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Año Legislativo:		XXVI LEGISLATURA
Sesión:		PRIMERA
Tomo No.		4

1. Antecedentes

2- Consultas

 Se establece a la Dirección General de Contrataciones del Estado como la institución rectora del sistema de administración de contrataciones del sector público, con capacidad de sancionar a proveedores e informar a la Contraloría General de la República de indicios de negligencia, incompetencia, corrupción.

 El Registro de Proveedores del Estado será exigible para ofertar.

 Ampliación de los principios rectores que rigen la contratación administrativa.

 Agilización en los procesos de compra que conllevan a reducir los costos que beneficia al Estado.

 Promueve la igualdad de competencia y no discriminación.

 Previene de aquellos casos y situaciones que de forma ineludible deben de prevalecer el bien común, el interés social e interés nacional.

 Celeridad en los procesos de gestión y difusión de las adquisiciones y contrataciones del Estado.

 Facilita que los proveedores honren su oferta, caso contrario se exceptuará su participación por un año.

 Se responsabiliza a la máxima autoridad institucional el desarrollo de la contratación simplificada.

 Se reduce los plazos en el proceso de las contrataciones administrativas.

 Propone que al contrato administrativo se le otorgue carácter de documento público con fuerza ejecutiva, lo que permitirá al Estado una economía de procedimientos y en consecuencia de costos.

 Facilita las controversias y hace el proceso de contratación administrativo económico y expedito.

 Define reglas básicas de transparencia al obligar a divulgar en el portal único de contrataciones sin perjuicio de otros medios de comunicación.

 Permite desarrollar la igualdad de derechos entre los diferentes proveedores y la administración pública al ampliar y desarrollar los procedimientos para la interposición, tramitación y resolución de los recursos.

 Respeta las normas establecidas en los Tratados internacionales de Libre Comercio suscritos por la República de Nicaragua con otros países.

La presente Ley es de orden público, por lo tanto, las partes que intervienen no podrán alterar los procedimientos ni renunciar a los derechos establecidos en la presente ley. En ningún caso, la naturaleza de un contrato dependerá de su denominación formal, convenida por las partes o impuesta por una de ellas.

1. Contratos Administrativos: son los acuerdos de voluntad, que crean o modifican derechos y obligaciones contractuales y que tienen como partes a un órgano o entidad perteneciente al Sector Público y a un contratista particular. Estos contratos se regirán por la presente ley y, en lo no previsto, por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.

2. Contratos entre Entes Públicos o Contratos Inter-administrativos: son aquellos contratos celebrados entre dos organismos o entidades pertenecientes al Sector Público. Los contratos inter-administrativos se celebran mediante el procedimiento de la contratación simplificada. En este tipo de contrataciones, las partes contratantes no podrán invocar, entre sí, prerrogativas exorbitantes del derecho común.

En caso de conflictos, cuando dichos organismos o entidades estén sujetas a la tutela del Poder Ejecutivo, éstos serán resueltos conforme el procedimiento establecido en la Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”. Caso contrario, deberán someterse a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

3. Contratos Internacionales: son los celebrados por el Poder Ejecutivo, los cuales, son sometidos a aprobación legislativa conforme lo establece el artículo 138, inciso 12, de la Constitución Política de la República. No son contratos administrativos y, por ende, no se someten al régimen de la presente Ley.

4. Contratos de Crédito Interno o Externo: son los realizados por los organismos y entidades del Sector Público conforme el procedimiento establecido en la Ley No. 477, “Ley General de Deuda Pública”.

5. Declaración de seriedad de la oferta presentada y compromiso de ofrecimiento de garantías: es el documento que debe de presentar el oferente, en una garantía que puede consistir en una declaración ante notario público o en una garantía pecuniaria de mantener la validez de la oferta presentada.

6. Licitación: es el procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual el órgano o entidad del Sector Público realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose al pliego de bases y condiciones, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la mejor oferta.

7. Mejor Oferta: es la oferta que mejor se ajusta una vez aplicados los factores establecidos en el pliego de bases y condiciones. En ningún caso se calificarán las condiciones que el proponente tenga en exceso de las mínimas requeridas para acreditar su capacidad para cumplir el contrato, en términos de experiencia, capacidad financiera, operativa, etc. Tales condiciones se exigirán exclusivamente de manera proporcional al valor y complejidad del objeto a contratar. La calificación se hará únicamente en relación con las ofertas presentadas. En el evento en que el proceso de selección tenga por objeto un bien o servicio estandarizado y de común utilización, el único criterio de selección será el menor precio ofrecido. En el caso de la consultoría se calificarán preponderantemente las calidades del consultor y del equipo de trabajo si lo hubiere, así como la oferta técnica que presente para el desarrollo de la consultoría, en los casos en que el reglamento lo requiera. En los demás casos, la oferta más favorable se determinará mediante la valoración de la calidad y precio de las ofertas, de conformidad con los criterios establecidos en los pliegos de bases y condiciones. Todo lo anterior sin perjuicio de lo que el reglamento disponga en materia de contrataciones menores y de lo que se disponga en los respectivos pliegos en desarrollo de lo que en esta ley se dispone sobre compras públicas sostenibles.

8. Actos de Autoridad: se entiende como toda forma de intervención pública en desarrollo de las potestades exorbitantes a que se refiere el artículo 71 de la presente ley.

9. Derecho común: por tal se entiende, la legislación civil o mercantil, así como sus principios generales o especiales, que forman parte del ordenamiento jurídico nacional.

10. La Compra Pública Sostenible: consiste en la integración por parte de las Entidades y Organismos del Sector Público de aspectos sociales, éticos y ambientales en las especificaciones técnicas mínimas, en los criterios de selección objetiva y en las condiciones de ejecución de los contratos administrativos, los que deberán estar claramente incluidos en los pliegos de bases y condiciones.

11. Régimen jurídico de los contratos administrativos. Los contratos administrativos celebrados por las Entidades del Sector Público se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por la presente ley y sus disposiciones, el orden jurisdiccional contencioso – administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo en éste a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, Ministerios de Estado y Órganos Desconcentrados.

2. Los otros Poderes del Estado, cuando realicen funciones administrativas.

3. Los Entes Autónomos creados por la Constitución Política, cuando realicen funciones administrativas.

4. Las entidades descentralizadas por funciones.

5. Los Consejos y Gobiernos de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur.

6. Las Empresas del Estado, salvo cuando estén en situación de competencia. En este último caso, estarán sujetos a la presente ley los procesos de contratación vinculados únicamente a tareas propias de la actividad de administración de las mismas, comunes a cualquier organización. En cuanto a la contratación relativa al desarrollo de su objeto social o a las tareas conexas a la misma, esto es las que tengan relación de medio a fin con las actividades principales del objeto social, se contratarán de conformidad con el derecho privado, respetando en todo caso el principio de transparencia. Para el efecto, cada Empresa del Estado expedirá un manual de contratación que respete los lineamientos dictados por la DGCE y que sea aprobado por ésta, en el que consignen los procedimientos de selección que seguirá de conformidad con las necesidades que pretenda satisfacer y definan las actividades que se considerarán como conexas. Los respectivos Manuales aprobados se publicarán por la DGCE, y en relación con los mismos podrá ejercerse el control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de conformidad con la ley.

7. El Sector Público Financiero, entendiendo por tal, el Banco Central de Nicaragua y las Instituciones Financieras del Sector Público fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en lo que hace únicamente a las tareas propias de la actividad de administración de las mismas. En cuanto a la contratación relativa al desarrollo de su objeto social o a las tareas conexas a la misma, esto es las que tengan relación de medio a fin con las actividades principales del objeto social, se contratarán de conformidad con las normas especiales aplicables a la actividad. En cuanto a lo no regulado mediante normas especiales, se aplicará en su contratación el derecho privado, respetando en todo caso el principio de transparencia. Para el efecto, cada entidad del Sector Público Financiero expedirá un manual de contratación que respete los lineamientos dictados por la DGCE y que sea aprobado por esta, en el que consigne los procedimientos de selección que seguirá de conformidad con las necesidades que pretenda satisfacer y definan las actividades que se considerarán como conexas. Los respectivos Manuales aprobados se publicarán por la DGCE, y en relación con los mismos podrá ejercerse el control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de conformidad con la ley.

8. Las Universidades Públicas.

9. Las Universidades privadas, en cuanto a la administración de fondos provenientes del Presupuesto nacional.

10. Toda otra entidad que pertenezca al sector público de la República de Nicaragua, sin importar su denominación, así como toda institución en la que el Estado tenga participación mayoritaria.

La presente Ley se aplica en su totalidad, a las contrataciones administrativas celebradas por los organismos y entidades que conforman el Sector Público.

1. Los siguientes contratos públicos:

a) Los contratos internacionales celebrados por el Poder Ejecutivo que requieran aprobación legislativa, en los términos del artículo 138, Inciso 12 de la Constitución Política de la República.

b) Las licencias o concesiones administrativas de cualquier tipo, las cuales se sujetan a lo establecido en sus leyes especiales.

c) Los contratos de empleo público, los cuales se sujetan a lo establecido en la Ley No.476, “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa”, y demás leyes especiales.

d) Las operaciones de intermediación bursátil, y demás contratos regidos por la legislación bancaria.

e) La Contratación con Fondos Internacionales: todo contrato, incluyendo las adquisiciones de bienes, servicios generales, servicios profesionales de consultoría y la ejecución de obras públicas, que se financie mediante donaciones internacionales o créditos de Estados Extranjeros y Organizaciones Internacionales o que se fundamenten en Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales, se regirá por lo que se estipule en los respectivos instrumentos.

f) El organismo o entidad del sector público que contratare con sujeción al procedimiento anterior, tendrá la obligación exclusiva de velar por el cumplimiento de lo estipulado en tales instrumentos jurídicos internacionales y en la presente sección, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos del contratista recogidos en tales instrumentos.

2. Las contrataciones en el extranjero realizadas por las instituciones que prestan el servicio exterior, dedicadas exclusivamente para uso de la misma.

3. Cuando se trate de servicios públicos prestados a usuarios indeterminados a cambio de una tarifa o tasa de aplicación general incluyendo el transporte.

4. Las contrataciones realizadas por el sector municipal y los gobiernos municipales.

5. Las Empresas del Estado únicamente en lo relativo a su giro ordinario y a los contratos conexos, según lo establecido en el artículo 3 de la presente ley.

1. Principio de Eficiencia.- Los organismos y entidades del Sector Público deberán planificar, programar, organizar, desarrollar y supervisar las actividades de contratación administrativa que realicen, de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad.

2. Principio de Publicidad.- Los organismos y entidades del Sector Público con el objeto de garantizar la transparencia de la actividad administrativa deberán dar a conocer los procedimientos de los procesos de contratación, así como permitir el acceso de la ciudadanía a la información relacionada a dichos procesos.

3. Principio de Transparencia.- Toda contratación administrativa deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas de las ofertas, como se establece en la definición de “mejor oferta” contenida en el artículo 2 de la presente ley. El acceso a la información únicamente podrá ser restringido cuando la información solicitada pueda colocar a un oferente en posición de ventaja respecto de otros o cuando los documentos hayan sido definidos como confidenciales en los respectivos pliegos de bases y condiciones. Por referirse a información de los oferentes relacionada con desgloses de sus estados financieros, cartera de clientes o cualquier otro aspecto relacionado con sus procesos de producción, programas de cómputo, o similares que, dentro de condiciones normales de competencia, no deben ser del conocimiento de otras empresas.

4. Principio de Igualdad y Libre Concurrencia.- En los procedimientos de contratación administrativa se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de proveedores potenciales. Todo interesado que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, estará en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa en condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada de especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto del concurso.

5. Principio de Vigencia Tecnológica.- Los bienes, servicios o ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son adquiridos o contratados, y por un determinado y razonable tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

6. Principio de Control.- La actividad de contrataciones reguladas por la presente Ley, será fiscalizada por la Contraloría General de la República de conformidad con su Ley Orgánica y el control jurisdiccional será realizado por el Poder Judicial.

7. Principio de Debido Proceso.- Todas las personas, naturales o jurídicas, que participen en el procedimiento de contratación administrativa, lo harán en igualdad de condiciones, dispondrán del tiempo y los medios necesarios para su defensa y podrán formular los recursos y peticiones que conforme la presente Ley se establezcan.

8. Principio de Integridad.- Los actos referidos a las contrataciones administrativas deben caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia, imparcialidad y probidad. El Sector Público y proveedores deben observar normas éticas y evitar prácticas corruptas y fraudulentas en los procesos de contratación administrativa.

Los principios señalados tienen como finalidad garantizar que los organismos y entidades del Sector Público realicen las contrataciones administrativas con la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados; y servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la presente Ley y el Reglamento, como parámetros para la actuación de los funcionarios y para suplir los vacíos en la presente Ley y en el Reglamento.

1.- Proponer las modificaciones que considere necesarias al marco legal relativo a las contrataciones del Estado.

2.- Desarrollar el alcance de la presente Ley y su Reglamento, mejorar el Sistema de Contrataciones Administrativas del Sector Público en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos, mediante la emisión de normas administrativas. Así como, proponer políticas públicas y evacuar las consultas en materia de su competencia.

3.- Desarrollar, administrar y operar el Registro de Información del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público y mantener la información accesible al público en los términos de la presente Ley y su Reglamento.

4.- Desarrollar, administrar y operar el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE).

5.- Supervisar la aplicación de las normativas emitidas por el Órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público en materia de las contrataciones administrativas del Sector Público, y poner en conocimiento a la máxima autoridad de la anormalidad encontrada para que adopte la medida que corresponda.

6.- Imponer sanciones a los proveedores y contratistas que contravengan las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y del contrato.

7.- Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los casos en que se observe en los funcionarios públicos, indicios de incompetencia, negligencia, corrupción detectados en el ejercicio de sus funciones.

8.- Brindar asistencia técnica y capacitación a los organismos y entidades del Sector Público y sector privado en materia de su competencia.

9.- Diseñar, elaborar y difundir normativas complementarias de carácter general, así como modelos de manuales, guías, instructivos y pliegos estándares e instrumentos de gestión, entre otros, políticas que incluyan la elaboración de directrices que contemplen aspectos técnicos, económicos y sociales sobre la compra sustentable, en pro del desarrollo o mejora del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos.

10.- Preparar anualmente estudios y análisis acerca del comportamiento de precios de bienes y servicios, a fin de que los organismos y entidades del Sector Público los utilicen en la preparación de sus proyectos de presupuesto y sus procesos de contratación.

11.- Administrar, definir y supervisar los acuerdos marco, así como ilustrar sobre el uso de los mismos como se establece en la presente Ley y su Reglamento.

12.- Cualquier otra que por leyes especiales le sean asignadas.

Los organismos y entidades del Sector Público, utilizando el Clasificador básico del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, están obligados a mantener actualizada dicha información y comunicar los datos al Registro de Información.

Los módulos, contenido y forma del Registro de Información estarán regulados en el Reglamento de la presente Ley.

Esta información tendrá un propósito administrativo sin que la inclusión u omisión de cualquier información afecte la situación de los derechos y obligaciones contractuales de las partes en los contratos administrativos celebrados.

Cuando el volumen de las operaciones o la organización territorial lo hagan necesario, podrá existir más de un Área de Adquisiciones en cada órgano o entidad, quedando éstas sujetas a la supervisión funcional del Área de Adquisiciones Central y supeditadas, en el caso de unidades de administración desconcentradas, a la máxima autoridad del órgano o entidad.

En el reglamento se establecerán los mecanismos de coordinación que resulten necesarios para que las diferentes áreas de la entidad interactúen con el área de adquisiciones a propósito de asegurar el cumplimiento de los fines perseguidos con la contratación pública.

El Comité de Evaluación se constituirá mediante una resolución de la máxima autoridad administrativa del órgano o entidad licitante y deberá estar compuesto por personal de reconocida calidad técnica y experiencia. El Comité de Evaluación estará conformado, como mínimo, por tres miembros:

1. El Coordinador del Área de Adquisiciones.

2. Un Asesor Jurídico de la institución contratante.

3. Un experto en la materia de que trate la adquisición.

Si el número de miembros del Comité fuese ampliado, el total de ellos será siempre número impar. Deberán ser funcionarios de línea de la entidad contratante; en caso que no existiesen tales cargos podrán ser contratados de forma externa. La ampliación será autorizada por la máxima autoridad de la entidad contratante.

El Comité de Evaluación podrá hacerse asesorar de los funcionarios y técnicos que considere convenientes, ya sea de forma individual o en un sub comité técnico.

En caso que, en una licitación, participen dos o más organismos o entidades -Compra Corporativa- la designación del Comité de Evaluación se iniciará con una resolución conjunta de las máximas autoridades de los mismos; la cual, deberá señalar la integración de dicho Comité.

Deberá levantarse acta de todas las reuniones efectuadas por el Comité de Evaluación, la que será firmada por todos los miembros.

1. Tener capacidad para obligarse y contratar, conforme al derecho común.

2. No estar incurso en ninguna situación de prohibición o inhibición, en los términos de la presente Ley.

3. No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación.

4. No encontrarse en interdicción judicial.

5. Estar registrado en el registro de proveedores.
Sin perjuicio de los requisitos generales de idoneidad establecidos en el presente artículo, cada entidad u órgano contratante podrá establecer requisitos adicionales y de carácter especial en los documentos base, utilizados según el proceso de contratación, los que deben ser proporcionales al valor y complejidad del objeto a contratar. Dichos requisitos, sin embargo, deberán justificarse técnicamente en los estudios y documentos previos en función del tipo de contrato de que se trate y no podrán tener una intención discriminatoria orientada a vulnerar o violar el principio de igualdad y libre concurrencia en las contrataciones.

1. No podrán ser Proveedores del Estado, ni celebrar contratos con los organismos y entidades del Sector Público:

a) Los funcionarios públicos, durante el tiempo de ejercicio del cargo, elegidos directa o indirectamente señalados en la Constitución Política y la Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa.

b) Las personas jurídicas en cuyo capital social participen los funcionarios públicos.

c) Quienes hayan presentado oferta en el mismo proceso, o sean cónyuges o se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para un mismo proceso de selección.

d) Quienes sean socios o asociados de una persona jurídica que haya ofertado en el mismo proceso de selección.

e) Las sociedades en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación.

f) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente del delito de soborno trasnacional o de cualquier otro, contra el patrimonio económico o la administración pública.

2. No podrán ser oferentes ni celebrar contratos con la respectiva entidad ni con sus dependencias:

a) Los funcionarios a que se refiere el literal a) del numeral anterior, dentro del año siguiente a su retiro.

b) Las personas jurídicas en cuyo capital social participen los funcionarios públicos.

c) El cónyuge, la pareja en unión de hecho estable y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios públicos principales y servidores públicos cubiertos por las prohibiciones contempladas en la presente ley, siempre y cuando se trate de personas con poder decisorio o incidencia respecto de los bienes o servicios que se contraten.

d) Los empleados públicos definidos como tales por la Ley No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa que tengan injerencia en los procesos de contratación administrativa. Para efectos de esta Ley, las personas naturales que brinden servicios profesionales de consultoría a un órgano o entidad del Sector Público, no serán tenidos como servidores públicos.

e) Las personas que hayan intervenido como asesores o participado en la elaboración de especificaciones, diseños, planos constructivos o presupuestos para la contratación.

