Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	9 de Julio del 2014	Fechas Posteriores Debate:
Fecha Aprobación:	28 de Enero del 2015	10/12/2014, 14/01/2015
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" LEY ESPECIAL E INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS "

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados al Adéndum N°04, PUNTO III. DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS. Punto 3.9: LEY ESPECIAL E INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; presentada por la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.

Le pedimos al diputado Filiberto Rodríguez, Vicepresidente de la comisión la lectura del Dictamen.

DIPUTADO FILIBERTO RODRÍGUEZ:

Ø INFORME

1. Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia;
2. Ministerio de Relaciones Exteriores,
3. Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia,
4. Policía Nacional;
5. Ministerio Público;
6. Ministerio de Gobernación – Coalición Nacional de Lucha contra la Trata de Personas;
7. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos;
8. Instituto Nicaragüense de Turismo;
9. Representantes del Consejo Regional de la Costa Caribe Nicaragüense del Sur;
10. Ministerio de la Juventud;
11. Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional; y
12. Unidad Técnica de Género de la Asamblea Nacional, UTG.

1. Iglesia Lluvias de Gracia;
2. Cámara Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa Turística - CANTUR;
3. Cámara Nacional de Turismo - CANATUR;
4. Consejo Superior de la Empresa Privada;
5. Asociación Jóvenes de Siglo XXI;
6. Coordinadora de ONG que Trabajan con la Niñez – CODENI;
7. Instituto de Promoción Humana – INPRHU;
8. Asociación Quincho Barrilete - AQB;
9. Casa Alianza;
10. Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas - IEEP;
11. Casa del Joven Voluntario - Chinandega;
12. Asociación Mery Barreda - León;
13. Movimiento María Elena Cuadra;
14. Plan Nicaragua;
15. Parroquia San José - Chinandega;
16. Asociación Miriam - Somotillo;
17. Club Juvenil P. – Chinandega;
18. Asociación Pro Bienestar de la Familia Nicaragüense - PROFAMILIA;
19. CMI - ACONIFA;
20. UPOLI - Rivas;
21. FUNARTE;
22. Asociación La Amistad;
23. Gabinetes De Familia Salud y Vida;
24. Juventud Sandinista - Somoto – Estelí - Granada;
25. Plan Internacional;
26. Pipitos-Somoto;
27. Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad - FECONORI;
28. Universidad Centroamericana - UCA;
29. Asociación Camila - Granada;
30. Casa del Joven Voluntario - Chinandega;
31. PROMUJER - Chinandega; y
32. Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales - Girasoles Nicaragua.

La presente ley tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, así como la protección y atención integral a las personas víctimas, y protección particular a los testigos, técnicos, peritos y demás sujetos que intervienen en la investigación y el proceso penal, que incluye a los nacionales trasladados a otros puntos del territorio nacional o internacional, así como los extranjeros sin distingo de su estatus migratorio que sean trasladados al territorio nacional.
También define mecanismos específicos y efectivos para la salvaguarda, tutela y restitución de los derechos a la dignidad, la libertad, la integridad, salud, educación y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de las mismas, especialmente niñas, niños, adolescentes y en general cualquier persona en condición de vulnerabilidad cuando sus derechos sean amenazados o lesionados por la comisión de este delito.

Es interés del Estado reafirmar el reconocimiento de la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todas y cada una de las personas, bajo la inspiración de valores cristianos, prácticas solidarias, democráticas y humanísticas, como valores universales y generales. El reconocimiento de que toda persona tiene derecho a que se le respete la dignidad, libertad, libre desarrollo de la personalidad, integridad física, psíquica y moral, que nadie debe ser sometido a servidumbre, esclavitud, torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; que la violación de este derecho constituye delito grave y una violación a los derechos humanos y es penado por la ley; la trata de cualquier naturaleza está prohibida en todas sus formas.

Esta ley es de orden público y se aplicará a quienes cometan el delito de Trata de Personas, dentro o fuera del territorio nacional y en favor de aquellas personas que resulten afectadas por estos delitos.

Para los efectos de la aplicación de la presente ley, se establecen como normas complementarias los instrumentos jurídicos internacionales y de derechos humanos suscritos, ratificados y aprobados por el Estado de la República de Nicaragua, dirigidos a la prevención, atención y persecución del delito de Trata de Personas que restablezcan los derechos y garantías de las víctimas y su entorno familiar, particularmente los siguientes:

1. Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante Decreto AN Nº 5223 del 24 de octubre del 2007, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 207 del 29 de octubre del 2007;

2. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por Resolución 55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 15 de noviembre del 2000, aprobada por Nicaragua mediante el Decreto AN Nº 3246, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 38 del 25 de febrero del 2002;

3. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Resolución 55/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 31 de mayo del 2001, aprobado por Nicaragua mediante el Decreto AN Nº 3925 del 15 de junio del 2004, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 134 del 09 de julio del 2004;

4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belem Do Para, Brasil el 9 de junio de 1994; aprobada por Nicaragua mediante el Decreto AN Nº 1015, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 26 de septiembre del 1995;

5. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por Resolución 45/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 18 de diciembre de 1990, aprobada por Nicaragua mediante el Decreto AN Nº 4336 del 14 de julio del 2005;

6. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, adoptada en Montevideo, Uruguay el 15 de julio de 1989, aprobado mediante el Decreto Legislativo Nº 3509 del 20 de marzo del 2003, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 118 del 25 de junio del 2002;

7. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Cedaw, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 18 de diciembre de 1979, aprobado mediante el Decreto de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional Nº 789, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 191 del 25 de agosto de 1981;

8. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por Resolución 44/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 20 de noviembre de 1989, aprobada mediante Decreto AN Nº 324, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 180 del 20 de septiembre de 1990, y ratificada mediante Decreto Nº 4, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 199 del 17 de octubre de 1990;

9. Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, adoptado por Resolución 54/263 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 25 de mayo de 2000, Decreto Ejecutivo Nº 3510-2010 del 28 de marzo del 2003, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 62 del 18 de marzo del 2003;

10. Convención Americana Sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante Decreto Nº 174 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 67 del 26 de noviembre de 1979;

11. Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, Número 105, adoptado en la 40ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, del 25 de junio de 1957; aprobada mediante Acta de Depósito de Instrumentos de Ratificación de Convenios Internacionales, aprobado el 17 de octubre de 1967, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 264 del 20 de noviembre de 1967;

12. Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su Resolución 608 (XXI), del 30 de abril de 1956, aprobada por Nicaragua mediante el Decreto AN N°134, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 218 del 13 de noviembre de 1985; y

13. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, Decreto Nº 297, Adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 39 del 15 de febrero de 1980.

Para los efectos de la aplicación de la presente ley se atenderán los principios siguientes:
1. Principio de Dignidad Humana: Es el derecho inherente a las personas víctimas del delito de Trata de Personas y la obligación por parte de las autoridades del Estado y las instituciones privadas, organizaciones sociales y comunitarias de atenderlas, según su competencia, con consideración y respeto a su dignidad en estricto apego a sus derechos humanos;

2. Principio de prohibición de esclavitud: Es la protección constitucional garantizada por el Estado a las personas sin discriminación alguna para que éstas no sean sometidas a la servidumbre, esclavitud y la trata de personas, prácticas prohibidas en todas sus formas y manifestaciones;

3. Principio de máxima protección: Es la obligación de toda autoridad o persona servidora pública, de aplicar las más amplias medidas de protección a la dignidad, libertad, libre desarrollo de la personalidad, seguridad y otros derechos humanos de las víctimas y los ofendidos del delito de trata de personas. Las autoridades correspondientes establecerán, en todo momento, las medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, así como su intimidad y el resguardo de su identidad y los datos personales. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las víctimas del delito de trata de personas, con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, independientemente de la relación familiar, laboral escolar, religiosa o económica que pudiera existir entre éste y la víctima;

4. Principio de interés superior del niño, niña y adolescente: Constituye toda acción pública o privada que involucre al niño, niña y adolescente, en el que debe prevalecer el interés superior de éstos, con la finalidad y objeto de garantizar sus derechos con la atención y protección adecuada, favoreciendo siempre su crecimiento y desarrollo, todo de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política y el Código de la Niñez y la Adolescencia de la República de Nicaragua;

5. Principio de plena igualdad de género: Garantiza que las relaciones de género deben estar fundamentadas en la plena igualdad entre hombre y mujer, no debiendo estar sujetas a una relación de poder, dominación, subordinación y control del hombre hacia la mujer;

6. Principio de igualdad real y no discriminación: Es la garantía al respeto de los derechos humanos de las personas víctimas del Delito de Trata de Personas, sin discriminación alguna por motivos de etnia, sexo, edad, idioma, religión, discapacidad, orientación sexual, opiniones políticas, origen, nacionalidad, posición económica, condición social, estatus migratorio o cualquier otra condición, en este sentido se debe garantizar la independencia del proceso judicial o administrativo que se realice para la investigación del delito de trata de personas;

7. Principio de debida diligencia del Estado: Es la obligación del Estado de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, así como los mecanismos directos para la reparación del daño, incluyendo atención y protección a las víctimas y sus familiares dependientes de acuerdo al principio de máxima protección;

8. Principio de restitución de derechos: Comprende el retorno de la persona víctima al disfrute de sus derechos fundamentales, en especial, la vida en familia y comunidad cuando esto no implique riesgos, el regreso al lugar de residencia cuando sea seguro y la reintegración al trabajo, escuela y comunidad;

9. Principio de integralidad: Es la responsabilidad y obligación del Estado en proporcionar a las víctimas del delito de trata de personas, la atención médica, jurídica, psicosocial de forma integral y oportuna según las reglas establecidas en las Políticas, Normativas o Protocolos correspondientes;

10. Principio de reparación integral del daño: Es la obligación del Estado establecer mecanismos necesarios para garantizar que el responsable del delito indemnice, rehabilite y repare a la víctima los daños sufridos;

