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Año Legislativo:		XXV LEGISLATURA
Sesión:		PRIMERA
Tomo No.		2

Arto. 58 La Junta Directiva del Consejo Nacional de Educación se constituye por:

A: Junta Directiva

a) El Presidente de la República o en su defecto el Vicepresidente cuando lo delegue.

b) El Ministro de Educación.

c) El Director Ejecutivo del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec)

d) El Presidente del Consejo Nacional de Universidades.

e) El Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, de la Asamblea Nacional.

f) Los Presidentes de las Comisiones de Educación de los Consejos Regionales Autónomos.

g) Un representante de las Universidades Privadas.

h) Un representante por los educadores de la educación superior y un representante de la educación superior.

Elaborar y presentar a la Asamblea del Consejo, sus funciones y reglamentos internos para su respectiva aprobación. Se reunirá dos veces como mínimo cada seis meses.

B. La Asamblea del Consejo Nacional de Educación se constituye por:

a) El Presidente de la República o en su defecto el Vicepresidente.

b) El Ministro de Educación.

c) El Presidente del Consejo Nacional de Universidades.

d) El Director Ejecutivo de Inatec.

e) Los Secretarios Generales de los Sindicatos Nacionales, Federaciones, Confederaciones o Centrales de Representación Nacional de Docentes organizados en los distintos niveles de la educación.

f) Los representantes de las Asociaciones Profesionales de Periodistas y Trabajadores de la Información y los Medios de Comunicación Social.

g) Los Secretarios Generales de los Sindicatos Nacionales o Federaciones Nacionales de trabajadores no docentes que laboran en centros educativos.

h) Un representante de los Padres de Familia.

i) Un representante de las redes de Organizaciones de la Sociedad Civil del sector educativo.

j) Un representante de los estudiantes.

k) Un representante de los Colegios Privados.

l) Los Secretarios de Educación de los Gobiernos Regionales.

m) Un representante por cada organización de estudiantes universitarios.

n) Un representante por los estudiantes de educación media, Centros Subvencionados y un estudiante por educación técnica.

o) Un representante por cada Organización de Universidades Privadas.

La Asamblea del Consejo Nacional de Educación se reunirá una vez como mínimo cada seis meses.

Muchas gracias, Presidente.

Hay dos cosas que me llaman la atención, Presidente. Una de ellas es que cuando se aprobó esta ley aquí, existía en su gran mayoría una bancada sólida del Frente Sandinista, votando por este tipo de iniciativas. Mi pregunta es para esa bancada. ¿Cómo es que esta ley fue buena para delegar estas funciones en el Vicepresidente de la República hace apenas dos años y medio y hoy en día esas mismas funciones se le quieren quitar, cercenar o disminuir y pasárselas al Presidente?, quien debería de estar enfocado en asuntos que verdaderamente hoy por hoy son la principal prioridad de esta nación como es el tema económico, el tema que tiene que ver con todo lo relacionado con la crisis mundial.

Y lo segundo, Presidente, es para usted y la Junta Directiva. Probablemente pudo ser válida esta discusión en un tiempo, pero hoy tenemos un montón de leyes que les he escuchado decir a todos ustedes, sobre todo a la Bancada del Frente Sandinista, que hay leyes importantísimas para la nación. Yo me sumaría, por ejemplo, por qué no estamos discutiendo ahorita, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que es bien importante porque necesitamos darle garras y dientes a esa Contraloría, para que pueda ejercer las funciones para las cuales ha sido creada, y que actualmente sigue siendo una de las instituciones del Estado más desprestigiada, y poner en el Orden del Día verdaderamente leyes que sean meritorias para la situación que atraviesa la nación, y no este tipo de leyes que pueden esperar, porque no tienen ninguna prioridad para los asuntos nacionales de los nicaragüenses.

Muchísimas gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputada Xochilt Ocampo.

DIPUTADA OLGA XOCHILT OCAMPO ROCHA:

Muchas gracias, compañero Presidente.

Voy a iniciar mi intervención leyendo una frase que me gustó mucho. Y es que tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre, y el hombre no es más que lo que la educación hace de él.

Voy a recordarles un poco a los diputados y diputadas que al parecer están muy confundidos y enredados, el porqué se dictaminó favorablemente esta iniciativa de reforma de la Ley General de Educación. Les recuerdo que aquí en nuestro país, el 11 de enero del 2007 se declaró la educación gratuita, y ¿por qué les recuerdo esto? Porque a algunos se les olvidó, y sobre todo a los que están votando en contra esta mañana, que su Gobierno se encargó de privatizar la educación. Y no me extraña ver a un ex-Ministro votando en contra, claro, si hasta les negó el vaso de leche a los niños, qué le importa a él votar en contra de esta ley, porque además van a estar en contra de todo, de eso estamos claros. Aquí creen que ser oposición es estar en contra de todo lo que proponga el Frente Sandinista, pero yo les voy a aclarar. Por ejemplo, al diputado Vallejos que hoy ha querido salir como novato, quiero explicarle que en la Comisión de Educación cuando nosotros firmamos este dictamen, ahí su bancada tenía representantes, se me ocurre ahorita mencionar al diputado Wilber que era miembro de la comisión en ese entonces, pero él estaba presente en la discusión. Le digo esto porque él pregunta aquí que cómo es que nosotros firmamos este Dictamen, pues que le pregunte al diputado representante de su bancada, no que nos viene a preguntar a nosotros, para eso cada bancada tiene sus representantes. La lógica también, diputado García, es que se reforme la ley, en vez de que sea el Vicepresidente quien presida este Consejo, se le dé un mayor rango a la educación en este país. Y que no le extrañe a la derecha, que a partir de que ganó un Gobierno Revolucionario, pasa a ser prioridad; sé que muchos dicen aquí que el Presidente se encargue de otras cosas. Para el Presidente su prioridades es la educación, por eso es que estamos reformando y pidiendo que sea él quien dirija las políticas para la educación en este país, por consiguiente se está pidiendo reformar esto.

Yo le hago el llamado a la oposición a que no caigan en ese jueguito de estar en contra de todo, que analicen y vean que lo que se quiere es mejorar las políticas de educación, y quién mejor que el Presidente, que tiene toda la facultad de apoyar en la educación. Me decían, que pongan al Ministro, pero los ministros siempre tienen que consultar las decisiones que toman, mientras que aquí el Presidente es la mayor instancia y no tiene que consultar, porque él decide las políticas de educación.

Por eso yo les aclaro por qué se firmó este Dictamen favorable, para que este Consejo Nacional de Educación tenga alto rango; además, por si le interesa a la derecha saber, esta iniciativa de reforma fue consultada, no solamente es ocurrencia de los diputados sandinistas y de los que firmaron el Dictamen. Si les interesa saber lo que dijo por ejemplo el Foro Nacional de Educación o las diferentes instituciones que desfilaron por nuestra comisión, dijeron que estaban completamente de acuerdo, porque quién mejor que el Presidente para que atienda el tema educativo, y esto fue producto de la consulta que nosotros hicimos.

