Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	4 de Junio del 2009
Fecha Aprobación:	4 de Junio del 2009
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" LEY DE ZONAS COSTERAS "

País	Límite Terrestre	Límite Oceánico
Brasil	2km. del LPMA	12km. del LPMA
China	10km. del LPMA	15km. de profundidad
Costa Rica	200m del LPMA	Línea de MBP
Ecuador	Variable de acuerdo a casos
España	500m del LPMM	12millas náuticas
Israel	1-2km. Variable	500m MBP
Sri Lanka	300m del LPMA	2km. de MBP

La presente Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la soberanía, jurisdicción y derechos que de conformidad con la Constitución Política de la República de Nicaragua, y concordancia con las leyes de la República, corresponden al Estado sobre las costas o riberas y zonas costeras de islas, cayos y bancos adyacentes que forman parte del territorio nacional.

Así mismo, establecer el régimen jurídico para la administración, protección, conservación, uso, aprovechamiento y desarrollo sostenible de las costas y zonas costeras marítimas, lacustres, fluviales y pluvial, incluyendo las de islas, archipiélagos e isletas, lagos, ríos, lagunas, canales, embalses, bahías, estanques navegables o flotables, represas, fuentes públicas, esteros, manglares y humedales que forman parte del patrimonio de la nación.

La presente ley tiene por finalidad:

1. Establecer y definir el dominio público de las costas y zonas costeras y establecer sus límites.

2. Establecer y definir las competencias para el manejo y administración de las costas y zonas costeras y, por consiguiente, las de los entes y organismos encargados para la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Ley.

3. Regular el uso y aprovechamiento sostenible de las costas y zonas costeras, con resguardo y conservación de su ambiente y, especialmente de sus recursos naturales.

La presente Ley es aplicable en todo el territorio nacional. En lo correspondiente a: la gestión ambiental, aprovechamiento de recursos naturales, sistema nacional de áreas protegidas, ecosistemas frágiles, humedales y manglares, se procederá conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia.

La presente ley es de orden público. En consecuencia, corresponde al Estado de Nicaragua cumplir y hacer cumplir sus disposiciones para tutelar las costas y zonas costeras que son parte del patrimonio de la nación y asegurar su conservación, uso, aprovechamiento y desarrollo sostenible.

Por tanto, para la aplicación de la presente Ley considérese lo siguiente:

A. Bienes de dominio público:

De conformidad con el principio legalmente poseído que concurrió como fundamento legal a la Constitución del Estado nicaragüense, y del Arto. 2) de la Ley Agraria del 2 de marzo de 1917, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, números 65 y 68 del 30 de marzo y 3 de abril de 1917, las costas o riberas y zonas costeras de todos los sitios enumerados en el Arto. 1) de la presente ley que se encuentran comprendidos dentro de los doscientos cincuenta metros de la línea de pleamar o álveo respectivamente, son bienes del dominio público del Estado y, por consiguiente, están destinadas para el uso y disfrute de toda la población, sin más restricciones que aquéllas que impongan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas. Sin excepción alguna estas áreas deben cumplir la función social.

B. Excepciones al dominio público y acceso:

Exceptuándose el dominio público del Estado señalado en el artículo anterior, las costas y zonas costeras inmediatas o colindantes con inmuebles que son de propiedad particular por tener título de dominio legalmente inscrito con anterioridad a la promulgación de esta Ley. No obstante, a lo antes dispuesto, los propietarios de estos fondos o inmuebles no podrán impedir el acceso a particulares a las costas o riberas de dominio público colindante, ni utilizar éstas en forma exclusiva, ni gravarlas o disponer de ellas en forma alguna.

C. Acceso por consenso o sentencia:

Cuando no exista vía para acceder a las costas o riberas, o su acceso no esté claramente establecido, éste se determinará de común acuerdo y sin costo alguno entre el particular propietario del fundo y la autoridad municipal, siempre y cuando, el gobierno municipal esté en capacidad de garantizar normativas que aseguren la protección del medio ambiente, del lugar o lugares donde esté situado o comprendido el inmueble, o por la vía judicial, en su caso, debiéndose proceder entonces por la vía del juicio sumario.

Para los efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones generales:

ÁLVEO: Es el lecho o cauce del río o arroyo cubierto por sus aguas y sin pasar a suelo. Lecho del río o superficie de tierra cubierta por las aguas de una corriente natural, cuando ésta circula con su mayor caudal. El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus crecidas y bajas periódicas. Tratándose de lagos, lagunas, pantanos y demás aguas detenidas, el suelo que ellas ocupan en su mayor altura ordinaria.