3. Los proveedores que se encuentren registrados como sancionados en el Módulo correspondiente del Registro de Información de conformidad con lo establecido en la presente Ley y durante el tiempo de vigencia de la misma. En el caso de las personas jurídicas esta prohibición se extiende a sus socios o asociados.

Corresponde a los organismos y entidades del Sector Público verificar el cumplimiento del régimen de prohibiciones. El Reglamento de la presente ley, establecerá el procedimiento para el levantamiento de la información y de la verificación, así como el que deba surtirse para la cesión del contrato o para su terminación en el evento en que se presente una inhabilidad sobreviniente.

Asimismo en cumplimiento del Principio de Publicidad, todos los organismos y entidades del Sector Público deberán elaborar anualmente, “Proyección del Programa Anual de Contrataciones” y publicarlo con una anticipación de dos meses al inicio del período presupuestario utilizando este Clasificador. Una vez promulgada la Ley del Presupuesto General de la República, todos los organismos y entidades del Sector Público deberán confirmar su “Programa Anual de Contrataciones” (PAC) y publicarlo por los mismos medios en que fue publicada la proyección. La publicación deberá hacerse en el portal único de contratación sin perjuicio de otras formas de publicación. El Plan y su publicación serán autorizados por la máxima autoridad de la entidad contratante.

La publicación del Programa Anual de Contrataciones es requisito para iniciar cualquier proceso de contratación. No tendrá carácter vinculante y, por lo tanto, no constituirá obligación de contratar o de iniciar el proceso. En cualquier momento, los organismos y entidades del Sector Público podrán modificar el referido programa para incluir o modificar contrataciones no consideradas en la proyección inicial, la que deberá ser justificada y cumplir con los mismos requisitos de publicación. Únicamente podrán ejecutarse procesos de contrataciones incluidos en el Plan de adquisiciones, excepto lo regulado por esta Ley en materia de contratación simplificada.

Las formalidades a observar para la aplicación de este artículo, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

La responsabilidad por el contenido de los estudios, diseños y especificaciones del proceso será del área técnica de la entidad contratante.

En las contrataciones cuya ejecución se extienda más allá de un ejercicio presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones y reflejarlas conforme la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario.
Sin perjuicio de las sanciones que pudieren proceder en contra de los servidores públicos infractores, la inexistencia de crédito presupuestario no será causal para invalidar el contrato suscrito, si el contratista actuó de buena fe. En tal supuesto, si el contrato estuviere siendo ejecutado, el contratista particular tendrá la opción de continuar la ejecución del mismo o de terminar anticipadamente el contrato con derecho a reclamar los daños y perjuicios resultantes. Si optare por lo primero, la entidad contratante deberá sanear el acto, programando el crédito fiscal correspondiente de acuerdo a lo normado en el Arto. 55 de la Ley 550.

Se entenderá que no existe la antedicha subdivisión cuando, los mismos bienes o servicios a ser adquiridos se financiaren con préstamos o donaciones provenientes de diferentes Estados u Organismos Internacionales u otras fuentes de financiamiento, o cuando, al planificar la ejecución del proyecto o revisar la planificación, se hubieren previsto dos o más etapas específicas y diferenciadas.

a) Los funcionarios públicos, durante el tiempo de ejercicio del cargo, elegidos directa o indirectamente señalados en la Constitución Política y la Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa.

b) Las personas jurídicas en cuyo capital social participen los funcionarios públicos.

c) Quienes hayan presentado oferta en el mismo proceso, o sean cónyuges o pareja en unión de hecho estable, o se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad o primero de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para un mismo proceso de selección.

d) Quienes sean socios o asociados de una persona jurídica que haya ofertado en el mismo proceso de selección o viceversa.

e) Las sociedades en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios sea cónyuge o pareja en unión de hecho estable o tenga parentesco en primer grado de consanguinidad o primero de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación.

f) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente del delito de soborno trasnacional o de cualquier otro contra el patrimonio económico o la administración pública.

a) Los funcionarios a que se refiere el literal a) del numeral anterior, dentro del año siguiente a su retiro.

b) El cónyuge, la pareja en unión de hecho estable y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios públicos y de los servidores públicos cubiertos por las prohibiciones contempladas en la presente ley.

c) Los empleados públicos definidos como tales por la Ley No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa que tengan injerencia en los procesos de contratación administrativa. Para efectos de esta Ley, las personas naturales que brinden servicios profesionales de consultoría a un órgano o entidad del Sector Público, no serán tenidos como servidores públicos.
d) Las personas que hayan intervenido como asesores o participado en la elaboración de especificaciones, diseños, planos constructivos o presupuestos para la contratación.

Corresponde a los organismos y entidades del Sector Público verificar el cumplimiento del régimen de prohibiciones. El Reglamento de la presente ley, establecerá el procedimiento para el levantamiento de la información y de la verificación, así como el que deba surtirse para la cesión del contrato o para su terminación en el evento en que se presente una inhabilidad sobreviviente.

Cuando la eficiencia en el desarrollo de los procesos de contratación lo requiera, los organismos o entidades podrán exigir a los oferentes que indiquen los casilleros electrónicos o los medios telemáticos idóneos para enviar las comunicaciones oficiales. En el Reglamento se definirán los supuestos en que la entidad contratante recibirá ofertas y aclaraciones por los medios electrónicos mencionados.

1. Por Licitación. Los tipos de procedimientos de licitación son los siguientes:
a) Licitación Pública: Es el procedimiento que debe observarse para la selección del contratista particular en aquellas contrataciones que superen los tres millones de córdobas. El número de oferentes o licitadores es ilimitado, dado que pueden concurrir a ella todas aquellas personas naturales o jurídicas que, de acuerdo a las normas vigentes, estén en condiciones de presentarse a la licitación.

b) Licitación Selectiva: Es el procedimiento que debe observarse para la selección del contratista particular en aquellas contrataciones cuyos montos sean superiores a quinientos mil córdobas y hasta tres millones de córdobas.
2. Contratación Simplificada: Es el procedimiento que, con independencia del monto, debe observarse para la selección del contratista particular en aquellas situaciones taxativamente señaladas por la presente Ley, de cuya ocurrencia se dejará constancia en el acto administrativo de inicio en el que se declare motivadamente la procedencia de la causal respectiva. En todo caso la contratación respectiva se hará en condiciones de mercado, de lo que se dejará constancia escrita y firmada por el máximo responsable de la entidad. Los contratos celebrados serán públicos, en los términos que señale el reglamento.
3. Contrataciones Menores: Es el procedimiento administrativo que debe observarse para la selección del contratista particular en aquellas contrataciones de obras, bienes o servicios generales, que no superen el monto de quinientos mil córdobas, el procedimiento para esta modalidad lo establecerá el Reglamento de esta Ley.
4. Por Concurso. Siendo el tipo de procedimiento por concurso el siguiente:
Concurso para la Selección de Consultores: Es el procedimiento que debe observarse para la selección de firmas consultoras o consultores individuales, indistintamente del monto estimado para la contratación. Las calificaciones técnicas, profesionales o empresariales de los participantes, de los equipos de trabajo y de las ofertas técnicas cuando se requieran, determinarán la adjudicación. El precio no constituirá el factor determinante para comparar las ofertas.
La omisión de los procedimientos establecidos por la Ley, para cada proceso, será sancionada con la nulidad del mismo.

Cuando se haya determinado un procedimiento con fundamento en la estimación preliminar del negocio, y posteriormente las ofertas presentadas superen los límites para la aplicación del proceso respectivo, no se invalidará el concurso si este exceso no supera el diez por ciento y se dispone de los recursos presupuestarios suficientes para asumir la erogación.

Con arreglo a las condiciones que establezca el reglamento, y de manera consistente con las obligaciones asumidas por la República de Nicaragua en acuerdos comerciales vinculantes, deberán establecerse convocatorias limitadas a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las que deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Pliego de Bases y Condiciones y adjudicarse de conformidad con los procesos de selección establecidos en la presente ley, en consonancia con lo establecido en las normas relativas a tales empresas.

1. Resolución de Inicio.
2. Convocatoria a Licitación.
3. Presentación y apertura de ofertas.
4. Evaluación de las ofertas y recomendación.
5. Resolución de adjudicación.
Además de las etapas, la licitación pública comprende procedimientos y regulaciones necesarias para su buena ejecución, siendo estos los siguientes:

1. Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.
2. Aclaración y Homologación del Pliego de Bases y Condiciones.
3. Corrección del Pliego de Bases y Condiciones.
4. Modificación o Retiro de las Ofertas Presentadas.
5. Aclaración de Ofertas.
6. Descalificación del Oferente.
7. Rechazo de las Ofertas.
8. Elaboración del dictamen de recomendación.
9. Desistimiento y Re adjudicación.
10. Declaración de Licitación Desierta.
11. Suspensión y Cancelación del Procedimiento de Licitación.

En esta se debe establecer el objeto de la contratación, la finalidad pública que se persigue satisfacer, una referencia de la justificación dentro del Presupuesto o del Plan Nacional de Inversiones y la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones que regirá el proceso.

Deberá contener toda la información necesaria para que el oferente pueda formular válidamente su oferta. Este documento contendrá al menos indicaciones sobre:

1. Descripción detallada del objeto de la licitación, que contenga la cantidad, especificaciones o características técnicas de las adquisiciones de las obras, bienes o servicios y cualquier otro requisito incluido las especificaciones técnicas, certificados de conformidad, planos, diseños o instrucciones que sean necesarias.

2. Cronograma de cada una de las etapas del procedimiento.

3. Instrucciones para el envío de ofertas, y donde se remita toda la información necesaria sobre el proceso.

4. Documentos que deberán ser presentados por los oferentes para acreditar y demostrar la idoneidad, la capacidad legal o el cumplimiento de cualquier requisito exigido en el pliego.

5. Modalidades de ofertas que podrán ser presentadas indicando el plazo de vigencia de las mismas y las garantías que deban acompañarse.

6. Criterios y procedimiento que se aplicará para evaluar y calificar las ofertas de los proveedores o contratistas, que permita seleccionar las o la oferta ganadora, excepto cuando el precio sea el único criterio para el caso de los bienes o servicios estandarizados y de común utilización, el coeficiente relativo de ponderación correspondiente a cada uno de esos criterios la que deberá ser libre de criterios subjetivos.

7. Instrucciones para la apertura de oferta, el plazo y presentación de éstas.

8. Cuando la entidad contratante opere la contratación por medios electrónicos, cualquier requisito de autenticación y encriptación u otros equipos requeridos relacionados con el recibo de información por medios electrónicos.

9. Posibilidad de realizar adjudicaciones parciales.

10. Términos y condiciones que regirán la relación contractual una vez adjudicado el contrato, así como la fijación del plazo para la formalización del mismo.

11. Cualquier otro requisito que el órgano o entidad licitante estime necesario siempre y cuando su exigencia no viole los principios de celeridad.

12. El pliego de bases y condiciones estará disponible en el portal único de contratación del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas.

1. Bandas de precios que sirvan para rechazar, evaluar o descalificar las ofertas económicas presentadas.

2. Establecer requisitos de idoneidad o elegibilidad mayores a los mínimos necesarios para ejecutar el objeto de la contratación.

3. Disposiciones que restrinjan los derechos de los oferentes para oponerse a los términos, alcances o diseños del objeto licitado, o a los procedimientos que se implementen en los Pliegos de bases y condiciones que violenten el sistema de contrataciones públicas.

4. Modelos de contrato que no incluyan o restrinjan en su contenido los derechos de las partes consignados en la ley.

La contravención a este precepto traerá como consecuencia la nulidad del proceso.

Cuando convenga a los intereses nacionales e institucionales, la convocatoria podrá además darse a conocer en publicaciones internacionales.

La información mínima que debe contener la convocatoria a licitación se establecerá en el Reglamento de la presente Ley.

En toda Licitación Pública, dentro de los cinco (5) días hábiles iniciales del período de presentación de ofertas, habrá una reunión de homologación de la que se elaborará un acta en la que se deben incluir los acuerdos del caso. El acta se hará llegar a todos los oferentes a través de cualquier medio establecido en el Pliego.

En todo caso en los procesos de licitación, podrán los oferentes, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, formular objeción escrita ante el área de adquisiciones, cuando se considere que el pliego de bases y condiciones es contrario a los principios y disposiciones del procedimiento aplicable, o cuando el pliego vulnere las normas en que debe fundarse. Esta objeción deberá ser resuelta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación y si la resolución respectiva afecta aspectos sustanciales del pliego, se modificará el cómputo del plazo para presentar la oferta.

La corrección podrá ser modificación simple o modificación sustancial; será modificación simple aquella que no cambie el objeto de la contratación, ni constituyan una variación fundamental en la concepción original de ésta, en este caso, se mantendrá el plazo original acordado de la fecha de la apertura.

La corrección podrá ser una modificación sustancial, cuando se introduzca una alteración importante considerada trascendente o esencial en la concepción original del objeto de la contratación. El Plazo de la apertura de ofertas deberá ampliarse hasta por un cincuenta por ciento del plazo original establecido en el Pliego de bases y condiciones.

El plazo que tendrá el oferente para la presentación de su oferta no podrá ser menor de treinta (30) días calendario, contados a partir de la convocatoria, salvo que el organismo adquirente resuelva ampliar el término indicado considerando la magnitud, complejidad del proyecto. Las contrataciones cubiertas por los acuerdos comerciales internacionales, se regirán por las disposiciones acordadas en dichos instrumentos.

Las ofertas recibidas por el órgano o entidad licitante una vez vencido el plazo para su presentación se devolverán, sin abrir, a los oferentes que las hayan presentado.

En toda licitación, podrán participar distintos oferentes en consorcio. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar ante el organismo o entidad licitante la existencia de un Acuerdo de Consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, los términos de su relación con el organismo o entidad licitante. Los términos de la participación en el Consorcio que se informen al órgano o entidad licitante, no podrán modificarse unilateralmente por ninguno de los oferentes. Para cualquier variación que se pretenda introducir en el Acuerdo de Consorcio, una vez que ha sido presentado al organismo o entidad licitante, será necesario contar con el previo consentimiento del mismo.

Las partes del consorcio responderán solidariamente ante el organismo o entidad licitante por todas las consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en el proceso de contratación o en la ejecución del contrato.
Un oferente que participe como parte de un consorcio en un proceso licitatorio no podrá participar en el mismo proceso individualmente o como parte de otro consorcio.

Los términos de la participación bajo la presente modalidad, que se informen al órgano o entidad licitante, no podrán modificarse unilateralmente por ninguno de los oferentes. Para cualquier variación que se pretenda introducir en el Acuerdo de Oferta Conjunta, será necesario contar con el previo consentimiento del organismo o entidad contratante.

Cuando no exista oferta alguna que llene los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación deberá recomendar que la licitación sea declarada desierta, en cuyo caso deberá iniciarse un nuevo procedimiento de licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la presente ley.

Antes de que venza el plazo de validez de las ofertas, el órgano o entidad licitante podrá solicitar a los oferentes, por una vez y por escrito ó por medios electrónicos, una prórroga no mayor del cincuenta por ciento del plazo original de su oferta establecida en la Seriedad de la oferta presentada y compromiso de ofrecimiento de las garantías del caso. Los oferentes podrán negarse a otorgar la solicitud de prórroga.

El oferente que acepte prorrogar el plazo de validez de su oferta deberá prorrogar la validez de Seriedad de Oferta y compromiso de ofrecimiento de garantías, previamente presentada de forma que se ajuste al plazo prorrogado por el órgano o entidad licitante, en caso contrario se considerará que el oferente ha denegado tácitamente la solicitud de prórroga y como consecuencia un retiro voluntario del proceso.

Una vez concluido el Acto de Apertura los oferentes podrán ver las ofertas presentadas, con excepción de los documentos considerados confidenciales por referirse a información de los oferentes relacionada con desgloses de sus estados financieros, cartera de clientes o cualquier otro aspecto relacionado con su proceso de producción, programas de computo, o similares que dentro de condiciones normales de competencia, no deben ser del conocimiento de otras empresas.

El órgano o entidad licitante que presidió el acto de apertura de ofertas, una vez concluido éste deberá remitir al Comité de Evaluación las ofertas presentadas para su correspondiente evaluación.

En ningún caso, se podrán calificar y evaluar las ofertas con criterios que no estén contemplados en el pliego de bases y condiciones de la licitación, so pena de nulidad.

Por virtud del principio de subsanabilidad, en los procesos de selección a que se refiere la presente ley, primará lo sustancial sobre lo formal. De esta manera, no podrán rechazarse las ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de selección determinados en los pliegos de bases y condiciones del respectivo proceso de selección. Hecho el requerimiento por la entidad, si el oferente no aporta lo que se le requiera, se rechazará la oferta. No se podrá subsanar la falta de la firma en la oferta, ni el hecho de no haber presentado la garantía de seriedad de la misma cuando ella se requiera, ni tampoco podrán acreditarse hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la presentación de las ofertas en el respectivo proceso.

1. Cuando el oferente no satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, establecidos en la presente Ley y pliego de bases y condiciones.

2. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o se encontrase sancionado de conformidad con la presente Ley.

3. Cuando el oferente faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos declarados dentro del procedimiento de licitación, o se presenten evidentes inconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones realizadas por el proponente y la realidad.

1. Cuando la oferta no estuviese firmada por el oferente o su representante legal debidamente acreditado.

2. Cuando el oferente presente oferta de diferentes entidades comerciales con un mismo producto sin estar autorizado en el pliego de bases y condiciones.

3. Cuando el oferente presente más de una oferta, sin estar autorizado ello en el pliego de bases y condiciones.

4. Cuando el oferente no presentare las garantías requeridas.

5. Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el pliego de bases y condiciones.

6. Contenga un precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir su incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribución establecida, previa indagación con el oferente con el propósito de averiguar si éste satisface las condiciones de participación y eso será capaz de cumplir los términos del contrato.

7. Cuando el oferente no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condiciones reguladas por el Arto. 44 de esta Ley.

En el reglamento de la presente ley se definirá lo que deba entenderse como “precio ruinoso”.

El Comité de Evaluación dentro del plazo establecido en el cronograma contenido en el pliego de bases y condiciones, podrá recomendar adjudicaciones parciales cuando sea técnica y económicamente conveniente y se haya establecido en el pliego de bases y condiciones.

Para tales efectos, se elaborará un dictamen detallado del análisis y comparación de todas las ofertas, exponiendo las razones precisas en que fundamenta su recomendación. Este dictamen deberá ser enviado a la Máxima Autoridad de la entidad contratante en un plazo de dos días hábiles posteriores a su suscripción, con copia a los oferentes participantes.

La resolución de adjudicación deberá emitirse, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles después de recibido el dictamen de recomendación de parte del Comité de Evaluación. Los requisitos y fundamentos que debe contener esta resolución serán establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

Una vez emitida la resolución será notificada a los oferentes dentro de un plazo máximo de dos días hábiles. En caso que estos no recurran contra ella, será firme y se publicará.

