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Año Legislativo:XXI LEGISLATURA
Sesión:PRIMERA
Tomo No.7

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Managua, 22 de junio de 2005.

Managua, 8 de agosto de 2005.
Managua, 11 de Mayo del 2005.
NASSER SILVANY
MIEMBRO

GERARDO MIRANDA
MIEMBRO

Managua, 11 de Mayo del 2005.
Managua, 31 de agosto de 2005.

Managua, 23 de agosto de 2005.

Managua, 28 de Junio del 2005.


CARLOS GADEA AVILÉS
DIPUTADO
ALBERTINA URBINA Z.
DIPUTADA
Managua, 05 de julio del 2005.
VICTOR DUARTE AROSTEGUI
DIPUTADO
Managua, Julio 05 de 2005.
VICTOR DUARTE AROSTEGUI
Diputado
Managua, 8 de Julio 2005.

Managua, 02 de Agosto del año 2005.



Managua, 17 de Julio del 2005.

Managua, 23 de junio del año 2005.
TOMÁS BORGE MARTÍNEZ
INGENIERO RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ
DRA. MIRNA ROSALES AGUILAR
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
DR. NATHÁN SEVILLA GÓMEZ
MIEMBRO
LIC. MAXIMINO RODRÍGUEZ
MIEMBRO

LIC. JOSÉ PLUTARCO GONZÁLEZ
MIEMBRO
Managua, 01 de Abril del 2005.

Managua, 30 de Marzo del 2005.
MIRIAM FONSECA
ALFONSO ORTEGA URBINA
ROBERTO JOSE LUNA
Managua, 28 de Abril 2005.

Managua, 28 de Abril del 2005.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ingeniero
RENE NUÑEZ TELLEZ
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.

Estimado señor Presidente:

Los suscritos Diputados ante la Asamblea Nacional, en base a lo establecido en el Artículo 141 de la Constitución Política de la República, presentamos ante usted la presente Iniciativa denominada: REFORMA AL ARTICULO No. 60 DE LA LEY No. 431, LEY PARA EL REGIMEN DE CIRCULACION VEHICULAR E INFRACCIONES DE TRANSITO, el motivo de la presente iniciativa es que tanto la Ley mencionada, como el Reglamento No. 32-97, Reglamento General para el Control de Emisiones de los Vehículos Automotores de Nicaragua, no establecen la obligatoriedad de que previo a la introducción de un vehículo sea nuevo o usado debe de presentarse ante las autoridades de Aduanas un documento que acredite que ha pasado satisfactoriamente el Control de Emisiones, esto con el fin de evitar de que una vez que se haya introducido y no pase satisfactoriamente el Certificado Nicaragüense tengamos un parque vehicular en Aduanas que no puede circular. En ese sentido creemos importante introducir la presente iniciativa de ley para evitar al Estado y a los particulares una serie de inconvenientes que se pueden solventar de previo.

La presente modificación no ocasiona gastos al Estado en su implementación, más bien le disminuye el costo de mantener en cuido bienes que no pueden circular, por lo que creemos que económicamente es viable.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE RENE NUÑEZ TELLEZ:

Envíese el siguiente proyecto de Ley de Reforma al Artículo 60 de la Ley No. 431, a la Comisión de Defensa y Gobernación.

SECRETARIA MARIA AUXILIADORA ALEMAN:

En el mismo Adendum 1, el Punto 2.20: LEY DE REGULARIZACION DEL STATUS MIGRATORIO DE LOS CIUDADANOS SALVADOREÑOS RESIDENTES EN NICARAGUA.
Managua, 14 de mayo de 2005.
Managua, 31 de Mayo de 2005.
ERNESTO MARCELINO GARCIA
Diputado
ERNESTO MARCELINO GARCIA
Diputado
Managua, 23 de junio de 2005.

Managua, 16 de julio de 2005.
Managua, 16 de Julio de 2005.


Managua, 8 de julio de 2005.
Managua, 20 de Julio del 2005.
(22 de Septiembre 2005).
Managua, 14 de Junio 2005.

JAIME GARCIA MANGAS
PRIMER VICEPRESIDENTE
ELIAS CHEVEZ
MIEMBRO
AUGUSTO VALLE
MIEMBRO
Managua, 21 de Julio del 2005.
DICTAMEN

Ingeniero
RENE NUÑEZ TELLEZ
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho.

Estimado Ingeniero:

Los suscritos miembros de la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Energía y Construcción de la Asamblea Nacional, recibimos, para su respectivo Dictamen, el día 8 de Julio, el Proyecto de Ley denominado “LEY DE ESTABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PAIS”.

Se realizó un proceso de consulta que se produjo en la Mesa de Energía del Diálogo Nacional, y tomando en cuenta los aportes de la Mesa de Transporte del mismo Diálogo en la cual participaron todos los actores de ambos sectores. Se tomó en cuenta la Resolución No. AP/8-CLXXII-2005 del Parlamento Centroamericano para declarar una emergencia energética en la región. Dicha Resolución insta a tomar acciones que disminuyan los impactos de la crisis internacional de precios del petróleo y que han sido ya dictadas en diferentes países de la región.

Como es de su conocimiento, en el mes de Mayo el Presidente de la República emitió tres Decretos Ejecutivos No. 33-2005, 34-2005 y 35-2005 en los cuales reformaba el Arto. 176 del Decreto 42-98, Reglamento a la Ley de la Industria Eléctrica en el que se atribuía la autorización del ajuste tarifario de emergencia por el período de un año, el que podía prorrogarse. Así mismo podía modificar tarifas en el caso de silencio administrativo.

El segundo Decreto era la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica suspendiendo las Garantías Constitucionales establecidas en los Artículos 32, 45 y 52 Cn, el Arto. 32 establece: “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la Ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”. El Arto. 45 establece: “Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el Recurso de Exhibición Personal o de Amparo, según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo”.

Y finalmente el Arto. 52 que dice: “Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas en forma individual o colectiva, a los Poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”.

Finalmente el último Decreto el 35-2005, autoriza un incremento en la tarifa de energía del 11.83% y establece el subsidio a los consumidores de 150 Kwh. o menos por mes.

La situación nacional con el incremento de los precios del combustible a nivel mundial justifican una Declaratoria de Emergencia Energética sin que se afecten los derechos constitucionales de los nicaragüenses como el principio de legalidad, el Derecho de Reclamo y los Recursos de Exhibición Personal y de Amparo. Cuando ya la Ley de Suministro de Hidrocarburos establece la emergencia en ese sector y también define las medidas que se pueden adoptar y que van contenidas en el presente dictamen.

Por las razones expuestas los miembros de esta Comisión cambiamos desde el nombre de la Iniciativa de Ley, denominándola Ley de Emergencia y Estabilidad Energética, incluyendo medidas para el sector de Hidrocarburos, Transporte y Energía Eléctrica.

Creemos firmemente que es posible con la implementación de estas medidas amortiguar los efectos de crisis económica que nos producen los incrementos drásticos de los precios del combustible y sus derivados.

Por las razones expuestas, los miembros de la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Energía y Construcción de la Asamblea Nacional y en base a lo establecido en la Constitución Política, Artículo 138, inciso 12 y Artículo 50 y 51 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, Artículos 67 y 89 del Reglamento Interno, Dictaminamos Favorablemente el Proyecto de Ley denominado: “LEY DE ESTABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PAIS”, Cambiándole el nombre por: “LEY DE EMERGENCIA Y ESTABILIDAD ENERGETICA”, el cual no se opone a la Constitución Política, Leyes Constitucionales y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.

Por tanto, sometemos a la consideración del Plenario de la Asamblea Nacional el presente Dictamen de Ley: “LEY DE EMERGENCIA Y ESTABILIDAD ENERGETICA” y solicitamos al Plenario nos apoye con su voto favorable.

COMISION DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE
ENERGIA Y CONSTRUCCION


Dip. JOSE DAVID CASTILLO
Presidente
Dip. AGUSTIN JARQUIN ANAYA
Segundo Vice-Presidente
Dip. ROBERTO GONZALEZ
Miembro
Dip. MIGUEL ROSALES
Miembro
Managua, 8 de agosto de 2005.
Managua, 8 de agosto de 2005.
DIPUTADO NATHÁN SEVILLA
SECRETARIO
DIPUTADA ALBA PALACIOS B.
DIPUTADO CARLOS GADEA A.


VOTO RAZONADO EN LA CUAL ME EXCLUYO DE FIRMAR EL DICTAMEN DE MAYORIA PARA DESAFORAR A FUNCIONARIOS PUBLICOS

Honorables Diputados:

En ejercicio de mis Derechos constitucionales y en atención a la citación que me hiciera esta Honorable Comisión, en mi calidad de Miembro de la misma, tengo a bien expresar mi posesión de discordancia sobre los supuestos hechos que se investigan en el proceso de Desaforación a funcionarios Públicos.

A mi juicio no existen pruebas contundentes que permitan suponer que los funcionarios públicos que se pretende desaforar, hayan participado de manera directa, personal, consciente y voluntariamente en los supuestos hechos que se investigan por esta Comisión; ni creo que sean autores o encubridores de los delitos que se les imputan, no existiendo mérito para proceder a su desaforación y que sean objeto de proceso alguno, sea éste penal, civil o administrativo.

Por esa razón me excluyo de firmar el Dictamen para dicho fin.

Managua, ocho de agosto de dos mil cinco.

Dr. Alfredo Gómez Urcuyo
Miembro de la Comisión de Desaforación de Funcionarios Públicos
Asamblea Nacional

PRESIDENTE RENE NUÑEZ TELLEZ.

