Tomo No. 8 de la SEGUNDA Sesión del XIX LEGISLATURA

Año Legislativo:		XIX LEGISLATURA
Sesión:		SEGUNDA
Tomo No.		8

Contenido del Tomo

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problemas en los servicios de atención médica. Sin embargo, de forma solícita y sumisa, queriendo justificar lo injustificable, se ofrece por nuestro Gobierno asistencia médica y desminar territorios en guerra. Vale la pena recordar que las fuerzas invasoras de Irak, tienen enormes capacidades instaladas en desminado y asistencia médica, entonces ¿por qué no lo hacen ellos?

Se ha hecho mucho énfasis en que nuestras tropas han viajado de forma voluntaria, estamos seguros, que esa voluntad ha sido impuesta por el hambre y el temor a ser despedidos o quizás por ganarse unos bollitos. Señor Presidente: no respaldamos esta decisión por la inseguridad, la incertidumbre y la hostilidad militar generalizada que prevalece en ese país por parte de la resistencia iraquí, en contra de las tropas extranjeras. Es importante recordarles, amigos Diputados y Diputadas, que el Presupuesto que aprobamos en este Plenario para el Ejército Nacional, es para que cumpla misiones en Nicaragua y no en el extranjero.

Señor Presidente: Por todas las razones y argumentos que he señalado, la Bancada del Frente Sandinista introdujo ante la Corte Suprema de Justicia, el día 13 de Agosto un recurso de inconstitucionalidad, en el que señalamos claramente la violación de 11 artículos constitucionales, siendo el principal, el artículo 92, que establece que el Ejército de Nicaragua es una institución nacional para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Esperamos que la honorable Corte Suprema de Justicia se pronuncie a la mayor brevedad.

Señor Presidente: Los acontecimientos ocurridos en Irak en los últimos días, exigen de todos nosotros acciones rápidas e inmediatas, para evitar desgracias que enluten nuevamente a la familia nicaragüense. Todavía estamos impactados por esa terrible tragedia ocurrida en la sede de las Naciones Unidas, en Bagdad, en la que murieron más de 24 funcionarios, incluyendo al representante especial del Secretario General de la ONU, Sergio Vieira de Mello; el ataque con fuego de morteros el pasado miércoles a la Base de Iguanilla en Irak, donde estarán alojados a partir de hoy el contingente militar nicaragüense.

Las noticias de diarios españoles señalan que las tropas nicaragüenses recibieron preparación militar en tareas de allanamiento, captura y orden público; y las declaraciones de altos funcionarios gubernamentales, incluyendo al señor Presidente, que afirman que nuestras tropas podrían combatir, lo que desnaturaliza la misión humanitaria que ustedes aprobaron en el Decreto Ley N° 35-81. La inseguridad jurídica que atraviesan nuestros soldados al no habérseles garantizado debidamente los seguros de vida. Y finalmente, las amenazas directas de grupos de la resistencia iraquí de atacar a todas las tropas extranjeras por igual.

Por todas las razones expuestas y muchas más, se nos impone la necesidad de exigir la repatriación de nuestros soldados, para lo cual estaremos presentando a la consideración de todos ustedes, en los próximos días y con carácter de urgencia, una iniciativa de ley que permita el retorno inmediato de las tropas nicaragüenses. De igual manera exigiremos que mientras se lleve a cabo este proceso, el Gobierno y el Ejército de Nicaragua cumplan con todas las promesas que se le hicieron a nuestros soldados y sus familiares. Como Bancada del FSLN cumplimos con un deber moral, humano y patriótico, más allá de intereses mezquinos y politiqueros.

Los sandinistas más que nadie conocemos de la crueldad de una guerra injusta, y nos hemos comprometido con el pueblo y el mundo en la búsqueda de la paz, haciéndonos eco del llamado del Papa y de miles de voces en el mundo. No hay otra alternativa, señor Presidente, honorables Diputados y Diputadas, estamos a tiempo de rectificar. Hay que anular el Decreto N° 35-81, con el que se autorizó la salida de nuestras tropas a Irak. La decisión está en nuestras manos o en la de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Si rectifican oportunamente y con valentía esta decisión, el pueblo os lo reconocerá; si ponen oídos sordos al clamor nacional y permiten que les ocurra algo a nuestros soldados, el pueblo los juzgará y se los demandará.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Gabriel Rivera.

DIPUTADO GABRIEL RIVERA:

Gracias, Presidente.

Como Diputado del Departamento de Estelí, me viene preocupando la toma de las instalaciones de la Escuela de Agricultura de la ciudad de Estelí, desde el día 5 de Agosto del corriente, por diez miembros de UNEN, pertenecientes a la Juventud Sandinista de ese Municipio. Estos señores, en esa toma ilegal y con métodos violentos, están siendo apoyados por la Alcaldía de Estelí y por los dirigentes sandinistas en ese Departamento.

Cabe señalar que el día de hoy, esos señores tienen tomada una universidad privada, ya tienen 22 días, y lo extraño del caso es que la Policía de ese Departamento se ha mantenido al margen y de manera pasiva ante el problema; a pesar que desde antes que se iniciara esa toma, fue advertida por las autoridades de dicha escuela de lo que iba a suceder. Posteriormente las autoridades de la Escuela, en numerosos escritos que tengo aquí en mi poder, le han pedido a la Policía que intervenga en este problema, antes de que se agrave y que pueda tener consecuencias imprevisibles.

Con la actitud de estos señores que tienen secuestrada la Escuela, están perjudicando a 720 estudiantes de turnos ordinarios y sabatinos que están en peligro de perder su año lectivo; porque los dueños de la Escuela -en este caso la Iglesia Católica-, si continúa este problema tendrán que cerrar dicha Escuela, con las graves consecuencias de que esta gran mayoría de estudiantes pobres pierdan su año lectivo. También están perjudicados los maestros y trabajadores de la Escuela, a quienes no se les ha podido pagar por las razones antes apuntadas.

Debo también manifestar que conversé con gran cantidad de estudiantes de ese Centro, y me dijeron que la mayoría de ellos no quiere pertenecer a UNEN, porque esta es una agrupación estudiantil que en vez de defender los intereses de los estudiantes, más bien defienden los intereses del Frente Sandinista, de quien reciben orientaciones y apoyo logístico. Es bueno que aquí se sepa que el Procurador Francisco Fiallos demandó a las autoridades de la Escuela para que supuestamente le pagaran un supuesto salario retenido y unas supuestas prestaciones, y sólo concurría a dicha Escuela cuando ejercía las funciones de Rector, y es decir una vez a la semana.

Digo esto, honorable Junta Directiva, porque no quiero creer que el Procurador Fiallos, en un acto de venganza esté ejerciendo influencia ante el Ministerio de Gobernación, para que la Policía, en el Departamento de Estelí, actúe y permanezca indiferente ante la situación antes planteada. Por ello, hago un llamado al Ministerio de Gobernación para que gire sus instrucciones en el sentido de que la Policía de Estelí tome cartas en el asunto, para la solución de este problema que hoy enfrenta la referida Escuela de Agricultura.

Para concluir, les manifiesto que se han tomado la Escuela 10 miembros de UNEN, que pertenecen a la Juventud Sandinista. A pesar de que ésta es una escuela privada, ellos pretenden que se reformen los Estatutos para que se coloque a un miembro de UNEN en el Consejo Superior de la Escuela, petición totalmente ilegal, cuando se trata de una escuela privada que pertenece -como dije- a la Iglesia Católica. Quiero que ustedes sepan que ésta es una toma política y que está detrás de ella un partido político.

Ellos hicieron siete demandas, y el punto uno era que exigían la reforma de sus Estatutos, para que los encajaran en la Dirección de la Escuela. Entre los demás puntos que exigían están que se abriera nuevamente el internado; que se revisara el currículum de la Escuela; que se les quitara el cobro que se hacía por las tesis, etc. A todo ello han ido cediendo las autoridades de la Escuela, pero como la decisión es política, ellos quieren que se reformen los Estatutos para apoderarse de la Escuela, a como lo habían hecho en la década de los ochenta donde hacían de la Escuela "merienda de negro".

Hoy se ha puesto orden en la Escuela y está -como dije- como una escuela privada, bajo la dirección del ilustre monseñor Juan Abelardo Mata, quien fue demandado por el Procurador Fiallos. Y no quiero creer, honorable Junta Directiva, que este señor Procurador esté ejerciendo influencias en el Ministerio de Gobernación, y transmitiendo a la vez el Ministerio de Gobernación instrucciones a las autoridades de Policía de Estelí, para que se mantengan al margen.

Todas las peticiones que han hecho las autoridades de la Escuela a la Policía han sido totalmente desatendidas, no ha respondido la Policía a su obligación de mantener el orden y dar protección a una propiedad privada. Por ello, estamos aquí planteando esta situación, para que la conozcan nacionalmente. Y por último, tengo conocimiento de que ese problema lo han pasado a otro nivel, para que lo resuelva el Comisionado Cordero, no sé por qué, cuando se trata simplemente de una acción ilegal, que 10 individuos que pertenecen a un movimiento político están estorbando el buen desarrollo y funcionamiento de una escuela que se ha caracterizado por servir a los intereses de los más pobres en ese Municipio. Por ello, hago nuevamente el llamado al Ministro de Gobernación, para que oriente a las autoridades de la Policía que cumplan con el rol que le corresponde dentro de sus funciones y den atención a este problema que cada día se puede agravar más. Tengo conocimiento que hay estudiantes, hay padres de familias que están tomando la consideración de ejercer otro tipo de métodos, si no se les da respuesta por la vía y las instituciones que corresponden.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando José Tardencilla.

DIPUTADO ORLANDO TARDENCILLA:

Muchas gracias, Ingeniero Cuadra.

Buenos días, estimados colegas, Diputados y Diputadas.

Decidí tomar la palabra en estos Previos, para fijar tal vez un punto de atención sobre la tremenda responsabilidad que recae en todos y cada uno de nosotros, en los siguientes tres o cuatro meses de legislación. Ciertamente, la Asamblea Nacional se va a ver inmersa dentro de una cantidad de demandas sociales, de planteamientos urgentes de la población, que continúa buscando solución a los problemas de vivienda, a los problemas de empleo, a los problemas de comida, a los problemas de seguridad; y esencialmente también inmersa en problemas particulares de cada una de las familias, en la búsqueda de la sobrevivencia cotidiana.

Pero nosotros, aquí en la Asamblea Nacional, desde el día de hoy que se están abriendo estos debates de la segunda parte de este año de trabajo, no podemos dejar de señalar -repito-, no podemos dejar de poner en el tapete con toda claridad, que existe una cantidad de leyes que son básicas y esenciales para que este país continúe avanzando en el marco de las posibilidades, no sólo legales sino políticas, en la búsqueda -ya bastante pesada por cierto- de esa bendita condonación que nos puede quitar del 60 al 70 y hasta el 80 por ciento de la pesada carga que nos está limitando el desarrollo.

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, va a ser prontamente puesta en debate en esta Asamblea Nacional, y desde ahora celebro el que todas las bancadas hayan expresado su plena disposición a apoyar este esfuerzo, entendido, claro está, que no es por ser simple y sencillamente una condicionalidad más, sino que entendamos la naturaleza de esta ley, que es de estabilidad para los servidores y funcionarios públicos, y con esa mentalidad es que debemos trabajar.

Igualmente la Ley de Carrera Judicial impone una reflexión serena, impone un análisis no sólo profesional sino sensato, sobre lo que actualmente tenemos como sistema de impartición de justicia, y lo que queremos cambiar, lo que queremos hacer para mejorarlo. Por ello también, todos y cada uno de nosotros debemos de comprometer nuestros esfuerzos para estudiarla y proponer las mejores ideas, y la población de Nicaragua también está expectante de lo que podamos hacer.

Para informarles, la Comisión de Justicia, ya está en la etapa final de debate y dictamen, para presentarles a ustedes el Libro Segundo del Código Penal, que es el libro si se quiere no más grande, sino el que define la tipología individual de cada uno de los delitos, y en ello se está haciendo un esfuerzo para incorporar como figuras delictivas, un conjunto de prácticas incorrectas que limitan la libertad individual de los nicaragüenses y limitan derechos vulnerados flagrantemente en algunos sectores y capas de la sociedad, como la niñez, la adolescencia, las mujeres y que requiere, en esencia -repito y subrayo-, una actitud sensata y abierta de todos y cada uno de nosotros.

El día de ayer, algunos miembros de la Comisión de Justicia nos reunimos con Registradores de las Asociaciones de Juristas, para reflexionar y consultar una parte de la Ley de Registros Públicos, que ahí viene, y esperamos que el esfuerzo conjunto de las cuatro bancadas que estamos presentes en esta Asamblea Nacional, nos lleve ciertamente a aprobar este tipo de iniciativas y otras. Pero no hay que olvidar que venimos arrastrando la Ley de Transporte, y no es posible que por un artículo, tengamos detenida toda la legislación que viene a darle protección en materia de transporte a todos los nicaragüenses.

No es posible que estemos detenidos en el análisis sobre el derecho que tienen 130, 450 ó 20 mil concesionarios de transporte, sobre toda la demanda de transporte presente en nuestro país. Es urgente, estimados colegas, que empecemos a trabajar más allá del interés o del cálculo político-partidario. Alguien decía ahí, yo no creo que algún partido quiera perder las elecciones municipales dentro de 15 días, cuando se nieguen a discutir leyes que está demandando la población, como la Ley del Transporte o el nuevo Código Penal.

Asimismo quisiera reflexionar para que ustedes -que sé que lo tienen por ahí- abrieran su Código de Procedimiento Penal, el que en su artículo 422, nos obliga a tener ya aprobada una Ley de Sistema Penitenciario; nos obliga por mandato de la ley, que ya está vigente, el que ya esté también en vigencia esa ley, y todavía sigue siendo un proyecto. Al llamar al trabajo, al llamar a la responsabilidad y al llamar al consenso, todos los Diputados y Diputadas debemos estar convencidos de que estamos siendo observados con lupa por esta población. En muchas reuniones que hemos sostenido en los Municipios, la gente lo dice con absoluta claridad y sin tapujos, déjense ya de politiquería, déjense ya de cálculos individuales y trabajen por este país.

Ahí tenemos cinco, seis, siete leyes que urgen su aprobación. Al hacer este llamado e inaugurar esta segunda parte de nuestras Sesiones Legislativas, estoy muy seguro que la responsabilidad, que la sensatez, que la dedicación que pongamos ciertamente nos coloque apoyando a este pueblo, que demanda un trabajo transparente y abierto de nosotros como Asamblea Nacional y de sus representantes, tal y como fue establecido el 4 de Noviembre del año 2001.

Señor Presidente, que el espíritu de unidad y de trabajo nos envuelva en lo que resta de este año legislativo.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Maximino Rodríguez.

DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Buenos días a todos los Diputados y Diputadas, y a los medios de comunicación.

Efectivamente, estaba revisando que en el Acta anterior, el primero de Abril del 2003, en este mismo seno de la Asamblea Nacional, este servidor solicitó al Presidente de la Asamblea Nacional, que pusiese sus buenos oficios ante el Poder Ejecutivo, con relación a los proyectos de rehabilitación vial, los proyectos de reparación de los caminos productivos de Nicaragua y especialmente en el Norte, que es una región donde hay mucha lluvia. Yo no sé si el señor Presidente de la Asamblea ha conversado con el Presidente de la República, para que pudiese poner en orden al encargado de esa cartera, desgraciadamente continúan los caminos destruidos, muchos ya no son transitables.

Hoy escuchaba al Presidente de una cooperativa de Matagalpa, que decía que en cada viaje deben cambiar los resortes, los amortiguadores y muchas cosas de sus unidades, porque los caminos ya no se pueden transitar. Nosotros como legisladores, podemos pasar los 365 días y las seis horas hablando aquí en este hemiciclo, pero como que las cosas no funcionan. Por eso quiero llamar la atención nuevamente y pedirle a la Junta Directiva -ya no sólo al Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional- que se reúna con el Presidente de la República, para ver si es posible remover a este señor Ministro, que no ha hecho nada en esa cartera.

Y me da mucha risa cuando escucho en la radios, cuando el Ministerio de Hacienda y la DGI dicen que se han construido más de tres mil kilómetros de carretera, y que los impuestos del pueblo son necesarios para seguir construyendo más caminos. Deben ser caminos imaginarios en la mente del Ministro y en la mente de los funcionarios del Poder Ejecutivo, porque de manera práctica nosotros no conocemos la rehabilitación de estos caminos, a menos que crean que ellos han hecho las carreteras que dejó el gobierno anterior, porque ya les han puesto rótulos diciendo: “Obras de la Nueva Era”.

Mi intervención es para que los legisladores de todo el territorio nacional podamos presionar a esta Junta Directiva, y que la misma pueda reunirse de urgencia con el Presidente y su Gabinete, para determinar en qué se ha ejecutado el Presupuesto que esta Asamblea Nacional le ha hecho a esas instituciones del Estado. Porque de lo contrario, estaríamos cayendo en actos de corrupción, porque esta Asamblea le aprobó un presupuesto al MTI que no se ha ejecutado. El año pasado nosotros los legisladores de Matagalpa logramos, con 87 votos aquí, una partida de 8 millones de córdobas, la cual el Ministro de Transporte e Infraestructura no ejecutó.

Señores miembros de la Junta Directiva: Creemos que este Poder del Estado ha venido en descenso en su credibilidad, porque no hemos sido eficientes; y digo que no hemos sido eficientes, porque todos tenemos o compartimos estas responsabilidades. Por lo tanto, en este último semestre del año 2003, a lo mejor podríamos reivindicar la autoridad que nos reviste a todos nosotros como representantes del pueblo. Por eso les dejo a ustedes o les replanteo esa situación que dice allí, el primero de abril del 2003, señores miembros de la Junta Directiva.

Eso es parte de lo que estoy solicitando, y quiero que esto no pase desapercibido, o a lo mejor no digamos nada y aprobemos un Presupuesto donde cada Ministro haga lo que quiera, que no les cumpla y que no lleve el progreso a las comunidades de este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Gustavo Porras.

DIPUTADO GUSTAVO PORRAS:

Gracias, señor Presidente.

Buenos días.

En esta ocasión, la Bancada del Frente Sandinista nos queremos referir al tema del libre comercio, al tema del Tratado de Libre Comercio. La Bancada del Frente Sandinista considera que el Gobierno de la República de Nicaragua, ha actuado en forma irresponsable en relación a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Ha actuado en forma irresponsable, porque no brinda la información necesaria al pueblo nicaragüense, ni a la Asamblea Nacional, la cual tendrá que pronunciarse en un momento determinado alrededor de las negociaciones del TLC.

No veo cómo la Asamblea Nacional, con esta premura que el Gobierno lleva en la negociación del TLC, donde se supone que de acuerdo a sus planes, para el 8 de Diciembre van a tener firmados, y van a ser entregados en los posteriores 20 días los textos del Tratado de Libre Comercio, propiamente en los momentos de receso de la Asamblea Nacional, y sabiendo que tendría esta Asamblea 60 días para aprobarlo o rechazarlo, si no sería aprobado automáticamente. Entonces no veo cómo todo el proceso va a ser posible realizarlo con responsabilidad.

La Bancada del Frente Sandinista quiere dejar claro que la forma en que el Gobierno y los delegados del Gobierno han venido trabajando el Tratado de Libre Comercio, es una forma irresponsable, carente de transparencia y que oculta la información a los diferentes organismos, instituciones, organismos no gubernamentales y a la población en general. Es por eso que las encuestas dicen que hay un 87 por ciento de los nicaragüenses que no saben nada o muy poco del TLC. Y es tal la situación económica y social de nuestra gente, que aunque no sepa nada, o muy poco del TLC, tiene esperanzas de que sirva para algo, por la situación de miseria en que está sumida la población nicaragüense.

El Frente Sandinista mira con preocupación esa actitud del Gobierno, mientras el Gobierno de los Estados Unidos le da al Tratado con Centroamérica, una importancia de seguridad nacional. Mientras el Gobierno de la Nación más poderosa del mundo le da a ese Tratado, que tanto en sus relaciones comerciales hacia Centroamérica y de Centroamérica a los Estados Unidos, no representan en ambos casos ni el 1 por ciento de sus relaciones comerciales, pero sí le da -como dice el texto de la Ley Comercial de los Estados Unidos (la TPA)-importancia de seguridad nacional.

Mientras tanto Nicaragua, no le da la más mínima importancia hasta llegar a la irresponsabilidad de ir trabajando, engañándose y engañando al pueblo nicaragüense. Aparentemente es una consulta preparada con sectores empresariales, que más que sectores empresariales, son sectores políticos que por su posición política apoyan la posición del Gobierno, y no por lo que signifique este Tratado para su futuro empresarial.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, deja sentada la necesidad de que en este país exista un Plan Nacional de Desarrollo, una estrategia nacional de desarrollo, consensada con los sectores políticos, económicos y sociales.

Que este Plan Nacional de Desarrollo, sea el que defina la política comercial del país, y que a partir de ese Plan, se establezcan las relaciones del libre comercio con todos los países -incluyendo al más importante- y con el país más fuerte del mundo. Pero es a partir de ese Plan Nacional de Desarrollo que debe existir, con tratado o sin tratado, que deben establecerse esas relaciones comerciales, para que el TLC, en este caso de Centroamérica con los Estados Unidos, responda a las necesidades del desarrollo nacional. Y no como el Gobierno lo viene haciendo, que es a partir del Tratado de Libre Comercio, que quiere desarrollar su lógica de desarrollo nacional.

Es decir, es desarrollar Nicaragua porque existe el TLC y no es tener un Plan de Desarrollo de Nicaragua, y negociar el Tratado de Libre Comercio, en correspondencia con los objetivos nacionales de desarrollo. Y decimos esto por el interés permanente en los negociadores del Gobierno, de tratar de deslegitimar cualquier posición, diciendo que por un lado están los que dicen sí al Tratado de Libre Comercio y por otro lado están los que dicen no al Tratado de Libre Comercio.

Yo diría que más bien hay los que queremos un Tratado de Libre Comercio que desarrolle la producción nacional, que garantice la seguridad alimentaria y de ocupación, con ingresos dignos a los nicaragüenses.

Y los que quieren, como en el caso del Gobierno, un Tratado de Libre Comercio negociado a ciegas, y únicamente tomando en cuenta intereses muy particulares, como lo están haciendo los negociadores nicaragüenses. Me pregunto cómo se puede avanzar en una discusión del Tratado de Libre Comercio, cuando el Gobierno ni siquiera con los sectores sociales, políticos y económicos del país ha consensuado esa estrategia de desarrollo; qué intereses va a defender. Se está repitiendo el mismo cuentecito de todos los años, en los acuerdos con el Fondo, el mismo cuentecito de todos los años en las privatizaciones, donde el Gobierno actúa independientemente de la posición de los nicaragüenses y de los intereses nacionales.

¿Cómo será que se va a discutir o va avanzando ese Tratado, si no está claro el proceso todavía, si está detenido el proceso de la Unión Aduanera Centroamericana? ¿Cómo será, si ni siquiera ha habido una verdadera integración centroamericana? Esa es preocupación de todos los sectores en este país, fundamentalmente de los sectores productivos y los sectores sociales. Pero al Gobierno le basta reunirse con una cúpula empresarial que es afín políticamente, y que en este caso no está actuando con los verdaderos intereses empresariales y productivos nacionales, y con eso da por resuelta su consulta.

El Frente Sandinista quiere expresar claramente que apoyará un Tratado de Libre Comercio que desarrolle la producción nacional, que dé ocupación digna y que dé seguridad alimentaria; es decir, un Tratado de Libre Comercio que recoja las bases del desarrollo nacional. Y en esta explotación, frente al anuncio de sectores sociales, gremios productivos, sindicatos, organismos no gubernamentales, de impulsar una ley de moratoria, que va a ser introducida -según el anuncio de todos estos sectores- el 18 de Agosto a esta Asamblea Nacional, con una movilización nacional, el Frente Sandinista quiere dejar claramente patentizado su respaldo a estos sectores productivos, movimiento social, sindicatos y organismos de la sociedad civil, a esa iniciativa y a esa ley.

El tiempo estará determinado por las condicionantes, no queremos que sea más allá ni más acá de que se resuelvan los problemas que está deteniendo la negociación del Tratado, que quedemos claros de cómo vamos a resolver las asimetrías que son chocantes; asimetrías tan chocantes como decir que cada vaca norteamericana recibe cuatro dólares diarios por subsidio, y la mitad de los nicaragüense ni siquiera tienen un ingreso mayor de medio dólar por día. Sin asimetrías chocantes que deben quedar resueltas, asimetrías en la propia Centroamérica, eso hay que resolverlo.

Hay que resolver todo eso, antes de llegar a una firma de Tratado y que esta Asamblea se mire contra la pared, en decir sí o no. Entonces dejamos claro nuestro respaldo a los sectores sociales, a la iniciativa de Ley de Moratoria. Si el Gobierno rectifica y rápidamente cumple con todos estos planteamientos, y nos deja claro que podrán firmar en el mes de Diciembre, podremos trabajar más tranquilamente en la Asamblea Nacional. Pero si no, esta Ley de Moratoria lo que permitirá es irle dando seguimiento a los puntos centrales que tienen que ver con este proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio.

Les pido a los Diputados de todas las bancadas que pongamos ojo en el asunto, porque después nos vamos a ver en la disyuntiva de la firma, y si hoy yo pregunto qué Diputado conoce un solo texto de lo que está firmándose o lo que está negociándose en ese Tratado, no existe un Diputado que conozca un solo texto. Ni nadie, porque hasta el cuarto adjunto ya está desapareciendo, y a lo que le llamaban el cuarto de lectura, también está desapareciendo.

Queríamos dejar sentada esa posición de la Bancada Sandinista.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto Rodríguez.

DIPUTADO ROBERTO RODRIGUEZ:

Gracias, señor Presidente.

En esta ocasión, yo quiero hacer un llamado a que veamos en base a la realidad nuestra, en base a la realidad nicaragüense, cómo el Gobierno debe actuar con responsabilidad; y entre otros aspectos a los que me quiero referir, es que se debe atender la infraestructura básica que se requiere en este país, para garantizar la movilización de nuestra producción. Nosotros sabemos que estamos a las puertas de sacar la producción agropecuaria en las zonas centrales del territorio nacional y nuestras vías de acceso están completamente destruidas, y lamentablemente ese problema de infraestructura se da en los territorios donde Nicaragua es más altamente productiva.

Quiero hacerle un llamado al señor Ministro del Transporte, a que cumpla con su responsabilidad y que tenga el cuidado de no cometer los errores que cometió el año pasado, cuando de manera arbitraria decidió pasar recursos que estaban destinados para la construcción de caminos, la rehabilitación de caminos importantes, inclusive hasta de zonas altamente productivas, y pasó los proyectos a otras partes del territorio nacional sin autorización alguna. Le hago un llamado al señor Ministro de Transporte a que respete el Presupuesto que se aprueba aquí en la Asamblea Nacional, que lo ejecute tal a como nosotros en este Primer Poder del Estado lo decidimos y lo definimos.

Tenemos problemas con las carreteras hacia La Guinea, en los Departamentos de Chontales, Boaco, Matagalpa, Jinotega y Las Segovias, y si estamos pensando en la línea de la construcción de acuerdos, de tratados de TLC, en los que nosotros únicamente tenemos la oportunidad de vender productos agropecuarios y no otro tipo de producto, porque nosotros no somos una nación industrial y tenemos muy poco que comercializar; y si no le garantizamos a estos productores la circulación de lo que ellos producen para la sobrevivencia de esta Nación, estaremos más que en desventaja, estaremos haciendo un hermoso cuadro.

Necesitamos también en el próximo Presupuesto de la República, apuntar hacia ejes que hagan responder con el verdadero requerimiento de Nicaragua, y la infraestructura es un componente vital. Concluyo, señor Presidente, diciendo que el Ministerio de Transporte debe dedicarse a hacer la parte que le corresponde y a cumplir con su tarea de garantizar la circulación de la producción, que es la base fundamental de nuestra economía.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Enrique Quiñónez.

DIPUTADO ENRIQUE QUIÑONES:

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Esta mañana, en la bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional, de la Alianza Liberal, nos queremos hacer eco de un pronunciamiento del día de ayer de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos, para un ex Presidente y Diputado de la Asamblea Nacional, los derechos que están siendo vejados al Doctor Arnoldo Alemán Lacayo. Dice: "La Asociación Nicaragüense..., que del examen físico de las instalaciones donde se encuentra el ex Presidente y Diputado, Doctor Arnoldo Alemán, encontramos que existen condiciones que son violatorias de las reglas mínimas para el tratamiento de prisioneros, entre las que se encuentra:

El local no reúne las exigencias de higiene básicas, pues no cuenta con baño y un servicio higiénico accesible y permanente del Doctor Alemán, para hacer sus necesidades fisiológicas y de aseo personal, por lo que tiene que pedir permiso a sus carceleros, los que no lo atienden con la prontitud del caso, debido a que ellos se encuentran realizando labores administrativas propias de su especialidad.

La administración de justicia nicaragüense debe preocuparse por asegurar que las condiciones de local no sean dañinas para la salud del prisionero, y las instalaciones de El Chipote, en donde guarda prisión actualmente el Doctor Alemán, no prestan condiciones para una estadía larga, puesto que no existe ni ventilación, ni iluminación natural, agravado por el local que es extremadamente caluroso, llevando como consecuencia el deterioro de la salud del Doctor Alemán, quien ha denunciado en nuestra visita, que padece de diábetes, problemas respiratorios, hipertensión arterial, obesidad, gastritis y problemas del colon, inflamación de su pierna izquierda y problemas en su cadera izquierda.

Sumado a ésto el stress y angustia que le produce su reclusión en tales condiciones, lo cual hemos podido verificar con el respectivo dictamen médico legal. Manifiesta el Doctor Alemán, que no recibe la asistencia médica necesaria, ya que recibe la visita de un médico solamente una vez a la semana. Por lo tanto, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos, considera que al Doctor Arnoldo Alemán no le corresponde permanecer recluido en este centro de investigación policial, ya que su caso no se encuentra en etapa de investigación y su condición de salud podría deteriorarse drásticamente en cualquier momento, con consecuencias impredecibles”.

Esta denuncia nos preocupa a los Diputados de la Alianza Liberal, porque está en juego la salud y la vida del Doctor Arnoldo Alemán, ex-Presidente y Diputado. Porque el hecho que todos conocemos -y no vale la pena retroceder- cómo fue destituida esa Junta Directiva y cómo se le quitó la inmunidad al Doctor Arnoldo Alemán, es requete conocida por el pueblo de Nicaragua. La Bancada Liberal elevamos nuestra preocupación ante la Juez Juana Méndez, de lo que le pueda pasar al Doctor Arnoldo Alemán.

También esta mañana, después que hemos estado oyendo preocupaciones de miembros de la Bancada del Frente Sandinista sobre la guerra de Irak, o más bien sobre los soldados que fueron en ayuda humanitaria a ese lejano país, en apoyo del pueblo de Irak; y que interpusieron con todo el derecho que tienen un recurso por inconstitucionalidad -según dicen- de la aprobación que hicimos aquí en la Asamblea Nacional, yo quiero -y así se lo había hecho saber a la Bancada de Camino Cristiano y a la Bancada Azul y Blanco- que nosotros no somos “tira la piedra y esconde la mano”.

No necesitan decir nuestros detractores -ahora sumándose en contra del Gobierno y en contra nuestra- que somos los responsables de que estas personas, estos hermanos nicaragüenses, vayan en ayuda humanitaria a Irak. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad por los soldados que enviamos a Irak. Se consultó con el Gobierno y se consultó con el Ejército; preguntamos si iban con su seguro de vida, y el Gobierno garantiza que van con su seguro de vida; el Ejército dice que no hay ningún problema. Sin embargo, yo había pedido en aquella ocasión, y no lo pude decir aquí en el Plenario, que se integrara una Comisión de Diputados de las diferentes bancadas para que fuéramos a Irak, y yo me sumo como voluntario.

Insisto tenemos que ir a verificar si todo lo que se le prometió a nuestra gente se les está cumpliendo, no tirar el chamarrazo aquí de que es inconstitucional, que pobrecitos, les va a pasar algo. Porque también los soldados -y como yo he hablado con muchos de ellos- muchas veces se sienten como chavalitos de escuela, aun cuando son hombres de milicia y saben su responsabilidad al entrar al Ejército y a lo que están arriesgados.

Entonces es en ese sentido -no por decir que les puede pasar algo, porque son hombres hechos y derechos, con entrenamiento para defenderse allá y en cualquier parte del mundo, inclusive aquí en su propio territorio- ir a ver si en realidad se les están violentando los acuerdos que hicieron con el Gobierno estos países que pidieron que Nicaragua entrara a apoyar al pueblo de Irak, en ayuda humanitaria en esa coalición. Pero también quiero hacer un llamado, y que la prensa lo recoja, porque no es ningún secreto aquí en Nicaragua, quiénes han sido los amigos tradicionales de Kadhafi, de Hussein, de Arafat y de un sinnúmero de personas que se han identificado con el terrorismo internacional.

Y cuando yo oigo decir que se preocupan por nuestros hermanos nicaragüenses, quiero pedirles a aquellos que han sido amigos de Saddam Hussein y de sus allegados, que les digan a sus amigos allí en Irak, a los que están cometiendo actos terroristas en estos momentos, que las tropas nicaragüenses están allá en ayuda humanitaria en solidaridad con su pueblo, el pueblo de Irak, y que cualquier cosa que le pueda pasar a un nicaragüense no es culpa de nosotros, es culpa de los terroristas de Irak que tienen relaciones con partidos y ONG´s aquí en Nicaragua.

Entonces, nosotros queremos denunciar que cualquier cosita que le pueda pasar a un nicaragüense allí, es culpa de aquellos amigos de nicaragüenses que han mantenido una relación estrecha desde hace más de dos décadas. Que quede sentada señor Presidente, mi posición y nuestra petición de que se conforme una Comisión de voluntarios de las diferentes bancadas, para que podamos salir a la mayor brevedad posible; hablar con el Ejército para que haya un enlace, y que vaya una delegación de Diputados a verificar si todo lo que se les ofreció o se les prometió a nuestros soldados se está cumpliendo; de lo contrario, nosotros nos sumaríamos inmediatamente a revertir y pedir que nuestras tropas regresen a su país.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Bayardo Arce.

DIPUTADO BAYARDO ARCE:

Muchas gracias, Presidente.

Creo que de las intervenciones más consistentes en este reinicio del trabajo, ha sido la del colega Tardencilla. Y es que efectivamente en lo que nos queda en estos tres meses de trabajo, creo que debemos trabajar de manera intensa y buscando el máximo de eficiencia en nuestra labor. En primer lugar, aquí todos debemos asumir el compromiso práctico de sacar de aquí a Diciembre, las leyes que tienen que ver con la condonación de la deuda externa, la incorporación de Nicaragua en la HIPC. Son tres leyes las que tenemos pendientes: la Ley del Servicio Civil, la Ley de Endeudamiento Público, y la Ley de Presupuesto del 2004.

A mí me alegra que he oído a algunos voceros de la Bancada del PLC, diciendo que ahora sí van a apoyar la HIPC, porque yo me acuerdo que se opusieron al Presupuesto, se opusieron al reveto, se opusieron a la reforma presupuestaria, se opusieron a la Ley de Equidad Fiscal. En otras palabras, hasta ahora la posición de la Bancada Liberal ha sido sabotear estas leyes que implican el alcanzar la condonación de la deuda, pero ahora van a cambiar y hay que saludar los cambios positivos. Obviamente no podemos centrarnos únicamente en las leyes que están conveniadas con el Fondo Monetario Internacional.

Nosotros tenemos el deber de aprobar también otras leyes que tienen que ver con la defensa de los intereses nacionales, la defensa de los intereses populares, leyes que tienen que ver con la modernización de nuestro Estado, el funcionamiento eficiente de la misma; y en ese sentido tenemos que incluir, desde la reforma a la Ley de la Superintendencia y Administradora de Pensiones que introdujeron unos Diputados aquí. Porque, dicho sea de paso, que comiencen a operar las Administradoras de Pensiones es otra condición para que nos condonen la deuda, y ahí está esa ley que hay que sacarla.

También tenemos que sacar la Ley de Carrera Judicial, que le dé estabilidad a uno de los Poderes del Estado con mayor responsabilidad en el país. Y tenemos que sacar toda una serie de proyectos enviados tanto por el Gobierno como introducidos por Diputados, que definitivamente apuntarán a proteger los intereses de nuestro pueblo, a defender los intereses de la Nación, a modernizarnos como Estado y a modernizar el país. Inclusive, debemos estar prestos a asumir nuevas iniciativas como la que ha anunciado ahorita mi colega, el Diputado Gustavo Porras.

Pero yo creo que además de éso, deberíamos de hacer otras cosas en esta Asamblea, porque se supone que nosotros a través de la Comisión Económica, mantenemos un intercambio con los negociadores del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Dentro de la Comisión Económica hemos delegado a los Diputados Jaime Morales y Wálmaro Gutiérrez, a que participen de los llamados “cuartos de al lado”. La información que ambos nos han dado, es que ésa es una pérdida de dinero y de tiempo, porque llegan y no hay en el lugar de las negociaciones ningún contacto con el Gobierno.

De igual manera se quejan los empresarios y los representantes de organizaciones populares que van con la mejor buena fe a tratar de darle aporte a los negociadores del Gobierno. Y yo creo que nosotros deberíamos -no sé si a nivel del Plenario, no sé si en la Comisión Económica- llamar a estos negociadores, porque aquí les aprobamos un endeudamiento de 5 millones de dólares con el BID, precisamente para garantizar una participación de la sociedad civil en una negociación que es tan trascendental para el hoy y el mañana de Nicaragua.

Entonces, que por lo menos nos vengan a rendir cuentas de los 5 millones, porque a mí me dicen incluso hasta los colegas, que está bueno que lo hagan porque a los Diputados mucho nos critican, pero que ahí van los colegas, los dirigentes empresariales, los sindicales, todo el mundo en clase económica, y los negociadores viajan en primera clase con esos 5 millones; para éso están ocupando la plata. Entonces, desde ahí deberíamos de tener una responsabilidad con los intereses económicos de la Nación y del pueblo nicaragüense.

Por otra parte, tenemos que ver qué está pasando, porque parte de esa plata era para que hubiera cuarto de al lado, cuarto de lectura, y todo eso lo están quitando, ¿y qué están haciendo el dinero? Pero además, nosotros hemos tenido reuniones con empresarios que han buscado al Frente Sandinista, productores agropecuarios; y nos dicen los productores agropecuarios, que de nada vale que nos perfeccionemos en el TLC con Estados Unidos, porque ya estos mismos negociadores dejaron que nos metieran el puñal en las negociaciones de la Unión Aduanera Centroamericana.

Resulta que en las negociaciones de la Unión Aduanera Centroamericana, estos señores fueron y aceptaron que Costa Rica le ponga grandes protecciones, grandes aranceles de protección a su industria porcina, por ejemplo el 45 por ciento de arancel, y a la ganadería nuestra sólo le ponen el 15 por ciento de arancel de protección. Y fuimos a aprobarles a los ticos, a los guatemaltecos y a los salvadoreños que protejan sus industrias, sus negocios financieros, sus servicios, y dejamos por último la producción agropecuaria, de la cual viven dos millones de nicaragüenses.

O sea que el problema no es sólo revisar cómo anda el TLC, el problema es que todavía estamos a tiempo de obligar al Gobierno a revisar los acuerdos a que ha llegado en Centroamérica. Porque yo no tengo interés de que Nicaragua viva en pleito con Costa Rica, no me interesa que nos matemos por el Río San Juan; me alegra que Bolaños llegue a reírse con Pacheco y anden de “inchi-pinchi”, pero hombré, que no perjudiquen al sector productivo de este país.

Y que cuando Bolaños vaya allí, o venga el señor, no sólo se la pasen en fiestas alegres, sino que resolvamos cómo proteger a nuestros ganaderos, a nuestros campesinos que siembran frijoles, maíz, etc. Y todavía hay tiempo, porque la Unión Aduanera Centroamericana está conveniada a iniciar el primero de Enero del próximo año, y una negociación mientras no termina puede revisar cualquier acuerdo que se haya hecho. Nosotros nos tenemos que hacer eco de esa problemática económica, a como obviamente nos tenemos que hacer eco de la preocupación de estos mismos sectores de cara a Estados Unidos.

Y es que hasta los mismos sectores norteamericanos han publicado su preocupación por esas negociaciones, porque dicen ellos muy justamente, que cómo puede venir Estados Unidos a decirnos que abramos nosotros la frontera para sus productos agrícolas, cuando ellos les están dando 19 mil 500 millones de dólares cada año a sus agricultores. Y eso no lo ocultan nuestros negociadores, porque por lo menos en alguna reunión que nos ha contado Mario Arana, dice que por cada libra de maíz que se produce en Estados Unidos, al agricultor le dan el 70 por ciento; por cada libra de arroz, el 65 por ciento; por cada libra de carne, el 80 por ciento.

Y nosotros más bien hemos venido aquí, porque andamos buscando que nos condonen la deuda, a aplicar una política a través de la cual le quitamos las exoneraciones al sector agropecuario, porque el Fondo Monetario dice que no nos pueden condonar la deuda si nosotros estamos perdonando impuestos a nuestros productores. Realmente ésa es una temática que debe ocupar a toda la Asamblea, y que todavía –repito- estamos a tiempo de revisar lo que se ha avanzado en la Unión Aduanera Centroamericana, cómo se está manejando esto con el TLC; y obviamente en el TLC con Estados Unidos, toda esta burla que se está haciendo con la gente que va a querer ayudar con los tales cuartos de al lado, y en ese contexto, bien informados, poder considerar la iniciativa que se está anunciando de pedir una moratoria.

Porque ¿qué prisa tenemos nosotros de que en Diciembre de este año esté concluida una negociación del TLC, cuando ya sabemos que Estados Unidos la va a presentar a su Congreso hasta el mes de Septiembre del 2004? Hasta nueve meses después de que concluya la negociación la presentan a su Congreso, entonces ¿cuál es la carrera? Tenemos el deber de estar informados y de velar por la economía del país y por los intereses de los sectores populares que se van a ir al desempleo. Porque así quiebra la ganadería. Si aquí comienza a entrar el maíz y el frijol sin pagar impuestos, dos millones de personas en el campo van a la calle, ¿y de qué van a vivir? ¿a dónde les van a dar empleo?

¿Cuáles son los programas de compensación que nos está ofreciendo Estados Unidos, como lo ofreció la Unión Europea, a Portugal y España? Mientras esto se acomoda, aquí tenés reales para ir modernizando tu producción, y si tenés que cerrar una empresa, aquí están los reales para gente que va a quedar en el desempleo. Nosotros necesitamos que nuestro Gobierno negocie, porque nadie está en contra del TLC, nadie está en contra de la Unión Aduanera Centroamericana; lo que queremos es que venga un TLC justo y equitativo; queremos una Unión Aduanera, donde lo mismo salga sonriente el tico y el salvadoreño, que el campesino y el productor agropecuario nicaragüense.

Entonces tenemos esa responsabilidad. O sea, no sólo vamos a aprobar la Ley del Servicio Civil y el Presupuesto, porque queremos la condonación de la deuda. Y el sandinismo, más que ninguna otra bancada aquí, ha estado incluso pagando costos, porque de repente cuando aprobamos la Ley de Equidad Fiscal, aquí hubo colegas liberales que dijeron que por ponerle impuestos a los intereses que ganan los depósitos en los bancos... ¿Es el capital más ocioso que hay, poné reales ahí para que te paguen intereses), entonces no había que ponerle Impuesto sobre la Renta.

Se van a ir los impuestos, se van a ir los depósitos, y vayan a ver los datos: más de un mil millones de córdobas han subido los depósitos, y la gente está pagando como corresponde el Impuesto sobre la Renta, si ahí están ganando una renta. También dijeron que iba a subir la canasta básica. Que vayan a ver cómo está la canasta básica. Pero en un momento dado tuvimos que pagar un costo político, y ahora también a lo mejor nos van a decir que como queremos un buen TLC, ¡ah!, es que no somos amigos de los gringos. No; lo que queremos es que los gringos no nos den vuelta, a como nos están dando vuelta con lo de Irak.

Hombré, porque la verdad es que esa guerra... Yo no he visto una guerra con objetivos más descaradamente declarados que ésa, si desde un principio quedó claro que Estados Unidos iba tras el negocio del petróleo. Y quién no sabe que Bush, la Condoluzza Rice, Colin Powell, David Rumfields, todos tienen acciones en empresas petroleras, que son los que mandan en Estados Unidos. Pero además, no había comenzado la guerra y ya Rumfields se estaba ganando las primeras licitaciones para ir a reconstruir Irak. Y después de que hicieron su guerra, nosotros tenemos que mandar a nuestros muchachos pendejos allí, a correr el riesgo sólo porque son militares.

No. Ellos se metieron a militares para defender la soberanía de esta país; ellos están dispuestos morir y a quedar lisiados por este pueblo y este país, no por defenderle los intereses económicos a los gobernantes de otro país. Y aquí el problema no se trata, estimados amigos liberales, de que ahora vayamos a gastar más reales e ir a ver cómo está la cosa en Irak, si el problema arranca aquí. Fíjense ustedes que ayer sale el Presidente liberal, don Enrique Bolaños, diciendo -en una situación para mí inaudita-, aquí están –dice- los reales, y como la persona los donó confidencialmente, no tengo por qué licitar los seguros.

Que vaya a leer la Ley de Licitación y Contrataciones del Estado porque aunque venga regalado un dólar aquí, si la ley establece que se tiene que licitar su uso, se tiene que licitar. Entonces aquí el Presidente liberal, muy tranquilo tal vez... Y yo entiendo a los colegas Diputados liberales que tratan de acercarse a su Presidente liberal ahora, y como ellos ya anunciaron que van a respaldar lo que haga su Presidente liberal, porque prefieren estar ahí –dicen- que con la razón. Si tienen la razón los sandinista, no se acercan a los sandinistas, es lo que han anunciado algunos voceros, porque van a congraciarse con su Presidente liberal.

Yo los entiendo, magnífico, pero que no lo hagan a costa de las leyes. Si al líder de ellos lo ha acusado el Presidente liberal a través de la Procuraduría, supuestamente por haber abusado de las leyes; entonces ahora no permitan que el Presidente liberal atropelle la Ley de Contrataciones y Licitaciones del Estado. No sólo es el problema de si están asegurados o no los muchachos. Ahora, ¿vamos a tener que ir allá nosotros para saber que Irak está en guerra? Hombré, que lean los cables. Todos los días hay dos, tres, cuatro ataques; todos los días hay dos, tres, muertos norteamericanos, británicos, etc. Si eso no es guerra, ¿a qué se le puede llamar guerra?

A mí me habían dicho que el jefe de la Bancada Liberal, pues no tuvo la oportunidad de estar en la guerra aquí, en la nuestra; y ahora me explico, oyendo su intervención, cuando dice que los muchachos para eso están. Y que nos hace un llamado, que porque somos amigos de Saddam, le pidamos que no ataque a los muchachos. Se ve que no estuvo nunca en una guerra, porque en las guerras se dispara en defensa o en ataque y cae el que está en medio. Es como que le digás a los gringos, ahora vayan y no disparen a tal lado, si los mismos gringos ya se volaron a periodistas de la Reuter; las primeras bajas de Inglaterra las causaron los gringos en un accidente de guerra.

Ahora claro, los que hemos estado en la guerra sabemos que las cosas son así, pero el que no ha estado en la guerra puede decirle, ve, cuando disparés “mano”, aquel maje no. Esas cosas no son así. Entonces lo que nosotros estamos por eso pidiendo en el caso de Irak, hombré, es que se acelere en la Corte el fallo del recurso que metimos, y la Contraloría en la investigación de los seguros. Y ya estamos trabajando para meter la ley, porque dice el Ejército, yo no me puedo venir; yo sólo me vengo si la Asamblea me lo vuelve a ordenar. Entonces ¿para qué vamos a estar tentando a los muchachos allá, a ver si les pegan un tiro o no, y ahora dicen que es maniobra del Frente?

Hombré, hasta ahora me doy cuenta yo que el Diario La Prensa se volvió sandinista, porque aquí la campaña la tiene el Diario La Prensa, la tienen todos los medios. Y aquí he visto también a la Iglesia pues, y si ahora la Iglesia se volvió sandinista, quiere decir que vamos bien para las próximas elecciones. Lo que pasa es que yo no estoy convencido de eso; aquí todo el mundo está clamoreando por eso. Pero nadie está manipulando en el Frente, sencillamente estamos recogiendo esas inquietudes.

Así es que yo creo que es cierto lo que dice Orlando, pongámonos a trabajar en la legislación para la condonación de la deuda, para modernizar el Estado, para que no nos den vuelta en los Tratados de Libre Comercio, para que nuestros muchachos no corran riesgo –repito- y realmente hagamos eficiente esta recta final, ahora que los amigos liberales dicen que vienen a apoyar a su Presidente liberal, y vamos a coincidir seguramente en una serie de cosas.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Cerramos esta mañana los Previos, concediéndole la palabra al honorable Diputado Miguel López Baldizón. Y de una vez quiero agradecerles a todos los jefes de bancadas, por haber cumplido con lo acordado en la Junta Directiva el martes pasado, de nombrar a las personas que iban a tomar parte en estos Previos.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, señor Presidente.

Voy a dividir mi intervención en dos partes, una poder brindar un breve informe de cuál fue la actuación de esta Asamblea Nacional durante el semestre pasado, para que sirva también de alguna manera como insumo para el trabajo que se pueda desarrollar en este segundo semestre; y de alguna manera también poder trabajar en el sentido de una mejor percepción del trabajo de esta honorable Asamblea, y que no se califique a la Asamblea Nacional solamente como una fábrica de leyes, o como una institución donde no se viene a realizar ningún trabajo específico.

Particularmente, si comparamos el trabajo del semestre pasado con el trabajo del mismo semestre del año anterior, vemos un significativo incremento en el trabajo que la Asamblea Nacional ha venido desarrollando, y en cumplimiento específicamente de lo que establece el artículo 2 de la Constitución Política, donde dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación”.

El semestre pasado, esta Asamblea Nacional aprobó un total de 21 leyes y 43 Decretos. Sin embargo lo trascendental de esto no es el dato estadístico o el dato numérico, o poderlo comparar con el semestre anterior y poder decir que aprobamos más o menos Decretos; lo sustantivo verdaderamente está en el tipo de leyes y el tipo de Decretos que aprobamos. En el aspecto social, específicamente dirigido a resolver uno de los principales problemas que tiene el ciudadano nicaragüense, el cual es la escasez de viviendas, conocemos que hay medio millón de familias en Nicaragua que no cumplen de alguna manera con tener una vivienda digna, y que el Estado está obligado a desarrollar programas para poderle otorgar ese derecho constitucional a cada nicaragüense, de poder tener una vivienda digna.

En este aspecto, la Asamblea Nacional aprobó el Reglamento del Fondo Social de Vivienda, que ya fue oficialmente abierto hace unas dos semanas por el señor Presidente de la República, y que va a poder destinar fondos para la construcción de aproximadamente 100 mil viviendas para personas principalmente de escasos o bajos ingresos. También aprobamos dos leyes, una dirigida específicamente a resarcir un problema de justicia social en el caso de la Colonia de los Periodistas, y en el caso también de un grupo de ciudadanos que habían sido estafados en aquel momento, al poder obtener viviendas que fueron sobrevaluadas.

A través de una ley aprobada por esta Asamblea Nacional, beneficiamos a un grupo importante de personas que tuvieron esas viviendas de interés social. En el aspecto del municipalismo, un apoyo importante de esta Asamblea Nacional a la labor, a la gestión que desarrollan los Municipios, aprobando la Ley de Solvencia Municipal y la Ley de Transferencias Municipales. Y también la aprobación de una ley para el cobro del ingreso de automóviles, de vehículos, de personas, a aquellas municipalidades que tienen playas y balnearios, y que los permita obtener un ingreso adicional a estas municipalidades.

En el aspecto ambiental, importante fue la aprobación de la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible al Sector Forestal, una ley moderna, ampliamente consensuada y que permitirá a Nicaragua proteger de alguna manera su medio ambiente. En la parte de infraestructura, una Ley de Promoción al Sub-Sector Hidroeléctrico, principalmente permitiendo la incorporación de empresas privadas, la generación de energía hasta 10 mega wats por hora, y una reforma también a la ley, aplicando específicamente el caso de Unión Fenosa.

En los aspectos económicos, la Ley de Equidad Fiscal y la aprobación del Presupuesto 2003, conteniendo importantes partidas para inversión privada, para inversión pública; pero también de alguna manera otorgando fondos para incrementar el gasto corriente y poder aportarle a algunas instituciones, principalmente al sector Salud, una nivelación de salario que se acerque quizás un poquito a las aspiraciones que tienen algunos sectores importantes, como el sector de Salud y el sector Educación, de poder tener un ingreso que les permita tener una vida digna.

En la parte laboral, también hicimos una reforma a la Ley 185, adicionando nuevas patologías laborales que también le van a permitir a un grupo importante de trabajadores del sector productivo, poder ejercer un derecho en la prevención, en la curación y en la rehabilitación de algunas patologías laborales. Algunos Reglamentos importantes también, como el Fondo de Mantenimiento Vial, que permite la disposición de recursos para poderle dar mantenimiento a la infraestructura, principalmente de carreteras. Y de mayor importancia aún la aprobación del Reglamento de la Autonomía de la Costa Atlántica; un Reglamento que sabemos que tenía muchísimos años de estar engavetado, y se pudo lograr el consenso.

Y hoy nos alegra conocer que ya nuestros hermanos de la Costa Atlántica tienen una ley para poder reglamentar, y también que ya están dando pasos firmes en el tema de la propiedad comunal, principalmente de las poblaciones indígenas. Nos quedan, como decía el Diputado Tardencilla y el Diputado Arce, importantes retos para este segundo semestre. Y estamos completamente de acuerdo, la Bancada Azul y Blanco, en apoyar aquellas iniciativas de ley que van dirigidas al ingreso de Nicaragua a la iniciativa HIPC, a la aprobación de esta condonación de la deuda, y también a lograr mantener importantes acuerdos con los organismos internacionales financieros.

De alguna manera este breve informe sirve para ratificar, que hoy la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de representar verdaderamente las necesidades de la población. Hemos visto cómo durante el semestre anterior han comparecido cantidad enorme de sectores a presentar sus necesidades, su problemática, el poder ser escuchados en las Comisiones de trabajo, por el Plenario de la Asamblea. Pero lo más importante, el haber obtenido respuestas en sus demandas de las necesidades que afectan a sectores importantes de la población nicaragüense.

Sostuvimos también el semestre pasado, dos reuniones de evaluación de información con los Presidentes de Comisiones, cumpliendo con lo que establece el Estatuto, que nos ha permitido tomarle el pulso de cuáles son las condiciones de trabajo que tienen las diferentes Comisiones, y en verdad que ésta es un área donde tenemos muchísimo que hacer. Hay Comisiones que no cuentan siquiera con una computadora para poder desarrollar su trabajo, sin embargo los dictámenes se van haciendo conforme un calendario de trabajo. Podemos decir que en Primera Secretaría prácticamente no hay nada pendiente, no hay nada engavetado, todo está en manos de las diferentes Comisiones o en manos del Plenario.

Esta semana tienen ustedes en sus manos, tres tomos de documentos, que son los documentos que van a ser revisados y aprobados en el trabajo de esta semana por el Plenario. Lógicamente producto del trabajo del semestre pasado, hay una gran cantidad de documentos todavía sobre el escaño de cada Diputado. En ese aspecto, vamos a disponer un lugar donde puedan depositar -los que tengan a bien hacerlo- toda esa cantidad de documentos para poderlo entregar a instituciones benéficas que reciclan papel, y que de alguna manera puedan sacarle algún beneficio económico a esta cantidad de documentos.

Ya les informaremos a través de los jefes de bancadas, dónde colocaremos este depósito, para que todos los que tengan a bien hacerlo, puedan depositar los documentos del semestre anterior, poderlo reciclar y dar un pequeño aporte económico en ese sentido a instituciones de carácter benéfico. Por otro lado, se ha resaltado la importancia de la Iniciativa HIPC, del Tratado de Libre Comercio, de un Plan Nacional de Desarrollo, todos elementos importantes para poder sentar las bases de un mayor desarrollo y progreso para la Nación.

En este aspecto, también tenemos que pedirle al Gobierno de la República una mayor efectividad y una mayor eficiencia en el ejercicio de la gestión, por eso es que apoyamos el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos que apoyar también una mayor integración intersectorial de todas las instituciones públicas, de tal manera que en el terreno, en el nivel local, veamos a un Gobierno más efectivo y más eficiente en su gestión, resolviendo las necesidades que a diario presentan todos los nicaragüenses.

En el tema político, no podemos escapar de la realidad nacional y de la realidad internacional, y ayer se celebraba el Día Nacional de la Discapacidad. En Agosto del año 1995, esta honorable Asamblea Nacional aprobó la Ley 202, para la prevención, la rehabilitación y la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Sabemos de antemano que la guerra fratricida de la década de los 80, dejó 300 mil lisiados de guerra, y que sumado a otro tipo de discapacidades o de deficiencias, Nicaragua tiene un 12.5 por ciento de su población en situación de discapacidad.

Solicitaban estas personas a través de las organizaciones que les representan, la incorporación en el Presupuesto General de la República, el cumplimiento de la ley que precisamente manda al Ejecutivo y al Legislativo a destinar partidas específicas para poder resolver de alguna manera las necesidades que presentan las personas con discapacidad. De esta manera, no podemos pasar por alto el saludar a todas aquellas personas que enfrentan diariamente, no solamente su discapacidad, sino también cómo la sociedad y cómo lo que hacemos diariamente en nuestra población, mayoritariamente no toma en cuenta que existen personas con discapacidad en Nicaragua.

Creo que también es una responsabilidad que no podemos soslayar, que no la podemos postergar y queremos trabajar también en ese respaldo que necesitan las personas con discapacidad. Se ha tocado, hemos visto en las exposiciones de los diferentes colegas, honorables Diputados, el día de hoy, cómo el prisma, la forma en que enfocamos algunas cosas puede variar la percepción que tenemos de un hecho real. Y de esta manera vemos cómo un sector que podríamos decir de alguna manera cómo las instituciones políticas pueden evolucionar o pueden involucionar, pueden hacer uso de oportunismos electorales o de las coyunturas cotidianas.

Y vemos de acuerdo a ésto, cómo se le puede dar una diferente perspectiva a un tema que de alguna manera pueda provocar polémica en este sentido. Y aquellos que podríamos decir, stalinistas ayer, guerreristas ayer, hoy nos dicen que son pacifistas; los que repartían armas, hoy reparten palomas de la paz; y un partido que dice ser en su naturaleza civilista, democrático, hoy aparece tomando iglesias, quemando llantas y con encapuchados en las calles, defendiendo problemas particulares de una persona. Esto es, podríamos decir, como dice su Santidad Juan Pablo II, la demagogia y la competencia de los políticos, y creo que Nicaragua está bastante cansada de esas dos cosas.

Yo quiero hacer eco de la petición que han hecho dos Diputados -el Diputado Tardencilla y el Diputado Arce-, de que dediquemos nuestros esfuerzos verdaderamente a trabajar por el desarrollo y el progreso de Nicaragua; que los temas políticos que quizás son inevitables, porque éste es un foro político por excelencia, no nos aleje de la responsabilidad que tenemos de convertir esta Asamblea Nacional en un verdadero punto de apoyo para el desarrollo y el progreso de Nicaragua.

Es por esta razón que invito a todos los Diputados, a que en lugar de trasladar los problemas políticos - partidarios al seno de esta Asamblea, busquemos y trabajemos en la búsqueda de ese consenso amplio que nos permita lograr la unanimidad, lograr la homologación de nuestros intereses, como dice la Constitución Política, anteponiendo siempre y en primer lugar los intereses de la Nación.

Gracias, Presidente.

El señor Presidente de la Junta Directiva me ha pedido que en la lectura de correspondencia, demos lectura al Convenio de Cooperación Institucional entre la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua y la Cámara de Diputados de la República de Chile, celebrado en la ciudad de Valparaíso, República de Chile, el 6 de Agosto del año 2003.

Para conocimiento de todos los honorables Diputados y Diputadas, en esta fecha, cinco Diputados de la Comisión de Modernización, viajaron hacia la República de Chile y lograron la firma de este Convenio de Cooperación, que dice así:

De una parte, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, debidamente representada por su Presidente, honorable Diputado señor Jaime Cuadra Somarriba, y de otra parte la Cámara de Diputados de la República de Chile, representada por su Presidenta, honorable Diputada Señora Isabel Allende Buzi.

Y considerando:

Que ambas instituciones se encuentran participando en un proceso de desarrollo y modernización de sus respectivas instituciones;

Que ambas Cámaras desean en nombre de la amistad tradicional que existe entre los pueblos de la República de Nicaragua y de la República de Chile, colaborar mutuamente en su desarrollo, tanto en los planos del quehacer legislativo, como en el de las nuevas tecnologías;

Que atendida la experiencia del personal de las ya mencionadas Asambleas Legislativas, existe la posibilidad de intercambiar expertos y capacitar recursos humanos. Que existe la voluntad que dicha cooperación sea amplia y diversa en función de los intereses de cada institución y Nación.

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua y la Cámara de Diputados de la República de Chile, en el entendido que el presente preámbulo forma parte integral de este documento, han resuelto suscribir el siguiente Convenio de Cooperación Institucional:

1. Se establece una relación de cooperación entre la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua y la Cámara de Diputados de la República de Chile.

2. El presente Acuerdo, hace énfasis en la colaboración e intercambio de experiencias mutuas en las áreas de la función y de la técnica legislativa y representativa.

3. El presente Acuerdo incluye especialmente las experiencias en las áreas de la organización y administración y de la aplicación de nuevas tecnologías al desarrollo institucional, y con particular interés en el desarrollo informático, intercambio y capacitación de expertos y personal profesional-administrativo.

4. Con el fin de concretizar este Acuerdo, las personas autorizadas para solicitar el intercambio de experiencias son, por parte de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de Modernización de dicha Asamblea, y por parte de la Cámara de Diputados de la República de Chile, el Secretario General. Dichas autoridades fijarán además el procedimiento en particular, y al inicio de cada año podrán establecer un programa de actividades a realizar de común acuerdo.

5. Cuando se produzca un intercambio de expertos o personal administrativo, la institución anfitriona proporcionará hospedaje, comida y transporte local durante el período convenido, y la institución que envíe a los expertos o personal, se hará cargo del viaje y otros gastos que estime convenientes.

6. Las partes acuerdan, que el presente Convenio se aplicará cada vez que las autoridades señaladas en la cláusula 4, así lo acuerden en un Protocolo escrito, que se entenderá forma parte de este Acuerdo o por simple intercambio de notas.

7. Las partes, para efectos de la entrada en vigencia del presente instrumento, comprometen su honor de ratificar este Acuerdo en sus respectivas Cámaras, conforme a los procedimientos legales o reglamentarios vigentes en ellas.

Por todo lo cual, firman en representación de la Asamblea Nacional de Nicaragua y de la honorable Cámara de Diputados de la República de Chile:

ISABEL ALLENDE BUZI

PRESIDENTE CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE.

JAIME CUADRA SOMARRIBA
PRESIDENTE
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hasta aquí el texto del Convenio de Cooperación.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Conforme el punto 7, vamos a someter a votación la ratificación de este Convenio, firmado entre la Asamblea de Nicaragua y la Asamblea de la República de Chile.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

67 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda ratificado el Convenio.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Conforme al Acuerdo de la Junta Directiva y jefes de bancadas, celebrado el día 19 de Agosto del corriente año, para el Orden del Día de hoy, remitimos a las honorables Diputadas y Diputados, al Tomo III.

2.1: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL SEGUNDO ADENDUM AL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, EL BANCO CENTRAL (BCN) Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONÓMICA (BCIE).

DICTAMEN

3 de Julio de 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente de la Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, recibimos el mandato de dictaminar la solicitud del

PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL SEGUNDO ADENDUM AL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, EL BANCO CENTRAL (BCN) Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONÓMICA (BCIE).

La Comisión, en relación con este Contrato de Préstamo, ha valorado los siguientes factores:

FIRMA DEL CONVENIO:

Que este Segundo Adendum, fue suscrito el 27 de Diciembre del 2002, en Tegucigalpa, Honduras y con fecha 30 de Diciembre del 2002 en Managua, Nicaragua, entre el Banco Centroamericano de Integración Económica, representado por el Señor Jaime Chávez Almendarez, Presidente Ejecutivo en funciones del BCIE, y la República de Nicaragua, representada por el Sr. EDUARDO MONTEALEGRE RIVAS, Ministro de Hacienda y Crédito Público y en representación del Banco Central de Nicaragua el Dr. Mario Alonso Icabalceta.

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 23 de septiembre de 1997, Nicaragua y el BCIE suscribieron un convenio acerca del tratamiento de la deuda de la República de Nicaragua y del Banco Central de Nicaragua con el Banco Centroamericano de Integración Económica, por un monto de US$566,730,992.46 modificado mediante adendum suscrito el 11 de Junio de 1999, en adelante el convenio.

2. Que como parte del tratamiento de la deuda aludida en el numeral anterior, en el convenio se estableció que el total de los Bancos Cupón Cero deberán estar en poder del BCIE a más tardar el 30 de diciembre del año 2002.

3. Que el Gobierno de la República de Nicaragua, con el propósito de propiciar condiciones favorables que le permitan alcanzar el punto de culminación dentro de la iniciativa HPC, ha solicitado una prórroga de la fecha de entrega de los Bonos Cupón Cero hasta el 31 de Diciembre del 2003, fecha en que se estima alcanzaría el punto de culminación.

ACUERDO ADENDUM II

En este segundo Adendum se acuerda que el plazo final para que Nicaragua entregue al BCIE los Bonos Cupón Cero emitidos por la Tesorería del Gobierno de los Estados Unidos de América con vencimiento en el año 2023, que según la cláusula II, inciso E del Convenio de renegociación suscrito el 23 de Septiembre de 1997 y el adendum del 11 de Junio de 1999 a dicho Convenio era el 30 de Diciembre del 2002, se extiende hasta el 30 de Diciembre del 2004 o hasta que Nicaragua alcance el punto de culminación bajo la iniciativa HIPC, lo que ocurra primero.

A la fecha de la suscripción de este adendum el monto de la deuda que debe ser garantizado por la entrega de los Bonos Cupón Cero es de US$272,981,971.69.

Si se llegare a finalizar la ejecución del esquema consensuado por la República de Nicaragua, el Banco Mundial y el BCIE para ser aplicado en el punto de culminación de acuerdo al AID Memoire, firmado el 25 de Julio del 2001, incluida como anexo a este adendum, se reducirá sustancialmente la exposición del Banco en Nicaragua y ello permitirá elevar a consideración de la Asamblea de Gobernadores del BCIE la eliminación de la Garantía de los Bonos Cupón Cero.

Si Nicaragua no alcanzare su punto de culminación bajo la iniciativa HIPC a más tardar el 30 de Diciembre del 2004, o no cumpliese con los compromisos de pago que contempla el Convenio, el BCIE podrá dejar sin efectos el presente arreglo en la parte que no haya sido cumplida.

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado los objetivos y condiciones generales del Convenio de Crédito, y

CONSIDERANDO:

Que con este adendum II se le está dando una prórroga al Gobierno de Nicaragua para la entrega de los Bonos Cupón Cero al BCIE, con el propósito de propiciar condiciones favorables que permitan a nuestro país alcanzar el punto de culminación dentro de la iniciativa HIPC.

Dictaminamos Favorablemente

EL PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL SEGUNDO ADENDUM AL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, EL BANCO CENTRAL (BCN) Y BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONÓMICA (BCIE),

por lo que pedimos al Honorable Plenario su aprobación respectiva.

Anexamos el Proyecto de Decreto dictaminado.

COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS

ALFREDO GOMEZ URCUYO

JORGE MATAMOROS SABORIO

WILFREDO NAVARRO MOREIRA

WALMARO GUTIERREZ MERCADO

JAIME MORALES CARAZO

GUILLERMO OSORNO MOLINA

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general el presente Decreto.

Se abre la discusión.

Tiene la palabra el honorable Diputado Wálmaro Gutiérrez.

DIPUTADO WALMARO GUTIERREZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Muy buenos días, honorables Diputados.

Rápidamente quería tomar la palabra, para en alguna medida explicar en castellano más básico y más asimilable, los efectos que tiene una iniciativa de esta naturaleza. Recuérdese que de cara al Convenio firmado el 27 de Diciembre del año 2002, entre el señor Eduardo Montealegre, actual Ministro de Hacienda y el señor Mario Alonso Icabalceta, como Presidente del Banco Central, con los representantes del Banco de Integración Económica, se da la aprobación de un Contrato de Préstamo, pero con una condición, que es la condición de que Nicaragua garantizara este Contrato por la vía de la adquisición de Bonos Cero Cupón.

Esta adquisición de Bonos Cero Cupón, se tiene que hacer por la vía de compra directa del Banco Central, y obviamente el Banco Central, su fondo para poder hacer estas adquisiciones, es por la vía de las reservas. Obviamente si se hace esta compra en el actual momento, estaríamos hablando de una exposición de las reservas netas que están en este momento en un punto delicado, y se estaría reduciendo estas reservas y poniendo en una situación un tanto peligrosa, de cara a las condicionalidades que debe tener Nicaragua para incorporarse o para tener los privilegios de la iniciativa HIPC.

Es por eso que el Estado de la República de Nicaragua, a través del Ministro de Hacienda, hizo una renegociación en el marco de los términos, y se le está dando una prórroga para que en este momento Nicaragua no adquiera esos Bonos Cero Cupón y que no tenga necesariamente que ponerlos en este año 2003, de suerte tal que las reservas no se miren sustancialmente afectadas, dado que es muy probable que en la iniciativa HIPC, nosotros estemos supuestamente beneficiándonos de ella.

A partir del año 2003, en otras palabras es un respiro que le estamos dando a las reservas del Estado de la República de Nicaragua, y con la posibilidad de que si nosotros llegáramos a ostentar esta iniciativa HIPC; a tener en nuestras manos esta iniciativa HIPC, al final del cuento ni siquiera tendríamos la necesidad o la obligación de adquirir estos Bonos, Cero Cupón.

Es por eso que en el mejor de los intereses, de garantizar condiciones para que este país pueda accesar sin mayores dilaciones a los beneficios de la iniciativa HIPC, es que los miembros de la Comisión Económica hemos firmado favorablemente este Dictamen, y solicitamos a todos los miembros de este Plenario de la Asamblea Nacional, la aprobación de este instrumento tan importante para la estabilidad macro económica de este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Enrique Quiñónez.

DIPUTADO ENRIQUE QUIÑONEZ:

Gracias, Presidente.

Antes de todo, quiero dejar clara mi protesta sobre los acuerdos que tomamos en Junta Directiva, y al no tener nosotros representación en la Junta Directiva, lógicamente que después no hay cómo protestar y cómo hacer que se cumplan. Habíamos acordado que en los Previos iban a hablar tres por bancadas mayoritarias y dos por bancada minoritaria, y que iban a ser de cinco minutos las intervenciones. Aquí un colega que hizo alusión a mí persona se tomó como 20 minutos, y cuando yo llego a hablar a la Junta Directiva, sólo se quedan viendo, como que le tienen pánico a Bayardo, porque llego a pedir mi derecho a réplica por alusión personal, y se quedan viendo todos ahí, y no hayan ni qué hacer.

En ese sentido, Presidente, la verdad es que hace uso de la palabra y a la hora llegada... (Es clara la situación, depende de quién venga el tipo de insinuaciones. Ya estoy acostumbrado a oír que dice presuntamente Quiñónez, otro que ahora dice, me contaron). Le aclaraba al colega Diputado Bayardo Arce -que me dice que no le han contado- que también hubiera dicho -si es que así le cuentan-, que yo no he sido ladrón, que yo no tengo sucias mis manos en actos de crímenes de guerra, ni me han quitado la visa americana por otro tipo de acusaciones.

En fin, un sinnúmero de cuestionamientos que se les puede atribuir a ciertas personas y que son conocidas por el pueblo de Nicaragua. La verdad es que no quiero perder el tiempo en ese tipo de aclaraciones. Sí me interesa, porque en eso estoy de acuerdo con Bayardo, en el sentido de que él reconoce, porque es parte de la historia de Nicaragua, donde quedaron miles y miles de nicaragüenses, de jóvenes nicaragüenses mutilados por el servicio de muerte obligatoria donde él era partícipe, porque él era semidios y Comandante de la Revolución, en ese momento, donde mandaban como él dijo de una manera irrespetuosa- a nuestros muchachos pendejos.

Y yo reclamo en nombre del Ejército que tenga más seriedad y más respeto por los soldados de Nicaragua, ya que no lo tuvieron en el pasado, ya que son miles y miles de mutilados que andan deambulando por las calles de Nicaragua; mientras otros viven en casas, en mansiones piñateadas, mantienen empresas de su partido, que son cuestionados por los mismos militantes de su partido, que no se les ha entregado cuentas, y nunca se ha hecho una auditoría clara.

Y vemos hace poco, acusaciones de una su Fundación, que entre ellos mismos dicen que éste se la robó, que no se la robó... Pero en lo que sí coinciden es que no se han hecho cuentas claras y no se han entregado cuentas claras a aquellos que en el nombre de ellos se recoge dinero, y a la hora llegada no llega ni un centavo ni un córdoba a los más desposeídos, que son los más pobres, los que han sufrido, los que andan deambulando en las calles, los que vemos en los diferentes semáforos en sillas de ruedas, diciendo que son veteranos del Ejército Sandinista; mientras otros vivían en francachelas, como semi-dioses, Comandantes de la Revolución, en casas que no les costó, y mirando empresas que todo el pueblo de Nicaragua sabe cómo las consiguieron. Yo quiero pedir -vuelvo y repito a la Junta Directiva-, que se conforme una Comisión que vaya a Irak; a mí no me interesa ver en las noticias si los amigos de Bayardo están atentando contra la vida de norteamericanos allá, sino saber cómo están nuestras tropas, si lo que se nos prometió, si lo que se nos dijo o lo que se le dijo al Gobierno y al Ejército se está cumpliendo. Entonces, yo pido otra vez a la Junta Directiva que se conforme la Comisión ya hablé con el jefe de la bancada, porque éso lo habíamos hablado desde que se aprobó el envío de nuestras tropas en ayuda humanitaria, tanto con Camino Cristiano, como con la Bancada Azul y Blanco y la Bancada Liberal.

Hay voluntarios para ir a Irak, a verificar in situ si nuestras tropas están avitualladas y si se les está dando la logística que se prometió. No es cuestión aquí de que, como aparece ahora un Diputado tirando un chamarrazo de que no, que no hay que ir, porque pobrecitos los soldados..., me gustaría que se preocuparan por las pensiones, como andan miles de hombres preguntando si tienen derecho a una pensión digna, después que arriesgaron su vida por algo que equivocado o no, creyeron en una guerra civil que se dio aquí en este país. Y sigo insistiendo en nombre de la Bancada Liberal, que se conforme una Comisión para que vayamos a Irak a verificar cómo están nuestras tropas.

Repito, si se han violentado los acuerdos que se nos dijeron que habían firmado con esos países en la coalición, inmediatamente hay que pedir el retiro de nuestras tropas de Irak y que regresen a Nicaragua; de lo contrario, que sigan ejerciendo esa labor humanitaria de la cual están orgullosos los militares, que van sin miedo los que combatieron y sin miedo los que están allá, después de recibir entrenamiento militar y humanitario y que están demostrando y le están devolviendo al mundo entero algo de lo que hemos recibido por mucho tiempo nosotros los nicaragüenses.

Porque cuando vienen aquí tropas norteamericanas o de otros países a entrenar y traer ayuda humanitaria de las cuales muchas asociaciones que son cuestionadas reciben la mayoría de las ayudas todos los meses, ahí si no es intervención, ahí sí nadie se mete, cuando vienen los dólares y viene ayuda, ahí nadie protesta. Señor Presidente. Vuelvo y repito, mantenemos nuestra posición, y por favor, solicitamos que a la mayor brevedad posible se conforme esa Comisión, que sea de voluntarios porque, si fuera obligatoria, la verdad es que aquí tendríamos los votos para mandar a unos cuantos, no a ver las tropas, sino a visitar a otra gente allá en Irak.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación en lo general, el Decreto con respecto al Proyecto de Aprobación del Segundo Adendum al Convenio entre la República de Nicaragua, el Banco Central, y el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

75 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

DECRETO

DE APROBACION DEL SEGUNDO ADENDUM AL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, EL BANCO CENTRAL (BCN) Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA(BCIE)

Arto.1

Apruébase el

SEGUNDO ADENDUM

al Convenio suscrito el 23 de Septiembre de 1997 entre la República de Nicaragua, el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), suscrito con fecha 27 de Diciembre del 2002, en Tegucigalpa Honduras, y con fecha 30 de Diciembre del 2002 en Managua, Nicaragua, referente al acuerdo de que el plazo final para que Nicaragua entregue al BCIE los Bonos Cupón Cero emitidos por la Tesorería del Gobierno de los Estados Unidos de América, con vencimiento en el año 2003, que según la Cláusula II, inciso E del Convenio y el Adendum del 11 de Junio de 1999 a dicho Convenio, era el 30 de Diciembre de 2002, se extienda hasta el 30 de Diciembre de 2004, o hasta que Nicaragua alcance el punto de culminación bajo Iniciativa HIPC, lo que ocurra primero.

Hasta aquí el artículo 1.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.2

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

72 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2.

Se aprueba el Decreto.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 2.2:

PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE LA SUSCRIPCION DE SETENTA Y OCHO (78) ACCIONES QUE CORRESPONDEN A NICARAGUA EN EL “AUMENTO GENERAL DEL CAPITAL DE 1998” DEL MULTILATERAL INVESTMEN GUARANTEE AGENCY (MIGA).

D I C T A M E N

20 de Mayo de 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente de la Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto recibimos el mandato de dictaminar la solicitud el

PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE LA SUSCRIPCION DE SETENTA Y OCHO

(78)ACCIONES QUE CORRESPONDEN A NICARAGUA EN EL "AUMENTO GENERAL DEL CAPITAL DE 1998" DEL MULTILATERAL INVESTTIMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA).

La Comisión en relación con este Decreto de Aprobación, ha valorado los siguientes factores:

FIRMA DEL CONVENIO:

Que mediante el acuerdo Presidencial N°. 612-2002 del 13 de Diciembre del 2002, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta N°. 238 del 16 de Diciembre del 2002, se autorizó al Ministro de Hacienda y Crédito Publico, Eduardo Montealegre Rivas, para que en nombre y representación del Gobierno de la República de Nicaragua suscribiera las setenta y ocho acciones (78) asignadas a Nicaragua mediante la Resolución No. 57 del

MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA).

ANTECEDENTES

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto N°. 10-92 del 28 de Febrero de 1992, aprobó y ratificó la Convención del Establecimiento de la Agencia Multilateral para garantía de inversiones, suscrita,

MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA),

suscrita eL 28 DE Diciembre de 1990 por el Ministro de Economía y Desarrollo de esa época, en representación del Gobierno de Nicaragua.

La Agencia multilateral para garantía de inversiones, es un organismo perteneciente al grupo del Banco Mundial, fue constituido en 1988, con el propósito principal de facilitar las inversiones de capital privado, con fines productivos en los países en vías de desarrollo, mediante el ofrecimiento de seguros sobre riesgos políticos a largo plazo y mediante servicios de consultoría y asesoramiento.

La agencia multilateral para garantía de inversiones, se constituyó con un Capital autorizado de DEG´S 1000 millones dividido en cien mil 100,000 acciones con un valor nominal de DEG´S 10,000 cada una, acciones que fueron suscritas por los 149 países miembros del MIGA incluyendo Nicaragua a quien le fueron asignadas 102 acciones con un valor nominal de DEG´S 1,020.000.

OBJETIVO

El 29 de Marzo de 1999, el Consejo de Gobernadores de la Agencia Multilateral para garantía de inversiones, aprobó la Resolución N°. 57 denominada “Aumento General de Capital de 1998” mediante la cual se dispuso un aumento del Capital autorizado del Organismos por DEG´S 785,590,000 dividido en 78,559 acciones, con un valor nominal de DEG´S 10,000 cada una. En el marco de esta resolución a Nicaragua le corresponde suscribir un total de 78 acciones con un valor nominal de DEG´S 780.000

En consecuencia, de las 78 acciones suscritas por Nicaragua, ésta debe pagar 13,777 acciones con un valor nominal total de DEG´S de 137,670, equivalente aproximadamente a U$ 148,958.94 dólares, la cifra exacta a pagar en dólares de los Estados Unidos de América dependerá del tipo de cambio vigente en la fecha valor del pago.

La Agencia Multilateral para Garantía de Inversiones, ha sido suministro a Unión Fenosa de España una garantía de 81.2 millones para cubrir inversiones en equipos en Disnorte y Dissur, la cobertura es por 10 años e incluye entre otros riesgos restricciones de transferencia, expropiación; disturbios y guerra civil.

DICTAMEN DE LA COMISION

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado el objetivo del aumento general de capital y el propósito principal que persigue esta agencia perteneciente al grupo del Banco Mundial, y

CONSIDERANDO:

Que esta agencia facilita las inversiones de capital privado, con fines productivos en los países en vía de desarrollo.

Dictaminamos Favorablemente

el PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE LA SUSCRIPCION DE SETENTA Y OCHO(78) ACCIONES QUE CORRESPONDEN A NICARAGUA EN EL “AUMENTO GENERAL DEL CAPITAL DE 1998” DEL MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA),

por lo que solicitamos al Honorable Plenario su aprobación respectiva.

Hasta aquí el Dictamen en lo General.

COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS,

ALFREDO GOMEZ URCUYO

BAYARDO ARCE CASTAÑO

WILFREDO NAVARRO MOREIRA

GUSTAVO PORRAS CORTEZ

WALMARO GUTIERREZ MERCADO

JAIME MORALES CARAZO

GUILLERMO OSORNO MOLINA

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

A votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

DECRETO N°.

CONSIDERANDO

I.

Que el 29 de Marzo de 1999 el Consejo de Gobernadores del Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Institución del Grupo Banco Mundial de la que Nicaragua es miembro, aprobó la Resolución N°. 57 denominada “Aumento General del Capital de 1998”, mediante la cual se dispuso un aumento del capital autorizado del organismo por DEG´S 785,590.000 dividido en 78,559 acciones con un valor nominal de DEG´S 10,000 cada una.

Que de conformidad con la citada Resolución, le corresponde a Nicaragua suscribir un total de 78 acciones con un valor nominal de DEG´S 780,000 de los cuales DEG´S 137, 670 corresponden a capital pagadero en efectivo y DEG´S 642,330 a capital exigible.

Que de conformidad con la Resolución, le corresponde a Nicaragua suscribir un total de 78 acciones un valor nominal de DEG´S 780,000 de los cuales DEG´S 137,670 corresponden a capital pagadero en efectivo y DEG´S 642,330 a capital exigible.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades.

HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO

PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE LA SUSCRIPCION DE SETENTA Y OCHO (78) ACCIONES QUE CORRESPONDEN A NICARAGUA EN EL “AUMENTO GENERAL DEL CAPITAL DE 1998” DEL MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA).

Arto.1

Apruébese el PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE LA SUSCRIPCION DE SETENTA Y OHO (78) ACCIONES QUE CORRESPONDEN A NICARAGUA EN EL “AUMENTO GENERAL DEL CAPITAL DE 1998” DEL MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA).

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Arto.2

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de esta fecha sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

67 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2. Aprobado el Decreto.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Punto 2.3:

PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO BILATERAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA ENTRE LA REPUBLICA DE BULGARIA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA.

DICTAMEN

22 de Mayo de 2003

Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho.

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto recibimos el mandato de dictaminar la solicitud del PROYECTO DE APROBACION DEL CONVENIO BILATERAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA ENTRE LA REPUBLICA DE BULGARIA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA. La Comisión, en relación con este Decreto de Aprobación, ha valorado los siguientes factores:

FIRMA DEL CONVENIO:

Que el 27 de Junio del 2002, fue suscrito entre el Sr. Ministro de Finanzas de la República de Bulgaria y el Señor Montealegre Rivas, Ministro de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua en nombre y representación de la República de Nicaragua, el convenio bilateral para el pago de la deuda proveniente de la utilización de siete(7) líneas de crédito comerciales otorgados por la República de Bulgaria, entre 1981 y 1989, para financiar la adquisición de bienes de capital, bienes de consumo y pago de fletes por importación de bienes de consumo, provenientes de Bulgaria.

ANTECEDENTES:

El 27 de Julio de 2002, se suscribió el CONVENIO BILATERAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA ENTRE LA REPUBLICA DE BULGARIA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA, el cual se ejecutará a través de un convenio de implementación técnico y financiero (FTIA) firmado el 16 de Agosto de 2002 entre el Banco Central de Nicaragua y RAFFELS AG en representación de la República de Bulgaria.

La deuda total pendiente consolidada en virtud de este Convenio asciende a U$244,448.291,77 Doscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil, doscientos noventa y un dólares de los dólares de los Estados Unidos de América con 77 centavos), dicho monto corresponde a un 100% de principal e intereses que la República de Nicaragua adeudaba a la República de Bulgaria al 30 de Junio 2002.

OBJETIVO

Este Convenio tiene como objeto formalizar la reestructuración de la deuda después de la reducción, la que al 30 de Junio de 2002, ascendía a U$ 243,737,356 dólares de los Estados Unidos de América con 94 centavos, de los cuales el 90% de la deuda equivalente a U$ 219,363.621.25 dólares de los Estados Unidos serán condonados por la República de Bulgaria y el restante 10% equivalente a U$ 24,373,735.69 será reestructurada a pagarse a un plazo de 13 años sin periodo de gracia y si intereses.

El monto total de la deuda reestructurada será de U$ 243,737,356 dólares de los Estados Unidos de América con 69 centavos y deberá pagarse en 16 cuotas de las cuales las primeras cinco cuotas serán pagadas semestralmente a partir del 23 de Agosto del 2002 hasta el 27 de Junio del 2004, de esta fecha en adelante los pagos se efectuarán en cuotas anuales e iguales los días 27 de Junio de cada año, en el periodo comprendido del 2005 al 2015.

La deuda reestructurada de la República de Nicaragua, no devengará cargos por intereses durante todo el período de pago.

En caso de producirse incumplimiento de pago se aplicará una tasa de interés del 4% anual cada cuota vencida, siempre y cuando la cuota sea pagada dentro de los 30 días posteriores a su vencimiento. Si el cumplimiento persiste después de los treinta días, la deuda se restituirá a su valor inicial, menos las reducciones proporcionales y se cargará una tasa de interés anual de 4% sobre el monto restablecido.

DICTAMEN DE LA COMISION:

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado el objetivo y el propósito de este Convenio Bilateral y, CONSIDERANDO: Que a través de este Decreto se le está condonando el 90% de la deuda consolidada de la República de Nicaragua, con la República de Bulgaria.

Por tanto, en base a las consideraciones anteriores y que la misma no contradice nuestra Constitución Política, Leyes Constitucionales, ni los Tratados suscritos y ratificados por Nicaragua, los suscritos Diputados Dictaminamos FAVORABLEMENTE el PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO BILATERAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA ENTRE LA REPUBLICA DE BULGARIA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA; por lo que solicitamos al Honorable Plenario su aprobación respectiva.

COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS

RENE NUÑEZ TELLEZ BAYARDO ARCE CASTAÑO

WILFREDO NAVARRO MOREIRA GUSTAVO PORRAS CORTEZ

WALMARO GUTIERREZ MERCADO JAIME MORALES CARAZO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

A votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

74 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

DECRETO

PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO BILATERAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA ENTRE LA REPUBLICA DE BULGARIA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA.

Arto.1 Apruébase el PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO BILATERAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA ENTRE LA REPUBLICA DE BULGARIA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

72 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Arto.2 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de esta fecha sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

72 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el artículo 2, y queda aprobado el Decreto.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

2.4: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO DE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI).

DICTAMEN

Managua, 21 de Mayo de 2003

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Presidente:

Los suscritos miembros de la

Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social, Cultura y Deportes

de la Asamblea Nacional, con el objetivo de dictaminar el Proyecto de

“Decreto de Aprobación del Convenio de Prerrogativas e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI”,

presentado por el Presidente de la República de Nicaragua ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, y remitido a esta Comisión el catorce de Mayo del corriente año, para su debido dictamen.

La Comisión para proceder a la elaboración del presente Dictamen estudió y analizó el texto del Convenio.

ANTECEDENTES:

Este Convenio fue firmado en Managua el 21 de Noviembre del 2002,por el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Doctor Norman Caldera Cardenal; y en Salamanca, España, el 29 de Noviembre del 2002, por el Secretario General de la OEI, Francisco José Peñón.

OBJETIVO GENERAL:

Aprobación del Convenio de Prerrogativas e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. OEI.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Se le reconocerá a la OEI personalidades jurídicas para realizar los actos, contratos o convenios necesarios para el desarrollo adecuado de sus funciones y la realización de su propósito, podrá celebrar convenios complementarios de asistencia técnica, ejecución de proyectos, desarrollo de proformas y capacitación, todo dentro del alcance de este Convenio y en el marco de los objetivos de esa organización.

Asegurará el libre y pleno desenvolvimiento de los funcionarios de la OEI, incluyendo a sus familiares dependientes. Este Convenio les otorga los mismos privilegios e inmunidades que el Estado de Nicaragua le concede a los funcionarios de organizaciones internacionales acreditadas en el país.

Este marco jurídico permitirá el adecuado desenvolvimiento de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones oficiales; también permitirá desarrollar libremente sus labores de cooperación en beneficio de los sectores más necesitados del país, hacia donde se dirijan la mayoría de sus proyectos proformas. Asimismo facilitarán el ingreso de materiales y equipo adecuados para cumplir con tales propósitos.

Por todas las razones que se han expuesto, los suscritos miembros de la Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social, Cultura y Deportes, fundamentados en el Arto. 138, inciso 12 de la Constitución Política de Nicaragua, en los Artos 65, 66 y 67 del Estatuto de la Asamblea Nacional, dictaminamos

FAVORABLEMENTE

la aprobación del Decreto, el cual no se opone a nuestra Constitución Política, Leyes Constitucionales, Leyes Ordinarias y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, por lo que solicitamos a los Honorables Diputados de la Asamblea nacional su aprobación.

Atentamente,

Firmas de consenso:

MIEMBROS DE LA COMISION DE EDUCACION, MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES

ORLANDO MAYORGA SANCHEZ FIDEL MORENO BRIONES

FELICITA ZELEDON RODRIGUEZ ROBERTO SANCHEZ

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

A votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades

HA DICTADO

El siguiente

DECRETO

DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, OEI.

Arto.1

Aprobar el Decreto de Aprobación del Convenio de Prerrogativas e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI.

Hasta aquí el artículo 1.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

70 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.2

El presente Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2. Aprobado el Decreto.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

2.5:

CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA REPUBLICA ARGENTINA,

Managua, 5 de Junio del 2003-11-20

DICTAMEN

Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Su Despacho.

Honorable Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión del Exterior, nos reunimos para dictaminar sobre la aprobación del “CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA REPUBLICA ARGENTINA”, el cual fue presentado por el Presidente de la República en Secretaría de la Asamblea Nacional, el veintiuno de Abril del año dos mil tres y remitido a esta Comisión para su dictamen el catorce de Mayo del mismo año.
Este Convenio de Cooperación Académica, fue suscrito en la República de Panamá por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos Gobiernos, el once de Febrero del año dos mil tres.

OBJETIVOS DEL CONVENIO:

Este Convenio tiene como objetivos, establecer un activo programa de intercambio académico que incluye: cursos seminarios, planes de estudio y otras actividades académicas, entre ambas instituciones, la Academia José de Marcoleta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República de Argentina. Los cursos, seminarios, y otros estudios académicos, se realizarán alternativamente en Nicaragua y en Buenos Aires o en las ciudades que se designen a tal efecto. A la vez promoverán el intercambio de estudiantes, profesores, conferencistas e investigadores académicos, con miras a su participación en los cursos y seminarios.

Para el logro de estos intercambios académicos, deberán crearse las condiciones para establecer contactos regulares y de cooperación en las esferas educativas y científica en el ámbito de programas y actividades de las Partes.

Las Partes realizarán intercambio de publicaciones y materiales didácticos, así como de otras publicaciones públicas y privadas de sus respectivos países.

Sobre la base de la reciprocidad en el marco de este Convenio, las Partes podrán intercambiar experiencias sobre la organización del trabajo en bibliotecas. Centros científicos, de educación y archivos.

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, las Partes estimularán el intercambio de información en temas de interés común, referido especialmente a la participación en organizaciones regionales y universales que reunirán instituciones del servicio diplomático o universidades especializadas en el estudio de relaciones internacionales.

De igual manera, se propiciará el desarrollo de investigaciones científicas conjuntas, así como proyectos específicos, conferencias de funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países ante estudiantes de las Academias respectivas.

Este Convenio establece que la implementación de esta colaboración será sin fines de lucro.

IMPORTANCIA DEL CONVENIO

Este Convenio de Cooperación Académica entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de Nicaragua y Argentina, abonará a la profesionalización de los funcionarios de ambas instituciones, y a la profundización académica y científica de los funcionarios de ambos Ministerios, así como un acercamiento de los lazos que nos unen con la cultura de los países de América del Sur, en especial Argentina. El intercambio de experiencias enriquecerá aún más nuestros conocimientos de los países del MERCCOSU.

DICTAMEN DE LA COMISION:

Los suscritos miembros de la Comisión del Exterior, fundamentados en el Arto. 138 inciso 12 de nuestra Constitución Política, en los artículos pertinentes del Estatuto General de la Asamblea Nacional y su Reglamento Interno, dictaminamos FAVORABLEMENTE, la aprobación del CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA REPUBLICA ARGENTINA”, el cual no se opone a nuestra Constitución Política, Leyes Constitucionales y Tratados Internacionales ratificados por Nicaragua. En consecuencia, sometemos a consideración del Plenario de la Asamblea Nacional, el presente dictamen, el Decreto de aprobación y el texto del Acuerdo, los que adjuntamos y les solicitamos su aprobación en lo general.

Atentamente,

COMISION DEL EXTERIOR

ALFONSO ORTEGA URBINA NOEL RAMIREZ SANCHEZ

JOSE SANTOS FIGUEROA NASSER SILVANY BAEZ

GUILLERMO OSORNO MOLINA

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

A votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

DECRETO

DE APROBACION DEL CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Arto.1 Apruébase el Convenio de Cooperación Académica entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y el Culto de la República Argentina, suscrito en Panamá, el 11 de Febrero del año 2003.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación artículo 1.
Se abre la votación.

Se cierra la votación.

64 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Arto.2 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

68 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2, y se aprueba el Decreto.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

2.6: APROBACION DEL ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMATICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE MISIONES DIPLOMATICAS Y OFICINAS CONSULARES.

Managua, 3 de Junio del 2003

DICTAMEN

Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho

Honorable Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión del Exterior, nos reunimos para dictaminar sobre la aprobación del “Acuerdo entre la República de Nicaragua y la República Argentina sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para Familiares dependientes Diplomáticos, Consular, Administrativos y Técnico de Misiones Diplomáticos y Oficinas Consulares”, el cual fue presentado por el Presidente de la República en Secretaría de la Asamblea Nacional, el veintiuno de Abril del año dos mil tres, y remitido a esta Comisión para su debido dictamen el catorce de Mayo del mismo año.

El presente Acuerdo fue suscrito en la República de Panamá, por los Cancilleres de ambos Gobiernos, el once de Febrero del año dos mil tres.

OBJETIVOS DEL ACUERDO

Este Acuerdo Bilateral tiene como objetivo fundamental, que los familiares dependientes del personal diplomático, consular y técnico de las Misiones Diplomáticas y consulares de la República de Nicaragua en Argentina, y de la República Argentina en Nicaragua quedan autorizadas para ejercer actividades remuneradas en el Estado Receptor, en las mismas condiciones que las nacionales de dicho Estado, una vez obtenida la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, Este beneficio se extenderá igualmente a los familiares dependientes de nacionales nicaragüenses o argentinos acreditados ante Organizaciones Internacionales con sede en cualquiera de los dos países.

Para los fines de este Acuerdo, se entienden por familiares Dependientes: los cónyuges; hijos solteros menores de 21 años que vivan a cargo de sus padres o hijos menores de 23 que cursen estudios superiores; hijos solteros que vivan a cargo de sus padres y que tengan alguna discapacidad física o mental.

Sobre la naturaleza o clase de empleo que pueda desempeñarse por los familiares dependientes, no habrán restricciones y únicamente la autorización podrá ser denegada en aquellos casos en que por razones de seguridad puedan emplearse sólo nacionales del Estado receptor.

INMUNIDAD:

Este Acuerdo establece que los familiares dependientes que gocen de inmunidad de jurisdicción de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares o de Acuerdo con la Convención de Privados e Inmunidades de Naciones Unidas, o cualquier otro instrumento internacional y que obtuvieron empleo al amparo de este Acuerdo, no gozarán de inmunidad de jurisdicción civil ni administrativa, frente a acciones deducidas en su contra respecto a los actos o contratos relacionados directamente con el desempeño de tales actividades, quedando sometidas a la legislación y tribunales del Estado receptor.

En cuanto a los familiares dependientes que gocen de inmunidad de jurisdicción criminal de conformidad con las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares, y sean acusados de un delito cometido en relación con su trabajo, el Estado acreditante estudiará muy seriamente toda petición escrita que le presente el Estado receptor para el levantamiento de dicha inmunidad; todo esto sin perjuicio del derecho del Estado acreditante a decidir que ese levantamiento de inmunidad es contrario a sus intereses.

Asimismo este Acuerdo establece que los familiares dependientes que hagan uso de él para desarrollar actividades remuneradas, estarán sujetos a la legislación aplicable en ese Estado en materia Tributaria y Seguridad Social.

El acuerdo en su Arto.8, establece que no implica reconocimiento de títulos, grados o estudios entre los dos países contratantes.

IMPORTANCIA DEL ACUERDO:

Este Acuerdo entre Nicaragua y Argentina, al igual que otros de esta naturaleza aprobados por Nicaragua, beneficia la integración familiar y el nivel de vida de los funcionarios diplomáticos consulares, administrativos y técnicos acreditados en ambos países.

A la vez crea un marco jurídico definido que establece deberes y derechos para los familiares dependientes que trabajan en los países receptores.

DICTAMEN DE LA COMISION:

Los suscritos miembros de la Comisión del Exterior, fundamentados en el Arto. 138 inciso 12 de nuestra Constitución Política, en los artículos pertinentes del Estatuto General de la Asamblea Nacional y su Reglamento Interno, dictaminamos FAVORABLEMENTE, la aprobación del “ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y LA REPUBLICA DE ARGENTINA, SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICOS, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE MISIONES DIPLOMATICAS Y OFICINAS CONSULARES”. El cual no se opone a nuestra Constitución Política, Leyes Constitucionales y Tratados Internacionales ratificados por Nicaragua. En consecuencia, sometemos a consideración del Plenario de la Asamblea Nacional, el presente dictamen, el Decreto de Aprobación y el texto del Acuerdo, los que adjuntamos y les solicitamos su aprobación en lo general.

Atentamente,

COMISION DEL EXTERIOR

ALFONSO ORTEGA URBINA NASSER SILVANY BAEZ

NOEL RAMIREZ SANCHEZ GUILLERMO OSORNO MOLINA

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

A votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

DECRETO NO. ________

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que el día 11 de Febrero del año 2003, fue suscrito en Panamá el Acuerdo entre la República de Nicaragua y la República de Argentina sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular Administrativo y Técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.

Que la aprobación de dicho Acuerdo reviste particular importancia, ya que permite que familiares de funcionarios diplomáticos, consulares, administrativos y técnicos acreditados debidamente ante el Estado receptor pueden ejercer actividades remuneradas, sin mayores restricciones que los ciudadanos comunes de dicho Estado.

En uso de sus facultades

HA DICTADO

El siguiente

DECRETO

De aprobación del acuerdo entre la República de Nicaragua y la República Argentina sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal Diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares.

Arto.1

Aprobar el Acuerdo entre la República de Nicaragua y la República de Argentina, sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal Diplomático, consular, Administrativo y Técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, suscrito en Panamá el 11 de Febrero del año 2003.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Arto.2

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2, y aprobado el Decreto.

Se suspende la Sesión, para continuarla mañana a las nueve de la mañana.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Vamos a dar comienzo a esta Sesión, solicitándole al Secretario la verificación del quórum.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

(27 de Agosto 2003).

FREMIO ISABEL ALTAMIRANO MONTENEGRO

OCTAVIO RAMON ALVAREZ MORENO

BENITA DEL CARMEN ARBIZU MEDINA

BAYARDO ARCE CASTAÑO

NELSON ARTOLA ESCOBAR

FERNANDO JOSE AVELLAN MARTINEZ

GLADIS DE LOS ANGELES BAEZ

JAMILET DEL SOCORRO BONILLA

TOMAS WIGBERTO BORGE MARTINEZ

NOE FRANCISCO CAMPOS CARCACHE

JOSE DE LOS ANGELES CASTILLO OSEJO

JOSE DAVID CASTILLO SANCHEZ

PORFIRIO RAMON CASTRO ARAUZ

LEONIDAS NICOLAS CENTENO RIVERA

JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA

ELIAS CHEVEZ OBANDO

IRMA DE JESUS DAVILA LAZO

VICTOR MANUEL DUARTE AROSTEGUI

JOSE SANTOS FIGUEROA AGUILAR

RITA DEL SOCORRO FLETES ZAMORA

RUFINO GARCIA MARIN

ERNESTO MARCELINO GARCIA QUIROZ

JAIME RENE GARCIA MANGAS

EDUARDO JERONIMO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO JOSE GONZALEZ GAITAN

JORGE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ

RAMON ENRIQUE GONZALEZ MIRANDA

VICTOR MANUEL GUERRERO IBARRA

WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO

RENE HERRERA ZUÑIGA

ROBERTO JOSE LUNA

DONALD LACAYO NUÑEZ

ANA ESPERANZA LAZO ALVAREZ

MIGUEL REYNALDO LOPEZ BALDIZON

REYNALDO ALEXANDER MAIRENA VALLEJOS

MANUEL DE JESUS MALDONADO

JOSE ANTONIO MARTINEZ NARVAEZ

JORGE MATAMOROS SABORIO

ORLANDO JOSE MAYORGA SANCHEZ

MARIA LYDIA MEJIA MENESES

GERARDO JOSE MIRANDA OBREGON

OSCAR MONCADA REYES

IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON

JAIME RENE MORALES CARAZO

FIDEL ANTONIO MORENO BRIONES

CARLOS WILFREDO NAVARRO MOREIRA

CARLOS ANTONIO NOGUERA PASTORA

JOSE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

GUILLERMO ANTONIO OSORNO MOLINA

LEONEL PANTIN WILSON

NOEL ORLANDO PEREIRA MAJANO

BLADIMIR PINEDA SOZA

GUSTAVO EDUARDO PORRAS CORTES

EDGAR ENRIQUE QUIÑONES TUCKLER

NOEL ERNESTO RAMIREZ SANCHEZ

PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON

GABRIEL RIVERA ZELEDON

FRANCISCO JOSE SACASA URCUYO

RIGOBERTO HILARIO SAMPSON GRANERA

ROBERTO SANCHEZ TORREZ

MARIA EUGENIA SEQUEIRA BALLADARES

NATHAN JORGE SEVILLA GOMEZ

NASSER SEBASTIAN SILWANY BAEZ

JOSE DAMICIS SIRIAS VARGAS

FREDDY SOLORZANO ALTAMIRANO

JORGE MIGUEL TORREZ MALESPIN

EMILIA DEL CARMEN TORREZ AGUILAR

DAYSI RAFAELA TREJOS OROZCO

ALBERTINA URBINA ZELAYA

AUGUSTO ADRIAN VALLE CASTELLON

FELICITA LUCILA ZELEDON RODRIGUEZ

Señor Presidente: Tenemos 71 honorables Diputados y Diputadas presentes; hay quórum de ley.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Queda abierta la Sesión.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Según el acuerdo del pasado 19 de Agosto con los jefes de bancadas y la Junta Directiva, remitimos a los Diputados a la Presentación de Leyes, en el Tomo I.

1.1: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO DE CREDITO DE FOMENTO N° 3760-NI ENTRE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF) PARA FINANCIAR PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LAS ZONAS AISLADAS (PERZA).

Managua, 19 de Junio de 2003.

Doctor
Miguel López Baldizón
Primer Secretario
Asamblea Nacional
Su Despacho.

Estimado Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio de Crédito de Fomento N°3760-NI entre la República de Nicaragua y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) para financiar Proyecto de Electrificación Rural para las Zonas Aisladas (PERZA), con su correspondiente Exposición de Motivos de que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 17 de Junio de 2003.

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio de Crédito de Fomento entre la República de Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Agencia Internacional de Fomento (AIF), para Financiar el <<Proyecto de Electrificación Rural para Zonas Aisladas>> (PERZA).

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo,

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de la República de Nicaragua, ha dispuesto implementar con carácter de prioridad un proyecto de electrificación rural concebido para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de zonas rurales aisladas, suministrándoles servicios de energía eléctrica mediante nuevos mecanismos sostenibles basados en tecnologías de energía renovable. Con este proyecto se pretende beneficiar a más de 16,000 unidades de viviendas y centros públicos ubicados en zonas de extrema pobreza con potencial de desarrollo.

Para alcanzar este objetivo, el Gobierno de Nicaragua cuenta con el apoyo del Banco Mundial, el que ha participado en la fase preparatoria del proyecto, mediante el financiamiento con fondos donados de algunos estudios de identificación y prefactibilidad en sitios preseleccionados. El Banco Mundial también le asistirá en el rediseño y la implementación de la estrategia de electrificación rural, implementando un innovador sistema piloto de suministro público / privado de energía eléctrica fuera de red, para su replicación futura en el ámbito nacional.

El costo total del proyecto se estima en US23.35 millones, los cuales serán financiados mediante un préstamo del Banco Mundial (US12.0 millones), una donación del Global Environmental Facility (US4.2 millones), que administra el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un aporte de los operadores privados del sistema (US5.02 millones) y una contrapartida del gobierno local US2.31 millones).

En este contexto, el 27 de mayo de 2003 el Gobierno de la República de Nicaragua, representado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) suscribieron el Convenio de Crédito de Fomento N°. 3760-NI para un proyecto de electrificación rural fuera de la red, denominado "Proyecto de Electrificación Rural para Zonas Aisladas (PERZA) por un monto de 8.8 millones de derechos especiales de giro, equivalentes aproximadamente a US12 millones. Este Crédito fue otorgado por la AIF a Nicaragua a 40 años de plazo, incluyendo 10 años de gracia que vence el 15 de Julio de 2013, cero tasa de interés, una comisión de compromiso que no excederá el 1/2 del 1% anual y una comisión de servicio del 3/4 del 1% anual. Estos términos representan un componente de concesionalidad del 82.57% para los fondos del crédito.

