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Año Legislativo:		XXVI LEGISLATURA
Sesión:		PRIMERA
Tomo No.		5

a) Permitirá la planificación y operación regional,
b) Facilitará menores costos unitarios para las inversiones,
c) Posibilitará un mercado competitivo regional de energía eléctrica,
d) Promoción de la competencia
e) Disminuirá costos operacionales de generación,
f) Permitirá la optimalización regional de la gestión de centrales hidroeléctricas.

a) Incrementará la calidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica,
b) Ahorro de combustible,
c) Impacto directo en la reducción del precio de la energía eléctrica al consumidor final.

Ambientales:

a) Permitirá la instalación de plantas generadoras regionales de gran tamaño y por ende reducción de emisiones,

b) Complementariedad hidrológica y térmica de los países,

c) Optimización de generación con recursos naturales,

d) Potencia el uso de recursos energéticos renovables de la región.

 El prestatario amortizará, la porción del Préstamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo de Operaciones Especiales mediante un único pago que deberá efectuarse a los cuarenta años (40) contado a partir de la fecha de suscripción del presente contrato.
 El Prestatario no pagará comisión de crédito sobre el financiamiento del Fondo de Operaciones Especiales.

 Los intereses se pagarán semestralmente, comenzando a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato.

El objeto de la presente ley es regular el control jurisdiccional de la ejecución de las sanciones penales, la vigilancia penitenciaria, el seguimiento de las medidas de seguridad y establecer el procedimiento para la tramitación y resolución de los incidentes correspondientes, garantizando la finalidad reeducativa de la pena y la reinserción en la sociedad de la persona condenada.

Nadie podrá ser sometido a la ejecución de una pena o medida de seguridad que no esté establecida por sentencia firme dictada por autoridad competente.

El control de legalidad de los actos de la autoridad administrativa, será ejercido por el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria. No podrán aplicarse sanciones o medidas administrativas, si no es mediante resoluciones debidamente motivadas y firmes.

La sanción penal se ejecutará en la forma establecida por la Constitución Política de la República de Nicaragua, los instrumentos internacionales ratificados por la República de Nicaragua, las leyes y sus reglamentos, de conformidad con el principio de legalidad.

En la ejecución de la pena y medidas de seguridad, toda persona condenada deberá ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella se derivan y en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, credo político, sexo, raza, religión, idioma, opinión, origen, posición económica o condición social.

El Estado debe garantizar la integridad física, moral o psicológica de las personas condenadas, los que no podrán ser sometido a torturas, procedimientos, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Las autoridades judiciales y administrativas respetarán la tradición, cultura, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad a las disposiciones vigentes en el Código Penal.

El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria velará por el efectivo cumplimiento de la sanción impuesta, controlará la aplicación del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de las penas y medidas de seguridad.

Ejercerá el control de legalidad de las acciones u omisiones de la autoridad penitenciaria, salvo en lo concerniente a materia meramente administrativa cuando no afecte derechos fundamentales o derechos y beneficios penitenciarios.

En la ejecución de la pena y medidas de seguridad, así como en la aplicación del régimen disciplinario, se garantizará el derecho a la defensa.

El Estado, a través de la Defensoría Pública, garantizará la asesoría legal a las personas condenadas que no tengan capacidad económica para sufragar los gastos de un abogado particular.

Las resoluciones del Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria serán notificadas a la persona condenada de conformidad a lo dispuesto en la Ley.

La sanción penal en su fase de ejecución tendrá la finalidad primordial de procurar la transformación de la persona condenada mediante el sistema progresivo, aplicando un conjunto de beneficios, derechos e incentivos que estimulen su incorporación a un plan de reeducación y la reinserción paulatina en la sociedad. El Estado deberá proporcionar los medios adecuados para lograr su fin.

La justicia en Nicaragua es gratuita. No se podrá cargar a la persona condenada el costo del traslado a audiencias orales u otras diligencias judiciales.

En sus actuaciones los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria harán prevalecer, la realización pronta, transparente y efectiva de la justicia.

Cuando por alguna circunstancia no se ubique el expediente judicial de la persona condenada, será obligación del Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria asegurar su inmediata reposición, con la copia de sentencia o la verificación de la información necesaria que permita su tramitación. De la misma manera se procederá cuando por impugnación el expediente se encuentre en una instancia superior y sea necesario resolver un nuevo incidente.

Las partes del proceso tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas por los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

Las potestades que esta ley otorga a los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria serán ejercidas racionalmente y dentro de los límites de la más estricta proporcionalidad, para lo cual se atenderá a la necesidad e idoneidad de su ejercicio y a los derechos individuales que puedan resultar afectados.

El control de proporcionalidad de los actos de la autoridad administrativa, será ejercido por el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

El ofendido o víctima tiene derecho a ser parte en el proceso de ejecución de las penas y medidas, desde su inicio hasta su extinción o en cualquier estado en que se encuentre el proceso sin retrotraer los actos ya realizados, siempre y cuando solicite su intervención

Los incidentes se resolverán en audiencia oral y pública de acuerdo con los principios de inmediación y publicidad, con las partes presentes, salvo limitación conforme la Constitución Política de la República de Nicaragua y el Código Procesal Penal.

En los casos en que no sea necesario evacuar prueba se prescindirá de la audiencia oral.

Los hechos de interés en el proceso de ejecución y vigilancia penitenciaria, podrán ser probados por cualquier medio de prueba lícita. La prueba se valorará conforme el criterio racional y observando las reglas de la lógica.

La privación de libertad que exceda del plazo de la sanción impuesta, cuando se trate de efectiva prisión, considerando la aplicación de los beneficios penitenciarios, constituye una detención ilegítima.

Tratándose de reclamos por detención ilegítima de libertad, cualquier persona se encuentra legitimada para accionar a favor de la persona condenada, sin constituirse en parte, solicitando directamente o a través de defensor particular o público, la intervención del Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

En la ejecución de la sanción penal, es ilegítima la restricción de otros derechos fundamentales no limitados por la sentencia impuesta, salvo las medidas administrativas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de la pena y la seguridad del centro de detención.

La sanción privativa de libertad consiste en la limitación de la libertad ambulatoria o de circulación de la persona condenada, bajo la custodia o control de las autoridades correspondientes. Las penas privativas de libertad se cumplirán sucesivamente.

El día de privación de libertad equivale a veinticuatro horas, el mes a treinta días y el año a trescientos sesenta días.

No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años. Para efectos de la aplicación de este límite, cuando la persona condenada se encuentre cumpliendo una sanción y se le imponga una nueva, la suma de la nueva pena más el monto pendiente de descontar no podrá exceder del límite constitucional.

a) Extinción de pena.

El trabajo se reconocerá como un derecho para efecto de descuento y cumplimiento de la pena, a razón de un día de privación de libertad por día trabajado, una vez que la sentencia esté firme, siempre y cuando la persona condenada se haya incorporado a alguna de las áreas artesanales, industriales, agropecuarias, de servicios, educativas entre otras, conforme la Ley del Régimen Penitenciario y de Ejecución de la Pena y su reglamento.

Durante el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, el tiempo laborado será abonado a la condena a razón de dos días de privación de libertad por cada día laborado.

b) Libertad condicional.

Se podrá otorgar la libertad condicional en los delitos graves y menos graves, cuando a la persona condenada haya cumplido las dos terceras partes de efectiva prisión, cuando concurran las circunstancias del Código Penal.

Este beneficio sólo se podrá aplicar cuando a la persona condenada haya cumplido las tres cuartas partes de la pena de efectiva prisión, en los delitos de: terrorismo, secuestro extorsivo, tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos, tráfico de migrantes ilegales, delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, exceptuando el delito tipificado de tenencia en el Código Penal, lavado de dinero, bienes o activos, tráfico ilícito de armas, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos, tráfico ilícito de vehículos, crimen organizado, violencia doméstica o intrafamiliar, delitos contra la libertad e integridad sexual, delitos contra el orden internacional, robo con violencia o intimidación en las personas, robo agravado.

Cuando el delito sexual sea cometido contra niños, niñas y adolescentes no habrá lugar a ningún beneficio.

c) Incidente de Suspensión de Ejecución de la Pena.

Corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal sentenciador establecer las condiciones de cumplimiento de la sanción impuesta. Esta autoridad en la sentencia de condena podrá resolver sobre la suspensión condicional de la pena, en los supuestos establecidos en el artículo 87 del Código Penal.

En el caso que el Juez o Tribunal sentenciador otorgare la suspensión de la ejecución de la pena, el expediente judicial será remitido inmediatamente al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, quien controlará el cumplimiento de las obligaciones o deberes que se le hubiesen impuesto en la resolución.

Promovido el incidente ante el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, se convocará audiencia a las partes para la evacuación de pruebas y su fundamentación. En caso de un trámite de urgencia motivada, cuando exista arraigo en el territorio nacional y se asegure contar con la presencia de la persona condenada cuando sea requerido, el Juez podrá conceder la libertad mediante caución personal, mientras se resuelve definitivamente el incidente en los plazos del arto. 404 del Código Procesal Penal.

La Suspensión de la Ejecución de la Sentencia procederá solamente en los delitos menos graves y en las faltas penales. Son delitos menos graves, aquellos cuyo límite máximo a imponer conforme a la ley es hasta cinco años de prisión.

Para efectos de la extinción de pena contenida en la presente ley, únicamente se tomará en cuenta el tiempo laborado. En ningún caso se podrá sumar un derecho con un beneficio o un beneficio con un derecho.

Los Juzgados de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria estarán organizados bajo lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás leyes aplicables. Los funcionarios que ejerzan el cargo contarán con la calificación y especialización requerida y serán asistidos por un equipo interdisciplinario, que prestará auxilio en la gestión.