AMBIENTE: Es el sistema de elementos bióticos y abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos, que interactúan entre sí, con los individuos y la comunidad en que viven, para determinar su relación y sobrevivencia.

APROVECHAMIENTO: Es el uso o explotación racional sostenible del ambiente.

ÁRIDOS: Son materiales geológicos, grava y arena, que se encuentran en la costa y se utilizan para hacer hormigón.

ÁREAS PROTEGIDAS: Son las zonas del territorio nacional en las que se tiene por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, y de otras formas de vida, así como de la biodiversidad y la biosfera. Se incluyen en esta categoría aquellos espacios del territorio nacional en los que se pretende restaurar y conservar fenómenos geomorfológicos y sitios de importancia histórica, arqueológica, cultural, escénica y recreativa.

BIODIVERSIDAD: Es el conjunto de todas y cada una de las especies de seres vivos y sus variedades, terrestres o acuáticas que viven en el aire, en el agua, o en el suelo.- Comprende animales y seres vivos de cualquier índole. Incluye la diversidad de especies y de ecosistemas, así como la diversidad genética.

BAJAMAR: Nivel mínimo alcanzado por una marea decreciente.

BERMA: Terraplén formado por la acumulación lineal de cantos o gravas en una playa por acción de las olas y constituye el límite de cada marea alta.

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: Son bienes de dominio público aquellos bienes propiedad del Estado destinados al uso y servicio de toda la población, y cuyo aprovechamiento y disfrute de manera lícita puede hacerse de manera individual o colectiva, en estricto apego a las regulaciones establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas. Estos bienes están sometidos a un régimen jurídico especial cuya administración le corresponde al Estado. Tienen las siguientes características: No enajenables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.

CONTAMINACIÓN: Es la presencia o introducción en el ambiente, de elementos nocivos para la vida humana, la flora y la fauna, que como consecuencia directa produce la degradación de la calidad de los recursos naturales.

COSTA: Es el espacio de suelo comprendido entre la línea de bajamar y la línea máxima de pleamar o marea alta, en el océano, en el mar, en las islas, en las isletas, en los cayos, en los bancos, en los archipiélagos, esteros y humedales. La costa está delimitada por la interfase entre el océano o el mar y la tierra.

CANON: Suma de dinero que paga periódicamente al propietario de un inmueble la persona natural o jurídica que disfruta del dominio útil como reconocimiento directo que se reserva al dueño.

CONCESIÓN: Acción y efecto de conceder, de dar, otorgar, hacer merced y gracia de una cosa. En este sentido es el acto de derecho público, mediante el cual el gobierno, otorga a una persona natural o jurídica, una porción determinada de los bienes inmuebles de la zona costera, para la prestación de servicios turísticos y/o conservacionista.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana, sin rebasar la capacidad de carga del ecosistema que la sustenta.

DESLINDE: Es el señalamiento de los limites o delimitación de los linderos de los bienes de dominio público que conforman las costas y zonas costeras que regula la presente Ley.

ECOSISTEMA: Es la unidad básica de interacción de los organismos bióticos y abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos con los individuos y la comunidad en que viven y su relación con el ambiente.

HUMEDALES: Con arreglo a la Convención sobre Humedales RAMSAR (Irán 1971), consisten en: “Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. También puede comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal”.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: Conjunto de obras ingenieras que son utilizadas para la prestación del servicio de turismo.

AUTORIDADES MARÍTIMAS: La Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

CAPITANÍAS DE PUERTOS: Son Unidades de Distritos Navales ubicadas en cada puerto de la República, las que tendrán como función primordial garantizar en lo que corresponda, la seguridad del tráfico marítimo, lacustre y fluvial, en todo el territorio nacional y en sus aguas adyacentes.

DISTRITO NAVAL: Son Centros de Operaciones Navales a cuyo cargo está la defensa de la soberanía, la protección, la seguridad y vigilancia de las aguas marítimas interiores, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva de la República a través de las Capitanías de Puertos, subordinadas a la Comandancia General del Ejército de Nicaragua a través de la Jefatura de la Fuerza Naval.

MARISMA: Área de tierras bajas, mal drenadas y sujetas a un proceso de colmatación (sedimentación transportada por el agua) que se encuentra cerca de la costa, generalmente en torno a la desembocadura de un río. Por su situación, se ve inundada parcialmente por el agua salobre de las mareas, que cuando se extiende por un estuario confluye con el agua dulce de los cursos fluviales.