Por las razones anteriormente expuestas, y con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, la solicitud de aprobación del Convenio de Crédito de Fomento No. 3760-Ni, denominado <<Proyecto de Electrificación Rural para Zonas Aisladas>> (PERZA).

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión Económica.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Punto 1.2: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA Y CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Managua, 24 de Junio de 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, con su correspondiente Exposición de Motivos que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 23 de Junio de 2003.

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo,

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 7 de Mayo de 1981 Nicaragua y México suscribieron en México, D.F., un Convenio de Intercambio Cultural, el cual fue aprobado y ratificado por Nicaragua mediante Decreto N°. 753, publicado en La Gaceta No. 153 del 11 de Julio de 1981. El texto de este Convenio y de su instrumento de Ratificación constan en La Gaceta, Diario Oficial No. 204 de l9 de Septiembre de 1981.

Ese marco jurídico acordado con México contribuyó al acercamiento entre las dos naciones, estimuló a las partes a compartir experiencias beneficiosas para ambas en el campo educativo y cultural, y fomento el desarrollo de diversas actividades de cooperación mutua. Sin embargo, el Convenio de 1981 careció de mecanismos suficientes para el impulso de programas concretos que contribuyeran a la colaboración y al fortalecimiento de intercambios educativos y culturales.

Por las razones anteriormente expresadas, luego de casi veinte años, ambos países evaluaron la posibilidad de crear un nuevo Convenio que sustituya al de 1981, de manera que mediante un nuevo marco jurídico se dinamizara la cooperación existente en el campo educativo y cultural.

Se necesita pues un nuevo marco jurídico que permitiera la implementación de planes, programas y proyectos que estimularan la cooperación en esta materia. Es en este contexto que se firmó en Managua el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural el ocho de Septiembre de dos mil.

El Convenio tiene por objeto estimular y aumentar la cooperación existente en los campos de la educación, el arte, la cultura y el deporte entre Nicaragua y México, y para ello, pretende estrechar las relaciones y lazos de amistad existentes entre las instituciones competentes de ambos países.

Por tal efecto, las partes elaborarán los planes, programas y proyectos que fueren necesarios para el cumplimiento del objetivo del Convenio. Esta actividad estará abierta a la participación de los diversos sectores de la sociedad civil que tengan relación con estos temas, entre ellos se destacan las universidades, instituciones de educación, centros de investigación, centro de conservación del patrimonio histórico y cultural, archivos, museos instituciones juveniles y deportivas.

El nuevo Convenio contempla la continuación de todos los programas de becas existentes que se originaron en el marco del Convenio de 1981, y además se propone aumentarlos e intensificarlos. El Convenio contempla el impulso de programas para estudios de post-grado, especialización o investigación y el fomento del intercambio entre universidades e instituciones educativas.

Por medio de programas bienales, el Convenio hace énfasis en la capacitación de los recursos humanos y el intercambio cultural, propone el planteamiento de objetivos concretos, modalidades de cooperación, recursos financieros y técnicos, cronogramas de trabajo y las áreas en que serán ejecutadas.

En este sentido, el nuevo Convenio contempla el desarrollo de intercambios con amplias proyecciones y para ello pretende lograr el estímulo a las artes plásticas y escénica, música y danza, producción literaria, acceso a bibliotecas, difusión y conservación del patrimonio cultural e histórico, televisión y cinematografía.

Por otra parte, procura un acercamiento entre las instituciones competentes que tengan a su cargo la creación de políticas en temas de educación física y deportes, la niñez, la mujer, la juventud, la familia y la tercera edad. Asimismo, este marco jurídico protege también los bienes culturales e históricos de ambas naciones y los derechos de propiedad intelectual, estos últimos de acuerdo a sus legislaciones nacionales y al derecho internacional.

Si bien este Convenio crea un marco jurídico general dentro del cual se desarrollará la cooperación educativa y cultural, a la vez deja abierta la posibilidad de celebrar "acuerdos complementarios" entre ambas partes para temas específicos en las áreas de su competencia.

Con el fin de dar el debido seguimiento a los compromisos que resulten de este Convenio, se crea esta Comisión Mixta que estará integrada por los representantes que ambos países designen y será coordinada por las Cancillerías respectivas, quienes programarán el lugar, fecha y agenda de sus reuniones para la debida realización de sus sesiones de trabajo correspondiente.

Esta Comisión Mixta tiene a su cargo, entre otras labores, la de identificar y definir las áreas en donde pueden implementarse proyectos de cooperación, evaluar el desenvolvimiento de los programas, la ejecución de proyectos y podrá realizar las recomendaciones pertinentes. Todos los proyectos de cooperación serán aprobados por esta Comisión.

Se estima que el presente Convenio intensificará las acciones de cooperación para el estímulo del intercambio cultural y educativo entre ambos países y ampliará las oportunidades para múltiples sectores no contemplados en el Convenio de 1981. El Convenio está acorde con la legislación nacional y los tratados internacionales sobre la materia.

Para su entrada en vigor, el Convenio dispone que ambas partes se comuniquen por la vía diplomática el cumplimiento de los requisitos exigidos por sus respectivas legislaciones nacionales. Tendrá una vigencia de diez años, que puedan ser prorrogables por períodos iguales.

Por las razones expuestas, con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de la Constitución Política someto a la consideración de esa Asamblea Nacional Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio de Cooperación Educativa y los Cultural entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social Cultura y Deportes.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Punto 13: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN DEL ATLÁNTICO Y SUS PROTOCOLOS.

Managua, 24 de Junio de 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico y sus Protocolos, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 23 de Junio de 2003.

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico y sus Protocolos.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo,

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el Décimo Tercer Período de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebrado en 1965, se autorizó al Director General de esta Organización para que convocara a una Conferencia Internacional de Plenipotenciarios que tuviera por objeto la preparación y adopción de un convenio que estableciera una comisión para la conservación del atún y especies afines en el Océano Atlántico.

Es así que del 2 al 14 de Mayo de 1966 se realizó en Río de Janeiro, Brasil, la conferencia internacional mencionada y se abrió a la firma el "Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico", el cual estableció una Comisión que funcionara con independencia de la FAO.

Este Convenio entró en vigor el 21 de Marzo de 1969, de conformidad a lo dispuesto en su Artículo XIV, párrafo 3, y fue registrado en la Secretaría General de las Naciones Unidas el 20 de Mayo de 1969.

Luego de 15 años de vigencia de este Convenio, surgió la necesidad de reformarlo, y para tal efecto se llevó a cabo en París Francia, en los días 9 y 10 de Julio de 1984, una Conferencia de Plenipotenciarios de los Estados Partes del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico. Esta Conferencia aprobó el Protocolo de París, de Enmienda al Convenio, el cual fue abierto a la firma el 10 de Septiembre de 1984 en Roma, Italia. Este Protocolo entró en vigor el 19 de Enero de 1997 de conformidad a lo dispuesto en su Artículo III.

Posteriormente, en los días 4 y 5 de Junio de 1992 se celebró en Madrid España una Conferencia de Plenipotenciarios de los Estados Partes del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, el cual se adoptó un Protocolo de Enmienda al párrafo 2 del Artículo X de este Convenio. Este Protocolo quedó abierto a la firma en Madrid el 5 de Junio de 1992 y luego en la Sede de la FAO en Roma.

Cabe señalar que Nicaragua es Estado Parte de la "Convención de 1949 para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún desde el 6 de Noviembre de 1973 y, por medio de Decreto Legislativo N°. 3363, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 51 del 13 de Marzo de 2003, aprobó su Protocolo de Enmienda, hecho en Guayaquil, Ecuador el 11 de Junio de 1999.

Este instrumento jurídico internacional persigue garantizar la conservación y la gestión de los recursos de atunes y de especies afines y vecinas que se encuentren ubicados dentro de la "zona del convenio" que comprende todas las aguas del Océano Atlántico y su mares adyacentes, con excepción de aquellas aguas ubicadas dentro de los límites territoriales de los Estados o dentro de las extensiones de pesquerías autorizadas conforme al Derecho Internacional.

Por medio de este Convenio se creó la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, que se encarga de velar por el cumplimiento de los objetivos del Convenio, la integran un Presidente y los Vice-Presidentes que forman un Consejo y tienen el apoyo de un Secretario Ejecutivo.

La Comisión se reúne de forma ordinaria cada dos años, toma sus decisiones por mayoría de votos, y su quorum lo integran los 2/3 de las partes Contratantes. Los votos corresponden a uno por cada Estado Parte, quien tiene derecho a estar representado por no más de tres delegados, quienes pueden ser auxiliados por técnicos y asesores.

Para cumplir con los objetivos de este Convenio, la Comisión tiene a su cargo el estudio de las poblaciones de atunes, especies afines y otras especies explotadas en las pesquerías de túnidos en la zona del convenio, siempre y cuando estas especies no sean investigadas por alguna otra organización internacional de pesca. Estos estudios comprenden estadísticas, análisis oceanográficos de su medio ambiente, etc.

En este sentido es importante destacar que la Comisión tiene la facultad de emitir recomendaciones técnicas que son de carácter obligatorio para los Estados Partes de este Convenio y surten efectos seis meses después de haber sido debidamente notificadas por la Comisión.

Estas recomendaciones técnicas se preparan luego de los análisis científicos correspondientes, se orientan a la preservación de las poblaciones de atunes y especies afines que se capturen en la zona del Convenio.

Los Estados Partes del Convenio se comprometen a poner en práctica todas sus disposiciones, así como todas las recomendaciones emanadas de la Comisión o las Sub Comisiones respetivas y para ello deben tomar todas la medidas que fueren necesarias e informar de ello a la Comisión cada dos años. Sin embargo, esto no impide a los Estados Partes a objetar dichas recomendaciones y para ello existe un procedimiento creado de acuerdo a lo dispuesto en este Convenio.

Asimismo los Estados Partes deben prestar la asistencia y cooperación necesaria a la labor de la Comisión, facilitando la información estadística, biológica y científica que tenga disponible.

La Comisión prepara un presupuesto bianual luego de celebradas sus sesiones ordinarias. Las contribuciones de cada Estado Parte se determina de conformidad a lo dispuesto en su Reglamento Financiero.

Para tal efecto, la Comisión debe tener en cuenta las cuotas fijas para cada Estado Parte, el total del peso de las capturas realizadas, el peso neto de productos enlatados y el grado de desarrollo económico de cada país miembro. El Secretario Ejecutivo se encarga de notificar a las Partes el monto de su cuota anual.

El sistema de contribuciones anuales solamente puede ser modificado mediante el voto afirmativo de la totalidad de Estados partes del Convenio. Las Partes pueden perder su derecho a voto por atrasos en su contribuciones por dos años.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo XVI del Convenio, los Estados que no lo hayan firmado durante el período en que estuvo abierto a firma, pueden adherirse a él en cualquier tiempo.

El Depositario de este Convenio es el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este Convenio no presenta contradicciones con la legislación nicaragüense, ni con los tratados internacionales suscritos por Nicaragua en materias relacionadas.

Por las razones expuestas, con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de la Constitución Política someto a la consideración de esa Asamblea Nacional Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico y sus Protocolos.

Hasta aquí la exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto a la Comisión del Exterior, en consulta con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 1.4: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DE LA ADHESION DE NICARAGUA AL ARREGLO DE LISBOA, RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL.

Managua, 24 de Junio de 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación de la Adhesión de Nicaragua al Arreglo de Lisboa, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 23 de Junio de 2003.

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación de la Adhesión de Nicaragua al Arreglo de Lisboa, Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo,

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

El Arreglo de Lisboa se concluyó en 1958, posteriormente fue revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979. Es un instrumento jurídico administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la que mantiene un Registro Internacional de Denominaciones de Origen y publica periódicamente un boletín titulado "Las Denominaciones de Origen"

Este instrumento jurídico se deriva de lo dispuesto en el artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Es por ello que cualquier Estado Parte del Convenio de París puede adherirse al Arreglo de Lisboa sin tener que pagar ninguna contribución adicional.

Es importante señalar que por medio del Decreto de la Asamblea Nacional N°. 1244, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°.43 del 1 de Marzo de 1996, se aprobó la Adhesión de Nicaragua al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Los países que se convierten en Estados Partes del Arreglo de Lisboa, también pasan a integrar la denominada Unión de Lisboa, en la que cada Estado Partes es a su vez miembro de la Asamblea de dicha Unión. Esta Asamblea tiene a su cargo entre otras cosas, adoptar su programa, el presupuesto y tiene facultades para dictar y modificar su Reglamento.

El Arreglo de Lisboa se complementa por medio de un Reglamento, cuya última versión fue adoptada en Septiembre de 2001, y entró en vigor el 1º de Abril del año 2002.

El objetivo principal del Arreglo de Lisboa es responder a la necesidad internacional de la creación de un sistema que facilite el reconocimiento y protección de las denominaciones de origen en varios países.

En este sentido, los Estados miembros de la Unión de Lisboa se obligan a proteger, en su territorio, las denominaciones de origen de los demás países miembros que se encuentran registradas en el Registro Internacional.

Para efectos prácticos, el registro de las denominaciones de origen se realiza en un solo idioma desde Abril de 2002. En el sistema de Lisboa el español es el único idioma de trabajo.

La solicitud de registro se presenta ante una única autoridad, la Oficina Internacional de la OMPI, y para ello se lleva a cabo un pago en una tasa establecida también en una moneda única, el franco suizo. Se deben pagar 500 francos suizos, que equivalen aproximadamente a 335 dólares de los Estados Unidos de América.

Actualmente existen 20 Estados Partes del Arreglo de Lisboa y se encuentran inscritas 842 denominaciones de origen en el Registro Internacional, de las cuales 772 se encuentran en vigor. Los Estados Partes son los siguientes:

Argelia Haití

Bulgaria Hungría

Burkina Faso Israel

Congo Italia

Costa Rica México

Cuba Portugal

Eslovaquia República Checa

Francia República de Moldova

Gabón Togo

Haití Túnez

Hungría Yugoslavia

Israel

Nicaragua puede beneficiarse con la protección de las denominaciones de origen de los productos nicaragüenses en el extranjero. El sistema del Arreglo es flexible y permitirá a Nicaragua salvaguardar su propia legislación en esta materia y los derechos anteriores que existan en su territorio. Asimismo, representa la ausencia de cargas financieras adicionales.

El Arreglo pone a disposición de Nicaragua, de sus productores, fabricantes y artesanos que utilicen las denominaciones de origen, un sistema simple y eficaz para proteger las denominaciones de origen nicaragüense en los otros Estados Partes, a la vez que permite economizar tiempo y dinero al facilitar un proceso simplificado para obtener la protección de sus denominaciones de origen en el resto de Estados Partes.

La garantía de protección de las denominaciones de origen se logra con su inscripción en el Registro Internacional. Pese a ello, cualquiera de los Estados Partes puede denegar la protección a la denominación de origen nicaragüense, dentro de su territorio, en el plazo de un año.

El Registro Internacional sirve para brindar publicidad internacional a las denominaciones de origen que en éste se inscriban debidamente. La inscripción constituye una manifestación inequívoca de la existencia y titularidad de la denominación de origen, expresada públicamente en el plano internacional.

Esta publicidad favorecerá futuros acuerdos bilaterales o gestiones directas que pudiera realizar Nicaragua para la obtención de protección de sus denominaciones de origen en países que no son Parte del Arreglo de Lisboa, y hasta serviría de medio probatorio en posibles litigios internacionales.

La adhesión de Nicaragua al Arreglo de Lisboa no implica cargas financieras o contribuciones adicionales. De conformidad al sistema de contribución unitario, que entró en vigor en 1994, la adhesión al Arreglo o a cualquier otro tratado administrado por la OMPI no implica el pago de contribuciones adicionales a las que ya aporta por ser Estado Parte del Convenio de París.

Si Nicaragua se adhiere al Arreglo de Lisboa, deberá comprometerse a proteger todas las denominaciones de origen que se encuentren actualmente registradas en el Registro Internacional y estén en vigor. Nicaragua deberá proteger todas aquellas denominaciones de origen que sean registradas posteriormente a la fecha de su adhesión.

Cabe señalar que Nicaragua puede salvaguardar su legislación nacional y para ello cuenta con el plazo de un año para analizar si puede dar o no protección a determinadas denominaciones de origen registradas en el Registro Internacional. En caso de concluir que no puede acordar la protección solicitada, Nicaragua quedaría eximida de hacerlo notificando oportunamente su denegación dentro del año señalado.

Finalmente, cabe recordar que Nicaragua es Estado Parte del Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual y posee una legislación interna relativa a las denominaciones de origen y su protección. Por lo tanto, cumple con los requisitos exigidos para la Adhesión al Arreglo de Lisboa, instrumento jurídico internacional que no contradice nuestras disposiciones jurídicas internas y más bien vendría a complementar y fortalecer la legislación existente y a proteger las denominaciones de origen nicaragüense en el extranjero.

De conformidad al Artículo 14 del Arreglo de Lisboa, para adherirse a él Nicaragua debe depositar su Instrumento de Adhesión ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y entrará en vigor para Nicaragua tres meses después de la fecha en que el Director General de la OMPI la haya notificado.

Por las razones expuestas, con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de la Constitución Política, someto a la consideración de esa Asamblea Nacional Proyecto de Decreto de Aprobación de la Adhesión de Nicaragua al Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto a la Comisión del Exterior.

Tiene la palabra la honorable Diputada Miriam Fonseca.

DIPUTADA MIRIAM FONSECA:

No he pedido la palabra.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Punto 1.5: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO DE PRESTAMO N° 937P, SUSCRITO EL 30 DE MAYO DE 2003 POR LA REPUBLICA DE NICARAGUA, REPRESENTADA POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA EN AUSTRIA, Y EL FONDO DE LA OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL.

Managua, 15 de Junio de 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio de Préstamo N°. 937P, suscrito el 30 de Mayo de 2003 por la República de Nicaragua, representada por el encargado de negocios (a.i.) de la Embajada de la República de Nicaragua, en Austria y el Fondo de la OPEP para desarrollo Internacional, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 14 de Julio de 2003.

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio de Préstamo entre la República de Nicaragua y el Fondo de la OPEP para Desarrollo Internacional, para Financiar el Proyecto <<Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local>>, que ejecuta el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE).

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo,

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Gobierno de la República de Nicaragua, a través del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), ha implementado un proyecto denominado <<Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local>> con el cual se pretende mejorar el acceso de la población pobre a infraestructura y servicios sociales y económicos básicos; fortalecer la capacidad de gestión y administración de comunidades y gobiernos locales; y desarrollar redes de protección social.

Para finalizar este proyecto, el Gobierno de Nicaragua se ha propuesto recibir asistencia financiera de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Alemán de Reconstrucción al Desarrollo (KFW), de la Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), del Gobierno de Japón y del Fondo de la OPEP para Desarrollo Internacional.

Este propósito se hizo efectivo al firmar el Gobierno de Nicaragua el Convenio de Crédito AIF No. 3504-NI por 46.7 millones de derechos especiales de giro, equivalentes aproximadamente a US62.5 millones, y el Contrato de Préstamo BID No. 1067-SF-NI por 50.0 millones. También se han formalizado donaciones para este proyecto con el KFW de Alemania por 5.6 millones de euros y con ASDI de Suecia por US3.0 millones.

Continuando con la captación de recursos externos, el 30 de Mayo del 2003 el Gobierno de la República de Nicaragua, representada por el Dr. Alberto José Altamirano Lacayo, Encargado de Negocios (a.i) de la Embajada de la República de Nicaragua en Austria y El Fondo de la OPEP para Desarrollo Internacional, firmaron el Convenio de Préstamo No. 937P por un monto de US6.0 millones. Este crédito fue otorgado a Nicaragua por el Fondo de la OPEP a 20 años de plazo, incluyendo 5 años de gracia que vencen el 30 de Mayo del 2008, 1% de interés anual sobre saldos y 1% anual de cargos por servicio, términos que representan un componente de concesionalidad del 52.66% para los fondos del préstamo.

Con estos recursos se co-financiarán una serie de sub-proyectos a pequeña escala, seleccionados por el FISE, en coordinación con las municipalidades, las organizaciones comunitarias y los ONG. Estos sub-proyectos incluirán la rehabilitación y construcción de escuelas, abastecimiento de agua y sistema de alcantarillado, caminos rurales, puentes, presas, programas de irrigación, sistemas de electrificación y otro tipo de infraestructura vital. Los beneficiarios recibirán capacitación para mantenimiento, a manera de garantizar la sostenibilidad del proyecto, y el desarrollo de capacidad tendrá lugar entre las organizaciones gubernamentales y comunitarias. Con los fondos del préstamo se estima la implementación de 150 sub-proyectos que beneficiarán alrededor de 180,000 personas.

Por las razones expuestas, con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de la Constitución Política, someto a la consideración de esa Asamblea Nacional Proyecto de Decreto de Aprobación del CONVENIO DE PRESTAMO ENTRE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL FONDO DE LA OPEP PARA DESARROLLO INTERNACIONAL, PARA FINANCIAR EL PROYECTO <<REDUCCION DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL>>, QUE EJECUTA EL FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE).

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto a la Comisión Económica.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Pasamos al Tomo II. de la Tercera Sesión Ordinaria de la XIX Legislatura.

Punto 1.6: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO SOBRE COOPERACION PARA LA SUPRESION DEL TRAFICO ILICITO MARITIMO Y AEREO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS EN EL AREA DEL CARIBE.

Managua, 15 de Julio de 2003.

Doctor
Miguel López Baldizón
Primer Secretario
Asamblea Nacional
Su Despacho.

Estimado Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicos en el Area del Caribe, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 14 de Julio de 2003.

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en el Area del Caribe

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo,

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al igual que ha venido sucediendo en el área económica de la gran mayoría de los países del mundo, la unión, la colaboración y la armonización de medidas, es un imperativo insoslayable ante el fenómeno de la globalización, de igual forma y aun con mayor premura y decisión debe ser enfrentado uno de los más terribles flagelos de la humanidad: el narcotráfico.

Es bien sabido, el daño de magnitudes incalculables que producen las drogas a nivel de la persona, de la familia, de la comunidad, del país. Es un mal que no sólo acaba con la salud mental y física de los individuos sino con la paz social de los pueblos, trayendo consigo una secuela interminable de delitos y males que socaban la institucionalidad misma del país.

Hoy en día Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, sin embargo existe todavía muy poca conciencia nacional sobre este activo de inmenso valor que como pueblo todavía tiene: la seguridad, activo que está siendo seriamente amenazado por el incremento exponencial de la narcoactividad con todas las consecuencias que acarrea.

Como consecuencia de la implementación del Plan Colombia, desde hace aproximadamente cuatro años, con el apoyo económico de los Estados Unidos, el cultivo y el comercio ilícito de drogas se desplaza a otras zonas o países donde el control estatal es precario y esto es precisamente lo que ha estado sucediendo en nuestro país. El narcotráfico está buscando en la región nuevos territorios para almacenar y procesar la droga. Carente de los recursos financieros y técnicos para enfrentar este incremento sustancial de la narcoactividad de manera especial en la zona del Caribe, la cooperación internacional es un imperativo idóneo para su combate.

El hecho de que Nicaragua esté ubicada en el centro del continente americano, y el hecho de tener extensas costas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe, con una posición geográfica privilegiada que la convierte en blanco del narcotráfico, constituyéndose en un puente entre las regiones productoras de estupefacientes y las consumidoras, facilitando paralelamente la aparición de tipos penales como el lavado de dinero, la corrupción y el tráfico ilegal de armas.

Recientemente el Ministerio de Defensa, daba una voz de alerta ante la creación de "narco-aldeas" en territorios, que como dicen los narcotraficantes, nadie controla. Más aún, el Ministro manifestaba su preocupación de que pasemos a una etapa ulterior o posterior de producción y distribución de drogas.

Según el Ejército Nacional, 18 toneladas métricas de cocaína entran al año por el Caribe nicaragüense y solamente 600 kilogramos fueron incautados en los últimos meses. El reto es claro: necesitamos unir esfuerzos.

El narcotráfico carcome nuestras instituciones. Los medios de comunicación en estos días han estado informando y denunciando de manera constante presuntos actos de corrupción entre agentes de la Policía y traficantes de droga en la RAAS. Resultado de esto, el Fiscal Departamental en la Región Autónoma del Atlántico Sur, presentó acusación por los presuntos delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, infidelidad en su cargo y otros en contra del jefe antidrogas de la Policía regional, Sub-Comisionado Oscar Larrave Chamberlain.

Entre el período comprendido de 1997 hasta el 2000, la Policía Nacional en Bluefields destituyó y dio de baja deshonrosa al menos a seis oficiales por estar involucrados en actividades de narcotráfico, entre ellos el ex jefe antidrogas, José Alejandro Tenorio y sus agentes Carlos Coronado y Agustín Núñez. Sin embargo, nunca fueron procesados por las autoridades judiciales ni policiales, por ningún delito.

Asimismo se han estado dando denuncias sobre posibles nexos de agentes policiales con redes de narcotraficantes, por parte de ciudadanos de Corn Island, Municipio de la Región Autónoma Atlántico Sur, señalando que policías destacados en ese lugar han entablado relaciones con gente presuntamente ligada al tráfico de estupefacientes.

El Presidente de la República, Enrique Bolaños, ha admitido el peligro que corre Nicaragua de una "colombianización", especialmente en las Regiones Atlántico Norte y Atlántico Sur, por el alarmante flagelo del narcotráfico.

Los métodos de los traficantes de drogas se han hecho cada vez más complejos y se mezclan con otras formas ilícitas de comercio: tráfico de armas y seres humanos, falsificación de moneda y contrabando de mercancías. En países como Colombia, la estabilidad misma de la sociedad se ha visto amenazada frenando gravemente el progreso y la estabilidad política alcanzada. El tráfico de drogas y el delito, al interferir en mantenimiento de la paz y en la solución de conflictos, han exacerbado las crisis humanitarias.

Los ingresos del narcotráfico, a veces alcanzan dimensiones macroeconómicas, echando profundas raíces en la economía legal.

Desde hace aproximadamente un decenio hay pruebas de que grupos terroristas están involucrados en el narcotráfico. Al principio, esos grupos ofrecían protección al cultivo, la producción y el tráfico a cambio de los recursos necesarios para comprar armas y pagar servicios. Poco después, entraron y participaron en el negocio mismo. Así, la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero se superpone con frecuencia a la guerra contra el terrorismo, y viceversa.

La cooperación multilateral es una condición previa para la represión eficaz del narcotráfico. El narcotráfico y la criminalidad organizada son actividades complejas que requieren un enfoque coordinado y la participación de todos los países del área del Caribe.

El Convenio busca realizar de la forma más extensa posible, la lucha contra el tráfico ilícito por vía marítima y área en y sobre las aguas del Caribe, de acuerdo con los recursos policiales disponibles que tenga los Estados partes y de conformidad con el Decreto Internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1998, y la Convención de las Naciones Unidas sobre Decreto del Mar de 1982.

Nicaragua es asignatario de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, desde el 4 de Mayo de 1990, por tanto es parte integrante de nuestro sistema jurídico.

El Arto. 17 inc. 1 (Tráfico Ilícito por Mar) de la Convención de 1988, establece que las partes cooperarán en todo lo posible para eliminar el tráfico ilícito por mar, de conformidad con el derecho marítimo internacional. El inc.9 del mismo artículo establece que las partes consideran la posibilidad de concertar acuerdos o arreglos bilaterales y regionales para llevar a la práctica las disposiciones de dicho artículo o hacerlas más eficaces.

Existen diferente convenios de cooperación de los cuales Nicaragua es parte, tales como Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradicación del Tráfico Ilícito de Drogas (Montelimar, Nicaragua 3 de Abril de 1990); Convenio Centroamericano para la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos (Panamá, 11 de Julio de 1997); Convenio entre Centroamérica (SIECA) y República Dominicana para la Prevención y Represión de delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico de Drogas y Delitos Conexos (Santo Domingo, República Dominicana, 11 de Junio de 1997); y otros de carácter bilateral con los Estados Unidos, Venezuela, Argentina, etc.

Este Convenio salvaguarda los principios de igualdad soberana, integridad de los Estados y la no intervención en asuntos internos.

Uno de los aspectos esenciales de este instrumento es que no habrán operaciones unilaterales de una Parte en el territorio de la otra y cada operación que se realice, será autorizada.

Conviene destacar que serán las fuerzas policiales y de aviación civil de los Estados Parte, los que implementarán el Convenio. Por esta razón no violenta el Arto. 92 de nuestra Constitución Política que somete a previa autorización de la Asamblea Nacional el ingreso de naves, aeronaves y maquinarias militares extranjeras en el territorio nacional.

Las operaciones policiales a realizar para la supresión del tráfico ilícito conforme el presente Convenio son:

1. Operaciones contra embarcaciones y aeronaves;

2. Operaciones contra embarcaciones y aeronaves sin nacionalidad;

3. Las equiparadas a embarcaciones sin nacionalidad.

Todas estas actividades será realizadas bajo las siguientes modalidades:

1. No habrán operaciones unilaterales de una parte en el territorio de la otra y cada operación que se realice, deberá ser autorizada.

2. Se establece el mecanismo de autorización previa para el caso de Nicaragua. La posición sostenida de Nicaragua durante las negociaciones del presente Convenio ha estado dirigida en el sentido de no menoscabar la soberanía nacional y su jurisdicción. Por lo tanto en él se recogen opciones operativas donde cada Estado a la hora de firmar, ratificar o adherirse, determinará cual es la más apropiada de acuerdo a sus leyes; también se conserva el derecho del Estado de reservarse ciertas disposiciones del Convenio, siempre y cuando no vaya en contra del objetivo mismo del Convenio.

3. El Convenio está elaborado tratando de que los Estados conserven su efectiva soberanía en su territorio, aguas territoriales y espacio aéreo, así como también la plena jurisdicción sobre personas y cosas que sean objeto de detención o decomiso en sus aguas territoriales o en buques que enarbolen el Pabellón Nacional (registrado) y que naveguen en aguas internacionales. Las operaciones en aguas nacionales sólo podrán realizarse por autoridades del orden de otro Estado, si esto es consentido plenamente por el Estado Parte que así lo exprese a la hora de firmar, ratificar o adherirse al presente Convenio.

4. Ninguna de las disposiciones de este Convenio será interpretada como una autorización para que una embarcación policial o una aeronave policial de una Parte patrulle de forma independiente dentro de las aguas o el espacio aéreo de otra Parte.

Uno de los aspectos más importantes del Convenio, en materia constitucional y de soberanía es que de acuerdo con su Arto. 37 las partes pueden formular reservas siempre y cuando no sean incompatibles con su objeto.

La República de Nicaragua, de conformidad con el artículo 37 Reservas y Excepciones del Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en el área del Caribe presenta la siguiente reserva:

De conformidad con la Constitución y leyes vigentes que regulan la materia, es indelegable la función policial, en tal sentido el Arto. 20, inciso 1 y 2 del presente Convenio es inaplicable y por consiguiente no es posible otorgar a funcionarios policiales extranjeros los mismos poderes de los policías nacionales.

El Gobierno de la República de Nicaragua de conformidad con el artículo 38 del Convenio, presentó al momento de la firma la siguiente declaración interpretativa.

Ninguna de las cláusulas del citado convenio puede ser interpretada en el sentido que afecte los derechos de Nicaragua en sus zonas marinas y costeras ni en ninguna otra parte de su territorio, ni implica, en manera alguna, renuncia total o parcial de sus reclamaciones sobre territorios y zonas marítimas e insulares.

La República de Nicaragua no hace renuncia total o parcial de su soberanía, jurisdicción y derechos sobre sus territorio, islas, cayos, blancos adyacentes, aguas interiores, mar territorial, zona continua, plataforma continental, zona económica exclusiva y espacio aéreo que le corresponden de conformidad con su legislación interna y el derecho internacional.

Teniendo en cuenta que las drogas ilícitas, la delincuencia y el terrorismo no sólo constituyen una amenaza para la paz sino que además impiden el desarrollo económico de los países.

Teniendo en cuenta que el Convenio, principalmente, establece un sistema de cooperación entre los países partes, el cual abre la puerta para que Nicaragua pueda combatir más eficazmente al narcotráfico.

Teniendo en cuenta que Nicaragua podrá combatir al narcotráfico en el mar territorial y el espacio aéreo nicaragüense, lo que constituye una acción preventiva que impide el ingreso de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas al territorio continental, protegiendo a la Nación entera del tremendo costo social que acarrea el tránsito y consumo de las mismas.

Por consiguiente, consideramos que el presente Convenio llena sustantivamente y formalmente la posición de nuestro país ante el fenómeno del tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas y estupefacientes por mar y aire, por lo que recomendamos sea aprobado y ratificado por nuestro país.

Por las razones expuestas, con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de la Constitución Política, someto a la consideración de esa Asamblea Nacional Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en el Area del Caribe.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto a la Comisión Antidrogas.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Punto 1.7: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 1608 ENTRE EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA.

Managua, 15 de Julio de 2003.

Doctor
Miguel López Baldizón
Primer Secretario
Asamblea Nacional
Su Despacho.

Estimado Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo N°. 1608 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Nicaragua, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 14 de Julio de 2003.

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo N°.1608 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Nicaragua.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo,

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

Que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), han suscrito con fecha 20 de Junio del 2003, Contrato de Préstamo No. 1608 por valor de US3,756,260.50 (tres millones setecientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta dólares con cincuenta centavos de dólar)moneda de los Estados Unidos de América, provenientes del Fondo Especial para la Transformación Social de Centroamérica (FETS), para financiar el proyecto de “Estabilización del camino Santa Clara-Susucayán- El Jícaro”, de la República de Nicaragua, que será ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) a través de la Dirección General de Viabilidad (DGV).

Que el Préstamo No. 1608 ha sido otorgado por el BCIE, bajo las siguientes condiciones financieras:

El plazo de este préstamo es de hasta veinticinco (25) años, incluyendo hasta cinco (5) años de período de gracia, contados a partir de la fecha del primer desembolso.

Este préstamo será amortizado mediante el pago de cuarenta (40) cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del mismo, en las fechas y por los montos que el BCIE determine, debiendo pagar la primera cuota una vez transcurridos sesenta y seis (66) meses, contados a partir de la fecha del primer desembolso.

El prestatario reconoce y pagará la tasa de interés, la que será concesional y que permita un porcentaje de alivio de acuerdo a los términos establecidos por organismos multilaterales. La tasa de interés será de tres punto sesenta y dos ochenta y uno por ciento (3.6281%) anual fija durante la vigencia del préstamo. Dichos intereses se calcularán sobre los saldos deudores, tomando en cuenta los días naturales efectivamente transcurridos y sobre una base de trescientos sesenta y cinco (365) días.

El prestatario pagará una comisión de supervisión de un cuarto del uno por ciento (1/4 del 1%) sobre el monto del préstamo, para cubrir los gastos de supervisión. Esta comisión deberá pagarse de una sola vez a más tardar al momento del primer desembolso.

Por las razones anteriormente mencionadas, y con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, someto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, esta iniciativa de aprobación del Contrato de Préstamo N°.1608 suscrito entre la República de Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto a la Comisión Económica.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 1.8: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1618 ENTRE EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA.

Managua, 15 de Julio de 2003-11-19
SAL-1981-15-7-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1618 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Nicaragua, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 14 de Julio de 2003
DP/284/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1618 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Nicaragua.

Espero que los Honorables Diputado de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo
Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

Que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), han suscrito con fecha 20 de Junio del 2003, Contrato de Préstamo No. 1618 por valor de US$5,000,000. (cinco millones de dólares), moneda de los Estados Unidos de América, provenientes del Fondo Especial para la Transformación Social de Centroamérica (FETS), para financiar el proyecto de “Apoyo a la producción diversificada y exportable”, de la República de Nicaragua, que será ejecutado por el Fondo de Crédito Rural (FCR).

Que el Préstamo No. 1618 ha sido otorgado por el BCIE, bajo las siguientes condiciones financieras:

El plazo de este préstamo es de hasta veinticinco (25) años, incluyendo hasta cinco (5) años de período de gracia, contados a partir de la fecha primer desembolso.

Este préstamo será amortizado mediante el pago de cuarenta (40) cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del mismo, en las fechas y por los montos que el BCIE determine, debiendo pagar la primera cuota, una vez transcurridos sesenta y seis (66) meses contados a partir de la fecha del primer desembolso.

El prestatario reconoce y pagará la tasa de interés, la que será concesional y que permita un porcentaje de alivio de acuerdo a los términos establecidos por organismos multilaterales. La tasa de interés será de tres punto sesenta y dos ochenta y uno por ciento (3.6281%) anual fija durante la vigencia del préstamo. Dichos intereses se calcularán sobre los saldos deudores tomando en cuenta los días naturales efectivamente transcurridos y sobre una base de trescientos sesenta y cinco (365) días.

Por las razones anteriormente mencionadas y con fundamento en el numeral 12 del artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, someto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, esta iniciativa de aprobación del Contrato de Préstamo No. 1618 suscrito entre la República de Nicaragua y el Banco Centroamericano.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión Económica.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Punto 1.9: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION AL CONTRATO DE GARANTIA, SUSCRITO EL 22 DE MAYO DE 2003, POR LA REPUBLICA DE NICARAGUA, REPRESENTADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) EN RESPALDO DEL PRESTAMO N° 1122/SF-NI.

Managua, 25 de Julio de 2003-11-20
SAL-2155-25-7-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación al Contrato de Garantía, suscrito el 22 de Mayo de 2003, por la República de Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en respaldo del Préstamo No. 1122/SF-NI, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 24 de Julio de 2003-11-20
DP/295/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación al Contrato de Garantía, suscrito el 22 de Mayo del 2003, por la República de Nicaragua, Representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Respaldo del Préstamo No. 1122/SF-NI Autorizado por esta última Entidad Financiera Nicaragüense de Inversiones.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

Que Financiera Nicaragüense de Inversiones, S.A. (FNI) suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el día veintidós de Mayo del dos mil tres, el Contrato de Préstamo No. 1122/SF-NI por la cantidad de US$30,000.000.00 (treinta millones de dólares) para financiar el “Programa Global de Crédito Multisectorial”, siendo las condiciones financieras, 40 años de plazo con 10 años de gracia, con una tasa de interés del uno por ciento (1%) por año, hasta el 22 de Mayo de 2013 y del dos por ciento (2%) anual, desde esa fecha hasta la cancelación y una comisión de crédito de medio por ciento (1/2 %) por año, aplicable a los fondos no retirados, la cual empezará a devengarse a los doce (12) meses contados a partir del 26 de Febrero de 2003, fecha de la Resolución en la que el Directorio Ejecutivo del BIB aprobó este financiamiento.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitó a la Financiera Nicaragüense de Inversiones, S.A., que este préstamo fuera garantizado por el Gobierno de la República de Nicaragua. Por tal razón, mediante Acuerdo Presidencial No. 180-2003, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Licenciado Eduardo Montealegre Rivas, fue autorizado para suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Contrato de Garantía referente al Contrato de Préstamo NO. 1122/SF-NI.

El “Programa Global de Crédito Multisectorial” financiado a través de este Contrato de Préstamo, comprende dos componentes a ejecutar por la Financiera Nicaragüense de Inversiones, S.A. entidad deudora, y son los siguientes:

El Programa proveerá recursos para el financiamiento de créditos a la empresa privada otorgados por Instituciones Financieras Intermediarias (IFIS) elegibles ante FNI, S.A. El Programa incentivará que los recursos beneficien especialmente al segmento de la mediana y pequeña empresa sin acceso a los mercados de capitales, y que se utilicen en financiamiento de inversiones en operaciones de largo plazo.

Con el objetivo de fortalecer y ampliar la capacidad institucional de FNI y ampliar sus servicios al sector empresarial, incluyendo el servir de enlace entre los mercados de capitales en el exterior y la empresa privada nacional. Se espera además desarrollar una estrategia institucional de largo plazo que se inserte en los planes estratégicos públicos y privados de desarrollo de la economía nacional.

Por la razones expuestas, con fundamento en el numeral 12 del artículo 138 de nuestra Constitución Política, someto a la consideración de esa Asamblea Nacional el Proyecto de Decreto de Aprobación al Contrato de Garantía, suscrito el 22 de Mayo del 2003, por la República de Nicaragua, Representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Respaldo del Préstamo No. 1122/SF-NI autorizado por esta última Entidad a Financiera Nicaragüense de Inversiones.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión Económica.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

1.10: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO MULTILATERAL SOBRE COOPERACION Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ADUANAS.

Managua, 12 de Agosto de 2003-11-20
SAL-2257-12-8-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho

Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 8 de Agosto de 2003-11-20
DP/306/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Multilateral Sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

El “Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas”, nació con el fin de institucionalizar la cooperación que se suministraban las distintas Administraciones Aduaneras Nacionales de Ibero América, a través de un instrumento internacional de carácter multilateral en que se definieran los campos de actuación y los métodos y condiciones para hacerla efectiva.

El día 11 de Septiembre de 1981, el Director General de Aduanas en representación del Gobierno de Nicaragua, suscribió en la Ciudad de México el “Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas” aprobado en la Segunda Reunión de Directores Nacionales de Aduanas, celebrada en esa ciudad.

El día 29 de Marzo de 1982, mediante Decreto número 1,000 publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 79, el día 5 de Abril de 1982, Nicaragua aprobó y ratificó el “Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas y sus Anexos I, y XIII”.

Posteriormente, el día 25 de Octubre de 1989, mediante Decreto No. 473 publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 246, el día 28 de Diciembre de 1989, Nicaragua aceptó los Anexos XI y XII del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, denominados Acción Contra Delitos Aduaneros que recaen sobre Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y “Acción Contra Delitos Aduaneros que Recaen sobre Objetos de Arte y Antigüedades y Otros Bienes Culturales”.

El “Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas demostró ser un instrumento útil para fortalecer la asistencia mutua, la cooperación y la lucha contra el fraude, así como el incremento y desarrollo de comercio entre las partes.

En la XIX Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal, celebrada en Palma de Mallorca, España, en Noviembre de 1998, los Directores Nacionales destacaron los logros obtenidos por el Sistema Latinoamericano de Capacitación y acordaron que con la finalidad de aprovechar al máximo todas las potencialidades del Convenio, especialmente las que se refieren a la asistencia mutua y a la cooperación, se revisará y modificará el texto del Convenio, con la finalidad de adaptarlo a las necesidades actuales.

En la XX Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal celebrada en Cancún, Quintana Roo, México, a los 29 días del mes de Octubre de 1999, se aprobó el “Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas”.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 del Protocolo de Modificación de Convenio Multilateral, el mismo no entrará en vigor, sino hasta tres meses después de que tres Partes de América Latina, España y Portugal lo hayan firmado sin reserva de ratificación, o hubiesen depositado su instrumento de ratificación, por lo que, teniendo en consideración que a la fecha, la República del Perú, la República de Cuba y el Reino de España han formalizado este acto, la entrada en vigor de éste será a partir del 17 de Octubre de 2002.

Que Nicaragua haya aprobado y ratificado el primer instrumento internacional de cooperación multilateral, ha significado un alto enriquecimiento para diversos ámbitos de importancia en nuestra Institución se han obtenido múltiples capacitaciones a favor de nuestros funcionarios en temas que hoy son más que valiosos por nuestras miras integracionistas y el ser parte del Convenio ha contribuido efectivamente a dinamizar las corrientes comerciales y a facilitar el transporte entre los países miembros, asimismo a la prevención, investigación y represión de la infracciones aduaneras.

Por las razones expuestas, con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de nuestra Constitución Política, someto a la consideración de esa Asamblea Nacional el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Multilateral Sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión del Exterior.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Punto 1.11: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO BILATERAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A. (CESCE).

Managua, 12 de Agosto de 2003-11-20
SAL-2304-12-8-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Bilateral entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exposición, S.A. (CESCE) para la consolidación de la deuda de Nicaragua, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 8 de Agosto de 2003-11-20
DP/307/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Bilateral entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exposición, S.A. (CESCE), para la Consolidación de la Deuda de Nicaragua.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Banco Central de Nicaragua (BCN) que actúa como Agente Financiero del Gobierno de la República de Nicaragua y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (CESCE), en su propio nombre y por cuenta del Estado español, suscribieron con fecha 3 de Abril de 2003 en Madrid, España, “Convenio Bilateral entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (CESCE), para la Consolidación de la deuda de Nicaragua”, dentro del marco del Acta Multilateral suscrita en París con fecha 13 de Diciembre de 2002.

El porcentaje de los créditos comerciales asegurados por el CESCE, otorgados por el Banco Exterior de España hoy BBVA y no cubiertos por la garantía del seguro, que estén adeudados o garantizados por el Gobierno de la República de Nicaragua o por el sector público nicaragüense o por el Banco Central de Nicaragua derivados de contratos o convenios de crédito concluidos con anterioridad al 1 de Noviembre de 1988, que fueron excluidos de anteriores convenios de consolidación y que estén impagados a la fecha de firma del Convenio Bilateral, arriba mencionado.

Las cuotas de principal y de intereses procedentes del Convenio Bilateral de Consolidación concluido con fecha 16 de Noviembre de 1993 (NICARAGUA II).

Las cuotas de principal y de intereses procedentes del Convenio Bilateral de Consolidación concluido con fecha 29 de Septiembre de 1995 (NICARAGUA III).

Las cuotas de principal y de intereses procedentes del Convenio Bilateral de Consolidación concluido con fecha 7 de Julio de 1998 (NICARAGUA IV) con inclusión del aplazamiento de pago previsto en el punto II del Adendum firmado el 5 de Junio de 2000 y exclusión de los créditos mencionados en el punto I. E) de dicho Adendum.

Los importes objetos de la consolidación son los siguientes:

El 10% de los vencimientos de principal e intereses impagados al 30 de Septiembre de 2002, inclusive, mencionados en el apartado 1.1, incluyendo los intereses de demora capitalizados sobre esos importes a la misma fecha.

El 20% de los vencimientos de principal e intereses impagados al 30 de Septiembre de 2002, inclusive, mencionados en el apartado 1.2, procedentes de NICARAGUA II, incluyendo los intereses de demora capitalizados sobre esos importes a la misma fecha.

El 20% de los vencimientos de principal e intereses comprendidos entre el 1 de Octubre de 2002 y el 30 de Septiembre de 2005, inclusive, mencionados en el apartado 1.2, procedentes de NICARAGUA II.

El 30% de los vencimientos de principal e intereses impagados al 30 de Septiembre de 2002, inclusive, mencionados en los apartados 1.3 y 1.4, procedentes de NICARAGUA III y IV, incluyendo los intereses de demora capitalizados sobre esos importe a la misma fecha.

El 30% de los vencimientos de principal e intereses comprendidos entre el 1 de Octubre y el 30 de Septiembre de 2005, inclusive, mencionados en los apartados 1.3 y 1.4, procedentes de NICARAGUA III y IV.

El 20% de los intereses debidos entre el 1 de Octubre de 2002 y el 31 de Diciembre de 2003 de los importes consolidados mencionados en el apartado 2.1.

El 20% de los intereses debidos entre el 01 de Octubre de 2002 y el 31 de Diciembre de 2003 de los importes consolidados mencionados en los apartados: 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.

Los importes consolidados ascienden a un total de US$2,098,222.22 (dos millones noventa y ocho mil doscientos veintidós dólares con veintidós centavos de dólar) y 15,767,084.15 (quince millones setecientos sesenta y siete mil ochenta y cuatro Euros con quince centavos de Euros), aproximadamente. Quedan pendiente de cálculo el 20% de los intereses debidos entre el 1 de Octubre de 2002 y el 31 de Diciembre de 2003 de los diferentes importes consolidados, mencionados en los apartados: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.

El reembolso de los importes consolidados será efectuado mediante 34 cuotas semestrales, proporcionalmente progresivas, teniendo lugar la primera el 30 de Septiembre de 2010 y la última el 31 de Marzo de 2027. Los importes consolidados denominados en Euros, devengarán un interés anual igual al Euribor a seis meses incrementado en 0.40% y los importes denominados en Dólares USA (US$), devengarán un interés anual al LIBOR a seis meses, incrementado en 0.40%.

El 20% de los intereses pagaderos entre el 1 de Octubre de 2002 y el 31 de Diciembre de 2003 por los importes consolidados, mencionados en los apartados 2.6 y 2.7, se capitalizarán a medida que vayan venciendo y se reembolsarán en 4 pagos semestrales, iguales y consecutivos, teniendo lugar el primero de ellos el 30 de Septiembre de 2005 y el último el 31 de Marzo de 2007. El 80% restante será pagado en las fechas originalmente previstas.

Por las razones expuestas, con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de nuestra Constitución Política, someto a la consideración de esa Asamblea Nacional el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Bilateral entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (CESCE), para la Consolidación de la Deuda de Nicaragua.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión Económica.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 1.12: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL ACUERDO PARA EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA.

Managua, 18 de Agosto de 2003-11-20
SAL-2382-18-8-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Apreciable Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Acuerdo para el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático y Consultar entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Costa Rica, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 15 de Agosto de 2003-11-20
DP/314/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Acuerdo para el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático y Consultar entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Costa Rica.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo

ENRIQUE BOLAÑOS G.
Presidente de la República

Managua, 15 de Agosto de 2003-11-20
DP/314/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Acuerdo para el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático y Consular entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Costa Rica.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de los funcionarios diplomáticos, consulares y sus familias, recientemente la República de Nicaragua, se ha planteado la tarea de promover la suscripción de este tipo de acuerdos bilaterales.

Estos Acuerdos tienen por objeto permitir a los familiares, que sean “dependientes” de estos funcionarios, realizar actividades remuneradas en el país en donde dichos funcionarios se encuentren acreditados, todo de conformidad con las leyes del Estado receptor y en condiciones de estricta reciprocidad.

Como consecuencia de esta tendencia, la República de Nicaragua ha suscrito Acuerdos de esta naturaleza con los Estados Unidos de América en 1994; con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 1996; con el Reino de España y la República de Panamá en 2002 y con la República de Argentina en 2003. Asimismo, actualmente se encuentran en proceso de negociación de este tipo de Acuerdos con la República Federativa del Brasil, el Reino de los Países Bajos y la República del Ecuador.

La normativa de ese Acuerdo se dirige exclusivamente al beneficio de los familiares que sean “dependientes” de los funcionarios diplomáticos y consulares de una de las Partes que laboren para Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares en el territorio de la otra Parte.

El alcance de la aplicación de este Acuerdo no puede hacerse extensivo a ciudadanos comunes que carezcan de vínculos familiares con funcionarios diplomáticos o consulares. Esta autorización de ninguna manera implica el reconocimiento de títulos, grados o estudios realizados fuera del Estado receptor.

Específicamente, el Acuerdo se dirige a permitir que los dependientes de los funcionarios diplomáticos y consulares acreditados debidamente ante el Estado Receptor puedan ejercer actividades remuneradas sin más restricciones que las establecidas por ley y en las mismas condiciones que los ciudadanos comunes o nacionales de dicho Estado.

No obstante, debe tenerse presente que el Acuerdo se fundamenta en el principio de “reciprocidad” del Derecho Internacional, el cual se materializa mediante la celebración de este Acuerdo, por medio del cual ambos países se comprometen a crear un adecuado marco jurídico que permita el ejercicio de actividades económicas y profesionales, dentro de su territorio, a las personas antes mencionadas que, para los efectos del Acuerdo, se les llamará “dependientes”.

En este caso concreto, la figura de “dependientes” comprende a los cónyuges de funcionarios diplomáticos y consulares, a sus hijos menores de edad (21 años) que se encuentren a su cargo, o bien a sus hijos, que siendo mayores de edad, aún se encuentren estudiando en grado universitario y que sean menores de 25 años.

Por consiguiente, el Acuerdo faculta a los “dependientes” de ambas Partes a ejercer su profesión o actividades remuneradas con el consentimiento del Estado receptor. Este consentimiento se realizará a través de la autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho receptor, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Acuerdo.

Mediante la aplicación de este Acuerdo se permitirá el alcance de la estabilidad socio-económica de los funcionarios diplomáticos y sus “dependientes” y se beneficiará al Estado receptor con el intercambio de experiencias y conocimientos que se puedan derivar.

Este Acuerdo, contribuirá al desarrollo personal, psicológico y emocional de los “dependientes”, a su realización plena como individuos y a la estabilidad familiar, especialmente para las familias de aquellos funcionarios de menor rango en el escalafón diplomático.

Las disposiciones de este Acuerdo no contravienen nuestra legislación nacional, se ajustan a la normativa convenida en acuerdos anteriormente firmados por Nicaragua sobre esta misma materia y sujeta el ejercicio de las actividades remuneradas que de él surjan a los requisitos y exigencias que se establezcan en el Estado receptor. Conviene destacar también que el Acuerdo puede ser denunciado por cualquiera de las Partes.

En relación a la entrada en vigor, es necesario que este Acuerdo sea aprobado y ratificado de conformidad a los requisitos establecidos en nuestra legislación interna para la entrada en vigor de tratados internacionales.

Por las razones expuestas, con fundamento en el numeral 12 del artículo 138 de nuestra Constitución Política, someto a la consideración de esa Asamblea Nacional el Proyecto de Decreto de Aprobación del Acuerdo para el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático y Consular entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Costa Rica.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión del Exterior.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 1.13: PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO DE COOPERACION AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES FRONTERIZOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA.

Managua, 18 de Agosto de 2003.
SAL-2381-18-8-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Apreciable Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Acuerdo Complementario de Cooperación Ambiental y de Recursos Naturales Fronterizos entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Costa Rica, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 15 de Agosto de 2003-11-21
DP/315/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Acuerdo Complementario de Cooperación Ambiental y de Recursos Naturales Fronterizos Entre El Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Costa Rica.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el propósito de coadyuvar al interés común para fortalecer y desarrollar las relaciones de amistad existentes históricamente entre Nicaragua y Costa Rica, ambos países se dieron a la tarea de impulsar, a inicios de la década de los noventa, una serie de reuniones al más alto nivel para tratar temas de interés mutuo, las cuales fueron conocidas como Reuniones Binacionales Nicaragua-Costa Rica.

Estas reuniones abordaban entre otros aspectos, temas migratorios, aduaneros, de seguridad fronteriza, combate al tráfico de personas, de drogas, de especies de flora y fauna en peligro de extinción, de bienes arqueológicos e históricos, protección del medio ambiente y recursos naturales, desarrollo de poblaciones fronterizas, etc.

Es en el espíritu de estas reuniones binacionales, que el 16 de Febrero de 2003, reunidos en San Juan del Sur, Rivas, los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países formularon la “Estrategia para el desarrollo de la Zona Fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica”.

El diseño de esta Estrategia pretende fundamentalmente, la creación y ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible para la zona fronteriza, con énfasis en la preservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

Para tal fin, se creó la Subcomisión de Cooperación y Desarrollo como el mecanismo de seguimiento a sus programas y proyectos de desarrollo sostenible. De esta Estrategia se derivó la implementación de diversos proyectos, actualmente en ejecución, pero era necesario la creación de un marco jurídico que regulara estas acciones.

Estimular y fomentar el desarrollo conjunto de proyectos ambientales de inversión o asistencia técnica en la región fronteriza de Nicaragua y Costa Rica, de manera que su ejecución tenga un impacto positivo en las áreas económica y social de las poblaciones fronterizas, por lo que se pretende no sólo proteger a la naturaleza sino también beneficiar a los pobladores de esa región.

Es importante destacar que la autoridad de más alto nivel que vele por la aplicación de este Acuerdo, será la Subcomisión Binacional de Cooperación y Desarrollo, la cual contará con la capacidad decisoria en todo lo relativo a los proyectos que se deriven de este Acuerdo.

Para el seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, se ha conformado un Equipo Técnico de Evaluación, encargándose de todo el proceso pertinente, quien presentará los respectivos informes a la Subcomisión Binacional de Cooperación y Desarrollo.

La Subcomisión estará encabezada por el Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales de Nicaragua y el Ministro del Ambiente y Energía de Costa Rica, quienes fungirán como los Coordinadores Generales de cada una de sus delegaciones tanto en la Subcomisión como en el Equipo Técnico de Evaluación. Asimismo, los Coordinadores Generales tendrán la facultad de realizar acuerdos y programar, preparar y realizar las Reuniones Binacionales de la Subcomisión.

El Acuerdo contempla que la ejecución de los proyectos y programas resultantes de este Acuerdo no afectarán el ejercicio de jurisdicción de ninguna de las Partes en el territorio de la Otra.

La actividades, obras e instalaciones que resultaren de la aplicación del Acuerdo se desarrollarán con estricto respeto a los límites existenciales entre los dos países de conformidad a los tratados y arreglos vigentes entre ellos; teniendo en cuenta específicamente el Tratado Jeréz-Cañas, el Laudo Cleveland, la Convención Matus Pacheco y las Actas de la Comisión Alexander, por lo que el Acuerdo no contradice la legislación interna nicaragüense ni los tratados vigentes suscritos, aprobados y ratificados por Nicaragua.

De igual manera se ha dejado establecido que las instalaciones y obras realizadas para la ejecución de los programas, proyectos y acciones que se desarrollen bajo el amparo del presente Acuerdo, así como sus obras auxiliares, se mantendrán invariables en los límites establecidos entre Nicaragua y Costa Rica, de conformidad con los tratados vigentes entre ambos países. Tales instalaciones y obras no conferirán a ninguna de las partes, derechos de propiedad, ni de jurisdicción sobre cualquier parte del territorio de la otra.

Tratándose de un proyecto que coadyuvará a la protección del medio ambiente, incremento de la actividad económica en la zona y como consecuencia persigue elevar el nivel de vida de los habitantes en la zona fronteriza.

Siendo además un instrumento elaborado en el espíritu de respetar las posiciones que las Partes Contratantes mantienen sobre sus derechos y jurisdicción en los respectivos espacios aéreos, terrestres y marítimos, así como los derechos y obligaciones establecidas en los tratados de límites existentes.

Considerando que conviene aunar esfuerzos para modernizar y ejecutar planes de desarrollo sostenible que permitan el aprovechamiento al máximo de los recursos naturales fronterizos entre ambos países.

Por las razones expuestas, con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de nuestra Constitución Política, someto a la consideración de esa Asamblea Nacional la Aprobación del Acuerdo Complementario de Cooperación Ambiental y de Recursos Naturales Fronterizos entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Costa Rica.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Punto 1.14: PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA SITUACION JURIDICA DE LA ELECCION DE LOS MAGISTRADOS POR MAYORIA ESPECIAL.

Managua, 29 de Mayo del 2003-11-21

Dr. MIGUEL LOPEZ BALDIZON

PRIMER SECRETARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Su Despacho.

Por medio de la presente, le hago llegar a Usted, en mi nombre y en nombre del Partido Conservador, del cual soy Diputado, en base de mis derechos de iniciativa de ley que tengo, un Proyecto Ley que regula la situación jurídica de la elección de los Magistrados por mayoría especial, que exige la Constitución.

También acompaño a dicho Proyecto de Ley, la Exposición de Motivos.

Agradeciendo la atención brindada, le saluda.

Cordialmente,

JORGE MATAMOROS
Diputado

EXPOSICION DE MOTIVOS

La experiencia de los últimos años nos ha enseñado que a veces la Asamblea Nacional no se ha puesto de acuerdo para elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el tiempo establecido por la Constitución. Teniendo en cuenta esta experiencia y aproximándose el vencimiento de los períodos de varios Magistrados, considero de prudencia elemental, para la bienandanza de la República, asegurar la continuidad funcional de la Corte Suprema de Justicia, órgano rector del Poder Judicial.

Con el Proyecto Ley que proponemos, estamos desarrollando el principio constitucional establecido en el Arto. 138, acápite 7 de nuestra Constitución de la República, que ordena la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la Asamblea Nacional. Esta Ley respeta el espíritu y la letra de la Constitución, en tanto, que no prorroga el período de los Magistrados, pues, éstos pueden ser sustituidos en cuanto se elija el Magistrado que lo vaya a reemplazar. Lo que prorroga o asegura la Ley es la continuidad del funcionamiento del Poder Judicial. Si hubiese prórroga del período del Magistrado, se establecería un plazo que se tendría que respetar. Lo que, obviamente no ocurre en la situación regulada por esta Ley, pues no hay ningún plazo a respetar: el Magistrado puede ser reemplazado en cualquier momento, o sea, en cuanto la Asamblea elija al sucesor.

La intención del constituyente al exigir una mayoría especial –60% del voto de los Diputados-, para elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue que las atribuciones de este Poder del Estado fuesen desempeñadas por personas que garantizasen a la ciudadanía el funcionamiento óptimo de la justicia. Pero a pesar de esta loable intención, esa exigencia crea la posibilidad de que la elección de los Magistrados no se lleve a efecto en los períodos o fecha que la Constitución establece, por no darse el consenso entre los Diputados. Si el constituyente no hubiese establecido esta condición para la elección de los Magistrados, la posibilidad referida –de la no elección de los Magistrados en su fecha- no se daría. Es evidente, que la forma de elegir a los Magistrados, por mayoría simple o mayoría especial, produce eventualidades jurídicas distintas. Si la elección de los Magistrados fuese por mayoría simple no hay imponderables que impidan que la elección se lleve a efecto y, por lo tanto, este proyecto ley carecería de sentido; pero si la elección de los Magistrados es por mayoría especial, puede suceder que el consenso para la elección de Magistrados no se dé. En este caso, se daría un vacío en la legislación que tendría consecuencias negativas devastadoras para nuestro ordenamiento político-social. Para que este vacío no se produzca es necesario una legislación que regule el hecho jurídico eventual de la no elección de los Magistrados por falta de consenso.

Este proyecto ley no interpreta la Constitución, lo que hace es regular una situación jurídica originada por lo dispuesto en la Constitución.

Nosotros creemos que el implementar las disposiciones establecidas en la Constitución de la República es una labor legislativa fundamental, que estamos obligados moral, social y políticamente a realizar, por las graves consecuencias que se pueden generar si no lo hacemos.

Es de todos conocidos, que en los textos constitucionales sólo se establecen principios generales que informan e inspiran el ordenamiento jurídico; ordenamiento que se construye y se desarrolla a través de la función legislativa. Es la función legislativa la que hace que los preceptos constitucionales se vuelvan vinculantes y aplicables. Si la función legislativa no desarrollase los principios fundamentales establecidos en la Constitución, se producirían situaciones jurídicas caóticas, como sería, por ejemplo, las que nos sucedería si los Magistrados, a los que se les vence el período este año, no pudiesen ser reemplazados en su fecha por falta de consenso. No hay duda que en este caso, el Estado quedaría desintegrado y la sociedad no recibiría el servicio de la Justicia, que es la razón principal de la existencia del Estado.

Es obvio, pues, que con este proyecto Ley estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de legislador y al mismo tiempo, evitando cualquier situación catastrófica que se pudiesen originar por el desvanecimiento del Poder Judicial. Esta ley no pretende más que garantizar el funcionamiento de la justicia, que es fundamental para la articulación social y política del Estado.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Justicia.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 1.15 PROYECTO DE LEY DENOMINADO LEY QUE PROHIBE EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE LA ABOGACIA A LOS REPRESENTANTES DEL PODER LEGISLATIVO NACIONAL.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El ejercicio de una función pública, implica a los ejecutores de la misma la inhibición de algunas funciones que de carácter personal, estaban vinculadas anteriormente a la elección de éste.

Exige a la vez la transparencia en el desempeño de sus funciones, como una conducta adecuada para la sociedad nicaragüense.

El artículo 51 de nuestra Constitución Política, establece la obligación de todos los funcionarios públicos de rendir informe a la población en general sobre las gestiones desempeñadas en el ejercicio de las funciones públicas; por ello el Poder Legislativo, además de ser el mayor foro político de la Nación, debe de caracterizarse por conductas adecuadas de sus representantes, al ser el creador de las normas jurídicas que regirá a la sociedad en general, sin importar distinción alguna.

El principio de igualdad de la ley, debe primar sobre las actuaciones que emprendan los funcionarios públicos en pro de la administración ecuánime del Estado, bajo el precepto del Estado Social del Decreto.

Conforme a lo establecido en la Constitución Política, en el artículo 140, numeral 1, en el Estatuto General de la Asamblea Nacional en sus artículos 4, numeral 2 y Arto. 44, someto a conocimiento de la Honorable Asamblea Nacional, el presente proyecto de ley denominado:

“Ley que prohíbe el ejercicio de la profesión de la Abogacía a los representantes del Poder Legislativo nacional”,

para que de conformidad a lo establecido en el proceso de formación de ley, ésta sea enviada a la Comisión respectiva, para su debido dictamen y posterior publicación.

Atentamente,

Nelson Artola Escobar

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Justicia.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

1.16 INICIATIVA DE LEY MORATORIA PARA EL CORTE, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FORESTAL.

Managua, 2 de Junio de 2003.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho.

Estimado Ingeniero:

La falta de una presencia y atención estatal beligerante y eficaz en los diferentes territorios del país, ha provocado en los últimos años una alarmante actividad de deforestación irracional e insostenible de los recursos forestales en el país, llegando incluso a convertirse peligrosamente en focos de actividades que atentan contra la seguridad de la Nación y nuestra soberanía.

Esta actividad se ha acentuado con los incendios forestales a lo largo de la frontera agrícola, la tala, el corte y tráfico ilegal de madera preciosa y los cambios que esto origina en el uso de la tierra y la contaminación de las aguas. Todas estas acciones tienen como resultado la pérdida anual de más de cien mil hectáreas de bosques naturales en Nicaragua, lo que pone en peligro la flora y la fauna silvestre, las Cuencas Hidrográficas que nos garantizan el agua de consumo humano y por ende nuestro medio ambiente.

La conservación, promoción, fomento, desarrollo e incentivos en este sector se ha visto totalmente afectado con esta situación de inestabilidad, a pesar de los esfuerzos que desde los años 1997 y 1998 el Gobierno de turno estuvo realizando con la declaratoria de Moratorias por medio de Decretos Ejecutivos que finalmente no tuvieron los efectos esperados por la falta de un verdadero control y seguimiento de las autoridades respectivas.

En los últimos días se ha venido denunciando públicamente en todos los medios de comunicación, el desastre ecológico a que se viene sometiendo al país sin que hasta el momento se presenten algunas medidas inmediatas o de emergencia que frente estas actividades, mientras se revisa la situación institucional y se aprueba el marco legal específico que regule y controle a este Sector Forestal.

Por lo antes mencionado, y en aras de contribuir a dar una respuesta a la situación que a diario demanda la población al ver como los recursos forestales están siendo depredados inmisericordemente, sin que ninguna autoridad se pronuncie al respecto. Y con el ánimo de que estas instituciones responsables del manejo de la Política Forestal y además regulaciones tengan un tiempo prudencial para que evalúen la situación y propongan respuestas contundentes, en uso de las facultades que me otorga el Arto. 140 de la Constitución Política, presento la iniciativa de LEY DE MORATORIA PARA EL CORTE APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO FORESTAL, para que se le dé el trámite correspondiente para su dictamen y aprobación en el menor tiempo posible.

Atentamente,

JAIME MORALES CARAZO
Diputado

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

1.17 PROYECTO DE LEY DENOMINADO LEY DE INDULTO.

Managua, 19 de Junio del 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Dr. López:

De conformidad con el Artículo 138, Inciso 3 y el Artículo 140, inciso 1, de la Constitución Política, y el Artículo 44 del Estatuto General y el Artículo 83 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, presentamos para su tramitación el siguiente Proyecto de Ley denominado “Ley de Indulto” en beneficio de los ciudadanos Martiniano Cruz Lúquez, Trinidad Cruz Lúquez y Hermes Guzmán Ruiz.

Sin más a que hacer referencia, le reiteramos nuestras muestras de estima y consideración.

Atentamente,

Agustín Jarquín Anaya Orlando Tardencilla Espinoza

EXPOSICION DE MOTIVO

El suscrito Diputado ante la Asamblea Nacional, con fundamentos en el Artículo 138, Inciso 3 y el Artículo 140, inciso 1, de la Constitución Política, el Artículo 44 del Estatuto General y el Artículo 83 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, presento para su tramitación la siguiente iniciativa de ley denominada “Ley de Indulto”, en la que propongo tres candidatos para ser beneficiados de indulto de la pena principal y las accesoria derivadas de la misma. Estos ciudadanos son merecedores de dicho beneficio, después de haber estudiado su caso que suscitó los hechos y causas motivadoras; el día trece de Febrero del año mil novecientos noventa y seis (1996), a eso de la seis y treinta minutos de la mañanas se encontraron asesinados a los señores Victoriano Aníbal Gutiérrez y Aníbal Daniel Gutiérrez Martínez, la muerte la produjeron disparos de AK; esto ocurrió en su finca ubicada en el Municipio de Matiguás, Departamento de Matagalpa. La Policía en ese momento no sabía quien había cometido tal crimen y así comenzaron las investigaciones policiales, en las que los únicos testigos fueron los trabajadores del Abogado Ramón Esteban Gutiérrez (quien es hijo y hermano de las víctimas), quien después se constituiría en la parte acusadora del presente juicio.

Las diligencias realizadas por la Policía fueron remitidas al Juzgado Unico de Matiguás, pero éste los remite al juzgado Primero de Distrito del Crimen de Matagalpa en donde el Doctor Ramón Esteban Gutiérrez se constituye en parte acusadora y dice tener prueba suficiente contra los campesinos Martiniano y Trinidad, ambos Cruz Lúquez, y Hermes Guzmán Ruiz.

Cabe destacar que los Señores Martiniano y Trinidad Cruz Lúquez, se presentaron al juzgado de forma voluntaria, sin existir orden de captura en su contra buscando con esto limpiar su nombre de toda acusación injusta, pero la Juez decidió ponerlos bajo prisión.

La judicial abrió el proceso y citó a diversos testigos entre ellos: Ernesto Urbina (trabajador de la parte acusadora( quien dijo haber visto a los hermanos Cruz Lúquez cometer el delito de asesinato en perjuicio de los hoy occisos. Según el testigo, el Señor Trinidad Cruz andaba una calzoneta oscura, pero al momento en que la Juez le presentó una calzoneta celeste junto a una gorra negra, él le dijo que esa era la ropa que vestía el mencionado el día de los hechos, mostrando con esto la mala fe que tuvo el testigo, ya que el color celeste está dentro de los colores claros y no es un color oscuro. Esta declaración fue tomada el veinticinco de Febrero a las doce del medio día.

De igual manera se le tomó declaración al Señor Damián Rocha, quien dijo haber visto a cuatro hombres huir del lugar de los hechos e identificó a uno de ellos como Martiniano Cruz Lúquez y que a los otros no los conoce, dice haber estado como a unos cien metros del lugar de los hechos, distancia desde la cual es difícil reconocer con certeza a una persona. Esta otra declaración fue tomada el día veintiocho de Febrero del año 1996.

Al finalizar la etapa interlocutoria, la Jueza falló confirmando el auto de seguro y formal prisión.

La causa en la posterior etapa del plenario, en el período probatorio, los acusados, quienes son campesinos de escasos recursos, presentaron los testigos que descargaron las pruebas de los acusadores. El día veinte de Junio le tomaron declaración testifical a los ciudadanos Reina García, Ignacio Centeno, Leonardo Pastrán quienes confirmaron que los acusados estaban en otro lugar en la hora y el día del crimen.

A pesar de estos claros testimonios que evidenciaban su inocencia, fueron condenados a treinta años de presidio, o sea a la pena máxima.

Existen evidencias de la inocencia de estos tres ciudadanos. Es relevante que una de las pruebas fundamentales a su favor es la carta del Doctor Ramón Esteban Gutiérrez, hijo y hermano de las víctimas y parte acusadora en el juicio que se les promovió. El escrito del Doctor Ramón Esteban Gutiérrez, que lo envió a la Juez de la Causa el treinta de Marzo del año dos mil uno, tiene el gran mérito de reconocer el error en el que se había incurrido, a pesar de ser él uno de los más afectados por el crimen de su padre y de su hermano. Aportó como prueba de presunción humana y material por el reconocimiento y portación del arma que ultimó a los occisos, en manos de una banda de delincuentes que operaban en la zona de Matiguás, señalados como Juan López Corea, Salomón Martínez Salgado y Pedro Silva Duarte. La captura de estas personas y el reconocimiento del arma lo hizo la Policía Nacional.

Los ciudadanos Cruz Lúquez y Guzmán Ruíz, guardan prisión desde hace siete años en el Sistema Penitenciario de Waswualí, del Departamento de Matagalpa, sufriendo una notoria injusta privación de libertad y sufriendo de enfermedades, pérdida de sus dientes e irreversible daño psicológico para ellos y sus parientes, quiénes han incurrido en gastos pecuniarios cuantiosos para su defensa y atención en su injusta prisión.

La Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Nacional, por gestión de los familiares, visitó a los campesinos injustamente condenados y constataron la buena conducta de los procesados, quienes a pesar de su equivocada condena, por la sencillez, pureza y condescendencia campesina que los caracteriza, han sufrido con estoicismo esta arbitrariedad de nuestro Sistema Judicial.

Es de humanos equivocarse y también reconocer errores. Un mal se repara con un bien, por lo tanto, para el disfrute de sus derechos humanos, regresándoles su libertad a estos ciudadanos nicaragüenses injustamente condenados, se resolverá el Proyecto de “Ley de Indulto”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Derechos Humanos.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Punto 1.18: LEY DE NOMBRES GEOGRAFICOS.

Managua, 20 de Junio de 2003.
SAL-1666-20-6-3-JVP.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Ley de Nombres Geográficos, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 18 de Junio de 2003.
DP/230/03

Ingeniero
Jaime Cuadra Somarriba
Asamblea Nacional
Su Despacho.

Estimado señor Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndoles Proyecto de Ley de Nombres Geográfico.

Espero que los Honorables Diputados de esa Asamblea nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Ley.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo,

Ingeniero Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organización de las Naciones Unidas se ha interesado en la cuestión de los Nombres Geográficos desde el año de 1953, cuando este tema comenzó a ser materia de estudio en el Consejo Económico y Social.

En 1959, el Secretario General de las Naciones Unidas creó el grupo de expertos en nombres geográficos, en cumplimiento de la Resolución 715-A del Consejo Económico y Social. En 1967, durante la primera conferencia de las Naciones Unidas, para unificar los nombres Geográficos, se recomienda al Consejo al Consejo Económico y Social establecer un Comité Permanente de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, el cual consistía en un grupo de expertos encargados de la coordinación y el enlace constante entre los países, con el fin de dar impulso a la unificación de los Nombres Geográficos y estimular la creación y funcionamiento de grupos regionales. Nicaragua pertenece al grupo de América Latina.

Es importante tener en cuenta que los Nombres Geográficos, como nombres propios que identifican las entidades topográficas de diversos, géneros, son en mayor o menor grado, por los organismos, órganos e instituciones de todo tipo. Son fuentes obligada de referencia para la denominación de un lugar habitado, de un accidente de terreno, de una entidad económica, o de otra índole; por lo tanto el Nombre Geográfico desempeña un papel muy importante.

También es importante destacar que los Nombres Geográficos, tanto los actuales como los históricos o anteriores, sufren cambios, alteraciones, o mutaciones, que en ocasiones producen confusión por la diversidad de formas en que nos presentan.

Sin embargo, es necesario establecer orden en la escritura de los Nombres Geográficos y buscar su prevención, porque al igual que es necesario preservar la Naturaleza, el patrimonio nacional y los valores históricos, sociales y culturales, también es necesario la conservación de los nombres Geográficos del territorio nacional, por cuanto son parte inseparable del acervo cultural y la historia de la Nación. El uso adecuado por parte de los organismos, órganos y demás instituciones del país, resguarda los Nombres de su pérdida irreparable.

Es importante destacar que la toponimia constituye un elemento básico en la enseñanza en sus diferentes niveles, en la economía, en las comunicaciones, en el uso de las estadísticas, en las relaciones internacionales, y sobre todo en la geografía y en la lingüística.

En nuestro país, para lograr la uniformación o al menos la normación de los nombres geográficos, se asignó atribuciones en su Ley Orgánica al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER): Sin embargo, las atribuciones contenidas en esta Ley Orgánica no brindan una respuesta satisfactoria a la carencia que existe de un marco legal que permita disminuir los casos de aplicación múltiple de nombres e incorrecta identificación de los mismos, así como equívocas grafías de los nombres empleados. Esto incide en los programas de planificación de desarrollo, levantamiento de los censos, sistemas de comunicaciones, padrones electorales, elaboración de mapas, nomenclaturas y en general en todas las actividades económicas y en otras esferas del desarrollo, por lo que es necesario contar con un marco jurídico que regule todos los aspectos relacionados con la normación de nombres geográficos, lo cual es posible únicamente a través de la creación de una ley ordinaria sobre Nombres Geográficos.

Es de urgencia para el Estado contar con una normativa jurídica moderna, de manera que las nominaciones geográficas se sujetan a normas establecidas, para que los topónimos sean realmente una fuente de información y no producto de momentos políticos sin respaldo histórico. Consideramos que es deber del Estado crear leyes que permitan disminuir las implicaciones que la falta de normación en materia de nombres geográficos tiene en las dependencias y entidades de la administración pública, en los gobiernos municipales, en las organizaciones privadas, los diversos grupos sociales y público en general, en función de los intereses del país.

Es por lo antes expuesto, que hoy presento el proyecto de Ley de Nombres Geográficos, el cual contiene disposiciones generales, principios rectores, conceptos básicos, atribuciones para el órgano rector, prohibiciones e instrumentos de aplicación de la ley de nombres geográficos. Este proyecto de Ley tiene como finalidad la promoción , difusión y preservación de los nombres geográficos o topónimos con una perfecta escritura en las representaciones gráficas, glosarios, nomenclaturas, diccionarios, cartas, mapas y otras publicaciones de instituciones públicos y privadas, y personas naturales o jurídicas, y está destinado a rescatar y perpetuar el patrimonio cultural en cuanto a nombres geográficos se refiere.

Entre las ventajas de lograr que el proyecto se transforme en una Ley de la República, se encuentran: disminuir los casos de aplicación múltiple de nombres; una correcta identificación de los mismos, una inequívoca grafía de los nombres empleados, así como la uniformidad en su manejo y aplicación en las publicaciones oficiales del Estado. De ser aprobada la presente iniciativa de Ley de Nombres Geográficos, estaríamos dando un paso muy importante y avanzado en forma consecuente con los principios y acuerdos internacionales surgidos en las diferentes Conferencias de las Naciones Unidas, donde el grupo permanente de expertos ha tenido como objetivos, acopiar, clasificar, analizar y diagnosticar lo relacionado con la información y normación de la Nomenclatura Geográfica de los países miembros de las Naciones Unidas.

Por todo lo expuesto, con fundamento en el numeral 2 del artículo 140 de nuestra Constitución Política, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea Nacional la presente iniciativa de Ley de Nombres Geográficos.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Defensa y Gobernación.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 1.19: LEY QUE REGULA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS NICARAGUENSES EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR PUBLICO QUE SE FINANCIEN CON FONDOS PROVENIENTES DE GOBIERNOS U ORGANISMOS INTERNACIONALES.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Managua, 3 de Julio del 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Doctor Baldizón:

El suscrito Diputado ante la Asamblea Nacional, con fundamento en el Arto.140 numeral 1) de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 4 numeral 2) de los Estatutos de la Asamblea Nacional, presenta para su tramitación la siguiente iniciativa de ley denominada: “Ley que Regula la Contratación de los Servicios de Profesionales y Técnicos Nicaragüenses en los Programas y Proyectos del Sector Público que se Financien con Fondos Provenientes de Gobierno u Organismos Internacionales”.

Adjuntamos al presente texto de Proyecto de Ley, la Exposición de Motivos y las copias respectivas, con las formalidades requeridas en el artículo 86 del Reglamento de la Asamblea Nacional.

Sin más a que referirme, le saluda.

Atentamente,

Msc. Edwin Castro Rivera
Diputado Bancada FSLN

EXPOSICION DE MOTIVOS

El suscrito Diputado de la Bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional(FSLN), en uso de las facultades constitucionales de representar la voluntad soberana del pueblo, y respondiendo a la necesidad de velar por los intereses de los y las nicaragüenses, profesionales y técnicos, con fundamento en el artículo 140, inc. 1 de la Constitución Política, Artículo 44 y 43 del Estatuto General de la Asamblea Nacional y artículo 83 de su Reglamento Interno, presenta esta iniciativa denominada “Ley que Regula la Contratación de los Servicios de Profesionales y Técnicos Nicaragüenses en los Programas y Proyectos del Sector Público que se Financien con Fondos Provenientes de Gobiernos u Organismos Internacionales”, que tiene como objetivo fundamental garantizar la contratación de manera preferencial de los profesionales y técnicos nicaragüenses en todos los programas y proyectos que se ejecutan en el sector público del país que se financien con recursos propios o provenientes del exterior en calidad de préstamos.

De igual manera este Proyecto de Ley, pretende que los profesionales y técnicos nicaragüenses tengan acceso al empleo en ocupaciones en las que tengan la satisfacción de poner en práctica sus habilidades y conocimientos; contribuyendo de esta forma al bienestar común, con la obtención del pleno empleo, y la elevación del nivel de vida.

Esta iniciativa parte de la máxima de que el trabajo no es una mercancía sino un pilar del desarrollo económico del país, y en ese sentido los profesionales y técnicos deben ser valorados y protegidos por el Estado, en busca de impulsar en nuestra economía el proceso de producción que involucre el sector servicio, como posibilidad de agregar más valor a nuestros trabajadores calificados de la población económicamente activa.

Es en este sentido y en la actual situación del país en el que prevalece un alto índice de desempleo, y en el mejor de los casos de subempleo de profesionales y técnicos nicaragüenses, es imperioso que exista un marco jurídico que regule su contratación de forma preferente con respecto a los profesionales y técnicos extranjeros que tengan igual calificación. Es por ello que consideramos apremiante la aprobación de la presente iniciativa de Ley.

Msc Edwin Castro Rivera
Diputado-Bancada FSLN.

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Asuntos Laborales.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 1.20: LEY PARA EL RESCATE, FOMENTO Y DESARROLLO DEL FOLKLORE Y DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICO-CULTURALES EN LA CIUDAD DE MASAYA.

Managua, 23 de Junio 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Señor Secretario, reciba mis saludos.

Por medio de la presente le remito Exposición de Motivos con la solicitud de Ley: para el Rescate, Fomento y Desarrollo del Folklore y de las actividades Artístico-Culturales en la Ciudad de Masaya”.

Con ello, estamos haciendo honor y mérito concedido por Ley de la República, en su designación de Masaya “Patrimonio Cultural de la Nación”, y “Cuna de la Insurrección Popular”, Ley 61 y el Decreto 2687, que declara a Masaya “Capital del Folklore Nacional”.

Acompaño a la presente, el texto de la ley y las copias respectivas.

Agradeciendo de antemano la atención debida a la presente solicitud, estando segura que la presente iniciativa de Ley será respaldada unánimemente por los Honorables Diputados.

Muy cordialmente,

María Jacaranda Fernanda Mejía
Diputada, Departamento de Masaya

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los suscritos Diputados ante la Asamblea Nacional, en el uso de nuestras facultades que nos confiere el Arto.140 numeral 1) de la Constitución de la República y el Arto. 83 y siguientes del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, presentamos la siguiente Iniciativa de Ley: “

Ley para el Rescate, Fomento y Desarrollo del Folklore y de las Actividades Artístico-culturales en la Ciudad de Masaya”.

Con esta iniciativa de ley pretendemos establecer en el Presupuesto General de la República, para que le sea enterada la cantidad de C$ 1,500,000, ( un millón quinientos mil córdobas) a la ciudad de Masaya, de forma anual y perpetua, a partir del año 2004, para ejecutar proyectos de rescatar, fomentar, y desarrollar el uso, la costumbre y las tradiciones folklóricas, artísticas y culturales.

La ciudad de Masaya ha jugado un rol beligerante e incidente desde los tiempos ancestrales, donde hizo su resistencia INDIGENA y POPULAR, por su destacada rebeldía, por sus manifestaciones, sus vivencias, en el uso de las tradiciones, en sus costumbres, en sus artesanías, en sus comidas, en la preservación de la cultura autóctona. Es decir que a lo largo de las distintas facetas de su realidad, Masaya ha dado un aporte significativo a la Historia Nacional en materia folklórica-artística-cultural, como de identidad nacional nicaragüense.

En el devenir de su historia, sus habitantes han luchado por mantener las tradiciones autóctonas, por lo que consideramos que los principios y valores ancestrales están basados en la cultura popular, en las tradiciones y en las distintas manifestaciones artístico-culturales que son expresiones natas, hechos por los cuales debemos preservar, promocionar, desarrollar y para heredar a las nuevas generaciones el orgullo de nuestra identidad de ser nicaragüenses.

La situación económica cada día produce efectos colaterales que están afectando nuestras propias raíces, costumbres y manifestaciones artístico culturales por medio de modelos y patrones de la transculturización, en donde están en riesgo y peligro de consumo nuestra comidas tradicionales y con ello nuestra identidad cultural.

Tomando en cuenta esta situación, la Asociación Cultural de Artistas de Masaya( ASCAMA), y los grupos culturales independientes, han venido trabajando arduamente a lo largo de trece años, en la búsqueda de recursos para promocionar y continuar desarrollando nuestra cultura popular. En la actualidad no se cuenta con ningún tipo de recursos económicos, ni presupuesto para realizar esta ardua labor.

Por estas razones, consideramos que esta ley coadyuva al quehacer folklórico y cultural que demandan los ciudadanos y organización cultural de la Ciudad de Masaya, y con ello mantener el acerbo de nuestra identidad nacional.

NASSER SILVANY BAEZ MARIA JACARANDA FERNANDEZ MEJIA

EMILIA TORREZ AGUILAR GUSTAVO PORRAS CORTES

EDWIN CASTRO RIVERA BAYARDO ARCE CASTAÑO

TOMAS BORGE MARTINEZ WALMARO ANTONIO GUTIERREZ

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

1.22: LEY DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NICARAGUA.

Managua, 10 de Julio 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Presidente Cuadra:

En calidad de Diputado ante la Asamblea Nacional, con fundamento en el Artículo 140 de la Constitución Política y los artículos 44 y 45 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, y por vuestro conducto, presento a consideración del Plenario la iniciativa del “Proyecto de Ley del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NICARAGUA”, confiando plenamente que este proyecto será bien acogido por el Plenario.

Adjunto la respectiva Exposición de Motivos y el texto del Proyecto de Ley.

Sin otro particular, me suscribo de Usted y aprovecho la ocasión para saludarlo.

Atentamente,

LIC. ORLANDO MAYORGA SANCHEZ

Proyecto de Ley del
Colegio de Arquitectura de Nicaragua.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A inicios del siglo XX se empieza a desarrollar en Nicaragua la Profesión del Arquitecto, culminando a inicios de la década de los años sesenta, con la fundación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, graduando innumerables Arquitectos, de acuerdo a los más altos estándares de calidad educativa.

Actualmente los Arquitectos graduados en las universidades privadas y públicas, y los arquitectos graduados en las universidades extranjeras, constituyen un valioso capital humano para Nicaragua. Muchos arquitectos cuentan con especialidades y con estudios de Maestría y Doctorado.

A través de estos años, los profesionales de la arquitectura han aportado sus conocimientos y experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos arquitectónicos de diversa complejidad, en labores de supervisión de construcciones, en diseño y ejecución de planes maestros, en la formulación de planes urbanísticos, en trabajos de restauración de edificios históricos, que han aportado al desarrollo y a modelar el entorno físico, ambiental y urbano del país.

El ejercicio profesional de los Arquitectos tiene un alto grado de responsabilidad ante la sociedad, por la complejidad del trabajo que se realiza y por su impacto en las necesidades de los usuarios y en el entorno físico, estético y urbano. Las Universidades certifican los conocimientos y habilidades desarrolladas, otorgando el título profesional, sin embargo es necesaria la existencia de un organismo que regule y supervise el desempeño de los profesionales de la arquitectura. Este organismo debe estar conformado por sus pares, los colegas de profesión, que comprendan las complejidades de la profesión del arquitecto.

Los arquitectos se encuentran organizados de manera formal en una organización de profesionales, el Colegio de Arquitectos, miembro de la Asociación Nicaragua de Ingenieros y Arquitectos (ANIA).

Esta organización no puede dar respuesta adecuada a los profesionales de la Arquitectura, por su carácter de Asociación. Por esta razón, esta organización ha decidido promover la aprobación de una Ley de Colegiación para los Arquitectos, que permita regular el ejercicio profesional, velar por sus derechos profesionales y por los intereses de la Nación, en la conservación y aprovechamiento del talento humano nacional.

La colegiación refuerza el Estado de Derecho, establece las normas de comportamiento ético y profesional y las regulaciones que garantizan la calidad del servicio prestado pero especialmente son acciones del Estado para ordenar la vida civil, para proveer y proponer la equidad de los ciudadanos, para establecer procedimientos administrativos y para establecer reglas del juego transparentes. Asimismo promociona y alienta la superación profesional, la puesta al día de las distintas profesiones a través de una actitud de permanente aprendizaje.

La Ley del Colegio de Arquitectos, protegería y colocaría en igualdad de condiciones a los Arquitectos, frente a los Tratados de Libre Comercio y la Globalización de la economía mundial, que promueve la libre movilidad de capitales, profesionales y mano de obra. En Nicaragua ya está manifestándose con el desplazamiento de los arquitectos nicaragüenses por arquitectos extranjeros, sin que haya un órgano ni legislación que certifique las capacidades de estos últimos, ni controle la reciprocidad de trabajo necesaria, lo que representa un alto riesgo para la seguridad de trabajos e inversiones nacionales. A su vez los arquitectos nicaragüenses se encuentran en situaciones de desventaja, por falta de una Ley de Colegiación de Arquitectos de Nicaragua, frente a Leyes nacionales de colegios profesionales en la mayoría de los países del mundo y sobre todo en la región centroamericana.

Los tratados de Libre Comercio que ya se han firmado, los que actualmente se están negociando y los que se firmarán próximamente, son la clara materialización de la situación antes enunciada.

Por estas razones, consideramos urgente que la Honorable Asamblea Nacional de Nicaragua apruebe la Ley de Colegiación de los Profesionales de la Arquitectura.

Entre los principales resultados de la Ley de Colegiación para los Arquitectos se espera que:

a) Defina los ámbitos de acción de la disciplina, así como el alcance y límites de sus actividades profesionales.

b) Garante que la profesión de Arquitectura sea ejercida únicamente por personas debidamente calificadas y certificadas.

c) Regule el ejercicio profesional de los Arquitectos, estableciendo los niveles de responsabilidad profesional.

d) Proteja a los arquitectos nacionales en beneficio de la sociedad y de los colegiados.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Justicia.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Perdón, nos habíamos salteado.

Punto 1.21: LEY DE REFORMA A LA LEY 340, LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES, ARTICULO 17, PARRAFO V.

Managua, 9 de Julio del 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Su Despacho

Estimado Doctor:

A través de la presente le estamos remitiendo de manera formal el Proyecto de Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, artículo 17, párrafo V, para su debida discusión y aprobación por el Honorable Plenario.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

DELIA ARELLANO MARIA EUGENIA SEQUEIRA

Camino Cristiano PLC.

AGUSTO VALLE
Bancada Azul y Blanco.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley N°.340, Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, fue aprobado por la Asamblea Nacional el día 15 de Marzo del año 2000, y publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 72 y 73 correspondientes a los días 11 y 12 de Abril del mismo año, mediante la cual se crea un nuevo Sistema de Pensiones basado en la capitalización individual que inicia con los trabajadores menores de 43 años y se nutre con todos los nuevos trabajadores que inicien su relación laboral. El sistema funciona con una importante participación del sector privado en la administración de los Fondos de Pensiones, todo con la debida regulación y control por parte del Estado a través de la Superintendencia de Pensiones.

Las Instituciones Administradoras de Fondo de Pensiones tienen como único objetivo legal el manejo y administración de las cotizaciones obligatorias y voluntarias de los trabajadores afiliados al nuevo Sistema de Pensiones. Para cumplir estas funciones, las Instituciones Administrativas deberán incurrir en diversos costos operativos y administrativos, por lo que, a cambio de ofrecer los servicios con la calidad y adecuado manejo de los Fondos de Pensiones exigido por la Superintendencia de Pensiones, estas Instituciones Administrativas recibirán ingresos que percibirán en concepto de comisiones que permitan cubrir sus costos con el riesgo de la actividad que desarrollarán.

En el Título I. “Sistema de Ahorro para Pensiones”, Capítulo III “De las Cotizaciones”, artículo 17, de la mencionada Ley No. 340, se establece el monto de esta comisión en un tres por ciento del ingreso base de cotización, con cargo, la cual las Instituciones Administradoras financiarán el costo de los servicios que preste y el costo de un Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Sin embargo, en el párrafo quinto de este mismo artículo, se establece que “A partir del tercer año de entrada en vigencia de esta ley, esta comisión no podrá ser superior al dos y medio por ciento del ingreso base de cotización”.

Este parece coincidir con el criterio expresado en la misma Ley 340, en su artículo 130, que sostiene “Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial”.

Con todo, es notoria la contradicción del concepto de vigencia en lo referente a la comisión conforme lo planteado por el artículo 17, párrafo final, y en lo general al tenor del Arto.130, ya precitado, con lo preceptuado por el Arto.125 que señala la necesaria existencia de dos Administradoras de Fondos de Pensiones debidamente autorizadas para iniciar las operaciones del Sistema.

Lo anterior señala una condicionalidad suspensiva respecto a la existencia de los sujetos jurídicos a quienes esta Ley les es aplicable; de lo anterior se colige que la no preexistencia de estos sujetos enerva lo preceptuado en el Arto. 17 párrafo último y lo sujeta a la condición establecida en el Arto. 125.

De acuerdo al artículo 125 de la misma Ley 340, el inicio de operaciones del nuevo Sistema de Ahorro para Pensiones, se podrá dar una vez que se hayan autorizado dos Instituciones Administradoras de Fondo de Pensiones.

En base a lo anterior dicotomía , se sostiene que la intención, del legislador fue otorgara las Instituciones Administradoras de Fondo de Pensiones el cobro de una comisión del 3% durante los tres primeros años de operaciones del nuevo Sistema de Pensiones, computados éstos a partir del inicio del sistema, a partir de la aprobación para funcionar de la menos dos Administradoras de Fondo de Pensiones, para posteriormente reducir dicha comisión a 2.5% del ingreso base de cotización.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión Económica.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Pasamos al Tomo III.

Punto 1.23:

LEY DEL CODIGO DE AERONAUTICA CIVIL.

Managua, 15 de Julio de 2003.
SAL-1947-15-7-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Ley del Código de Aeronáutica Civil, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente,

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 14 de Julio de 2003.
DP/275/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho

Estimado Señor Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Ley del “CODIGO DE AERONAUTICA CIVIL”.

Espero que los Honorables Diputados le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Ley.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo.

INGENIERO ERIQUE BOLAÑOS GEYER
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al presentar el Proyecto del Código de Aeronáutica Civil, consideré insoslayable la utilidad de llamar la atención sobre su contenido cualitativo y avanzado, en comparación con el código de Aviación Civil, Decreto No. 176 de 1956, el cual tuvo apenas una sola, parcial y tímida modificación: el Decreto No. 576 de 1961.

El Código de 1956, vigente desde 46 años, no ha sido actualizado, lo cual lo toma tanto constantes y vertiginosos cambios tecnológicos, que dominan en nuestro mundo contemporáneo.

La aún vigente normativa aeronáutica nicaragüense, que nos proponemos derogar por una nueva, ha perdido actualidad, convirtiéndose en un conjunto de normas aeronáuticas, con deficiencias y lagunas, que es preciso subsanar a fin de que nuestro país pueda mantenerse dentro de los progresos alcanzados y a tono con el desarrollo del Derecho Internacional Aeronáutico.

El proceso de elaboración de este proyecto ha sido largo y concienzudo. Inició con el Acuerdo Presidencial No. 280 de 1997, publicado en La gaceta, Diario Oficial No. 62 del 4 de Abril de ese año, mediante el cual se conformó una Comisión compuesta por representantes de diversos sectores vinculados con la actividad aeronáutica. Esta Comisión fue presidida por el empresario Ing. Enrique Dreyfus y contó con el respaldo de programa de Reforzamiento de la competitividad del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), el que contrató al Dr. Norman Miranda, especialista en derecho Internacional Aeronáutico, para que elaborara un proyecto cuyo contenido y grado de definición de las materias que regula fuese, y así fue perfectamente equiparable a las legislaciones más modernas establecidas, tanto en el ámbito comercial del transporte aéreo, como en el técnico relativo a la seguridad de la navegación aeronáutica.

Para alcanzar el objetivo de redacción del proyecto de Código, se trabajó durante más de dos años, en el curso de los cuales se estudiaron y compararon diez códigos aeronáuticos, tanto de reciente promulgación, como de países con acuñado acervo en Derecho Aeronáutico. Así, se estudiaron los códigos aeronáuticos de los países siguientes: Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, México, Panamá y un proyecto de Código Aeronáutico Iberoamericano. Pero la labor de “Lege ferenda” no se limitó al estudio del derecho comparado, sino que versó también sobre las doctrinas de destacados tratadistas y sobre las conclusiones de recientes conferencias internacionales aeronáuticas.

De esta manera, se logró adoptar un texto de anteproyecto completamente a tono con lo más señero de la modernidad en Derecho Aeronáutico, tanto técnico como comercial.

Más aún el anteproyecto fue avalado e incluso mejorado con los aportes que se obtuvieron de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la agencia Centroamericana para la Seguridad Aeronáutica (ACSA) y la Federal Aviatión Administratión (FAA) de los Estados Unidos de América.

En efecto, luego que la Comisión y el Codificador finalizaron y entregaron su producto final al Poder Ejecutivo, éste a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), continuó revisando el texto, el cual, a su vez, recibió el beneplácito de la autoridad mundial aeronáutica, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El presente Proyecto, aunque su contenido y grado de definición de materias que regula es perfectamente equiparable a las legislaciones más modernas promulgadas en materia aeronáutica, permite la permanente actualización del futuro Código, sin que ello implique el inconveniente de cambiar el texto legal que, por su naturaleza, debe caucionar la seguridad jurídica en beneficio de los sujetos que intervienen en el campo de la aeronáutica civil.

La forma en que el proyecto se encuentra estructurado, es un logro de sistematización de los temas que debe cubrir la aeronáutica civil.

Por esa razón, se ha decidido mantener el vocablo de “Código” en vez de “Ley” porque, mientras la expresión “Ley” puede referirse a actividades reguladas no necesariamente en estado de cohesión sistemática, el vocablo “Código” se refiere a un sistema de problemas con sus soluciones internacionales en un conjunto de reglas orgánicas y coordinadas.

Asimismo y en este particular, Nicaragua será más acertada que otros países que optaron por el vocablo “Aviación”, decidimos usar el vocablo “Aeronáutico” porque, aunque “Aviación” es muy usual merced a que es el que usan los anglosajones, peca de estrechez porque se limita al vehículo: el avión. En cambio, el vocablo “Aeronáutico”, por significar: “desplazarse en el aire con nave”, integra los dos elementos primordiales: tanto el vehículo (La aeronave), como su medio de desplazamiento ( el aire). Por consiguiente, la denominación “Código de Aeronáutica Civil tiene un ajuste correcto, mejor que si se hubiese llamado “Código o Ley de Aviación”, como ocurre en algunos países.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Con respecto al tercer vocablo “Civil” insisto en la denominación del Código, éste es congruente con el artículo 3 inciso 2 del Convenio de Chicago del 7 de Diciembre de 1944, del que Nicaragua es parte. En efecto, la aeronáutica civil es el conjunto de actividades vinculadas al empleo de aeronaves civiles, privadas y públicas, excluidas las militares. Sin embargo, el anteproyecto en su artículo 5 establece, al igual que las legislaciones aeronáuticas de otros países, que las operaciones de aeronaves militares en cualquier parte del espacio aéreo situado dentro del territorio nacional, se sujetarán a las disposiciones del tránsito del presente Código.

De toda la temática que contiene el Proyecto, atención especial merece el nuevo y necesario tratamiento de la autoridad aeronáutica.

Antes de abordar la forma en que el proyecto trata este tema, es oportuno señalar que, la legislación aún imperante no trata muchas esferas críticas y, en particular, no da lugar a que la actual Dirección General de Aeronáutica Civil, desarrolle, expida y revise regulaciones técnicas relacionadas a las operaciones aéreas, tal y como dispone la OACI, particularmente a través de los Anexos al Convenio de Chicago. La actual normativa nicaragüense no da lugar a que los inspectores por delegación del Director General, puedan examinar repetidamente al personal del vuelo y a las aeronaves. Tampoco da lugar a que el director General pueda tomar acción inmediata contra aquellos explotadores de servicios aéreos que incumplan con las regulaciones.

Es así como, aunque el MTI tenga actualmente la función de otorgar Certificados de Explotador Aéreo, la Dirección General de Aeronáutica Civil no puede certificar técnicamente al solicitante por no existir la exigencia de un Certificado de Operador Aéreo (COA). Esto es sumamente crítico y peligroso en un campo tan complejo y delicado como el de la aeronáutica, donde por el imperativo de la seguridad de vuelo, no puede existir mucho margen de flexibilidad.

Todos estos vacíos del Código vigente fueron señalados en distintas ocasiones por la Organización de Aviación Civil Internacional, cuyos inspectores practicaron en nuestro país una auditoría obligatoria en Febrero de 2002, con el objetivo de constatar el grado de cumplimiento a las normas estándares internacionales que deben regir las operaciones aéreas. Los resultados del informe señalaron ante todo los vacíos del Código Vigente y la necesidad urgente de sustituirlo por uno nuevo que esté a tono con los avances que se han alcanzado en el campo aeronáutico. Este problema ya había sido señalado por la OACI desde la realización de una auditoría voluntaria practicada en 1996.

Por las razones antes señaladas y para acrecer la seguridad operacional que es en aeronáutica el bien primordial tutelado el actual proyecto destaca ka creación del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil(INAC), como ente descentralizado, técnico, especializado, con personalidad y patrimonio propios. El INAC constituye la herramienta indispensable para alcanzar una estructura organizativa dinámica, cuyo funcionamiento asegura un rendimiento satisfactorio que, en atención al proceso de modernización del aparato administrativo llevado adelante por este gobierno, responderá a la urgencia de dotar a la aeronáutica civil de la eficacia y presteza inherente a dicho sector, amén de que el INAC se enmarca en la tendencia moderna de definición de autoridad aeronáutica.

La inadecuación de la legislación aeronáutica vigente en Nicaragua, como se expuso anteriormente, no es un problema que se ha detectado en la actualidad por el contrario, es una preocupación recurrente que, incluso da lugar a que desde hace años nuestro país es tenido en una baja categorización aeronáutica, impidiendo la posibilidad de que nuestras empresas aéreas operan en ciertos países, por no cumplir con las normas de convenio de –Chicago y sus Anexos principalmente.

La aeronáutica nacional no surgirá únicamente con la construcción de un buen aeropuerto, sino también y sobre todo, con la puesta a punto de una nueva y moderna legislación aeronáutica. El grado de avance o rechazo de un país se mide para muchos en función de su condición aeronáutica. La temática que aborda este Código es sumamente atractiva y útil para el bien de nuestra economías y del prestigio nacional.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículo 140, 141, y 150 de la Constitución Política, someto a consideración de la Honorable Asamblea Nacional la presente Iniciativa de Ley del “ CODIGO DE AERONAUTICA CIVIL”.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Transporte e Infraestructura.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

1.24: LEY DENOMINADA LEY DE REFORMAS A LA LEY PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE CONTADOR PUBLICO Y DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE NICARAGUA.

Managua, 6 de Agosto del 2003.

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

LEY DENOMINADA LEY DE REFORMAS A LA LEY PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE CONTADOR PUBLICO Y DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE NICARAGUA.

Por todo lo expuesto, sometemos a la consideración de los representantes de esta Asamblea Nacional la presente Iniciativa, a fin de que sea acogida y aprobada por el Plenario de esta Asamblea Nacional, previo los cumplimientos de procedimiento de formación de la ley.

Dip. Orlando Tardencilla
Asamblea Nacional

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa de ley, tiene por objeto la “Ley para el ejercicio de la profesión de Contador Público y su Reglamento”, en base a la actualización y adecuación de las normas de contables, en atención a las exigencias de nuestra sociedad actual, tendiente a promover el desarrollo de la profesión de la contabilidad públicas en el país.

El problema fundamental del ejercicio de la profesión del Contador Público, es que el “Colegio de Contadores Públicos de

Nicaragua (CCPN)”, como organismo rector de la profesión de la contabilidad pública en Nicaragua, requiere de facultades legales para hacer cumplir sus resoluciones, pronunciamientos, tanto en materia de la profesión de la contabilidad pública, como en la aplicación de los fundamentos y procedimientos que deben aplicarse en el desarrollo de la labor de la Contaduría y Auditoría. De esta manera se fortalecerá la confianza y uniformidad de criterios en la información financiera de la actividad del sector privado y público de nuestro país, a la vez acrecenterá la ética en el ejercicio profesional, lo cual redundará en beneficios tanto para la profesión del Contador Público como para el desarrollo económico de nuestro país.

El actual desarrollo de la actividad económica, tanto nacional como el proveniente del intercambio internacional del país, exige que se establezcan normas uniformes de aplicación general en el país, que estén acordes con las normas internacionales reconocidas y aceptadas en los demás países del mundo atendiendo los procesos de globalización y que sean de estricto cumplimiento, en cuanto al manejo de los registros contables, procedimientos de control y revisión de las operaciones y demás actividades, manejadas por el sector privado de la economía nacional, así como para promover la seguridad y transparencia en el tráfico jurídico de este sector.

En base a un amplio estudio realizado por el Colegio de Contadores Públicos sobre la efectividad de la “Ley Para el Ejercicio de la Profesión del Contador Público”, es indispensable para su efectiva aplicación, se debe de fortalecer al Código de Contadores Públicos, para alcanzar las metas señaladas en los párrafos anteriores debido a la labor desempeñada por 43 años como órgano rector de la profesión en Nicaragua, vigilando la conducta ética del profesional de la Contaduría Pública, uniformando y actualizando las normas y procedimientos que regulan la profesión, este fortalecimiento consiste en facultarlos de los recursos necesarios que le permitan ejercer atribuciones y competencias en esta materia tanto en el ámbito gremial, como institucional; establecer normas jurídicas contables de aplicación general en Nicaragua, para que los usuarios de la contaduría pública obtengan información contable y financiera, objetiva, veraz y oportuna los cuales constituyen los objetivos fundamentales de este anteproyecto de Reforma a la Ley de Ejercicio del Contador Público y su Reglamento.