1. Cuando no se presentare oferta alguna.

2. Cuando se rechazaren todas las ofertas, fundamentando en tal supuesto, las razones técnicas y económicas basado en el incumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones.

3. Cuando en el proceso de evaluación se comprueban errores sustanciales respecto a las especificaciones contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones.

4. Cuando no esté de acuerdo con el dictamen del Comité de Evaluación, fundamentando su desacuerdo en razones de interés público.

Cuando se declare desierta una licitación, se podrá iniciar nuevamente el proceso con una reducción del cincuenta (50%) en los plazos, previa revisión del pliego de bases y condiciones que sirvió de base en la licitación, incluyendo los ajustes que sea necesario sin que se altere el objeto a contratar.

La resolución que tenga por desierta un proceso de contratación, no hará incurrir en responsabilidad contractual o pre-contractual alguna al órgano o entidad licitante.

Esta resolución deberá ser notificada a los oferentes en un plazo máximo de tres días a partir de la comprobación de esos supuestos y publicarse en el portal único de contratación de Nicaragua sin perjuicio del uso de otros medios de publicación que señale el reglamento.

Si la circunstancias acontecidas por cualquiera de estas causas no puedan ser resueltas con la prontitud requerida dada la naturaleza de la contratación, la entidad deberá cancelar la misma, motivando mediante Resolución Administrativa tal circunstancia.

En ambos casos, no implica responsabilidad alguna para la entidad u organismo contratante.

Esta resolución deberá ser notificada a los oferentes y publicarse en el portal único de contratación del órgano rector.

1. Resolución de inicio.

2. Invitación a ofertar.

3. Presentación y apertura de ofertas

4. Evaluación de las ofertas y recomendación.

5. Resolución de adjudicación.

En lo conducente, se aplicará al proceso de licitación selectiva lo establecido para el proceso de licitación pública.

En esta debe establecer el objeto de la contratación, la finalidad pública que se persigue satisfacer, una referencia de la justificación dentro del Presupuesto del Plan Nacional de Inversiones y la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones que regirá el proceso.

El plazo fijado para la presentación de ofertas será no menor de siete días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de la invitación a ofertar.

Transcurrido el plazo establecido para la recepción de las ofertas, el órgano o entidad licitante deberá proceder a la apertura de las mismas en presencia de los oferentes que deseen participar.

Con sujeción a los criterios y plazo establecidos en el pliego de bases y condiciones el comité de evaluación seleccionará la mejor oferta.

El dictamen de recomendación de adjudicación deberá ser notificado a la máxima autoridad a más tardar al siguiente día hábil de su suscripción, con copia a los oferentes participantes. La máxima autoridad actuará de conformidad a lo establecido en el Artículo 48 de la presente Ley.

1. Contrataciones del Ministerio de Gobernación para el uso de la Policía Nacional, cuando se realicen con fines necesarios en situaciones de peligro inminente para el mantenimiento del orden y la seguridad pública declaradas por el Ministro a solicitud de la jefatura de la policía.

2. Las contrataciones que realice el Ejército de Nicaragua con fines exclusivamente militares, necesarias para salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional las efectuará mediante el procedimiento de Contratación Simplificada y las que realice para su avituallamiento en tiempo de paz, deberá aplicar el procedimiento que corresponda de conformidad con la presente Ley.

3. Contrataciones en situaciones de emergencia o calamidad pública que afecten a toda la colectividad o a un importante sector de ésta o que de forma imprevista causen la interrupción total de las operaciones de la entidad contratante. Las situaciones de emergencia contenidas en la Ley de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres deberán ser previamente reconocidas y declaradas, en cada caso, por autoridad competente de acuerdo con la Ley de la materia, a fin de justificar la contratación simplificada.

En el caso de situaciones de emergencia o de urgencia no derivadas de desastres o calamidad pública, que impidan la continuidad del servicio de la entidad, deberán ser aprobadas por la máxima autoridad institucional. Las adquisiciones que se efectúen en tales situaciones, deberán estar directamente relacionadas con la anormalidad que se busca corregir. En todo caso se debe tratar de situaciones que imposibiliten acudir al proceso de selección que correspondería.

Adoptada motivadamente la decisión anterior por la máxima autoridad de la entidad contratante, deberá remitirla a la Contraloría General de la República con todos sus soportes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su adopción, para efectos de control posterior, así como el respectivo contrato cuando se suscriba. Realizada la contratación, la entidad contratante deberá proceder, a la mayor brevedad posible que permitan las circunstancias de emergencia, a completar los trámites necesarios para la aprobación del gasto.
Cuando la situación que se pretenda invocar por esta modalidad sea el resultado de la falta de planeación de la entidad contratante, ello comprometerá la responsabilidad personal de los funcionarios responsables de tal omisión.

4. Cuando hubiere un proveedor único en el mercado y el bien o servicio no pudiere ser sustituido por otro, sin merma de calidad, precio, garantías o cualquier otra circunstancia relevante; en el Reglamento de la presente Ley se determinarán los alcances de este literal.

5. Adquisición de víveres existentes en el mercado, ferias o directamente a los productores, siempre que estos se adquieran sin fines de comercialización, para la operación de la entidad y para garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos.

6. Las compras con fondos de caja chica, las que deberán realizarse conforme a las Normas de Ejecución Presupuestarias y a la reglamentación que dicte cada entidad u organismo del Sector Público.

7. Si así lo exigiere la protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual, tales como patentes, derechos de autor y otros semejantes, cuando haya una sola fuente o cuando la especialidad profesional, técnica o artística objeto de las obligaciones contractuales no permita promover un concurso.

8. Los contratos de servicios profesionales, cuando se trate de asuntos especializados o no se cuente con personal de línea para ese propósito.

9. Los contratos inter-administrativos celebrados entre organismos o entidades del sector público, salvo cuando una de las partes realizare una actividad económica privada, en régimen de competencia con las entidades mercantiles. En este último supuesto, el órgano o entidad contratante deberá observar el procedimiento de contratación pertinente establecido en esta ley.

10. Cuando la contratación tenga por objeto trabajos artísticos, así como, actividades de recreación, la suscripción en periódicos, revistas de cualquier tipo y naturaleza, y la contratación de avisos publicitarios en los mismos.

Dependiendo del monto u objeto de la contratación, la entidad contratante deberá solicitar cualquiera de las garantías reguladas en la presente Ley.

Los contratos que se suscriban como consecuencia de un procedimiento de contratación simplificada, deberán ser registrados en el portal único de contratación con excepción de los señalados en los numerales 1 y 2.

La responsabilidad de la contratación simplificada recaerá sobre la máxima autoridad administrativa y los funcionarios que hubieren participado en la contratación correspondiente. El Reglamento establecerá la manera como se buscará soportar que la misma se realice en condiciones de mercado, pudiendo establecer cuando proceda, que se solicite más de una oferta para verificar tales condiciones.

En lo conducente, se aplicará al concurso lo establecido para la licitación pública, conforme se establezca en el Reglamento de la presente Ley.

1. En la selección y contratación de consultores individuales se aplicará un proceso simplificado, basado en las calificaciones de los participantes, no requiriendo la presentación de propuestas técnicas y/o económicas por parte de los mismos.

Previo al inicio del proceso de selección de consultores individuales la entidad contratante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Constitución del comité de evaluación;

b) Haber determinado el sistema de evaluación;

c) Términos de referencia, alcance de los servicios, calendario de ejecución de los servicios que deban ser proporcionados, presupuesto disponible y modelo de contrato;

d) Convocatoria. La forma y contenido de la convocatoria será establecida en el Reglamento de la presente Ley. El plazo para la presentación de hojas de vida y expresiones de interés no deberá ser mayor a ocho días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en cualquiera de los medios. La solicitud de la hoja de vida y de las expresiones de interés deberá estar incluida en la convocatoria.

2. En la selección de firmas consultoras el proceso de concurso se sujetará a las reglas siguientes:

a) Los organismos y entidades del Sector Público prepararán los términos de referencia, incluyendo la descripción del trabajo a realizar, las condiciones generales y especiales del contrato, los criterios de precalificación de los oferentes y para calificar las ofertas, el plazo de su presentación y las demás condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan.

b) Como parte del concurso se deberá realizar una etapa previa de precalificación a fin de seleccionar a los eventuales participantes de acuerdo con sus calificaciones, a quienes se invitará a presentar propuestas.

c) Dependiendo del objeto de la contratación, se utilizarán para la selección de estas firmas consultoras, los siguientes métodos: selección basada en la Calidad y el Costo; selección basada en la calidad; selección basada en un presupuesto fijo; selección basada en el menor costo y selección basada en las calificaciones de los consultores. El procedimiento de los métodos de selección anteriores, así como las condiciones para su aplicación se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

El dictamen de recomendación de adjudicación deberá ser notificado a la máxima autoridad administrativa a más tardar al siguiente día hábil de su suscripción, con copia a todos los participantes.

La máxima autoridad deberá dictar la resolución de adjudicación a más tardar dos días hábiles después de haber recibido la recomendación del Comité de Evaluación. La resolución deberá ser publicada en el portal único de contratación del órgano rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Estado.

La subasta a la baja, podrá utilizarse como una modalidad autónoma de selección, para la adquisición de bienes o servicios estandarizados y de común utilización. Para el efecto, el reglamento determinará el procedimiento a seguir.

El Reglamento de la presente ley, establecerá los criterios de incorporación gradual de los organismos y entidades del sector público al SISCAE, considerando la infraestructura y condiciones tecnológicas que éstas posean o los medios disponibles para estos efectos. Así mismo, la regulación integral de las contrataciones públicas electrónicas, en particular el régimen de publicidad y difusión, lo referente al proceso electrónico de gestión de las contrataciones, los procedimientos de pago por medios electrónicos, las notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos, la digitalización de la documentación y el expediente digital.

Las publicaciones electrónicas serán requisito para la existencia de los respectivos actos, a partir del momento en que se cumplan las condiciones que para el efecto establezca el reglamento, con el propósito de desarrollar progresivamente la contratación pública electrónica.

El Reglamento de la presente ley determinará el tipo en cuanto a la forma, plazo, emisión y finalidad para la presentación de las garantías, así como las formalidades a observarse para la devolución y ejecución de las mismas. Con cargo a estas garantías podrán hacerse efectivas las multas, previa autorización del contratista y demás sanciones que afecten a los contratistas.

La Garantía de Seriedad de Oferta, podrá consistir en una declaración rendida ante Notario Público efectuada por el Proveedor, en la cual deberá expresar que la oferta será válida durante el período especificado en el pliego de bases y condiciones, excepto en los procesos licitatorios. En este último caso y en los demás que determine el reglamento, se hará uso de una garantía pecuniaria expedida por una institución financiera supervisada por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras.

En caso que el proveedor retire o modifique su oferta luego de la recepción y apertura de ofertas, o no cumpliere con firmar el contrato o no entregare la correspondiente garantía de cumplimiento, será inelegible de participar en los procesos de contratación administrativa por un período de un año, contado a partir de la fecha en que incurra en cualquiera de los hechos señalados. Esta sanción será impuesta por el Órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, conforme el procedimiento señalado en el Reglamento de la presente ley.

Las contrataciones de servicios de consultoría estarán exentas del cumplimiento de este requisito, salvo los casos señalados en el Reglamento de la presente ley.

Cuando haya variaciones en el costo, la garantía deberá ser corregida en la proporción correspondiente.

La Garantía de Cumplimiento antes regulada deberá constituir una obligación de dar o entregar cantidades líquidas a favor de la entidad u organismo contratante. Una vez constatado el incumplimiento del contrato conforme lo establecido por esta ley, bastará la sola presentación del documento a través del cual se formaliza la Garantía, ante la entidad emisora, para el pago correspondiente.

Se podrá incorporar también, de acuerdo con los intereses del organismo o entidad contratante, cláusulas penales y mecanismo de derecho de retención de pagos, garantizando siempre el debido proceso para su ejecución.

Está facultada para suscribir los contratos que se deriven de la aplicación de la presente ley, la autoridad máxima de la entidad u organismo contratante o la persona que ésta, designe especialmente mediante resolución administrativa.

En los procesos de licitación y concurso, una vez se encuentre firme la resolución de adjudicación, el organismo o entidad contratante deberá proceder a formalizar el contrato con el adjudicatario, de acuerdo con el modelo incluido en las bases de la contratación y las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. En las contrataciones simplificadas quedará a opción de la entidad contratante.

Todo contrato administrativo de tracto sucesivo deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. De no ser posible la liquidación de mutuo acuerdo, con posterioridad al período mencionado, la entidad podrá liquidar unilateralmente, previa observancia del debido proceso.

1. Derecho a la plena ejecución de lo pactado, salvo los supuestos de modificación, suspensión, resolución y rescisión unilateral por la entidad contratante efectuadas en conformidad a la presente ley.

2. Derecho al reajuste de precios en la contratación de obras y en los contratos de tracto sucesivo, cuando el equilibrio económico financiero del contrato hubiere sido alterado por la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes no imputables al contratista. En todo caso, previo al adenda del contrato, el reajuste deberá ser revisado por el área financiera de la entidad Adquirente conforme la fórmula de revisión establecida en el Pliego de Bases y Condiciones que dio lugar a la contratación, si la hubiere. En caso contrario, se restablecerá el equilibrio perdido, de manera que no se ocasione pérdida al contratista por la ocurrencia del evento que haya causado el desequilibrio.

En el Reglamento de la presente ley se establecerá el procedimiento para la aplicación del mismo, tomando en consideración los procedimientos derivados de la Ley General de Deuda Pública, así como la posibilidad de rescindir el contrato cuando el desequilibrio ocurrido comprometa la viabilidad económica de su ejecución. De la misma manera, el reglamento establecerá los parámetros mínimos que en desarrollo de los estudios previos deberán atenderse para establecer los riesgos imputables al contratista. En todo caso, será imputable al contratista toda circunstancia que con un comportamiento diligente durante la ejecución del contrato hubiere podido evitar.

3. En obligaciones de pago a cargo de la entidad contratante, derecho al pago de intereses convencionales o legales y al reconocimiento de la tasa de deslizamiento oficial de la moneda, en caso que los organismos o entidades contratantes incurran en mora en el pago del precio.

Sin necesidad de requerimiento administrativo o judicial de pago, la entidad contratante incurrirá en mora cuando no haya pagado el precio estipulado en el contrato, quince días después de ser exigible la obligación.

En caso que la mora en el pago fuere superior a sesenta días, contados a partir de la fecha en que la entidad contratante debía efectuar el pago según el contrato, el contratista podrá suspender la ejecución de las prestaciones a su cargo y pedir la rescisión del contrato. Si como producto de la mora, el contratista sufriera daños o perjuicios, podrá ejercer su derecho en la vía judicial.

4. Derecho a la terminación anticipada del contrato por causas imputables a la entidad contratante.

En caso que se autorizare la cesión, la persona en cuyo favor se ceda el contrato administrativo, deberá reunir las mismas condiciones exigidas para el contratista original y podrá ser requerido para presentar garantías adicionales por parte del ente contratante.

La cesión de un contrato administrativo se hará observando la forma establecida en el Derecho común.

El contratista original no se liberará de las obligaciones resultantes de la relación contractual. El sub-contratista responderá solidariamente con el contratista original, por la parte del contrato por la que hubiere sido subcontratado.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante o del contratista. Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago por más de sesenta días.

2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta días dispuestos por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

3. Cuando, tratándose de un contrato administrativo de obra pública, los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no hubieren solucionado defectos de ellos.

4. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o ante eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

La entidad contratante tendrá un plazo de quince días para resolver la solicitud de rescisión del contrato presentada por el contratista. Si la entidad contratante no resolviere y no notificare su resolución al contratista particular dentro del plazo antes referido, dicha omisión constituirá una situación de silencio administrativo positivo.

Todo lo anterior, sin perjuicio de reconocer al contratista los costos que hubiere derivado por las causas contenidas en el presente artículo.

En ningún caso serán sujetas de mediación o arbitraje las decisiones que se adopten en desarrollo del ejercicio de las potestades exorbitantes o actos de autoridad del poder público a los que se refiere el Arto. 71.

El contrato de concesión de obra pública se regirá por las leyes especiales existentes según el tipo de obra de que se trate.

Se entienden por obra pública, los bienes que los organismos y entidades del sector público construyen directamente o encargan su construcción a terceros, con la finalidad de destinarlos para cualquiera de los fines siguientes:

1. Servir de asiento para el ejercicio de la función pública, entendida ésta como actividad esencial del Estado.

2. Servir de uso a la población en general.

3. Servir de infraestructura para la prestación de servicios públicos.

La administración del contrato de obras públicas, en el ámbito financiero, técnico y jurídico será responsabilidad de la estructura orgánica a cargo del área correspondiente y el monitoreo o supervisión del cumplimiento del contrato a cargo del área de Adquisiciones.

1. Asegurar la disponibilidad de crédito fiscal o presupuestario.

2. Verificar las condiciones físicas y jurídicas del sitio donde se construirá la obra (estudio de impacto ambiental, estudio de suelo, diseños, etc.).

3. Elaborar una memoria que contenga la justificación de la necesidad de la obra y de la conveniencia de realizar el contrato. La obra pública, deberá ajustarse a los objetivos y prioridades de los planes nacionales.

4. Aprobar un proyecto de conjunto y detalle que defina la obra a realizar.

5. Elaborar el pliego de especificaciones técnicas y condiciones específicas del proyecto, el presupuesto detallado de acuerdo al desglose de la obra, de los precios unitarios y de la programación de las diferentes etapas para la realización de la obra, debidamente actualizado al momento de la convocatoria para la presentación de ofertas.

La entidad contratante será responsable de adquirir los derechos y cumplir con los requisitos que sean necesarios para la ejecución de las obras, incluyendo derechos de vía y accesos, servidumbres, fuentes de abastecimiento de agua, permisos y cualquier otra facilidad o servicio que se especifique en el Pliego de Bases y Condiciones, así como también la obtención de las licencias ambientales necesarias.

El contratista no será responsable por demoras imputables a la entidad contratante. Si el contratista fuere perjudicado por incumplimiento de la entidad contratante tendrá derecho a la indemnización correspondiente.

Si el contratista por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales, de manera que se temiere justificadamente que no podrá entregar la obra en el plazo total pactado, la entidad contratante tomará las medidas correctivas que fueren necesarias.

Si la obra no se ejecutare en el plazo total, la entidad contratante aplicará al contratista por cada día de atraso, una multa cuya cuantía se establecerá en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Contrato. Esta multa no podrá ser mayor a 0.05% (cinco por millar) por cada día de retraso, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato.

Sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren proceder, si la demora se produjere por causas no imputables al contratista, incluyendo pero no limitándose a la falta de pago en la forma y plazos especificados en el contrato, la entidad contratante autorizará la prórroga del plazo por un tiempo igual al atraso y deberá resarcir al contratista por los daños que tal atraso le causare.

Al recibir esta solicitud, el órgano o entidad contratante procederá al levantamiento de los detalles que se encuentren pendientes y realizará una valoración de los mismos. El contratista tendrá un plazo de treinta a noventa días, según la complejidad de la obra, para finalizar estos detalles.