11. Principio de no revictimización: Es responsabilidad y obligación del Estado en garantizar que las personas servidoras públicas que integran el ámbito social, administrativo y el Sistema de Justicia, adopten las providencias pertinentes y necesarias para que las personas víctimas del delito de trata de personas no sean vistas y atendidas con discriminación, incomprensión, reiteraciones innecesarias y molestias durante la investigación y el proceso penal y cualquier otra forma de victimización secundaria;

12. Principio de no devolución o expulsión: Consiste en que las víctimas del delito de trata de personas, no serán repatriadas a su país de origen, ni al país de residencia, ni a un tercer Estado en donde corra peligro o riesgo su vida, libertad, integridad física y emocional, su seguridad o la de su familia; a tal efecto las autoridades competentes deberán garantizar esta condición. La repatriación de las víctimas extranjeras del delito de trata de personas, siempre será voluntaria y de conformidad a los protocolos de repatriación establecidos por las autoridades nacionales, para garantizar un retorno digno y seguro a las víctimas de estos delitos. En el caso de los niños, niñas y adolescentes la repatriación solo procederá previa determinación del interés superior de estos;

13. Principio de privacidad: Es obligación del Estado y sus autoridades garantizar la privacidad desde el inicio del proceso de investigación hasta el proceso judicial, evitando toda acción u omisión que vulnere la vida privada, su entorno familiar, domicilio, honra y reputación de las víctimas y testigos del delito de trata de personas, incluyendo la exposición ante los medios de comunicación y opinión pública;

14. Principio de confidencialidad: Es toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas víctimas del delito de trata de personas, sus dependientes, personas relacionadas con ella y testigos del delito, serán de carácter confidencial, por lo que su utilización deberá estar reservada exclusivamente para los fines de la investigación o del proceso penal. Esta obligación se extiende a todas las instancias judiciales y administrativas, públicas o privadas, en el ámbito de su competencia u objetivos;

15. Principio de proporcionalidad y necesidad: Son las medidas de asistencia y protección que deben aplicarse a cada caso en particular y las necesidades especiales que requieran las víctimas del delito de trata de personas;

16. Presunción de minoría de edad: Mientras no se hubiese establecido por ningún medio la edad de la víctima del Delito de Trata de Personas, se presumirá la condición de niño, niña o adolescente de esta y será considerado como tal, quedando sujeto a protección especial;

17. Principio de coordinación interinstitucional: Es la coordinación de acciones de las personas en su calidad de servidoras públicas, en representación de las instituciones directamente relacionadas con la prevención, investigación, atención, persecución y sanción del delito de la trata de personas.

18. Principio de cooperación y asistencia internacional: El Estado, a través de las instancias establecidas, promoverá la cooperación y asistencia técnica y económica, entre los Estados involucrados en la prevención, investigación, atención, persecución, y sanción del delito, y la protección a las víctimas de conformidad a los Convenios Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos, ratificados y aprobados por Nicaragua y el principio de reciprocidad.

19. Principio de interculturalidad: El Estado garantiza la expresión y convivencia de los pueblos originarios y afro descendientes para la coexistencia pacífica y armónica de la sociedad, como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás personas que les integran quedan bajo la protección de lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley de Autonomía, sin perjuicio de la aplicación de esta ley; y

20. Principio de Unidad Familiar: La protección, desarrollo y fortalecimiento de la familia es obligación del Estado, la sociedad y los miembros que la integran a través de los vínculos de amor, solidaridad, ayuda, respeto mutuo que debe de existir entre sus integrantes para lograr una mejor calidad de vida y establecer las medidas para mantener la unidad familiar y reunificar a los familiares que se hayan separado, cuando esto no implique riesgos para la víctimas del delito de Trata de Personas.

Para los efectos de aplicación de la presente ley se establecen los conceptos básicos siguientes:

1. Abuso de poder: Es el aprovechamiento que realiza cualquier persona para la comisión del delito de trata de personas derivándose de una relación o vínculo afectivo familiar, sentimental, de confianza, custodia o tutela, laboral, formativo, educativo, cuidado, religioso o cualquier otra índole, que implique dependencia o subordinación de una persona con respecto a otra;

2. Asistencia y protección a las víctimas: Es el conjunto de medidas para el apoyo y protección con carácter integral que se le otorga a las personas víctimas desde el momento de su identificación, rescate hasta su reintegración familiar, escolar y social, para su orientación legal, asistencia médica, psicológica, así como la protección para ella y su familia;

3. Adopción ilegítima: Es el acto en virtud del cual se altera el procedimiento de adopción establecido en el Código de Familia con la finalidad de adquirir, poseer, ofrecer, vender, entregar, transferir o aceptar en adopción a un niño, niña, adolescente y en el que medie o no una contraprestación en dinero, especie, retribución, recompensa o cuando se usan medios que alteren el estado civil de las personas;

4. Delitos conexos: Se consideran delitos conexos al delito de trata de personas aquellos que correspondan de conformidad a las reglas del Código Penal y el Código Procesal Penal;

5. Embarazo forzado: Toda acción orientada a promover, facilitar o realizar el embarazo de una mujer, adulta, joven, niña o adolescente mediante engaño, coacción, violencia u otro medio, con la finalidad de obtener un beneficio económico o de otro tipo con la venta del producto del embarazo, así como de cualquiera de sus órganos, tejidos, células, fluidos y demás componentes anatómicos;

6. Explotación sexual: Todo tipo de actividad en la que se utilice el cuerpo de una persona menor de dieciocho años de edad y personas con discapacidad, aun así sea con su consentimiento, para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, erótico, económico, comercial de reconocimiento público, publicitario o de cualquier otra índole;

7. Explotación laboral: Es la práctica realizada por quienes violentan los derechos laborales que ponen en riesgo la integridad física y emocional de cualquier persona y en la que no media una limitación a la libertad y al desarrollo de la persona;

8. Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud: La esclavitud es el estado o condición de una persona sobre el cual se ejercen todos o parte de los atributos del derecho de propiedad y en la que es sometida su voluntad y libertad. Las prácticas análogas a la esclavitud incluyen: esclavitud por razón de deuda, servidumbre, formas serviles de matrimonio, y explotación de niños, niñas y adolescentes, de conformidad a la Convención Suplementaria Sobre la Abolición de la Esclavitud, Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud y otros instrumentos jurídicos de derechos humanos;

9. Matrimonio servil o forzado: Es la práctica en virtud de la cual una persona es prometida o dada en matrimonio o unión de hecho, a cambio de una contraprestación en dinero, especie o cualquier otra retribución entregada a sus padres, tutor, familiar o cualquier persona o grupo de personas.

10. Matrimonio simulado: Se produce cuando una persona contrae matrimonio sin que exista un vínculo sentimental entre los contrayentes, o exista acuerdo entre las partes, con la finalidad de obtener a través del engaño beneficios administrativos, jurídicos, migratorios, económicos o sociales, o someter a la víctima a servidumbre sexual, reproductiva o laboral, o perjuicio a terceros;

11. Mendicidad: Es la que se ejerce bajo coacción, amenaza, abusando del estado de indefensión de las personas, utilizándoles como medios para obtener un beneficio, valiéndose de la situación derivada de cualquier condición de vulnerabilidad, en la que la persona en tal situación es receptora de un sentimiento de pena o lástima por su indumentaria o por su apariencia, a través de los cuales busca subsistir y mantener económicamente a terceros;

12. Protección: Es la intervención de la autoridad competente de forma pronta, integral y efectiva en todos los ámbitos de la vida para garantizar a la víctima el acceso a medidas administrativas o judiciales que eviten la continuidad de la amenaza, restricción o violación de sus derechos y la restitución de estos. Las autoridades bajo su propia responsabilidad, deben iniciar de oficio los procedimientos administrativos y judiciales para garantizar la protección de la víctima;

13. Prevención: Es el conjunto de medidas orientadas a transformar el entorno del riesgo y a fortalecer las habilidades y condiciones de las personas y comunidades para evitar que ocurra y lograr la erradicación de la trata de personas, mediante la intervención directa sobre sus causas por medios educativos, informativos y sensibilizadores;

14. Prostitución: Es el acto sexual que consiste en uno o varios actos de contenido sexual mediante pago y que es realizado por una persona mayor de edad que involucran su cuerpo, para satisfacer deseos sexuales de terceras personas recibiendo a cambio una contraprestación en dinero, especie o cualquier otra retribución;

15. Pornografía Infantil: Comprende cualquier representación de la imagen o voz de un niño, niña o adolescente, realizando actividades sexuales o eróticas, implícitas o explícitas, reales o simuladas, así como la exposición de sus partes genitales, con fines sexuales, por cualquier medio sea directo, mecánico, digital, audio visual, o con soporte informático, electrónico o de otro tipo;

16. Situación de vulnerabilidad: Es la circunstancia particular de una persona, que determinada por su condición económica, género, edad, sexo, discapacidad, cultura, educación, geográfica, social, humana, violencia, discriminación, situación migratoria, pertenencia a un pueblo originario, credo u otro factores, es susceptible de que un tercero se aproveche con la finalidad de explotarla;

17. Servidumbre: Es un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en la que la persona victimaria induce u obliga a otra a realizar actos, trabajos o servicios mediante engaño, amenaza u otras formas de violencia;

18. Trata de Personas: Es la actividad ilícita o delictiva que consiste en el secuestro, el traslado o la acogida de seres humanos por medio de la amenaza, la violencia u otros mecanismos coercitivos con el propósito de alquilar, comprar y vender de seres humanos. Acto cometido por personas, grupo de personas u organizaciones criminales que lesionan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política, Acuerdo, Convenios y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua y la presente ley, valiéndose de cualquier medio para fines de explotación determinados por la ley;

19. Trabajo Forzado: Es el trabajo o servicios exigidos a una persona bajo cualquier amenaza, coacción o violencia en el desempeño involuntario de una labor, sea a través de la acumulación de sumas adeudadas, retención de documentos de identidad o amenaza de denuncia ante las autoridades de la migración y extranjería, entre otros.