En general las reformas pretenden establecer la competencia, atribuciones fiscalización y disciplinarias del ejercicio de la profesión de la contabilidad pública; el establecimiento de normas éticas y de decoro profesional, ante el incorrecto uso de la profesión; todo ello para encaminar las actuaciones de los profesionales autorizados por el Colegio de Contadores Públicos en el marco de las leyes nacionales. Esto producirá que la sociedad en general, obtendrá confianza en las informaciones contenidas en los registros y documentos contables y financieros del sector privado, depositando fidelidad en las actuaciones de los profesionales de la contaduría pública, para resguardo y seguridad del interés público.

La presente iniciativa , es producto de un proceso de consulta realizado entre los sectores correspondientes a la Carrera de Contabilidad Pública, en específico el “Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua”.

ORLANDO TARDENCILLA.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Justicia.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

1.25: LEY DE AUTORIZACION DE CREDITO ADICIONAL PARA NUEVAS EMISIONES DE BONOS DE PAGO.

Managua, 11 de Agosto de 2003
DP/309/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Ley de Autorización de Crédito Adicional para Nuevas Emisiones de Bonos de Pago.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Ley.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio

Afectísimo,

Ingeniero Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República.

Managua, 13 de Agosto de 2003.
SAL-2355-13-8-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Ley de Autorización de Crédito Adicional para nuevas Emisiones de Bonos de Pago, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente,

Julio Vega Pasquier
Secretario

EXPOSCION DE MOTIVOS

El objeto de la presente Ley, es la ampliación del crédito disponible para las emisiones de los BPI´s con el propósito de indemnizar los reclamos pendientes de resolver en la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI), entre ellos los casos condicionados por la Sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones del Gobierno de Estados Unidos, donde se prohíbe el otorgamiento de préstamos a Nicaragua y el voto favorable de ese país para los desembolsos de préstamos de organismos multilaterales, si nuestro Gobierno no resuelve los reclamos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses.

Desde el inicio del Sistema de Compensación hasta Mayo del 2003, se han emitido un total de C$ 735.84 millones en BPI´S en sus diferentes formatos (AD-HOC) y BBPI). Por pago de impuestos, deudas de cafetaleros y otros propósitos amparados por la Ley, se han redimido un total de C$1,518.06 millones para un monto neto en circulación de C$ 8,217.8 millones, equivalentes a U$824.19 millones. Siendo que el techo máximo de emisión autorizado por la Asamblea Nacional fue ampliado el 12 de Marzo de 1999. A US$850 millones, quedaba a Mayo del 2003 una disponibilidad de crédito para indemnizaciones, según las cifras de Tesorería General de la República, corresponden a 5.101 beneficiarios.

Según nuestras estimaciones, a Mayo del 2003, la OCI tiene pendiente de resolver 12,568 propiedades en reclamos, lo que requerirá una ampliación del crédito por US$ 1,343 millones, tomando en cuenta que el promedio histórico de indemnización por cada propiedad ha sido de US$104,800.00. Sin embargo, por prudencia estamos solicitando la ampliación por la cantidad de US$ 400 millones, monto que fue proyectado con base a l promedio de crecimiento de los últimos diez años y que se estima suficiente para cubrir los próximos cinco años de emisiones. Indemnizando un total de 3,800 propiedades.

Conforme esas mismas proyecciones, para el presente año la emisión de BPI¨S se estima en US$ 70 millones, de los cuales hasta finales de Mayo se ha emitido un total de US$ 29 millones, quedando por US$E 41 millones. Considerando que la disponibilidad de crédito a esa fecha era de US$ 25.81 millones, se estima que el déficit para cerrar el año será de aproximadamente US$ 15 millones. Esto implica que el crédito existente alcanzara hasta el mes de Septiembre, margen de tiempo con el que contamos para que la presente solicitud de ampliación obtenga la aprobación legislativa.

Por todo lo expuesto con fundamento en el numeral 2 del artículo 140 de nuestra Constitución Política, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea Nacional la presente iniciativa de Ley de Autorización de Crédito Adicional para Nuevas Emisiones de Bonos de Pago. Asimismo , con fundamento en el párrafo 5 del artículo 141 de nuestra constitución Política, se le dé tramite de urgencia a la presente iniciativa de ley.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión Económica.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

1.26: EL VETO PARCIAL AL PROYECTO DE LEY N° 465 LEY DE REFORMA A LA LEY N° 272 “LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA y LEY DE REFORMA A LA LEY ORGANIZA DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE ENERGIA.

Managua, 24 de Julio de 2003.
SAL-2212-24-7-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho

Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Veto Parcial al Proyecto de Ley No. 465, Ley de Reforma a la Ley No. 272, “Ley de la Industria Eléctrica” y Ley de Reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía, con su correspondiente Expresión de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 24 de Julio de 2003.
DP/299/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

Con la correspondiente Expresión de Motivos, estoy remitiéndole Veto Parcial al Proyecto de Ley N°.465. Ley de Reforma a la Ley No. 272, “ Ley de la Industria Eléctrica” y Ley de Reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía, para que sea sometida a la aprobación de esa Honorable Asamblea Nacional, esperando sea resuelto favorablemente.

Aprovecho la ocasión para reiterar a este Poder del Estado, las muestras de mi más alta estima y consideración.

Afectísimo,
Ingeniero Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República.

EXPRESION DE MOTIVOS

Con fecha diez de Julio del presente año, recibí de la Honorable Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley N°. 465, Ley de Reforma a la Ley N°. 272, “Ley de la Industria Eléctrica” y Ley de Reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía, para su sanción, promulgación y publicación. Después de leer con detenimiento y luego de un análisis de fondo del referido Proyecto de Ley, he considerado oportuno hacer una serie de aportes al mismo, para mejorar aún más su contenido, razón por la cual he tomado la decisión de ejercer el Derecho al Veto que me concede el numeral 3) del Arto. 150 CN . Por lo antes expuesto, procedo a vetar parcialmente el Proyecto de Ley No. 465, exponiendo dentro del término preceptuado en el Arto 142 Cn. Las consideraciones jurídicas que me asisten.

Es una responsabilidad ineludible para el Presidente de Nicaragua velar porque los proyectos de Ley que remite a la Asamblea Nacional para su sanción, promulgación y publicación, se adecuen de manera lógica y concordante con la Constitución Política, las leyes y nuestra realidad socio económica; responsabilidad que como gestor del bien común me impone el deber de garantizar el respeto y la supremacía de nuestra Constitución Política, en bienestar de todos los nicaragüenses.

La observación y el examen del referido Proyecto de Ley N°. 465, Ley de Reforma a la Ley N° 272, “Ley de la Industria Eléctrica” y Ley de Reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía, me lleva a expresar a la Honorable Asamblea, las razones que tengo en cuanto a la no conveniencia de sancionar el mencionado proyecto de Ley, considerando que si no se hacen las correcciones que estimo necesarias, su aplicación tendría incidencia negativa, ya que algunas de sus disposiciones no concuerdan con la realidad socio-económica y administrativa que vive actualmente Nicaragua; por lo que considero que el Proyecto de Ley debe ser mejorado, incluyendo aspectos que lo enriquezcan y aclaren, tales como, que los clientes y los distribuidores del servicio de energía eléctrica, asuman los costos en lo que se refiere a la calibración de los equipos medidores cuando producto de un reclamo se compruebe que a uno de ellos le asiste la razón, pues de lo contrario el servicio de regulación que presta el INE se vería incrementado en sus costos, en perjuicio directo de los consumidores.

Asimismo se hace necesario mantener la autonomía que le ha conferido su misma Ley Orgánica al INE como Ente Regulador, y no desnaturalizado no afectado en la composición de su Consejo de Dirección como en sus atribuciones.

Este Veto Parcial que presento ante la Honorable Asamblea Nacional, tiene como finalidad que se incorporen conceptos que garanticen la viabilidad en la aplicación del Proyectos de Ley No. 465, y de esta forma garantizar los deberes y derechos de los consumidores y de los distribuidores por igual.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Transporte e Infraestructura.

Se suspende la Sesión para continuarla mañana a las 9 de la mañana.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Honorables Diputadas y Diputados, vamos a empezar la Sesión solicitándole al Secretario la comprobación del quórum.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

(28 de Agosto 2003).

FREMIO ISABEL ALTAMIRANO MONTENEGRO

OCTAVIO RAMON ALVAREZ MORENO

BENITA DEL CARMEN ARBIZU MEDINA

NELSON ARTOLA ESCOBAR

GLADIS DE LOS ANGELES BAEZ

TOMAS WIGBERTO BORGE MARTINEZ

NOE FRANCISCO CAMPOS CARCACHE

JOSE DE LOS ANGELES CASTILLO OSEJO

JOSE DAVID CASTILLO SANCHEZ

PORFIRIO RAMON CASTRO ARAUZ

LEONIDAS NICOLAS CENTENO RIVERA

ELIAS CHEVEZ OBANDO

IRMA DE JESUS DAVILA LAZO

MARIA JACARANDA FERNANDEZ MEJIA

JOSE SANTOS FIGUEROA AGUILAR

RITA DEL SOCORRO FLETES ZAMORA

RUFINO GARCIA MARIN

ERNESTO MARCELINO GARCIA QUIROZ

JAIME RENE GARCIA MANGAS

JOSE ALFREDO GOMEZ URCUYO

ROBERTO JOSE GONZALEZ GAITAN

JORGE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ

RAMON ENRIQUE GONZALEZ MIRANDA

WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO

ROBERTO JOSE LUNA

DONALD LACAYO NUÑEZ

ANA ESPERANZA LAZO ALVAREZ

MIGUEL REYNALDO LOPEZ BALDIZON

REYNALDO ALEXANDER MAIRENA VALLEJOS

MANUEL DE JESUS MALDONADO

JOSE ANTONIO MARTINEZ NARVAEZ

JORGE MATAMOROS SABORIO

ORLANDO JOSE MAYORGA SANCHEZ

MARIA LYDIA MEJIA MENESES

EDUARDO LUIS MENA CUADRA

GERARDO JOSE MIRANDA OBREGON

IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON

JAIME RENE MORALES CARAZO

FIDEL ANTONIO MORENO BRIONES

CARLOS WILFREDO NAVARRO MOREIRA

GUILLERMO ANTONIO OSORNO MOLINA

ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVIDEZ

LEONEL PANTIN WILSON

NOEL ORLANDO PEREIRA MAJANO

GUSTAVO EDUARDO PORRAS CORTES

EDGAR ENRIQUE QUIÑONES TUCKLER

NOEL ERNESTO RAMIREZ SANCHEZ

PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON

GABRIEL RIVERA ZELEDON

MAXIMINO RODRIGUEZ MARTINEZ

MIRNA DEL ROSARIO ROSALES AGUILAR

FRANCISCO JOSE SACASA URCUYO

RIGOBERTO HILARIO SAMPSON GRANERA

ROBERTO SANCHEZ TORREZ

MARIA EUGENIA SEQUEIRA BALLADARES

NASSER SEBASTIAN SILWANY BAEZ

JOSE DAMICIS SIRIAS VARGAS

FREDDY SOLORZANO ALTAMIRANO

ORLANDO JOSE TARDENCILLA

JORGE MIGUEL TORREZ MALESPIN

EMILIA DEL CARMEN TORREZ AGUILAR

DAYSI RAFAELA TREJOS OROZCO

ALBERTINA URBINA ZELAYA

HENRY ENRIQUE URCUYO MALIAÑO

AUGUSTO ADRIAN VALLE CASTELLON

FELICITA LUCILA ZELEDON RODRIGUEZ

Señor Presidente: Tenemos 66 honorables Diputados y Diputadas presentes; hay quórum de ley.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Queda abierta la Sesión.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Remitimos a los honorables Diputados al Tomo III, Punto III: PRESENTACIÓN DE PERSONALIDADES JURÍDICAS.

3.1: Asociación Pen Internacional/Nicaragua.

Managua, 06 de Mayo de 2003.

Doctor

MIGUEL LOPEZ BALDIZON

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Doctor López:

Por este medio le solicito someta a consideración de la Asamblea Nacional, la presente solicitud de aprobación de Personalidad Jurídica de la

Asociación Pen Internacional/Nicaragua,

pues es fundamental contar con la respectiva aprobación para trabajar legalmente en Pro de la comunidad.

Acompaño la presente solicitud con la siguiente documentación: Escritura Pública de Constitución con los Estatutos inmersos en la misma, así como la respectiva Exposición de Motivos y el Proyecto de Decreto, todo ello en original y fotocopias debidas.

Sin más que agregar, le saludo.

Atentamente,

Lic. JOSE A. MARTINEZ NARVAEZ.
Diputado
Asamblea Nacional

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

El suscrito Diputado ante la Asamblea Nacional, con fundamento en el inciso 5 del Arto. 138 y 140 de la Constitución Política, en el inciso 2 del Arto. 4 y 44 del Estatuto General de la Asamblea Nacional y en la Ley N°. 147 ¨Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro¨, presento la siguiente solicitud de otorgamiento de Personalidad Jurídica para la

Asociación Pen Internacional/Nicaragua,

Asociación civil sin fines de lucro, constituida en Escritura Pública número dos, otorgada ante los oficios notariales de la Licenciada

Mayling Obregón Irigoyen,

en la ciudad de Managua, el día tres de Mayo del año dos mil dos.

Esta Asociación se constituyó, entre otros, con los siguientes objetivos:

1. Congregar a escritores nicaraguenses y de otros países en cualquiera de sus áreas o especialización con fines de entendimiento y desarrollo cultural, educativo y de protección social.

2. Propender por el desarrollo cultural de sus miembros y de la comunidad nacional e internacional, según los principios consagrados en la Constitución Política de Nicaragua, en la Carta de Intención y en el Estatuto de la Asociación, en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3. Defender la libertad de expresión, el pluralismo ideológico y los derechos humanos y culturales de los escritores en el ámbito nacional e internacional.

4. Velar por el cumplimiento de los convenios y leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos de propiedad intelectual y lingüísticos consagrados y propender por su perfeccionamiento.

Por lo antes expuesto, considero que la

Asociación Pen Internacional/Nicaragua,

Asociación civil sin fines de lucro, es de gran beneficio para la Sociedad Nicaragüense, razón por la cual someto a consideración de los Honorables Diputados ante la Asamblea Nacional la presente iniciativa, a fin de ser acogida por el Plenario y luego enviada a Comisión para su respectivo dictamen y posterior aprobación.

Managua, 06 de Mayo del año dos mil tres.

Lic. JOSE A. MARTINEZ NARVAEZ
Diputado
Asamblea Nacional

Se incluyen también las siguientes solicitudes:

III PRESENTACION DE PERSONALIDAD JURIDICAS:

3.1 Asociación PEN internacional/Nicaragua.

3.2 Asociación de Toros de San Sebastián de Acoyapa.

3.3 Asociación Colegio Nicaragüense de Administradores de Empresa (CONAE).

3.4 Asociación de Abogados de Rivas. (ASARI).

3.5 Asociación para del Desarrollo Rural Sostenible de las Comunidades El Capulín y San Blas.

3.6 Asociación para el Desarrollo Integral de San Juan del Sur (ADIS).

3.7 Asociación de Agricultores, Ganaderos Forestal y Servicios Múltiples de la Resistencia Nicaragüense 3-80 (ASAFGOR 3-80).

3.8 Asociación de Pequeños Comerciantes Mercado Augusto César Sandino (APCMACS).

3.9 Asociación de Desarrollo Integral de Occidentes (ACDI)

3.10 Asociación de Reporteros Gráficos de Nicaragua (ARGRAN).

3.11 Asociación Ministerios Cristianos Fé en Acción en Nicaragua.

3.12 Asociación Centro Cristiano SILOE.

3.13 Asociación Iglesia de Dios para Cristo (IDPC).

3.14 Asociación Iglesia Cristiana de Renovación (ICR).

3.15 Asociación de Pastores de Nicaragua (APANIC).

3.16 Asociación Constitución de la Cámara de Comercio de Agricultura e Industria de Nueva Guinea (CCAI de Nueva Guinea).

3.17 Asociación Nicaragüense de Albergues Juveniles (ANAI).

3.18 Asociación de Propietarios de Rancho los Perros.

3.19 Asociación para el Desarrollo, Sostenibilidad y Diversificación de Explotaciones Productivas (ADESODEP).

3.20 Asociación Instituto Neurológico de Educación para la Salud (INEDES).

3.21 Asociación Hermanas Clarisas Franciscanas (HCF).

3.22 Asociación Ministerio Iglesia Fraternidad Santa.

3.23 Asociación de Comerciantes Unidos del Mercado Mayoreo (ASODECUMM).

3.24 Asociación General Independiente de Comerciantes del Mercado Mayoreo (AGICOMM).

3.25 Asociación Cristiana Oasis de Esperanza Nicaragua.

3.26 Asociación Independiente Defensores de Comerciantes del Mercado Mayoreo (ASIDECOMM).

3.27 Asociación Nicaragüense de Moto ENDURO Nicaragua-ENDURO).

3.28 Asociación para el Desarrollo Juvenil (ASDEJU).

3.29 Asociación Ministerios Evangelísticos Ríos de Agua Viva.

3.30 Asociación Nicaragüense de Teólogos Cristianos.

3.31 Asociación Red de Protección y Manejo de Bosques Naturales del Triángulo Minero y Prinzapolka (REPROMAB).

3.32 Asociación Odontológica Técnica de San Benito (AOTSBE).

3.33 Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios y Forestales (PEMEPROAGROFOR).

3.34 Asociación Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense-Venezolana.

3.35 Asociación Iglesia de Dios Ministerio Interdenominacional Jehová Fuerte y Poderoso (IDMIJFP).

3.36 Asociación Literaria Alfredo Alegría (ALIAL).

3.37 Asociación Centro para la Promoción de Mujeres Campesinas (Fray Antonio Vaccaro).

3.38 Asociación Pro Fondo de Seguros Sacerdotales (ASOFOSESA).

3.39 Asociación Civil de Excombatientes Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua )AXCICAN).

3.40 Asociación Grupo FUTUROPA Asociación para la Promoción Turística de Nicaragua en Europa (FUTUROPA).

3.41 Asociación Iglesia de Cristo Ministerios Elim Nicaragua (MIEL).

3.42 Asociación para el Desarrollo Integral de la Comunidad de El Arenal.

3.43 Asociación Unión de Especialistas de la Ortodoncia de Nicaragua (UNEON).

3.44 Asociación Organización para el Desarrollo Social Ambiental (ODESSA).

3.45 Asociación Ministerio de las Iglesias Apostólicas del Príncipe de Paz.

3.46 Asociación Interdenominacional de Pastores Evangélicos de El Viejo (IPEV)

3.47 Asociación Universidad Martín Lutero (Un Ministerio de las Asambleas de Dios) (UML).

3.48 Asociación Comunitaria 21 de Marzo Barrio El Carmen.

3.49 Asociación Nicaragua Joven (NICA SPEDD).

3.50 Asociación de Amigos de la Policía Nacional (AAPN).

3.51 Asociación FUNDECASA.

3.52 Asociación fúnebre Santa María Magdalena.

3.53 Asociación Sano y Salvo-SAFE AND SOUND-Primera Asociación Campesina de Cultura y Producción Ecológicas en la Región Autónoma del Atlántico Sur y Central (SyS).

3.54 Asociación de Hermanamiento para el Desarrollo de Nueva Guinea (ASOHGENG).

3.55 Asociación Deportiva Automovilística de Nicaragua (A.D.A.N.)

3.56 Asociación Red Nacional para la Fundación de Iglesias (RENAFUNIC).

3.57 Fundación Educación es Avanzar.

3.58 Fundación Jan Amos Comenius.

3.59 Fundación para el Desarrollo Comunitario con Pequeños Productores (FUNDECOPP).

3.60 Fundación para la Restauración y Conservación del Centenario San Pedro (Fundación San Pedro).

3.61 Fundación Comunidad Laica Católica Nueva Corintios Misión La Llama Ardiente de Amor.

3.62 Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Humano (FUNDOH).

3.63 Fundación Periodismo y Cultura William Ramirez.

3.64 Fundación Esperanza del Mañana (FedelMa).

3.65 Fundación de Mujeres para el Desarrollo de Nicaragua (Puertas Abiertas).

3.66 Fundación María Magdalena.

3.67 Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Integral (FUNDEI).

3.68 Fundación Miagos del Baller (FABALL).

3.69 Fundación Internacional de Educación a Distancia (

FUNDEAD)

3.70 Fundación Salvemos El Trópico Húmedo.

3.71 Fundación Cristiana Solidarios (FCS).

3.72 Fundación Programas de Brigadistas y Parteras de Salud Comunitaria de Villa Nueva.

3.73 Fundación Proyecto Mesías en Nicaragua (FPMNIC=.

3.74 Fundación por el Cambio de Masaya.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto de Personerías Jurídicas, a la Comisión de Defensa y Gobernación.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Continuamos en el mismo Tomo III, Punto II: DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE RPOYECTOS DE LEYES PRESENTADOS POR LAS DIFERENTES COMISIONES.

Punto 2.8: Dictamen de la LEY CREADORA DE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA EDUCACION AMBIENTAL (Dictamen Desfavorable).

DICTAMEN

Managua, 7 de Mayo de 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, nos reunimos con el objetivo de dictaminar la iniciativa de ley denominada

Ley Creadora de los Lineamientos Curriculares para la Educación Ambiental,

que fue presentada ante esta Comisión el once de Octubre del año dos mil dos, para su debido dictamen.

La Comisión, para proceder a la elaboración del presente dictamen, estudió y analizó el texto del Proyecto, y como conclusión del estudio y análisis de esta iniciativa, decidieron en pleno, incorporar un capítulo sobre los Lineamientos Curriculares en la Ley General de Educación, la que actualmente se está procesando y con la cual se pretende ordenar en un solo cuerpo normativo todo lo referente al campo educativo.

En virtud de todo lo expresado, los suscritos Diputados de la Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social, Cultura y Deportes, con fundamento en el Arto. 138, inciso 12 de la Constitución Política de Nicaragua, de los Artos. 50 y 51 del Estatuto y del Arto. 59 del Reglamento de la Estatuto y del Arto. 59 del Reglamento de la Asamblea Nacional, hemos resuelto emitir el presente dictamen

DESFAVORABLE,

por

considerar innecesaria una ley en esta materia.

Atentamente,

Firmas de consenso:

Miembros de la Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social, Cultura y Deportes.

ORLANDO MAYORGA FIDEL MORENO BRIONES

PRESIDENTE PRIMER VICE-PRESIDENTE

FREDDY SOLORZANO A. FELICITA ZELEDÓN Z.

SEGUNDO SECRETARIO PRIMERA SECRETARIA

REYNALDO MAIRENA ENRIQUE QUIÑONES T.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Se abre la discusión.

Los que estén a favor del Dictamen, votan verde; los que estén en contra, en rojo.

Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto Rodríguez.

DIPUTADO ROBERTO RODRIGUEZ:

Gracias, señor Presidente.

Yo tengo algunas inquietudes. Me gustaría que me aclararan los miembros de la Comisión de Educación, por qué o bajo qué criterios se tomó la determinación de dictaminar negativamente. Yo estuve leyendo rápidamente, y encuentro que aquí no se están definiendo nuevos curriculums, sino que hay una visión de crear lineamientos curriculares desde una perspectiva transversal en materia de educación medio ambiental, sin que esto implique la creación de nuevas asignaturas en los curriculums. No estoy muy enterado de la ley, sin embargo nosotros aquí aprobamos en la Asamblea Nacional en períodos anteriores, el tema tocante a la creación de la asignatura del medio ambiente, y como estudioso del tema curricular universitario, yo quisiera algunas aclaraciones.

Yo soy candidato a doctor en Ciencias de la Educación, soy el candidato PHD en Ciencias de la Educación, trabajo en el tema curricular y me gustaría saber por qué si es transversal, eso no implica la creación de nuevas asignaturas. Nosotros aquí en la República de Nicaragua debemos promocionar la formación en todos los niveles de la educación ambiental. No tengo los suficientes juicios para cuestionar, sin embargo me gustaría saber bajo qué criterios la Comisión decidió dictaminar negativamente.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.

DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:

Gracias, Presidente.

Yo comparto las inquietudes y las observaciones del colega Roberto, quien me ha precedido, sin embargo la única aparente explicación que pudiera haber es que se trata de evitar una duplicación; es quizás la única explicación que cabe. Porque todos estamos convencidos del deterioro terrible que sufre nuestro ambiente, y el tratar de limitar que se introduzcan disposiciones curriculares, sería un atropello desde el inicio. Porque la cuestión del cuido del ambiente comienza desde la casa y desde la escuela a temprana edad, y se han hecho grandes esfuerzos para que se introduzcan estas materias en todos los ámbitos educativos.

Suprimirla da la impresión de que quizás ha faltado una información, pero si es con el ánimo de evitar, y los planes curriculares ya están incluidos, entonces parece que tiene cierta lógica. Es la única explicación que yo encontraría.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Le vamos a conceder la palabra a un miembro de la Comisión de Educación.

Tiene la palabra la honorable Diputada Felícita Zeledón.

DIPUTADA FELICITA ZELEDON:

Gracias, señor Presidente.

Buenos días a todos.

Realmente la pregunta que hace el profesor está bien, porque estamos viendo lo que es la Ley Creadora de Lineamientos Curriculares para la Educación Ambiental. Todos estamos de acuerdo en que la educación ambiental es muy priorizada y tiene que ser así en nuestro país, debido a las grandes problemáticas que se dan, el corte, la tala indiscriminada de árboles y un sinnúmero de cosas que tenemos que ver. Pero ya decía también don Jaime Morales Carazo, que está en el meollo del hoyo, y como estamos diciendo, vamos a evitar duplicación en leyes.

Y como estamos también trabajando en lo que es la Ley General de Educación, va a ser un acápite más en esta ley; e inclusive estamos viendo como Comisión la introducción como asignatura en lo que es el pensum académico, desde la primaria hasta la educación superior. Es por eso que en esta ocasión nosotros la determinamos desfavorable, solamente para incluirla en la Ley General de Educación.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado José Antonio Zepeda.

DIPUTADO JOSE ANTONIO ZEPEDA:

Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, cuando hicimos la propuesta de la ley, era con el objetivo de ampliar un poco más los elementos que están contemplados en la Ley General del Medio Ambiente; sin embargo en la discusión en la Comisión de Educación, nosotros aceptamos que fuera desfavorable porque se tiene que incorporar cuando se hable el currículum o se hable del currículum en la Ley General de Educación. Nos parece que no se pierde en el sentido de la Ley General del Medio Ambiente, está contemplada la Brigada, están contempladas las 60 horas/clase que tiene que hacer el joven.

Pero queremos integrarlo efectivamente como decía el Diputado Rodríguez, de una manera transversal a través de la Ley General de Educación. Creo que es cuestión de tiempo nada más para volver a incorporar todos estos aspectos.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación.

Los que votan a favor del Dictamen, votan verde y los que están en contra del Dictamen, votan rojo.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

58 votos a favor del Dictamen, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Dictamen Desfavorable.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Continuamos en el mismo Tomo III, Punto 2.9: DICTAMEN DE LA LEY DE PARTICIPACION EMPRESARIAL EN LA EDUCACION.

DICTAMEN

Managua, 7 de Mayo de 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Presidente:

Ley de Participación Empresarial en la Educación",

remitida por la Primera Secretaría el trece de Julio del año dos mil uno, para su debido dictamen.

La Comisión, sometió el Proyecto de Ley a consulta con los sectores directamente vinculados, escuchó los criterios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de la Dirección General de Ingresos. La Comisión tomó en cuenta las inquietudes manifestadas por los sectores consultados, habiéndose llegado a la conclusión de incorporar un artículo sobre incentivos para la inversión en la educación, en la Ley General de Educación, la que actualmente se está procesando, y con la cual se pretende ordenar en un solo cuerpo normativo todo lo referente al campo educativo.

Por las razones antes expuestas, los suscritos Diputados de la Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social, Cultura y Deportes, con fundamento en el Arto. 138, inciso 12 de la Constitución Política de Nicaragua, de los Artos. 50 y 51 del Estatuto y del Arto. 59 del Reglamento de la Asamblea Nacional, hemos resuelto emitir el presente dictamen

DESFAVORABLE,

por considerar innecesario una ley en esta materia.

Atentamente,

Firmas de consenso:

Miembros de la Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social Cultura y Deportes

ORLANDO MAYORGA SÁNCHEZ FIDEL MORENO BRIONES

PRESIDENTE PRIMER VICEPRESIDENTE

FELICITA ZELEDÓN Z. FREDDY SOLÓRZANO A.

PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO

ROBERTO SÁNCHEZ T. REYNALDO MAIRENA

ENRIQUE QUIÑONES T.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Se abre la discusión.

Se abre la votación.

De la misma manera que la anterior, votan verde los que están a favor del Dictamen y en rojo los que están en contra.

Se cierra la votación.

60 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el Dictamen Desfavorable.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

2.10: Dictamen de la LEY DE PENSIONES Y BENEFICIOS VITALICIOS POR SERVICIOS A LA PATRIA, A LOS ARTISTAS DE LA TERCERA EDAD Y EXTRANJEROS CON RESIDENCIA POR MAS DE QUINCE AÑOS EN EL PAÍS (DICTAMEN DESFAVORABLE).

DICTAMEN

Managua, 7 de Mayo de 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Presidente:

Ley de Pensión y Beneficios Vitalicios por Servicios a la Patria, a los Artistas de la Tercera Edad y Extranjeros con Residencia por más de Quince Años en el País",

Recibido en esta Comisión el primero de Junio del año 2000.

La Comisión, para proceder a la elaboración del presente dictamen, estudió y analizó el texto del Proyecto, y como conclusión del estudio y análisis de esta iniciativa, los miembros de la Comisión consideran que este Proyecto de Ley contiene una serie de disposiciones fiscales que van en contra de la Ley No. 257 "Ley de Justicia Tributaria y Comercial", publicada en La Gaceta No. 106 del seis de Julio del año 1997.

En virtud de todo lo expresado, los suscritos Diputados de la Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social, Cultura y Deportes, con fundamento en el Arto. 138, inciso 12 de la Constitución Política de Nicaragua, de los Artos. 50 y 51 del Estatuto y del Arto. 59 del Reglamento de la Asamblea Nacional, hemos resuelto emitir el presente dictamen

DESFAVORABLE,

por considerarlo que se contrapone al Presupuesto General de la República de Nicaragua.

Atentamente,

Firmas de consenso:

Miembros de la Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social Cultura y Deportes

ORLANDO MAYORGA SÁNCHEZ FIDEL MORENO BRIONES

PRESIDENTE PRIMER VICEPRESIDENTE

FELICITA ZELEDÓN Z. FREDDY SOLÓRZANO A.

PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO

ROBERTO SÁNCHEZ T. REYNALDO MAIRENA

ENRIQUE QUIÑONES T.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Se abre la discusión.

A votación, de la misma manera que la anterior, verde los que están a favor del Dictamen y rojo los que están en contra.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

61 votos a favor del Dictamen, 0 en contra, ninguna abstención. Aprobado el Dictamen Desfavorable.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Punto 2.11: Dictamen del PROYECTO DE LEY DE PROTECCION AL INTERES SOCIAL DE LA LOTERIA NACIONAL (DICTAMEN DESFAVORABLE).

DICTAMEN

29 de Mayo de 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Presidente:

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, recibimos el mandato de dictaminar la solicitud del

PROYECTO DE LEY DE PROTECCION AL INTERES SOCIAL DE LA LOTERIA NACIONAL.

La Comisión, en relación con este Proyecto de Ley, ha valorado los siguientes factores:

OBJETOS

La presente Iniciativa de Ley tiene como objeto establecer la regulación de las actividades de la Lotería rifas, sorteos y en general los juegos de destreza de suerte o azar, cualesquiera que sea su denominación, la que según esta Iniciativa dicha actividad estará regulada y regida por la Lotería Nacional.

El 16 de Agosto del año 2001, fue presentado a la Primera Secretaría de esta Augusta Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo, la Iniciativa de

LEY DE CASINOS Y SALAS DE JUEGOS,

la que fue remitida el 20 de Febrero del año 2002 a la Comisión de Defensa y Gobernación.

En vista que la Comisión de Defensa y Gobernación, con fecha 12 de Agosto del año 2002, concluyó el Dictamen de la

LEY DE CASINOS Y SALAS DE JUEGOS,

en donde se contempla una estricta regulación de dicha actividad, quedando bajo la responsabilidad exclusiva del Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional el cumplimiento y aplicación de esta Ley, por la íntima y...

DICTAMEN DE LA COMISION

Por todo lo antes expresado, y considerando que la Comisión de Defensa y Gobernación ha establecido en el Dictamen de la

LEY DE CASINOS Y SALAS DE JUEGOS,

la regulación de esta actividad, fin que también perseguía la ley de protección al interés social de la Lotería Nacional.

Por tanto, en base a las consideraciones anteriores y que la misma no contradice nuestra Constitución Política, Leyes Constitucionales, los suscritos Diputados

DICTAMINAMOS FAVORABLEMENTE.

El PROYECTO DE LEY DE PROTECCION AL INTERES SOCIAL DE LA LOTERIA NACIONAL,

por lo que solicitamos al Honorable Plenario su aprobación respectiva.

COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS,

RENE NUÑEZ TELLEZ BAYARDO ARCE CASTAÑO

WILFREDO NAVARRO MOREIRA GUSTAVO PORRAS CORTEZ

WALMARO GUTIERREZ MERCADO JAIME MORALES CARAZO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.

DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:

Gracias, Presidente.

El espíritu que motivó el Dictamen Desfavorable es precisamente porque se encuentra pendiente de discusión por el Plenario la Ley de Casinos, que no necesariamente será aprobada, supongo yo, a como está presentada y redactada, porque hay múltiples observaciones que se están conversando y tratando de conciliar antes de que llegue al Plenario. Sin embargo, no se consideraba que fuera la Lotería Nacional a quien le correspondería dar las autorizaciones correspondientes.

Sobre el asunto de los casinos, naturalmente que es un tema controversial y el propósito es que se regule ordenadamente, y que si tuvo el origen en una iniciativa del Ejecutivo, amparado en la Ley de Estímulos y Protección al Desarrollo de la Industria Turística, pues inexplicablemente en el curso de las discusiones fue trasladado a la Comisión de Gobernación, y se dan una serie de contradicciones. Yo creo que se puede encontrar armónicamente alguna salida razonable en la que se contribuya efectivamente al Fisco y se regule de manera eficaz.

Que evite otras ciertas actividades que le atribuyen, que son conexas a veces en algunos otros países, a esas actividades de juego que algunos consideran que crean adicción igual que la droga y que algunos llaman, por un estudio reciente, juegos patológicos.

Quizás, una vez que se haya conversado en un nivel fuera del Plenario, podamos encontrar conciliaciones y tener un criterio ya más definido sobre esta tan controvertida ley.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Augusto Valle Castellón.

DIPUTADO AUGUSTO VALLE CASTELLON:

Como Presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación, tengo la obligación de defender el Dictamen. Yo considero que nosotros hemos sostenido muchas reuniones y hemos llamado a todos los sectores para consensuar esta ley. Este Dictamen está desde hace varios meses en la Secretaría y está esperando ser aprobado. Sin embargo, nosotros consideramos que antes de aprobar un Dictamen o no, sería conveniente sostener una reunión con la Comisión de Defensa y Gobernación, y si tienen a bien hacer ajustes, cambios o mociones, presentarla a la Comisión para que sea debidamente estudiado y posteriormente aprobado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Diputado Augusto Valle, estamos discutiendo no la Ley de Casinos, sino un anteproyecto de ley que se llama Ley de Protección al Interés Social de la Lotería Nacional. Precisamente el Dictamen Desfavorable es porque los miembros de la Comisión han considerado que esta materia va a ser materia de regulación por la Ley de Casinos, cuando sea aprobada.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el Dictamen de la misma manera, a favor del Dictamen en verde y en rojo los que están en contra del Dictamen.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

56 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobado el Dictamen Desfavorable.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Punto 2.12: Dictamen del PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACION DE VENTA DE ACCIONES EMITIDAS POR EL BANCO NICARAGUENSE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (DICTAMEN DESFAVORABLE).

DICTAMEN

29 de Mayo de 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Presidente:

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, recibimos el mandato de dictaminar la solicitud del

PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACION DE VENTA DE ACCIONES EMITIDAS POR EL BANCO NICARAGUENSE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

La Comisión, en relación con este

Proyecto de Ley

, ha valorado los siguientes factores:

Este Proyecto de Ley fue sometido a la Primera Secretaría de esta Honorable Asamblea Nacional el 28 de Agosto del año 2000, y posteriormente remitida a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto para su respectivo Dictamen.

ANTECEDENTES

En el año 1998, fue promulgada la Ley de autorización de venta de acciones del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, Ley No. 296, donde se autorizaba al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio a vender mediante subasta pública hasta en 51 (cincuenta y un mil) acciones, quedándole al Estado 49 cuarenta y nueve mil acciones con el principal objeto de un aumento de capital (capitalizado).

El 4 de Agosto del año 2001, la Superintendencia de Bancos interviene al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, nombrando una Junta Administradora; posteriormente la Superintendencia de Bancos, solicita la conformación de una Junta Liquidadora con el propósito de liquidar los activos, terminando esta liquidación en Septiembre del 2002.

DICTAMEN DE LA COMISION

Por lo que la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado el objeto y el fin que pretende esta Iniciativa del

PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACION DE VENTA DE ACCIONES EMITIDAS POR EL BANCO NICARAGUENSE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

y considerando que el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio el 7 de Septiembre del 2001 entró en un proceso de liquidación, feneciendo éste en Septiembre del 2002 y estando ya liquidados la mayor parte de la cartera de activos del Banco, los suscritos Diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto,

Dictaminamos Desfavorablemente

la Iniciativa del PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACION DE VENTA DE ACCIONES EMITIDAS POR EL BANCO NICARAGUENSE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

por lo que solicitamos al Honorable Plenario su aprobación respectiva.

COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS,

RENE NUÑEZ TELLEZ BAYARDO ARCE CASTAÑO

WILFREDO NAVARRO MOREIRA GUSTAVO PORRAS CORTEZ

WALMARO GUTIERREZ MERCADO JAIME MORALES CARAZO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Se abre la discusión.

A votación el Dictamen.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Dictamen Desfavorable.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Punto 2.13: Dictamen del PROYECTO DE LEY DE REFORMA Y ADICION AL ESTATUTO GENERAL Y DECRETO DE REFORMA Y ADICION AL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (DICTAMEN DESFAVORABLE).

DICTAMEN

Managua, 28 de Mayo del 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Presidente:

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, ha estudiado con detenimiento el

Proyecto de Ley de Reforma y Adición al Estatuto General y Decreto de Reforma y Adición al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional,

que le fuera remitido para su debido dictamen.

El Proyecto propone darle carácter permanente a la Comisión Especial Anti-Corrupción y establecerle sus atribuciones, el cual es idéntico a otro Proyecto denominado Ley de Reformas al Estatuto General y al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que fue dictaminado por la Comisión de Justicia el 5 de Febrero del 2003, el que fue presentado en Primer Secretaría el 6 de Febrero del 2003 y aparece en agenda de la Segunda Sesión Ordinaria de la XIX Legislatura de la Asamblea Nacional con fecha 28 de abril del 2003, en el punto 2.15 de discusión de dictámenes.

En consecuencia, y tomando en cuenta que ambos Proyectos tienen el mismo contenido y persiguen los mismos objetivos; que el primero en tiempo es primero en derecho, que la Comisión de Justicia ya dictaminó un Proyecto de Ley con el mismo contenido; no es necesario que se dictamine el presente Proyecto de Ley ya que induciría a confusiones y a proyectar una imagen de desorden en los controles Legislativos de la Asamblea Nacional.

Por todas las razones expresadas, la Comisión de Justicia dictamina Desfavorablemente

el Proyecto de Ley denominado "Reforma y Adición al Estatuto General y Decreto de Reforma y Adición al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional".

COMISION DE JUSTICIA

ORLANDO TARDENCILLA LUIS GAITAN

PRESIDENTE SUPLENTE

NATHAN SEVILLA GOMEZ DELIA ARELLANO SANDOVAL

PRIMER SECRETARIO MIEMBRO

NOEL PEREIRA MAJANO LUIS BENAVIDES ROMERO

MIEMBRO MIEMBRO

EDGAR NAVAS NAVAS
MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Se abre la discusión.

A votación el presente Dictamen.

Se abre la votación.

}Se cierra la votación.

61 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Dictamen Desfavorable.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Punto 2.14: Dictamen del PROYECTO DE LEY QUE REGULA LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS ELECTOS POR LA ASAMBLEA NACIONAL (DICTAMEN DESFAVORABLE).

DICTAMEN

Managua, 2 de Abril del 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Presidente:

La Comisión de Justicia ha estudiado con detenimiento el

Proyecto de Ley que Regula las Obligaciones de los Funcionarios Electos por la Asamblea Nacional,

que le fuera remitido para su debido dictamen.

La Comisión de Justicia constató que el contenido de este Proyecto de Ley que establece como causal de destitución, la inasistencia del Funcionario, ya está incluida de forma desarrollada en el "Proyecto de Ley sobre la Destitución de Funcionarios a que se refieren los incisos 7, 8 y 9 del Arto. 138 de la Constitución Política" que ya fue dictaminado y entregado en Primera Secretaría el 17 de Julio del 2001.

Efectivamente el literal b) del Arto. 2 del citado Proyecto de Ley establece como causal de destitución de los Funcionarios Públicos, el abandono de sus funciones por más de sesenta días sin causa justificada.

Existiendo identidad en la materia a regular entre este proyecto y el proyecto ya dictaminado sobre Destitución de Funcionarios, no es razonable que se incurra en duplicidad de normas por lo que, por economía legislativa y porque el presente proyecto es innecesario, la Comisión de Justicia dictamina Desfavorablemente el

Proyecto de Ley que Regula las Obligaciones de los Funcionarios Electos por la Asamblea Nacional,

y solicita al plenario la aprobación del presente dictamen.

COMISION DE JUSTICIA

ORLANDO TARDENCILLA LUIS GAITAN

PRESIDENTE SUPLENTE

NATHAN SEVILLA GOMEZ MIRNA ROSALES AGUILAR

PRIMER SECRETARIO MIEMBRO

NOEL PEREIRA MAJANO LUIS BENAVIDES ROMERO

MIEMBRO MIEMBRO

EDGAR NAVAS NAVAS
MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Tiene la palabra el honorable Diputado Noel Pereira Majano.

DIPUTADO NOEL PEREIRA MAJANO:

Gracias, Benemérito señor Presidente.

Yo firmé realmente el Dictamen, porque ya sé que la cuestión de los dictámenes de minoría no se leen, porque cuando gana la mayoría ya se acabó. Pero realmente es un solemne disparate en el fondo lo que se aprobó ahí, declarándolo no con lugar ese proyecto. El hecho de que haya una ley que determina que se dan 60 días para que una persona pueda ser excluida en sus funciones, cuando ha sido electo por la Asamblea Nacional, no omite los otros elementos que se dicen en ese proyecto. ¿Cuáles son? Que sucede ahora? ¿Están todos los propietarios? No están.

Perfectamente se puede sabotear una ley o se puede sabotear verdaderamente a la Asamblea Nacional. Nosotros vemos que no todas las personas son cumplidas, que aquí el problema endémico en Nicaragua debe ser verdaderamente corregido. Así como se establece que el Poder Judicial se encuentra en un proceso de modernización y cambio, para la seguridad jurídica de Nicaragua, así también el Poder Legislativo debe ir en un proceso de modernización. Ejemplo, se establece en el artículo tercero del proyecto, están facultados los cuerpos para incorporar a los suplentes que sean necesarios para que se considere integrado al cuerpo colegiado constituyendo el quórum de ley.

En el caso de que si el que ejerciere la titularidad del cargo se ausentare por 10 días de forma injustificada, el vice, sub o adjunto, quedan facultados para asumir interinamente mientras dure la ausencia. Aquí usted puede ver un poco de propietarios que no están aquí, ¿y dónde está el suplente? Han preterido a los suplentes verdaderamente, por unos propietarios caprichosos que están haciendo verdaderamente su gusto. Ya es hora de imponer el orden, estoy en contra de ese voto que declaran que no tiene efecto.

Y es verdad que yo firmé, por ese cuento, que habría que reformar también los Estatutos. El que va en voto de minoría no consiguió nada, ni siquiera se lee; pero eso fue una barbaridad, es un atropello a la seguridad jurídica de los nicaragüenses. Y yo entiendo que no es una máquina de hacer botones, verdaderamente es serio lo que debe hacerse al dar un dictamen. Hay que llamarle la atención a los señores asesores de la Comisión de Justicia, porque entendemos nosotros que la cuestión no es salir del paso, dar unos dictámenes que verdaderamente son atropellantes.

Aquí está la realidad, no están los propietarios, no están los suplentes, perfectamente entonces puede suceder que una persona falte 10 días, como hay mucha gente que no viene; yo nunca he faltado a esta Asamblea. Entonces tranquilamente se están ganando un sueldo sin desquitarlo y se están burlando del interés del pueblo, para que todos seamos funcionarios responsables.

Muchas gracias, benemérito señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando José Tardencilla.

DIPUTADO ORLANDO JOSE TARDENCILLA:

Muchas gracias, señor Presidente.

Mire, puntualmente hay que aclarar, y más adelante vamos a encontrar otra realidad. Cuando un proyecto de ley ya está dictaminado y se presenta una iniciativa de ley cuyo contenido es idéntico o el mismo incluso que el proyecto ya dictaminado, pues normalmente uno desarrolla sus argumentos y expresa sus puntos de vista en el proyecto que ya es objeto a dictaminarse. Justamente en Primera Secretaría se encuentra un Dictamen de la Comisión desde el 2001, que incluso aborda ese mismo tema.

Algunos aspectos de fondo que el Doctor Noel Pereira Majano ha planteado, van a ser replanteados al momento que tengamos que discutir eso, porque tienen que ver con constitucionalidad sobre destitución de funcionarios, etc. Este Dictamen, al igual que uno que está un poquito más adelante y que también fue declarado desfavorable, es precisamente porque ya están presentados con antelación dictámenes completos sobre la misma materia, y como muy bien lo recoge el Dictamen, de lo que se trata es que no exista duplicidad, no sólo en la discusión sino en el contenido del debate de este Plenario.

Este Dictamen que está sometido a la consideración de ustedes, es estrictamente formal, porque ya existe un Dictamen, no hace falta dictaminarlo y no se mete al fondo. Aclaremos que no se mete al fondo porque es meramente procesal, es meramente formal. Creo que no sería prudente estar viendo el mismo contenido en dos o tres dictámenes de manera recurrente. Así es que aclaro esa circunstancia, porque como muy bien lo dice el Dictamen, ya la Comisión desde el 17 de Julio del año 2001 presentó un dictamen, y esta Asamblea Nacional todavía no ha expresado opinión sobre el fondo.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el presente Dictamen.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

Se suspende la Sesión por falta de quórum.

CONTINUACION DE LA SESION ORDINARIA NUMERO TRES DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DIA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (DECIMO NOVENA LEGISLATURA).

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Honorables Diputados, antes de empezar esta Sesión, quisiéramos en nombre de la Directiva, darle nuestro más sentido pésame a la Diputada Ana Lazo, por la muerte de su hermano, ya que en días pasados ella no estuvo presente.

Solicitamos al Secretario la verificación del quórum.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

OCTAVIO RAMON ALVAREZ MORENO

BENITA DEL CARMEN ARBIZU MEDINA

BAYARDO ARCE CASTAÑO

NELSON ARTOLA ESCOBAR

FERNANDO JOSE AVELLAN MARTINEZ

GLADIS DE LOS ANGELES BAEZ

JAMILET DEL SOCORRO BONILLA

NOE FRANCISCO CAMPOS CARCACHE

JOSE DE LOS ANGELES CASTILLO OSEJO

JOSE DAVID CASTILLO SANCHEZ

PORFIRIO RAMON CASTRO ARAUZ

LEONIDAS NICOLAS CENTENO RIVERA

MARIA JACARANDA FERNANDEZ MEJIA

JOSE SANTOS FIGUEROA AGUILAR

RITA DEL SOCORRO FLETES ZAMORA

MIRIAM ODILI FONSECA LOPEZ

CARLOS JOSE GADEA AVILES

ERNESTO MARCELINO GARCIA QUIROZ

EDUARDO JERONIMO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO JOSE GONZALEZ GAITAN

JORGE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ

VICTOR MANUEL GUERRERO IBARRA

WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO

MIGUEL REYNALDO LOPEZ BALDIZON

REYNALDO ALEXANDER MAIRENA VALLEJOS

JOSE ANTONIO MARTINEZ NARVAEZ

JORGE MATAMOROS SABORIO

MARIA LYDIA MEJIA MENESES

GERARDO JOSE MIRANDA OBREGON

IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON

GUILLERMO MONTENEGRO

JAIME RENE MORALES CARAZO

FIDEL ANTONIO MORENO BRIONES

CARLOS ANTONIO NOGUERA PASTORA

SANTOS RENE NUÑEZ TELLEZ

ALFONSO RAUL ORTEGA URBINA

GUILLERMO ANTONIO OSORNO MOLINA

MARIA HAYDEE OSUNA RUIZ

ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVIDEZ

LEONEL PANTIN WILSON

NOEL ORLANDO PEREIRA MAJANO

MAXIMINO RODRIGUEZ MARTINEZ

MIRNA DEL ROSARIO ROSALES AGUILAR

RIGOBERTO HILARIO SAMPSON GRANERA

ROBERTO SANCHEZ TORREZ

NASSER SEBASTIAN SILWANY BAEZ

FREDDY SOLORZANO ALTAMIRANO

ORLANDO JOSE TARDENCILLA

JORGE MIGUEL TORREZ MALESPIN

EMILIA DEL CARMEN TORREZ AGUILAR

DAYSI RAFAELA TREJOS OROZCO

ALBERTINA URBINA ZELAYA

FELICITA LUCILA ZELEDON RODRIGUEZ

LUIS TORRES PAGUAGA

Señor Presidente: Tenemos registrados 54 honorables Diputados y Diputadas; hay quórum de ley.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Queda abierta la Sesión.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Remitimos a los honorables Diputados y Diputadas al Adendum N° 1, Punto I: PRESENTACIÓN DE LEYES. Punto 1.27: DECRETO PARA DECLARAR AL MUNICIPIO DE POSOLTEGA PATRIMONIO HISTORICO DE LA NACION.

Managua, 19 de Agosto de 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Respetable Licenciado López:

En calidad de Diputada ante la Asamblea Nacional, con fundamento en el Artículo 140 de la Constitución Política y los Artículos 44 y 45 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, y por vuestro conducto, presento a consideración del Plenario la iniciativa del “

Proyecto de Decreto para Declarar al Municipio de Posoltega Patrimonio Histórico de la Nación”,

confiando plenamente que este proyecto será bien acogido por el Plenario.

Adjunto la respectiva Exposición de Motivos y el Proyecto de Decreto.

Sin otro particular me suscribo de Usted, y aprovecho la ocasión para saludarlo.

Atentamente,

LIC. FELICITA ZELEDON RODRIGUEZ
Diputada

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ingeniero

JAIME CUADRA

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Presidente Cuadra:

En calidad de Diputada ante la Asamblea Nacional, y en atención al sentir del Municipio de Posoltega, con fundamento en el Arto. 140 de la Constitución Política y Artículos 44 y 45 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, presento a consideración del Plenario la iniciativa del

Proyecto de Declarar al Municipio de Posoltega Patrimonio Histórico de la Nación.

Conforme al Arto. 128 de nuestra Constitución Política de Nicaragua, es deber del Estado la protección del Patrimonio arqueológico, histórico, cultural y artístico del país.

De acuerdo al Arto. 4 de la Ley de Protección al Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación, inciso b), se consideran históricos: los inmuebles o parte de ellos, y los muebles no comprendidos dentro de la definición de monumentos arqueológicos, que estén directamente vinculados a la historia política o social de Nicaragua.

Por otro lado, el inciso 5) establece claramente que se considera prioritaria la conservación de todos aquellos sitios y conjuntos urbanos de reconocido interés histórico, artístico y paisajístico.

Reseña Geográfica:

Municipio del Departamento de Chinandega, está ubicado entre las coordenadas 12° 40´ 17´´ y 12° 30´ 31´´ de la latitud Norte y 87° 00´ 37´´ y 86° 52´ 21´´ de longitud oeste, con una población de 17 mil 137 habitantes, su extensión territorial es de 149 kilómetros cuadrados, con una altura promedio sobre el nivel del mar de 70.5 metros y no presenta fenómenos orográficos ni hidrográficos de importancia.

Sus límites son: al Norte con el Municipio de Chinandega, al Sur con el Municipio de Quezalguaque, al Este con el Municipio de Telica y Quezalguaque y al Oeste con el Municipio de Chichigalpa.

Temperatura Ambiente: el clima tiene como característica ser tropical de sabana, con una marcada estación seca de 4 a 6 meses de duración principalmente en Abril, el cual no permite el desarrollo de bosques densos, predominando amplias llanuras de hierbas. Se distinguen dos períodos bien definidos en el comportamiento de las precipitaciones durante el año: el período (seco) se presenta en los meses de Noviembre a Abril, registrando un acumulado aproximado de 125 milímetros que significa el 6.4% de la precipitación anual. El período (lluvioso) que dura desde Mayo a Octubre, acumulando 1884 milímetros y que representa el 93.6% de la precipitación anual. La temperatura media anual oscila entre 26.9 y 27.7 grados centígrados; los valores máximos de temperatura se registran en los meses de Abril y Mayo, oscilando entre los 39.6 °C y 40.1°C respectivamente, y las mínimas se registran en el mes de Diciembre con valores aproximados a 13.0°C.

Jurisdicción: El Municipio de Posoltega se localiza en la Región Nor-Occidental de Nicaragua, pertenece al Departamento de Chinandega, tiene como cabecera el poblado del mismo nombre, que fue elevado a ciudad en el año de 1968.

Actualmente el Municipio cuenta con las siguientes comunidades, comarcas y asentamientos: En el área urbana, Posoltega y Juan XXIII; En el Area Rural, Peguero, Filiberto Morales, Jacinto Baca Jerez, Buenos Aires, Versalles, Tololares I, II, III, Los Zanjones I y II, Calle Real, Villa María del Pilar Gutiérrez o Valle Las Mayorgas, El Torreón, El Ojochal, El Guanacastal. Nuevos Asentamientos: Loma Linda, Fe y Esperanza, El Trianón, Corcovado, Divina Misericordia, Villa Sandino Alcobendas, La Virgen, Nueva Esperanza, Andalucía, Divino Niño, Betesda I y II, Nueva España, María Elena Cuadra, El Tanque, Santa María. Haciendas: El Ahorro, San Pablo, San Jerónimo, Bella Vista, Argelia, La Concepción, La Flor.

De acuerdo a datos de INETER, las comunidades de mayor nivel de exposición a riesgos de intensas lluvias, erupción volcánica, deslizamiento y derrumbes son: El Torreón, El Ojochal y Guanacastal.

Las comunidades bajo amenaza de los gases y cenizas amenazados por el Telica son: Argelia, Torreón, Guanacastal, El Ojochal, Calle Real del Bosque y La Concha, poniendo en riesgo una población de 336 familias.

Amenazas Geológicas:

El grado de vulnerabilidad frente a esta amenaza es grave para el Municipio, debido al tipo de sistema y materiales de construcción, que normalmente no cumplen con las especificaciones técnicas reglamentadas por los códigos de construcción.

En Posoltega la sequía perjudica a toda la población, al poner en riesgo la seguridad alimentaria.

Amenaza por deslizamiento de tierra:

Se han determinado dos categorías: Alto y Bajo. En ambos casos muchos de estos suelos se encuentran sobre-utilizados y afectan a todo el Municipio.

También el Municipio sufre la amenaza por contaminación de suelos y aguas, debido a la presencia de sustancias químicas por el uso de plaguicidas y fertilizantes, sufriendo tres niveles de amenaza: altos, medios y bajos.

Reseña Histórica:

Posoltega tiene su origen en un asentamiento nahuatl prehispánico, tal y como la raíz etimológica de su nombre “Posoli-tecatl”. Posoltega se interpreta: “Vecinos de la fuente Espumosa” o como “Vecinos del Borbollón”, así como también “Poblado cerca de la tierra que arde”.

Sus primeros pobladores eran emigrantes de México y pertenecían a la Tribu de los Maribios o Subtiavas, ubicándose en las faldas del Volcán Casita.

El poblado de Posoltega funcionaba como una importante ruta de comercio entre los diferentes grupos de emigrantes mexicanos, que se habían asentado en toda América Central.

El 21 de Diciembre de 1838, se formó el Departamento Occidental que comprendía León y Chinandega, dividiéndose en el año de 1858 en los Departamentos actuales, trazándose la línea divisoria de ambos Departamentos el 18 de Agosto de 1862.

En el Período Post Independencia, Posoltega se sumió en un estancamiento político, económico y social. Como consecuencia de una epidemia de cólera, en 1868, los habitantes de Posolteguilla se trasladaron al lugar que hoy ocupa la ciudad de Posoltega, dándose por unificados ambos poblados.

En 1968, la cabecera municipal fue elevada a la categoría de ciudad.

En 1969, fue inaugurado el parque central de Posoltega.

El 30 de Octubre de 1998, el Municipio fue impactado por el huracán Mitch, tan duramente, que una parte del volcán Casita se desprendió, provocando una avalancha de lodo, piedras de gran tamaño, árboles, viviendas, etc, que destruyó y arrasó las comunidades de El Porvenir, Rolando Rodríguez y Ojochal, las que desaparecieron completamente, provocando la muerte de 3000 personas y desaparecidos.

Dicha avalancha arrasó con viviendas, enseres domésticos, animales, en las comunidades: Villa Sandino, Tololar I, El Trianón, La Virgen, Los Zanjones (parte Sur), Los Martínez, Guanacastal Norte, El Terreón, Zona III y IV del Casco Urbano de Posoltega, dejando miles de damnificados sin viviendas y sin bienes.

Reseña Cultural:

La principal fiesta religiosa de Posoltega es la de Carnes Tolemnes, lo que significa Dios con Nosotros, dedicada a Jesús Nazareno, las que se inician un domingo antes del miércoles de ceniza y duran cuarenta días. El Municipio de Posoltega cuenta con un hermoso, antiguo y elegante templo parroquial llamado Iglesia de Jesús de Nazareth, ubicado en la cabecera municipal, y dos templos en las comunidades Los Zanjones y Valle Las Mayorgas. La Iglesia Evangélica cuenta con diez templos ubicados en las comunidades: El Bosque Betesda, Los Tololares, Los Zanjones, Santa María, San Gilberto, y dos en el casco urbano.

El 13 de Mayo, se celebran las festividades alusivas a la Virgen de Fátima, con alborada, misa y procesión.

El 14 de Mayo se celebra la víspera de la fiesta de San Isidro Labrador, haciendo un recorrido por el pueblo. Los productores participan con sus medios de transporte y la fiesta se acompaña con toro venado, chicheros, misa.

Actividades Económicas:

Las principales actividades económicas de la población son: la agricultura, la ganadería y el comercio.

Posoltega es un Municipio eminentemente agrícola, la población se dedica al cultivo de caña de azúcar, maní, café soya, plátano, tabaco, hortalizas. Con el huracán Mitch todos los cultivos sufrieron pérdidas, afectando la situación económica del Municipio. El nivel de desempleo es el 70%, el que disminuye en épocas de producción (Junio-Diciembre). Debido a esto la población se ve obligada a buscar trabajo en Municipios vecinos y a emigrar a países vecinos.

La ganadería no es una actividad muy desarrollada en el Municipio, en términos generales se caracteriza como una actividad de subsistencia y con baja oferta de empleo. Las principales zonas productivas de ganado bovino son las comunidades de Los Zanjones, El Trianón, Chiquimulapa, Valle Las Mayorgas y la hacienda San Pablo. En cuanto al ganado de menor actividad, está referida en su mayoría al sistema de producción de patio.

La pequeña industria se expresa en pequeños talleres de carpintería artesanal, panaderías y también por la existencia de trapiches dedicados a la producción de atados de dulce y alfeñiques.

En el área rural las actividades económicas se limitan a la existencia de pequeños negocios, principalmente pulperías; en cambio en el área urbana éstas son un poco más amplias y diversas.

En conclusión, el Municipio de Posoltega tiene muchas razones y fundamentos legales y sociales para ostentar el honor de ser declarado

PATRIMONIO HISTORICO DE LA NACION,

insertándose dentro de éstas las enunciadas dentro de las reseñas históricas, principalmente con el suceso ocurrido por el huracán Mitch, que provocó el derrumbe del volcán Casita, causando la muerte de 3000 personas, lo cual marca un acontecimiento histórico inolvidable y doloroso para las familias del Municipio, quienes después del Mitch reclaman nuevos espacios urbanos para el trabajo, paisajes comunales y mejor calidad de vida.

Por lo antes expuestos, someto a la consideración de los Honorables Diputados de la Asamblea Nacional, que la presente iniciativa sea acogida y aprobada por el Plenario.

Atentamente,

LIC. FELICITA ZELEDON RODRIGUEZ
Diputada
Asamblea Nacional

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente Decreto, a la Comisión de Defensa y Gobernación.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

En el mismo Adendum, punto 1.28.

Punto 1.28: DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO SOBRE LA MARCACION DE EXPLOSIVOS PLASTICOS PARA LOS FINES DE DETECCION DE 1991.

Managua, 28 de Agosto de 2003.
SAL-2431-28-8-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Apreciable Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección de 1991, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 25 de Agosto de 2003.
DP/317/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección 1991.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted, las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo,

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Convenio sobre marcación de explosivos plásticos, es un instrumento establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de conformidad con la Resolución 635 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), el 14 de Junio de 1989, para el fortalecimiento de las medidas de seguridad, considerando que los actos de terroristas dirigidos a destruir aeronaves y dañar vidas humanas de gran valor, mediante la utilización de explosivos plásticos para cometer tales actos, esta labor pretende establecer un régimen internacional para la marcación de explosivos plásticos con fines de detección.

Los Estados contratantes tienen la obligación de asegurarse de que los organismos gubernamentales, las autoridades aeroportuarias y los explotadores de aeronaves apliquen medidas de seguridad, a fin de controlar la transportación de explosivos plásticos en aeronaves civiles.

Asimismo, el Convenio exhorta a los Estados Contratantes ejercer vigilancia constante y desarrollen y apliquen efectivas de protección para impedir y reprimir los actos ilícitos de violencia en los aeropuertos, en las personas y los bienes.

El propósito del Convenio sobre la marcación de Explosivos Plásticos para los fines de detección de 1991, es facilitar la identificación y detección de este tipo de materiales o mercancías peligrosas, producto del avance de la tecnología mundial en materia de explosivos.

Esto se hace con la intención de regular a los países productores a tener una forma común de marcación que los haga fácil de detectar e identificar, para evitar su uso por fuerzas irregulares, terroristas en cualquier parte del planeta; partiendo de que en una considerable cantidad de actos ilícitos en contra de la aviación civil internacional, se ha encontrado indicios del uso de este tipo de material, el que se puede ocultar en cualquier mecanismo de artículos usados por el público.

Los explosivos plásticos sin esa marcación propuesta son de difícil detección por los equipos de rayos X y aun por perros entrenados, dada su poca densidad y constitución inodora.

Es por eso que la adhesión a este Convenio, es de mucha importancia para garantizar la seguridad de la aviación civil internacional, adoptando los Estados las medidas necesarias y eficaces para prohibir e impedir la entrada y salida respecto de su territorio de explosivos sin marcar. Por tal razón, el Convenio obliga al Estado Contratante a tomar las medidas necesarias para prohibir e impedir la fabricación en su territorio de explosivos plásticos sin marcar.

Por las razones expuestas, con fundamento en el numeral 12) del Artículo 138 de nuestra Constitución Política, someto a la consideración de esa Asamblea Nacional el Proyecto de Decreto de Aprobación del Convenio Sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detención de 1991.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente Decreto, a la Comisión del Exterior.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

En el mismo Adendum N° 1, Punto 1.29.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Punto 1.29: DECRETO DE APROBACION DEL ACUERDO ESPECIAL AL CONTRATO DE CONSOLIDACION DE LA DEUDA IV DEL 19 DE AGOSTO DE 1998 ENTRE KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (KFW), Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA.

Managua, 28 de Agosto de 2003.
SAL-2557-28-8-3-JVP

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Apreciable Doctor López:

Me permito hacer llegar a Usted, el Proyecto de Decreto de Aprobación del Acuerdo Especial al Contrato de Consolidación de la Deuda IV del 19 de Agosto de 1998 entre Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y la República de Nicaragua, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Julio Vega Pasquier
Secretario

Managua, 26 de Agosto de 2003.
DP/344/03

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Decreto de Aprobación del Acuerdo Especial al Contrato de Consolidación de la Deuda IV del 19 de Agosto de 1998, entre KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (KFW) y la República de Nicaragua.

Espero que los Honorables Diputados de esa Honorable Asamblea Nacional, le den una acogida favorable a la aprobación del referido Proyecto de Decreto.

Aprovecho la ocasión para testimoniar a Usted las muestras de mi consideración y aprecio.

Afectísimo,

Enrique Bolaños Geyer
Presidente de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con las disposiciones del Convenio Nicaragüense-Alemán de Reestructuración de la Deuda y el Contrato de Consolidación de la Deuda entre Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) de la República Federal de Alemania y la República de Nicaragua, fechados el 19 de Agosto de 1998, la parte alemana condonará un tramo de hasta 6,135,502.57 (Seis millones ciento treinta y cinco mil quinientos dos Euros con cincuenta y siete centavos de Euro) equivalentes a 12,000,000.0 de Marcos Alemanes (DM) provenientes de la deuda de Cooperación Financiera, si el Gobierno de Nicaragua utiliza, hasta el 15 de Agosto de 2008, el contravalor en moneda nacional de la suma equivalente al 20% del monto a condonar (1,227,100.51 o DM 2,400,000.0), para proyectos de la lucha contra la pobreza con alta sostenibilidad. En las Negociaciones Intergubernamentales de 2002, se acordó que el monto de la Consolidación de la Deuda IV resultante del “cambio de deuda por naturaleza”, se asignará al proyecto “Saneamiento del lago y de la ciudad de Managua componente tratamiento de aguas servidas”.

El 12 de Junio de 2003 fue suscrito entre KfW de la República Federal de Alemania y, en representación de la República de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), un “Acuerdo Especial” al Contrato de Consolidación de la Deuda IV del 19 de Agosto de 1998, en el cual se establecen los detalles de la implementación para utilizar los fondos de contrapartida por el equivalente de

1,277,100.51

(Un millón doscientos veintisiete mil cien Euros con cincuenta y un centavos de Euro), resultado de la conversión de deuda, para financiar parte de los costos de inversión del Proyecto “Saneamiento del lago y de la ciudad de Managua componente tratamiento de aguas servidas” que será ejecutado por ENACAL.

Según lo estipulado en el “Acuerdo Especial”, el Gobierno de la República de Nicaragua depositará el valor en Córdoba equivalente a hasta 1,227,100.51 (Fondos de Contrapartida) a la tasa de cambio de la fecha del respectivo depósito, en la cuenta que la Tesorería General de la República maneja en el Banco Central de Nicaragua (BCN). Inmediatamente después del respectivo depósito, ENACAL solicitará al MHCP el traslado de los fondos a una cuenta en un banco privado a favor de ENACAL. Los fondos serán trasladados a la cuenta de ENACAL, de la siguiente forma: 627,100.51 hasta el 30 de Junio de 2004 y 600,000.00 hasta el 31 de Diciembre de 2004. La inversión de la cuenta debe tener rendimiento suficiente para garantizar por lo menos el mantenimiento del valor real de la suma depositada. Una vez efectuado el depósito de los Fondos de Contrapartida y cumplidas las condiciones establecidas en el numeral B.3 del “Acuerdo Especial”, la condonación de deuda es definitiva e irreversible.

Por las razones anteriormente mencionadas, y con fundamento en el numeral 12 del Artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, someto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, el Proyecto de Decreto de Aprobación del “Acuerdo Especial” al Contrato de Consolidación de la Deuda IV del 19 de Agosto de 1998, entre Kreditanstalt für Wiederaufbau (kfw) y la República de Nicaragua”.

Hasta aquí la Exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente Decreto, a la Comisión Económica.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Remitimos a los honorables Diputados y Diputadas al Tomo III, Punto 2.14.

Queremos recordar que este Punto 2.14 ya había sido leído en la Sesión anterior, pero vamos a leerlo de nuevo por técnica parlamentaria, a como nos recomiendan los miembros de la Directiva.

Punto 2.14: DICTAMEN DE LA LEY QUE REGULA LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS ELECTOS POR LA ASAMBLEA NACIONAL, (Dictamen Desfavorable).

Managua, 2 de Abril del 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho

Estimado Señor Presidente:

La Comisión de Justicia ha estudiado con detenimiento el

Proyecto de Ley que Regula las Obligaciones de los Funcionarios Electos por la Asamblea Nacional,

que le fuera remitido para su debido dictamen.

La Comisión de Justicia constató que el contenido de este Proyecto de Ley que establece como causal de destitución, la inasistencia del Funcionario, ya está incluida de forma desarrollada en el “Proyecto de Ley sobre la Destitución de Funcionarios, a que se refieren los incisos 7, 8 y 9 del Arto. 138 de la Constitución Política”, que ya fue dictaminado y entregado en Primera Secretaría el 17 de Julio del 2001.

Efectivamente el literal b) del Arto. 2 del citado Proyecto de Ley, establece como causal de destitución de los Funcionarios Públicos, el abandono de sus funciones por más de sesenta días sin causa justificada.

Existiendo identidad en la materia a regular entre este proyecto y el proyecto ya dictaminado sobre Destitución de Funcionarios, no es razonable que se incurra en duplicidad de normas; por lo que, por economía legislativa y porque el presente proyecto es innecesario, la Comisión de Justicia dictamina Desfavorablemente el

Proyecto de Ley que Regula las Obligaciones de los Funcionarios Electos por la Asamblea Nacional

y solicita al Plenario la aprobación del presente dictamen.

COMISION DE JUSTICIA

ORLANDO TARDENCILLA WALMARO GUTIERREZ M.

PRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

NATHAN SEVILLA GOMEZ MIRNA ROSALES AGUILAR

PRIMER SECRETARIO MIEMBRO

NOEL PEREIRA MAJANO LUIS BENAVIDES ROMERO

MIEMBRO MIEMBRO

EDGARD NAVAS NAVAS
MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el Dictamen.

Los que están a favor del Dictamen, que es Desfavorable, votan verde; y los que están en contra, votan rojo.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

51 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Dictamen Desfavorable.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Continuamos en el mismo Tomo III, Punto 2.15.

2.15: DICTAMEN DE LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, (Dictamen Desfavorable).

Managua, 5 de febrero de 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Señor Presidente:

La Comisión de Justicia ha estudiado con detenimiento el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana en el Desarrollo de la Comunidad que le fuera remitido para su debido dictamen.

Este Proyecto que consta de 7 artículos fue remitido en Marzo de 1999 a la Comisión de Justicia, la que en esa legislatura y en las subsiguientes no la dictaminó por priorizar otras leyes como el Código Penal, y el Procesal Penal. Posteriormente varios organismos de la sociedad civil presentaron otro Proyecto de Ley de Participación Ciudadana con más contenido y regulaciones más actualizadas, el cual fue remitido a la Comisión de Defensa y Gobernación.

Teniendo conocimiento que dicha Comisión ya entregó a Secretaría el Dictamen de la Ley de Participación Ciudadana y que se debatirá por el Plenario en la próxima semana, no tiene razón de ser que la Comisión de Justicia tenga como asignatura pendiente un proyecto de ley diminuto e insuficiente, cuya materia a regular ya está prevista por el proyecto dictaminado por la Comisión de Defensa y Gobernación.

Por las razones anteriores, la Comisión de Justicia Dictamen Desfavorablemente el “

Proyecto de Ley de Participación Ciudadana en el Desarrollo de la Comunidad”

y solicita a Secretaría supriman este Proyecto de la lista de los pendientes de Dictaminar por la Comisión de Justicia.

COMISION DE JUSTICIA

ORLANDO TARDENCILLA EDWIN CASTRO RIVERA

PRESIDENTE PRIMER VICEPRESIDENTE

NATHAN SEVILLA GOMEZ MIRNA ROSALES AGUILAR

PRIMER SECRETARIO MIEMBRO

NOEL PEREIRA MAJANO EDGARD NAVAS NAVAS

MIEMBRO MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación.

A discusión en lo general.

Se abre la discusión.

A votación.

Los que votan a favor del Dictamen, votan verde, los que están en contra del Dictamen, votan rojo.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

51 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba el Dictamen Desfavorable.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

En el mismo Tomo III, punto IV: DISCUSIÓN DE DICTAMENES DE PERSONALIDADES JURÍDICAS PRESENTADAS POR LA COMISIÓN DE DEFENSA Y GOBERNACIÓN:

4.1: ASOCIACION MAYANGNA TUNGKI BAN BAN KALUDUHNA o ASOCIACION INDIGENA DEL SECTOR TUNGKI (MATUNBAK).

Managua, 5 de Junio del 2003.

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Presidente:

Los suscritos Miembros de la Comisión de Defensa y Gobernación, nos reunimos para dictaminar la solicitud de la Personalidad Jurídica de la “

ASOCIACION MAYANGNA TUNGKI BAN BAN KALUDUHNA o ASOCIACION INDIGENA DEL SECTOR TUNGKI”, MATUNBAK

Con domicilio en el Municipio de Bonanza, Región Autónoma del Atlántico Norte RAAN, presentada por los Diputados: Ana Lazo, Evelio Obando, en la Segunda Sesión Ordinaria de la XIX Legislatura de la Asamblea Nacional, celebrada el catorce de Mayo del año dos mil tres.

Esta Asociación fue creada sin fines de lucro, es apolítica y tiene por objetivos: 1) Defender el derecho de propiedad del territorio Mayangna del sector Tungki, del cual son dueñas las cinco comunidades miembros de la Asociación 2) Representar al territorio Mayangna del sector Tungki, en todas las instancias gubernamentales, no gubernamentales y cualquier otra en la que fuese necesario practicar las diligencias relacionadas a los intereses de la comunidad Mayangna.

Esta Asociación presenta su Junta Directiva, integrada por: Presidente: PEDRO TAYLOR HUETE; Vicepresidente: ALEJANDRO PERALTA BANS; Secretario: EFRAIN BENITEZ MIGUEL; Tesorero: NACILIO JUWITH FRANCIS; Vocal: JOSE LUIS CASTRO LOPEZ; Primer fiscal: EMILIANO DIXON BONING; Segundo fiscal: ANTONIO LOPEZ MITCHELL.

Los Miembros de la Comisión de Defensa y Gobernación consideramos que la solicitud, elementos constitutivos, fines y objetivos de esta Asociación están en concordancia con la Ley No. 147.

Así mismo, el proyecto y su Exposición de Motivos están bien fundamentados y no se opone a lo dispuesto en la Constitución Política.

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 56, inciso 5 del Reglamento interno de la Asamblea Nacional, dictaminamos

FAVORABLEMENTE

esta solicitud de Personalidad Jurídica.

Instamos al Plenario a aprobar el otorgamiento de Personalidad Jurídica a la “

ASOCIACION MAYAGNA TUNGKI BAN BAN KALUDUHNA o ASOCIACION INDIGENA DEL SECTOR TUNGKI”, MATUNBAK

Atentamente,

COMISION DE DEFENSA Y GOBERNACION

JOSE FIGUEROA AGUILAR JAIME GARCIA MANGAS

PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE

OCTAVIO RAMON ALVAREZ ELIAS CHEVEZ

PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

DELIA ARELLANO SANDOVAL PEDRO JOAQUIN RIOS C.

MIEMBRO MIEMBRO

MAXIMINO RODRIGUEZ MARTINEZ
MIEMBRO

Se incluyen también en este Dictamen, las siguientes solicitudes de Personalidades Jurídicas:

4.2 Asociación para el Desarrollo Cultural Camino “CAMINO”.

4.3 Asociación Flor de Sacuanjoche de Santa Lucía, Boaco “SACUANJOCHE”.

4.4 Asociación de Responsables Legales de Pacientes de Salud Mental (ASREPALMEN).

4.5 Asociación de Minusválidos Artesanos de Nicaragua (AMAN).

4.6 Asociación General de Comerciantes Mercado Mayoreo (AGCOMM).

4.7 Asociación Nuevas Alternativas para el Desarrollo Agropecuario (NALDEA).

4.8 Asociación Comité Pro-Reconstrucción Templo de San Jerónimo de Masaya (RETTEMJE).

4.9 Asociación Help América Central (HAC).

4.10 Asociación de Iglesia Apostólica Jesuscrito es la Verdad.

4.11 Asociación Concilio Interdenominacional de Pastores Evangélicos Jehová Refugio del Pobre, Salmo 9:9.

4.12 Asociación de Productores de Papas del Norte Francisco Tercero Gómez (APPNFTG).

4.13 Asociación Nicaragüense de Personas Positivas Luchando por la Vida (ANICP+VIDA).

4.14Asociación Encuentro Matrimonial Nicaragua (EMNIC).

4.15 Asociación Nicaragüense de Artistas, las Artes y la Cultura (ASONICA).

4.16Asociación Cristiana Panamericana de Nicaragua (ACPNIC).

4.17Asociación Ministerios Monte Getsemaní.

4.18Asociación de Profesionales de Nueva Segovia (APRONSE).

4.19 Asociación para la Conservación de los Recursos en Nicaragua (ASOCORNIC).

4.20 Asociación Club Rotario de Masaya (CLUB ROTARIO).

4.21 Asociación Centroamericana para Promover el Desarrollo y Defensa de los Derechos Humanos (ACADH).

4.22 Asociación “CIHUALCOALT” para el Desarrollo Integral Socio Económico (ASOCIDEIS).

4.23 Asociación María Auxiliadora Pro-Mujeres con Cáncer.

4.24 Asociación Nicaragüense de Maritimista (ANIMAR).

4.25 Asociación de Atención y Ayuda a Enfermos de Cáncer “Sor María Romero Meneses” (ASMAR).

4.26 Asociación Esperanza contra la Pobreza (ECOPOB).

4.27 Fundación para el Desarrollo Social (FUDESO).

4.28 Fundación Civil para el Desarrollo Empresarial del Departamento de Rivas (FUN-RIVAS).

4.29 Fundación Nicaragüense de Ex–Luchadores por la Libertad, Democracia y Reconciliación de América (FNDEXLDERA).

4.30 Fundación Omar Mercado para el Desarrollo Social y Comunitario de Siuna (FOMDES).

4.31Federación de Organización para el Desarrollo Local (FODEL).

4.32Fundación Sobrevivientes (SOBREVIVIENTES).

4.33Fundación Casa de Fe de Nicaragua (FCFNIC).

4.34Fundación Nicaragüense de Mujeres con Discapacidad.

4.35Fundación para la Rehabilitación Walking Unidos (FURWUS).

4.36Asociación Comité de Hermandad (CDH).

4.37 Asociación Solidaridad para el Desarrollo Humano Integral (ASDIFI).

4.38 Asociación Centro de Investigación y Estudios de Centroamérica (CIECA).

4.39Asociación Casa de la Divina Voluntad.

4.40Asociación de Iglesias del Ministerio Belén.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

A votación.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

50 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades:

HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO

Arto.1

Otórgase Personalidad Jurídica a la “ASOCIACION MAYAGNA TUNGKI BAN BAN KALUDUHNA o ASOCIACION INDIGENA DEL SECTOR TUNGKI”, MATUNBAK, sin fines de lucro, de duración indefinida, con domicilio en el Municipio de Bonanza, Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.

Arto.2

La representación legal de esta Asociación será ejercida en la forma que determinen sus Estatutos.

Arto.3

La “ASOCIACION MAYAGNA TUNGKI BAN BAN KALUDUHNA o ASOCIACION INDIGENA DEL SECTOR TUNGKI”, MATUNBAK, estará obligada al cumplimiento de la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y demás Leyes de la República.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

47 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.2

La representación legal de esta Asociación será ejercida en la forma que determinen sus Estatutos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

51 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.3

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 3.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

49 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 3.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.4

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 4.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

48 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 4, y de esta manera queda aprobado el Decreto y las Personerías Jurídicas leídas por el señor Secretario.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

De acuerdo a la Agenda aprobada con los jefes de bancadas y la Junta Directiva, remitimos a los honorables Diputados y Diputadas al Adendum N° 1, punto 2.23.

Punto 2.23: DICTAMEN DE LA LEY DE AMPLIACION DEL PLAZO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN LA LEY DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEY COMPLEMENTARIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO.

DICTAMEN

Managua, 19 de Junio del 2003.

Doctor

MIGUEL LOPEZ BALDIZON

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Doctor López:

La Comisión de Justicia ha estudiado con detenimiento el

Proyecto de Ley de Ampliación del Plazo de Vigencia establecido en la Ley de Restablecimiento de la Ley Complementaria de Partida de Nacimiento,

que le fuera remitido para su debido dictamen.

La Comisión procedió a efectuar correcciones al Proyecto de Ley. El título de la Ley fue corregido, ya que se amplía un plazo cuando éste no se ha vencido; una vez vencido el plazo de vigencia de una Ley, lo que cabe es restablecer su vigencia, pero de la Ley original y no de la última Ley de restablecimiento, ya que el procedimiento que se trata de preservar es el de la Ley original.

En consecuencia, también se corrigió el Arto. 1, modificándolo en el sentido de precisar cuál era la Ley que se estaba restableciendo, el plazo de vigencia y los datos de aprobación y publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

La Comisión considera que esta Ley es de suma importancia en la inscripción de las personas nacidas en el territorio nacional, por el procedimiento expedito que ofrece, el cual facilita el proceso de reposición de la Partida de Nacimiento en aquellas personas que no lograron inscribir su nacimiento en el respectivo registro del Estado Civil.

Tomando en cuenta que este Proyecto de Ley es necesario, está bien fundamentado y no se opone a la Constitución Política, leyes constitucionales ni a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua, la Comisión de Justicia dictamina favorablemente el

Proyecto de Ley de Restablecimiento del Plazo de Vigencia de la Ley Complementaria de Reposición de Partida de Nacimiento

y solicita al Plenario su aprobación. Adjuntamos el texto de la Ley dictaminada.

COMISION DE JUSTICIA

ORLANDO TARDENCILLA EDWIN CASTRO RIVERA

PRESIDENTE PRIMER VICEPRESIDENTE

MIRNA ROSALES AGUILAR NOEL PEREIRA MAJANO

MIEMBRO MIEMBRO

LUIS BENAVIDES ROMERO EDGARD NAVAS NAVAS

MIEMBRO MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Se abre la discusión.

A votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

53 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades

HA DICTADO

La siguiente

LEY DE RESTABLECIMIENTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY COMPLEMENTARIA DE REPOSICION DE PARTIDA DE NACIMIENTO

Arto.1

Se restablece el plazo de vigencia de la Ley Complementaria de Reposición de Partida de Nacimiento, Ley N° 10 del 24 de Septiembre de 1985, publicado en La Gaceta N° 200 del 18 de Octubre de 1985, hasta el 31 de Diciembre del año 2006.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 1.

Se abre la discusión.

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

58 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.2

En consecuencia, las personas que no se encuentren inscritas en el respectivo Registro del Estado Civil de las Personas, podrán reponer sus Partidas de Nacimiento de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Complementaria de Reposición de Partidas de Nacimiento. Concluido el plazo de vigencia establecido en el artículo anterior, la reposición de Partidas de Nacimiento se tramitará de acuerdo a las disposiciones del Código Civil.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 2.

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

59 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.3

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 3.

A votación el artículo 3.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

60 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 3. Aprobada la ley.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

En el mismo Adendum 1, el Punto 2.16: PROYECTO DE LEY DE REFORMA AL ESTATUTO GENERAL Y DECRETO DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA NACIONAL.

DICTAMEN

Managua, 25 de Junio de 2002

Doctor

ARNOLDO ALEMAN LACAYO

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Señor Presidente:

La Comisión de Justicia ha estudiado con detenimiento el

Proyecto de Ley de Reforma al Estatuto General y Decreto de Reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional

que le fuera remitido para su debido Dictamen.

El propósito de estos Proyectos de Ley es otorgarle carácter permanente a la Comisión Especial de Asuntos Interparlamentarios y establecerle sus competencias. Actualmente esta Comisión tiene carácter especial, creada en el año 2000 por Resolución de la Asamblea Nacional No.003-2000. Al analizar las competencias de esta Comisión, varios Diputados coincidieron en que una de ellas estaba prevista en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, como competencia de la Comisión del Exterior; por lo que la Comisión de Justicia resolvió evitar al Presidente de la Comisión del Exterior y al Presidente de la Comisión Especial de Asuntos Interparlamentarios para escucharlos sobre esta aparente competencia compartida.

En efecto, en dicha comparecencia el Diputado Alfonso Ortega Urbina, Presidente de la Comisión del Exterior, explicó que no habría ningún roce de competencias, porque cuando se le otorgó a la Comisión de Exterior las relaciones con otros Parlamentos no existía ninguna Comisión que se encargara de esta actividades de relaciones parlamentarias ni de darle seguimiento a sus Resoluciones o Acuerdos; asimismo manifestó que debido a la importancia de este tipo de actividades amerita que a esta Comisión Interparlamentaria que se le dio rango Temporal pase a ser una Comisión Permanente.

Por su parte del Diputado Nelson Artola Escobar, expresó que ratificaba lo dicho por el Diputado Ortega Urbina y que la Comisión Interparlamentaria tendría una agenda muy importancia de cara a las relaciones con la Unión Interparlamentaria Mundial, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Europeo y el Parlamento Centroamericano, con los cuales se puede ampliar el intercambio de experiencias técnicas, de financiamiento y apoyo material para la modernización integral del Parlamento.

Al darle carácter permanente a la Comisión se está fortaleciendo institucionalmente la participación activa de la Asamblea Nacional, los Foros Internacionales que contribuyen al fortalecimiento de la Asamblea Nacional de Nicaragua:

La Comisión recomienda la derogación del numeral 3) del Artículo 58 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, y lo incorpora en el texto del Dictamen, toda vez que al otorgarle a la Comisión Interparlamentaria las competencias establecidas en dicho Artículo y numeral, no tiene razón de ser, de que continúe como competencia de la Comisión del Exterior.

Tomando en cuenta que ambos Proyectos de Ley son necesarios, que están bien fundamentados, que no contradicen o alteran la Constitución Política, Leyes Constitucionales, ni los Tratados Internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua,

la Comisión de Justicia Dictamina Favorablemente el Proyecto de Ley de Reforma al Estatuto General y Decreto de Reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional

y solicita al Plenario su aprobación.

Adjuntamos los textos del articulado de ambos Proyectos con la modificación incorporada.

COMISION DE JUSTICIA

NOEL PEREIRA MAJANO

NATHAN SEVILLA GOMEZ

WALMARO GUTIERREZ MERCADO

LUIS BENAVIDES ROMERO

MIRIAM FONSECA LOPEZ

LEONIDAS CENTENO RIVERA

MIRNA ROSALES AGUILAR

EDGARD NAVAS NAVAS

DONALD LACAYO NUÑEZ

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Tiene la palabra el honorable Diputado Nelson Artola Escobar.

DIPUTADO NELSON ARTOLA ESCOBAR:

señor Presidente: yo quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Justicia, que muy atentamente preparó este Dictamen. Era inconcebible por supuesto, tener una Comisión de esta naturaleza, -la Comisión de Asuntos Interparlamentarios- con un carácter especial. Por lo general, entendemos como Comisión Especial en la práctica cotidiana de nuestro Parlamento, a una Comisión que se crea para determinado tema específico y por un período totalmente transitorio en el tiempo.

Sin embargo, la Comisión Interparlamentaria ha demostrado que tiene por naturaleza un carácter permanente de trabajo y que vinculando el quehacer de nuestra Asamblea Legislativa, con el quehacer parlamentario del mundo y de manera muy particular de América Latina, no podíamos seguirnos dando el lujo de que una Comisión de tan gran magnitud en su agenda permanente de trabajo, estuviera año con año siendo sometida a su creación con un carácter estrictamente especial.

Los foros regionales interparlamentarios, como el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano, el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), que se acaba de recién formar y que tiene un gran futuro en el quehacer parlamentario, ya no digamos la UIP, justifican plenamente el porque de este Dictamen, el porque esta Asamblea se va a dignar el día de hoy en dejar ya el carácter permanente de esta Comisión Interparlamentaria.

Porque la Comisión Interparlamentaria, también está estrechamente vinculada a la modernidad de nuestro Poder Legislativo; toda la modernidad integral de nuestro Poder Legislativo tiene que ver también con la proyección al mundo del quehacer parlamentario nicaragüense. La ventana principal -y yo diría la puerta y el portón- por la cual va a proyectar su trabajo cotidiano y sus relaciones también interparlamentarias, en gran medida, sin quitarle misiones de representación oficial a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ni a la Comisión del Exterior, es la Comisión Interparlamentaria.

A buena hora pues, hermanos y hermanas Diputados, la aprobación del cambio de carácter de esta Comisión para que realmente tenga su trabajo permanente y una agenda estable para las buenas relaciones internacionales de este Primer Poder del Estado.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando José Tardencilla.

DIPUTADO ORLANDO JOSE TARDENCILLA:

Buenos días.

Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, quiero intervenir muy puntualmente para expresar mi total y pleno respaldo a este Dictamen que enriquece el trabajo y el funcionamiento de nuestras Comisiones, y como resultado de ello, de todo el Plenario y la Asamblea Nacional. Pero justamente, al estar de acuerdo en la incorporación como Comisión Permanente de esta Comisión y también de la Comisión Anticorrupción, convertida en Permanente, cambiándole el nombre, que está más adelante, me vuelve a asaltar a mí la inquietud que hemos planteado incluso desde el año pasado.

Si leemos el Estatuto, en la parte sustantiva de nuestro ordenamiento interno, sólo están enumeradas las Comisiones, y en el Reglamento está señalado su ámbito de trabajo, su funcionamiento. Ello supone -y reitero el llamado que hemos estado haciendo desde el año pasado-, que la Junta Directiva, en coordinación con los jefes de bancadas, formen a la mayor brevedad posible la Comisión Especial que debe trabajar en un nuevo ordenamiento interno global.

No podemos tener en el Reglamento aspectos sustantivos, como es el contenido de trabajo de las Comisiones, y tener en el Estatuto aspectos administrativos. Se impone necesariamente que modernicemos todo nuestro contenido, nuestra norma interna estatutaria y reglamentaria, porque es vital que los procesos de formación de la ley, pasando por el contenido de trabajo de las Comisiones, estén debidamente ordenados en estos dos cuerpos que regulan nuestra actuación.

Yo entiendo, señor Presidente, y colegas, que está trabajando la Comisión de Modernización de la Asamblea; pero nos corresponde a nosotros aprobar el ordenamiento interno que nos rige en nuestra actuación como parlamentarios. De esta manera, al respaldar plenamente este Dictamen y ponerme de acuerdo en los conceptos que virtió Nelson, sobre la necesidad de reconocer también el trabajo de la Comisión Interparlamentaria este año, repito, es importante empezar ya a trabajar en la nueva propuesta de Estatutos y Reglamentos que ordenen, que conviertan en coherente, que optimicen nuestro esfuerzo, para que el resultado de nuestro trabajo la población lo tenga más eficaz, más pronto y más correcto.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Nathán Sevilla.

DIPUTADO NATHAN SEVILLA:

Muchas gracias, señor Presidente.

Estoy totalmente de acuerdo con las apreciaciones hechas por los Diputados Nelson Artola y Orlando Tardencilla, que ambos respaldan el Dictamen para que se le dé carácter permanente a la Comisión Interparlamentaria, y con la observación correcta de que hay que ordenar el contenido de los Estatutos, que debe ser más sustantivo; y el contenido del Reglamento que debe ser más adjetivo o complementario del Estatuto, pero que aquí está un poco invertido.

Sin embargo, por ahora es importante que demos el paso de aprobar este carácter permanente de la Comisión Interparlamentaria, debido a las múltiples tareas que se han venido relacionando con esta Comisión y que la misma Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe tener en esta Comisión un apoyo, un auxiliar a su gestión internacional. Porque el Presidente de la Asamblea Nacional, en visitas que hace a otros países y a otros Parlamentos, suscribe convenios de cooperación, por ejemplo, y éstos deben tener un seguimiento aquí, que le corresponde a la Comisión Interparlamentaria, al establecer en el Reglamento por esta vez las atribuciones; una de ellas es ésa, darle seguimiento a todos los convenios de cooperación internacional.

Esta Comisión Interparlamentaria, además de fortalecer relaciones con otros Parlamentos, no lo hace sólo en el ámbito meramente amistoso y formal, sino también para contribuir a que la Asamblea Nacional de Nicaragua se aproveche de la experiencia parlamentaria de otros países, y para que también en conjunto con los otros Parlamentos de América Central, de América Latina, trabajemos cuestiones de interés común, como es por ejemplo la participación de los parlamentarios en los debates que se dan antes de la aprobación de los Tratados de Libre Comercio, que es un asunto en que estamos involucrados todos los nicaragüenses y los parlamentarios.

Aquí la Comisión de Asuntos Interparlamentarios, con cada uno de los miembros que la componen, tendrá que jugar un papel importante, porque es un trabajo que si lo vemos bien, necesita de una división del trabajo en equipo para que se le dé el mejor respaldo a la Junta Directiva.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Alfonso Ortega Urbina.

DIPUTADO ALFONSO ORTEGA URBINA:

Gracias, señor Presidente.

Para abundar y reforzar lo expresado por mis colegas sobre este tema, quisiera expresar que la razón que tuvo la Comisión del Exterior para apoyar que fuese permanente la Comisión Interparlamentaria, es por una razón muy esencial.

La Comisión de Relaciones Exteriores está sujeta a los asuntos que competen a los sujetos de derecho internacional, y los sujetos de derecho internacional son únicamente los estados representados por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las Asambleas, los otros Poderes del Estado, no son sujetos de derecho internacional, de manera que sus relaciones son relaciones de otro tipo, de otra categoría, diferentes a las que están encomendadas a la Comisión del Exterior. Esa fue la razón fundamental de porqué la Comisión del Exterior consideró muy apropiado que este tipo de relaciones de carácter más bien vocacional o administrativas, como son las que se refieren a conexiones de distintos Poderes del Estado, que no son sujetos de derecho internacional, pero que sí tienen otra gran importancia en el desarrollo de los respectivos países.

Esa es la pequeña explicación que quería hacer, señor Presidente, y creo que abunda en apoyo a lo que fue manifestado por los señores Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Wálmaro Gutiérrez.

DIPUTADO WALMARO GUTIERREZ MERCADO:

Al margen de apoyar la correcta iniciativa que se está aprobando aquí en esta Asamblea Nacional, es meritorio también aclarar que esta Comisión Interparlamentaria tiene un gran reto y es el reto de subsanar ese vacío que ha existido en la dinámica de comunicación para la realización de foros que se dan a nivel mundial, y de las cuales normalmente Nicaragua deja de asistir, ni siquiera por un problema de voluntad política, sino por una sencilla desinformación.

Yo creo que es muy importante que este tema se aborde con seriedad, y que esta Comisión Interparlamentaria asuma uno de los retos más importantes que a nivel institucional enfrentaría este Poder del Estado. Por otro lado, también es importante aclarar que uno de los retos que tiene la Comisión Especial de Modernización de la cual nuestro Presidente, el Ingeniero Jaime Cuadra, coincidentemente también la preside, es la elaboración de una propuesta de nuevo Estatuto y nuevo Reglamento de la Asamblea Nacional.

En esa Comisión Especial de Modernización existe representación de todas las bancadas legítimas y legalmente constituidas en este Poder del Estado. Hemos tenido la posibilidad y el beneficio con el PNUD de realizar una serie de actividades, y conseguir los recursos tanto materiales como técnicos para presentar una propuesta integral de modernización, de la cual uno de los componentes es la propuesta a este honorable Plenario, de un nuevo Estatuto y de un nuevo Reglamento para esta Asamblea Nacional.

Por lo tanto, el planteamiento legítimo que hace el Diputado Tardencilla, ya en efecto está siendo legítimamente avanzado por esta Comisión Especial de Modernización que preside el Presidente de esta Asamblea Nacional. Así que la modernización no es solamente poner estas computadoras en cada uno de los escaños, sino que nosotros miremos el proceso de modernización como un fenómeno integral que tiene como objetivo final, vincular al legislador y a este Poder del Estado, con los ciudadanos que nos sientan en estos escaños aquí en la Asamblea Nacional, y para eso es que estamos trabajando.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Bayardo Arce.

DIPUTADO BAYARDO ARCE:

Muchas gracias, Presidente.

Yo quería pronunciarme a favor de que aprobáramos esta reforma al Estatuto, pero quería hacer un par de reflexiones. En primer lugar, hay varios organismos parlamentarios de carácter internacional que al menos para mí, y yo creo que para la mayoría de los Diputados, parece que no existen, aunque funcionan muy sistemáticamente. Me refiero a la Unión Interparlamentaria Mundial que sesiona una o dos veces al año, el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), y yo creo que todos esos factores obedecen a la falta de una estructura responsable de mantener esas relaciones.

Por eso es que creo que la Comisión Interparlamentaria, al darle un estatus de Comisión Permanente y definirle entre otras funciones, la de desarrollar las relaciones con otros Parlamentos y con los organismos parlamentarios internacionales, es una medida correcta. Pero debe haber efectivamente de parte de esta Comisión Interparlamentaria y de parte de la Directiva, una mayor intercomunicación con la Asamblea. Por ejemplo, hasta donde yo sé, cada Asamblea o cada Parlamento en el mundo está obligado a nombrar un grupo parlamentario de la Unión Interparlamentaria Mundial, es un equipo de Diputados que se acredita como la representación del país en la Unión Interparlamentaria Mundial.

Yo no conozco cuál es el grupo nicaragüense de Diputados de la Unión Interparlamentaria Mundial, y pagamos una cuota anual por pertenecer a la Unión Interparlamentaria Mundial, y hay intercambios y eventos y aquí no se sabe nada; la Directiva no funciona, no informa, la Comisión Interparlamentaria ha estado ajena. Uno se da cuenta porque hasta que colegas de tu bancada te dicen, allá anda fulano en un viaje, allá anda mengano en otro. ¿Quién lo mandó?, ¿a qué fue?, ¿por qué fue? Aquí no se sabe nada de éso. Entonces, yo espero que la Comisión Interparlamentaria asuma una función beligerante ahora que estamos reformando el Estatuto.

La segunda reflexión está inscrita en lo que planteaba Wálmaro, porque ya éste es el segundo parche que le pegamos creo a los Estatutos en esta Legislatura, o el tercero o el cuarto. Y aquí hay una tal Comisión de Modernización de la Asamblea que la preside usted, Ingeniero Cuadra, que precisamente uno de los insumos es hacer un nuevo Estatuto, pues aquí hemos tenido conflictos ya entre bancadas, porque los jefes de bancadas se quejan de que no son tomados en cuenta, cosas que se han ido resolviendo puntualmente, pero que deberían estar en los Estatutos.

El orden precedente de programar las leyes en función de que van entrando del Ejecutivo o de los Diputados, la dinámica que tiene que haber aquí para evacuar una serie de leyes y que no se engaveten, todas esas cosas son las que tendríamos que resolver con la Comisión. Yo diría que incluso, el hecho de que esta Asamblea asuma una responsabilidad de divulgación de las leyes, ¿qué objeto tiene que nosotros aprobemos una ley si nadie la conoce? Debería de haber desde esta Asamblea, a través de Relaciones Públicas, a través de alguna instancia, un mecanismo por lo menos de invitar a los abogados que quieran venir, ya por último pues, que quieren venir a informarse de cómo se aprobó una ley.

Yo creo que incluso se podrían hacer vinculaciones con otros Poderes del Estado. Yo estaba hablando con Wálmaro de que aquí habría que revisar la Ley del Ejercicio de Profesionales de Abogados, porque un abogado que nunca va a un curso a saber de las nuevas leyes, que vive “engatuzando” a los clientes, que los hace perder los juicios porque no ha leído las nuevas leyes, hombré, no le deberían de renovar el Protocolo a los cinco años. Debería de haber una disposición de que los abogados tengan que ir a actualizarse, a como se obliga a los médicos a actualizarse, a como se obliga a cualquiera a actualizarse.

Pero bueno, en el caso de las leyes nosotros tenemos una responsabilidad, no sólo aprobarla sino divulgarla, y todas esas son cosas que deberían de estar en el Estatuto.

Al apoyar yo esta iniciativa, porque por lo menos hay que poner parches rápidos, quiero instar a la Comisión de Modernización a que pronto nos dé un nuevo Estatuto para realmente tener una dinámica que nos permita no estar poniendo todo este montón de parches que se van poniendo en la labor legislativa.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

76 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades

Ha Dictado
La siguiente

Ley de Reforma al Estatuto General de la Asamblea Nacional

Arto.1

Se adiciona al Título III, Capítulo IV, Arto. 37 de la Ley de No. 122, denominado “Estatuto General de la Asamblea Nacional” y publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 3 del 4 de Enero de 1991, un nuevo numeral el que se leerá así: 20.- Comisión de Asuntos Interparlamentarios.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 1.

Tiene la palabra el honorable Diputado Gabriel Rivera Zeledón.

DIPUTADO GABRIEL RIVERA ZELEDON:

Gracias, Presidente.

Yo creo que la adición que se establece en este artículo, no es al Título, ni al Capítulo, sino al artículo 37, porque se le está agregando un nuevo numeral, como bien está redactado en el otro proyecto de ley, donde se crea otra nueva Comisión. Aquí está totalmente errada la redacción. Sería adicionar al artículo 37 del Título III, Capítulo IV de la Ley No. 122, denominada Estatuto General y Garantías. Sólo es cambiarlo allí. Presento la moción.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Presente la moción.

El Secretario dará lectura a la moción presentada por el Diputado Gabriel Rivera.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Esta moción es una moción de corrección de estilo, con la cual el Presidente de la Comisión de Justicia está de acuerdo, fue presentada por el Diputado Gabriel Rivera. El artículo 1, se leerá de la siguiente forma: “Se adiciona al artículo 37 del Título III, Capítulo IV de la Ley No. 122, denominada Estatuto “General de la Asamblea Nacional”, y publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 3, del 4 de Enero de 1991. El resto del artículo queda igual. Unicamente es modificar la colocación del Título y del Capítulo, continuando con la presentación primera del articulado.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 1, con la moción presentada por el honorable Diputado Gabriel Rivera.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1, con la moción presentada por el Diputado Gabriel Rivera.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.2

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 2.

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2. Aprobada la Ley.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

en uso de sus facultades

ha dictado

el siguiente:

DECRETO DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

(Recordemos que la iniciativa lleva dos componentes, la reforma de la ley y la reforma del Decreto).

Arto.1

Se adiciona un nuevo artículo a continuación del artículo 73, Título V, Capítulo III del Decreto A.N. No. 412, el que se leerá así:

Arto.74 La Comisión de Asuntos Interparlamentarios tendrá las siguientes atribuciones:

1. Coadyuvar y fortalecer las relaciones interparlamentarias de la Asamblea Nacional.

2. Ejecutar proyectos de colaboración orientados a estrechar las relaciones con otros Parlamentos y Organismos Legislativos Regionales e Internacionales.

3. Promover e impulsar iniciativas de Ley y convenios vinculados al quehacer interparlamentario.

4. Representar a la Asamblea Nacional en

eventos o foros interparlamentarios.

5. Promover y dar seguimiento a los acuerdos adquiridos por la Asamblea Nacional con los distintos Parlamentos.

6. Informar periódicamente a los Diputados de la Asamblea Nacional, de todo lo relacionado al quehacer interparlamentario.

7. Contribuir a la modernización y desarrollo integral del Poder Legislativo, aprovechando la experiencia de otros Parlamentos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 1.

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea Avilés.

DIPUTADO CARLOS GADEA AVILES:

Gracias, señor Presidente.

Una observación en el artículo 1, que si tienen el Estatuto a mano, desde el artículo 56 se viene mencionando en cada artículo una Comisión, hasta llegar al artículo 71, con la Comisión de la Mujer. En todo caso se adiciona un nuevo artículo a continuación del artículo 71, para luego hacer el artículo 72, y dejar el 72 que está allá, como dicen los conflictos de competencia que queden después de mencionar todas las Comisiones, para que la Comisión Interparlamentaria quede de último de la Comisión de la Mujer.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a la moción presentada por el Diputado Gadea Avilés.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Esta moción es para modificar el orden numérico en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Dice así: “En el artículo 1, en vez de decir artículo 73, deberá decir artículo 71, de acuerdo al orden actual que está en el texto del Reglamento”.

“Cambiar artículo 74, por artículo 72”. Se leería de la siguiente forma:

“Artículo 1. Se adiciona un nuevo artículo a continuación del artículo 71, Título V, Capítulo III del Decreto A.N. No. 412, el que se leerá así: Arto. 72”, y los numerales subsiguientes que contemplan las atribuciones de la Comisión Interparlamentaria.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Gabriel Rivera.

DIPUTADO GABRIEL RIVERA:

Gracias, Presidente.

Yo considero que también aquí en este artículo 1, hay una redacción que no está correcta, porque dice: “Se adiciona un nuevo artículo”. Y no es que se está adicionando, se está creando un nuevo artículo. Por lo tanto, yo creo que lo correcto es adicionar el Título V, Capítulo III del Decreto 412, creando un nuevo artículo. Porque al adicionar se entendería que se le está agregando algo a ese artículo, y ese artículo que se está adicionando no existe; el que se está creando es el artículo nuevo. Entonces se está adicionando al Título V, Capítulo III, porque le estamos agregando un nuevo artículo.

Voy a presentar moción en el mismo sentido, de que lo que se adiciona no es un artículo, sino que es el Título y el Capítulo, porque estamos creando un nuevo artículo a ese Título y Capítulo.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Nathán Sevilla.

DIPUTADO NATHAN SEVILLA:

Gracias, Presidente.

La propuesta del Diputado Gabriel, yo creo que se podría poner allí. En vez de “Se adiciona, se agrega un nuevo artículo, y con eso yo creo que quedaría resuelto. En vez de “Se adiciona”, ponerle: “Se agrega un nuevo artículo”. Voy a verlo con él, para que pasemos esa moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a la moción presentada de consenso el por Diputado Gabriel Rivera y el Diputado Nathán Sevilla.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Con las dos mociones presentadas por los honorables Diputados Carlos Gadea, Nathán Sevilla y Gabriel Rivera, quedaría el texto de ese artículo de la siguiente forma: “Se agrega un nuevo artículo a continuación del artículo 71, Título V, Capítulo III del Decreto A.N. No. 412, el que se leerá así: Artículo 72, y subsiguientemente las funciones o atribuciones asignadas”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 1, con las mociones presentadas ante los honorables Diputados, que acaban de ser leídas por el Secretario.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

70 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1, con sus respectivas mociones.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.2

A partir del artículo anterior, las demás disposiciones del Reglamento Interno variarán su orden numérico correlativo y sucesivo.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 2.