El organismo contratante procederá a la cancelación de los trabajos realizados de acuerdo a los términos del contrato, reteniendo una suma del doble del valor de la lista de detalles.

Cuando el contratista haya realizado las correcciones indicadas en la lista de detalles, solicitará una recepción definitiva, la que será suscrita por el organismo o entidad contratante, si los trabajos pendientes de la lista de detalles están concluidos a satisfacción.

Para que el contrato de suministro se repute contrato administrativo, será necesario que el órgano o entidad contratante pertenezca al sector público, actúe en ejercicio de la función administrativa y adquiera las cosas objeto del contrato con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Cuando el prestatario sea una entidad perteneciente al sector público, se entenderá que actúa en su capacidad de derecho privado toda vez que la naturaleza del servicio prestado no implica el ejercicio de competencias públicas.

Entre otros servicios generales, pueden contratarse servicios de vigilancia, limpieza, impresiones, lavandería, mensajería, soporte informático, mantenimiento, y cualquier otra actividad relacionada con el apoyo a los organismos o entidades. Los contratos de servicios generales no podrán contratarse por períodos superiores a un año, pudiéndose renovar dicho contrato hasta por dos veces.

Los servicios profesionales de consultoría contratados no pueden tener carácter general y permanente. Caso contrario, la relación existente será de empleo público y el profesional será tenido como un servidor público.

Los contratos de servicios profesionales de consultoría estarán sujetos a plazos determinados y deberán establecer los objetivos y resultados concretos y específicos que se pretenden lograr.

El arrendador, sin necesidad de estipulación contractual, se obliga a garantizar a la entidad arrendataria el uso y goce pacífico de la propiedad objeto del contrato.

Procederán las sanciones administrativas o disciplinarias cuando los infractores de la presente ley fueren servidores o funcionarios públicos regidos por la Ley No. 476, "Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa" o por cualquier otra ley especial relativa al ejercicio de la función pública. En tal supuesto, el órgano sancionador y el procedimiento que deberá observarse en la determinación de las sanciones, será el establecido en el estatuto administrativo correspondiente al servidor público. Todo lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a la Contraloría General de la República, en materia de responsabilidades.

Para los efectos de esta ley, no serán tenidas como servidores públicos las personas naturales que celebren contratos administrativos de servicios profesionales de consultoría, siempre que estos contratos cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.

1. Incurrir, después de haber sido sancionado conforme las causales de suspensión sin goce de salario, dentro de los dos años siguientes a la firmeza de la sanción respectiva, en una nueva infracción.

2. Suministrar a un oferente información que le dé ventaja sobre el resto de proveedores potenciales.

3. Recibir dádivas, comisiones o regalías, de los proveedores ordinarios o potenciales del ente en el cual labora.

4. Causar a la Administración pública pérdidas patrimoniales, como consecuencia de su conducta dolosa o culposa. La destitución del servidor público no extinguirá su obligación de reparar las pérdidas patrimoniales causadas a la hacienda pública o al patrimonio de la institución.

5. Recibir bienes, obras o servicios que no se ajusten a lo adjudicado, sin advertirlo expresamente a sus superiores.

6. Recomendar la contratación con una persona física o jurídica comprendida en el régimen de prohibiciones para contratar, siempre que haya conocido esta circunstancia antes de la recomendación.

1. Incurrir, dentro de los dos años siguientes a la imposición de la sanción respectiva, en una nueva infracción de la misma naturaleza.

2. Propiciar o disponer la división ilegal de contrataciones, definida conforme lo establecido en la presente ley, tramitando contratos que por su monto implicarían un procedimiento más riguroso que el seguido al dividirlas.

3. Dejar pasar el período de vigencia de las garantías, sin tomar las providencias necesarias para cautelar los intereses de la administración pública o ejecutarlas sin respetar el proceso señalado en el Reglamento de la presente ley.

1. No incorporar oportunamente, debiendo hacerlo, la documentación atinente al expediente administrativo.

2. Impedir o dificultar de manera injustificada el acceso a un expediente administrativo, de cuyo manejo o custodia esté encargado. Excepto al acceso de las ofertas presentadas por los demás oferentes.

3. No incluir en un informe o dictamen datos relevantes para el estudio de las ofertas, cuando se determine que los conocía al rendir su dictamen.

4. Retrasar injustificadamente el trámite de pagos que deba cubrir el sector público a sus proveedores o contratistas.

5. Retrasar de modo injustificado la recepción de bienes u obras, siempre y cuando no hubiere surgido responsabilidad civil para la entidad contratante como consecuencia de la demora injustificada en la recepción.

6. No dar seguimiento a la ejecución del contrato hasta su cumplimiento, conforme lo pactado por las partes contratantes.

7. No resolver dentro de los plazos establecidos en la presente Ley los recursos interpuestos por los oferentes, o no desarrollar las etapas del procedimiento de licitación dentro de los plazos legales.

El órgano o entidad contratante deberá acompañar su denuncia con todos los antecedentes del caso, adecuadamente ordenados, foliados y rubricados. Cuando la Contraloría General de la República en uso de las facultades de fiscalización que le confiere su Ley-Orgánica, encontrase irregularidades contractuales que puedan ameritar sanciones para los contratistas particulares lo pondrá en conocimiento de la entidad contratante, para que ésta interponga la denuncia correspondiente al órgano sancionador.

Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se correrá nueva vista a los interesados y al organismo contratante, por el término de cinco (5) días hábiles, con lo que se tendrá por concluido el procedimiento, debiendo dictar resolución definitiva debidamente motivada dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

No obstante, una vez iniciado el proceso administrativo, la parte denunciante en cualquier etapa del proceso hasta antes de la resolución podrá desistir por escrito ante la misma instancia que conozca el asunto, siempre que exista de previo un acuerdo debidamente motivado legal, técnica y económico entre las partes, en la que se determine el beneficio para la administración pública, en su caso para la entidad contratante, en cuyo caso se entenderá resuelto el conflicto. La instancia, de parte decretará en la Resolución el archivo de la diligencias, lo que pondrá término al proceso y se considerará cosa juzgada.

En los casos que se presuma responsabilidad civil y penal no cabe el desistimiento.

1. El que habiendo sido sancionado, incurra nuevamente en incumplimiento contractual.

2. Obtenga ilegalmente información confidencial que le coloque en una situación de ventaja, directamente o por medio de un tercero, respecto de otros competidores potenciales.

3. Suministre dádivas, directamente o por intermedio de otra persona, a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación administrativa.

4. Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o calidad del ofrecido.

5. Participe directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar cubierto por el régimen de prohibiciones de esta Ley.

1. Incumpla o cumpla defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la ejecución de las garantías de cumplimiento del contrato y cualquier otra garantía que hubiere sido constituida a favor de la entidad contratante.

2. Invoque o introduzca hechos falsos o infundados en los procedimientos para contratar o en los recursos contra el acto de adjudicación.

3. Incumpla con el régimen de garantías regulado para el proceso de contratación respectivo.

Por razones de economía procesal y certidumbre jurídica, en el proceso administrativo de contratación, los oferentes que participen en la misma deberán formular oportunamente los recursos en las etapas que sean recurribles. El tránsito a la siguiente etapa del proceso de contratación, sin que hubiere sido formulado el recurso correspondiente, será tenido, por imperio de la Ley, como renuncia de los oferentes participantes a todo reclamo originado por supuestos vicios incurridos en la etapa que precluye.

El recurso deberá interponerse ante la Procuraduría General de la República, con copia a la máxima autoridad de la entidad contratante, dentro de los tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución.

Cuando los pliegos de bases y condiciones contemplen adjudicaciones parciales y la impugnación recaiga sobre renglones o lotes específicos, no interrumpirá la adjudicación de los renglones o lotes no impugnados.

Si el organismo o entidad contratante no comparece, no se le declarará en rebeldía y la Procuraduría General de la República deberá conocer y resolver el recurso.

Cuando se discrepe de las valoraciones técnicas o apreciaciones científicas que sirven de motivo para la adjudicación, el recurrente deberá rebatir de forma razonada esos antecedentes.

El Recurso por Nulidad deberá ser resuelto dentro de los veinte días hábiles siguientes a su interposición. Durante los primeros tres días hábiles de este plazo, la Contraloría General de la República establecerá la admisibilidad del recurso.

En caso de admitirse el trámite, se solicitará el expediente al órgano o entidad adquirente y se emplazará a las partes interesadas para que dentro de tres días hábiles expresen sus alegatos.

La Resolución emitida por la Contraloría General de la República, podrá decretar la nulidad total o parcial del proceso de la contratación.

Con la resolución dictada por la Contraloría General de la República, se agota la vía administrativa.

Adicionalmente, se están destinando recursos para la legalización de dos mil propiedades, donde se ubican centros de estudios, que permitan ir dándole la estabilidad y la tranquilidad tanto a estudiantes como a los maestros en los lugares donde se están formando.

Se da continuidad al Programa del Bono Productivo Alimentario, cuyo objetivo es aumentar la producción de alimento para el autoconsumo y capitalizar a familias pobres del campo y la ciudad. Se seguirá apoyando los programas de producción agroalimentaria a través del suministro a pequeños productores agropecuarios de semilla certificada y otros insumos agrícolas; lo mismo que a los programas de estrategia alimentaria en las zonas rurales.

Entre las principales prioridades sociales y económicas, se mantendrán los subsidios de agua y energía a jubilados, el subsidio al transporte colectivo de la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino, así como el subsidio de energía eléctrica en asentamientos en barrios económicamente vulnerables.

Se garantiza el apoyo a los gobiernos municipales, a través del otorgamiento de las transferencias que corresponde por ley este año es el 10.0% de los ingresos tributarios, para continuar fortaleciendo los programas de inversión municipal y las capacidades de fortalecimiento de la gestión y modernización municipal.

Se continuará apoyando los programas de desarrollo de las MIPYME, y la asistencia técnica y financiera para resolver los conflictos de propiedades, otorgar títulos de propiedad a los sectores más pobres del país, incluyendo la demarcación y titulación de territorios de las comunidades indígenas.

También se van a destinar mayores recursos para la mejora del orden público y la seguridad ciudadana, así como la lucha contra el narcotráfico. Se contempla la creación de 415 nuevos puestos para policías y se garantiza el incremento de 1000 nuevos miembros del Ejército de Nicaragua, incorporado en la Ley de Modificación del Presupuesto 2010, los cuales están distribuidos en 500 en la creación de un Batallón Ecológico, 300 para la unidad Humanitaria de Rescate y 200 para el Batallón de Tropas Navales.

Se garantiza el financiamiento de los gastos de las elecciones nacionales y el reembolso de los gastos a los partidos políticos, de conformidad con la Ley Electoral, este último equivalente al 1.0% de los ingresos ordinarios, así como las asignaciones constitucionales y por otras leyes.

Se prioriza el gasto de inversión en infraestructura social e infraestructura vial y productiva, con crecimiento de la participación del Programa de Inversión Pública con respecto al Producto Interno Bruto. Las prioridades de inversión se han concentrado en los sectores claves de la economía: energía, educación, salud, agua y saneamiento, infraestructura vial, infraestructura portuaria y construcción de viviendas de interés social. El Programa de Inversiones Públicas está conformado únicamente por proyectos de inversión, entendiéndose como tales aquellos relacionados a la construcción, rehabilitación, ampliación e infraestructura, incluyendo los estudios y diseños y la adquisición de maquinaria y equipo que sea complementaria para el funcionamiento de dichos proyectos.

Los criterios que hemos tomado para formular el Programa de Inversión Pública son los siguientes:

 Los nuevos proyectos que han sido incorporados al Programa de Inversión Pública cuentan antes que nada con un aval técnico.

 No se incluyen proyectos que a pesar de tener dictamen técnico, se encuentren en gestión de financiamiento, lo cual significa que existe una fuente potencial adicional con recursos para el 2011.

 Se continúa impulsando la política de asignación de recursos a la etapa de Preinversión, con el objetivo de contar con una cartera de proyectos debidamente dictaminada y en línea con el Plan Nacional de Desarrollo Humano.

 Se ha priorizado la asignación de recursos hacia los proyectos de arrastres, tanto para lo que continúan su ejecución, como para aquellos cuyas etapas de licitación iniciaron en 2010 y que concluyen en 2011.

De manera, que hemos planteado ya cual es el marco de política y ahora quisiera compartir con ustedes hermanas y hermanos nicaragüenses, diputados y diputadas que están en este hemiciclo, las fuentes y usos del Presupuesto General de la República 2011.

El aumento de recaudación y de colocaciones se destina una parte para absorber la caída de los recursos externos, el aumento del gasto presupuestario, incluyendo el gasto de las elecciones nacionales, y el pago de la amortización, en particular la amortización de la deuda interna; de tal manera que nosotros esperamos que los ingresos por recaudación pasen de C$26,700 millones (veintiséis mil setecientos millones de córdobas) a C$29,900 millones (veintinueve mil novecientos millones de córdobas). O sea, que como resultado de la buena gestión de las administraciones tributarias y como resultado de la implementación y los primeros resultados que tenemos del ajuste que tenemos de la Ley de Equidad Fiscal, nosotros podríamos estar recaudando arriba de C$3,000 millones (tres mil millones) adicionales y ya lo estamos incorporando a este Presupuesto General de la República.

También tenemos, que con los recursos externos pasaremos de C$7,960 millones (siete mil novecientos sesenta millones) a C$7,860 millones (siete mil ochocientos sesenta millones), noventa y nueve millones menos. En cuanto a lo que tiene que ver a la parte de Colocación de Bonos de Tesorería nosotros pasaríamos de C$2,700 millones (dos mil setecientos millones) a C$2,900 millones (dos mil novecientos millones). Y en cuanto a los usos, estamos planteando que el gasto presupuestario pasaría de C$32 millones (treinta y dos millones) con que cerró este año, incluido el ajuste que se hizo recientemente a C$35,784 millones (treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro millones) para el 2011. De tal manera que el gasto corriente tendría unos C$2,800 millones (dos mil ochocientos millones adicionales) y el gasto de capital tendría unos C$534 millones (quinientos treinta cuatro millones adicionales).

La brecha queda cerrada en este Presupuesto tal y como corresponde a un informe responsable que debe de presentarse a la Asamblea Nacional.

Por el lado del presupuesto de ingresos esos C$29,000 millones (veintinueve mil novecientos millones) que nosotros consideramos que vamos a tener en el año 2011, se desglosan de la siguiente manera:

Los Ingresos Tributarios serían C$27,000 millones (veintisiete mil millones), los Ingresos no Tributarios cerca de los C$2,000 millones (dos mil millones), tendríamos Rentas de la Propiedad y otras Transferencias, que estarían cerca de los C$125 millones (ciento veinticinco millones) y eso es lo que completa los C$29,900 millones (veintinueve mil novecientos millones) de lo que estamos hablando.

Su monto supera en C$3,198 millones (tres mil ciento noventa y ocho millones al Presupuesto modificado del 2010, lo que significa un incremento del 12.0% y una participación del 20.0% respecto al Producto Interno Bruto.

El presupuesto general de ingreso del 2011 representa el 83% del presupuesto general de egresos, lo cual es mayor a lo estimado en el Presupuesto modificado que era del 82.8%, es la señal que le estamos dando a la economía, seguimos consolidando las cuentas fiscales y seguimos atendiendo el desarrollo de los programas sociales.

El incremento de la recaudación se sustenta en el crecimiento de la actividad económica esperada, mejora de la gestión de las administraciones de tributos y efectos remanentes del impacto de la reforma a la Ley Equidad Fiscal.

Este presupuesto de egresos que estamos presentando a la nación, asciende a C$35,784 millones (Treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro millones) que refleja un crecimiento con respecto al año 2010 del 10.4%, y representa el 24% respecto del Producto Interno Bruto. El gasto primario se mantendrá constante en 22.3% del Producto Interno Bruto, al igual que el presupuesto vigente en 2010.

El Proyecto del Presupuesto 2011 continúa privilegiando el gasto social, lo cual está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) y el Programa Económico Financiero (PEF) del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN). El gasto social representa el 53.9% del total y está creciendo el 13.1% con respecto al Presupuesto inicial del 2010, este porcentaje del PIB se mantiene alrededor del 12.9% pese al gasto electoral.

De tal manera que en Educación y me gustaría plantear con más detalles cómo estamos en el sector Educación. En el gasto del sector educación es al que se le asignan mayores recursos, absorbe el 23.0% del total del Presupuesto de la República, representando el 5.5% del Producto Interno Bruto, incrementa en este Proyecto de Presupuesto en 10.8% en relación con el Presupuesto inicial vigente y al modificado en 2010.

Cómo se estructura.

En los Servicios Sociales, nosotros tenemos C$19,000 millones (diecinueve mil millones) que es el 53.9% de los que estamos planteando como Proyecto de Presupuesto. Y en educación son C$8,237 millones (ocho mil doscientos treinta y siete millones) un 23%, de los cuales el Ministerio de Educación tiene en su presupuesto C$5,553 millones (cinco mil quinientos cincuenta y tres millones); las universidades reciben C$2,335 millones (dos mil trescientos treinta y cinco millones) y otros componentes del Sistema Educativo reciben C$349 millones (trescientos cuarenta y nueve millones). En el sector salud. Se está utilizando en la propuesta el 16.2% para el Sistema de Salud, de tal manera que al MINSA se otorgan C$5,568 millones (cinco mil quinientos sesenta y ocho millones); y a otros componentes del Sistema de Salud C$220 millones (doscientos veinte millones).

Todo lo que tiene que ver con el Servicio Social y la Asistencia Social incorpora C$1,300 millones (mil trescientos millones); todo lo que tiene que ver con vivienda y servicios comunitarios C$3,667 millones (tres mil seiscientos sesenta y siete millones). De manera que teniendo los demás datos, todo esto incorpora los C$19,299 millones (diecinueve mil dos cientos noventa y nueve millones) que nosotros llamamos Servicios Sociales por clasificación universal y que es la parte correspondiente de 53.9% de los C$35,784 millones (treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro millones).

Quería también explicar claramente todo lo que corresponde al gasto destinado al combate a la pobreza, este alcanza un monto de C$19,928 (diecinueve mil novecientos veintiocho millones), lo que representa el 13.3% del PIB y el 55.7% del gasto total, el que está orientando a:

 Mejorar la cobertura y la calidad de la prestación de bienes y servicios de salud, educación, alimentación y agua potable.

 Continuar con la política de subsidio al transporte público, energía eléctrica y agua potable.

 Mejorar la infraestructura económica y social.

 Otorgar transferencias municipales en base a la ley.

 Programas dirigidos, a brindar servicios de atención integral a la familia de escasos recursos.

 Programas de producción agroalimentarios y los programas de desarrollo de las MIPYME.

 Programas de electrificación rural y ayuda humanitaria.