A discusión el Dictamen de la Comisión Especial, que recomienda favorablemente la desaforación del señor Mario Salvo Horvilleur.

Diputado Carlos Gadea Avilés, tiene la palabra.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

Existe en nuestra legislación un delito, y hemos encontrado suficientes méritos para suspender la inmunidad, pues nadie está por encima de la ley. Eso para contrarrestar argumentos de algunos colegas que hoy se rasgan las vestiduras hablando de paz y de diálogo, cuando el primero que no asiste al diálogo es el Presidente Enrique Bolaños. Nadie está ni puede estar por encima de la ley, y estamos basados en el artículo 138 de la Constitución Política que dice que son atribuciones de la Asamblea Nacional, recibir de las autoridades judiciales o directamente de los ciudadanos las acusaciones o quejas presentadas en contra de funcionarios que gozan de inmunidad, para conocer y resolver sobre las mismas.

Nuestra obligación como miembro de esta Comisión Especial fue determinar si este hecho que se denuncia está tipificado como delito. La Comisión Especial no juzga, ni siquiera establecemos responsabilidades, ni adecuamos los hechos a una figura delictiva, ésa es una función del Poder Judicial. Con este Dictamen no se pretende establecer culpabilidad o inocencia de estas personas involucradas en los hechos investigados, porque no es función de la Asamblea Nacional, nosotros nos limitamos únicamente por mandato de ley a investigar y a elaborar una recomendación positiva o negativa, para que el Plenario decida si amerita la suspensión de la inmunidad.

En el caso del señor Mario Salvo -y para recordarles a quienes se rasgan las vestiduras-, hoy en esta tarde el señor Mario Salvo fue denunciado por la Fiscal Especial Específica Electoral, que era firma libradora de una cuenta corriente del BANPRO; ahí se depositaban cheques librados a favor de Enrique Bolaños y a nombre de “Amigos de Enrique Bolaños”, sin haber sido declarados al Consejo Supremo Electoral. Yo invito a los defensores que les tocó el día de hoy, a que revisen la Ley Electoral para que vean claramente el delito: dos cuentas en el Banco Caley Dagnall a nombre de Miguel Angel García, Casa de Campaña PLC 2001, no fueron declaradas al Consejo Supremo Electoral.

Dentro de la Campaña Electoral, el señor Mario Salvo emitió cheques contra cuentas en el BANPRO y en el Banco Caley Dagnall, que fueron utilizadas para trasladar fondos a otras cuentas para gastos de la Campaña Electoral, no fueron declaradas. Se le preguntó al señor Mario Salvo si tenía conocimiento de una cuenta en el St George Bank, y dijo desconocerlo. Sin embargo era firma libradora y emitió cheques en una cuenta corriente en el St. George Bank de la Isla del Gran Caimán, que no pertenece al sistema financiero Nacional, un banco que no ha sido autorizado su operación en el país, que no ha introducido ni siquiera una solicitud de la Superintendencia de Bancos para operar como institución financiera, ni siquiera como sucursal de banco extranjero o con representación.

En esta Comisión hemos tenido a la vista cheques que aparecen firmados por el señor Mario Salvo y por Vassalli, cuenta que era ilegal, ya que la Ley Electoral solamente permite depósitos en cuentas del Banco Nacional y no en cuentas extranjeras para campaña electoral. Se constató en la Comisión Especial que el señor Mario Salvo libró otro cheque por la suma de trescientos mil dólares a favor de Miguel Angel García en Octubre del 2001, durante la Campaña Electoral. Parte de éste dinero fue depositado en una cuenta que estaba declarada ante el Consejo Supremo Electoral, y otra parte fue depositada en otra cuenta que no fue declarada.

El señor Salvo -y ustedes lo oyeron y lo vieron en los medios de comunicación- no quiso suministrar el informe de los donantes de ese dinero, por lo que el origen de los fondos no pudo ser aclarado. No sabemos quién depositó ese dinero. Por lo tanto, señores, hay incluso hallazgos que no nos corresponde a nosotros investigar hallazgos de delitos electorales, de asociación ilícita para delinquir, de lavado de dinero, de defraudación tributaria. Y para terminar quiero decirle a los colegas que están al fondo, que esto no es un “boomerang” que comienza, éste es el “boomerang” que retorna.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENE NUÑEZ TELLEZ:

Diputado Augusto Valle Castellón, tiene la palabra.

DIPUTADO AUGUSTO VALLE:

Gracias, señor Presidente.

Sigo insistiendo en ese “boomerang”, y lo voy a expresar aquí, con el respeto de mis hermanos colegas Diputados. Si tengo que hacer una reflexión en cuanto a la Ley Electoral, yo le pregunto a esta Comisión Especial, que estuvo trabajando eficientemente tan rápido, si están de acuerdo en que el período de la Fiscal Electoral está vigente o no es vigente, de la caducidad del delito, de la reflexión del delito a la institución política representada por sus directivos, específicamente por el representante legal, propietario y suplente eso lo manifiesta la Ley Electoral, por eso es que es un “boomerang” hacia las instituciones políticas.

Ahora, con respecto a la Campaña Electoral, nosotros conocemos que las campañas electorales a nivel nacional son extremadamente caras, y en esta situación, en las elecciones del 2001, no solamente la Alianza del Partido Liberal Constitucionalista hizo campaña, también lo hicieron otros partidos políticos, y no tenemos conocimiento de todo ese financiamiento que tuvieron y que probablemente haya sido más caro que la del Partido Liberal Constitucionalista. Sin embargo no es tema de discusión en este momento. Quiero referirme también en lo que se manifiesta, de que nadie está por encima de la ley, que definitivamente según la Constitución Política que nos rige, nadie debe estar por encima de la ley.

La óptica del ejercicio de la ley es imparcial, es subjetiva, no precisamente están por encima de la ley. La óptica del ejercicio de la ley debe ser imparcial, debe ser objetivo, transparente. Cuando el Poder Judicial es eminentemente técnico, cuándo está repartido por colores políticos, sufre refracción y sufre distorsión la óptica de la ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENE NUÑEZ TELLEZ:

Diputada Alba Palacios Benavides, tiene la palabra.

DIPUTADA ALBA PALACIOS:

Gracias, señor Presidente.

Quiero aprovechar para aclarar algunas inquietudes que nos han hecho algunos Diputados miembros de la Bancada de Gobierno Azul y Blanco. En primer lugar quiero decirles que la Comisión actuó de acuerdo a lo que establecen nuestros Estatutos y nuestro Reglamento, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Inmunidad que todos conocemos, para que no haya dudas. Por otro lado, la aseveración que hacía el Diputado Miguel López Baldizón, en el sentido de que en la Comisión habíamos decidido por unos y excluidos a otros, es falsa.

La Comisión no tiene esas facultades; la única facultad que tiene la Comisión es lo que le “mandata” la Junta Directiva, y en este caso fue la Junta Directiva quien nos “mandató” conocer el caso de siete funcionarios con cargos públicos, con exclusión, como lo dice el Dictamen de la señora Vilma Rosa León York, que ya no goza de inmunidad, y por tanto no se dio Dictamen particular en este sentido.

En relación a lo de la legalidad de la Fiscal Electoral Especial que vio el caso e hizo la solicitud ante el Tribunal respectivo, queremos señalarles que fuimos muy cuidadosos en la Comisión para verificar efectivamente la legalidad de esta solicitud.

Y esta legalidad se expresó en la Sentencia 208 de la Corte Suprema de Justicia, en donde resolvió un Recurso de Amparo ante el cual se habían amparado todos estos funcionarios que ocupan cargos de Ministros y Vice-Ministros, pidiéndole a la Corte su opinión en relación a la legalidad. Por tanto, en esa Sentencia 208 de la Corte, queda claramente establecida la legalidad en el período pertinente de la solicitud que hizo la Fiscal.

Y sobre la otra inquietud en relación al período de la Campaña Electoral, nos quedó absolutamente claro a los miembros de la Comisión, que después de la consulta que hicimos al Consejo Supremo Electoral de que efectivamente estos fondos se debieron de haber incorporado de forma legal ante la institución partidaria o alianza, como era en este caso PLC, Camino Cristiano, PRN, los cuales no fueron declarados oficialmente ante el Consejo Supremo Electoral.

Y en el caso de la Bancada Sandinista, no hemos discriminado a nadie, ustedes recordarán que en otras solicitudes de desaforaciones, también hemos dado nuestro voto a favor de quitar la inmunidad a cualquier funcionario o ex funcionario de cualquier Poder del Estado que goce de la misma, cuando según las investigaciones que hagamos, requiera que se le retire. Quiero recordarles también, que en el caso de la Bancada Sandinista, todos los Diputados y Diputadas, miembros de la misma, desde que nos incorporamos a esta Asamblea Nacional, tomamos la decisión de retirarnos la inmunidad en caso en que cualquier Diputado de nosotros fuera requerido para cualquier juicio.

Y de este caso ya hemos tenido dos Diputados que han sido requeridos, que han renunciado a su inmunidad y se han presentado a los Tribunales de Justicia. Por tanto, esa es nuestra posición ante cualquier solicitud de retirar la inmunidad a cualquier funcionario público. En el caso particular del señor Mario Salvo, solamente quiero reforzar algunos elementos que nos llevaron a tomar la decisión del por qué era necesario dar respuesta a esta solicitud de desaforación. En primer lugar, tuvimos en nuestras manos cheques debidamente notariados con su copia fiel, por un valor de trescientos cincuenta mil dólares, a favor del señor Miguel Ángel García, que se dio en Octubre del 2001, y estos fondos no fueron declarados en el Consejo Supremo Electoral.