Créase la Coalición Nacional contra la Trata de Personas como una instancia de consulta y coordinación, para la formulación e implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas de prevención, investigación, atención y protección a las víctimas, así como la persecución y sanción del delito de Trata de Personas.

La Coalición Nacional contra la Trata de Personas, se reunirá cada dos meses y estará integrada por los titulares y/o especialistas de la materia que sean designados por cada una de las instituciones siguientes:
1. Ministerio de Gobernación, quien la preside y coordina;
a. Dirección General de Migración y Extranjería;
2. Corte de Suprema de Justicia;
3. Ministerio Público;
4. Corte de Suprema de Justicia;
5. Ministerio de Relaciones Exteriores;
6. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez;
7. Ministerio del Trabajo;
8. Ministerio de Salud;
9. Ministerio de Educación;
10. Ministerio de la Juventud;
11. Ministerio de la Mujer;
12. Ministerio de Transporte e Infraestructura;
13. Procuraduría General de la República;
14. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos;
15. Policía Nacional;
16. Ejército de Nicaragua;
17. Instituto Nicaragüense de Turismo;
18. Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor;
19. Dirección General de Servicios Aduaneros;
20. Una persona representante de los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida;
21. Asociación de Municipios de Nicaragua;
22. Una persona representante de cada uno de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe Nicaragüense;
23. Una persona representante del Consejo Nacional de Universidades, CNU;
24. Una persona representante de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad- Feconori; y
25. Una persona Representante de la Coordinadora de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia.

Podrán integrar la Coalición Nacional las Organizaciones Sociales y/o Organismos Internacionales cuyo mandato se vincula con la prevención y atención del delito de trata de personas, así como representantes de las iglesias y de los medios de Comunicación. La integración estará sujeta a la invitación o propuesta del Comité Ejecutivo Nacional.
La Coalición Nacional tendrá representaciones en los municipios, departamentos, Regiones de la Costa Caribe Nicaragüense, a través de las mesas que serán presididas por el delegado del Ministerio de Gobernación e integradas por los representantes territoriales de las instituciones que conforman la Coalición Nacional, y cuando fuese necesario se establecerán las mesas distritales, también podrán participar los gobiernos municipales, territoriales y cualquier otra forma de organización de los pueblos originarios en donde existan. En las mesas territoriales se podrán integrar representantes de los medios de comunicación, previa invitación del presidente de la mesa.

Son funciones de la Coalición Nacional las siguientes:
1. Elaborar la propuesta de Políticas Pública ajustada a las normas internacionales de Derechos Humanos para la prevención, atención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, a nivel comunitario, local, regional y nacional, considerando las zonas geográficas y poblacionales de mayor riesgo y prevalencia de este delito la que debe de ser presentada por la Secretaría Ejecutiva al Comité Ejecutivo Nacional para su conocimiento, revisión y posterior aprobación del Presidente de la República;
2. Elaborar propuesta del Plan Nacional estratégico para la prevención, atención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, de conformidad al Plan Nacional de Desarrollo Humano y directrices del Gobierno de la República, y presentarlo ante el Comité Ejecutivo Nacional;
3. Asegurar el cumplimiento del Plan Nacional para la prevención, atención, protección a víctimas, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, definido por el Gobierno de la República;
1. Formular propuestas de protocolos interinstitucionales temáticos y especializados para la atención, protección, reintegración y repatriación a víctimas del delito de trata de personas, para la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional;
2. Impulsar programas de formación, capacitación y sensibilización para los actores que intervienen en la prevención, atención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas;
3. Recomendar la suscripción y ratificación de acuerdos, convenios y tratados internacionales relacionados a la materia y sus protocolos;
4. Impulsar y desarrollar campañas de prevención, información y difusión sobre el delito de trata de personas, métodos, modalidades y riesgos que este conlleva, fundamentada en la salvaguarda de los derechos humanos, así como los mecanismos de denuncia, atención y protección a las víctimas. Las campañas serán diseñadas considerando las particularidades y necesidades de las zonas, regiones y comunidades del territorio nacional;
5. Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo organizaciones sociales vinculadas con la protección de los derechos de las víctimas de trata;
6. Promover la inclusión del tema de trata de personas en la currícula escolar de primaria y secundaria, la información sobre los riesgos y cuidados para prevenir la trata de personas, en especial en niños, niñas y adolescentes, así como la definición de convenios con las Universidades Públicas y Privadas sobre la materia;
7. Promover y divulgar el uso responsable de la tecnología de la información y la comunicación, TIC, sus riesgos y cuidados para prevenir la trata de personas;
8. La promoción y fortalecimiento de alianzas y convenios con los medios de comunicación y otras formas organizadas de la comunidad para la prevención de trata de personas, a través de campañas nacionales, regionales y territoriales;
9. Promover e impulsar acciones de sensibilización, enfocadas a garantizar la integridad física, moral y psíquica de las víctimas;
10. Desarrollar investigaciones sociológicas, capacitación, información y la difusión en español y las lenguas de los pueblos originarios y afro descendientes, con enfoque de derechos humanos colectivos;
11. Coordinar con el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Ministerio Público, Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua acciones conjuntas en la lucha contra la Trata de Personas; y
12. Presentar el informe de gestión anual al Comité Ejecutivo Nacional.

Créase el Comité Ejecutivo Nacional como máxima instancia Ejecutiva de la Coalición Nacional y la autoridad competente para la consecución de los fines del Plan Nacional estratégico para la prevención, atención, protección a víctimas, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, definido por el Gobierno de la República y la presente ley. Se integra con los titulares de las instituciones siguientes:
1. Ministerio de Gobernación, quien preside;
2. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez;
3. Ministerio de Relaciones Exteriores;
4. Ministerio de la Mujer;
5. Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia;
6. Ministerio Público; y
7. Policía Nacional.
Los y las titulares podrán delegar su participación en el Comité Ejecutivo Nacional en una o un servidor público con capacidad de decisión.

El Comité Ejecutivo Nacional gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. Sesionará en forma ordinaria trimestralmente y extraordinariamente por convocatoria del quien presida o cuando dos o más de sus integrantes lo soliciten. Las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional se aprobarán por mayoría de votos.

La Representación Legal del Comité Ejecutivo Nacional le corresponde al Ministro o Ministra de Gobernación, sus funciones son las siguientes:

1. Coordinar el funcionamiento del Comité Ejecutivo Nacional y la Coalición Nacional contra la Trata de Personas;

2. Firmar acuerdos con las diferentes organizaciones de la sociedad, sean estos gubernamentales, empresas privadas y/o de cooperación internacional para la obtención de medios y recursos técnicos-financieros para la prevención, investigación, atención, persecución y sanción del delito de trata de personas;

3. Recibir a cualquier título, bienes de particulares e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras y rendir informe anual de la administración de los bienes y recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

4. Autorizar las erogaciones correspondientes a los gastos de funcionamiento del Comité Ejecutivo Nacional y la Coalición Nacional de lucha contra la trata de personas por medio del funcionario designado;

5. Presentar anualmente el informe financiero a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

1. Recibir de la Coalición Nacional propuesta del Plan Nacional estratégico para la prevención, atención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, para su revisión y remisión al Presidente de la República para su aprobación;
2. Definir los mecanismos para implementar el Plan Nacional estratégico;
3. Presenta el informe anual de gestión al Presidente de la República de Nicaragua;
4. Gestionar los recursos para el funcionamiento de la Coalición Nacional;
5. Asegura la ejecución del Plan Nacional para la prevención, atención, protección a víctimas, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas definido por el Gobierno de la República; así mismo podrá establecer mesas especializadas de trabajo;
6. Crear los Programas Especiales para la Costa Caribe Nicaragüense relativos a la lucha contra la trata de personas;
7. Coordinar la protección a las víctimas nacionales o extranjeras en materia migratoria;
8. Definir mecanismos para impulsar y facilitar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional, para la implementación integral de la presente Ley, la Política Nacional y el Plan Nacional estratégico relativo a esta materia;
9. Facilitar la cooperación y coordinación interinstitucional entre los integrantes de la Coalición Nacional;
10. Promover los espacios de diálogo e incidencia con el sector privado para la responsabilidad social compartida en materia de prevención;
11. Elegir y nombrar al Secretario o Secretaria Ejecutiva del Comité Ejecutivo Nacional;
12. Delegar al Secretario o Secretaria Ejecutiva o cualquier otro funcionario o funcionaria de las instituciones que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional para que represente a Nicaragua en eventos internacionales;
13. Garantiza la capacitación continua y especializada para las y los servidores públicos que trabajen en la atención, investigación y persecución del delito de Trata de Personas;
14. Invitar a personas o representantes de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cuando se considere que por su naturaleza o experiencia en la materia sea de interés su participación para la lucha contra la Trata de Personas; y
15. Elaborar o reformar el Reglamento Interno para el funcionamiento de la Coalición Nacional.

La Persona a desempeñar el cargo de la Secretaría Ejecutiva, se elegirá por el Comité Ejecutivo Nacional de las ternas que presenten los miembros de la Coalición Nacional, las ternas propuestas deberán ser nominadas de entre el personal de las Instituciones del Estado que forman parte de la Coalición Nacional y deberán ser presentadas en un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la convocatoria, para su posterior nombramiento en un plazo no mayor de treinta días.
El nombramiento del Secretario o Secretaria Ejecutiva será por un periodo de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, esta persona estará asistida por el personal que autorice el Comité Ejecutivo Nacional para el cumplimiento de sus funciones; podrá ser reelegido por un periodo más por el Comité Ejecutivo Nacional previa evaluación.

El Comité Ejecutivo Nacional determinará la ubicación de la oficina de la Secretaría Ejecutiva para su funcionamiento.

Los requisitos que debe de cumplir la persona propuesta a ocupar el cargo de la Secretaría Ejecutiva son los siguientes:
1. Ser nicaragüense;
2. Ser mayor de 25 años;
3. Ser de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud;
4. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
5. Formación y experiencia en la lucha contra la Trata de Personas
6. Formación académica universitaria;
7. No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos; y
8. Rendir su declaración de probidad ante la autoridad correspondiente.