MAR: Es la parte de agua salada que constituye el océano, que de un modo u otro está limitado por las costas de los continentes, por islas y elevaciones del fondo (umbrales). Para efecto de la presente ley entiéndase como mar las porciones de aguas ubicadas frente a las costas en la Región Caribe de la República.

OCÉANO: Extensión de agua salada que cubre gran parte de la superficie terrestre. Genéricamente la masa de agua salada que, continuidad en sí misma, ocupa la mayor parte de la superficie del planeta. Para los efectos de la presente ley, entiéndase como océano, las porciones de agua ubicadas frente a las costas del Pacífico de la República.

ORDENAMIENTO: Proceso de planificación dirigido a evaluar y programar el uso legal y racional del suelo en el territorio nacional, de acuerdo a sus características potenciales, tomando en consideración el ambiente (recursos naturales, actividades económicas y sociales, distribución de la población) y en el marco de la política ambiental de la nación.

PLAYA: Parte de la costa que la marea cubre y descubre más frecuentemente. Es la zona de depósito de materiales sueltos tales como: arena, grava, guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, las que se forman por la acción del mar, el viento marino, o cualesquiera otras causas. Comprende el área de contacto o traslape entre la costa y la zona costera.

PLEAMAR: Nivel máximo alcanzado por una marea creciente.

RECURSOS NATURALES: Son los elementos naturales susceptibles de ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales.

RIBERA: Margen y orilla del mar, río, lago, laguna, estanque, y represa. Zona lateral que linda con el álveo o cauce. Franja de suelo que se extiende por las márgenes de los mares, ríos, lagos, lagunas, estanques y represas, y que comprende hasta el lugar donde se prolongue el efecto de las aguas.

TERRENOS GANADOS: Son las accesiones o porciones de terreno que por causas naturales o artificiales quedan entre el límite histórico y la nueva zona costera o ribera de: océanos, mares, islas, isletas, cayos, archipiélagos, esteros, humedales, ríos, lagos, lagunas, presas y estanques.

ZONA COSTERA: Se entiende por zona costera, la unidad geográfica de ancho variable, conformada por una franja terrestre, el espacio acuático adyacente y sus recursos, en la cual se interrelacionan los diversos ecosistemas, procesos y usos presentes en el espacio continental e insular.

ZONA COSTERA LACUSTRE: Es la zona costera relativa a los lagos, lagunas, presas y estanques.

ZONA COSTERA FLUVIAL: Es la zona costera relativa a los ríos.

ZONA RESTRINGIDA: Es el área dentro de la costa o zona costera, que por su nivel de importancia, o situación ambiental, no es permitido practicar todas las actividades que se realizan en el resto de la costa o zona costera.

ZONA PROHIBIDA: Es aquella donde existen instalaciones militares, de adiestramiento y realización de ejercicios militares, para la defensa de la soberanía, de la independencia, de la integridad territorial y la seguridad de la nación.

Con relación a esta Ley son bienes de dominio público del Estado:

1. Las costas y zonas costeras definidas en el arto. 3 de esta Ley. Se concibe como tal la unidad geográfica de ancho variable, conformada por una franja terrestre, el espacio marítimo denominado mar territorial y sus recursos, en la cual se vinculan los distintos ecosistemas, procesos y usos presentes en el espacio continental e insular de conformidad con los límites expresamente aquí contenidos.
2. Los accesos o terrenos ganados a la costa del mar y ribera de los ríos, lagos y lagunas formados por depósito de materiales o por la retirada de las aguas del mar, de los ríos, lagos y lagunas, cualesquiera que sean las causas.

3. Los terrenos ganados al mar, ríos, lagos y lagunas como consecuencia directa o indirecta de obras realizadas y los desecados en su costa o ribera.

4. Los terrenos invadidos por los océanos y mares, ríos, lagos, lagunas y demás cuerpos de agua que pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa.

5. Los acantilados y farallones que están en contacto con los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua o con espacios de dominio público desde su base hasta su coronación.

6. Las islas que están formadas o se formen por causas naturales en el mar territorial o en aguas interiores, hasta donde se prolonguen las mareas, conforme lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento

7. Todo bien o derecho, recurso natural o mineral que se encuentre dentro de la zona costera de uso público y uso restringido, también aquellos bienes o derechos que sean agregados a dicha zona por accesión, aluvión, o similar.

Es obligación del Estado, de sus instituciones y de la sociedad nicaragüense, proteger, conservar y preservar las costas y zonas costeras y, en especial, los recursos naturales que en ellas se localicen.