De esto el señor Mario Salvo era firma libradora y autorizador del mismo por otro lado, también verificamos que el señor Mario Salvo era firma libradora de varias cuentas corrientes, como aquí se señaló en el Dictamen, y que él libraba cheques a favor del Presidente Enrique Bolaños, fondos que no fueron declarados ante el Consejo Supremo Electoral. Asimismo verificamos que había cheques por el valor de cuatrocientos noventa mil dólares, de la Fundación Democrática Nicaragüense y que estos fondos dieron origen a abrir una cuenta corriente en el BANPRO, los que tampoco fueron declarados ante el Consejo Supremo Electoral.

Y estos mismos fondos a la vez alimentaron nuevas cuentas en el Banco Caley Dagnall, a nombre del actual Ministro de Educación, Cultura y Deportes, el señor Miguel Angel García. De todos estos cheques el señor Mario Salvo era firma libradora y autorizadora. También vimos que el señor Mario Salvo emitió cheques del BANPRO y del Caley Dagnall, para trasladar fondos a otras cuentas en concepto de gastos para campaña electoral, asimismo fue firma libradora y emitió cheques del St. George Bank, banco extranjero que no opera en el país, ahí están los números de cuentas; además se consideran transacciones ilegales porque de acuerdo a la Ley Electoral, deben de manejarse estos fondos en bancos nacionales, cuando son fondos para campaña electoral.

La del Consejo Supremo Electoral nos enfatizó en que los argumentos establecidos por el señor Salvo, de que esta campaña en la que él fue firma libradora y autorizador de fondos y manejo de diversas cuentas, era una campaña distinta a la campaña global que manejaba la Alianza PLC-Camino Cristiano-PRN; no existen campañas para Presidentes por un lado, y campañas para Diputados por otro lado, existe una sola campaña electoral. Por tanto, no puede haber fondos que se deben de informar ante el Consejo Supremo Electoral y fondos que no se deben informar ante el Consejo Supremo Electoral. Todos los fondos deben de informarse de acuerdo a la Ley Electoral.

Por otro lado, la Contraloría General de la República nos hizo especial pedimento para que procediésemos a darle curso, dado que ellos se veían limitados para poder conseguir la información de estos señores, porque la información prácticamente era nula. Asimismo verificamos que el manejo de cuentas en bancos nacionales y extranjeros por parte del señor Mario Salvo Horvilleur, de forma paralela a la campaña oficial de la Alianza PLC-Camino Cristiano y Resistencia, obviamente nos da indicios severos y serias preocupaciones de la necesidad de que se investiguen estos fondos que son bastantes, de tal manera que no se deje sin la aplicación del artículo 33 de la Ley 285, donde establece la necesidad de investigar las cuentas, y que una vez que pasan cinco años y estas cuentas ya son cerradas no se pueden investigar.

Además de que hay presunción de delito electoral, hay presunción de otros delitos de asociación ilícita para delinquir, pues no sabemos el origen de los fondos, el señor Mario Salvo nunca nos pudo decir de dónde venían todos estos fondos, ni cuál fue el destino final; e incluso hubo cuentas con saldos, si no mal recuerdo de cincuenta mil dólares, que tampoco se rindió cuentas ni sabemos a manos de quien pasó. Por tanto, si es que efectivamente queremos estar todos iguales ante la ley, si efectivamente queremos hablar de ética, de transparencia y de lucha contra la corrupción, aquellos que son los principales discursos a favor de esta lucha contra la corrupción y que hoy están frente al Gobierno como Ministros y Vice-Ministros, tal es el caso de Mario Salvo, Vice-Ministro del MAGFOR.

Así que den el ejemplo y que sean las autoridades judiciales las que determinen si efectivamente estos indicios de posibles delitos electorales y penales, demuestran su culpabilidad o su inocencia. Por tanto, señor Presidente, cumplimos con ese mandato que nos dio la Junta Directiva, sobre la base no de decisiones políticas sino de los hallazgos puntuales y concretos que encontramos en este proceso de investigación, y que nos llevó a que los representantes de la Bancada Sandinista dictamináramos favorable la desaforación del Vice- Ministro, Mario Salvo Horvilleur.

Muchísimas gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENE NUÑEZ TELLEZ.

Diputado Jorge Matamoros, tiene la palabra.

DIPUTADO JORGE MATAMOROS:

Muchas gracias señor Presidente.

Yo quiero insistir en que éste es un tema que se ha politizado, y no se está buscando justicia definitivamente. Esto se está haciendo, y lo voy a repetir para que el pueblo de Nicaragua esté claro. Se está haciendo para arrinconar al Poder Ejecutivo y buscar como sentarlo a la Mesa del Diálogo, y es un diálogo bajo las condiciones y presiones del pacto del Frente Sandinista con el Partido Liberal Constitucionalista. Yo quiero dejar bien claro que aquí hay una caducidad de los supuestos delitos electorales, los cuales tienen un término, y ese término ya no está vigente, eso es en los primeros meses después de las elecciones, lo mismo el término del tiempo de la Fiscal, también tiene un término y ya caducó.

Y otro punto que se deja muy claro que no se busca la justicia sino que lo que se busca es politizarlo y sentar al Ejecutivo en la Mesa del Diálogo, se puede probar muy fácilmente, porque aquí hubo una escogencia para ver a cuáles personas se iban a desaforar, y se buscó a personas que están trabajando dentro del Poder Ejecutivo; no se puso a la orden de esta Comisión a todas las personas que supuestamente -y aclaro “supuestamente”- están dentro de estos delitos electorales.

Así es que el pueblo de Nicaragua puede ver muy claramente que a las personas a las que hoy se están desaforando, son personas que están trabajando para el Poder Ejecutivo; y a otras personas que son Diputados y que también están supuestamente dentro de estos delitos electorales, no se les metió dentro de esta desaforación. Con esto queda claro que no se busca justicia.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENE NUÑEZ TELLEZ:

Diputado Donald Lacayo Núñez, tiene la palabra.

DIPUTADO DONALD LACAYO:

Muchas gracias, Presidente.

Hace un rato que salí a tomarme un café, alguien me decía: “Doctor, pero si Bolaños no cumple, y ahora que están desaforando al Ministro Vega y a los otros que vayan a desaforar, Bolaños no va a cumplir”. Yo le contesté que los molinos del Señor muelen despacio, pero al final muelen. También le dije que a Bolaños le quedan escasos 12 meses y pico, para abandonar la Presidencia de este país. Don Julio Vega es como 70 años menor que Bolaños, y que al fin de cuentas Julio Vega a lo mejor se va a quedar en Nicaragua y no se va a ir al exilio, ni va a ir a disfrutar de las viandas y de los excesos que genera, que le ha producido el poder a don Enrique Bolaños.

Pero al fin de cuentas, Presidente y honorables y queridos Diputados y Diputadas, estos molinos que muelen lento pero al final muelen, y muelen duro, hacen una diferencia fundamental con aquellos que al comienzo hablaban de ignominia y precisamente que aplaudieron a Arnoldo Alemán y que les dio la mano, y que se transformaron en esta misma Asamblea en los verdugos de Arnoldo Alemán. Eso si se llama verdadera ignominia. Y me da pena y me da vergüenza que sea un conservador, que siempre hemos propugnado en este país por la defensa de los valores fundamentales de los nicaragüenses, en que se sustenta la democracia, la justicia y la libertad de los pueblos, y que venga a decirnos ahora que éste es un juicio político producto del pacto.

¿Cuál pacto? Si aquí se está demostrando evidentemente y con elementos de juicio sustantivos y claros, que el único pacto que se ha hecho es el que hicieron ayer las bancadas liberales y sandinistas, para buscar como solucionar el problema de la energía eléctrica en este país, y si a eso llaman Pacto, hay que seguir haciendo pactos para que Nicaragua siga avanzando en el arreglo de sus problemas. Pero las cosas no paran ahí, señor Presidente, y es que lo que ayer fue bueno, ahora esos mismos molinos del Señor, que los van a machucar a ellos, son malos.

No, no, si es que a partir de que esta honorable Asamblea Nacional dé por finalizado este proceso de desaforación, se habrá marcado el destino para que también Julio Vega, Mario Salvo, y eventualmente mi querido don Enrique Bolaños, que no le rindió cuentas a su partido que lo llevó al poder, no le rindió cuentas al Partido Liberal Constitucionalista que lo llevó al poder, ¿de dónde agarró tantos millones de dólares que no los reportó al partido? Y eventualmente, mi querido don Enrique, también deberá rendir cuentas porque no reportó al Consejo Supremo Electoral otros millones de dólares, que no se sabe ni para dónde agarraron ni con quién se los repartió.

De tal manera, mis honorables y queridos Diputadas y Diputados, y para que aquí no quede lugar a dudas, lo que estamos haciendo en esta Asamblea Nacional, debemos decir con claridad que aquí ni se juzga, ni se prejuzga a nadie; aquí lo estamos diciendo y lo estamos señalando con el voto mayoritario de todos los Diputados de esta Asamblea Nacional: A partir de hoy, usted don Julio Vega, y usted don Mario Salvo, ya no gozan de inmunidad para seguirse escondiendo en las faldas de su jefe, que con la misma cobardía se ha escondido en los últimos años en este país. No pueden a partir de hoy, seguirse amparando en un proyecto que ellos llaman pacto.

Deben de respetar y hacer respetar la Constitución Política de este país, y en ese sentido, yo me congratulo porque ciertamente la institucionalidad de la Asamblea Nacional se está haciendo respetar y se está haciendo sentir. Vamos en la dirección correcta, y este paso que se ha dado hoy en la mañana, le está mandando un mensaje al pueblo nicaragüense diciéndole: la Asamblea Nacional de Nicaragua está del lado del pueblo para ayudarle a resolver sus problemas, y vamos a eliminar la inmunidad a estos señores, para que vayan a los Tribunales de Justicia y respondan por los delitos eventualmente cometidos.