1. Facilitar ejecutivamente la implementación de las políticas, planes y estrategias de la Coalición Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y el Comité Ejecutivo Nacional;

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coalición Nacional para su posterior presentación y aprobación por el Comité Ejecutivo Nacional;

3. Elaborar y presentar el informe de gestión anual al Comité Ejecutivo Nacional para su posterior remisión al Presidente de la República;

4. Ejecutar las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional, dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones, así como realizar las tareas, estudios, trabajos, proyectos y programas que éste le establezca;

5. Elaborar las propuestas de planes específicos, proyectos y programas que integren los ejes transversales de derechos humanos, género, generacional e interculturalidad y el interés superior del niño, niña, adolescente, para el cumplimiento de las funciones de la Coalición Nacional y presentarlos al Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación;

6. Recibir las propuestas de los planes, proyectos y programas que presenten los miembros de la Coalición Nacional para la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional;

7. Recibir de las organizaciones sociales que trabajan el tema de trata de personas los planes de acción en materia de lucha contra la trata de personas para ser incorporados a las políticas públicas;

8. Servir de enlace entre el Comité Ejecutivo Nacional y la Coalición Nacional, realizar el seguimiento y monitoreo a los planes de la Coalición con las mesas distritales, municipales, departamentales y en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, así como con las entidades públicas y privadas.

9. Presentar informe de las actividades a las que haya sido delegado o delegada por el Comité Ejecutivo Nacional;

10. Convocar, proponer y preparar agenda de reuniones de trabajo para aprobación del Comité Ejecutivo Nacional y de la Coalición Nacional de Lucha contra la Trata de Personas;

11. Coordinar con las autoridades competentes la asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia, a las víctimas extranjeras en materia migratoria;

12. Invitar a personas o representantes de las entidades públicas o privadas, cuando por su naturaleza o experiencia en la materia se considere de relevancia su participación, previa autorización de la Ministra o Ministro de Gobernación; y

13. Elaborar y resguardar las actas de reuniones y acuerdos tomados por la Coalición Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas y el Comité Ejecutivo Nacional.

Son causales de destitución de la persona que desempeñe el cargo de la Secretaría Ejecutiva, es la siguiente:

1. Abandono e incumplimiento de sus funciones.

2. Ausentarse en desempeño de sus funciones de acuerdo a la Legislación laboral.

3. No presentar los informes al Comité Ejecutivo Nacional.

4. No dar seguimiento a los acuerdos nacionales o regionales.

5. Ausentarse de las actividades nacionales e internacionales a las que haya sido delegado o delegada por el Comité Ejecutivo Nacional o y/o la Coalición Nacional.

6. Texto y divulgación de información no autorizada, y

7. Haber sido condenado por medio de sentencia firme por la comisión de delitos graves.

Créase el Registro Nacional de Información Única Sobre Trata de Personas, como sistema de información oficial, coordinado y administrado por el Comité Ejecutivo Nacional, con el objeto de administrar una base de datos estadísticos oficial que sirva de base para la formulación de políticas, planes estratégicos y programas, así como para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Estratégico, para la prevención, atención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas.
Las instituciones públicas y organismos, privados integrados en la Coalición Nacional, están obligadas a proporcionar la información referida a prevención, atención, protección a víctimas, investigación y persecución y sanción del delito de trata de persona, para su registro oficial. Las organizaciones civiles sin fines de lucro vinculadas a la prevención, atención y protección de víctimas del delito de trata de personas, deberán proporcionar al Registro Nacional Único de Trata de Personas, la información que éste requiera para su debida incorporación. También deberá de publicar anualmente el informe nacional estadístico sobre trata de personas, manteniendo la confidencialidad de las víctimas.

Créase un Observatorio sobre Trata de Personas, que permita hacer investigaciones y estudios sobre causa, efecto, tendencia, forma y magnitud del delito de trata de personas, considerando variables de género, generaciones, étnicas sociables, geográficas y culturales.

A propuesta de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, el Ministro o Ministra de Gobernación nombrará al director de Registro Nacional de Información Único sobre Trata de Personas, con cargo al Fondo de la Coalición Nacional.

Créase el Fondo para la prevención, atención, protección a víctimas del delito de trata de personas, así como la investigación, persecución y sanción del mismo que será administrado por el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad al orden de prelación contenida en la presente ley y cualquier otra prioridad que establezca el Comité.
Son fuentes de financiamiento del fondo, las siguientes:
1. .Partida presupuestaria establecida en el Presupuesto General de la República, exclusivamente para la prevención, atención, protección a víctimas del delito de trata de personas, así como la investigación, persecución y sanción del mismo, que será administrado por el Ministerio de Gobernación;

2. Los recursos que provengan de donaciones de organismos internacionales, proyecto y alianza estratégica, agencias de cooperación internacional, Asociaciones y/o Fundaciones sin Fines Lucro, de particulares, instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

3. El dinero y bienes ocupados, incautados, decomisados, abandonados o aquellos recursos económicos y financieros obtenidos por la venta de bienes provenientes del Delito de Trata de Personas.
Los fondos se constituyen en renta con destino específico para el funcionamiento del Comité Ejecutivo Nacional, la Coalición Nacional, y cubrir los gastos en el orden de prelación definido por la ley, y serán entregados por medio del Presupuesto General de la República. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería General de la República, autorizar la cuenta en un banco del sistema financiero nacional, para un manejo de este Fondo.

Los recursos con los cuales se financia el fondo, se utilizará en atención al orden siguiente:
1. Asistencia primaria y secundaria de las víctimas y a sus familiares dependientes;

2. Repatriación de las víctimas de trata de personas nacionales en el extranjero;

3. Investigación y persecución del delito de trata de personas;

4. Planes, proyectos para prevención, atención y protección a víctimas del Delito de Trata de Personas que determine el Comité Ejecutivo para la Coalición Nacional;

5. Funcionamiento del Registro Nacional de Información Único Sobre Trata de Personas; y

6. Funcionamiento del Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaria Ejecutiva.
En la medida de disponibilidad de recursos del Estado de la República de Nicaragua, se habilitaran y fortalecerán las instalaciones de albergues estatales, bajo la administración de autoridad competente para la atención especializada de las víctimas del delito de trata de personas.

La coordinación de la formulación de la propuesta de Política Pública contra la Trata de Personas, será coordinado por el Secretario o Secretaria Ejecutiva y a tal efecto se conformará un equipo técnico con los integrantes de la Coalición Nacional para su evaluación en un plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley. La propuesta de Política Pública contra la Trata de Personas debe integrar los ejes transversales de derechos humanos género, generacional e interculturalidad, el interés superior del niño, niña, adolescente y la unidad familiar, así como los lineamientos siguientes:
1. Prevención del delito;
2. Detección e identificación;
3. Protección y atención integral a víctimas;
4. Investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas;
5. Persecución y judicialización y sanción del delito;
6. Comunicación y sensibilización social;
7. Formación y capacitación técnico vocacional para la reinserción social de la víctima;
8. Formación y capacitación para los servidores públicos;
9. Fortalecimiento institucional;
10. Cooperación y coordinación interinstitucional, y
11. Divulgación.

En el texto de la Política Pública se debe de tomar en cuenta las formas de organización, tradiciones y expresiones culturales ancestrales de las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes de las Costa Caribe Nicaragüense, en armonía con las estructuras de las autoridades comunales, el wita, Consejo de Ancianos, las Iglesias, las familias, entre otras.

Para efectos de la presente ley se entiende por prevención del Delito de Trata de Personas, las acciones dirigidas a informar, divulgar, educar, comunicar, sensibilizar y todas aquellas actividades encaminadas a anticipar, disminuir e impedir la acción criminal de la Trata de Persona, mediante la intervención directa sobre sus causas y los riesgos de ser víctima de este delito.

El Estado desarrollará un proceso de formulación, aprobación e implementación de una Política Pública de Prevención de la Trata de Personas, a partir de las propuestas determinadas por la Coalición Nacional, con carácter nacional, regional, departamental y local, adecuadas a las realidades territoriales.

El Estado de Nicaragua, a través las instituciones públicas, en el ámbito de su competencia, deberán implementar las acciones de prevención contra el delito de Trata de Personas siguientes:

1. Divulgar, comunicar e informar en prevención de Trata de Personas y conexos, con las familias y comunidades, mediante la formación y educación en valores, en el acompañamiento familiar y comunitario;

2. Desarrollar contenidos en la currícula educativa en cada uno de los niveles, preescolar, primaria y secundaria, para evitar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean víctimas del delito de Trata de Personas, esto se hará en coordinación con las consejerías escolares, los consejos locales de educación, y otras instancias afines al tema;

3. Elaborar normativas para el registro y alojamiento de personas nacionales y extranjeras, así como sus acompañantes en hoteles, hostales, moteles, auto hoteles y similares, dirigidas a la prevención y detección del delito de Trata de Personas;

4. Divulgar, comunicar e informar a los miembros de la industria turística y hotelera a nivel nacional, sobre las medidas de prevención que permitan detectar, identificar y erradicar las diferentes formas de trata de personas a través de cualquier medio;

5. Informar, sensibilizar y capacitar al personal de las líneas aéreas, cadenas hotelera, servicio de transporte público nacional e internacional, excursiones, restaurantes, bares, discotecas, casinos, y demás centros nocturnos, acerca de la responsabilidad en que puedan incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a la trata de personas, así como orientarlos en la prevención de este delito;

6. Establecer mecanismos de control, divulgación, comunicación e información en los puestos migratorios a nivel nacional para detectar, identificar, prevenir y erradicar la forma de Trata de Personas;

7. Desarrollar campañas informativas de alertas, sensibilización, capacitación, divulgación y todas las formas comunicacionales a la juventud y adolescentes que permitan su empoderamiento para la prevención del delito de Trata de Personas;

8. Promover acciones preventivas, divulgación o información a nivel nacional y territorial, a fin de evitar que la población en general sea víctima de estos delitos; con énfasis en mujeres víctimas de violencia y jóvenes en alto riesgo social:

9. Elaborar planes y metodologías dirigidas a la sensibilización, capacitación, empoderamiento y liderazgo de los grupos de personas en estado de vulnerabilidad, fundamentalmente las mujeres para la prevención del delito de Trata de Personas;

10. Tomar medidas para aumentar la concienciación, la atención, y la investigación de todas las formas de explotación laboral y trabajo forzado y los factores que subyacen a su demanda; aumentar la conciencia social sobre los productos y los servicios que se derivan del trabajo forzado y de la explotación laboral, reglamentar, registrar y acreditar a las agencias de contratación privadas, sensibilizar a los empleadores;

11. Elaborar y aplicar normativas laborales de prevención, mediante inspecciones y otros medios pertinentes, con la finalidad de detectar e informar a las autoridades competentes la comisión del delito de Trata de Personas; y

12. Realizar procesos de divulgación, comunicación e información en las comunidades de la Costa Caribe nicaragüense en sus lenguas originarias, en coordinación con las Autoridades Territoriales, a fin de prevenir, detectar, identificar y erradicar todas las formas de tratas de personas.

