Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	7 de Septiembre del 2010	Fechas Posteriores Debate:
Fecha Aprobación:	9 de Septiembre del 2010	08-09-2010
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" LEY DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS "

Remitimos a los honorables diputados a la Orden del Día No. 1, Tomo II, Punto III: DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE DECRETOS Y LEYES PRESENTADOS, Punto 3.37. REFORMA A LA LEY NO. 2.85, LEY DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y OTRAS SUSTANCIAS CONTROLADAS, LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, PUBLICADA EN LA GACETA, DIARIO OFICIAL NO 69 Y 70 DEL 15 Y 16 DE ABRIL DEL AÑO 1999 Y EL PROYECTO DE LEY DE UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS.

Por tanto, solicito al diputado Luis Ulises, proceda a leernos el Informe de Consulta y Dictamen, por favor.

DIPUTADO LUIS ULISES ALFARO MONCADA:

Gracias, señor Presidente.

La Comisión organizó durante los años 2007 y 2008 un complejo y exhaustivo proceso de consulta con todos los operadores de justicia.

En la que artículo por artículo analizaron, debatieron y consensuaron entre ellos y la asesoría de la Comisión la redacción y el contenido del proyecto de Ley objeto del presente dictamen.

Participaron de manera permanente en esta consulta, delegados del Ministerio Público, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Sistema Penitenciario Nacional, Procuraduría General de la República, Jueces, Defensores Públicos, en fin todos los sectores vinculados en la aplicación de la Ley.

Así mismo la Comisión organizó un taller con miembros de organizaciones de la sociedad civil. Desde el año 2009 y lo que va del presente año, la Comisión en pleno realizó reuniones semanales para revisar artículo por artículo y dictaminar el proyecto de Ley, para tal finalidad la Comisión decidió contar en el proceso de dictamen con la presencia de delegados del Ministerio Público, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua, por ser los sectores que enfrentan al crimen organizado de manera directa y han aprendido en la práctica diaria cuales son las disposiciones legales o la práctica judicial que limitan u obstaculizan la eficiencia y efectividad de los operadores de justicia lo que redunda en la impunidad de la delincuencia organizada.

III.- MODIFICACIONES EFECTUADAS.

Producto de las consultas y del proceso de revisión la Comisión efectuó entre otras las siguientes modificaciones a los proyectos de Ley dictaminados:

1. Se modificó el título de la Ley y por lo tanto su contenido y ámbito de aplicación. De denominarse Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas; Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas, pasó a denominarse Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
2. Se introdujeron técnicas de investigación, cuya naturaleza fue definida en el artículo correspondiente, tales como agente encubierto, agente revelador, entrega vigilada y entrega controlada.

3. Se establecieron los delitos que se consideran de crimen organizado, tales como delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, lavado de dinero, terrorismo, secuestro extorsivo, trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción, tráfico de migrantes ilegales, tráfico ilícitos de vehículos, tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos, defraudación aduanera y contrabando, falsificación de moneda, tráfico ilegal del patrimonio cultural.

4. Se mejoró sustancialmente el artículo referido a los Consejos Departamentales de lucha contra el crimen organizado y se incluyó a los Municipios donde también funcionaria este tipo de Consejos.

5. Se suprimieron los artos. 10 y 11 del proyecto que regulaban la integración del comité técnico asesor y sus funciones, por considerar la comisión que no era necesario la existencia de este organismo.

6. Se agregó al arto. 12 Programas de educación, la prohibición de todo tipo de publicación en cualquier soporte que incite o promueva la comisión de los delitos a que se refiere la presente Ley.

7. Se suprimió el arto. 17 del proyecto referido a las licencias de funcionamiento de centrales destinadas a la prevención y rehabilitación de privados de libertad que consuman drogas.

8. No se entró a analizar los capítulos IV de la comisión de análisis financiero y el capítulo V de las Instituciones y actividades Financieras por existir proyecto de Ley de Análisis Financiero, pendiente de dictaminar en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

9. Se varió el procedimiento de incautación, identificación y destrucción, ya que una vez que la Policía Nacional ha identificado técnicamente la droga y procesando su cantidad y peso, señalando nombre de quienes aparezcan involucrados, la acta levantada en vez de enviarse directamente al juez, se envía al Ministerio Público, ya que a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, los jueces ya no investigan, la investigación la realiza el Ministerio Público.

10. Desde que se aprobó el Código Penal los delitos y faltas relacionados con el tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas y lavado de dinero, se suprimieron de la Ley Nº 285 y se integraron al Código Penal, por lo que tampoco aparecen incluidos en esta Ley.

11. Se estableció que el Fiscal General de la República o el Director General de la Policía en la fase investigativa pueden solicitar al Juez levantar el sigilo Bancario, Financiero y Tributario a las personas sujetas a investigación, una vez asignado el juez competente, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional, tendrán acceso directo al juez con carácter de sigilo y urgencia de la medida.

12. Se fortalecieron las medidas precautelares incluyendo además de las que están en la Ley Nº 285, la retención migratoria de las personas investigadas; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares relacionados con el hecho que se investiga; la prohibición a las personas investigadas de comunicarse con determinadas personas vinculadas a los hechos investigados y la suspensión del investigado en el desempeño de su cargo público.

13. Se incluyo un artículo nuevo en el dictamen referido a medidas cautelares tales como la clausura temporal del negocio o empresa y la prisión preventiva, la que no podrá ser sustituida por otra medida cautelar.

14. Se estableció que cuando se utilicen aeropuertos, pistas de aterrizaje y aeronaves la policía o el Ejército podrán ocupar estos y la licencia de funcionamiento de los mismos podrá ser cancelada de forma permanente por las autoridades competentes.

15. Se estableció que para facilitar la detención de los imputados en estos delitos, una vez solicitado el allanamiento y asignado el juez competente tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público, tendrán acceso directo al juez, quien resolverá en el término de una hora.

16. Se incluyeron tres artículos nuevos al dictamen que regulan los asuntos de tramitación compleja, el acuerdo y prescindencia de la acción penal y la colaboración que deben de prestar las personas naturales o jurídicas requeridas por el Ministerio Público.

17. Se incluyo dentro del proyecto dictaminado las regulaciones sustantivas de la creación de la Unidad Administradora de Bienes Incautados: el objetivo de dicha unidad; el nombramiento y las calidades del Director de la Unidad; su estructura administrativa. El depósito inmediato de bienes pecuniarios; la subasta de bienes perecederos; la subasta de precursores; el depósito de bienes habilitados, la contratación de la Unidad con terceros; las calidades del interventor y la subasta pública.

18. Se estableció la forma de distribución provisional de los bienes incautados, decomisadas o abandonados:

- Al Ejército de Nicaragua se le adjudican los medios aéreos y navales, medios de comunicación militar, los sistemas de localización o posicionamiento global (GPS) y las armas fuego.

- A la Policía Nacional, las armas de fuego de uso civil y medidas de comunicación de uso civil.

- Los automotores terrestres de menos de 3,000 metros cúbicos serán otorgados al Ministerio Público, la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia.
19. Se estableció una regla de distribución del dinero decomisado, abandonado u obtenido por la venta de bienes en subasta, se distribuirá por la Tesorería General de la República para ser usado únicamente en programas proyectos y fines de prevención, investigación y persecución de los delitos a que se refiere esta Ley, así como en los programas de rehabilitación, reinserción social coordinación interinstitucional y protección de personas que les presenten la Policía Nacional , Ministerio Público, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Corte Suprema de Justicia, Sistema Penitenciario Nacional, Consejo Nacional Contra el crimen organizada y la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
20. Se establecieron reglas claras para que el tercero de buena fe pueda acudir al Ministerio Público para acreditar su derecho e intervenir en el proceso penal.

21. Se estableció la interceptación de las comunicaciones, previa autorización del juez competente a solicitud del Fiscal General de la Policía Nacional o el Director General de la Policía Nacional, todas las actuaciones de las intervenciones deberá hacerse con pleno conocimiento del Fiscal.

22. Se estableció el deber de colaboración de Empresas o Instituciones prestadoras de servicios de comunicación telefónica, informática o de otra naturaleza electrónica y otras que utilicen el espectro electromagnético y radioeléctrico.

Ramón González Maximino Rodríguez
Vicepresidente Integrante

Luis Ulises Alfaro Moncada Noel Pereira Majano
Integrante Integrante

Marcelino García Quiroz César Castellanos Matute
Integrante Integrante

Yasser Enrique Martínez M. María Lydia Mejía
Integrante Integrante

A discusión el Dictamen en lo general.

Diputado Salvador Talavera, tiene la palabra.

DIPUTADO SALVADOR TALAVERA ALANIZ:

Muchas gracias, Presidente.

Quisiera felicitar a cada uno de los miembros de la Comisión que firmaron el Dictamen de esta ley tan importantísima, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo en Nicaragua. Quiero agradecer a la Bancada del Partido Liberal Constitucionalista, quienes de manera muy cortés me invitaron el día que estuvieron discutiendo esta ley conjuntamente, haciendo las diferentes valoraciones con el Fiscal General de la República y otras personalidades. Debo admitir que daba asco escuchar cómo algunas instituciones supuestamente facultadas para la prevención y para combatir el crimen organizado, han utilizado la falta de esta legislatura para actuar como una verdadera mafia organizada a la hora de repartirse los bienes incautados, y como son personas dentro de esas instituciones quienes se benefician descaradamente, a sabiendas de que en el Código Penal nuestro, aunque no de manera específica, pero en lo general establece más o menos cómo debe administrarse este tipo de recursos. Sin embargo, ha pasado con muchas personas, que simplemente por presunción, porque tienen alguna bonita finca, porque tienen unos bonitos bienes y a alguien que trabaja en esas instituciones que supuestamente combaten al crimen organizado le ha gustado, que luego los acusan sin ningún tipo de prueba y simplemente reparten de inmediato todos estos bienes, vehículos carísimos de todos los niveles. Estoy hablando de magistrados, de comisionados, de sus hijos, de sus familiares, de sus queridas, quienes reciben de manera inmediata cada uno de estos bienes incautados y simplemente hacen y deshacen con ellos como bien les plazca.