La administración de las costas y zonas costeras será competencia de los Gobiernos Municipales en coordinación con las instituciones del Gobierno Central competentes por la materia, estando comprometidos a alcanzar un desarrollo integral bajo los lineamientos siguientes:

1. Acceso a las Áreas Recreacionales: Los administradores de las zonas costeras deben garantizar a todos los nacionales y extranjeros, la accesibilidad a las playas y demás áreas de esparcimiento del dominio público. Para el cumplimiento de la disposición anterior se crearán oportunidades de recreación al alcance de la totalidad de la población de conformidad a los planes y programas de desarrollo. Esta disposición no será aplicable cuando existan razones de áreas.

2. protegidas, limitaciones geográficas o por razones de sostenimiento o recuperación del equilibrio ecológico.

También no es aplicable en las áreas prohibidas y restringidas, donde existan instalaciones militares, áreas de adiestramiento y de realización de ejercicios militares del Ejército de Nicaragua.

3. Uso Turístico: El aprovechamiento del potencial turístico se llevará a cabo sobre la base de la determinación de las capacidades de sostenibilidad de las zonas costeras, lo que implica una utilización máxima del espacio físico o recurso de uso particular, el que será estimado sobre la base de la intensidad del uso que se le determine al mismo, privando, la dotación de infraestructuras adecuadas y la conservación del ambiente.

4. Recursos Históricos y Arqueológicos: Se protegerán, conservarán y restaurarán los recursos históricos o prehistóricos naturales y el patrimonio arqueológico y subacuático existente en las zonas costeras.

5. Recursos Paisajísticos: Se protegerán y conservarán los espacios naturales y sitios de valor paisajístico, fomentando el adecuado manejo y conservación de la cuenca paisajística de la zona costera.

6. Áreas Protegidas: En las zonas declaradas como áreas protegidas, se garantizará el cumplimiento de los objetivos que para estos casos se han establecido, tomando en consideración los ecosistemas y los elementos de mayor importancia, objeto de protección.

7. Infraestructuras de Servicios: Los administradores de las zonas costeras garantizarán que las infraestructuras y equipamientos existentes queden tal como están a la entrada en vigencia de esta Ley. Para las nuevas edificaciones será de estricto cumplimiento la legislación urbanística vigente en apego al principio de desarrollo sostenible.

8. Desarrollo Urbano: Se garantizará la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano en las zonas costeras de conformidad con las normas urbanísticas vigentes y en coordinación con las instituciones del Gobierno Central que tengan competencias en la materia.

9. Protección de Playas: Se protegerán los recursos naturales y se conservarán las playas para garantizar su aprovechamiento sustentable y el disfrute público de las mismas incluyendo las áreas donde existe infraestructura portuaria.

10. Investigación Científica: Se estimulará, orientará y promoverá la investigación científica y tecnológica dirigida al cuido del ambiente y con énfasis en los recursos naturales y el desarrollo sostenible dentro de las costas y zonas costeras sobre la base de las políticas establecidas por la Dirección General de Desarrollo de las Zonas Costeras.

11. Gestión Ambiental: La presente Ley fortalecerá a los Gobiernos Municipales para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en las Zonas Costeras.

12. Recursos Socioculturales: En las zonas costeras se protegerán, conservarán y fomentarán las expresiones socioculturales propias de la población residente. Especial atención tendrán las comunidades indígenas o grupos étnicos.

13. Actividades Socioeconómicas: Todas las actividades económicas y sociales de las zonas costeras, se ejecutarán en el marco de las Políticas establecidas por esta Ley.

Por mandato de la presente ley, créase la Dirección General de Desarrollo de las Costas y Zonas Costeras, la que estará adscrita al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), como una instancia de coordinación interinstitucional de los diferentes niveles del gobierno central competentes por la materia.

Las instituciones del Gobierno Central, Regional y Municipal que tienen competencia sobre las zonas costeras, ejecutarán sus acciones bajo el principio de coordinación interinstitucional.

En esta coordinación interinstitucional participarán:

a) Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).

b) Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

c) Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).

d) Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM).

e) Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR).

f) Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua (E.N).

g) Ministerio de Gobernación (MIGOB).

h) Un representante de cada uno de los Consejos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

i) Dos Representantes de los Municipios Costeros Elegidos en el seno de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC).

j) Un Representante del municipio objeto de la resolución de dictamen técnico.

a) Garantizar la coordinación interinstitucional.
b) Formular políticas públicas de desarrollo de la zona costera del país y proponerlas al Gobierno Central para su establecimiento, con la finalidad de alcanzar un desarrollo integral del país.

c) Emitir dictamen técnico que posibilite al Gobierno Municipal el otorgamiento de concesiones.

d) Ordenar el territorio de las zonas costeras.

e) Promover la investigación y el uso de tecnologías apropiadas para la conservación y el saneamiento ambiental de las costas y zonas costeras.

f) Cualquier otra medida dirigida al cumplimiento del objeto de la presente Ley.