Estas medidas de prevención deberán considerar el enfoque de derechos humanos y de grupos vulnerables, así como el interés superior del niño, niña, adolescente.

Las empresas privadas deberán apoyar la eliminación de todas las formas de trata de personas; incluyendo trabajo forzado, trabajo infantil, explotación laboral, sexual, o cualquier otra forma de explotación, para tal efecto brindarán la más amplia colaboración a las autoridades en la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas.

El sector empresarial podrá apoyar a las víctimas de trata para que se puedan reintegrar a la vida socio económico de su localidad a través de diversas iniciativas, que conlleven a la obtención de un mejor proyecto de vida para estas, bajo el principio de Responsabilidad Social Empresarial.

Los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, públicos y privados, en el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial, deben colaborar en la divulgación de los diferentes programas para la prevención, educación e información en contra del delito de Trata de Personas, difundiendo mensajes positivos para orientar y evitar que las personas sean víctimas de estos delitos dentro y fuera del territorio nacional.

Los representantes legales de las organizaciones civiles sin fines de lucro cuyos objetivos estén vinculados a la atención y protección de víctimas del delito de Trata de Personas, deberán poner en conocimiento de forma inmediata a la Policía Nacional y/o al Ministerio Público de los casos que conozcan y atiendan para proceder a la investigación y persecución penal, según el ámbito de competencia. El Ministerio Público o la Policía Nacional podrán requerir esta información para el cumplimiento de sus funciones.

Las personas responsables de la administración, propietarios o el personal a cargo de hoteles, hostales, moteles, hospedajes, pensiones y similares, así como restaurantes, bares, casinos, discotecas, y demás centros nocturnos, deben poner en conocimiento de forma inmediata a la Policía Nacional y/o el Ministerio Público en caso de sospecha de la Comisión del delito de Trata de Persona.

El personal de los diversos servicios de transporte marítimo, aéreo, terrestre, lacustre, nacional o internacional y sus respectivas terminales, deben poner en conocimiento a las autoridades competentes, acerca de las sospecha de la comisión del delito de trata de personas en cualquiera de los pasajeros.

Las instituciones públicas, en su ámbito de competencia, deben garantizar en todo momento los derechos de las víctimas del delito de trata de personas, brindando la asistencia, atención, protección, seguridad y acceso a la justicia; teniendo en consideración entre otros aspectos, la edad, el género, la salud, origen, idioma, y tendrán en cuenta los factores de vulnerabilidad según sea el caso; cuando las víctimas presenten alguna discapacidad, sus necesidades serán atendidas en relación al tipo y grado de discapacidad que presenten. Las diferentes organizaciones nacionales e internacionales que participen en la asistencia, atención y protección a las víctimas tendrán la misma obligación.

La atención primaria debe de aplicarse de forma inmediata y confidencial una vez que los servidores y servidoras públicas tengan contacto directo con las personas víctimas del delito de trata de personas. Estas medidas de asistencia deben de incluir lo siguiente:

1. Protección a la integridad física de la víctima, su identidad y privacidad;

2. Insumos para atender las necesidades básicas de higiene personal, alimentación y vestuario;

3. Asistencia médica y psicológica especializada según corresponda;

4. Realización del examen del VIH, ITS, u otros que sean requeridos bajo los protocolos médicos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud;

5. Alojamiento seguro y adecuado. En ningún caso se alojará a las personas víctimas del delito de trata de personas en celdas preventivas, establecimientos penitenciarios, refugios, centros de retención de migrantes irregulares, instalaciones policiales o administrativas, destinadas al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.

El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez debe de garantizar que las víctimas del delito de trata de personas, una vez que sean puestos bajo su atención, reciban las condiciones que les garanticen sus necesidades básicas y derechos humanos y asegurar que sean ingresados a un centro de protección con el perfil de atención de las víctimas, resguardando la protección especial y el interés superior del niño, niña y adolescente;

6. Proporcionar asistencia a los familiares o personas que tengan relación directa e inmediata con la víctima, así como a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización del tercero.

7. Asesoría legal para las víctimas y familiares;

8. Asistencia psicosocial para las víctimas y familiares, en el idioma y/o lenguaje que comprenda, facilitándole servicios de traducción o intérprete en caso que lo requiera;

9. Garantizar el derecho a la comunicación facilitándole los medios para ejercer este derecho, cuando no ponga en riesgo su integridad física y emocional, ni el proceso de investigación del delito; y

10. Facilitar la asistencia consular cuando corresponda.

La atención secundaria está asociada con el proceso de asistencia prolongada de la víctima del Delito de Trata de Personas, las que se aplicarán con independencia del avance de la investigación, el proceso judicial penal o de repatriación.

Las medidas secundarias serán implementadas por las instituciones correspondientes, según sus competencias y responsabilidades institucionales. Estas incluyen:

1. Brindar tratamientos médicos y psicológicos con el objetivo de mejorar la salud física y psíquica de la víctima y sus familiares;

2. Proporcionarle una condición migratoria temporal prolongada o permanente cuando corresponda y de acuerdo a un análisis técnico y el consenso con la víctima. Para el caso de las personas solicitantes de la condición de refugiados y en relación a su documentación y situación migratoria, complementariamente a la presente ley, se aplicara lo dispuesto en la Ley N° 655, Ley de Protección a Refugiados, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 130 del 9 de julio del 2008;

3. Gestionar la repatriación o el retorno a su lugar de origen, cuando corresponda, con el consentimiento de la víctima. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la repatriación procederá solo en el caso que se haya determinado de previo el interés superior;

4. Garantizar la protección de las victimas cuando requieran albergues por periodos que resulten necesarios en alojamientos adecuados y seguros, a través de coordinación fluida y permanente entre las instituciones públicas y privadas;

5. Gestionar la inclusión a la formación técnico vocacional de la víctima para su reintegración socioeconómica;

6. Gestionar la inclusión a la formación universitaria de pregrado, según sea el caso;

7. Diseñar y desarrollar programas individualizados o personalizados de atención, protección y reintegración de las víctimas de trata de personas;

8. Coordinar con la Coalición Nacional, el diseño y aplicación de estrategias que ofrezcan alternativas dignas y apropiadas para la reintegración de las víctimas con el propósito de restituirles sus derechos humanos; y

9. Las medidas de atención primaria y secundaria, especializada y/o multidisciplinarias deben de ser proporcionadas conforme a las necesidades y derechos de las víctimas por las autoridades competentes, en coordinación con organismos internacionales y las organizaciones sociales.

Los organismos internacionales y las organizaciones sociales que apliquen medidas de atención primaria y secundaria, especializadas y/o multidisciplinarias, deben estar acreditadas y certificadas por el Ministerio de Gobernación y avaladas por el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, cuando funcionen como Centros de Atención y Protección Especial, en ambos casos la validez será de un año calendario y podrá ser renovado ante las autoridades correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en la ley de la materia.

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política, el Código Procesal Penal, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres y de Reformas a la Ley N° 641, Código Penal y demás leyes, las víctimas del Delito de Trata de Personas, tendrán los derechos siguientes:

1. Resguardo y seguridad de la vida, integridad física, libertad e identidad de la víctima y sus familiares;

2. Atención con calidez humanitaria, respeto, dignidad, apego a las leyes y los derechos humanos;

3. Recibir atención material, médica, psicológica, jurídica y social;

4. Acceso inmediato a la justicia;

5. Ser oída e intervenir en todas las instancias del proceso cuando esta lo solicite;

6. Recibir información clara y comprensible sobre su situación legal y estatus migratorio en un idioma o lengua que comprenda de acuerdo a su edad, condición de discapacidad o zona de procedencia;

7. Reparación del daño causado en los ámbitos sicológicos, sociales, médicos, laborales y educativos, así como la y restitución de sus derechos humanos;

8. Rendir su declaración anticipada, sin contacto visual con él o las personas acusadas, la autoridad judicial tendrá la obligación de resguardar sus datos personales con el objeto de proteger la identidad y rendir su declaración por medios electrónicos, según sean las disponibilidades;

9. Ofrecer medios o elementos de prueba;

10. Conocer la situación legal en relación a la privación de libertad de la persona investigada y/o acusada del delito del que fue víctima;

11. Repatriación voluntaria y/o reunificación familiar en un entorno seguro;

12. Garantizar un entorno seguro durante las actuaciones investigativas y las comparecencias judiciales para la víctima y sus familiares; y

13. Solicitar refugio de conformidad a la ley de la materia.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 199 y 200 del 19 y 20 de octubre del año 2010, las autoridades para la atención a las víctimas, testigos y demás personas que intervienen en la investigación y el proceso penal o bien otras instituciones encargadas de la protección y atención de las víctimas en sus respectivos ámbitos de competencia y de conformidad al principio de coordinación interinstitucional, adoptarán las medidas de protección y asistencia siguientes:

1. Elaborar y ejecutar, en cada caso, un plan de protección y asistencia personalizada durante la investigación, el proceso penal y posterior a éste en favor de las víctimas y sus familiares;

2. Aplicar los protocolos interinstitucionales para la atención, protección, reintegración y repatriación a víctimas aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional;

3. Evitar contacto visual o físico entre la víctima y el investigado durante el proceso de investigación;

4. En el caso de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de trata de personas y delitos conexos, le compete al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez la aplicación de medidas de protección especial y el acompañamiento en todo el proceso de acuerdo a lo establecido en la Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia.