Además de las funciones establecidas en el Código Procesal Penal y firme la sentencia condenatoria corresponderá exclusivamente al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, resolver los incidentes de libertad anticipada relativos a la libertad condicional, libertad condicional extraordinaria, suspensión de ejecución de la pena, de enfermedad, ejecución diferida, convivencia familiar ordinaria y extraordinaria, unificación de penas, cuando la última autoridad sentenciadora no lo haya resuelto, así como el abono de medidas cautelares de prisión preventiva y detención domiciliar no aplicado, la adecuación de pena impuesta en el extranjero, revocación de beneficios, la extinción y prescripción de las penas y la cancelación de antecedentes penales.

La devolución de los bienes a la víctima se realizará inmediatamente después de la primera audiencia cuando así proceda, de no realizarse la entrega, el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria ordenará la misma conforme lo ordenado en sentencia condenatoria.

Los incidentes de revisión en cuanto a la modificación de la pena para la aplicación de retroactividad de la ley, serán resueltos por los tribunales de revisión conforme el artículo 21 del Código Procesal Penal.

Tratándose de personas detenidas únicamente bajo prisión preventiva, el competente para resolver los incidentes relativos a violación de derechos y garantías constitucionales relacionados con su detención o las condiciones de la misma, será el juez de la causa a cuya disposición se encuentre.

El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria será competente para conocer de los incidentes y asuntos correspondientes de las personas condenadas por la autoridad judicial de su departamento.

Cuando las autoridades penitenciarias efectúen el traslado de la persona condenada a otro centro penitenciario distinto del lugar de la circunscripción donde fue sentenciado, deberán comunicarlo al Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

Los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción donde se ubica la autoridad penitenciaria coadyuvarán con el juez competente, en la vigilancia y control de legalidad de las acciones u omisiones de la autoridad penitenciaria.

Arto. 21 Liquidación y orden de detención.

Una vez firme la sentencia condenatoria, esta deberá contener la suma total de la sanción impuesta, así como su fecha de firmeza y el período exacto de prisión preventiva o arresto domiciliar que debe abonarse a la sanción. Se debe prevenir a la defensa, para que dentro del plazo de tres días, señale si continuará con la representación del condenado en la fase de ejecución e indique lugar para recibir notificaciones.

De no encontrarse la persona condenada, se ordenará su inmediata detención y su remisión a la autoridad penitenciaria competente.

Asegurada la detención de la persona condenada, se adjuntará a la orden de remisión la certificación de la sentencia firme, remitiendo al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria el respectivo expediente judicial para su seguimiento y control

Cuando en la visita carcelaria el juez observe alguna irregularidad violatoria de los derechos fundamentales de la población penal, solicitará en el mismo acto a la autoridad administrativa la explicación de la situación y una propuesta de solución. De no quedar resuelto el asunto en ese momento, se procederá conforme el numeral 1 del artículo 407 del Código Procesal Penal.

El acta de visita será puesta en conocimiento del Procurador Especial de Cárceles de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para su conocimiento.

El juez procederá a dictar la medida correctiva dentro de cinco días, notificando a la Procuraduría de Cárceles y la autoridad penitenciaria, quienes podrán hacer uso del derecho de impugnación.

Este procedimiento no se aplicará cuando la vulneración de derechos señalada por la autoridad judicial sea atendida y resuelta en el acto por la autoridad penitenciaria.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo III. Ejecución de sentencia.

Observaciones al artículo 21. Liquidación y orden de detención.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 22. Medidas correctivas.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo III con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

50 votos a favor, 33 presentes, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Capítulo III con todos sus artículos.

Vamos al Capítulo IV.

SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, conforme el artículo 407 del Código Procesal Penal, deberá visitar los centros de privación de libertad o de cumplimiento de medidas de seguridad al menos dos veces al mes, con fines de realizar inspecciones, conversatorios, entrevistas cuando lo considere necesario. Sin impedimento alguno para su ingreso al centro penitenciario o policial, la obstaculización de esta función deberá contenerla en acta e informarlo inmediatamente al Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

De cada visita carcelaria levantará un acta donde haga constar su resultado, la que comunicará junto con la medida correctiva correspondiente al Director del Centro Penal. La Inspectoría Judicial velará por la efectiva visita de las autoridades judiciales a los centros penitenciarios.

Remitido el expediente judicial, el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria solicitará a la Dirección de Control Penal del Sistema Penitenciario, la remisión en el plazo de cinco días, de un informe de la situación penitenciaria del interno con la proyección de las fechas de cumplimiento de la pena.

Así mismo solicitará, en el plazo de seis meses, el envío de la correspondiente ruta progresiva, de conformidad con la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena. Para las proyecciones de avance en el régimen progresivo y del cumplimiento de la sanción, la autoridad penitenciaria deberá considerar el eventual abono legal a la sanción por trabajo penitenciario, así como los períodos de prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por la persona condenada durante el proceso.

Cuando la persona condenada se le imponga una medida correctiva o sanción disciplinaria, habiendo agotado la vía administrativa penitenciaria conforme la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, podrá acudir ante el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, mediante recurso de revisión.

Las sanciones leves que aplique el Sistema Penitenciario no afectarán el derecho para optar a un beneficio legal, salvo cuando se trate de infracciones graves y reiteradas, que hayan sido impuestas mediante una resolución administrativa.

Solicitada verbalmente la revisión de la sanción ante el funcionario notificador de la autoridad administrativa, se remitirá de inmediato el expediente disciplinario original o copia certificada y completa del mismo, al Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

Del reclamo se debe convocar a las partes dentro del plazo de cinco días, para que expresen lo que tengan a bien y ofrezcan pruebas. Evacuada la prueba se resolverá el asunto dentro del plazo de cinco días. Lo resuelto no tiene recurso de apelación. El procedimiento de revisión de sanción disciplinaria tiene efecto suspensivo.

La autoridad penitenciaria solicitará al Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, la aprobación de toda medida de aislamiento, ubicación en celda individual o contingente de seguridad que se prolongue por más de cuarenta y ocho horas. A la solicitud se adjuntará la medida impuesta administrativamente, valoración médica de la persona condenada y los motivos que justifican y hacen necesaria la misma, así como el período exacto máximo de la medida que se pretende.

El juez procederá de oficio y de inmediato a resolver comunicándolo a la autoridad penitenciaria y solicitando en ese mismo acto un defensor público que represente a la persona condenada, cuando no tenga defensor particular, quedando la Defensoría Pública notificada de la resolución dictada. La resolución podrá ser apelada por las partes y por la administración penitenciaria, dentro del plazo de tres días.

La facultad de la administración penitenciaria de aplicar medidas de aislamiento hasta por cuarenta y ocho horas, tratándose de un mismo interno, no podrá aplicarse más de dos veces en un período de seis meses. De ser necesaria aplicar nuevamente la medida, se requerirá la autorización del Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo IV. De la vigilancia penitenciaria, medidas correctivas y control del régimen disciplinario.

Observaciones al artículo 23. Visita carcelaria.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 24. Remisión de Informe.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 25. Revisión de la sanción disciplinaria.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 26. Aprobación de medida de aislamiento.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo IV, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

59 votos a favor, 24 presentes, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Capítulo IV, con todos sus artículos.

SECRETARIA ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVÍDEZ:

A través del incidente de peticiones o queja la persona condenada o su representante, podrá plantear ante el Juzgado de Ejecución y de Vigilancia Penitenciaria, el reclamo de sus derechos fundamentales o penitenciarios denegados expresa o tácitamente por la administración penitenciaria.

Tratándose del reclamo contra resoluciones administrativas dictadas oficiosamente por la autoridad penitenciaria, la persona condenada inconforme tendrá un plazo máximo para presentar la respectiva queja, de un mes, a partir de la comunicación o notificación de la resolución.

Interpuesta la queja o presentada la petición, si es necesario el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria convocará audiencias a las partes dentro de un plazo de tres días, para que aleguen lo que tenga a bien y ofrezcan pruebas; en el mismo acto de oficio se solicitará un informe dentro del plazo máximo de cinco días. De no remitirse el informe oportunamente, de inmediato se convocará al responsable administrativo a audiencia oral con la presencia de las partes, sin necesidad de la remisión de la persona condenada, cuando la presencia de su representante legal sea suficiente para asegurar su derecho de defensa.

Evacuada toda la prueba, se resolverá el incidente dentro del plazo de cinco días.

La solicitud deberá presentarse por escrito ante la autoridad judicial competente. El Juez requerirá a la autoridad penitenciaria, la remisión dentro del plazo máximo de ocho días más el término de la distancia el informe de evaluación de conducta y el pronóstico individualizado de reinserción social correspondiente de la persona condenada, donde conste su desenvolvimiento dentro del penal, sus recursos externos de apoyo y deberá contener el grado de peligrosidad social; determinado de manera medible y objetiva, tomando en cuenta la reincidencia delictiva, el modo de cometer el hecho delictivo y el tipo de delito.

En el mismo auto de trámite, se convocará audiencia a las partes para que aleguen lo que tengan a bien y evacúen las pruebas. De no remitirse el informe oportunamente, se convocará a la autoridad penitenciaria a la audiencia oral correspondiente para que en ese acto rinda su informe.

Cuando sea necesario obtener mayor información o pruebas que evacuar, el Juez aun de oficio o a petición de parte abrirá a pruebas el incidente por un plazo de ocho días, después del cual decidirá mediante sentencia dentro de un plazo de cinco días.

De ser necesario la autoridad podrá suspender la audiencia por el plazo máximo de sesenta minutos y en el acto procederá a comunicar a las partes su decisión, exponiendo las razones o motivos de la misma y dejando constancia en el acta correspondiente.