Tampoco es aplicable en las áreas prohibidas y restringidas donde existan instalaciones militares, áreas de adiestramiento y de realización de ejercicios militares del Ejército de Nicaragua.

Corresponde a los Gobiernos Municipales, en su calidad de administradores, la superior y general vigilancia de la aplicación y cumplimiento de la presente Ley, así como todo lo relacionado con las costas y zonas costeras en el territorio nacional.

En el ámbito de sus competencias, los Gobiernos Municipales realizarán las siguientes funciones:

01. Definir en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Estudio Territoriales el deslinde del dominio público de la zona costera de su circunscripción territorial.

02. Aprobar las concesiones para los distintos usos de las zonas costeras, previo dictamen técnico de la Dirección General de Desarrollo de las Zonas Costeras.

03. Otorgar derecho de uso con fines recreativo en las zonas costeras públicas.

04. Normar y supervisar la prestación de servicios autorizados en las zonas costeras públicas.

05. Prohibir la construcción de obras ingenieras permanentes en las zonas costeras públicas.

06. Establecer el régimen de utilización de las playas y demás condiciones generales de uso, previo dictamen técnico conclusivo de la Dirección General de Desarrollo de las Zonas Costeras.

07. Garantizar en conjunto con el Ministerio de Salud las condiciones adecuadas de higiene y salubridad en las zonas costeras.

08. Establecer en conjunto con la Policía Nacional y la Cruz Roja, las condiciones de seguridad humana y salvamentos para los usuarios de la zona costera.

09. Elaborar, proponer y ejecutar campañas de educación dirigidas a la protección, uso racional e higiene y salubridad de la zona costera.

10. Elaborar el Plan de Desarrollo de la Costa y Zonas Costeras de su circunscripción territorial, el que deberá incorporar el plan de manejo de las áreas protegidas existentes.

11. Otorgar concesiones para la utilización de terrenos ejidales o aquellos ubicados dentro de los límites de la zona restringida con fines de uso turístico, recreativo o de uso habitacional.

12. Autorizar actividades de servicios turísticos en la zona restringida, siempre y cuando se trate de servicios con obras e instalaciones desmontables o con bienes muebles. En tal caso se entenderán por instalaciones desmontables las siguientes:

a) Infraestructuras que para su instalación sólo se requieran obras de apuntalamiento de cimientos y que estos no sobresalgan del área de terreno destinada para tal fin.
b) Los materiales a usar deben ser elementos estructurales prefabricados (módulos, paneles o similares), prohibiéndose el concreto fundido o estructuras de acero que requieran el empleo de soldaduras.
c) Infraestructura montable o desmontable mediante procesos secuenciales, que permita realizar su levantamiento y transportación sin demolición.

d) Unidades rodantes de: venta de agua potable, alimentos de preparación rápida, servicios sanitarios y similares. El otorgamiento de esta autorización no desnaturaliza el uso público de la zona costera por lo que hace a la industria turística.

e) Áreas de reforestación y duchas en el área de uso público.

Los Gobiernos Municipales y los Consejos Regionales Autónomos promoverán la elaboración de Planes de Desarrollo de las Costas y Zonas Costeras en coordinación con la Dirección General de Desarrollo de las Costas y Zonas Costeras, tomando como base:

a) El Plan Nacional de Desarrollo Turístico.

b) Las prioridades de cada localidad.

c) El Plan de Ordenamiento Territorial.

d) El interés de conservar la zona costera como patrimonio nacional.

e) Planes de Defensa Nacional.

El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) en coordinación con los Gobiernos Municipales y Consejos Regionales, podrá formular Proyectos de Desarrollo Turístico integral que comprendan una parte o el total de una zona costera, los que deberán ajustarse a las regulaciones de esta Ley.

La Dirección General para el Desarrollo de las Zonas Costeras llevará el Registro General de Concesiones en las zonas costeras. A tal efecto, los gobiernos municipales deberán remitirle copia de las concesiones que otorguen de acuerdo a lo dictaminado técnicamente, de las prórrogas que acuerden, de los traspasos, gravámenes u otras operaciones que autoricen, así como de los demás documentos que se le solicite.