Las representaciones diplomáticas del Estado de Nicaragua en el extranjero deberán garantizar, sin excepción alguna, la información, orientación, protección y asistencia a nacionales víctimas de la trata de personas, con la finalidad de salvaguardar su dignidad e integridad física y psicológica, así como para apoyarlas en las gestiones necesarias ante las autoridades del país en que se encuentren, antes, durante y después de un eventual proceso judicial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, debe garantizar a las personas víctimas del delito de personas, nacionales o extranjeros con derecho de residencia en Nicaragua, como mínimo, lo siguiente:

1. Acompañamiento y asesoría migratoria; refiriendo a los entes competentes;

2. Aplicación de medidas destinadas al resguardo de su integridad, privacidad y prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de trata, coordinando con las autoridades de atención correspondientes;

3. Facilitar la comunicación con parientes o referentes afectivos en el país de origen a efectos de facilitar su reintegración;

4. Promover la coordinación con autoridades migratorias y cuerpos consulares e instancias de protección del país de origen de la víctima, con el propósito de garantizar su protección y atención, durante y después de la repatriación;

5. Facilitar de forma gratuita los documentos que sean necesarios para que puedan viajar y retornar al territorio nacional.

Las disposiciones del presente Capítulo no afectarán los derechos reconocidos a las víctimas de trata de personas durante el proceso de repatriación, con arreglo al derecho interno del país de tránsito y destino. Estas disposiciones no podrán ser contrarias a los derechos de las víctimas cuando hubiese acuerdos, arreglos bilaterales o multilaterales que sean más beneficiosos para éstas.

Sin perjuicio de los derechos establecidos en la presente ley, las víctimas extranjeras optarán, según su criterio e interés, a la visa humanitaria sin costo alguno y podrá hacer uso de ella para fines de trabajo y residencia, así como solicitar la condición de refugio según lo dispuesto en la Ley N° 655, Ley de Protección a Refugiados, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 130 del 9 de julio del 2008, o la Ley N° 761, Ley General de Migración y Extranjería, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 125 y 126 de los días 6 y 7 de julio del 2010.

En ningún caso las víctimas extranjeras podrán ser alojadas o albergadas en celdas preventivas, penitenciarios o centros de albergue para migrantes o en cualquier otro sitio de detención de personas, ni podrán ser considerados en situación irregular y se les debe de atender de conformidad a lo establecido en la presente ley sin costo alguno.

La Secretaría Ejecutiva en coordinación con las autoridades competentes tramitará la repatriación de la víctima extranjera de trata de personas cuando soliciten ser repatriadas al país de origen o lugar donde tuviere su residencia, temporal o permanente de conformidad al protocolo definido para tal efecto.

La autoridad migratoria otorgará visas por razones humanitarias a las víctimas extranjeras del delito de trata de personas, así como las personas que convivan con la víctima en el país, durante la investigación y el proceso penal. En los casos que así lo ameriten, estas visas contarán con permisos para residir y laborar.

La reparación del daño a las personas víctimas del delito de trata de personas y demás delitos conexos, es responsabilidad del autor o participe de estos delitos o por el civilmente responsable.

Las acciones de reparación de daños a las personas víctimas del delito de tratas comprende los elementos siguientes:

I. La reparación de daños a las personas víctimas del delito de trata de personas y conexos, se efectuará de forma integral, efectiva y proporcional a la gravedad del daño causado y la afectación del proyecto de vida que incluye, pagos por daños no materiales resultante de lesiones morales, físicas o psicológica, estrés emocional, dolor y sufrimiento de la víctima y su familia como resultado del delito cometido contra ella;

II. La restitución de los bienes u objetos de los que ha sido despojada la víctima en la comisión del delito, cuando no fuese posible la restitución, se procederá al pago de su valor actualizado utilizando como parámetro el valor de mercado;

III. Indemnización, comprende el pago de los daños físicos, gastos médicos y hospitalarios, materiales y psicológicos causados a la víctima; para lo que se atenderá el diagnóstico de las o los profesionales especializados que permitan tasar individualmente la cuantía correspondiente; gastos de transporte en que hubiere incurrido antes, durante y después del proceso de su victimización; gastos de alimentación, vestuario y vivienda. En cuanto a los ingresos económicos que se hubieren dejado de percibir causado por la comisión del delito de trata de personas si no se determinare por otro medio, se establecerá como base el salario mínimo promedio;

IV. La rehabilitación y reintegración comprende los costos de tratamiento médico, exámenes clínicos, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación física, prótesis, aparatos ortopédicos, terapia o tratamiento psicológico o psiquiátrico, así como la rehabilitación por adicciones, entre otros que fuesen necesarios, con el objeto de facilitar el proceso de reintegración de la víctima a la familia y la comunidad, que incluye acceder al sistema de educación, laboral y social acorde a sus circunstancias que le permitan a las víctimas recuperar y encauzar su proyecto de vida;

V. Repatriación o retorno, lo que corresponde a los costos en que se incurra en el transporte para el retorno voluntario al lugar de origen de la víctima u otro que se determine en beneficio de ésta, así como los gastos de alimentación, estadía, vestuario, seguridad y otros que resulten necesarios para su retorno o repatriación; y

VI. El abono de las costas procesales, según proceda, que comprende las costas judiciales y otros gastos incluidos los incurridos por la participación de la víctima en la investigación penal, el proceso judicial y la acción civil.

Tienen derecho a la reparación del daño las personas definidas en el orden de prelación siguiente:

1. La persona directamente ofendida por el delito;
2. Descendientes, niños, niñas y adolescentes;
3. Los descendientes directos con discapacidades;
4. El tutor o guarda de la víctima;
5. Descendientes directos de las víctimas; y
6. Cónyuge o pareja en unión de hecho estable de la víctima conforme la ley de la materia.

Las obligaciones derivadas de la reparación del daño tendrá derecho preferencial sobre cualquier otra obligación de quienes hayan cometido el delito de trata de personas y conexos, salvo las referidas a los alimentos.

Se establecen las disposiciones procesales que rigen la investigación y los procesos judiciales por la Comisión del delito de Trata de Personas y conexos, correspondiendo a la Policía Nacional y el Ministerio Público la investigación oficiosa de este delito. En ningún caso se requerirá denuncia previa, para los casos de solicitudes de refugiado de víctimas o potenciales víctimas de trata de personas.

Son competentes para conocer del delito de trata de personas y conexos los jueces o juezas de Distrito especializados en violencia, en el caso de las circunscripciones en donde no existan jueces o juezas especializados conocerán los jueces o juezas de Distrito de audiencia y los de juicio habilitados para esta materia.

Para la investigación del delito de trata de personas y conexos, se podrá hacer uso de las técnicas especiales de investigación siguientes:

1. Agentes encubiertos o agente revelador;
2. Entrega vigilada o controlada;
3. Vigilancia sistemática y geo localización;
4. Seguimiento y vigilancia electrónica;
5. Intervención de comunicaciones escritas, telefónicas y electrónicas;
6. Investigación sobre datos asociados a las comunicaciones;
7. Métodos de investigación y prueba científica, marcadores genéticos, pruebas de ADN.
8. Registro e incautación de archivos y datos informáticos; y
9. Equipos conjuntos de investigación conforme los Tratados y Convenios Internacionales.

Las técnicas de investigación antes referidas, son sin perjuicio de las autorizadas para los delitos de criminalidad organizada establecidas en las leyes siguientes:

1. Ley N° 406, Código Procesal Penal, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 243 y 244 del 21 y 24 de diciembre del año 2001;

2. Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 199 y 200 del 19 y 20 de octubre del año 2010;

3. El Decreto 70-2010, Reglamento a la Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 223 del 22 de noviembre del 2010. La investigación del delito de trata de personas y conexos debe extenderse a la investigación patrimonial y financiera de las personas investigadas, a fin de determinar las utilidades provenientes del ilícito así como los métodos que puedan utilizar para el lavado de activos.

Es obligación de las instancias administrativas y judiciales, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, relacionadas a la atención, investigación y el proceso penal del delito de trata de personas y conexos, mantener en estricta confidencialidad dicha información y asegurar el respeto del derecho a la privacidad de su identidad y datos personales de las víctimas y su familia. Dicha información podrá ser solicitada por las autoridades competentes únicamente para los fines de la investigación y el proceso penal.

Bajo el principio de máxima protección no se deberá revelar la identidad de las víctimas y personas protegidas, la identidad, datos personales de identificación y ubicación de estos, tampoco deberán ser revelados en el libelo acusatorio, intercambio o ampliación de información y pruebas. Esta información será sustituida por un código alfa numérico.

Las notificaciones y citaciones para las personas víctimas del delito de trata de personas y conexos, así como los personas que deban comparecer ante autoridad judicial en su calidad de testigos, peritos o técnicos que intervengan en la investigación y el proceso penal identificados bajo un código alfa numérico se indicará para todos los efectos como domicilio legal las oficinas del Ministerio Público.

En virtud del principio de no revictimización, la autoridad judicial especializada en violencia o en su defecto el Juez o Jueza de Distrito de lo Penal habilitado de la circunscripción en donde se encuentre la víctima, en todos los casos deberá proceder de inmediato a tomar la declaración anticipada de la víctima a solicitud del Ministerio Público.