En buena hora la Comisión de Justicia envío este Dictamen, en buena hora lo estamos discutiendo en la Orden del Día, y ojalá que lo podamos aprobar en cada uno de los diferentes artículos para que esta ley se pueda implementar a la brevedad posible y se pueda castigar y restringir a los abusivos que están dentro de las principales instituciones, que en vez de velar para que el crimen organizado no se establezca en Nicaragua, más bien pareciera que se están sumando a las mañas y a las costumbres que tiene éstos.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputada María Lydia Mejía, tiene la palabra.

DIPUTADA MARÍA LYDIA MEJÍA MENESES:

Muchas gracias, compañero Presidente.

Para el Estado de Nicaragua es muy importante la aprobación de esta ley, dada la posición geográfica que tenemos; además, vendrá a mejorar y a perfeccionar el trabajo que la Policía viene haciendo en función de la persecución y el aseguramiento de nuestro territorio.

La Comisión de Justicia, de manera unánime trabajamos y aprobamos esta ley con todos los actores que tienen que ver con la misma. Es importante hacer hincapié también, que esta ley viene trabajándose desde hace más de nueve años, y creo que para nuestro país es importante que todos los colegas y las compañeras diputadas la aprobemos el día hoy. Es importante por nuestra juventud, por el pueblo y por la sociedad nicaragüense.

Muchas gracias, compañero Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputada.

Diputado Augusto Valle, tiene la palabra.

DIPUTADO AUGUSTO VALLE CASTELLÓN:

Gracias, Presidente.

Poco a poco hemos visto durante estos años cómo se ha incrementado la delincuencia en Nicaragua, precisamente por la situación geográfica en que nos encontramos en Centro América y por la cercanía a los Estados Unidos de Norteamérica; así como se moderniza la delincuencia y el crimen organizado, así también debemos mejorar el marco jurídico para actualizarlo. La participación de las instituciones pertinentes en este tema, la Policía y el Ejército, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno y la Asamblea Nacional, hacen posible este trabajo muy eficiente de la Comisión de Justicia. Considero que este marco jurídico tiene que desarrollarse, precisamente para darle las herramientas necesarias a estas instituciones para frenar de una vez por todas la tendencia que lleva el crimen organizado, la descomposición social de los narcotraficantes aquí en Nicaragua, tirando el desperdicio de droga para que los estudiantes se sometan y posteriormente ellos puedan pasar libres hacia el Norte de América para llevar el crimen organizado, el tráfico de ilegales, el tráfico de armas y también el tráfico de drogas, motivo por el cual, para la Asamblea Nacional es menester fortificar ese marco jurídico. Por lo tanto, pido a los diputados que apoyemos este proyecto de ley tan importante para la nación.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE EN FUNCIONES, ÓSCAR MONCADA REYES:

Tiene la palabra el diputado Carlos Langrand.

DIPUTADO CARLOS LANGRAND HERNÁNDEZ:

Gracias, Presidente.

Ciertamente esta ley viene, de alguna manera, con las celebraciones del Ejército y la Policía, a decirles también que los diputados de este Parlamento quieren contribuir con la preservación principalmente, a pesar de nuestra pobreza y limitaciones, de ese preciado don que tienen los nicaragüenses como los es la seguridad ciudadana dentro de esta región tan convulsa por el crimen organizado, que aún la podemos respirar en nuestras ciudades, a pesar de que ya estamos viendo cierto deterioro porque obviamente el turismo va aparejado con ésta. Creo que el hecho de ordenar la incautación que se hace a estos elementos que participan del crimen organizado, pues de alguna manera va a regular que los abusos no se cometan, como mencionaba el diputado Talavera, de parte de estos funcionarios.

Pero quiero referirme también, Presidente, al tema de las desafortunadas declaraciones del Presidente de la República. Cuando en el tema de la prevención del crimen organizado, lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes él lanza improperios contra el Gobierno de los Estados Unidos, diciéndoles que les envía únicamente migajas, me parece que el combate del crimen organizado en esta mañana de hoy, todos los diputados estamos entendiéndolo como una función del Estado y como una responsabilidad primordialmente de los nicaragüenses. No interesa que la ruta de la droga sea hacia México, Estados Unidos, Canadá o Europa, todos los nicaragüenses debemos luchar contra el crimen organizado, porque los países que han sido complacientes y sus altas estructuras permeadas y de alguna manera infiltrada por éste, poco a poco ven cómo esta institucionalidad se va perdiendo.

Quiero mencionar que gobiernos próximos al de Nicaragua, donde sabemos que sus funcionarios de alguna manera tramitan leyes y acomodan la legislación para que éstas sean cada vez más suaves, por el contrario los nicaragüenses lo enfrentamos todos juntos sin distingos políticos. Además hago un llamado al Presidente, que el combate al crimen organizado es una responsabilidad de todos: del Presidente, de sus funcionarios, del Ejército, de la Policía, de los diputados y de la sociedad en su conjunto, porque cuando el crimen organizado penetra en nuestro país va hasta el núcleo mismo de la sociedad, nuestra familia, nuestros muchachos, nuestros hijos. Así que el voto de nuestra bancada es favorable a esta iniciativa de ley de la Comisión de Justicia.

Gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Juan Ramón Jiménez, tiene la palabra.

DIPUTADO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ:

Buenos días a todos y todas.

Es importante reconocer el trabajo que ha estado realizando la Policía Nacional y el Ejército, y creo que es momento oportuno en este 31 Aniversario de nuestra Policía y nuestro Ejército, poder nosotros, los diputados de esta honorable Asamblea, aprobar esta ley. Aquí se demuestra que cuando se hacen las cosas de una manera correcta existe eso que se llama la articulación, la coordinación de trabajo entre la parte del Ejecutivo y la parte Legislativa, y me parece que aquí, en el preciso momento cuando ya comencemos a discutir la ley, estaremos dándole un saludo a ese 31 Aniversario del trabajo de la Policía, porque parte de esto viene a fortalecer el trabajo y todo el andamiaje jurídico para contrarrestar el crimen organizado.

En este sentido, quiero felicitar a la Comisión de Justicia por este Dictamen y también al Presidente, a la Junta Directiva y a mis compañeros por escoger este día y ponerlo a discusión precisamente ayer que celebramos el 31 Aniversario de la Policía y en días pasados el del Ejército, como un reconocimiento a su trabajo y a su labor desarrollada en contra del crimen organizado.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Carlos Gadea, tiene la palabra.

DIPUTADO CARLOS GADEA AVILÉS:

Gracias, señor Presidente.

Pensaba que esta ley iba a ser dictaminada a través de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, por una razón; hay unos artículos que rozan con la Constitución Política, específicamente con los derechos constitucionales de los ciudadanos sobre los cuales, si bien es cierto, coincidimos todos en tener que legislar. En este sentido, se están dando facultades a la Policía, a la Fiscalía y a los jueces para hacer allanamientos, para hacer interceptación de comunicaciones, para obligar a las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones a penetrar en ellos y poder investigar entre comillas al crimen organizado, pero en el fondo, a cualquier ciudadano. Se está abriendo la puerta para obligar a los medios de comunicación a que pasen mensajes contra el crimen organizado, exponiéndolos.

Por eso, si bien es cierto respaldamos esta ley, pero hay algunos artículos, entre ellos el artículo 12, para que le pongan atención, y también hay otro sobre el allanamiento, yo le llamo confiscaciones de los bienes incautados. Digo esto porque el pasado 13 de agosto, en la comunidad de Paso Hondo, -así se llama Ulises, está en Pueblo Nuevo-, una familia recibió la visita de más de veinticinco militares camuflados del Ejército y más de veinticinco policías, entre ellos algunos encapuchados que no se sabe qué son, porque entendíamos que los pasamontañas los andaban los terroristas. Hicieron un cateo a las cuatro de la mañana, fuera de horario, con una orden judicial donde la jueza ordena el allanamiento y la captura, porque dice que tuvo información de que ahí había droga, joyas, dinero, dólares. La denuncia la tengo documentada y la vamos a presentar a los Derechos Humanos, porque uno de los policías colocó la droga en la casa de la señora, que si no es porque la señora agarró un tubo y le dijo, “usted me levanta esa droga de ahí y aquí nos morimos los dos, pero no me va a dejar esa droga” fue entonces que tuvo el Jefe de Policía de Estelí que ir a decirle al que llegó a tirar la droga que la recogiera.

Señores, sobre esto yo he denunciado públicamente en los medios de comunicación. Si bien es cierto, tenemos que legislar en ese sentido, pero también tenemos que proteger a los ciudadanos que son víctimas de los abusos de quienes quieren perjudicar a una familia, como fue el caso de la familia Lobo de Paso Hondo, Pueblo Nuevo, y lo tengo documentado. Conozco otro caso de una alta funcionaria de uno de los Poderes del Estado, que a su hija le colocaron la droga en su vehículo, y no es la primera vez, tengo más denuncias de casos como estos que son peligrosos para cualquier ciudadano, y con mucha mayor razón para cualquier político honesto en este país, que le puedan sembrar cualquier cosa de esta.