El Juez, al conceder la libertad condicional, podrá imponer a la persona condenada, por el plazo que resta para el efectivo cumplimiento de la sanción, alguna o algunas de las siguientes condiciones, de acuerdo con las particularidades del caso y con fundamento en la prueba evacuada:

a) La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de un familiar o responsable o institución determinada, que informará regularmente al Juzgado;

b) La obligación de presentarse periódicamente ante el Juzgado que se designe;

c) La prohibición de salir del país;

d) La obligación de tener un domicilio fijo y conocido, mismo que sólo podrá modificar con autorización del Juzgado;

e) La prohibición de acercarse o perturbar a la víctima o sus familiares;

f) La obligación de realizar un oficio, trabajo o incorporarse a programas educativos, de capacitación o formativos;

g) La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas o visitar determinados lugares o establecimientos;

h) La prohibición de tenencia o portación de armas;

i) La prohibición de conducir vehículos automotores;

j) El ingreso a un centro para el tratamiento de adicciones o su sometimiento a un tratamiento médico externo;

k) Las condiciones o restricciones propuestas por el propio condenado o cualquier otra condición necesaria que se torne útil en función de asegurar el cumplimiento, siempre que sea respetuosa de la dignidad humana, sus derechos fundamentales y de factible cumplimiento conforme a su situación socioeconómica.

La sentencia que otorgue el beneficio de libertad condicional, deberá ser notificada de forma personal a la persona condenada para darle a conocer las condiciones bajo las cuales se le otorga el beneficio y las consecuencias de su incumplimiento.

En caso de que se remita informe de incumplimiento de las condiciones impuestas, el juez podrá modificar cautelarmente las condiciones dictadas u ordenar la revocatoria provisional del beneficio por el plazo de tres meses, mientras se resuelve en definitiva el asunto, previa garantía de defensa y audiencia oral.

La libertad condicional será revocada o modificada:
a) Por incumplimiento grave de alguna de las condiciones fijadas por el Juez; y

b) Por la comisión de un nuevo delito, sancionado con pena privativa de libertad mayor de seis meses, durante el período de prueba.

Tendrán recurso de apelación, las resoluciones que modifiquen las condiciones u ordenen la revocatoria cautelar o definitiva.

Revocada definitivamente la libertad condicional, la persona condenada deberá cumplir el monto de la pena pendiente a partir de la fecha en que la autoridad judicial determine que se produjo el incumplimiento del beneficio. Transcurrido el plazo de la libertad condicional sin que haya sido revocada, la pena quedará extinguida en su totalidad.

Para resolver el beneficio de libertad condicional extraordinaria establecida en el artículo 97 del Código Penal, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos anteriores.

El incidente de enfermedad, se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y la presente Ley. En aquellos casos en que esté en grave riesgo la salud o vida de la persona condenada, el juez procederá de oficio o a instancia de parte.

Presentado el incidente, se convocará audiencia a las partes para que expresen lo que tengan a bien y ofrezcan prueba por el plazo máximo de tres días. En el mismo auto, de oficio, se ordenará remitir a la persona condenada para la valoración del médico forense. De ser necesario se convoca nueva audiencia para la evacuación de pruebas dentro de un plazo de ocho días y el juez resolverá dentro del plazo de cinco días.

La autoridad penitenciaria al trasladar a la persona condenada al médico forense, deberá remitir el expediente de salud del interno.

Planteado el incidente de ejecución diferida, el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, convocará a audiencia dentro de un plazo máximo de tres días, si fuese necesario incorporar mayores elementos probatorios, aun de oficio abrirá a pruebas por un término de ocho días, transcurrido el mismo, el Juez decidirá dentro de un plazo máximo de cinco días. Las pruebas se incorporarán de acuerdo a lo establecido en las disposiciones comunes de la presente ley.

El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria tramitará la libertad de convivencia familiar extraordinaria a personas mayores de setenta años o los que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal y a las internas en periodo pre y post natal que no tengan las condiciones adecuadas en el centro penitenciario, observando el procedimiento para la ejecución diferida y tomando en cuenta las disposiciones de la Ley Nº 473 Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena en lo que no se oponga a la presente ley.

Al resolverse la unificación de penas se garantizará el efectivo respeto al límite constitucional de las penas y las reglas del concurso real retrospectivo. Cuando la unificación de penas no haya sido resuelta por la última autoridad sentenciadora, conforme lo establece el artículo 408 del Código Procesal Penal le corresponderá hacerlo al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

Para resolver la incidencia, el juez solicitará a las autoridades correspondientes un informe de las sentencias condenatorias dentro del plazo de cinco días. Una vez radicados los expedientes judiciales ante el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, procederá a resolver la incidencia, convocando a las partes para que se expresen lo que tengan a bien sobre la unificación de pena y el Juez resolverá dentro del plazo de cinco días.

La adecuación de las penas es el mecanismo por el cual, se garantiza que las penas impuestas no excedan el máximo constitucional de los treinta años.

Para resolver este incidente, el juez de oficio requerirá a la autoridad administrativa que presente un informe, en el plazo máximo de cinco días, de la situación jurídica y penitenciaria de la persona condenada y del monto pendiente por descontar, a partir del momento que resulte de interés determinar. El Juez convocará a las partes dentro del plazo de tres días para que expresen lo que tengan a bien, resolviéndose el incidente en el plazo de cinco días.

La adecuación de las penas es el mecanismo por el cual, se garantiza que las penas impuestas en el extranjero no excedan el máximo constitucional de los treinta años.

De previo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, examinará si cumple con los requisitos de transferencia de la persona condenada, se pronunciará sobre su admisión, designando al Juez de Ejecución que adecuará la pena, cuyo asiento corresponda al domicilio de la persona condenada.

Radicado el expediente y habiéndose trasladado la persona condenada al territorio nacional, el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria celebrará audiencia oral con la finalidad de hacer de su conocimiento las garantías y derechos que le asisten. En el caso que la persona condenada no designe defensor, el Juez de oficio solicitará dentro de un término de cuarenta y ocho horas a la Defensoría Pública el nombramiento de un Defensor. Inmediatamente se notificará a las partes la nueva audiencia para adecuación de la pena, en la que se incorporará las diligencias practicadas, resolviendo la autoridad dentro del término de cinco días.

Si la persona condenada viniera del extranjero con una pena superior a la establecida en nuestra legislación, se adecuará a ésta.

Arto. 39 Incidente de convivencia familiar ordinaria.

Corresponde al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria otorgar el beneficio de convivencia familiar, a propuesta fundamentada del Director del Centro Penitenciario o a instancia de las partes. A la solicitud de la dirección penitenciaria deberá adjuntarse:

a) Constancia del cumplimiento del porcentaje de permanencia en régimen abierto.

b) Evaluación y análisis del Consejo Evaluativo y del equipo interdisciplinario.

Cuando lo promueva la parte, se requerirá a la autoridad penitenciaria remitir la referida constancia y evaluación dentro del plazo de diez días. Recibida la documentación penitenciaria, se convocará audiencia a las partes para que expresen lo que tengan a bien, resolviendo el Juez en el plazo de cinco días.

Corresponderá al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria dar seguimiento y control a los deberes impuestos a las personas que gocen del régimen de convivencia familiar.

Al aprobarse el beneficio de convivencia, el Juez podrá imponer a la persona condenada las condiciones que estime conveniente para asegurar su reinserción social. Respecto a la modificación o aplicación de las condiciones que regirán lo establecido para el beneficio de libertad condicional.

La prisión preventiva no aplicada por sentencia de no culpabilidad, será abonada por el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria a una causa distinta, cuando se trate del supuesto del artículo 68 del Código Penal.

Este incidente procederá a instancia de parte, de la administración penitenciaria o incluso de oficio. El Juez ordenará a la autoridad correspondiente emitir un informe que deberá contener: el período de prisión preventiva no aplicada, la fecha de los hechos de la causa que generó la aplicación de la prisión preventiva no aplicada y la fecha de los hechos de la sentencia que se cumple. Recibido el informe se convocará audiencia a las partes para darlo a conocer y expresen lo que tengan a bien, resolviendo el Juez en el plazo de cinco días.

Se tramitará el incidente de extinción de la pena:
1. Por el cumplimiento día a día de la pena impuesta, cuando voluntariamente no se realizó el trabajo penitenciario o se haya restringido el derecho por disposición administrativa.

2. Por el cumplimiento de la pena privativa de libertad, considerando el abono legal por trabajo penitenciario conforme lo establecido en el artículo 6 de la presente ley.

3. Por el cumplimiento satisfactorio del período de prueba de la suspensión de ejecución de la pena, de la libertad condicional y la convivencia familiar.

4. Por el pago de la sanción de multa o de días multa impuesta.

5. Por la efectiva prestación del trabajo en beneficio de la comunidad impuesto como sanción.

6. De manera anticipada en los siguientes casos:

a) Por la muerte de la persona condenada;

b) Por el vencimiento del plazo de prescripción de la pena establecido en el Código Penal; y

c) Por concesión de la Asamblea Nacional, de indulto o amnistía.
Promovido por la parte o de oficio el incidente de extinción de la sanción penal, se pedirá informe dentro del plazo de cinco días, a las autoridades correspondientes. El mismo se pondrá en conocimiento de las partes por el plazo de tres días para que expresen lo que tengan a bien, convocándose audiencia a las partes si fuere necesario y resolviendo el juez en el plazo de cinco días.

Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 136 del Código Penal, la persona condenada o su representante podrá solicitar la cancelación de sus antecedentes penales.

El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria solicitará un informe en el plazo de cinco días al Registro Nacional de Antecedentes Penales y a la Dirección de Control Penal del Sistema Penitenciario Nacional, poniéndolo en conocimiento a las partes por tres días para que se pronuncien y posteriormente se resolverá la incidencia en el plazo de cinco días.

Las siguientes disposiciones tienen el carácter general que regirá en el presente capítulo:

1) Los incidentes en materia de ejecución de la pena se resolverán en un plazo de no más de tres meses. La inobservancia injustificada de los plazos establecidos en esta ley implica un mal ejercicio de funciones y causa responsabilidad disciplinaria.