Señores diputados de la derecha, anteriormente no funcionaba este Consejo Nacional de Educación, cuando era el Vicepresidente quien lo atendía, pero a los gobiernos de la derecha nunca les importó la educación; en la misma consulta que se hizo, la gente que está involucrada -y les he dado algunos nombres-, dijo que nunca funcionó ese Consejo Nacional de Educación, por lo tanto sus Vicepresidentes nunca ejercieron esta función. Así que por eso estamos retomando este tema y esperamos que lo analicen, que también estudien con anticipación con estas leyes, para que tampoco vengamos aquí al plenario a atrasar por desconocimiento. Les pido que apoyemos y aprobemos esta ley, que no es más que darle la facultad al Presidente, que de por sí ya la tiene y lo ha hecho, le ha dado prioridad en su gobierno al tema de la educación.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Miguel Meléndez Triminio, tiene la palabra.

DIPUTADO MIGUEL MELÉNDEZ TRIMINIO:

Gracias, Presidente.

Respeto a la comisión que dictaminó la ley, porque tengo que ser respetuoso de eso. Me imagino que hicieron sus consultas, pero creo que en el desarrollo de un país está la salud, la infraestructura y la educación, sin embargo eso no quiere decir que el Presidente esté encargado de desarrollar estos temas, pues para eso tiene sus ministros. Coincido con los que han estado haciendo la exposición de que ahí está un ministro que representa al Gobierno, en este caso al Presidente de la República, y es quien tiene que coordinar y desarrollar las políticas de Estado en el tema educación.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Cerramos la lista de oradores con el diputado Mario Valle Dávila.

Tiene la palabra el diputado Wilber López Núñez.

DIPUTADO WILBER LÓPEZ NÚÑEZ:

Gracias, Presidente.

Por aclaración, soy miembro de la Comisión de Educación Cultura y Deporte, sin embargo no firmé ese Dictamen. De la Bancada Democrática Nicaragüense, ninguno de los miembros firmamos. Inclusive, aquí nuestros hermanos liberales del PLC se opusieron a la firma del mismo, ¿por qué? Ya que no contestaron a la pregunta del diputado Carlos García, de por qué el Presidente de la República tiene que presidir este honorable Consejo, creo que más que presidirlo es arrogancia, dejar plasmado eso en la ley. Considero que el Presidente de la República no necesita estar incluido en esa ley para llegar a ese Consejo de Educación, porque la prioridad en este país es la educación; y tiene que velar por ella el Presidente de la República, en eso estamos totalmente de acuerdo.

Por lo tanto, le digo a la diputada Ocampo que como miembros de esa comisión nos opusimos los diputados del PLC y la Bancada Democrática Nicaragüense, y proponemos que quede tal a como estaba anteriormente, porque si no es así, entonces ya no escojamos ni Vicepresidente de la República ni se le esté pagando al ministro de Educación, ¿para qué vas a hacer eso?, ya cambiá a ese funcionario y poné al Presidente de la República. ¿Para qué ponemos al Ministro de Educación? ¿Es que no tiene facultades acaso para tomar decisiones? Inicialmente se dijo que si el Presidente de la República quería ser parte de ese Consejo, sin estar plasmado en la ley puede participar en el mismo. Por lo tanto, nosotros nos oponemos, y que la ley quede como estaba anteriormente.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Eduardo Montealegre, tiene la palabra.

DIPUTADO EDUARDO MONTEALEGRE RIVAS:

Gracias, Presidente.

La discusión aquí es que si el Presidente o el Vicepresidente deben presidir este Comité. Con todo respeto a los miembros de la bancada del Frente Sandinista que han tomado la palabra, quisiera hoy defender la capacidad del Vicepresidente de la República, licenciado Jaime Morales Carazo, para presidir este Comité. No se trata de que si es de derecha o izquierda, como dijo la diputada Campos, sino que si el Presidente de la República tiene la capacidad, el tiempo o los conocimientos para presidir este Comité. El licenciado Jaime Morales Carazo fue fundador de la UCA, y me parece que sea de derecha, de izquierda o de centro, el Presidente de la República no tiene el tiempo, y en este caso ni los conocimientos para presidir dicho Comité, mientras que el primero tiene las facultades, conocimientos, la capacidad y el interés para presidirlo, desde el momento en que fundó la Universidad Centro-americana.

Estoy de acuerdo que debe seguir siendo el Vicepresidente de la República, como lo dijo el diputado López y como lo han dicho tanto los diputados miembros del PLC en la comisión, al igual que los nuestros y los del MRS, y que siga la ley tal y como está.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputado.

Diputada Martha Marina González, tiene la palabra.

DIPUTADA MARTHA MARINA GONZÁLEZ DÁVILA:

Gracias, compañero Presidente.

En primer lugar, creo que este Gobierno es el único que ha estado muy interesado en darle calidad a lo que es la educación. Nosotros vemos con el Programa “yo sí puedo”, para sacar del analfabetismo a este país, que los gobiernos neoliberales lo dejaron en más del 40%, que a más tardar en el mes de julio nosotros vamos a estar declarando territorio libre de analfabetismo Nicaragua.

Con el hecho de que hayamos dictaminado favorablemente esta iniciativa o esta reforma, no le estamos restando capacidad al Vicepresidente ni nada por el estilo, como decía el diputado. Nosotros sabemos la capacidad que tiene él, lo que estamos haciendo en este caso, es que por el alto grado de responsabilidad que el Gobierno le está dando a la educación y que nosotros vemos que en los gobiernos neoliberales en los dieciséis años prácticamente se olvidaron de la educación y más bien la habían privatizado, ahora como Gobierno estamos interesados en articular realmente el Sistema Educativo, y por eso vemos la reforma curricular que está haciendo también el Ministerio de Educación para darle calidad a la misma.

Entonces, por el alto grado de responsabilidad que tiene la educación, el Estado de Nicaragua es el que concibe que se forme ese Consejo, porque en los años anteriores no ha funcionado, aunque estaba delegado el Vicepresidente. Por lo tanto, al tener todas estas instancias como lo establece la ley y ser el Presidente de la República el primer ciudadano, con la más alta responsabilidad del país, creemos que va a funcionar. Tampoco se está diciendo que se va a reunir diario, sino por lo menos una vez al año o cada seis meses, como dice la ley. Tampoco creo que en las consultas que se hicieron, ninguno de los integrantes de este Consejo de Educación va a estar en contra de que esté el Presidente de la República, que es quien toma las decisiones también junto con estas personas que van a estar aquí.