Señor Presidente: La Asamblea Nacional de Nicaragua está dando un ejemplo de dignidad en este país; la Asamblea Nacional de Nicaragua está con palmas y con honores levantando la dignidad del pueblo nicaragüense, y de lo cual yo me congratulo de ser parte con tan distinguidos hombres y mujeres, y estar compareciendo en esta mañana a defender la posición que es de lo más justa y de lo más razonable, porque sencillamente ni hacemos juicios, ni fallamos, ni señalamos culpabilidades. Estamos diciendo: desaforado, y vayan a los Tribunales de Justicia.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENE NUÑEZ TELLEZ:

Concluida la lista de oradores, procedemos a la votación del Dictamen de la Comisión Especial.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, 2 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Dictamen de la Comisión Especial que desafora al señor Mario Salvo Horvilleur.

SECRETARIO EDWIN CASTRO:

En el Adendum 2, de la presente Sesión, Punto 6.2. enviado con carácter de urgencia.
Managua, 20 de septiembre de 2005.
Managua, 20 de septiembre de 2005.
(28 de septiembre,2005)
MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAS
Primer Secretario
Managua, 23 de Septiembre de 2005

EDWIN CASTRO RIVERA
PRIMER SECRETARIO
WALMARO GUTIERREZ MERCADO
MIEMBRO
JOSE PLUTARCO GONZALEZ
MIEMBRO
Managua, 08 de julio del 2005
LIC. EMILIA DEL CARMEN TORRES AGUILAR
PRIMERA VICEPRESIDENTA
LIC. ELÍAS CHÉVEZ OBANDO
MIEMBRO

LIC. MARÍA EUGENIA SEQUEIRA
MIEMBRO
Managua, 14 de julio del 2005
DR. GUILLERMO MONTENEGRO
PRIMER VICE-PRESIDENTE
LIC. OSCAR MONCADA
SEGUNDO SECRETARIO
ING. DAVID CASTILLO
MIEMBRO
Managua, 19 de septiembre de 2005.
Managua, 8 de agosto de 2005.
Diputada Alba Palacios B.

Managua, 8 de agosto de 2005.
DIPUTADO NATHÁN SEVILLA
SECRETARIO
DIPUTADA ALBA PALACIOS B.
DIPUTADO CARLOS GADEA A.

Managua, 22 de septiembre de 2005
ING. JOSÉ FIGUEROA AGUILAR
WALMARO GUTIERREZ

Managua, 20 de septiembre de 2005.
Managua, 20 de septiembre de 2005.
DIPUTADO NATHÁN SEVILLA
SECRETARIO

DIPUTADA ALBA PALACIOS BENAVIDEZ
DIPUTADO CARLOS GADEA AVILES
DIPUTADO CARLOS GADEA AVILES


Managua, 09 de agosto de 2005


Managua, 20 de Septiembre de 2005


27 de septiembre de 2005
AUXILIADORA ALEMÁN
SECRETARIA.

Managua, 29 de Abril del 2005.
Dip. JOSÉ DAVID CASTILLO
PRIMER VICEPRESIDENTE
Dip. DELIA ARELLANO SANDOVAL
Miembro
A N E X O 1

AGENDA COMPLEMENTARIA DE PAÍS PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL CAFTA-DR

I. EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD


1. Acceso al crédito de la pequeña y mediana empresa agrícola, industrial y agroindustrial.

Con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a la pequeña y mediana empresa, en un plazo no mayor de 6 meses posterior a la aprobación del DR – CAFTA, el gobierno de Nicaragua tendrá elaborado un anteproyecto de Ley y Reglamento denominado “Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa”. Este deberá ser aprobado por la Honorable Asamblea Nacional en un plazo no mayor a 6 meses, posterior a la remisión del anteproyecto.

La Ley contemplará la creación de un fondo de capital de riesgo que le facilite a la pequeña y mediana empresa el acceso al crédito en el Sistema Financiero Nacional de donde tradicionalmente han estado excluidos. La Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) como institución financiera, será regulada bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones (SIBOIF) para que otorgue avales, garantías, fianzas y otros servicios para la efectiva incorporación de las pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo con el apoyo de la Honorable Asamblea Nacional buscará fuentes de financiamiento para dicho fondo.

Estas acciones podrán incluir apoyos y estímulos para promover la asociatividad, así como facilitación del acceso al crédito y el perfeccionamiento de garantías colectivas o solidarias para el otorgamiento de financiamiento.

Así mismo, el Poder Ejecutivo mejorará la coordinación de la asistencia técnica de donantes, préstamos, garantías para préstamos, y otros tipos de asistencia destinada a las PYME.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo impulsará un mayor dinamismo del sistema financiero nacional, a través del fortalecimiento del FNI como banco de segundo piso para que este asuma un mayor rol en la atracción y promoción de instrumentos financieros de primer piso y el desarrollo del mercado de capitales en Nicaragua para así facilitarle el acceso al crédito a las pequeñas y medianas y empresas y al sector agropecuario nacional.

La Asamblea Nacional aprobará en un plazo no mayor a 12 meses la Ley de Microfinanzas.

2. Programas especiales de formación de mano de obra calificada, transferencia de tecnología y capacitación para la pequeña y mediana empresa incluida la agrícola

Será primordial en el portafolio de proyectos que presente el Poder Ejecutivo para financiación ante la Cooperación Internacional, el componente de capacitación y formación de técnicos básicos y medios que se requieran para optimizar el desempeño de la pequeña y mediana empresa, incluida la agrícola. Se prestará especial atención a los programas de Gobierno, liderados por el INATEC, y la formación de capacidades para aquellas operaciones de negocios con mayor potencial de crecimiento con la vigencia del CAFTA-DR.

3. Adecuación del Marco Legal e Institucional para Fortalecimiento de las PYME.

Con el objetivo de promover la competitividad de las PYME, la Asamblea Nacional se compromete a incluir como tema de agenda para su discusión y aprobación en la presente legislatura, la Ley PYME. Con esta Ley se espera caracterizar a las PYMES de acuerdo a criterios que le permita al Poder Ejecutivo focalizar políticas adecuadas a su propia naturaleza, tamaño y ubicación geográfica para evitar la exclusión del que actualmente son objetos.

Así mismo, en esta Ley se incluirá el reconocimiento al Consejo Nacional PYME como el espacio de mayor representatividad de este sector empresarial para validar y aprobar las estrategias, planes y proyectos en conjunto con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) presentará en un plazo no mayor a un año la Política Nacional de Fomento y Desarrollo para las PYME, validada y consensuada con el sector empresarial representativo.

4. Fortalecimiento de la Asociatividad en los gremios empresariales pequeños y medianos.

El MIFIC promoverá el proceso de asociatividad orientado a mejorar la capacidad competitiva de las PYMES, facilitándoles alcanzar mayores economías de escala y sinergias a través de una unidad especializada dentro de la Dirección General de Fomento Empresarial y en coordinación con la Comisión Presidencial de Competitividad, con el objetivo que las pequeñas y medianas empresas se fortalezcan comercialmente y estén mejor preparadas para enfrentar la competencia y asumir los retos de la competitividad.

5. Perfeccionamiento de un sistema de información único para el fomento de la exportación.

El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) se reestructurará en un centro de promoción de las exportaciones (NICAEXPORT) dirigido al desarrollo de sectores de mayor potencial de crecimiento, que facilite además de la información e inteligencia de mercado para la identificación de oportunidades, requisitos de acceso a los mercados y contactos comerciales, brindándoles apoyo en los procesos de prefactibilidad de exportación, estudios de productos, mercados, negocios y la elaboración de los planes de exportación con la identificación de los costos a incurrir por las exportaciones.

NICAEXPORT brindará información sobre los programas de crédito y de cooperación disponible para la promoción de las exportaciones o programas de formación que se estén impulsando en el país. El MIFIC promoverá que las organizaciones gremiales, sean estas de pequeños o grandes empresas, colaboren con este centro a fin de asegurar que su funcionamiento permita el objetivo señalado de propiciar un ambiente totalmente enfocado a la exportación.

6. Incorporación formal de la investigación y desarrollo de las Universidades al proceso de producción nacional.

El fortalecimiento de la educación superior requerirá que las Universidades participen activamente del proceso de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de producción, administración y formación general en los campos de mayor potencial para la exportación. Para ello la Asamblea Nacional condicionará que un porcentaje racional de las asignaciones previstas en el presupuesto a las Universidades sea destinado a investigación y desarrollo, asimismo parte de la curricula de graduación de los futuros profesionales será el énfasis en programas que faciliten el acceso a la transmisión del conocimiento para los productores pequeños y medianos y artesanales de nuestro país, interactuando sus horas prácticas y tesis a través de dichos programas.

El Poder Ejecutivo preverá que los nuevos programas de cooperación avalados por el Estado incluyan un componente de innovación y/o transferencia tecnológica.

7. Promoción de la calidad, tecnología y normalización certificada

En el contexto de CAFTA-DR y la Unión Aduanera Centroamericana, el MIFIC impulsará, preferiblemente en la agenda regional, el establecimiento de un centro de certificación de la producción centroamericana, con oficinas en cada país miembro del acuerdo de libre comercio a fin de asegurarnos el acceso de nuestros productos al mercado de Estados Unidos o como mínimo deberá impulsarse el establecimiento de organismos nacionales de certificación de productos; la acreditación de laboratorios que emitan resultados confiables y de entidades de inspección que verifiquen el cumplimiento de las normas de los productos que se sometan al proceso de certificación.