2) Las evaluaciones, diagnósticos y exámenes médicos forenses elaborados por el Instituto de Medicina Legal, que consten en informes o dictámenes redactados al efecto se incorporarán a la audiencia a través de la declaración del profesional que haya realizado la evaluación, exámenes y demás prácticas periciales forenses o en su defecto por las personas que los supervisó. Cuando el Juez lo estime necesario convocará a audiencia para proceder de la misma forma a incorporar los dictámenes o informes elaborados por psicólogos penitenciarios, médico penitenciario u otro perito que tenga que informar sobre un tema de interés para la resolución del caso planteado.

3) En el caso de las pruebas documentales se incorporarán en cualquier incidente planteado ante el Juez de Ejecución con la lectura de las mismas.

4) El período de prueba de ocho días en los incidentes de la fase de ejecución y vigilancia penitenciaria, podrán ser ampliados por la mitad, más el término de la distancia.

5) El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, ordenará en la sentencia que otorgue un beneficio legal o conceda libertad por cualquiera de las causas establecidas en la presente ley, la apertura de un expediente de vigilancia post- penitenciaria, donde constarán copia de la sentencia que concedió el beneficio o declaración del derecho, acta de fianza, peticiones e incidencias del liberado condicionalmente, durante el período de prueba. Debiendo ingresar en dicho expediente copia de cédula de identidad y foto reciente del sancionado.

Los incidentes se resolverán con cualquiera de las partes presentes.

Se realizarán con juez técnico los juicios por delitos de violencia doméstica o intrafamiliar, abigeato, secuestro extorsivo y crimen organizado. Esta disposición es aplicable también a los delitos contenidos en los siguientes capítulos: delitos contra la libertad e integridad sexual; lavado de dinero, bienes o activos; delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas; terrorismo; cohecho; tráfico de influencias; peculado; malversación de caudales públicos fraudes, exacciones y robo con violencia o intimidación en las personas y el robo agravado. En todos estos delitos que en la pena se clasifique como grave por su naturaleza, se tramitarán en prisión preventiva mientras dure el proceso hasta que se dicte sentencia.

La autoridad judicial competente para conocer del recurso de apelación contra las sentencias del Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, será la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción judicial correspondiente. Y para conocer y resolver del recurso de casación, será competente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los recursos se admitirán en el efecto devolutivo. Se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal y deberán resolverse dentro del plazo máximo de un mes, a partir de su interposición.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo V. Incidentes de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

Observaciones al artículo 27. Incidente de Petición o queja.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 28. Trámite para el incidente de libertad condicional.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 29 Condición de Cumplimiento de la libertad condicional.

No hay observaciones.

Arto. 30 Notificación Personal de la libertad condicional a la persona privada de libertad.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 31. Informe de incumplimiento y revocación cautelar.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 32. Revocatoria del beneficio de libertad condicional.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 33. Incidente de libertad condicional extraordinaria.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 34. Incidente de enfermedad.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 35. Incidente de ejecución diferida.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 36. Incidente de unificación de penas.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 37. Incidente de la adecuación de las penas impuestas en el territorio nacional.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 38. Incidente de adecuación de las penas de las sentencias impuestas en el extranjero.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 39. Incidente de convivencia familiar ordinaria.

No hay observaciones a ninguno de los dos.

Observaciones al artículo 40. Incidente de abono de prisión preventiva no aplicada.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 41. Incidente de extinción de la pena.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 42. Incidente de cancelación de antecedentes penales.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 43. Incidentes comunes.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 44. Juez técnico.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 45. Recurso de apelación y de casación.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo V, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

61 votos a favor, 22 presentes, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Capítulo V, con todos sus artículos que lo componen.

SECRETARIO ALEJANDRO RUIZ JIRÓN:

Cuando la sanción penal impuesta al condenado sea de días multa o multa, una vez remitido el expediente al Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, para su seguimiento y control, la autoridad judicial determinará la fecha exacta en que vence el período para el efectivo pago de la suma total, los tractos o sumas sucesivas.

Cuando el sancionado o su representante solicite una modificación de los plazos por variación sensible de su situación económica, deberá ofrecer la prueba correspondiente, se dará audiencia a las partes por el plazo de tres días para que se pronuncien. Vencida la audiencia y evacuada la prueba, la solicitud se resolverá dentro del plazo de cinco días.

Cuando no se haya satisfecho la sanción de días multa impuesta, se procederá a la conmutación de la misma por trabajo en beneficio de la comunidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Código Penal. La resolución que ordena la conmutación deberá ser notificada personalmente al sancionado, al que se le prevendrá señalar si acepta la misma, so pena de imponer un día de prisión por cada ocho horas de trabajo no aceptado. El seguimiento y control de la conmutación se realizará de conformidad con el procedimiento establecido para la aplicación de la pena de prestación de trabajo en beneficio de la comunidad.

En caso de que el individuo no acepte o incumpla con el trabajo en beneficio de la comunidad, se procederá a la imposición de la pena privativa de libertad, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 65 del Código Penal, previo derecho de defensa.

Contra la resolución que ordena la conmutación por trabajo en beneficio de la comunidad y la que impone la pena privativa de libertad procede el recurso de apelación.

De no haberse satisfecho la sanción de multa se procederá a la conmutación de la pena, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 65 del Código Penal.

Contra la resolución que ordena la conmutación de la pena de multa, procede el recurso de apelación.

Radicado el expediente en el Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, se ordenará inmediatamente la presentación personal del sancionado con la finalidad de advertirle de sus obligaciones, informándole de la entidad beneficiada y el encargado de controlar su trabajo, previniéndole presentarse ante éste, dentro del plazo de tres días. Vencido ese plazo, se requerirá al encargado de dar seguimiento a la prestación, se sirva informar periódicamente sobre el cumplimiento de la misma.

En caso de tres ausencias de la persona condenada, se citará a éste y a las partes a audiencia oral y de no justificarse las mismas, se procederá a ordenar la privación de libertad de conformidad con el artículo 62 del Código Penal. Contra la resolución procede el recurso de apelación.

El Juez de Ejecución de la Pena y de Vigilancia Penitenciaria, será la autoridad competente para dar seguimiento y control a la aplicación de medidas de seguridad. Semestralmente se requerirá a las autoridades encargadas de la atención del condenado, la remisión de un informe sobre el cumplimiento de la medida de seguridad y la necesidad o no de mantener la misma. Dicho informe será puesto en conocimiento de las partes por el plazo de tres días para que se pronuncien y ofrezcan prueba. Convocándose audiencia a las partes si fuere necesaria la evacuación de pruebas y se resolverá el asunto dentro del plazo de cinco días, pronunciándose el juez sobre mantener, modificar la medida de seguridad por una más favorable o cesar la misma cuando haya desaparecido la peligrosidad del sujeto, conforme los estudios periciales.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo VI. Sobre la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad.

Observaciones al artículo 46. Penas de días multas y multa.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 47. Conmutación de la pena de días multas.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 48. Conmutación de la pena de multa.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 49. Trabajo en beneficio de la comunidad.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 50. Medidas de seguridad.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo VI, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

61 votos a favor, 22 presentes, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Capítulo VI con todos sus artículos.

SECRETARIO ALEJANDRO RUIZ JIRÓN:

Corresponde al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria el seguimiento y control de las penas no privativas de libertad y privativas de otros derechos.

Dicho control se hará mediante la apertura de un expediente que contendrá todas las diligencias relativas a la fase post penitenciaria. Y mediante las visitas que realice al lugar del cumplimiento de las penas el equipo auxiliar del Juzgado, designado para tal efecto.

Resolver conforme lo previsto para el incidente de ejecución, las peticiones o quejas que formulen las personas sujetas a la prestación de trabajo en beneficio de la comunidad, en cuanto existan supuestas violaciones por las autoridades civiles a cargo de estos.

De oficio o a petición de parte, revocar, revisar, mantener, modificar las condiciones del cumplimiento de penas no privativa de libertad cuando la persona sujeta al cumplimiento de deberes incurra en la violación de las obligaciones establecidas o cuando durante el período de prueba cometiere un nuevo delito y obtuviere condena firme.

La competencia estará fijada por la presente Ley y demás disposiciones contenidas en el Código Penal, Código Procesal Penal y Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo VII.

Observaciones al artículo 51. Disposición única.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo VII.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, 18 presentes, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Capítulo VII con su único artículo.

SECRETARIO ALEJANDRO RUIZ JIRÓN:

Toda persona privada de libertad tiene derecho a la salud. El Estado garantizará la oportuna asistencia a la salud integral; los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos, le serán suministrados por el Ministerio de Salud, la atención a la población penal se realizará mediante los programas asistenciales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Sin perjuicio del derecho de la persona condenada de ser asistido por un médico de su confianza, previa autorización y supervisión de la autoridad competente y de procurarse los medicamentos que sean indispensables para su tratamiento.

Al ingreso o reingreso de la persona condenada a un centro penitenciario, deberá ser examinada por un profesional del sistema médico forense en las primeras veinticuatro horas, quien dejará constancia en el expediente clínico de su estado de salud.

De encontrar signos de lesiones corporales producto de malos tratos y/o alteraciones sicológicas secundarias a síndromes etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia susceptible de producir dependencia física o psíquica u otras afectaciones, las hará del conocimiento inmediato al director del centro penitenciario, quien a su vez informará a la autoridad judicial competente y a otras instancias según el caso.

La historia clínica en la que quedará registrado el estado de salud y la asistencia médica de la persona condenada, complementará la información del estudio que realice el equipo interdisciplinario, para caracterizar, individualizar y orientar el tratamiento de rehabilitación penitenciario adecuado.