Además, se pretende fortalecer el Sistema Educativo que ha estado desatendido, y sobre todo que se mejore la calidad de la educación, porque no le dieron importancia los gobiernos anteriores, como decía antes, incluso el Presidente anterior mandó a los maestros a que se hicieron comerciantes, y ese era el nivel que le daban a la educación. Si nosotros estamos hablando de una crisis económica, también la educación es una prioridad, para que tengamos nosotros un buen desarrollo. Un país iletrado es un país que no va a tener desarrollo, entonces necesitamos calidad en la educación, que se articule el Sistema Educativo, pero que además haya participación, no solamente del Ministro tomando las decisiones, sino de todos esos integrantes que estamos mencionando ahí en la Junta Directiva y el Consejo Nacional de Educación.

Por lo tanto, es importante que así como se ha estado pidiendo que haya diálogo y como lo ha venido promoviendo el Gobierno, un diálogo con los distintos sectores, imagínense ustedes estando el Presidente al frente del Consejo o de esta Directiva, discutiendo lo que son las políticas educativas de este país. Por eso estamos pidiendo el respaldo, y que se promueva que sea el Presidente quien presida esta Junta Directiva del Consejo Nacional de Educación, sin menospreciar la capacidad del Vicepresidente, porque estamos dejándolo en su defecto. Entonces, no estamos quitando las funciones a nadie ni se está menospreciando la capacidad, estamos diciendo que lo preside el Presidente de la República o en su defecto el Vicepresidente cuando lo delegue; si él tiene alguna ocupación y realmente comienza a funcionar este Sistema Educativo, estoy segura que el Presidente va a delegar al Vicepresidente por la capacidad que tiene. Así que, pido el respaldo para que aprobemos la reforma a esta Ley 582. Creo que todo debe ser en aras de mejorar y de articular el Sistema Educativo que lo dejaron desarticulado los gobiernos neoliberales.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputada.

Diputado Francisco Jarquín, tiene la palabra.

DIPUTADO FRANCISCO JARQUÍN URBINA:

Presidente, nosotros como Bancada Liberal sí creemos y estamos convencidos de que la educación es algo primordial y fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Considero que la discusión de este artículo, realmente no tiene mucho sentido ¿Cuál es el interés por el que se ha plasmado que el Presidente de la República esté dentro de esta comisión? Primero, porque como que se nos olvida cómo está estructurado el Gobierno, cómo está estructurado en este caso el Poder Ejecutivo, si ya se sabe de antemano que el Presidente es el Jefe Supremo y vamos hablar aquí de todos los ministerios, de todos los entes autónomos. Yo no le hallo sentido verdaderamente, por qué siendo el Presidente quien dicta las políticas a través de sus ministros, pueda estar metido en cada una de las comisiones de los diferentes ministerios; es algo contradictorio. Me parece que los ministros han sido electos por sus cualidades, por sus conocimientos, por la carrera administrativa; en este caso, por la carrera, las capacidades y el conocimiento de la educación, como también hay un sinnúmero de técnicos especialistas que se han preparado y han hecho estudios comparados para poder tomar decisiones de cambios en las políticas de educación. Entonces, sinceramente a ese punto no le encuentro sentido porque no es el Presidente al que le va a dar el tiempo, ni quien va a aportar lo insumos técnicos para que se mejore o se empeore una política educativa, debe ser siempre el gran interés del Presidente que a través del Ministerio de Educación se mejore la educación.

Creo que los aportes que se han hecho a la educación en los diferentes gobiernos han sido significativos, se ha mejorado la infraestructura en los diferentes municipios a través de los gobiernos municipales y cada quien ha implementado su propia política. Si yo me voy a las escuelas actualmente, a la escuela que iba anteriormente, sí hay dificultades. Pienso que la situación económica del país va a seguir siendo insuficiente para que nosotros les demos las respuestas necesarias a cada uno de los centros educativos del país y para que los profesores tengan todos los medios necesarios para poder impartir sus clases en las mejores condiciones. De la misma manera que al haber limitado que los padres de familia tengan una mayor beligerancia en la educación, a veces en las escuelas se carece prácticamente de materiales didácticos, utensilios de limpieza y un sinnúmero de situaciones. Sí creo que el interés del Gobierno de ampliar la cobertura de educación es buena, pero para eso está el Ministro y todo el equipo técnico que implementará en este caso las políticas que está dictando el Presidente de la República.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Pedro Joaquín Chamorro, tiene la palabra.

DIPUTADO PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO BARRIOS:

Gracias, señor Presidente.

Concuerdo con los honorables diputados que han objetado que el Presidente de la República presida la Junta Directiva del Consejo Nacional de Educación tal y como está en esta reforma. En primer lugar, porque él ya está representado, a como estaba antes en la ley, por el Vicepresidente, por el ministro de Educación que lo nombra el mismo, y por el Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico Inatec; tiene suficiente representación, es el Presidente, y de todas maneras él preside el Gabinete de Gobierno, que es donde se fijan todas las políticas de Estado, si es que dicho Gabinete se reúne y si es que éste llega a tiempo, porque el Presidente tiene la costumbre de llegar con un retraso significativo, prácticamente a todos los actos públicos, ya no digamos si lo incluimos en este Consejo Directivo Nacional de Educación. Yo diría que las posibilidades de que llegue de todas maneras son muy pocas, y en caso de que lo haga sería muy tarde.

Entonces, la posición nuestra es que la ley quede como está, que este Consejo lo siga presidiendo el Vicepresidente, que siempre se ha dicho que tiene muy pocas funciones, y en este caso particular, en este Gobierno, es una persona idónea para presidirlo, porque tiene una vasta capacidad en el ámbito educativo, el licenciado Jaime Morales Carazo.

Así que, yo me sumo a las voces de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, y que se oponen a que el Presidente de la República asuma directamente esta función de presidir la Junta Directiva del Comité Nacional de Educación.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputada María Dolores Alemán, tiene la palabra.

DIPUTADA MARÍA DOLORES ALEMÁN CARDENAL:

Gracias, señor Presidente.

Quiero decir que soy miembro de la Comisión de Educación. Nosotros estuvimos discutiendo esto en varias sesiones y ninguno de los diputados de corriente liberal estuvimos de acuerdo, primero, porque no le vimos sentido, y segundo, porque nosotros estamos viendo a Nicaragua hacia un siglo XXI. Nicaragua ha venido descentralizándose, y el Presidente no puede ser un presidente orquesta. Las leyes no están hablando sobre el presidente Ortega, sino sobre los futuros presidentes de la República. Para eso el Presidente tiene un Gabinete y ha nombrado a un Ministro que puede ser y es parte de esta Junta Directiva. Estamos a favor de que la ley quede tal como está, por eso no firmamos ese Dictamen, ni tampoco hicimos uno de minoría, porque queremos y respaldamos la ley actual.