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Quiero presentar una moción que ya he consensuado con el Presidente de la Comisión de Justicia y de Asuntos Interparlamentarios, y es la incorporación de un artículo nuevo, transitorio. Ustedes conocen que el artículo 48 del Reglamento, contempla el número de Comisiones Permanentes a las cuales podemos pertenecer los Diputados. Dice así:

“Hasta la aprobación de la reforma estatutaria y/o reglamentaria, a los miembros actuales de esta Comisión, no se les aplicará lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional”.

Esto es para poder permitirnos a los miembros de esta Comisión, hasta tanto se haga esta reforma, poder permanecer en la Comisión de Asuntos Parlamentarios y posteriormente ya cumplir con lo que establece este artículo 48, que sería una disposición transitoria.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

La votación es sobre el artículo 2, ya que el artículo nuevo será leído posteriormente.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

61 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.3

Derógase el numeral 3) del Arto. 58 del Decreto A.N. No. 412 Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 3.

A votación el artículo 3.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

68 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 3.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON

Votaríamos entonces el artículo 4, transitorio, que diría de la siguiente forma:

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el nuevo artículo, que sería el artículo 4.

Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando José Tardencilla.

A votación el artículo 4.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

67 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo nuevo, que sería el número 4.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.5

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 5.

A votación el artículo 5.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 5, y aprobado el Decreto de Reforma al Reglamento Interno.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Continuamos en el mismo Adendum No. 1, numeral 2.18 PROYECTO DE LEY DE REFORMAS AL ESTATUTO GENERAL Y AL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

DICTAMEN

Managua, 5 de Febrero de 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Señor Presidente:

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, ha estudiado con detenimiento el

Proyecto de Ley de Reforma al Estatuto General y al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional

que le fuera remitido por la Secretaría de la Asamblea Nacional a esta Comisión para su debido Dictamen el día nueve de Mayo del corriente año.

La Comisión ha alcanzado consenso sobre el carácter permanente que una Comisión como la Anticorrupción debe tener, ya que ejercer el control parlamentario sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos de la administración de los bienes del Estado, no puede tener carácter coyuntural, sino permanente.

Por otra parte, el nombre actual de la Comisión puede crear roces o confusiones con los funcionarios públicos, ya que se puede creer que por el hecho de que la Comisión solicite un informe o se le llame a comparecer, es porque existen presunciones de que es corrupto.

Por tal razón, la Comisión considera que el nombre de Comisión de Probidad y Transparencia es más amplio, no induce a errores ni confusiones y está en armonía con las funciones que se le otorgan, las cuales son más amplias que las que actualmente ejerce la Comisión Anticorrupción.

La Comisión efectuó algunas modificaciones en la forma para mejorar la redacción del proyecto, sin afectar el fondo, con el cual está absolutamente de acuerdo.

La Comisión considera que este Proyecto de Ley es necesario, que está bien fundamentado, que no se opone a lo dispuesto por la Constitución Política, Leyes Constitucionales, ni a los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Nicaragüense.

Por tales razones, la Comisión de Justicia dictamina favorablemente el Proyecto de Ley de Reformas al Estatuto General y al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

COMISION DE JUSTICIA

ORLANDO TARDENCILLA EDWIN CASTRO RIVERA

PRESIDENTE PRIMER VICEPRESIDENTE

WALMARO GUTIERREZ M. NATHAN SEVILLA GOMEZ

SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRIMER SECRETARIO

MIRNA ROSALES AGUILAR NOEL PEREIRA MAJANO

MIEMBRO MIEMBRO

EDGARD NAVAS NAVAS
MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

A votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE REFORMAS AL ESTATUTO GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Arto.1

Se adiciona al arto. 37 del Título III, Capítulo IV de la Ley No. 122 “Estatuto General de la Asamblea Nacional”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 3 del 4 de Enero de 1991, un nuevo numeral que se leerá así: 19. Comisión de Probidad y Transparencia.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 1.

Se abre la discusión.

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Arto.2

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 2.

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

61 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2, y aprobada la Ley de Reforma al Estatuto General de la Asamblea Nacional.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Decreto A.N. No.-----_______

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades

Ha Dictado

El Siguiente:

DECRETO DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Arto.1

Se adiciona al Título V, Capítulo III del Decreto A.N. No. 412, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 122 del 3 de Julio de 1991, un nuevo artículo, el No. 73, que se leerá así:

Arto. 73 La Comisión de Probidad y Transparencia, tendrá las siguientes atribuciones:

1).- Conocer e investigar los actos en perjuicio del Patrimonio del Estado efectuados por servidores públicos o particulares que se coludan con aquellos y cualquier contravención a la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.

2) Dictaminar individual o en conjunto con otra Comisión proyectos de Ley relacionados al seguimiento, control, fiscalización, prevención y sanción en el uso de los bienes del Estado.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 1.

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Arto. 2

A partir del actual Arto. 73 del Reglamento Interno, las demás disposiciones de éste variarán su numeración en orden correlativo y sucesivo.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 2.

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Arto. 3

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 3.

Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando José Tardencilla.

DIPUTADO ORLANDO JOSE TARDENCILLA:

Muchas gracias, señor Presidente.

Como estamos incorporando una Comisión Especial a ser Permanente en la disposición transitoria que ya aprobamos anteriormente, quería proponer este artículo que diga:

"Artículo 3. Disposición Transitoria. A los miembros de esta Comisión, no se les aplicará lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento, hasta la aprobación del nuevo Estatuto y Reglamento de la Asamblea Nacional".

Y con ello salvamos un poco el espacio para no estar haciendo ingenierías ahí en Comisiones.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 3.

Tiene la palabra la honorable Diputada María Eugenia Sequeira.

DIPUTADA MARIA EUGENIA SEQUEIRA:

Gracias, Presidente.

No sé, pero me parece que más bien estamos haciendo más alborotos en los Estatutos; no sé si es para acomodación de los miembros, ya que tal vez no tienen el suficiente tiempo para asistir a estas Comisiones. Lo que sería bueno es que ellos con toda la confianza digan si realmente van a poder asumir sus responsabilidades, ahora que son Comisiones Permanentes. Es mi opinión, pero no estemos adaptando los Estatutos y amoldando a la conveniencia de la disponibilidad de tiempo de cada persona. Lastimosamente se me pasó esta observación en el artículo aprobado anteriormente, pero yo creo que no debemos seguir jugando con los Estatutos y Reglamentos de nuestra Asamblea.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura al nuevo artículo.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Se adiciona un nuevo artículo 3. "Disposición Transitoria. A los miembros de esta Comisión, no se les aplicará lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, hasta la aprobación del nuevo Estatuto y Reglamento de la Asamblea Nacional".

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el nuevo artículo, con la moción presentada.

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

Lo que quisiéramos es una explicación sobre qué sentido tiene que estén exentos del artículo 48. Yo creo que no hay necesidad de dejar ese transitorio ahí, o nos dan una explicación.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando José Tardencilla.

DIPUTADO ORLANDO JOSE TARDENCILLA:

Muchas gracias.

Es que tal vez la Diputada María Eugenia no nos entendió, porque resulta, Diputados, que el Reglamento prohíbe que un mismo Diputado esté en más de dos Comisiones Permanentes, ¿okey? Si es el caso exactamente, de que alguno de nosotros es parte de estas Comisiones Especiales que se transforman en permanentes y ya estamos en dos, el Estatuto nos bloquearía el ingreso a esta tercera Comisión. Por ello es esta disposición transitoria, hasta tanto no concluya la legislatura.

Es por eso, para evitar incluso lo contrario de lo que usted señala muy adecuadamente, y es estar afectando el tiempo de Diputados que potencialmente no pudieran tener. El espíritu es mantener estabilidad en las Comisiones para preparar condiciones para la nueva estructura del próximo período.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

Es que si ésa es la razón, dice el artículo 48: "Los Representantes podrán formar parte de hasta dos Comisiones Permanentes". Entonces no es posible que se haga una reforma, aunque sea transitoria, para no cumplir con el artículo 48 del Estatuto; no le hayamos sentido. Es mejor, si el artículo 48 prohíbe estar en más de dos Comisiones, que si alguien va a formar parte de esa Comisión, que se pase por ejemplo de la Comisión de Justicia a la de Derechos Humanos, y se pase ahí para cumplir con el 48 y no alterarlo, es mejor. No tiene sentido, faltan siete Sesiones únicamente, y no tiene sentido tener que violar el artículo 48 o no cumplirlo.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Lilliam Morales.

DIPUTADA LILLIAM MORALES:

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Es en torno al debate que se ha abierto. Yo quiero manifestar, dada la situación que se ha dado en la Asamblea Nacional, que cuando un Diputado está en más de dos Comisiones, nunca se puede instalar el quórum en el resto de las Comisiones. Y tenemos serios problemas para poder instalar el quórum en las Comisiones porque el tiempo del legislador no lo permite por la agenda que está cubriendo hoy en día; el legislador no puede darle cobertura a los compromisos que tiene con las diferentes Comisiones, y muchos Diputados venimos a las Comisiones y nos vemos en la penosa situación de retirarnos, porque simple y sencillamente no podemos agarrar quórum en dos y tres convocatorias.

Así es que yo argumento que lo que se está planteando aquí es totalmente fuera de la realidad que estamos viviendo en el Parlamento.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Es solamente que me están comunicando que en el anterior también hubo un transitorio, y desgraciadamente me levanté, pero yo creo que no debería de ser así. Si ya se hizo en la primera reforma que ya no se haga en ésta; el que va a formar parte de ésta, pues que renuncie a la otra Comisión, porque estaríamos haciendo un relajo del Estatuto.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada María Eugenia Sequeira.

DIPUTADA MARIA EUGENIA SEQUEIRA:

Presidente: Yo creo que no deberíamos de seguir alterando esto, inclusive fíjese que hay Diputados, por lo menos de la Bancada Liberal, que sólo están en una Comisión. Carlos Noguera creo que sólo está en una Comisión. O sea que sí hay recurso humano nuestro, y podemos preferiblemente darle actividad a nuestros parlamentarios, en vez de estar trastocando nuestro Reglamento. Esa es mi opinión, no sé, que la valore el Plenario.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado René Núñez.

DIPUTADO RENE NUÑEZ:

Yo creo que nos estamos enredando porque queremos. Ahorita no estamos ni cambiando miembros de Comisión, ni creando nuevas Comisiones, ni nada, lo que está, ya está. Lo que estamos haciendo únicamente es cambiando el nombre de Comisión Anti-corrupción a "de Transparencia", y estamos cambiando de Comisión Especial a esa Comisión, a Permanente. Entonces, ¿cuál es el trabón legal que nos encontramos? Que según el Estatuto, no pueden estar los Diputados que ya están ahí, en tres Comisiones Permanentes; podrían estar en dos Permanentes y en una Especial, o en dos Especiales, pero no en tres Permanentes.

Entonces, para continuar el trabajo normal de la Comisión que ya está formada, se está haciendo un transitorio que permita éso, porque va a ser ésta ya Comisión Permanente, no Especial. Ese es todo el asunto.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Noel Pereira Majano.

DIPUTADO NOEL PEREIRA MAJANO:

Gracias, benemérito Presidente.

En nombre de la Comisión Anticorrupción establezco, porque me lo han pedido, que es bueno que se apruebe ese transitorio, para no desmontar todo lo que está hecho, porque ya va a terminar el período y después se van a hacer las valoraciones, y a las personas que se les proponga permanecer como parte de una Comisión, van a decir, la dejo o la tomo. Pero actualmente sería un desbarajuste.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

Es que le quiero aclarar al señor Núñez, que no solamente se está cambiando de nombre ni se está pasando de Especial a Permanente, no sólo eso se está haciendo; se está alterando el artículo 48, se está inhibiendo el artículo 48, se está permitiendo que hayan tres Comisiones. Entonces nos estamos enredando, no es tan fácil decir sólo le voy a cambiar el nombre. ¿Y por qué no ponemos que entra en vigencia a partir del próximo período o a partir del próximo año, para dejar a como están las cosas? Si sólo le estamos cambiando el nombre de Anticorrupción a Comisión de Probidad y Transparencia, que sea a partir del próximo año.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Vamos a someter a votación el artículo nuevo. Los que estén a favor del artículo nuevo, voten verde; y los que estén en contra, voten rojo.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

43 votos a favor del nuevo artículo, y 25 en contra del nuevo artículo. Se aprueba el nuevo artículo tal y como fue presentado.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.4

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 4.

A votación el artículo 4.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

64 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, Aprobado el artículo 4. Aprobado el Decreto.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Continuamos en el mismo Adendum N° 1, Punto 2.19: PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA LEY N° 212 “LEY DE LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”.

Managua, 5 de Marzo de 2003.

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

La Comisión de Justicia ha estudiado con detenimiento el Proyecto de Ley de Reforma a la Ley No. 212, "Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos", que le fuere remitido para su debido dictamen.

La Comisión considera necesario la existencia de una Procuraduría Especial de Cárceles para atender a la población penal nicaragüense que se encuentra guardando prisión en condiciones materiales de internamiento, salud, alimentación y relaciones humanas muy precaria.

Es en las cárceles donde se necesita con más apremio el control de una Procuraduría Especial que vele por los derechos humanos de los reos.

La Comisión considera que las funciones del Procurador Especial de Cárceles no interfiere con las del Juez de ejecución creado por el Código Procesal Penal, ya que este tipo de funcionarios sólo van a ser nombrados en los juicios que se sigan conforme el nuevo proceso penal; esto significa que los que ya están sentenciados conforme el Código de Instrucción Criminal, no van a gozar de la presencia y control de un juez de ejecución.

La Comisión suprimió lo relativo a las funciones del Procurador Especial de Cárceles, porque el Arto. 2 de la Ley 212 al establecer el objeto de la Ley, la circunscribe a regular las funciones, carácter, objetivos, ámbito de competencia y atribuciones del Procurador y Sub-Procurador de los Derechos Humanos y en consecuencia no puede ir contra el objeto de la Ley.

Por otra parte, es innecesario establecer atribuciones porque éstas corresponden al Procurador, quien las delega al Procurador Especial, y en el Arto. 18 de la Ley, se encuentran suficientes atribuciones para vigilar y controlar el cumplimiento de los Derechos Humanos para los reos de las cárceles.

Por las razones expresadas, y tomando en cuenta que el presente proyecto está bien fundamentado y no contradice ni altera la Constitución Política, Leyes Constitucionales y Tratados Internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua, la Comisión de Justicia Dictamina Favorablemente la Ley de Reforma a la Ley No. 212, "Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos", y solicita al Plenario su aprobación. Adjuntamos el texto del Proyecto con las modificaciones efectuadas.

COMISION DE JUSTICIA

EDWIN CASTRO RIVERA NATHAN SEVILLA GOMEZ

PRIMER VICEPRESIDENTE PRIMER SECRETARIO

DELIA ARELLANO SANDOVAL MIRNA ROSALES AGUILAR

MIEMBRO MIEMBRO

NOEL PEREIRA MAJANO LUIS BENAVIDES ROMERO

MIEMBRO MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

A votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE REFORMA A LA LEY N° 212, “LEY DE LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS"

Arto.1

Se reforma el artículo 18, inciso 11 y 17 de la ley, los cuales se leerán así:

“Arto. 18, inciso 11: Vigilar a través del Procurador Especial de Cárceles la situación de las personas privadas de libertad en la Policía Nacional y en el Sistema Penitenciario Nacional”.

Arto. 18, inciso 17: Nombrar al Procurador de la Niñez y la Adolescencia; a la Procuraduría de la Mujer; Procurador de los pueblos indígenas y comunidades étnicas; Procurador de Cárceles en Nicaragua, y otros Procuradores Especiales que estime pertinente, implementando métodos participativos para la postulación de candidaturas”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 1.

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

75 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.2

Se reforma el artículo 23, el que se leerá así:

“El Sub-Procurador cumplirá las funciones que le indique el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y las que se determinen en las normativas internas de la institución.

Los Procuradores Especiales de la Niñez y Adolescencia, de la Mujer, de los Pueblos Indígenas y de las Comunidades Etnicas, Procurador de Cárceles y demás Procuradores Especiales que sean nombrados, tendrán competencia para conocer en todo el territorio nacional, sobre casos referidos a la materia o ámbito asignado por el Procurador a quien estarán directamente subordinados.

Los Procuradores Especiales cesarán automáticamente en sus cargos al momento de tomar posesión un nuevo Procurador para la defensa de los Derechos Humanos elegido por la Asamblea Nacional”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 2.

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

Estamos de acuerdo con crear una Procuraduría Especial de Cárceles, pero es para que tomemos en cuenta al momento del Presupuesto, ampliarle el presupuesto a la Procuraduría, porque cuando este Procurador tenga que desplazarse a las diferentes cárceles de Nicaragua, en Municipios lejanos de Managua, como Jalapa o la Costa Atlántica, donde sea, él va a necesitar de recursos para ir a supervisar esas cárceles. Eso hay que tomarlo en cuenta.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el articulo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

67 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.3

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial de la República, sin perjuicio de su posterior publicación en cualquier medio de comunicación social.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 3.

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA.

Gracias, señor Presidente.

Como soy nuevo en esto, yo quería preguntar si aquí se puede establecer la ampliación del presupuesto de la Procuraduría o lo dejamos para su oportunidad.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 3.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

68 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 3, y aprobada la ley.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Continuamos en el mismo Adendum N° 1, Punto 2.21: PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA LEY 443, “LEY DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS GEOTERMICOS”.

Managua, 20 de Mayo de 2003.

DICTAMEN

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente de la Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Señor Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, nos reunimos para dictaminar el

Proyecto de Ley de Reforma a la Ley 443, "Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos,

publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 222 el 21 de Noviembre del 2002.

La iniciativa de Reforma fue presentada en su oportunidad por la Diputada Emilia Tórres, respaldando una propuesta de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), con quienes la Comisión sostuvo una reunión de trabajo para conocer con mayores detalles los objetivos del Proyecto de Reforma.

En sus argumentos los proyectistas explicaron a la Comisión, la necesidad de ser respetuoso con la autonomía municipal y el proceso de descentralización que se viene impulsando desde hace varios años en el país, que permita a los Gobiernos Municipales ejercer una verdadera gestión municipal en sus territorios, tomando en cuenta que la autonomía es el "derecho y la capacidad de las municipalidades para regular y administrar bajo su propia responsabilidad y en provecho de sus pobladores, los asuntos públicos que la Constitución y las leyes le señalen".

Con respecto al Proyecto de Reforma, la Comisión conoció que esta iniciativa surge ante una situación concreta en el Municipio de la Paz Centro, quien percibe por pagos de tributos municipales desde hace cuatro años por la explotación de sus recursos geotérmicos más del 50 por ciento del total de sus ingresos, por lo que restringirle esta facultad (como está en la Ley actualmente), se estaría causando un daño sensible a la gestión de este Municipio y a los que en el futuro se vean involucrados en esta actividad.

Otro aspecto a considerar es que la capacidad de actuar de las municipalidades estará en dependencia de los ingresos que logran obtener, ya sea mediante transferencias del Gobierno o los propios que recaudan en su circunscripción territorial, lo que de no cumplirse estaría en contradicción con la Ley de Municipios, principalmente, con el principio de suficiencia financiera que señala que "el Estado da vida jurídica a los Municipios y le señala competencias propias que debe cumplir satisfactoriamente, ya sea con ingresos provenientes de sus propios tributos o transferencias del Presupuesto General de la República".

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

Es criterio de la Comisión, que el espíritu del legislador al aprobar la Ley 443 fue el de, además de establecer las regulaciones para la explotación racional y sostenible del recurso geotérmico, otorgar las facilidades necesarias a la inversión nacional y extranjera, respetando las facultades que por ley de la materia se le han otorgado a los Gobiernos Municipales; por lo que en el caso de este Proyecto de Reforma, la Comisión considera que es de justicia que las municipalidades deben, al menos, mantener el cobro de los tributos que tradicionalmente han venido realizando en materia de Impuesto sobre Ventas, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto de Rodamiento y las Tasas por Servicios, entre otros, que guarden armonía y coherencia con los Planes de Arbitrios y la ley de la materia, sin afectar la autonomía financiera que naturalmente incide en la autonomía administrativa y la autonomía política de cada Municipio.

Se considera además, que efectivamente en la Ley se debe aclarar que las empresas dedicadas a esta actividad no deben estar exoneradas de manera indefinida del pago de sus obligaciones, por lo que es oportuno aprovechar esta iniciativa de Reformas para establecer plazos prudenciales, para que las mismas cumplan con el pago de los impuestos correspondientes y así el Estado no quede en total indefensión ante el aprovechamiento o explotación de sus recursos naturales.

La Comisión está consciente que la difícil situación económica que atraviesa el país ha tenido su impacto en las finanzas de los Municipios, por lo que al dejar aclarado por medio de esta Reforma las facultades de los Municipios en cuanto al cobro de sus atributos, se está apoyando el proceso de descentralización de los mismos. Sin embargo, hay que señalar que la falta de un Código Tributario Municipal y una coherencia Política Fiscal que armonice la Hacienda Pública con los diferentes niveles de la Administración Pública inciden en gran medida con el desarrollo de este proceso, aspecto que deberá ser tomado en consideración al momento de legislar en esta materia.

DICTAMEN DE LA COMISION

Por tanto lo señalado anteriormente, y considerando que esta Iniciativa de Reforma a la Ley Número 443 es necesario y no se opone a la Constitución Política, ni demás leyes de la República, ni a los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua; con base a lo establecido en el Estatuto General y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

DICTAMINA FAVORABLEMENTE el PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA LEY No. 443, LEY DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS GEOTERMICOS,

publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 222, el 21 de Noviembre del 2002, recomendando al Plenario su aprobación en lo general y en lo particular.

Atentamente,

COMISION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

JAIME MORALES CARAZO

OCTAVIO ALVAREZ MORENO

ANA ESPERANZA LAZO

PORFIRIO CASTRO ARAUZ

JOSE A. MARTINEZ N.

EVELIO OBANDO GARCIA

MARCOS AURELIO SANCHEZ

RAMON E. GONZALEZ MIRANDA

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Tiene la palabra la honorable Diputada Emilia Tórrez.

DIPUTADA EMILIA TORREZ:

Gracias, señor Presidente.

Efectivamente como se plantea en la Exposición de Motivos y recoge el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, la voluntad nuestra al aprobar la Ley de Recursos Geotérmicos, fue establecer las regulaciones para la explotación racional y al mismo tiempo incentivar la inversión nacional. Sin embargo, por un descuido involuntario nuestro, se nos había escapado que existen Municipios cuya práctica y experiencia de relaciones con proyectos geotérmicos se remontaba a hace varios años, en este caso específico la Paz Centro, en el Departamento de León, que habían venido siendo beneficiados con el pago de los Tributos municipales de parte de la empresa local, y que en la elaboración de la ley quedó un poco confusa la continuidad de esta responsabilidad.

De manera que la iniciativa de reforma, únicamente recoge la idea o el objetivo de dejar claro que las empresas que ya existían y que estaban pagando cumplidamente sus impuestos, no se acogían al espíritu planteado anteriormente. Quiero agradecer a los compañeros miembros de la Comisión de Medio Ambiente, especialmente a su Presidente, la voluntad y la disposición con la que atendieron la solicitud de reforma a la iniciativa de ley, aprobándola y presentándonos a nosotros un Dictamen favorable.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Octavio Alvarez.

DIPUTADO OCTAVIO ALVAREZ:

Gracias, señor Presidente.

Nosotros los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, valorando la situación económica, principalmente de los Gobiernos Municipales, y en el caso específico donde funciona ya la explotación de energía, consideramos que ésta era la fuente de mayor ingreso que tenían los Gobiernos Municipales. Y tratando de corregir un error que habíamos cometido dentro de la Comisión, consideramos a bien retomar el planteamiento que nos hiciera la Diputada Emilia Tórrez, como también los Alcaldes de los Gobiernos Municipales donde funcionan, para posteriormente considerarlo y hacer el planteamiento que hoy hicimos dentro de este Dictamen.

Realmente es una voluntad nuestra fortalecer los Gobiernos Municipales, y de esta forma ir haciendo real la descentralización de los recursos, y el apoyo y protección a los mismos.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

64 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La Siguiente:

LEY DE REFORMA A LA LEY NUMERO 443, "LEY DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS GEOTERMICOS"

Arto.1

Se reforma el artículo 68 de la Ley No. 443, "LEY DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS GEOTERMICOS", publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.222, del 21 de Noviembre del 2002, el que se leerá así:

Arto. 68

Salvo los tributos municipales establecidos en los Planes de Arbitrios, en otras leyes de la materia y los demás contemplados en esta ley, ninguna persona natural nacional o extranjera, institución gubernamental, departamental y organismo público o privado está autorizada para establecer o cobrar ningún derecho, impuesto o compensaciones de ningún tipo y por ningún concepto.

Las nuevas empresas que se instalasen en el futuro con las mismas finalidades de explotación de recursos geotérmicos, estarán exentas del pago del impuesto municipal sobre ventas por un período de cinco años, contados desde el inicio de sus operaciones industriales.

Para efectos de los incentivos establecidos en el Arto. 64 de la presente ley, éstos continuarán vigentes por un plazo de diez (10) años a partir del año de inicio de la entrada en operación de la planta respectiva. Concluido el plazo, el concesionario queda sujeto a lo establecido en esta ley.

Hasta aquí el artículo 1.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 1.

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.2

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 2.

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2. Aprobada la ley.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Como último punto del Orden del Día, en el mismo Adendum, Punto III: PRESENTACIÓN DE PERSONALIDADES JURÍDICAS.

Punto 3.76: ASOCIACION RED DE INCIDENCIA CIUDADANA (ARIC).

Managua, 26 de Agosto de 2003.

Dr. Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Dr. López Baldizón:

Por medio de la presente me dirijo a Usted, con el fin de solicitarle se someta a consideración de la Asamblea Nacional la personalidad jurídica de la

"ASOCIACION RED DE NICARAGUA CIUDADANA" (ARIC),

de conformidad a lo establecido en la Ley No. 147, Ley General sobre personas jurídicas sin fines de lucro.

Adjunto los siguientes documentos: Escritura Pública de Constitución y Estatutos, Exposición de Motivos y el Proyecto de Decreto en original y copias respectivamente.

Sin más a que referirme y en espera de su atención, me despido.

Atentamente,

Ing. Agustín Jarquín Anaya
Diputado
Asamblea Nacional

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ing.

Jaime Cuadra

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

El suscrito Diputado ante la Asamblea Nacional, de conformidad a lo establecido a nuestra Constitución Política en el Arto. 138 inc. 5 y Arto. 149; Arto 4 y Arto 44 del Estatuto General de la Asamblea Nacional y en la Ley 147, Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, Arto 2 y 5, presento solicitud para el otorgamiento de personalidad jurídica para la Asociación sin fines de lucro denominado

"ASOCIACION REC DE INCIDENCIA CIUDADANA"(ARIC),

constituida en escritura pública número doscientos cuarenta (No. 240) en la ciudad de Managua, a las dos de la tarde del día veinticinco de Julio del año dos mil tres, ante los oficios notariales del Doctor Ramón José Santos López Mairena.

Esta Asociación persigue los siguientes objetivos y fines:

a) Promover, desarrollar, e impulsar la Educación y la Defensa Cívica de los ciudadanos nicaragüenses sobre sus derechos, deberes y garantías fundamentales, a través de Talleres, cursos, conferencias y seminarios.

b) Ofrecer orientaciones y asistencia legal a las personas que requieren tutela jurídica efectiva de sus derechos fundamentales, sociales y políticos.

c) Canalizar las denuncias, acusaciones y demandas, presentadas por los particulares o por las organizaciones no gubernamentales ante la violación de sus

derechos constitucionales

d) Promover e implementar métodos de seguridad, medidas de prevención, protección y educación por parte de la sociedad

y el Estado, a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y

en especial a la protección de la niñez y los adolescentes.

e) Elaborar, proponer y ejecutar programas de asistencia legal en protección a los derechos a la salud, empleo, vivienda, educación, cultura, el medio ambiente, la legítima defensa en la vía civil, laboral y penal.

f) Promover en la sociedad civil, políticas activas de promoción de una concepción positiva a los derechos de participación ciudadana, derecho a la libertad social, política, jurídica y religiosa, de expresión, de reunión, de manifestación, de asociación política y sindical.

g) Mantener relaciones socio jurídico con entidades afines que convengan a los intereses de los Miembros, pudiendo crear centros y medios de comunicación social, realizar estudios comparativos y participar activamente en eventos en el ámbito nacional o internacional para impulsar estudios y desarrollar capacitaciones a la sociedad civil, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeras en el ámbito de aplicación de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

h) Recibir donaciones de cualquier organismo nacional o extranjero, estatal privado, sean éstos bienes muebles e inmuebles y en fin desarrollar cualquier actividad acorde con la Asociación que la Asamblea General o la Junta Directiva lo considere pertinente.

El domicilio de la Asociación radicará en la ciudad de Managua, Capital de la República de Nicaragua, lugar donde se desarrollarán sus actividades, pero podrá establecer filiales en toda parte del territorio nacional y fuera de sus fronteras. La Asociación tendrá una duración indefinida y su funcionamiento estará regulado por lo establecido en sus Estatutos.

Por lo antes expuesto, considero que la

"ASOCIACION RED DE INCIDENCIA CIUDADANA" (ARIC),

cumple con los requisitos establecidos en la Ley 147, es una Asociación sin fines de lucro y de gran desarrollo para la sociedad, razón por la cual someto a consideración de los representantes de este Poder Legislativo, la presente iniciativa, con el fin de que sea acogida y aprobada por el Plenario, remitida a la Comisión respetiva para su dictamen y posterior aprobación y concesión de la personería jurídica.

Dado en la ciudad de Managua, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil tres.

Ing. Agustín Jarquín Anaya

Junto con esta Personería, se presentan también:

4.36 ASOCIACION COMITE DE HERMANDAD (C.D.H.)

4.37 ASOCIACION SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL (ASDHI).

4.38 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS...

(Perdón), rectifico.

Se presentan junto con esta solicitud de Personería:

3.77 ASOCIACION REDES DE SOLIDARIDAD NICARAGUA.

3.78 ASOCIACION DE GANADEROS DE SEBACO (ASOGASEB).

3.79 ASOCIACION HOGAR DE ESPERANZA.

3.80 ASOCIACION CIVICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL (ACNUR).

3.81 ASOCIACION CENTRO EVANGELISTICO DE DESARROLLO INTEGRAL LA GRAN COMISION (CEDILAGC).

3.82 ASOCIACION PARA LA ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES "LOS GIRASOLES".

3.83 ASOCIACION INTERCAMBIO JUVENIL LEON.

3.84 ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE MALACATOYA (APEMEPROMA).

3.85 ASOCIACION DE ABOGADOS Y NOTARIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE GRANADA (ANPUGRA).

3.86 FUNDACION CRISTIANA ELIM DE NUEVA SEGOVIA (FUCENS).

3.87 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLO NUEVO (FUNDEIN-PUEBLO NUEVO).

3.88 FUNDACION NICARAGUA JOVEN (FUNIJOVEN).

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto a la Comisión de Defensa y Gobernación.

Se suspende la Sesión, para renovarla mañana a las nueve de la mañana.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Vamos a solicitarle al Secretario la verificación del quórum, para dar comienzo a la Sesión del día de hoy.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

(10 de Septiembre 2003).

FREMIO ISABEL ALTAMIRANO MONTENEGRO

OCTAVIO RAMON ALVAREZ MORENO

BENITA DEL CARMEN ARBIZU MEDINA

NELSON ARTOLA ESCOBAR

GLADIS DE LOS ANGELES BAEZ

TOMAS WIGBERTO BORGE MARTINEZ

NOE FRANCISCO CAMPOS CARCACHE

JOSE DE LOS ANGELES CASTILLO OSEJO

JOSE DAVID CASTILLO SANCHEZ

LEONIDAS NICOLAS CENTENO RIVERA

JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA

IRMA DE JESUS DAVILA LAZO

MARIA JACARANDA FERNANDEZ MEJIA

JOSE SANTOS FIGUEROA AGUILAR

RITA DEL SOCORRO FLETES ZAMORA

CARLOS JOSE GADEA AVILES

RUFINO GARCIA MARIN

ERNESTO MARCELINO GARCIA QUIROZ

EDUARDO JERONIMO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO JOSE GONZALEZ GAITAN

JORGE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ

RAMON ENRIQUE GONZALEZ MIRANDA

WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO

RENE HERRERA ZUNIGA

MIGUEL REYNALDO LOPEZ BALDIZON

REYNALDO ALEXANDER MAIRENA VALLEJOS

MANUEL DE JESUS MALDONADO

JOSE ANTONIO MARTINEZ NARVAEZ

JORGE MATAMOROS SABORIO

MARIA LYDIA MEJIA MENESES

EDUARDO LUIS MENA CUADRA

GERARDO JOSE MIRANDA OBREGON

OSCAR MONCADA REYES

IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON

FIDEL ANTONIO MORENO BRIONES

CARLOS ANTONIO NOGUERA PASTORA

SANTOS RENE NUÑEZ TELLEZ

ALFONSO RAUL ORTEGA URBINA

GUILLERMO ANTONIO OSORNO MOLINA

ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVIDEZ

LEONEL PANTIN WILSON

GUSTAVO EDUARDO PORRAS CORTES

NOEL ERNESTO RAMIREZ SANCHEZ

PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON

GABRIEL RIVERA ZELEDON

MAXIMINO RODRIGUEZ MARTINEZ

MIRNA DEL ROSARIO ROSALES AGUILAR

RIGOBERTO HILARIO SAMPSON GRANERA

ROBERTO SANCHEZ TORREZ

MARIA EUGENIA SEQUEIRA BALLADARES

NATHÁN JORGE SEVILLA GÓMEZ

NASSER SEBASTIAN SILWANY BAEZ

JOSE DAMICIS SIRIAS VARGAS

FREDDY SOLORZANO ALTAMIRANO

ORLANDO JOSE TARDENCILLA

JORGE MIGUEL TORREZ MALESPIN

EMILIA DEL CARMEN TORREZ AGUILAR

DAYSI RAFAELA TREJOS OROZCO

ALBERTINA URBINA ZELAYA

HENRY ENRIQUE URCUYO MALIAÑO

FELICITA LUCILA ZELEDON RODRIGUEZ

LUIS TORRES PAGUAGA.

Señor Presidente: Tenemos 62 honorables Diputados y Diputadas presentes; hay quórum de ley.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Queda abierta la Sesión.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Remitimos a los honorables Diputados y Diputadas, de acuerdo al Orden del Día, al Adendum 1, Punto 2.22:

LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCION PENAL.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Solicitamos a los honorables Comandantes del Sistema Penitenciario, pasar al recinto del Plenario, para dar comienzo a la Sesión.

Saludamos especialmente al Comisionado Carlos Sobalvarro, Director General del Sistema; a Monseñor Peña; Darwin Centeno, Sub-Director General; María Salgado, Inspectora General; Miembros del Consejo de Dirección del Sistema Penitenciario Nacional.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Managua, 21 de Mayo del 2003.

DICTAMEN

Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.

Estimado Señor Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión de Defensa y Gobernación, de conformidad a los artículos 49, 50 y 51 del Estatuto General y 56, 89 y 90 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, nos reunimos para analizar el proyecto de “LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCION PENAL”, el que fue presentado en Primer Secretaría el 04 de Septiembre del 2001 por el Poder Ejecutivo y que fuera remitido a esta Comisión dicha Iniciativa de Ley para su debido Dictamen el 20 del mismo mes y año. Asimismo hemos resuelto incorporar al contenido de este Dictamen el Proyecto de LEY DE REFORMA DEL PATRONATO NACIONAL DE REOS de 1946, el cual fue presentado en Primer Secretaría el 10 de Julio de 1996 y remitido a Comisión para su Dictamen el 7 de Agosto del mismo año, pues ambos abordan la misma temática y materia, en virtud de lo cual decidimos presentar de forma conjunta el correspondiente Dictamen lo cual dicho proyecto, que en su momento fuera presentado por Diputados de la legislatura correspondientes al año 96.

Durante el proceso de consulta se invitó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, las autoridades superiores del Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario Nacional, las diferentes Asociaciones Promotoras de los Derechos Humanos, a los miembros de la Comisión de Justicia y la Comisión Pro Derechos Humanos y la Paz, los decanos de Facultades de Derecho de diferentes Universidades, públicas y privadas, así como a los miembros de las diferentes iglesias que integran el actual Patronato Nacional de Reos.

Después de haber realizado al respecto las consultas con las autoridades antes relacionadas y con los diferentes organismos involucrados en ésta y otras entidades, involucrados con el tema que aborda el Proyecto de Ley, consideramos que dentro del proceso de modernización que vive el Estado nicaragüense y su ordenamiento jurídico en el ámbito penal, hemos considerado la necesidad y urgencia de reformar y modernizar el Sistema Penitenciario Nacional; desde hace algún tiempo atrás existe la preocupación sobre este ámbito, razón por la que se han realizado una serie de estudios cuyo objetivo esencial y fundamental es dotar a la institución denominada Sistema Penitenciario Nacional de un cuerpo jurídico y normativo de carácter constitucional, en el que se aborden los aspectos relativos a los derechos humanos de los privados de libertad, derechos establecidos en la Constitución Política del país y en los Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua y que forman parte del Ordenamiento Jurídico de la nación nicaragüense.

Desde el siglo pasado, y hasta una época reciente, el conjunto de normativas en materia penitenciaria se han caracterizado por ser de orden administrativo y cuyo origen proviene de la esfera de la voluntad del Poder Ejecutivo, en contraposición a una marcada dispersión legislativa en la materia y de vieja data.

En la historia de Nicaragua nos encontramos con otras normativas de diferentes jerarquías y niveles, entre las que señalamos las siguientes:

1) El Reglamento para las Cárceles de Managua de 1879;

2) El Reglamento para las Penitenciarías en Managua de 1901;

3) El Reglamento Interno para las Cárceles y Casas de Corrección de Mujeres de 1919;

4) El Reglamento para el Gobierno y Disciplina de las Cárceles y Penitenciarías de 1929, el cual fue reformado en 1943 y convertido en Código Jurídico Militar en 1949;

5) Ley de Patronatos Nacionales y Departamentales de Reos de 1946 y su Reglamento de 1947, reformado en 1948;

6) Las Normas y Procedimientos de Control, Reeducación y Seguridad Penal contenidas en las Ordenes No. 023, 028, 034 y 035 de 1987 del Ministerio del Interior;

7) El Documento base para la reeducación penal comprendida en la Orden No. 069-86 del Ministerio del Interior;

8) El Decreto No. 52 – 79, Estatutos sobre Derechos y Garantías de los nicaragüenses de 1979;

9) El Decreto No. 485 relativo a la Ley Orgánica del Ministerio del Interior de 1980.

10) El Decreto No. 62 – 90, relativo a la Creación de la Comisión Nacional Penitenciaria;

11) El Decreto No. 64 – 90, que comprende a la Ley Orgánica del Ministerio de Gobernación de 1990;

12) La Ley No. 212 de 1996 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos;

13) La Ley No. 287, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 1998;

14) Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo de 1998 y su Reglamento, comprendido en el Decreto Ejecutivo No. 71 – 98; y

15) Ley No. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua del año 2001.

Sin embargo ese conjunto de cuerpos normativos reguladores del ámbito Penitenciario son dispersas, contradictorias entre sí, carentes de lógica y una sistematización armónica, lo que las convierte en obsoletas y con profundos vacíos jurídicos y legales; motivos por los que hoy en día se requiere de un solo cuerpo normativo con legalidad y armonía entre el nuevo Código Procesal Penal y la actividad penitenciaria y la ejecución de las penas que se les impone a los ciudadanos que transgreden del orden y la ley. Este proceso de sistematización mediante ley se ha constituido en un imperativo para fortalecer la institucionalidad del Sistema Penitenciario Nacional y la ejecución penal de los procesados y condenados a medidas privativas del libertad. La definición de los objetivos, principios, estructura organizativa y funcionamiento institucional son elementos que no se pueden seguir postergando; así como las políticas fundamentales en cuanto a la atención de los privados de libertad y los lineamientos de carácter general en que debe de sustentarse el tratamiento de estos ciudadanos que en su estado de privación de libertad conservan algunos derechos. Estos elementos nos permitirán la concordancia con el artículo 39 de la Constitución Política.

El proceso de modernización del Estado, dentro del contexto del ordenamiento jurídico, en especial la materia penitenciaria, requiere de un marco legal que tenga en cuenta a todas las partes vinculadas al Sistema de Justicia Penal, entre éstas hay que citar al Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, Justicia Especializada para Adolescentes; así como a los organismos de la sociedad civil, los que juntos a las familias de los privados de libertad, y que todos juntos o separados, hacen una labor en aras de esta actividad, que por su naturaleza para los involucrados directamente resulta difícil. Este nuevo marco jurídico – legal debe ser armónico con los principios constitucionales, de cara a fortalecer la protección de los Derechos Humanos de los internos privados de libertad, así como la legalidad de la estructura organizativa del Sistema Penitenciario Nacional.

En sentido amplio, el Proyecto de Ley de Régimen del Sistema Penitenciario Nacional y Ejecutivo Penal, debe dotar al Sistema Penitenciario Nacional de un instrumento jurídico – legal que incluya los temas de relevancia e importancia, tales como son: el carácter civil de la institución; la estructura orgánica del personal y la Carrera Penitenciaria; la creación de un Centro de Producción Penitenciario, CEPROP; los derechos, deberes y prohibiciones de los privados de libertad, sean éstos hombres, mujeres, adultos y adolescentes; salud e higiene; la asistencia religiosa y trabajo penitenciario; así como la seguridad de la población penal y de los funcionarios penitenciarios.

Esta iniciativa de ley ya dictaminada representa una propuesta de marco jurídico regulatorio para el régimen penitenciario nacional y la ejecución de la pena, pues en sí constituye un nuevo concepto de justicia, ya que la obligación del cumplimiento de la pena con carácter reeducativo para reintegrar al privado de libertad a la sociedad como persona readaptada, útil y trabajadora, tal como señala el precepto constitucional en el artículo 39.

Los principios fundamentales en que se inspira todo sistema normativo, tales como: el principio de legalidad, publicidad y respeto a los derechos humanos, principios de humanidad e igualdad; sin perjuicio del tratamiento diferenciado según edad y sexo y la participación ciudadana en las actividades del Sistema Penitenciario Nacional, con la finalidad de proporcionar a los internos mejores condiciones para su transformación como personas socialmente útiles y su readaptación a la comunidad de la cual provengan.

El nuevo modelo le garantiza sus derechos a los privados de libertad, estableciendo además las obligaciones de ellos; dispone la creación de un Centro de Producción Penitenciario que coadyuve a la sostenibilidad de los programas y permita al Sistema Penitenciario Nacional contar con recursos suficientes para la readaptación social de los internos; asimismo se establece la Carrera Penitenciaria y su regulación. Además la ejecución de la sanción penal exige, que quienes trabajen con los internos sean personas con la debida capacitación para tratar al infractor y encausarlo hacia la reintegración social; por ello es imperativa la Carrera Penitenciaria. El personal del Sistema Penitenciario no sólo es vigilante del interno, sino que su maestro que lo guía mediante un proceso formativo hasta que éste logre alcanzar la meta en su beneficio y el de la sociedad mediante un proceso de reeducación.

El conjunto de consideraciones de carácter general y las específicas, le permitieron a esta Comisión determinar que la realidad y el vacío en este campo, que en consecuencia al proyecto inicial se le cambió el nombre con el que fue presentado por el de LEY DEL REGIMEN PENITENCIARIO Y EJECUCION DE LA PENA, para armonizar el tema que aborda y así poder establecer las medidas a la actividad penitenciaria en Nicaragua, que esta iniciativa no se opone a la Constitución Política ni a las Leyes Constitucionales, ni a los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.

En virtud de los anteriormente señalado, y con fundamento en los artículos 49, 50 y 51 del Estatuto General y 56, 89 y 90 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, los suscritos miembros de la Comisión de Defensa y Gobernación, resolvimos emitir el presente Dictamen, con la salvedad de que esta Comisión resolvió modificar el nombre de la ley, por lo cual se determinó aprobar el presente DICTAMEN FAVORABLE a la Iniciativa de Ley, a la cual se le denominó LEY DEL REGIMEN PENITENCIARIO Y EJECUCION DE LA PENA, y cuyo texto adjuntamos recomendando al honorable Plenario su aprobación.

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY DEL REGIMEN PENITENCIARIO Y EJECUCION DE LA PENA

COMISION DE DEFENSA Y GOBERNACION

AUGUSTO VALLE CASTELLON

JOSE FIGUEROA A.

JAIME MANGAS GARCIA

ELIAS CHEVEZ

PEDRO J. RIOS CASTELLON

DELIA ARELLANO

JAIME J. CUADRA S.

MAXIMINO RODRIGUEZ MARTINEZ

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Tiene la palabra el honorable Diputado José Figueroa.

DIPUTADO JOSE FIGUEROA:

Buenos días, señor Presidente.

El día de hoy damos inicio a la discusión del Dictamen Favorable presentado por la Comisión de Defensa y Gobernación, sobre la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y Ejecución de la Pena. Esta ley, señor Presidente, va a permitir al Sistema Penitenciario Nacional lo siguiente: Disponer de un marco jurídico legal, moderno y armónico, en relación a nuestra Constitución, que brindará legitimidad y legalidad al Sistema Penitenciario y que permitirá su profesionalización. Fortalecer la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, brindándoles mayores garantías a ellos y a sus familiares.

Esta ley definirá los objetivos, principios, estructura organizativa y funciones del Sistema Penitenciario; las políticas fundamentales de atención y tratamiento a los prisioneros; la coordinación y colaboración del Sistema con las distintas instituciones del Estado y la sociedad civil; las reglas bajo las cuales los privados de libertad cumplen sus penas; los distintos regímenes penitenciarios en lo que se sustenta la ejecución de la pena; los permisos de salida, comunicación y visitas familiares de los detenidos; la asistencia espiritual; la función humana y rehabilitadora del trabajo penitenciario.

El derecho a la educación, cultura y deportes de los privados de libertad; el rol del Patronato Nacional de Reos; el Régimen Disciplinario y sus estímulos; la Carrera Penitenciaria; los derechos y obligaciones de los detenidos y de los funcionarios penitenciarios, y los grados, sistema de rotación, bajas, retiros y jubilación del personal. Asimismo, señor Presidente, esta ley contribuirá al fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal de Nicaragua, ya que define claramente las relaciones del Sistema Penitenciario con el Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Justicia Especializada para Adolescentes, los organismos de la sociedad civil, y con los familiares de los prisioneros.

Con la aprobación de esta ley, vamos a institucionalizar un modelo penitenciario que será ejemplo en América Latina y el mundo, y que tiene su fundamento en el principio de la legalidad y el respeto a los derechos humanos; el principio de humanidad e igualdad; la reeducación y transformación del detenido en personas socialmente útil y su readaptación a la comunidad. Un nuevo modelo que garantiza los derechos de los privados de libertad y también define sus obligaciones; que incorpora la actividad de los centros productivos penitenciarios, para que éstos coadyuven a la sostenibilidad de los programas del Sistema Penitenciario y que también institucionalizan la Carrera Penitenciaria, para con ello lograr la profesionalización deseada.

Este proyecto, señor Presidente, fue ampliamente consultado con Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; la Dirección Superior del Ministerio de Gobernación; la Jefatura del Sistema Penitenciario Nacional; diferentes asociaciones promotoras de derechos humanos; miembros de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos y Paz de la Asamblea Nacional; Decanos de las distintas facultades de Derecho de diferentes Universidades públicas y privadas; del Patronato Nacional de Reos; y diferentes pastores de las iglesias evangélicas y católicas que realizan labor pastoral en las prisiones.

Por todo lo que he expuesto, señor Presidente, solicito respetuosamente en nombre de los Diputados y Diputadas de la Comisión de Defensa y Gobernación, el apoyo del Plenario de la Asamblea Nacional, para la aprobación en lo general y en lo particular de este Proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional y Ejecución de la Pena.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Nelson Artola.

DIPUTADO NELSON ARTOLA:

Gracias, señor Presidente.

El día de ayer, nosotros dimos un paso agigantado en materia de modernización de todos los elementos jurídicos que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestro Sistema Penitenciario Nacional. Ayer dejamos claro aquí en el Plenario, la creación del Procurador Especial Penal, un funcionario que va a tener la especialidad de darle seguimiento mancomunadamente con las autoridades del Sistema Penitenciario, a todo el tema del tratamiento integral de los derechos humanos de los aproximadamente 6 mil privados y privadas de libertad que existen en Nicaragua.

Este paso que dimos el día de ayer, nos sitúa a nivel de modernidad en esta figura jurídica del defensor de los privados y privadas de libertad de América Latina y del mundo entero; lo que sin lugar a duda, viene a sumarse al esfuerzo tesonero que los funcionarios del Sistema Penitenciario vienen haciendo en el cabal cumplimiento del mandato constitucional, de que el Sistema Penitenciario es la universidad, es la escuela, es el lugar de la superación, de la reflexión, de la readaptación de los privados de libertad para regresar a su comunidad, a su barrio, a hacer de nuevo su vida social.

Estimados Diputados y Diputadas, de ahí que esta Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, se inscribe en ese esfuerzo que este Primer Poder del Estado está realizando para la modernización de las reglas jurídicas del juego en el quehacer diario del Sistema Penitenciario, que toca las calidades y los esfuerzos que los funcionarios del Sistema Penitenciario deben cumplir, bajo esta ley reguladora de sus funciones. Pero además, algo importante de esta Ley de Régimen Penitenciario es que establece los deberes y los derechos de los privados de libertad.

Esto es algo importante y viene a significar -la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena- el insumo principal para que los organismos de derechos humanos de la sociedad civil, para que las instancias de los derechos humanos del Estado, como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos y la Paz de la Asamblea Nacional, tengamos el referente para poder contribuir a este proceso de fortalecimiento del Sistema Penitenciario.

Pero yo creo que además de aportar con estos instrumentos jurídicos a la modernidad de nuestro Sistema Penitenciario, yo quisiera adelantarme a los acontecimientos y solicitarle a todos los estimados y estimadas colegas, que el fortalecimiento del Sistema Penitenciario que con esfuerzo sobrehumano han venido realizando los funcionarios, para atender a esta población penal que tiene derechos humanos, no puede dejarse solamente en este conjunto de disposiciones jurídicas, pues se necesita el aporte económico, se necesita el presupuesto básico del Sistema Penitenciario para poder operar sobre esta ley.

Y mal haríamos que solamente aprobemos la figura del Procurador Especial Penal, en la Ley de Régimen Penitenciario, si no le damos la materia prima a estos hombres y mujeres que tienen décadas de estar luchando en este álgido tema de la atención integral de los privados y privadas de libertad. De ahí que se hace irrenunciable que cerremos filas por Nicaragua, por esa población penal que merece tratamiento humano; por esos funcionarios del Sistema Penitenciario que merecen un reconocimiento del Estado nicaragüense y de la sociedad.

Que a la iniciativa del Sistema Penitenciario, que aquí la tenemos en nuestras manos, con un anteproyecto de presupuesto para el 2004, le demos el apoyo de manera unánime, para que tenga la posibilidad real, económica, material, de cumplir con las políticas que las normas jurídicas están estableciendo para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Y no me queda la menor duda de que todas las bancadas vamos a cerrar filas, el día que aquí estemos aprobando el Presupuesto General de la República del año 2004, para que este presupuesto del Sistema Penitenciario se haga una realidad, y que sea el mejor reconocimiento que este Primer Poder del Estado le puede dar a esa población penal y a estos funcionarios que se han empeñado tanto en el cumplimiento del mandato constitucional.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Wálmaro Gutiérrez.

DIPUTADO WALMARO GUTIERREZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Miembros de esta honorable Asamblea Nacional: Con mucha satisfacción el día de hoy, tengo la oportunidad de tener en mis manos para su discusión, un proyecto de ley que a la simple lectura se observa que ha sido elaborado por personas capaces, conocedores del tema, con mucha capacidad y conocimiento en la estructura y materia legislativa. Y que en gran medida facilita la discusión de este Poder del Estado en tan importante tema. Por lo tanto, en principio quiero felicitar a los que han trabajado este Dictamen, a los miembros de la Comisión de Gobernación y a los miembros del Sistema Penitenciario, por haber presentado con tanta eficiencia el Dictamen que en este momento tenemos en nuestras manos.

Obviamente, no puedo dejar de hacerme eco de los planteamientos de garantizar que el Sistema Penitenciario se fortalezca, se modernice, profundice la visión humanista en la rehabilitación de los privados de libertad y obviamente –tal y como ya lo dijo mi colega Diputado Figueroa- la Bancada del Frente Sandinista está apoyando en todos sus extremos, el presente Dictamen. No obstante ello, yo quisiera referirme particularmente a que independientemente de los esfuerzos que el Sistema Penitenciario realice para cumplir con los fines y objetivos que hasta ahora 15 leyes de diferente naturaleza, le han dispuesto sobre sus atribuciones y funciones.

Y ahora que se concentran en este cuerpo normativo, también es otra de las ventajas de esta aprobación y que a través de este proyecto de ley, venimos prácticamente a crear, profesionalizar y formalizar la Carrera Penitenciaria. Si esta Asamblea Nacional no toma conciencia de que esta institución necesita los recursos necesarios suficientes para poder desempeñar con buen éxito sus funciones, todo lo que nosotros aprobemos en esta ley, no va a ser otra cosa más que papel mojado. No se le puede catalogar de otra manera que no sea una barbaridad, de que el salario mínimo en esta institución esté ascendiendo a los mil 265 córdobas mensuales.

Tampoco podemos dejar de señalar que actualmente los privados de libertad, para garantizar los tres tiempos de comida del día, tienen un presupuesto de C$6.56 córdobas diario. ¿Quién come con C$6.65 diario los tres tiempos del día? Por otro lado, en el ejercicio presupuestario de este año, el Sistema Penitenciario no tuvo asignación de tipo alguno, para mantenimiento de edificios, vehículos, ni equipos. Por lo tanto, no son nada raros las precarias condiciones y el hacinamiento de nuestras cárceles. Tampoco hubo asignación para los productos sanitarios, no hubo asignación para gas propano, no hubo asignación para lubricantes, para repuestos y accesorios, para papelería y útiles de oficina.

En otras palabras, nosotros estamos frente a una hermosa iniciativa de ley, pero en la concreta si esta Asamblea Nacional no se compromete con el Sistema Penitenciario a garantizarle los recursos para que todo esto que estamos aprobando ahorita, en la práctica ellos lo puedan desarrollar, estaríamos haciendo muy poco o prácticamente nada. Es por eso que el día de hoy me abstengo en lo particular de pronunciarme sobre el articulado, porque tendremos nuestra oportunidad parlamentaria de hacerlo.

Pero en términos generales, apoyo la aprobación de esta iniciativa de ley que fortalece la institución. Y quisiera que con el voto favorable de todos los Diputados de este Poder del Estado, no solamente se le esté dando un voto aprobatorio a este proyecto de ley, sino que se esté haciendo patente también un compromiso de darle el efectivo respaldo presupuestario en un 100 por ciento, que en este momento está solicitando el Sistema Penitenciario, para llevar a cabo las funciones y atribuciones que este Poder del Estado le está encargando en este proyecto de ley.

Muchas gracias y buenos días.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando José Tardencilla.

DIPUTADO ORLANDO TARDENCILLA:

Muchas gracias, señor Presidente.

Buenos días, Diputados y Diputadas.

Ciertamente, viendo un documento de propuestas presupuestarias y propuestas para el 2004, más lo recibido en el 2003, me concita pensar si es que al Sistema Penitenciario Nacional no le pudiéramos dar una nominación como sistema de magos presupuestarios, porque aunque usted leyó algunos renglones, hay otros en que ni vestuarios se les dio. ¿Cómo hicieron pues? Por eso es que la magia que han hecho es bastante importante, magia que está vinculada directamente a la calidad del trabajo que se ha venido notando. Estimados colegas, yo quisiera destacar dos aspectos sustantivos de los funcionarios del Sistema Penitenciario, en el cual se han destacado, y algunos de ellos ya fueron señalados por Nelson Artola.

Cuando esta Asamblea ha planteado propuestas de indultos, bien sea provenientes de sectores vitales que están trabajando con la perspectiva humana de algunos pastores evangélicos, de algunos sacerdotes y pastores católicos -algunos de ellos están aquí en este hemiciclo y en este Plenario- los funcionarios del Sistema han traído toda la documentación que se les ha requerido. Y es más, haciendo un esfuerzo sobrehumano, en tiempo y en recursos, tomando en cuenta que -y ésto lo digo sin el ánimo de exagerar- algunas veces no tienen pero ni una resma de papel para poder imprimir los reportes y hojas evaluativas que se les piden.

Sin embargo no ha faltado, ni en tiempo ni en calidad, la información que nos ha servido para tomar decisiones vinculadas al tema de indultos. Pero también los he visto muy activos, participando en diversos debates sobre la aplicación del Código Penal; los he visto muy activos participando y llevando la realidad del Sistema Penitenciario a distintos foros, donde ciertamente ellos han expresado un, no sólo profesional, sino un profundo conocimiento humano de la realidad en que viven.

En cuanto a los sujetos y el contenido fundamental de esta ley, yo algunas veces me pregunto: ese principio de igualdad jurídica de todos los nicaragüenses ante la ley, algunas veces a un sector de la población, como que lo soslayamos, lo pasamos rapidito, como que no le damos mucho interés; y para algunos de nosotros, por nuestra conducta, las personas que están en el Sistema Penitenciario guardando prisión, que son parte del universo del reo, del universo del privado de libertad, parece ser que son como borrados de la conciencia social y son tratados como colaterales de la sociedad, por llamarles con un término suave.

Excepto la actitud valiente, humanitaria de algunos sectores, vinculados –repito- a la Iglesia Católica y evangélica, para los demás parece que hay una percepción de que no son seres humanos los que están allí. Y algunas veces nosotros mismos –y sobre esto hay que hacer una reflexión a fondo en esta Asamblea Nacional-, hacemos incluso declaraciones en este Plenario escandalizadas por distintos elementos, y no vamos al fondo del concepto humanitario. Allí hay personas de 75, 80 años, que están padeciendo graves y profundas enfermedades, y sin embargo, algunos de ellos son objetos y hasta sujetos de discursos encendidos, aquí y fuera y nos olvidamos de la condición humana.

Yo creo que el artículo 39 de la Constitución resume con absoluta claridad el marco de legitimidad de esta ley: El Sistema Penitenciario es humanitario. Y al ser humanitario, porque no se ha hecho públicamente, yo quiero hacer un reconocimiento a la docena de funcionarios que arriesgando sus vidas, lograron sofocar una discusión, un conflicto interno que, aunque lamentablemente concitó pues con el fallecimiento de uno de los internos, se logró detener lo que eventualmente pudo ser una tragedia de mayores magnitudes.

Hago público ese reconocimiento, porque incluso me permite compartir con ustedes una experiencia que los miembros de la Comisión de Justicia tuvimos hace poco en El Salvador, que se dio más o menos lo mismo que en el Sistema Penitenciario, un conflicto en un penal, el Penal de Mariona, y creo que murieron tres internos y la sociedad no hizo ni pío. Y hubo incluso personas visitantes con niños, mujeres que fueron tomadas de rehén por los reclusos y se utilizó la fuerza, se utilizó la violencia para sofocar esa situación con el resultado de muertes; y sin embargo la sociedad simple y sencillamente siguió inmutada allá.

Pero aquí nosotros tomamos la parte tremendista y no valoramos correcta y adecuadamente el carácter en que se aplicó el trabajo, y sobre todo el celo y el cuido a la vida incluso de los mismos reclusos. Repito, ésos son los elementos de reconocimiento que hay. Pero como dicen los Diputados que me antecedieron, nos estamos poniendo a tono. Nelson dijo que ayer hicimos un extraordinario aporte al reformar la Procuraduría de Derechos Humanos y crear la Procuraduría Especial de Cárceles, que se va a encargar de coadyuvar al cuido, al control de los temas de derechos humanos para la población Penal.

Pero es que se nos olvida algunas veces -como muy bien lo dice el Diputado Wálmaro Gutiérrez- que como esto está quedando grabado en el Diario de Debates así será expresado el día que tengamos que discutir el Presupuesto. Dice el artículo 422 del Código de Procedimiento Penal: "A más tardar a la fecha de entrada en vigencia del presente Código, la Asamblea Nacional deberá haber aprobado una nueva legislación en materia penitenciaria". Eso dice el CPP, y aunque es necesario reconocer que se profundizó en los debates, etc., veamos que ya tenemos un tiempo en donde estábamos incumpliendo esa disposición aprobada por este Plenario.

¿Qué implica entonces el reformar la Procuraduría de Derechos Humanos, crear la Procuraduría Especial de Cárceles, discutir en el más alto nivel de consenso esta ley? Comprometernos ciertamente no sólo con los funcionarios sino con toda la población de nicaragüenses que se encuentran, por una situación circunstancial privados de su libertad, a tratarlos bajo el concepto establecido en el artículo 39 de la Constitución, que implica únicamente un concepto de compromiso. Y aquí están distinguidos funcionarios y coadyuvantes a la labor humanitaria del Sistema Penitenciario, que estarán atentos a que en las discusiones presupuestarias esto no quede en meras retóricas o palabras floridas.

Yo estoy respaldando la ley en mi carácter personal y también en nombre de la Bancada Azul y Blanco, porque además de los sujetos que lo integran, además de que se les hace justicia a los funcionarios del Sistema Penitenciario, creo que también tenemos que reconocer que algunas veces nos hemos confundido, no hemos profundizado en que cuando analizamos a la Policía Nacional creíamos algunos de nosotros que también estábamos cubriéndolos a ellos, cuando hablábamos de ajustes salariales, y ciertamente que no lo es.

Esta vez hay que dejarlo claramente, y parece que en Plenario está quedando absolutamente claro de que se trata de entidades, de universos diferentes, con un trabajo diferente, incluso legalmente, por eso es que tienen su marco normativo diferente. Al hacer justicia y reconocimiento a ello, también creo que se le hace justicia -porque son reconocidos en esta ley- a estos sujetos sociales vitales. Yo he visto a algunos sacerdotes católicos llevar adelante una demanda humanitaria; he visto a pastores evangélicos llevar una demanda humanitaria; y algunas veces esos llamados vehementes se quedan en la insensibilidad de los sectores de la sociedad.

Con esta ley, al ser aprobada con gran nivel o una total voluntad y unanimidad, creo que también estamos haciendo un reconocimiento a estos sectores sociales, y retomamos -para concluir- el principio de que, quienes están guardando prisión, quienes están privados de libertad, más allá de cualquiera de las circunstancias son seres humanos, son nicaragüenses que tienen derechos fundamentales que proteger. Al expresar mi voto pleno a esta iniciativa, felicito a los miembros de la Comisión de Defensa y Gobernación, felicito a los funcionarios del Sistema y nos comprometemos, al menos públicamente expreso, mi pleno respaldo a las futuras propuestas que en materia presupuestaria tenemos que hacer.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Elías Chévez Obando.

DIPUTADO ELIAS CHEVEZ OABNDO:

Gracias, señor Presidente.

Creo que el sentido de amplio consenso y de la necesidad imperiosa -a lo que nos debemos los Diputados de esta Asamblea- de darle nuestro total respaldo a la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, queda plasmada en las distintas intervenciones que se han manifestado hasta este momento. Estamos coincidiendo todos, de manera contundente y clara, que está siendo planteado el precepto constitucional en su artículo 39. Están manifestados en esta ley, los principios por los cuales los nicaragüenses luchamos diariamente; están recogidas las necesidades que debe contener para respaldar esta ley, como lo ha detallado el Diputado Wálmaro Gutiérrez, en el sentido de cuáles son las penalidades y las limitaciones que sufre, para poder atender este Sistema.

En tanto, hemos coincidido de manera categórica, y hay que reconocer al personal que dirige el Comandante de Regimiento Sobalvarro, al Comandante Darwin, a la Comandante María, que fueron artífices en la elaboración de este Dictamen, y algunos otros nombres que se me escapan. Pero es meritorio decir la rapidez con la que actuó la Comisión de Defensa y Gobernación, respondiendo a la necesidad que nos manifestó la Dirección del Régimen Penitenciario.

De tal forma que, como ha sido recogido de manera muy categórica, de manera muy certera, cuáles son los compromisos que estamos asumiendo, demandamos y solicitamos a todo el Plenario que aprobemos de manera unánime, en lo general y en lo particular, esta Ley del Régimen Penitenciario y de Ejecución de la Pena; que nos comprometamos a darle a la hora de la ejecución el Presupuesto, dotar al Sistema Penitenciario de los fondos que requiere para darle cumplimiento entonces a esta ley que estamos manifestando hoy.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Alfonso Ortega Urbina.

DIPUTADO ALFONSO ORTEGA URBINA:

Gracias, señor Presidente.

Tomando en consideración que este proyecto de resolución ha sido suficiente y sabiamente debatido en lo general por los honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, seré muy breve y me limitaré a expresar mi reconocimiento y felicitaciones al Presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación, Diputado Augusto Valle Castellón y al resto de los miembros de la Comisión, por el magnífico trabajo que han hecho en este Dictamen.

Sin embargo, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con el cambio de nombre que hicieron al proyecto de resolución cambiándolo "a la ejecución de la Pena", yo quisiera hacerles la observación a los miembros de la Comisión, si ellos estarían de acuerdo a que en vez de decir “ejecución de la Pena”, porque la palabra “ejecución” no tiene un sentido local y nacional, aquí más bien ejecución es “fusilamiento”, idea que se tiene a nivel local y nacional, yo diría que se cambiara el nombre del proyecto de ley diciendo, “Ley de Régimen Penitenciario y Cumplimiento de la Pena", en lugar de la palabra "ejecución". Eso, si los miembros de la Comisión están de acuerdo para ese cambio.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Gracias, señor Presidente.

Con lo que el Diputado Alfonso Ortega Urbina acaba de decir, pues yo creo que lo tomaríamos en consideración, para ver lo que él plantea de “ejecución”. Nosotros no lo habíamos visto Diputado, desde ese punto de vista, por eso el Plenario trae muchas cosas que nos podrían aportar. Como Bancada de Camino Cristiano, nosotros primeramente damos gracias a Dios porque estamos llegando a otra etapa, para ya tener como finalizado este importante dictamen de ley que viene a darle esa institucionalidad que necesitaba el Sistema Penitenciario; además de esto, el rostro humano que se quería dejar establecido.

Aunque nosotros conocemos que las personas que trabajan allí han adquirido una gran sensibilidad con respecto a los que están privados de libertad, y realmente para nosotros los cristianos sabemos lo que es estar privado de libertad. Ya en las escrituras el señor Jesús decía que nosotros nos acordáramos de los presos, como que si nosotros mismos estuviéramos con ellos. ¿Que nos quiere decir? Que nosotros estemos pensando y que estemos sintiendo lo que están sintiendo las personas que están privadas de libertad. Pero no también en ellos, también en los funcionarios que día a día están haciendo su trabajo con todo el humanismo, con todo el corazón, para poder atender a estas personas.

Nuestros líderes religiosos, tantos católicos como evangélicos, han hecho una gran labor hasta hoy, han trabajado mano a mano con los funcionarios y con los privados de libertad, eso a nosotros nos llena de gran satisfacción. (Voy a esperar a que mis hermanos terminen de hablar y que terminen de reírse para continuar. Bueno, yo lo siento mucho pero está hablando en principio una mujer, para que respeten. No sé, señor Presidente si llama un poco al orden, porque estamos tratando de dar inicio a esta importante ley y con esto no creo que tengamos la disposición).

Venía diciéndoles que nuestros líderes religiosos han venido trabajando conjuntamente con los funcionarios y con los privados de libertad. Hasta hoy este trabajo nosotros estamos reconociéndolo, porque es un trabajo desde el punto de vista espiritual, y nosotros sabemos que la transformación del hombre primeramente tiene que pasar por esa transformación espiritual, para que posteriormente estos privados de libertad salgan reeducados, orientados con una formación de nuevos valores, para que cuando salgan a la sociedad, sean hombres con otra visión, con otro corazón y que espiritualmente ellos sepan que donde estuvieron, tengan la plena conciencia de que no van a volver a ese lugar.

Para nosotros es importante llegar a esta etapa, los miembros de la Comisión que trabajamos mano a mano con los funcionarios del Sistema Penitenciario, que trabajamos mano a mano con nuestros líderes religiosos, con la sociedad civil que está organizada y que vela por los privados de libertad, pues hoy iniciamos esta tercera etapa, la final, para que estos privados de libertad tengan una ley que les venga a seguir sirviendo, que sepan que es una ley que les va a venir a ayudar, para que cuando salgan de allí, puedan salir educados para la vida.

Es importante para nosotros esta iniciativa de ley. Yo creo que ya todos hemos dicho lo mejor y lo bueno de ella, y lo que decía el Diputado Wálmaro Gutiérrez, a mí me gustaría que lo retomáramos en el Presupuesto, porque realmente a nosotros la Comisión ya nos sensibilizó con respecto a lo que se refiere al Presupuesto, a la equidad de salario que deben tener los funcionarios del Sistema Penitenciario, en los servicios sociales que deben tener los trabajadores del Sistema Penitenciario con respecto a las otros entidades. Nosotros ya estamos claros que ellos con esta ley ya van a tener esos beneficios.

Pido que iniciemos con esta discusión, y Dios quiera que en este día o el día de mañana, nosotros nos propongamos tener ya finalizada y aprobada esta ley.

Que Dios les bendiga.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Maximino Rodríguez.

DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, como miembro de la Comisión de Defensa y Gobernación y miembro de la Bancada Liberal, queremos expresar aquí en nombre de la bancada, nuestro respaldo a este proyecto de Ley de Régimen Penitenciario y de Ejecución de la Pena, porque creemos como bancada, que es necesario normar de una vez por todas y de manera clara, el funcionamiento del Sistema Penitenciario, y también los beneficios que deben tener los funcionarios que trabajan en esta institución.

Todos conocemos que el Sistema Penitenciario en la actualidad tiene más o menos una población de reos de 5,600, y que el Gobierno Central les asigna apenas unos 508 centavos de córdobas al día; de lo que podríamos nosotros deducir que el Gobierno de Nicaragua violenta continuamente los derechos inalienables de esos nicaragüenses, que por una u otra razón han cometido ilícitos, pero no quiere decir que dejan de ser humanos. Por lo tanto, la Bancada Liberal, por mi medio se suma y respalda un posible aumento del presupuesto para esta institución.

Pero hablando estrictamente de este proyecto de ley, como miembro de la Comisión, hemos trabajado en coordinación con los miembros del Sistema, los funcionarios del Sistema y hemos logrado consensuar y aclarar muchas dudas que hay con relación a esta iniciativa de ley. Como es de nuestro conocimiento, esta Asamblea Nacional aprobó el Código Procesal Penal, y estamos tratando de hacer nuevamente el Código Penal. Pero el Código Procesal Penal es una revolución en términos jurídicos para los nicaragüenses, donde no se pretende ser inquisitivo, sino tratar de resolver cualquier litis que haya, a través de métodos que no lleven a saturar el Sistema Penitenciario.

Por eso, en nombre de la Bancada Liberal queremos decirles que estaremos respaldando esta iniciativa, y en consecuencia queremos proponer a la honorable Junta Directiva, al Plenario de la Asamblea Nacional, para simplificar un poco el tiempo, que esta iniciativa sea discutida en capítulos. Esta es una moción que hicimos las bancadas de manera consensuada, y la vamos a pasar en su momento. Pero la verdad es que da mucha lástima encontrarnos en el Sistema Penitenciario, en las distintas cárceles que tiene Nicaragua, con la situación inhumana que viven los privados de libertad.

Hablábamos también de la situación de muchas mujeres que están en el Sistema; yo recuerdo allá en el año 93, creo, ó 97, estuvimos la Comisión de Defensa y Gobernación -a la cual tengo ya siete años de pertenecer- en Waswualí, y nos dimos cuenta de que habían mujeres en esas mismas celdas, es decir, no en la misma barraca, pero en el mismo Complejo yo recuerdo a una señora de Waslala que pretendió robarse unos pantalones de unos tendederos, y el judicial le puso una pena creo que de cuatro años.

Entonces, por eso es que es necesario aprobar esta ley, para que se determine con exactitud cuáles son los locales que van a albergar a las mujeres y cuáles son los que van a albergar a los hombres. Así es que, señor Presidente, en su momento voy a pasar la moción, para que este Dictamen sea discutido en capítulos.

Muchas gracias y buenos días.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Todavía tenemos a siete honorables Diputados solicitando la palabra. Les recomendamos ser breves en sus intervenciones, y después vamos a someter a votación si se hace por capítulos o por artículos, a solicitud del Diputado Maximino Rodríguez.

Tiene la palabra el honorable Diputado Agustín Jarquín.

DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:

Muchas gracias, Presidente.

Comparto la totalidad de las expresiones que han manifestado los colegas que me han antecedido, y atiendo el llamado suyo a la brevedad, pero quiero puntualizar solamente dos cosas. Habiendo un espíritu general de respaldo en esta Asamblea Nacional a esta iniciativa de ley, a la vez saludando el trabajo excelente que ha hecho la Comisión de Defensa y Gobernación con su Dictamen, quiero primero compartir y recordar con los colegas y los amigos acá presentes del Sistema y periodistas, solamente dos cosas.

Hace unos pocos meses recordamos que hubo algo que es inusual en el Sistema nuestro, y fue una revuelta entre internos del penal de Tipitapa, de la Cárcel Modelo, y vimos en las gráficas de televisión que con medios muy rudimentarios, en un bus viejo usado como ambulancia le daban atención a heridos que allí se habían producido, y que trabajando con las uñas lograron controlar toda la situación que pudo haber desembocado a más, pero que gracias al espíritu de servicio y profesionalidad de los Directores del Centro, esto no tuvo más consecuencias que las que ya conocemos.

Por otro lado, la entrega, la vocación de servicio y profesionalidad de los Directores del Sistema, también han fomentado que sectores privados vuelquen allí algo de su cooperación. Recordamos las comparecencias en el Teatro Nacional del Coro que ellos organizaron con el apoyo de Juan Parajón, así como también el trabajo de acompañamiento espiritual y material que varios programas realizan, entre ellos destacan el del Padre Amado Peña, acá presente.

Yo quiero en este caso intervenir, no solamente como Diputado sino como usuario que fui en un momento de estas cárceles cuando estuve en el Sistema Penitenciario, en La Granja, en la década de los ochenta; y consta entonces no solamente por lo que se observa a veces, sino por lo que se vive, las condiciones muy difíciles, muy complejas que se han agravado ahora más todavía, que tienen los internos allí y el difícil trabajo que ellos realizan.

Al aprobar esta ley, como expresaban los colegas, tomamos conciencia de que también tiene que aprobarse una asignación presupuestaria que se corresponda dentro de las limitaciones que hay en el país, al menos con el trabajo que ellos realizan, no solamente en términos de los salarios y de satisfacer otras necesidades, para que medianamente puedan cumplir con su función en atención de lo consignado en el artículo 39 de la Constitución.

Y finalmente, esta iniciativa de ley va a darles mayor capacidad no solamente para que el trabajo productivo pueda ser mejor colocado en la sociedad, el trabajo que realicen los internos o parte de su contribución a la sociedad y su terapia de reincorporación social, sino que también esto va a fortalecer su capacidad de gestión dentro del Ministerio de Gobernación, para que se brinde apoyo de cooperación externa a este sector tan necesitado y tan importante para la vida nacional.

Me uno a las voces de los colegas, invitando a que aprobemos con diligencia y por unanimidad en las discusiones del articulado o por capítulos, como se va a hacer, como ha dicho usted Presidente. El día de hoy esperamos que esto concluya y en todo caso el día de mañana a más tardar.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Nathán Sevilla.

DIPUTADO NATHAN SEVILLA:

Muchas gracias, señor Presidente.

No quería dejar de intervenir brevemente para felicitar a los directivos, dirigentes y a todos los trabajadores del Sistema Penitenciario, porque me consta que ya desde hace varios años vienen luchando por hacer realidad esta ley, que sin duda viene a dignificar el trabajo de todos ellos y también a dignificar el trato humano que se requiere con los prisioneros. Es responsabilidad del Estado darle su lugar al Sistema Penitenciario, al personal que trabaja allí y a los internos que están allí. Es responsabilidad del Estado impulsar junto con estos trabajadores una política humanitaria de trato a los prisioneros, que incluye los requerimientos de presupuesto y todos los programas adicionales que el Sistema puede generar para contribuir a que haya una condición más humana.

Es responsabilidad del Estado, y recalco en esto de la responsabilidad del Estado, porque aunque me parece meritoria la labor de las iglesias, esto no es un asunto de caridad pública, es un asunto de responsabilidad del Estado. Y si el Estado es responsable en mantener una política correcta de tratamiento a los internos y de remuneración adecuada al personal que atiende ese sistema; entonces lógicamente podrá articular de mejor forma la cooperación de las instituciones privadas de servicio público o humanitaristas, como son esas cooperaciones que vienen dando hasta ahora las iglesias y otras asociaciones privadas.

Entonces hay un amplio consenso, y creo que ésta debe ser la primera gran tarea que la Asamblea realice en este momento. Pero la reivindicación mayor debe estar dada en que los Diputados no perdamos de vista que al Sistema Penitenciario, a sus autoridades hay que darles una contribución constante para el continuo perfeccionamiento de ese Sistema Penitenciario, para la dignificación cada día mayor del trabajo que ellos realizan y del trato que reciben los prisioneros.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Octavio Alvarez.

DIPUTADO OCTAVIO ALVAREZ:

Gracias, señor Presidente.

Yo quería dejar claro el día de hoy, en el Diario de Debates, que como miembros de esta Comisión, participamos en todas las consultas que hicimos a las diferentes organizaciones, a las diferentes entidades del Gobierno y de la sociedad civil, con el objetivo de estructurar una ley que realmente vele por los intereses, tanto de los reos, de los privados de libertad, como de los funcionarios y los demás empleados del Sistema Penitenciario. Estamos claros de que la situación económica del país a veces o cada día es más caótica, pero esto no limita a que realmente debe haber un esfuerzo del Ejecutivo para destinar los fondos que realmente son necesarios para esa institución.

Por circunstancias ajenas no firmamos este Dictamen de ley, pero sí queremos dejar claro que estamos de acuerdo en que hemos participado -como mencionábamos anteriormente- en todas las discusiones. Y como Secretario de la Comisión de Defensa y Gobernación y miembro de la Bancada del Frente Sandinista, apoyo en un 100 por ciento esta iniciativa de ley. Pido también a las bancadas del PLC, Azul y Blanco y Camino Cristiano que apoyen, para que esta ley realmente venga a cumplir con los objetivos precisos para lo cual fue creada y estructurada.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea Avilés.

DIPUTADO CARLOS GADEA AVILES:

Gracias, señor Presidente.

Algún día los últimos vamos a ser los primeros, porque pedimos la palabra y de la Bancada Liberal, hasta ahora es la segunda participación que tenemos, después de escuchar alrededor de diez intervenciones. En nombre de la Bancada Liberal, queremos respaldar esta ley, que viene a llenar un vacío en los Sistemas Penitenciarios del país. Con esta ley se está dotando al Sistema Penitenciario de un cuerpo jurídico que tanta falta ha hecho. Es necesaria una ley moderna que vengan a humanizar tanto el estado de los privados de libertad, como humanizar a los funcionarios del Sistema Penitenciario. Es necesario como cristianos y como humanos.

Esta ley garantiza los derechos y deberes de los privados de libertad; garantiza que las personas que trabajan con los internos tengan la debida capacitación para tratar a los privados de libertad. El Sistema Penitenciario con esta ley va a lograr garantizar la reeducación y la reinserción de los privados de libertad a la sociedad. Y no sólo éso, esta ley se tiene que ver con un enfoque humano. No es posible que por ser privados de libertad, a estos seres humanos se les mire ya ni siquiera como personas; a veces la sociedad los ve ya ni con el status de humanos, sino hasta como animales.

Viven una vida infrahumana, donde a veces no tienen ni un colchón, viven todo el tiempo con los pies mojados, con hambre, y aquí es donde hace falta. Y éste es el complemento del enfoque humano de esta ley moderna, porque Cristo nos hace el llamado cuando nos dice "amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo". Y por eso es una obligación de todos los legisladores y los nicaragüenses, contar con un régimen penitenciario que les garantice condiciones humanas a los privados de libertad, y también garantice las condiciones necesarias a los funcionarios del Sistema Penitenciario.

Esta mañana he escuchado en casi todas las intervenciones la necesidad de aumentar el presupuesto en el Sistema Penitenciario, tanto para mejorar las condiciones de alimentación de los internos, como para mejorar las condiciones salariales de los funcionarios. Quiero felicitar a la Comisión de Defensa y Gobernación, y como miembro de la Bancada Liberal y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, aplaudimos la aprobación lo antes posible de esta ley.

Muchas gracias, y que Dios los bendiga a todos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge Martínez.

DIPUTADO TOMAS BORGE MARTINEZ:

Señor Presidente:

Hay que tener, memoria histórica, porque oí a algunos compañeros de esta bancada hacer algunas referencias un poco tímidas sobre esa historia. Creo que los actuales miembros del Sistema Penitenciario, algunos de los cuales están platicando con el Diputado Jarquín, se han comportado con el mismo espíritu, con la misma mística que se comportaron cuando nosotros, cuando yo era Ministro del Interior e hice algunas orientaciones que se pusieron en práctica en el Sistema Penitenciario.

Estos jóvenes de hoy -que ya no son tan jóvenes- a la cabeza de los cuales está Sobalvarro, tienen esa mística que nosotros tratamos de crear en el Sistema Penitenciario; y yo los felicito y les reconozco que hayan permanecido fieles a aquella mística. Hablo de memoria histórica, Agustín Jarquín, para que me escuchés también. En aquel tiempo creamos las Granjas de Régimen Abierto, donde los prisioneros eran libres prácticamente, ninguno se escapó, lo cual refleja la enorme importancia que tiene la confianza en los seres humanos.

Granjas de regímenes semi-abiertos: centros de producción desarrollados; la cultura y la educación estuvieron presentes en aquel esfuerzo; se alfabetizó a todos los reos; hubo acceso a las creencias religiosas sin discriminación de ninguna especie; relaciones familiares y conyugales las propiciamos en aquel momentos; severas medidas para evitar el maltrato a los prisioneros. Ustedes se acuerdan muchachos que así era. ¿No había un excelente tratamiento humano? No había fugas ni tráfico de drogas, ni consumo de alcohol. Nada de eso existía. Había un efectivo control del consumo de drogas y alcohol.

Creamos la Granja "La Esperanza", que todavía existe, para las mujeres, y le pusimos deliberadamente ese nombre para que no perdieran la fe y la confianza en el futuro. Me parece a mí que esta ley retoma algunas de las cosas que nosotros hicimos. Y al mismo tiempo que reconocemos lo que fueron aquellos hombres que estuvieron al frente del Sistema Penitenciario, queremos decir que afortunadamente muchos de ellos, que son los que están allí, siguen en el Sistema Penitenciario con ese mismo espíritu de lealtad y con ese mismo espíritu de solidaridad con los prisioneros, lo cual nos alegra profundamente.

Quizás lo que quepa aquí es un compromiso solemne de parte de todos los Diputados liberales, sandinistas y de otras tendencias, Camino Cristiano, para que cuando llegue la hora de discutir el Presupuesto, le demos un presupuesto suficiente al Sistema Penitenciario, no ese miserable presupuesto que tienen ahora. Existe ese compromiso sagrado, Wilfredo Navarro comprometete, Wilfredo, ¿cómo será que no están oyendo nada de lo que uno dice? ¿Wilfredo, te comprometés junto con nosotros a mejorar sustantivamente el Presupuesto del Sistema Penitenciario?

Todos los liberales y sandinistas nos comprometemos de verdad a mejorar el Sistema Penitenciario, a contribuir con ustedes y a mejorarles el presupuesto.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Gabriel Rivera Zeledón.

DIPUTADO GABRIEL RIVERA ZELEDON:

Gracias, Presidente.

Realmente nos ha entusiasmado el Comandante Borge con todo el relato que hizo cuando él era Ministro del Interior; pero tal vez se le olvida algo y no es ánimo de molestar a nadie, Comandante, pero quiero referirme en esta ocasión con conocimiento de causa, y quiero que me escuche. Con relación al Sistema Penitenciario "La Chácara", que usted lo conoce bien, ahora llamado "Puerta de la Esperanza", y no creo estar mintiendo, en esa oportunidad a la que usted se refiere, ese Sistema Penitenciario tenía a su disposición más de treinta manzanas de tierra, que eran regables en invierno y en verano, y ahí los privados de libertad tenían cultivos de toda naturaleza.

Comandante, después del triunfo de Doña Violeta, todo ese terreno pasó a manos privadas y dejaron al Centro Penitenciario "La Chácara", reducido totalmente a las instalaciones donde los reos ya no tienen la oportunidad de cultivar lo que cultivaban antes, eso fue repartido entre militares que trabajaban en el Sistema Penitenciario. Quiero que me escuche eso, Comandante Borge, si estoy diciendo mentiras o estoy diciendo verdad, y yo lo invito para que hagamos esfuerzos, y que esas tierras que pertenecían y que habían sido designadas para el Sistema Penitenciario "La Chácara", las regresemos a ese Sistema y obliguemos a las personas que fueron beneficiadas por esos terrenos, que redundaron en perjuicio de ese Sistema Penitenciario.

Y digo esto Comandante, porque la ley, el proyecto de ley que se está presentando hoy lo retoma, y lo he visto en la Exposición de Motivos, cuando dice, "la creación de un Centro de Producción Penitenciario", y ya el Sistema Penitenciario "La Chácara" lo tenía de más; y como dije, al triunfo de Doña Violeta, ese Sistema Penitenciario quedó reducido a las cárceles, únicamente a las estructuras que hoy tienen los privados de libertad. Yo invito nuevamente al comandante Borge, para que hagamos gestiones conjuntas.

Y que las personas que indebidamente se apropiaron de esos terrenos y los están negociando a altos valores los regresen, para que pueda ser este Sistema Penitenciario modelo de un buen sistema, como tenía las perspectivas de serlo.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Antes de cerrar esta discusión, vamos a conceder la palabra al último participante de esta mañana, al honorable Diputado Oscar Moncada Reyes.

DIPUTADO OSCAR MONCADA REYES:

Presidente, muchas gracias.

Discúlpeme porque se trata completamente de algo diferente a la ley que estamos discutiendo, pero también se trata de solventar problemas que pueden causar desprestigio a mi persona, a mi honradez y a la distinción de mi familia a quien yo tengo todo el derecho de defender. Hace pocos minutos los señores periodistas me han informado, cuando me entrevistaron, que el señor Secretario, Doctor López, sostiene que en un informe de la Contraloría dice que en la construcción inconclusa del anexo de la Asamblea Nacional, hubo mal manejo de fondos.

Como yo fui Presidente de esta honorable Asamblea, y puede quedar alguna duda sobre mi actuación honesta, le pido a la Junta Directiva, en especial al señor Secretario, que explique al Plenario sobre quién recae la supuesta culpa de que habla de la Contraloría General de la República. Deseo recordar al Plenario, que cualesquiera investigación realizada por la Contraloría, que puede involucrarme, tiene la obligación la Contraloría de preguntarme sobre el caso, y jamás he sido llamado por dicha Contraloría.

El debido proceso indica que se debe entrevistar a la persona aludida, y en esta forma vuelvo a reiterar, que la Contraloría jamás me ha preguntado absolutamente nada. No es para lavar responsabilidades, porque los que me conocen saben de sobra cómo fue hecho este edificio; quién fue el país que nos donó; en la forma que se enviaron todos los documentos al país donante; quién ganó la licitación; en qué forma se hizo la licitación; los miembros que compusieron esa Junta para la licitación.

Si acaso es cierto lo que me dicen los señores periodistas, yo quisiera una información que si ya está listo ese informe de la Contraloría, como me dijeron los señores periodistas, quiero saber quién es el culpable de esta actuación.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Se le concede la palabra al Secretario, el Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, señor Presidente.

Atendiendo la solicitud del Diputado Oscar Moncada. Los periodistas hicieron una pregunta sobre la propuesta de presupuesto de la Asamblea Nacional para el año 2004, y se les informó que es una propuesta que está en proceso de conformación y que estábamos incluyendo dentro de esta propuesta, un fondo de contrapartida de 5 millones de córdobas para poder gestionar fondos con organismos donantes y poder concluir el edificio anexo que está inconcluso, para ubicar a las Comisiones de la Asamblea Nacional.

Ellos trajeron a colación, que de acuerdo a información, hubo malos manejos en este edifico. Yo les dije que evidentemente hay un informe de auditoría, pero que yo no podía ser irresponsable dando información que no tengo a mano y que prefería buscar ese informe para poder hablar con mayor detalle. No se hizo alusión evidentemente a nadie en particular, y lógicamente los periodistas en su proceso de labor investigativa le hicieron la consulta a usted; pero no es porque yo haya señalado o haya hecho alusión a ninguna administración en particular, y ellos pueden ser testigos de mis palabras, simplemente dije: no puedo ser irresponsable de dar ninguna información sin tener el informe a mano.

Ellos preguntaron, insistieron en qué administración. No tengo información. Hasta tanto yo no tenga un informe en mis manos, no puedo señalar ningún acto, ni tampoco a ningún responsable. Entonces, de esa manera aclaro que fue en alusión a una información sobre la solicitud de un fondo de contrapartida para poder concluir el edificio anexo de la Asamblea Nacional.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Oscar Moncada.

DIPUTADO OSCAR MONCADA:

Sin hacer polémica, señor Presidente. Lo que dice el señor Secretario en un 95 por ciento es cierto, lo que pasa es que no dice la fecha del informe de la Contraloría General de la República. Yo sé perfectamente que hay un informe de la Contraloría General de la República y sé a quién le achacaron éso, pero él lo tiene en sus manos. Que diga tan siquiera la fecha para que así, sacando la fecha de cuando yo fui Presidente de esta honorable Asamblea, se sepa que yo no fui o que el Doctor Iván Escobar no fue. Eso es todo, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tenga la seguridad, honorable Diputado Moncada, que no dudamos de su honradez.

Tiene la palabra el honorable Diputado Wilfredo Navarro.

DIPUTADO WILFREDO NAVARRO:

Gracias, Presidente.

Yo no voy a tocar el tema de la ley que estamos tratando también, porque ya el Diputado Maximino Rodríguez planteó la posición de la bancada en torno a esta ley, que es de trascendental importancia para el país y para la institucionalidad. Pero yo quiero hablar por la honradez de Oscar Moncada, y me parece que hay una manipulación grotesca al hacer afirmaciones que dejan interrogantes para perjudicar la hombría de bien de un miembro de mi partido, que durante fue Presidente de esta Asamblea Nacional, demostró capacidad y más que nada, honradez y transparencia.

Los periodistas también a mí me preguntaron acerca de lo que decía el Diputado López, y la forma en que se enfocó la pregunta fue directa: Dice el Diputado López que durante la administración de la Presidencia de Oscar Moncada, se cometieron irregularidades en relación al edificio. Yo claramente, porque tengo años de estar también en este Parlamento, les expliqué a qué administración le correspondió el manejo de los fondos para la construcción de este edificio, y el Diputado López muy bien lo sabe, y él muy bien pudo decirles a los periodistas y borrarles de la mente, o por lo menos dejar de impulsar presunciones que no tienen más que el único afán de denigrar la honradez de un distinguido miembro de este Parlamento.

Así que yo quiero dejar sentada mi protesta, porque actitudes como ésas sólo conllevan a una separación y a un distanciamiento en el trabajo que estamos tratando, y que el mismo Diputado López ha dicho que no hay que meterle turbulencias políticas al quehacer parlamentario. En nombre de la Bancada, queremos dejar sentada nuestra protesta por esta manipulación contra un distinguido hombre de este país, hijo de un distinguido Presidente de la República y que no podemos dejar pasar esta situación por el carácter y la forma en que se trató de denigrar a nuestro colega, y también porque viene de un alto dignatario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Por aclaración, vamos a darle la palabra al Diputado López Baldizón, pero les ruego a los Diputados no seguir en esto, por favor.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Unicamente para aclararle al Diputado Wilfredo Navarro, que en ningún momento hice alusión a la honorabilidad del Diputado Oscar Moncada; y quisiera que el periodista que le hizo la pregunta, si lo tiene grabado que me lo enseñe. Simplemente les dije, no quiero ser irresponsable en dar información sin tener un documento a mano, que evidentemente debe estar en los archivos; pero nunca hice alusión particular a ninguna administración, porque no tengo la información a mano, ni tampoco me presto a maniobras de ese tipo, de estar poniendo en duda la honorabilidad de un Diputado, de un colega y de un ex Presidente de esta Asamblea Nacional, sin tener evidencia a mano.

No soy ese tipo de persona, y aquí claramente puedo asumir mis responsabilidades. Pero quisiera que ese periodista que hizo la pregunta me muestre la grabación donde yo supuestamente dije éso, ellos estuvieron presentes y fueron claros en que les insistí de que no iba a dar ninguna información sin tener un documento a mano. Así que le pido al Diputado Wilfredo Navarro que identifique a ese periodista y que me muestre la grabación.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Vamos a someter a votación en lo general, la Ley del Régimen Penitenciario.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

79 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobada en lo general.

Ya que esta ley consta de 20 capítulos y 149 artículos, vamos a someter a votación la solicitud hecha por el Diputado Maximino Rodríguez, que sea por capítulos en vez de artículos.

Los que votan por capítulos votan en el botón verde; y los que votan por artículos, en el botón rojo.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

79 votos a favor de que se haga por capítulos y 0 votos por artículos.

La votación será por capítulos.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

LEY No.
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de las facultades que le confiere la Constitución,

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DEL REGIMEN PENITENCIARIO Y EJECUCION DE LA PENA
CAPITULO I

DEL OBJETO, EJERCICIO Y NATURALEZA
DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Arto. 1 Objeto:

La presente Ley tiene por objeto establecer las normativas y reglas generales para el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, y regular la actividad de éste en la ejecución de las penas y medidas

cautelares

privativas de libertad, tales como control, reeducación, seguridad penal y la reinserción social de los privados de libertad.

La ejecución de la pena tiene como fin primordial la reeducación y reinserción del privado de libertad a las actividades de la sociedad.

Arto.2.Ejercicio de la actividad del Sistema Penitenciario Nacional:

La actividad del Sistema Penitenciario Nacional se ejercerá de conformidad con las garantías y principios establecidos en la Constitución Política y demás leyes de la república, reglamentos de la materia, el Código de Conducta y los Instrumentos Jurídicos Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Nicaragua.

Arto.3 Actuación del Sistema Penitenciario Nacional:

El Sistema Penitenciario Nacional es la institución del Estado, en cuanto a organización y estructura de éste y la sociedad nicaragüense, con facultades expresas para la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por las autoridades judiciales del país, y el fin primordial es la reeducación y reinserción del privado de libertad a las actividades de la sociedad.

La actividad del Sistema Penitenciario Nacional se ejerce exclusivamente por medio de sus jefes, oficiales y el personal profesional designado para el ejercicio de la guarda, custodia y seguridad de los privados de libertad.

Arto. 4 Naturaleza del Sistema Penitenciario Nacional:

El Sistema Penitenciario Nacional es un cuerpo armado, de naturaleza civil, profesional, apolítico, apartidista, no deliberante, organizado jerárquicamente y con rango de Dirección General dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Gobernación, con estructura, organización y competencia definida en la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 102 del 3 de Junio de 1998, su Reglamento y por lo dispuesto en la presente ley.

Le corresponde al Ministro de Gobernación coordinar, dirigir y administrar el Sistema Penitenciario Nacional a través del Director General que al efecto nombre por medio de Acuerdo Ministerial. Su uniforme, distintivos, escudo, bandera y lema son de uso exclusivo.

Arto.5 Ambito de competencia del Sistema Penitenciario

Nacional:

El Sistema Penitenciario Nacional tiene su ámbito de competencia

en todo el territorio nacional con funciones de control, reeducación y seguridad penal. Su autoridad se ejerce por medio del Director General, quien es nombrado de entre sus miembros activos de máxima jerarquía por el Ministerio de Gobernación.

La Dirección del Sistema Penitenciario Nacional tiene su sede principal en la ciudad de Managua, pudiendo establecer Centros Penales en cualquier lugar del país, todo de conformidad a las normativas técnicas y las directrices administrativas pertinentes, según sea el caso.

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

Observaciones al artículo 1, del Capítulo I.

¿Observaciones al artículo 2.

¿Al artículo 3?

¿Al articulo 4?

¿Al artículo 5?

A votación el Capítulo I.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

74 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo I.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPITULO II
DE LOS OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y FUNCIONES

Arto.6 Objetivos del Sistema Penitenciario Nacional:

Son objetivos fundamentales del Sistema Penitenciario Nacional, los siguientes:

1. La ejecución de las sentencias penales y las medidas cautelares privativas de libertad, dictadas por los tribunales de justicia;

2. La reeducación del interno para su integración a la sociedad; y

3. Promover la unidad familiar, la salud y la ocupación productiva del interno.

Arto. 7 Ejercicio y fundamento del Sistema Penitenciario Nacional:

El Sistema Penitenciario Nacional se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad de la persona y el respeto a los Derechos Humanos. En ningún caso los internos serán sometidos a torturas, penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se prohíbe el maltrato físico o psicológico y cualquier otro procedimiento que atente en contra de la dignidad humana del interno.

Arto. 8 Principios de igualdad:

En el ejercicio de la actividad penitenciaria, queda prohibida la discriminación para los internos por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político o religioso, raza, sexo, edad, idioma, opinión, origen, estrato social y capacidad económica.

Arto.9 Separación de Procesados y Condenados a Causa del Sexo:

Las internas mujeres bajo proceso de detención y/o condenadas, deberán de permanecer en Centros Penales distintos a los que albergan a los hombres, debiendo ser el personal de custodia del orden interior del mismo sexo, salvo el personal de seguridad y traslado.

Arto.10 Centros de Atención Especial para menores:

En los casos de los menores infractores, cuya edad oscile entre los 15 y 18 años de edad, se les procurará una atención provisional o definitiva en Centros Especializados dirigidos y administrados bajo la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional.

Arto.11 Cooperación:

Durante el proceso de la ejecución de la pena o de las medidas cautelares privativas de libertad, le corresponde al Sistema Penitenciario Nacional la facultad de poder o no convenir la cooperación y asistencia con las diferentes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, en el diseño y ejecución de los diferentes programas educativos, culturales, promoción ambiental y de salud, formación técnica y trabajos prácticos, así como otras actividades encaminadas al rescate y fortalecimiento de los valores humanos, morales y las actividades religiosas.

Arto. 12 Internos y Finalidad del Sistema Penitenciario Nacional:

Para los fines y efectos de la presente ley, se consideran internos a todas las personas privadas de libertad, sea por encontrarse bajo detención provisional o por estar sentenciadas al cumplimiento de una pena.

En todos los casos, la actividad del Sistema Penitenciario Nacional tiene por finalidad la readaptación social integral de los privados de libertad que se encuentren internos en el Sistema, en beneficio de la familia y la sociedad nicaraguense

Arto.13. Autoridad de Aplicación y sus funciones:

Para los fines y efectos de la presente ley, se designa como autoridad de aplicación de ésta, a la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, siendo sus funciones las siguientes:

I) En el ámbito de las Políticas Públicas sobre el Sistema Penitenciario Podrá:

1.1 Proponer al Ministerio de Gobernación las políticas penitenciarias y proporcionarle asesoría en la ejecución de las mismas;

1.2 Ejecutar las políticas penitenciarias;

1.3 Presentar al Ministro de Gobernación proyectos y propuestas de reformas legales y sociales vinculadas al tratamiento del interno, así como a la prevención del delito en el interior de los Centros Penitenciarios;

1.4 Promover el intercambio de cooperación técnica y científica a nivel nacional e internacional en asuntos relacionados al Sistema Penitenciario;

1.5 Coordinar y supervisar las diversas actividades que desarrollen dentro del Sistema Penitenciario Nacional, las diferentes instituciones del Estado nicaragüense;

1.6 Cualquier otra que le faculte la ley y su Reglamento;

2) Con relación a los internos:

2.1 Hacer cumplir las sanciones penales y medidas cautelares de privación de libertad dictadas por las autoridades judiciales competentes;

2.2 Presentar a los internos ante los Tribunales de Justicia, según sea el caso, y garantizar su custodia, todo de conformidad por lo establecido por la autoridad competente;

2.3 Promover la aplicación, control y ejecución de programas de reeducación para los internos, con el objetivo de su reinserción gradual a la sociedad por medio del Sistema Progresivo, tanto en los Centros Penitenciarios ordinarios y/o especiales;

2.4 Promover la asistencia, la participación y la unidad familiar de los internos durante el proceso de tratamiento y rehabilitación;

2.5 Cuidar por la vida, integridad física y moral, así como la seguridad y custodia de los internos dentro de las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional y durante el proceso de las diligencias que realizare fuera de las instalaciones del Centro Penitenciario;

2.6 Garantizar la seguridad interna y externa de los Centros Penitenciarios ordinarios y especiales, así como la disciplina y control sobre la población penitenciaria de acuerdo con el Reglamento interno respectivo.

2.7 Levantar y mantener la información legal relativa a los internos actualizada, así como facilitar el acceso a ésta cuando la soliciten las autoridades judiciales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Comisión Pro Derechos Humanos y la Paz de la Asamblea Nacional o cualquier otro Organo competente del Estado, así como las diferentes Organizaciones de Derechos Humanos jurídicamente reconocidas y establecidas en el país, y los familiares de los internos o sus defensores.

2.8 Promover, coordinar, ordenar y supervisar la participación y apoyo de las diferentes entidades públicas, sean estas nacionales o extranjeras, públicas o privadas; y de la sociedad civil, así como de aquellas personas interesadas a título particular en el proceso de asistencia y atención post-penitenciaria.

3. En los relativo a la Organización Interna:

3.1 Administrar y controlar la actividad penitenciaria, evaluar su funcionamiento de conformidad con las directrices establecidas por el Ministerio de Gobernación;

3.2 Administrar y controlar el proceso de selección, ingreso, formación, capacitación, rotación, especialización y promoción en la carrera penitenciaria del personal penitenciario;

3.3 Proponer, administrar, ejecutar y controlar el presupuesto asignado al Sistema Penitenciario Nacional de conformidad a la ley de la materia y a las normativas especificas establecidas por el Ministerio de Gobernación y la Contraloría General de la República;

3.4 Divulgar todo lo relativo con la política y programas desarrollados por la administración del Sistema Penitenciario Nacional;

3.5 Establecer el sistema administrativo, técnico y financiero que brinden efectiva garantía al funcionamiento de los diferentes Centros Penitenciarios del país, todo de conformidad con las normas establecidas en la presente ley y las diferentes instancias de dirección del Ministerio de Gobernación;

3.6 Organizar y ejecutar los diferentes mecanismos de controles estadísticos de la población penal; y

1.1 Cualquier otro que al respecto establezca la presente ley y los reglamentos específicos.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 6, del Capítulo II

¿Observaciones al artículo 7?

¿Al artículo 8?

¿Al artículo 9?

¿Al artículo 10?

¿Al artículo 11?

¿Al artículo 12?

¿Al artículo 13?

Tiene la palabra el honorable Diputado José Figueroa.

DIPUTADO JOSE FIGUEROA:

Gracias, Presidente.

En el artículo 13, en el inciso 2.7, presento una moción de consenso que consiste en agregar entre los solicitantes de información, a la Policía Nacional.

Presento la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a la moción presentada por el Diputado Figueroa, su observación en el artículo 13.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

"Moción de consenso al artículo 13, inciso 2.7: Agregar entre los solicitantes de información a la Policía Nacional. El resto del artículo queda igual.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el Capítulo II, con la moción presentada por el Diputado Figueroa en el artículo 13.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

76 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo II, con la moción presentada por el Diputado Figueroa.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPITULO III.

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Y SUS FUNCIONES

Arto. 14: Estructura del Sistema Penitenciario Nacional:

El Sistema Penitenciario Nacional está organizado y estructurado de forma siguiente:

1. La Dirección General, integrada por un Director General, dos Subdirectores Generales y un Inspector General.

El Director General es el superior jerárquico y máxima autoridad del Sistema, a quien se le subordinan todos los demás funcionarios y empleados del Sistema Penitenciario Nacional;

2. Las Especialidades Nacionales;

3. Los Organos Nacionales de Apoyo; y

4. Las Direcciones Penitenciarias.

Arto.15 Funciones del Director General del Sistema Penitenciario Nacional:

El Director General del Sistema Penitenciario Nacional es encargado de ejecutar la Penitenciaria establecida por el Gobierno de la República debiendo prestar estricto cumplimiento a la Constitución Política, la presente ley y su Reglamento, así como cualquier otra ley vinculada a estas materia y los Acuerdos y Resoluciones Ministeriales.

Para tal efecto, al Director General se le establecen las siguientes funciones:

Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, el ordenamiento jurídico del Estado nicaragüense, así como los acuerdos, tratados y convenios internacionales relativos a la materia, y demás disposiciones de carácter general que regulen la actividad penitenciaria:

Dirige el proceso de selección, por medio del concurso por oposición, para el nombramiento, promoción y remoción del personal penitenciario, de conformidad a lo establecido en la presente ley y su Reglamento.

Administrar los recursos técnicos y materiales, y de la ejecución presupuestaria de conformidad a lo establecido en Presupuesto General de la República.

4. Supervisar el cumplimiento y desempeño del personal del Sistema Penitenciarios Nacional.

5. Girar las instrucciones y disposiciones generales necesarias para el funcionamiento de la institución.

6. Presentar al Ministerio de gobernación, para su respectiva aprobación, los planes, programas y proyectos que vaya a desarrollar el Sistema Penitenciario Nacional;

7. Dirige, supervisa y controla la actividad de los diferentes órganos administrativos del Sistema Penitenciarios Nacional.

8. Informar de manera sistemática y constante al Ministro de Gobernación sobre todas las actividades que se realicen en el Sistema Penitenciario Nacional y de aquellos acontecimientos, que por su naturaleza sean de relevancia;

9. Realizar, previa consulta con el Ministerio de Gobernación, las coordinaciones con los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, públicos o privados, nacionales o extranjeros, con el objetivo de facilitar la ejecución de los objetivos y políticas penitenciarias;

10. Garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del personal penitenciario, todo de conformidad a lo establecido en la legislación vigente;

11. Presentar al Ministerio de Gobernación informe trimestral, semestral y anual de todas las actividades realizadas en el Sistema Penitenciario;

12. Proponer las mejoras y reformas que considere necesario para el mejor funcionamiento del Sistema penitenciario Nacional, así como corregir las irregularidades del servicio penitenciario, de acuerdo con la presente ley y su Reglamento y cualquier otro Reglamento específico que se establezca;

13. Proponer al Ministro de Gobernación el otorgamiento de reconocimientos y consideraciones para el personal que labore en el Sistema Penitenciario Nacional y personalidades que se destaquen en el apoyo al trabajo del Sistema.