Si vamos a legislar, debemos dejar puesto candado para que las personas honradas no sean expuestas a que se les confisquen sus bienes y los encarcelen como muchos de los que están en las cárceles del Sistema Penitenciario de Estelí, que son inocentes y están acusados porque les han sembrado la droga, y tenemos prueba para decirlo. Y así como son los allanamientos fuera de la hora establecida, también ocurre en el país, que a cualquiera le pueden detener su vehículo en la carretera, obligarlo a bajarse y registrarle su vehículo, y ahí mismo le pueden colocar cualquier cosa, y una persona que tal vez ha sido honrada toda su vida va a pagar con la cárcel cualquier enemistad que pueda ocurrir en cualquier momento contra cualquier ciudadano.

Por eso, también tenemos que proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos, porque estamos abriendo las puertas para que puedan interceptar cualquier llamada telefónica, puedan llegar a cualquier empresa como Claro, Enitel y decir, señor, páseme las comunicaciones de René Núñez por favor y me las pone aquí; investígueme por favor aquí y me deja todo lo que diga Wilfredo Navarro en su computadora y en todas partes, ya lo están haciendo, lo dice Wilfredo Navarro, no lo digo yo. Sin embargo, es importante que si lo vamos a aprobar y a luchar contra el crimen organizado, también tengamos que luchar contra los abusos que cometen las autoridades, y tenemos prueba para decirlo.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputado.

Diputado Adolfo Martínez, tiene la palabra.

DIPUTADO ADOLFO MARTÍNEZ COLE:

Gracias, Presidente.

Esta ley que se presenta hoy al plenario, fue ampliamente consultada, debidamente consensuada y consideramos que encierra partes que vienen a modernizar la lucha contra el narcotráfico. Así mismo, fortalece el combate al crimen organizado para que este flagelo no destruya la sociedad nicaragüense, como ha sucedido en otros países que hasta asesinan a los migrantes ilegales. Cuando un país no toma medidas a tiempo para contrarrestar y frenar el avance del narcotráfico, en poco tiempo se ve totalmente desmoralizado y tomadas todas sus instituciones por elementos que vienen a causar el destrozo, no solamente al Estado, sino a la sociedad misma. Vemos cómo el crimen organizado está penetrando, incluso en los mismos centros de educación, cómo con cierta liberalidad distribuyen y hacen llegar la droga a los consumidores.

Creo que es importante tomar conciencia de la repercusión que esta ley va a tener para combatir este flagelo. Se crea igualmente la Unidad de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados Provenientes de Actividades Ilícitas, que vendrá a favorecer el destino y distribución de los mismos. Es pues una ley, repito, que fue ampliamente discutida consensuada, y sobre todo fueron llamados para que nos asesoraran, para que nos dieran luces todas aquellas instituciones y personas que tienen la capacidad para aportar y enriquecer este cuerpo legal. De manera que, como miembro de la Comisión de Justicia, solicito a los honorables colegas el apoyo total a esta iniciativa, y que no haya un solo voto en contra.

Gracia, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Brooklyn Rivera, tiene la palabra.

DIPUTADO BROOKLYN RIVERA BRYAN:

Gracias, compañero Presidente.

Esta iniciativa de ley que se nos presenta, sin lugar a dudas es de singular importancia para Nicaragua, cuando cada vez más nos enfrentamos con situaciones que amenazan toda la seguridad del país y de sus pobladores, de sus instituciones están expuestas a la influencia de este mal del narcotráfico, de manera que es de suma importancia la lucha que debemos impulsar como país contra el crimen organizado; pero hay que ir desde las raíces, desde las causas, desde los instrumentos de los que se valen estos grupos que están involucrados en estas actividades ilegales.

Se oye decir que la Comisión de Justicia ha hecho amplias consultas y eso está bien, sin embargo no sabemos si realmente ha cubierto a las víctimas del crimen organizado, a las comunidades, los grupos vulnerables que están ahí, que están sufriendo muchos casos, son las comunidades indígenas, son las que sufren más, porque se encuentran en condiciones vulnerables y su situación, sus opiniones no las vemos recogidas en el Dictamen, hay que tomar en cuenta a las víctimas y hay que garantizar los derechos de los ciudadanos dentro del marco de la lucha que se va realizando.

También debemos realmente ir a fondo contra las personas que se aprovechan de la lucha contra el narcotráfico, muchas veces se castiga a la gente humilde, a la gente sencilla que por una u otra razón se involucran, pero los que se aprovechan que son los jueces, que son los abogados inescrupulosos y hasta en algunos elementos de la Policía, ahí no pasa nada, los dejan impune que sigan actuando y sigan enriqueciéndose con esta actividad. Entonces, la lucha contra el narcotráfico tiene que ir a fondo, todas las instituciones tienen que cerrar filas, pero de una forma transparente, de una forma, abierta, franca y honradamente llevar la lucha adelante, de lo contrario no estamos haciendo nada, y estamos cometiendo atropello contra la gente humilde, contra la gente sencilla, contra la gente que no puede defenderse, y dejamos que los otros, los culpables se sigan aprovechando.

Finalmente, también estamos interesados, compañero Presidente, que sobre los bienes, los equipos, los medios que se incautan, de igual manera las regiones que están involucradas por las áreas donde se realizan las actividades, participen y que tengan que decidir. Por ejemplo en la Costa Caribe, todas las actividades que se realizan en el Atlántico Norte, después se llevan los bienes, las pangas, los motores al Atlántico Sur y ahí los dejan, los distribuyen y benefician esa zona, en cambio al norte no lo cubren. Entonces vamos a observar en el articulado a ver si podemos incluir aspectos para que se haga un equilibrio en término de los beneficios que se derivan de esta lucha.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Cerramos con Edwin Castro, quien tiene la palabra.

DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:

Gracias, Presidente.

Además de asumir las palabras de Popo cuando habla de que esta ley fue ampliamente discutida en la comisión, si quería dejar claro para que no haya ninguna mala interpretación en el plenario y que quede claro en el Diario de Debates que si de algo fuimos cuidadosos en la Comisión de Justicia fue en el respeto constitucional de los derechos y tuvimos especial cuidado de que los derechos fundamentales fueran y estuvieran al frente de esta lucha. Así que no podíamos sacrificar derechos en la lucha contra el crimen organizado, si tenemos que defender el derecho de la gente de luchar contra el crimen organizado que le afecta sus derechos, pero tampoco podemos con esto darle carta blanca a la Policía para actuar por modus propio sin autorización a como manda la Constitución de la República. Si la Constitución de la República manda que no pueda haber ningún allanamiento si no es con orden judicial y eso queda claramente definido en el artículo 39, con el respeto constitucional que corresponde, quedamos claros de que las medidas precautelares las toma el judicial y quedamos claros de que esta ley tiene además un componente importante que es un componente educativo preventivo a la sociedad, donde entra en el sistema de prevención, tanto el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación, como las autoridades regionales para que sea a través de sistemas y programas educativos que vayamos trabajando entre toda la sociedad en el combate y la lucha contra el crimen organizado. Esta lucha contra el crimen organizado es de la Policía y del Ejército como primera línea, pero es de toda la sociedad si no, no podríamos ganar esta lucha, y eso es lo que trae esta ley. Es un llamado a una participación conjunta de todos en la lucha contra el crimen organizado para mantener a Nicaragua como el país de mayor eficiencia contra el crimen organizado y como el país más seguro de Centroamérica, gracias a la sociedad nicaragüense que apoya a su Policía y a su Ejército en este combate.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Pasamos entonces a la votación en lo general del Dictamen.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

65 votos a favor, 21 presentes, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Dictamen en lo general.

Pasamos ahora a ver si discutimos en lo particular por capítulo o por artículo. Los que estén de acuerdo que sea por capítulo, votan en verde, los que estén de acuerdo que sea por artículo, votan en rojo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

44 votos a favor de que se discuta por capítulo, 16 que se discuta por artículo, 25 presentes, 0 abstención. Se aprueba la discusión por capítulo.

SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

De igual forma esta ley pretende coordinar políticas, planes y acciones de lucha en contra de estas actividades ilícitas por medio de los órganos competentes del Estado, encargados de preservar el orden interno, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional.

a) La política nacional del enfrentamiento al crimen organizado.

c) La prevención, tratamiento, rehabilitación, control, fiscalización, investigación, procedimientos para coadyuvar en el juzgamiento de toda actividad relativa al financiamiento, producción, extracción, tenencia, industrialización o procesamiento, transporte, traslado, siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento, tráfico, elaboración, promoción, suministro, posesión, uso, consumo, así como toda forma de comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y otros productos químicos y sustancias controladas, así como otras sustancias inhalables susceptibles de producir dependencia física o psíquica y que estén incluidas en las listas o cuadros anexos a la presente ley y sus actualizaciones que según el orden de incorporación de nuevas sustancias que realice el Ministerio de Salud, así como los contenidos en los Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales ratificados por Nicaragua.