Les voy a pedir a los diputados, que sean conscientes y que no estén tratando de ver hacia atrás. Nicaragua ha venido luchando, y usted Presidente ha sido ejemplo en esta Asamblea Nacional, al modernizar el Parlamento. No podemos permitir que un gobierno venga a seguir centralizando todos los entes del Estado. El Presidente no tiene tiempo para estar en todas las Juntas Directivas, no va a estar en la de Enacal, aunque el problema de agua es importantísimo; no va a estar en la de Educación; no va a estar en la de Salud, porque para eso tiene ministros, para eso ha delegado, para eso se está descentralizando el Estado. Así que yo les pido a mis colegas, que rechacemos esta moción de reforma a la ley y que votemos que quede a como está en estos momentos.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.

DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:

Gracias, señor Presidente.

Coincido plenamente con María Dolores, en que una ley no puede ser hecha para el gobierno anterior ni para este Gobierno o porque si es bueno el Presidente o es mejor el Vicepresidente, la ley se hace pensando en cualquier gobiernos y en que el día de mañana, en una lógica democrática puede haber un gobierno liberal. Los Consejos Nacionales no hay que confundirlos con los ministerios, estos son agrupaciones de organismos e instituciones, inclusive ministeriales, y aquí en el Consejo Nacional de Educación hay varios organismos fuera del ministerio y que no se subordinan al Ministro. Precisamente por eso, los Consejos Nacionales: el Consejo Nacional de Infraestructura, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el Consejo Nacional de Defensa y Desastres Nacionales, es presidido por el Presidente de la República, en todos los casos, sólo éste fue presidido por el Vicepresidente.

Voy a dejar al Presidente de la Comisión Económica, que es quien estaba cuando se hizo esta ley, para que deje claro el porqué quedó así, que fue debido a una circunstancia, pues la lógica es que el Consejo Nacional sea presidido por el Presidente y en su defecto por el Vicepresidente. Porque los Consejos Nacionales son para ver política, no para ver ejecuciones, que es lo que ven los ministros, y ahí van varios ministros, y si vos ponés a un ministro coordinando a otro ministro, vas a tener choque de coordinación horizontal y problemas de gobernabilidad en ese sector, por eso es que los Consejos Nacionales los ve y los coordina el Presidente de la República, no es ningún otro interés, y esa fue la razón.

No estamos viendo la Ley Orgánica de la Contraloría, porque la Presidenta de la Comisión de Probidad pidió un día más para consensuar mociones que quiere presentarnos a nosotros en el plenario. Entonces, por eso es que no estamos viendo esta ley, que es importante, pero estamos viendo esta otra que si se quiere no tiene la trascendencia de la anterior, sin embargo tiene importancia porque la educación estratégicamente hablando es vital para un país. Por eso es que tanto el Consejo Nacional de Educación, como el Consejo Nacional de Defensa y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana son presididos por el Presidente de la República, sea hoy o sea mañana, sea quien sea; si de repente otro va a decir, ahora sí, que sea el Presidente porque tiene más capacidad que el Vicepresidente, no creo que sea esa la lógica para analizar los Consejos Nacionales. Por eso yo les diría que reflexionemos con frialdad y que respaldemos esta moción de cambio a la ley planteada.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚNEZ TÉLLEZ:

Diputado Carlos Langrand, tiene la palabra.

DIPUTADO CARLOS LANGRAND HERNÁNDEZ:

Gracias, Presidente.

Pareciera que algunos diputados desconocen que el proceso de formación de la ley contempla que una vez dictaminada una iniciativa de ley, el plenario es el foro por excelencia para debatirla y para introducir mociones. El hombre es el único animal que se tropieza con una piedra y continúa haciéndolo una y otra vez. Después de dos años de desatinos en nuestra política económica y social, pareciera que los colegas de la Bancada del Frente Sandinista le temen al debate, al diálogo y a la apertura de nuevas ideas.

Coincido plenamente que los graves problemas que la nación está sufriendo en estos momentos, insisto, la baja en las donaciones, en la ayuda del Grupo de Apoyo Presupuestario, la baja de nuestras remesas, Presidente, la baja que tenemos con nuestras exportaciones, que sólo en los primeros tres meses se habla de menos del 30%, la baja en nivel de empleo y todas estas cosas, significa que si nosotros los nicaragüenses no enfrentamos con valentía, con inteligencia, con creatividad los retos que demandan estas nuevas condiciones, difícilmente el presidente Ortega va a entregarnos dentro de tres años un gobierno por lo menos igual que el que recibió. Por eso es importante que los diputados de la bancada oficialista entiendan que únicamente a través de un debate de altura, de una persuasión para que se les apoye en su iniciativa de ley y no que a través de ofensas y de señalar únicamente los últimos dieciséis años, las iniciativas de ley van a encontrar una férrea oposición.

Por lo tanto, los invito a que cuando alguien de ellos se arrogue el derecho de tomar la palabra, trate de hacerlo de manera constructiva, porque cuando mencionan que en los dieciséis años no se ha hecho nada en materia de educación, quiero decirle que precisamente es el titular de la nación, el presidente Ortega, quien está reduciendo de 5,450 millones de córdobas en el presupuesto del Ministerio de Educación, a un monto de 5,300 millones, es decir, son 150 millones menos que él, a través del ministro de Hacienda y Crédito Público, está enviando a esta Asamblea Nacional en sus proyectos de reforma a la Ley de Presupuesto.

También las universidades están recibiendo 80 millones de córdobas menos por efecto de una reducción en más de 2,600 millones de córdobas de nuestro Presupuesto; o sea 80 millones de un total de 2,100 millones de córdobas. Creo que eso significa estar en contra de los estudiantes, sin embargo no estamos fustigando, sí estamos haciendo señalamientos de que esta Junta Directiva del Consejo Nacional de Educación, perfectamente puede quedar a como está, que el Vicepresidente sea quien participe y lo dirija. Hay tantos temas importantes por los que demandamos la atención de nuestro presidente Ortega, como es el tema de los más de 3,000 millones de córdobas que la Contraloría ha aprobado a este Gobierno, con exclusión de procedimiento y sin licitación pública; los más de 150 millones de córdobas que la Alcaldía de Managua igualmente está pidiendo con trámite de urgencia sin licitación pública, el tema de Enacal que tenemos, un país cortado…

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Langrand, concrete por favor. Está tocando temas ajenos a lo que estamos tratando.

DIPUTADO CARLOS LANGRAND HERNÁNDEZ:

Tiene una relación, Presidente, la disminución en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública y en la asignación a las universidades, por eso es que yo demando que en vez de que esta bancada esté proponiendo que el presidente Ortega integre una comisión más, se dedique de manera responsable a atender los graves problemas de nuestra nación.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado José Pallais Arana, tiene la palabra.