En relación al procedimiento de la recepción de la declaración anticipada de víctimas, testigos y peritos se regirá de conformidad a lo establecido en la legislación siguiente:

1. La Ley N° 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua;

2. La Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados; y

3. La Ley N° 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Cuando las partes conocieran de un nuevo elemento probatorio, después de haberse realizado el intercambio de información, deben ampliar e intercambiar nuevamente la información suministrada antes de la fecha de inicio del juicio sin perjuicio de lo establecido en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua. En estos casos corresponde a la autoridad judicial valorar la necesidad de la suspensión del juicio y fijará nueva fecha de juicio.

Durante la declaración de las victimas le corresponde a las autoridades judiciales evitar el contacto visual de las personas víctimas trata de personas y conexos con el o los acusados de la comisión de estos delitos, para ello se podrán utilizar cualquier medio físico, técnico, electrónico o informático. La autoridad judicial deberá disponer de cualquiera de los medios siguientes:

1. Medios remotos de distorsión de voz y rasgos;
2. Comparecencia a través de Cámara de Gesell;
3. Videoconferencia, circuito cerrado o cualquier medio electrónico; y
4. Cualquier otro medio disponible que impida el contacto visual con los acusados.

El nombre, dirección u otra información de identificación, que incluye imágenes, videos y voces de las víctimas de trata de personas, sus familiares o allegados, la cual no será divulgada o publicada en ninguno de los medios de comunicación social.

La declaración de la víctima durante las actuaciones judiciales deberá hacerse en audiencia privada, resguardándose la identidad y garantizando el derecho a su privacidad, intimidad y seguridad.

Corresponde al Ministerio Público solicitar a la autoridad judicial competente, en atención al principio de máxima protección de la víctima, ordenar que las audiencias en cualquier etapa del proceso se desarrollen únicamente con la presencia de las partes.

Las evaluaciones o diagnósticos elaborados por las personas que se desempeñan como peritos, técnicos o técnicas de investigación o que consten en informes o dictámenes redactados al efecto, se podrán incorporar al Juicio a través de la lectura de la parte pertinente; salvo que alguna parte solicite la necesaria comparecencia personal de quien lo hubiere realizado para interrogarlo por elementos controversiales surgidos del informe o dictamen.

La comparecencia de las personas que se desempeñan como peritos, técnicos o técnicas de investigación, también se podrá realizar por medio de video conferencia, o por cualquier otro medio tecnológico.

Cuando por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, las personas que se desempeñan como peritos, técnicos o técnicas de investigación no pueda comparecer a juicio, lo hará otra persona con igual calidad profesional o quien lo supervisó.

En los procesos penales en los que se presente acusación por el delito de trata de personas y conexos, la autoridad judicial, sustanciará la causa bajo tramitación compleja, esta producirá los efectos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. El plazo máximo del proceso penal para el delito de trata de personas y conexos será de doce meses.

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley N° 406, Código de Procesal Penal, las autoridades judiciales en las sentencias condenatorias que dicten por la comisión del delito de trata de personas y conexos deberán ordenar lo siguiente:

1. La reparación del daño causado a las personas víctimas directas o indirectas del tipo penal y la restitución de los bienes muebles, inmuebles u objetos de los que fue despojada la víctima y su familia al momento de la comisión del delito de trata de personas o el pago del valor de los mismos.

En la sentencia condenatoria la autoridad judicial deberá fijar la cuantía en proporción a la gravedad del daño causado con los elementos probatorios proporcionados por el Ministerio Público o la víctima, o aquellos que se consideren procedentes, si no constaran dichos elementos se dejara a salvo el derecho para ejercer la acción civil en sede penal;

2. Todo bien inmueble o mueble, objetos, productos, utilidades o beneficios del delito de trata de personas y conexos, así como los instrumentos utilizados en la comisión del mismo, serán decomisados mediante sentencia condenatoria y destinados al Fondo para la Prevención, Atención, Protección a Víctimas del delito de trata de personas establecido en la presente Ley, se exceptúan las armas de fuego municiones y otros elementos relacionados, medios y equipos de comunicación, medios navales o aéreos y otros bienes los que deberán ser asignados de conformidad a la Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados y Decomisados.

3. La destrucción de las cosas, bienes, objetos u otros que causen perjuicio a la privacidad, intimidad y seguridad de las víctimas, incluyendo las imágenes físicas, digitales, videos, audios y sustancias que hayan sido ocupadas durante la investigación, salvo que dicha evidencia sea de utilidad en otra causa penal quedaran en resguardo de la Policía Nacional. Esta disposición aplicará aun para los casos en que el procesado o procesada sea declarado no culpable.

El procedimiento para la retención, incautación, secuestro, ocupación, embargo de objetos, productos o instrumentos, inmovilización de cuentas bancarias y productos financieros de los imputados del delito de trata de personas y conexos, se regirá conforme lo establecido en la Ley N° 406, Código Procesal Penal y la Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

La Policía Nacional bajo los principios de proporcionalidad, racionalidad, urgencia y necesidad, podrá ordenar y adoptar las medidas precautelares siguientes:

1. Prohibición a las personas investigadas de comunicarse con las víctimas, familiares de éstas, testigos y personas vinculadas a los hechos investigados.

2. Ordenar el abandono inmediato del hogar de la persona investigada, en tanto su presencia represente un riesgo para la seguridad, integridad física, psíquica, sexual de la persona víctima del delito de trata de personas y conexos;

3. Prohibir o restringir la presencia de la persona investigada en la casa de habitación, centro de estudio o trabajo, lugares habitualmente frecuentados por la víctima del Delito de Trata de Personas y conexos, sea cualquiera el lugar donde ésta se encuentre, dentro de un perímetro no menor a un kilómetro. Cuando la persona investigada y la víctima laboren o estudien en el mismo centro, se ordenará esta medida adecuándola para garantizar la integridad de la víctima; y

4. Intervenir junto con el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez en el cumplimiento de sus funciones en materia de atención a las víctimas del delito de trata de personas.

La Policía Nacional o el Ministerio Público, en el ámbito de su competencia, bajo los principios de proporcionalidad, racionalidad, urgencia y necesidad, podrán solicitar las medidas precautelares reales a la autoridad judicial especializada en violencia o en su defecto ante el Juez de Distrito de Audiencia de la circunscripción donde se efectúa la investigación, cuando se estuviere en presencia de acciones u omisiones que presumiblemente puedan constituir el delito de trata de personas y conexos a fin de evitar la obstrucción de la investigación.

Las medidas precautelares reales deberán ser dictadas dentro del término de las doce horas siguientes después de recibida la solicitud.

1. Embargo preventivo y secuestro de bienes, la anotación preventiva en el registro público;
2. Inmovilización de cuentas bancarias y de certificados de acciones y títulos valores
3. Intervención judicial de empresas para la constitución de la administración conforme la legislación nacional;
4. Definir medidas de custodia y conservación de bienes muebles;
5. Decretar medidas de aseguramiento; y
6. Adoptar cualquier otra medida de carácter patrimonial que puedan servir para garantizar su efectividad.

En general las medidas precautelares podrán recaer sobre bienes o activos pertenecientes a las personas investigadas o relacionadas al delito de trata de personas y conexos, para garantizar las resultas del juicio. La duración de estas medidas se regirá de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Durante la investigación del Delito de Trata de Personas, la Policía Nacional clausurará aquellos locales señalados por la presunción del Delito de Trata de Personas y conexos por un plazo máximo de diez días. El Ministerio Público también podrá requerir a la Policía Nacional, durante la investigación, la clausura de locales por este periodo.

Cualquier clausura que sea superior a este plazo, requiere de una autorización del judicial, quien valorará la solicitud en base al principio de la proporcionalidad y ordenará la clausura mediante resolución fundamentada por el periodo solicitado.

El juez competente, a solicitud del Ministerio Público o de la víctima constituido en acusador particular, deberá decretar la prisión preventiva del acusado, la que en ningún caso debe ser sustituida por otra medida cautelar en cualquier etapa del proceso, sin perjuicio de poder adoptar otras medidas cautelares reales establecidas en el Código Procesal Penal.

Serán apelables por las partes, las resoluciones judiciales que, denieguen, autoricen, modifiquen o extingan una medida de investigación o medida precautelar, cautelar o de protección a víctimas, testigos, o personas en calidad de peritos, técnicos o técnicas de investigación, las que denieguen o autoricen la convalidación de un acto de investigación, así como la solicitud de declaración anticipada, o la acumulación de causas de conformidad al procedimiento dispuesto para la apelación de autos en el Código Procesal Penal.

En los casos de maltrato físico, psíquico, moral, abuso sexual, o explotación en contra de las niñas, niños y adolescentes por parte de sus padres, madres, tutores o cualquier otras personas, podrán ser juzgados y sancionados conforme la legislación penal vigente.

Las personas condenadas por la comisión del delito de Trata de Personas no gozarán del beneficio de libertad condicional, y suspensión de ejecución de la pena.

Refórmase el TÍTULO II, DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, CAPÍTULO II DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL, Artículos 178, 179, 182 y 382 del Código Penal, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7,8 y 9 de mayo del 2008 los que se leerán así:

Será penado de ocho a diez años de prisión y trescientos a quinientos días multas, en cualquiera de las actividades siguientes:

1. Quien explote la prostitución ajena, o se aproveche o beneficie de la explotación sexual de la misma, mediante cualquier tipo de actividad de carácter sexual o pornográfica, aún con el consentimiento de la persona, para sacar beneficio, ventaja o provecho para sí o para un tercero;
2. Quien mantenga, arriende, administre, dirija, financie, supervise o dirija una casa, local, agencia, o mediante la simulación de cualquier otro establecimiento para explotar la prostitución ajena o sexual de una persona, o el que a sabiendas de ello, llevare a cabo alguna función, principal o subalterna, en el local donde se ejerza la prostitución;
3. Quien realice las acciones de controlar, vigilar, someter a las víctimas, cobrar, recibir o despojar del pago producto de la explotación.