El MIFIC, a través de la Oficina Nacional de Acreditación, será la institución responsable de la acreditación de los organismos de certificación de los productos de exportación prioritarios para Nicaragua en un plazo no mayor de 18 meses. A la vez, se deberá promover el establecimiento de estándares y normas técnicas que garanticen la calidad de los productos.

En el contexto de los esfuerzos para establecer un Sistema Nacional de la Calidad, la Asamblea Nacional se compromete a incluir dentro de su agenda Legislativa para la presente legislatura, la aprobación del Proyecto Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica (PAIT II) del Fondo Nicaragüense de Tecnología (FONITEC).

8. Sanidad Animal, Vegetal, e Inocuidad de Alimentos

El Presupuesto General de la República deberá prever recursos para el fortalecimiento del MAGFOR, MINSA y MIFIC, que permita el funcionamiento efectivo de un sistema de control, seguimiento y verificación de la salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos y calidad de los productos de exportación, de tal forma que los productos de consumo nacional y para exportación cumplan con las normas sanitarias y estándares de calidad, con el objetivo de apoyar al sector exportador a cumplir con las exigencias del mercado internacional y asegurar la calidad de las importaciones.

9. Adecuación de la Infraestructura de apoyo a la producción y la exportación.

El Poder Ejecutivo, con el apoyo de la Asamblea Nacional, propiciará dentro del programa de cooperación asociado al CAFTA-DR, la priorización de proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructura y servicios de apoyo a la producción, tanto como caminos de penetración, carreteras troncales y adecuación de puertos. En materia de energía eléctrica deberán dictarse políticas y regulaciones que permitan la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas, tanto de artesanías, madera o agricultura a base de riego a fin de potencializar la incorporación de nuevas tecnologías que incrementen su productividad.

10. Facilitación del Flujo Comercial y Fortalecimiento del Derecho Comercial y las Instituciones.

La Asamblea Nacional aprobará los cambios necesarios en la legislación nacional y el Poder Ejecutivo impulsará las medidas dirigidas al marco normativo, regulatorio e institucional del comercio, la reducción de costos de transacción, administrativos y de logística orientada a la facilitación de los flujos de comercio regional e intra-regional y garantizar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los agentes económicos y una mayor eficiencia y simplificación de trámites.

El Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional avanzarán según sus atribuciones, en los próximos veinticuatro meses en las siguientes áreas:

La Unión Aduanera y el proceso integracionista centroamericano. Mejoramiento del procesamiento de exportaciones e importaciones.
Modernización de las aduanas nacionales.
Fortalecimiento y modernización de la infraestructura relacionada al comercio.
Iniciativa del Plan Puebla Panamá.
Aprobación de la Ley de Comercio Exterior.
Garantizar al MIFIC los recursos presupuestarios necesarios para la efectiva administración de los tratados.
Aprobación de la Reforma a la Ley de Zonas Francas.
Aprobación de la Ley de Arbitraje Comercial y fortalecimiento de las instituciones y autoridades competentes para su aplicación.
Aprobación de la Ley de Competencia.
Aprobación de la Ley del Consejo Superior del Trabajo.
Actualización de normas del Código de Comercio de Nicaragua acorde con el nuevo entorno comercial internacional.

II. EN MATERIA DE LIBERTAD E IGUALDAD DE ACCESO A LA COMPETENCIA EL PODER EJECUTIVO A TRAVES DEL MIFIC:

1. Elaborará Reglamentos para la Administración y Adjudicación de contingentes acordados en el CAFTA-DR para los productos de exportación como de importación, de conformidad con los acuerdos establecidos en el Tratado y en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ratificados por la República de Nicaragua. (Ver Anexo 1.1)

2. Identificará mecanismos de compensación al país por aquellas industrias que se beneficiarán de la cuota de acceso al mercado de Estados Unidos libre de impuestos, particularmente en la industria del Azúcar. (En este tema es de vital importancia el aspecto de los precios internos del azúcar y mecanismos de participación de capital nacional en las nuevas asignaciones de los TPL)

III. EN MATERIA LABORAL EL PODER EJECUTIVO A TRAVES DEL MITRAB:

1. Establecerá la Comisión Tripartita de manera permanente para dar seguimiento al cumplimiento de la legislación laboral vigente.

2. Velará por la aplicación de la ley de Derechos Laborales Adquiridos.

La Asamblea Nacional apoyará el fortalecimiento institucional del Ministerio del Trabajo, a través de una adecuada asignación presupuestaria.

IV. EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EL PODER EJECUTIVO A TRAVES DEL MARENA
1. Adecuará su estructura orgánica para garantizar la aplicación de las Leyes y Regulaciones en materia ambiental.

2. En conjunto con las autoridades correspondientes, trabajará a lo inmediato en la redacción u aprobación de la Ley de Aguas, Reforma a la Ley General del Medio Ambiente, tipificación de Delitos Ambientales, Ley de Bioseguridad, Ley de Biodiversidad y Reformas a las Leyes de Propiedad Intelectual que protejan los conocimientos tradicionales y ancestrales, especialmente sobre la flora y fauna nicaragüense.

V. EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1.- En un término no menor de doce meses, el Poder Ejecutivo deberá definir el mecanismo que asegure el acceso a medicamentos genéricos en aquellos casos de emergencia o urgencia nacional o prioridades que se definan en el plan de salubridad nacional, tomando en consideración los compromisos internacionales en el marco de la OMC y la Ronda Doha.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

Esta agenda paralela es parte de un plan de acción de más largo alcance que la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo deberán impulsar para superar los problemas estructurales del país, alcanzar el desarrollo sostenible y reducir la pobreza, a través de una estrategia integrada para mejorar los niveles de competitividad, fortalecer el capital humano, fortalecer el entorno regulatorio e institucional fomentando la transparencia y eficiencia, y lograr una exitosa inserción del país en los mercados internacionales.

Para garantizar la correcta aplicación del Tratado y esta agenda paralela y lograr el máximo aprovechamiento de los beneficios y enfrentar los desafíos del CAFTA-DR, es imperativo que la Ley de Presupuesto General de la República tome en consideración la asignación adecuada de los recursos que permitan su efectiva implementación.


ANEXO 1.1

PRINCIPIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LAS CUOTAS DEL CAFTA – DR


o Los procedimientos para la administración y adjudicación de las cuotas obtenidas en el contexto del CAFTA-DR se deberán hacer conforme los mecanismos establecidos en el marco de la OMC y según lo estipulado en el mismo Tratado.

o De acuerdo a lo establecido en el CAFTA-DR, las asignaciones se deberán otorgar, en primera instancia, en base al record histórico de importación de los solicitantes, dejando un porcentaje de la cuota para ser asignada a nuevos solicitantes.

o En los casos donde no exista un record histórico de importación para algún producto, las asignaciones se efectuarán de acuerdo al principio de primero en tiempo, primero en derecho, por un período de uno a tres años, tiempo durante el cuál se deberá establecer un record histórico de importación.

o En el caso específico del arroz granza, la asignación de la cuota se deberá realizar conforme al método histórico y con la aplicación de un requisito de desempeño que exigirá la compra de arroz nacional de un volumen equivalente al volumen importado dentro de la cuota.

o En el caso específico de las piezas de pollo, la cuota deberá ser asignada a través de un mecanismo de subasta definido de común acuerdo entre las partes.

o Los procedimientos y mecanismos garantizarán que, cualquier persona, natural o jurídica que cumpla con los requisitos legales y administrativos, sea elegible para solicitar y considerada para la asignación de la cuota.

o Los procedimientos para la asignación de las cuotas deberán ser transparentes y no discriminatorios.

o Los procedimientos o reglamentos se darán a conocer a través de su publicación en los periódicos y además se colocarán en la página WEB del MIFIC, a fin de que cualquier persona ya sea por sus propios medios o a través de la oficina del Centro de Información y Consultas Comerciales (CICC) de la Dirección de Política Comercial del MIFIC, tenga acceso a los mismos.

o Los procedimientos y mecanismos, sin menoscabo del control y supervisión adecuada, serán ágiles, flexibles y sencillos, con la finalidad de garantizar la utilización plena de la cuota asignada.

o Los procedimientos y mecanismos garantizarán que las asignaciones se hagan en cantidades de embarque comercialmente viables y, en la medida de lo posible, en las cantidades que los importadores soliciten.

SECRETARIA MARIA AUXILIADORA ALEMAN:

DICTAMEN DE MINORIA

Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente Asamblea Nacional
Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

Las suscritos miembros de la "Comisión Especial para el Seguimiento Permanente a las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica", con fundamento en los artículos 49 del Estatuto General y Arto.93 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, presentamos el Siguiente Dictamen de Minoría Desfavorable sobre el " Decreto de Aprobación del Tratado de Libre Comercio Centroamericana - Estados Unidos y República Dominicana", también conocido por su nombre en ingles como Dominican Republic - Central American Free Trade Agreement y por sus siglas en ingles como DR- CAFTA.

La Comisión Especial para el Seguimiento Permanente a las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica se fundamenta en el artículo 27 numeral 5 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, según Resolución J.D. No. 006-2003 del catorce de julio del dos mil tres, ya que fue considerado de primordial importancia que la Asamblea Nacional se involucrara plenamente en el proceso del seguimiento a las negociaciones, dado que de conformidad al artículo 138 numeral 12 de la Constitución Política de Nicaragua, es facultad privativa de la Asamblea Nacional "Apoyar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional. Dichos instrumentos internacionales solamente podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general sin poder hacerles cambios o agregados a su texto. La aprobación legislativa les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua una vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente mediante depósito o intercambio de ratificaciones cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en el texto del tratado o instrumentos internacional".