Y finalmente quería referirme a la parte del Déficit, Fiscal. El déficit fiscal global va a ser de C$5,842.9 millones (cinco mil ochocientos cuarenta y dos punto nueve millones), va a descender de 4.2% del PIB en el Presupuesto modificado 2010, a 3.9% del PIB en el año 2011. De 4.2 que fue el déficit global en el 2010 ahora nosotros a pesar de las elecciones y a pesar de la ampliación que estamos haciendo en la estructura de gasto vamos a disminuirlo a 3.9%. Por tanto, el déficit después de donaciones se mantendrá en 1.5% del PIB en el año 2011. Este último resultado ocurre aun cuando el gasto electoral se ubica con 0.7% del PIB.

El nivel de déficit público es consistente con el objetivo de consolidar las finanzas públicas y reducir el endeudamiento.

El Programa Económico Financiero del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional acordado con los organismos internacionales establece una disminución del déficit del sector público no financiero consolidado después de donaciones (presupuestario más instituciones públicas no presupuestados, incluida las pérdidas cuasi fiscales del Banco Central de Nicaragua) del 2.3% del PIB en 2010 al 2.2% en el 2011.

De tal manera, que todo el planteamiento global que hemos hecho, tanto en el marco macroeconómico general, en lo que es nuestro planteamiento para mediano plazo y en lo que corresponde a las políticas que estamos desarrollando, los lineamientos de políticas presupuestarias para 2011 este sería el balance que estaríamos teniendo para el 2010-2011 en millones de córdobas, como lo podemos ver, concentrados los ingresos totales pasamos de C$26,000 millones (veintiséis mil millones) a C$29,000 millones (veintinueve mil millones) no se ve claro, yo no lo veo claro.

En los gastos totales de C$32,000 millones (treinta y dos millones) a C$35,700 (treinta y cinco mil setecientos millones), déficit antes de donaciones de C$5,600 millones (cinco mil seiscientos millones) a C$5,842 millones (cinco mil ochocientos cuarenta y dos millones), el financiamiento del déficit en la misma proporción. De tal manera que el déficit después de donaciones que era en C$1,980 (mil novecientos ochenta millones) va a aquedar en C$2,256 millones (dos mil doscientos cincuenta y seis millones).

Ahora creo que podemos ir directamente a observar cómo queda el conjunto de la propuesta presupuestaria de los distintos componentes del Presupuesto: (por favor, no lo veo claro).

En primer lugar, el Proyecto presupuestario de Egreso, en la distribución de gasto, nosotros tenemos aquí al centro en lo que llamamos las cruces, un Presupuesto de C$35,784.8 millones (treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro punto ocho millones), a ver como se distribuye en las distintas clasificaciones presupuestarias. Si lo vemos por la clasificación económica del Presupuesto, entonces el gasto corriente va a ser de C$27,663.7 millones (veintisiete mil seiscientos sesenta y tres punto siete millones de córdobas) y el gasto de capital C$8,121 millones (ocho mil ciento veintiún millones de córdobas).

Si ese mismo monto presupuestario ahora lo analizamos en la distribución funcional del gasto, lo que podemos ver es que el gasto social es C$19,299 millones (diecinueve mil doscientos noventa y nueve millones de córdobas) teniendo en su interior que en Educación van C$8,237 millones (ocho mil doscientos treinta y siete millones de córdobas); en Salud. C$5,789 millones (cinco mil setecientos ochenta y nueve millones de córdobas); en Servicios Sociales y Asistencia Social C$1,363 millones (mil trescientos sesenta y tres millones de córdobas); en Vivienda y en Servicios Comunitarios C$3,667 millones (tres mil seiscientos sesenta y siete millones de córdobas); y en Servicio Recreativo Cultural y Deportivos C$241 millones (doscientos cuarenta y un millones de córdobas.

En lo que son los Servicios Económicos C$5,800 millones (cinco mil ochocientos millones de córdobas); Defensa y Orden Público C$4,135 millones, (cuatro mil ciento treinta y cinco millones de córdobas); la Administración Gubernamental C$4,040 millones (cuatro mil cuarenta millones de córdobas) y la Deuda Pública Interna C$2,461 millones (dos mil cuatrocientos sesenta y un millones de córdobas).

Si ahora ese mismo monto presupuestario nosotros lo queremos clasificar en lo que se denomina pobreza y no pobreza entonces el gasto en pobreza es de C$19,000 millones (diecinueve mil millones de córdobas), y el gasto en no pobreza C$13,000 millones (trece mil millones de córdobas) más los intereses y comisiones C$2,000 millones (dos mil millones de córdobas), así se hacen los C$35,000 millones (treinta y cinco mil millones de córdobas). También podemos observarlo en lo que es la clasificación institucional del gasto. En la clasificación institucional del gasto, nosotros podemos ver que esa distribución -me gustaría presentarla en lo que se conoce como “las pistolas de Chico Mena”-. En las pistolas, lo que se observa es como se prioriza la asignación presupuestaria para cada una de las instituciones y queda bien claro que el Ministerio de Salud recibe C$5,500 millones (cinco mil quinientos millones) y el Ministerio de Educación C$5,500 millones (cinco mil quinientos millones), unos millones menos, estamos hablando como Ministerio, desde el punto de vista institucional, no estoy hablando de sector educación ni del sector salud, que ya lo expliqué antes. Y así sucesivamente se van distribuyendo cada una de las instituciones, tal y como ustedes lo tienen en el Presupuesto.

Quisiera también poder compartir con ustedes, cómo es que se distribuye el Proyecto de Presupuesto en su estructura funcional clasificada por sectores. Fíjense bien este que está aquí en verde, es el sector de educación y abarca el 42.7% del todo el pastel; este que está aquí el amarillo tiene que ver con salud, de tal manera que salud y educación en su conjunto abarcan aproximadamente el 72.7% de lo que es la Estructura funcional del gasto clasificado sectorialmente. Después tenemos el resto de elementos que están ahí planteados. Si lo vemos desde este punto de vista, vamos a ver que los servicios sociales en general, que abarcan todas las demás clasificaciones abarcan el 53.9% y que la administración gubernamental al igual que Defensa, Orden Público y Seguridad 11.6% tienen una distribución acorde con el precepto de garantizar que estos servicios sociales estén asegurados para nuestros pueblo.

Quisiera poder compartir con ustedes también los principales proyectos que están planteados en este Presupuesto en el sector Energía. En este sector tenemos 10,153 nuevas conexiones domiciliarias; tenemos la instalación de 507 unidades de sistemas de energía no convencional y tenemos dos pequeñas Centrales de Generación de Energía Hidroeléctrica en Wiwilí - Jinotega y Casa Quemada en Jinotega. El norte que necesita definitivamente este tipo de inversiones, también hemos planteado la finalización de los estudios de diseños de la Planta Hidroeléctrica La Sirena y la Planta Hidroeléctrica El Barro; continuar con la construcción de la Planta Hidroeléctrica Larreynaga; rehabilitar y modernizar las Plantas Hidroeléctricas Centroamérica, Santa Bárbara y la finalización del bypass; garantizar la electrificación y distribución de 571 kilómetros en 40 comunidades en la Costa Atlántica de nuestra Nicaragua; construir 827 kilómetros de línea de transmisión; elaboración del diseño y especificaciones técnicas de Subestación Las Colinas y el inicio en la construcción (10% de avance) en la subestación Sandino, segunda etapa.

También tenemos planteado en sector energía ampliar la subestación de Ticuantepe, en la segunda etapa; mejoras de 12 subestaciones eléctricas a nivel nacional; adquisición de 16 transformadores, que son necesarios para poder articular todo el sistema eléctrico; construir un taller de transformadores en Managua; poder construir en Managua un almacén de bifenilos policlorados, que son necesarios para poder garantizar el mantenimiento de todo el sistema eléctrico; adquirir el 50% de los equipos de subestaciones y protección instalados para garantizar la operación confiable del sistema de transmisión y los estudios de preinversión para valorar el potencial eólico en Monkey Point y Bluefields. Que de acuerdo a las perspectivas que ya estamos viendo, tienen importante potenciales que pueden ser desarrollados para beneficios de la Costa Caribe nicaragüense, pero también para beneficio de todos los nicaragüenses.

En el sector social lo que tenemos planteado es continuar con la implementación del programa de construcción, reemplazo y rehabilitación de instalaciones escolares e infraestructura de salud, agua y saneamiento, vivienda e inversión para promoción del Deporte.

De tal manera que en salud vamos a continuar con los programas de rehabilitación de hospitales. Durante el 2011 se han previsto los recursos para rehabilitar 6 hospitales: La Asunción de Juigalpa; el Centro Nacional de Oftalmología en Managua; el Hospital de Somoto; Luis Felipe Moncada de San Carlos; Bertha Calderón en Managua, y el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, La Mascota.

Inicio del reemplazo del Hospital Militar Escuela, Alejandro Dávila Bolaños, en Managua. Finalizar el reemplazo de dos puestos de salud en Waspán y uno en Puerto Cabezas.

A través del programa de equipamiento médico para unidades de salud del primer nivel, se tiene programado ejecutar los recursos para equipar los hospitales primarios construidos en el 2009 y 2010, en León, Matagalpa, Managua y en los Gobiernos de las Regiones Autónomas RAAN y RAAS. Y también, se han previsto recursos para equipar los hospitales de segundo nivel, en Chontales y Managua. Se inicia la construcción del Centro de Salud Leonel Rugama de Estelí.

En el Ministerio de Educación, también estamos planteando entre las prioridades poder reparar y mantener Centros Escolares a nivel nacional, para poder brindar las mejores condiciones tanto para educadores como para educandos y garantizar el mantenimiento de la inversión que cada año se tiene que realizar en la ampliación, construcción y la rehabilitación de aulas escolares.

En el Programa de Inversiones Públicas, se continuará aunando esfuerzos para que en el 2012 todos los niños y jóvenes en edad escolar se les haya asegurado el derecho y acceso a la educación, básica y media, de calidad, gratuita, integral y obligatoria. Para cumplir con los objetivos se van a ejecutar las siguientes obras:

Rehabilitar 70 aulas de primaria, 109 de secundaria, que incluye los institutos: Eliseo Picado, de Matagalpa; Rigoberto López Pérez, de Managua; y Josefa Toledo, de Juigalpa; sustituir 39 aulas de secundaria y primaria.

Dotar con 24,0000 pupitres los centros escolares e institutos a nivel nacional y realizar obras exteriores en 16 centros escolares, consistentes en la construcción de muros perimetrales para protección de la comunidad educativa.

Construir 8 aulas en primaria y secundaria; rehabilitar y ampliar 7 institutos técnicos y equipamiento de 15 institutos técnicos.

También con la transferencia para el Deporte se van a ejecutar una serie de obras, que van a permitir a la juventud una mayor recreación para cumplir con este objetivo, se ha previsto ejecutar las siguientes obras:

Mejora y ampliación de seis estadios de distintos municipios.

Rehabilitación, la construcción y ampliación de 4,200 metros cuadrados de canchas deportivas.

Ampliar y mejorar 3,500 metros cuadrados de gimnasios deportivos.

Equipamiento de infraestructura deportiva a nivel nacional.

Construir la pista de atletismo en Somoto.

Construir el albergue deportivo en Bluefields.

En cuanto a protección Social: Construir 3 delegaciones de MiFamilia, En Juigalpa, San Carlos y Chinandega.

Rehabilitar 3 delegaciones de MiFamilia. En Bluefields, Jinotega y Nueva Guinea.

Construir 30 Centros Infantiles Comunitarios.

Construcción de 8 Centros de Desarrollo Infantil, no sólo construirlos, sino también equiparlos debidamente.

Los objetivos de la política en el sector social, Agua y Saneamiento, están orientado a abastecer agua y saneamiento para aumentar la cobertura efectiva, mejorar la calidad del servicio, promoviendo lo que es el uso racional del recurso. Asegurar el mantenimiento de los sistemas y redes ya existentes. Además, se han previsto los recursos para desarrollar las siguientes obras:

Mejoramiento de 278,999 mts lineales de sistemas de agua potable.

Mejorar 116,536 mts. lineales de Alcantarillado Sanitario.

Construir 199 nuevos Sistemas de Agua Potable.

Construir 451 nuevos Sistemas Sanitarios.

Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. En Boaco, Jalapa y Granada.

Rehabilitar, Construir y Remodelar 3,410 mts cuadrados de Oficinas Administrativas.

Remodelar y ampliar las oficinas de la Delegación de la Ciudad de Granada.

Construcción y rehabilitación de 131 pozos, 44 se harán en Managua y 87 a nivel nacional.

Vamos a construir el nuevo pozo del (Capulín II), en Granada, con su equipamiento y conexión a la línea de conducción existente ya en ese Departamento.

Vamos a elaborar 10 estudios y diseños para nuevos sistemas de agua potable y Alcantarillado Sanitario.

Construcción de 4,808 letrinas.

Construcción de 4,362 conexiones de sistemas de aguas potable.

Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, ¿dónde?, en Granada.

Mejoramiento, ampliación de 780 conexiones domiciliares del agua potable.

Rehabilitar 600 conexiones domiciliares de sistema de agua potable.

El estudio y diseño final para mejorar el sistema de agua potable y saneamiento en los departamentos de Masaya y Carazo.

En el sector de Vivienda:

Aquí lo que queremos es poder seguir avanzando en lo que tenemos como política la reducción del déficit habitacional mediante la ejecución del Programa Multifase de Viviendas para Familias de Bajos Ingresos, se van entregar subsidios en dos modalidades:

El subsidio para familias de ingreso bajo, menores de U$ 206 dólares mensuales y el subsidio para las familias de ingreso moderado hasta U$600 dólares mensuales, destinados a la construcción y mejoramientos de viviendas. El subsidio de ingresos bajos es complementado con el ahorro de la familia, aportes de entidades auxiliares e instancias sectoriales del Gobierno, y el subsidio para familias de ingresos medios se complementa con el ahorro de la familia y crédito otorgado por entidades financieras.

En el Programa de Inversiones se han asignado recursos para las siguientes metas:

Construir 1,591 viviendas, bajo la modalidad de subsidio de ingresos moderados.

Mejorar 879 viviendas bajo la modalidad de subsidios de ingresos bajos.

250 capacitaciones en construcción de viviendas.

En Infraestructura Vial, lo que queremos es ir asegurando el mantenimiento de lo que es la infraestructura del sector transporte, considerando como elemento importante el crecimiento económico y la contribución a la reducción de los niveles de pobreza. Es por ello que a través de las inversiones públicas se le da especial importancia a la rehabilitación, construcción, al mejoramiento a la conservación de carreteras troncales y caminos rurales, con el propósito de unir los centros productivos con los centros de acopio, con los mercados locales, con las potencialidades turísticas y puertos para la exportación, garantizando la competitividad mediante el ahorro del tiempo de viaje, abaratar los costos de transporte, brindar seguridad a los usuarios de la red vial y del servicio de transporte en toda su modalidades, pues pueda seguir también brindando servicios de calidad.

En Preinversión, lo que estamos planteando en este Proyecto de Presupuesto, es: Elaboración de 5 estudios de factibilidad para la rehabilitar 44.5 km de caminos rurales, ¿dónde?, en Paiwas-San Ignacio, Pericón-Namasil-Altagracia, San Jerónimo La Lima, Apaguisque, Las Sabanas-Chiguagua –Zapote- El Encino y Rio Blanco - Muñeco.

Estudio de Factibilidad y diseño para cuatro tramos de carretera en los Departamentos de Matagalpa - Jinotega.

Estudio de Factibilidad y diseño para el mejoramiento del tramo El Cua- San José de Bocay.

Revisión del diseño del tramo Cárdenas – Río Mena - Colón.

Y los Estudios de Factibilidad y diseño para la carretera Esquipula – Muy Muy y para el mejoramiento del tramo Equipulas - Empalme San Dionisio.

También esta propuesta de Presupuesto trae incorporada una sugerencia que hace el Presidente de la República, a los y las diputadas de la Asamblea Nacional, postergar para el año 2012 el reembolso de los gastos a los partidos políticos, que equivale a C$299.4 millones (doscientos noventa y nueve punto cuatro millones) para ser asignados en el Presupuesto General de la República 2011, exclusivamente hacia la reparación de la infraestructura vial dañada, a través del MTI, y para la ayuda humanitaria a familias afectadas por el severo invierno del presente año, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sinapred.

Así que he cumplido con presentar a ustedes diputadas, diputados de la Asamblea Nacional y a través de su sistema al pueblo de Nicaragua, lo que son los principales componentes de la propuesta de Ley del Presupuesto General de la República 2011.

Muchas gracias, hermano Presidente.

Estoy a la disposición.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Antes de continuar con el período de preguntas y respuestas de los diputados, queremos informarles al plenario que hoy por la mañana se presentó un proyecto de ley Contra la Violencia Intrafamiliar y el Feminicidio, presentado por una representación de dieciséis Organizaciones Sectoriales y Territoriales de Mujeres, quienes están aquí presentes y les damos un saludo a todas ellas.

También saludamos la visita de estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria del Colegio María Auxiliadora. Y también saludamos la delegación de médicos y médicas aquí presentes en el plenario.

Entonces, la mecánica a seguir es la contemplada en la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, que los diputados harán preguntas referentes a la exposición del Presupuesto 2011 que ha hecho el Ministro de Hacienda. Por tanto los que desean preguntar que por favor se anoten, para ir dando la palabra en el orden establecido. Vamos a dar participación a dos o tres, para que después el Ministro responda las preguntas de estos.

Diputado Agustín Jarquín, tiene la palabra.

DIPUTADO AGUSTÍN JARQUÍN ANAYA:

Gracias, ministro Guevara, por la presentación con detalles, con las argumentaciones del porqué de las cifras que están ahí expuestas, que nos permite comprenderlas -también al pueblo de Nicaragua que lo está viendo en este momento por el Canal de la Asamblea- para poder discernir sobre este proyecto que ya nos había sido enviado en detalles desde la semana pasada por usted, por encargo del presidente Ortega. Me permito hacerle solamente tres consideraciones muy breves.

Como le decía anteriormente y lo hemos enviado en comunicaciones escritas, este proyecto que estamos claros que administramos la escasez, verdad, y priorizamos en lo más sensible algunos recursos, no incorpora necesidades que son vitales para el país, las menciono solamente, creo que tenemos que ver en el diálogo que hay de aquí hasta el 14 ó 15 de diciembre, que aprobemos finalmente este proyecto. En primer lugar, es para los proyectos de emergencia, he insistido acá para ocho comunidades que están en la parte colindante entre Teustepe y Tipitapa, que alcanzan aproximadamente unas tres mil personas, que desde el tiempo del Mitch están incomunicadas y que las obras no son de una cuantía grandísima, y que la falta de ella ha provocado que haya ahogamiento de personas, el último hace menos de tres meses. Se lo envié a usted por escrito, y debería estar en este Presupuesto, me refiero a la primer comunidad de esa zona la Empanada, no voy a mencionar las otras, son ocho comunidades más que están aún lado y al otro del Río Barco.

En segundo lugar, la urgencia de que se puedan asignar recursos al denominado albergue que está en Migración y Extranjería conociendo que el presidente Ortega, prioriza en la política de Gobierno el tema de Emigrante, para que también demos un mínimo tratamiento humano a los migrantes que por diferentes circunstancias están indocumentados en Nicaragua, su cantidad oscila entre cincuenta, cien un poco más o menos, porque es fluctuante y que de esa manera tengamos nosotros fundamentos para reclamar a Estados Unidos y otros países el tratamiento criminalizado que dan a los migrantes nuestros, lo cual viola derechos humanos, puntualmente eso.