14. Otorgar los reconocimientos y condecoraciones propias del Sistema Penitenciario Nacional que se encuentren autorizadas y reguladas por normativas internas del Sistema.

15. Representar legalmente al Sistema Penitenciario Nacional, con funciones de Apoderado General de Administración; y

16.

Cualquier otra función que le establezca la presente ley.

Arto. 16 Otros cargos y auxilio al Director del Sistema:

Para el ejercicio del cargo y sus funciones, el Director General del Sistema Penitenciario Nacional, dispondrá del respaldo y auxilio de dos Subdirectores Generales y del Inspector General, quienes son los inmediatos y principales colaboradores en cualquier asunto inherente a la gestión del Sistema Penitenciario Nacional.

Las funciones de los Subdirectores Generales son aquellas que les delegue el Director General del Sistema Penitenciario Nacional.

Arto. 17 Funciones del Inspector General:

El Inspector General tiene la función de fiscalizar, inspeccionar e informar al Director General sobre las actuaciones de los funcionarios, empleados y demás personal del Sistema Penitenciario nacional, el cumplimiento de las normativas penitenciarios, así como del cuido del funcionamiento y prestigio de la Institución.

También podrá hacer propuesta y recomendaciones con relación a las medidas y sanciones disciplinarias que se les aplicarán a los miembros del Sistema Penitenciarios Nacional que incurran en faltas o delitos.

Arto. 18 Consejo Directivo Nacional:

Créase el Consejo de Dirección Nacional, como el Organo de asesoría y consulta del Sistema Penitenciario Nacional, y que está integrado por el Director General, los dos Subdirectores Generales, el Inspector General, los Directores de Especialidades Nacionales, los Directores de los Organos de Apoyo y los Directores de los Centros Penitenciarios del país.

Este Consejo de Dirección Nacional sesionará por lo menos una vez al mes de forma ordinaria, pudiendo reunirse de forma extraordinaria cuando a criterio del Ministro de Gobernación o del Director General sea considerado necesario.

Arto.19 Consejo Técnico

El Consejo Técnico es el órgano asesor del Director General, integrado por los Directores de Especialidades Nacionales y cualquiera de los otros jefes, que a criterio del Director General, sea considerado necesario designar para la integración y funcionamiento de éste.

Arto. 20 Especialidades Nacionales:

Las Especialidades Nacionales ejercen funciones rectoras de asesoría, definición de normativas generales de carácter nacional; teniendo la responsabilidad de la supervisión, control, análisis y evaluación de los diferentes programas que se desarrollen en el Sistema; para tal efecto, deberán tener una estrecha relación funcional con los órganos de ejecución.

Son órganos de Especialidades Nacionales, las siguientes:

Dirección de Reeducación Penal;

Dirección de Control Penal; y

Dirección de Seguridad Penal.

Arto. 21 Funciones de la Dirección de Reeducación penal:

La Dirección de Reeducación Penal tiene la función de brindar asesoría, planificación, control y evaluación de los diferentes programas y actividades de rehabilitación social destinados a la reinserción del interno a las actividades productivas, de su familia y de la sociedad.

Arto. 22 Funciones de la Dirección de Control Penal:

La Dirección de Control Penal tiene la función especial de asesorar, planificar, controlar y evaluar todo lo relativo al registro, control administrativo y estadísticos de cada uno de los internos vinculados al ingreso, egreso, expedientes penitenciarios y toda la situación jurídica de los internos.

Arto. 23 Funciones de la Dirección de Seguridad Penal:

La Dirección de Seguridad Penal tiene la función de asesorar, planificar, controlar y evaluar las actividades y planes de seguridad de las instalaciones penitenciarias y el movimiento diario de los internos fuera de las instalaciones físicas del Sistema Penitenciario Nacional.

Arto. 24 Integración de las Direcciones:

La definición de la integración de estas Direcciones será establecida en el Reglamento de la presente ley.

Arto.25 Organos Nacionales de Apoyo y sus funciones:

Para los afectos de la presente ley y su Reglamento, son Organos Nacionales de Apoyo, los siguientes:

División Administrativa Financiera;

División de Personal;

División de Información, Planificación y Estadística;

División de Escuela para Estudios Penitenciarios;

División de Asesoría Jurídica;

División de Auditoría Interna;

División de Servicios Médicos; y

División de Proyectos e Inversiones.

Los Organos Nacionales de Apoyo tienen la función de asesorar, asistir, capacitar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución, en beneficio de los privados de libertad y los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional.

Arto. 26 Direcciones Penitenciarios:

Las Direcciones Penitenciarias son órganos de ejecución, que tienen bajo su responsabilidad la administración, control y resguardo de los privados de libertad o interno remitidos por las autoridades judiciales competentes para el cumplimiento de las sanciones penales y medidas cautelares privativas de libertad.

Están integradas por estructuras homólogas de las especialidades y órganos de apoyo nacionales. Estas Direcciones ejecutan las actividades penitenciarias en materia de rehabilitación, seguridad y control penal.

Los responsables de estas áreas se subordinan al Director del Centro, el que a su vez se subordina al Director General del Sistema Penitenciario Nacional.

Arto.27 Autorización a los funcionarios para el uso de armas de fuego en el ejercicio de sus funciones:

Los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, en general, como parte integrante del sistema de seguridad de la Nación, quedan autorizados para el uso de armas de fuego en el ejercicio de sus funciones.

El procedimiento para el uso y empleo de la fuerza y armas de fuego se establecerá en el Reglamento de la presente ley, y que se limita por el principio de racionalidad y proporcionalidad de acuerdo a las exigencias de las circunstancias, tales como la defensa propia o de terceros, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, en los casos de fuga de una persona sometida a custodia o detención.

La portación de armas de fuego o corto-punzantes en el interior del Penal queda limitada, salvo por las circunstancias de motín, secuestro, fuga y la preservación de las instalaciones del Centro.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 14 del Capítulo III?

Tiene la palabra el honorable Diputado Maximino Rodríguez.

¿Observaciones al artículo 15?

DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Es con relación a las funciones del Director General del Sistema Penitenciario Nacional, Arto. 15. Agregar un nuevo numeral 13) y los demás se renumerarán. Dice lo siguiente:

“Determinar los locales que serán destinados al alojamiento de privados de libertad, para el cumplimiento y ejecución de la pena”.

Esta es una moción de consenso. Paso la moción.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 16?

¿Al artículo 17?

Tiene la palabra el honorable Diputado Maximino Rodríguez.

DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, Presidente.

Sólo es para hacer una observación, porque es una cuestión de forma y no de fondo. Que quede en el Diario de Debates, que la Comisión de Estilo le pueda agregar donde dice: "También podrá propuestas", entonces tendría que decir: " También podrá hacer propuestas". Entonces agregarle " hacer".

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 18?

¿ Al artículo 19?

¿Al artículo 20?

¿Al artículo 21?

¿Al artículo 22?

¿Al artículo 23?

¿Al artículo 24?

¿Al artículo 25?

¿Al artículo 26?

¿Al artículo 27?

Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando José Tardencilla.

DIPUTADO ORLANDO JOSE TARDENCILLA:

Muchas gracias.

Como el artículo 27 nos remite a la autorización de los funcionarios a portar armas de fuego, en el tercer párrafo hay una frase que me parece que es inadecuada, que dice: "La portación de armas de fuego o corto – punzante”. Me parece que fue algún lapsus, porque no se puede autorizar a ningún funcionario a andar una puya, puñales o ese tipo de cosas. Si no hay mayores elementos, yo propongo a la Comisión y al Plenario que eliminemos todo el párrafo, porque definitivamente ya el artículo lo cubre. O quitamos ese elemento de "corto punzante", para mantener la autorización del funcionario a tener armas de fuego.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Se le solicita al Comisionado Carlos Sobalvarro, si tiene una observación con respecto a lo que se está hablando en el artículo 27, sobre la portación de armas de fuego o corto punzantes.

COMISIONADO CARLOS SOBALVARRO, DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL:

Señor Presidente, gracias.

Solamente sería quitar allí lo de "corto punzante"; lo demás está claro.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado José Figueroa.

El honorable Diputado José Castillo Osejo.

DIPUTADO JOSE CASTILLO OSEJO:

Gracias, señor Presidente.

Yo creo que no hemos leído bien el párrafo, porque tiene una limitante. “La portación de armas de fuego o corto – punzantes en el interior del Penal queda limitada, salvo por las circunstancias de motín, secuestro, fuga y la preservación de las instalaciones del Centro”. Esto quiere decir que si no existe ninguna de esas circunstancias, nunca podrán portar ni corto punzantes ni armas de fuego ; eso es lo que quiere decir el párrafo. Entonces no sé por qué es que lo quieren cambiar, yo creo que tenemos que leerlo bien.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Alfonso Ortega Urbina.

DIPUTADO ALFONSO ORTEGA URBINA:

Gracias, señor Presidente.

Precisamente iba a hacer la observación que dijo el honorable Diputado Castillo Osejo, pero quiero agregar que en mi concepto hay que decir: "La portación de armas", eliminando "de fuego o corto – punzante". Simplemente como designación general: "La portación de armas en el interior del Penal queda limitada". Y el resto del artículo queda igual.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge.

DIPUTADO TOMAS BORGE:

Estoy de acuerdo con el juicio emitido por el Diputado Castillo Osejo.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el Sub-Director del Sistema.

COMISIONADO DARWIN CENTENO, SUB-DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL:

Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que estamos de acuerdo con la finalidad que hablaron los honorables Diputados, en el sentido de que si pasamos a definir todas las armas, hasta un ladrillo puede volverse arma dentro del Centro Penitenciario. Entonces, yo creo que más bien para dar una cobertura amplia sería: "La portación de cualquier arma queda prohibida en el interior del Penal"; y lo que sigue.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Maximino Rodríguez.

DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:

Presidente: Es que la metodología a seguir es hacer la moción. ¿Ya la presentó Tardencilla? Okey. Porque si nos ponemos a hacer comentarios y no presentamos la moción, no estaríamos haciendo nada.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Fremio Altamirano.

DIPUTADO FREMIO ALTAMIRANO:

Gracias, señor Presidente.

En lo que se refiere a portar armas dentro del Sistema Penitenciario, yo diría que quede así como está, sólo quitarle lo de "corto – punzante", porque a la hora de un amotinamiento no le van a pedir tiempo las autoridades a los reos que se amotinen para ir a sacar una arma para defenderse. Yo creo que eso tiene que tomarse en cuenta.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.

DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:

Gracias, Presidente.

No es una moción, simplemente una observación. A mí me parece que este último párrafo está sobrante, porque en el segundo párrafo dice claramente que "El procedimiento para el uso y empleo de la fuerza y armas de fuego se establecerá en el Reglamento de la presente ley". Yo creo que estas cuestiones se deberían dejar para el Reglamento en todo caso, dejando este segundo párrafo que está muy explícito. Pero por otra parte, yo creo que tanto la Policía Nacional, como el Sistema Penitenciario Nacional, adolecen de suficiente equipo, armamentos y recursos que son indispensables y fundamentales para el ejercicio de sus funciones.

Les estamos limitando cosas que ni siquiera tienen, según tengo información, en el Sistema Penitenciario ni garrotes tienen para poder preveer, y el uso del arma no hay que interpretarlo como una cuestión nada más de fuerza y coerción sino que preventiva. Yo creo que los reos, o el delincuente o quien sea, respeta al que está armado, pero si lo encuentra desarmado y que va ir a la carrera a buscar un palo, un cuchillo corto – punzante o como se llame, sería un alto riesgo para las personas que están desarrollando esa fundamental y delicadísima función en la que exponen su vida.

Creo que tienen que tener suficientes recursos para poder ejercer dentro de un marco mínimo de seguridad esa función de velar por las personas que están bajo ese Sistema. Yo creo que si lo dejamos para el Reglamento quedaría más que suficiente y nos evitamos la discusión, de si el arma es corto – punzante o no, porque un arma puede ser una piedra, puede ser un garrote, puede ser un mecate, puede ser una toalla, puede ser una sábana, etc.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Agustín Jarquín.

DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:

Gracias, Presidente.

Era simplemente para hacer esta observación que también la ha presentado don Jaime Morales. Pareciera que este último párrafo no es necesario, porque esto va a ser -como se dice aquí- reglamentado, y más bien correspondería una moción de consenso para eliminarlo. Y todas las condiciones, características, etc., para la portación de armas va a estar, como aquí se dice, ya estableciendo en el correspondiente Reglamento.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Gracias, señor Presidente.

Yo quería saber si realmente ya se hizo la moción de consenso para eliminarlo. Yo también tendría una aportación, una sugerencia que diría así: “La portación de armas de cualquier tipo”, y le quitamos "de fuego o corto – punzante", porque ya lo decía el Diputado Morales Carazo, que puede ser una piedra, un palo, cualquier cosa. Entonces, no sé si ya retomaron éso, pero que quede el párrafo, porque yo sé que el espíritu era lo que decían el Diputado Castillo Osejo y el Diputado Alfonso Ortega Urbina. Yo creo que el espíritu se debe mantener, porque lo que queda en la ley es lo que se va a reglamentar, y el Reglamento no puede ir más allá de lo que dice la ley.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a las mociones presentadas en el artículo 15 y en el artículo 27.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

"Moción de consenso al artículo 15: Agregar un nuevo numeral 13): se renumerarán todos los demás. Numeral 16): " Determinar los locales que serán destinados al alojamiento de privados de libertad, para el cumplimiento y ejecución de la pena”. Moción de consenso.

Moción al artículo 27, presentada por el Diputado Orlando Tardencilla. El último párrafo del artículo 27, quedaría de la siguiente forma:

“La portación de armas en el interior del Penal, queda limitada salvo por las circunstancias de motín, secuestro, fuga y la preservación del Centro”. Se eliminaría entonces "de fuego o corto – punzante", y queda como término general.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Vamos a someter a votación la moción presentada en el artículo 15.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción presentada en el artículo 15.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Tenemos otra moción presentada al artículo 27, que dice: “Se elimina el tercer párrafo".

Y estamos esperando la moción que está preparando la Diputada Arellano.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando José Tardencilla.

DIPUTADO ORLANDO TARDENCILLA:

En razón de la sustantiva aportación hecha, en que "la portación de armas", punto general, a "la portación de cualquier tipo", aclara más, yo voy a retirar la moción para apoyar la de consenso. Repito, por la sustantiva aclaración que hacen.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.

DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:

Sin ánimo de polemizar, señor Presidente, a veces nuestras nuevas culturas e importaciones de otros esquemas, hacen que los que deben velar por la seguridad de los ciudadanos y más a aquellos que están en la delicadísima función de custodiar a reos, etc., los dejamos a veces en la indefensión. Porque, ¿dónde es que a van a tener la necesidad de usar las armas? Lógicamente que dentro de los penales, afuera se trata de otra cosa. Pero también puede ocurrir que a quienes han estado custodiando a reos, éstos al salir, por razones de venganza o por lo que sea, pudieran atentar contra la seguridad de los señores que han estado cuidándolos.

Entonces, yo creo que el hecho del uso de las armas está bien claro y explicitado en el primer párrafo. El concepto es que si andan armados o no andan armados, si no les damos un pañuelo para que cuiden a los reos; y cualquier cosa, viene el reino de las pandillas y todas las cosas que ocurren en otras sociedades, y no tenemos que ir tan lejos, por lo que estamos viendo en El Salvador y Honduras; esos mismos señores son los que llegan a los penales. A éstos señores funcionarios custodios de la seguridad del país, que no hay ni como pagarles y que ganan una miseria, los dejamos en la indefensión total.

Esa es la apreciación y la reflexión que yo quisiera dejar planteada, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado José Figueroa.

DIPUTADO JOSE FIGUEROA:

Gracias, Presidente.

Yo solamente quería ratificar la moción de consenso y quería aclararle a don Jaime y a Agustín, que el Sistema Penitenciario tiene años de cumplir su misión de orden interno en las prisiones, desarmados de armas de cualquier tipo, por razones de seguridad, porque las estadísticas penales indican que andar armado adentro de los penales, es lo que más provoca asonadas, motines, etc., de los prisioneros. Entonces lo que estamos haciendo hoy día con esta moción, es institucionalizar un concepto de trabajo que ya desde hace años tiene el Sistema Penitenciario Nacional.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Maximino Rodríguez.

DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, Presidente.

Técnicamente creo que es importante analizar el asunto, porque podría ser que haya alguien paranoico y puede asaltar a un agente del Sistema y quitarle el arma; es una cuestión de doble filo. Yo creo que estamos hablando de la cuestión interna, intrínsecamente en el Sistema. Entonces, sería importante que el Presidente someta a votación la moción consensuada aquí por todas las bancadas.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.

DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:

Yo respeto las apreciaciones y la modernidad de lo que se aduce aquí para justificar o para poder evitar esta situación del uso de los armamentos; sin embargo, yo creo que también se han presentado nuevas clases de delitos, delitos de altísima peligrosidad, como el lavado de dinero, el narcotráfico, etc., que hace que muchos de los reos sean de altísima peligrosidad y que forman parte de organizaciones que no se limitan exclusivamente a la persona en lo individual; por lo que la consideración de estar o no armado es una cuestión que siempre va estar pendiente.

El hecho de que quizás no hayan ocurrido situaciones de mayores proporciones que lamentar, obedece quizás al esquema en que fue concebido el Sistema Penitenciario y a las cuales se refirió el Comandante Borge al inicio, pero las cosas vienen evolucionando en un sentido e involucionando en otro sentido. Por lo que la cuestión incluso del Sistema Penitenciario se hace evidente en el caso de nuestra Policía Nacional, que anda con un palito a veces, una clava de tercer nivel y no es necesariamente por un principio, es por no dotarlos de los recursos presupuestarios adecuados.

Porque venir a justificar que va a ser simplemente con buen trato y con razones psicológicas, etc., que van a controlar una serie de situaciones de alto riesgo y peligrosidad, pues yo tengo mis serias dudas aún, pero por supuesto en un sistema democrático lo que esta Asamblea acuerde es lo que vamos a respetar.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Vamos a someter a votación las dos mociones presentadas, pero antes vamos a solicitarle al Secretario que dé lectura para que todos estemos claros.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo 27, párrafo tercero: “ La portación de armas de cualquier tipo en el interior del penal queda limitada”. Y continúa igual el párrafo.

Y la otra moción presentada por el Diputado Agustín Jarquín, en la que se elimina el último párrafo.

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

Los que votan a favor de la moción presentada de consenso votan en verde ; y los que votan a favor de la moción presentada por el Diputado Jarquín Anaya, votan en rojo.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

53 votos a favor de la moción presentada de consenso; 8 votos a favor de la moción presentada, (perdón), 3 votos a favor de la moción presentada por el Diputado Jarquín. Queda aprobada con la moción presentada de consenso.

A votación el Capítulo III, con las mociones presentadas.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

70 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo III.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPÍTULO IV

DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Arto.28 Coordinaciones:

Para el logro de los fines y objetivos de la presente ley, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, deberán establecer las respectivas coordinaciones con las autoridades judiciales que corresponda, el o los representantes del Ministerio Público, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales a los Adolescentes, el Patronato Nacional para los Privados de Libertad y las diferentes agencias o asociaciones promotores de los derechos humanos de interés.

Arto. 29 Colaboración:

Las Autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, deben brindar la respectiva colaboración e información que resulte necesaria, a solicitud de las autoridades referidas en el artículo 64 de la presente ley, así como lo dispuesto en el artículo 216 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Arto. 30 Asociación civiles para el apoyo del Sistema:

La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional y las diferentes asociaciones civiles que se formen para el apoyo del trabajo penitenciario, deberán orientar sus planes y proyectos para ser desarrollados con las instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, procurando la reincorporación del privado de libertad a la sociedad.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 28 del Capítulo IV?

Tiene la palabra el honorable Diputado José Figueroa.

DIPUTADO JOSE FIGUEROA:

Gracias, señor Presidente.

Voy a presentar una moción de consenso que consiste en agregar a la Policía Nacional, como institución a coordinar por parte del Sistema Penitenciario Nacional; quedando el resto del artículo igual.

Presento la moción de consenso.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 29?

¿Observaciones al artículo 30?

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

El Secretario dará lectura a las mociones presentadas.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Mociones de consenso al artículo 28. "Agregar a la Policía Nacional, como institución a coordinar por parte del Sistema Penitenciario".

Y moción al artículo 29: "Sustituir en el artículo 29, el número 64 por el número 28".

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Yo solicité para el artículo 30, señor Presidente, no sé si ya se puede. Primeramente quiero saludar al Reverendo Ramón Brenes, que nos está acompañando, él es del Patronato que está actualmente ayudando a los privados de libertad; así que le damos la bienvenida al Reverendo Ramón Brenes, que está aquí acompañándonos.

En el artículo 30, nosotros ya habíamos consensuado, pero se pasó por alto que el Título dice “Asociaciones civiles” , y vamos a agregar “y religiosas para el apoyo del Sistema”. Y también en el párrafo: “La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional y las diferentes asociaciones civiles y religiosas que se formen para el apoyo del trabajo”. Y después todo el párrafo queda igual.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a la moción presentada de consenso en el artículo 30.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo 30. En su encabezado se leerá así: "Asociaciones civiles y religiosas para el apoyo del Sistema". El resto del artículo queda igual.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Vamos a someter a votación la moción presentada en el artículo 28.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

67 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción presentada en el artículo 28.

Moción presentada en el artículo 29.

Como ya fue leída, la sometemos a votación.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 29, con la moción presentada.

Moción presentada sobre el artículo 30.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 30, con la moción presentada.

A votación el Capítulo IV, con las mociones presentadas.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

75 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo IV, con las mociones presentadas de consenso.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPÍTULO V

DE LA EJECUCION DE LA PENA

Y LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Arto. 31 Centro Penitenciario:

El Centro Penitenciario es un establecimiento administrativo y funcional que tiene su propio organización jerárquica. Cada Centro está formado por los departamentos o unidades que faciliten la distribución y separación interior de los internos, de acuerdo a los criterios establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

Arto. 32 Dependencias y Ambientes del Sistema:

Los Centros Penitenciarios procurarán un conjunto de dependencias y ambientes que puedan llegar a permitirle al interno una convivencia adecuada y el alcance de los fines y objetivos propuestos.

Los ambientes básicos de los que debe disponer son los siguientes:

1.- Area para brindar atención médica y psicológica;

2.- Escuela, biblioteca e instalaciones deportivas y recreativas.

3.-Dormitorios, baños, patios e instalaciones sanitarias;

4.- Talleres y lugares para la actividad productiva

5.- Comedor, cocina, salones para visitas, así como área para los encuentros conyugales;

6.- Cualquier otra instalación que resulte necesaria para el cumplimiento y ejecución de la pena, así como las actividades conexas del privado de libertad y de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional.

Arto.33 Unidades especiales para atención al privado de libertad:

Los Centros Penitenciarios dentro de sus instalaciones, procurarán contar con ambientes o unidades especiales para la atención a las privadas de libertad que se encuentren embarazadas; en los casos de las mujeres que se encuentren dentro del período postnatal, éstas serán ubicadas dentro del régimen de convivencia familiar, hasta que el menor cumpla los tres años de edad.

En los casos en que el Centro Penitenciario no tenga las instalaciones especiales para el período del embarazo, las privadas de libertad deben ser ubicadas bajo el régimen familiar, salvo que la ley no contemple ningún tipo de fianza o beneficio para el tipo penal por el cual se encuentra privada de libertad.

Arto.34 Locales para el alojamiento de los privados de libertad:

Los locales para el alojamiento de los privados de libertad, así como aquellos en donde se desarrolle la vida comunitaria de

éstos, deben tener garantizados el espacio físico necesario, así como las instalaciones higiénico sanitarias básicas para la satisfacción de las necesidades de éstos, el acondicionamiento para la circulación de aire suficiente, la iluminación natural y artificial de todas las áreas, condiciones se deben ajustar a los recursos materiales del Sistema y los factores climáticos

del país.

Arto.35 Centros especiales para adolescentes:

Son centros especiales de detención provisional y de internamiento para adolescentes, aquellos que se establezcan para éstos de conformidad a lo establecido en el artículo 227 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Arto.36 Remisión de los privados de libertad:

Para el cumplimiento de los fines y los objetivos de la presente ley, los ciudadanos que estén a la orden de autoridad judicial competente, y que haya sido condenado a la privación de libertad, deberán ser remitidos al Centro Penitenciario que designe la Dirección General del Sistema.

Arto.37 Confección de expediente del privado de libertad:

A los ciudadanos privados de libertad, al momento de su ingreso al Sistema Penitenciario Nacional, se les confeccionará un expediente penitenciario, en el cual se le deberá de levantar toda la información relativa a su situación procesal y penitenciaria.

Dicho expediente deberá de contener lo siguiente:

Nombre y apellidos y demás generales de ley, número de cédula;

Causa o causas judiciales y autoridad judicial competente que conoció y resolvió, acompañado de copia de la sentencia del judicial;

Registro dactilar y fotos de frente y de perfil del privado de libertad;

Acumulación cronológica de las diligencias sucesivas de carácter penal, procesal y penitenciario que se practiquen.

Arto. 38 Chequeo médico:

A cada uno de los ciudadanos privados de libertad, al momento de su ingreso, a los Centros Penitenciarios, deberá de practicárseles un chequeo médico con el fin de verificar y establecer su estado de salud físico y mental.

En los casos en que el privado de libertad presente algún tipo de lesión, se debe informar de inmediato a la autoridad judicial correspondiente, para que ésta adopte las medidas pertinentes de conformidad con la Ley Procesal Penal vigente.

Arto. 39 Clasificación de los privados de libertad:

La clasificación de los privados de libertad en los diferentes Centros Penitenciarios, se efectúan atendiendo los criterios siguientes:

Por situación legal:

1.1 Acusados

1.2 Condenados.

Por sexo:

2.1

Masculino

2.2

Femenino

3.Por edad:

3.1

Adolescentes, entre 15 y 18 años no cumplidos.

3.2

Jóvenes, Entre 18 y 21 años.

3.3

Adultos.

Por patología física o psíquica,

que imposibilite su permanencia en el régimen común de la población penal.

Por régimen penitenciario:

Adaptación;

Laboral;

Semi-abierto;

Abierto; y

Convivencia Familiar

Arto. 40 Reglamento de los Centros Penitenciarios:

Al ingresar un ciudadano en calidad de privado de libertad, en cualquiera de los Centros Penitenciarios, se le dará a conocer los Reglamentos respectivos y se le explicará de forma sencilla y clara, cuáles son sus derechos y obligaciones, así como las normativas disciplinarias existentes y los procedimientos para formular peticiones y quejas.

En los casos en que los privados de libertad sean ciudadanos extranjeros, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional deben informar por escrito a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para que éstos notifiquen a los representantes diplomáticos del país del interno.

Arto. 41 Registro y requisa:

Cuando un ciudadano privado de libertad ingresa a un Centro Penitenciario, éste debe ser registrado y requisado todas sus pertenencias, objetos de valor y dinero, de conformidad al reglamento específico, debiendo prestársele el debido respeto a su dignidad humana.

El dinero, objetos de valor y demás prendas propias que le sean retiradas, se depositarán en lugar destinado exclusivamente para tal fin por las autoridades del Centro Penitenciario, hasta ser entregadas al familiar o personas que indique el privado de libertad o la entrega de éstas al mismo hasta su excarcelación.

Al momentos del retiro de los objetos requisados se debe elaborar una acta de ocupación que debe firmar el interno y de la cual se le debe entregar una copia al privado de libertad o a su familiar o personas que éste designe. La entrega se debe realizar en presencia del interno.

Arto. 42 Destino de valores y objetos requisados:

En los casos en que el privado de libertad se de a la fuga o cuando éste fallezca, todos los valores y objetos requisados que aún permanezcan en el Centro Penitenciario, deben ser entregados a sus familiares; en caso de no ser reclamados por la familia en el plazo de seis meses, todos los valores y objetos pasan a ser propiedad del Centro Penitenciario correspondiente, para ser utilizados en beneficio de los demás privados de libertad.

Arto. 43 Separación en caso de enfermedad:

En los casos en que el privado de libertad llegase a presentar signos de enfermedad mental o cualquier enfermedad infecto-contagiosa, el médico del Centro Penitenciario debe separarlo del resto de la población penal y sin mayor tramite deberá informar al Director del Centro, quien a su vez debe dar cuenta al Juez para que éste proceda de acuerdo al Có ;digo Penal Vigente.

Arto. 44 Información a la familia:

En los casos de enfermedad grave o muerte del privado de libertad, las autoridades del Centro Penitenciario deben informar de inmediato a los familiares de éste o sus allegados, trámite que deberá de realizarse de conformidad a los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico vigente.

Arto. 45 Libertad del interno:

La libertad del interno únicamente podrá realizarse por medio de orden escrita librada por la autoridad judicial competente, quien deberá dirigir la orden al Director del Centro Penitenciario, quien sin mayor trámite y dilación procederá a la excarcelación del interno, salvo que éste tuviere otras causas o penas pendientes.

En los casos en que la Asamblea Nacional otorgue indulto o amnistía, bastará la presentación de la Ley o del Decreto Legislativo al Director del Centro Penitenciario, por medio del cual se le concede al privado de libertad el perdón para su reinserción a la sociedad y las actividades productivas.

Arto. 46 Otorgamiento de beneficios legales:

El Director del Centro Penitenciario podrá proponer a la autoridad judicial competente el otorgamiento de los beneficios legales relativos a la suspensión de penas y la libertad condicional a favor de los privados de libertad que reúnan los requisitos establecidos en el Código Penal. El Director General del Sistema Penitenciario Nacional elaborará por medio del Ministro de Gobernación, al Presidente de la República, listas de privados de libertad para que gocen del beneficio del indulto y su posterior reinserción social.

Arto. 47 Inspección de los Centros Penales:

Las autoridades judiciales, Procuradores Penales, los Fiscales, Procuradores para la Defensa de los Derechos Humanos, Diputados, y los funcionarios de la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales a los Adolescentes, el Inspector General del Sistema Penitenciario, de conformidad con la legislación vigente, en todo tiempo y momento y sin mayor trámite, podrán inspeccionar los Centros Penitenciarios para verificar si el cumplimiento de las sanciones penales y medidas de privación de libertad se efectúan en la forma y modalidades previstas por la presente ley.

Arto.48 Traslado de los internos condenados:

El traslado de un Centro Penitenciario a otro de los privados de libertad o internos que hayan sido condenados, únicamente podrá ser ordenado por el Director General del Sistema Penitenciario Nacional, quien a su vez deberá informar al Juez de ejecución de la pena.

En los casos en que los traslados se realicen por medidas de seguridad, se procederá a realizar éste de manera inmediata, debiendo comunicársele al Juez en las subsiguientes veinticuatro horas de realizado el traslado.

En cualquier caso el interno tiene derecho a ser trasladado con todas sus pertenencias, si las tuviere, y que su familia sea informada de inmediato, o en ausencia de éstas a las personas allegadas al privado de libertad.

Arto.49 Traslado y conducción de los privados de libertad:

Los traslados y conducciones de los privados de libertad o interno ante la autoridad judicial, clínicas, hospitales o cualquier otro sitio a los que deben ser conducidos con autorización expresa, se debe realizar de tal forma que la seguridad no atenta ni perjudique la dignidad y los derechos humanos del privado de libertad ni represente peligro para la sociedad.

Arto.50 Seguridad interior de los Centros Penitenciarios:

La seguridad interior de los Centros Penitenciarios se garantizarán a través de la observación directa de los internos, haciendo uso de medio técnicos y auxiliares, recuentos, registros personales, requisas en las pertenencias de éstos, así como controles y requisas en las instalaciones y dependencias del Centro. Toda requisa debe realizarse en presencia del interno.

Arto.51 Horario de Actividades.

Los Centros Penitenciarios deben de disponer de un horario de actividades de los internos, quienes están obligados a cumplirlo y regirse por dicho horario en la realización de todas y cada una de las labores ordinarias y extraordinarias del Centro.

Para cualquier actividad que se organice para los privados de libertad o internos, el horario debe ser conocido y cumplido por la totalidad de la población penal.

Hasta aquí el Capítulo V

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 31 del Capítulo V?

¿Al artículo 32?

¿Al artículo 33?

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Gracias, señor Presidente.

A este artículo 33, como es con referencia a las mujeres, estamos tratando de dejarle la mejor redacción posible, para que nuestras mujeres que por algún motivo estén privadas de libertad, puedan tener el derecho de mantener a sus hijos desde que nacen hasta los dos años. Pero ya hemos consensuado esta moción en el artículo 33 aquí con las mujeres Diputadas, y desde el título vamos a hacer el cambio, que dice: "Unidades especiales para atención al privado de libertad". Los hombres no tienen niño, es "Unidades especiales para atención a la privada de libertad". Ese es el primer cambio que nosotros estamos haciendo.

El primer párrafo nosotros lo mantenemos igual, pero agregamos tres párrafos más, y el último también queda igual. Los párrafos que agregamos se deberán leer de la siguiente manera: "Las mujeres deberán tener en su compañía a sus hijos e hijas menores de dos años. Para tal efecto, el Ministerio de la Familia asumirá la responsabilidad de la educación y mantenimiento del niño o niña. El Ministerio de la Familia, en coordinación con el Sistema Penitenciario, establecerá las visitas correspondientes para la relación madre –hijos- hijas, principalmente en el período de lactancia materna.

En caso que la madre desee mantener al niño bajo su custodia, el Ministerio de la Familia asumirá que tenga las condiciones indispensables para el desarrollo integral del niño y niña". Y el último párrafo queda igual. Por lo tanto, el espíritu de esto es que nuestras mujeres que estén dando a luz y que tengan a su niño o niña allí, tengan las mejores condiciones, y que los niños puedan estar siempre al lado de su madre si lo desea, y la madre que tenga que estar asistida por el Ministerio de la Familia.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 34?

¿Al artículo 35?

¿Al artículo 36?

¿Al artículo 37?

¿Al artículo 38?

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Es una pregunta y una observación sobre este artículo 38. El artículo únicamente se refiere a chequeo médico de los privados de libertad al momento de su ingreso. La pregunta es, si en los articulados posteriores de la ley, se establece un régimen de atención médica para los privados de libertad; si fuere así, pues ya está contestada la observación. Y lo otro es que también en esta solicitud de chequeo médico al momento del ingreso, si el Sistema Penitenciario se puede auxiliar del Instituto Forense o del Sistema Nacional de Salud.

Porque sería importante dejar contemplado que pueda existir esa posibilidad, que si el Sistema no tiene la capacidad, pueda auxiliarse del Instituto de Medicina Forense o de los hospitales del Sistema Nacional de Salud.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 39?

¿Al artículo 40?

¿Al artículo 41?

¿Al artículo 42?

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Este artículo 42 define que los valores y objetos requisados serán regresados en caso de que el privado de libertad se dé a la fuga o cuando éste fallezca, pero no se contempla el cumplimiento de la pena, y queda la duda ahí. Es decir, cuando el privado de libertad cumpla su pena, qué pasa con los objetos que fueron requisados al momento de su ingreso, porque sí se contempla en caso de fuga o en caso de que fallezca. Pero cuando él cumpla la pena, pues no queda claro qué va a suceder con los valores que hayan sido requisados al privado de libertad.

Creo que se le debería de agregar que además, en caso de cumplimiento de la pena o las otras dos opciones, se dé a la fuga o fallezca, los objetos o valores requisados serán entregados al ciudadano, o en su defecto a sus familiares.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

En el artículo 41 está lo del registro y requisa, y que se va a hacer un acta cuando el privado de libertad finalice. Si lo lee; "Al momento del retiro de los objetos requisados se debe elaborar una acta de ocupación que debe firmar el interno y de la cual se le debe entregar una copia al privado de libertad o a sus familiares o persona que éste designe. La entrega se debe realizar en presencia del interno". No sé si eso contesta tu pregunta.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 43?

Al artículo 44?

Al artículo 45?

Tiene la palabra el honorable Diputado José Figueroa.

DIPUTADO JOSE FIGUEROA:

Gracias, señor Presidente.

Voy a presentar una moción de consenso sobre el artículo 44, que consiste en eliminar este artículo, y su contenido recogerlo en el artículo 74 de esta misma ley, ya que ambos artículos se refieren al mismo tema. Presento la moción de consenso.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 45?

Al artículo 46?

Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.

DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:

Es sólo por aclaración. En el segundo párrafo del artículo, dice: "El Director General del Sistema Penitenciario Nacional elaborar por medio"... ¿Qué quiere decir, que elaborará o presentará? Allí hay una confusión, aparentemente es cuestión de construcción gramatical. Tal vez los miembros de la Comisión pudieran aclararlo, si es una simple cuestión de estilo. Hay que corregirlo, creo yo.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Dámisis Sirias.

DIPUTADO DAMISIS SIRIAS:

Gracias, señor Presidente.

Es para el artículo 48, señor Presidente, no sé si...

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Estamos en el 46.

DIPUTADO DAMISIS SIRIAS:

Es para el 48.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

No sé si retomamos lo que dice el Diputado Jaime Morales Carazo y lo mandamos a la Comisión de Estilo, para que quede claro éso, por favor.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Sí, la Comisión de Estilo lo corrige.

¿Observaciones al artículo 47?

Al artículo 48?

DIPUTADO DAMICIS SIRIAS:

Es una moción de consenso. En la fracción final de la Disposición dice, que “En cualquier caso el interno tiene derecho a ser trasladado con todas sus pertenencias, si las tuviere, y que su familia sea informada de inmediato, o en ausencia de ésta, a las personas allegadas al privado de libertad”. Me parece que no es tan certero el decir “las personas allegadas”, porque ¿quién va a determinar cuáles son las personas allegadas, más que el mismo interno? Entonces, nosotros consideramos que hay que corregir la parte final, y sustituir “a las personas allegadas al privado de libertad” por, “en ausencia de ésta, a las personas que señale el interno". Lo consideramos más concreto.

Es una moción de consenso, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 49?

¿Al artículo 50?

¿Al artículo 51?

El Secretario dará lectura a las mociones presentadas.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo 33: “Cambiar el título, y quedaría: "Unidades especiales para atención a la privada de libertad"; ya que el artículo se refiere a las mujeres. "Las mujeres deberán tener en su compañía a sus hijas e hijos menores de dos años. Para tal efecto, el Ministerio de la Familia asumirá la responsabilidad de la educación, mantenimiento del niño o niña.

El Ministerio de la Familia, en coordinación con el Régimen Sistema Penitenciario, establecerá las visitas correspondientes para la relación madre, - hijos - hijas, principalmente en el período de lactancia materna.

En caso que la madre desee mantener al niño bajo su custodia, el Ministerio de la Familia asumirá que tenga las condiciones indispensables para el desarrollo integral del niño y la niña".

"Los Centros Penitenciarios dentro de sus instalaciones deben de disponer de áreas o unidades especiales para la atención a las privadas de libertad que se encuentren embarazadas y a las que hayan dado a luz. Se procurará que el parto se realice en un establecimiento asistencial ajeno al Centro, y en los casos en que el niño nazca dentro de las instalaciones del centro penal, no debe de hacerse constar esta circunstancia en su partida de nacimiento".

Las mujeres podrán tener en su compañía a sus hijos menores de dos años. Para tal efecto, los centros penitenciarios deben organizar un local destinado a imagen y semejanza de una guardería infantil. Una vez cumplidos los dos años, las autoridades del Centro Penitenciario, en un plazo no mayor de 30 días, deben de entregar a los menores al familiar que la madre designe; de no existir esa designación, las autoridades del Sistema podrán recurrir al Ministerio de la Familia para que éste proceda de acuerdo a los derechos e intereses de los menores.

En cualquiera de los casos, las autoridades deben de realizar todos los trámites por escrito y de los cuales se debe hacer un expediente y dejarse copia ante cualquier suceso que se presente de futuro".

Como esta moción está un poquito complicada, ya la Diputada Arellano nos aclaró en todo este montón de hojas, cómo es el asunto. Vamos a leer de nuevo la moción.

Arto.33 Unidades especiales para atención a la privada de libertad.

Los Centros Penitenciarios, dentro de sus instalaciones, deben disponer de áreas o unidades especiales para la atención a las privadas de libertad que se encuentren embarazadas y a las que hayan dado a luz. Se procurará que el parto se realice en un establecimiento asistencial ajeno al Centro, y en los casos en que el niño nazca dentro de las instalaciones del centro penal, no debe hacerse constar esta circunstancia en su partida de nacimiento.

En cualquiera de los casos, las autoridades deben de realizar todos los trámites por escrito y en los cuales se debe hacer un expediente y dejarse copia ante cualquier suceso que se presente de futuro.

Las mujeres deberán tener en su compañía a sus hijas e hijos menores de dos años. Para tal efecto, el Ministerio de la Familia asumirá la responsabilidad de la educación, mantenimiento del niño o niña.

El Ministerio de la Familia, en coordinación con el Sistema Penitenciario, establecerá las visitas correspondientes para la relación madre – hijos - hijas, principalmente en el período de lactancia materna. En caso que la madre desee mantener al niño bajo su custodia, el Ministerio de la Familia asumirá que tenga las condiciones indispensables para el desarrollo integral del niño y niña”.

Hasta aquí la moción presentada.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado René Núñez.

DIPUTADO RENE NUÑEZ:

Sobre esta moción, el artículo original estaba referido únicamente a darle condiciones a la mujer que por circunstancias, estando embarazada, cayó presa o ha sido condenada. Yo creo que extender esta situación a la madre que tiene tres, cuatro o cinco hijos, y obligar a los hijos a acompañarla en una cárcel, no es en ninguna medida correcta. Hay una parte que dice que la mujer deberá tener a sus hijos menores de dos años con ella en la cárcel. Yo creo que eso es extender la pena a los niños. Bastante trauma es que un hijo pequeño se dé cuenta que está su madre encarcelada, para obligarlo a irse a meter a la cárcel junto con ella.

A mí me parece que aunque el espíritu de la moción sea mantener la unidad madre - hijos e hijas, sin embargo no está tomando en consideración el derecho del niño a crecer en un ambiente sano que le permita su desarrollo integral, y lo estamos obligando a estar encarcelado por una pena o un delito que nunca ha cometido, y a ponerle un trauma que le va a durar toda su vida.

PRESIDENTE JAMIE CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada María Lydia Mejía.

DIPUTADA MARIA LYDIA MEJIA:

Gracias, señor Presidente.

En este artículo estoy de acuerdo con el Diputado Núñez, porque verdaderamente lesiona los derechos de la niñez, y no podemos en ningún momento nosotros condicionar, ni lesionar ninguna ley que haya sido hecha por este Poder. Consideramos que verdaderamente en este artículo se debería de crear las condiciones óptimas que se le dé, según ley, la custodia o la guarda a la mujer que venga siendo como sostén único que tenga el núcleo familiar.

Considero que las leyes, y el Código Penal plantea lo que es digamos el fiador en este caso para poder ser custodia de algún privado de libertad. Entonces, considero que este artículo sí se tiene que remocionar, porque no podemos nosotros lesionar el Código de la Niñez.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Quiero que aclaremos un poco. Tal vez Miguel no lo leyó exactamente como está, porque eso venía de una moción; o sea, lo que está en el original ya no era, sino que venía ya una moción; desde ahí viene el cambio. Entonces, el espíritu que nosotros mantenemos es que la madre deberá tener al niño desde que nace, porque inmediatamente la madre tiene que darle el pecho, y el pecho no se da por horas, cada tres horas, cada cuatro horas, el pecho se da cuando el niño lo necesita y la madre tiene que estar permanentemente al lado del niño. Entonces, hay condiciones que deben estar establecidas ahí para que la madre pueda tener a su niño en caso que ella lo requiera.

En caso de que por alguna u otra razón esa madre no le va a dar el pecho, entonces el Ministerio de la Familia tendrá que asumir la responsabilidad de ese niño o esa niña, para que lo pueda tener en los lugares correspondientes. El espíritu no es el de mantener al niño con el trauma que nace; es más, no va a nacer en la cárcel. Si se recuerda el artículo anterior, dice que se va a enviar a la madre a un centro asistencial, y desde ahí el niño ya no está naciendo en la cárcel, está naciendo en un centro asistencial.

Entonces, ése es el espíritu que nosotros tratamos de mantener en este artículo consensuado con las Diputadas: Felícita, Albertina y María Eugenia, y que vimos cómo redactarlo. Pero el espíritu es ése, mantener que la madre tenga el derecho de tener a su hijo desde que nace hasta la edad de dos años. Pero si ya la madre a los seis, siete meses ya no le sigue dando el pecho, por supuesto que debería de pasar a los centros que tiene el Ministerio de la Familia y mantener la coordinación para las visitas y la relación madre, hijos e hijas.

No sé si en la moción no está ese espíritu pues, pero podemos revisarla, porque ése es el espíritu que nosotros deseamos tener en esa moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Orlando José Tardencilla.

DIPUTADO ORLANDO JOSE TARDENCILLA:

Muchas gracias.

Yo creo que es prudente y correcta la aclaración que está haciendo la Diputada Arellano en cuanto al espíritu, y habría que revisar un poco la redacción, porque efectivamente el artículo 37 de la Constitución es bien claro, cuando dice que la pena no trasciende la figura del reo. Como estamos ante un planteamiento de naturaleza humana, biológica y una relación necesaria, tal y como está planteado en la aplicación, creo que se debería de dejar la opción para beneficio del menor, hasta las condiciones que sea posible. Esa condicionalidad hace falta, porque puede ser incluso que llegue al año, a los seis meses, y hay que subordinar este derecho al derecho del menor en este caso.

Y ahí seríamos congruentes con lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que ubica al menor como el sujeto de la medida.

Creo que si se redacta con el espíritu de subordinarlo al interés del menor hasta donde sea materialmente necesario y posible, debe mantenerse y así evitamos, a partir de una aplicación muy mecánica del artículo 37, un eventual recurso de inconstitucionalidad en este artículo, porque no se puede hacer trascender la pena de la figura del reo.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Fremio Altamirano.

DIPUTADO FREMIO ALTAMIRANO:

Gracias, señor Presidente.

Quería hacer una observación en el artículo 33, en el primer párrafo, donde dice: "en los casos de las mujeres que se encuentren dentro del período post-natal, éstas serán ubicadas dentro del régimen de convivencia familiar, hasta que el menor cumpla los tres años de edad". Nos vamos a encontrar con que en los centros de convivencia familiar vamos a tener más niños que reos, porque recordemos que los nicaragüenses tenemos siempre más de uno, dos o tres niños, y eso va a acarrear un problema de futuro, porque los niños tienen derechos, y ahí estamos violentando también el Código de la Niñez por el derecho que tiene el niño a su libertad, a su educación. Yo creo que sería bueno revisar esto antes de aprobarse.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Yo me quería referir a la moción que se está discutiendo. Porque si bien, como ya se explicó, el espíritu de esta moción puede ser muy altruista, debemos partir de una realidad, y en ese sentido va la primera pregunta a las honorables autoridades del Sistema Penitenciario. ¿Cómo funciona esto en la realidad? Porque si efectivamente el propósito del régimen es la reeducación y la readaptación, debe existir dentro de las posibilidades la oportunidad de que la madre de alguna forma pueda tener una relación afectiva con sus hijos, sin que éstos necesariamente permanezcan dentro de las instalaciones del Sistema Penitenciario.

Y por otro lado, nos debemos preguntar también si dentro de este proceso de reeducación y de reincorporación, si estamos hablando de que en el Sistema Penitenciario habrán unidades de producción precisamente para permitirle la participación a los privados de libertad -y creo que debe ser así-, puede de alguna forma obtener algún ingreso, además para aportar a los gastos en que el Sistema incurre. Pero el propósito de que un privado de libertad participe en un proceso de producción, de alguna manera pues también le debe generar alguna remuneración.

Porque cuando se hace esta propuesta en esta moción, de que los hijos sean mantenidos por el Ministerio de la Familia, nosotros que aprobamos año con año el Presupuesto aquí en la Asamblea, conocemos que precisamente el Ministerio de la Familia es una de las instituciones que menos presupuesto reciben. ¿Cómo vamos a aprobar nosotros una moción en la que le adicionemos una carga, si podría ser quizás manejado de alguna otra forma?

Entonces son tres preguntas: una, cuál es la situación real actual y cómo funciona esto; si existe algún tipo de régimen especial que le permita a la mujer mantener un vínculo afectivo con sus hijos, sin necesidad de que éstos estén dentro del Sistema.

Y el proceso productivo de los y las privadas de libertad, que al poderle generar una remuneración, les permite también aportar al hogar algún contenido económico.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Se les solicita a los mocionistas ponerse de acuerdo y mejorar la moción para presentarla mañana, porque ya está pasada la hora; pero antes vamos oír al Comandante Sobalvarro, quien dará su opinión.

COMISIONADO CARLOS SOBALVARRO, DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO:

Gracias, señor Presidente.

El aspecto que se está planteando allí en el artículo 33, es el siguiente: es para las mujeres que lleguen embarazadas y que estén detenidas, y que prácticamente den a luz dentro de la prisión. Porque como decía el Diputado Miguel, ¿cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros en algunos casos con algunas privadas de libertad? Que los jueces han ejecutado algunas órdenes para que lleguen a amamantar al niño. Entonces lo que nosotros hemos hablado acá con gente de la Comisión, es que el niño que nace en prisión pueda convivir con su madre por el aspecto de la lactancia, no es que los niños que tienen en su casa los van a llevar a prisión.

Y la otra pregunta que hacía acerca de todo privado de libertad que se integra al trabajo útil, por ejemplo en el aspecto de producción, tiene derecho a un salario para ayudarse de uno u otro beneficio. Y en relación al aspecto familiar, la misma Constitución Política en su artículo 39 establece que sus familiares y sus hijos los pueden visitar, pero no es estadía en prisión. Esto lo hablamos para la mujer que en determinado momento ya llega embarazada y da a luz en prisión.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Bueno, esto queda para mañana, para mejorar la propuesta.

Mañana dedicaremos la mitad de la Sesión, a partir de las nueve de la mañana, a la conmemoración del día de la constitución de la Independencia y de la Batalla de San Jacinto; eso será mañana por la mañana, antes de empezar la Sesión.

Se suspende la Sesión.

SESION ESPECIAL DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL EN CONMEMORACION DEL 165 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, DEL 182 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA, Y DEL 147 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE SAN JACINTO, CELEBRADA EL DIA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003. (DECIMO NOVENA LEGISLATURA).

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Diputadas y Diputados: Antes de empezar la Sesión, queremos solicitarle al Secretario la verificación del quórum.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Señor Presidente: Tenemos 50 honorables Diputados y Diputadas registrados; hay quórum de ley.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Queda de esta manera abierta la Sesión.

El día de hoy, es una Sesión Especial en conmemoración del 165 Aniversario de la Constitución Política de la República, del 182 Aniversario de la Independencia de Centroamérica, y del 147 Aniversario de la Batalla de San Jacinto.

OFICIAL DE PROTOCOLO:

Buenos días.

(Entrada de la Constitución Política y notas del Himno Nacional).

Palabras del Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Licenciado Orlando Mayorga.

DIPUTADO ORLANDO MAYORGA:

Honorables miembros de la Junta Directiva;

Honorables Diputados y Diputadas ante la Asamblea Nacional;

Honorables invitados especiales:

Estamos ante el inicio de la celebración de la Semana Patria, establecida por Decreto Legislativo, el 21 de Agosto de 1957, y estamos cumpliendo 46 años de esta celebración. Esta semana fue creada con el propósito de rendir honra a la memoria y a la actitud de los próceres que proclamaron la Independencia de Centroamérica el 15 de Septiembre de 1821. Este año 1821, fue vital en la historia de Latinoamérica; México y Colombia habían experimentado la Independencia, y el Capitán General de Guatemala, Gabino Gainza, comprendió que Centroamérica debía de ir en la misma dirección, independizarse del colonialismo español.

Este 15 de Septiembre, estaremos cumpliendo 182 años de la independencia española. Esta semana no sólo tiene reconocimiento a nuestro próceres y a nuestros héroes, sino que se estableció con el objetivo de reconocer y seleccionar a los mejores maestros, a los mejores alumnos de primaria, secundaria y universitarios. Semana para promover entre la juventud, valores morales, éticos, patrióticos, cívicos, principios para el desarrollo y la prosperidad de la Nación.

Hoy, 182 años de la independencia española, Nicaragua necesita independizarse de Españas modernas, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BCIE; independizarse de las presiones mundiales globalizantes, independizarse de empresas transnacionales que usurpan nuestros recursos naturales y financieros. Esta semana debe ser una semana de reflexión para los nicaragüenses. Nosotros, Diputados ante la Asamblea Nacional, debemos reflexionar para que nuestras actitudes sean diferentes y hagamos Nación, hagamos Patria; seamos próceres modernos legislando para el pueblo; siendo ejemplo como los mejores ciudadanos de Nicaragua, que la juventud pueda aprender de nosotros; seamos hombres y mujeres de principios.

Para mantener la independencia se libraron muchas batallas. Una de las cruentas batallas se llevó ese glorioso día del 14 de Septiembre de 1856, conocida como la Batalla de San Jacinto. Hoy estamos celebrando 147 años de esa victoria. En esta batalla participó el General José Dolores Estrada, los capitanes: Carlos Alegría y Bartolomé Sandoval, hombres destinados para confrontar las primeras avanzadas del invasor Walker. Eran aproximadamente entre las 5 y 7 de la mañana cuando los filibusteros comandados por el Teniente Coronel Byron Cole, se acercaron a pocos metros de la defensa de los patriotas, y al grito de ¡Hurra Walker! atacaron la Hacienda San Jacinto. Se inició una lucha cruenta cuerpo a cuerpo, y es aquí en San Jacinto, que al invasor se le arrebató para siempre la fe a la victoria.

Hoy los nicaragüenses tenemos luchas, pero luchas contra la ignorancia, lucha contra la marginación, lucha contra la explotación, lucha contra la pobreza, lucha por la falta de medicamentos en los centros de salud, lucha contra el odio, lucha contra la mentira, lucha contra la calumnia, lucha contra la ingratitud. Pero siempre, en todo tiempo, hay un Andrés Castro, que sin un fusil en mano, pero con voluntad de defender su Patria, usó una simple piedra para derrocar al invasor. Necesitamos Castros modernos, así como en la antigüedad David venció a Goliat, el invasor filisteo.

Nuestros símbolos patrios, honra de todo nicaragüense: nuestra Bandera Nacional azul y blanco, el azul que representa nuestros dos océanos que bañan nuestra tierra, y el blanco que representa nuestra Nación, nuestro territorio; nuestro Escudo Nacional, con cinco volcanes que representan los cinco países de Centroamérica; el arcoiris representa la paz, paz que tanto necesita Nicaragua; el gorro frigio que representa la libertad, libertad que anhelamos los nicaragüenses; nuestra flor nacional, el Sacuanjoche, llamada a nivel nacional como la Flor de Mayo; nuestro majestuoso árbol nacional, el Madroño; nuestra ave nacional, el cantor Guardabarranco; nuestro Himno Nacional, Salve a ti Nicaragua, un orgullo nacional y el mejor de Centroamérica.

Una independencia, una gloriosa batalla necesita de una magna ley, nuestra Constitución. Estamos celebrando 165 años de nuestra primera Carta Magna; un país sin ley, es un país como las olas de la mar, que es movida por el viento de un lado a otro. Nosotros, como Diputados, tenemos la obligación de resguardar la Constitución, ley que regula el quehacer de la Nación. Amigos y hermanos todos: que nuestras diferencias políticas no obstruyan nuestra visión de reconocer que todos somos nicaragüenses y estamos cobijados bajo la misma bandera. Nicaragua, nos necesita.

Dios bendiga a Nicaragua, Dios bendiga a su pueblo.

Muchas gracias.

OFICIAL DE PROTOCOLO:

Palabras del Ingeniero Jaime Cuadra Somarriba, Presidente de la Asamblea Nacional.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Honorables miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional;

Honorables Diputadas y Diputados ante la Asamblea Nacional;

Amigas y amigos de los medios de comunicación:

Cada mes de Septiembre, los colores azul y blanco de la Patria, adquieren un brillo especial y nos cobijan con mayor intensidad. Este mes en especial, nos obliga a reflexionar, a pensar con sentido de Patria y visión de futuro, en la trascendencia de nuestra independencia de España el 15 de Septiembre de 1821, y de la victoria obtenida sobre la falange filibustera en la Hacienda San Jacinto el 14 de Septiembre de 1856; hechos históricos que marcaron con huella indeleble el sentido de nuestra nacionalidad.

Debemos reflexionar y pensar en la determinación y entrega de quienes, como el Coronel José Dolores Estrada y el Sargento Andrés Castro, no dudaron en dejar a un lado sus intereses personales y partidarios, para defender los sagrados intereses de la Nación, a pesar de que los partidos nicaragüenses eran doblados en fuerzas por los filibusteros y sus armas eran inferiores a la de los invasores.

Con la separación de España, Nicaragua nace a la vida republicana, y con la Batalla de San Jacinto, ratificamos nuestra vocación de independencia, libertad y soberanía, que son esencias de nuestra identidad nacional. Pero quedarnos solamente en el plano de la reflexión por la reflexión, o peor aún, de la contemplación estéril, no enaltecería de esta forma a quienes nos dejaron esas extraordinarias lecciones de amor patrio, desinterés, abnegación y compromisos sin límites con nuestra querida Nicaragua.

El mejor homenaje que podíamos rendirles es hacer nuestra decisión con la que ellos lucharon, apropiarnos de los valores que los animaron, de la humildad que siempre les caracterizó, porque sólo así podremos los nicaragüenses de inicios del Siglo XXI, superar los grandes retos y aprovechar las extraordinarias oportunidades que hoy se nos presentan para construir la Nicaragua que todos deseamos: una Nicaragua de progreso y desarrollo económico y social, una Nicaragua de justicia y de equidad, una Nicaragua de todos y para todos.

Esa es la Nicaragua que nos heredaron Miguel de Larreynaga, José Dolores Estrada y Andrés Castro, y ésa es la Nicaragua por la que todos debemos ofrecer nuestros mejores esfuerzos y nuestra voluntad, pero sobre todo nuestra firme determinación y compromiso de colocar por sobre todos los intereses personales, de grupos o de partidos, los intereses superiores de Nicaragua y los nicaragüenses. La vida y la historia están llenas de incontables paradojas, dos de las cuales deseo resaltar en esta oportunidad, porque también son efemérides de Septiembre y porque contienen lecciones que debemos aprender y nunca olvidar.

Mientras los nicaragüenses nos aprestamos a celebrar con júbilo el 165 Aniversario de la Constitución Política de la República, los 182 años de la Independencia de Centroamérica y 147 de la Batalla de San Jacinto, el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos de América, conmemoran precisamente el día de hoy, 11 de Septiembre, el II Aniversario de los mortales atentados terroristas que cobraron miles de vidas inocentes en Nueva York y Washington. Igualmente doloroso es el recuerdo de la ruptura de la institucionalidad democrática en la República de Chile y la muerte del entonces Presidente Salvador Allende, así como de varios miles de chilenos, víctimas del abuso de las fuerzas militares de ese hermano país, un día como hoy, pero de 1973.

La tragedia vivida en épocas diferentes por esos dos pueblos amigos, debe hacernos reflexionar en este mes de Septiembre, acerca de la necesidad de anteponer la razón a la fuerza, la negociación a la violencia, la solución pacífica de las controversias a la guerra, la convivencia pacífica a la confrontación. Celebramos nuestras fiestas patrias con esa mezcla de sentimientos encontrados, de un lado nuestro regocijo por los aniversarios que marcaron los derroteros de nuestra nacionalidad, libertad, soberanía e independencia; y de otro el dolor todavía presente por las tragedias de dos pueblos amigos.

Para concluir, deseo hacer un ferviente llamado a todos los nicaragüenses de buena voluntad, para que juntos decidamos de una vez por todas hacer realidad la Nicaragua que anhelamos. Tengo confianza en que el espíritu de Septiembre nos cubrirá con el manto azul y blanco de la Patria, y que la razón prevalecerá por sobre cualquier intento que pretenda resolver de esa forma el presente y el futuro de nuestra Nación.

Muchas gracias.

De esta manera se cierra esta Sesión Especial.

OFICIAL DE PROTOCOLO:

(Himno Nacional).

CONTINUACION DE LA SESION ORDINARIA NUMERO TRES DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DIA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (DECIMO NOVENA LEGISLATURA).

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Solicitamos nuevamente al Secretario, la comprobación del quórum.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

FREMIO ISABEL ALTAMIRANO MONTENEGRO

OCTAVIO RAMON ALVAREZ MORENO

BENITA DEL CARMEN ARBIZU MEDINA

NELSON ARTOLA ESCOBAR

FERNANDO JOSE AVELLAN MARTINEZ

GLADIS DE LOS ANGELES BAEZ

TOMAS WIGBERTO BORGE MARTINEZ

NOE FRANCISCO CAMPOS CARCACHE

JOSE DE LOS ANGELES CASTILLO OSEJO

JOSE DAVID CASTILLO SANCHEZ

PORFIRIO RAMON CASTRO ARAUZ

JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA

IRMA DE JESUS DAVILA LAZO

MARIA JACARANDA FERNANDEZ MEJIA

JOSE SANTOS FIGUEROA AGUILAR

RITA DEL SOCORRO FLETES ZAMORA

RUFINO GARCIA MARIN

ERNESTO MARCELINO GARCIA QUIROZ

EDUARDO JERONIMO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO JOSE GONZALEZ GAITAN

JORGE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ

RAMON ENRIQUE GONZALEZ MIRANDA

VICTOR MANUEL GUERRERO IBARRA

WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO

ROBERTO JOSE LUNA

ANA ESPERANZA LAZO ALVAREZ

MIGUEL REYNALDO LOPEZ BALDIZON

REYNALDO ALEXANDER MAIRENA VALLEJOS

MANUEL DE JESUS MALDONADO

JOSE ANTONIO MARTINEZ NARVAEZ

JORGE MATAMOROS SABORIO

ORLANDO JOSE MAYORGA SANCHEZ

MARIA LYDIA MEJIA MENESES

EDUARDO LUIS MENA CUADRA

IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON

GUILLERMO MONTENEGRO

JAIME RENE MORALES CARAZO

FIDEL ANTONIO MORENO BRIONES

CARLOS WILFREDO NAVARRO MOREIRA

CARLOS ANTONIO NOGUERA PASTORA

SANTOS RENE NUÑEZ TELLEZ

ALFONSO RAUL ORTEGA URBINA

JOSE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

GUILLERMO ANTONIO OSORNO MOLINA

ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVIDEZ

LEONEL PANTIN WILSON

NOEL ORLANDO PEREIRA MAJANO

EDGAR ENRIQUE QUIÑONES TUCKLER

NOEL ERNESTO RAMIREZ SANCHEZ

PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON

GABRIEL RIVERA ZELEDON

MAXIMINO RODRIGUEZ MARTINEZ

MIRNA DEL ROSARIO ROSALES AGUILAR

RIGOBERTO HILARIO SAMPSON GRANERA

MARCO AURELIO SANCHEZ GAMEZ

ROBERTO SANCHEZ TORREZ

MARIA EUGENIA SEQUEIRA BALLADARES

NATHAN JORGE SEVILLA GOMEZ

NASSER SEBASTIAN SILWANY BAEZ

JOSE DAMICIS SIRIAS VARGAS

FREDDY SOLORZANO ALTAMIRANO

JORGE MIGUEL TORREZ MALESPIN

DAYSI RAFAELA TREJOS OROZCO

ALBERTINA URBINA ZELAYA

HENRY ENRIQUE URCUYO MALIAÑO

AUGUSTO ADRIAN VALLE CASTELLON

FELICITA LUCILA ZELEDON RODRIGUEZ

LUIS TORREZ PAGUAGA

Señor Presidente: Tenemos 68 honorables Diputados y Diputadas registrados; hay quórum de ley.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Se continúa la Sesión.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

El día de ayer iniciamos la discusión de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y Ejecución Penal, en el Adendum N°. 1, punto 2.22.

Según lo acordado el día de ayer, esperamos una moción de consenso sobre lo propuesto en relación al artículo 33. Preguntaríamos al Diputado Figueroa y a la Diputada Arellano, si hay alguna propuesta preparada.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Damos la bienvenida al Ministro de Gobernación y al personal del Sistema Penitenciario, que están haciendo su ingreso en estos momentos.

Mientras viene la moción al artículo 33, vamos a leer la moción presentada en el artículo 48.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo 48, párrafo final.

“En cualquier caso, el interno tiene derecho a ser trasladado con todas sus pertenencias, si las tuviere, y que su familia sea informada de inmediato, o en ausencia de ésta, a las personas que señale el interno”.

De esta manera, de acuerdo a la moción presentada ayer por el honorable Diputado Dámisis Sirias, se eliminaría “las personas allegadas al privado de libertad”, y se sustituiría por “las personas que señale el interno”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 48 con la moción presentada por el Diputado Dámisis Sirias.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

58 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción presentada en el artículo 48.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción al artículo 33.

“Los Centros Penitenciarios, dentro de sus instalaciones, procurarán contar con ambientes o unidades especiales para la atención a las privadas de libertad que se encuentren en la etapa de pre y postnatal. Se procurará que el parto se realice en un establecimiento asistencial de salud, fuera del centro penal.

En los casos en que el niño nazca dentro de las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional, no debe de hacerse constar esta circunstancia en su Partida de Nacimiento, sino que se tendrá como lugar de nacimiento el nombre del Municipio en donde esté ubicado el Centro.

“En los casos en que el Centro Penitenciario no tenga las instalaciones especiales para el período pre y postnatal, las privadas de libertad deben ser ubicadas bajo el régimen de convivencia familiar, hasta que el niño cumpla dos años de edad; salvo aquellos casos en que atendiendo al tipo de delito cometido y por el cual fueron privadas de libertad, la ley penal no contemple ningún tipo de fianza o beneficio para éste.

Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, deben de realizar los trámites pertinentes de forma escrita. De éstos, se debe llevar un registro en forma de expediente por caso, del que se debe dejar copia como soporte, ante cualquier suceso futuro”.

Hasta aquí la moción presentada.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 33.

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Yo quiero que me den un tiempo más con este artículo, porque realmente en principio, el espíritu que nosotros queremos dejar claro es que las mujeres que cometan un delito como es el delito de narcotráfico, puedan también tener este beneficio cuando estén en estas condiciones. Nosotros tenemos problemas con las mujeres -y son la mayoría- que están con este tipo de delitos y que no estén contempladas con este beneficio.

El espíritu está bien, pero lo que pasa aquí es en el “salvo aquellos casos”. Entonces cómo vamos a hacer o cómo están haciendo en estos momentos, porque me decía la Diputada María Lydia, que en Granada hubo un caso de una mujer que estuvo embarazada, tuvo a su niño en el Centro Penitenciario y se le permitió poder salir. Pero eso no puede quedar así, que esté a discrecionalidad de las autoridades que contemplen que pueda salir. Pero si las autoridades en ese momento no contemplan que pueda salir la madre que acaba de dar a luz, entonces ahí es donde nosotros queremos dejar en la ley este beneficio para la mujer, aun en los delitos que no estén contemplados.

Ayer nos quedamos aquí una hora después, y la Diputada María Lydia, que es la Presidenta de la Comisión Antidrogas, dice que ya está una reforma con respecto a esto. Entonces queremos adelantarnos a esta ley, para que todas las mujeres que están en esa situación, que estén dando a luz a un niño o una niña, puedan tener ese beneficio, porque no podemos negarle a la madre el hecho de que tenga relación con su hijo desde que nace. Por eso es importante que a este artículo, si me permiten consultarlo con las Diputadas y con los funcionarios del Sistema Penitenciario, le encontremos una salida. Solamente estamos con ese pequeño problema.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Queremos concederle la palabra al Director del Sistema Penitenciario, para que emita su opinión al respecto.

COMISIONADO CARLOS SOBALVARRO, DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL:

Buenos días, señor Presidente.

Con relación al asunto de las privadas de libertad, nosotros hablábamos sobre las que están embarazadas y prácticamente dan a luz en prisión, y fundamentalmente es por el aspecto materno, para que amamanten a su niño, y nosotros ya hemos tenido algunas experiencias en el Sistema Penitenciario de Juigalpa, Granada y La Esperanza.

Nosotros lo que pensamos es que el niño pudiera estar en una guardería, haciéndole algunas condiciones, porque de una u otra manera se van creando, y a lo mejor dentro de las coordinaciones que tenemos con los otros Ministerios, por ejemplo el Ministerio de la Familia, se vea el aspecto de que la mujer dé a luz estando en prisión.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado David Castillo.

DIPUTADO DAVID CASTILLO:

Muchas gracias, señor Presidente.

En relación a este tema, me moví un poco a conversar con varios Diputados, y realmente creo que lo que debe primar aquí es una cuestión de humanismo, porque esa persona que nace no tiene ninguna responsabilidad de los delitos que cometió su madre; y me parece a mí que tener a un niño recluido en un centro, con las limitantes presupuestarias que tiene el Sistema Penitenciario, pues no van a ser condiciones iguales a las que podría tener dentro del seno familiar.

Y estar limitando que otra ley dice que por tal delito no puede ir a su casa como régimen de convivencia familiar para cumplir su pena, hombré, si nosotros somos los que aprobamos las leyes, y si nosotros decimos que en ese caso esa excepción no existe, no existe. Entonces, yo quería proponerles a los miembros de la Comisión, que reflexionen realmente que esto es una cuestión de humanismo, y que independientemente del delito que haya cometido la madre, debería de dársele la oportunidad a ese niño de ir a desarrollarse hasta los dos años, en un ambiente más propicio que el que pueda tener dentro de una cárcel.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto José Luna.

DIPUTADO ROBERTO JOSE LUNA:

Muchas gracias, señor Presidente.

Prácticamente como Diputado, y también como médico especialista en Gineco-obstetricia, digo que este artículo debe ser un poco mejor consensuado. Aparte de éso, estoy de acuerdo tanto con el Diputado David Castillo, como también con la Diputada Arellano, que es cuestión de humanismo. Pero también, aparte de la cuestión de humanismo, es cuestión de responsabilidad, porque un parto en prisión, yo pienso que por muchas condiciones que tenga, no es un parto que pueda brindar las condiciones que necesita y que brinda el Ministerio de Salud, las reglas que deben tener.

Por lo tanto yo sugeriría, ya que también he estado hablando con varios Diputados de las diferentes bancadas, que este artículo debió ser un poco más consensuado y un poco más investigado, para que las señoras, las damas, aunque estén en prisión, definitivamente son mujeres y los que nacen son niños. Estoy completamente seguro de que si el resto de mis compañeros Diputados me escuchan, van a estar de acuerdo conmigo.

Yo sugeriría a la honorable Directiva y a nuestros hermanos Diputados, que este artículo debe ser un poco más visto, para que de esta forma nosotros, a estas damas que están en prisión, podamos darles una mejor atención, tanto a ellas como a sus hijos, y evitar cualquier complicación que pueda tener, como una muerte materna o una infección de puerperio, etc.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada María Eugenia Sequeira.

DIPUTADA MARIA EUGENIA SEQUEIRA:

Gracias, Presidente.

Yo creo que sería bueno que nos alimentáramos un poco en base a las experiencias que han habido en el Sistema, porque existe la protección a la lactancia materna, y yo creo que eso hay que valorarlo. La madre, sea lo que sea, es madre, y el hijo requiere de ese calor humano en sus primeros meses, sobre todo en el período de lactancia. Así es que yo sugeriría que la Comisión se acercara un poco a los encargados, que conversaran sobre las experiencias que ha habido, y que recordemos que los niños necesitan de la lactancia materna.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

Cuando anduvimos visitando las cárceles de Costa Rica, con la Comisión de Derechos Humanos, el año pasado, visitamos unas cárceles de mujeres. Uno de los aspectos que pudimos observar, es que en Costa Rica están muy bien adelantados, y observamos que en la cárcel de mujeres había una especie de guardería infantil. Porque si se le da tres años para que esté conviviendo con la madre, y luego de tres años se le quita al niño, va a provocar un trauma a este niño e incluso a la madre.

Entonces, lo que hacen en Costa Rica es que hay unas guarderías infantiles en las cárceles de mujeres, donde están los niños, porque deciden que si la familia lo quiere tener, lo tiene en su casa; pero si quieren que lo siga teniendo su madre durante cumple la condena, hay una guardería infantil donde los niños llegan durante el día, y luego en la tarde se los llevan a su casa, pero pasan el día con su madre. Quizás se pueda tomar como modelo y se pueda implementar en la cárcel de mujeres el hecho de tener una guardería infantil, para que estos niños lleguen a estar con sus madres durante el día, y a las cuatro o cinco de la tarde se regresen a sus casas, las que así lo deseen.

Porque si se deja que la mamá esté con el niño y a los tres años se le quita, la experiencia que ha habido en Costa Rica, es que hay un trauma en el niño, que no lo puede superar, y además si se le permite más tiempo a la madre, entonces toda madre va a quedar embarazada para irse a estar cinco años a su casa. Hay que ver todo eso. Yo les doy el modelo que existe en Costa Rica, en el Sistema Penitenciario de Mujeres.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Para darle oportunidad a los mocionistas, pasaremos al Capítulo VI.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPITULO VI

DEL REGIMEN PENITENCIARIO

Arto.52. Régimen Penitenciario:

El régimen penitenciario es el conjunto de normas jurídicas y legales, establecidas por la ley y su reglamento, así como las disposiciones de carácter administrativo para regular las condiciones y circunstancias que norman, tutelan y controlan la convivencia pacífica de la población penal privada de libertad, la disciplina y el orden en los Centros Penales, con la finalidad de crear el ambiente adecuado para el alcance de los fines y objetivos del Sistema Penitenciario Nacional.

Arto.53 Equipo interdisciplinario:

Para los efectos de la ubicación, clasificación, tratamiento, progresión o regresión en régimen y otras funciones propias del régimen penitenciario, en cada uno de los diferentes Centros Penitenciarios del país debe existir un equipo interdisciplinario, con autonomía funcional en el ámbito profesional.

Los privados de libertad o internos podrán presentar peticiones y quejas al Juez de Ejecución de la Pena en relación al régimen y tratamiento penitenciario.

El equipo interdisciplinario se integra de la manera siguiente:

1. El Director del Centro Penitenciario, quien lo preside;

2. El jefe de reeducación;

3. Un psicólogo;

4. Un trabajador social;

5. Un sociólogo; y

6. Un médico.

Su funcionamiento estará regulado por el Reglamento de la presente Ley.

Arto.54 Sustento de la ejecución de la pena:

La ejecución de la pena se sustenta en el sistema progresivo, el cual constituye un medio y un instrumento para brindar el tratamiento penitenciario.

La clasificación, definición del tipo de seguimiento y la atención que se debe brindar al privado de libertad o interno, le corresponde al equipo interdisciplinario efectuar la valoración de cada uno de los internos, momento a partir del cual se determinará en que régimen serán ubicados éstos, tomando en consideración los diferentes establecidos en el artículo 56 de la presente ley.

Arto.55

Prisión preventiva:

Los ciudadanos que ingresen a los diferentes Centros Penitenciarios con prisión preventiva en calidad de acusados, deberán ser ubicados en ambientes separados de los condenados, para el solo efecto de asegurar su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente durante el proceso y no deberán ser sometidos al Sistema Progresivo.

Arto.56

Régimen de adaptación:

En el régimen de adaptación deberán ser ubicados aquellos privados de libertad que ingresen condenados por medio de sentencia firme emitida por el judicial que conoció de la causa; los procedentes de prisión preventiva que hayan sido sentenciados y que durante su permanencia en el mismo hayan tenido, o demostrado mal comportamiento, y los que hayan sido regresados en régimen. Estos permanecen dentro de sus celdas bajo un estricto control y vigilancia, con participación limitada en todas las diferentes actividades artísticas y recreativas del Sistema.

El Reglamento de la presente ley establecerá el procedimiento.

Arto.57 Régimen laboral:

Los privados de libertad o internos ubicados en el régimen laboral son aquellos que voluntariamente aceptaron el tratamiento reeducativo y han solicitado la integración en las diversas actividades del penal; su ubicación será en las galerías y celdas sin candados y/o de acuerdo a las condiciones físicas del Centro Penitenciario.

El Reglamento de la presente ley, establecerá el procedimiento.

Arto.58

Régimen semiabierto:

El régimen semiabierto se caracteriza por mantener al privado de libertad o interno bajo un sistema de control y seguridad acorde al grado y nivel de confianza que las autoridades del Centro Penitenciario tengan en el interno. En este régimen se debe promover y fomentar la responsabilidad del interno y acrecentar la autoconfianza; el fin y el objetivo es prepararlo para su ingreso al régimen abierto, ubicándole en áreas internas o externas del Centro Penitenciario.

El Reglamento de la presente ley establecerá el procedimiento.

Arto.59

Régimen abierto:

El régimen abierto está fundamentado en la disciplina aceptada voluntariamente por el privado de libertad o interno y la ausencia de controles rígidos, ubicándolos en áreas externas del Centro Penal.

En este régimen se deben planificar y elaborar programas cuyos objetivos específicos y particulares sean el trabajo, posibilidad de actividades laborales externas o trabajos eventuales en el exterior del Centro Penitenciario, y otras actividades de carácter educativas o formativas, culturales o cualquier otra, que permitan preparar a los privados de libertad o internos para su reinserción en la sociedad.

El Reglamento de la presente ley, establecerá el procedimiento.

Arto.60

Régimen de convivencia familiar:

El régimen de convivencia familiar se establece como un período previo a la libertad definitiva, su objetivo es fortalecer las relaciones del privado de libertad con su núcleo familiar, preparándolo para su vida social al recuperar su libertad.

En este régimen, los privados de libertad conviven en el exterior del Centro Penitenciario junto a su familia de origen o adquirida; estos internos aún se encuentran vinculados al Sistema Penitenciario Nacional. Para el control de éstos, se deben establecer los mecanismos de control y registros que al efecto consideren pertinentes las autoridades del Sistema, para dar garantía plena a quien goce del beneficio de este régimen y cuanto resulte necesario.

Bajo este régimen se podrá ubicar a los ciudadanos que en general carezcan de antecedentes penales, siempre y cuando los delitos por los cuales hayan sido procesados y condenados, no sean aquellos que por su naturaleza no aceptan fianza de ningún tipo.

La incorporación a este régimen es a propuesta del Director General del Centro Penitenciario, quien debe coordinar con el juez ejecutor de la pena, en base a los criterios y las recomendaciones del equipo interdisciplinario.

El Reglamento de la presente ley, establecerá el procedimiento de este régimen.

Arto.61

Permanencia en un régimen:

La permanencia o progresión de los privados de libertad o internos condenados en uno u otro régimen, está determinado exclusivamente por el estudio y caracterización que de forma individualizada realice el equipo interdisciplinario y el nivel de comportamiento del interno.

Arto.62

Progreso y permanencia en cualquier régimen:

Para los casos en que el privado de libertad progrese o se mantenga en régimen, es necesario que cumpla con el plazo de permanencia establecido para cada uno de ellos, así como la concurrencia favorable de los factores siguientes:

1) Valorar los antecedentes penitenciarios;

2) Observar buena conducta;

3) Participar en las actividades que lo preparen para su reinserción a la sociedad al recuperar la libertad; tener una valoración general sobre sus actitudes, comportamiento y acciones en el Centro Penitenciario; y

4) No tener otras causas pendientes por hechos delictivos dentro del Centro Penitenciario.

Arto.63

Excepción de ubicación:

Los ciudadanos que sean privados de libertad a consecuencia de sentencia judicial firme emitida por autoridad competente, deben ser ubicados en el régimen semiabierto desde el momento de la notificación de la sentencia condenatoria, aun cuando inicialmente hayan sido clasificados en el régimen laboral, en el caso de los privados de libertad o internos condenados a penas correccionales que reúnan, por lo menos, los elementos establecidos en numerales 1) y 4) del artículo 63.

Los privados de libertad que por su comportamiento o inadaptación extrema representen un alto grado de peligrosidad y riesgo para la convivencia de los demás internos del Centro Penitenciario, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional establecerán un local y un contingente de seguridad para atender estos casos.

Arto.64

Regresión a un régimen inmediato inferior:

La regresión del privado de libertad a un régimen inmediato inferior, se hará efectivo en los casos siguientes:

1) Cuando se cometa un nuevo delito;

2) En los casos en que de manera reiterada y manifiesta el interno se negare a cumplir las normas propias de su régimen;

3) Cuando se tratare de internos implicados en fugas, motines o cualquier tipo de violencia o intento de éstos.

En estos casos, le corresponde al equipo interdisciplinario valorar los hechos, circunstancias y factores que intervinieron en cada caso concreto, debiendo ubicar al interno en el régimen que corresponda, inclusive en unidades de máxima seguridad si resultase necesario, sin perjuicio de lo que en última instancia decida el Juez de Ejecución de la pena.

Hasta aquí el Capítulo VI.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 52 del Capítulo VI?

¿Al artículo 53?

Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto Rodríguez.

DIPUTADO ROBERTO RODRIGUEZ:

Gracias, señor Presidente.

Voy a presentar una moción de consenso al artículo 53. Nosotros estamos trabajando una ley, no de presente sino de futuro; por lo tanto, los integrantes del equipo interdisciplinario, a como está presentado, no obedecería en el futuro a responder a los diferentes niveles de desarrollo y de complejidad del Sistema Penitenciario Nacional. Por lo tanto, la moción de consenso modificaría los incisos 3), 4), 5) y 6), y quedaría:

1). Director del Centro Penitenciario, quien lo preside;

2). El jefe de reeducación;

3). Psicólogos;

4). Trabajadores Sociales;

5. Sociólogos;

6. Médicos

Y a continuación, “Su funcionamiento estará regulado por el Reglamento de la presente ley”, a como está estipulado.

El propósito de esta ley, es que por ejemplo en un Sistema Penitenciario que es muy avanzado y que lo vemos de futuro, no sería posible que en la parte de tratamiento, de progresión y de revisión, estemos considerando únicamente a un psicólogo; podría integrarlo más de uno, y debemos verlo no sólo desde la perspectiva interdisciplinaria, sino desde la perspectiva multidisciplinaria. Paso la moción de consenso, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 54?

¿Al artículo 55?

¿Al artículo 56?

¿Al artículo 57?

¿Al artículo 58?

¿Al artículo 59?

¿Al artículo 60?

¿Al artículo 61?

¿Al artículo 62?

¿Al artículo 63?

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Es una cuestión nada más de estilo. Al final del primer párrafo de este artículo 63, se refiere a los elementos establecidos en numerales 1) y 4) del artículo 63; debería decir del artículo 62, que son los numerales a los cuales se está refiriendo. Es únicamente para que la Comisión de Estilo tome en cuenta esto que se está refiriendo al artículo precedente número 62.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 64?

El Secretario dará lectura a la moción de consenso presentada en el artículo 53.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo 53, para los incisos 3), 4), 5) y 6). La propuesta va en el sentido de que en lugar que sea singular, sea en plural: psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y médicos. El resto del artículo queda igual.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción de consenso presentada en el artículo 53.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

68 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción presentada en el artículo 53.

Se va a someter a votación el Capítulo VI con la moción presentada.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

70 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo VI, con las mociones presentadas.

Se le pregunta a la Diputada Delia Arellano, si ya se pusieron de acuerdo con la moción que van a presentar.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPITULO VII

DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO

Arto.65.

Tratamiento penitenciario

El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades organizadas con el objetivo de desarrollar una actividad de auto-respeto, responsabilidad individual y social del privado de libertad o interno, con relación a su familia y la sociedad en general, logrando con ello el alcance de los fines y objetivos de la reeducación y reinserción social de los internos.

Arto.66. Objetivos del tratamiento penitenciario:

El objetivo del tratamiento penitenciario es proporcionar a los privados de libertad o internos, a través de servicios, atención y seguimiento, diferentes oportunidades para la superación académica, técnica y vocacional; brindarles las posibilidades para desempeñar un oficio, teniendo como punto de partida la aceptación voluntaria del interno y el respeto a su dignidad.

Arto.67. Formas organizativas de los Centros Penitenciarios:

Los Centros Penitenciarios son las instancias en donde se instituyen los instrumentos y elementos del tratamiento penitenciario, así como las diversas formas de organización de éstos. El Reglamento de la presente ley, establecerá el procedimiento.

En los Centros podrán organizarse consejos disciplinarios y consejos evaluativos, los que tendrán participación activa en la educación formal e informal, enseñanza y capacitación de un oficio, así como la participación en las actividades laborales, culturales y deportivas, o de aquellas otras actuaciones específicas que se puedan diseñar encaminadas a la reinserción en la sociedad del interno.

Artículo 68. Aplicación del tratamiento penitenciario:

El Sistema Penitenciario Nacional, para la aplicación del tratamiento penitenciario deberá promover e impulsar las diferentes formas de participación de la familia de los privados de libertad, sea por medio de los diferentes comités de familiares de los internos, así como la participación de las diferentes asociaciones civiles sin fines de lucro, organismos e instituciones y ciudadanos en general preocupados por la recuperación y el bienestar de los ciudadanos internos en el Sistema.

El Reglamento de la presente ley, establecerá los procedimientos y mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso de reinserción de los privados de libertad.

Hasta aquí el Capítulo VII.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Observaciones al artículo 65 del Capítulo VII?

Al artículo 66?

Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto Rodríguez.

DIPUTADO ROBERTO RODRIGUEZ:

Gracias, señor Presidente.

Voy a presentar una moción de consenso. Aquí aparece en este artículo 66, un excelente aporte por parte del Sistema Penitenciario Nacional en esta ley; sin embargo necesitamos hacerle una ligera modificación al artículo, el cual lo leeré a continuación y quedará así: "El objetivo del tratamiento penitenciario es proporcionar a los privados de libertad e internos, a través de servicios, atención y seguimiento, diferentes oportunidades para la superación académica, técnica y vocacional; brindarles las posibilidades para desempeñar un oficio (y la moción consiste en el siguiente agregado), y prepararles para la vida teniendo como punto de partida la aceptación voluntaria del interno y el respeto de su dignidad".

Por favor, en este concepto de "prepararles para la vida", nosotros tenemos un problema de formación: todos nosotros nos educamos con el concepto napoleónico, en el cual nos preparamos para desempeñar una función, para trabajarle al Gobierno, para trabajarle a un privado; pero no tenemos una formación para prepararnos para la vida, y son nuevos paradigmas, son nuevos conceptos y sobre este hombre que saca una formación integral, técnica, el Sistema debe ahondar mucho más -y yo sé que lo están haciendo- para que estos señores privados de libertad, al salir a la calle se vayan a desarrollar con nueva visión, con nuevos conceptos, con nuevas oportunidades, inclusive hasta generando sus propias actividades productivas, sus propios negocios.

Este concepto que está enmarcado entre nuevos paradigmas nosotros no lo podemos obviar, y sabemos perfectamente que muchos privados de libertad cuando salen a la calle se convierten en generadores inclusive hasta de sus propios negocios; por lo tanto, el concepto napoleónico está siendo superado y por qué nosotros no lo vamos a contemplar y plasmarlo en esta ley?

Paso la moción señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Observaciones al artículo 67 del Capítulo VII?

Al artículo 68?

El Secretario dará lectura a la moción presentada por el Diputado Roberto Rodríguez, en el artículo 66.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo, 66 que se leerá de la siguiente manera:

"El objetivo del tratamiento penitenciario es proporcionar a los privados de libertad o internos, a través de servicios, atención y seguimiento, diferentes oportunidades para la superación académica, técnica y vocacional; brindarles las posibilidades para desempeñar un oficio y prepararles para la vida, teniendo como punto de partida la aceptación voluntaria del interno y el respeto a su dignidad".

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada en el artículo 66.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

63 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción presentada en el artículo 66.

A votación el Capítulo VII, con la moción presentada.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el Capítulo VII, con la moción presentada.

El Secretario dará lectura a la moción presentada en el artículo 33 del Capítulo V.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso: "Los Centros Penitenciarios dentro de sus instalaciones, procurarán contar con ambientes o unidades especiales para la atención a las privadas de libertad que se encuentren en la etapa de pre y pos natal, se procurará que el parto se realice en un establecimiento asistencial de salud fuera del centro penal.

En los casos en que el niño nazca dentro de las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional, no debe de hacerse constar esta circunstancia en su partida de nacimiento, sino que se tendrá como lugar de nacimiento el nombre del Municipio en donde esté ubicado el Centro.

En los casos en que el Centro Penitenciario no tenga las instalaciones especiales para el período pre y postnatal, las privadas de libertad deben ser ubicadas bajo el régimen de convivencia familiar, hasta que el niño o niña cumpla los seis meses de edad propicios para la lactancia materna.

Este artículo será para las privadas de libertad donde la ley penal no contempla ningún tipo de fianza o beneficio; en los otros casos, se respetará la convivencia familiar hasta que el niño o niña cumpla los dos años de edad.

Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional deben realizar los trámites pertinentes de forma escrita; de esto se debe llevar un registro en forma de expediente por caso, del que se deben dejar copia como soporte ante cualquier suceso futuro".

Hasta aquí la moción de consenso.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción de consenso presentada en el artículo 33.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

67 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobada la moción presentada.

Hay una moción en el artículo 36.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo 36: "Para el cumplimiento de los objetivos y fines de la presente ley, las personas condenadas con privación de libertad, o los acusados y apremiados que estando detenidos hayan sido puestos a la orden de autoridad judicial competente, deberán ser remitidos al centro penal que designe la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional.

Los requisitos para recepción de detenidos serán las sentencias, prisión preventiva, o sentencia condenatoria, órdenes o mandamientos judiciales respectivos y la remisión de detenidos".

Hasta aquí la moción de consenso.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 36, con la moción presentada de consenso.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el artículo 36, con las mociones presentadas.

A votación el Capítulo V, con las mociones presentadas de consenso.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención.

Aprobado el Capítulo V, con las mociones presentadas.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ:

CAPITULO VIII

DE LOS PERMISOS DE SALIDA, COMUNICACIÓNES Y VISITAS

Arto.69 Permisos extraordinarios:

Los Directores de los Centros Penitenciarios, en casos de fallecimiento o enfermedades graves de los padres, humanos, cónyuge o compañero (a), en unión de hecho estable, y de los hijos, previa solicitud del interesado, podrán otorgar al privado de libertad o interno un permiso de salida extraordinario para que temporalmente y no más de 72 horas, con las medidas de seguridad pertinentes, éstos puedan asistir o concurrir ante la familia.

De lo establecido en el párrafo anterior se exceptúan los permisos para los internos de alta peligrosidad, aquellos que por la naturaleza o tipo del delito la ley no les otorga ningún tipo de fianza y los que por medidas de seguridad no puedan visitar el lugar en donde se cometió el acto punible.

Todo lo relativo a los permisos extraordinarios, el Director del Centro Penitenciario debe informar por lo menos con quince días de anticipación a la autoridad judicial competente para su aprobación, quien previamente deberá de haber analizado el informe del equipo interdisciplinario.

Los permisos extraordinarios de salida transitoria, serán normados de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de la presente ley.

Arto.70 Derecho a la comunicación y las visitas:

Para los fines y efectos de la presente ley, se reconoce el derecho de los privados de libertad a tener comunicación y visita, de acuerdo al régimen en que se encuentren ubicados, de parte de sus familiares y personas allegadas al núcleo familiar o de representantes legales acreditados que se interesen por su situación legal o de salud, sin restricción alguna.

Arto.71 Formas de comunicación:

Las autoridades de los Centros Penitenciarios deberán facilitar las posibilidades a los privados de libertad para que éstos se puedan comunicar con sus familiares, personas allegadas al núcleo familiar y representantes legales acreditados de forma oral, escrita o telefónica.

Estas comunicaciones no tendrán más restricciones que las impuestas por la seguridad y el orden; el procedimiento para la periodicidad de las comunicaciones y las visitas serán establecidas en el Reglamento de la presente ley.

Arto.72 Visitas conyugales y sus locales:

Las visitas conyugales para los privados de libertad serán únicamente para esposas o compañeros en unión de hecho estable, debidamente registradas en el expediente del interno.

Las autoridades de los diferentes Centros Penitenciarios deberán procurar establecer locales especiales para estas visitas conyugales y familiares que se realizarán de acuerdo a las prerrogativas establecidas para cada régimen penitenciario. En el caso de los internos ubicados en régimen semi abierto y abierto a la visita conyugal será cada ocho días.

El Reglamento de la presente ley, establecerá el procedimiento.

Arto. 73. Asistencia espiritual.

Los privados de libertad o internos gozan del derecho del ejercicio del culto religioso y a comunicarse con sus guías espirituales llamados por ellos o por aquellos que presten colaboración en el Centro Penitenciario.

Arto. 74 Conocimiento de noticias veraces.

Cuando la Dirección del Centro Penitenciario tenga noticias confirmadas de la defunción o enfermedad grave de familiares directos o parientes cercanos hasta en un cuatro grado de consanguinidad y segundo de afinidad, se debe de informar de inmediato al privado de libertad.

Arto.75 Acceso a los Centros Penitenciarios:

Tienen acceso a los Centros Penitenciarios del país, las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como las de derechos humanos y religiosas de diferentes denominaciones también tienen derecho al acceso a los Centros aquellas personas naturales debidamente acreditadas que deseen colaborar con el Sistema Penitenciario Nacional en las labores de rehabilitación, atención y promoción de los derechos humanos de los internos.

Arto.76 Evaluación de las actividades:

Todas las actividades realizadas por las organizaciones, entidades o personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 31 de la presente ley, serán evaluadas periódicamente, en conjunto con las autoridades superiores del Sistema Penitenciario Nacional, con el propósito de ratificar los proyectos y programas que se desarrollen, así como el mantenimiento, modificación, suspensión o supresión de los programas

Hasta aquí el capítulo VIII.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 69 del Capítulo VIII?

Tiene la palabra el honorable Diputado Gabriel Rivera Zeledón.

DIPUTADO GABRIEL RIVERA ZALEDON:

Gracias, Presidente.

El artículo 69 se refiere a los permisos extraordinarios, y en el inciso segundo se priva de ese beneficio, con ese permiso extraordinario, a aquellos que por la naturaleza o tipo del delito la ley no les otorga ningún tipo de fianza. Considero que el permiso extraordinario no es ningún tipo de fianza y por lo tanto no debería de estar incluido. Yo presentaría moción, Presidente, en el sentido de que se suprima lo que dice, a "aquellos que por la naturaleza o tipo del delito la ley no les otorga ningún tipo de fianza", y que el artículo quede igual en el resto.

Porque está bien pues, los que son de extrema peligrosidad o los que tienen prohibido visitar el lugar donde se cometió el delito, pero los que no están dentro de esas situaciones, ¿por qué se les va a negar ese permiso extraordinario, si no es el permiso extraordinario, una fianza?

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 70?

¿Al artículo 71?

Tiene la palabra el honorable Diputado José Figueroa.

DIPUTADO JOSE FIGUEROA:

Voy a presentar una moción de consenso del artículo 69, y su redacción quedaría de la siguiente manera:

"Todo lo relativo a los permisos extraordinarios, el Director del Centro Penitenciario debe informar por escrito a la autoridad judicial competente, de la causa a la orden de quien se encuentre el acusado o condenado, en un término no mayor de 24 horas".

Presento la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Porfirio Castro.

DIPUTADO PORFIRIO CASTRO:

Gracias, señor Presidente.

En el artículo 69, me gustaría que en el caso donde dice "que los Directores de los Centros Penitenciarios, en caso de fallecimiento o enfermedades graves de los padres, hermanos, cónyuges o compañeros, que incluyan también a mujeres embarazadas, porque es un caso grave también, y como antes lo tomaron, que esté también incluido en este artículo el caso de mujeres embarazadas, que a veces están en estado grave. Tal vez algunos de los que están pasando esto incluyen "mujeres en estado de embarazo".

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Estamos todavía con este artículo 69, porque tiene cuatro párrafos, y nosotros queremos dejar consensuado -si me lo permiten y me dan un espacio- porque queremos que en estos permisos también esté integrada la mujer embarazada. Que esto quede aquí establecido, para que la mujer tenga permiso en caso de embarazo o alguna enfermedad relacionada con el embarazo, porque posteriormente del embarazo se pueden dar casos de que ella pueda tener alguna enfermedad. No la he redactado todavía, pero si me permiten y dejamos un impasse... Yo sé que estamos trabajando, pero lo que queremos es dejar lo mejor en esta ley. No sé si también otros Diputados tenían alguna moción sobre el 69.

¿Diputado Gabriel, usted tenía una moción sobre el artículo 69? ¿Está escribiéndola?. Entonces a ver si nos dan un impasse con el artículo 69, por favor, y continuamos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge Martínez.

DIPUTADO TOMAR BORGE MARTINEZ:

En el artículo 69 donde habla de permisos extraordinarios dice que el Director del Centro debe informar por lo menos con 15 días de anticipación para otorgar el permiso. Por la experiencia que nosotros tuvimos, si alguien se muere el día de hoy y se va a enterrar el día de mañana, el permiso será otorgado el día de mañana. ¿Cómo van a solicitar permisos 15 días antes de que la persona se muera? Es completamente absurdo. Entonces, yo digo que en lo relativo a los permisos extraordinarios, el Director del Centro Penitenciario debe tener las facultades de dar el permiso e informar a la autoridad judicial competente.

¿Se requerirá introducirlo? Está bien, lo haré.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Maximino Rodríguez.

DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:

Presidente, muchas gracias.

Con relación a la inquietud que tenía la Diputada Delia, estaba hablando yo con Sobalvarro, y efectivamente él dice que cuando un reo, un privado de libertad, en el caso que se le muera un familiar, tiene 72 horas para estar con su familia, lo mismo dice cuando hay sangrado en las mujeres, les dan esas 72 horas para que ellas puedan resolver su situación. De tal manera que si la Diputada quiere dejarlo establecido en la ley, no es ningún problema, pero eso ya se práctica en el Sistema Penitenciario Nacional.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 71?

¿Al artículo 72?

Tiene la palabra el honorable Diputado Jaime Morales Carazo.

DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:

Presidente: Tal vez sea para que se considere en el Reglamento, o quizás una cuestión de estilo. En el artículo 72, en el segundo párrafo, dice al referirse a las visitas conyugales, las cuales pues, supongo yo que requieren cierto ambiente de intimidad, al referirse a que sólo son para la esposa o compañera. El segundo párrafo dice: "Las autoridades de los diferentes Centros Penitenciarios deberán procurar establecer locales especiales". Yo creo que no es que deberán procurar, la palabra "procurar" sobra allí deberán establecer locales especiales para estas visitas conyugales que tienen una obligatoriedad al mínimo de tener intimidad donde se van a realizar.

Supongo pues, que tal vez es una cuestión semántica, y que se pudiera eliminar el "procurar" por "deberán" Tal vez se puso por cuestiones de limitaciones presupuestarias por las que viven agobiados los señores que integran este fundamental servicio penitenciario. O se quita o se les da el presupuesto para que se pongan los locales privados.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 73?

¿Al artículo 74?

¿Al artículo 75?

¿Al artículo al 76?

Mientras se ponen de acuerdo vamos a pasar al Capítulo IX.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Como observación de estilo, en los Capítulos subsiguientes hay un error de numeración, entonces vamos a correr la numeración y en lugar de Capítulo VIII que aparece repetido, debe ser el Capítulo IX.

CAPITULO VIII

DEL TRABAJO PENITENCIARIO Y SU FUNCION
REHABILITACION

Arto. 77. Participación en el trabajo penitenciario:

La participación del privado de libertad o interno en el trabajo penitenciario, es el elemento fundamental para hacer posible el tratamiento penitenciario, por lo que los internos deben cumplir con las características siguientes:

1) Voluntad expresa del privado de libertad o interno.

2) No tener carácter aflictivo, ni ser considerado una medida correctiva.

3) No atentar contra la dignidad del interno.

4) En lo posible, debe ser suministrado por la administración del Centro Penitenciario, sin embargo se podrán realizar contratos de trabajo de prestación de servicios con empresas o particulares fuera del Centro, todo bajo la responsabilidad, supervisión y custodia de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional.

5) El trabajo debe tener carácter formativo y productivo, con el único objetivo de preparar al interno para su reinserción al mercado laboral al momento de que éste recupere su libertad.

6) Organizar el trabajo teniendo en cuenta, en lo posible, el perfil ocupacional del interno.

7) Determinar las condiciones y circunstancias de seguridad, salud e higiene laboral.

8) La remuneración salarial de los privados de libertad estará en correspondencia al tipo de trabajo, modalidad y características del mismo, todo lo relativo a las medidas de seguridad del interno es por cuenta y responsabilidad exclusiva de la Dirección del Sistema Penitenciario Nacional.

Arto.78 Excepciones en trabajo penitenciario:

Para los fines y efectos del trabajo penitenciario, quedan exceptuados de trabajar los mayores de sesenta años, los sometidos a tratamiento médico, los incapacitados permanentes, las mujeres embarazadas, conforme a las normas laborales vigentes y los que por medidas de seguridad se establezcan.

En el caso de los internos mayores de sesenta años, éstos podrán optar al trabajo y solicitarlo a la Dirección del Centro Penitenciario en donde se encuentren internos en estos casos el trabajo que se les ofrezca debe estar de acuerdo a su salud y la condición física.

Las excepciones establecidas en este artículo no limitan los beneficios penitenciarios que se les otorgan.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 77 del Capítulo IX?

¿Observaciones al artículo 78?

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizon.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Yo tengo una pregunta a la Comisión, y quizás también a las autoridades del Sistema Penitenciario, sobre si algunas de las excepciones que enuncian este artículo 78 pueden ser consideradas discriminatorias e incluso inconstitucionales, porque a una persona mayor de 60 años, por la edad, no se le puede negar la opción de trabajar, o a alguien que también esté en tratamiento médico. Me parece que por estar en tratamiento médico, o la mujer por estar embarazada, o el mayor de 60 años, aunque esté privado de libertad, me parece que no se le puede discriminar a que tenga una opción laboral.

Entonces haría la pregunta si esto está considerado por parte de los miembros de la Comisión, si no estaríamos incurriendo en discriminación o en inconstitucionalidad.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge Martínez.

DIPUTADO TOMAS BORGE MARTINEZ:

Tal como está redactado este artículo, pareciera una discriminación. Debería estar escrito con mayor claridad, diciendo que los mayores de 60 años o los demás que están considerados aquí, si no quieren participar no lo hagan, pero que no están exceptuados. Es decir, redactarlo con más cuidado, e invito a los miembros de la Comisión para que así lo hagan.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Se le solicita a los miembros del Sistema, si tienen alguna observación.

FUNCIONARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL:

Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que el artículo en su primer párrafo da la parte general acorde a la legislación laboral en cuanto a la edad, el estado de salud u otras condiciones. En el segundo párrafo, ya da la opción de que si está la voluntad de aquellos mayores que deseen trabajar, y dice que deberá ser relativo y que podrá ser de acuerdo a la condición de salud y física. O sea, la primera da la cobertura general para estar acorde a la legislación laboral en cuanto a la edad, y en el segundo párrafo abre la opción y la puerta, digamos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado René Núñez Téllez.

DIPUTADO RENE NUÑEZ TELLEZ:

Yo no soy miembro de la Comisión de Defensa y Gobernación, pero entiendo que el trabajo de los internos es voluntario, es decir, no es un trabajo forzado, ni obligatorio. Segundo, cuando se plantean las excepciones, se está pretendiendo -a mi juicio- cuidar los aspectos físicos y de salud de los internos. Por eso la gente de 60 años que ya es una gente con mucha edad, que no sabemos cuál es su condición física, se debe tener cuidado en no incluirlos en un trabajo físico agotador.

Porque entiendo, además, que el Sistema no tiene una gama amplísima de tareas laborales, sino que limitadas y casi todas de esfuerzo físico, o gran parte de ellas de esfuerzo físico. Entonces, cuando excluís a los internos, cuando excluís a la gente de mayor edad, cuando excluís a otras personas que están aquí excluidas por tratamiento médico, te estás refiriendo básicamente a un trato que permite buscar, darle al Sistema una forma humanitaria de tratamiento a los presos. Después, si esto es discriminatorio o es inconstitucional, no olvidemos que el preso cuando está condenado ha perdido sus derechos civiles.

Pero aquí estamos haciendo un tipo de régimen donde se le permite al preso tener un conjunto de derechos que le permitan la reeducación y la reinserción futura en la sociedad. Entonces, yo estaría en mantener las excepciones por lo que ya explicado.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Maximino Rodríguez.

DIPTUADO MAXIMINO RODRIGUEZ:

Presidente: Es que estábamos revisando aquí con los muchachos del Sistema, que el artículo 76 nos manda al artículo 31, y no tiene nada que ver, más bien es al artículo 30. Para que se pueda corregir eso. Solamente para que quede registrado en el Diario de Debates, que se refiere más bien al artículo 30 y no al 31.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado José Castillo Osejo.

DIPUTADO JOSE CASTILLO OSEJO:

Gracias, señor Presidente.

Aprovechando la presencia de los señores militares, yo les preguntaría a ellos, para poderme manifestar sobre el artículo 78, porque es interesante, que estamos protegiendo a personas que pasan la mayor parte del tiempo ociosas, y el ocio daña más que el trabajo. El Seguro Social permite a los 65 años el trabajo al individuo, no sé por qué nosotros tenemos que limitar dentro de la cárcel al hombre de 60 años, creo que es lo contrario, que tenemos que animarlo a que trabaje para que el tiempo le pase más rápido, y si hay una pena que está cerca de cumplirse le sea más leve, porque la mente estará ocupada, el organismo estará ocupado y será beneficios para ellos.

Yo creo en lo que dijo René, que si está enfermo, pero eso se lo cataloga cada quien, es la persona la que dirá no puedo trabajar porque estoy enfermo. Pero si está en situación física, en capacidad física, debe dársele la oportunidad para que inclusive cuando salga de la cárcel, tenga algunos recursos para poderse medio mantener mientras se adapta de nuevo a la sociedad. Yo creo que sería bueno tomar en cuenta lo que dijo el señor Secretario y los que se han manifestado sobre el particular, porque no sería muy loable cortar las aspiraciones de una persona que quiere llevar mucho más leve su cautiverio.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Abonando a estas observaciones, el artículo 39 de la Constitución Política, dice precisamente que el Sistema Penitenciario tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad y que promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Quizás esta observación que pudiera dejar un indicio de discriminación, podría ser resuelto agregándole en el segundo párrafo todas las excepciones, no solamente los mayores de 60 años, sino también las otras excepciones que de carácter voluntario puedan optar.

Porque una persona que tiene una discapacidad, puede trabajar, puede hacer algún tipo de trabajo, igualmente la embarazada, igualmente el mayor de 60 años. Entonces quizás podría decir, en el caso de los internos que se exceptúan de los trabajos penitenciarios, éstos podrán optar al trabajo y solicitarlo a la Dirección del Centro Penitenciario donde se encuentren internos". Porque si la embarazada, por ejemplo, es examinada por el comité de apoyo que tiene ahí, el médico perfectamente le puede autorizar a que trabaje, siempre y cuando no esté en riesgo el embarazo, la vida de ella, ni la vida del bebe. Entonces creo que se podría solventar incorporando no solamente los 60 años, sino todas las excepciones que están contempladas.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge.