DIPUTADO JOSÉ PALLAIS ARANA:

Muchas gracias, señor Presidente.

Siento que esta discusión es estéril y que desconoce la Constitución de la República. Y digo que la desconoce, porque nuestra Carta Magna es clarísima al señalar cuáles son las facultades, las atribuciones y las competencias del Presidente de la República. Es el Jefe de Estado, es el Jefe de Gobierno quien debe estar dirigiendo al mismo en todos los asuntos, fijando las prioridades, determinándolas y manejándolas, más en un país pobre o un país empobrecido como el nuestro en que todo es prioridad, y la prioridad no se establece por una ley, ni ésta ni ninguna otra puede estar por encima de la Constitución Política, ni asignar más competencia que la que ya tiene el Presidente de la República como Jefe de Gobierno, a quien se subordinan todos los órganos del Estado y por lo que existen los ministros de Estado y todos los demás funcionarios que pertenecen al Poder Ejecutivo.

Por eso creo estéril la discusión de esta ley, porque el Presidente de la República en cualquier momento puede llamar a cualquier Consejo para asesorarlo o comparecer ante él, y dirigirlo por las facultades constitucionales. No aporta absolutamente en nada que aquí digamos que el Presidente de la República preside un Consejo. Además, señor Presidente, quisiera decir que tal vez se quiere corregir con esta redacción, un error en que incurrieron los diputados anteriormente, al poner al Vicepresidente de la República a presidir este Consejo. Con esto también se desconoce la Constitución Política de la República, porque no puede el Poder Legislativo, asignarle por ley atribuciones al Vicepresidente de la República; recordemos lo que dice la Carta Magna, el Vicepresidente de la República tiene las funciones que le delega el Presidente de la República, y si éste no le delega, mal hacemos en estar delegándole.

Así que, creo que esta discusión es estéril, que debería suprimirse el inciso a), y si el Presidente de la República tuviera un compromiso con la educación, perfectamente todos los días podría convocar al Consejo a su despacho y dirigirlo de acuerdo al marco constitucional que le faculta para ello.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Javier Vallejos, tiene la palabra.

DIPUTADO JAVIER VALLEJOS FERNÁNDEZ:

Gracias, señor Presidente.

Realmente, como dice el doctor Pallais, aquí hay muchos elementos legales y constitucionales que se obviaron y se están tratando de obviar en este momento, pero realmente el enfoque iba a ser específicamente basado en la pregunta que yo hacía al inicio, ¿en qué va a beneficiar a la educación del país? Sin embargo, la diputada Xochilt Ocampo y algunos de sus compañeros de bancada, tocaron temas que son evidentemente muy importantes, sobre todo el hecho que se señala de que este Gobierno sí se ha preocupado por la educación. Y ya lo decía Carlos, no sé qué tanto será la preocupación al disminuir en la reforma de este Presupuesto 2009, casi 150 millones de córdobas en educación y en las universidades 80 millones. Por el contrario de lo que sucedió en gobiernos anteriores, que al Ministerio de Educación se le elevó desde los mil millones hasta los 4,000 millones, y a las universidades de 600 a 1000 millones de córdobas, sin la presión de los morteros, ahora bien se habla de favorecer a la educación.

¡Hombre! creo que con la falta de transparencia y el corte de la ayuda presupuestaria se va a ver afectado el 6% que se les da a las universidades, y eso no ha sido responsabilidad de los maestros, ni de la derecha, ni de los estudiantes, ha sido responsabilidad del Presidente de la República, quien ahora su bancada lo quiere poner a presidir esta Directiva de la Comisión Nacional de Educación.

Hay algo muy importante, tal vez no está actualizado el Presidente de la República o la bancada, pero en la gerencia moderna, el éxito está en saber delegar, y supongo que la selección minuciosa que hizo de sus ministros es por su capacidad, y si bien es cierto es él quien determina las políticas de este Gobierno, que debería de ser sin consultarle a nadie, como dice la diputada, lo cual sabemos que no es cierto porque conocemos a quién le tiene que consultar, y tanto así que hasta la lleva a la cumbre de Presidentes. No es cierto, creo que debe delegar en sus ministros y que tiene la capacidad, al menos eso esperamos, y no dejarlo casi al nivel de pelele, con todo el respeto que se pueden merecer.

Por último, no sé cuál de los diputados del Frente Sandinista decía que el Presidente de la República debe presidir los Consejos más importantes del país, y yo creo que le deberían de llevar la sugerencia al mandatario que mañana mismo por Decreto empiece a presidir los Consejos del Poder Ciudadano que no los preside él, sino su consejera. Entonces, creo que estamos dándole vuelta a un tema que está más que claro, porque no tiene ni la capacidad, ni el tiempo, ni la necesidad, sobre todo cuando no se le está dando la importancia debida a la educación en estos momentos y en estos dos últimos años. Cabe señalar que el aumento para los maestros quedó determinado en un 12% en el Presupuesto, cuando en años anteriores se alcanzó hasta el 18% y 20 % en aumento salarial para los maestros. Así que, veamos las cosas con seriedad y objetividad. Hago un llamado a los diputados en ese sentido, para que dejemos la ley como está y que no hagamos ninguna reforma.

Gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Mario Valle Dávila, tiene la palabra. Es el último orador.

DIPUTADO MARIO VALLE DÁVILA:

Muchas gracias, Presidente.

Realmente me sorprende muchísimo el desconocimiento que hay del tema de la educación en este foro de la Asamblea Nacional. Verdaderamente miro con preocupación cómo se intenta politizar la educación. La Ley General de Educación es una ley que llevó diez años su conformación, hicimos una consulta a nivel nacional. Esto se los digo a los que no conocen este tema. Esta ley la debatimos en todos los Departamentos del país y en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur, y lo digo con propiedad, porque en ese momento aunque yo no era legislador, pero era Rector y estuve en esa comisión. Sorprendentemente cuando nosotros aprobamos y consensuamos entre todos los órganos del sector educativo, una de las cosas que propusimos precisamente en la discusión de esta ley, era que el Presidente de la República debía presidir el Consejo Nacional de Educación. Como muy bien decía por ahí la diputada, creo que era María Eugenia Sequeira, el problema es que la educación no puede estar en dependencia de voluntades del Presidente que esté de turno.