El presente Tratado surge en abril del 2001, durante la Cumbre de las Américas, cuando los Presidentes del área centroamericana expresaron al Presidente George W. Bush, el interés de suscribir un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, argumentando desde su visión, tres ventajas: (I) una Centroamérica mas prospera, con mayores fuentes de empleo, lo que implicaría menos migración ilegal hacia los Estados Unidos. (II). Productos de alta calidad a precios favorables para los consumidores y (III) un mercado más atractivo y con mayor poder adquisitivo para las exportaciones estadounidenses. Para el 18 de febrero del año 2002 los Ministros de Comercio del área centroamericana aprobaron el Marco General para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El 28 de mayo de 2004 sé firmo el Tratado luego de un año de talleres de preparación y nueve rondas ordinarias de negociaciones, las que formalmente dieron inicio el 8 de febrero del 2003.

En el proceso de Dictamen realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento Permanente a las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría de sectores consultados fueron unánimes y categóricos alrededor del planteamiento de que dicho tratado en los términos y condiciones en que ha sido negociado, es perjudicial para los sectores involucrados en particular y para el país en general. Que si bien es cierto en la actualidad Nicaragua necesita de la diversificación de sus relaciones económicas y comerciales ya sea en el marco bilateral o multilateral, esas relaciones deben ser basadas en principios de simetría que reconozca las diferencias de tamaño y el desarrollo de las economías centroamericanas particularmente la nicaragüense y de los Estados Unidos de Norte América.

Conociendo que los sectores más vulnerables de nuestro país como son el sector agropecuario, laboral, ambiental y la pequeña y mediana empresa rural y urbana serán seriamente afectados por las simetrías y tratos desiguales contenidas en este tratado comercial; y que en las actuales condiciones, Nicaragua no está preparada para enfrentar la implementación del DR - CAFTA, ya que requiere cerrar brechas, un plan emergente de producción y competitividad y que existen vacíos legales que demandan cambios institucionales y reformas a políticas y normativas.

Por su parte la mayoría de los sectores consulados manifestaron, entre otros aspectos, los siguientes desacuerdos con el texto negociado y que perjudicarían significativamente la economía nacional.

Ø Una condición previa a cualquier tratado comercial es el desarrollo de nuestro propio proceso de integración económica y de intercambio comercial entre los centroamericanos y la región caribeña, de tal manera que pudiésemos avanzar en una política regional agrícola, aranceles externos comunes, mejoramiento de nuestra infraestructura, normas jurídicas sanitarios, ambientales, laborales, salariales, migratorias y sociales comunes en pro de nuestro propio desarrollo regional, así como una moneda y un pasaporte común que nos permita la libre movilidad de las personas a la par de la libre movilidad de nuestras mercancías. Ø Nicaragua es un país con una economía predominante agropecuaria; este sector según el censo nacional agropecuario esta integrada por 199,549 familias, de ellas, el 80% siembra granos básicos en pequeña y mediana escala y en condiciones difíciles, sin apoyo del gobierno, este agricultor en el marco del CAFTA deberá competir con agricultores y empresas agroindustriales de Estados Unidos que reciben subsidios por producir y por comercializar sus productos a países pobres como el nuestro, vendiendo a un precio de por debajo los costos de producción, legalizando así la práctica del doping, la competencia desleal, desigual e injusta, la cual traerá como consecuencia el desplazamiento de la producción nacional y la quiebra de miles de productores nicaragüenses.

Ø El haberle aceptado a los Estados Unidos no discutir y no tomar acuerdos sobre el tema de los grandes subsidios que este país le da a sus agricultores y empresas agroindustriales, sumándole a su política proteccionista, provoca una sobreproducción que se coloca en nuevos mercados como los nuestros, mediante los tratados de libre comercio a precios de doping(o sea por debajo de los costos de producción). Esta práctica provoca una distorsión de los precios de los productos agropecuarios y nos obligan a competir en condiciones muy desiguales, provocando más pobreza, migración del campo a la ciudad y hacia otros países y una reconcentración de los medios de producción en pocas manos.

Ø Al no lograrse un tratado especial y diferenciado, estaremos aceptando que Estados Unidos y Centroamérica (particularmente Nicaragua) somos iguales a pesar de los distintos niveles de desarrollo, donde debe regir la regla de la reciprocidad, olvidándonos de unos de los principios de las negociaciones comerciales incluidos en el texto del GATT( Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, hace mas de cincuenta años) en el párrafo 8, arto 36 del capitulo sobre comercio y desarrollo donde se establece el trato especial y diferenciado y la reciprocidad que se debe dar en las negociaciones comerciales entre países desarrollados y en vías de desarrollo.

Ø Nicaragua no esta preparada para la implementación del CAFTA en el corto plazo, requiere disminuir brechas y profundos déficit que demandan cambios institucionales, desarrollo productivo, competitividad, acceso a tecnologías, políticas y normativas (marco jurídico). Se necesita establecer estrategias anticipadas de mitigación de impactos, especialmente para los sectores más vulnerables. Necesitamos concretar una agenda nacional e implementar un plan de transcripción para los sectores más sensibles de la economía nacional.

Ø El CAFTA afectara el libre acceso de la población y el abastecimiento del sistema publico de salud de medicamento genéricos, cuyos componentes se encuentran disponibles en el mercado para su combinación, obligándolo a proteger y consumir a mayores precios las marcas patentadas por las corporaciones transnacionales, lo cual implica que nuestra población se vera obligada a comparar los mismos medicamentos consumidos anteriormente a precios exorbitantes o de lo contrario se incrementará la mortalidad por la falta de acceso a los mismos.

Ø El CAFTA ha sido propagandizado como generador de empleo, pero no garantiza el derecho al empleo contemplado en el artículo 80 de la Constitución de la República: "El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurara la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de las personas". El capítulo laboral del CAFTA solamente es una declaración de intenciones, no asegura el mejoramiento de los salarios de los trabajadores ni de sus condiciones laborales, ni asegura el libre ejercicio de libertad de organizaciones sindical. Por su parte el sector empresarial de Nicaragua ha interpuesto mas de siete recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Derechos Laborales Adquiridos aprobados por la Asamblea Nacional, demostrando con ello su práctica de incumplir los derechos de los trabajadores y de impulsar futuras reformas laborales que eliminen mas los derechos laborales. Ø Una condición necesaria para negociar un Tratado de Libre Comercio es el reconocimiento de las asimetrías entre una potencia como Estados Unidos y un pequeño país pobre como Nicaragua (segundo lugar en América Latina, solamente superado por Haití), condición que demanda el establecimiento de un Fondo Especial de Compensación que permitiese prepararnos para la inserción progresiva en este intercambio comercial, así como la reconversión productiva. Debió haberse excluido de estas negociaciones los productos sensibles para nuestro país (que son subsidiados en EE.UU.) y evitar las patentes sobre nuestra vida animal y vegetal y los medicamentos farmacéuticos sensibles para nuestro sistema de salud pública. Ø La inseguridad judicial de los beneficiarios de reforma Agraria y la falta de políticas socioeconómicas hacia este importante sector, no ha permitido la estabilidad para la Generación de la producción pecuaria y agrícola, los que ascienden aproximadamente a 800,000 familias. Dejar sin alternativas a estas familias significa enviarlas al desempleo, con lo que el país estaría generando más hambruna, lo que provoca un boomerang social a corto y mediano plazo. Ø El CAFTA lejos de desarrollar nuestras capacidades productivas, provocará que las empresas norteamericanas debiliten mas nuestra capacidad de desarrollo económico local, destruyendo nuestra estructura productiva, afectando sectores agropecuarios, forestal, industria, servicios así como la desaparición de las pequeñas y medianas empresas, todo esto repercutirá en aumento de nuestra dependencia económica. La invasión progresiva de productos agrícolas norteamericanos subsidiados, harán desaparecer la poca estructura de producción de miles de familias campesinas, de pequeñas y mediana producción que serán sustituidos por sistemas de agricultura intensiva, altamente capitalizados controlados por las transnacionales. Ø Los subsidios del gobierno estadounidense son en promedio de 21 mil dólares por productor, esto permite que los Estados unidos inunden los mercados a precios por debajo del costo de producción en el mercado mundial, consecuentemente los precios de los cultivos se afectan aun más, terminado así con los agricultores más débiles para enriquecer así a los agricultores norteamericanos. Se permite que los estados Unidos pueda introducir los productos agropecuarios e industriales que quiera a nuestro país. En cambio Nicaragua está sujeta a cuotas pequeñísimas en los pocos productos que impondríamos exportar y a fuertes restricciones sanitarias, fitosanitarios y a incontrolables barreras por concepto de BIOTERRORISMO.

Ø EL CAFTA plantea incluir en las licitaciones públicas de compras de bienes y servicios a empresas transnacionales bajo condiciones no discriminatorias, con el claro objetivo de favorecerlas.

Ø Se desconocen las proyecciones fiscales para el pago de la deuda interna para los próximos diez años, pero sabemos que la tendencia es un mayor endeudamiento de nuestro país. El gobierno no ha hecho un análisis serio del impacto fiscal con la reducción arancelaria acordada en el DR - CAFTA, ni de que manera se le hará frente a las demandas de inversión social y productiva en nuestro país para la supuesta competitividad y pie de igualdad que se tendrá frente a las compañías norteamericanas. Ya en este sentido el FMI recomendó suplir este déficit fiscal a través del aumento de los impuestos del IVA, del IR y/o la creación de nuevos impuesto a la población.