El Ministerio de Salud publicará las listas actualizadas sobre estupefacientes, psicotrópicos, precursoras, productos químicos, sustancias inhalables y otras sustancias controladas, en cualquier diario de circulación nacional, sin perjuicio de su publicación posterior, en La Gaceta, Diario Oficial.

e) La creación y funciones de la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

a) Crimen organizado: Grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional estructurada, de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con la finalidad de obtener directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole, con el propósito de cometer uno o más delitos graves establecidos en la ley.

b) Agente Encubierto: El funcionario especializado de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua que, con autorización del máximo órgano de la Institución a la que pertenezca, oculta su identidad oficial y se introduce en las organizaciones delictivas simulando ser parte de ellas o estar interesado en la comisión del delito que se investigue, con el propósito de identificar a los autores o participes, las acciones delictivas realizadas, el modo de operación, la estructura organizativa, sus planes de acción, los contactos, los medios y los resultados de la actividad delictiva, así como también la identificación de prueba que pueda ser aportada al proceso penal.

c) Agente Revelador: El funcionario policial que con autorización del Director General de la Policía Nacional, simule interés en trasladar, comprar, adquirir o transportar para sí o para terceros, dinero, bienes, personas, servicios, armas, sustancias incluidas en la lista o cuadros anexos a esta ley o interesarse en cualquier otra actividad de crimen organizado, con la finalidad de lograr la manifestación de la conducta o hecho ilícito o incautación de sustancias o bienes ilícitos y la identificación o captura de autores o participes.

d) Adicción o toxicomanía: Estado de intoxicación periódica o crónica producido por el consumo repetido de una droga.

e) Bienes: Los activos o derechos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Integran el concepto, los objetos o valores utilizados, obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de los delitos regulados por la ley.

f) Droga: Toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica sus funciones fisiológicas y psicológicas con efectos estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno.

g) Decomiso: La privación con carácter definitivo de dinero, bienes o activos por decisión de autoridad judicial competente.

h) Dosis terapéutica: La cantidad de drogas lícitas o medicamento que un médico prescribe según las necesidades clínicas de su paciente.

i) Estupefacientes: Sustancias con alto potencial de dependencia y abuso que pertenecen a diferentes categorías como analgésicos, narcóticos, estimulantes del sistema nervioso central (SNC) alucinógenos que estén incluidas en la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes del 30 de marzo de 1961, Convención enmendada por el Protocolo de 1972, Convención de Viena de 1988 y las que queden sujetas al control internacional en el futuro, así como las que el Ministerio de Salud declare como tales.

j) Embargo preventivo, secuestro u ocupación o custodia: La prohibición provisional de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes; la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido por autoridad competente.

k) Estado de tránsito: Es el país de tránsito a través de cuyo territorio se trasladan dinero, armas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias controladas de carácter ilícito y que no es el punto de procedencia ni el de destino definitivo.

l) Entrega controlada: Es un acto especial de investigación que se realiza en el territorio nacional o fuera de él, que consiste en intercepción y control de la cantidad, calidad y volumen de remesas presumiblemente ilícitas de dinero o títulos valores, armas, sustancias controladas, precursores o instrumentos que hubieren servido o pudiesen servir para la comisión de alguno de los delitos relacionados en la presente ley, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de incautarlos e identificar o descubrir a las personas involucradas en su comisión, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies mencionadas, prevenir y comprobar cualquiera de tales delitos.

m) Entrega vigilada: Es un acto especial de investigación que se realiza a solicitud de uno o más Estados sustentada en convenciones, tratados o convenios que tiene como finalidad permitir que remesas ilícitas de dinero o títulos valores, armas, sustancias controladas, precursores o instrumentos que hubieren servido o pudiesen servir para la comisión de alguno de los delitos relacionados en la presente ley, entren al país, lo atraviesen y salgan de él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el interés de identificar a las personas implicadas o la recopilación de elementos probatorios.

n) Farmacodependiente: Toda persona que presenta una modificación de su estado psíquico y físico causado por la interacción entre un fármaco y su organismo.

La farmacodependencia se caracteriza por las modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a consumir un fármaco en forma continua o periódica. La dependencia puede ir acompañada o no de tolerancia, una misma persona puede ser dependiente de uno o varios fármacos.

o) Informante: Es quien suministra datos o antecedentes a los órganos especializados de la Policía Nacional o de inteligencia del Ejército de Nicaragua, sobre la preparación o comisión de un delito o de quienes participaron o han de participar en el.

p) Incautación: Se entiende por incautación el apoderamiento por la autoridad competente de bienes e instrumentos por delitos o faltas, con la finalidad de preservar los elementos de convicción para el resultado de un juicio.

q) Instrumentos: Las cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas de cualquier manera para la comisión de un delito de los establecidos en la presente ley.

r) Objetos: Son aquellos que se relacionan con el delito y por disposición de la autoridad, son recogidos y conservados para servir como medios de prueba.

s) Lavado de dinero, bienes o activos: Se entenderá como tal, lo establecido en el Código Penal.

t) Psicotrópico: Cualquier sustancia, natural o sintética, que actúa en el sistema nervioso central, comprendida en el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de febrero de 1971 y la Convención de Viena de 1988 u otro Convenio que lo sustituya o modifique, así como las sustancias que el Ministerio de Salud califique como tales.

u) Precursor: Toda sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se producen, sintetizan u obtienen drogas, estupefacientes o psicotrópicos.

v) Producto (s): Bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de uno de los delitos a que hace referencia esta Ley.

w) Persona: Todos los entes naturales o jurídicos susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, como sociedad anónima, corporación, sociedad colectiva, fideicomiso, sucesión, asociación, cooperativa, grupo financiero, o cualquier empresa conjunta u otra entidad o grupo no registrado como sociedad.

x) Protección de testigos, peritos y demás sujetos procesales: Conjunto de medidas, acciones y procedimientos tendientes a salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad o bienes del testigo, peritos y demás sujetos procesales, o de la familia de un sujeto protegido.

y) Sustancia inhalable: Aquella que tiene la propiedad de transformarse en vapor o gas y otras que posibilita su aspiración y contacto con los pulmones, de donde pasa al torrente sanguíneo y de este a los demás órganos y al sistema nervioso y da lugar a una intoxicación que puede producir lesiones.

z) Transportista comercial: Es la persona o entidad pública, privada o de otro tipo dedicada al transporte de personas, bienes o correo a título oneroso.

a.1) Testaferro: Cualquier persona natural o jurídica, que preste su nombre para adquirir bienes o servicios con dinero provenientes del crimen organizado.

a.2) La Unidad: Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados provenientes de delitos de bienes o activos o del crimen organizado.

a. Financiamiento ilícito de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas, artículo 348, Producción de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas artículo 349, Producción, tenencia o tráfico ilícito de precursores artículo 350, Industrialización o procesamiento ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas artículo 351, Transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas artículo 352, Construcción o facilitación de pistas o sitios de aterrizaje artículo 354, Almacenamiento de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias controladas artículo 355, Tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas artículo 359 y Provocación, proposición y conspiración artículo 360 todos del Código Penal.
b. Lavado de dinero, bienes o activos; artículo 282 del Código Penal.
a. Crimen organizado; artículo 393 del Código Penal.
b. Terrorismo; artículo 394 del Código Penal.
c. Financiamiento al terrorismo; artículo 395 del Código Penal.
d. Secuestro extorsivo; artículo 164 del Código Penal.
e. Asesinato; artículo 140 del Código Penal.
f. Trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción; artículo 182 del Código Penal.
g. Tráfico de migrantes ilegales; artículo 318 párrafo primero y tercero del Código Penal.
h. Tráfico ilícito de vehículos; artículo 227 párrafo segundo y tercero del Código Penal.
i. Tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos; artículo 346 del Código Penal.
j. Tráfico ilícito de arma artículo 402 párrafo primero, fabricación, tráfico, tenencia y uso de arma restringida, sustancia o artefactos explosivos artículo 404, tráfico, acopio o almacenamiento de armas prohibidas artículo 405 y construcción o facilitación de pista de aterrizaje artículo 406 todos del Código Penal.
k. Defraudación aduanera artículo 307 y contrabando artículo 308 ambos del Código Penal.
l. Delitos contra el sistema bancario y financiero; artículo 280 párrafos primero, segundo y quinto del Código Penal.
m. Estafa agravada; artículo 230 del Código Penal.
n. Falsificación de moneda; artículo 291 del Código Penal.
o. Tráfico ilegal del patrimonio cultural; artículo 299 párrafo segundo del Código Penal.
p. Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago; artículo 175 párrafos primero, segundo y cuarto del Código Penal.
q. Promoción del turismo con fines de explotación sexual, artículo 177 del Código Penal.
r. Manipulación genética y clonación de células; artículo 146 párrafo segundo del Código Penal.
s. Manipulación genética para producción de armas biológicas; artículo 147 del Código Penal.
t. Delito de piratería, artículo 328 Código Penal.
u. Cohecho cometido por autoridad, funcionario o empleado público artículo 445, cohecho cometido por particular artículo 446, requerimiento o aceptación de ventajas indebidas por un acto cumplido u omitido artículo 447 párrafo primero, enriquecimiento ilícito artículo 448, soborno internacional artículo 449, tráfico de influencias artículo 450, peculado artículo 451, fraude artículo 454, Exacciones artículo 455, negocios incompatibles con el destino artículo 457, uso de información reservada artículo 458 y tercero beneficiado artículo 459 todos del Código Penal.
v. Prevaricato artículo 463 y obstrucción a la justicia artículo 480 párrafo tercero ambos del Código Penal.
w. Corte, aprovechamiento y veda forestal articulo 384 párrafo cuarto del Código Penal.
x. Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos anteriormente indicados.

El Consejo Nacional gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. Sesionará en forma ordinaria y obligatoria cuatro veces al año y de forma extraordinaria cuando lo soliciten tres de sus miembros mediante convocatoria del Presidente o Vicepresidente, la que se notificará con setenta y dos horas de anticipación como mínimo, a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional.

El Consejo Nacional rendirá el informe de su gestión anualmente por medio de su Presidente ante el Presidente de la República y ante la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y de forma extraordinaria cuando esta lo requiera.