Los Acuerdos de da Dakar de los cuales nosotros somos suscriptores, como muy bien lo decía el diputado José Pallais, tienen correspondencia con nuestra Constitución. La Constitución Política le fija al Presidente de la República sus atribuciones en términos de lo que es la dirección del Estado, y quiero decirles, porque seguramente no conocen la ley muchos colegas, que el artículo 56 de la Ley General de Educación dice claramente: “El Consejo Nacional de Educación es el órgano superior del Estado”, oigan bien esto colegas liberales, el Consejo Nacional de Educación es el órgano superior del Estado. Los he escuchado aquí, hablando de que esta autoridad se debe delegar en el Ministro, que si el Presidente tiene tiempo o no tiene tiempo. Colegas, la primera responsabilidad del Presidente es la educación, ¡qué lástima que no entiendan eso! Y me preocupa que no lo entiendan.

Yo puedo entender que el presidente Bolaños haya pedido que no lo pusieran al frente del Consejo Nacional de Educación porque declinó y no se obligó y dijo que él no era partícipe de eso, porque precisamente esto trae inmensas responsabilidades. No voy a descubrir el agua tibia, Presidente, pero en el roce que tienen los colegas con los políticos o con los ministros de otros países, pregúntenles (a los asiáticos), cuáles han sido sus éxitos, en qué está sustentado el desarrollo de sus economías todos hablan de la inversión en la educación.

Quiero recordar también a los colegas que se están oponiendo a esto, que en la Ley General de Educación precisamente se vetó la parte donde se establecía un aumento proporcional del “PIB”, y lo vetó el ex-Presidente de la República Enrique Bolaños. No estaríamos hablando de aumento a los maestros si eso no hubiera sido vetado. Oigo con preocupación que se está hablando de que se debe delegar esto en el ministro de Educación. Les quiero decir en este momento, que yo formo parte de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Educación, y nos hemos reunido cuatro veces, de las cuales tres han sido desayunos. Me da la impresión de que hay una visión muy corta de algunos colegas cuando miran al Ministerio de Educación. ¿Acaso el ministro de Educación tiene competencia sobre las universidades? ¿Acaso el ministro de Educación tiene competencia sobre la Asociación de Padres de Familias de los colegios privados?, ¿Acaso el ministro de Educación tiene competencia sobre el Inatec o sobre los institutos tecnológicos? El ministro de Educación tiene competencia sobre el Inatec, como muy bien lo decía el diputado Palláis.

Cuando se hizo esta ley, se debió de haber dejado claro que es el Presidente quien presidirá el Consejo si la Constitución lo fija, y esto va a traer responsabilidades únicamente para el Presidente. Este no es un problema de que quién está de turno, la norma mundial en estos momentos en los países que han logrado salir del subdesarrollo es que han atendido este artículo 56 que se los vuelvo a leer, colegas: “El Consejo Nacional de Educación, es el órgano superior del Estado y es el único que tiene la capacidad de articular todo el Sistema Educativo”. Aquí no estamos hablando de primaria o secundaria, ¡qué lástima que no entiendan! Aquí estamos hablando de que también está el sector privado. Cuántas veces no hemos hablado de que se producen profesionales para la desocupación. ¿Dónde está la articulación de todo el Sistema Educativo? Insisto en lo que decía el diputado Palláis. Es deber del Presidente, es obligación del Presidente dirigir este Consejo, y no es un problema, diputada María Eugenia Sequeira o diputado Vallejos, de que si va a tener tiempo, es que debe tenerlo, y si no, se lo tenemos que exigir.

Aquí se quiere ver la educación como un problema de segundo piso. Están hablando de las políticas económicas, ¿es que no se dan cuenta cómo es que se produce la riqueza? La riqueza se produce con educación, y si este Presidente está dispuesto a asumir la conducción del Consejo Nacional de Educación, pues creo que esta es una oportunidad que no se puede perder.

Así que quiero Presidente, a la vez de hacer esta argumentación, presentar una moción, por un problema de redacción que tiene el artículo 58, en el inciso h), que habla de un representante por parte de la educación superior, y en la otra parte es un representante de la educación no superior. Voy a presentar la moción.

Pero para finalizar, quiero decirles a los colegas, que cuando esta ley se terminó de aprobar estaba don Eduardo Gómez al frente del Parlamento. Además, la Asamblea General del Consejo Nacional de Educación, precisamente por un problema de conducción no ha logrado reunirse ni una sola vez desde que se aprobó la Ley General de Educación, porque el que la dirige no tiene la fuerza de ley, no tiene la fuerza que da la Constitución, como muy bien lo señalaba el diputado Palláis. El órgano superior del Estado en materia educativa debe ser dirigido por la persona que tiene atribuciones para dirigir el Estado, que en este caso es el Presidente de la República.

Muchas gracias, Presidente, y presento moción.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Pasamos entonces a la votación del artículo 1.

Hablaron más de dieciséis compañeros y compañeras y no hubo ninguna moción escrita.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

42 votos a favor, 3 presentes, 35 en contra, 5 abstenciones. Se aprueba el artículo 1.

SECRETARIO ALEJANDRO RUIZ JIRÓN:

Arto. 2 La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el artículo 2.

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

40 votos a favor, 9 presentes, 33 en contra, 4 abstenciones. Se aprueba el artículo 2, y con él se aprueba la Ley de Reforma a la Ley No. 582, Ley General de Educación.

SECRETARIO ALEJANDRO RUIZ JIRÓN:

Honorables diputados, siempre en la Orden del Día No. 2, en el Punto 2.20: DECRETO DE ELEVACIÓN A CATEGORÍA DE CIUDAD AL POBLADO SEDE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MUY MUY.

Diputado
Ing. René Núñez Téllez
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho

Señor Presidente:

“Si la Patria es pequeña uno grande la sueña”, con la filosofía de nuestro inmortal poeta Rubén Darío, los suscritos diputados de conformidad al artículo 138 y 140 inciso 1 de la Constitución Política y al Arto. 89 inciso 4, Arto. 90 de la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su debido trámite la presente exposición de motivos, fundamentación y el Proyecto de Decreto para elevar a categoría de ciudad al actual poblado, sede de la cabecera del Municipio de Muy Muy, cumpliendo así con la voluntad de su pueblo y de la municipalidad.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Buenos días compañeras y compañeros diputados. Son exactamente las diez de la mañana menos quince segundos y a esta hora, vamos a pedirle a nuestra Segunda Secretaria que nos verifique el quórum.

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

“Artículo 21.- El titular de una concesión de exploración tiene derecho inherente y preferente dentro de un plazo de hasta nueve meses, que pueden ser prorrogados por el Ministerio de Energía y Minas por un plazo igual, después de finalizada la concesión de exploración, a optar por una concesión de explotación, siempre y cuando haya cumplido con los compromisos y obligaciones adquiridos en el contrato de exploración y además haya desarrollado los estudios técnicos necesarios sobre los cuales se sustenten la ubicación y perforación de los pozos de exploración, durante el plazo de vigencia de la concesión de exploración, o sus prórrogas. El Ministerio de Energía y Minas, podrá comprobar el grado de cumplimiento y otorgará la concesión en un período de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”.