En cada centro penitenciario se dispondrá de un servicio de asistencia médica del Ministerio de Salud, encargado de brindar a las personas condenadas, atención de salud básica, de urgencia, en medicina general y odontológica. Así mismo desarrollará los programas de atención, promoción de salud y prevención de enfermedades en la población penitenciaria.

Todo centro penitenciario dispondrá de una sala de observación para los cuidados médicos de las personas condenadas que por su estado de salud lo requieran y previa indicación del facultativo, la administración penitenciaria establecerá un programa especial de visitas de sus familiares hasta tres veces a la semana durante el período que permanezca en esta sala e informará al juez competente.

Todo centro penitenciario en coordinación con el Ministerio de Salud ofrecerá los programas de asistencia médica primaria y especializada para el control del tratamiento y evolución clínica de las personas condenadas con enfermedades agudas y crónicas dispensarizadas. De igual manera garantizará el acceso a programas de rehabilitación cuando la persona condenada presente enfermedades vinculadas al consumo y dependencia de alcohol y/o drogas de abuso u otros estupefacientes.

La persona condenada cuando lo requiera deberá ser trasladada a una unidad de salud hospitalaria especializada del Ministerio de Salud, donde deberá ser atendida con prioridad, en caso de emergencia médica o quirúrgica que no pueda ser tratada adecuadamente en los establecimientos médicos penitenciarios. El médico penitenciario hará del conocimiento inmediato al director del centro penitenciario, quien tomará las medidas urgentes del caso y a su vez informará a la autoridad judicial competente y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La persona condenada que sufra de alguna enfermedad que no pueda ser manejada adecuadamente en los establecimientos médicos penitenciarios, que ponga en grave riesgo su salud o su vida, el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria actuará conforme lo establecido en el Código Procesal Penal.

Si la enfermedad sucediera en el período en que no esté firme la condena, el competente para resolver lo que corresponda sobre la medida cautelar, es el Juez que conoce de la causa en el caso de no hacerlo esta autoridad, el director del penal informará al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria para que éste ordene las medidas de atención médica, debiendo enviar un informe al Juez de la causa.

Tratándose de persona condenada que por su estado de salud no pueda ser atendida clínicamente en el Sistema Penitenciario, el Juez procederá vía incidente ordenar su hospitalización inmediata por motivo de salud y bajo las condiciones que determine, con el debido control y vigilancia de la autoridad penitenciaria. Una vez que cese su condición de salud, ingresará nuevamente al Sistema Penitenciario.

Si la persona condenada se enferma y solicitare ser atendido en un centro médico asistencial privado, previa autorización de la autoridad judicial, deberá asumir los gastos que esto incurra. La administración del centro penitenciario notificará al juez competente para su debida autorización.

Si durante el cumplimiento de la pena a la persona condenada, le sobreviniere una enfermedad psiquiátrica o un trastorno psicológico, una vez certificado el diagnóstico por el facultativo especialista, deberá ser incorporado al programa de salud mental, ubicándosele en un área adecuada dentro del sistema penitenciario para su debido tratamiento.

Cuando la persona condenada requiera tratamiento médico psiquiátrico por agudización de la enfermedad, que implique perturbación de la conciencia, pérdida de la autonomía psíquica, en tanto la institución penitenciaria no disponga de sus propios centros asistenciales, se trasladará a un centro especializado del Ministerio de Salud.

La administración penitenciaria informará de inmediato al Juez competente para que proceda conforme lo dispuesto en la normativa penal vigente, además informará a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Si durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad, la persona condenada presentare limitaciones funcionales de órgano y sistemas, con menoscabo psíquico o incapacidades físicas a consecuencia de la evolución o por complicaciones de enfermedades cancerosas e infecciosas en etapas terminales que lo limiten para realizar sus actividades habituales, la administración penitenciaria informará al Juez competente al momento de su conocimiento para que proceda de acuerdo a la normativa penal vigente.

Las autoridades del centro penitenciario deberán mantener informado permanentemente al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria de las personas condenadas con enfermedades crónicas de naturaleza infecciosa y no infecciosa, asimismo de las que presentaren enfermedades vinculadas a las adicciones con dependencia alcohólica o abuso de drogas. Se deberá informar si las personas afectadas reciben tratamiento conforme los programas de salud establecidos.

Cuando la persona privada de libertad ingrese al centro penitenciario en estado de embarazo, en cualquier periodo de gestación o conciba el embarazo en la fase de cumplimiento de la pena, los servicios médicos penitenciarios deberán incorporarla al programa de control prenatal que ofrece el Ministerio de Salud. La administración penitenciaria informará al Juez competente para que proceda de acuerdo a la normativa penal vigente.

Si durante el embarazo la persona condenada presentare enfermedad o una complicación propia que ponga en riesgo su vida y la del producto de la concepción, deberá ser trasladada a un centro hospitalario especializado del Ministerio de Salud. Actuará igualmente la autoridad judicial competente en correspondencia con la normativa penal vigente.

La persona privada de libertad independiente de su edad cronológica, presentare cuadros de incapacidad funcional física o psíquica y que las mismas le causen limitaciones de manera permanente para realizar sus actividades habituales y laborales dentro del régimen penitenciario o valerse por sí mismo; certificada esta condición por el Instituto de Medicina Legal, la administración penitenciaria remitirá el informe al Juez competente para que éste de oficio tramite el incidente de libertad.

Si la persona privada de libertad se negare a ingerir alimentos, se intensificarán los cuidados y controles médicos por lo menos dos veces al día. Se informará de inmediato al Juez competente y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre el grave riesgo a fin de que se realicen las acciones pertinentes.

Si la persona condenada en su calidad de enfermo se negare a recibir la asistencia médica, tratamientos o cuidados necesarios, se informará de inmediato al Juez competente para que ordene lo que tenga a bien y a las autoridades pertinentes según el caso.

Cuando la persona privada de libertad ingrese o reingrese al centro penitenciario con medicamentos en su poder o los reciba del exterior, serán recibidos para ser evaluados por el personal médico del centro, quien dictaminará la pertinencia de su uso, en caso contrario informará inmediatamente al director del centro penitenciario, para que se proceda a su ocupación.

Cuando la persona privada de libertad se encuentre en estado de convalecencia, a consecuencia de tratamientos médico quirúrgico o procedimientos diagnósticos realizados en centros hospitalarios públicos o privados, el centro penitenciario dispondrá de locales, recursos técnicos, personal médico y enfermería adecuados para garantizar su rehabilitación. Debiendo la administración penitenciaria informar al Juez competente.

Cuando se tomen medidas disciplinarias a las personas privadas de libertad, deberá considerarse sus condiciones físicas y psíquicas para que no vayan a ser agravadas con dicha medida.

Cuando la persona privada de libertad falleciere en el centro penitenciario, en el centro asistencial o en el traslado a éste; la administración penitenciaria informará a lo inmediato a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Juez competente, de igual manera se solicitará la intervención al médico forense para que se practique la autopsia médico legal.

Cuando las circunstancias de muerte se asocien a hechos de violencia dentro o fuera del centro penitenciario o la muerte sobreviniera súbitamente la autopsia médico legal será ineludible. La administración penitenciaria informará inmediatamente a la policía nacional y juez competente.

Se ordena la creación dentro del plazo de seis meses, a partir de la vigencia de la presente Ley, de un Registro Nacional de Antecedentes Penales, adscrito a la Corte Suprema de Justicia, encargado de recopilar, archivar y mantener actualizada la información de todas las sentencias condenatorias dictadas por los Juzgados y Tribunales de la República, registrando los antecedentes penales correspondientes. La Corte Suprema de Justicia deberá reglamentar el procedimiento para la cancelación automática de los antecedentes y el acceso a esta información.

Para el seguimiento y control de beneficios y derechos, se asignará al menos una plaza de auxiliar judicial y asistente social en cada despacho. Tratándose de circunscripciones judiciales donde existan varios Juzgados de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, podrán ubicarse en una oficina administrativa independiente, adscritos a las dependencias de Ejecución de la Pena.

Esta Ley tiene efecto retroactivo cuando favorezca al condenado, conforme la Constitución Política de la República de Nicaragua y leyes vigentes.

La presente Ley reforma parcialmente donde dice Sistema o Centro Penitenciario, por Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, del artículo 116, numerales 1), 2) y 3) del Reglamento de la Ley Nº 473, Ley de Régimen Penitenciario y de Ejecución de Pena.

La presente Ley deroga el artículo 96, numeral 7 de la Ley de Régimen Penitenciario y de Ejecución de Pena y el artículo 115 del Reglamento de la Ley Nº 473, Ley de Régimen Penitenciario y de Ejecución de Pena. Para lo no previsto expresamente en esta Ley, regirá el Código Penal y el Código Procesal Penal. Esta Ley deroga toda disposición que se le oponga.

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

1. La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica S.A, ENTRESA, la cual mediante la Ley N° 494, Ley de Reforma a la Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica se transformó en la actual empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, la que de conformidad a la Ley N° 583, LEY CREADORA DE LA EMPRESA NACIONAL DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, que posteriormente se convirtió en LA EMPRESA NACIONAL DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 583, LEY CREADORA DE LA EMPRESA NACIONAL DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 4 del 5 de enero del año 2007;

2. Por disposición del Decreto Ejecutivo N° 128-99, Reforma al Decreto Ejecutivo N° 42-98, Reglamento de la Ley N° 272, Ley de Industria Eléctrica, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 240, del 16 de diciembre de 1999, se estableció la transferencia de los activos de las empresas, Generadora Hidroeléctrica, S.A, HIDROGESA, Generadora Eléctrica Central S.A, GECSA, y la Generadora Momotombo S.A, GEMOSA, cuyo patrimonio se encuentra en dominio y posesión de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, debido a que no fueron privatizados estos segmentos.