El Consejo Nacional funcionará y estará representado en todas las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, Departamentos y Municipios del país y en los Consejos Departamentales, Municipales o Regionales, según sea el caso y contará con un fondo rotativo para la consecución de sus fines, el que estará constituido por:

a. Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto General de la República, por gestión del Consejo Nacional;
b. Los recursos y asignaciones autorizadas por la presente ley para el cumplimiento de sus fines;
c. Previa comprobación de la licitud de su origen, las donaciones de particulares e Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras y cualquier otro recurso que pueda percibir.

a. El Ministro de Gobernación, quien lo preside y representa;

b. El Fiscal General de la República, quien será el Vicepresidente y en ausencia del Presidente lo preside;

c. Un Diputado miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional;

d. El Director General de la Policía Nacional;

e. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia;

f. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua;

g. El Procurador General de la República;

h. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos;

i. El Ministro de Relaciones Exteriores;

j. El Ministro de Salud;

k. El Ministro de Educación;

l. El Ministro de la Familia, Adolescencia y Niñez;

m. El Ministro de Defensa;

n. El Director del Instituto Nicaragüense de la Juventud;

ñ. El Superintendente General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

a. Elaborar un plan quinquenal del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado;
b. Elaborar las políticas y programas nacionales en materia de prevención y lucha de la Narcoactividad, Lavado de Dinero, Bienes o Activos y crimen organizado, que pongan en peligro la salud pública, la seguridad y la defensa nacional;
c. Facilitar la coordinación de las Instituciones del Estado en las políticas y programas para la prevención y lucha contra el crimen organizado, como sistemas complejos y bien estructurados;
d. Dictar las normas internas de organización y funcionamiento del Consejo Nacional y de la Secretaría Ejecutiva, para el debido cumplimiento de sus funciones;
e. Administrar los fondos específicos a que se refiere la presente ley con sujeción a lo dispuesto sobre la administración de los recursos públicos;
f. Requerir, obtener y procesar la información y los resultados del trabajo que realicen entidades públicas y privadas en la prevención de la narcoactividad y la rehabilitación de los drogodependientes;
g. Promover la cooperación e intercambio de experiencias con Organismos Regionales e Internacionales, para realizar una lucha efectiva contra la narcoactividad, el crimen organizado y sus diversas manifestaciones;
h. Coordinar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las acciones relativas al proceso de negociación de Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales sobre la materia;
i. Recomendar la suscripción o en su caso la adhesión de Tratados, Acuerdos o Convenios sobre la materia sean estos de carácter bilateral o multilateral y darle seguimiento a su aplicación;
j. Promover la presentación y aprobación de iniciativas de Ley en la lucha contra la narcoactividad, el crimen organizado, junto a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional;
k. Crear un centro de documentación nacional e internacional sobre esta materia, para lo cual las entidades que forman el Consejo Nacional deberán suministrar periódicamente información sobre sus actividades en relación a las regulaciones establecidas en la presente ley;
l. Constituir y organizar comités o grupos de trabajo permanentes o transitorios para la discusión de temas especiales de esta materia contando con técnicos nacionales y extranjeros contratados al efecto;
m. Promover campañas de prevención nacional sobre el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil;
n. Gestionar y recibir a cualquier título, bienes de particulares e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras y rendir informe anual de la administración de estos bienes a la Contraloría General de la República;
o. Solicitar a los funcionarios de las entidades públicas y privadas la colaboración para el cumplimiento de las funciones y objetivos establecidos en la presente ley;
p. Crear un directorio de los servicios terapéuticos en la oferta asistencial, tales como servicios de desintoxicación, centros ambulatorios, comunidades terapéuticas con enfoque integral de atención a drogodependientes;
q. Nombrar, sancionar y destituir al Secretario Ejecutivo;
r. Las demás que le asigne la ley.

Para la formulación, control de ejecución y cumplimiento de políticas públicas relativas a la prevención y rehabilitación de los delitos a que se refiere esta ley, el Consejo escuchará la opinión de los expertos de las Instituciones que lo integran y de las organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema.

a. Los delegados de las Instituciones que conforman el Consejo Nacional que tuvieren representación en el Departamento, Municipio o Región;

b. El Alcalde o Vice-Alcalde;
c. Las Instituciones o asociaciones civiles que determine el Consejo Departamental, Municipal o Regional que trabajen en la materia a que se refiere esta ley.

Los Consejos Departamentales serán presididos por el delegado del Ministerio de Gobernación. El Delegado del Ministerio de Público fungirá como Secretario del mismo, quien deberá informar al Consejo Nacional de las actuaciones y decisiones tomadas en el seno del Consejo Departamental.

Los Consejos Municipales serán presididos por el Alcalde del Municipio. El Secretario será escogido dentro de los integrantes del Consejo, quien deberá informar al Consejo Departamental o al Consejo Regional correspondiente de las actuaciones y decisiones tomadas en el seno del Consejo Municipal.

Cada uno de los Consejos correspondientes a la Región Autónoma del Atlántico Norte RAAN y Región Autónoma del Atlántico Sur RAAS, será presidio por el coordinador de gobierno de la región respectiva. El delegado del Ministerio de Gobernación de cada región fungirá como Secretario del Consejo correspondiente quien deberá informar al Consejo Nacional de las actuaciones y decisiones tomadas en el seno del Consejo Regional.

a. Dar cumplimiento a las decisiones del Consejo Nacional y seguimiento a sus acuerdos, así como realizar los estudios, trabajos, proyectos y programas que éste le encomiende;

b. Formular las propuestas de planes, proyectos y programas que considere necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Consejo Nacional y presentarlos a la consideración de este para su aprobación;
c. Servir de enlace del Consejo Nacional con sus Consejos Departamentales, Municipales o Regionales, las entidades estatales y privadas nacionales e internacionales que se ocupan del estudio, prevención, investigación, control y rehabilitación en materia a que se refiere la presente ley;

d. Elaborar el proyecto del presupuesto del Consejo Nacional y presentarlo ante éste para su aprobación;
e. Administrar el centro de documentación nacional e internacional y crear una base de datos sobre los delitos a que se refiere esta ley, con capacidad legal para requerir, recopilar y procesar estadísticas e información;
f. Suministrar estadísticas e información a las instituciones que integran el Consejo Nacional y a organismos internacionales de conformidad con Tratados, Acuerdos y Convenios de los que Nicaragua sea parte;
g. Informar periódicamente al Consejo Nacional sobre sus actividades;
h. Ejercer como Secretario del Consejo Nacional, con voz pero sin voto;
i. Proponer al Consejo Nacional el nombramiento del personal técnico y administrativo que integrará la Secretaría;
j. Las demás que le asigne el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado.

Queda prohibido todo tipo de publicación, publicidad, propaganda o programas que se divulguen a través de los medios de comunicación que contengan estímulos y mensajes subliminales, auditivos, impresos o audiovisuales, que inciten y promuevan la comisión de los delitos a que se refiere la presente ley.

a. Actualizar periódicamente las listas y cuadros de las sustancias anexas a la presente ley, según el orden de inclusión de nuevas sustancias, conforme a la legislación nacional y a los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua;

b. Autorizar la importación, exportación, almacenamiento, comercialización, distribución y transporte, de medicamentos y sustancias controladas que produzcan drogodependencia, todo conforme a las necesidades sanitarias, las listas anexas y actualizadas por el Ministerio de Salud;

c. Llevar un registro y control de medicamentos y sustancias controladas, así como de otros productos químicos y sustancias inhalables que produzcan dependencia que se fabriquen o introduzcan al país;

d. Regular y controlar la elaboración, producción, transformación, adquisición, distribución, venta, consumo y uso de medicamentos y sustancias controladas que causen dependencia;

e. Autorizar la venta al público de medicamentos estupefacientes que causen dependencia, mediante receta médica en un formulario oficial expedido y controlado por el Ministerio de Salud, de acuerdo a la lista elaborada por éste que deberán estar expuestas en lugar visible en todas las farmacias del país. La venta de medicamentos psicotrópicos se realizará de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 292, Ley de Medicamentos y Farmacia, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 103 del 4 de junio de 1998.

El Ministerio de Salud deberá autorizar y controlar todas las instancias privadas o públicas que se dediquen al manejo, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de la persona adicta.

El Ministerio de Salud enviará periódicamente informe sobre los centros de rehabilitación que funcionen en el país al Consejo Nacional.

A su vez queda prohibida la posesión, tenencia, almacenamiento y comercio de semillas con capacidad germinadora de las plantas citadas, salvo autorización expresa del Ministerio de Salud.

Quienes fueren autorizados por el Ministerio de Salud, deberán informarle mensualmente sobre el movimiento de tales sustancias con determinación de cantidad, tipo, peso, volumen; así como el destino final de las mismas. El Ministerio de Salud, deberá suministrar la información a la Policía Nacional.

Los pegamentos y otros productos similares, para su importación, internación o comercialización en el mercado nacional, deberán contener un agente catalítico que neutralice el factor adictivo del producto. La importación de estos productos deberá contar con la autorización y control del Ministerio de Salud, que garantice el cumplimiento de la presente Ley.

Los precursores y otros productos químicos se identificarán con sus nombres y clasificación con que figuran en la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías.

Estos sistemas de clasificación se utilizarán en los registros estadísticos y en los documentos relacionados con su importación, exportación, tránsito, trasbordo, con otras operaciones aduaneras y con zonas y puertos francos.

Si hubiere reincidencia se procederá a la cancelación de la autorización otorgada por el término de doce meses, contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal.

Lo señalado en el párrafo anterior deberá contar en el acta de incautación e identificación técnica suscrita por el investigador policial y el Fiscal si estuviera presente.

Se faculta al funcionario policial actuante que deba practicar las diligencias, a trasladar a un lugar seguro y con condiciones adecuadas estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, evidencias y personas involucradas, por razones de seguridad, ambientales, climatológicas, geográficas o cualquier otra situación que ponga en riesgo a las personas, evidencias o la correcta ejecución de las diligencias, haciendo constar en el acta esta situación.

La destrucción se realizará en instalaciones o lugares que aseguren mayor eficacia en su eliminación y menor afectación al medio ambiente o las personas.

El Ministerio de Gobernación, el Fiscal General de la República o el Director General de la Policía Nacional podrán ordenar una prueba aleatoria sorpresiva en el terreno, previa a la destrucción de la droga incautada.