DIPUTADO TOMAS BORGE:

Respaldo esa posición del Diputado.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a la moción presentada por él.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Diría en el segundo párrafo de este artículo 78:

"En el caso de los internos exceptuados en el párrafo anterior, éstos podrán optar al trabajo y solicitarlo a la Dirección del Centro Penitenciario en donde se encuentren internos". El resto queda igual.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada por el Diputado López Baldizón.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el artículo 78, con la moción presentada.

A votación lo que sería el Capítulo IX, con la moción presentada.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

68 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado lo que sería el Capítulo IX.

Ya están en las manos del Secretario las mociones presentadas en el Capítulo VIII, y serán leídas por él.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo 69, párrafo segundo, se leerá así:

"De lo establecido en el párrafo anterior, se exceptúan los permisos para los internos de alta peligrosidad y los que por medidas de seguridad no puedan visitar el lugar en donde se cometió el acto punible". Moción de consenso.

En el mismo artículo 69, el párrafo tercero quedará redactado así:

"Todo lo relativo a los permisos extraordinarios, el Director del Centro Penitenciario debe informar por escrito a la autoridad judicial competente, de la causa a la orden de quién se encuentra el acusado o condenado, en un término no mayor de 24 horas posterior a la decisión tomada".

Hasta aquí las dos mociones.

¿Diputado Figueroa, esto incorpora la moción presentada por el Diputado Tomás Borge?

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada en el artículo 69, Capítulo VIII, párrafos segundo y tercero.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

63 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Se aprueba la moción presentada en el artículo 69 del artículo VIII.

A votación el Capítulo VIII.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo VIII.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ:

Capítulo X, con el cambio de número por el error de imprenta.

CAPITULO IX
DEL CENTRO DE PRODUCCION PENITENCIARIO

Arto.79. Centro de Producción Penitenciario:

Créase el Centro de Producción Penitenciario, que en lo sucesivo se le denominará Centro de Producción, como un ente desconcentrado del Ministerio de Gobernación, con capacidad propia para adquirir obligaciones y derechos, y cuyo objeto primordial constituye esencialmente contribuir a la función social de reforma del privado de libertad y al financiamiento de las actividades del Sistema Penitenciario Nacional, su organización, estructura y funcionamiento lo define la presente ley y su Reglamento.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe tener inscrito y registrado al Centro de Producción Penitenciaria como uno de los proveedores del Estado, para que éste proceda a ofertar sus servicios y productos elaborados.

Arto. 80. Dirección del Centro de Producción:

El Centro de Producción está dirigido por una Junta Directiva que se integra con los representantes de las instituciones siguientes:

1. El Ministerio de Gobernación o su representante, quien asume la presidencia y representación de la Junta Directiva.

2. El Director General del Sistema Penitenciario Nacional.

3. Un representante del Patronato Nacional de reos.

4. El Gerente General del Centro de Producción.

El nombramiento del Gerente del Centro de Producción, a propuesta de la Junta Directiva, le corresponde únicamente al Ministro de Gobernación.

En ningún caso los miembros de la Junta Directiva recibirán pago de dietas.

Arto. 81. Patrimonio del Centro de Producción:

Para el cumplimiento de los fines y objetivos del Centro de Producción, se deben contabilizar como patrimonio de éste la totalidad de los bienes muebles e inmuebles que actualmente tiene asignados de parte del Sistema Penitenciario Nacional.

También constituyen parte del patrimonio de éste, los bienes que obtenga a cualquier título, sea gratuito u oneroso, la reinversión de las utilidades generadas por sus áreas productivas o los que provengan de aportes o donaciones, legados, subvenciones de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sean estas nacionales o extranjeras y las asignaciones ordinarias o extraordinarias provenientes del Estado.

Arto. 82. Objetivo del Centro de Producción:

Para los fines y efectos del funcionamiento del Centro de Producción, se establecen como objetivos los siguientes:

1) Promover, impulsar, desarrollar, y fortalecer los diferentes programas de reinserción social de los privados de libertad.

2) Promover e impulsar permanentemente la creación de empleo para los privados de libertad para su posterior incorporación a las actividades socioeconómica de la sociedad.

3) Desarrollar y ampliar los diferentes programas productivos del Sistema Penitenciario Nacional, con alto nivel de calidad y productividad.

4) Realizar las inversiones que resulten necesarias para mejorar la calidad de las condiciones de vida de los privados de libertad y los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional y.

5) Establecer relaciones comerciales con cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, para ofertar y comercializar los productos provenientes de las actividades agropecuarias y agroindustriales, así como aquellos otros productos cuyo origen radique en las actividades industriales, artesanales, grupos culturales o artísticos, o de otra índole, generados por el Centro de Producción.

Arto. 83. Autorización para la realización de proyectos:

El Centro de Producción puede establecer diversos proyectos o actividades productivas en todos los Centros Penitenciarios del país, asumiendo bajo su cuenta y responsabilidad la formulación, aprobación, ejecución y administración de éstos.

Arto. 84. Parámetros de los proyectos:

Los proyectos que impulse el Centro de Producción, deben cumplir con los parámetros siguientes:

1. Viabilidad y factibilidad económica y financiera.

2. Vocacionalmente formativos.

3. Contribuir al sostenimiento y la unidad de la familia del privado de libertad.

4. Que su función sea de carácter social y su realización sea para la natural incorporación a la vida social del privado de libertad, así como sus componentes sean de carácter educativo y formativo.

5. Que no representen riesgos potenciales a la seguridad pública y

ciudadana.

Arto.85. Autorización para el trabajo de los privados de libertad en el Centro de Producción:

La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional pondrá a disposición del Centro de Producción a los privados de libertad, siempre y cuando no representen mayor riesgo y peligro para la seguridad de los Centros Penitenciarios y el personal del Sistema, para la realización y ejecución de las diferentes actividades productivas.

Arto. 86. Uso de las utilidades:

El cien por ciento de

las utilidades netas generadas por las diferentes actividades productivas del Centro de Producción, serán destinadas prioritariamente para la creación y ampliación de los diferentes proyectos productivos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 6 y 83 de la presente ley.

Arto. 87. Prioridad a los bienes y servicios:

Los representantes legales de cada una de las diferentes instituciones del Estado deberán establecer prioridad en la adquisición de bienes y servicios ofrecidos por el Centro de Producción, para contribuir al logro de los fines y objetivos establecidos en los artículos 6 de la presente ley.

Corresponde al Sistema Penitenciario Nacional, la elaboración de las placas para el parque automotor que circule en el país, en este caso deberán cumplir con las medidas y demás requisitos técnicos que al respecto establezcan la Policía Nacional por medio de la Especialidad de Tránsito, en este caso se deben observar todas las medidas de control y seguridad que resulten necesarias. También podrán elaborar aquellas otras placas que normal y habitualmente son utilizadas por los diferentes gobiernos locales.

Hasta aquí el Capítulo X.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 79 del Capítulo X?

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

En el artículo 79, Centro de Producción Penitenciario, consultando con el Director General, en vez de ser un solo Centro, podría ser Centros en cada Dirección Penitenciaria del país, para que todos los privados de libertad puedan participar en esa actividad productiva. Entonces, la moción de consenso es la siguiente: “Créanse los Centros de Producción Penitenciarios en cada una de la Direcciones Penitenciarias del país, que en lo sucesivo se le denominará Centro de Producción”, etc.

Paso la moción.

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado José Martínez.

DIPUTADO JOSE MARTINEZ:

Gracias, señor Presidente.

En el artículo 79, solamente quería dejar claro en el Diario de Debates, que los entes desconcentrados del Ministerio de Gobernación, también se rigen bajo lo que es la Ley 290 y lo que es la Ley de la Contraloría de la República, porque muchos entendemos a veces que entes desconcentrados o entes autónomos están fuera tal vez de lo que es la supervisión o lo que es la Contraloría de la República. Solamente. Y en el 80, yo tengo una moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Tiene observación en el artículo 80?

DIPUTADO JOSE MARTINEZ:

Tengo una moción de consenso. En este artículo, donde dice “Dirección del Centro de Producción”, nosotros estamos viendo que sólo ponen cuatro integrantes para crear lo que es la Junta Directiva, y si usted mira, la preside el Ministro, después el Director General que lo nombra el Ministro, después está el Gerente General del Centro de Producción, que lo nombra el Ministro, y sólo tenemos a un representante del Patronato Nacional de Reos. En este caso, yo estoy haciendo una moción que es de consenso, de aumentar un inciso donde se ponga un supervisor, para darle participación también a otras organizaciones civiles.

Y en el mismo artículo, en el último párrafo, donde dice: “En ningún caso los miembros de la Junta Directiva recibirán pago de dietas”, agregarle “dieta, incentivo, salario y ningún tipo de retribución”. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando se habla solamente de dieta, siendo funcionario tal vez del mismo Centro, o a una persona que llegue allí, le pueden dar un salario o le pueden dar un incentivo, como decir el 20, el 10 por ciento tal vez de la producción, y eso saldría como sobre salario. En ese caso, estamos proponiendo que sea “dietas, incentivos, salarios, y ningún tipo de retribución”. Paso la moción de consenso.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Estaba escuchando, pero no terminé de escuchar la moción y no sé si era de consenso. Realmente en sí tiene razón, porque están cuatro personas integradas, entonces ¿qué solución le podríamos dar con respecto a eso? No sé si los representantes del Sistema Penitenciario escucharon. La moción que usted está presentando, Diputado, es que se agregue uno más. Quiero que los señores del Sistema se pronuncien, porque estamos con el artículo 80, si se va a agregar uno más, quién va a ser. A ver si nos permiten, porque si no estamos viendo otros artículos.

DIPUTADO JOSE MARTINEZ:

La moción que estaba presentando es la de agregar un inciso 5), para poner un supervisor.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Pero no dice quién, porque lo que podríamos hacer es que en vez de un representante del Patronato, sean dos.

DIPUTADO JOSE MARTINEZ:

No, del Patronato no. En la moción decía que organizaciones civiles o religiosas, para darle participación a más gente allí, porque como decía en ese artículo, el Ministro nombra a tres y sólo está un representante de las organizaciones civiles, que es el Patronato de Reos. Entonces sería ampliar más eso para que le den como supervisor a otro ahí, que no sea juez y parte en la misma cosa.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Realmente quedarían cuatro, hay que poner uno más para que exista siempre una persona que decida en caso de empate. Pero no sé si usted me puede leer la moción, Diputado López, que la escuchen los señores del Sistema, porque yo creo que ellos no escucharon la propuesta al artículo 80 que plantearon ahí los Diputados.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción al artículo 80: “Agregar un inciso 5), nombrando un supervisor, dándole la participación a las organizaciones civiles o religiosas”.

Y un último párrafo en este mismo artículo:

“En ningún caso los miembros de la Junta Directiva recibirán pago de dietas, incentivos, salarios o ningún otro tipo de retribución”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge Martínez.

DIPUTADO TOMAS BORGE MARTINEZ:

Aquí se señala un Gerente General del Centro de Producción, que debe ser nombrado a solicitud de la Junta Directiva, por el Ministro de Gobernación. Y yo agregaría que este Gerente General debe ser necesariamente un oficial del Sistema Penitenciario y no una persona extraña; hay que nombrar a alguien que va a recibir un salario, porque no va a estar sin salario. Creo que es mejor un oficial del Sistema Penitenciario.

Paso la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Manuel Maldonado.

DIPUTADO MANUEL MALDONADO:

Gracias, señor Presidente.

Es que quería reforzar la moción, porque la Diputada Arellano planteaba una preocupación. La moción se desprende del artículo 30 aprobado ya en esta ley, donde se habla de las asociaciones civiles y religiosas para el apoyo al Sistema. Consideramos importante que estas asociaciones tengan una participación beligerante y participativa en los centros de producción. También quiero plantear que si se aprueba el artículo propuesto, la moción del Diputado Carlos Gadea cambiaría el título del artículo 80, porque allí se habla de la Dirección del Centro de Producción.

Entonces, si la moción del Diputado Gadea se aprobara, quedaría la “Dirección de los Centros de Producción”.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

Voy a cambiar la moción del artículo 79, de consenso: “Créase el Centro Nacional de Producción Penitenciario”. Y así no se cambia nada. Se crea un Centro Nacional de Producción Penitenciario, porque nos explicaban que ya existen Centros Productivos en cada Dirección. Entonces también el Capítulo X diría, “léase del Centro Nacional de Producción Penitenciario”, así ya no hay problemas en el 80. Y una sugerencia sobre lo que dice el Diputado Borge, que tiene que ser del Sistema Penitenciario, no sé si es el Gerente.

Lo que pasa es que puede suceder que pasa ser un Gerente, a lo mejor necesita de alguna especialidad, si acaso es una granja avícola, porcina o lo que sea el Centro de Producción, y quizás en el Sistema Penitenciario no haya quien pueda ser el Gerente que lo dirija y se tendría que buscar otro tipo de personal, entonces se estaría restringiendo. Pero, por otro lado, si puede salir del personal de ellos sería bueno, también de las dos maneras.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Yo le pediría a los señores del Sistema que nos explicaran un poco sobre esto de los Centros de Producción, porque tenía ahí una moción que ya se nos complicó, en cuanto al nombramiento del quinto miembro, para dejarlo bien claro. Yo no estoy en desacuerdo que sea una persona de la sociedad civil y religiosa, en eso no. Lo que pasa es quién va a nombrar a esa persona, y tiene que estar escrito en la ley el nombramiento, si va a estar integrado por una persona de la sociedad civil y religiosa que será nombrada por... Yo creo que ahí debemos ponerle que será nombrada entre ellas mismas, de las asociaciones civiles y religiosas que están dentro del Sistema y que trabajan dentro del Sistema.

Yo creo que sí, que hay que dejarlo nombrado, pero también hay que dejar la forma de elección que le va a hacer la persona, para que quede dentro de la ley. Entonces en el 80 diría “el Centro de Producción” y ahí abarcaríamos a todos los Centros de Producción del Sistema, sólo se crea uno; y en el 80, que dice el Centro de Producción, entonces no diríamos los Centros de Producción. O si es válida la moción que yo tengo, que ya fue consensuada, los Centros de Producción estarán dirigidos por una Junta Directiva, porque eso engloba que sólo hay un Centro, que todos los Centros están dirigidos por la Junta Directiva. No sé si ése es el espíritu.

Me gustaría que nos lo aclararan para poder presentar la moción que tengo, y si nos devuelven la moción que presentaron y le agregamos la forma de elección. No sé si la retira el Diputado para que revisemos la del 80 en la integración.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Quizás tratando de acercar un poquito las posiciones entre la propuesta presentada por el Diputado Tomás Borge y la del Diputado Carlos Gadea, en relación al acápite 4) del artículo 80, el Gerente General del Centro de Producción, se sugiere que deberá ser un oficial del Sistema Penitenciario. Podríamos agregarle: “preferiblemente deberá ser un oficial del Sistema Penitenciario, con idoneidad para el cargo”. Contemplando la posibilidad de que no existiera, a como planteaba el Diputado Carlos Gadea, un oficial que tenga la idoneidad para el cargo, dejar la posibilidad de contratar a alguien. Pero preferiblemente un oficial del Sistema que tenga la idoneidad para ejercer el cargo de Gerente General.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Le cedemos la palabra al miembro del Sistema.

FUNCIONARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL:

Muchas gracias, señor Presidente.

El espíritu de este artículo o el espíritu del Centro de Producción, lo que busca es crear, a como dice el artículo 79, un ente desconcentrado de ámbito nacional, el cual va a dirigir la política productiva de todos los talleres que hay en los diferentes Centros Penitenciarios del país, con una Junta Directiva Nacional, en la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo que puede haber otro miembro de las organizaciones civiles y religiosas, que inclusive se puede decir que sea nombrado cada año de una asamblea de todas estas organizaciones que visitan el Sistema Penitenciario.

Pero el sentido es que el Centro de Producción es un ente desconcentrado de ámbito nacional, que rige la política productiva en todos los Centros Penitenciarios del país, llámense talleres, todo lo que produzca algo, dirigido por una Junta Directiva que está aquí dicho quiénes la integran.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a las mociones presentadas.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción al artículo 79 del Capítulo X, léase Del Centro Nacional de Producción Penitenciario”.

El inicio de este artículo diría así: “Créase el Centro Nacional de Producción Penitenciario”. El resto del artículo queda igual.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 79, con la moción presentada.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 79, con la moción presentada en el Capítulo X.

El Secretario dará lectura a dos mociones presentadas sobre el artículo 80.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción al artículo 80, acápite 4), agregar: ”El Gerente General del Centro de Producción deberá ser un oficial del Sistema Penitenciario, con idoneidad para el cargo”.

Y en el mismo artículo 80, agregar un inciso 5) que diría así: “Nombrar un supervisor, dándole la participación a las organizaciones civiles o religiosas; éstas eligen sus representantes a la Junta Directiva”.

Y agregar un último párrafo en este mismo artículo, que dirá: “En ningún caso los miembros de la Junta Directiva recibirán pagos de dieta, incentivos, salarios y ningún otro tipo de retribución”.

Sería conveniente que quede claro, que este artículo se refiere a que, al pertenecer a la Junta Directiva, no recibirán ningún pago de dieta, incentivos, salarios y ningún otro tipo de retribución, porque evidentemente el Gerente de Producción, el Director del Sistema, si reciben un salario. Pero lo que queremos evitar aquí es por pertenecer a la Junta Directiva. ¿Le podemos agregar éso, Diputado Martínez?

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación las dos mociones presentadas en el artículo 80.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

68 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 80, con las mociones presentadas.

A votación el Capítulo X, con las mociones presentadas.

Se abre la votación.

Tiene la palabra el honorable Diputado José Martínez Narváez.

DIPUTADO JOSE MARTINEZ NARVAEZ:

Presidente: En el artículo 86, yo tenía una observación, y es la siguiente...

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

En el artículo 83, agregar un segundo párrafo que se leerá así:

“La Junta Directiva del Centro Nacional de Producción, podrá solicitar apoyo económico a los organismos nacionales e internacionales para la realización de los proyectos”.

Paso moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 84?

¿Al artículo 85?

¿Al artículo 86?

Tiene la palabra el honorable Diputado José Martínez.

DIPUTADO JOSE MARTINEZ:

Señor Presidente, gracias.

Era solamente que el artículo 86, Uso de las utilidades, dice que “El cien por ciento de las utilidades netas generadas por las diferentes actividades productivas del Centro de Producción, serán destinadas prioritariamente”. Esa palabra como que no está en lo que remite el artículo 6 y 83. Yo diría, a manera de observación, que se quitara “prioritariamente”, para que quede destinada para la creación y ampliación de los diferentes proyectos productivos. Esa era la observación, y voy a pasarla por escrito.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 87?

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Yo sigo con el 86. Me decía el Diputado, que el 100 por ciento de las utilidades sólo está para la creación y ampliación de los proyectos de producción, y él nos hacía la observación -no sé si los señores del Sistema nos podrían aclarar, para ver si hacemos la moción- de que se hiciera para el mejoramiento de las condiciones del Centro, o para el mejoramiento de la alimentación del Centro. O sea, no destinar el 100 por ciento de las utilidades sólo a los proyectos de producción, porque están trabajando los reos en función de mejorar también sus condiciones dentro del Centro Penitenciario.

Entonces me gustaría, si están de acuerdo, hacer una moción para que se quite la palabra “prioritariamente” para la creación y ampliación de los diferentes proyectos productivos, y sería para el mejoramiento o para el autosostenimiento del programa del Sistema. No sé si están de acuerdo y hacemos la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable José Castillo Osejo.

DIPUTADO JOSE CASTILLO OSEJO:

Gracias, señor Presidente.

Es para el artículo 87, Prioridad a los bienes y servicios. Es para ordenar un poco el segundo párrafo, porque además de repetitivo, como que le falta algo. Y voy a presentar la moción, pero antes deberé leerlo, como pienso debe ser. Salvo mejor opinión, yo retiraría la mía. Dice en la redacción actual: “Corresponde al Sistema Penitenciario Nacional la elaboración de las placas para el parque automotor que circule en el país, en este caso deberán de cumplir con las medidas y demás requisitos técnicos que al respecto se establezcan la Policía Nacional por medio de la especialidad de Tránsito; en este caso se deben de observar todas las medidas de control”... y sigue en un desorden total.

Estoy tratando nada más de que lo ordenemos de la siguiente manera:

“Corresponde al Sistema Penitenciario Nacional, la elaboración de las placas para el parque automotor que circula en el país; en este caso deberá de cumplir con las medidas y demás requisitos técnicos que al respecto establezca la Policía Nacional por medio de la especialidad de Tránsito, así como observar todas las medidas de control y seguridad que resulten necesarias. También podrán elaborar aquellas otras placas que normal y habitualmente son utilizadas por los diferentes gobiernos locales”.

O sea, eliminar una serie de palabras que están demás, repetitivas y que desconcatenan la idea verdadera de lo que se quiere decir en el párrafo. Voy a pasar la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

Es en relación a lo que estábamos discutiendo en el artículo 86. En realidad tienen razón los Diputados, lo que se podría hacer, y yo propongo: El 50 por ciento de las utilidades netas generadas por las diferentes actividades productivas del Centro, serán destinadas para la creación y ampliación de los diferentes proyectos”, etc., “y el 50 por ciento para el mejoramiento...” (¿La están elaborando así, 50 y 50? Pero puede destinar una proporción, digamos un 50 por ciento para el Centro de Producción, y un 50 por ciento para el mejoramiento de las Direcciones de los Centros.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada María Eugenia Sequeira.

DIPUTADA MARIA EUGENIA SEQUEIRA:

Gracias, Presidente.

Me parece a mí, no sé cuál debería de ser realmente la proporción, pero sí creo que por lo general las utilidades son utilizadas para las reinversiones. Pero también se podría utilizar para la reinversión en los mismos centros de producción, para fortalecerlos o abrir nuevos, o qué sé yo; también para el fortalecimiento, la infraestructura y mejoramiento de los servicios en los diferentes sistemas, que ahí abarcaría alimentación y abarcaría otros beneficios para mejorar sus condiciones. Creo conveniente eso y voy a apoyar un poco la moción que se va a presentar.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Fidel Moreno.

DIPUTADO FIDEL MORENO:

Muchas gracias, señor Presidente.

Yo comparto el planteamiento que ha hecho María Eugenia y que planteaba el Diputado Martínez. A lo mejor es difícil precisar porcentajes a los cuales debe ser dirigido, pero sí dejar la palabra “prioritario” no nos garantiza a dónde puede ir dirigida la inversión de estas utilidades. Que de manera clara se plantee que debe ir dirigida la creación y ampliación de estos mismos programas, pero al mismo tiempo dejar una posibilidad de que sean dirigidos al mejoramiento de las condiciones de los reos, en salud y en alimentación, por ejemplo.

Esto es para que no puedan ser dirigidas a otras labores, que no puedan ser dirigidos digamos al mejoramiento de salario y esas cosas, eso lo resolvemos vía presupuestaria; pero sí que quede claramente establecido que estas utilidades deben ser orientadas al mejoramiento y ampliación de los programas productivos o al mejoramiento de las condiciones de los reos, en salud, alimentación, etc., condiciones generales. Yo me apuntaría en una moción de ese tipo, a ver si nos podemos poner de acuerdo con María Eugenia, el Diputado Martínez que presentó la moción, Marcelo y otros compañeros, y Carlos que también tiene una inquietud en este sentido.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Leónidas Centeno.

DIPUTADO LEONIDAS CENTENO:

Gracias, Presidente.

Es que yo voy a diferir de los compañeros Diputados que han hablado sobre este artículo 86. Me parece que el 86 está correcto a como está en el Dictamen, si retroceden y leen el artículo 6 y leen bien el artículo 83. Porque en primer lugar me parece que no es mucho lo que van a generar de producción estos Centros de Producción, no van a ser grandes empresas que van a tener una producción alarmante como para que nos pongamos o se ponga el Sistema a estar distribuyendo excedentes de esa producción. Pero podría ser grande, mediano o pequeño el excedente o la producción que éstos tengan, y estar definiendo porcentajes, me parece que no estamos interpretando bien el artículo 6.

Porque el artículo 6 habla de los objetivos del Sistema Penitenciario que son bien amplios, y en este caso el inciso 1) de este artículo se refiere a la ejecución de las sentencias penales y a las medidas cautelares privativas de libertad dictaminadas por los tribunales de justicia. Es decir, eso puede exigir requerimientos que el Sistema Penitenciario debe tener para hacer cumplir las penas, la reeducación del interno para su reintegración a la sociedad, y luego habla de promover la unidad familiar, la salud y la ocupación productiva.

Algunos Diputados planteaban que se destinara para la salud o para educación, y este objetivo es amplio. Y si nos remitimos al artículo 83, también dice que “El Centro de Producción puede establecer diversos proyectos o actividades productivas en todos los Centros Penitenciarios del país, asumiendo ....”, etc. Entonces el 86 dice que el excedente va a ser para que se apliquen los programas, es decir, para que se cumplan los objetivos del artículo 83 y del artículo 6. Me parece que está bien el artículo 86 a como aparece en el Dictamen.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge.

DIPUTADO TOMAS BORGE:

Disculpen, los que hemos estado presos, sabemos lo que significa la comida. Yo diría que el 70 por ciento de los recursos sean destinados a la reproducción de las empresas y el otro 30 para mejorar la comida de los presos; lo van a agradecer mucho.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado José Martínez.

DIPUTADO JOSE MARTINEZ:

Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera dejar claro aquí ante el Plenario, que si en el artículo 79 se está pidiendo la desconcentración del Ministerio de Gobernación, y en base a ese artículo se está pidiendo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que sea inscrito para competir y hacer obras, estamos hablando de una empresa que tiene capacidad y responsabilidades para competir con las demás que están aquí, y eso creo que genera alguna ganancia. Porque hasta hoy, sin esta ley, nosotros no sabemos a dónde se dirigían esas ganancias, ni cómo se han ido utilizando. Yo entiendo que se han utilizado para reajustes de salarios, etc., sin algún control.

Yo creo que no es así nomás, si están desconcentrando y están pidiéndole el Ministerio de Finanzas que se inscriba como empresa, es porque van a participar como empresa y van a actuar como tal. Entonces, yo creo que sería ver a más profundidad esto y dejar claro lo que también decía en la moción Fidel Moreno, que yo estoy de acuerdo.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a las mociones presentadas.

Los que tienen mociones que no han terminado, por favor tráiganlas.

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Voy a leer el artículo 86, para los que estábamos ocupados en la redacción. Así es que aquí entre algunos Diputados y Diputadas redactamos este artículo, a ver si de esta manera podemos quedar bien. Dice el artículo: “El 100 por ciento de las utilidades netas generadas por las diferentes actividades productivas del Centro de Producción, serán destinadas para la creación (eliminamos “prioritariamente”) y ampliación de los diferentes proyectos productivos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 6 y 83 de la presente ley, y para el mejoramiento de las condiciones alimenticias, médicas”, etc., “del Sistema Penitenciario”.

¿Les parece con eso que se le aumentó? Ya se les dijo que sería para las condiciones alimenticias, médicas, etc., del Sistema Penitenciario.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el funcionario del Sistema.

FUNCIONARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL:

Estamos de acuerdo con la redacción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Para adelantar un poco con la ley, vamos a pasar al Capítulo XI, mientras se ponen de acuerdo con las mociones.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Capítulo XI, De la educación, Instrucción y deporte, Artos. del 88 al 90.

CAPITULO XI

DE LA EDUCACION, INSTRUCCIÓN Y DEPORTES

Arto.88 Educación y formación de los internos.

Los Centros Penitenciarios deben disponer de una escuela en la que se desarrolle la educación y formación básica de los privados de libertad o internos, especialmente para analfabetas y jóvenes de bajo nivel académico.

El sistema educativo para los privados de libertad debe ser administrado técnica y financieramente por el Ministerio de Educación, por lo que la enseñanza impartida debe ajustarse a los programas y políticas oficiales del Estado. En todos los casos la instrucción y educación para los privados de libertad debe estar orientada a que éstos puedan alcanzar los niveles académicos y títulos respectivos.

La promoción de la enseñanza y la capacitación técnica de los internos, debe fomentar la participación de los diversos organismos del Estado y la sociedad civil, indistintamente de su naturaleza, con la finalidad y objetivo de ayudar al Sistema Penitenciario y al Ministerio de Educación, cultura y Deportes, para crear las condiciones técnicas y materias necesarias para facilitar la reinserción social del privado de libertad.

Arto.89. Derecho a la educación, cultura y deportes.

Los privados de libertad o internos, tienen derecho a disponer de locales apropiados para el desarrollo de las diferentes actividades educativas, culturales y deportivas, orientadas a su desarrollo físico, psíquico y mental, así como textos oficiales o libros diversos, revistas y periódicos de libre circulación en el país, que les facilite su formación académica.

El proceso informativo y académico también puede realizarse a través de audiciones radiofónicas, televisivas u otros medios similares.

La única limitación con relación al derecho a la educación está determinado por razones de seguridad penitenciaria.

Arto.90 Apoyo al sistema educativo.

Los privados de libertad de mayor nivel y formación académica y técnica, podrán servir de multiplicadores de los diferentes programas de formación académica que desarrolle el Sistema Penitenciario Nacional, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Hasta aquí el Capítulo XI.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 88 del Capítulo XI?

¿Al artículo 89?

¿Al artículo 90?

Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto Rodríguez.

DIPUTADO ROBERTO RODRIGUEZ:

Gracias, señor Presidente.

Yo voy a presentar una moción de consenso, la cual se lee de la siguiente manera: “Los privados de libertad de mayor nivel y formación académica y técnica, podrán servir de multiplicadores de los diferentes programas de formación académica que desarrolle el Sistema Penitenciario Nacional, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes”, y se le agrega “ y por la vía de convenios con las diferentes universidades del país”.

Consultaba con el Comandante Sobalvarro, y me decía que las diferentes universidades del país trabajan por la vía convenio y desarrollan proyectos muy interesantes con el Sistema Penitenciario Nacional, y de hecho debe quedar contemplado en esta ley.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Gabriel Rivera Zeledón.

DIPUTADO GABRIEL RIVERA ZELEDON:

Gracias, Presidente.

Es en relación al artículo 90. En este artículo se establece que los de mayor grado académico puedan servir de multiplicadores a los internos; pero yo creo que es bueno que les demos un incentivo para que ellos participen de manera voluntaria. Y sugeriría o estaría formulando, que en la parte final del artículo se le agregara: “y esa participación será tomada en cuenta al momento de la liquidación de su pena”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Mientras el Diputado Rivera prepara su moción, daremos lectura a las que se han presentado anteriormente en el Capítulo X.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción al artículo 83 del Capítulo X. “Agregar otro párrafo que dirá: “La Junta Directiva del Centro Nacional de Producción, podrá solicitar apoyo económico a los organismos nacionales e internacionales, para la realización de los proyectos”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada en el artículo 83.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

59 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción presentada en el artículo 83.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo 86, del mismo Capítulo X. Uso de las utilidades.

“El 100 por ciento de las utilidades netas generadas por las diferentes actividades productivas del Centro de Producción, serán destinadas para la creación y ampliación de los diferentes proyectos productivos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 6 y 83 de la presente ley, y para el mejoramiento de las condiciones alimenticias, médicas y de infraestructura del Sistema Penitenciario”.

Hasta aquí la moción de consenso.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción de consenso en el artículo 86.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción presentada.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción al artículo 87 del mismo Capítulo X. El segundo párrafo, leerse de la siguiente manera: “Corresponde al Sistema Penitenciario Nacional la elaboración de las placas para el parque automotor que circula en el país; en este caso deberá de cumplir con las medidas y demás requisitos técnicos que al respecto establezca la Policía Nacional por medio de la especialidad de Tránsito, así como observar las medidas de calidad, control y seguridad que resulten necesarias. También podrán elaborar aquellas otras que normal y habitualmente son utilizadas por los diferentes gobiernos locales”.

Hasta aquí la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada en el segundo párrafo del artículo 87.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

67 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción.

Vamos a someter a votación el Capítulo X.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo X, con las mociones presentadas.

El Secretario dará lectura a las mociones presentadas en el Capítulo XI.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo 90 del Capítulo XI, al final del único párrafo. Se leería de la siguiente manera:

“Los privados de libertad de mayor nivel y formación académica y técnica, podrán servir de multiplicadores de los diferentes programas de formación académica que desarrolle el Sistema Penitenciario Nacional, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y por la vía de convenios con las diferentes universidades del país y/o centros de estudios superiores y técnicos”.

Y otra moción en ese mismo párrafo, del Diputado Gabriel Rivera, que completaría el artículo de la siguiente forma:

“Y esa participación como multiplicador, será tomada en cuenta para los efectos de la liquidación de la pena del reo que participe como multiplicador”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Vamos a someter a votación la moción de consenso.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

68 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción presentada de consenso.

La otra moción será leída por el Secretario, para someterla a votación.

Es la moción presentada por el Diputado Gabriel Rivera, que ya fue leída por el Secretario.

A votación la moción presentada.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

61 votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción presentada por el Diputado Gabriel Rivera.

A votación el Capítulo XI, con las mociones presentadas.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

72 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo XI.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Capítulo XII, De la salud e Higiene,

CAPITULO XI

DE LA SALUD E HIGIENE

Arto. 91 Servicios médicos:

El Sistema Penitenciario Nacional, en cada uno de los diferentes Centros Penitenciarios, debe tener una unidad de servicios médicos básicos para atender a los privados de libertad que en él se encuentren internos, los que sin excepción deben ser atendidos y asistidos sin discriminación alguna en las diferentes instalaciones del Ministerio de Salud o sus respectivas unidades de salud pública.

Arto.92

Cuerpo médico del Sistema:

La unidad de servicios médicos del Sistema Penitenciario Nacional, es la encargada de brindar los servicios de supervisión control y vigilancia de la higiene y la salubridad básica requerida para cada uno de los diferentes Centros Penitenciarios, de acuerdo a las normativas establecidas por las autoridades superiores de la referida unidad y la dirección del Sistema.

Arto.93 Otros servicios médicos:

Los internos podrán, a su costa, solicitar los servicios médicos especializados que brinden los centros asistenciales privados, previo dictamen del Instituto de Medicina Legal y la valoración del médico del Centro Penitenciario, debiéndose movilizar al interno al centro referido, salvo que por razones de seguridad resulte materialmente imposible su traslado.

Arto. 94 Promoción de proyectos y programas ambientales:

El Sistema Penitenciario Nacional, podrá promover la realización y desarrollo de proyectos y programas sostenibles de carácter ambiental, con la participación de los privados de libertad, teniendo siempre presente el régimen en que éstos se encuentren.

Hasta aquí el Capítulo XII.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 91 del Capítulo XII?

¿Al artículo 92?

¿Al artículo 93?

Tiene la palabra el honorable Diputado Tomás Borge.

DIPUTADO TOMAS BORGE:

En la última parte de este artículo, en las últimas líneas, dice: “debiéndose movilizar al interno al centro referido, salvo que por razones de seguridad resulte materialmente imposible su traslado”. Parece que es un problema de redacción, más bien debería de decir: “salvo cuando por razones de seguridad no pueda ser llevado ahí”, o una cosa así. ¿Me explico? Es más de redacción que de contenido. Traslado la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Nasser Silwany.

DIPUTADO NASSER SILWANY:

Gracias, señor Presidente.

Es en el artículo 91, en cuanto a los servicios médicos. El Sistema Penitenciario Nacional, en cada uno de los diferentes Centros Penitenciarios, deberá tener una unidad de servicios médicos básicos y preventivos. O sea, el hecho está en que no solamente hayan los servicios básicos en cuanto a lo curativo, sino que también preventivo, para preveer una serie de enfermedades y problemáticas del medio ambiente o ya en el medio. Paso la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 94?

Les rogamos a los Diputados presentar las mociones para someter a votación el Capítulo XII.

Vamos a pasar al Capítulo XIII.

El Secretario dará lectura a la moción presentada en el Capítulo XII, mientras se prepara la otra.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción presentada por el Diputado Tomás Borge, al artículo 93 del Capítulo XII. En las últimas líneas se leerá de la siguiente forma: "salvo que por razones de seguridad no sea conveniente su traslado".

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción al artículo 93, presentada por el Diputado Borge.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

56 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobada la moción presentada por el Diputado Borge.

El Secretario dará lectura a la otra moción presentada.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción al artículo 91 del Capítulo XII:

"El Sistema Penitenciario Nacional, en cada uno de los diferentes Centros Penitenciarios, deberá tener una unidad de servicios médicos básicos y preventivos". El resto del artículo queda igual.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

59 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobada la moción presentada.

A votación el Capítulo XII, con las mociones presentadas.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo XII.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPÍTULO XIII

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD.

Arto.95. Derechos de los privados de libertad:

Para los fines y efectos de la presente ley, y sin perjuicio de los derechos establecidos en la constitución Política de la República, los privados de libertad tienen derecho a lo siguiente:

Al respeto de su dignidad en cualquier circunstancia, por lo que las autoridades y funcionarios de la administración del Sistema Penitenciario Nicaraguense deben mantener una relación de estricto respeto y un trato adecuado, así como a la práctica de la libre expresión de pensamiento, conciencia y credo religioso.

A ser asesorado jurídicamente por un profesional del derecho y tener acceso a la justicia y garantía sobre su seguridad personal, así como a recibir de parte de la administración penitenciaria el cuido y resguardo de su seguridad física, personal, moral, educación y recreación.

A tener libre acceso para con su defensor y a comunicarse privadamente con él.

A ser asesorado jurídicamente por un profesional del derecho y tener acceso a la justicia, y recibir información escrita sobre su situación procesal y penitenciaria.

A ser informado para conocer de los reglamentos y las demás disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades competentes que regulen la ejecución de las penas.

A entrevistarse privadamente con el Director del Centro Penitenciario cuando existan circunstancias o hechos que de alguna manera pongan en riesgo o que afecten sus derechos.

A realizar de forma escrita, a la autoridad que corresponda, las peticiones y quejas que estime pertinente, de las cuales debe de obtener una pronta resolución escrita, sea ésta satisfactoria o no, en todos aquellos asuntos que sean estrictamente de la competencia de la administración penitenciaria.

A un régimen alimenticio adecuado y a poseer enseres y utensilios, prendas de vestir y artículos de uso personal, de conformidad a lo normado por las autoridades del Centro Penitenciario.

A escuchar radio, leer periódicos y revistas, así como tener y conservar las relaciones con el exterior del Centro Penitenciario, de conformidad a la normativa del Centro Penitenciario.

A un trabajo remunerado, que éste no sea aflictivo y a que se le brinde capacitación para el trabajo que desempeñará.

A disponer, dentro de los establecimientos de detención, de locales adecuados y dignos para la realización de visitas familiares, conyugales y especiales, de acuerdo con las disposiciones vigentes y las condiciones materiales del Centro Penitenciario.

A recibir tratamiento penitenciario y a gozar de los beneficios derivados del Sistema Progresivo, en caso de los condenados.

A mantener relaciones de familia e interrelación con personas u organismos de apoyo comunitario, sin más limitaciones que las estrictamente necesarias, en virtud de la seguridad interna del Centro Penitenciario.

A participar en las actividades del Centro Penitenciario, con las limitaciones derivadas por su ubicación, en determinado régimen penitenciario.

A formular peticiones y quejas ante las autoridades competentes, especialmente al Juez de Ejecución de la pena.

A mantener permanentemente comunicación con el equipo interdisciplinario que participa en su valoración, y la movilidad dentro del Centro Penitenciario, de acuerdo al régimen en que se encuentre ubicado.

A convivir en un ambiente adecuado, de acuerdo con la clasificación y ubicación en régimen, así como participar en aquellas actividades que contribuyan a desarrollar sanamente sus potencialidades y aptitudes.

Los demás derechos que le determine la presente ley y su Reglamento o que sean establecidos en otros cuerpos dispositivos de nuestro ordenamiento jurídico, siempre que no contradiga lo preceptuado por la presente ley.

Arto. 96. Obligaciones de los privados de libertad:

Para los fines y efectos de la presente ley y su Reglamento, se establecen a los privados de libertad las obligaciones siguientes:

Permanecer en el Centro Penitenciario a disposición de la autoridad judicial hasta su debida liberación o cumplimiento de la respectiva condena impuesta.

Cumplir con las normas de régimen interior y con las disposiciones orientadas por los funcionarios penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, así como las medidas restrictivas y sanciones que se le impongan de acuerdo a su conducta y disciplina en el Centro Penitenciario, previstas por la presente ley y su Reglamento.

Colaborar para alcanzar una adecuada convivencia, respetar al personal del Sistema Penitenciario Nacional, los otros internos y demás personas que entraren a los recintos penitenciarios.

Asistir y cumplir con la disciplina laboral.

Cuidar del aseo e higiene personal, así como de las instalaciones del Centro Penitenciario.

Realizar labores de limpieza y saneamiento de las instalaciones del Centro Penitenciario, así como de sus artículos personales.

Participar en las actividades formativas, educativas, laborales, sociales deportivas y culturales que se definan como necesarias para el desarrollo de sus capacidades y habilidades.

Cualquier otra que establezca la presente ley y su Reglamento.

Arto.97. Derechos de los Adolescentes:

De conformidad a lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, los adolescentes, durante la ejecución de las medidas cautelares de privación de libertad, gozan de los derechos siguientes:

A recibir información sobre:

1.1 Sus derechos en relación con las personas responsables del Centro de detención.

1.2 Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el Centro, en especial lo relativo a las medidas disciplinarias que puedan aplicársele. Estas medidas deben colocarse en lugar público y visible para que las conozcan todos los privados de libertad.

1.3 El contenido del plan individual de ejecución orientado a reinsertarlo en la sociedad.

1.4 La forma y medios de comunicación con el mundo exterior, permisos de salida y régimen de visita.

2. A que se le mantenga, en cualquier caso, separado de los condenados por la legislación penal común.

3.A que se le ubique en un lugar apto para el cumplimiento del plan de ejecución de la pena y a que no se le traslade arbitrariamente.

4.A no ser incomunicado ni sometido a régimen de aislamiento o imposición de penas corporales. Cuando la incomunicación o aislamiento deban ser aplicados para evitar actos de violencia contra el adolescente o tercero, esta medida se notificará a la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales a los Adolescentes y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que, de ser necesario, la revisen y fiscalicen.

A recibir servicios de salud, educativos y sociales adecuados a su edad y condiciones, así como a ser asistido por personas con la formación profesional requerida.

A dirigir peticiones y quejas ante la administración del Centro Penitenciario, la oficina de ejecución y vigilancia, autoridades judiciales competentes, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos u otras autoridades y Organizaciones de Derechos Humanos.

A contar con asesoría y defensa especializada.

Los demás derechos que le otorgue el Centro Penitenciario establecido para los adultos y que sean aplicables a los adolescentes.

Arto. 98 Sometimiento a plan individual:

Para la ejecución de las medidas de privación de libertad, los adolescentes deben someterse al plan individual establecido para tal efecto, el que será controlado y supervisado por la oficina de ejecución y vigilancia de las sanciones penales a los adolescentes.

Hasta aquí el Capítulo XIII.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Observaciones al artículo 95 del Capítulo XIII.

Tiene la palabra el honorable Diputado Maximino Rodríguez.

DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:

Muy buenas tardes, señor Presidente.

Mociones para que el inciso 18) del artículo 95 pase a ser 19), y el 18 diría lo siguiente: "A las y los privados de libertad mayores de 70 años, o los que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal, se les otorgará el beneficio del régimen de convivencia familiar, previa valoración del Médico Forense".

Paso la moción de consenso.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 96?

Tiene la palabra el honorable Diputado Gabriel Rivera Zeledón.

DIPUTADO GABRIEL RIVERA ZELEDON:

Presidente, yo me refería al artículo 95. En el artículo 95 están los derechos de los privados de libertad, pero no encuentro entre ninguno de esos derechos los que sí se les conceden a los menores, como es el 4): "A no ser incomunicado ni sometido a régimen de aislamiento o imposición de penas corporales".

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 96?

¿Al artículo 97?

¿Al artículo 98?

Tiene la palabra el honorable Diputado Gabriel Rivera Zeledón.

DIPUTADO GABRIEL RIVERA ZELEDON:

Voy a presentar la moción en el sentido de agregar eso que falta ahí entre los derechos de los...

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Me dispensa Diputado Rivera Zeledón, en el numeral 8) se lee: "Los demás derechos que le otorgue el Sistema Penitenciario establecido para los adultos y que sean aplicables a los adolescentes".

DIPUTADO GABRIEL RIVERA ZELEDON:

Sí, señor Presidente, lo que yo digo es que ése es un derecho únicamente para los adolescentes, pero no está contemplado para los otros reos. Ese es un privilegio que únicamente lo tienen los adolescentes, pero si usted ve en los derechos de los privados de libertad, en el Arto. 95 no está contemplado ese derecho a no ser aislado, ni incomunicado ni sometido a penas corporales, en los derechos de los demás privados de libertad. Ese es un derecho que tienen los adolescentes que no lo tienen, si usted lee el Arto. 95, no se encuentra por ninguno de los dieciocho numerales que tiene el artículo la no incomunicación, ni sometido a régimen de aislamiento e imposición de penas corporales.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Le cedemos la palabra a los representantes del Sistema.

REPRESENTANTE SISTEMA PENITENCIARIO:

Sí, muchas gracias, señor Presidente.

El artículo 97, en cuanto a los derechos de los adolescentes, lo único que hace es trasladarlo del Código de la Niñez como una ley especial y específica para los adolescentes, en cuanto a la comunicación. En el artículo 2 del inicio de la ley, ya se establece que el Sistema Penitenciario en su actuar no tiene permitido ni infringir penas corporales ni aislamiento en general, y la Constitución Política también lo prevé. Esto como es un traslado del Código de la Niñez, como una ley específica, es que está allí.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a una moción presentada.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción de consenso al artículo 95 del Capítulo XIII. Créase el inciso nuevo número 18), y el inciso 18) existente pasa a ser 19). El nuevo deberá leerse así: "A las y los privados de libertad mayores de 70 años, o los que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal, se les otorgará el beneficio del régimen de convivencia familiar, previa valoración del Médico Forense".

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada en el artículo 95, inciso 18).

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

67 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobada la moción presentada en el artículo 95.

A votación el Capítulo XIII.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

67 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo XIII.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

CAPITULO XIV

DEL PATRONATO NACIONAL PARA PRIVADOS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Arto.99 Creación del Patronato Nacional para privados de libertad en el Sistema Penitenciario:

Créase el Patronato Nacional para Privados de Libertad en el Sistema Penitenciario Nacional, como un organismo de apoyo a la administración penitenciaria y de gestión comunitaria en beneficio de los privados de libertad, siendo sus objetivos los siguientes:

Apoyar el tratamiento y gestión reeducativo;

Elaborar y promover programas, proyectos, convenios, y campañas tendientes al beneficio económico y financiero de la institución, con el objetivo único de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad;

Brindar apoyo a los ciudadanos que recuperen su libertad, en especial lo relativo a lo laboral, social y moral.

Arto. 100 Integración del Patronato:

El Patronato Nacional para los Privados de Libertad, estará integrado de la manera siguiente:

Un representante del Ministro de Gobernación, quien lo preside o en quien delegue;

Dos representantes del Sistema Penitenciario Nacional;

Cuatro representantes de la sociedad civil;

Tres miembros de los clubes de servicio comunitario;

Dos representantes de la Iglesia Católica;

Dos representantes de la Iglesia Evangélica;

Las diferentes organizaciones promotoras de los Derechos Humanos;

Un representante de la sociedad civil y gremiales;

Cualquier otra que a criterio del Ministro de Gobernación resulte necesario.

Arto. 101 Funcionamiento del Patronato:

Para el funcionamiento del Patronato Nacional, para atención a los privados de libertad ubicados en el Sistema Penitenciario Nacional, se integrará una Junta Directiva, cuya composición e integración y funcionamiento será establecido en el Reglamento de la presente ley.

Los fondos destinados para el funcionamiento del Patronato Nacional, para atención a los privados de libertad, se constituirá con las donaciones, legados y subvenciones provenientes de cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sea ésta pública o privada, más el aporte ordinario o extraordinario que a tal efecto realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el que será incluido en el Presupuesto General de la República a través del Ministerio de Gobernación.

La Junta Directiva en ningún caso podrá tener más de nueve miembros con sus respectivos suplentes.

Arto.102 Funciones del Patronato Nacional:

El Patronato Nacional, para atención a los privados de libertad, internos en el Sistema Penitenciario Nacional, tendrá las funciones siguientes:

Organizar los diferentes Patronatos Departamentales para atención a los privados de libertad internos en el Sistema Penitenciario Nacional en dependencia de la localización de los Centros Penitenciarios.

Cuidar y tutelar por los derechos de las personas privadas de libertad ubicadas en prisión preventiva, sin perjuicio de la institución en la que se encuentren internos; y

Cualquier otra que al respecto establezca la presente ley y su Reglamento.

Hasta aquí el Capítulo XIV

PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:

¿Observaciones al artículo 99?

¿Al artículo 100?

¿Al artículo 101?

¿Al artículo 102?

A votación el Capítulo XIV.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

62 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención.

Aprobado el Capítulo XIV.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPÍTULO XV

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO Y SUS ESTIMULOS

Arto.103 Régimen y objetivos disciplinario:

El régimen disciplinario de los privados de libertad está dirigido a garantizar la seguridad y una convivencia ordenada, a fin de desarrollar el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, elementos básicos para la consecución de los fines y objetivos de la presente ley y su Reglamento.

Las autoridades del Sistema Penitenciario deben establecer en cada uno de los Centros Penitenciarios un organismo que contribuya a las actividades de los privados de libertad, su integración, organización y funcionamiento se regulara por medio del Reglamento de la presente ley.

Arto.104 Corrección y aplicación de sanciones al interno:

Los privados de libertad deben ser corregidos disciplinariamente de acuerdo a los casos que se determinen reglamentariamente, debiendo aplicárseles las sanciones que expresamente se detallen en la presente ley y su Reglamento; estas correcciones las determina el equipo interdisciplinario.

Contra toda medida correctiva o sanción disciplinaria que se aplique a un privado de libertad, cabe el recurso, por parte del interno, ante el Juez de Ejecución de la Pena.

Arto.105 Clasificación de las faltas:

Para los fines y efectos de la presente ley y su Reglamento, las infracciones se clasifican de la forma siguiente:

Muy graves;

Graves;

Leves.

Arto.106 Medidas disciplinarias:

Las autoridades penitenciarias, deben imponer de tal forma que no afecten la salud ni la dignidad del interno, las medidas siguientes:

Amonestación verbal o escrita:

Privación de participación en actos recreativos ordinarios y extraordinarios:

Privación de permisos de salida de hasta tres veces consecutivas:

Internamiento en su celda:

Internamiento en celda individual: y

Regresión en Régimen.

Arto.107:Condiciones de las celdas en caso de internamiento:

En los casos de internamiento en las celdas individuales, los privados de libertad deben tener las condiciones básicas necesarias para no perjudicar la salud física y mental de éstos, razón por la cual las condiciones físicas de las celdas deben ser inspeccionadas y evaluadas por el médico del penal.

La sanción de internamiento en celda, únicamente le será aplicada al privado de libertad cuando en los hechos cometidos por el interno se aprecie la notoria y manifiesta agresividad y violencia o en los casos en que de forma reiterada y progresivamente altere la convivencia en el Centro Penitenciario o cuando se ponga en riesgo la seguridad interna del Centro o la vida del personal o los demás internos. Esta medida correctiva no le será aplicada a los privados de libertad de sexo femenino que se encuentren en proceso de gestación, las que se encuentran lactando, sino hasta doce meses después del parto; también se excluyen a las que tuviesen a los hijos consigo

El internamiento se debe aplicar previa autorización escrita del Director del Centro Penitenciario y después que el médico de éste examine al interno y que certifique que se encuentra en condiciones adecuadas de salud.

El médico del Centro está obligado a visitar todos los días a los privados de libertad que están cumpliendo tales sanciones, y posteriormente informar al Director del Centro del estado de salud del interno.

Arto.108: Medidas cautelares en caso de riesgo:

En los casos en que esté en riesgo la integridad física de los privados de libertad y su familia, así como el orden y la seguridad en el Centro Penitenciario o de su personal, se deben tomar las medidas cautelares siguientes:

Ubicación del privado de libertad en unidades de máxima seguridad dentro del mismo Centro; y/o

Ubicación del interno en las unidades de seguridad en otro Centro Penitenciario.

Las medidas cautelares se utilizarán exclusivamente como forma de prevención y solución circunstancial y temporal ante situaciones de inminente peligro personal o institucional. En cualquiera de los casos estas medidas deben ser razonadas y fundamentadas por escrito por parte del Director del Centro Penitenciario; todo debe hacerse constar en el expediente del privado de libertad y comunicárselo de forma personal al interno.

Estas medidas no se deben aplicar a las mujeres embarazadas, a las madres en proceso de lactancia de sus hijos, sino hasta doce meses después del parto o a las que tuviesen hijos consigo.

Arto.109. Información de la infracción y la sanción:

Los privados de libertad deberán ser sancionados únicamente cuando de previo se les haya informado de la infracción que se les señala o atribuye, siempre y cuando éste haya presentado los argumentos válidos en su defensa. Las sanciones solamente podrán ser impuestas cuando el equipo interdisciplinario del Centro donde esta ubicado el interno las haya expuesto al Director del Centro para que éste las apruebe.

Los internos sujetos a sanciones disciplinarias podrán hacer uso de la petición de revisión de la medida correctiva que se le aplique; el Reglamento de la presente ley establecerá el procedimiento.

Arto. 110. Utilización de medidas coercitivas:

Para vencer la resistencia activa o pasiva de los privados de libertad ante las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo o para sofocar y abortar cualquier acto contrario al orden y la seguridad del Centro, le corresponde en todo tiempo y de forma exclusiva al Director de éste, autorizar la utilización de los medios coercitivos que al respecto establezca el Reglamento de la presente ley, siempre y cuando su objetivo sea impedir cualquier acto de evasión, violencia entre los internos, disturbios o quebrantamientos de la disciplina del Centro y que atenten contra la seguridad de éste y sus agentes o que entre ellos se causen daños o a otras personas o a si mismo.

Su uso está dirigido al restablecimiento de la total normalidad.

Arto. 11 Estímulos a los internos:

En los casos de los privados de libertad que pongan de manifiesto la buena voluntad por medio de la buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad podrán ser estimulados de conformidad al programa de estímulos que al respecto establezca el Reglamento de la presente ley.

Hasta aquí el Capitulo XV.

PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:

¿Observaciones al artículo 103?

¿Al artículo 104?

¿Al artículo 105?

¿Al artículo 106?

¿Al artículo 107?

¿Al artículo 108?

¿Al artículo 109?

¿Al artículo 110?

¿Al artículo 111?

A votación el Capítulo XV.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

72 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobado el Capítulo XV.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ:

CAPÍTULO XVI

DEL PERSONAL Y LA CARRERA PENITENCIARIA

Arto. 112 Sobre el personal:

Para los fines y efectos de la presente ley, el Sistema Penitenciario Nacional debe disponer del personal profesionalmente calificado, teniendo presente el tipo, la singularidad y las características de las labores profesionales apropiadas que se requieran:

Arto.113 Carrera Penitenciaria y los principios que la regulan:

Se establece la Carrera Penitenciaria, reconociéndoles a los actuales funcionarios y demás personal sus derechos por antigüedad y especialización.

La Carrera Penitenciaria del personal del Sistema Penitenciario se rige bajo los principios:

Selección;

Capacidad profesional;

Concurso por oposición pública;

Igualdad de oportunidades;

Idoneidad;

Respeto a los derechos humanos;

Disciplina;

Méritos.

La presente ley y su Reglamento establecerán las normas para su regulación.

Arto.114 Formación y actualización del personal:

El personal del Sistema Penitenciario Nacional, bajo los parámetros establecidos en la Carrera Penitenciaria, antes de su ingreso y nombramiento, así como durante el desempeño de sus funciones en virtud del cargo que desempeña, deben recibir los cursos de formación y actualización que establezca la escuela para estudios penitenciarios, así como cometerse a los exámenes de selección establecidos.

En general, el ingreso del personal estará a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, y únicamente podrán ser nombrados y recibir promociones aquellos empleados y funcionarios miembros del Sistema Penitenciario y capacitación impartidos por el Sistema Penitenciario Nacional o por el Ministerio de Gobernación, en coordinación con cualquier otro ente, sea éste público o privado, nacional o extranjero.

Para el ingreso al Sistema Penitenciario Nacional, los interesados deberán haber cursado y aprobado al menos el tercer año de educación secundaria.

El Reglamento de la presente ley, establecerá las normativas de carácter procedimental.

Arto. 115 Clasificación del personal del Sistema:

Para los fines y efectos de la presente ley y su Reglamento, el personal del Sistema Penitenciario Nacional se clasifica de la forma siguiente:

Personal Penitenciario; y

Personal administrativo.

En el desempeño de sus funciones, el personal penitenciario y administrativo se rigen por la Carrera Penitenciaria; como norma supletoria se le aplicarán las normas establecidos en las leyes de Servicio Civil y la de Carrera Administrativa, en lo que fuese pertinente y que no requiera de reglamentación, así como lo establecido en el Código del Trabajo, siempre que no contradigan la presente ley y su Reglamento.

Arto.116 Requisitos y políticas para ingresar al personal del Sistema:

Para el ingreso al personal del Sistema Penitenciario Nacional deben cumplirse los requisitos en las políticas de personal que se establecen en la presente ley, su Reglamento y la Carrera Penitenciaria.

Arto. 117: Representantes de la Ley:

Los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, en el desempeño de sus funciones, son representantes de la Ley, y como tales gozan de la calidad de agentes de la autoridad publica, y no tienen mas responsabilidades de las que expresamente la ley y su Reglamento les otorga.

Hasta aquí el Capitulo XVI:

PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:

¿Observaciones al artículo 112?

¿Al artículo 113?

¿Al artículo 114?

¿Al artículo 115?

¿Al artículo 116?

¿Al artículo 117?

Tiene la palabra el Diputado José Figueroa Aguilar, para el 117.

La Diputada Delia Arellano Sandoval.

DIPUTADA DELIA ARELLANO SANDOVAL:

Disculpe, señor Presidente, pero yo tenía una moción para el 113; pero como estábamos viendo otra moción, en el artículo 113 solo sería agregarle en el Titulo de articulo: la Carrera Penitenciaria del personal del Sistema Penitenciario se rige bajo los principios: y en el inciso 4) que diga: Igualdad de oportunidades para ambos sexos". Nada más Moción de consenso.

PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:

Diputado José Figueroa, tiene la palabra.

DIPUTADO JOSE FIGUEROA:

Gracias, señor Presidente.

En el artículo 117, voy a presentar la siguiente moción de consenso. El artículo 117 se denominaría, en base a esta moción, de la siguiente forma:

"Representantes de la ley y compensación económica". El primer párrafo de este artículo 117 quedaría igual a como está en el Dictamen, y se agrega lo siguiente:

"Los haberes económicos, tales como salarios, prestaciones y beneficios de seguridad social, entre otros, de los funcionarios y personal general del Sistema Penitenciario, deben ser equivalentes a los máximos estándares aplicados a las otras estructuras afines del Ministerio de Gobernación". presento moción.

PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:

Vamos a votar la moción del artículo 113 presentada por la Diputada Arellano, que plantea agregar en el acápite 4) "Igualdad de oportunidades para ambos sexos".

Diputado Jaime Morales, tiene la palabra.

DIPUTADO JAIME MORALES:

Sí, señor Presidente, sólo para solicitar una aclaración. Con repetidas oportunidades se habla de que la moción es en consenso, ¿qué se entiende por consenso? Porque habremos muchos que ni siquiera somos consultados o preguntados que si estamos en consenso, o son los señores jefes de bancada, que a veces tampoco sé si firmaron. No es que objete ninguna de las mociones que está n presentando, pero sí por aclaración, pues se habla de consenso y si no se nos preguntó, yo no comparto esa interpretación unilateral de un consenso de una sola línea.

Gracias.

PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:

Diputado Figueroa, el Diputado Morales pide que le explique qué cosa es una moción de consenso.

DIPUTADO JOSE FIGUEROA:

Esta moción, señor Presidente, está respaldada por las diferentes bancadas, allí están las firmas en la moción.

PRESIDENTE EN FUNCINOES RENE NUÑEZ TELLEZ:

Diputado Morales, tiene la palabra.

DIPUTADOI JAIME MORALES CARAZO:

Pregunto a mi jefe de bancada y me dice que no la conoce, ni que la firmó; y los de Camino Cristiano no sé si la firmaron. ¿Ellos sí ? Bueno, yo no estoy objetando la moción, lo único que estoy solicitando es la interpretación conceptual o la acepción semántica de la palabra "consenso", que qué significa en términos legislativos, porque para mí es una novedad.

PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:

Diputado Maximino Rodríguez, tiene la palabra.

DIPUTADO MAXIMINO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, Presidente.

Es que definitivamente ayer iniciamos la aprobación de esta iniciativa de ley, pero el jefe de la bancada, el señor Jaime Morales, no estaba. Prácticamente no ha participado, y aun siendo Presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación, debería de estar participando en esta aprobación de la ley. Pero yo creo que eso es secundario, estar perdiendo el tiempo en que quiénes la firmaron. Las democracias le permiten a las minorías participar, pero no quiere decir que las minorías son las que prevalecen.

De tal manera que la Bancada Sandinista, la Bancada de Camino Cristiano y la Bancada Liberal, han consensuado todas estas mociones y en consecuencia las sometemos a la prueba del voto, quién tiene la mayoría.

Muchas gracias.

PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:

Diputado Jaime Morales Carazo, tiene la palabra.

DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:

Sin ánimo de polemizar por esa interpretación tan excepcionalmente excluyente, si dice consenso es consenso, si no que diga por mayoría. El hecho de que un jefe de bancada no haya asistido, no quiere decir que dio su consenso; que lo de posteriormente, es otra cosa. Y quiero aclarar: yo no me estoy refiriendo a la moción del señor don José, en la cual estoy de acuerdo; pero en otra oportunidad escuché que había de consenso incluso una de este señor que me ha precedido, el Diputado Maximino y yo no supe que había consenso. Nada más, no vamos a polemizar sobre eso.

PRESIDENTE EN FUNCIONES RENE NUÑEZ TELLEZ:

Entonces pasamos a la votación de la propuesta en el artículo 113, consistente en modificar el acápite 4), y poner "Igualdad de oportunidades para ambos sexos".

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

58 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención.

Aprobada la moción.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción al artículo 117. Cambiar el epígrafe y agregar un nuevo párrafo que diría: "Representantes de la ley y compensación económica". Primer párrafo igual al dictamen, y se agrega: "Los haberes económicos, tales como salarios, prestaciones y beneficios de seguridad social, entre otros, de los funcionarios y personal general del Sistema Penitenciario, deben ser equivalentes a los máximos estándares aplicados a las otras estructuras afines del Ministerio de Gobernación".

Hasta aquí la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada en el artículo 117.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

67 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el artículo 117, con la moción presentada.

Se somete a votación el Capítulo XVI.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

62 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPITULO XVII

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL PERSONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Arto. 118 Obligaciones del personal:

Para los fines y efectos de la presente ley y su Reglamento, son obligaciones del personal del Sistema Penitenciario Nacional, las siguientes:

Cumplir y respetar la Constitución Política de la República de Nicaragua, la presente ley y su Reglamento, los tratados, convenios y acuerdos internacionales, las demás disposiciones comprendidas dentro del ordenamiento jurídico nicaragüense que regulen el trabajo penitenciario;

Respetar la dignidad humana del privado de libertad, proteger y defender los derechos humanos de éstos; y

Hacer uso de la fuerza en aquellos casos, que por su naturaleza y agravante, en que resulte estrictamente necesario, medida que deberá de ser racional, proporcional a la causa que le de origen y que la situación lo requiera.

Arto. 119 Derechos de los funcionarios:

Para los fines y efectos de la presente ley y su Reglamento, son derechos de los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, los siguientes:

Estabilidad en el desempeño de su cargo; únicamente podrán ser retirados o dados de baja del servicio por las causales previstas por la presente ley y su Reglamento;

Percibir un salario de acuerdo al cargo que se desempeñe, nivel académico, capacidad, especialidad, antiguedad y riesgo;

Ser promovido en cargo, de acuerdo a los requisitos establecidos, reglamentados y cumplidos, teniendo presente la igualdad de oportunidades, tomando en cuenta los méritos y capacidad demostrada;

Ser dotado de los medios técnicos, materiales y el avituallamiento necesarios para el cumplimiento de las misiones y funciones, así como las condiciones básicas mínimas para poder laborar en otra región cuando las exigencias del cargo y la función lo requieran;

Recibir asistencia legal de parte de la institución en los procesos judiciales que tenga que enfrentar a consecuencia del ejercicio de sus funciones;

Tener y gozar de un régimen especial de seguridad social obligatorio y un programa para el desarrollo humano para todo el personal del Sistema Penitenciario Nacional, sin exclusión, que entre otros aspectos deberá de comprender el seguro social, así como cualquier otro beneficio que se le otorgue a los asegurados bajo este régimen; dicho régimen debe ser establecido por el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano del Ministerio de Gobernación, de conformidad a lo establecido en la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 162 del 28 de Agosto de 1996 y su Reglamento.

Para el ejercicio de la fuerza pública, el personal del Sistema Penitenciario Nacional debe ser dotado de las armas de fuego y los medios técnicos defensivos apropiados y necesarios por parte del Ministerio de Gobernación; y

Cualquier otro que le establezca la presente ley y su Reglamento o cualquier otra ley de la República.

Hasta aquí el Capítulo XVII

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Observaciones al artículo 118 del Capítulo XVII.

¿Al artículo 119?

Tiene la palabra la honorable Diputada Delia Arellano.

DIPUTADA DELIA ARELLANO:

Gracias, señor Presidente.

En esto es crear un nuevo artículo, que sería el artículo 119. Nosotros estuvimos viendo por las noticias, que en el Sistema Penitenciario ya se dio la creación del Consejo de Género; por lo tanto, nosotros queremos que quede dentro de la ley su creación, para que sea de tipo legal lo que ellas ya hicieron de hecho, y que luego en la reglamentación ya puedan hacer directamente la creación de este Consejo de la ley. El nuevo artículo se leería de la siguiente manera:

"Créase el Consejo de Género del Sistema Penitenciario Nacional, como una instancia de análisis, debate de inquietudes, intereses y problemáticas de las y los funcionarias y funcionarios del Sistema; así como buscar soluciones adecuadas, presentar propuestas y sugerencias, aportes y recomendaciones, para que puedan ser valoradas y consideradas por la Jefatura Nacional de la Institución".

Muchísimas gracias, y paso la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a la moción presentada.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción artículo nuevo, que será artículo 119:

"Consejo de Género: Créase el Consejo de Género del Sistema Penitenciario Nacional, como una instancia de análisis, debate de inquietudes, intereses y problemática de las y los funcionarios y funcionarias del Sistema; así como buscar soluciones adecuadas, presentar propuestas y sugerencias, aportes y recomendaciones para que puedan ser valoradas y consideradas por la Jefatura Nacional de la Institución".

Hasta aquí la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada en el artículo 119.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

59 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la moción.

Se somete a votación la aprobación del Capítulo XVII.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

64 votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo XVII.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPITULO XVIII

DE LAS DENOMINACIONES, PERMANENCIA, ROTACION Y BAJA

Arto.120 Determinación de la jerarquía:

La jerarquía está determinada por la denominación jerárquica y del cargo que desempeñe u ocupe el funcionario. La correspondencia entre la jerarquía del cargo y la denominación está determinada por la presente Ley y su Reglamento.

Arto. 121 Exclusividad de las denominaciones y su uso:

Para los fines y efectos de la presente ley y su Reglamento, las denominaciones establecidas en ésta, son de uso exclusivo del Sistema Penitenciario Nacional, siendo éstas las únicas que se imponen a sus miembros

Arto. 122 Denominaciones:

Con el objeto normativo y funcional del personal y el cumplimiento de la Carrera Penitenciaria, se establecen las denominaciones siguientes:

Prefecto;

Subprefecto;

Alcaide;

Sub-Alcalde;

Primer Alguacil;

Alguacil;

Sub-Aguacil; y

Agente.

Arto. 123 Denominaciones:

Corresponde al Director General del Sistema Penitenciario Nacional la denominacion de Prefecto y a los Sub Directores Generales e Inspector General la de Suprefecto.

La denominación de Alcalde recae sobre los Directores de Especialidades Nacionales, Directores de Centros Penitenciarios y Directores de Organos Nacionales de Apoyo; en los casos de los Sub-Directores de las respectivas estructuras se les denominan Sub-Alcalde.

Los cargos de Jefe de Departamento u Oficina se les denomina Primer Alguacil; a los Jefes de Sección y Unidades son denominados como Alguacil y en los casos de los Oficiales se les denomina Sub-Alguacil.

Al personal base del Sistema Penitenciario Nacional se le denominara Agente.

Arto.124: Simbología de las Denominaciones Penitenciaria:

Para los fines y efectos de la presente ley, la simbología de las denominaciones penitenciarias, la promoción y tiempo de permanencia en el cargo se determinará en el Reglamento específico que para tal efecto se establezca.

Arto.125 Nombramiento del Director General:

El Director General del Sistema es nombrado por el Ministro de Gobernación, para un período de cinco años. Contados a partir de la fecha de su nombramiento, selección que se realizará a propuesta del Consejo de Dirección Nacional, de entre los miembros de la Carrera Penitenciaria que tengan las mayores denominaciones.

Arto. 126: Requisitos para el Nombramiento

Para los fines y efectos del nombramiento del Director General del Sistema Penitenciario Nacional, se deben cumplir con los requisitos siguientes:

Ser nacional de Nicaragua;

Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

Haber cumplido al menos los 30 años de edad;

Tener grado académico, mínimo de Licenciatura en Derecho;

No tener antecedentes, ni procesos judiciales penales pendientes; y

No haber incurrido en infracciones catalogadas como graves por el Reglamento Disciplinario del Personal del Sistema, o que por su naturaleza atenten o lesiones el prestigio de la Institución.

Arto.127: Nombramiento de los Sub Directores Generales y el Inspector General:

Los nombramientos en los cargos de los dos Sub Directores Generales y el Inspector General, a propuesta del Consejo de Dirección Nacional, es facultad exclusiva del Ministro de Gobernación, de entre los miembros de la Carrera Penitenciaria que tengan las denominaciones mayores, por un período igual al del Director General del Sistema, pudiéndose ratificar en el cargo hasta por su período más.

El nombramiento de los otros cargos y la permanencia en los mismos es competencia de la Jefatura Nacional, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.

Arto.128: Integración de la Jefatura Nacional del Sistema:

La Jefatura Nacional del Sistema Penitenciario Nacional está integrada por el Director General, los dos Sub-Directores Generales y el Inspector General, quienes en conjunto constituyen el nivel superior de mando de la Institución.

Arto. 129: Promociones del Personal del Sistema

Las promociones del personal del Sistema Penitenciario Nacional están determinadas por el tiempo de permanencia en el cargo, el nivel y grado académico obtenido y los estudios de especialización, así como los cursos penitenciarios recibidos, así como por la eficiencia y la disciplina demostrada en el desempeño de sus funciones.

Arto. 130: Privación de la Denominación y el Cargo:

La denominación y el cargo pueden privarse por efecto de sentencia ejecutoriada dictada por autoridad judicial competente.

Arto. 131: Causales de baja:

Son causales de baja del personal del Sistema Penitenciario Nacional, las siguientes:

Renuncia previo trámite correspondiente;

Abandono del servicio sin causa justificada;

Por incurrir en infracciones catalogadas como graves por el Reglamento Disciplinario del Personal del Sistema, o que por su naturaleza atenten o lesionen el prestigio del Sistema;

Por interdicción civil;

Discapacidad total o parcial;

Expiración del contrato de tratado;

Retiro;

Jubilación; y

Muerte.

Hasta aquí el Capítulo XVIII.

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 120 del Capítulo XVIII?

¿Al artículo 121?

¿Al artículo 122?

¿Al artículo 123?

¿Al artículo 124?

¿Al artículo 125?

¿Al artículo 126?

Tiene la palabra el honorable Diputado Octavio Álvarez Moreno.

DIPUTADO OCTAVIO ALVAREZ MORENO:

En el artículo 126, inciso 4), dice: “Tener grado académico, mínimo de Licenciatura en Derecho”. Aquí tenemos una moción de consenso y es: “Tener grado académico mínimo profesional”. O sea, para que tengan apertura también los Ingenieros Administradores de Empresas, que haya otro tipo de profesionales. Presento la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Fidel Moreno.

DIPUTADO FIDEL MORENO:

Muchas gracias, señor Presidente.

Yo sólo tenía una consulta para los miembros de la Comisión. El inciso 3) del artículo 126 dice: “Haber cumplido al menos los 30 años”. Entiendo que para poder ocupar un cargo tan importante se requiere de cierta experiencia, y entenderé que por esa razón debe haber un requisito de edad. Aunque si bien nuestra Constitución Política de Nicaragua establece para ser Presidente de la República, un requisito mínimo de 25 años, y para ser Diputado un requisito mínimo de 21 años, me parece un poco alto el requisito y limitaría a que profesionales jóvenes puedan desempeñarse en este cargo, siempre y cuando cumplan los otros requisitos.

Entonces más que una moción, quisiera escuchar las reacciones y criterios que tienen los miembros de la Comisión, alrededor del requisito de edad que está planteado en el anteproyecto.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Algún miembro de la Comisión que quiera contestar a la inquietud del Diputado?

¿El Presidente de la Comisión o el Vice-Presidente?

Le damos la palabra al miembro del Sistema.

FUNCIONARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL:

Gracias, señor Presidente.

Por eso se hizo la propuesta de la Carrera Penitenciaria, para que la gente que vaya ocupando cargos se vaya formando dentro del mismo Sistema, y nosotros más o menos hicimos una valorización de la edad para el Director General, producto de que no va a ser como se dice al azar, sino que prácticamente de los mismos funcionarios, para que vengan haciendo Carrera Penitenciaria.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Eduardo Gómez López.

DIPUTADO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

¿No hemos llegado al artículo 126? Voy a esperar que eso suceda. ¿Estamos? Dice en el artículo 126: Requisitos para el nombramiento del Director General, inciso 5), y se expresa así: “No tener antecedentes, ni procesos judiciales penales pendientes”.

Creo que una persona con procesos penales pendientes no debe ser nombrado para este cargo, y se debería de decir: “No tener antecedentes, ni procesos judiciales penales”. Hasta ahí nomás. Paso la consulta.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Fidel Moreno.

DIPUTADO FIDEL MORENO:

Mi inquietud va dirigida y comparto el planteamiento que hacía el Comisionado Sobalvarro alrededor de la experiencia y de que hay que hacer Carrera Penitenciaria para tener conocimiento y desarrollar la experiencia en el área. Pero qué pasaría si un ciudadano equis, cumple todos esos requisitos y no cumple el requisito de edad? Digamos a los 29 años, a los 28 años; si ingresó al Sistema Penitenciario a los 18 y tiene 8 ó 10 años de experiencia, se ha desarrollado con muy buen suceso y cumple todos los otros requisitos que se han establecido.

Si para ser Presidente de la República, que es el máximo cargo de la Nación, se establece el requisito de edad de 25 años, yo pregunto si existe un impedimento para que acorde con lo que establece la Constitución, pudiésemos establecer igualmente esa edad como requisito para ser Director del Sistema Penitenciario. Mi inquietud va dirigida en ese sentido, y era la solicitud que le hacía a los miembros de la Comisión, si estarían en disposición de respaldar una moción en ese sentido. No sé si Delia, Carlos o algún miembro de la Comisión, nos acompañan en ese sentido, para presentar una moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Octavio Álvarez.

DIPUTADO OCTAVIO ALVAREZ:

Tratando de aclararle un poco al colega Fidel, estamos hablando de la Carrera del Sistema Penitenciario. O sea, si un ciudadano se integra a los 18 años, las promociones de ascenso serían cada cinco años. Si estamos hablando desde el inicio hasta llegar a ser Prefecto, tendríamos aproximadamente 20 ó 25 años. Se está poniendo esa fecha para tratar de proteger a los compañeros o a los miembros que ya están en la Carrera del Sistema Penitenciario.

Probablemente con los años que tienen acumulados, dentro de 10 a 15 años, ellos pueden optar al cargo de Director. Es por eso que si la iniciamos a partir de los 18 años, sería a los 45 ó 48 años que llegaría cualquier ciudadano que integre el día de hoy; dentro de 25 años podría ser Director del Sistema Penitenciario. Pero como ya hay muchos que están en esta carrera, se le deja un margen de 12 ó 10 años para que ellos también puedan optar a ese cargo. Por eso la edad mínima tiene que ser a la edad de 30 años, y sabiendo también el tipo de responsabilidad que van a asumir los compañeros o compañeras que sean directores.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Agustín Jarquín.

DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:

Gracias, Presidente.

Las argumentaciones que ha manifestado Octavio, son lógicas de procedimiento; pero también lo que dice Fidel es correcto. Creo que no demerita a la ley, el hecho de que se compagine con el otro ordenamiento jurídico, que en este caso es la Constitución, que establece la edad mínima para Presidente. Mi sugerencia es, y vamos a mocionarlo así, y pido que se pueda hacer de consenso, “Haber cumplido al menos los 25 años de edad”; y de esta manera se atiende la inquietud válida del colega Fidel Moreno.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Fidel Moreno.

DIPUTADO FIDEL MORENO:

Muchas gracias, señor Presidente.

Estábamos recogiendo las firmas respectivas para presentar la moción. Ya tenemos las firmas de todas las bancadas, sólo me gustaría traer la hoja para leer la moción respectiva.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Mientras tanto, se le solicita a los miembros del Sistema, alguna opinión sobre eso.

FUNCIONARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL:

Gracias, señor Presidente.

Nosotros sabemos que cada quien va de acuerdo a su propia capacidad; entonces no tenemos ningún problema con la edad, siempre y cuando la persona tenga la capacidad, la apoyamos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 127?

¿Al artículo 128?

¿Al artículo 129?

Tiene la palabra el honorable Diputado Fidel Moreno.

DIPUTADO FIDEL MORENO:

Muchas gracias, señor Presidente.

Tenemos una moción firmada por las cuatro bancadas, es una moción de consenso para reformar el artículo 126, inciso 3), que debe leerse: “Haber cumplido al menos 25 años de edad”. Presento la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 130?

¿Al artículo 131?

El Secretario dará lectura a las mociones presentadas.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Tres mociones al artículo 126.

En el inciso 3) léase: “Haber cumplido al menos 25 años de edad”. En el inciso 4), “Tener grado académico, mínimo profesional”. Y en el inciso 5), “No tener antecedentes penales”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación las mociones presentadas en el artículo 126.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobadas las mociones.

A votación el Capítulo XVIII.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo XVIII.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

CAPITULO XIX
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL

Arto. 132 Disciplina del personal de la institución:

El Personal del Sistema Penitenciario Nacional está sujeto a la disciplina institucional que garantice el cumplimiento de los principios de jerarquía, ética y profesionalismo, así como los deberes establecidos en el Reglamento Disciplinario del personal.

Arto. 133 Procedimiento para la aplicación de sanciones:

Para los fines y efectos de la aplicación de la presente ley y su Reglamento, se establecerá un Reglamento Disciplinario para el personal, en el que se estipula el procedimiento para la aplicación de las sanciones pertinentes; en todos los casos se deja a salvo el derecho al afectado el derecho a la defensa.

Hasta aquí el Capítulo XIX.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 132 del Capítulo XIX?

¿Al artículo 133?

A votación el Capítulo XIX.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo XIX.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPITULO XX
DEL RETIRO Y LA JUBILACION

Arto. 134. Retiro y beneficios:

Concluido el período para el que haya sido nombrado el Director General y los períodos de los Sub-Directores Generales e Inspector General, respectivamente, pasarán a retiro activo en tanto no cumplan con la edad establecida por la ley para adquirir la condición de pensionado, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 228, LEY DE LA POLICIA NACIONAL para ser ubicado en la categoría de pensionado.

Los beneficios que recibirán por la condición de retiro activo comprende la sumatoria de todas las prestaciones económicas y de seguridad que por razón de su cargo hayan recibido durante el plazo en que se hayan desempeñado; sin embargo éstos podrán ser convocados a prestar el servicio activo en caso de extrema necesidad hasta cumplir la edad para la condición de pensionados.

Arto. 135 Retiro activo:

Los Miembros del Consejo de Dirección Nacional del Sistema Penitenciario Nacional, pasarán a retiro activo al haberse agotado todas las posibilidades de promoción y rotación, aun en aquellos casos en que no hubiesen cumplido el tiempo de servicio activo ni la edad requerida para adquirir la condición de pensionado.

Arto.136 Haberes:

Los haberes en concepto de retiro activo están a cargo del Ministerio de Gobernación, el que deberá de incluir la partida presupuestaria en el Presupuesto General de la República. Una vez asegurado los haberes, el retiro se hará efectivo de conformidad al procedimiento establecido en el reglamento de la presente ley.

Hasta aquí el Capítulo XX.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 134 del Capítulo XX?

¿Al artículo 135?

¿Al artículo 136?

A votación el Capítulo XX.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

75 votos a favor, ninguno en contra , ninguna abstención. Aprobado el Capítulo XX.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

CAPITULO XXI
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Arto. 137 Exenciones y exoneraciones:

Con el propósito de reforzar el presupuesto del Sistema Penitenciario Nacional y hacer posible el cumplimiento de sus fines y objetivos, así como su misión y función social, las compras locales, las importaciones, donaciones, legados, subvenciones provenientes de personas naturales o jurídicas, o de organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, con destino al Sistema Penitenciario Nacional, están exentas del pago de todo tipo de impuesto municipal o fiscal. Este será deducible del Impuesto sobre la Renta del donante, de conformidad a lo establecido en la ley de la materia vigente.

Arto. 138 Centros Penitenciarios especiales:

El Estado, en cumplimiento de las normas especiales vigentes, debe construir y equipar los Centros Penitenciarios Especiales para adolescentes e internas embarazadas; temporalmente, mientras no existan este tipo de Centros, los privados de libertad a los que se refiere esta norma, deben permanecer en los Centros Penitenciarios existentes en los que se deben crear las condiciones materiales adecuadas para tal fin.

Arto. 139 Coordinación:

Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Salud, deberán crear las condiciones materiales en los Centros Penitenciarios del país para aquellos privados de libertad a quienes les sobreviniere disminución de sus facultades mentales.

Arto. 140 Tratamiento psiquiátrico:

El Ministerio de Salud debe de incorporar en los diferentes centros hospitalarios del Ministerio de Salud, el tratamiento psiquiátrico para las personas a quienes hace referencia el artículo anterior, para lo cual debe construir las instalaciones físicas y proveer de los medios humanos y materiales necesarios para su adecuado funcionamiento.

Arto. 141 Selección y capacitación:

La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional debe seleccionar y capacitar a los funcionarios que trabajarán y brindarán atención especializada a los adolescentes de libertad.

Arto. 142 Reconocimiento de tiempo en servicio:

A todos los funcionarios y demás personal penitenciario, que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren prestando servicio activo en el Sistema Penitenciario Nacional, se les conocer el tiempo transcurrido para el cómputo de la Carrera Penitenciaria.

Para los fines y efectos del retiro, en el caso del Director General, los cinco años de permanencia en el cargo se le contabilizan a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Arto. 143 Area especial:

Los funcionarios públicos, así como los miembros del Poder Judicial, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, Ministerio Público, del Sistema Penitenciario Nacional, que se involucraren en algún hecho delictivo y fuesen procesados o condenados, por motivo de su seguridad personal, en todos los casos deben ser ubicados en un área especial e independiente y separada del resto de la población penal interna en los Centros Penitenciarios respectivo.

Arto.144 Participación técnica de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional:

En toda obra de construcción o remodelación en cualquiera de los Centros Penitenciarios del país, se debe realizar con la participación de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional.

Arto.145 Derechos y deberes contraídos por la Dirección de Régimen Laboral o Dirección de Producción Industrial:

Los derechos y deberes contraídos por la Dirección de Régimen Laboral o Dirección de Producción Industrial, sin solución de continuidad, son asumidos por el Centro de Producción Penitenciario.

Arto. 146 Valor y vigencia de grados:

A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y su reglamento, quedan sin valor ni vigencia los grados que actualmente tiene el personal del Sistema Penitenciario Nacional y que fueron otorgados de conformidad a la Ley No. 154, “Ley de Grados del Ministerio del Interior”, y se pone en vigencia la jerarquía penitenciaria que dispone la presente ley y su Reglamento.

Arto. 147 Reglamentación:

El Presidente de la República, de conformidad al artículo 150, numeral 10) de la Constitución Política de la República, reglamentará la presente ley.

Arto.148 Derogaciones:

La presente ley de la República deroga las siguientes leyes y demás normas administrativas que regulan el funcionamiento y la actividad del Sistema Penitenciario Nacional, siendo éstas las siguientes:

1. El Reglamento para las Cárceles de Managua de 1879;

2. El Reglamento para las Penitenciarías en Managua de 1901;

3. El Reglamento Interno para las Cárceles y Casas de Corrección de Mujeres de 1919;

4. El Reglamento para el Gobierno y Disciplina de las Cárceles y Penitenciarías de 1929, reformado en 1943 y convertido en Código Jurídico Militar en 1949;

5. La Ley de Patronatos Nacionales y Departamentales de Reos de 1946 y su Reglamento de 1947, Reformado en 1948;

6. Las Normas y Procedimientos de Control, Reeducación y Seguridad Penal contenidas en las Ordenes No. 023, 028, 034 y 035 de 1987 del Ministerio del Interior;

7. El Documento Base para la Reeducación Penal comprendida en la Orden No. 069–86 del Ministerio del Interior;

8. El Decreto No. 62-90: Creación de la Comisión Nacional Penitenciaria.

Artículo 149 Vigencia:

La presente ley es de orden público y entrará en vigencia sesenta días después de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Hasta aquí el Capítulo XXI.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 137 del Capítulo XXI?

¿Al artículo 138?

Tiene la palabra la honorable Diputada Rita Fletes.

¿Al artículo 139?

DIPUTADA RITA FLETES:

Gracias, señor Presidente.

En el artículo 139, presento una moción de consenso que dice: “Agregar facultades físicas y mentales”. Paso la moción, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 140?

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Todos conocemos de alguna manera las condiciones en que el Sistema Nacional de Salud se encuentra. Este artículo 140, prácticamente manda al Ministerio de Salud a construir instalaciones físicas y proveer de los medios humanos y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento. Esto, desde el punto de vista presupuestario, prácticamente resulta imposible, si conocemos como está actualmente el Hospital Nacional Psiquiátrico, cuáles son las condiciones en que se encuentra ese hospital. Yo, conociendo el Ministerio de Salud, vería prácticamente imposible que el Ministerio de Salud vaya a construir en cada centro hospitalario una unidad para tratamiento psiquiátrico.

Usualmente lo que se hace en los hospitales y en los centros de salud, es determinar que esa persona tiene un trastorno mental o un trastorno psiquiátrico y es referido, ya sea a consulta externa de psiquiatría o si amerita internamiento, al Hospital Nacional Psiquiátrico. Pero mandar en esta ley a que el Ministerio de Salud construya en cada centro una unidad para tratamiento psiquiátrico, si bien la intención es buena, creo que está fuera de la realidad. Yo propondría que en su lugar se plantee que en caso de internos o privados de libertad que requieran tratamiento o control psiquiátrico, sean referidos a los hospitales del Sistema o en su defecto, si es internamiento, ya no puede estar en el Centro Penitenciario, y pasa a ser interno del Hospital Psiquiátrico.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Se le concede la palabra al miembro del Sistema.

FUNCIONARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL:

Gracias, señor Presidente.

El espíritu del artículo estaba definido en cuanto a las prácticas actuales, en las cuales tenemos serios problemas con aquellos internos que tienen trastornos psiquiátricos y que su manejo es difícil en las condiciones carcelarias. Y a como dice el Doctor Baldizón, con mucha razón, el Sistema de salud normal del país, tampoco los acepta porque no tiene la capacidad. Entonces, en aras un poco de conciliar, tal vez el Doctor Baldizón, en vez de “deberá” que diga: “El Ministerio de Salud “procurará” incorporar en los diferentes centros hospitalarios del Ministerio Salud el tratamiento psiquiátrico, etc”.

El resto que quede igual. En vez de hacerlo como una delegación taxativa, pues una aspiración, para que sea la atención de estos privados de libertad con efecto psiquiátrico.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Nelson Artola.

DIPUTADO NELSON ARTOLA:

Yo creo que es importante reflexionar sobre este artículo, dado que me parece saludable que aparezca y se mantenga en este proyecto de ley, porque se trata de uno de los problemas principales que escapan a la posibilidad humana y a las capacidades del personal que tiene el Sistema Penitenciario. Yo quiero recordarle al estimado Diputado López, que cuando nosotros aquí estamos discutiendo y aprobando una ley, lo estamos haciendo en condición del interés del presente, pero además viendo hacia el futuro, porque esa es la naturaleza y la característica de toda ley que aprobamos aquí en la Asamblea Nacional.

Y humanamente se necesita tener áreas especializadas en el Sistema Penitenciario; por supuesto que no las vamos a tener de un solo en todo los Centros Penales que tengan este tipo de necesidad, y no van a ser aquellas construcciones gigantescas o edificios especiales; estamos hablando de áreas específicas. Y hay que ver que esta población no es la población general del Sistema Penitenciario, es la excepción. Y por lo tanto el esfuerzo, la inversión del Ministerio del Salud no la veo yo fuera de sus capacidades, primero por la demanda de la población que es una demanda específica.

Y es más, el Ministerio de Salud , y aprovecho el momento, porque no solamente debe preocuparse “mandatado” por esta ley, por esta población penal especial de nuestro Sistema Penitenciario. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos estamos preparando un proyecto de ley para atender los derechos humanos de todos los enfermos mentales que andan en las calles de Nicaragua, que son un problema de seguridad ciudadana, que están a la intemperie, bajo sol, bajo lluvia, sin que nadie se haga cargo de ellos, que deambulan en las calles y que perfectamente el Estado nicaragüense puede hacer un esfuerzo especial para darles una atención, un tratamiento como personas humanas, ya no digamos este caso que es especializado.

De tal manera que yo me pronuncio porque dejemos en el proyecto de ley tal y como está, este artículo número 140, y le demos el apoyo a este planteamiento que ha hecho la Comisión de Defensa y Gobernación.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Agustín Jarquín.

DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:

Gracias, Presidente.

El artículo 143, que habla de área especial, el propósito claramente entendido es que los funcionarios públicos que tienen que ver con los procesos investigativos, que inicien causa, que penen, o sea que establezcan sentencias, etc., por la naturaleza de su trabajo, en el caso que ellos sean señalados o estén en curso o sean condenados o estén procesados, se les resguarda por su seguridad personal y no vayan donde va la totalidad de la población penal, sino que en un lugar especial.

Entonces, la redacción hay que modificarla porque aquí dice: “Los funcionarios públicos, así como los miembros del Poder Judicial, etc”. Esto es muy extensivo, porque funcionarios públicos son todos los asesores de esta Asamblea, los Alcaldes los munícipes los Directores Generales y todos los que están desarrollando una labor pública. Además aquí también cabe que los auditores y funcionarios de la Contraloría de la República sean incorporados porque hacen señalamientos y eventualmente establecen presunciones de responsabilidad penal, por los cuales se inicia proceso.

Esta moción ha sido consensuada ampliamente de acuerdo al criterio de don Jaime Morales también y debería decir así: “Los funcionarios públicos, miembros del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, etc”. Y luego continúa igual. Ese es el concepto que se ha consensuado.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 144?

¿Al artículo 145?

¿Al artículo 146?

¿Al artículo 147?

¿Al artículo 148?

¿Al artículo 149?

El Secretario dará lectura a las mociones presentadas.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción al artículo 140 que dice así: “En caso de que un privado de libertad presente un trastorno mental, temporal o permanente, será referido para su tratamiento a las unidades de salud especializadas del Ministerio de Salud. Si el privado de libertad presentare por dictamen médico un trastorno mental permanente, será trasladado al Hospital Nacional Psiquiátrico”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada en el artículo 140.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

74 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 140, con la moción presentada.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Moción al artículo 143, que se leerá así: “Los funcionarios públicos, miembros del Poder Judicial, el Ejército de Nicaragua”. Y continúa igual el resto del artículo.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada en el artículo 143.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Tiene razón el Diputado Jarquín.

“Los funcionarios públicos, miembros del Poder Judicial, Contraloría General de la República, Ejército de Nicaragua”. Y continúa igual el artículo.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación la moción presentada en el artículo 143.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

75 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 143, con la moción presentada.

Se somete a votación el Capítulo XXI, con las mociones presentadas.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

75 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Capítulo XXI. Queda aprobada la ley.

Aprovechamos la oportunidad de felicitar al Ministro de Gobernación y a todos los miembros del Sistema Penitenciario, que esta mañana han tenido su ley, aprobada por la Asamblea Nacional.

Muchas gracias.

Se suspende la Sesión.

CONTINUACION DE LA SESION ORDINARIA NUMERO TRES DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (DECIMO NOVENA LEGISLATURA).

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAZ

FREMIO ISABEL ALTAMIRANO MONTENEGRO

OCTAVIO RAMON ALVAREZ MORENO

BENITA DEL CARMEN ARBIZU MEDINA

BAYARDO ARCE CASTAÑO

NELSON ARTOLA ESCOBAR

GLADIS DE LOS ANGELES BAEZ

TOMAS WIGBERTO BORGE MARTINEZ

NOE FRANCISCO CAMPOS CARCACHE

JOSE DE LOS ANGELES CASTILLO OSEJO

EDWIN RAMON CASTRO RIVERA

LEONIDAS NICOLAS CENTENO RIVERA

JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA

ELIAS CHEVEZ OBANDO

IRMA DE JESUS DAVILA LAZO

VICTOR MANUEL DUARTE AROSTEGUI

JOSE SANTOS FIGUEROA AGUILAR

RITA DEL SOCORRO FLETES ZAMORA

RUFINO GARCIA MARIN

ERNESTO JERONIMO MARCELINO GARCIA QUIROZ

EDUARDO GOMEZ LOPEZ

JOSE ALFREDO GOMEZ URCUYO

ROBERTO JOSE GONZALEZ GAITAN

JORGE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ

RAMON ENRIQUE GONZALEZ MIRANDA

VICTOR MANUEL GUERRERO IBARRA

WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO

DONALD LACAYO NUÑEZ

ANA ESPERANZA LAZO ALVAREZ

REYNALDO ALEXANDER MAIRENA VALLEJOS

MANUEL DE JESUS MALDONADO

JOSE ANTONIO MARTINEZ NARVAEZ

JORGE MATAMOROS SABORIO

MARIA LYDIA MEJIA MENESES

GERARDO JOSE MIRANDA OBREGON

IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON

GUILLERMO MONTENEGRO

JAIME RENE MORALES CARAZO

FIDEL ANTONIO MORENO BRIONES

SANTOS RENE NUÑEZ TELLEZ

ALFONSO RAUL ORTEGA URBINA

JOSE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

GUILLERMO ANTONIO OSORNO MOLINA

ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVIDEZ

LEONEL PANTIN WILSON

NOEL ORLANDO PEREIRA MAJANO

EDGAR ENRIQUE QUIÑONES TUCKLER

GABRIEL RIVERA ZELEDON

MAXIMINO RODRIGUEZ MARTINEZ

MIRNA DEL ROSARIO ROSALES AGUILAR

FRANCISCO JOSE SACASA URCUYO

RIGOBERTO HILARIO SAMPSON GRANERA

MARCO AURELIO SANCHEZ GAMEZ

ROBERTO SANCHEZ TORREZ

MARIA EUGENIA SEQUEIRA BALLADARES

NATHAN JORGE SEVILLA GOMEZ

NASSER SEBASTIAN SILWANY BAEZ

JOSE DAMICIS SIRIAS VARGAS

FREDDY SOLORZANO ALTAMIRANO

ORLANDO JOSE TARDENCILLA

EMILIA DEL CARMEN TORREZ AGUILAR

DAYSI RAFAELA TREJOS OROZCO

HENRY ENRIQUE URCUYO MALEAÑO

FELICITA LUCILA ZELEDON RODRIGUEZ

Señor Presidente: Tenemos 64 Diputados presentes; hay quórum de ley.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Queda abierta la Sesión.

SECRETARIO EWIN CASTRO RIVERA:

Adendum 2, Punto I: PRESENTACIÓN DE LEYES.

Punto 1.30: DECRETO DE REPATRIACIÓN DEL CONTINGENTE DE TROPAS DEL EJERCITO DE NICARAGUA QUE SE ENCUENTRAN MOVILIZADAS EN IRAK.

Managua, 8 de Septiembre del 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Su despacho

Por medio de la presente le estamos remitiendo para su tramitación y aprobación, la siguiente iniciativa de Decreto Legislativo, que hemos denominado "

REPATRIACION DEL CONTINGENTE DE TROPAS DEL EJERCITO DE NICARAGUA QUE SE ENCUENTRAN MOVILIZADAS EN IRAK",

la que desde ya solicitamos sea tramitado con la urgencia y responsabilidad que el caso amerita.

Acompañamos a la presente, la Exposición de Motivos y el Decreto correspondiente, así como las respectivas copias.

Aprovechamos la ocasión para reiterarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima

De usted cordialmente.

BAYARDO ARCE

ANA E. LAZO

MARÍA LIDIA MOJICA

JOSÉ FIGUEROA A.

TOMÁS BORGE

AGUSTÍN JARQUÍN

MIRNA ROSALES

EMILIA TORRES

RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ

E. CASTRO

ULISES GONZÁLEZ

BENITA ARBIZÚ

NELSON ARTOLA

ROBERTO GONZÁLEZ GAITAN

NASSER SILWANY

FIDEL A. MERCADO

GLADYS BAEZ

JACARANDA FERNÁNDEZ

JOSÉ MARTÍNEZ

RITA FLETES

WALMARO GUTIÉRREZ

ALBERTINA URBINA Z.

EDGARDO GARCÍA

IRMA DÁVILA R.

DAYSI RAFAELLA TREJOS

GERARDO JOSÉ MIRANDA O.

MARCELINO GARCÍA

FREDDY SOLÓRZANO

IRIS MONTENEGRO

ELIAS CHEVEZ

FELÍCITA ZELEDÓN

REYNALDO MAIRENA

NATHÁN SEVILLA G.

GUSTAVO PORRAS

LEONIDAS CENTENO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los suscritos Diputados ante la Asamblea Nacional, en uso de nuestras facultades Constitucionales y con fundamento en el Estatuto General y el Reglamento Interno, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional, la iniciativa de Decreto legislativo denominado: "

REPATRIACION DEL CONTINGENTE DE TROPAS DEL EJERCITO DE NICARAGUA QUE SE ENCUENTRAN MOVILIZADAS EN IRAK".

En el Diario Oficial "La Gaceta", ejemplar número 124 correspondiente al jueves 3 de Julio del presente año 2003, fue publicado el Decreto No. 52-2003, mediante el cual el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, autoriza la salida del territorio nacional de un contingente de tropas del Ejército de Nicaragua compuesta por doscientos treinta (230) oficiales, clases y soldados, para que integrado a un contingente militar Multinacional, se dirijan a Irak, encontrándose ya en dicho país, el primer contingente de 115 oficiales, clases y soldados. También acuerda enviar dicho Decreto, a la Asamblea Nacional para su ratificación.

El 01 de Julio del 2003, a las cuatro de la tarde, ante la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional, fue presentado por el Poder Ejecutivo, el Decreto 52-2003 para su ratificación por ese Poder del Estado; solicitud que fue incluida en el Orden del Día de la Asamblea Nacional a través del ADENDUM No. 12, CONTINUACION DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA XIX LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL del 2 de Julio del 2003, INICIATIVA DE LEY CON TRAMITE DE URGENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: 1.6 DECRETO 52-2003 QUE AUTORIZA LA SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DE UN CONTINGENTE DE TROPAS DEL EJERCITO DE NICARAGUA COMPUESTA POR DOSCIENTOS TREINTA (230) OFICIALES, CLASES Y SOLDADOS CON SU EQUIPAMIENTO OPERATIVO, PARA QUE INTEGRADO A UN CONTINGENTE MILITAR MULTINACIONAL COMPUESTO POR ESPAÑ A, REPUBLICA DOMINICANA, HONDURAS Y EL SALVADOR, SE DIRIJAN A IRAK.

En la continuación de la Segunda Sesión Ordinaria de la XIX Legislatura, celebrada en la Sala de Sesiones de ese Poder del Estado, el nueve de Julio del ano en curso, la Asamblea Nacional aprobó el Decreto A.N. 3581 mediante el cual y de conformidad con el artículo 138, numeral 26 dela Constitución Política, autorizó la salida del territorio nacional de un contingente de tropas del Ejército de Nicaragua compuesta por doscientos treinta (230) oficiales, clases y soldados, para que integrado a un contingente militar multinacional se dirijan A Irak. El Decreto A. N. 3581 entró en vigencia el miércoles 16 de Julio de 2003 a través de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta , ejemplar número 133 de esa misma fecha.

Consideramos, que la decisión de enviar tropas nicaraguenses integradas a un contingente militar multinacional a Irak, no ha contado con el respaldo a de la sociedad nicaraguense, la que se ha manifestado abiertamente, en rechazo a la misma. Asi escuchamos el clamor de madres, familiares e hijos de nuestros soldados que se encuentran en Irak, quienes piden el retorno de sus familiares a suelo patrio; de nuestros Obispos que nos aconsejan a estudiar la posibilidad de repatriar a nuestros soldados desde Irak; de líderes evangélicos, de Derechos Humanos, de Partidos Políticos, de Organizaciones de Jóvenes y de la Sociedad Civil, que aconsejan al Presidente de la República y a los Diputados ante la Asamblea Nacional, a que adoptemos medidas urgentes para salvaguardar la vida de nuestros soldados y de esa forma evitar la tragedia y el luto en los hogares nicaraguenses.

Asimismo hemos escuchado expresiones de diferentes medios de comunicación, de Partidos Políticos y de ciudadanos nicaraguenses, que manifiestan estar en contra de tal decisión, por considerar entre otras:

Que se viola la Constitución Política de Nicaragua, ya que el Ejército de Nicaragua, es un Ejército Nacional y no un Ejército de ocupación, y que su misión es resguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de Nicaragua y no la de un país extranjero.

Que en Nicaragua exista una crítica realidad económica social y que hace falta concluir los planes de desminado en un 40%, lo cual demanda tomar medidas urgentes por parte del gobierno, y que enviar ayuda humanitaria otro país se convertía en un contrasentido con la realidad que vivimos;

Que el deterioro de la situación de seguridad en Irak y la fuerte hostilidad militar en contra de las tropas extranjeras, ha provocado fuertes bajas en las tropas de ocupación; ha propiciado atentados contra la sede de Naciones Unidas y Mezquitas religiosas en Bagdad, se han producido ataques con fuego de morteros a la Base de Diwaniya donde se alojarán nuestras tropas, y se ha producido el retiro de Irak de Organizaciones Internacionales especializados en ayuda humanitaria, como OXFAN Internacional y la reducción del90% de personal de la sede de la Organización de Naciones UNIDAS (ONU).

Que a pesar del apoyo de Gobiernos extranjeros, el envío de tropas nicaraguenses a Irak, demanda recursos económicos con los que el país no cuenta y que por supuesto no están presupuestados no contenidos en el Ley Anual del Presupuesto de la República del 2003,lo que ha provocado problemas logísticos y de seguridad jurídica de nuestras tropas, al no existir suficiente seguridad y garantía, sobre los seguros de vida de nuestros soldados.

Que existan amenazas directas de grupos de la resistencia iraquí, de atacar a todas las tropas extranjeras, por igual.

Que el Jefe de la Brigada Multinacional en Irak, bajo el mando de la República de España, ha declarado a la Prensa su inconformidad, porque el Gobierno de Estados Unidos no equipó adecuadamente a las tropas centroamericanas, en particular la nicaraguense, lo que no le permite asumir el mando y en control de seguridad de la Zona de Nayaf, lo cual representa un serio peligro para la seguridad de los soldados nicaraguenses.

Que en fecha 13 de Agosto, los cuerpos legales que autorizaron la salida de las tropas del Ejército de Nicaragua, fueron recurridos por inconstitucionalidad, por un grupo de ciudadanos, entre los que se cuentan varios Diputados de esta Asamblea Nacional, por considerar que tales cuerpos legales violentaban once (11) artículos de nuestra constitución Política, lo cual afectaba derechos fundamentales de los nicaraguenses, encontrándose los recurrentes, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre dicho recurso.

Que la grave situación militar que se vive en Irak, violenta el artículo 2 del Decreto A.N. 3581, el que claramente prohíbe la participación de nuestras tropas en actividades militares o de mantenimiento del orden público, siendo tan categórica esa afirmación del Parlamento Nicaraguense, que el artículo 3 del mismo Decreto A.N.3581 ordena a nuestras tropas, que en caso "...se produjere una situación de guerra, nuestras tropas deberán replegarse, no participar y retirarse del territorio Irakí en procura del retorno inmediato a nuestro suelo patrio".

Es por ello, que haciéndonos eco del clamor de diferentes sectores y representantes de la Nación; del drama que viven las madres, esposas, hijos y familiares de nuestros soldados en Irak y

LA GRAVE SITUACION DE GUERRA

que prácticamente se vive en territorio Irakí, y en cumplimiento a lo mandatado en los artículos 2 y 3 del Decreto A.N. 3581 de la Asamblea Nacional, los suscritos presentamos esta iniciativa de Ley para la "

REPATRIACION DEL CONTINGENTE DE TROPAS DEL EJERCITO DE NICARAGUAQUE SE ENCUENTRAN MOVILIZADAS EN IRAK"

y con ello poner fin a la angustia e incertidumbre que viven los familiares de nuestros soldados en Irak, y a la situación de ilegalidad que se encuentran nuestras tropas en dicho país.

Seguro de que contaremos con el respaldo de los honorables colegas Diputados y Diputadas, nuevamente pedimos que se someta al correspondiente trámite de ley, con la urgencia y responsabilidad que el caso amerita.

Managua, 8 de Septiembre del dos mil tres.

JOSÉ FIGUEROA A.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente Decreto, a la Comisión de Defensa y Gobernación.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 1.31: DECRETO DE RECONOCIMIENTO A LOS COMUNICADORES SOCIALES, ORDEN RIGOBERTO CABEZAS.

Managua, 8 de Septiembre del 2003.