Refórmense los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 10 y 15 del Decreto N° 46-94, Creación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 204, del primero de noviembre de 1994, los que se leerán así:

Transfórmese la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, en un Ente Descentralizado del Poder Ejecutivo, adscrita bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con la Ley N° 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo y su reforma contenida en la Ley N° 612, la cual gozará de autonomía técnica, administrativa y financiera, siendo una entidad de servicio público y del dominio del Estado nicaragüense, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida y con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, la que en adelante también se podrá denominar simplemente por sus siglas ENEL.

La Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, creada por la presente Ley, en ningún caso podrá ser objeto de privatización. El personal de la Empresa estará amparado en lo dispuesto en la Ley N° 476, Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 235 del 11 de diciembre del 2003.

La Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, tendrá como finalidad principal la actividad de generación de energía eléctrica mediante el uso de fuentes disponibles, en especial aquella generada a base de recursos renovables para que incida directamente en la oferta de energía limpia y más barata para el acceso al consumidor y al usuario final, todo de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 272, Ley de la Industria Eléctrica, y sus Reformas.

La Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, podrá realizar las actividades siguientes:

1. Desarrollar de forma prioritaria la investigación del uso de fuentes de recursos renovables para la producción de energía eléctrica;

2. Generar y comercializar energía eléctrica, así como ejercer la actividad de distribución de energía eléctrica, dentro de las áreas no concesionadas;

3. Elaborar el Plan de Expansión de la Empresa para el corto, mediano y largo plazo, de conformidad con el Plan Nacional para el Desarrollo Energético del país que para tal efecto defina el Ministerio de Energía y Minas y la Ley de la Industria Eléctrica;

4. Podrá participar en la constitución y creación de empresas nacionales e internacionales de derecho público, privado o mixto y/o asociarse con las existentes, previa autorización del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad a la legislación de la materia;

5. Representar al Estado de Nicaragua en las empresas que desarrollen proyectos de generación eléctrica cuando se establezcan por ministerio de ley, o previa negociación entre los inversionistas y el Estado los porcentajes correspondientes a favor del mismo, en los casos de generación térmica, o en generación con recursos renovables que sea menor a 30 MWH; y

6. Realizar cualquier otra actividad necesaria para l desarrollo y cumplimiento de su objeto, de conformidad con la ley de la materia.

La Junta Directiva estará integrada por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, los que serán nombrados por el Presidente de la República.

La Junta Directiva se integra con los miembros siguientes:

1. El Ministro de Energía y Minas, MEM, quien la preside en calidad de Presidente;

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, MHCP, Vicepresidente;

3. El Presidente Ejecutivo de ENEL, Secretario;

4. El Ministro de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, Miembro; y

5. Un Miembro designado por el Presidente de la República, a propuesta del Sector de la Industria Eléctrica.

En el caso de los Ministros, los suplentes serán sus respectivos viceministros y en caso de ausencia de los titulares o propietarios ocuparán el cargo el respectivo, el suplente del miembro designado por el Presidente de la República le corresponde a este mismo su nombramiento. En ningún caso los miembros de la Junta Directiva podrán devengar o recibir el pago de dietas.

La fiscalización preventiva de las operaciones administrativas y financieras de la empresa, corresponderá a la auditoría interna, para tal efecto el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, procederá al nombramiento del mismo, la empresa podrá contratar los servicios de una auditoría externa cuando se considere necesario.

Para el nombramiento del Director de la Unidad de Auditoría Interna se solicitará la autorización a la Contraloría General de la República, y será organizada según las necesidades, los recursos que haya que administrar y el volumen y complejidad de las transacciones u operaciones de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL. Esta Unidad será parte de su estructura orgánica, deberá estar incluida en su presupuesto y desarrollará sus labores bajo la dependencia técnica y funcional de la Contraloría General de la República.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República resolverá la creación de la Unidad de Auditoría Interna, sea a solicitud de la Institución o a iniciativa del Consejo.

El Auditor Interno de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, será nombrado por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, el nombramiento será a solicitud del Presidente Ejecutivo de la Institución dirigida al seno del Consejo Superior, la Contraloría General de la República realizará una convocatoria pública e iniciará un proceso de selección de conformidad con la Ley N° 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.

1. Aprobar el Presupuesto General Anual de Operaciones e Inversiones;

2. Aprobar los Estados Financieros de la Empresa;

3. Aprobar la participación accionaria en sociedades, sean estas empresas estatales, privadas o mixtas, siempre y cuando el giro de la actividad empresarial sea compatible con la actividad de generación eléctrica o cuando lo fuere no existieran limitaciones en su participación, de acuerdo a la legislación de la materia del país en donde tenga su domicilio dicha sociedad o empresa;

4. Aprobar la contratación de empréstitos nacionales e internacionales, la emisión de bonos y otros títulos valores de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la República y lo dispuesto en la legislación de la materia o conexa, incluyendo la LEY N° 477, LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 236 del 12 de diciembre del 2003;

5. Aprobar los contratos de Compra - Venta de energía del grupo generador de la empresa ENEL a los distribuidores;

6. Otorgar poderes de cualquier clase o naturaleza con las facultades que juzgare necesarias;

7. Aprobar la enajenación, hipoteca o gravamen de los bienes inmuebles de la Empresa, todo de conformidad con lo establecido en la Ley N° 169, Ley de Disposición de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 103 del 03 de junio de mil novecientos noventa y cuatro y sus Reformas;

8. Aprobar los informes de Auditoría Externa;

9. Aprobar la estructura organizativa interna y funcional de la empresa, así como los reglamentos internos de la misma y sus reformas; y

10. Ejercer las demás funciones de carácter general que sean pertinentes a los objetivos y finalidades de la Empresa.

La Junta Directiva de la Empresa, podrá celebrar sesiones ordinarias una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesaria de acuerdo a los intereses de la misma y el Estado, serán convocadas por el Presidente de la Junta Directiva de la Empresa a través del Secretario de la misma. La fecha de realización de las sesiones ordinarias le corresponde a la Junta Directiva.

En los casos de las sesiones extraordinarias las convocatorias las hará el Presidente de la Junta Directiva por iniciativa propia o a solicitud de al menos tres de sus miembros. El Presidente de la Junta Directiva regulará el orden de las Sesiones y deberá dar a conocer la agenda de trabajo al menos con setenta y dos horas de anticipación y hacer públicas las resoluciones que se adopten, salvo aquellos casos, que a criterio de la Junta Directiva deban ser estrictamente de uso interno.

Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple del total de los miembros de la Junta Directiva presentes en las respectivas sesiones, de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento Interno para el funcionamiento de la Junta Directiva. En los casos de votación en donde exista empate, el Presidente de la Junta Directiva podrá ejercer el derecho a voto doble.

En los casos de ausencia, inhabilidad o incapacidad del Presidente de la Junta Directiva a una o más sesiones, asumirá dicho cargo el vicepresidente.

El quórum de la Junta Directiva para las sesiones se constituye con la mitad más uno del total de sus miembros.

El Patrimonio de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, se constituye con todos los bienes, derechos y obligaciones, así como los demás activos y pasivos, sin solución de continuidad, pertenecientes a la Empresa de Generación Hidroeléctrica, Sociedad Anónima, HIDROGESA; de la Empresa Generadora Momotombo, Sociedad Anónima, GEMOSA; y la Empresa Generadora Central, Sociedad Anónima, GECSA.

De las utilidades de la Empresa, después de utilizar lo necesario para el mantenimiento y reparaciones mayores, así como las inversiones de desarrollo de la Empresa, en caso de haber excedente, se debe destinar al aumento de la cobertura eléctrica de la población nicaragüense.

Para los efectos del traspaso, sin solución de continuidad, a favor de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, por lo que hace a la parte de los bienes y derechos que en el pasado le pertenecieron al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, y que aún se encuentran inscritos en los diferentes Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil a favor del mismo.

De la misma manera, se deberá transferir a la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, todos los bienes muebles e inmuebles inscritos a nombre de la Empresa de Generación Hidroeléctrica, Sociedad Anónima, HIDROGESA, de la Empresa Generadora Momotombo, Sociedad Anónima, GEMOSA, y de la Empresa Generadora Central, Sociedad Anónima, GECSA.

El traspaso de los bienes de las entidades de que la Empresa es sucesora, por ministerio de la presente Ley, se deberán transferir a la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, libre de pago de todos los aranceles registrales, mediante nota puesta al margen del asiento respectivo, haciéndose mención de la presente Ley. Para los efectos correspondientes bastara la solicitud que para tal efecto presente apoderado legal de la Empresa debidamente acreditado.

El patrimonio de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, es inembargable y está exento del pago de todo tipo de impuestos, tasa o tributo contemplados en la legislación tributaria nacional, sean estos fiscales, municipales y de cualquier otro tipo, tanto en sus bienes muebles o inmuebles, rentas, compraventas que realice, servicios prestados, entendiéndose estos últimos como servicios de generación eléctrica y similares, así como en las obras que se realicen.

También está exenta de todos los derechos fiscales e impuestos que graven la importación o compra local de maquinarias, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente a la actividad de generación eléctrica y demás actividades conexas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá otorgar una Constancia, debidamente razonada y fundamentada, la cual tendrá validez para cinco años y deberá ser renovada con seis meses de anticipación antes de la fecha de su vencimiento. En caso de que el Ministerio no se pronuncie en el plazo de los seis meses, la Constancia vencida quedará renovada a favor de la empresa.

Adiciónase un nuevo artículo al Decreto N° 46-94, Creación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 204, del primero de noviembre de 1994, debiéndose correr la numeración, el cual se leerá así:

“Artículo. 16 (Dirección de Operación de los Sistemas Aislados.)