Ø EL CAFTA viola la Constitución al establecer que cualquier interpretación y resolución de controversias podrá efectuarse por medio de una "comisión libre comercio" arrebatando facultades constitucionales atribuidas al poder judicial y a la Asamblea Nacional. Las corporaciones multinacionales adquirirán el poder de demandar a nuestro país cuando se trate de proteger nuestros intereses nacionales para defender los derechos de los consumidores, los trabajadores, los productores y nuestro medio ambiente, bajo el argumento de que se impide el libre comercio que CAFTA brindo a los Estados Unidos de Norteamérica.

Ø En las negociaciones del CAFTA no se tomó en cuenta a la gran mayoría de productores del país ni a los trabajadores, ni se diseñó dicho Tratado en una estrategia de solución de los problemas sociales y económicos de la nación. Ningún grupo político y/o económico puede hoy construir a solo el futuro del país, el CAFTA es competir en condiciones iguales entre dos economías diametralmente desiguales.

Por otra parte expresamos nuestra seria preocupación sobre la llamada Agenda Complementaria negociada entre el PLC y el MIFIC para realizar un dictamen mayoría a favor de la ratificación del CAFTA, en primer lugar porque esta agenda no tiene carácter de obligatoriedad y en segundo lugar por ser insuficiente en su contenido y alcance. Con fecha del 31 de marzo del 2005 la Ministra de Fomento Industria y Comercio, Sra. Azucena Castillo envío carta el Diputado Carlos Noguera, donde excluye de esta Agenda la creación del Banco de Fomento, institución que claman por ella miles de productores nicaragüenses.

Urgimos al gobierno a realizar una evaluación de impacto con la implementación del DR - CAFTA en cada sector productivo, que se orienten los recursos necesarios par compensare a los sectores perdedores, a iniciar y desarrollar una Agenda de Desarrollo Nacional que se incluyan a todos los sectores productivo y laborales del país, y que contemple políticas de fomento a la producción, de competitividad, asistencia técnica, acceso al crédito, comercialización, creación de empleos estables con salarios dignos, protección y desarrollo de nuestros recursos naturales de bioseguridad, entre otros.

Dejamos claramente sentada nuestra posición de la necesidad que Nicaragua establezca acuerdos o tratados comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica y otros países y regiones del mundo, pero estos tratados deben ser realmente libres y acordes a nuestra realidad y necesidad de desarrollo, en donde las ventajas sean para la mayoría de los ciudadanos de los países que comercian y no solamente a favor de las minorías económicas o grupos transnacionales.

Necesitamos tratados comerciales justos y equitativos que apunten a consolidar el desarrollo, la justicia social y la democracia, en donde el desarrollo humano y social vayan de la mano con el desarrollo comercial. Con tratados como el CAFTA pierden los pobres, se genera más hambre, más desempleo, más migración y tendremos más inequidad, discriminación e injusticia social.

Por todo lo antes expuesto y con fundamentos en los artículos 138 numeral 12 de la Constitución y el 49 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, las suscritas diputadas miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a los Tratados de Libre Comercio de la Asamblea Nacional, demandamos el rechazo y presentamos nuestro DICTAMEN DE MINORIA DESFAVORABLE al "Decreto de Aprobación del Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Estados Unidos y la República Dominicana (DR -CAFTA)", por lo que solicitamos al honorable plenario, su pleno y total respaldo al presente dictamen, que aun siendo de minoría expresa la voluntad de la gran mayoría de la población nicaragüense que se vera afectada negativamente por el presente tratado de libre comercio.
Ma. Jacarandá Fernández.
Managua, 24 de febrero de 2005.
Managua, 13 de abril de 2005.
Managua, 31 de agosto de 2005.
Managua, 25 de Septiembre del 2005.
ENRIQUE QUIÑONEZ TUCKLER
Managua, 25 de Septiembre del 2005.
ENRIQUE QUIÑOÑEZ TUCKLER
BLADIMIR PINEDA SOZA
GUILLERMO MONTENEGRO
REYNA JEREZ GARCIA
Managua, 5 de Mayo del 2005.

Managua, 5 de mayo del 2005.

Managua, 11 de Abril del 2005.
Wálmaro Gutiérrez Mercado
Diputado

Managua, 8 de Octubre de 2003


Fidel Moreno Briones
Primer Vicepresidente

Nathán Sevilla Gómez
Segundo Vicepresidente

Felicita Zeledón R.
Primera Secretaria


Roberto Sánchez T.
(Octubre 13, 2005).
Managua, 31 de Marzo del 2005.

NOEL RAMIREZ SANCHEZ


NASSER SILVANY BAEZ

CARLOS NOGUERA PASTORA
NOEL RAMIREZ SANCHEZ
NASSER SILVANY BAEZ
RENE HERRERA
Managua, 18 de Febrero del 2005.
DICTAMEN


Ingeniero
RENE NUÑEZ TELLEZ
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión del Exterior, nos hemos reunido para dictaminar sobre la aprobación del “ACUERDO DE DIALOGO POLITICO Y COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMA POR OTRA PARTE, Y SUS ANEXOS”, el que fue presentado por el Presidente de la República en Secretaría de la Asamblea Nacional, el día 05 de octubre del 2004 y remitido a esta Comisión para su dictamen el 14 de enero del año 2005.

Este importante Acuerdo entre la Comunidad Europea y Centro América fue suscrito en Roma, Italia, el 15 de Diciembre del año 2003 por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados de ambas regiones.

Antecedentes del Acuerdo:

Este importante Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y los Estados de Centro América, tiene como primer antecedente el Diálogo de San José de 1984 que se realizó en San José, Costa Rica. Posteriormente, se le dio seguimiento y continuaron las Cumbres de San José entre las dos regiones geográficas en las décadas de los 80 y 90; en 1993, se decidió incrementar la cooperación y se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Europea y Centro América; el que ha estado vigente hasta la fecha y que se ha venido profundizando y evolucionando hasta llegar a este Acuerdo que dictaminamos, el que fue negociado en octubre del año 2002 y finalmente se suscribió el 15 de diciembre del 2003.

Objetivos Generales del Acuerdo:

Este Acuerdo tiene objetivos muy amplios y de gran apertura. La profundización y fortalecimiento del diálogo político es uno de sus grandes objetivos, sobre la base del respeto a los principios democráticos y los Derechos Humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el principio del Estado de Derecho, los que constituyen aspectos esenciales del Acuerdo. El diálogo político será sobre las bases de los Principios de las Declaraciones conjuntas del Proceso de Diálogo de San José, principalmente de 1984, 1996 y 2002. Otro gran objetivo de este Acuerdo es la intensificación de la cooperación en los ámbitos del Comercio, las inversiones y en materia de Relaciones Económicas. Asimismo, sobre las bases de la Organización Mundial de Comercio, y concretamente de los resultados del Programa de Trabajo de Doha (4ta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio). En este instrumento se han comprometido en completar un Acuerdo de Asociación viable y mutuamente beneficioso, incluido un Acuerdo de Libre Comercio.

En cuanto a la Cooperación, se reforzará y ampliará a otros ámbitos el Acuerdo Marco de 1993 y se centrará en los siguientes objetivos:

§ Fomento de la estabilidad política y social a través de la democracia, respeto a los Derechos Humanos y la gobernabilidad.

§ Profundización del proceso de integración regional entre los países centroamericanos para contribuir a un mayor crecimiento económico y mejora gradual de la calidad de vida de sus pueblos.

§ Reducción de la pobreza y fomento al acceso equitativo de los servicios sociales, en un contexto de desarrollo sostenible.

§ Las acciones de cooperación realizadas a nivel nacional deberán ser compatibles con el proceso de integración regional.

Objetivos Específicos:

Los ámbitos de la cooperación son muy diversos y no son limitativos. Entre ellos, tenemos los siguientes:

· Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad.

· Prevención de conflictos.

· Fortalecimiento de la modernización de la Administración Estatal y Pública.

· Integración Regional Centroamericana especialmente el desarrollo y su mercado común.

· Propiedad Intelectual y política de competencia

· Cooperación Aduanera.

· Cooperación Industrial promoviendo la modernización y reestructuración de la industria centroamericana.

· Desarrollo de Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas.

· Cooperación en el ámbito del Sector Agrícola y Rural, la selvicultura y las medidas sanitarias y fitosanitarias, para promover el desarrollo socio-económico sostenible y la seguridad alimentaria de los países Centroamericanos.

· Pesca y Acuicultura y sector minero.

· Energía y Transporte, centrándose en la reestructuración y modernización del sector transporte y transferencia de tecnología Europea en el Sistema Mundial de Navegación por Satélites y los Centros de Transporte Público Urbanos.

· Sistemas de información y telecomunicaciones.

· Fomento de la Inversión.

· Protección de los Consumidores y protección de datos.

· Cooperación científica y tecnológica, sobretodo con las universidades y los centros de investigación.

· Educación y formación profesional en todos los niveles. Cooperación cultural.

· Medio Ambiente, biodiversidad y cooperación en materia de catástrofes naturales

· Cooperación en materia de salud y social

· Cooperación en la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia asociada, así como en la lucha contra el blanqueo de dinero y la delincuencia asociada.

· Cooperación en materia de lucha antiterrorista

· Cooperación en materia de Migración.

También hay aspectos novedosos como la participación de la sociedad civil en el proceso de cooperación y promover un diálogo efectivo en ella.

El Acuerdo contempla la cooperación en materia de género para promover el acceso de las mujeres a todos los recursos necesarios para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

También se incluye en el Acuerdo, la cooperación a los pueblos indígenas y otros grupos étnicos centroamericanos, a las poblaciones desarraigadas y los combatientes desmovilizados como sectores receptores de programas de cooperación que beneficien a estos grupos poblacionales.