También la asignación urgente que venimos pidiendo hace un tiempo para Ineter, para que efectivamente se pueda comenzar los trabajos de resolver discrepancia entre municipios, lo cual es una cantidad que en términos globales no es grande. Estamos hablando para tres años, un poco más o menos, seis millones de córdobas para poder hacer los estudios de campo que urgen en esos lugares.

Finalmente quiero hacer una observación con el tema de Educación. Ciertamente en términos globales como usted señala, Educación, incorporando universidades al Ministerio de Educación, etc., son como el 23% creo que salía ahí, en una de las gráficas que claramente ahí se presentan. Sin embargo, ante el indicador internacional con referencia al PIB, estamos bajos nosotros y si bien es cierto que la masa presupuestaria total es pequeña o sea con respecto a otros países o es más o es de menos nivel que en otros países, inclusive del el área, pero en todos ellos se les asigna al menos el 7% del Producto Interno Bruto, así se hace en el hermano país de Honduras. Nosotros hemos pedido, me refiero al diputado Mario Valle, Juan Ramón Jiménez y este servidor, y estoy claro que eso goza del consenso de todos, que por lo menos este próximo año se le entregue el 4.5% del PIB al Ministerio de Educación, lo cual representa poquito más de C$6.600 millones (seis mil seiscientos millones de córdobas) sin embargo, se le está entregando a él una cantidad pequeña, que en términos reales es inferior a lo que se entregó este año, lo cual también contradice la política que al efecto lleva adelante al presidente Ortega.

Estas serían mis observaciones preliminares sobre la propuesta que usted con detalle y con mucha precisión nos ha presentado el día de hoy, Ministro Guevara.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputado.

Diputado Carlos Noguera, tiene la palabra.

DIPUTADO CARLOS ANTONIO NOGUERA PASTORA:

Gracias, señor Presidente.

Voy a tocar rápidamente tres puntos.

El Primero es en relación con la última Reforma Presupuestaria, que se le puso a EXPONICA, señor Presidente C$2 millones (dos millones de córdobas) dentro de los recursos del INTUR, lamentablemente, pues don Mario Salinas, que ni siquiera le consultó el Presidente de la comisión, el diputado Wálmaro Gutiérrez, que esos recursos no están disponibles, burlándose de esa manera de los pequeños y medianos artesanos, que aprovechan ese mercado norteamericano para poder llevar sus productos de manera que esos C$2 millones (dos millones de córdobas) no están disponibles solamente fue confites en el infierno.

También Ministro, la oportunidad que está usted aquí presente, porque como Presidente de la Comisión Laboral de esta Asamblea Nacional, le he enviado diferentes invitaciones para que comparezca a la comisión, a fin de que nos informe alrededor de la disponibilidad de recursos del Estado para pagarle a una gran cantidad de trabajadores, que ya no tengo presente si son quince mil o veinte mil que han sido despedido del Estado y que no hay forma de que el Ministerio de Hacienda pague a esos funcionarios que han sido despedidos. Inclusive, aquí tengo la lista, personas que tienen las sentencias judiciales ordenando al Gobierno que pague esas liquidaciones de las prestaciones sociales a los trabajadores, y tampoco, no hay forma de que se les pueda pagar; tal vez el Ministro nos puede informar si es posible, cómo va a hacer, porque en esta última reforma también se agregaron los recursos para eso; pero no hay forma de que se vea que el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda esté cancelando esos pasivos sociales a los trabajadores en Nicaragua.

Ahora me voy a referir brevemente al Presupuesto General de la República. En realidad vemos de nuevo una tendencia a mantener muy altos los gastos corrientes versus la inversión de capital, inclusive no aumentan prácticamente en forma porcentual los gastos de capital, aunque el Gobierno hable y mantenga la importancia de ésto, sobre todo motivado por los efectos del invierno fuerte que hemos tenido y que ha significado un fuerte golpe a la infraestructura vial del país. También en salud, como estamos viendo con esa situación de la leptospirosis en muchos Departamentos de Nicaragua.

Lógicamente vemos también en este mismo Presupuesto, como siguen disminuyendo la donaciones externas y los mismos préstamos internacionales, versus aumentando el endeudamiento interno del país. Esto demuestra en realidad lo que hemos venido señalando sobre el retiro de los donantes internacionales que han venido apoyando Nicaragua con donaciones, para cubrir el déficit presupuestario y se han venido retirando de nuestro país, precisamente por la falta de gobernabilidad que ha tenido el país, por el permanente estado de violación a la Constitución y las leyes, no existiendo en este país verdaderamente un respeto al estado de derecho, y me imagino, señor Ministro, que la mejor parte de la estrategia y que no puede estar en el Presupuesto, porque nunca se transparentó, la parte de la ayuda venezolana que viene en petróleo, cuando estamos escuchando a nivel internacional el gran nivel de iliquidez que está teniendo el gobierno del presidente Chávez, que está aumentando en millones de millones de dólares Bonos Públicos para poder superar esos problemas de caja y no sé si eso eventualmente va a afectar ese flujo financiero a Nicaragua. Entonces, yo no sé qué va a pasar con este déficit planificado de parte del Gobierno de Nicaragua.

También veía en la parte de educación que solamente se habla de la construcción de ocho aulas de primaria y de secundaria, cuando sabemos del sistema de Educación que está muy deteriorada su infraestructura en todo el país. Igualmente es parte de la cuestión institucional de Nicaragua, cuando vemos que más de dos mil millones de córdobas se van a las universidades, demás es decir que estamos priorizando en Nicaragua a un número muy limitado de nicaragüenses versus el más de millón de nicaragüenses que se quedan sin ir a las aulas. Creo que también esta es una responsabilidad de todos en esta Asamblea Nacional y del país y no podemos seguir priorizando el entregar tantos recursos a las universidades de esa forma como se está haciendo de C$2,335 millones (dos mil trescientos treinta y cinco millones) y el Ministerio de Educación recibe C$5,553 millones (cinco mil quinientos cincuenta y tres millones). Es decir, prácticamente casi la mitad de un presupuesto ministerial, va hacia esos recursos verdad. Creo que ese es un tema que debe ser abordado por la sociedad nicaragüense, para ver qué mecanismos se usan para priorizar en realidad la escuela primaria y la secundaria que debería ser la mayor prioridad en estos asuntos.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Compañero Ministro, tiene la palabra.

LICENCIADO ALBERTO GUEVARA, MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO:

Muchas gracias.

En primer lugar, quería decir que me acompaña el equipo completo de la Dirección Superior del Ministerio de Hacienda, el equipo de asesores, porque para nosotros esta comparecencia es de vital importancia.

El tema de la emergencia, lo comenzamos a afrontar en la Reforma Presupuestaria y además de asegurar los Recursos a las instituciones involucradas en la medida de las disponibilidades presupuestarias el Presidente de la República, compañero Daniel Ortega Saavedra, ha hecho una sugerencia a los diputados y a las diputadas, de aplicar algo que ya se aplicaban anteriormente y es que la parte que corresponde al pago a los partidos políticos, que nunca está listo antes del último día de diciembre, esta es la sugerencia que hace el Presidente de la República, que podamos incorporar esos C$299.4 millones (doscientos noventa y nueve punto cuatro millones) si ustedes así lo deciden, para poder atender las necesidades de infraestructura que a la hora que preparamos el Presupuesto no se podían ver los daños, porque estaban inundadas muchas aéreas en la red vial que ahora ya se están comenzando a ver más, y nos damos cuenta que necesitamos más, pero también para poder destinar más recursos a la Secretaría Ejecutiva del Sinapred, que permita incorporar recursos adicionales para atender las necesidades de los y las nicaragüenses que han sido afectados por esta eventualidades climáticas.

Diputado Jarquín, ¿no está?

El 7% del PIB a educación es un tema recurrente, muchos países han avanzado, lo que pasa es que cuando hablamos de educación no hablamos sólo del Ministerio de Educación, sino que hablamos del Sistema Educativo Nacional, con todos sus sistemas conexos, más del 7% del PIB del Presupuesto de la República, se dedica al Sistema Educativo de Nicaragua. Particularmente al Ministerio de Educación ya se le dedica aproximadamente el 5.5%, pero el Sistema Educativo abarca más que eso, el Ministerio de Educación, Sistema Universitario y otros que tienen que ver como por ejemplo Sistemas Educativos Religiosos, que también se atienden, etc. El monto es C$8,974 millones (ocho mil novecientos setenta y cuatro millones), eso es lo que se destina al Sistema Educativo. Entonces, hermano, comparto con ustedes la idea de que efectivamente debemos de seguir avanzando, pero invito a que el análisis lo hagamos integral, para que no nos quedemos por partes, el análisis por partes nos permite resultados analíticos; pero el análisis global nos permite ver todo el bosque. Entonces sin duda alguna el Presupuesto de la República abarca más del 7% del PIB al Sistema Educativo.

Bien, tenemos los planteamientos que muy afortunadamente hace el diputado Noguera, en algunos aspectos de los que yo pude tomar notas.

Me permito informarle que efectivamente en la Reforma que recientemente se aprobó, hay un artículo que llama a que se asigne cierto recurso para una feria de Turismo, lo que ocurre es que cuando la Asamblea Nacional define un gasto, por sanidad Fiscal, y por Sanidad Financiera, deben identificarse las fuentes de financiamiento, por tanto se traslado al INTUR, pero éste no tiene los recursos suficientes, porque a estas alturas del año las instituciones ya sólo tienen lo necesario para poder asegurar el treceavo mes y para poder asegurar los gastos de cierres de operaciones. Entonces, recomiendo que en todas las iniciativas de ley, siempre que planteemos la necesidad de la urgencia de un gasto, siempre identifiquemos las fuentes de financiamiento.

Sobre el tema de despidos, tengo que decirles que recibo ese tipo de demandas, demandas millonarias, multimillonarias de gente que prestó servicios, pero eran servicios de consultorías, no eran empleados públicos dentro de la estructura de cargos del Estado. No forman parte de los libros que entregamos a la Asamblea Nacional, donde están todos los cargos aprobados en el Presupuesto. Una buena parte de esas demandas millonarias son de funcionarios y funcionarias que ganaban miles de dólares mensuales en proyectos de organismo financieros internacionales. Nosotros nos hemos aconsejado, con los principales estudiosos de la materia laboral de Nicaragua y hemos identificado ese tipo de problemas, gente que quiere que les paguen demandas de 10, 15 millones de córdobas, para una persona que no trabajaba para la planilla del Estado, sino que trabajaba en consultorías y que de acuerdo a sus contratos eran pagados por organismos internacionales. Entonces, quisiera que por favor realizaran eso para limpiar, pero sí le puedo informar diputado Noguera, que en este Proyecto de Presupuesto están incorporados C$20 millones (veinte millones), para que una vez que esta Asamblea Nacional apruebe el Presupuesto, lo podamos dedicar a ir cubriendo pagos, porque es justo pagar lo que corresponde y lo que las leyes laborales y la Constitución de la República plantean; somos respetuosos de eso. Quisiera que revisen muchas de las demandas, incluso algunas aprobadas por juzgados, es sobre contratos que no son laborales con el Estado; revisen eso por favor. Esa parte es importante.

El tema del gasto corriente y el gasto de capital que acertadamente usted plantea; si observa, el año pasado tuve la oportunidad de explicar en este plenario que las orientaciones del Presidente fueran transparente la clasificación de los gastos y de las inversiones; porque el problema que teníamos, -tenemos el gráfico Francisco, póngame por favor el gráfico del gasto corriente y el gasto de capital-, nosotros teníamos una mala clasificación del gasto, recuerdo bien que les explicaba que en el año 2006 por ejemplo, cuando se decía que había C$5,000 millones (cinco millones de córdobas) en Inversión Pública, realmente C$2,000 a C$2,500 millones (dos mil a dos mil quinientos millones de córdobas) eran salarios de Consultorías, estudios no relacionados, gasto corriente y realmente sólo eran C$2,000 (dos mil y pico de millones), casi C$3,000 millones (tres mil millones de córdobas) de inversión pública, en lo que corresponde a formación bruta de capital fijo o a formación bruta de capital propiamente dicho.

Por dos años consecutivos trabajamos en limpiar las cuentas, junto con especialistas que nos brindaron distintos organismos financieros internacionales, que nos ayudaron a esclarecer, reclasificar y transparentar las cuentas, hoy lo que hemos presentado aquí, cuando les estoy diciendo que el gasto corriente, (siga avanzando) anda muy cercano a los C$8,000 millones (ocho mil millones de córdobas), cuando les estoy diciendo que el gasto corriente para el 2011 son exactamente C$8,121 (ocho mil ciento veintiún millones de córdobas) del Presupuesto; les puedo decir que son más que los C$7,375 millones (siete mil trescientos setenta y cinco millones) del año pasado; que son absolutamente más de lo que, ¿no está la grafica?, de lo que en el año 2006 se decía que eran C$6,782 millones (seis mil setecientos ochenta y dos millones) y que realmente sólo eran C$3,918 millones (tres mil novecientos dieciocho millones) de inversión pública y eran C$2,863 millones (dos mil ochocientos sesenta y tres millones) de gasto de capital, oculto en el gasto de inversión, no era cierto. Eso lo explicamos bien, de todas maneras me voy a encargar de hacerle llegar a la Asamblea Nacional y a usted en particular diputado, porque esta preocupación suya es válida, si nosotros estuviéramos haciendo eso, estaríamos sacrificando el mediano plazo, y aquí nosotros lo que estamos es planteando una trayectoria de mediano plazo sostenible, financieramente y desde el punto de vista de poder ir alcanzando avances consistentes en la lucha contra la pobreza y eso sólo se logra con inversión. Entonces, le aseguro que en el proyecto que trajimos hoy a exponer a este plenario, el gasto en inversión de capital más bien, es de C$8,121 millones (ocho mil ciento veintiún millones) y es superior a los C$7,300 millones del año pasado y absolutamente superior a los C$3,000 millones (tres mil millones) que nosotros encontramos en el 2006.

Es importante hermanas y hermanos nicaragüenses observar esto, porque ahí es donde vemos la responsabilidad en lo que hacemos. Si hayamos algo malo, perfectamente pudimos haber ocultado ahí mismo, seguir en lo mismo, pero eso no esclarece las cuentas y nosotros hemos querido que todo esto sea transparente y es por eso que sin ningún problema, porque no tenemos problema, ni nos manejamos con los diputados y las diputadas, porque sabemos que ustedes son los que tienen la responsabilidad de aprobar o no el Presupuesto que requiere la nación, sobre la base de la posibilidad real del país.

Entonces, el tema de la ayuda venezolana es un tema que no funciona dentro de nuestras cuentas, no podemos obligar al donante o al que coopera a incorporar las cuentas donde nosotros queramos, el donante es el que dice donde quiere esto. Aprovecho para hablarles de los otros donantes que han indicado en sus estrategias de desarrollo internacional que África y Asía son sus prioridades. Nada tiene que ver el hecho de que un país como Suecia por ejemplo, se fuera, ¿cuál? sí, sí pero la embajadora Eva, ¡ah!, ¿Suecia?, se fuera; porque ya lo había anunciado el Gobierno anterior. No es que se fue por alguna razón, pero además los procesos internos de Nicaragua son respetables, porque nosotros no nos metemos en los procesos internos de ningún país, respetamos y hacemos respetar los procesos internos, no aceptamos que nadie se quiera entrometer, aquí hemos resueltos los problemas de los nicaragüenses y los vamos a seguir resolviendo pero nada de eso tiene que ver con la ida de esa ayuda; ellos le habían anunciado al Presidente Bolaños que se iban al África, como está ocurriendo con casi todos los donantes europeos, porque dicen que allá hay niveles de pobreza tan extremos, inhumanos que han preferido trasladar sus prioridades para allá. Igual ha ocurrido con las recientes tragedias que se están dando en Asia por las inundaciones y todo eso, que han elegido llevar los recursos para allá.

Nosotros también estamos en un momento en el que los programas firmados con el BID, con el Banco Mundial, con el FMI, están llegando a su término, porque ellos son contratados por dos años, por tres años, por un período, y entonces hay una trayectoria del gasto, del uso, de la utilización y la incorporación de los recursos sobre los cuales cada año hemos venido a informar a esta Asamblea Nacional.

Entonces, hay una trayectoria mundial, no es Nicaragua quien está pegando el grito al cielo porque necesitamos más recursos, también Honduras lo hace y lo están haciendo los países de la región, que a partir de la crisis financiera internacional están incorporándose ahora a programas con el Fondo Monetario Internacional. Les anuncio que sólo Nicaragua y Honduras teníamos programa hace dos años, hoy tiene todo Centroamérica con este organismo, así como una gran cantidad de países de América Latina, porque fueron golpeados fuertemente por la crisis.

Por lo tanto, la tendencia de la disminución de los recursos nada tiene que ver con temas del desarrollo de los procesos internos de Nicaragua. Y el tema del 6% de las universidades, es un tema que no me corresponde a mí determinarlo; lo que a mí me corresponde como Ministro de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua, es asegurar el 6% constitucional para las universidades sobre todo el gasto, no puedo incumplir con la Constitución. El número que usted ve ahí, diputado, es el 6% constitucional que corresponde a las universidades más lo que corresponde a los gastos de servicio que también la ley ha establecido, eso es todo.

Sí quisiera que tuviéramos más recursos, muchos más recursos, y por eso tenemos que hacer importantes esfuerzos para asegurar que podamos trabajar temprano con este Presupuesto, para poder incorporar nuevos recursos que ya estamos trabajando en algunas reformas presupuestarias del próximo año para seguir trayéndole tranquilidad y felicidad a nuestro pueblo. Espero haber contestado las inquietudes de ambos diputados, y les agradezco la franqueza con la que ustedes han planteado estos temas que sí son relevantes para la nación.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, Ministro.

Continuamos. Tenemos ocho diputados que todavía quieren preguntar. Les recuerdo que la ley estipula que sus preguntas se deben referir a la exposición del Ministro sobre el PGR-2011.

Diputado Víctor Hugo Tinoco, tiene la palabra.

DIPUTADO VÍCTOR HUGO TINOCO FONSECA:

Gracias, Presidente.

Quería comenzar, señor Presidente, protestando por el hecho de que usted haya enviado al Ministerio de Hacienda la parte que corresponde del presupuesto de la Asamblea Nacional, sin consultar con la Junta Directiva ni con los jefes de bancada mucho menos. Lamento eso porque es una violación…

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Víctor Hugo, le enviamos a cada jefe de bancada y a cada miembro de la Junta Directiva, el proyecto del presupuesto para sus comentarios, solamente Martínez Cole respondió, de ahí nadie.

Continúe.