Las muestras se conservarán en un lugar que garantice su identidad e integridad. Si se dictare resolución firme de desestimación o falta de mérito, sobreseimiento o sentencia de no culpabilidad, las muestras se destruirán inmediatamente, salvo que por solicitud del fiscal, sean útiles para la investigación de otros delitos u otros sujetos o para fines de asistencia o cooperación internacional. Igualmente cuando exista resolución de por ahora del Ministerio Público solicitando archivar el caso por el plazo establecido en la Ley, la muestra debe preservarse. En esos casos las muestras se pondrán a la orden de la autoridad competente para lo que corresponda.

Si se dicta sentencia condenatoria las muestras se conservarán al menos durante un año posterior a la firmeza de la sentencia.

En casos de urgencia, por razones de seguridad o distancia, o por la gran cantidad de plantas descubiertas, se prescindirá de la autorización judicial para destruir las plantas, requiriendo la autorización del Director General de la Policía Nacional y previo a su destrucción inmediata se tomarán muestras suficientes para posteriores análisis técnicos. De lo actuado se levantará un acta.

Se considera que existe urgencia cuando, de no actuar en el acto la Policía Nacional, los resultados de la investigación se frustrarían por la fuga de los imputados o por la desaparición o alteración de la evidencia u otro medio probatorio. Igualmente se considera urgencia la intervención policial sorpresiva cuando, por la conformación o medios de que dispone el grupo criminal, exista peligro serio de obstaculización a la actividad investigativa.

La Dirección General de Servicios Aduaneros y el Ejército de Nicaragua, están facultados para retener en casos de flagrante delito los estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y los bienes, objetos, productos e instrumentos, vinculados a los hechos delictivos los que deberán ser puestos a la orden de la Policía Nacional para su investigación correspondiente, con el conocimiento del Ministerio Público.

Las autoridades que retengan incauten, secuestren u ocupen productos o instrumentos deberán informar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la Unidad a la que se refiere esta Ley, para efectos de un registro provisional de los mismos.

Una vez iniciado el proceso, el levantamiento podrá ser solicitado por cualquiera de las partes.

a. Retención migratoria de la o las personas investigadas;

b. El embargo de bienes y su respectiva anotación preventiva en los registros correspondientes;

c. La prohibición a las personas investigadas de concurrir a determinadas reuniones o lugares relacionados con el hecho que se investiga;

d. La prohibición a las personas investigadas de comunicarse con determinadas personas vinculadas a los hechos investigados;

e. La suspensión del investigado en el desempeño de su cargo público, cuando el hecho por el cual se le investiga haya sido cometido prevaliéndose del mismo;

f. La inmovilización de las cuentas bancarias y otros productos financieros del imputado o los imputados, testaferros o de personas que se hayan beneficiado directa o indirectamente por los delitos cometidos;

g. La intervención de la Institución, sociedad de cualquier tipo o negocio que participe directa o indirectamente en la comisión de crimen organizado.

En el caso de la intervención de entidades financieras o bancarias será la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras quien realice la intervención.

Las medidas podrán ordenarse hasta por un año y serán prorrogables hasta por un año más, previa resolución judicial. Si transcurridos esos plazos no se formula y admite acusación, deberán cesar las medidas decretadas.

El juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cada tres meses y cuando cesen o se modifiquen sustancialmente los presupuestos de su resolución, las sustituirá por otras menos gravosas. En cualquier momento procederá la revisión extraordinaria de medidas, a solicitud de parte.

a. La clausura temporal del negocio o empresa;

b. La prisión preventiva, la que no podrá ser sustituida por otra medida cautelar, cuando se trate de los siguientes delitos a que se refiere esta Ley, tráfico de migrantes ilegales, lavado de dinero, bienes o activos, trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción, tráfico ilícito de armas, tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos, terrorismo, delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y crimen organizado.

La Policía Nacional podrá ocupar e inhabilitar pistas, campos o sitios para el aterrizaje de cualquier tipo de aeronave, que no se encuentren autorizadas.

Las aeronaves serán entregadas en depósito al Ejército de Nicaragua de conformidad con la Ley de la materia.

La práctica del allanamiento en los casos de delitos a que se refiere esta Ley, se considerarán graves y urgentes para efectos de lo contemplado en el artículo 217, del Código Procesal Penal.

En casos de urgencia, conforme el artículo 246 del Código Procesal Penal, la Policía Nacional podrá allanar, registrar y secuestrar bienes vinculados a los delitos a que se refiere esta Ley, los que podrán ser convalidados por la autoridad judicial competente.

En lo que concierne al contenido de la solicitud, de la resolución judicial y las formalidades del allanamiento, se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

Las personas naturales o jurídicas requeridas por el Ministerio Público, en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley, deberán atender el requerimiento, dentro de un término no mayor de 3 días hábiles. Si el incumplimiento implica la comisión de un delito, se procederá de acuerdo a la legislación penal.

La información bancaria, financiera y tributaria será solicitada de conformidad al procedimiento establecido en esta Ley.

Cuando la Unidad entregue en depósito los bienes, objetos, productos e instrumentos, el depositario deberá garantizar la identidad e integridad de los mismos en especial en aquellos aspectos relevantes para el proceso penal.

Cuando sean bienes, objetos, productos e instrumentos abandonados serán entregados a la Unidad por la autoridad administrativa competente y distribuida en la forma establecida en la presente Ley, una vez concluidos los actos de investigación y emitida la resolución correspondiente por el Ministerio Público.

En los delitos a que se refiere esta Ley, la autoridad judicial ordenará el depósito judicial exclusivamente a cargo de la Unidad, quien los tendrá a la orden de la autoridad competente, la que a su vez podrá ordenar el depósito administrativo, según corresponda, conforme a los criterios y el procedimiento establecido en esta Ley. Igualmente, cuando proceda el comiso o decomiso en causas seguidas por esos delitos, la autoridad judicial los ordenará a favor de la Unidad y pondrá los bienes a su disposición.

1. Ser nicaragüense;
2. Ser graduado en administración de empresas, economía, contaduría pública o finanzas y con cinco o más años de experiencia profesional acreditada;
3. Ser de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud;
4. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
5. No haber sido condenado por delitos contra la administración pública; y
6. Rendir la declaración de todos sus bienes de conformidad con lo que establece el órgano competente del Estado.

a. Administrar, guardar, custodiar e invertir los bienes, objetos, productos e instrumentos que la autoridad competente ponga en depósito. Evitar que se alteren en detrimento de los mismos, se deterioren, desaparezcan o se destruyan y en los casos que proceda, someterlos al procedimiento de subasta, asignación o donación, de conformidad con esta Ley y el reglamento respectivo;
b. Recibir los bienes, productos e instrumentos que el órgano jurisdiccional, la Policía Nacional o el Ministerio Público, le entreguen;
c. Emitir las normativas y demás disposiciones, a los que deberán de ajustarse los depositarios, administradores, gestores e interventores de los bienes incautados;
d. Organizar, coordinar y ejecutar los procesos derivados de las ventas en públicas subasta;
e. Organizar, coordinar y llevar a cabo los procesos relacionados con la incautación de bienes cuando sea requerido por la autoridad competente;
f. Establecer controles para el eficiente y efectivo manejo de los almacenes y depósitos de bienes, objetos, productos e instrumentos del delito, elaborando para tal efecto un inventario desde el momento que éstos se pongan en depósito. Dicho inventario se debe actualizar periódicamente;
g. Las demás que señale la presente ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

1. Dirección General de la Unidad;
2. Área Financiera Administrativa;
3. Área de Custodia y Registro;
4. Área Jurídica y de Legalización; y
5. Área de Informática y Comunicaciones.

La Unidad podrá invertir el dinero bajo cualquier figura financiera ofrecida por los bancos, que permitan maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. Los intereses o rendimientos generados podrán ser reinvertidos en iguales condiciones.

Si llevada a cabo la audiencia de subasta, no se presentaran ofertas o por cualquier otra circunstancia no se realizare la venta, la Unidad donará los productos al Sistema Penitenciario o cualquier institución de beneficencia de carácter público o privado. Esta distribución se realizará mediante acta y se llevará conforme a las reglas de equidad y transparencia.

La designación de depositario se dejará sin efecto en caso de demostrarse en el proceso, que el depositario hubiere tenido participación en el hecho sujeto a juzgamiento.

La duración del contrato de alquiler estará limitada a la del proceso, debiendo el arrendatario otorgar las garantías suficientes para la restitución de los inmuebles en las mismas condiciones que los hubiera recibido, salvo el desgaste natural emergente del buen uso.

1. Experiencia de 3 años o más en administración, preferiblemente en actividades gerenciales o que hubiere sido interventor;
2. Tener solvencia económica y ser de reconocida honorabilidad acreditada; y
3. Rendir fianza en proporción a los bienes por los que va a responder. La cual servirá para responder por los daños o pérdidas que pudiesen ocasionarse en los bienes. El monto de la fianza deberá ser establecida por el órgano competente del Estado.

La Unidad deberá publicar un aviso de invitación pública, para la presentación de propuestas y deberá decidir la adjudicación con tres propuestas por lo menos. En el evento de que no se presente sino un solo oferente y su propuesta resulten elegible, podrá adjudicársele el o los bienes subastados, dejando constancia de este hecho en el acta respectiva.

El producto de la subasta será distribuido de la forma que indica la presente Ley.

a. Los medios aéreos y navales, medios de comunicación militar, los sistemas de localización o posicionamiento global (GPS) y las armas de fuego de uso restringido, serán entregados al Ejército de Nicaragua;
b. Las armas de fuego de uso civil y medios de comunicación de uso civil, serán entregados a la Policía Nacional;
c. Los automotores terrestres de menos de 3,000 centímetros cúbicos, serán otorgados al Ministerio Público, Policía Nacional y al Poder Judicial de acuerdo a sus necesidades funcionales.