Créase la Dirección de Operación de los Sistemas Aislados, EOSA, con el objeto de fortalecer la operación y administración de los Sistemas Aislados que opera ENEL en los territorios otorgados o no en concesión por el Ministerio de Energía y Minas, ésta constituye una unidad técnico - administrativo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL. Será dirigida administrativa y operativamente por el Gerente General, nombrado por el Presidente Ejecutivo de ENEL”.

Refórmense los artículos 26, 41 y 135 de la Ley N° 272, Ley de Industria Eléctrica, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 74 del 23 de abril de 1998, los que se leerán así:

Arto. 26

Los agentes económicos, filiales y accionistas de empresas dedicadas a la actividad de generación, no podrán ser propietarios ni socios accionistas de éstas cuando las instalaciones sirvan para la transmisión y/o de distribución de energía eléctrica.

Se exceptúa de la disposición establecida en el párrafo anterior a la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, quien podrá ejercer la actividad de distribución de energía eléctrica únicamente dentro de las áreas no concesionadas.

Arto. 41

Las distribuidoras no podrán generar y/o trasmitir energía eléctrica; sin embargo los generadores podrán ser propietarios de Sistemas Secundarios de Trasmisión para conectarse al Sistema Interconectado Nacional, SIN, debiendo cumplir con los procedimientos establecidos en la Normativa de Transporte de energía eléctrica. Se exceptúa de esta disposición a la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, la que por Ministerio de la presente Ley podrá ejercer la actividad de generación de energía eléctrica, también queda exceptuada de la presente disposición a las distribuidoras de electricidad que se abastecen de energía del Sistema Interconectado Nacional, SIN, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 554, Ley de Estabilidad Energética adicionado en el artículo 3 de la Ley N° 627, Ley de Reforma y adiciones a la Ley N° 554, Ley de Estabilidad Energética.

Arto. 135

Por Ministerio de la presente Ley, se ordena la disolución sin solución de continuidad, de las empresas siguientes:

1. Empresa de Generación Hidroeléctrica, Sociedad Anónima, HIDROGESA;

2. Empresa Generadora Momotombo, Sociedad Anónima, GEMOSA;

3. Empresa Generadora Central, Sociedad Anónima, GECSA; y

4. Instituto Nicaragüense de Energía, INE, en lo que corresponda, de conformidad a la ley de la materia y le sea pertinente. Estas disposiciones de carácter registral, son validas para todas las propiedades que se encuentren a nombre del Instituto Nicaragüense de Energía y que hayan sido inscritas como tal con fecha anterior al año de mil novecientos noventa y ocho.

Al representante legal de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, le corresponde realizar las diligencias y demás trámites pertinentes en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento correspondiente, para que proceda a la cancelación de las inscripciones registrales de las empresas referidas, según corresponda, para tal efecto se exime del pago de todos los aranceles registrales y bastará la invocación de la presente ley y la presentación de la solicitud de cancelación registral para darle curso a la solicitud.

Refórmense los artículos 4, literal e) y 6 de la Ley N° 554, Ley de Estabilidad Energética, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 224 del 18 de noviembre del 2005, los que se leerán así:

En el sector de Energía Eléctrica se toman las siguientes medidas:

e) La Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, deberá contratar preferentemente su energía con las distribuidoras de energía a nivel nacional y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, ENACAL, de acuerdo a la Banda de Precios establecida en la Ley N° 532, Ley para la Promoción de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables. La contratación deberá efectuarse a más tardar dentro de los quince días después de la entrada en vigencia de la presente Ley, debiéndose respetar los contratos registrados en el Ente Regulador a la entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 7

Créase un Fondo de Desarrollo de Inversión Energética cuyo capital será constituido con el aporte del 1.5 % del valor de mercado por cada MWH, los que serán deducidos de la factura mensual de compra de las distribuidoras a la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, por MWH conforme el reporte del Centro Nacional de Despacho de Carga. Las Distribuidoras efectuarán el pago directamente a dicho Fondo que será administrado por el Ministerio de Energía y Minas, MEM.

El Fondo de Desarrollo de Inversión Energética tendrá la finalidad de realizar investigaciones y estudios de pre factibilidad para promover exclusivamente la inversión en el sector energía a base de fuentes renovables. Su administración y funcionamiento será regulado por Ley de la República.

En la legislación referida a la Industria Eléctrica donde se lea Empresa de Generación Hidroeléctrica, Sociedad Anónima, HIDROGESA, Empresa Generadora Momotombo, Sociedad Anónima, GEMOSA y Empresa Generadora Central, Sociedad Anónima, GECSA deberá entenderse, para todos los efectos, Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL.

1. La Ley N° 494, Ley de Reforma y Adición a la Ley N° 272, Ley de Industria Eléctrica, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 243 del 15 de Diciembre del año 2004;

2. El artículo 1, literal b) de la Ley N° 517, Ley que establece el uso de las utilidades de Hidrogesa y Crea el Fondo de Apoyo a la Producción Agropecuaria No Tradicional de Exportación, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Número 41 del 28 de Febrero del año 2005;

3.- El Decreto Ejecutivo N° 58-2000, aprobado el 20 de Junio del 2000;

4.- El Decreto Ejecutivo N° 128 - 99, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número 240 del 16 de Diciembre de 1999 y sus reformas contenidas en el Decreto Ejecutivo N° 117-2004 publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número 217 del 08 de Noviembre del año 2004;

5.- El Decreto Ejecutivo N° 53-98, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número 2150 del 12 de Agosto de 1998; y

6.- El Decreto Ejecutivo N° 88-99, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número 163 del 26 de Agosto de 1999; y sus reformas contenidas en el Decreto Ejecutivo N° 009-2003 publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número 25 del 05 de Febrero del año 2003.

La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

 Reconocimiento de su existencia, especialmente por parte de las mismas mujeres, de los tomadores de decisiones y de los prestadores de servicios.

 Ejecución de Programas y Medidas de Protección que contribuyan a su prevención y a la atención de las víctimas.

 Tipificación de delitos que incluyan todas las formas de violencia, incluido el feminicidio como la forma extrema de violencia hacia las mujeres.
 Sensibilidad y apertura al cambio para así posibilitar la adopción de medidas que favorezcan las modificaciones conductuales que contribuirán a eliminarla.

 Modificaciones procesales que hagan expedita su sanción y creación gradual de instancias del sistema de justicia que apliquen los nuevos tipos penales.

 Fortalecimiento de las coordinaciones interinstitucionales y de las organizaciones de la sociedad civil, que beneficien la atención eficiente con los recursos existentes y la erradicación de la violencia y la protección a las víctimas y a sus dependientes.

 Organización de los Estados Americanos Comisión Interamericana de Mujeres Mecanismo de Seguimiento Convención Belém Do Pará (MESECVI) Respuestas al Cuestionario.

 Informes de País XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe. Brasilia, Brasil, 13 al 16 de Julio de 2010, Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).

 Ponencias I Encuentro Regional “Acceso de las Mujeres a la Justicia en casos de Violencia de Género, con énfasis en Violencia Sexual”. Antigua, Guatemala, 19 y 20 de Agosto de 2010. Corte Centroamericana de Justicia. Corte Suprema de Justicia de Guatemala y UNFPA.

 Documentos CIDH Y CLADEM.

 Investigación Preliminar de Protocolos de Actuación Judicial.

 El derecho a la vida con carácter “inviolable e inherente a la persona humana”. (Artículo 23 Cn.)

 La igualdad de todas las personas ante la ley y su derecho a igual protección. “No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”. (Artículo 27 Cn.)

 La igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce y ejercicio de sus derechos políticos; y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, además de igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. “Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”. (Artículo 48 Cn.)

 Protección estatal y reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana; irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y “plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”.

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.”

 el derecho a que se respete su vida;

 el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

 el derecho a la libertad y a la seguridad personal;

 el derecho a no ser sometida a torturas;

 el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

 el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

 el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Faltan tres minutos para las diez de la mañana y vamos a intentar iniciar sesión pidiéndole a nuestra Segunda Secretaria que nos verifique el quórum

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

a) Respetar las necesidades básicas de estos, asegurando que no sufran por hambre, sed, maltrato, malestar físico, dolor, heridas, enfermedades, miedo, angustia, ni abandono, proporcionándoles un alojamiento adecuado a su raza o especie.

b) Velar por su alimentación, salud y condiciones de vida adecuadas, según la especie, para permitirles un comportamiento y desarrollo normal y esencial.

c) Cuidarlo y protegerlo de agresiones, peligros o molestias que le puedan causar otras personas o animales.

d) No criar mayor número de animales del que pueda ser bien atendido y controlado, para no ocasionar molestias a terceros, ni poner en peligro la salud pública.

e) Evitar cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos técnicos en la materia.

f) Evitar todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida o que afecten la salud y el bienestar de los animales.

g) Los animales utilizados como mascotas, de tracción, o transporte u otros usos, bajo ninguna circunstancia deberán ser sometidos a maltratos, torturados o a jornadas excesivas de trabajo.

h) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico sanitarias, brindándoles la atención médica cuando el caso lo amerite, ya sea por accidente, enfermedad o lo determinen las condiciones para el bienestar animal.

i) Responsabilizarse de sus restos físicos en caso de muerte.

j) No azuzarlos para que ataquen o agredan a personas o provocar peleas con otros animales.

k) Obtener los permisos requeridos para la tenencia de animales, registrarlos y denunciar la pérdida del mismo.

a. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se celebren espectáculos con animales y no se cumpla con las leyes, reglamentos y normas técnicas establecidas.

b. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya motivado una clausura temporal o cuando se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea el de realizar actos prohibidos por esta Ley.

c. Cualquier otra acción legal que permita la protección a los animales.

De igual manera, a los lugares donde se mantengan animales bajo observación por sospecha de ser portadores de alguna enfermedad o por haber causado heridas o lesiones a personas, podrán acceder libremente las Asociaciones Protectoras de Animales con el fin de ayudar o apoyar en la medida de sus posibilidades en la atención de los mismos.