DIPUTADO VÍCTOR HUGO TINOCO FONSECA:

Me refería al hecho de que en la última reunión de Directiva, varios directivos protestaron por el hecho de que no se hubiera dado una reunión como el año anterior, que sí hubo una reunión de Directiva para discutir el presupuesto del Parlamento. Espero que el Ministro haya respetado lo que usted envió, aunque sea inconsulto, ojalá que él lo haya respetado y que no haya cambiado, porque eso también dice la ley, que no debe cambiar lo que envía el Parlamento.

El otro tema que creo que está flotando aquí en un país en crisis como el nuestro, en un contexto de crisis global y mundial, es que aquí estamos hablando nada más de un presupuesto parcial, porque tenemos el Presupuesto que maneja aquí el señor Ministro y el otro Presupuesto paralelo que él no maneja -entiendo que él no lo maneja-, pero que es aproximadamente el 20% ó 25% del mismo Presupuesto que usted maneja, es decir, comparativamente, lo que queda de la cooperación venezolana.

Estamos hablando de 350 millones de dólares, dicen unos, 400 millones de dólares dicen otros. Estamos hablando aproximadamente del 20% del Presupuesto de la República, y eso es lo que nos genera estas restricciones. No hay reales, pues si no hay reales, si una parte de los reales se están quedando fuera del Presupuesto. ¿Cómo me confirma usted, Ministro, que los recursos venezolanos entrarán aquí al Presupuesto de la República?, como entran en Honduras, como entran en Guatemala, al Presupuesto de la República, la misma cooperación venezolana en los mismos términos. ¿Quién me asegura que no tendríamos más disponibilidad para combatir mejor a la pobreza? Obviamente, si los recursos quedan afuera, no vamos a tener.

Entonces, a mí no me extraña por eso, que el presupuesto del Ministerio de Educación se reduzca en relación al PIB. El presupuesto de ese Ministerio se reduce en relación al PIB, comparando el año pasado con el año actual, y por esa vía nos alejamos del cumplimiento de las Metas del Milenio y hacemos más difícil el tema del combate a la pobreza, porque eso es real. Por eso no me extraña que también en el Informe que usted nos presenta, en relación con Educación, habla de rehabilitar durante todo el año, setenta aulas de primaria y cien de secundaria, y habla de construir en todo el año, ocho aulas. Es lógico, ¿de dónde va a sacar reales usted, si los reales están en el otro Presupuesto? Esa es la realidad que vive este país. ¿De dónde va a sacar reales si el otro Presupuesto está comprando empresas farmacéuticas? Ahí está la empresa Ramos comprada con esos reales. ¿De dónde va a sacar reales usted, señor Ministro, si con esos reales se compró el hotel Seminole, se compró la hacienda Chiltepe, están haciendo préstamos a las empresas generadoras, están haciendo negocio prestando reales a las empresas generadoras, y con esos reales también se han hecho depósitos enormes en el Bancentro y en el Banpro. Eso explica posiblemente por qué se traba la Ley de Tarjetas de Crédito en la Comisión Económica.

La realidad es que entiendo las restricciones y las limitaciones que aquí tenemos, porque una buena parte de los recursos se están usando de manera privada y de manera discrecional, y por eso aquí no va a haber reales para los médicos. Ahí están los médicos a quienes acaba de saludar el Presidente, pero ellos están pidiendo que les cumplan con la Ley 608 de hace cinco años, donde se dijo que les iban a nivelar los salarios. ¿Cuándo les van a nivelar los salarios, si los reales están fuera de este Presupuesto? ¿Y cuándo les van a elevar los salarios a los maestros también, si los reales están fuera de este Presupuesto? Ese es el problema de este país. Yo no digo que se hubiera solucionado todo, pero posiblemente estaríamos en mejores condiciones de combatir la pobreza que a como se está haciendo actualmente.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputada María Lydia Mejía, tiene la palabra.

DIPUTADA MARÍA LYDIA MEJÍA MENESES:

Gracias, compañero Presidente.

Yo no voy a preguntar Ministro, más bien lo voy a felicitar, porque en primer lugar, no es chiche asentar un Presupuesto de nación, un Presupuesto que se ha venido desinflando, a un Presupuesto heredado inflado que no venía a solucionar la problemática de la nación. Creo que por primera vez el Ministerio de Hacienda está dando cumplimiento a los derechos constitucionales que tiene Nicaragua de priorizar la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Considero que no podemos nosotros permitir ni dejar pasar una propuesta que venga a crearse bajo la manga o con vara mágica, porque quienes no están en Nicaragua podrán desconocer que este año ha sido un año crítico, difícil, para los que no quieren ver; pero los que trabajamos en este Parlamento estamos dando seguimiento a todo el proceso.

Acaba de haber una reforma tributaria de cara a solucionar la problemática de emergencia de Nicaragua. No podemos desconocer que todo el palmo de infraestructura que en estos tres años se ha venido trabajando, la naturaleza la vino a destruir lamentablemente; pero tampoco podemos venir a incrementar imaginariamente un presupuesto que Nicaragua no tiene, porque a nivel mundial, si los diputados no se dan cuenta, las diputadas sí estamos ojo abierto, porque los financiamientos se vienen reduciendo porque la afectación es internacional y no es sólo en Nicaragua, es internacional. En los mismos Estados Unidos hay más de 17 millones de gente que está pasando una situación difícil de desempleo, y ya están trabajando formalmente. En Cuba se está dando apertura al trabajo privado, así mismo para las empresas privadas.

Entonces, la situación no es sólo en Nicaragua, por eso quiero felicitarlo, Ministro, pero también quiero decirle que a nivel del MTI, tenemos que priorizar un poco más aquellos departamentos o municipios mayormente afectados por la catástrofe ocasionada por las vaguadas. Por ello creo que el Presupuesto es real, adecuado y acorde. También quiero felicitar a los diputados que se animaron hoy a trabajar y a oír la presentación de este Presupuesto, para que así verdaderamente las modificaciones o los aportes que demos al mismo para su aprobación, sean aterrizados de acuerdo a la necesidad y a la justeza por Nicaragua.

¡Felicidades, Ministro.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputada.

Diputado Eduardo Montealegre, tiene la palabra.

DIPUTADO EDUARDO MONTEALEGRE RIVAS:

Muchas gracias, Presidente.

Primero, tengo una pregunta aclaratoria. Me llama la atención que en la página 38 de ese Informe, habla de una capitalización de C$ 250.9 millones de córdobas para el Banco Central, y es la primera vez que la observo. Sería bueno que le explicara usted al plenario el porqué, por primera vez el Gobierno está entregándole como capitalización al Banco Central ese monto de C$250.9 millones de córdobas, cuando pudieran perfectamente utilizarse esos recursos para lo que mencionaba el diputado Víctor Hugo Tinoco y lo que dijimos cuando se estaba discutiendo la Reforma al Presupuesto, de hacer cumplir una serie de leyes, como es la equiparación de los salarios, etc. Ese es un monto que me llama la atención, solamente para que dé una explicación.

Y lo otro es que tengo aquí, aunque hasta ayer en la noche lo recibimos, el libro grande del Presupuesto pero también tengo aquí el Balance Presupuestario del 2010, el Balance Presupuestario del 2011 que usted nos acaba de entregar, más la lista de los prestatarios y de los donantes del año 2010, pero no tengo la del 2011 todavía, para que concuerde con las donaciones y los préstamos, que son los que van a financiar el déficit fiscal que tiene el Gobierno, que se llama el Balance Presupuestario. Sin embargo, ni en la lista de ninguno de los prestatarios, que en el Balance Fiscal de este año suma C$4,274 millones de córdobas de desembolsos, ni en la lista de donaciones que suma 3,586 millones de córdobas, está la cita: “República Bolivariana de Venezuela”, ni en los préstamos, ni en las donaciones; no obstante, viendo el reporte, las estadísticas del Banco Central de Nicaragua, se habla de cooperación venezolana, de cuatrocientos y pico de millones de dólares, eso está en el reporte del Banco Central.

Le recuerdo al Ministro entonces, que hay una inconsistencia en lo que dice el Banco Central y lo que aparece en el reporte del Presupuesto, porque no existe esa cooperación venezolana, no está en la lista de las donaciones que aparecen para financiar el déficit fiscal; obviamente los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley de Administración Financiera, que dice que: “toda la cooperación de cualquier lugar del mundo que venga, tiene que ser incluida en el Presupuesto General de la República”. Por lo tanto, no es que el donante tiene que decir dónde va, sino que es por ley de Nicaragua que la cooperación tiene que estar incluida en el Presupuesto. Es obvio que no está incluida, lo que significa que hay un Presupuesto paralelo, de casi 400 millones de córdobas en este país, según las estadísticas de cooperación del Banco Central.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Carlos García, tiene la palabra.

DIPUTADO CARLOS GARCÍA BONILLA:

Gracias, Presidente.

Sólo quería hacer una observación, señor Ministro. Usted sabe y debe saber que a finales del año 2006, fue aprobada por esta Asamblea Nacional la Ley 608, Ley de Equiparación de Salario a Nivel Centroamericano de los Médicos y Odontólogos que laboran para el Sector Público de Nicaragua, en la que se estipulaba que en un período de cinco años que termina a finales del año 2011, los médicos generales iban a percibir un salario de hasta mil doscientos dólares, y los médicos especialistas, hasta un salario de mil seiscientos dólares. Actualmente están percibiendo los médicos generales, trescientos cincuenta dólares, y los médicos especialistas, quinientos dólares. Ya llevamos prácticamente cuatro años de haber aprobado esa ley y no ha habido un córdoba de aumento salarial que haga cumplir la aprobación de la misma. De acuerdo con esta ley, todos los médicos deberían de tener su salario equiparado a nivel de Centroamérica a finales del próximo año, y no veo por ningún lado que haya un aumento salarial para ese gremio, por lo que pido que se haga esa revisión, inclusive la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto tiene que incorporar en el Presupuesto del 2011, el cumplimiento de la Ley 608, porque aquí desgraciadamente se violan y se siguen violando las leyes que aprueba este Parlamento.

Ustedes dirán que no hay reales, pero sí hay reales. Hay 299.4 millones destinados para el reembolso a los partidos políticos. Y nosotros debemos saber que el reembolso que hace el Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a los porcentajes que sacan los partidos políticos, se da tres, cuatro y hasta seis meses después de las elecciones. Las elecciones son en noviembre, por tanto, los partidos políticos estaremos recibiendo nuestro respectivo reembolso en el año 2012. Entonces, ahí hay una cajita de 299.4 millones de córdobas, de los cuales la Bancada de ALN va a respaldar que se le asignen 75 millones de córdobas al sector médico, para que puedan cumplir con lo establecido en la Ley 608. Espero que la Comisión Económica y el mismo Ministro, tomen en consideración el aspecto que le acabo de exponer.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Brooklyn Rivera, tiene la palabra.

DIPUTADO BROOKLYN RIVERA BRYAN:

Gracias, compañero Presidente.

Quiero iniciar reconociendo la presencia del ministro Guevara y su equipo económico del Ministerio de Hacienda, así como el gran esfuerzo que hace dicho equipo por proyectar todos los planes económicos en el marco del Presupuesto, con criterios bien modestos, con cifras conservadoras, lo que revela la seriedad y la eficiencia en el manejo del Presupuesto de la República.

También en la presentación, hay una claridad en el esfuerzo de la transparencia en los recursos presupuestarios que se presentan para el próximo año 2011. En ese sentido, creemos que aun con un entorno internacional muy volátil, donde la economía de los principales países del mundo se encuentra en serias dificultades, crisis que no se logra vencer, pues nuestro país con una economía bien reducida y con dependencia, va logrando avances poco a poco porque hay un esfuerzo del Gobierno por mantener una disciplina presupuestaria orientada realmente a beneficiar al país y a los sectores más populares, los sectores más desposeídos de este país.

Sin embargo, quisiera señalar al Equipo Económico del Ministerio de Hacienda, los formuladores de este Presupuesto, la necesidad de tomar en cuenta la situación real de la Costa Caribe, en particular de sus pueblos indígenas y afrodescendientes. Si nosotros tomamos en cuenta las diferentes asignaciones presupuestarias que van dirigidas a los gobiernos regionales y municipales, todavía no se logra asignar un monto que vaya orientado a luchar contra la situación de desequilibrio que hemos heredado durante muchas décadas.

Estamos haciendo las estimaciones, que de toda esa suma del Presupuesto de la República, no logra superar el nivel del 2%, y gran parte del mismo va a financiar las estructuras y las actividades de las autoridades regionales y municipales, y casi no llega a las comunidades más necesitadas. En ese sentido, es urgente que los formuladores del Presupuesto tomen en cuenta la necesidad de invertir, dentro de las limitaciones de recursos, una partida que vaya dirigida más directamente a las comunidades.

Ahora, a través de las autoridades territoriales, que es un nivel de gobierno más cercano a las comunidades -porque hasta ahora las mismas Regiones Autónomas y los municipios no llegan a abarcar a las comunidades- es importante destinar recursos dentro de los fondos que van dirigidos a combatir la pobreza, en términos de inversiones, que siga apoyando el proceso de demarcación de los territorios hasta su culminación, que implica también recursos para el proceso de saneamiento de los territorios, como una tarea asignada pendiente, porque sin esa etapa de saneamiento, la restitución de los derechos de los pueblos indígenas queda en los títulos nada más, en los papeles, y no se hace una realidad. Así mismo, recursos que vayan destinados a asegurar el derecho a la alimentación de las comunidades, es decir, acompañar a las comunidades para su seguridad alimentaria.

Termino señalando además, la necesidad de usar criterios de transferencias territoriales, así como destinamos a los otros niveles de gobierno en la Costa Caribe, para realmente hacer justicia y avanzar en el equilibrio de recursos y la justicia para las comunidades. Necesitamos realizar incluso, transferencias territoriales que vayan directamente a los pueblos y comunidades de la Costa Caribe.

Muchas gracias, compañero Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputada Xochilt Ocampo, tiene la palabra.

DIPUTADA OLGA XOCHILT OCAMPO ROCHA:

Buenas tardes, compañeros de la Junta Directiva; diputados y diputadas de la Asamblea Nacional.

¡Felicitaciones compañero Ministro y su equipo de trabajo que le acompaña! Por supuesto, le transmite las felicitaciones a nuestro Gobierno, presidido por el Comandante Daniel Ortega, que evidentemente está creando confianza y seguridad al manejar muy bien la economía de nuestro país.

Hay que hablar de la estabilidad económica, hay que hablar de lo que usted ha expuesto aquí, que es lo real, es lo que estamos observando, para quienes pusimos atención a la exposición. Yo sí lo hice, y por eso me atrevo a comentar esta mañana, que en relación con la crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial y observar desempleos masivos, millones de desempleados, por ejemplo en Estados Unidos, hay que agradecerle al Gobierno que a través de sus políticas ha evitado que esos niveles de desempleo se vengan también a registrar en nuestro país, y les ha garantizado la estabilidad laboral a los trabajadores públicos en nuestro país. Así que eso es un éxito, y por supuesto hay que felicitar esa estrategia.

También quiero felicitarlo por lo que nos ha proyectado, y es el disminuir el déficit. No he escuchado muchos comentarios al respecto, pero por supuesto que veo esto con buenos ojos, porque los gobiernos anteriores nos habían acostumbrado a depender de las donaciones, a vivir estirando la mano como nicaragüenses, a que nos castigaran o a que nos premiaran con las donaciones para poder vivir como país y poder aumentar un poco más nuestro Presupuesto. Evidentemente, vemos que ha disminuido el déficit y que vamos aprendiendo a depender de lo que nosotros mismos producimos, y eso es muy importante reconocerlo, porque además, es un logro del Gobierno la confianza que se está generando, así como la seguridad, y de esto voy a hablar más adelante porque ahí viene mi pregunta.

Igualmente, quisiera referirme a un tema que por aquí podrían politizarlo, y es el tema de los salarios. Creo que tanto maestros como policías, médicos, trabajadores de la salud -porque no sólo los médicos son trabajadores de la salud, aquí vemos enfermeras, operarios-, miembros del Ejército y trabajadores del Estado, cualquiera está pidiendo a gritos un aumento, un incremento en su salario, y todos lo merecen con justa causa, pero tenemos que reconocer que una crisis mundial nos está afectando y que Nicaragua, gracias a Dios, no ha sufrido esos miles de desempleos que hubiesen podido registrarse.

Sin embargo, quiero hacer un llamado, ya la pelota está en nuestra cancha, somos los diputados y diputadas los que vamos a trabajar sobre el Presupuesto General de la República, pero no podemos empezar a politiquear con los salarios. Tenemos que arrancar de conocer la realidad difícil que nos toca enfrentar y empezar por reconocer también el incremento que usted exponía, compañero Ministro, de los trabajadores de la salud. Están recargados los hospitales, los trabajadores están recargados de trabajo, porque ahora sí la gente va a recibir atención médica a los hospitales públicos, se necesita contratar personal y usted lo explicaba, se va a incrementar la tasa o la cantidad de empleos, tanto de médicos de trabajadores de la salud, como también de maestros, se necesitan más maestros en las escuelas.

Entonces, sí considero que hay que hacer un esfuerzo; por supuesto que hay que buscar cómo darle respuesta a las demandas, y ahí sería importante garantizar y que se comprometan, porque no he escuchado por parte de algunos diputados, que se comprometan a trabajar y a legislar para que este Presupuesto quede aprobado a más tardar el 15 de diciembre, como lo dice la ley, y no estarlo posponiendo como se ha hecho costumbre, que regresamos el siguiente año y seguimos queriendo chantajear con la aprobación del Presupuesto General de la República. Por lo tanto, por parte de los diputados y diputadas, el compromiso es aprobar el Presupuesto, como lo establece la ley, con las modificaciones que haya que hacerle en la Comisión Económica.

Compañero Ministro, para finalizar, mi pregunta es con respecto al turismo. Yo sé que usted ha hecho una exposición breve, pero muy completa, de todo lo que es el Presupuesto General de la República; sin embargo, me parece que hubiese sido muy importante mencionar la cantidad de divisas que genera el turismo en nuestro país, por esa confianza y esa seguridad que damos como ejemplo de nación, como un país seguro para los turistas. Es importante mencionar también, que el turismo va a significar un incremento y una mejor entrada de divisas a nuestro país.

Muchas gracias, compañero, y ¡felicidades! seguimos cambiando Nicaragua.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Indalecio Rodríguez, tiene la palabra.

DIPUTADO INDALECIO RODRÍGUEZ ALANIZ:

Gracias, ciudadano Presidente.

En realidad, es bastante desigual el venir a hablar de un tema que se discute exclusivamente en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, lugar en donde esta bancada no tiene representación por violación a la Ley Orgánica de esta Asamblea, debiéndose distribuir la distribución y la presencia de acuerdo a la representatividad y a la proporcionalidad.

Aún así, no necesitamos que cualquier lego vea este Presupuesto, porque inmediatamente le chocarían tres cosas: uno, la falta de incorporación de todas las fuentes de ingresos, que no aparecen por ningún lado; dos, choca la mala distribución de ese Presupuesto, y tres, el uso y abuso de bienes del Estado en actividades de tipo partidaria que no son registrados acá, como entregas que se le hace al partido político de gobierno, en cuyas instituciones hasta los símbolos patrios han sido desplazados por las banderas y los logos partidarios, algo que está penado por las leyes de la República.