Doctor

MIGUEL LOPEZ BALDIZON

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable Señor Primer Secretario:

Los suscritos Diputados ante la Asamblea Nacional, con fundamento en el artículo 140 numeral 1 de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 4 numeral 2 de los Estatutos de la Asamblea Nacional, presentamos para su tramitación, la siguiente propuesta de Decreto denominado "Reconocimiento a los Comunicadores Sociales, Orden Rigoberto Cabezas". Adjuntamos al presente Texto de Proyectos del Decreto, la Exposición de Motivos y las copias respectivas, con las formalidades requeridas en el artículo 86 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Sin más a que referirnos, le saludamos.

Atentamente,

BAYARDO ARCE

MARIA LYDIA MEJIA

MIRNA ROSALES

TOMAS BORGE

JOSE FIGUEROA A.

BENITA ARBIZU

EMILIA TORRES

AGUSTIN JARQUIN

RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ

E. CASTRO

NELSON ARTOLA

ULISES GONZALEZ

JOSE A.MARTINEZ

GLADIS BAEZ

ROBERTO GONZALEZ GAITAN

RITHA FLETES

WALMARO GUTIERREZ

ALBERTINA URBINA

IRMA DAVILA

GERARDO JOSE MIRANDA

FREDDY SOLORZANO A.

MARCELINO GARCIA

REYNALDO ALEXANDER MAIRENA

IRIS MONTENEGRO

ELIAS CHEVEZ

NATHAN SEVILLA G.

GUSTAVO PORRAS

FIDEL A. MORENO

LEONIDAS CENTENO

NASSER SEBASTIAN SILWANY

JACARANDA FERNÁNDEZ

DAYSIS RAFAELA TREJOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy día, en casi todo el universo se reconoce públicamente, tanto en las sociedades como en los Estados, la labor trascendental que cotidianamente realiza la prensa escrita, hablada y televisiva, en beneficio no sólo del pueblo en el que le corresponde actuar, sino de quienes habitan más allá de sus fronteras.

En todas las latitudes, la tarea del periodismo y de quienes lo hacen posible todos los días, es la de informar, entretener y educar, y en una forma más amplia comunicar.

En lo que hace a Nicaragua, el verdadero diarismo informativo nacional comenzó el primero de Marzo de 1884 con la aparición del " Diario de Nicaragua", en la ciudad de Granada, en ese entonces capital de la República.

El Diario de Nicaragua apareció a luz pública a finales del siglo XIX, gracias al tesón, la energía y el talento de Rigoberto Cabezas, quien además de ser el iniciador del diarismo nicaragüense, fue también con valentía, dignidad y orgullo patriótico, el reincorporador de la Mosquita, porción importantísima de nuestro territorio nacional.

El Diario de Nicaragua fue fundado por Rigoberto Cabezas antes de cumplir sus 25 años de edad, juntando esfuerzos con otro ciudadano ilustre de esa época, Don Anselmo H. Rivas. De esa manera se inició en nuestro país la prensa escrita diaria, que más tarde al lado de los medios de comunicación social hablados y televisivos, han jugado un rol de primera importancia, en los avances políticos, económicos y sociales que ha tenido nuestro país, incluso en el derrocamiento de la dictadura somocista.

En cabal reconocimiento a esa labor decisiva y altamente meritoria que ha desarrollado y realiza actualmente el periodismo nacional, fue que en el período presidencial del Doctor René Schick Gutiérrez, se estableció el primero de Marzo como el Día Nacional del Periodista, según Decreto Legislativo que empezó a regir el 29 de Febrero de 1964.

En tiempos más recientes, encuestas de opinión pública han elevado al ejercicio del periodismo nicaraguense y su lucha por el bienestar común, a la merecida categoría de primera credibilidad entre los valores y realizaciones nacionales.

Por todo ello, y para honrar esa labor fundamental que en beneficio de nuestra sociedad efectúa la prensa nacional, nuestra Bancada Parlamentaria considera justo y necesario la creación por parte de esta Asamblea Nacional de la Orden Rigoberto Cabezas, para honrar y distinguir con ella a todos aquellos periodistas nicaraguenses, que se hagan acreedores por sus méritos profesionales, su destacada trayectoria y por su contribución al mejoramiento de la vida nacional.

De esta forma exaltaremos a quienes se han distinguido en las tareas de la profesión periodística y enalteceremos la memoria Rigoberto Cabezas, fundador del diarismo nacional.

Atentamente,

JOSE FIGUEROA A.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente Decreto, a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ:

Punto 1.32: DECRETO DE PENSION DE GRACIA A FAVOR DE JULIO CESAR PALADINO CARBALLO.

Managua, 08 de Septiembre de 2003.

Doctor

MIGUEL R. LOPEZ BALDIZON

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Dr. López:

Los suscritos Diputados presentamos a la consideración de la Asamblea Nacional, solicitud de PENSION DE GRACIA para que sea concedida al señor JULIO CESAR PALADINO CARBALLO.

Dado que el anteproyecto de Decreto Ley cumple con los requisitos formales y de fondo, y está acorde con los principios y normas de nuestra Constitución, lo presentamos a la consideración de la Junta Directiva, para que a la mayor brevedad pase a Comisión y puede ser aprobado en la presente Legislatura del año 2003.

GUSTAVO PORRAS

ING. JOSÉ FIGUEROA

WÁLMARO GUTIÉRREZ

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nosotros, los representantes ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, con las facultades que nos otorga la Constitución Política de la República de Nicaragua en su Arto. 138, inciso 19 que literalmente dice: "Son atribuciones de la Asamblea Nacional, conceder Pensión de Gracia y conceder honores a servidores distinguidos de la Patria y de la Humanidad, y basado en el Decreto 1141 del 22 de Noviembre de 1982 y sus reformas; así como basados en la Ley 253, nos permitimos introducir la presente solicitud de Pensión de Gracia a favor del Señor JULIO CESAR PALADINO CARBALLO, de sesenta y tres años de edad, nacido en la ciudad de Masaya, quien desde muy joven inició su lucha como Sindicalista, ocupando cargos directivos en los sindicatos de los que formó parte, siendo un ciudadano nicaragüense que ha dedicado su vida a las labores sindicales en aras de preservar y hacer prevalecer los derechos de los trabajadores en toda su dimensión, y por consiguiente muchos de los logros alcanzados por la clase trabajadora en Nicaragua se debe a la gestión Directa del Señor JULIO CESAR PALADINO CARBALLO, quien organizó ; sindicatos de diferentes gremios del país; fue electo miembro del Partido Socialista de Nicaragua y precisamente por formar parte de éste, sufrió cárcel y vejámenes de la extinta Guardia Nacional de Nicaragua de Nicaragua. Ahora a sus sesenta y tres años, se encuentra muy deteriorada su salud, está sin trabajo, el mismo no cuenta con un salario ni con una pensión que le permita proveerse su alimentación y los medicamentos que requiere para mantenerse con vida, y se le hace muy difícil adquirirlos y tampoco cuenta con familiares que le pudieran proporcionar los medicamentos, razones que nos impulsan solicitar al Honorable Plenario que sea sometida a vuestro conocimiento para que se le brinde una Pensión de Gracia al señor JULIO CESAR PALADINO CARBALLO, hasta por un monto de Cinco Mil Córdobas Mensuales, dando cumplimiento a la Constitución, a los Estatutos y al Reglamento de la Asamblea Nacional.

Desde ya pedimos a la Honorable Junta Directiva que una vez sometido el Ante-Proyecto de Decreto sea enviado a Comisión para su debido dictamen, el que esperamos sea favorable para atender una vida que tanto requiere de nuestra labor.

GUSTAVO PORRAS

WÁLMARO GUTIÉRREZ

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente Decreto, a la Comisión de Educación Cultura y Deportes.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

1.33 DECRETO QUE ELEVA A LA CATEGORÍA DE CIUDAD EL ACTUAL MUNICIPIO DEL ALMENDRO DEL DEPARTAMENTO DE RÍO SAN JUAN.

Managua, 10 de Septiembre del 2003.

Doctor

MIGUEL LOPEZ BALDIZON

Primer Secretario de

La Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Señor Secretario:

Con fundamento en el Arto. 140 Cn. y en los Artos 4 y 44 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, le remito el Proyecto de Ley denominado "ELEVESE A CATEGORIA DE CIUDAD EL ACTUAL MUNICIPIO DEL ALMENDRO DEPARTAMENTO DE RIO SAN JUAN.

Estoy acompañando a dicho proyecto la correspondiente Exposición de Motivos, a fin de que sea sometido a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional.

Solicito se le dé trámite correspondiente a esta Iniciativa, a fin de que pueda ser conocida y aprobada por el Plenario de la Asamblea Nacional.

Agradeciendo su fina atención a la presente, le reitero mis muestras de consideración y estima.

BLADIMIR PINEDA SOZA

Diputado

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fundamento en el Arto.140 Cn, y en los Artos.4 y 44 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, presentamos ante la Asamblea Nacional para su debida aprobación, el Proyecto de ley denominado "ELEVESE A CATEGORIA DE CIUDAD EL DEPARTAMENTO EL ALMENDRO DEL DEPARTAMENTO DE RIO SAN JUAN".

Este Proyecto de Ley tiene por objeto elevar a categoría de Ciudad el actual Municipio de El Almendro del Departamento de Río San Juan; dicha solicitud es también un clamor de los habitantes del Municipio y de las autoridades municipales las cuales han manifestado que El Almendro ha alcanzado un desarrollo económico, social y logrado especialmente un desarrollo en el área de su cabecera urbana cuyo nombre es el conocido e histórico del Departamento de El Almendro, el que se presenta por medio de este proyecto de ley elevarlo a categoría de ciudad.

SU HISTORIA:

El Municipio de El Almendro, Departamento de Río San Juan, fue fundado en el año de 1892, por los huleros y raicilleros en esa época solamente era un valle pero con abundante hule y raicilla.

Posteriormente fue creado por ley legislativa el 4 de Julio de 1974 como desmembración de las tierras del Municipio de Morrito. En la historia contemporánea la raicilla desempeñó un papel importante ya que fue usada como moneda para la comercialización y compra y venta, el hule fue otro producto de comercialización en el siglo pasado en grandes cantidades, lo cual demuestra su valor histórico; estos productos llegaron a representar el 13% de las exportaciones total del país y de esta forma Nicaragua se convirtió en uno de los principales productores de hule.

Actualmente el Municipio El Almendro ocupa el cuarto lugar entre los demás Municipios y el tercero en población, su extensión territorial es de 993 Km 2, su cabecera municipal está ubicada a 282Kms de la ciudad de Managua y a 91Kms de su cabecera del Departamento de Río San Juan. Su posición geográfica es de 11,40 latitud Norte y 82 y 42 longitud Oeste.

2. INFRAESTRUCTURA:

- El Municipio El Almendro, cuenta con una población estudiantil compuesta por 2,622,y 36 centros de estudios diversos (primaria secundaria y preescolar) ubicado tanto en el casco urbano como rural; estos centros son atendidos por 84 maestros.

- El Municipio cuenta con tres unidades de salud compuestas por dos puestos de salud, dotados de camas, tres casas bases en el área rural que brindan atención a la mujer, 19 parteras y 42 brigadistas de salud. En caso de emergencia y cuando se requiere la atención médica especializada los pacientes son trasladados hacia los hospitales de Nueva Guinea y Zelaya Central y Juigalpa, Chontales.

- En lo que respecta al sector vivienda, cuenta con 1,987 viviendas, de estas 451 son del casco urbano equivalente al 23% y 1,536 del sector rural que corresponde a un 77% el promedio de habitantes por viviendas en el Municipio, las cuales tiene un promedio de 6.43% personas por viviendas.

- En el sector de Telecomunicaciones, cuenta con teléfono satelital, dos teléfonos públicos, dos telefax y siete radios de comunicación, de los cuales están distribuidos en las delegaciones Municipales; además cuenta con servicio de correo.

- En lo que respecta a las vías de acceso, son dos: carretera Managua- Nueva Guinea y Acoyapa- San Carlos; además se cuenta con caminos de acceso todo el tiempo que permite la comunicación fluida hacia el interior de las comunidades y viceversa; dentro del Municipio cuenta con 7km de carretera pavimentada entre las comunidades de Las Miradas y Caracito, además existen 7 caminos de verano y una cantidad considerable, de veredas o caminos venales que comunican a las comunidades entre sí.

1. INFRAESTRUCTURA URBANA:

Precisamente el desarrollo urbano del Municipio de El Almendro es lo que ha motivado solicitar a la Honorable Asamblea Nacional la categoría de ciudad, así por ejemplo:

Infraestructura urbana vial

El Municipio de El Almendro cuenta con la mayoría de sus calles pavimentadas y cuenta con servicio de cunetas, lo que hace atractivo al Municipio y garantizar la seguridad peatonal.

b. Infraestructura urbana Municipal:

El Municipio El Almendro cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos en el casco urbano de nuestra cabecera municipal, a través de un volquete y un personal de cuatro personas que garantiza el servicio dos veces a la semana.

Este hermoso Municipio cuenta también con parques arbolizados de cobertura municipal ubicados en el casco urbano, y lo más novedoso es el parque ecológico que se construyó con el fin de brindarles recreación a niños y niñas del casco urbano y rural.

Posee un Mercado Municipal, el cual está distribuido con dos pabellones grandes y uno de menor dimensión, los primeros están distribuidos en 36 cubículos, y 30 para la exposición de todo tipo de productos y 6 para el servicio de comiderías; el pabellón interno que es el más pequeño es para que lo usuarios esperen buses y camiones. En la actualidad se está llevando a cabo la construcción de un Mercado Municipal que rebasará las expectativas de cualquier mercado de la capital, ya que está equipado con toda las condiciones que exige un buen mercado, dicho proyecto está actualmente en la ejecución del 80% de avance físico, con probabilidades que el resto se termine en el mes de Noviembre.

En el Municipio El Almendro existe bien ubicado y controlado con las condiciones higiénico sanitario y ambientales un moderno rastro municipal, la Alcaldía brinda mantenimiento y cobra por sus servicios prestados.

Bienestar Social: En la actualidad existen ocho comedores infantiles que atienden a un total de 403 niños; el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social atiende a un total de 318 pensionados, 209 huérfanos, 37 discapacitados y 72 viudos.

Transporte: En el municipio existen 9 medios de transporte colectivo, que le brindan el servicio a las comunidades semiurbanas de: Las Bellezas, Caracito, Villa Alvarez, La Flor, El Triunfo, El Zapotal y Pájaro Negro; algunos de estos medios de forma simultánea realizan giras al exterior de El Almendro, además la población utiliza cinco rutas de otros Municipios que pasan por las principales vías de acceso local.

c. Ornato y Recreación:

La futura ciudad de El Almendro cuenta con el mejor cementerio municipal de Río San Juan, completamente iluminado, con una fachada de muro frontal, con andenes al frente e internos; la Alcaldía Municipal proporciona el mantenimiento permanente.

Cuenta con un parque de béisbol (estadio municipal), el cual cuenta con gradas de concreto, techado y su muro completamente cerrado.

También cuenta con canchas de basket-ball, volley-ball y un estadio de fútbol.

La ciudad de El Almendro cuenta con un centro recreativo turístico que está en la ciudad sobre el río, que es una hermosa cascada que es visitada por turistas nacionales e internacionales.

3. POBLACION:

La población total del Municipio es de 20,120 habitantes, la cual está dividida en población urbana con 3,026 habitantes y la población rural con 17,094 habitantes. La población total representa aproximadamente el 18% de la población total del Departamento. La densidad poblacional es de 13 hab/km2.

3. TRADICIONES Y CULTURA:

En el Municipio existe una biblioteca municipal para satisfacer con lo básico a sus habitantes que solicitan el servicio. También se cuenta con una casa comunal que sirve para veladas artísticas, reuniones de todo tipo, fiestas bailables.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA:

El Municipio posee suelos fértiles con condiciones favorables para la agricultura y la ganadería; en el Municipio existen aproximadamente 831 productores ganaderos, entre pequeños y medianos, los que en su mayoría se dedican simultáneamente a la producción agrícola para el autoconsumo. La principal fuente económica es la ganadería, existen aproximadamente 9,049 cabezas de ganado bovino, destinado en la mayoría a la producción de carne, y un 35% es doble propósito y un 5% a la producción de leche.

- En lo que se refiere al sector industria y comercio, existe un molino, cuatro matarifes, dos microempresas de materiales de construcción y cuarenta y dos pulperías.

Por todo lo antes expuesto, existen suficientes méritos para solicitar la aprobación de la presente iniciativa al Honorable Plenario, para concederle categoría de ciudad al actual Municipio del Almendro.

Managua,10 de Septiembre del 2003.

BLADIMIR PINEDA SOZA

Diputado

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Asuntos Municipales.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ:

Continuamos en el mismo Adendum.

Punto 1.34. LEY QUE REGULA LA INSTALACION Y UBICACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR.

Managua, 11 de Septiembre de 2003.

CS-GP-324-09-03

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente

Junta Directiva

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Ing. Cuadra:

Reciba cordiales saludos de mi parte:

Los suscrito Diputados ante la Asamblea Nacional, en uso de las facultades que nos confiere el Arto. 140 numeral 1 de la Constitución Política de la República, y el Arto. 83 y siguientes del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, presentamos el Proyecto de Ley "LEY QUE REGULA LA INSTALACION Y UBICACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR", al cual acompañamos la correspondiente Exposición de Motivos.

Este Anteproyecto de Ley tiene como finalidad procurar que las construcciones y ubicaciones de dichas antenas no se continúen instalando cerca de las habitaciones de los pobladores, pues de esta manera se proporcionará tranquilidad a los mismos.

Por lo que estimamos necesario, pertinente y de urgente necesidad introducir el presente Ante proyecto de Ley, para proteger y defender a nuestros conciudadanos nicaraguenses de cualquier tropiezo que pudiera ocasionar la ubicación de las antenas y las radiaciones antes señaladas. Pedimos por su digno medio que someta a estudio y aprobación el presente Ante Proyecto de Ley.

Aprovecho para saludarlo y expresarles las muestras de mi más alta consideración y estima.

Cordialmente,

Dr.Jorge Ulises Gonzalez H.

Primer Vicepresidente

Comisión de Salud, Seguridad Social y Bienestar

Managua, 11 de Septiembre del 2003.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente

Asamblea Nacional.

Distinguido Señor Presidente:

Los suscritos Representantes ante la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, tenemos a bien dirigirnos a Usted, para pedirle que se tenga por presentado el Anteproyecto de LEY QUE REGULA LA INSTALACION Y UBICACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR.

El Anteproyecto en mención, es el resultado obtenido de las conversaciones que se han realizado en el Mezanine de la Asamblea Nacional de Nicaragua, entre todos los miembros que conforman la Comisión de Salud, Seguridad Social y Bienestar, con los delegados del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA); los delegados de teléfonos y Correos de Nicaragua (TELCOR); y los delegados del Ministerio de Salud Pública (MINSA); luego que un grupo de ciudadanos nicaraguenses, pobladores de los Municipios de Granada, Nandaime, Santo Tomás, Departamento de Chontales, León, Sébaco, Departamento de Matagalpa, Chinandega, Jinotega, Masaya y otros Municipios, más que preocupados por las múltiples noticias aparecidas en los Diarios y los Estudios que aparecen o descubren a través de INTERNET, del año que ocasionan las ondas o radiaciones no ionizantes en la salud de los pobladores que habitan próximos a las Antenas de Telefonía Celular, y habiendo escuchado las argumentaciones de los señalados grupos de ciudadanos en relación a que las ondas o radiaciones provocan tumores cancerígenos, leucemia en los niños y otros males que llevan a la muerte a los que habitan próximos a dichas antenas, y luego de varias discusiones a ese respecto, llegamos a la conclusión de que en forma inmediata, se deben detener las construcciones o ubicaciones de tales antenas cerca de los pobladores. Siendo una inquietud aceptada por todas las partes involucradas en las discusiones, se ha llegado a dar por respuesta, que siendo que el clamor de los ciudadanos, es justo escucharlos y es de ley ponerles las atenciones del caso y un derecho al cual se acogen.

Decidimos ponernos de acuerdo y luego de haber sido presentadas las posiciones y argumentos de cada una de las partes, se obtuvo como resultado, procurar que tales construcciones y ubicaciones de antenas, no se continúen instalando cerca de las habitaciones de los pobladores; pues de esta manera se proporcionará tranquilidad a los ciudadanos, puesto que los mismos en sus argumentos de denuncia y queja, han dicho que ya son varios los ciudadanos fallecidos, producto de infartos, por tumores en el cerebro y otras causas provocadas por las ondas, así como otros riesgos derivados del lugar donde se instalan las referidas antenas.

De tal manera, que producto de las discusiones y en procura de dejar establecida una Ley que Regula la Instalación y Ubicación de Antenas de Telefonía Celular, Concluimos:

Que inicialmente se aplicará la normativa propuesta por el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), cuyos borradores fueron preparados por los Ministerios señalados.

Encontrándose presentes todos los grupos de ciudadanos que estuvieron reunidos en el Mezanine de la Asamblea Nacional, el día y hora de las discusiones, optaron dar por aceptado el Acuerdo y la aplicación de la Normativa que en definitiva les lleve paz y tranquilidad a los pobladores de los Municipios, y siendo que es preciso que tal Acuerdo sea aplicado como una Ley de la República, los suscritos Representados ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, le pedimos a Usted, que nuestra inquietud y por las razones apuntadas, sean sometidas a discusión ante el Honorable Plenario, previo dictamen favorable al mismo, no sin antes aclarar que no estamos en contra de las técnicas modernas y los avances científicos, pero sí de que los ciudadanos no sean afectados por los avances de la técnica y la ciencia; antes bien los Diputados estamos obligados a proteger mediante Ley, los derechos de los ciudadanos, especialmente el derecho a la vida como un derecho fundamental, estatuido en la Carta Magna y por ende, con base en los Estatutos y Reglamento de la Asamblea Nacional, estimamos necesario, pertinente y de urgente necesidad, introducir el presente Anteproyecto de Ley, para proteger y defender a nuestros conciudadanos nicaragüenses de cualquier tropiezo que pudieran ocasionar la ubicación de las antenas y radiaciones antes señaladas. Y pedimos por su medio, Señor Presidente, que someta a estudio y aprobación de este magno Poder del Estado el Anteproyecto, objeto de la presente Exposición, para dar cumplimiento a nuestra labor de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua, Estatutos y Reglamento de la Asamblea Nacional, para lo que fuimos nombrados por el pueblo de Nicaragua.

Señor Presidente, en vista de que el Anteproyecto de Ley, cumple con los requisitos legales, y se encuentra acorde con los principios de nuestra Constitución, específicamente en el Artículo 138,Inc. 1 lo presentamos a la consideración de la Junta Directiva, para que con la prontitud del caso pase a la Constitución respectiva, y pueda ser aprobado el mismo en la presente legislatura dos mil tres.

DR. JORGE ULISES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

PRIMER VICE-PRESIDENTE

DR. ROBERTO JOSÉ LUNA

PRIMER SECRETARIO

LIC. RITHA DEL SOCORRO FLETES ZAMORA

SEGUNDA SECRETARIA

DR. JORGE MIGUEL TÓRRES MALESPÍN

MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Transporte e Infraestructura.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Punto 1.35: LEY DE IMPORTACION Y ABASTECIMIENTO DEL PETROLEO CRUDO.

Managua, 9 de Septiembre de 2003.

DP/362/03

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Señor Presidente:

Con la correspondiente Exposición de Motivos, estoy remitiéndole Proyecto de Ley de Importación y Abastecimiento de Petróleo Crudo, para que sea sometido a la aprobación de esa Honorable Asamblea Nacional, esperando sea resuelto favorablemente.

Aprovecho la ocasión para reiterarle a ese Poder del Estado, las muestras de mi más alta estima y consideración.

Afectísimo,

Enrique Bolaños Geyer

Presidente de la República

Managua, 10 de Septiembre del 2003.

SAL-1869-10-9-3-JVP

Doctor

MIGUEL LOPEZ BALDIZON

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Doctor López:

Me permito hacer llegar a usted, el Proyecto de Ley de Importación y abastecimiento de Petróleo Crudo, con su correspondiente Exposición de Motivos, que en calidad de Iniciativa remite a la Augusta Asamblea Nacional, el Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para saludarle

Atentamente,

Julio Vega Pasquier

Secretario

EXPOSICION DE MOTIVOS

El petróleo crudo es un insumo importante y estratégico de la economía nicaragüense, su utilización para el funcionamiento normal de nuestra economía, se refleja en los siguientes porcentajes: el 80% en la generación de energía eléctrica a través del bunker C; el 100% del transporte de carga y de vehículos automotores que usan gasolina o diesel; y el 100% de las carreteras de carpeta asfáltica que usan asfalto, sin perjuicio de la utilización de otros subproductos.

Los problemas sociales y económicos surgidos en la hermana República Bolivariana de Venezuela y la guerra en el Medio Oriente, son factores que generan variaciones volátiles en el precio del petróleo y producen, a corto plazo, un efecto negativo en la economía nacional que se vería reflejado en el riesgo de no poder suplir.

Con el fin de hacer frente a esta problemática, es necesario que el Estado de Nicaragua, adopte medidas que promuevan y faciliten la libre importación del petróleo crudo, garantizando la atención de la demanda nacional, mediante la consecución de precios más competitivos en beneficio de los consumidores, al ampliar sus fuentes de abastecimiento.

Por todo lo expuesto, y con fundamento en el numeral 2 del artículo 140 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, someto el presente Proyecto de Ley a consideración de la honorable Asamblea Nacional.

Hasta aquí la exposición de Motivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Envíese el presente proyecto, a la Comisión de Transporte e Infraestructura.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

En el mismo Adendun 2, Punto III: PRESENTACIÓN DE PERSONERÍAS JURÍDICAS.

Managua, 02 de Septiembre del 2003.

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Honorable señor Presidente:

El suscrito Diputado ante la Honorable Asamblea Nacional, con fundamento en el inciso 5 del artículo 138 y 140 de la Constitución Política, en el inciso 2 del artículo 4 y 44 del Estatuto General de la Asamblea Nacional, y en la ley No. 147 Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro, presento la solicitud de otorgamiento de Personalidad Jurídica para la Asociación "MINISTERIO EVANGELISTICO CRISTIANO ESPERANZA VIVA", Asociación de carácter humanitario, constituida en escritura pública otorgada ante los oficios notariales del Abogado CARLOS AGUILAR RAMIREZ, a las cuatro y a las cuatro y veinticinco minutos de la tarde del seis de Febrero del año dos mil dos. Adjuntamos la escritura pública número CUATRO (04) de constitución de la Asociación.

Esta Asociación, se constituyó, entre otros, con los siguientes objetivos:

Promover el cristianismo y predicar la palabra de Dios y para tal efecto, organizar congregaciones, celebrar cultos y primordialmente la difusión del evangelio de nuestro señor Jesucristo.

Por todo lo expuesto, sometemos a la consideración de los representantes de esta Asamblea Nacional la presente iniciativa, a fin de que sea acogida y aprobada por el Plenario de esta Asamblea Nacional, previo los cumplimientos de procedimientos de formación de la ley.

Dip. Orlando Tardencilla

Asamblea Nacional

Ingeniero

Jaime Cuadra Somarriba

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho.

EXPOSICION DE MOTIVOS

"MINISTERIO EVANGELISTICO CRISTIANO ESPERANZA VIVA",

Asociación de carácter humanitario, constituida en escritura pública otorgada ante los oficios notariales del Abogado

CARLOS AGUILAR RAMIREZ,

a las cuatro y veinticinco minutos de la tarde del día seis de Febrero del año dos mil dos. Adjuntamos la escritura pública número Cuatro (04) de constitución de la Asociación.

Esta Asociación, se constituyó, entre otros, con los siguientes objetivos:

Promover el cristianismo y predicar la palabra de Dios y para tal efecto, organizar congregaciones, celebrar cultos y primordialmente la difusión del evangelio de nuestro señor Jesucristo.

Dip. Orlando Tardencilla

Asamblea Nacional

PRESENTACION DE PERSONALIDADES JURIDICAS:

3.89.

ASOCIACION MINISTERIO EVANGELISTICO CRISTIANO ESPERANZA VIVA.

3.90.

ASOCIACION PROMOTORA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL (PRODHUMIN).

3.91.

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (A.D.I.C.O).

3.92.

ASOCIACION DE FOMENTO A LA CREACION DE EMPRESAS DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS (FOMEMPRESA).

3.93.

ASOCIACION MULTIDISCIPLINARIA PARA EL DESARROLLO (AMDES).

3.94.

ASOCIACION VETERANOS Y EXCOMBATIENTES DE GUERRA "COMANDANTE CARLOS FONSECA" (AVEG-CFA).

3.95.

ASOCIACION MISION MINISTERIAL EVANGELISTICA ENMANUEL INTERNACIONAL (LA MISION).

3.96.

ASOCIACION DE CAPELLANES CRISTIANOS EVANGELICOS CAPITULO EN NICARAGUA.

3.97.

ASOCIACION CENTRO CULTURAL CRISTIANO DE CARA AL FUTURO (DCF).

3.98.

ASOCIACION DEPESCADORES DE LA COSTA ATLANTICA UNIDOS CON LOS PESCADORES DEL PACIFICO-NICARAGUA (APCAPNIC).

3.99.

ASOCIACION SOLIDARIDAD APORTANDO AL CAMBIO (ASOL).

3.100.

ASOCIACION DECAMPESINOS A CAMPESINOS DE MADRIZ (ASOCACM).

3.101.

ASOCIACION DE IGLESIAS UNIDAS PODER DEDIOS.

3.102.

ASOCIACION ONCOLÓGICA DE NICARAGUA (ASONCONIC)

3.103.

ASOCIACION NAGAROTEÑA DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO ( ANADIC).

3.104.

AMERICAN COLLAGE FOUNDATION (FUNDACION COLEGIO UNIVERSITARIO AMERICANO)

3.105.

FUNDACION CRISTO VIVE.

3.106.

FUNDACION DE DEPORTES DE TIPITAPA (FUNDEPORT).

3.107.

FUNDACION BARNEY.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Presente Proyecto de Ley, va a la Comisión de Defensa y Gobernación.

Hay una ligera corrección en cuanto a la anterior exposición de motivos; como tiene que ver con asunto en materia de impuesto, esto iría a la Comisión Económica. me refiero a la Ley de Importación y Abastecimiento de Petróleo Crudo.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ:

Punto 2.24: DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO DE PRESTAMO No. 937P, SUSCRITO EL 30 DE MAYO DEL 2003 POR LA REPUBLICA DE NICARAGUA, REPRESENTADA POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS (A.I) DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA EN AUSTRIA Y EL FONDO DE LA OPEP PARA DESARROLLO INTERNACIONAL.

DICTAMEN

4. de Septiembre de 2003

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente de la Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto recibimos el mandato de dictaminar la solicitud el PROYECTO DE "DECRETO DE APROBACION DE PRESTAMO No. 937P" suscrito el 30 de Mayo de 2003 por la República de Nicaragua, representada por el Encargado de Negocios (a.i) de la Embajada de la República de Nicaragua en Austria y el Fondo de la OPEN para el desarrollo internacional. La Comisión, en relación con este Decreto de Aprobación, ha valorado los siguientes factores:

FIRMA DEL CONVENIO:

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial, No. 137-2003 del 12 de Abril del 2003, el Encargado de Negocios de la Embajada de la República de Nicaragua en Austria, Dr. Alberto José Altamirano Lacayo, en nombre y representación del Gobierno de la República de Nicaragua, suscribió el 30 de Mayo del 2003, el Convenio de Préstamo No. 937P, con el Fondo de la OPEP, para desarrollo internacional.

ANTECEDENTES:

El Gobierno de la República de Nicaragua, a través del Fondo de Inversión Social de Emergencia FISE, ha implementado un proyecto denominado Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local, con el cual se pretende mejorar el acceso de la población pobre a infraestructura y servicios sociales económicos básicos; fortalecer la capacidad de gestión y administración de comunidades y gobiernos locales; y desarrollar redes de protección social.

OBJETIVOS

Con este Decreto de Préstamo se cofinanciarán una serie de sub proyectos a pequeña escala, seleccionado por el FISE, en coordinación con las municipalidades, las organizaciones comunitarias y las ONGs. Estos sub proyectos incluirán la rehabilitación y construcción de escuelas, abastecimiento de agua y sistema de alcantarillado, caminos rurales, puentes, presas, programas de irrigación, sistemas de electrificación y otro tipo de infraestructura vital. Los beneficiarios recibirán capacitación para mantenimiento a manera de garantizar la sostenibilidad del proyecto, y el desarrollo de capacidad tendrá lugar entre las organizaciones gubernamentales y comunitarias. Con los fondos del Préstamo se estima la implementación de 150 sub proyectos que beneficiarán alrededor de 180,000 personas.

CONDICIONES GENERALES

Monto del Crédito

El monto total del crédito asciende a la suma de US6,000,000 seis millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Este crédito fue otorgado por el Fondo de la OPEP, al Gobierno de Nicaragua a un plazo de veinte (20) años, incluyendo cinco (5) años de gracia que vencen el 30 de Mayo del 2008, donde se pagará una tasa de interés del 1% anual sobre saldos y el 1% anual de cargos por servicios. Estos términos representan un componente de concesionalidad de l52.66% para los fondos del crédito.

ORGANISMO EJECUTOR

Se establece como Organismo Ejecutor al Fondo de Inversión social de Emergencias FISE.

DICTAMEN DE LA COMISION

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado los objetivos y condiciones generales del Convenio de Crédito, y

CONSIDERANDO: Que con este Decreto de Préstamo se pretende beneficiar alrededor de 180,000 (ciento ochenta mil) personas en donde se pretende mejorar el acceso de la población pobre a infraestructura y servicios sociales y económicos básicos.

Por tanto, en base a las consideraciones anteriores y que la misma no contradice nuestra Constitución Política, Leyes Constitucionales, ni los Tratados suscritos y ratificados por Nicaragua, los suscritos Diputados Dictaminamos Favorablemente, el PROYECTO DE "DECRETO DE APROBACION DEL CONVENIO DE PRESTAMO NO.937P, SUSCRITO EL 30 DE MAYO DEL 2003 POR LA REPUBLICA DE NICARAGUA, REPRESENTADA POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS (A.I) DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA EN AUSTRIA Y EL FONDO DE LA OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL; por lo que solicitamos al Honorable Plenario su aprobación respectiva.

COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS

ALFREDO GOMEZ URCUYO

RENE NUÑEZ TELLEZ

BAYARDO ARCE CASTAÑO

JORGE MATAMOROS SABORIO

WILFREDO NAVARRO MOREIRA

GUSTAVO PORRAS CORTEZ

WALMARO GUTIERREZ MERCADO

JAIME MORALES CARAZO

GUILLERMO OSORNO MOLINA

ENRIQUE QUIÑONEZ TUCKLER

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Tiene la palabra el honorable Diputado Wálmaro Gutiérrez.

DIPUTADO WALMARO GUTIERREZ:

Buenos días, honorable Presidente; miembros de la Junta Directiva.

Únicamente en términos generales, como miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, estoy tomando la palabra para solicitar a todos los miembros de este Plenario apoyar esta iniciativa o proyecto de dictamen del Decreto de Aprobación del Préstamo No.937, que es un Fondo de la OPEP altamente concesional, por 6 millones de dólares, donde se deja claro que los componentes son fundamentalmente de proyectos de infraestructura, en educación, asistencia médica y servicios sanitarios, promoción productiva y comunitaria.

Y donde no solamente el organismo ejecutor, que en este caso es el FISE, va a ser el que va a determinar a su leal saber y entender como se van a manejar estos recursos; sino que van a tener como condición sine qua non, la asistencia de los Alcaldes y Concejos Municipales, y en todo caso las autoridades o los Ministerios o carteras encargados de cada uno de estos puntos. Ahora, si ustedes leen con un poco más de detenimiento lo que es el Convenio como tal, porque está en inglés y en español, tal y como lo hicieron todos y cada uno de los miembros de la Comisión Económica de este Parlamento, se deja claramente establecido cuáles son los componentes y montos en dólares que cada una de estas asignaciones tiene.

Por ejemplo, en el caso de la rehabilitación de construcción de escuelas se está destinando un monto de dos millones 480 mil dólares; en el caso de la rehabilitación y construcción de unidades de asistencia se está dirigiendo un millón 795 mil dólares; en el caso de la rehabilitación o construcción de infraestructura sanitaria se está dirigiendo un monto de 825 mil dólares. Y en promoción productiva y comunitaria, que tiene dos subsisten que son, fortalecimiento de la capacidad local y la gestión de los proyectos para el fortalecimiento del FISE, es de 895 mil dólares.

En otras palabras, lo que es meramente el aporte institucional no representa más del 7 por ciento del monto global del proyecto de 6 millones de dólares. Es por eso, por ser altamente concesional y por estar acorde con las necesidades de nuestro pueblo, que es importante que esta Asamblea Nacional dé un voto unánime para la aprobación de este tan importante instrumento económico que fortalece las finanzas públicas y mejora el gasto social que tanta necesidad tiene este pueblo de que el Gobierno de la República de Nicaragua realice a su favor.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Agustín Jarquín.

DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:

Gracias, Presidente.

Sobre este tema, el cual está claro en el Dictamen, con la conveniencia de que aprobemos este Decreto de Aprobación del Préstamo 937 y los argumentos que ha presentado el Diputado Wálmaro Gutiérrez, estoy de acuerdo. Pero el tema invita a una reflexión que es sustantiva para el país, que es estratégica para el país, lo conversaba ahorita con el Diputado Arce. Qué hacer, por ejemplo, si aquí vienen convenios de crédito a condiciones súper favorables; están en dictamen por ejemplo, unos con el BID, con el Banco Mundial, para productores, que no es este caso.

En este caso es para desarrollo de obras, canalizado con el FISE; pero créditos para canalizarlos a productores del sector privado, pequeños, medianos, con condiciones parecidas o mejor que éste: 40 años de plazo, 10 años de gracia, 2 por ciento de interés, medio ó 1 por ciento de comisión; lo cierto es que al final eso les llega a los empresarios nuestros, a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores, a los artesanos, a los campesinos, a intereses mucho más altos, por el sistema de intermediación que se ocupa aquí. Me da la impresión, que en este sentido, el Fondo Nicaragüense de Inversiones, o el Fondo Nacional de Inversiones que intermedia esto, que actúa como banca de segundo piso, no está cumpliendo su rol.

Conversando en días anteriores con directivos de la asociación de bancos, me decían que los bancos nicaragüenses tienen recursos, y hay disponible también en el FNI, una cantidad de más de 700 millones de córdobas, y que el productor local no accede por las condiciones de los créditos. El FNI a veces cobra o carga tres, cuatro y hasta cinco puntos más y otra serie de condiciones, de manera que lo hace oneroso para el productor nuestro; cuando hay urgencia, sobre todo que está en las vísperas de un tratado o varios Tratados de Libre Comercio, especialmente del CAFTA, necesitamos colocar dinero con un fondo de desarrollo barato, para que la gente lo use.

Estas concesionalidades de organismos amigos, de gobiernos amigos, no se aprovechan en nuestro país, de manera que al final el crédito sale encarecido. ¿Qué hacer sobre este tema? Clarifico y estoy entendido de que no es el asunto específico que estamos tratando acá, aquí corresponde aprobar claramente este Convenio. Pero el tema surge porque es un clamor nacional de que no se está apoyando debidamente la producción, y a pesar de que vienen esos convenios de créditos internacionales, supra concesionales que revisa la Asamblea, que se dictaminan favorablemente, después les llega al productor nuestro con intereses súper altos y a plazos mucho más pequeños, muy pequeños, de forma tal que el Gobierno no está haciendo su labor como lo debiera de hacer.

Y es un tema entonces que sí nos interesa, nos compromete, no podemos obviarlo en esta Asamblea Nacional. El crédito que viene acá, o el Decreto, es simplemente para aprobarlo o improbarlo. Pero aquí habrá que ver qué iniciativa tomar, una iniciativa de ley para legislar sobre este asunto o hacer un foro taller, un diálogo entre la Comisión de Producción, la Comisión Económica, la Comisión de Población, con la Asociación de Bancos y el Gobierno, para ver cómo resolvemos este problema, que es un obstáculo para el desarrollo del país. Dejo esta inquietud en el ambiente, motivando a los colegas a pensar sobre este asunto.

Voy a hacer una propuesta específica en los próximos días, y es un tema que tenemos que resolver cada vez con más urgencia, porque las exigencias ahora de un mundo que nos invita, que nos provoca, que nos compele a que estemos integrados o que abramos nuestros mercados, necesita que orientemos recursos, que pongamos a disposición de nuestros productores recursos en condiciones no tan onerosas como las que se dan actualmente. Y le agradezco, Presidente el haberme dado la palabra y la posibilidad de hablar de este tema, no obstante estamos claros de que esto no está vinculado específicamente con este Decreto que se está sometiendo a aprobación, el cual desde luego apoyo que se vote favorablemente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Se somete a votación el presente Decreto en lo general.
Se abre la votación.

Se cierra la votación.

72 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

LA ASAMBLEA NACIONAL

En uso de sus facultades:

HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO

PROYECTO DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO NÚMERO 937P, SUSCRITO EL 30 DE MAYO 2003, POR LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, REPRESENTADA POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS (A.I) DE LA EMBAJADA DE NICARAGUA EN AUSTRIA, Y EL FONDO DE LA OPEP PARA DESARROLLO INTERNACIONAL.

Arto.1

Apruébese el Convenio de Préstamo 937P, suscrito el 30 de Mayo del 2003, por la República de Nicaragua, representada por el Encargado de Negocios (A.I) de la Embajada de la República de Nicaragua en Austria y el Fondo de la OPEP, para desarrollo internacional, por un monto de (US$6,000.000.00) (seis millones de dólares) de los Estados Unidos de América.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el artículo 1.

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

77 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Arto.2

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2. Aprobado el Decreto.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

En el mismo Adendum, No.2.

2.25: DECRETO DE APROBACION AL CONTRATO DE GARANTIA, SUSCRITO EL 22 DE MAYO DE 2003, POR LA REPUBLICA DE NICARAGUA, REPRESENTADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) EN RESPALDO DEL PRESTAMO NO. 1122/SF-NI.

DICTAMEN

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente de la Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto recibimos el mandato de dictaminar la solicitud del

PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION AL CONTRATO DE GARANTIA, SUSCRITO EL 22 DE MAYO DE 2003, POR LA REPUBLICA DE NICARAGUA, REPRESENTADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) EN RESPALDO DEL PRESTAMO 1122/SF-NI

ha valorado los siguientes factores:

FIRMA DEL CONVENIO:

Que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribió el 22 de Mayo del 2003 con la República de Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Contrato de Préstamo 1122/SF-NI.

ANTECEDENTES

Que la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Contrato de Préstamo No. 1122/SF-NI, por la cantidad de US$30,000,000.00 (treinta millones de dólares), para financiar el Programa Global de Crédito Multisectorial, a un plazo de cuarenta (40) años, con diez (10) años de gracia, con una tasa de interés del 1% por año, hasta el 22 de Mayo del 2013 y del 2% anual, desde esa fecha hasta la cancelación y una comisión de crédito del ½% por año, aplicable a los fondos no retirados, la cual empezará a devengarse a los doce meses contados a partir del 26 de Febrero del 2003.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solicitó a la Financiera Nicaragüense de Inversiones, que este Préstamo fuera garantizado por el Gobierno de la República de Nicaragua; por tal razón, mediante el Acuerdo Presidencial No. 180-2003, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Lic. Eduardo Montealegre fue autorizado para suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo el Contrato de Garantía referente al Decreto de Préstamo No. 1122/SF-NI.

COMPONENTES

El Programa Global de Crédito Multisectorial, financiado a través de este Contrato de Préstamo, comprende dos componentes a ejecutar por la Financiera Nicaragüense de Inversiones:

1. El Programa proveerá recursos para el financiamiento de créditos a la empresa privada otorgados por instituciones financieras intermediarias, elegibles ante el FNI;

2. EL programa incentivará que los recursos beneficien especialmente al segmento de la mediana y pequeña empresa, sin acceso a los mercados de capitales y que se utilicen en financiamiento de inversiones en operaciones de largo plazo.

DICTAMEN DE LA COMISION

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado los objetivos y condiciones generales del Convenio de Crédito, y

CONSIDERANDO: Que el Decreto de Préstamo No. 1122/SF-NI, es altamente concesional por el plazo de cuarenta (40) años, con diez (10) años de gracia, por lo que el Gobierno de Nicaragua, a través de este Decreto de Garantía, autorizó al Licenciado Eduardo Montealegre, Ministro de Hacienda y Crédito Público, suscribir este Contrato.

Por tanto, en base a las consideraciones anteriores y que la misma no contradice nuestra Constitución Política leyes constitucionales, ni los Tratados suscritos ratificados por Nicaragua, los suscritos Diputados

Dictaminamos Favorablemente,

por lo que solicitamos al Honorable Plenario su aprobación respectiva.

COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS

ALFREDO GOMEZ URCUYO

RENE NUÑEZ TELLEZ

BAYARD0 ARCE CASTAÑO

JORGE MATAMOROS SABORIO

WILFREDO NAVARRO MORIRA

GUSTAVO PORRAS CORTEZ

WALMARO GUTIERREZ MERCADO

JAIME MORALES CARAZO

GUILLERMO OSORNO MOLINA

ENRIQUE QUIÑONEZ TUCKLER

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Tiene la palabra el honorable Diputado Wálmaro Gutiérrez.

DIPUTADO WALMARO GUTIERREZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Tomo la palabra en este momento, para respaldar en todos los extremos el Dictamen elaborado y aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos Finanzas y Presupuesto, sobre este Decreto para la Aprobación de un Contrato de Garantía, donde prácticamente se garantiza que a través de la Financiera Nicaragüense de Inversiones, se trasladen fondos del Banco Interamericano de Desarrollo hasta por el monto de 30 millones de dólares, para financiar programas de apoyo a la empresa privada y fundamentalmente incentivar los recursos que benefician al segmento de la pequeña y mediana empresa.

Sin embargo, yo quiero aprovechar este tema, porque hay que hacer una reflexión sobre un patrón de comportamiento poco usual que en este momento se está dando sobre la solución indirecta de adeudos del Estado, por la vía de estos contratos de garantía. Recuérdese que tal y como lo establece el Código Civil de la República de Nicaragua, la fianza solidaria y los fiadores solidarios se convierten en principales pagadores, dado que el mismo Código Civil establece que el fiador solidario es tan deudor como el deudor mismo.

En otras palabras, por la vía de aprobación de este tipo de contrato de garantía, por la Asamblea Nacional, se le da carácter y fortaleza jurídica a este tipo de instrumentos, que en alguna medida y de forma indirecta, en el caso de que los deudores principales no honraran estos créditos, el Estado de la República de Nicaragua tendría que honrarlos como principal pagador, obviamente impactando de forma negativa en nuestra ya pesada deuda interna.

Hace aproximadamente una semana, en algunos medios de comunicación se planteó que el Ministerio de Hacienda, a través del Licenciado Eduardo Montealegre, firmó un contrato de garantía, donde el Estado de la República de Nicaragua, se constituía como fiador solidario de una deuda que contrae la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEL, con el Banco de la Producción, hasta por el Orden de 11 millones de Dólares, supuestamente, para pagar deudas previamente contraídas entre ENEL, que es una Sociedad Mercantil con patrimonio propio y capacidad jurídica para adquirir obligaciones y contraer compromisos, y viene y lo afianza solidariamente el Estado de la República de Nicaragua.

¿Qué sucede? que este Contrato de Garantía, no tendría ningún problema si pasara por los trámites que por ejemplo está pasando actualmente este Contrato que estamos aprobando aquí, donde la Asamblea Nacional de manera soberana le dice: Nosotros nos constituimos como fiadores solidarios de 30 millones de dólares, y en el caso que la Financiera Nicaragüense de Inversiones no honre sus compromisos, el Estado de Nicaragua lo honra. Nosotros en la Comisión Económica revisamos los componentes de este Convenio, vemos cuáles son los grupos económicos vulnerables que vienen a apoyarse con este Convenio, y hombré, creemos que vale la pena que el Estado de la República de Nicaragua asuma una fianza de garantía solidaria sobre estos 30 millones de dólares.

Pero la pregunta a este magno Plenario es: estos 11 millones de dólares, que sin una ratificación expresa de la Asamblea Nacional, está el Estado de la República de Nicaragua soportando con fianza solidaria y garantía de principal pagador a favor del Banco afianzando a ENEL, ¿quién sabe en esta Asamblea Nacional los verdaderos componentes de ese adeudo, o para qué realmente va a servir ese adeudo? Porque hasta ahora lo que se dice es que esos 11 millones corresponden a la amortización de una deuda a cuenta mayor que tiene ENEL a favor de Unión Fenosa, por pagos insolutos.

Sin embargo esta Asamblea Nacional no la ve ni pasar, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, a su leal saber y entender, firma una fianza solidaria y compromete el Erario del Estado, porque en caso de que ENEL no llegara a pagar, en caso de que la Empresa Nacional de Energía, Sociedad Mercantil no pagara, el Estado de la República de Nicaragua tendría que responder como principal deudor e impactaría negativamente en nuestra ya pesada deuda interna.

Es por eso que yo quiero llamar la atención, particularmente en este punto, para que quede claro de que estas garantías o fianzas solidarias, no tienen ni pueden tener valor legal alguno, si no es aprobado expresamente por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, y por lo tanto, tiene que haber un pronunciamiento expreso de esta Asamblea Nacional en el cual se deje claramente establecido que esos 11 millones de dólares, no están ni estarán -a menos que haya una decisión de esta Asamblea Nacional. garantizados por el Estado de la República de Nicaragua.

Que cumplan con sus compromisos de traer este tipo de instrumentos económicos y financieros a esta Asamblea Nacional, porque es el camino de ley, y para muestra tenemos un botón. Aquí tenemos este Contrato de Garantía que deja más que demostrado que esta fianza solidaria tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional, dado que de forma indirecta podrían alterar las finanzas públicas y hacer mayor la pesada deuda interna que ya tenemos sobre los hombros.

Muchas gracias, señor Presidente, y muy buenos días.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Agustín Jarquín.

DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:

Gracias, Presidente.

Este Contrato de Préstamo entre la Financiera Nicaragüense de Inversiones S.A. y el BID, es un caso que caracteriza los aspectos, los temas que estaba abordando en mi intervención anterior. Quiero referirme a este aspecto, y también al otro tema que con propiedad ha referido en este momento el colega Diputado Wálmaro Gutiérrez. En primer lugar, sobre este Convenio de Crédito estamos hablando de que es por la cantidad de 30 millones de dólares, para financiar el llamado global de crédito multisectorial a Nicaragua, y se nos da un plazo de 40 años, con 10 años de gracia.

O sea que en ese período no se va a pagar servicio, con una tasa de interés del 1 por ciento por año, hasta el 22 de Mayo del 2013, y del 2 por ciento anual a partir del año 2013, y una comisión de crédito del ½ por ciento, o sea que en total serían 2 ½ por ciento. Desgraciadamente créditos como éstos, que en el pasado se han visto en esta Asamblea, el Gobierno los ha negociado y aquí se han sancionado positivamente; no se ha traducido en un crédito que efectivamente apoye a los productores nuestros, porque les llega el crédito a los productores nuestros a plazos muchísimo más cortos y a intereses muchísimo más altos.

Entonces, sí es un tema de la Asamblea Nacional, porque la sanción positiva de esto es para que efectivamente nuestros productores que están ahogados, que han recibido créditos leoninos, a plazos muy cortos, se aprovechen de estos convenios, de estos arreglos, para que la producción nicaragüense pueda salir. Si hacemos una auscultación a los productores nuestros, difícilmente vamos a encontrar a alguien que esté satisfecho con la manera como se está manejando el crédito en Nicaragua.

Y refería en mi intervención anterior, que en la banca –me decía un directivo de la ASOBAN- hay incluso más de 700 millones de córdobas que están ahí a la espera, y que buena parte de esos recursos también, son recursos que están en el FNI, pero que pareciera que el FNI es una institución de lucro, le incrementa tres, cuatro, cinco puntos a este tipo de crédito, y al final a la gente le llega en condiciones que son onerosas en general. Creo que esto amerita de que por lo menos se haga una indagación en el Fondo Nicaragüense de Inversiones, y que por lo menos nuestra Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Producción, le pongan atención a este asunto, cómo va a llegar esto al productor.

Yo recuerdo que hace unos cinco años, entre otros créditos, se aprobó acá un convenio con Taiwán, que era para productores de Occidente, en condiciones parecidas a éstas, bien favorables, que era para promover el riego y la actividad agrícola; pero no se usó un solo dólar para eso, y al final no sabemos dónde están esos recursos, no se supo dónde quedaron. Entonces es una obligación nuestra, además para darnos nuestro lugar, ver qué está pasando en momentos en que nuestros productores están clamando por un apoyo, y dicen que no hay lo suficiente, que estos recursos pueden servir para éso, pero que el sistema que está estructurado no sirve para ese objetivo.

Esto obliga a una revisión de la cual tiene que ser protagonista en indagar en esa revisión, esta Asamblea Nacional; y debería de haber una Resolución en este Plenario, para que se “mandate” a las Comisiones de Producción y de Economía, para no quedar solamente en el lamento, en la queja, en el gesto y pasar a las acciones y a la gestión, para que se indague en el FNI, con el Sistema Financiero, con el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda, cómo está la situación del crédito en Nicaragua. Hay que recomponer las cosas, hay que revisar estos procedimientos, hay que apoyar a nuestros productores que se sienten en una situación francamente de abandono.

Entonces, aprovechando que está en discusión ahorita la ratificación de este crédito, de este Convenio, de este Decreto, que totalmente apoyo, y debe motivar el respaldo al dictamen de nuestra Comisión Económica de esta Asamblea. Pero para asumir nuestro rol a como debe ser, es asunto de indagar qué es lo que está pasando, por qué aprobamos esto y al final a la gente no le llega en las condiciones que debe llegar. Hay que invitar por parte de nuestra Comisión de Producción y Comisión Económica, a la Asociación de Bancos, para que den sus puntos de vista, qué es lo que ocurre aquí, por qué estos beneficios no le llegan a la gente, al productor.

Y un segundo aspecto, Presidente, voy a pasar una moción escrita posteriormente para concretarla, para que se considere aquí si la Asamblea, asumiendo nuestro rol, efectivamente “mandatamos” a estas dos Comisiones para que indaguen sobre estos asuntos, cómo se mejora el sistema de crédito de apoyo a la producción en Nicaragua. El segundo punto es lo que decía el colega Diputado Wálmaro Gutiérrez; hace unos cuatro meses hizo el señalamiento de que se iba a hacer ese crédito de 11 millones de dólares por la empresa nicaragüense de electricidad, con una banca privada que obliga al Estado nicaragüense.

El asunto es que eso pasa, el señor Ministro de Hacienda firma eso y tranquilo, a sabiendas de que hay una obligación que tiene que ser conocida por esta Asamblea, porque es deuda interna. Tiene que tener el aval, el permiso de esta Asamblea, como se está dando y se va a dar -espero yo- en el caso de este Convenio de 30 millones con el BID. Y estamos hablando –como se refería Wálmaro- como lo denuncié hace cuatro meses más o menos, son 11 millones, que “no es jugando”, pues estamos hablando de más o menos 170 millones de córdobas.

El Ministro de Hacienda, el Licenciado Montealegre, ha hablado públicamente de que tenemos un Presupuesto que está muy restringido, muy comprometido. Bueno, ¿éso cuándo se va a pagar? Lo que el Gobierno hizo por la libre, ¿cómo se va a honrar? Eso no puede ser. Entonces es meritorio, es con propiedad que está haciendo ese señalamiento Wálmaro acá, para que a propósito de la aprobación, del conocimiento de este crédito concesional con el BCIE, veamos este otro asunto que se maneja como pulpería, como si fueran los recursos míos, comprometiendo a todos los nicaragüenses, en condiciones que tenemos que conocer nosotros.

Aquí debemos de decidir por el orden, la posición no es decir no o sí de antemano, pero tiene que traerse aquí para revisar si son las condiciones correctas, si son los plazos correctos, si hay el mérito suficiente para que endeudemos a los nicaragüenses. Porque si el Ministro o quienes lo han firmado, lo van a hacer de su bolsa, está bien, que firmen lo que quieran. Pero si estamos hablando de recursos que van a empobrecer más a Nicaragua, que van a comprometer a todos los ciudadanos, que van a sustraer recursos del Presupuesto, que nos van a impedir hacer carreteras, mejoras en la salud, etc., es una situación que está constreñida, tiene que pasar por esta Asamblea Nacional, que es la soberana, la representante legítima de los intereses de los ciudadanos.

Esto no es asunto de política, esto no es cuestión de la Convergencia o de sandinista, social cristianos, ni bolañistas de que bueno, Arnoldo, etc. No es ése el rollo, no es ése el asunto. Es una cuestión de asumir con responsabilidad las funciones de Estado, y cuando alguien se salta la barda por encima de las normas y la competencia que la ley establece, burlando a esta Asamblea Nacional, seríamos co-responsables y cómplices en el silencio por omisión, si no actuamos en consecuencia y revisamos esas situaciones. Por eso saludo la iniciativa de Wálmaro, de hacer este señalamiento que yo había denunciado de que eso iba a ocurrir antes que se concretara, hace cuatro meses y que parece que ya se dio; ya se ha manejado públicamente a la vista y paciencia, sin ninguna vergüenza frente a esta Asamblea Nacional, frente a los ciudadanos nicaragüenses.

Entonces aprovecho la ocasión para tocar estos dos aspectos que son torales, que tienen que ver con el futuro, con la mejoría o detrimento, deterioro de la calidad de vida de los nicaragüenses. Uno, que nuestra Comisión de Economía y Presupuesto y de Producción, indaguen sobre el sistema de crédito nacional y que nos informen a esta Asamblea Nacional, por qué si estos créditos son concesionales, no les llegan a la gente en las condiciones favorables que deberían de llegarles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde tenemos que ordenarnos? Y lo otro que es de urgencia, es que este crédito no lo podemos nosotros reconocer.

Y no estoy aquí en contra de ninguna empresa privada, no digo que tenga o no tenga obligaciones que ser atendidas por Unión Fenosa u otra empresa; el asunto es que las cosas hay que hacerlas por el orden, por el procedimiento que debe establecerse. Que se nos informe acá, de este ex abrupto presupuestario, ex abrupto de crédito que ha habido con esos 11 millones, que no pueden ser definitivamente reconocidos. No pueden obligar al Estado nicaragüense, si no es antes sancionado por esta Asamblea Nacional.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Nathán Sevilla.

DIPUTADO NATHAN SEVILLA:

Muchas gracias, señor Presidente.

Primero, me solidarizo con estas dos mociones que han presentado los Diputados Wálmaro y Jarquín, porque efectivamente son problemas de fondo que tienen que ver con la vida diaria de los productores nicaragüenses, y también con el endeudamiento acelerado que está teniendo Nicaragua a espalda de decisiones que deben ser respaldadas o avaladas por esta Asamblea Nacional. Pero quiero aprovechar, señor Presidente, para leer una carta dirigida al Presidente Enrique Bolaños, que es del interés para todos los parlamentarios que la firman, y prácticamente son todos y que tiene que ver con el trato entre los Poderes del Estado. La carta dice así:

Ingeniero

Enrique Bolaños Geyer

Presidente de la República de Nicaragua

Casa Presidencial.

Honorable Señor Presidente:

Los suscritos Diputados ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, dirigimos a usted la presente comunicación, con el fin de protestar de la manera más enérgica, por el atropello de que fueron objetos Diputados miembros de la delegación nicaragüense que asistió al Seminario Parlamento, Función de Gobierno y Reducción de Pobreza, realizado en Helsinki, Finlandia entre el 15 y el 19 del mes en curso. A su regreso al país por autoridades de Aduana, que desconociendo las más elementales reglas del trato diplomático, montaron un operativo de registro minucioso al equipaje de los Diputados.

Presentamos por este medio nuestra formal protesta, ante esta actuación de un órgano del Poder Ejecutivo, cuyos representantes en ese momento alegaron actuar de esa manera, por órdenes superiores, desconociendo claramente la investidura de quienes por mandato del pueblo, obstentan cargos de Diputación, y en una obvia excepción violatoria al trato de quienes por su cargo gozan de algunos derechos propios del desempeño diplomático. Llama la atención que los empleados de Aduana y Protocolo del Aeropuerto, tenían como excepción al personal diplomático extranjero, en clara discriminación a los diplomáticos nicaragüenses.

Demandamos, señor Presidente de la República, se investigue esta actuación anómala y se establezcan las responsabilidades del caso, para que la ley tenga una aplicación pareja para todos los que gozan del status diplomático y para que no se repitan hechos vergonzosos como éste, en el que el Ejecutivo comparece atropellando al Poder Legislativo.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintitrés días del mes de Septiembre del dos mil tres.

Y es firmado por todos los Diputados que están aquí presentes el día de hoy.

Esta carta será enviada de inmediato al Presidente de la República, con copia al Canciller, al Director de Aduanas, al Director de la Dirección General de Migración y Extranjería, y tiene el propósito de que se paren estos abusos; al mismo tiempo debería ser la oportunidad para normar adecuadamente como Poder legislativo, el trato que debe dársele a los diplomáticos nicaragüenses. Y por otro lado, creemos que esta carta no es la única acción que debe desarrollarse, sino también hacer una protesta formal mediante una resolución de la Asamblea Nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada María Eugenia Sequeira

DIPUTADA MARIA EUGENIA SEQUEIRA:

Muchas gracias, Presidente.

En primer lugar, quisiéramos oficialmente respaldar esa carta. Realmente yo fui víctima de ese atropello el día sábado al ingresar a nuestra Patria, donde en todos los países que estuvimos de tránsito, entrando y saliendo, en ninguno fuimos tan maltratados como en nuestro propio país, y yo creo que eso es algo gravísimo. La falta de respeto a este Primer Poder del Estado, no es de ahorita, hemos sido pisoteados nosotros mismos, inclusive este Primer Poder del Estado, y tiene que hacerse un alto. Es bueno que se elabore esa iniciativa que ponga fin a las condiciones de las cuales hemos sido víctimas los Diputados.

Y no de ahorita, sino que en otros momentos hemos sido maltratados hasta por la Policía Nacional, y quiero que quede también establecido en esa iniciativa, el respeto de todas las autoridades hacia este Primer Poder del Estado.

Por otra parte, yo quisiera alimentar un poco el tema de estos créditos. Definitivamente nosotros como Primer Poder del Estado, y garantes de la aprobación de los créditos que adquiere el Gobierno o el Estado de Nicaragua, debemos tener la capacidad de conocer cada vez que aprobamos estos decretos de endeudamiento, el grado de endeudamiento que vamos adquiriendo como país, para estar plenamente conscientes de cuál es la responsabilidad que vamos adquiriendo cada vez que se aprueben estos decretos.

Por otro lado, es importante darle seguimiento a la ejecución de estos préstamos, y no sólo a la ejecución de los préstamos, sino que al impacto que éstos tienen en los sectores a que van dirigidos. Es importante que la Comisión Económica enfoque siempre dentro de sus dictámenes estos tres aspectos, que son sustanciales para la valoración de nosotros los Diputados, al aprobar conscientemente un Decreto de garantía o de crédito, que vaya alterando el Presupuesto y el grado de endeudamiento del país.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Enrique Quiñones.

DIPUTADO ENRIQUE QUIÑONES:

Muchísimas gracias, Presidente.

Ya lo había dicho la Vice Jefa de la Bancada de la Alianza Liberal, María Eugenia Sequeira, pero queríamos hacer oficial esta protesta ante el Poder Ejecutivo, pues creo que no es la primera vez que se ha abusado de la investidura de los Diputados, y la ciudadanía se pregunta: ¿si esto lo hacen con los Diputados, qué no podrán hacer con los que no lo son? Aquí se ha abusado de los Diputados; aquí mismo en la Asamblea Nacional vimos cómo la Policía puso franco-tiradores en este recinto, en el Plenario. Y nosotros mismos, por los roces políticos que hemos tenido lo hemos venido permitiendo, y muchas veces con discursos populistas acerca de la investidura de los Diputados, de su inmunidad.

Eso ha llevado a que cualquier persona que trabaja como funcionario público del Poder Ejecutivo, quiera manosear la investidura de los representantes del Primer Poder del Estado. Es triste ver cómo en esa delegación, que venían representantes de la Bancada del Frente Sandinista, la Vice-Jefa de nuestra Bancada, el Vice-Jefe de la Bancada del Frente Sandinista, el Primer Secretario de la Asamblea Nacional, fueron atropellados de esa manera, con prepotencia por parte de funcionarios del gobierno del señor Enrique Bolaños.

No es la primera vez, ya ha habido atropellos contra miembros de este Poder Legislativo por parte de Aduana, por parte de los de la DIP. Y yo me pregunto, si hay desconfianza con las credenciales que presentan los Diputados, con el pasaporte diplomático que presentan los Diputados, dizque porque era un operativo anti-terrorista, me pregunto entonces, ¿quién protege a la ciudadanía? Si a los mismos Diputados los manosean, ¿qué no podrán hacer con aquellos que no tienen esa investidura?

Yo me pregunto, ¿quién de los que está trabajando para el Ejecutivo, que no sabemos ni quién es, le podría decir a un Diputado que desconfía de la honorabilidad del Diputado? Y si en este país nos dejamos manosear los Diputados, no las personas, porque aquí habemos personas con diferentes tipos de caracteres, hay quienes dicen: Hay que dejarlos, a mí no me molesta quitarme el saco, quitarme la faja, quitarme los zapatos, que me revisen, yo no tengo ningún problema, ni que me revisen la maleta.

O sea, ése es problema de él, pero no se puede seguir permitiendo se siga atropellando la investidura de los Diputados, no sólo por Aduana, no sólo por miembros de la DIP, del Ejército, no sólo por la misma Policía Nacional, que ha atropellado, que ha manoseado y dizque dicen de que la misma inmunidad cubre nada más a la persona, que ni a su vehículo, ni a su domicilio lo cubre la inmunidad. Varios Diputados han presentado sus credenciales y los policías dicen: No, no vale, no vale esto. Yo creo que es hora de que cerremos filas. Así como estamos haciendo una protesta ante el Presidente de la República, y así como piden los funcionarios del Gobierno del señor Bolaños que se les respete, ellos tienen que respetar a este Primer Poder del Estado.

Y yo insto a todos los Diputados, independientemente de la Bancada, que nos demos a respetar. Porque yo estoy seguro de que a un Ministro del Gobierno de Bolaños, no se atreve Aduana a revisarlo; al Ministro de Hacienda no se atreve a revisarlo, al mismo Director de Aduanas no se atreve a revisarlo; y en Aduana ni siquiera el Director tiene inmunidad. Entonces, yo quisiera que cerráramos filas, y me sumo a la petición que dice el Diputado Nathán Sevilla de revisar y que hay que hacer reforma a un anteproyecto de ley, para darse a respetar el Primer Poder del Estado, lo tenemos que hacer.

Muchísimas gracias, Junta Directiva.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Rita Fletes.

DIPUTADA RITA FLETES:

Gracias, señor Presidente.

Nuestra solidaridad con todos los compañeros que fueron vejados en el aeropuerto. Mi intervención, señor Presidente y amable Junta Directiva, es para denunciar el problema que hay con los productores de carne procesada del país. Desde hace días está saliendo en los medios de comunicación, el hecho de que Honduras no permite la introducción de carne procesada a ese país, incumpliendo tratados que hay firmados con este Gobierno. Nosotros en un acto de buena voluntad y sumándonos a la integración centroamericana, trabajamos intensamente para derogar el 15 por ciento de impuesto sobre la soberanía nacional; pero sabemos que el Gobierno de Honduras, y específicamente el Ministro de Economía de Honduras, no está haciendo lo mismo con los productos nicaragüenses.

Y es así, hermanos Diputados y Diputadas, y honorable Junta Directiva, que en la Aduana nicaragüense fronteriza con Honduras, hay furgones que tienen días de estar allí y éstos han cumplido con su revisión fito-sanitaria que corresponde por ley, y no les han dado la autorización para el ingreso. De manera que yo le pido a la Junta Directiva que se haga una investigación por parte de la Comisión de Asuntos Económicos, la Comisión de Producción, Distribución y Consumo y la Comisión de Integración Centroamericana, para que se resuelvan de una vez por todas estos problemas que hay de asimetrías en la Región Centroamericana.

Es por esto que nosotros decimos que el ALCA tiene que revisarse con lupa, para que nuestros productos en Centroamérica tengan el tráfico correspondiente, según su fito-sanitario y sus reglas de origen. Yo pido a la Junta Directiva que se forme esta Comisión, para que se investiguen estos casos con el Ministro de Economía de Nicaragua.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Sometemos a votación en lo general el presente Decreto.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguno abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

La Asamblea Nacional,

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

El siguiente

DECRETO

PROYECTO DE DECRETO DE APROBACION AL CONTRATO DE GARANTIA, SUSCRITO DEL 22 DE MAYO DE 2003, POR LA REPUBLICA DE NICARAGUA, REPRESENTADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) EN RESPALDO DEL PRESTAMO 1122/SF-NI.

Arto.1

Apruébese el “Contrato de Garantía” suscrito el 22 de Mayo de 2003, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República de Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) derivado del Contrato de Préstamo 1122/SF-NI, por un monto de US$30,000,000.00 (treinta millones de dólares) suscrito en la misma fecha entre la Financiera Nicaragüense de Inversiones, S.A. (FNI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el “Programa Global de Crédito Multisectorial”.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

72 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO EDUARDO GOMEZ LOPEZ:

Arto.2

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2, y aprobado el Decreto.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

DICTAMEN

Ingeniero

JAIME CUADRA SOMARRIBA

Presidente de la Asamblea Nacional

Su Despacho

Estimado Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, recibimos el mandato de dictaminar la solicitud de

PROYECTO DE “DECRETO DE APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1608 ENTRE EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONÓMICA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA.

La Comisión, en relación con este Decreto de Aprobación, ha valorado los siguientes factores:

FIRMA DEL CONVENIO:

Que con fecha del 20 de Junio del 2003, se suscribió el Contrato de Préstamo No. 1608 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de Nicaragua, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

OBJETIVOS

Que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de Nicaragua suscribieron el Contrato de Préstamo No. 1608 por un valor de US$3,756,260.50 (tres millones, setecientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta dólares, con cincuenta centavos de dólar) provenientes del Fondo Especial para la Transformación Social de Centroamérica, para financiar el Proyecto de Estabilización del Camino Santa Clara Susucayán El Jícaro.

CONDICIONES GENERALES
Monto del Crédito

El monto total del crédito asciende a la suma de US$3,756,260.50 (tres millones setecientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta dólares, con cincuenta centavos de dólar).

Este crédito fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Gobierno de Nicaragua a un plazo de hasta veinticinco años (25) años, incluyendo cinco (5) años de gracia, contados a partir de la fecha del primer desembolso.

Este préstamo será amortizado mediante el pago de 40 cuarenta cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del mismo, en las fechas y por los montos que el BCIE determine, debiendo pagar la primera cuota, una vez transcurridos sesenta y seis (66) meses contados a partir de la fecha del primer desembolso.

El prestatario reconoce y pagará la tasa de interés, la suma que será concesional y que permita un porcentaje de alivio de acuerdo a los términos establecidos por organismos multilaterales. La tasa de interés será de tres punto sesenta y dos ochenta y uno por ciento (3,628%) anual fija durante la vigencia del préstamo. Dichos intereses se calcularán sobre los saldos deudores, tomando en cuenta los días naturales efectivamente transcurridos y sobre una base de trescientos sesenta y cinco (365) días.

El Prestatario pagará una comisión de supervisión ¼ del 1% sobre el monto del préstamo. Esta Comisión deberá pagarse de una sola vez a más tardar al momento del primer desembolso.

ORGANISMO EJECUTOR

Se establece como Organismo Ejecutor al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), a través de la Dirección General de Viabilidad.

DICTAMEN DE LA COMISION

La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado los objetivos y condiciones generales del Convenio de Crédito, y

CONSIDERANDO: Que este Préstamo es altamente concesional por el plazo de veinticinco (25) años, incluyendo cinco (5) años de gracia y que está destinado para financiar el Proyecto de Estabilización del Camino Santa Clara-Susucayán-El Jícaro,

de la República de Nicaragua.

Dictaminamos Favorablemente

del

PROYECTO DE “DECRETO DE APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1608) ENTRE EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONÓMICA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA,

por lo que solicitamos al Honorable Plenario su aprobación respectiva.

COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS

ALFREDO GOMEZ URCUYO

RENE NUÑEZ TELLEZ

BAYARDO ARCE CASTAÑO

JORGE MATOMOROS SABORIO

WILFREDO NAVARRO MOREIRA

GUSTAVO PORRAS CORTEZ

WALMARO GUTIERREZ MERCADO

JAIME MORALES CARAZO

GUILLERMO OSORNO MOLINA

ENRIQUE QUIÑONEZ TUCKLER

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión en lo general.

Tiene la palabra el honorable Diputado Wálmaro Gutiérrez.

DIPUTADO WALMARO GUTIERREZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Estamos frente a un nuevo Convenio de Crédito, el 1608, en el cual, a través de este Contrato entre el BCIE y Nicaragua, se garantizan 3 millones 756 mil 260 dólares con 50 centavos de dólar, para financiar el Proyecto de estabilización -entiéndase adoquinado- del camino Santa Clara-Susucayán-El Jícaro”. La Comisión Económica, al hacer un análisis de todos los documentos que soportan este crédito, consideró necesaria y oportuna la aprobación de un convenio de esta naturaleza, dada el área productiva a la que afecta positivamente, y por la cantidad de nicaragüenses que saldrían beneficiados con proyectos de esta envergadura.

Asimismo es importante recalcar, que de esta manera esta Asamblea Nacional está dándole respuesta inmediata a la solicitud que el Ministro de Transporte e Infraestructura, el señor Pedro Solórzano Castillo, hizo a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, por vía de una misiva fechada el 17 de Septiembre del año 2003, donde entre otras cosas planteaba la necesidad de la aprobación de este Convenio para la iniciación de obras de este camino, por la vía de iniciar las licitaciones.

Es por eso que de esta manera la Asamblea Nacional está dando una respuesta eficaz y efectiva a las necesidades del pueblo de Nicaragua, fundamentalmente a las comunidades más empobrecidas de este país, y dándole algún nivel de respuesta al tema de los caminos productivos que tanto déficit tienen en nuestra red vial nicaragüense. Por tanto quedan claros los planteamientos hechos ya por la Comisión a través del Dictamen, por la vía de que son préstamos altamente concesionales; por el punto de que es absolutamente importantísimo para mejorar la red vial productiva de este país.

Y entre otras cosas no menos importante, para favorecer a estas comunidades de Santa Clara, Susucayán y El Jícaro, solicito en nombre propio y en nombre de todos los miembros de la Comisión Económica de esta Asamblea Nacional, dar un voto unánime favorable a este proyecto de Decreto.

Muchas gracias, y buenos días.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Gracias, señor Presidente.

Como representante del Departamento de Nueva Segovia, les pido a todos mis colegas la aprobación inmediata de este Decreto, para el adoquinamiento de un tramo de carretera que actualmente está en las peores condiciones de su historia, donde para poder llegar de Santa Clara a Susucayán, El Jícaro que es un tramo aproximadamente de 25, 30 a 35 kilómetros, uno se tarda más de hora y media para poder recorrer ese tramo de 30 kilómetros. Me llama la atención también, y quiero aprovechar para exigirle al Ministerio de Transporte, que en el Presupuesto que aprobamos -el Presupuesto 2003- hay 35 millones, que dicho sea de paso, el señor de bigote me quitó un millón.

Recuerdo esa ocasión, porque no se me ha olvidado. Hay 35 millones de córdobas para el adoquinado Ocotal-Macuelizo, donde ni siquiera se ha puesto pero ni una estaca, y ya estamos en el último trimestre; y le aseguro que el millón de córdobas del amigo que me lo quitó, que se lo pasó para Managua, estoy seguro que ya lo ejecutaron; sin embargo de esos 35 millones para Macuelizo-Ocotal, ni siquiera se ha asomado pero ni una pala. También, Wálmaro, usted que está en la Comisión Económica, a ver si es posible y chequea si lo que aprobamos en el Presupuesto 2003 para la Carretera Santa Clara-Susucayán-El Jícaro, que fueron aproximadamente entre 6 a 7 millones, es la contraparte de este complemento.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Octavio Álvarez.

DIPUTADO OCTAVIO ALVAREZ:

Gracias, señor Presidente.

Nosotros hemos estado escuchando a través del Ministro de Construcción y Transporte, con bombos y platillos, desde el mes de Enero de este año, que se iba a iniciar la construcción del adoquinado de esta carretera Santa Clara Susucuyán El Jícaro, y es hasta hoy que realmente se está discutiendo en la Asamblea la aprobación de este préstamo. No sabemos nosotros realmente el porqué con anticipación se hacen estos anuncios, creando grandes expectativas en la población, principalmente de ese territorio, donde hasta se mencionó que en el mes de Octubre estaba concluido ese trabajo.

Y cada día que pasa es más difícil traficar esos 32 kilómetros, que si no es con un vehículo de doble tracción, difícilmente se puede transitar esas vías donde está la economía de este Departamento de Nueva Segovia. Realmente, yo creo que ésta es una gran oportunidad que tenemos todos los colegas Diputados para ir desarrollando nuestra Nicaragua, nuestro Departamento y principalmente ese territorio que tanto necesita una vía de comunicación que sea fluida y que permita a los pequeños y medianos productores y comerciantes salir adelante, y de esta forma ir desarrollándonos como Departamento.

Así es que pido el respaldo a todos los colegas Diputados para que este préstamo sea apoyado, y que realmente a la mayor brevedad posible se ponga en marcha la construcción de esta obra que todo ese territorio la necesita.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Se somete a votación en lo general.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

75 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en lo general.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

El siguiente
DECRETO

DE APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 1608 ENTRE EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Arto.1

Apruébase el “Contrato de Préstamo N° 1608”, suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de Nicaragua, representada por Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), por valor de US$ 3,756,260.50 (tres millones setecientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta dólares con cincuenta centavos de dólar), moneda de los Estados Unidos de América, provenientes del Fondo Especial para la Transformación Social de Centroamérica (FETS), para financiar la ejecución del proyecto “Estabilización del camino Santa Clara-Susucayán-El Jícaro”, de la República de Nicaragua.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Arto.2

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2, y aprobado el Decreto.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Adendum N° 1, Punto V: Puntos Especiales.

Punto 5.1: INFORME SOBRE EL USO DEL BROMATO (BROMURO) DE POTASIO EN LA HARINA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DEL PAN.

Managua, 1 de Abril del 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Su Despacho.

Estimado Doctor López:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitirle el

INFORME SOBRE EL USO DEL BROMATO (BROMURO) DE POTASIO EN LA HARINA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DEL PAN,

el cual fue elaborado por la Comisión Especial Anti-Corrupción.

No omito manifestarle que la elaboración de este Informe se inició, de conformidad a queja interpuesta el 6 de Febrero del 2003, por el suscrito.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más altas muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,

Dr. Noel Pereira Majano
PRESIDENTE
COMISION ESPECIAL ANTI-CORRUPCION

INFORME
SOBRE EL CASO DEL USO DEL BROMATO (BROMURO) DE POTASIO EN LA HARINA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PAN

Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Especial Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional, habiendo conocido de la queja interpuesta por el Presidente de esta Comisión, debido a tener conocimiento por parte de varias fuentes, del uso indebido del BROMATO DE POTASIO en las panaderías del país, al respecto nos pronunciamos de la siguiente manera:

MATERIAL DOCUMENTAL ANALIZADO:

1. Comparecencia de la Licenciada LUCIA SALVO, Ministro de Salud, junto con el Doctor NORMAN JIRÓN, Director Regulación.

ANÁLISIS DEL CASO:

El Doctor NOEL PEREIRA MAJANO, inició el presente caso, preocupado por diferentes informaciones que expresaba su malestar en el sentido de que la mayoría de las panaderías del país estaban haciendo un uso desmedido de un elemento componente de la harina (BROMURO), para la elaboración de las diferentes clases de productos derivados de ésta, como es el caso de la elaboración del pan en sus distintas formas.

En virtud de ello, la Comisión acordó invitar a la Ministro de Salud, Licenciada LUCIA SALVO, para que, debidamente asesorada, aclarara las inquietudes al respecto, en vista de que tal situación, por la falta de control y seguimiento pone en peligro la salud de la ciudadanía en general, ya que se conoce que el uso de esta sustancia al ingerir los alimentos, en este caso el pan, puede llegar a degenerar en enfermedades cancerígenas. Esta situación por demás alarmante, es responsabilidad de nuestro Gobierno, específicamente del Ministerio de Salud, lo que fue explicado a la Señora Ministro, la que entre otras cosas explicó lo siguiente:

El Doctor NORMAN JIRÓN, Director de Regulación del Ministerio de Salud, Delegado por la Señora Ministro de Salud, como funcionario encargado del área que nos ocupa en relación a este caso, brinda a la Comisión los siguientes detalles:

Que existe preocupación de parte del Ministerio de Salud, por el uso del aditivo de la harina llamado BROMATO DE POTASIO, la cual es una sal química que funciona como un agente estabilizador del pan, impidiendo el escape del aire, provocando su crecimiento.

En base a lo anterior, se determina que este aditivo no es más que un elemento de uso meramente comercial, pues al agrandar el volumen de la harina en proceso, por ende culmina con un pan inflado, lo que redunda en un beneficio o un menor costo al procesar el producto.

También aporta el Doctor JIMÉNEZ, que existe una inquietud de parte de la FAO, desde hace unos veinte años (20), la necesidad de bajar hasta eliminar en su totalidad el uso de tal aditivo, el cual debería ser no mayor de 50 miligramos de BROMATO DE POTASIO por kilo de harina. Que luego de muchas gestiones, tanto la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, han aceptado eliminar dicha sustancia, la cual en su uso desmedido es capaz de producir cáncer en varios órganos del cuerpo.

En buena parte de Latinoamérica ya han eliminado este aditivo, no obstante en Centroamérica, como es el caso de Nicaragua, aún no se ha eliminado, pero se hacen esfuerzos para hacerlo gradualmente, en vista de que hay acuerdos centroamericanos que todavía mantienen compromisos sobre el uso de este aditivo; pero se ha acordado también, en base al Sistema de Integración Económica Centroamericano (SIECA), de llegar a unas cantidades que no representen peligro para la salud y que su eliminación sea el objetivo final, lo que permitiría reponer a las panaderías su maquinaria, con el objeto de que en las producciones venideras ya no se use de manera definitiva dicha sustancia.

Existe también por parte del Ministerio de Salud, el compromiso de llevar a nivel de toda la región centroamericana, la necesidad de que se elimine de forma definitiva, previa su reducción gradual, el uso de BROMATO DE POTASIO en la harina, lo que se llevará a efecto en la próxima reunión de Ministros de Salud del Área.

CONCLUSIÓN:

Esta Comisión, después de haber hecho el análisis del uso que indebidamente se ha venido haciendo del BROMURO DE POTASIO, al permitir que tanto la harina proveniente del exterior como la que procesan las harineras dentro del país, contengan cantidades no recomendables para la salud de la ciudadanía, ha llegado a la siguiente conclusión.

1. Que es de suma necesidad la eliminación total del uso del BROMURO DE POTASIO en el procesamiento de la harina, pues la salud de los nicaragüenses no debe ponerse en peligro por razones meramente comerciales de los harineros y que el Ministerio de Salud debe poner atención especial a esta situación.

2. En base a lo expresado por los funcionarios del Ministerio de Salud en su comparecencia en la Asamblea Nacional, esta Comisión tiene la seguridad de que el Ministerio de Salud, se encuentra tomando cartas en el asunto, y que a pesar de que aún se seguirá utilizando esta sustancia en las panaderías, el Ministerio de Salud controlará su uso regulándolo y supervisándolo.

ACUERDOS:

El Ministerio de Salud y la Comisión Especial Anticorrupción, en aras de contribuir al bienestar y la conservación de la salud de la ciudadanía nicaragüense, acuerdan lo siguiente:

1. Impulsar desde cada ámbito de sus labores, la eliminación total del aditivo BROMURO DE POTASIO, en la elaboración de la harina que se consume en el país.

2. Para tal efecto continuar con las acciones de no permitir que ingrese a Nicaragua, harina que no contenga nota aclaratoria de que dicho producto no es nocivo para la salud.

3. Continuar con el proceso de acordar que la eliminación del BROMURO DE POTASIO se lleve a un total efecto, comprometiéndose, tanto el Ministerio de Salud como esta Comisión a proponer ante el Ministerio de Finanzas, la calendarización para la eliminación de este producto, en vista de ser el Ministerio de Finanzas, el que oficialmente suscribe los Convenios y avala las importaciones. De tal forma, este acuerdo con el Ministerio de Finanzas trascendería de nuestras fronteras, obligando a los importadores al cumplimiento de esta calendarización hasta la total desaparición del BROMURO DE POTASIO.

4. La Señora Ministro de Salud, LUCIA SALVO; se compromete ante esta Comisión a llevar nuestra petición de la eliminación del BROMURO DE POTASIO a nivel de la región centroamericana, a la reunión de Ministros de Salud de Centroamérica, agregando un artículo especial para tal efecto, lo que tendrá lugar en la República de Panamá en el presente mes de Marzo.

Así los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Especial Anticorrupción de la Asamblea Nacional, nos pronunciamos alrededor del INFORME SOBRE CASO DEL USO DEL BROMURO DE POTASIO EN LA HARINA USADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PAN.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los

días del mes de

Marzo

del año dos mil tres.

COMISIÓN ESPECIAL ANTI-CORRUPCIÓN

DR. NOEL PEREIRA MAJANO

Presidente

DIP. JOSÉ CASTILLO OSEJO
Primer Vice-Presidente

DIP. ROBERTO RODRÍGUEZ O.

Segundo Vice-Presidente

DIP. FIDEL MORENO BRIONES
Primer Secretario

LIC. LUIS BENAVIDES ROMERO

Segundo Secretario

ING. EDWIN CASTRO RIVERA
Segundo Secretario

DR. GUSTAVO PORRAS

Miembro

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el Informe presentado por la Comisión Anticorrupción.

A votación el Informe presentado en el caso del uso del Bromato de Potasio.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

61 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Informe.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 5.6 CUMPLIMIENTO CON EL COMPROMISO DE INFORMAR EN CUATRO MESES, POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD A LA COMISION ANTI-CORRUPCION DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SOBRE LOS AVANCES EN LA REDUCCION DEL USO DEL BROMURO DE POTASIO (BROMATO), EN LA ELABORACION DEL PAN.

Managua, , 8 de julio del 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su despacho

Estimado doctor López:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitirle documentación acerca del seguimiento que la Comisión Especial Anti-corrupción de la Asamblea Nacional, le ha dado al informe inicial, acerca del Cumplimiento adquirido por el Ministerio de Salud con esta Comisión, sobre los avances realizados por dicho Ministerio en la reducción del uso del Bromuro de Potasio (Bromato) en la elaboración de pan.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más altas muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,

Dr. NOEL PEREIRA MAJANO
PRESIDENTE
COMISIÓN ANTI-CORRUPCIÓN

CUMPLIMIENTO CON EL COMPROMISO DE INFORMAR EN CUATRO MESES, POR PARTE DEL MINISTERIOO DE SALUD, A LA COMISIÓN ANTI-CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SOBRE LOS AVANCES EN LA REDUCCIÓN DEL USO DEL BROMURO DE POTASIO (BROMATO), EN LA ELABORACIÓN DEL PAN.

Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Especial Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional, dando seguimiento a las recomendaciones remitidas al Ministerio de Salud, en relación al caso señalado en título de este documento, informamos lo siguiente:

Esta Comisión, habiendo conocido de las alarmantes denuncias de diferentes sectores de la población, acerca del uso desmedido del químico usado como aditivo por nuestras panaderías en la elaboración de uno de los alimentos más esenciales como es el pan, se pronunció al respecto, con fecha 25 de Marzo del año en curso, se remitió a la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional, un informe en el cual se hicieron varias recomendaciones que fueron remitidas de igual forma al Ministerio de Salud, a cargo en ese entonces de la Licenciada Lucía Salvo.

Estas recomendaciones tuvieron su esencia en la inquietud de abogar para que el Ministerio de Salud hiciera toda la labor posible para que se reduzca el uso arbitrario del aditivo en mención, ya que la forma en que se ha venido usando conlleva para la población inminente peligro para la salud, por que sus componentes tienen elementos que pueden provocar males cancerígenos y de otras especies.

La Comisión acordó con el Ministerio de Salud, ahora a cargo del Doctor José Antonio Alvarado, darle seguimiento a estas recomendaciones y en un tiempo prudencial verificar los avances al respecto, por lo que para tal efecto, esta Comisión se reunió con una Delegación de Especialistas de la materia del Ministerio de Salud, compuesta por los Doctores:

1.- Dr. Norman Jirón, Director de Acreditación Regulación

2.- Dr. Alcides González, Centro Nacional de Diagnóstico

3.- Dr. Fabio Morales, Director Centro Nacional Radioterapia

Luego del conversatorio sostenido con el Dr. Norman Jirón, Director de Acreditación y Regulación y del análisis realizado en la documentación aportada por éste, la Comisión Especial Anti-Corrupción tiene a bien informar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y a la ciudadanía en general, que se han obtenido buenos resultados en la gestión que el Ministerio de Salud se ha dado a la tarea de hacer, con el fin de que las panaderías del país reduzcan el uso del aditivo conocido como Bromuro de Potasio o (Bromato de Potasio), pues en un muestreo al azar, realizado por los Laboratorios del Ministerio, han encontrado que el porcentaje de Bromuro de Potasio es actualmente de 30mg, siendo la misma concentración que tiene actualmente también el vecino país de Costa Rica.

El porcentaje de concentración del Bromuro de Potasio, era anteriormente de 50mg por kilo de harina, lo que en realidad era de real perjuicio para la salud, siendo lo recomendable bajar del 35%, pero lo ideal reducirlo hasta hacerlo desaparecer, es decir, al 0%.

El Ministerio de Salud, habiendo asumido compromisos con el gremio de panificación, población en general y con esta Comisión, inició un proceso

en la dirección de la reducción de este químico, y en tal sentido también involucró a los sectores involucrados, tales como: Industria Harineras, Gremio de Panificación INPYME, Ministerio de Fomento Industria y Comercio y la OPS, a travès de la Oficina de Nutrición

Como resultado de todas estas gestiones, el Ministerio de Salud se propuso y logró llevar a la realidad, bajar del 50% al 30% el uso del Bromuro de Potasio, en el primer semestre de este año; hasta el 20% para fines del presente año y hasta un 0% de ser posible, para el año 2004.

Esta Comisión, observando que las gestiones realizadas por el Ministerio de Salud, han sido altamente positivas, se pronuncia expresando la satisfacción del haber colaborado para que nuestra población haya logrado que este alimento, al ingerirlo, ahora se encuentre sin peligro de tal contaminante y con la promesa de que este será eliminado totalmente en un futuro cercano.

Para finalizar, esta Comisión recomienda dar un nuevo seguimiento de verificación de todo el proceso detallado anteriormente, teniendo como punto de vital importancia la reducción total del químico Bromuro de Potasio en la harina, para el año venidero.

Dado en la sala de reuniones de la Asamblea Nacional, a los ocho días del mes de Julio del dos mil tres.

COMISION ESPECIAL ANTI-CORRUPCION

DR. NOEL PEREIRA MAJANO

PRESIDENTE

DIP. JOSÉ CASTILLO OSEJO
PRIMER VICE-PRESIDENTE

DIP. ROBERTO RODRÍGUEZ O.

SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

DIP. FIDEL MORENO BRIONES
PRIMER SECRETARIO

DIP. LUIS BENAVIDES ROMERO

SEGUNDO SECRETARIO

DIP. EDWIN CASTRO RIVERA
MIEMBRO

DR. GUSTAVO PORRAS

MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el Informe presentado.

A votación el Informe presentado.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Informe presentado por la Comisión Especial Anticorrupción.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Continuamos en el mismo Adendum N° 1.

Punto 5.2: INFORME SOBRE EL CASO DE LOS RADIOACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN LOS PREDIOS DEL ANTIGUO HOSPITAL EL RETIRO.

Managua, 1 de Abril del 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Su Despacho

Estimado Doctor López

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitirle el

INFORME SOBRE EL CASO DE LOS

RADIOACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN LOS PREDIOS DEL ANTIGUO HOSPITAL EL RETIRO,

el cual fue elaborado por la Comisión Especial Anti-Corrupción.

No omito manifestarle, que la elaboración de este Informe se inició, de conformidad a queja interpuesta el 6 de febrero del 2003, por el suscrito.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más altas muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,

Dr. Noel Pereira Majano.
PRESIDENTE
COMISION ESPECIAL ANTICORRUPCION

INFORME
SOBRE EL CASO DE LOS RADIOACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN LOS PREDIOS DEL ANTIGUO HOSPITAL EL RETIRO

Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Especial Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional, habiendo conocido del Caso de los RADIOACTIVOS que se encuentran en resguardo en los predios del antiguo Hospital El Retiro, al respecto nos pronunciamos de la siguiente forma:

MATERIALES DOCUMENTAL ANALIZADO:

1. Comparecencia de la Licenciada LUCIA SALVO, Ministro de Salud, junto con el Doctor ROBERTO JIMENEZ, Director Nacional de Hospitales.

2. Documento de resumen de mediciones (dosimetría) efectuada en las instalaciones del antiguo Hospital El Retiro.

ANALISIS DEL CASO:

Al tener conocimiento la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, de la alarma de la población por noticias difundidas de que en los predios donde funcionaba el antiguo Hospital El Retiro, había peligro de Radioactividad, circunstancias y temores que se acentuaron cuando en publicaciones, los vecinos de donde fue el Hospital El Retiro hablaban de una contaminación Radioactiva. Al efecto esta Comisión levantó auto cabeza para darle seguimiento a esta investigación, para lo cual se invitó a concurrir a la Honorable Ministro de Salud Licenciada Lucía Salvo, habiendo sido recibida por la Comisión Anticorrupción presidida por su presidente Doctor Noel Pereira Majano.

Se impuso de nuestro cometido la Licenciada Salvo, quien estuvo asistida por sus Asesores Doctor Roberto Jiménez y otros funcionarios con experiencia en la cuestión que nos ocupa. Se procedió en la forma siguiente:

La Licenciada Salvo, Ministro de Salud, comisionó al Doctor Jiménez para que nos impusiera de la situación de la RADIACION, con relación a los predios donde estuvo el Hospital El Retiro en esta Ciudad de Managua, habiendo expresado éste que es mínima la cantidad de material Radioactivo que se utiliza en Nicaragua en comparación con los países industrializados y que hay preocupación por encontrar un lugar donde ubicar el material Radioactivo con el mínimo de peligro para la población, y que no han contemplado ubicación marítima para almacenarlo y lo que tienen son visualización de potenciales áreas, lo que tiene que ser un sitio seleccionado y debidamente ubicado para evitar daños poblacionales.

Al ser preguntado el Doctor Jiménez, por el Presidente de la Comisión, manifestó, que la fuente de Radiación tienen una duración de 1.600 años, manifestando que ese material sólo tiene una utilidad médica de treinta (30) años, pasado ese término dejan de ser útil para la medicina; que el material Radioactivo de COBALTO y RADIO 2.6 son los que han estado en los predios del antiguo Hospital El Retiro, éstos están debidamente almacenados, bien resguardados en recipientes de máxima seguridad.

Se abordó el tema de que si había peligro de fuga o no, expresando el referido funcionario del Ministerio de Salud, que sería una cosa muy remota y que dentro de las probabilidades es difícil que ocurra, ya que el lugar en donde se guarda actualmente la sustancia Radioactiva es un subterráneo construido para ese menester y que por motivo de seguridad tienen construido un Bunker, cuyas paredes tienen un grosor de 10x10cm, que para poder violentar este Bunker, tendrían que romper el blindaje, lo cual es completamente improbable, al igual que las personas que pudieran tener alguna intención en ese sentido no tendrían ninguna motivación, ya que ese material no sirve para nada en el aspecto médico. Existe como medida preventiva, estricta vigilancia para evitar el acceso de particulares al lugar del almacenamiento; que como obligación del Ministerio de Salud la Radioactividad del material es vigilada y sometida a mediciones dos veces por semana, por físicos médicos e inspectores de la Comisión Nacional de energía atómica con personas debidamente especializadas, esta Comisión lleva un récord de mediciones (dosimetría), lo que sirve gráficamente para respaldar la afirmación del Doctor ROBERTO JIMENEZ, que actualmente estudia un consenso de los funcionarios competentes la forma de encontrar, elegir y seleccionar un lugar adecuado para el traslado de este material RADIOACTIVO a un lugar de máxima seguridad.

RESOLUCION DE LA COMISION ANTICORRUPCION:

Esta Comisión considera, que el caso presente es objeto de gran preocupación y de interés nacional para la salud y seguridad ciudadana, toda vez que en cualquier lugar en que se encuentran almacenados, tomando en cuenta el número de años que pasan varias generaciones en que el material RADIOACTIVO constituirá un potencial peligro, es de urgente necesidad actuar para presente y para futuro, ya que si no se toman las medidas de una buena elección del lugar de almacenamiento y traslado, si no se toman las óptimas medidas para que los recipientes donde se almacenan estos materiales estén a prueba contra las acciones del hombre, contra los embates de la naturaleza, contra la acción del tiempo, contra cualquier situación catastrófica ambiental, debe haber también debida señalización en forma que sea conocido por todos los lugares de almacenamiento, los peligros potenciales, aislándolos del diario trajinar de la población; debiendo llevarse registros que sean consultados, conocidos y estudiados por las generaciones presentes y futuras que por falta de conocimiento podría correr riesgos, tomando en cuenta que mil seiscientos años de duración, que tiene la fuente de Radiación, según expresó el Doctor JIMENEZ, constituyen una gran responsabilidad nuestra de que por razones de humanidad tenemos que proyectar a través del tiempo.

Según lo expresado por los comparecientes del Ministerio de Salud, no se ha contemplado la Costa Atlántica para almacenar este producto, ya que esto no sólo es problema de almacenamiento sino también de vigilancia constante donde los médicos y especialistas tengan acceso.

Lo normal sería que al hacer las contrataciones de material Radioactivo por compra a otros países, se estableciera una cláusula en donde este proveedor se comprometiera a recibir los desechos de Radioactivos; según nos informan los invitados, no existe historia de la compra y adquisición de estos materiales actualmente, debido a que los registros por motivo de los cataclismo que han asustado a Nicaragua han desaparecido.

La Comisión Anticorrupción recomienda al Ministerio de Salud:

1. Esta Comisión considera que a pesar de la seguridad que se tiene para el resguardo de los RADIOACTIVOS del Hospital El Retiro, dicho lugar no es el más recomendable para que continúen siendo ahí resguardados; por lo que recomienda al Ministerio de Salud y demás órganos del Estado que tengan relación con dicho caso, que se valore y defina a la mayor brevedad posible un lugar que brinde las condiciones suficientes para que nuestra población no corra peligro, aun en el caso de fuga de estos RADIOACTIVOS:

2. De la misma forma esta Comisión recomienda que los futuros RADIOACTIVOS, que deba utilizar el Ministerio de Salud, al obtenerlos se haga con la condición de que el proveedor se encargue de su resguardo una vez que éstos cimplan con su función de utilidad y que los RADIOACTIVOS en uso actualmente, una vez vencidos se resguarden en donde se resguardarán los que actualmente se encuentran en el antiguo Hospital El Retiro; esto quiere decir, que se debe dejar espacio para resguardar el RADIOACTIVO restante.

Así los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Especial Anticorrupción de la Asamblea Nacional, nos pronunciamos alrededor del CASO DEL USO DE LOS RADIOACTIVOS.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 25 días del mes de Marzo del dos mil tres.

COMISION ESPECIAL ANTI-CORRUPCION

DR. NOEL PEREIRA MAJANO

PRESIDENTE

DIP. JOSÉ CASTILLO OSEJO
PRIMER VICE-PRESIDENTE

DIP. ROBERTO RODRÍGUEZ O.

SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

DIP. FIDEL MORENO BRIONES
PRIMER SECRETARIO

DIP. LUIS BENAVIDES ROMERO

SEGUNDO SECRETARIO

DIP. EDWIN CASTRO RIVERA
MIEMBRO

DR. GUSTAVO PORRAS

MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el presente Informe.

A votación el Informe.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el informe sobre el caso del uso de los radioactivos.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

En el mismo Adendum. Punto 5.7:

CUMPLIMIENTO CON EL COMPROMISO DE INFORMAR EN CUATRO MESES, POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, A LA COMISION ANTI-CORRUPCION DE LA ASAMBLEA NACIONAL SOBRE LOS AVANCES ACERCA DE LA UBICACIÓN DE LOS RECIDUOS RADIOACTIVOS UBICADOS EN LOS PREDIOS DEL ANTIGUO HOSPITAL EL RETIRO.

Managua, 08 de Julio del 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho

Estimado Doctor López:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitirle documentación acerca del seguimiento que la Comisión Especial Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional, le ha dado al informe inicial, acerca del cumplimiento del Compromiso adquirido por el Ministerio de Salud con esta Comisión, sobre los avances realizados por dicho Ministerio acerca de la ubicación de los residuos radiactivos en los predios del antiguo Hospital El Retiro.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más altas muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,

Dr. Noel Pereira Majano
PRESIDENTE
COMISION ANTI-CORRUPCION

CUMPLIMIENTO CON EL COMPROMISO DE INFORMAR EN CUATRO MESES, POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, A LA COMISION ANTI-CORRUPCION DE LA ASAMBLEA NACIONAL SOBRE LOS AVANCES ACERCA DE LA UBICACIÓN DE LOS RESIDUOS RADIOACTIVOS UBICADOS EN LOS PREDIOS DEL ANTIGUO HOSPITAL EL RETIRO.

Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Especial Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional, dando seguimiento a las recomendaciones remitidas al Ministerio de Salud, en relación al caso señalado en el título de este documento, informamos lo siguiente:

Con fecha 25 de Marzo del año en curso, remitió a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional un informe sobre la problemática de la ubicación de los residuos de radioactivos que utilizaron los Centros de Terapia y otros, del antiguo Hospital el Retiro, con anterioridad al terremoto de 1972.

En dicho informe, esta Comisión puso de manifiesto la gran preocupación existente en torno a la ubicación de dichos radioactivos por el peligro latente que corre la población aledaña al lugar de su ubicación.

La Comisión recomendó se valorara un posible lugar para la ubicación de los radioactivos, con las condiciones suficientes para su vigilancia y supervisión y de la misma forma mantener fuera de peligro a la población.

El Dr. Fabio Morales, Doctor en Física Nuclear y encargado como Funcionario del Ministerio de Salud, de la supervisión y control del lugar en donde se encuentran resguardados los radioactivos, manifestó a esta Comisión, en su comparecencia al respecto, que si bien era cierto, la estética de dicho lugar no era lo idóneo que se debiera de tener, el peligro de una fuga del los radioactivos, de la estructura en la que se encuentran resguardados, era, si no imposible, muy remoto que sucediera.

Agregó que lo ideal sería de que estos desechos pudieran ubicarse en un lugar lejano pero no tanto, para no dificultar su debida supervisión y control, es decir, un lugar que no estuviera cerca de la población pero no muy distante de la vista y supervisión del área del Ministerio de Salud, encargada de mantener bajo vigilancia estricta y bajo revisión frecuente el lugar de resguardo de estos radioactivos.

A instancias de los señores Diputados, del posible peligro de la población aledaña y de la construcción de un Centro Comercial que se encuentra en construcción en dichos predios, el Doctor Morales contestó que no había ningún peligro de contaminación o de fuga de radiación, pues los radioactivos no estaban enterrados, sino protegidos primero en una cápsula, luego en otro revestimiento de concreto, todo dentro de un cuarto de estructura de concreto y hierro, con suficiente espesor como para no poner en peligro la vida del la población cercana al lugar.

También agregó el Doctor Morales, que estos radioactivos no tienen ninguna utilidad, por lo que no pueden llamar la atención a este respecto y que solamente algún despistado pudiera creer que podría sacar alguna utilidad robándoselos, pero que esto es demasiado improbable.

Expuso también el Doctor Morales que como Director del Centro de Radioterapia, ubicado en el Hospital Berta Calderón, existe mayor peligro en el manejo del los radioactivos que son utilizados como medios curativos para las persona afectadas con cáncer, que el peligro que hay en los residuos del antiguo Hospital El Retiro.

Para sustentar aún más su dicho, el Doctor Morales manifestó que ningún terremoto haría que se caigan las paredes, y aunque hubiera un incendio no habría ningún peligro, pues estas sustancias no explotan. Que para hacer estas estructuras ayudaron en su diseño expertos de organismos internacionales de energía atómica que ayudaron a súper blindarlas.

Según el Doctor Morales, la compañía o sociedad que se encuentra construyendo el Centro Comercial Price Smart prometió ayudar en la construcción del Bunker en algún lugar del país, para lo que aportarían la suma de US$ 150.000.00 dólares, pero esta promesa hasta el momento no ha quedado más que en eso.

Esta Comisión, luego de analizar la exposición efectuada al respecto del presente caso, recomienda continuar con la supervisión y seguimiento de la ubicación segura de los residuos radioactivos ubicados en el antiguo Hospital El Retiro, por lo que mantiene su posición de continuar en comunicación continua con el Ministerio de Salud, hasta lograr que estos residuos se ubiquen en un lugar que preste las características convenientes geográficamente para la accesibilidad del los funcionarios del Ministerio de Salud encargados de su supervisión y para la seguridad de la población adyacente del punto de ubicación.

Dado en la sala de reuniones de la Asamblea Nacional, a los ocho días del mes de Julio del dos mil tres.

COMISION ESPECIAL ANTI-CORRUPCION

DR. NOEL PEREIRA MAJANO

PRESIDENTE

DIP. JOSÉ CASTILLO OSEJO
PRIMER VICVE PRESIDENTE

DIP. ROBERTO RODRÍGUEZ O.

SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

DIP. FIDEL MORENO BRIONES
PRIMER SECRETARIO

DIP. LUIS BENAVIDES ROMERO

SEGUNDO SECRETARIO

DIP. EDWIN CASTRO RIVERA
MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el Informe.

A votación el Informe.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

72 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Informe.

Se suspende la Sesión, para continuarla a las nueve de la mañana.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Buenos días, honorables Diputadas y Diputados.