Artículo 25.- El titular de una concesión de explotación será propietario de la energía eléctrica producida por el vapor geotérmico, mientras el contrato de explotación tenga vigencia. Corresponde al Ministerio de Energía y Minas, de conformidad a las estrategias y políticas nacionales aprobadas, mediante acuerdo con el concesionario, garantizar como primera opción la cobertura de la demanda de energía eléctrica del país”.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría deben actuar libres de influencias políticas o de cualquier índole.

Su criterio debe ser independiente, libre de prejuicios o intereses, con el fin de preservar la imparcialidad y objetividad a las que la institución está obligada. Los miembros del Consejo Superior y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría están éticamente obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún interés personal, o de cualquier naturaleza, que constituya un impedimento para desempeñar sus funciones con la debida imparcialidad y objetividad.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría deben actuar invariablemente según el mandato de la ley y evitar interpretaciones subjetivas.

En el proceso administrativo, se debe asegurar el respeto a las garantías y derechos constitucionales, y otorgar la debida intervención y derecho a la defensa.

Los servidores públicos que ejercen labores de auditoría deben aplicar los criterios técnicos que correspondan para asegurarse de que sus conclusiones se funden en evidencia suficiente, competente y pertinente sobre todo cuando éstas puedan dar origen al establecimiento de responsabilidades y a la imposición de sanciones.

Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior que no tienen carácter estatal, y que reciben bienes o recursos del Estado, estarán sometidos al control del Órgano Rector, quien lo aplicará o ejercerá sobre los aportes que se hayan transferido. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior estatales están sometidos al ámbito de aplicación de esta ley. La aplicación del sistema de control y fiscalización se realizará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley No. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera.

Tratándose de entidades, organismos y personas del sector privado que recibieren bienes, asignaciones, subvenciones, participaciones ocasionales o estén relacionados con el uso de recursos del Estado, el control de la Contraloría General de la República se aplicará en lo que atañe a los fondos percibidos.

1. Un porcentaje suficiente no menor al equivalente del Uno por ciento (1%) de los Ingresos Tributarios del Presupuesto General de la República.

2. Las que provinieren de donaciones; y

3. Las previstas en otras disposiciones legales.

Para asegurar el flujo de recursos financieros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público acreditará en la cuenta especial correspondiente abierta a órdenes de la Contraloría General de la República, tal y como lo regula la Ley del Presupuesto General de la República la asignación para gastos de su funcionamiento prevista en el Presupuesto General de la República.

1. Efectuar auditorías financieras, de cumplimiento, operacionales, integrales, especiales, informática, ambientales, forense, de gestión y de cualquier otra clase en las entidades y organismos sujetos a su control, ya sea individualmente o agrupados en el sector de actividad pública objeto de la auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (NAGUN).

2. Dictar políticas, normas procedimientos y demás regulaciones para:

a. El funcionamiento del control interno.

b. La práctica de la auditoría gubernamental, interna o externa, en cualquiera de sus modalidades.

c. La observancia de los principios de ética profesional de los funcionarios de la Contraloría General de la República y de los auditores gubernamentales; y

d. El cumplimiento de las demás funciones que le confieren la Constitución y las leyes.
3. Fiscalizar la realización de proyectos de inversión pública, empleando las técnicas de auditoría y de otras disciplinas necesarias para lograr el control de cada una de sus fases; cuando considere necesario podrá: Calificar, seleccionar, y contratar firmas de contadores públicos independientes profesionales para la fiscalización de dichos proyectos.

4. Nombrar y destituir a los Auditores Internos de las Unidades de Auditorías Internas de las Entidades u Organismos de la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

5. Evaluar los planes y la calidad de las auditorías efectuadas por las unidades de auditoría interna.

6. Calificar, seleccionar, registrar y autorizar la contratación de manera exclusiva, de firmas de contadores públicos independientes, para efectuar auditorías gubernamentales independientes en las Entidades y Organismos sujetos a control, y supervisar sus labores, así como evaluar el trabajo de auditoría previamente autorizado.

7. Examinar y evaluar la correcta recaudación y manejo de los fondos públicos y llevar a cabo auditorías especiales con respecto a los ingresos, tributarios o no tributarios, de las entidades y organismos públicos, dictaminando en el caso de no existir base legal para el cobro de determinados ingresos, que se deje de recaudarlos.

8. Examinar, evaluar y recomendar las técnicas y procedimientos de control interno incorporados en los sistemas operativos, administrativos, de información, de tesorería, presupuesto, crédito público, compras y contrataciones de bienes, obras y servicios.

9. Ofrecer y en su caso coordinar la capacitación de los servidores públicos en las materias de sus competencias por intermedios de su Centro de Capacitación.

10. Evaluar y fiscalizar la aplicación de los sistemas de contabilidad gubernamental y de control de los recursos públicos.

11. Evaluar la ejecución Presupuestaria de las Entidades y Organismos de la Administración Pública.

12. Formular recomendaciones para mejorar las operaciones y actividades de las Entidades y Organismos sujetos a su control.

13. Requerir a los respectivos funcionarios y empleados que hagan efectivos el cobro de las obligaciones a favores de Entidades y Organismos de la Administración Pública, y que cumplan las que a dicha Entidad y Organismo correspondan.

14. Establecer responsabilidades individuales administrativas, responsabilidades civiles así como presumir responsabilidad penal.

Recibos fiscales que son los que deberán extender las receptorías fiscales de la República.

Los recibos de otras oficinas públicas.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República, podrá crear las áreas de Apoyo que estime necesario para el desarrollo de las atribuciones de la Contraloría General de la República las que serán aprobadas por dicho Consejo Superior, de igual forma podrá crear las delegaciones territoriales que estime necesarias para el desempeño de su labor fiscalizadora.

En casos de organismos o entidades sujetos a esta ley cuya estructura, número, tipo de operaciones o monto de los recursos administrados no justifiquen el funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia, la Contraloría General de la República evaluará dichas circunstancias y, de considerarlo procedente, autorizará que las funciones de los referidos órganos de control y fiscalización sean ejercidas por la unidad de auditoría interna del órgano de adscripción.

En el marco de las normas, políticas, regulaciones, reglamentos, disposiciones y más instrumentos indicados, cada institución del Estado, cuando considere necesario, dictará las normas, las políticas y los manuales específicos para el control de las operaciones a su cargo. Contraloría General de la República, verificará la pertinencia y la correcta aplicación de las mismas.

El control interno está presente en la mayor parte de la administración de una entidad. Comprende los planes métodos y procedimientos utilizados para cumplir la misión, alcanzar las metas y objetivos y respaldar la gerencia basada en el desempeño. El control interno también contribuye a la defensa y protección de los activos y a la prevención y descubrimiento de errores e irregularidades. El control interno es sinónimo de control gerencial y ayuda a la Administración Pública para lograr los resultados deseados mediante un efectivo manejo de sus recursos.