El otorgamiento de esta autorización no desnaturaliza el uso público de la zona costera por lo que hace a la industria turística.

El Estado a través del Gobierno Municipal se reserva los derechos de propiedad de forma exclusiva de las costas y zonas costeras, con la salvedad de lo establecido en el artículo 4, numeral b) de esta Ley, las que serán delimitadas por el deslinde y amojonamiento, el que será ejecutado por la Administración Municipal y el Instituto de Estudios Territoriales y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en un plazo de tres años.

Para efectos de la regulación del uso de las zonas costeras se establecen las siguientes categorías:

Zona Costera de Uso Público:

Son las playas tanto marítimas como lacustres, cuyo derecho de propiedad es exclusivo del Estado. La playa para su ubicación técnica estará representada por el área descubierta entre la bajamar y la pleamar, más 50 mts. hacia tierra firme. Franja de tierra firme adyacente a las aguas. Los usos en esta zona estarán orientados a:

a) El desarrollo del turismo de sol y playa.

b) La práctica de deportes recreativos a través de instalaciones deportivas descubiertas y desmontables.

c) La realización de operaciones de salvamento.

d) El paso público peatonal y realización de paseos costeros.

e) La circulación exclusiva para vehículos de vigilancia, salvamento, sanidad, excepto en espacios especialmente protegidos.

f) Instalaciones desmontables no permanentes para brindar servicios de atención a los turistas no mayores a un mes.
g) Instalación de campamentos de salvamento, vigilancia costera, de protección del ambiente y sanidad.

h) Obras de interés público.

Se prohíben en las zonas costeras de uso público (playas):

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación

b) La construcción de vías de transporte

c) La instalación de tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión;

d) La publicidad comercial a través de cualquier medio (carteles, vallas, medios acústicos o audiovisuales), y

e) El tránsito o el estacionamiento de vehículos automotores u otros similares que pongan en peligro la integridad física de las personas.

Excepcionalmente se permitirán en esta área, obras, instalaciones y actividades que por su naturaleza, presten los servicios necesarios, complementarios o convenientes para las actividades principales que sean autorizadas en el área de dominio público de la zona costera, así como las instalaciones deportivas descubiertas.

Para las actividades de construcción de terraplenes, desmonte o tala de árboles deberán cumplir las normativas establecidas en las leyes especiales y reglamentarias, con especial énfasis, la Ley No. 462, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal y su Reglamento, Decreto 73-2003 de las Normas Técnicas Obligatorias Nacional NIC 2000 y, la presente Ley. Todo con el propósito de garantizar la protección de la zona costera, el dominio público y el ambiente.

Zona Costera de Uso Restringido:

Comprende la propiedad exclusiva del Estado y está medida perpendicularmente desde la proyección horizontal de la línea de marca máxima o pleamar hasta una distancia de:

 En el Océano Pacífico : 300 metros.
 En el Mar Caribe : 250 metros.
 En Ríos : 50 metros

Contados a partir de la ribera o bordes históricos de cauce hacia tierra firme a ambos lados.

 En Lagos y Lagunas : 80 metros

Contados de la marca histórica máxima hacia tierra firme.

Los usos en esta zona estarán orientados a:

a) La construcción y funcionamiento de servicios turísticos con obras permanentes debidamente concesionadas.
b) La construcción de atracaderos para las marinas turísticas en áreas que sean permisibles.

c) La construcción de viviendas de uso recreativo y familiar, previamente concesionada.
d) Cultivos y plantaciones destinadas a la subsistencia conservando todas las medidas de protección al ambiente, sin perjuicio de lo establecido para la servidumbre de tránsito.

e) En los primeros veinticinco (25) metros se podrán depositar temporalmente objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento marítimo.

No podrán construirse cercas de ningún tipo, salvo las que se establezcan en la presente Ley. Los daños que se ocasionen por las ocupaciones serán objeto de indemnización.

Se exceptúan de esta regulación las áreas protegidas legalmente establecidas.

Dentro del límite establecido en el artículo anterior, se prohíbe la enajenación o transmisión a cualquier titulo por considerarse un bien de dominio público perteneciente al Estado de Nicaragua. Solamente se podrán otorgar concesiones de conformidad con los requisitos y procedimientos que establezca la presente Ley y su Reglamento.

Las municipalidades correspondientes, en conjunto con el INETER, MARENA efectuarán el deslinde de las zonas costeras de su circunscripción territorial, para efectos de determinar el dominio público del Estado, y procederán a su inscripción en el Registro Público respectivo de conformidad con la Ley de Municipios y su Reglamento.