Las armas de fuego de uso restringido serán ocupadas aun cuando recaigan resolución firme de desestimación o falta de mérito, sobreseimiento o sentencia de no culpabilidad.

En caso de vehículos de transporte de carga o transporte público, de uso agrícola o industrial, o de construcción, yates de lujo, así como los vehículos automotores cuyo cilindraje exceda los 3.000 centímetros cúbicos, deberán ser subastados y el producto de la venta pública será distribuido en la forma establecida en la presente Ley.

Tratándose de dinero, valores o bienes de otra naturaleza, la administración provisional será exclusiva de la Unidad.

El dinero decomisado, abandonado u obtenido por la venta de bienes en subasta será distribuido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería General de la República para ser usado única y exclusivamente en programas, proyectos y fines de prevención, investigación y persecución de los delitos a que se refiere esta Ley, así como en programas de rehabilitación, reinserción social, elaboración de políticas públicas, coordinación interinstitucional y protección de personas, relacionados con el enfrentamiento del crimen organizado y sus consecuencias, igual que para los gastos administrativos de la Unidad, distribuyéndolos anualmente conforme las necesidades operativas que le presenten las siguientes Instituciones:

a) Policía Nacional;
b) Ministerio Público;
c) Ministerio de Educación;
d) Ministerio de Salud;
e) Corte Suprema de Justicia;
f) Sistema Penitenciario Nacional;
g) Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado;
h) Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados.

Cuando el bien objeto de la devolución haya generado utilidades de cualquier tipo éstas deberán ser entregadas por la Unidad al legítimo propietario o poseedor.

Si los bienes objeto de la devolución no fueran reclamados en el plazo de dos años para los bienes muebles y diez años para los bienes inmuebles contado a partir de la firmeza de las resoluciones indicadas, se considerarán abandonados y prescribirá a favor del Estado cualquier interés o derecho sobre ellos y la Unidad los distribuirá en la forma indicada en esta Ley.

Si en el proceso se lograré demostrar que el tercero carece de buena fe y ha actuado como testaferro, se deberán deducir las responsabilidades penales y civiles correspondientes, cayendo en comiso los bienes.

En los mismos casos, el juez podrá ordenar la captación y grabación de las comunicaciones e imágenes entre presentes.

La intervención podrá ordenarse y realizarse antes o durante el proceso penal. En este último caso, la resolución se mantendrá en secreto y sólo se introducirán al proceso de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal en materia de intervenciones telefónicas.

La intervención ordenada se autorizará hasta por un plazo máximo de seis meses, salvo en los casos de extrema gravedad o de difícil investigación, en los que el juez, mediante resolución fundada, disponga una prórroga de hasta seis meses.

Si se deniega la intervención, inmediatamente deberá notificarse al solicitante de la intervención, quien podrá apelar lo resuelto.

Es prohibida la interceptación de cualquier comunicación entre el acusado y su defensor.

a. La indicación expresa del hecho que se pretende esclarecer;
b. El nombre del dueño o del usuario del equipo de comunicación por intervenir o del destinatario de la comunicación y su vínculo con los hechos;
c. El período durante el cual tendrá vigencia la medida ordenada, que no podrá ser mayor de seis meses.

El nombre de la oficina y de los funcionarios responsables autorizados para realizar la intervención.

Según convenga al esclarecimiento de la verdad, la Policía Nacional podrá delegar a uno de sus miembros para que perciba las comunicaciones directamente en el lugar de la intervención e informe lo que corresponda a sus superiores y al Ministerio Público.

La intervención podrá levantarse por resolución judicial, a solicitud del fiscal o de la Policía Nacional, aun antes del vencimiento del plazo originalmente ordenado, cuando se cumplieran los propósitos de investigación previstos.

Los medios en los que se hagan constar las grabaciones serán custodiados por la Policía Nacional.

A efecto de judicializar los resultados de la intervención, en la audiencia preparatoria del juicio, con asistencia e intervención de las partes, deberán escucharse las grabaciones y seleccionar las que correspondan para su transcripción literal en un acta levantada al efecto. Las partes podrán obtener copia de las transcripciones y de los registros seleccionados.

Los aspectos que sean de interés para ser conocidos en juicio se incorporarán a través de los funcionarios de la Policía encargados de la investigación, sin perjuicio de que el Fiscal solicite la reproducción parcial de las grabaciones o la lectura del acta indicada en el párrafo anterior.

El juez ordenará la destrucción del material grabado, una vez que se haya dictado con firmeza el sobreseimiento o sentencia de no culpabilidad, salvo que, previamente a solicitud del Fiscal se requiera la entrega de las grabaciones para ser aportadas en otro proceso o para efectos de auxilio o colaboración internacional. En todo caso, ordenará la destrucción de las conversaciones e imágenes que no tuvieran relación con lo investigado, salvo que el acusado solicitare que no se destruya para su defensa.

En caso de desestimación, falta de mérito o archivo de la causa, el Fiscal General de la República y el Director General de la Policía Nacional deberán explicar y justificar fehacientemente al juez las razones por la cual no se utilizó la información obtenida y el juez ordenará su destrucción definitiva.

Las empresas que prestan los servicios aquí relacionados deben llevar un registro oficial de los usuarios o clientes que utilicen los servicios, los que pondrán ser requerido por autoridad competente para fines de investigación, persecución y proceso penal.

La situación de riesgo o peligro de una persona será determinado de forma conjunta por el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el apoyo del Ejército de Nicaragua. La identidad del testigo sólo podrá ser revelada ante el juez en audiencia especial, para lo cual no será necesario indicar el nombre, datos personales y dirección en el escrito de intercambio de información de prueba.

El Ministerio Público de forma conjunta con la Policía Nacional elaborará el presupuesto anual de gastos de aplicación y ejecución del programa.

a. Principio de Necesidad: Las medidas de protección sólo podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar la seguridad de las personas sujetas a protección;
b. Principio de Proporcionalidad: Las medidas de protección responderán a nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria de la misma;

c. Principio de Confidencialidad: En todos los aspectos relacionados a las medidas de protección aplicadas a las personas sujetas a protección, se deberá guardar la confidencialidad debida, tanto en su preparación, expedición y ejecución. Los funcionarios que infrinjan esta disposición incurrirán en sanciones, penales, civiles y administrativas;

d. Principio de Celeridad y Eficiencia: Todo el procedimiento debe conducirse con la mayor celeridad, con el objetivo de obtener resultados óptimos y oportunos, sin detrimento de los principios de confidencialidad y de protección;

e. Principio de Temporalidad: Las medidas de protección se mantendrán mientras subsistan las circunstancias que motivaron su aplicación;

f. Principio de Reciprocidad: Las autoridades policiales, fiscales, judiciales deberán facilitar el intercambio de información y las medidas de protección a las personas o sus familiares que sean objeto de las mismas, a solicitud de las autoridades homólogas de otro Estado, cuando corresponda;
g. Principio de subsidiariedad: En virtud de la presente ley, las medidas de protección se aplicaran exclusivamente a las personas en riesgo únicamente en aquellos casos en que las medidas generales de orden público adoptadas por el Estado no sean suficientes para reducir la situación de riesgo;
h. Principio de voluntariedad: Las personas sujetas a protección, expresarán su consentimiento con las medidas de protección a aplicársele por esta Ley.

Para la efectiva administración, aplicación, expedición y ejecución de las medidas de protección establecidas en esta Ley, se faculta al Ministerio Público como autoridad competente, para crear un programa de protección para personas sujetas a protección. Este programa estará bajo la dependencia inmediata del Fiscal General de la República, quien como máxima autoridad de la Institución, dictará las normativas y directrices que lo regularan.

Los funcionarios y empleados del programa deberán guardar total reserva sobre la información que obtengan y conozcan sobre las personas sujetas a protección y las medidas impuestas a las mismas. La violación a estas disposiciones acarrearan responsabilidades penales, civiles y administrativas.

a. Prestación de servicios de seguridad física, asistencia médica, legal, social, sicológica y de alojamiento, entre otros;

b. Implementar un método específico que resguarde la identidad de las personas sujetas a protección en las diligencias que se practiquen, reservando las características físicas;
c. Utilizar las técnicas e instrumentos necesarios para impedir que las personas sujetas a protección que comparezcan en la práctica de diligencias puedan ser reconocidas;
d. Fijar a efectos de citaciones y notificaciones, como domicilio especial de las personas sujetas a protección, la sede de la autoridad competente interviniente, quien se las hará llegar confidencialmente a sus destinatarios;
e. El traslado, alejamiento del lugar del riesgo y reubicación temporal o definitiva de las personas sujetas a protección dentro o fuera del país;
f. Cambio de identidad, medida que será utilizada de manera excepcional.
Además de las medidas señaladas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el juez o tribunal podrán considerar la aplicación de cualquier otra medida de protección que consideren necesaria.

Para la aplicación de estas medidas de protección, las instituciones públicas o privadas deberán prestarle la más rápida y eficaz cooperación a la autoridad competente.

a. Vigilancia, monitoreo y protección policial.
b. Instalación y procedimientos de comunicación policial de emergencia.
c. Acompañamiento del testigo por un agente policial.
d. Medidas de resguardo del testigo en prisión tales como el aislamiento del resto de reclusos.

a. Métodos de distorsión de la voz y/o de la imagen o cualquier otro método técnico para proteger la identidad o integridad física del testigo.
b. Testimonio por video conferencia u otros medios electrónicos.
c. Preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional.

a. Vigilancia, monitoreo y protección, en aquellos lugares que no exista facilidades policiales, dificultades de acceso y en aquellos casos extraordinarios que lo solicite la Policía Nacional.
b. Acompañamiento del testigo y demás sujetos que intervienen en el proceso.
c. Instalación y procedimiento de comunicación.