1. Ministerio de Agropecuario Forestal (MAGFOR), quien coordina.

2. Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)

3. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)

4. Procuraduría General de la República.

5. Ejército de Nicaragua

6. Policía Nacional

7. AMUNIC

8. Fundación Amigos del Zoológico Nacional

9. Asociación Protectora de Animales (APA)

10. Asociación de Médicos Veterinarios de Nicaragua

11. Universidades con Facultades vinculadas a la temática.
El coordinador del Consejo, con la probación de sus miembros, podrá invitar a otras representaciones cuando el caso lo requiera.

a) Conocer, aprobar y actualizar la propuesta de Política Nacional de Protección y Bienestar Animal, velando por su cumplimiento.

b) Emitir recomendaciones a las autoridades correspondientes, para promover el cumplimiento de la ley y demás normas y estrategias.

c) Proporcionar asesoría y emitir opiniones en materia de protección y bienestar de los animales.

d) Promover, analizar y proponer las normas, programas y estrategias para la protección y bienestar de los animales.

e) Promover concertación y colaboración entre los sectores público, social, académico y privado, en materia de protección y bienestar de los animales.

f) Promover programas de educación, investigación, estudios y divulgación sobre la protección y bienestar de los animales a los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, así como, concientizar sobre la responsabilidad de la tenencia de los mismos.

g) Promover alianzas, convenios y organización con las autoridades regionales y municipales y sociedad civil organizada, en función de crear mecanismos para el cumplimiento de la ley.

h) Aprobar la creación de los Comités Departamentales y Regionales de Protección y Bienestar de los Animales, quienes funcionarán como órganos auxiliares del Consejo Nacional.

i) Impulsar con las instituciones y organizaciones competentes, la realización y actualización del inventario nacional de animales domésticos y animales silvestres domesticados existentes en el país.

j) Conocer sobre el manejo, uso y destino del Fondo para la Protección y Bienestar Animal.

k) Elaborar y aprobar el reglamento interno para su funcionamiento.

Los recursos para el Fondo se obtendrán de:

a. Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto General de la República.
b. Las herencias, legados y donaciones que reciba.
c. Los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos.
d. De las multas generadas por las infracciones a la presente ley.
e. Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto.

a. El fomento de estudios e investigaciones para mejorar los mecanismos para la protección a los animales domésticos y animales silvestres y la promoción de campañas de esterilización y control de enfermedades.
b. El desarrollo de programas de educación, difusión y fomento de la cultura en la protección de los animales y en el cumplimiento de la ley y demás normativas.
c. El desarrollo de las acciones establecidas en los convenios que el Gobierno establezca con los sectores sociales, privados, académicos y de investigación en las materias de la presente Ley.
d. Las demás que esta Ley, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos establezcan.

1. MAGFOR, quien presidirá.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

3. AMUNIC.

a. El nombre o razón social, domicilio y teléfono en su caso.

b. Los actos, hechos u omisiones denunciados.

c. Los datos que permitan identificar al presunto infractor.

d. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

Muy graves:
a) Maltratar y no proporcionar la alimentación adecuada y los cuidados higiénicos sanitarios a los animales.

b) Abandonar a los animales en la vía pública o en propiedades de particulares.

c) Abandonar o dejar suelto a un animal potencialmente peligroso de cualquier especie o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escape o extravío.
d) Tener animales potencialmente peligrosos sin la debida autorización.

e) Vender o transmitir por cualquier título un animal potencialmente peligroso a quien carezca del permiso respectivo.

f) El adiestramiento de animales domésticos y animales silvestres domesticados, dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su agresividad.

g) El uso de animales, como instrumento de ataque o para prácticas de tiro al blanco.

h) Las prácticas y experimentación de vivisección en animales vivos, con fines docentes o didácticos en los diferentes niveles de enseñanza.

i) Vejar a un animal, ordenarlo o permitirlo, causando lesiones que provoquen enfermedad mental o corporal, pérdidas de miembros o funciones o peligro inminente de perder la vida.

j) Practicar la zoofilia.

k) Realizar intervenciones quirúrgicas en animales, sin poseer título de medicina veterinaria o los conocimientos técnicos necesarios.

l) Poseer animales protegidos por Ley o Convenio Internacional sin la debida autorización.

m) No cumplir con las medidas de seguridad impuestas por la autoridad competente.

Graves:

a. agredir al o los encargados de la captura de animales abandonados y que causen algún daño a vehículos o al equipo utilizado para tal fin.

b. La captura, comercio, venta pública y exportación de animales categorizados como especies exóticas, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, para usarlos como animales domésticos, mascotas, recreación, turismo o alimentación.

c. La tenencia en cautiverio de animales domésticos o animales silvestres domesticados, para exhibición y/o mini zoológicos en centros recreativos, restaurantes, hoteles o privados.

d. La organización, celebración o el azuzar peleas de perros de cualquier índole, ya sea como deporte, diversión, cultura, apuestas o de cualquier otro motivo.

e. La comercialización de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, fracturas o heridas.

f. Las mutilaciones con fines puramente estéticos.

g. Utilizar como animal de tiro a hembras en períodos próximo al parto.

h. Cargar vehículos para animales de tiro con peso excesivo a la capacidad de los mismos.

i. Autorizar la tenencia de animales a personas naturales con antecedentes de maltrato físico, emocional o psicológico o cualquier explotación laboral.

j. La presencia de menores de edad en los establecimientos donde se practique la eutanasia o sacrificio de animales domésticos.

k. Depositar animales muertos de cualquier especie en terrenos públicos o privados.

l. El uso y venta de hondas o huleras para la caza de animales de cualquier especie.

Menos graves
a) No cumplir los conductores con los requisitos establecidos en la transportación de los animales

b) Incumplir la obligación de identificar o registrar al animal.

c) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos sin la autorización correspondiente.

d) La donación, distribución o venta de animales domésticos o animales silvestres domesticados para fines de propaganda política, promoción comercial, obras benéficas o quermeses escolares y como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas y loterías.

e) La venta de animales en cualquier establecimiento cuyo giro comercial sea diferente al autorizado.

f) Obligar a ingerir bebidas alcohólicas o suministrarle drogas sin fines terapéuticos.

g) Movilizarlos en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión o en cualquier otro acto público sin las medidas de protección adecuadas o que ponga en peligro la integridad física y mental del animal.
h) El uso y tránsito de animales de tiro para transporte de carga, recreación y turismo que no estén debidamente registrados y autorizados por la autoridad competente.

i) Privar de cualquier manera a algún animal de su libertad.

j) La compraventa de animales en lugares no autorizados

k) Entrada y permanencia de animales en locales no autorizados.

l) Negarse a facilitar información requerida por la autoridad competente sobre el animal.

a) Amonestación.

b) Multas

c) Decomiso para las infracciones graves y muy graves

d) Cierre temporal o definitivo de establecimientos por un año para las infracciones graves y dos años para las muy graves.

e) Prohibición temporal o definitiva del ejercicio de comercio de animales de un año para las infracciones graves y dos años para las muy graves.
f) Prohibición de tenencia de animales por dos años para las infracciones graves y cinco años para las muy graves.

g) Trabajo comunitario de conformidad a lo establecido en el Código Penal.
Para aquellos casos en los que por primera vez se maltrate a algún animal sin dejar huella o secuela, se procederá a la amonestación por escrita al infractor. En caso de reincidencia la autoridad competente procederá a decomisar el animal y abrirá causa penal previa notificación al infractor

a. Las condiciones económicas del infractor.

b. El perjuicio causado por la infracción cometida.

c. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.

d. La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la intención con la cual fue cometida.

e. El carácter intencional, imprudencia o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva de la infracción.

a. De 100 a 500 días/multas para las infracciones menos graves,

b. De 500 a 1000 días/multas para las infracciones graves y

c. De 1000 a 3000 días/multas para las infracciones muy graves.

La violación a las disposiciones de esta ley por parte de laboratorios científicos o quien ejerza la profesión de Médico Veterinario Zootécnico, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurra, ameritará aumento de la multa hasta en un cincuenta por ciento.

La reincidencia en las infracciones a esta ley, implica el aumento de la multa al doble de lo establecido.

El monto de las multas aplicadas, será depositado a favor del Fondo para la Protección y Bienestar de los Animales.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones deberán sujetarse a los establecidos en la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en La Gaceta No. 105 del 6 de Junio de 1996 y Ley No. 647, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en La Gaceta No. 62 del 3 de abril de 2008 y en la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta No. 102 del 3 de junio de 1998.

Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, que no tuviere señalada una sanción especial, serán sancionadas de conformidad al derecho común por las autoridades competentes

a. El nombre o razón social, domicilio y teléfono en su caso.

b. Los actos, hechos u omisiones denunciados.

c. Los datos que permitan identificar al presunto infractor.

d. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

a. El nombre o razón social, domicilio y teléfono en su caso.

b. Los actos, hechos u omisiones denunciados.

c. Los datos que permitan identificar al presunto infractor.

d. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

a) No cumplir con los requisitos establecidos para transporte de animales.

a. Normas para la realización de la eutanasia animal.
b. Normas para los animales de tiro.
c. Normas para el sacrificio o matanza de animales para consumo humano.
d. Normas para el uso de animales en espectáculos o exhibiciones.

En estas normas técnicas se incluirán las condiciones del trato, espacio físico, higiene, alimentación, transporte, tratamiento médico y las horas de trabajos de acuerdo a la especie.

a) La Ley No 688. Código de Defensa y Protección de animales Publicado en La Gaceta No. 3 del 7 de Enero de 1941.

b) Decreto Legislativo No. 152. Reforma y adiciones al Código de Defensa y Protección de los Animales, Publicado en La Gaceta No. 26 del 07 de Febrero de 1950.