Pero independientemente de eso, nosotros notamos a simple vista un incremento de los gastos corrientes, un incremento y una disminución de los gastos de inversión, y también vemos cómo ese crecimiento, esa disminución en los gastos internos, no son ciertos. En tiempos de don Enrique, el déficit era del 0.2%, hoy no, hoy estamos hablando de un incremento de cuatro punto tanto por ciento. Así que, me choca a mí también que estemos hablando de cosas que son vitales para el país como el tema de la educación y de golpe notamos que están propuestos 5,500 millones más o menos para la educación en general, en donde tenemos cerca de un millón de niños sin escuela, y 2,600 millones destinados para la educación universitaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo?, proletarizando al tipo de profesionales que estamos sacando, cuando la prioridad debe ser atender la educación primaria y la educación técnica. Yo sé que eso no corresponde al Presupuesto, pero hago el llamado que debe prestarse mayor atención a la distribución de estos recursos.

Se está hablando también de la propuesta que hizo el señor Ministro sobre la disponibilidad de los recursos que se dedican a la funcionalidad de la democracia en este país, como es el financiamiento a los partidos políticos, pero hay cosas que son más superfluas que eso, por ejemplo, dentro de ese fondo a la educación que se da, hay 60 ó 100 millones que son aplicados a la UNEN, y esos trabajan exclusivamente con fines partidarios. Entonces, sólo con esos fondos dejarían una desigualdad, y una iniquidad en la competencia entre los partidos que están en oposición y los partidos que están sirviendo al gobierno.

Por otra parte, estamos hablando, y el Ministro afirmó aquí, de que no se metía en las decisiones de otros países. ¿Qué fue lo que vimos nosotros acá con los conflictos de Honduras cuando, aplicando la ley, la Constitución de la República, fue desplazado el Presidente Mel Zelaya? porque fue por salvaguardar a la Constitución, sin embargo, vemos el protagonismo, pues aquí todos los recursos del Estado, seguridad, aviones, hoteles y demás se pusieron a disposición de todo el séquito presidencial, y hasta se estuvo promoviendo movimientos insurreccionales. Así que no mencionemos temas que nos pueden… “en casa de ahorcado…”, porque vamos a salir mal parados. La nulidad que se está viendo, que se está haciendo por ejemplo con la autonomía municipal, en donde prácticamente los alcaldes, aun cuando llegaron de manera irregular, están siendo desalojados de sus puestos, por las decisiones que toman organismos paralelos al Estado como son los famosos CPC.

Así que creo que si nosotros hacemos una corrección en la aplicación de los recursos, podemos solucionar muchos de esos problemas sin sacrificar el crecimiento de la democracia. En todos los países del mundo existen presupuestos, pero son muy bajos para el tema de la lucha democrática; es más, existen inclusive en presupuestos de los países desarrollados, porcentajes ustedes los conocen muy bien, para ayudar a los países que todavía no llegamos a tener las facultades o la democracia, un estado de derecho ya consolidado. Así que si tienen para ayudar a otros países atrasados en el tema de la gobernabilidad, también tienen para sus propios países. Entonces, sería una desigualdad y un desajuste, una incompetencia que choca con las normas que se deben cumplir en este momento, cuando tenemos recursos que no han sido acusados aquí, que no han sido reportados.

Para terminar, -porque ya sé que me está haciendo señas ahí- solamente quiero respaldar la propuesta que hizo el diputado Víctor Hugo Tinoco en relación con la equiparación salarial que se debe hacer a los médicos, al sector salud en general y también al sector magisterial.

De igual manera, hay que darle apoyo a la producción. Cuando se aprobó el Banco Produzcamos, se hablo de recursos que tenían que irse aprovisionando anualmente, para incrementar el fondo y la capacidad de financiamiento en el sector de producción, un sector también vital para que podamos sacar adelante este país.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputado.

Cerramos las intervenciones con el diputado Odell Íncer.

DIPUTADO ODELL ÍNCER BARQUERO:

Gracias, compañero Presidente.

¡Felicidades! compañero Alberto Guevara y su equipo que nos visita esta mañana en la Asamblea Nacional. Definitivamente, como dice el Comandante, quien quiere ver que vea, el que no quiere oír que no oiga”. La oposición, algunas veces habla de un populismo, o casi la mayoría de las veces, pese a que lo que está haciendo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, es reconocido internacionalmente, su estabilidad macroeconómica y su estabilidad fiscal. La confianza que le está dando el pueblo a este Gobierno, se manifiesta en las sobre recaudaciones que ha habido, lo que nos ha permitido hacer esas reformas presupuestarias que hicimos con 52 diputados que asistieron a este hemiciclo.

Se habla mucho de los gastos corrientes y los gastos de capital. Gracias a Dios ayer se aprobó una Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, que va a transparentar y agilizar todos los proyectos de inversión; pero para la oposición, pienso que no ha pasado nada, y hemos pasado un invierno crudísimo, que nos ha impedido hacer todas las obras o una gran parte de lo que teníamos pensado hacer. El gobierno hace lo que puede. Además, se les olvida la crisis mundial. En estos momentos, Francia tiene unos problemones tremendos, igual que España y Grecia, pero aquí vivimos con la cantaleta de Venezuela, y si mal no recuerdo, hay una Resolución que dice que los fondos venezolanos no son deuda pública, como no lo fue en su momento la Cuenta Reto del Milenio; sin embargo aquí viven con esa cantaleta de los fondos venezolanos.

Únicamente para que lo tengan en cuenta para el futuro, ya casi llevamos cuatro años como diputados y mi proyecto emblema para mi Departamento Boaco, ha sido el puente sobre el río El Recreo, que une la Región Central. Boaco colinda con Matagalpa, con Chontales, con Granada, y es importantísimo ese puente. Ya vimos la tragedia que envolvió a nuestro Departamento y a Nicaragua entera, hace aproximadamente quince, días o tres semanas, con seis muertos que fueron arrastrados, y antes había sido arrastrada una pipa de Parmalat. Es una zona importantísima para la educación, la salud, la producción, ahí está la arrocera más grande del país, sale pescado, sale camarón, sale leche. Los ciudadanos, para ir al Puesto de Salud, al hospital de El Papayal, tienen que ser jalados sus vehículos por otro vehículo o por un tractor agrícola. Por los niños y jóvenes que vienen al Instituto de Tecolostote, he hablado en reiteradas ocasiones con el ministro Martínez, y esto debe ser una realidad para que usted lo tome en cuenta y comiencen a hacerse los estudios de factibilidad.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Compañero Ministro, haga su intervención para responder lo que sea pertinente.

LICENCIADO ALBERTO GUEVARA, MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO:

Muchas gracias.

Con mucho gusto comento e informo. El Presupuesto que aprueba la Asamblea Nacional es el Presupuesto de la nación. El proyecto de Presupuesto que envió el Presidente de la República, compañero Daniel Ortega, es el Presupuesto General de la República, aquí no existen presupuestos parciales. La interpretación de presupuesto parcial es la no comprensión de los temas presupuestarios. Cuando un donante, un amigo o alguien te da algo, vos no lo podés obligar a hacer lo que él no quiere; entonces, creo que quizás existe… no sé ni porque razón, porque me consta que aquí ha estado el compañero Francisco López varias veces, exponiendo los temas del flujo venezolano. Ustedes, hermanas y hermanos, diputados y diputadas, aprobaron el Convenio de Cooperación y saben cómo funciona; así que me parece y espero que no haya mala intención en los planteamientos respecto a presupuestos cruzados, etc.

Aquí lo que traje y estoy presentando es el Presupuesto General de la República de Nicaragua y es todo lo que tenemos, podría decirles así, aquí estoy yo que lo represento, y eso es todo lo que tenemos. No podemos andar inventando, y recuerdo que hay una pregunta también del diputado Montealegre. Le recuerdo diputado, esos son recursos privados, hacia privados. No tienen ningún sentido esas pretensiones. Cuando tomamos los datos del Banco Central y vemos que hay los 450 millones, tiene razón, ahí están, pero están dentro de las cuentas privadas. Lo que no dice porque no está publicado ahí es que son cuentas transparentes, limpias, claras, a la orden del pueblo para que sepan dónde están los reales. Pero les recuerdo, mecanismos financieros privados venezolanos con mecanismos financieros privados nicaragüenses, recursos que van directamente a agentes económicos privados, no forman parte del Presupuesto General de la República.

Hay 250 millones en una cuenta del Banco Central, que se denominan Bonos de Capitalización. Esta Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua recientemente; en el artículo 80 se establece todo lo referente a los 250 millones que están ahí puestos. En cumplimiento a la nueva Ley Orgánica del Banco Central, esos 250 millones 880 mil córdobas es lo que requiere el Programa Monetario Anual para este año. Pero como la ley nos obliga a ponerlos ahí, y es correcto, entonces ya se los pusimos en las disponibilidades como siempre lo hemos hecho. Efectivamente usted tiene razón, y me gusta que sea así de claro en las cosas, porque también a mí me gusta ser claro. Espero haber contestado las preguntas de los dos primeros diputados.

El tema de las escuelas, diputado Tinoco, ya lo habíamos expuesto acá. Realmente ahí hablaba de rehabilitación y mantenimiento de dos mil quinientas escuelas; habla de otro conjunto de escuelas en distintas fases. Lo que ocurre es que en los últimos años no se les ha dado mantenimiento a las escuelas, de eso es que se trata. Pero no es que sólo son setenta escuelas, lo que pasa es que quizás ese era el número que tenía ahí a la vista. Realmente hablamos de dos mil quinientas escuelas más otras cantidades que tienen que ver con construcción, mantenimiento, reparación, atención, completamiento de laboratorios, aseguramiento de las mejoras en el proceso educativo, tanto para educadores como a educandos, esa es la política social del gobierno. E insisto, es privado el flujo que está en las cuentas del Banco.

Quiero referirme al tema salarial que tocaba el diputado Carlos García. Yo coincido con usted, diputado, quisiera que todos tuviéramos mejores salarios, es mi sueño y es mi vocación social, porque soy un revolucionario sandinista y como revolucionario sandinista quiero que mis hermanas y mis hermanos y yo también tengamos un mejor salario. Pero los salarios no se definen por decreto, los salarios tienen que ser el resultado de la responsabilidad económica y financiera, e insisto, cuando se aprueben leyes que impliquen gastos, identifiquen la fuente de financiamiento. Hermanas y hermanos diputados, no podemos comparar la economía nicaragüense con la economía de ningún país centroamericano, por el tamaño; desde el punto de vista económico, algunas economías centroamericanas tienen más veces el Producto Interno Bruto que nosotros. De tal manera que cuando hagan las leyes, cuando apliquen cargos al Presupuesto, identifiquen la fuente de financiamiento, eso es vital para mantener la sanidad de las finanzas públicas y para no andarle haciendo propuestas a la gente, que después pueden traer confusiones. Sobre el caso particular del gremio médico.

Entiendo que hablaron de una jornada de ocho horas, según lo que me han explicado. De eso es de lo que entiendo que han hablado y nosotros hemos tratado de ser cuidadosos en tratar de mantener una trayectoria de mejora salarial importante. Si nosotros revisamos, los salarios que recibió el gremio médico en el año 2006, está muy por debajo del promedio que hoy recibe, y que si merecen mil quinientos dólares, merecen más, el punto es, ¿dónde están?, ¿de dónde los sacamos? Hermanas y hermanos diputados, nosotros hemos asegurado en un Presupuesto que solamente trae un 5% de incremento, el deslizamiento, que haya un incremento del 7% para todo el sector salud en la masa salarial, no estoy hablando de salarios, en la masa salarial, un 7% también para el sector educación y un 5% para el resto de empleados del sector público.

Esta es una política salarial consistente con la estabilidad macroeconómica. Hubo tres diputados más que hablaron del tema. Yo comparto con ustedes el principio de mejoras a los salarios de todos los nicaragüenses, pero no sólo en el sector público, también en el sector privado, por eso es que hemos sido prudentes y hemos mantenido ese diálogo con el sector privado también; hemos hablado del tema salarial y tenemos acuerdos de estabilidad salarial en las zonas francas, y hemos aprobado dos ajustes de salario mínimo como indica la ley de la República. Así que, amigos y amigas, yo lo que les recomiendo es que cuando establezcamos gastos, definamos claramente cómo son los gastos y dónde están las fuentes de financiamiento, para que no creemos expectativas que el país quiere alcanzar, pero que irá alcanzando progresivamente.

Entonces, sobre las prioridades, muchos diputados han planteado con justeza y con certeza la necesidad de priorizar a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, dice el presidente Daniel Ortega, a las poblaciones que están siendo más afectadas y que fueron muy afectadas en estas eventualidades de las lluvias. Como decía el diputado de Boaco, el hermano Íncer, el puente y todo eso, se va trabajando en la medida de las posibilidades. Hemos desarrollado un programa verdaderamente potente de inversiones públicas, porque ustedes nos han apoyado en la reforma, porque ustedes apoyaron con una cantidad importante de recursos que el MTI está ejecutando en este momento.

Y yo le preguntaba al Programa de Inversión Pública… -no está Ivania, pero está la compañera-, ¿tenemos ya el proyecto del puente?, ¿han presentado el proyecto del puente? Presente el proyecto del Puente, hermano. Lo que pasa es que donde debe presentarse es en el Sistema Nacional de Inversión Pública, para poder proceder. Lo bueno es que ya lo tienen. Preséntenlo en la medida en que haya posibilidades, no tengan duda que iremos avanzando para llevarle más felicidad a nuestro pueblo. Están todos los fondos con que cuenta el Presupuesto. Todas las fuentes de ingreso, diputado Indalecio, están incorporadas, se las quiero mostrar, por favor. Están los recursos del Tesoro, que son quizás

la parte fundamental de los ingresos con que cuenta el país, están claramente establecidos; -no, la otra donde están todos, la primera que había puesto-. Esos fondos del Tesoro son más del 90% de los recursos y están incorporados y planteados en el informe que les presentamos, donde están también los fondos que provienen de los créditos blandos que recibimos de la Comunidad Financiera Internacional. Ahí tenemos una dos, tres o cuatro fuentes, claramente definidas la recaudación, 29,000 millones; los recursos externos, 7,860 millones, de los cuales tres mil quinientos son donaciones y cuatro mil doscientos son préstamos. Y las colocaciones de Tesorería, que es la otra fuente de financiamiento, 2,900 millones. Ahí están todas las fuentes con que cuenta nuestra nación para poder hacer la programación presupuestaria, en los anexos que les incorporamos tienen también un desglose detalle a detalle, renglón por renglón de qué es lo que abarca dónde están los reales, cómo se consiguen, además están planteados los usos.

Ese es todo el lío del Presupuesto, donde se establece claramente con meridiana certeza y transparencia la asignación y el uso de los recursos. El déficit al que se refería en la época del gobierno del Presidente Bolaños, de 0.2% es lo que se conoce como déficit después de donaciones. El déficit en Nicaragua es estructural, amigo, lo cargamos por más de una década y está por encima de los 5,000 millones persistentemente, no es que ahora tengamos un déficit distinto, es un asunto de clasificación y unidad de medida. Efectivamente, el déficit que estamos presentando este año es de 1.5%, pero ya incluye el 0.7% del gasto electoral, en relación con el PIB, está alrededor del 0.8%, es consistente con la programación macroeconómica y es consistente con el programa económico financiero. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comunidad Financiera Internacional y los donantes reconocen que Nicaragua tiene un marco de políticas públicas estables, responsables y coherentes con una estrategia de desarrollo económico y social que estamos desarrollando, para llevar a nuestro pueblo a un estadio de desarrollo superior a partir de nuestras realidades.

Así que quería cerrar planteándoles que en el tema de las universidades existe una ley que se llama Ley de Autonomía Universitaria, la cual define con claridad cómo es que las universidades administran sus recursos. Nosotros desde el Estado, tenemos la obligación de asegurar el 6% constitucional, más los servicios, que también está en la ley, y por la vía de los controles, a través de la Contraloría General de la República se hacen las debidas auditorías, las contralorías necesarias para asegurar que los recursos se estén orientando hacia donde establecen las prioridades nacionales.

Hermanas y hermanos, espero haber satisfecho sus inquietudes, haber compartido con ustedes información que quizás se me quedó en el tintero, que tal vez no se las había dicho toda, pero está a la vista que les hemos presentado un Presupuesto General de la República consistente con la estabilidad macroeconómica de este país y con el plan nacional de desarrollo humano, contando con una trayectoria de Presupuesto de mediano plazo, coherente, y que nos permite realmente tener escenarios que atraen inversión y que garantizan que nuestro pueblo vaya poco a poco asentando un estadio de desarrollo económico y social cada vez mejor. Estoy a la orden.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, señor Ministro.

Le agradecemos al compañero Guevara y a su equipo de trabajo, la amplia exposición hecha del PR-2011, lo mismo que las consistentes y también amplias explicaciones a las inquietudes presentadas por los diputados y diputadas.

Se envía entonces este proyecto de ley a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

Se suspende la sesión, y continuamos el día de mañana a las nueve de la mañana. Les recordamos que mañana hay sesión especial a las once de la mañana, en homenaje al 65 Aniversario de las Naciones Unidas.



























































PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Buenos días, vamos a iniciar sesión faltando catorce minutos para las diez de la mañana, pidiéndole a nuestra Segunda Secretaria que nos verifique el quórum.

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

El Refugio de Vida Silvestre tiene, en otros objetivos, el de garantizar el mantenimiento del hábitat y/o las necesidades de determinadas especies o comunidades animales residentes o migratorias de importancia nacional o internacional, únicas, amenazadas y/o en peligro de extinción.

Cualquier otra nueva formación geológica que surja por cualquier causa pasará a ser parte del sistema insular de estos Cayos Perlas.

Los límites continentales de la zona núcleo seguirán la marca de la línea de pleamar desde las coordinadas 12° 39' 58.667" y, 83° 32' 35.997" al extremo norte hasta llegar a la coordenada 12° 18' 12.046" y 83° 39' 7.472" en el extremo sur.

a.- Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

b.- Gobierno Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur (GRAAS)

c.- Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur (CRAAS)

d.- Autoridades Territoriales del Municipio de Laguna de Perlas.

e.- Gobierno Municipal de Laguna de Perlas.

f.- Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA).

g.- Pescadores Artesanales de Laguna de Perlas

La Comisión será coordinada por Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) con el apoyo del Gobierno Regional a través de la Secretaría de Recursos Naturales (SERENA). Esta Comisión podrá auxiliarse de unidades técnicas y especialistas en el tema como Organismos No Gubernamentales, Cooperativas, Universidades, entre otras.

a) Gestionar y coordinar la elaboración y aprobación del Plan de Manejo correspondiente, de conformidad a los requisitos establecidos en la Ley para la categoría de Refugio de Vida Silvestre.

b) Gestionar la consecución de recursos para la ejecución de los programas y proyectos que se ejecutarán en cumplimiento al Plan de Manejo.

c) Velar porque las actividades que se desarrollen en el área protegida, así como el manejo, administración y monitoreo de la misma, estén sujetas a las regulaciones establecidas en la legislación vigente sobre esta materia y su respectivo plan de manejo.