Las autoridades competentes podrán restringir y prohibir el acceso a las zonas costeras por las siguientes razones:

a) Por razones sanitarias.

b) Por la conservación de la flora y fauna marinas acuáticas.

c) En caso de que se ponga en peligro la seguridad y defensa de la nación.

d) Por la seguridad de la ciudadanía ante el peligro inminente de eventos naturales.

La utilización del dominio público de las zonas costeras será libre, pública y gratuita para los usos comunes de: vacaciones, paseo, estancia, baño, navegación, embarcaderos, varar, pesca, captura no comercial de mariscos y otros. Este derecho será restringido en las áreas protegidas, las que se sujetarán a la legislación de la materia.

Por mandato de la presente Ley, se establece el libre acceso de todas las personas nacionales o extranjeras a los bienes declarados de dominio público que forman parte de las zonas costeras. El Estado podrá hacer uso de todos los mecanismos legales y coercitivos para su efectivo cumplimiento.

A partir de la vigencia de la presente Ley se prohíbe la construcción de cualquier obra, cercado, muros o instalaciones que interrumpan y obstaculicen el acceso a las zonas costeras, así como el derecho de libre circulación de la población por ellas. La violación de la presente disposición será sancionada de conformidad con las disposiciones del Código Penal.

Se exceptúan de estas prohibiciones los distintos núcleos urbanos del litoral del Pacifico y del Mar Caribe que a la entrada en vigencia de esta ley estén establecidos.

En el caso de la construcción ya existente a la entrada en vigencia de la presente Ley, el propietario de la obra, deberá informar a la Alcaldía de la circunscripción territorial donde está el bien, a fin de que esta obra sea incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Los usos que tengan un nivel de intensidad, peligrosidad o rentabilidad baja, o los que requieran la ejecución de obras e instalaciones para fines turísticos dentro de los límites del área de dominio público, solamente podrán ampararse en la existencia de concesiones debidamente otorgadas por los Gobiernos Municipales en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Turismo y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales previa aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

Se consideran obras de interés general las siguientes:

1. Las necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio público de las zonas costeras, así como su uso.

2. Las de creación, regeneración y recuperación de playas.

3. Las de acceso público al mar, ríos, lagos y lagunas.

4. Las empezadas en el mar y aguas interiores.

5. Las de iluminación de costas y señalización marítimas.

La usurpación del dominio público de las zonas costeras no implicará en ninguna circunstancia la adquisición de derechos de posesión y dominio de esta zona. El que practicase esta acción será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras o actividades realizadas en el área del dominio público del Estado. La cuantificación de los daños, se determinará mediante el peritaje respectivo.

Las zonas costeras no podrán ser enajenadas o privatizadas. Las instalaciones que en ellas existan, deben proporcionar servidumbre de paso a los ciudadanos, para acceder a las playas, sin restricción o limitación, en apego al inciso 1, articulo 28 de la presente Ley.

Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a las zonas costeras frente al área de dominio público del Estado, por mandato de la presente Ley, quedan obligados a proporcionar servidumbre de paso o acceso público, de conformidad al arto. 4, inc. c) de esta Ley, y gratuito sin restricción o limitación a todos los turistas, sean nacionales o extranjeros, con una anchura mínima de diez metros y con la longitud necesaria para garantizar el acceso a las playas. En esta área se aplicarán las siguientes regulaciones:

1. Para asegurar el uso general del dominio público de las zonas costeras con fines turísticos, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, accesos a las playas, construcción de andenes y estacionamientos públicos fuera de dicha zona. Se exceptúan aquellos espacios calificados como de especial protección y que forman parte del sistema nacional de áreas protegidas.
2. En las zonas urbanas y urbanizables, las pistas de rodamiento vehicular (tráficos rodados) tendrán una separación de 50 a 100 metros como distancias mínimas y máximas entre sí. En el caso de los andenes peatonales, la distancia de separación será de 10 a 50 metros como mínimo y máximo uno con relación al otro. Los Gobiernos Municipales, en coordinación con las autoridades competentes promoverán la construcción de vías de acceso señalizados y abiertos para el uso público.

Los propietarios de desarrollo de proyectos turísticos, en sus diseños iniciales deberán de contemplar la servidumbre de paso a que se refiere el artículo anterior.

En el caso donde no exista área para la servidumbre de paso o el área existente sea menor a la establecida en el dictamen técnico correspondiente, se declarará de utilidad pública e interés social el área destinada para tal fin, cumpliéndose con lo establecido en la Constitución Política para estos casos.