Implementación del Acuerdo:

El diálogo político se efectuará cuando proceda y por acuerdo de ambas Partes a nivel de los Jefes de Estado y de Gobierno. A nivel Ministerial en particular, en el marco de la reunión Ministerial del Diálogo de San José. También se realizará a nivel de altos funcionarios de los servicios competentes y aprovecharán al máximo los canales diplomáticos.

En cuanto a la cooperación, con el fin de contribuir a la consecución de sus objetivos, las Partes se comprometen a facilitar dentro de los límites de sus capacidades y a través de sus canales respectivos, los recursos adecuados y en particular financieros. Para ello, aprobarán un programa plurianual y establecerán prioridades teniendo en cuenta las necesidades y el nivel de desarrollo de los países centroamericanos.

Las Partes acuerdan conservar la Comisión Mixta establecida en el Acuerdo de Cooperación CE-Centroamérica de 1985 y mantenida en el Acuerdo Marco de Cooperación de 1993.

Esta Comisión Mixta será responsable de la aplicación general de este Acuerdo y abordará así mismo, cualquier cuestión que afecte a las relaciones económicas entre las Partes; inclusive con los diferentes países de Centroamérica. Se establecerá un Comité Consultivo conjunto, compuesto por representantes del Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana (CC-SICA) y el Comité Económico y Social Europeo (CESE) para ayudar a la Comisión Mixta a promover el diálogo con las organizaciones económicas y sociales de la Sociedad Civil.

Este Acuerdo también "anima" al Parlamento Europeo y al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) a crear una Comisión Inter Parlamentaria en el marco de éste Acuerdo con arreglo a sus leyes constitucionales

A partir de su entrada en vigor, este Acuerdo sustituye al "Acuerdo Marco de Cooperación de 1993".

ANEXOS

El Acuerdo tiene dos anexos

El Anexo I se refiere a dos Declaraciones unilaterales de la Unión Europea:

1. Declaración de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea relativa a la cláusula sobre el regreso y la readmisión de los migrantes ilegales (arto.49).

2. Declaración de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea relativa a la cláusula sobre la definición de las partes. (artículo 53).

Anexo II
Declaración conjunta relativo al Título II sobre Diálogo Político.

Las Partes acuerdan que Belice, en calidad de miembro de pleno derecho del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), participará en el Diálogo Político.

Importancia del Acuerdo:

Consideramos que este Acuerdo reviste una singular importancia debido a que ordena en un todo las relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica; al fusionar el Diálogo Político de San José con un Acuerdo de Cooperación que tiene un ámbito de gran cobertura, lo que es un gran avance y profundización entre la Unión Europea y Centroamérica. Asimismo, contempla los organismos que van a implementar este Acuerdo y da la posibilidad de ampliarlo en la medida de sus avances.

Este Acuerdo entre dos regiones geográficas tan diferentes, pero con lazos de amistad y cooperación importantes, tiene mucho que aportar tanto a Europa como a Centroamérica, en Cultura, Educación, Democracia, en fin, en todos los aspectos posibles y abre las puertas para un futuro Acuerdo Comercial.

Invitados Especiales:

Los Honorables Señores José Luís Martínez Prada, Encargado de Negocios de la Delegación de la Unión Europea, Honorable Señor Matthijs Wvolters, Representante de la Presidencia Pro Tempore de la Unión Europea, Honorable Señor Marc Litvine, Oficina para Nicaragua de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Comisión Europea y Honorable Señora Imma Roca Cortés, Jefe de la Sección Política de la Delegación de la Unión Europea, fueron invitados por la Comisión del Exterior, para exponer sobre este importante Acuerdo, a fin de enriquecer y dar mayor entendimiento a los miembros de la Comisión, quienes valoraron altamente la profundización del diálogo político y la cooperación entre la Unión Europea y Centroamérica y agradecemos la amabilidad y el interés de los Representantes de la Unión Europea, en aceptar la invitación de nuestra Comisión y aportar sus valiosos criterios.

Dictamen de la Comisión:

Por todo lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión del Exterior, fundamentados en los artos.138 inc.12 y 182 de nuestra Constitución Política, en los artículos pertinentes del Estatuto General y Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, dictaminamos FAVORABLEMENTE el “ACUERDO DE DIALOGO POLITICO Y COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMA POR OTRA PARTE, Y SUS ANEXOS”, el cual no se opone a nuestra Constitución Política y Leyes Constitucionales, así como a Convenios Internacionales ratificados por Nicaragua. En consecuencia, sometemos a consideración del plenario de la Asamblea Nacional, el presente dictamen, el Decreto de aprobación y el texto del Acuerdo, los que adjuntamos y les solicitamos su aprobación.

COMISION DEL EXTERIOR


ALFONSO ORTEGA URBINA
NOEL RAMIREZ SANCHEZ
NASSER SILVANY BAEZ
RUBEN GOMEZ SUAREZ
Managua, 28 de septiembre del 2004.

JOSE FIGUEROA AGUILAR
PRIMER VICEPRESIDENTE
JAIME GARCIA MANGAS
PRIMER SECRETARIO
FRANCISCO SACASA URCUYO
MIEMBRO
ELIAS CHEVEZ OBANDO
MIEMBRO
Managua, 22 de Junio del 2005.
DICTAMEN

Ingeniero
RENE NUÑEZ TELLEZ
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión de Exterior, nos reunimos para dictaminar sobre la aprobación del “ACUERDO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA GRAN JAMAHIRIA ARABE LIBIA POPULAR SOCIALISTA”, el que fue enviado por el Presidente de la República a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, el 3 de Mayo del año 2005 y remitido a esta Comisión para su debido dictamen el 26 de Mayo del mismo año.

Este Acuerdo Marco de Cooperación fue suscrito en la ciudad de Trípoli, el 12 de Octubre del año 2004 por el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Dr. Norman Caldera y el Secretario del Comité Popular General de Relaciones Exteriores, Libio Sr. Abdurhman Shalgam.

Objetivos Generales del Acuerdo:

Este Acuerdo Marco de Cooperación entre los Gobiernos de Libia y Nicaragua, tiene como objetivo, fomentar la cooperación bilateral en los ámbitos económicos, técnico-científico y cultural.

Este Acuerdo será el marco institucional que norme la cooperación que podrá ser al amparo del presente Acuerdo y a través de la celebración de Acuerdo completamentarios o Protocolos Adicionales al mismo.

De igual manera, los organismos y dependencias de los Gobiernos de Nicaragua, y Libia, podrán celebrar Acuerdos de Cooperación Sectoriales que consideren necesarios para fortalecer bilaterales, previa consulta y en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes.

Constitución de la Misión Mixta:

Por medio de este Acuerdo de Cooperación, se constituye una Comisión Mixta presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos Gobiernos o quien ellos designen con rango de Ministro y especialistas sectoriales cuando cada Estado lo considere apropiado.

La Comisión Mixta realizará reuniones periódicas anuales y de manera alterna en Libia y Nicaragua y darán continuidad y seguimiento a los Acuerdos alcanzados.

Esta Comisión Mixta será el mecanismo para fortalecer la cooperación entre ambos países, así como para abordar los temas relacionados en éste Acuerdo.

Objetivos Específicos del Acuerdo:

Este Acuerdo Marco que dictaminamos, establece que sus disposiciones no perjudicarán las obligaciones actuales y futuras de las Partes derivadas de su respectiva participación en organismos internacionales, en organismos de integración económica o en Convenios Internacionales previamente establecidos por las Partes con terceros Estados u Organizaciones Internacionales.

Así mismo, se establece en éste Acuerdo, que ambas Partes, de conformidad con su legislación interna, se otorgarán las facilidades necesarias para la entrada y salida del personal, el material y el equipo que se utilice en la ejecución de los proyectos que se convengan al amparo del presente Acuerdo Marco.

Dictamen de la Comisión:

Los suscritos miembros de la Comisión del Exterior, fundamentados en los artos. 138 inc. 12 y 182 de nuestra Constitución Política, en los artículos pertinentes del Estatuto General y Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, dictaminamos FAVORABLEMENTE la aprobación del “ACUERDO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA GRAN JAMAHIRIA ARABE LIBIA POPULAR SOCIALISTA”, el cual no se opone a nuestra Constitución Política, Leyes Constitucionales y Tratados Internacionales ratificados por Nicaragua. En consecuencia, sometemos a consideración del plenario de la Asamblea Nacional, el presente dictamen, el Decreto de aprobación y el texto del Acuerdo, los que adjuntamos y les solicitamos su aprobación.
Atentamente,


ALFONSO ORTEGA URBINA
NOEL RAMIREZ SANCHEZ
NASSER SILVANY BAEZ
Managua, 9 de Agosto de 2005.

MARCO AURELIO SÁNCHEZ
PRIMER VICEPRESIDENTE
ROBERTO SÁNCHEZ TORREZ
Managua, 20 de Septiembre de 2005.

MARCO AURELIO SÁNCHEZ
PRIMER VICEPRESIDENTE
FIDEL MORENO BRIONES
PRIMER SECRETARIO
ROBERTO SÁNCHEZ TÓRREZ
GUILLERMO MONTENEGRO
Managua, 20 de Septiembre de 2005.
MARCO AURELIO SÁNCHEZ
PRIMER VICEPRESIDENTE

REYNALDO MAIRENA VALLEJOS
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
FIDEL MORENO BRIONES
PRIMER SECRETARIO
BENITA ARBIZÚ
ROBERTO SÁNCHEZ TORREZ

GUILLERMO MONTENEGRO


Managua,Nicaragua 2007.