con su artículo correspondiente y la moción que lo modifica.

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Las multas que procedan por las infracciones previstas en esta ley tendrán destino específico a favor del Fondo Nacional del Agua.

Previo a la imposición de sanciones la autoridad del agua deberá realizar las inspecciones e investigaciones respectivas, levantando el acta correspondiente. De comprobarse la infracción se le pondrá en conocimiento al infractor para garantizarle su derecho a la defensa. Las sanciones entrarán en vigencia a partir de la fecha de la notificación de la Resolución. El procedimiento para la calificación y aplicación de las sanciones administrativas se establecerá en el reglamento.

También está autorizada para remover o demoler las obras o infraestructura, construida o instalada sin autorización.

Toda persona tiene la obligación de denunciar los delitos mencionados en los artículos anteriores, ante la autoridad competente.

1. Será penado con prisión de tres a seis años y multa de seiscientos a mil días, quien:

a) Fabrique moneda falsa;

b) Ingrese moneda falsa nacional o extranjera, o,

c) Tenga, expenda o distribuya moneda falsa en connivencia con los falsificadores o introductores.
2. Igual pena se aplicará a quienes falsifiquen o alteren títulos o valores negociables emitidos por el Estado y al adquirente de buena fe de estos títulos que, con posterioridad a su adquisición, conozca su falsedad y los ponga en circulación, transfiriéndolos a cualquier título.

3. Para los efectos del presente artículo, se entiende por moneda la metálica y el papel moneda en curso legal, nacional o extranjera; las tarjetas de crédito, las de débito, los cheques de viajero, las anotaciones electrónicas en cuenta, los títulos de la deuda nacional o municipal, los bonos o letras del tesoro nacional y los bonos o letras del tesoro emitidos por un gobierno extranjero y cualquier otra forma de moneda establecida en nuestra legislación.

1. Quien falsifique sellos de correos o timbres fiscales, nacionales o extranjeros o con conocimiento de su falsedad, los exporte, introduzca al territorio nacional, los distribuya o use, será penado con prisión de uno a tres años.

2. El adquirente de buena fe de sellos de correos o timbres fiscales que, conociendo su falsedad, los distribuya en cantidad con valor superior a dos salarios mínimos mensuales del sector industrial, será penado con prisión de seis meses a dos años. Si únicamente los utiliza por esa cantidad o mayor, se impondrá la pena de multa de noventa a ciento cincuenta días.

Será sancionado con prisión de seis meses a tres años quien:

1. El que haga desaparecer, en cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas a que se refieren los artículos anteriores, el signo que indique que ha servido o ha sido utilizado para el objeto de su expedición, con el fin de reutilizarlo o venderlo, será penado con prisión de seis meses a un año o multa de noventa a ciento cincuenta días.

2. Si la restauración fraudulenta de sello se da en productos alimentarios o medicinales, la pena será de dos a cuatro años de prisión.

3. En la misma pena incurrirá el que, a sabiendas, use, haga usar o ponga en venta los efectos inutilizados a que se refiere el párrafo anterior.

Quien fabrique, introduzca al país o conserve en su poder material o instrumentos destinados a cometer alguna de las falsificaciones previstas en este título, será penado con prisión de seis meses a un año o multa de noventa a trescientos días.

Quien ilegítimamente ejerza actos propios de una autoridad o funcionario público y se atribuya carácter oficial, será penado con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de dos a cinco años para el ejercicio de cargo público.

Cuando los hechos descritos en los artículos anteriores sean cometidos por un funcionario, servidor o empleado público, además de la pena aplicable para cada uno de los delitos, se impondrá al autor inhabilitación absoluta por un período de seis a doce años.

Para la determinación de las penas a que se refiere el artículo anterior sólo se tomará en cuenta el monto de lo defraudado o intentado defraudar dentro de un mismo período fiscal, aun cuando se trate de obligaciones fiscales diferentes y de diversas acciones u omisiones de las previstas en dicho artículo.

El retenedor de impuestos autorizado por la ley correspondiente que, mediante alteración fraudulenta u ocultación, no entere en el tiempo establecido por ésta el impuesto retenido, será penado con prisión de uno a tres años y multa de una a tres veces el valor del monto no enterado.

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores será aplicable, en lo pertinente, para el caso de las obligaciones tributarias establecidas por la ley a favor de las Regiones Autónomas y los Municipios del país.

Quien con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos de importación o exportación de bienes y mercancías cuyo valor exceda de cincuenta mil pesos centroamericanos, realice cualquier acto tendente a defraudar la aplicación de las cargas impositivas establecidas, comete delito de defraudación aduanera y será castigado con la pena de tres a seis años de prisión y multa equivalente al triple del valor defraudado o intentado defraudar.

a) Se beneficie ilegalmente de un estímulo fiscal o reintegro de impuestos;

b) Omita el deber de presentar declaración fiscal o suministre información falsa;

c) Oculte total o parcialmente la realidad de su negocio en cuanto a producción de bienes y servicios o montos de ventas;

d) Incumpla el deber de expedir facturas por ventas realizadas o recibos por servicios profesionales prestados, y,

e) Omita el pago de impuestos mediante timbres o sellos fiscales o los documentos determinados por la ley.

Cuando el monto de lo defraudado o intentado defraudar exceda del equivalente a veinticinco salarios mínimos del sector industrial, el delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de tres a cinco años y multa equivalente al doble del valor defraudado o intentado defraudar”.

Quien, mediante alteraciones fraudulentas en los estados contables, ocultamiento de la situación patrimonial de la empresa o falsas declaraciones bajo promesa de ley, obtenga un subsidio, concesión o beneficio estatal superior a la suma equivalente a veinte salarios mínimos mensuales del sector industrial, será penado con prisión de uno a tres años y multa de trescientos a seiscientos días.

La misma pena del artículo anterior se impondrá al titular de un subsidio, concesión o beneficio estatal que utilice o aplique el beneficio, concesión o subsidio desnaturalizando su finalidad o lo destine a actividades o finalidades distintas a las previstas en la motivación del acto de otorgamiento.

a) Habiendo deducido y retenido a sus trabajadores la cuota laboral de Seguridad Social, no la entera a la institución correspondiente o;

b) Mediante maniobra fraudulenta no entera el debido aporte patronal a la seguridad social.

a) En perjuicio de niños o niñas, o,

b) Mediante violencia o intimidación.