En caso de que la solicitud no exprese claramente las medidas de protección la autoridad pertinente solicitará a la autoridad central las aclaraciones necesarias para efectuar lo requerido.

Cuando las autoridades estuviesen imposibilitadas de practicar lo solicitado por la autoridad central, deberá de comunicarse de inmediato, dejando constancia por escrito para que ésta oriente lo que corresponda.

Si lo considera admisible, el juez practicará el acto citando a todas las partes, quienes tendrán derecho de asistir, con todas las facultades y obligaciones previstas en el Código Procesal Penal.

Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse los medios tecnológicos de que se disponga, como la videoconferencia, las grabaciones, circuitos cerrados de televisión, filmaciones o cualquier otro medio, a fin de garantizar la pureza del acto y la vigencia de los principios de inmediación y oralidad propios del juicio, así como el derecho de defensa.

Cuando la identidad del testigo o víctima se encuentre protegida, se recibirá el anticipo manteniendo reserva de sus datos de identificación y con el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras especiales que permitan mantener ocultas, o disimuladas sus características físicas, según el alcance de la protección acordada por el juez.

Cuando se hayan admitido para juicio testigos que se encuentren protegidos procesalmente, el Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar la recepción de su testimonio en la forma acordada al disponerse la protección, para lo cual podrá disponer que la audiencia se realice en forma privada, o que se utilicen los medios tecnológicos necesarios, todo ello sin perjuicio de lo que se pueda resolver sobre el tema en el curso del debate, sin perjuicio de que se prescinda de su recepción y se incorpore el anticipo jurisdiccional de prueba, cuando el riesgo para la vida o integridad física del declarante no haya disminuido o se vea aumentado con motivo del juicio.

a. Coordinar, formular y aplicar programas y estrategias para el cumplimiento de medidas de protección, con fundamento en las condiciones, necesidades y realidades particulares.

b. Coordinar con las Instituciones competentes el entrenamiento y capacitación del personal, en materia de protección.
c. Intercambiar con los demás Estados partes las experiencias y conocimientos obtenidos en la aplicación de medidas de protección.
d. Apoyar la cooperación judicial y policial en medidas de protección.
e. Promover el uso y el intercambio de nuevas tecnologías en el ámbito de ejecución de las disposiciones establecidas en la presente Ley.

a. Por renuncia expresa de la persona protegida, presentada de forma escrita a la autoridad central, dejando constancia de las razones que la motivan.
b. Cuando la persona sujeta a protección incumpla las condiciones impuestas por la autoridad central.
c. Cuando el riego haya desaparecido.

La autoridad central una vez verificado los motivos señalados anteriormente, notificará dentro del término de 72 horas, la terminación de la medida de protección a la persona sujeta a protección y a las Instituciones competente que la esté aplicando.

a. Por petición de la autoridad central del país requirente, argumentando en la solicitud los motivos de la extinción de la cooperación en el caso concreto.
b. Por renuncia expresa de la persona protegida, presentada de forma escrita a la autoridad central del país requirente, dejando constancia de las razones que la motivan.
c. Cuando la persona sujeta a protección incumpla las condiciones impuestas por la autoridad central del país requerido, previa comunicación a la autoridad competente del país requirente para que ésta adopte las medidas pertinentes.
d. En el caso de que la autoridad central del país requerido considere que no puede continuar brindando las medidas de protección, debe notificar a la autoridad competente del país requirente con al menos sesenta días de antelación a la finalización de las medidas acordadas. Tal facultad no podrá ser ejercida durante la investigación o el proceso judicial en el que intervenga la persona protegida.

Una vez finalizada la investigación o proceso judicial en el que la persona protegida intervino, los Estados partes podrán acordar otras medidas de colaboración específicas, en base al principio de reciprocidad.

Únicamente podrán desempeñarse como agentes encubiertos los funcionarios activos especializados de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua.

Las operaciones especiales excepcionales de compra o venta simulada, instrumentos o productos relacionados con delitos a que se refiere la presente ley, pertenecerán al grupo de agentes especializados en operaciones encubiertas de las Instituciones autorizadas por esta Ley.

Es obligación de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua, según corresponda, controlar las actividades de los agentes indicados, brindarles protección y una remuneración adecuada, y exigirles responsabilidad si fuera el caso.

Con el consentimiento de las partes interesadas, las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se acuerde, podrán ser interceptadas o autorizadas para proseguir intactas o bien los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas que contengan, podrán ser sustituidos total o parcialmente.

a. Cuando la investigación del caso aparezca como imposible o sumamente difícil.

b. Cuando el especial significado del hecho exija la intervención del agente de operaciones encubiertas porque otras medidas resultaron inútiles.

c. Cuando se haga necesaria la compra o venta simulada de objetos, sustancias, bienes, valores o productos que sean los medios o que constituyan el provecho del delito.

a. Comprobar la comisión de los delitos a que se refiere la presente Ley para obtener evidencias incriminatorias en contra del imputado o de otros involucrados que resulten, y por los hechos que dieron origen a la operación simulada o a otros que se descubran durante la investigación.

b. Identificar los autores y demás partícipes de tales delitos.
c. Efectuar incautaciones, inmovilizaciones, decomisos u otras medidas preventivas.
d. Evitar la comisión o el agotamiento de los delitos que abarca esta Ley.
e. Obtener y asegurar los medios de prueba.

a. Informar a sus superiores de forma completa, oportuna y veraz todo cuando conozca en ocasión de su intervención.

b. Guardar confidencialidad de la información recibida, evitando que trascienda a terceros.
c. Custodiar y entregar íntegramente, para su decomiso, el dinero, valores o bienes recibidos del grupo criminal, siempre y cuando ello no obstaculice la investigación.
d. Abstenerse de cometer delitos o faltas en exceso de su actuación.

El agente encubierto en sus actuaciones como tal, estará exento de responsabilidad penal o civil por aquellos actos en que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma.

Para hacer valer esta condición bastará la comunicación que al efecto haga el Director General de la Policía Nacional o el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, según sea el caso, al Fiscal General de la República.

En el caso del informante se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Penal sobre la prescindencia de la acción por colaboración eficaz o sobre el acuerdo condicionado. Si no hubiere lugar a la formación de causa penal en su contra, excepcionalmente se podrá recompensar su colaboración únicamente en dinero en efectivo, según lo disponga el reglamento de esta Ley.

Las resoluciones judiciales que denieguen, modifiquen o extingan una medida de investigación o una medida precautelar o cautelar serán apelables por el Ministerio Público conforme al Código Procesal Penal.

Las disposiciones contenidas en este capítulo se aplicarán en lo no contemplado en los instrumentos internacionales o en ausencia de estos.

a. Recibir entrevistas o declaraciones a personas. Siempre que hubiera reciprocidad, las autoridades nacionales podrán permitir la presencia de autoridades extranjeras requirentes en las entrevistas o declaraciones;
b. Emitir copia certificada de documentos;
c. Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
d. Examinar e inspeccionar objetos y lugares;
e. Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;
f. Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el caso, documentación pública, bancaria y financiera, así como también la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;
g. Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
h. Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente;
i. Detener provisionalmente y entregar a las personas investigadas, acusadas o condenadas;
j. Remitir todos los atestados en casos de entrega vigilada;
k. Cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho interno.

Sin perjuicio, de lo establecido en el párrafo anterior el Ministerio Público, la Policía Nacional o el Ejército de Nicaragua, podrán dirigir directamente comunicaciones a cualquier tribunal o autoridad extranjera, conforme lo establezca los Convenios o Tratados Internacionales suscritos por Nicaragua y las leyes de la materia.

El Estado requirente, cubrirá las costas de la ejecución de solicitudes de asistencia.

Igualmente los Jueces de Distrito Penal y la Policía Nacional, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, hayan dado en calidad de posesión, depósito o administración a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, bienes ocupados, incautados, decomisados o abandonados, provenientes de la comisión de los delitos que regulaba la Ley Nº 285 Ley de Reforma y Adiciones a la Ley Nº 177, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas, tienen la obligación de informar al Ministerio Público de Nicaragua, dentro del término de treinta días, cuales son los bienes, a qué personas naturales o jurídicas, públicas o privadas nacionales o extranjeras, fueron entregados y en qué calidad, las características y el estado actual de éstos.

El Ministerio Público deberá con base a esta información, solicitar a la autoridad judicial o policial la remoción o el nombramiento de depositarios, posesores o administradores, que tenga bajo su cargo los bienes ocupados, incautados, decomisados o abandonados.

La autoridad judicial competente sin mayores trámites, por ministerio de Ley, procederá al nombramiento como nuevo depositario a la Unidad Administradora de Bienes Abandonados, Incautados o Decomisados y dictará auto ordenándole a la personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se encuentre en posesión de los bienes señalados anteriormente, la entrega de los mismos en el término de treinta días bajo apercibimiento de dictarle apremio corporal si no lo hiciere.

Una vez que el bien se encuentre en depósito de la Unidad Administradora de Bienes Abandonados, Incautados o Decomisados, esta realizará un inventario de dichos bienes para proceder de acuerdo a los objetivos establecidos en esta Ley.

Se excluyen de las disposiciones de este artículo los bienes asignados a las Instituciones del Estado por medio de sentencia firme o las disposiciones de las leyes en la materia, antes de entrada en vigencia de la presente Ley.

Se exceptúan de la Ley No. 285 los Capítulos IV y V, hasta tanto no entre en vigencia una Ley de análisis financiero. Se mantiene en toda su vigencia las listas y cuadros de las sustancias anexas a la Ley No. 285, hasta mientras tanto no se modifiquen.