La estructura del sistema de control interno debe basarse al menos en los siete principios que rigen a la Administración Pública siendo estos: Equidad, Ética, Eficacia, Eficiencia, Economía, Rendición de Cuentas y Preservación del Medio Ambiente.

En todo caso, los organismos y entidades de control externo a que se refiere este artículo están obligados a responder ante la Contraloría General de la República no solamente de sus sistemas de administración, sino también sobre los resultados obtenidos inclusive en sus labores de control externo, cuando estén involucrados fondos públicos.

El control sucesivo sobre la gestión del Presupuesto tiene el fin último de favorecer una mayor funcionalidad de la Administración Pública a través de la valoración en su conjunto de la economía-eficiencia de la acción administrativa y de la eficacia de los servicios suministrados.

La auditoría Gubernamental comprenderá principalmente auditorías financieras, de cumplimiento, operacionales, integrales, especiales, informática, ambientales, forense, de gestión y de cualquier otra clase en las entidades y organismos sujetos a su control, ya sea individualmente o agrupados en el sector de actividad pública objeto de la auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (Nagun).

La Auditoría Gubernamental será practicada por la Contraloría General de la República, por las Unidades de Auditorías Internas y las firmas privadas de contadores públicos independientes previamente autorizadas.

A título de Auditoría Gubernamental, no se podrán modificar las resoluciones adoptadas por los servidores públicos en el ejercicio de sus facultades o competencias, cuando ellas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares; pero, si se podrán examinar para los fines del control que corresponde ejercer sobre la conducta administrativa de aquellos.

Los auditores y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría de la Contraloría General de la República, no efectuarán labores de auditoría en entidades u organismos en los que hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos cinco años. Tampoco auditarán actividades realizadas por sus parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad ni cuando existiere un conflicto de intereses.

La unidad de auditoría interna no participará en actividades que pudieren afectar su independencia. En ese sentido, no ejercerá actividad alguna en los procesos financieros, administrativos u operativos, ni en su autorización o aprobación, ni en la adopción de decisiones.

Las prohibiciones establecidas en el párrafo segundo de este artículo, se aplicarán en lo pertinente a los auditores internos y a los auditores de firmas de contadores públicos independientes cuando ejerzan labores de Auditoría Gubernamental.

Están facultados también para realizar entrevistas, recibir escritos de los auditados o de aquellas personas que tengan conocimiento de los hechos de la auditoría y obtener copias de la documentación en las actuaciones que estuvieren dentro de sus respectivas atribuciones.

Para efectos de este libre acceso, será suficiente que el requerimiento sea formalizado por escrito. En caso de rehusarse estos podrán ser obligados a través de requerimiento judicial que impulsará el Consejo Superior de la Contraloría General de la República.

Todos los documentos relativos a una transacción específica serán archivados, juntos o debidamente referenciados. En casos particulares especiales la Contraloría General de la República, previo el análisis correspondiente, podrá autorizar excepciones al período establecido en el presente artículo.

Cuando en el procedimiento aparecieren nuevas personas vinculadas con las actividades sujetas a examen, se les notificará de inmediato la acreditación del procedimiento y el estado en que se encuentra su intervención en el proceso, y se pondrá a su disposición el expediente administrativo para garantizar el debido proceso.

Las notificaciones dentro de las fases del procedimiento serán notificadas en el domicilio del interesado o por correo certificado o por telegrama con acuse de recibo.

Cuando no se haya señalado domicilio o se ignorare su paradero o se tratare de notificar a los herederos del interesado, la notificación se hará mediante una publicación mediante tres días consecutivos en un medio de comunicación escrito de circulación nacional.

De la comunicación constante mantenida en el proceso de auditoría, así como de la notificación de los hallazgos preliminares y los alegatos se dejará constancia por escrito, al igual que todo lo actuado.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República resolverá la creación de la Unidad de Auditoría Interna, ya sea a solicitud de la entidad u organismo o a iniciativa del Consejo.

El nombramiento del auditor interno del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional estará sujeto a lo dispuesto en su respectivo ordenamiento jurídico.

Tal delegación de la Auditoría Gubernamental se realizará atendiendo lo establecido en la normativa para la Selección y Contratación de Firmas Privadas de Contadores Públicos Independientes emitidas para tal fin por la Contraloría General de la República.

Para efectos de este artículo, la Contraloría General de la República mantendrá un registro actualizado de firmas de contadores públicos autorizados, según la normativa que rige el Registro de Firmas Privadas de Contadores Públicos Independientes que emita el Órgano Superior de Control.

Si de los hechos informados, la Contraloría General de la República aprueba la realización de una auditoría especial, la firma no será responsable de ésta, pero deberá colaborar en la realización de la misma. Si de la auditoría especial a que se refiere esta disposición, se establecieran responsabilidades provenientes de los hechos mencionados, la Contraloría General de la República procederá conforme lo dispuesto en la presente ley.

La firma contratada deberá mantener bajo su custodia y resguardo por un período de diez años los papeles de trabajo de la auditoría realizada.

Cuando de los resultados de la Auditoría Gubernamental practicada por las Unidades de Auditoría Interna aparecieren hechos que puedan generar responsabilidad administrativa se dejará constancia de ello en el pertinente informe y la máxima autoridad declarará dicha responsabilidad y aplicará las sanciones previstas en la presente ley.

Cuando de los resultados de la Auditoría Gubernamental practicada por las Unidades de Auditoría Interna aparecieren hechos que puedan conllevar perjuicio económico al Estado, o la comisión de presuntos actos delictivos, el Auditor Interno informará de inmediato a la Contraloría General de la República acerca de la irregularidad observada, para que ésta analice el Informe de Auditoría y determine su pertinencia, en caso que acepte como suficiente el informe de auditoría interna, se considerará en este caso como realizado por la Contraloría General y el Consejo Superior resolverá estableciendo las responsabilidades que correspondan, o bien, podrá ordenar una auditoría especial sobre tales hechos a fin de que forme su propia opinión y emita el pronunciamiento pertinente.

Al ejercer el control previo o concurrente, los servidores podrán objetar, por escrito, las órdenes de sus superiores, expresando las razones de la objeción. Si el superior insistiere por escrito, aquellos cumplirán la orden, pero la responsabilidad recaerá en el superior. Si éste insistiera verbalmente, los encargados de dichos controles, antes del cumplimiento de la orden, harán saber por escrito al superior que la cumplirá por su insistencia verbal y dejarán constancia de tales hechos en el archivo, a efectos de su ulterior revisión por la auditoría interna o externa.