Para dar comienzo a esta Sesión, vamos a solicitarle al Secretario la verificación del quórum.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

(24 de Septiembre 2003)

FREMIO ISABEL ALTAMIRANO MONTENEGRO

OCTAVIO RAMON ALVAREZ MORENO

BENITA DEL CARMEN ARBIZU MEDINA

BAYARDO ARCE CASTAÑO

NELSON ARTOLA ESCOBAR

GLADIS DE LOS ANGELES BAEZ

JAMILET DEL SOCORRO BONILLA

NOE FRANCISCO CAMPOS CARCACHE

JOSE DE LOS ANGELES CASTILLO OSEJO

JOSE DAVID CASTILLO SANCHEZ

EDWIN RAMON CASTRO RIVERA

PROFIRIO RAMON CASTRO ARAUZ

LEONIDAS NICOLAS CENTENO RIVERA

JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA

IRMA DE JESUS DAVILA LAZO

VICTOR MANUEL DUARTE AROSTEGUI

MARIA JACARANDA FERNANDEZ MEJIA

JOSE SANTOS FIGUEROA AGUILAR

RITA DEL SOCORRO FLETES ZAMORA

CARLOS JOSE GADEA AVILES

RUFINO GARCIA MARIN

ERNESTO MARCELINO GARCIA QUIROZ

JAIME RENE GARCIA MANGAS

EDUARDO JERONIMO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO JOSE GONZALEZ GAITAN

JORGE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ

RAMON ENRIQUE GONZALEZ MIRANDA

VICTOR MANUEL GUERRERO IBARRA

WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO

ANA ESPERANZA LAZO ALVAREZ

MIGUEL REYNALDO LOPEZ BALDIZON

REYNALDO ALEXANDER MAIRENA VALLEJOS

JOSE ANTONIO MARTINEZ NARVAEZ

JORGE MATAMOROS SABORIO

MARIA LYDIA MEJIA MENESES

EDUARDO LUIS MENA CUADRA

GERARDO JOSE MIRANDA OBREGON

OSCAR MONCADA REYES

IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON

GUILLERMO MONTENEGRO

JAIME RENE MORALES CARAZO

FIDEL ANTONIO MORENO BRIONES

CARLOS ANTONIO NOGUERA PASTORA

SANTOS RENE NUÑEZ TELLEZ

ALFONSO RAUL ORTEGA URBINA

JOSE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

GUILLERMO ANTONIO OSORNO MOLINA

ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVIDEZ

LEONEL PANTIN WILSON

NOEL ORLANDO PEREIRA MAJANO

NOEL ERNESTO RAMIREZ SANCHEZ

PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON

GABRIEL RIVERA ZELEDON

MAXIMINO RODRIGUEZ MARTINEZ

MIRNA DEL ROSARIO ROSALES AGUILAR

RIGOBERTO HILARIO SAMPSON GRANERA

MARCO AURELIO SANCHEZ GAMEZ

NATHAN JORGE SEVILLA GOMEZ

NASSER SEBASTIAN SILWANY BAEZ

JOSE DAMICIS SIRIAS VARGAS

FREDDY SOLORZANO ALTAMIRANO

ORLANDO JOSE TARDENCILLA

JORGE MIGUEL TORREZ MALESPIN

EMILIA DEL CARMEN TORREZ AGUILAR

DAYSI RAFAELA TREJOS OROZCO

ALBERTINA URBINA ZELAYA

HENRY ENRIQUE URCUYO MALEAÑO

FELICITA LUCILA ZELEDON RODRIGUEZ

Señor Presidente: Tenemos 68 honorables Diputados y Diputadas presentes; hay quórum de ley.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Queda abierta la Sesión.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Remitimos a los honorables Diputados al Adendum No. 1.

Punto 5.3: INFORME SOBRE LA DENUNCIA INTERPUESTA AL SEÑOR HERTY LEWITES, ALCALDE DE MANAGUA, SOBRE CONTRATACIONES DIRECTAS REALIZADAS EN EL AÑO 2001 QUE SEGÚN CONCEJALES DENUNCIANTES DEBIERON REALIZARSE MEDIANTE LICITACION.

Managua, 9 de Abril del 2003

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Su despacho.

Estimado Doctor López:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitirle el

INFORME SOBRE LA DENUNCIA INTERPUESTA AL SEÑOR HERTY LEWITES, ALCALDE DE MANAGUA, SOBRE CONTRATACIONES DIRECTAS REALIZADAS EN EL AÑO 2001 Y QUE SEGÚN CONCEJALES DENUNCIANTES, DEBIERON REALIZARSE MEDIANTE LICITACION,

en cual fue elaborado por la Comisión Especial Anti-Corrupción.

No omito manifestarle, que la elaboración de este Informe se inició de conformidad a denuncia interpuesta el 1/07/2001 por Concejales de la Alcaldía de Managua.

Sin más a qué hacer referencia, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más altas muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,

Dr. NOEL PEREIRA MAJANO
PRESIDENTE
COMISI0N ANTI-CORRUPCION

MATERIAL DOCUMENTAL ANALIZADO:

1°. Denuncia interpuesta por Concejales de la Alcaldía de Managua el 5 de Junio del año 2001.

2°. Comparecencia del Señor Herty Lewites, Alcalde de Managua el día 25 de Marzo del 2003.

3°. CERTIFICACION: RIA-382-02, emitida por la Contraloría General de la República el 21 de Enero del 2003.

ANALISIS DEL CASO:

Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Especial Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional, habiendo conocido del caso sobre una denuncia presentada ante esta Comisión, con fecha 5 de Junio del año 2001, dirigida al entonces presidente de la misma, Dr. Luis Urbina Noguera, en contra del Señor Herty Lewites, Alcalde de Managua, en relación a contrataciones directas que según los firmantes debieron realizarse por medio de Licitación, entre estas se encuentran:

El Proyecto de Ampliación del Cauce Oriental, Recarpeteo Carretera a Masaya, Reparación de Contenedores, Construcciones de Cunetas y otras Contrataciones.

Esta Comisión, reiniciando en el presente año, el conocimiento del caso que nos ocupa, invitó a comparecer ante la misma, al Alcalde de Managua, Señor Herty Lewites, quien atendiendo nuestra invitación se presentó a las instalaciones de la Asamblea Nacional, ante esta Comisión, a contestar sobre la denuncia interpuesta en su contra, detallada al inicio de este informe, por los siguientes Concejales de la Alcaldía de Managua: Señores:

Alejandro Fiallos Navarro, Martha Ramírez de Palacios, Miguel Meléndez Treminio, Ana Julia Balladares, Martha Guillén Zúniga, Marcia O. Sobalvarro G.,

el día 5 de Junio del año 2001, fecha en que figuraba como Presidente de la Comisión Doctor Luis Urbina Noguera.

Impuesto el Señor Herty Lewites, del contenido de la denuncia procedió debidamente a expresar:

Que él ha cumplido con los requisitos que la Ley manda en relación a las contrataciones a que se refieren los quejosos y que en apoyo de sus palabras presentaba un documento de

Resolución de la Contraloría General de la República,

en donde se establece que no ha lugar a determinar ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios o empleados de la Alcaldía de Managua, en lo que respecta únicamente a los períodos examinados, estableciendo la Contraloría de que se instruya a la autoridad auditada que informe en un plazo de 90 días sobre las medidas y acciones correctivas a efectos de cumplir con las recomendaciones de control contenidas en el Informe de Auditoría de referencia.

Tuvimos a la vista la copia de la Resolución de la Contraloría en el caso ocurrente, copia de Resolución que literalmente dice:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RIA-382-02

CERTIFICACION:

El suscrito Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, en uso de las facultades que le confiere el Arto. 4 literal f) del Manual de Procedimientos del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, CERTIFICA: Que en Sesión Ordinaria Número Doscientos Sesenta y Cuatro (264), Acta Número Doscientos Sesenta y Cuatro (264) del catorce de Noviembre del año dos mil dos, se acordó APROBAR Y EMITIR la Resolución siguiente:

“Contraloría General de la República.- Consejo Superior de la Contraloría General de la República.- Managua, catorce de Noviembre de dos mil dos. Las nueve y treinta minutos de la mañana.-

Visto el Informe de Auditoría del veinticuatro de Julio de dos mil dos, Código Número ARP-04-099-02, emitido por la Dirección de Auditoría del Sector Municipal de la Contraloría General de la República, respecto de la Auditoría Especial practicada en la ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAGUA, relacionada con supuestas irregularidades denunciadas sobre las contrataciones de los Proyectos de Recarpeteo Asfáltico de la Carretera a Masaya, Cunetas y Andenes en la Pista Juan Pablo II, Ampliación del Cauce Oriental III Etapa y Reparación de Contenedores, realizada conforme las Normas de Auditoría Gubernamental en lo aplicable a este tipo de auditoría, y tuvo como objetivos específicos: a) Comprobar la veracidad de las supuestas irregularidades cometidas por el Alcalde de Managua, en los procedimientos de contratación para la ejecución de los Proyectos examinados; b) Determinar si los indicados Proyectos de Recarpeteo Asfáltico de la carretera a Masaya, Cunetas y Andenes en la Pista Juan Pablo II, Ampliación del Cauce Oriental III Etapa y Recuperación de Contenedores, se ejecutaron con fondos propios o con fondos provenientes del Presupuesto General de la República; c) Determinar si la Alcaldía de Managua en las referidas contrataciones cumplió con la Ley No. 323 “Ley de Contrataciones del Estado” y su Reglamento, en caso de que dichos Proyectos se hayan ejecutado con fondos del Presupuesto General de la República o conforme normativa administrativa aprobada por el Concejo Municipal, si se realizaron con fondos propios; y d) Identificar a los posibles responsables del incumplimiento de leyes, normas y reglamentos aplicables, en caso de haberlos; y por consiguiente, su alcance entre otros procedimientos de auditoría comprendió: 1) La Revisión y análisis de los expedientes administrativos relacionados con el proceso de contratación de los proyectos examinamos; 2) La revisión de las actas del Concejo Municipal, para determinar si los proyectos auditados fueron debidamente aprobados; 3) Se verificaron los pagos realizados por la Alcaldía de Managua en la ejecución de los Proyectos auditados, así como los estados de cuenta bancarios, a fin de determinar el origen de los recursos utilizados; 4) Se confirmó con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre el monto de las transferencias realizadas a la Alcaldía de Managua durante el año dos mil uno, al igual que el destino y depósito de las mismas; 5) Se remitió confirmación a la Empresa Obras de Ingeniería S. A. (OBRINSA), a través del Secretario General de la Alcaldía de Managua, sin obtenerse ninguna respuesta; 6) Se confirmó con las Empresas Meco Santa Fe de Nicaragua, ECONS-3 y Construcciones Lacayo Fiallos, sobre el monto pagado y saldo pendiente de cancelar por la Alcaldía de Managua, para la ejecución de los Proyectos de Recarpeteo Asfáltico Carretera a Masaya y ampliación del Cauce Oriental, para determinar los pagos pendientes y si fueron fondos propios, habiendo contestado solamente la Empresa Lacayo Fiallos.- Que con fundamento en el Arto. 82 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se notificó sobre la apertura de la auditoría a los funcionarios siguientes: Licenciado Evertz Cárcamo Narváez, Vice Alcalde; Doctor Ramiro Contreras Escobar, Secretario General; Ingiero Mario Salinas Pasos, Asesor de la Dirección Superior; Ingeniero Juan Miguel Eslaquit, Director General Económico; Doctor Ernesto Castillo Guerrero, Director General Legal; Ingeniero Roberto Bermúdez Pérez, Director General de Obras Municipales; e Ingeniero Ricardo Chávez Roncagliolo, Director General de Métodos y Sistemas, todos ellos de la Alcaldía de Managua. Que de conformidad con los Artos. 80 y 164 de nuestra Ley Orgánica se tomaron declaraciones testimoniales a las siguientes personas: Juan Miguel Eslaquit, Ernesto Castillo Guerrero, Roberto Bermúdez Pérez, y Ricardo Chávez Roncagliolo.- Que los resultados de la labor de auditoría concluyen que la Alcaldía de Managua efectivamente ejecutó los Proyectos de Recarpeteo Asfáltico de la Carretera a Masaya, Andenes y Cunetas en la Pista Juan Pablo II, Ampliación del Cauce Oriental y Reparación de Contenedores, con recursos propios, pero sin haber implementado normas administrativas que regularan los procedimientos de contratación aplicados en la ejecución de dichas obras; y sin haberse exigido a los contratistas ejecutores de los mencionados Proyectos, las fianzas de adelanto y de cumplimiento indicadas en las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, para respaldar los intereses de la Comuna en caso de incumplimiento de los mismo. Por lo que, considerando que las contrataciones realizadas por la Comuna de Managua con fondos propios, durante el período examinado, estaban excluidas de cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado, y que dicha Comuna elaboró un proyecto de normativa interna para regular tales contrataciones, el cual se encuentra en la etapa de consulta con las diferentes Direcciones Generales; con tales antecedentes, los suscritos Miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que les confiere el Arto. 10 numeral 17) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, RESUELVEN: I) No ha lugar a determinar ningún tipo de responsabilidad a funcionarios o empleados de la ALCALDIA DE MANAGUA (ALMA), en lo que respecta únicamente a los resultados y período examinado de la presente auditoría, por lo que deberán archivarse las presentes diligencias; y II) Se instruye a la máxima autoridad de la entidad auditada, que informe en un plazo no mayor de noventa días sobre las medidas y acciones correctivas adoptadas, a efectos de cumplir con las recomendaciones de control interno contenidas en el Informe de Auditoría en referencia.- Esta Resolución comprende únicamente el resultado de los documentos analizados por el período mencionado de tal forma que del examen de otros documentos no tomados en cuenta en esta auditoría, podrían derivarse otras responsabilidades de cualquier naturaleza conforme la ley.- La presente Resolución fue votada y aprobada en Sesión Ordinaria Número Doscientos Sesenta y Cuatro (264) de las nueve de la mañana del día catorce de Noviembre del año dos mil dos, por los suscritos Miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República.- Cópiese, Notifíquese y archívese-. Firmas ilegibles de los señores: LIC. FRANCISCO RAMIREZ TORRES, Presidente del Consejo superior, LIC. JUAN A. GUTIERREZ HERRERA, Vicepresidente del Consejo superior, DR. GUILLERMO ARGUELLO POESSY, Miembro Propietario del Consejo Superior; DR. JOSE PASOS MARCIACQ, Miembro Propietario del consejo Superior y LIC. LUIS ANGEL MONTENEGRO, Miembro Propietario del Consejo Superior”. ES CONFORME.-

En fe de lo anterior y para los efectos legales pertinentes, se extiende la presente Certificación en la ciudad de Managua, a los veintiún días del mes de Enero del año dos mil tres.-

Lic. Francisco Ramírez Torres
Presidente del Consejo Superior

En vista de la documentación presentada, esta Comisión Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional

Resuelve:

Que el Señor Herty Lewites, con el documento que presentó en su descargue haciendo mérito de esa prueba

Resuelve:

que por lo que hace a la petición de los denunciantes ha quedado aclarado su situación y para los fines que sea del conocimiento de los denunciantes envíese copia de esta Resolución para que hagan las objeciones que crean convenientes y esta Comisión Resuelve informar a la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional lo aquí resuelto, notifíquese.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los dos días del mes de Abril del año dos mil tres.

COMISION ESPECIAL ANTI-CORRUPCION

DR. NOEL PEREIRA MAJANO

Presidente

DIP. JOSE CASTILLO OSEJO
Primer Vice-Presidente

DIP. ROBERTO RODRIGUEZ O.

Segundo Vice-Presidente

DIP. FIDEL MORENO BRIONES
Primer Secretario

DR. LUIS BENAVIDES ROMERO

Segundo Secretario

ING. EDWIN CASTRO RIVERA
Miembro

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el presente Informe.

A votación el Informe.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

52 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Informe.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Punto 5.4: INFORME DE RADIO MAXIMA 660 A.M. PRESENTADO POR LA COMISION DE COMUNICACIÓN, TRANSPORTE, ENERGIA Y CONSTRUCCION.

Managua, 15 de Mayo del 2003.

INFORME

Ingeniero
Jaime Cuadra Somarriba
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.

Estimado Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Energía y Construcción de la Asamblea Nacional, de acuerdo a las facultades establecidas en el Estatuto General Artículo 32, que dice textualmente: “Las Comisiones podrán conocer e investigar el funcionamiento de los organismos estatales, de acuerdo con su respectiva competencia y presentar las recomendaciones que estimen necesarias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, para que ésta proceda de conformidad con el presente Estatuto y su Reglamento, Nuestra Comisión tiene como ámbito de competencia las Comunicaciones, lo que abarca todo lo relativo al espectro radioeléctrico, en ese sentido el día 12 de Marzo recibimos de parte del Señor Carlos Mario Peña denuncia sobre la no-renovación de la licencia de operación de Radio Máxima, según él sin causa justificada de parte del Ente Regulador TELCOR.

En razón de lo expuesto procedimos a solicitar informe y la presencia del Ingeniero Mario González, Director General de Telecomunicaciones a fin de que se nos expusiera cual era la situación de Radio Máxima y en que se fundaba la no-renovación de la licencia de operador.

Exposición de los Hechos:

El día dieciocho de Noviembre del dos mil dos, Carlos Mario Peña, Director Propietario de Radio Máxima 660 A.M., solicita al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (TELCOR) la renovación del contrato de licencia No. 2000-RDS-042, contrato que expiró el 30 de Enero de 2003, TELCOR no atiende la solicitud de renovación en los treinta días siguientes y se pronuncia hasta el siete de Marzo de dos mil tres, rechazando la solicitud de renovación, según lo expuesto por TELCOR, por no haberse ganado el derecho.

El Señor Carlos Mario Peña introdujo Recurso de Reposición ante el Director General de TELCOR, declarando por Resolución No. 032-2003 de las dos de la tarde que NO HA LUGAR al Recurso de Reposición interpuesto de que se ha hecho mérito por ser totalmente improcedente, manteniendo firme la Resolución de no-renovación de la Licencia de Radio Máxima 660 A.M.

Interpuso Recurso de Amparo ante el Honorable Tribunal de Apelaciones de la Sala Civil, quienes el día tres de Abril del año dos mil tres declaran procedente el Recurso y manda a “suspender los efectos administrativos, aún no cumplidos” del acto reclamado de la Resolución 32-2003 dictada por TELCOR, la cual quedó sin efecto.

Resultados de la investigación de la Comisión:

La Comisión solicitó a través de la primera Secretaría con fecha 19 de Marzo un informe y la presencia del Ingeniero Mario González ante la Comisión para hacer las consideraciones del caso presentándose el tres de Abril de las corrientes y expuso lo siguiente:

“Que él no canceló la frecuencia de Radio Máxima, porque para cancelar tengo que cumplir determinados requisitos, pero para que tengan derecho a que te renueven una licencia debés de cumplir lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 200 que dice: “Las Concesiones se otorgarán por plazos de hasta 20 años, y las licencias por plazos de hasta diez, siempre y cuando sus titulares hayan cumplido con las condiciones establecidas en el contrato respectivo, lo soliciten con la anticipación prevista en el mismo contrato y acepten las nuevas condiciones que la legislación vigente y TELCOR en su caso, determinen”.

Para que el Señor Carlos Mario Peña tenga derecho de renovación de Radio Máxima tiene que cumplir con determinadas normas Técnicas básicas que son: cumplir con el horario, cumplir con la cobertura, y con la potencia establecida y en el caso de Radio Máxima tenemos informes desde Noviembre en que solicitó la renovación, empezamos a monitorear y notamos que él cesaba de transmitir irregularmente a la seis siete de la tarde y no a las diez como suponía, tenía menos potencia de la autoridad y esa fue la razón básica por lo que no se le renovó”.

De parte nuestra se le expresó lo siguiente:

1.- Que siempre hemos entendido que la regulación de la frecuencia de las radios es para que no excedan su potencia y cobertura autorizada en tanto que obstruyen la frecuencia de otras, ¿Porqué razón no existe ninguna carta de amonestación, ningún aviso al dueño de la radio que está incumpliendo alguna normativa?

2.- La no renovación de una licencia implica su cierre, por tanto la inversión privada queda totalmente desprotegida, dado que, sin procedimiento, sin aplicación de amonestaciones previas, se le diga al empresario radial cuando va a renovar, no tiene derecho, por no cumplir con las condiciones establecidas en el contrato.

3. La Comisión tiene en su poder el Contrato de Licencia de Radio Máxima, que en su sección 5 establece que TELCOR tendrá en todo tiempo la facultad de revisar e inspeccionar las instalaciones y el servicio proporcionado por el OPERADOR y éste se obliga a dar al operador toda la información y facilidades que la misma requiera en el desempeño de su función y dice textualmente:

“Si del resultado de las inspecciones se desprende la necesidad de realizar modificaciones y mejoras en el funcionamiento del Sistema, TELCOR le notificará al OPERADOR, otorgándole un plazo razonable para que lleve a cabo dichas mejoras, modificaciones o cambios de frecuencias sin lugar a indemnización por parte de TELCOR”.

En la sección seis del mismo contrato se establece que tendrá derecho a renovar licencia siempre que haya cumplido con la Ley, los Reglamentos y lo establecido en el presente contrato, además establece las causales de suspensión y cancelación. La sección 6.2 de la Licencia habla que TELCOR renovará la licencia 90 días de haber solicitado la licencia y Radio Máxima 660 A.M. la solicitó el 18 de Noviembre del 2002.

4.- TELCOR a través de sus Asesores Jurídicos queriendo desconocer la Resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua, Sala Civil, Número Dos, intentó por la fuerza desmantelar sin orden judicial las plantas transmisoras de Radio Máxima 660 A.M.

Consideraciones finales de la Comisión

En el Título VII de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, De Las Infracciones y Sanciones, se deja meridianamente clara que la sanción grave en materia de frecuencias radioeléctricas, es el utilizar frecuencia radioeléctrica que no le haya sido asignada o para un uso distinto al autorizado.

El hecho que no exista ninguna amonestación o sanción previa a la Resolución de no Renovación de la Licencia de Radio Máxima 660 A.M., es un aspecto que consideramos de vital importancia, dado que en un procedimiento no escrito se podría estar violentando derechos constitucionales fundamentales, como es el derecho a la libertad de información que tanta sangre le ha costado al pueblo nicaragüense; consideramos no se puede restringir este derecho por vías indirectas.

En nuestro país funcionan aproximadamente 285 radios, con frecuencias autorizadas por TELCOR y que estarán próximas a ser renovadas su licencia con estas actuaciones del Ente Regulador, ya que para esta Comisión no encontramos méritos suficientes para la medida tomada, las causales de no renovación son iguales a las de cancelación, el no cumplimiento de la Ley, los Reglamentos o el Contrato, sin embargo el incumplimiento debe estar documentado bajo la forma prevista en la Ley, Amonestaciones, Multas, Suspensión, si ninguna de esos pasos previos se ha cumplido como me venís al final a sacar un documento que dice que no cumplo horarios ni potencia, desde el día en que solicité la renovación hasta el día en que me negás esa renovación, un documento que nunca le fue dado a conocer al interesado y que tal a como lo percibimos lo deja en total indefensión.

Dado que no existe ningún vació legal, ya que está claramente definido en la Ley cómo se demuestran los incumplimientos, a través de todo un Capítulo denominado Infracciones y Sanciones del que jamás hizo uso TELCOR, que el señor Carlos Mario Peña, nunca fue ni siquiera amonestado cobra fuerza lo aseverado por el empresario de que ésta es una represalia política.

La realidad señores Diputados es que en este caso los miembros de la Comisión tenemos un problema de percepción, nos preocupa profundamente que en el ambiente esté gravitando la restricción de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de disentir.

No estamos convencidos que el Ente Regulador esté cumpliendo con su trabajo, ya que según ellos durante un año superior que un operador incumplía o violaba la Ley y jamás se lo advirtieron y lo esperan a la hora de renovar para aplicar la medida de mayor costo político y económico, la no renovación, en respeto al irrestricto derecho a la libertad de información. Concluimos que encontramos diferencias de carácter jurídico, técnico y político por cuanto es una radio de oposición al Gobierno, el Ente Regulador debió aplicar las infracciones y sanciones establecidas en la Ley, para que no se mal interpretase su actuación, por tanto le solicitamos:

La comparecencia ante el Plenario del Ingeniero Mario González, Director General del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos a fin de que se valoren las actuaciones del Ente Regulador.

COMISION DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE, ENERGIA Y CONSTRUCCION

ROBERTO GONZÁLEZ GAITÁN
PRESIDENTE

VICTOR GUERRERO IBARRA
VICEPRESIDENTE

JOSÉ DAVID CASTILLO SÁNCHEZ

MIEMBRO

EDWIN CASTRO RIVERA
MIEMBRO

AGUSTÍN JARQUÍN ANAYA
MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el presente Informe.

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Muchas gracias, señor Presidente.

Ahorita que estamos escuchando este informe de Radio Máxima donde hay una flagrante violación a los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses, me ha extrañado mucho que siendo Radio Máxima una emisora que cerraron meses después que Radio La Poderosa, no haya un informe en relación a Radio La Poderosa. Radio La Poderosa la cierra el Gobierno, y no solamente la manda a cerrar, sino que confisca los equipos violando más artículos de la Constitución Política. Dice en uno de los artículos de la Constitución Política... (Afortunadamente la mandé a pedir, todavía no me la han traído. Pero don Gabriel, si tiene alguna en los artículos donde se habla de la libertad de expresión...)

El Gobierno de Nicaragua ha violado la Constitución Política reiteradamente en diferentes ámbitos, y nos ha violado la Constitución Política en los derechos sociales tal y como lo señala el artículo 66: "Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección".

Y hemos observado en el mismo informe que se está presentando –casualmente aquí lo tengo-, en el resultado de la investigación de la Comisión, exactamente en el mismo párrafo. El hecho de que no exista ninguna amonestación o sanción previa a la resolución de no renovación de licencia de Radio Máxima, es un aspecto que consideramos de vital importancia, dado que en un procedimiento no escrito se podría estar violando los derechos constitucionales fundamentales, como es el derecho a la libertad de información que tanta sangre ha costado al pueblo nicaragüense.

Consideramos que no se puede restringir este derecho por vías indirectas, éste es el caso de Radio Máxima, que sabemos que también se violó la Constitución Política. Pero al igual que se conformó una Comisión en el caso de Radio Máxima, donde hay violación de la Constitución Política, exigimos que tanto derecho tiene Radio Máxima como cualquier otra radio, como la tiene Radio La Poderosa. Porque nosotros pensamos que ya habían pasado los tiempos en que se cerraban las emisoras, se cerraban los noticieros; pensábamos que ya habíamos superado ese tipo de problema en los medios de comunicación, pero hoy vivimos una triste realidad.

Y quiero denunciar públicamente a Alejandro Fiallos, quien llegó a Ocotal con un su tal partido a Nueva Segovia, y cuando sus cuatro gatos le dijeron que no podían organizar su partido porque existía una radio de Carlos Gadea, él les dijo que se iba encargar de cerrarla. Así como pueden cerrar mi emisora en Nueva Segovia, así nos pueden cerrar la 15 de Septiembre, y se pueden agarrar de cualquier cosita legal para cerrarla. Señores, las emisoras, los medios de comunicación no son pulperías ni ferreterías que las podés cerrar o mandarles a pegar un rótulo de la DGI y decir, no ha pagado impuesto; se cierra o cerrada por inventario. Los medios de comunicación son otra cosa, nosotros no vendemos azúcar, ni frijoles; nosotros ofrecemos opiniones, generamos opinión, ideas, defendemos democracia, instamos a valores.

Y así como nos han cerrado las emisoras por falta de pago de luz está bien, que se cierre por falta de pago de luz. Pero que el Gobierno te cierre una emisora, y no solamente cierran La Poderosa sino que le confiscan sus equipos, amerita que una Comisión de la Asamblea Nacional se pronuncie y revise este caso que, independientemente de si se han hecho gestiones o no ante la Comisión de Comunicación y Educación, independientemente de eso, exigimos que así como a Radio Máxima se le abrió un informe, una Comisión, así exigimos a la Junta Directiva que se forme una Comisión de Diputados para revisar el caso de La Poderosa, que consideramos una violación a los derechos humanos y una violación a la Constitución Política de Nicaragua.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto Sánchez.

DIPUTADO ROBERTO SANCHEZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Me llama poderosamente la atención, que a través de la historia han existido en Nicaragua una gran cantidad de radioemisoras y que el dial en los últimos años se ha venido plagando de emisoras en frecuencia de onda modulada. Realmente que son emisoras que por lo general se convierten en amenas y musicales, pero lo que más me llama la atención es que en estos últimos años y bajo el gobierno del señor Enrique Bolaños, el Ente Regulador TELCOR, se ha convertido en una instancia totalmente celosa supuestamente en el cumplimiento de las normativas para la autorización de la frecuencia radioeléctrica.

Y esos celos llaman poderosamente la atención -valga la redundancia-, cuando se trata de emisoras que no están parcializadas a la línea política del régimen de turno; no hemos observado la misma actitud con emisoras de otra línea política, solamente con aquel tipo de emisoras que no comulgan con la conducción que lleva el actual régimen de gobierno y que daña flagrantemente los intereses del pueblo nicaragüense. El informe de la Comisión deja claro que existe violación a los derechos constitucionales, y no cabe la menor duda de que esa violación es palpable al estar avasallando el irrestricto derecho a la libertad de expresión.

Ese derecho irrestricto de la libertad de expresión lo hemos observado no solamente con Radio Máxima, a la cual nosotros respaldamos, y respaldamos el respaldo de Carlos Mario Peña, sino también con Radio La Poderosa y otras emisoras que han corrido la misma suerte por ese celo desmedido del Ente Regulador como es TELCOR.

En la historia de las frecuencias radioeléctricas sabemos que han existido operando gran cantidad de emisoras sin la autorización legal de TELCOR. ¿Por qué ahora tanto celo?

Es por eso que respaldo la posición de mi colega Carlos Gadea, y exijo que se conforme una Comisión para que se haga una investigación a fondo sobre el caso de Radio La Poderosa; Radio La Poderosa ha llenado todos los requisitos legales que nos permiten las leyes constitucionales del país, que favorecen y ordenan la entrega de los equipos de esta emisora que fueron confiscados por la Aduana, bajo la instrucción del Ejecutivo de turno.

Y exigimos la reapertura de Radio La Poderosa, porque no es posible que continúe esta violación a la libertad de expresión; el liberalismo ha sido respetuoso de la libertad de expresión y por lo tanto nosotros estamos en contra de todo aquello que signifique un bozal al pueblo nicaragüense como sucedió en la década de los ochenta, cuando la Dirección de Frecuencias de medios de Comunicación prohibía hasta mencionar el nombre de Alexis Argüello y poner la palabra Cero en un titular o en una noticia, en cualquier medio escrito y en cualquier noticiero de radio.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto González.

DIPUTADO ROBERTO GONZALEZ

Gracias, señor Presidente.

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea, y en mi calidad de Presidente de la misma, en todo caso quisiéramos dejar claro que nosotros no hacemos diferencias de ningún tipo sobre la responsabilidad que nos faculta la Constitución, el estatuto y el Reglamento, para abordar los temas que nos son asignados por este Plenario y por su Junta Directiva. Creo que es importante también señalar, que están establecidos procedimientos, y al igual que este caso, se llegó a la Comisión trasladado por la Junta Directiva de la Asamblea fue a solicitud de partes, por lo tanto el procedimiento está claramente establecido, nosotros no procedemos de oficio en este caso.

Y en segundo lugar, la honorable Bancada del Partido Liberal Constitucionalista tiene representantes dentro de esta Comisión, dentro de esta honorable Comisión, y hasta donde yo sé y lo que consta en acta de la Comisión, ninguno de sus miembros presentó solicitud formal, y ninguno de sus miembros solicitó incorporación en Agenda sobre este tema. Obviamente que nosotros tenemos que expresar nuestra posición de solidaridad frente a este tipo de preocupaciones; pero están establecidos los procedimientos, y yo quisiera invitar en todo caso, a los miembros de la Bancada del PLC, a que procedan o a que hagan uso de su derecho por la vía de los procedimientos que están establecidos.

De tal manera que no ha habido de nuestra parte ninguna objeción, ni ningún impedimento para el abordaje de cualquier tema que se esté considerando, sea violatorio a la Constitución o a la ley, en cuanto a la materia referida a los derechos de libertad de expresión. Por el contrario, el informe es muy claro, es muy categórico, no ha habido ninguna Comisión Especial, fue la Comisión de Comunicación y Transporte en pleno la que abordó como agenda este tema, y es por eso que estamos solicitando la comparecencia del representante del Ente Regulador ante el Plenario de la Asamblea Nacional, por la dimensión y complejidad del tema, del problema.

Creemos que amerita la comparecencia del Ente Regulador, para que pueda presentar a este honorable Plenario y su Junta Directiva, el informe respectivo de la situación dada.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Agustín Jarquín.

DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN

Gracias, Presidente.

Muy brevemente en la línea que ha dicho nuestro Presidente de la Comisión de Infraestructura, o sea la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Energía y Construcción. Como bien lo dice acá el informe, actuamos por requerimiento que formalmente nos hizo la Comisión, el gerente propietario de esta radioemisora denunciando aspectos puntuales que están aquí en el informe que se ha leído y que le afectaban. Y si hubiera sido presentado por otro medio y que fuera pertinencia de la Comisión como fue este caso, también se hubiera evacuado.

Sin embargo, es oportuno señalar que sobre todo éste que es un ente político por excelencia, o es el ente político de más protagonismo en el país, como es el Parlamento, debemos ser celosos en el tema de la libertad de expresión que tanto ha costado a los nicaragüenses. La defensa de la libertad de expresión debe motivar a todos los nicaragüenses sin distingos de colores políticos, tanto liberales, sandinistas, social cristianos, conservadores, miembros de Camino Cristiano, de Alternativa Cristiana, miembros en fin de todos los colores políticos, de la Convergencia, etc., tenemos que ser firmes defensores de la libertad de expresión, y con los requerimientos y con los recursos que la ley nos da.

Yo en este sentido, sobre todo porque hay aspectos técnicos que se han afectado en este caso, que nos constaron en las indagaciones que hicimos, es que invitamos a los colegas de este Plenario a que voten favorablemente este informe que se le está presentando a esta honorable Asamblea Nacional, y no está de más decir que estaremos -y entiendo que éste es el sentir de todos los Diputados- atentos cuando corresponda también vigilar otros sucesos que ocurran en el futuro próximo.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado José Castillo Osejo.

DIPUTADO JOSE CASTILLO OSEJO:

Gracias, señor Presidente.

Ya en su oportunidad había tocado el tema, y lo había tocado puntual por las violaciones a la Constitución de la República, no interesa el medio que sea, lo que interesa es que se respete la Carta Magna. Y en el caso de La Poderosa, el Gobierno que es el actuante directamente a través de la Aduana y de TELCOR, lo ha hecho porque tiene muy susceptible la epidermis y no se le puede decir absolutamente nada. Se ha violentado de tal manera la Carta Magna, que el artículo 68 en el último párrafo dice: “Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados, no podrán ser objeto de censura previa.

En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento”. Y el Gobierno a través de la Aduana, no confiscó como se ha dicho, sino que incautó los equipos básicos, torales de transmisión de Radio La Poderosa.

Mi protesta en aquel entonces, y hoy, es por la violación a la Constitución, por la subjetividad que se usa en la defensa de la libertad de expresión, en la libertad de información.

Y es objetivo, porque todo requiere objetividad, y para ser objetivos tenemos que ser imparciales y el Gobierno en este caso no ha sido imparcial, tiene su tendencia, tiene sus fallas, y por lo tanto se le puede criticar, sin violentar en ningún momento la Carta Magna, como efectivamente ha sido. Como miembro de la Comisión Anti-Corrupción, quiero decirles a los honorables Diputados, miembros de la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Energía y Construcción, que no es necesario enviarles cartas.

Ya se han leído aquí, entre ayer y hoy, algunos informes nuestros; hemos tomado de los medios de comunicación, cosas que interesan a la Nación; y como interesan a la Nación y se está dañando la salud del pueblo, y se está dañando la honorabilidad de la sociedad, y como se está dañando la Constitución, nos obliga a tomar cartas en el asunto, hacer la investigación requerida y pasar el informe a este Plenario, y sobre todo a su Junta Directiva.

Señor Presidente: Con el mayor respeto yo le pido a usted, que estas voces que hoy se han levantado en favor de Radio La Poderosa y de Radio Máxima, porque vamos a votar a favor y vamos a votar a favor porque se ha violentado la Constitución, vamos a votar porque se ha violentado una disposición de la Constitución, la libertad de prensa. Y vuelvo a repetir la misma frase, y voy a repetir una frase que quiero que se grave: "La libertad está en el corazón del hombre; cuando se muere ahí, se muere para la sociedad".

Si nosotros, parlamentarios, no defendemos la libertad y el derecho del pueblo a ser informado y el derecho a informar, estamos matando la libertad para Nicaragua.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Víctor Duarte.

DIPUTADO VICTOR DUARTE:

Gracias, señor Presidente.

Quiero decirles que estoy de acuerdo con los Diputados que me antecedieron y que mi protesta directamente va a la honorable Junta Directiva. Quiero que nos respondan si se va a formar la Comisión investigadora en relación a Radio La Poderosa o no, porque realmente si se cerró Radio La Poderosa estamos mandando a guardar silencio a toda la mayoría de la línea democrática, violentando la Constitución Política y un derecho ciudadano de expresarse libremente ante la Nación.

Existen medios de comunicación que son afines a otro partido, y eso no afecta y no debería de afectarnos, porque cada quien piensa libremente en este país. Es más, ese medio de comunicación, Radio La Poderosa, ha sido confiscada por el Gobierno. Queremos que esa incautación ilegal sea investigada por una Comisión y que la honorable Junta Directiva, con todo el respeto que se merece, se pronuncie hoy, porque si estamos viendo el caso de Radio Máxima, debemos ver el de Radio La Poderosa, porque ambos son medios de comunicaciones ante la Nación nicaragüense, sustentado en la Constitución Política. Quiero pedirle que se pronuncie a la honorable Junta Directiva, y que se conforme la Comisión investigadora.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el presente Informe.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. Aprobado el Informe.

Se le instruye a la Comisión de Transporte, hacer la investigación con respecto a las palabras emitidas por ciertos Diputados; pero deberán seguir el mismo camino que siguió la Radio Máxima, se trae la solicitud a la Junta Directiva, y la Junta Directiva la enviará a Comisión para la debida investigación.

Tiene la palabra el honorable Diputado Agustín Jarquín.

DIPUTADO AGUSTIN JARQUIN:

Muchas gracias, Presidente.

El día de ayer, Presidente, se aprobaron por unanimidad diferentes convenios de créditos concesionales para nuestro país; algunos de ellos iban dirigidos a que por medio del Sistema Financiero Nacional, por medio de la banca, apoyar la producción, y ahí hemos intervenido con la preocupación de que en la mayoría de los casos, o casi en todos los casos, estos créditos que son súper concesionales, les llegan a los productores en términos que a veces los hacen prohibitivos o que definitivamente no se traduce un apoyo a la producción local, y que amerita entonces que esta Asamblea Nacional, tomando cartas en el asunto, indague, investigue sobre cómo está esta situación, y que puedan darse las recomendaciones del caso.

Indagamos con miembros de la Comisión Económica y también de la Comisión de Producción, con integrantes de diferentes bancadas, y en razón de eso estamos presentando una moción para que sea conocida por el Plenario que dice así: "Se “mandata” a la Comisión de Producción, Distribución y Consumo, para que con la asistencia de la Comisión de Economía Finanzas y Presupuesto, realice un estudio sobre el Sistema Nacional de Financiamiento a los productores nicaragüenses, con énfasis en el uso que se da a los créditos concesionales que el Gobierno de la República suscribe con los Organismos de Cooperación Externa, y que esta Asamblea Nacional aprueba con el fin de apoyar a nuestros productores nacionales.

Como resultado de este estudio, se deberá de presentar un informe a este Plenario, en el primer trimestre del próximo año 2004, que entre otras conclusiones contenga sugerencias concretas para que los productores nicaragüenses tengan acceso a créditos con mejores condiciones, plazos, costos, intereses y garantías, en pro del desarrollo integral sostenible y con equidad del país".

Esta moción, señor Presidente, tiene una trascendencia de primer orden, y la idea es que se indague en lo que es el Sistema Financiero con las instancias de Estado correspondiente, con la Asociación de Bancos, contando con el apoyo de la Comisión Económica, para que se nos presente este reporte y ver qué es lo que se necesita, una nueva legislación, sugerencias específicas, en fin, que luego dilucidemos en el primer trimestre del próximo año, y por eso hay un plazo razonablemente suficiente, para que mejoremos el sistema crediticio nicaragüense conforme a la competencia que tenga esta Asamblea Nacional.

Entonces, entregamos la moción a la Junta Directiva, para que luego sea considerada por el Plenario.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Fidel Moreno.

DIPUTADO FIDEL MORENO:

Muchas gracias, señor Presidente.

Es alrededor de la última petición que hicieron algunos colegas, a lo mejor para recordar, porque es probable que se haya olvidado de que efectivamente sí hubo un proceso de investigación sobre el tema de Radio La Poderosa, que fue desarrollado por la Comisión de Educación, Medios de Comunicación, Cultura y Deportes, donde los colegas Roberto Sánchez y Enrique Quiñónez son miembros y participaron de este proceso.

Desgraciadamente en el quehacer de la Comisión todavía no hay un dictamen de la Comisión sobre el caso, a pesar que avanzamos mucho en el proceso investigativo. Yo creo que más bien la resolución debe ir encaminada a instar a esta Comisión a que presente el Dictamen. A lo mejor nos ha fallado la memoria, pero sí hubo un proceso alrededor del tema, y yo invitaría a que más bien la resolución sea alrededor de que la Comisión de Educación agilice su proceso de investigación.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

En el mismo Adendum No. 1, punto 5.5: INFORME SOBRE LA DENUNCIA EN RELACION AL COBRO DE PEAJE, POR PARTE DE LAS ALCALDIAS MUNICIPALES DE CARDENAS, DEPARTAMENTO DE RIVAS Y SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE NUEVA SEGOVIA.

Managua, 11 de Junio del 2003.

Doctor

Miguel López Baldizón

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su despacho.

Estimado Doctor López:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de remitirle el

INFORME SOBRE LA DENUNCIA EN RELACION AL COBRO DE PEAJE, POR PARTE DE LAS ALCALDIAS MUNICIPALES DE CARDENAS, DEPARTAMENTO DE RIVAS Y SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE NUEVA SEGOVIA,

el cual fue elaborado por la Comisión Especial Anti-Corrupción.

No omito manifestarle, que la elaboración de este Informe se inició de conformidad a denuncias interpuestas el 28 de Abril del año 2000 en contra de las autoridades del Municipio de Cárdenas, Departamento de Rivas y en reunión de Comisión del 27 de Mayo del año en curso, en contra de las autoridades del Municipio de San Fernando Departamento de Nueva Segovia.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más altas muestras de consideración y aprecio.

Atentamente,

Dr. Noel Pereira Majano
PRESIDENTE
COMISION ANTI-CORRUPCION

INFORME:

Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Especial Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional, habiendo conocido los casos sobre denuncias presentadas ante esta Comisión, así:

a) Denuncia presentada con fecha 28 de Abril del año 2000, dirigida al entonces presidente de la misma, Dr. Víctor Manuel Talavera Huete, en contra de las autoridades del Municipio de Cárdenas, Departamento de Rivas, en relación al cobro de US$1.00 por peaje, por parte de la Alcaldía Municipal de Sapoá, Depto. de Rivas.

b) Queja interpuesta en reunión de Comisión del 27 de Mayo del año en curso, en contra de las autoridades del Municipio de San Fernando, Departamento de Nueva Segovia, en relación al cobro por peaje, por diferentes sumas, por parte de dicha Alcaldía.

MATERIAL DOCUMENTAL ANALIZADO:

1°. Denuncia interpuesta por el Diputado Pedro Joaquín Ríos, el día 28 del Abril del año 2000.

2°. Queja interpuesta por el Diputado Guillermo Osorno, el día 27 de Mayo del año en curso.

3°. Ley No. 451 “Ley Especial que autoriza el cobro de contribución especial para el mantenimiento, limpieza, medio ambiente y seguridad ciudadana en las playas de Nicaragua”.

4°. Leyes No. (s) 40 y 261, Reformas e incorporaciones a la Ley No. 40, Ley de Municipios.

5°. Plan de Arbitrios Municipal, (Decreto No. 455)

6°. Constitución Política

7. Transcripción de Comparecencia del Sr. Pablo Otez Beltrán, Alcalde del Municipio de San Fernando, Departamento de Nueva Segovia.

8°. Transcripción de comparecencia del Sr. Luis Argueta Pérez, Alcalde del Municipio de Cárdenas, Departamento de Rivas.

ANALISIS DE LOS CASOS:

a.- Caso de Alcaldía de Cárdenas, Departamento de Rivas:

Como ha quedado referido anteriormente, esta Comisión ha recibido una denuncia sobre el cobro irregular, según su dicho, de US$1.00 a todas las personas que utilizando cualquier medio de transporte e incluso como peatón, deben pagar cuando ingresan o salen del país a través del Municipio de Cárdenas. En su comparecencia el Señor Luis Argueta Pérez, Alcalde del Municipio de Cárdenas, Departamento de Rivas, manifestó expresamente que el cobro de US$ 1.00 por peaje, por ingresar o salir del país se continúa haciendo, pero que es una contribución voluntaria; lo que se puede demostrar con el hecho de que se recaudan de US$100.00 a US$ 120.00 diarios, cuando pasan por lo menos 1.000 personas cada día.

También agregó el Alcalde de Cárdenas, que estas recaudaciones se destinaban, entre otras cosas, para actividades especiales; para la limpieza del Complejo Aduanero; para becar jóvenes estudiantes de escasos recursos; para ayudas médicas, para ayuda de deporte; ayuda de materiales de construcción a la población; ayuda de combustible a comunidades de escasos recursos; como es el caso de la Comunidad de Colón.

También expuso el Alcalde de Cárdenas, que de todos los ingresos se rendían cuentas que los recibos extendidos son emitidos por la Alcaldía del Municipio, con el aval o sello del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; que estos cobros ya son una tradición pues los han efectuado todos los Alcaldes que ha habido anteriormente en Cárdenas; que ha habido auditorias por parte de la Contraloría General de la República y que los ingresos se encuentran totalmente soportados.

b.-Caso de la Alcaldía de San Fernando, Departamento de Nueva Segovia.

Igual que el caso anterior, se trata de un cobro por peaje realizado por esta Alcaldía en semanas recientes, por el uso de la carretera que cubre su localidad.

En su comparecencia el Señor Pablo José Ortez Beltrán, expresó que en realidad sí se cobró este peaje para que la población contribuyera en lo que toca al Municipio de San Fernando, en la reparación de la carretera Ocotal Jalapa, específicamente en la etapa Mozonte-Musulí; que la última reparación de esta carretera se hizo en el 2001 y había una tremenda presión de los transportistas y de los particulares para que se reparara este camino. Se acordó esta reparación con el IDR, pero el Municipio debía de poner una contrapartida y que de esta forma consideraron hacerlo mediante una contribución especial, pero voluntaria.

Agregó el Alcalde de San Fernando, que actualmente el Proyecto ya finalizó, que ya recibieron la obra, que el camino está en perfecto estado y que ya no están pidiendo ninguna contribución, la cual se hizo durante cuarenta días más o menos y que de cada aporte se extendía el recibo correspondiente, emitido por la Alcaldía Municipal y con sello del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Ingeniero Gabriel Zeledón, de la Asociación de Municipios de Nueva Segovia, manifestó que estos cobros se encuentran contenidos y expresados dentro del Plan de Arbitrios en su Artículo No.51.

El Señor Pablo José Ortez Beltrán que a pesar de que estas contribuciones especiales son obligatorias ellos la cobraron voluntariamente.

El Señor Bladimir Espinoza, Asesor Económico, del Municipio de San Fernando, expresó que en realidad en el desarrollo de la obra y en el tributo especial cobrado no hubo dolo, ni mala intención, ya que la contribución era voluntaria.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION:

De conformidad a nuestra Constitución Política, Arto. 138, Numeral 27, la facultad de crear, aprobar, modificar o suprimir tributos y aprobar los planes de arbitrios municipales, corresponde expresa y exclusivamente a la Asamblea Nacional.

Si bien es cierto, la Ley 140 y el Plan de Arbitrios Municipales, establecen la obligación de los pobladores a contribuir económicamente a las finanzas municipales, éstas no pueden primar sobre la Constitución Política que establece la aprobación expresa de cualquier Ley, mediante la Asamblea Nacional.

El 24 de Abril del año en curso, fue publicada la Gaceta No. 76, en la cual consta la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, de la Ley No. 451

"LEY ESPECIAL QUE AUTORIZA EL COBRO DE CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS PLAYAS DE NICARAGUA".

Esta Ley autoriza cobros, pero solamente en los lugares donde existen playas y estos cobros se pueden hacer en los meses de Marzo y Abril de cada año y no en los diez meses restantes del año. Esta Ley no tiene ninguna aplicación en el caso de los cobros por peaje, por lo que se descarta para los presentes casos.

Prácticamente resulta una situación conflictiva en el numeral presentado, toda vez que el Arto. XVI del título preliminar del Código Civil, determina: Al aplicar la Ley no puede atribuírsele otro sentido que el resulta explícitamente de los términos empleados, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador, así como está en el Capítulo relativo a la interpretación de la Ley, vista la situación de que en el mismo numeral se establece que es exclusivo de la Asamblea Nacional el imponer impuestos, pero resulta que en el ejercicio de la facultad que el Plan de Arbitrio Municipal contenido en el Decreto No. 455 publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 144 del 31 de Julio de 1989, en el Arto. 51 literalmente dice:

TITULO III- Contribuciones Especiales" Artículo 51.

Las Alcaldías podrán imponer contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios, municipales, siempre que a consecuencia de aquellas o de éstos, además de atender al interés común o general, se beneficie especialmente a personas determinadas aunque dicho beneficio no pueda fijarse en una cantidad concreta.

Las contribuciones especiales se fundarán en la mera ejecución de las obras o servicios y serán independientes del hecho de la utilización de las obras o servicios por los interesados.

Vista así la situación tomando en cuenta, que se denota que el Arto. 51 del Plan de Arbitrio crea roces constitucionales, por lo cual tomando en cuenta el espíritu de buena fe que expresaron los Alcaldes, que motivaron las Resoluciones de los Concejos

Municipales respectivos, para hacer obras de progreso, amparando esa buena fe con las boletas municipales extendidas por cada cobro, esta Comisión Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional.

RESUELVE:

Que no encuentra responsabilidad de ninguna clase en los Alcaldes de San Francisco y de Cárdenas, en cuanto a los cobros de peaje, que se investigan por denuncias presentadas a esta Comisión.

Instar a la Honorable Asamblea Nacional para que se haga viable un Proyecto de Ley en donde en particular se autorice a estas dos Alcaldías a imponer un tributo especial en los casos específicos en el tiempo y en los lugares que determine una Ley Especial, debiendo determinarse la forma, el monto, el destino de estos fondos, cuyos recibos que se extiendan a la población, deberán ser debidamente emboletados y controlados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en igual forma que los recibos que extendieron los Alcaldes citados, quedando en la obligación de rendir las cuentas antes las autoridades y órdenes competentes que señalan las Leyes de la República de Nicaragua.

Dado en la Sala del Mezanine de la Asamblea Nacional, a los diez días del mes de Junio del dos mil tres.

COMISION ESPECIAL ANTI-CORRUPCION

DR. NOEL PEREIRA MAJANO

Presidente

DIP. JOSÉ CASTILLO OSEJO
Primer Vice-Presidente

DIP. ROBERTO RODRÍGUEZ O.

Segundo Vice-Presidente

DIP. FIDEL MORENO BRIONES
Primer Secretario

LIC. LUIS BENAVIDES ROMERO

Segundo Secretario

ING. EDWIN CASTRO RIVERA
Miembro

DR. GUSTAVO PORRAS

Miembro

PRESIDENTE JAIME JOSE CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el presente Informe.

Tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Gadea.

DIPUTADO CARLOS GADEA:

Muchas gracias, señor Presidente.

En relación a este Informe, como tiene que ver con mi Departamento Nueva Segovia, podemos ver claramente que este artículo 51 del Plan de Arbitrios, tal y como lo dice esta Comisión, crea roces constitucionales; y no solamente este artículo, hay otros artículos del Plan de Arbitrios que ameritan una revisión, por lo que insto a los colegas Diputados a que quizás podamos modernizar este Plan de Arbitrios. Y también el Alcalde de San Fernando se vio obligado a este cobro porque el tramo de que él habla, de Mozonte-Musulí, ese puente de Musulí corta tajantemente el Departamento de Nueva Segovia y lo parte en dos.

Este Alcalde se vio obligado a tener que hacer reparaciones que le corresponden al MTI y a tener que -es una Alcaldía pobre- cobrar a los que ocupan el tramo como una alternativa, y basándose en este artículo 51. Me parece bien, excelente, y yo le agradezco a quienes presentaron este informe, porque no hubiera sido justo que este Alcalde se le hubiera castigado por este cobro que él se vio forzado a hacer. Hay un caso en El Jícaro, por ejemplo, donde en este año el invierno hizo tres cortes en la carretera, y el MTI se comprometió a reparar una alcantarilla que había sido preparada para cuando viniera el adoquín, y sin embargo las corrientes se la llevaron.

Entonces, el MTI les dijo a los Alcaldes que repararan y que después el MTI les iba a reponer el dinero; pero es hasta la fecha -yo no sé si mi colega de Nueva Segovia nos podrá confirmar- y todavía no han recibido los Alcaldes el dinero que pusieron para reparar esos tramos de carreteras.

Los Municipios en Nueva Segovia se ven obligados a hacer ellos las reparaciones que le toca al Gobierno Central, y toman recursos de lo poco que cae de los impuestos. Por eso es que hay que exigirle al MTI, y aquí quisiera que me apoyara la Comisión de Infraestructura, para que le demos seguimiento al dinero que se le aprobó al Ministerio de Transporte e Infraestructura en el Presupuesto de este año, el cual, al menos en Nueva Segovia, de lo aprobado no han ejecutado absolutamente nada.

Y el señor de bigote me quitó un millón para Nueva Segovia, me decía que con el millón de pesos que me quitó tampoco han hecho absolutamente nada. Por lo tanto, a la Comisión de Infraestructura y a la Comisión Económica les pedimos que le den seguimiento al gasto público que se está haciendo del Presupuesto del 2002, porque parece ser que como tradición hemos dejado que se quede así, lo que ejecutaron bueno y lo que no también, si no que tenemos que tratar de ir saliendo.

Si en el Presupuesto se contempló la reparación de un camino y no se ejecuta, entonces el siguiente año hay que volver a pelear para que lo hagan. Así es que yo quiero agradecerles porque salió bien uno de mis Alcaldes, y al MTI, a través de estas Comisiones, darle seguimiento con el dinero del Presupuesto.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Fremio Altamirano.

DIPUTADO FREMIO ALTAMIRANO:

Muchas gracias, señor Presidente.

Yo estoy totalmente de acuerdo con la resolución que tomó la Comisión Especial Anticorrupción sobre este caso. En lo que sí yo no estoy de acuerdo, es en la parte donde resuelve, en el inciso b), que ellos recomiendan una ley en donde en particular se autorice a estas dos Alcaldías. Yo creo que eso lo debiéramos de dejar a criterio de cada Alcalde o cada Concejo Municipal, porque ellos están amparados en el artículo 50 de las contribuciones especiales y eso no es violación a ninguna ley, lo que ellos puedan pedir voluntariamente a sus ciudadanos.

Por lo tanto, hacer una ley específicamente para dos Municipios, lo veo como muy excluyente, donde son 152 Municipios con las mismas necesidades, porque cada Municipio tiene sus propias necesidades y su propia economía. Hay Municipios demasiado pobres en todo el territorio nacional que quedarían fuera de esta ley; por lo tanto, yo veo bien que quede a disposición de cada Consejo Municipal, amparándose en este artículo 51.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Gabriel Rivera.

DIPUTADO GABRIEL RIVERA:

Gracias, Presidente.

Yo felicito a la Comisión, porque realmente el informe es importante, sobre todo el punto b) de la parte resolutiva, donde insta a la honorable Asamblea a que se haga viable un proyecto de ley en donde en particular se autorice a esas dos Alcaldías con la diferencia de que no se restrinja esa autorización en ese proyecto, sino que fuese un proyecto que se haga general para todos los Municipios del país, dadas las condiciones en que se encuentran estos caminos vecinales.

Voy a poner por ejemplo, el camino que de Estelí conduce a Miraflor, allí los productores estamos dispuestos a apoyar al Alcalde con el combustible, con los tractores y con los implementos que tiene la Alcaldía para reparar ese camino que está totalmente destruido. Yo creo en una ley que venga a quitar ese roce constitucional del artículo 51 pero más bien que se fortalezca a las Alcaldías, dándoles la facultad para que puedan establecer ese peaje para el mantenimiento de esas carreteras, que como dije están totalmente destruidas. Ningún productor, ninguna persona que se beneficia de esas carreteras, creo que estaría en desacuerdo en no pagar ese peaje, porque más perjuicio recibe cuando se le destruye su vehículo en un camino que está totalmente destruido.

Yo felicito a la Comisión, pero ojalá se tome muy en cuenta la recomendación que hace la Comisión de elaborar ese proyecto de ley a la mayor brevedad posible, donde ya se legalice ese peaje a favor de todas las Alcaldías y no solamente de dos.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto Sánchez.

DIPUTADO ROBERTO SANCHEZ:

Muchas gracias, señor Presidente.

Es digno de alabanza cómo mis colegas Diputados segovianos están defendiendo sus Alcaldías. Realmente San Fernando es una Alcaldía exclusivamente pobre y que no tiene de donde sacar recursos económicos para reparar los daños que ha sufrido y que históricamente ha venido sufriendo y que fueron más patentes a raíz del huracán Mitch. Pero también no podemos dejar a un lado la situación de Cárdenas, Municipio que está en el Sur del país, en el Departamento de Rivas, que tiene también y muy cercano a Colón, por fortuna.

Debido a la actividad política con el Partido Liberal Constitucionalista, me ha correspondido conocer todos y cada uno de los rincones del país, y estoy totalmente consciente de la realidad, de la pobreza extrema de estos Municipios, como es el caso de San Fernando en Las Segovias, y el caso de Cárdenas en el Sur del país. Me parece muy acertado el Dictamen o la recomendación de esta Comisión Especial Anticorrupción, la cual respaldo totalmente, y cuando insta para que sea la Asamblea Legislativa la que se encargue de la elaboración de una ley viable que regule y norme la forma del cobro, los tributos, independientemente del derecho que tienen las Alcaldías en su artículo 55, Título III, de aplicar contribuciones especiales.

Pero creo que una ley bien estudiada, bien analizada y de común acuerdo con todos los sectores, podría contribuir aún más a paliar y mejorar la situación de pobreza y los caminos y carreteras de estos Municipios.

Respaldo esta iniciativa, e invito a mis colegas de este Plenario a que votemos favorablemente.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Octavio Álvarez.

DIPUTADO OCTAVIO ALVAREZ:

Gracias, señor Presidente.

Realmente nosotros como población no estábamos de acuerdo con estar pagando ese impuesto, pero lo hicimos debido a la situación en que se encontraban las carreteras, principalmente el trecho que menciona de Musulí a Mozonte, donde era intransitable y no había ninguna voluntad del Gobierno de crear condiciones para reparar esa vía de comunicación. Y prueba de ello es que durante las penúltimas lluvias que se dieron, quedaron incomunicados los Municipios de Quilalí, Murra, El Jícaro, porque la carretera fue partida totalmente, y los Alcaldes de esos Municipios procedieron a hacer gestiones con empresas constructoras, llegando a obtener una deuda de aproximadamente 900 mil córdobas, la cual el Ministro de Construcción iba a comprometerse a pagar.

Es la fecha y esas empresas andan gestionando sus cobros, el Ministro no ha dado respuesta a estos Alcaldes y esto hace que quede un vacío más amplio todavía, porque muchos gobiernos municipales no echan mano a reparar o a invertir en estas vías de acceso, y el afectado directamente es la población. Por lo tanto, yo pido a la Comisión Económica en pleno y a la Comisión de Transporte, que investigue sobre los fondos que se asignaron para esas vías, en qué fueron invertidos.

Yo les informo con seguridad, de que ni un córdoba ha sido invertido en el mantenimiento de esas vías, de Ocotal, a El Jícaro, a Murra, a Jalapa, a ninguno de los Municipios, porque ayer lo mencionábamos, que para llegar a cada uno de los Municipios es una odisea, uno se tarde de cuatro a cinco horas para recorrer trechos de 40 0 60 kilómetros. Creo que es de gran importancia hacer una investigación a estos Ministros de las respectivas Carteras, para que respondan sobre el presupuesto que se aprobó el año pasado.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Felícita Zeledón.

DIPUTADA FELICITA ZELEDON:

Gracias, señor Presidente.

Buenos días a todos y a todas.

En primer orden, quiero felicitar a la Comisión por este magnífico informe que está rindiendo al Plenario, en donde a los Alcaldes y Concejos Municipales, de las municipalidades que se mencionan, están exentos y se justifica el hecho de que ellos hayan hecho una cobranza en lo que es el peaje. Sabemos desgraciadamente que en nuestro país las Alcaldías están pasando situaciones económicas muy difíciles, en que los Alcaldes y los gobiernos municipales tienen que buscar cómo resolver la situación de su población, porque tanto el FISE como también el MTI, con los recursos que tienen, desgraciadamente no ayudan a las municipalidades a resolver las vías de acceso y carreteras de cada Municipio.

La población tiene que ingeniárselas pagando un poco más para tener un mayor y mejor acceso a su Municipio, y para salir de él con la producción. También podemos decir, que ésta es una campanada tienen todos los Municipios, y en este momento nosotros como parlamentarios, es importante que aprobemos una ley donde esto ya quede regulado para las municipalidades. Si bien es cierto es un recurso más el que se va a integrar de nuestros bolsillos hacia las municipalidades, pero sí yo creo que es necesario que se regresen con buenas obras y es importante el apoyo de todos nosotros a las municipalidades.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Gerardo Miranda.

DIPUTADO GERARDO MIRANDA:

Gracias, señor Presidente.

Quiero felicitar a la Comisión por haber entregado este informe y haber escrito este Resuelve, ya que en el Departamento de Rivas existe el Municipio de Cárdenas que está afectado por esta acusación. La realidad de las cosas es que a como están las Alcaldías económicamente, y sobre todo por las cualidades de territorio que tiene la Alcaldía de Cárdenas, creo que este proyecto de ley viene a beneficiar grandemente a estas dos Alcaldías.

Sabemos perfectamente la situación económica, el bajo presupuesto que tiene cada Alcaldía; y sobre esto del artículo 451 del Plan de Arbitrios, la Contraloría General de la República no lo acepta. Nosotros estuvimos en gobiernos municipales y tuvimos este tipo de problemas, así es que me parece ver bien ese Plan de Arbitrios, que es correcto. Pero sí sería perfecto sacar este proyecto de ley, el cual nosotros ya lo estamos trabajando y se lo presentaremos a la Primera Secretaría en la próxima semana, que tiene que ver con los dos Municipios, la Alcaldía de Cárdenas y la otra Alcaldía, para que hagan este cobro que tanto necesitan para sus proyectos internos.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el Informe presentado por la Comisión Especial Anticorrupción.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

71 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el Informe.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

En el mismo Adéndum N° 2, Punto 2.27: DECRETO DE APROBACION DEL ACUERDO PARA EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA.

Managua, 3 de Septiembre del 2003.

DICTAMEN

Ingeniero
JAIME CUADRA SOMARRIBA
Presidente de la Asamblea Nacional
Su Despacho.

Honorable Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión del Exterior, nos reunimos para dictaminar sobre la aprobación del "Acuerdo para el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal Diplomático y Consular entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Costa Rica", el cual fue presentado por el Presidente de la República en Secretaría de la Asamblea Nacional, el dieciocho de Agosto del año dos mil tres, y remitido a esta Comisión para su dictamen el veintinueve de Agosto del mismo año.

El presente Acuerdo que dictaminamos, fue suscrito en San José, Costa Rica, a los veintitrés días del mes de Julio del año dos mil tres, por el Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Sr. Salvador Stadthagen Icaza y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Sr. Roberto Tovar Faja.

OBJETIVOS DEL ACUERDO:

Este Acuerdo Bilateral tiene como objetivo fundamental, que los familiares dependientes del personal diplomático y consular de las Misiones Diplomáticas y Consulares de la República de Nicaragua en Costa Rica y de la República de Costa rica en Nicaragua, quedan autorizados para ejercer actividades remuneradas en el Estado receptor, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, una vez obtenida la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor.

Para los fines de este Acuerdo, se extienden por familiares dependientes: los cónyuges; hijos solteros menores de 21 años que vivan a cargo de sus padres e hijos menores de 25 años, que cursen estudios superiores y que sean solteros.

El arto. 2 del Acuerdo, establece que para efectos de este Acuerdo se entienden como "FUNCIONARIOS", al personal remunerado asignado en la Misión Diplomática o Consular, todos debidamente acreditados por el Estado receptor. Esta definición incluye a todo el personal debidamente acreditado en ambas Embajadas, siempre que sean remunerados.

Sobre la naturaleza o clase de empleo que pueda desempeñarse por los familiares dependientes, no habrán restricciones y únicamente la autorización podrá ser denegada en aquellos casos en que por razones de seguridad puedan emplearse solo nacionales del Estado receptor.

INMUNIDAD:

Este Acuerdo establece que los familiares dependientes que gocen de inmunidad de jurisdicción de conformidad con el Arto.31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el Arto. 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, o cualquier otro instrumento internacional y que obtuvieran empleo al amparo de este Acuerdo, no gozarán de inmunidad de jurisdicción civil ni administrativa, frente a acciones deducidas en su contra respecto a los actos o contratos relacionados directamente con el desempeño de tales actividades, quedando sometidas a la legislación y tribunales del Estado receptor.

En el caso de familiares dependientes que gocen de inmunidad ante la Jurisdicción penal en el Estado receptor, de acuerdo con las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares, o bajo cualquier otro instrumento internacional que pueda ser aplicable, el Estado acreditante podrá renunciar a la immunidad del familiar dependiente respecto a la jurisdicción penal de Estado receptor, respecto de cualquier acto u omisión cometidos en relación con su trabajo.

Asimismo, este Acuerdo establece que los familiares dependientes que hagan uso de él para desarrollar actividades remuneradas, estarán sujetos a la legislación aplicable en ese Estado en materia Tributaria y de Seguridad Social.

El Acuerdo en su Arto.8, establece que no implica reconocimiento de Títulos, grados o estudios entre los dos países contratantes.

IMPORTANCIA DEL ACUERDO:

Este Acuerdo entre Nicaragua y Costa Rica, al igual que otros de esta naturaleza aprobados por Nicaragua, beneficia la integración familiar y el nivel de vida de los funcionarios diplomáticos y consulares acreditados en ambos países.

A la vez, crea un marco jurídico definido que establece deberes y derechos para los familiares dependientes que trabajan en los países receptores.

Nuestro país tiene Bilaterales de esta naturaleza con otros países, entre ellos: el Reino Unido, Estados Unidos de América, México, Panamá España y recientemente con Argentina; por lo que su aplicación consideramos que será beneficiosa para ambos países centroamericanos, ya que permitirá mejorar la situación económica de las familias de nuestros funcionarios diplomáticos y consulares acreditados en Costa Rica.

DICTAMEN DE LA COMISION.

Los suscritos miembros de la Comisión del Exterior, fundamentados en el arto 138 inciso 12 de nuestra Constitución Política, en los artículos pertinentes del Estatuto General de la Asamblea Nacional y su Reglamento Interno, dictaminamos FAVORABLEMENTE, la aprobación del "ACUERDO PARA EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR, ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA", el cual no se opone a nuestra Constitución Política, Leyes Constitucionales y Tratados Internacionales ratificados por Nicaragua. En consecuencia, sometemos a consideración del Plenario de la Asamblea Nacional, el presente dictamen, el Decreto de aprobación y el texto del Acuerdo, los que adjuntamos y les solicitamos su aprobación en lo general.

Atentamente,

COMISION DEL EXTERIOR

ALFONSO ORTEGA URBINA

NOEL RAMIREZ SANCHEZ

MIRNA ROSALES AGUILAR

NASSER SILVANY BAEZ

GUILLERMO OSORNO MOLINA

Hasta aquí el Dictamen.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el presente Acuerdo.

Tiene la palabra el honorable Diputado Doctor Alfonso Ortega Urbina.

DIPUTADO ALFONSO ORTEGA URBINA:

Gracias, señor Presidente.

Sobre este Acuerdo, que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión del Exterior, yo quisiera solicitar a todos mis colegas le den su aprobación unánime, por cuanto es un acuerdo que favorece a los funcionarios diplomáticos de ambos países en cuanto a que sus familiares pueden ejercer actividades remuneradas mientras desempeñan sus funciones diplomáticas.

Este Acuerdo es muy bien recibido actualmente entre todas los países del mundo donde se permite, tanto en los países desarrollados, como en los países en vías de desarrollo, esta facilidad para que los visitantes en carácter diplomático puedan contribuir al buen desarrollo del país, prestando sus conocimientos más avanzados en ciertos casos, como por ejemplo médicos que se les permite ejercer su profesión y hacer exámenes y cirugías en los hospitales, beneficiando a la población e incluso asistiendo a las universidades como profesores para capacitar a los nacionales de cada país.

De manera que este Acuerdo solamente trae beneficios y no presenta ningún perjuicio, por cuanto al aceptar un cargo remunerado, esos ciudadanos quedan prácticamente, automáticamente sometidos a la jurisdicción del país sede, en lo que se refiere a las actividades concernientes al cargo que desempeñan.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación en lo general el presente Acuerdo.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

69 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención. Aprobado el Acuerdo en lo general.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades

HA DICTADO

El siguiente

DECRETO

DE APROBACION DEL ACUERDO PARA EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE COSTA RICA

Arto. 1

Apruébase el “Acuerdo para el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal Diplomático y Consular entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de Costa Rica”, suscrito en San José, Costa Rica, el 23 de Julio del año 2003.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 1?

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Arto.2

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 2.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

70 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 2, y aprobado el Decreto.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

En el mismo Adendum N° 2, Punto 2.30: PROYECTO DE LEY DE REFORMA AL TITULO VI DEL CODIGO DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA.

DICTAMEN

Managua, 27 de Agosto de 2003

Doctor

MIGUEL LOPEZ BALDIZON

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.

Estimado Doctor López:

La Comisión de Justicia ha estudiado con detenimiento el

Proyecto de Ley de Reforma al Título VI del Código del Trabajo de la República de Nicaragua,

que le fuera remitido para su debido dictamen.

El objeto del presente Proyecto de Ley, es superar la contradicción existente entre el Código del Trabajo de 1996 y el Código de la Niñez y Adolescencia de 1998, ante la edad mínima para el trabajo y la erradicación sobre las peores formas de trabajo infantil.

Es necesario regular el trabajo de los y las adolescentes a partir de los 14 años, ya que en el Convenio No. 138 de la OTT ratificado por el Gobierno de Nicaragua y el Código de la Niñez y la Adolescencia que entró en vigencia en noviembre de 1988, sólo contemplan el trabajo de menores hasta después de los 14 años.

Por otra parte es imperativo adecuar la legislación laboral al Convenio No.182 de la OTT ratificado por el Gobierno de Nicaragua en el mes de Septiembre del año 2000 y sobre las peores formas de trabajo infantil que realicen niños, niñas y adolescentes que puedan afectar su desarrollo integral o su ciclo de instrucción tal como lo establece el Arto. 84 de nuestra Constitución Política.

Esta reforma es de carácter parcial porque sólo contempla el Título VI, Libro primero del Código del Trabajo y constituye un esfuerzo del Estado nicaragüense a través del plan estratégico nacional para la proyección, erradicación del trabajo infantil y protección de las y los adolescentes trabajadores.

En el arto. 130 se suprimió el párrafo segundo ya que el concepto del mismo se encuentra contenido en el párrafo primero.

La Comisión de Justicia consideró conveniente establecer en el Arto. 135 las multas de forma progresiva que van de cinco a quince salarios mínimos a los efectos de desestimular la violación a la Ley.

De la propuesta original se cambia como sujeto activo en la tutela de esta disposición de Inspectoría General del Trabajo a Inspectoría Departamental del Trabajo correspondiente.

También consideró reordenar el articulado propuesto para reformar al incluir en el Arto. 133 las reformas propuestas para el Capítulo II Arto. 137.

Tomando en cuenta que este Proyecto de Ley es necesario, está bien fundamentado y no altera ni se opone a la Constitución Política, las Leyes Constitucionales ni a los Tratados Internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua, la Comisión de Justicia dictamina Favorablemente el

Proyecto de Ley de Reforma al Título VI del Código del Trabajo de la República de Nicaragua

y solicita su aprobación al plenario de la Asamblea Nacional.

COMISION DE JUSTICIA

ORLANDO TARDENCILLA

PRESIDENTE

EDWIN CASTRO RIVERA
PRIMER VICEPRESIDENTE

WALMARO GUTIERREZ M.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

NATHAN SEVILLA GOMEZ
PRIMER SECRETARIO

DELIA ARELLANO SANDOVAL

MIEMBRO

MIRNA ROSALES AGUILAR
MIEMBRO

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A discusión el presente proyecto de Ley de Reforma al Título VI del Código del Trabajo de la República de Nicaragua.

Tiene la palabra la honorable Diputada Mirna Rosales.

DIPUTADA MIRNA ROSALES:

Gracias, señor Presidente.

La Comisión de Justicia trabajó este proyecto de ley, ya que tenía una contradicción con el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia y se hacia necesario, como bien dice la presentación de este Dictamen, regular el trabajo de las niñas y de los niños a partir de los 14 años, ya que tenemos también que contemplar todo lo establecido en el Convenio de la OIT. De todos es conocido el abuso de distintas formas que se le da a la niñez, y es obligación de todos nosotros los legisladores, proteger a nuestros niños y niñas, ya que son el futuro de nuestra Nación. Así es que pido en nombre de la Comisión de Justicia la aprobación de todos los Diputados y Diputadas a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Gustavo Porras.

DIPUTADO JOSE ANTONIO ZEPEDA LOPEZ: (SUPLENTE)

Gracias, señor Presidente.

Si bien es cierto es necesario aprobar leyes que nos permitan garantizar que nuestra niñez y juventud tengan condiciones adecuadas, no puedo dejar de plantear a este Plenario, como educador, que no podemos aceptar fácilmente que se hable de regular el trabajo de los niños, las niñas y adolescentes. Me parece que la principal responsabilidad que deben tener los niños, niñas y adolescentes es el estudio, prepararse para el futuro y tener las condiciones para hacer mejores actos para su Patria.

Por eso nosotros hemos señalado como educadores, que la mejor forma de erradicar el trabajo infantil es incorporando a los niños, las niñas y a los jóvenes a la escuela, garantizando un empleo decente a los padres y madres de familia. Y por otro lado como dirigente sindical, no puedo dejar pasar desapercibido que se está reformando el Código del Trabajo y que esto también, aunque estamos de acuerdo que deben hacerse mejores normas, es peligroso para nosotros como movimiento sindical, porque mañana se puede caer en la tentación de reformar aspectos de derechos que tenemos nosotros consignados en el Código del Trabajo.

Señor Presidente, no podía dejar pasar estos criterios y dejarlos expresados para que queden grabados para el futuro.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Alfonso Ortega Urbina.

DIPUTADO ALFONSO ORTEGA URBINA:

Gracias, señor Presidente.

Es una pequeña observación, más bien de carácter de redacción, porque en el artículo 2, donde se refiere al artículo 131, dice que la edad mínima para trabajar es de 14 años, y yo diría que la intención es que la edad mínima para trabajar en cargos remunerados es de 14 años. Porque sencillamente establecer en forma general que no pueden trabajar los menores de 14 años, es una mala indicación, porque el trabajo no es más que una forma educativa para desarrollar a la humanidad.

De manera que el trabajo en el hogar, que no requiere remuneración, sí puede ser pedido y obligado por los padres para que los niños colaboren en los oficios domésticos. En esta forma tan generalizada y con tanta ascendencia que tienen para tomar mala interpretación de las cosas, puede venir la juventud a decirle a los padres que él no está obligado, de conformidad con la ley, a ejercer ningún trabajo antes de los 14 años, lo cual no sería conveniente.

Sería bueno redactarla mejor. Recomiendo a la Comisión que hizo el Dictamen, que pusiera más claramente establecido que la prohibición es para los trabajos remunerados.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Nathán Sevilla.

DIPUTADO NATHAN SEVILLA:

Muchas gracias, señor Presidente.

Como miembro de la Comisión de Justicia, creo que es importante también hacer algunas aclaraciones sobre las preocupaciones vertidas por el Diputado Zepeda, dirigente sindical, porque estoy totalmente de acuerdo con él, en que cualquier reforma del Código del Trabajo que pudiera poner en riesgo derechos adquiridos, debería naturalmente ser objeto de un consenso nacional, y no creo que vayamos a encontrar el consenso nacional, si vamos a disminuir derechos adquiridos para los trabajadores en el Código.

Pero en este caso no se trata de poner en riesgo ninguna de las garantías del Código del Trabajo que favorecen a los trabajadores nicaragüenses, sino de venir a favorecer una actualización de la ley, del Código del Trabajo, con respecto a los derechos y deberes de los menores trabajadores; poner en concordancia nuestra legislación con nuestros convenios internacionales. Y como ha dicho el Doctor Ortega Urbina, claro que al hablarse de edad mínima de 14 años para trabajar, se está refiriendo al trabajo remunerado que se realiza mediante un contrato de trabajo.

Y en el caso de estar entre los 14 y los 16 años, debe tener el consentimiento de los padres, y después de eso también se establecen las protecciones necesarias para el trabajo de los niños. Hay que considerar que el trabajo en sí, para los menores de edad, también forma parte de la educación de la niñez y se considera dentro de los sistemas escolares el trabajo; inclusive la evolución de la pedagogía moderna tiene mucho que ver con la teoría y la práctica. El trabajo es lo que hace al hombre, y lo que hizo al hombre, si nos vamos a los clásicos teóricos de lo que ha sido la evolución humana, el trabajo hizo al hombre, por lo tanto es un elemento formativo que empieza a jugar su papel desde la edad temprana.

Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no se abuse de la capacidad física, psíquica de los menores de edad, y por eso aquí hay protecciones en cuanto a un máximo de tiempo de trabajo para los adolescentes, de seis horas como máximo, por ejemplo, y una serie de protecciones sobre situaciones insalubres en las que no puede permitirse el trabajo de los menores.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado José Antonio Zepeda.

DIPUTADO JOSE ANTONIO ZEPEDA:

Gracias, señor presidente.

Hay un planteamiento que creo que debe quedar claro. Comparto el criterio tanto del Diputado Ortega como del Diputado Sevilla, en el sentido de que el trabajo puede ser como parte de la formación integral; pero hay que recordar que también no puede haber abuso, y las muchas experiencias que niños y niñas pasaron como hijos de casa, los cuales han sido explotados inmisericordemente. Muchas veces se cae en la irresponsabilidad de que niñas tienen que atender a niños; por lo tanto, creo que efectivamente se debe dejar claro que en ningún momento se puede considerar que el trabajo para la formación integral debe considerarse como una explotación laboral.

Además, el problema del trabajo infantil es un problema social de estructura económica, no es un problema laboral propiamente dicho; por eso es la preocupación nuestra, y como decía el compañero Nathán Sevilla. Pero que quede en acta, e insistimos, no puede a través de una ley reformarse el Código del Trabajo si no hay un debate y una discusión donde se respeten los derechos consignados en el mismo. Ya es la segunda vez que se hacen reformas al Código del Trabajo por esta vía, entonces nos preocupa en este sentido que se pueda seguir avanzando en la reforma del Código sin tener el consenso adecuado.

Entonces, no podemos ver el problema del trabajo infantil como un problema laboral, es un problema social de estructura económica, y entonces nos preocupa cuando el tema se centra fundamentalmente desde la óptica laboral nada más y no del problema que se tiene, la falta de empleo para esos padres y madres y la falta de escuelas y de maestros para esos niños y niñas que están en la calle. Entonces ésa es la preocupación nuestra, y queremos que quede claro en este sentido.

Muchas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Iris Montenegro.

DIPUTADA IRIS MONTENEGRO:

Gracias, Presidente.

Efectivamente nos causa preocupación que pueda entenderse el buscarle salidas a una realidad concreta, como es la situación de injusticia que viven miles de niños y jóvenes adolescentes, que son explotados en las diferentes formas de trabajo y que pueda utilizarse para una reforma al Código Laboral. No obstante, considero que esta Asamblea tiene que dictaminar normas que atiendan ese problema referido a la situación de injusticia y abuso que en nuestro país se da en torno a la sobreexplotación de los niños y adolescentes trabajadores.

Considero que lógicamente debido a esta situación que vivimos, y si bien es cierto que Nicaragua es suscriptor de la Resolución de la OIT, esta reforma o este planteamiento o esta norma jurídica que vayamos a aprobar, debe dejar claro que es un elemento para resolver esta realidad, no para modificar los términos que están establecidos en el Código Laboral. Estamos claros que el nicaragüense es ciudadano a los 16 años, y si es ciudadano a los 16 años, lógicamente adquiere deberes, adquiere compromisos, responsabilidades; pero lógicamente deben tener los derechos que el mismo Código de la Adolescencia le establece.

De manera que me parece que debemos ver esto desde el punto de vista integral, los abusos que hay con los niños y los adolescentes trabajadores y que el trabajo les permita a estos adolescentes la formación como individuos integralmente. Porque deben verse también los aspectos de la recreación y los aspectos de la superación cultural y la parte educativa, que son elementos que debemos analizar integralmente; no únicamente para dar respuesta al aspecto meramente laboral, en término de los derechos que ya adquirirían estos niños trabajadores.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Roberto González.

DIPUTADO ROBERTO GONZALEZ:

Gracias, señor Presidente.

Ya nuestros colegas que nos antecedieron han señalado de manera clara las preocupaciones expresas en relación al tema. Sin embargo para nosotros es preocupante -desde el punto de vista de la búsqueda armónica y la coherencia jurídica- de todo el marco regulatorio de las leyes que se interconectan en relación a determinados temas, como pueden ser en este caso el Código de la Niñez, el Código del Trabajo y otras disposiciones legislativas, incluyendo los convenios internacionales de la OIT- la señal o el mensaje que se pueda estar dando alrededor de que el marco regulatorio fundamental de carácter laboral, como es el Código del Trabajo, de pedacito en pedacito estemos comenzando aquí a hacer una reforma integral al Código del Trabajo.

Y digo esto, y llamo la atención, porque a la honorable Junta Directiva, si mal no recuerdo, desde el año pasado le llegó una misiva donde diferentes actores, sector empresarial, Gobierno, trabajadores, y sindicatos, expresamos la preocupación de que mientras no hubiera un consenso en toda la Nación y todas las fuerzas alrededor de estos aspectos, debemos tener mucho cuidado en el Poder Legislativo de darle curso a una serie de aspectos que de manera parcial vayan configurando de hecho una reforma al Código del Trabajo.

En ese sentido, expreso nuestra preocupación alrededor de que cualquier Comisión que pretenda de manera aun justificada presentar algunas propuestas que puedan entenderse como mejoramiento y seguridad alrededor de la cobertura de derechos en las normas jurídicas, si no parten también del consenso de sus actores, creo que va a ser un círculo vicioso con efectos realmente negativos, y que después van a generar mayores distorsiones e impactos negativos en la sociedad nicaragüense.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Me pronuncio en esta ocasión como miembro de la Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia. Hay un lema dentro de estas iniciativas de erradicación del trabajo infantil que dice: “Primero estudiar y luego a trabajar”. Y pareciera ser que más bien esta propuesta va dirigida al revés, primero a trabajar y después a estudiar, y así queda expresado en el artículo 5, numeral h), cuando dice que el adolescente ajustará su horario escolar al horario laboral. Entonces estamos invirtiendo lo que de alguna manera se ha venido haciendo.

Inclusive, el artículo 84 de la Constitución Política establece taxativamente que: "Se prohíbe el trabajo de los menores, en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social". En el Capítulo II, Derechos Políticos, dice el Arto. 47: “Son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido 16 años de edad”.

Es decir, el trabajo que pueden desarrollar los adolescentes per se no es malo. En muchos países los escolares, los estudiantes participan en labores remuneradas en sus tiempos de vacaciones o en sus tiempos libres cuando no están estudiando. El problema es cuando el adolescente por razones de ingreso familiar se ve obligado a abandonar su educación formal, su educación escolar, para dedicarse exclusivamente a trabajar. Yo creo que esta propuesta tal a como está planteada, va a venir precisamente a ratificar una situación que es real: por ejemplo, el 30 por ciento de los nacimientos que se dan anualmente en el país provienen de adolescentes menores de 19 años, y un 8 por ciento de esos nacimientos corresponden a niñas entre 10 y 14 años.

Es decir, en la zona rural, en el campo, es frecuente ver a una adolescente de 16 años que ya tiene hasta dos hijos, o una pareja de jóvenes de 16, 17 años que ya forman una familia, y nosotros estamos queriendo darles derechos laborales. En este aspecto ya estoy preparando una moción para que este artículo 5 posteriormente, cuando llegue el momento de la discusión en lo particular, pueda ser modificado a la inversa, es decir, que el adolescente pueda ajustar su horario laboral de acuerdo a su horario escolar, para que de esta manera ratifiquemos ese principio de erradicación del trabajo infantil, primero estudiar y después a trabajar.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Nathán Sevilla.

DIPUTADO NATHAN SEVILLA:

Gracias, señor Presidente.

Creo que el debate que se está dando es muy útil en lo general, porque el espíritu de esta ley tiene que ser ése, es la defensa de los derechos de la niñez frente a la explotación; prohibir la explotación de los menores de edad y prohibir, a como lo establece aquí el mismo proyecto que vamos a discutir luego en lo particular, el desempeño de los y las adolescentes en trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en que se realizan dañen su salud física, síquica, condición moral y espiritual.

Les impide su educación, dice también, la unidad familiar y desarrollo integral, tales como... Y se enumeran todas esas condiciones que son prohibidas porque vienen a poner en peligro la educación, vienen a poner en peligro la salud física, síquica, la condición moral y espiritual, la misma unidad familiar y el desarrollo integral de los niños. Y estoy de acuerdo pues con la observación que en lo particular ha hecho el Diputado Miguel López acerca del inciso h) del artículo 5, de que ahí hay que invertir el sentido de la idea, primero el estudio y después el trabajo.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Sometemos a votación en lo general el presente proyecto de ley.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

62 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado en lo general.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE REFORMA AL TÍTULO VI, LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

TÍTULO VI
EL TRABAJO DE LOS Y LAS ADOLESCENTES.

CAPITULO I
PROTECCIÓN A LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE TRABAJAN.

Arto.1 El artículo 130 se leerá así:

Se considera adolescente trabajador, a los y las comprendidas en edades de 14 a 18 años no cumplidos, que mediante remuneración económica realizan actividades productivas o prestan servicios de orden material, intelectual u otros, de manera permanente o temporal.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 1?

Tiene la palabra la honorable Diputada Mirna Rosales.

DIPUTADA MIRNA ROSALES:

Es solamente para mejorar la redacción, señor Presidente.

"Se considera adolescente trabajador –quedaría- a los niños y niñas comprendidas entre las edades de 14 a 18 años".

Voy a pasar la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado Edwin Castro.

DIPUTADO EDWIN CASTRO:

Mirna, el Código de la Niñez separa lo que es niños y niñas de lo que es adolescente. Es equivocado decir: "Se considera adolescentes a los niños y niñas comprendidos entre 14 y 18". Eso está claramente definido en el Código de la Niñez, en donde queda claro que de 14 a 18 son adolescentes. Precisamente ésta es una ecuación de la ley laboral al Código de la Niñez, donde los otros son niños y éstos son adolescentes.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra la honorable Diputada Mirna Rosales.

DIPUTADA MIRNA ROSALES:

Entonces hay que mejorar la redacción, porque evidentemente hay un problema de redacción; hay que mejorarlo ahí. Voy a pasar la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 1.

Se abre la votación.

60 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el artículo 1.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Arto.2

El artículo 131 se leerá así:

La edad mínima para trabajar es de catorce años, en consecuencia se prohíbe el trabajo a menores de esa edad.

A los y las adolescentes que trabajan, se les reconocerá capacidad jurídica para la celebración de contratos de trabajo a partir de los dieciséis años de edad.

Los y las adolescentes comprendidos entre las edades de 14 a 16 años no cumplidos, podrán celebrar contratos de trabajo con el permiso de sus padres o representante legal, bajo la supervisión del Ministerio del Trabajo. Corresponderá a la Inspectoría General del Trabajo, a solicitud de parte o de oficio, conocer y sancionar denuncias sobre la violación a esta disposición.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 2?

Tiene la palabra el honorable Diputado Jorge Tórrez.

DIPUTADO JORGE TORREZ:

Señor Presidente: Es para apoyar la moción del Doctor Ortega Urbina, en la que se tiene que agregar la palabra "mediante remuneración laboral". Entonces se leería así este artículo:

"La edad mínima para trabajar mediante remuneración laboral es de 14 años, en consecuencia se prohíbe el trabajo a menores de esa edad". Presento la moción.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

El Secretario dará lectura a la moción presentada por el Diputado Tórrez.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON

El artículo 2 del artículo 131, se leerá así en su encabezado:

"La edad mínima para trabajar mediante remuneración laboral es de 14 años, en consecuencia se prohíbe el trabajo a menores de esa edad". El resto del artículo queda igual.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 2, con la moción presentada de consenso.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

64 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el artículo 2.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Arto. 3 El artículo 132 se leerá así:

Es obligación del Estado, empleadores, organizaciones sindicales y familias, proteger a los y las adolescentes, evitando que desempeñen cualquier actividad o trabajo que perjudique su salud física y psíquica, su educación y desarrollo integral.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 3?

A votación el artículo 3.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el artículo 3.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Arto. 4 El artículo 133 se leerá así:

Arto.133.

Se prohíbe el desempeño de los y las adolescentes en trabajos que por su naturaleza, o por las condiciones en que se realiza dañen su salud física, psíquica, condición moral y espiritual, les impida su educación, unidad familiar y desarrollo integral, tales como:

a. Trabajos que se realizan en lugares insalubres, minas, subterráneos y basureros.

b. Trabajos que impliquen manipulación de sustancias psicotrópicas o tóxicas.

c. Trabajos en centros nocturnos de diversión y otros que por su naturaleza, vulneren la dignidad y los derechos humanos o se realicen en jornadas nocturnas en general y horarios prolongados.

d. Situaciones en que los y las adolescentes quedan expuestos a abusos físicos, psicológicos o explotación sexual comercial.

e. Trabajos que se realizan bajo tierra, bajo agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados, temperaturas muy altas o bajas y niveles de ruidos o vibraciones que lesionen su salud tanto física como psíquica.

f. Trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas peligrosas, o que conlleven la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas.

g. Cualquier otro trabajo que implique condiciones especialmente difíciles, que pongan en riesgo la vida, salud, educación, integridad física o psíquica de los y las adolescentes que trabajan.

Corresponderá al Ministerio del Trabajo, conjuntamente con la Comisión Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y del Adolescente Trabajador, definir, revisar y actualizar anualmente el listado de los trabajos peligrosos en consulta con las organizaciones de empleadores, sindicales y de la sociedad civil.

Al cesar la relación laboral como consecuencia de estas prohibiciones, las mismas no podrán ser invocadas para negar las prestaciones a que tiene derecho el adolescente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 4?

A votación el artículo 4.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el artículo 4.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Arto. 5 El artículo 134 se leerá así:

Son derechos de los y las adolescentes que trabajan:

a. Realizar trabajos en condiciones de respeto y goce de sus derechos fundamentales;

b. Salario igual, por trabajo realizado igual al de otros trabajadores;

c. Ser remunerados en moneda de curso legal, siendo prohibido el pago en especie;

d. Tener condiciones de trabajo que les garanticen seguridad física, salud física y mental, higiene y protección contra los riesgos laborales;

e. Los y las adolescentes con alguna discapacidad, deberán tener condiciones laborales físicas y ambientales adecuadas;

f. Tener una jornada laboral que no exceda las 6 horas diarias y 30 semanales;

g. Los beneficios de la seguridad social y de programas especiales de salud;

h. Integrarse a la escuela en las modalidades y horarios compatibles con sus responsabilidades y condiciones laborales;

i. A la participación y organización sindical;

j. Acceder a la capacitación mediante un sistema de aprendizaje apropiado a su edad, nivel escolar y otras condiciones que favorezcan su desarrollo;

k. Los demás derechos que establece el presente Código, el Código, de la Niñez y la Adolescencia, otras leyes, los convenios colectivos y convenciones internacionales ratificados por el Estado nicaragüense.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 5?

Tiene la palabra el honorable Diputado Miguel López Baldizón.

DIPUTADO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Gracias, Presidente.

Presento moción, con la firma de los Diputados Mirna Rosales, Enrique Quiñónez, Nathán Sevilla, Roberto Rodríguez y este servidor. El artículo 5 del artículo 134, numeral h), se leerá así:

"Integrarse al trabajo en las modalidades y horarios compatibles con sus responsabilidades y disponibilidad de horario escolar". Precisamente para tener el concepto correcto de que primero estudiar y después a trabajar.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

A votación el artículo 5, con la moción presentada de consenso en el inciso h).

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el artículo 5, con la moción presentada.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Arto. 6 El artículo 135 se leerá así:

Las violaciones de los derechos laborales de los y las adolescentes que trabajan, serán sancionados con multas progresivas que oscilarán de cinco a quince salarios mínimos promedios, que aplicará hasta tres veces la Inspectoría Departamental del Trabajo correspondiente sin perjuicio de acordar por la reincidencia, la suspensión o cierre temporal del establecimiento. El valor de estas multas se asignará a la Comisión Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador, sin perjuicio de las reclamaciones laborales que él o la adolescente o su representante legal puedan presentar ante los juzgados laborales respectivos.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 6?

A votación el artículo 6.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el artículo 6.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVERA:

Arto. 7 El artículo 136 se leerá así:

Los fines benéficos de particulares y de instituciones sociales dedicadas a la enseñanza o al cuidado y protección de los y las adolescentes que requieren protección especial, no justifican la explotación económica y el maltrato a que puedan ser sometidos.

Cuando instituciones sociales o personas particulares formulen denuncias de alguna explotación de este tipo, el Ministerio del Trabajo será competente para conocer tales denuncias, y de ser comprobada la denuncia, hará valer los derechos de los y las adolescentes ante las autoridades competentes y los Tribunales de Justicia, en su caso.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 7?

A votación el artículo 7.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

66 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Aprobado el artículo 7.

SECRETARIO EDWIN CASTRO RIVARA:

Arto. 8

La presente Ley entrará en vigencia partir de su publicación por cualquier medio de comunicación escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

¿Observaciones al artículo 8?

A votación el artículo 8.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

64 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 8, y aprobada la ley.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Remitimos a los honorables Diputados al Adendum No. 1, Punto 2.17: LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA, recordando que esta ley fue aprobada en lo general el día 4 de Junio del año 2003.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Se le solicita a la señora Ada Esperanza Silva, Directora Ejecutiva del Centro de Derechos Constitucionales y representante del grupo promotor de la Ley de Participación Ciudadana, y a la señora Licenciada Marlene Álvarez, Secretaria Ejecutiva de la Red Nicaragüense por la Democracia y Desarrollo Social, que pasen al estrado.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZÓN:

En vista de que esta ley contiene casi 100 artículos y varios capítulos, propondría al Plenario someter a votación la discusión por capítulos o por artículos, para poder avanzar más rápido en la discusión de esta ley.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Tiene la palabra el honorable Diputado José Figueroa.

DIPUTADO JOSE FIGUEROA:

Gracias, Presidente.

El día de hoy vamos a discutir en lo particular la Ley de Participación Ciudadana, que como usted lo señalaba, fue aprobada en lo general recientemente. Esta ley, señor Presidente, tiene como objetivo en primer lugar, dar cumplimiento a la Constitución Política de la República de Nicaragua; tiene además entre sus propósitos, fortalecer la democracia participativa en nuestro país, que es un elemento esencial de la democracia representativa. Pero sobre todas las cosas, uno de los objetivos principales de esta ley, consiste en promover el ejercicio pleno de la participación ciudadana en el ámbito político, económico y social, y también en el ámbito cultural.

De igual manera esta ley, una vez que la aprobemos, va a contribuir a la gobernabilidad de nuestro país, en la medida en que los ciudadanos y agentes sociales participen en el diseño y la gestión de los asuntos públicos y de los problemas que tienen que ver con el Estado, con la gestión estatal. De esta manera se va a lograr estabilidad, coherencia y armonía con la realidad económica-social que vive nuestro país; además de que en la medida en que los ciudadanos participen activamente, va a contribuir a que las autoridades se legitimen y se elijan adecuadamente, lo que sin duda alguna va a fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad de nuestro país.

En Nicaragua hay mucha experiencia de participación ciudadana, una de las más importantes es el ejercicio democrático electoral que realizan los ciudadanos nicaragüenses cada vez que hay elecciones nacionales, elecciones municipales o elecciones regionales; hay experiencias importantes de participación ciudadana en la definición de políticas sectoriales que tienen que ver con la educación y la salud de nuestro país; hay experiencia importante en cuanto a materia de seguridad ciudadana, medio ambiente y recursos naturales, en definición de normas jurídicas en lo que concierne al desarrollo económico y social de nuestro país.

Señor Presidente: Esta Ley de Participación Ciudadana va a definir con claridad todos los aspectos que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos de Nicaragua, en cuanto a lo que es la iniciativa ciudadana, ya sea aquí en la Asamblea Nacional, ya sea en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, o ya sea en la gestión que tiene que ver con los gobiernos locales de nuestro país. Se va a definir en esta ley, todo lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos, con la obligación que tienen las instituciones que definen el marco jurídico de nuestro país con la consulta a los ciudadanos.

Es decir, cómo la Asamblea Nacional, a través de las Comisiones permanentes y especiales, consulta a los ciudadanos sobre los proyectos de ley que llegan aquí a esta Asamblea, o las resoluciones de ordenanzas que son introducidas en los Consejos Regionales de la Costa Atlántica o en los gobiernos locales de los 152 Municipios de nuestro país. Se va a definir, señor Presidente, todo el rol que juegan las asociaciones de pobladores, organizaciones sectoriales y lo que es la consulta popular en el ámbito local de los 152 Municipios de nuestro país; cómo participan los pobladores en la elaboración del plan o estrategia de desarrollo municipal, y el plan de inversión de los Municipios de nuestro país.

Y también se van a definir los derechos de petición y denuncia, así como lo que es la defensoría de los ciudadanos, que en este caso la ley contempla que sea la Procuraduría de Derechos Humanos de nuestro país. Finalmente, señor Presidente, se va a hacer efectiva también la integración del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, como un organismo que aglutina a todos los más amplios sectores de nuestro país, para supervisar y garantizar que se cumplan los mecanismos de participación ciudadana que vamos a aprobar en esta Ley de Participación Ciudadana.

Por tal razón, señor Presidente, pido a todos los honorables Diputados y Diputadas de este Plenario de la Asamblea Nacional, que respaldemos esta Ley de Participación Ciudadana, para que de esa manera también saldemos la deuda histórica que tiene la Asamblea Nacional con los ciudadanos nicaragüenses. Porque realmente es una obligación que está establecida en la Constitución, dotar de una Ley de Participación Ciudadana a los nicaragüenses, para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos y sociales.

Gracias señor Presidente.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Invitamos al Procurador de Derechos Humanos, Doctor Benjamín Pérez, que también pase adelante a acompañar a las señoras.

Tiene la palabra el honorable Diputado Elías Chévez.

DIPUTADO ELIAS CHEVEZ:

Gracias, señor Presidente.

A como ha sido manifestado por el Diputado Figueroa, la importancia de la aprobación ya en lo particular de esta Ley de Participación Ciudadana, no es o no debe constituirse en un mero acto retórico o en un mero acto formal y quedarnos tranquilos y contentos los Diputados de esta honorable Asamblea Nacional, con aprobarla y que luego esto se convierta en papel mojado, o que sea pues una de las leyes más de las que saca esta maquinaria realizadora de leyes.

Para muestra un botón. Es decir, el primer ciudadano que debe dar muestras de que en Nicaragua se practica realmente la democracia y que se le dan los espacios necesarios a la ciudadanía, que se nos dan los espacios necesarios que por derecho constitucional nos pertenecen, tanto a la Asamblea Nacional como a los organismos de la sociedad civil, como a los centenares y decenas de organizaciones de carácter civil, de orden comunitario, de lo cual hay una muy rica experiencia en nuestro país, en este caso es el Presidente de la República quien debe dar el ejemplo y debe ser el mayor promotor de la participación ciudadana.

Decíamos que desde hace días se presentó a la Nación el Plan Nacional de Desarrollo, ese Plan Nacional de Desarrollo criticado por algunos y en coincidencia con otras posiciones, pero al fin de cuenta no deja de ser un mero instrumento burocrático porque sale de las entrañas de las oficinas, y no goza ni ha sido partícipe la ciudadanía de este importante instrumento para el desarrollo del país. Para muestra, como decimos, un botón. Así se están tomando una serie de decisiones de trascendencia para el país, y la ciudadanía está ajena a estas decisiones que tienen que ver con elementos de la vida productiva, con el futuro del país y en donde va quizás quedando el país empeñado, endeudado, y la ciudadanía no es partícipe de ello.

Por ello, me parece muy trascendente que cuando vayamos aprobando en lo particular e incorporemos las mociones que han sido recogidas a través de distintas comparecencias, de distintas organizaciones, que hay que reconocer que han jugado un papel muy importante para dotar de este instrumento a la ciudadanía nicaragüense, es importante que los legisladores a la hora de aprobarla -y estamos solicitando esa aprobación unánime- también lo hagamos y lo llevemos al seno de todos y cada uno de los ciudadanos de este país.

De manera que no se cometa –insisto- el error de dejar esto como un acto retórico o un acto formal, sino que lo hagamos realidad. Y en este caso, la Asamblea Legislativa como órgano fiscalizador y controlador de la acción del Gobierno, seamos los primeros en abrir esos canales y esas vías de participación de la ciudadanía.

Gracias.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

También se le solicita al Doctor Julián Corrales, Sub Procurador de Derechos Humanos, que nos acompañe aquí en frente.

Tiene la palabra el honorable Diputado Bayardo Arce.

DIPUTADO BAYARDO ARCE:

Muchas gracias, Presidente.

Este proyecto de ley, como bien se señala en la introducción, tiene bastantes años de estar aquí, desde la Asamblea anterior, y creo que no es casual que haya sido complejo el proceso de llegar a este momento en el que por un lado tenemos un Dictamen, y por otra parte nos encontramos con una cantidad de mociones consensadas y que son 31, casi un proyecto paralelo a lo que antes se dictaminó. Y es que creo que todos compartimos la voluntad y la disposición de asegurar que el pueblo, que la sociedad, que los electores, tengan la mayor incidencia posible en las cosas públicas, en las cosas que les atañen; y ése es un sentimiento absolutamente legítimo, sin embargo lograrlo no ha sido fácil.

Yo recuerdo que cuando se introdujo este proyecto y hubo las primeras discusiones, surgieron ya una serie de inquietudes conceptuales con los que andaban promoviéndolas desde distintos organismos. Y a mí en lo particular me preocupa que hemos llegado a este momento del debate, en que incluso ya aprobamos en lo general esto, para dar una señal de que sí nos interesa la participación ciudadana en los asuntos públicos; pero ya cuando entramos al detalle, a mí me vuelven a asaltar las dudas conceptuales del comienzo.

La primera inquietud que me surge, y no la veo ni en el Dictamen, ni en las mociones de consenso, es que adolecemos -y esta ley lo amerita- de un capítulo de definiciones, apropiado, porque lo primero es que hablamos de la sociedad civil, y yo a estas alturas del partido creo que hay tantas definiciones de sociedad civil como intereses se mueven detrás de ellas. Entonces, no sabemos realmente de qué hablamos cuando hablamos de sociedad civil. Yo recuerdo que en uno de los primeros seminarios, en una de las discusiones conceptuales que se tenía -y aquí voy a tener que ver si no seguimos arrastrando esto-, se excluía a los partidos políticos de la sociedad civil.

Y yo entiendo que la sociedad civil es la sociedad que no está en la administración pública, los que no son del área pública, y se organiza la sociedad en expresiones culturales, científicas, políticas, económicas, etc.; los partidos serían por ende, expresiones políticas de la sociedad civil. Incluso, así ojeando rápido, ahorita que vimos que de repente entrábamos a este debate, encontré como ejemplo de los problemas conceptuales, en el artículo 38, cuando se habla de la integración de unos Consejos Nacionales, que eso no sufre ningún cambio especial en las mociones; que se habla en el Dictamen de que vamos a tener dos delegados de las diferentes asociaciones de la sociedad civil; y después se habla de un delegado de las fundaciones y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, cámaras empresariales, federaciones, ¿Y éstas no son sociedad civil?

¿Qué es sociedad civil? Sociedad civil es que el que no alcanzó en partido, en cámara empresarial, en sindicato, etc., entonces ésa es sociedad civil. Me parece que todavía persiste digamos, el tipo de inquietudes sindicales, conceptuales que nos atraviesan por todos lados a la hora de plantearnos el gran anhelo de que la sociedad pueda participar. Hago estas reflexiones con un objetivo pues, porque este proceso va a ser un poco complejo. Como repito, tenemos el Dictamen de una ley de casi 101 artículos -como dijo el Secretario- y 31 mociones, que es casi igual. Entonces creo que hay que ir despacio y con buena letra para que el objetivo que perseguimos lo coronemos, que es asegurar la participación ciudadana sin que nos lo altere toda esta telaraña de lo que llaman sociedad civil, y que, como repito, detrás de ese concepto que no aparece aclarado aquí, se mueven tantas interpretaciones como intereses hay detrás de las mismas.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Vamos a someter a votación la moción que presentó el Secretario, Doctor Miguel López Baldizón, si desean que la discusión sea por capítulo o por artículos.

Los que vamos a votar por capítulos, en verde; y el que vota por artículos, en rojo.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

54 votan a favor de que sea por capítulos, ninguno por artículos. Así es que vamos por capítulos.

SECRETARIO MIGUEL LOPEZ BALDIZON:

Honorables Diputados y Diputadas: En vista de que la Sesión de hoy anticipadamente había sido programada hasta las 12:30 del mediodía, ya que hay una reunión con los Presidentes de Comisiones, y porque también en el Capítulo I, que es un capítulo importante porque están definidos los conceptos que van a regir durante toda la ley; la Comisión nos ha solicitado que en la búsqueda del consenso, trabajaran en la tarde en algunos conceptos que están en el Capítulo I, para mañana iniciar ya con la discusión y la aprobación de ese Capítulo.

PRESIDENTE JAIME CUADRA SOMARRIBA:

Se les recuerda a todos los Presidentes de Comisión, que tenemos una Sesión-almuerzo en el sótano del otro edificio.

Se suspende la Sesión, para mañana a las nueve de la mañana.

Managua,Nicaragua 2004.