I. Se aplicará la pena de diez a doce años de prisión y quinientos un días a mil días multa en los casos siguientes:

1. Cuando la persona autora o partícipe del delito se valga de una relación de parentesco no comprendida en el numeral anterior o de superioridad, autoridad, dependencia, confianza con la víctima, subordinación o dependencia académica o espiritual;
2. Cuando comparta permanentemente el hogar con la víctima;
3. Cuando medie el engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier forma de intimidación o coerción; y
4. Cuando exista el ánimo de lucro.

II. Se aplicará la pena de doce a quince años de prisión y multa de mil días multas en los casos siguientes:

1. Cuando la persona autora o partícipe del delito se valga de una relación de familiaridad hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
2. Cuando la víctima sea niño, niña, adolescente o persona con discapacidad;
3. Cuando a consecuencia del delito de proxenetismo la víctima resulte con un grave daño en la salud física o psicológica o haya adquirido una enfermedad incurable, embarazo, o sea obligada a practicarse aborto; y
4. Cuando la persona autora o partícipe del delito sea servidor o servidora público, o trabaje para organismos internacionales u organismos no gubernamentales cuyo fin esté relacionado con el tema atención o protección a la niñez, adolescencia y mujer.

Comete el Delito de Trata de Personas, quien organice, financie, dirija, promueva, publicite, gestione, induzca, facilite o quien ejecute la captación directa o indirecta, invite, reclute, contrate, transporte, traslade, vigile, entregue, recepcione, retenga, oculte, acoja o aloje a alguna persona con cualquiera de los fines de, prostitución, explotación sexual, proxenetismo, pornografía infantil, matrimonio servil, forzado o matrimonio simulado, embarazo forzado, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, trabajo infantil, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, tráfico o extracción ilícita de órganos, tejidos, células o fluidos humanos o cualquiera de sus componentes, experimentación biomédicas clínica o farmacológica ilícitas, participación en actividades de criminalidad organizada, utilización de menores en actividades delictivas, mendicidad o adopción irregular, para que dichos fines sean ejercidos dentro o fuera del territorio nacional.

Se aplicará la pena de diez a quince años de prisión y mil días multa, la cancelación de licencia comercial, clausura definitiva del local y el decomiso de los bienes muebles e inmuebles utilizados y los recursos económicos y financieros obtenidos.

En ningún caso el consentimiento de la víctima eximirá ni atenuará la responsabilidad penal de las personas que incurran en la comisión del Delito de Trata de Personas.

I. Se impondrá la pena de dieciséis a dieciocho años y multa de mil días en los casos siguientes:

1. Cuando el delito se cometa por medio de amenazas, intimidación, secuestro, chantaje, uso de fuerza u otras formas de coacción; y
2. Cuando la persona autora o partícipe, cometa el delito en ejercicio de poder o valiéndose de una situación de vulnerabilidad de la víctima, cuando recurra al fraude, al engaño, a ofrecimiento de trabajo o cualquier beneficio, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona, que tenga autoridad sobre otra.

II. Se impondrá la pena de diecinueve a veinte años y multa de mil días en los casos en que:

1. La víctima sea una persona niña, niño, adolescente o mayor de sesenta años de edad; o se trate de persona proveniente de los pueblos originarios o afro descendientes, persona con discapacidad, o el hecho fuere cometido por los familiar, tutor o encargado de la educación, guarda o custodia, guía espiritual, líder religioso o comparta permanentemente el hogar de la víctima, o medie una relación de confianza;
2. Quien sustraiga, ofrezca, entregue, transfiera, venda, acepte, adquiera o posea, a un niño, niña o adolescente, alterando o no la filiación, medie o no pago, recompensa o beneficio, con cualquiera de los fines de explotación dispuestos en el delito de trata de personas;
3. Cuando las víctimas en un mismo hecho sean dos o más personas;
4. Cuando los fines de explotación sean dos o más de los previstos en este delito;
5. Cuando a consecuencia del delito de trata de personas, se ponga en peligro la vida de la víctima o ésta resulte con daño grave, en la salud física o psicológica, o haya adquirido una enfermedad grave o incurable, o cuando resulte embarazada o sea obligada a practicarse aborto;
6. Cuando la víctima sea obligada o inducida a consumir drogas o resulte en una condición de adicción;
7. Cuando la persona autora o partícipe del delito de Trata de Personas haya sido condenado por la comisión del mismo delito en el extranjero; y
8. Cuando la persona autora o partícipe del Delito sea servidor o servidora pública o trabaje para organismos internacionales u organismos no gubernamentales cuyo fin esté relacionado con el tema atención o protección a la niñez, adolescencia y mujer.

Si concurren dos o más de las circunstancias previstas en este artículo se aplicará la pena máxima.

Si los fines de explotación se hubieren alcanzado por la misma persona, se aplicará el concurso que corresponda de conformidad al Código Procesal Penal.

A las personas que hayan sido condenadas por la comisión del delito de trata de personas se les impondrá la pena de inhabilitación especial por el mismo periodo de la condena para el ejercicio de la profesión, actividad u oficio relacionado con la conducta.

Quien a sabiendas que una persona se encuentra bajo una situación de explotación sexual, proxenetismo o trata de personas, tuviere relaciones sexuales o realizare actos lúbricos o eróticos con la víctima, será sancionado con la pena agravada en un tercio del delito sexual que corresponda.

La provocación, conspiración o proposición para cometer el delito de trata de personas, serán sancionadas con una pena de cinco a diez años de prisión.

Refórmese el TÍTULO XI MIGRACIONES ILEGALES, CAPÍTULO ÚNICO, Artículo 318. Tráfico de migrantes ilegales, del Código Penal, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2008 el que se leerán así:

Quien con fines de migración ilegal, facilite, promueva o favorezca por cualquier medio la entrada, salida o permanencia de una persona del territorio nacional, será penado de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa.

1. Contrate, traslade, transporte, oculte o albergue personas con fines de migración ilegal;
2. Habilite a una persona que no sea nacional o residente para permanecer en el territorio nacional, sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en el mismo, recurriendo a medios ilegales;
3. Elabore, confeccione, facilite, suministre o posea documentos de viaje o de identidad falsos, con el propósito de hacer posible el tráfico ilícito de migrantes. Así como quien facilite o porte documentos de identidad auténticos, que pertenezcan a otra persona con los mismos fines;

Se incrementarán en un tercio los límites mínimos y máximos de las penas anteriormente previstas cuando:

1. La persona autora o partícipe sea autoridad, servidor o servidora pública, además de la inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo o empleo público;
2. La persona migrante sea niño, niña, adolescente, adulto mayor o persona con discapacidad; y
3. Se ponga en peligro la vida o salud del migrante, por las condiciones en que se ejecuta el hecho o se le cause grave daño físico o mental.
4. Los hechos sean cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, salvo que concurra el delito de crimen organizado; y
5. La persona autora ostenta una posición de superioridad, con relación al resto de personas involucradas en la organización criminal.

Si el delito se comete por imprudencia, la pena a imponer será de tres a cinco años de prisión.

Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal, por su condición migratoria irregular ni por el hecho de haber sido objeto del delito de tráfico ilegal de migrantes.

I. Para la consecución de los fines del Plan Nacional estratégico para la prevención, atención, protección a víctimas, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, las instituciones públicas que integran el Comité Ejecutivo Nacional deben crear la especialidad correspondiente;

II. La persona que a la fecha de aprobación de la presente ley se encuentre desempeñando el cargo de Secretario Ejecutivo, continuará en sus funciones por un periodo de dos años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, previa evaluación el Comité Ejecutivo Nacional lo podrá reelegir por un periodo más;

III. El Ministro o Ministra de Gobernación propondrá al Comité Ejecutivo Nacional el Reglamento de funcionamiento del Fondo para la prevención, atención, protección a víctimas del delito de trata de personas, así como la investigación, persecución y sanción del mismo, para su aprobación;

IV. El Comité Ejecutivo Nacional deberá coordinar y asegurar con las autoridades competentes la elaboración de normativas técnicas y protocolos necesarios para la aplicación de la presente ley.

Declarase día nacional contra la trata de personas el 30 de julio, con el fin de crear conciencia de la situación de las víctimas de trata de personas y conexos, y de promover y proteger sus derechos, en virtud de Resolución A/RES68/192
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el dieciocho de diciembre del año dos mil trece. Corresponde a la Coalición Nacional la celebración de esta fecha, motivando a los demás sectores de la sociedad su participación, los gastos que puedan derivarse de todas las actividades se sufragarán mediante contribuciones voluntarias.

Se promoverá la cooperación bilateral, multilateral y con organismos no gubernamentales para la implementación de plan nacional estratégico para la prevención, atención y protección a víctimas, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, sea en el ámbito técnico como económico.

La cooperación técnica implica el intercambio de información, socialización de buenas prácticas, coordinación interinstitucional, asistencia legal mutua, repatriación ordenada y segura, medidas para el control de las fronteras y protección a las víctimas y las tareas de investigación e inteligencia.

La cooperación financiera o económica implica la gestión de fondos para garantizar la cooperación técnica y la implementación del plan nacional estratégico.

El conjunto de disposiciones establecidas por la presente ley, son sin perjuicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política en el artículo 34 en favor de los procesados.

En todo lo no previsto por esta Ley serán aplicables supletoriamente las disposiciones siguientes:

1. Ley N° 406 Código Procesal Penal; publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 243 y 244 del 21 y 24 de diciembre del 2001;
2. Ley N° 641, Código Penal;, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2008;
3. Ley N° 655, Ley de Protección a Refugiados, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 130 del 9 de julio del 2008;
4. Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados Decomisados y Abandonados; publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 199 y 200 del 19 y 20 de octubre del 2010;
5. El Decreto 70-2010, Reglamento a la Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 223 del 22 de noviembre del 2010;
6. Ley N° 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley N° 641, Código Penal y su reformas; publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 19 del 30 de enero del 2014; y
7. El Decreto 42-2014, Reglamento a la Ley N° 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley N° 641, Código Penal; publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 143 del 31 de julio del 2014.

La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.