Toda utilización de los bienes de dominio público de la costa y zona costera estarán sujetos a previa concesión otorgada por los Concejos Municipales, requiriendo para tal efecto del dictamen técnico de la Dirección General de Desarrollo de la Costa y Zona Costera. En el caso de los Municipios de la Regiones Autónomas de la costa Caribe norte y sur, se requerirá de la aprobación de los Gobiernos Comunales y el aval de los Consejos Regionales respectivos.

Las concesiones se otorgarán a través de resoluciones municipales, las que deberán publicarse en el Diario Oficial, La Gaceta, requisito sin el cual no tendrán ninguna validez.

El plazo de la concesión será por un periodo máximo de veinticinco (25) años prorrogables de manera sucesiva y a solicitud del interesado. El procedimiento para otorgar las concesiones será establecido en el Reglamento de la presente ley.

Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que obtengan concesiones de uso de las costas y zonas costeras, deberán pagar un canon anual por derecho de concesión el cual será recaudado por los gobiernos municipales de la circunscripción respectiva donde se otorguen. Los montos por derechos de concesión serán aprobados por los Concejos Municipales con asesoría de la Comisión de Catastro Nacional, los que deberán ser incorporados a los Planes de Arbitrios de cada municipio.

La concesión no otorga más derechos que los establecidos por la presente Ley y los regulados en el instrumento que los autoriza.

Solamente podrán presentar solicitudes de otorgamiento de concesión las personas naturales o jurídicas nicaragüenses o extranjeros residentes en el país. Igualmente podrán intervenir sociedades o corporaciones extranjeras.

Las personas naturales o jurídicas que soliciten concesiones deben cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y de conformidad con el procedimiento establecido a continuación:

1. Concesiones de derechos de uso y habitación:

a) Presentar solicitud escrita para derechos de uso y fines de habitación o recreación ante el Gobierno Municipal de cada circunscripción.

b) Si se trata de persona natural, acompañar fotocopia de cedula RUC y documento de identidad. De ser personas jurídicas presentar los requisitos del inciso 2) apartado b).

c) Documento de fianza o garantía, su monto se establecerá reglamentariamente.

2. Para uso comercial o turístico:

a) Presentar por escrito la solicitud de concesión ante el Gobierno Municipal.

b) Las personas jurídicas deberán acompañar a su solicitud: 1) fotocopia de la Escritura de Constitución Social y Estatutos; 2) Certificado de inscripción como comerciantes; 3) Acreditación del representante legal; 4) El objeto social debe ser expresamente relacionado con la actividad de explotación solicitada; y 5) fotocopia del número RUC;

c) Documento de fianza o garantía, su monto se establecerá reglamentariamente.

d) Especificar la actividad que se propone desarrollar, lo que implica que deberá presentar el plan de inversiones.

e) Presentar el Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.

f) Estudio de viabilidad económica de proyecto.

g) Los pequeños comerciantes se regularán por lo dispuesto en el reglamento.

Las concesiones se otorgarán atendiendo al principio del derecho: “Primero en tiempo, primero en derecho”. Sin embargo, se podrá establecer un orden de prioridades, en el que se ha de preferir al ocupante del terreno que la haya poseído de buena fe, pública y pacíficamente en forma continua. Será requisito indispensable la aprobación de la Evaluación Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.

Las concesiones se extinguen por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por vencimiento del plazo por el que se hubieren otorgado, sin mediar la existencia de prórroga;

b) Cumplimiento del objeto para el que se otorgaron o por hacerse este imposible;

c) Por muerte del concesionario, en caso de que sus causahabientes no la soliciten en el plazo establecido de 6 meses.

d) Por Renuncia expresa del concesionario.

e) Por disolución y liquidación de las personas jurídicas concesionarias, o por declaración de quiebra legal de la misma;

f) Por pérdida del bien objeto de la concesión;

g) Por abandono que hicieren los interesados durante un término de un año;

h) Transferencia de la concesión a terceros y

i) Por revocación de la concesión por lo señalado anteriormente.

En caso de fallecimiento, o ausencia declarada del concesionario, sus derechos podrán adjudicarse a sus herederos. Si no los hubiere, la concesión se tendrá como cancelada y volverá a la municipalidad con las mejoras existentes.

Son causas de revocación de las concesiones;

a) Sub-concesionar, arrendar, gravar o realizar cualquier acto o contrato por virtud de la cual otra persona goce total o parcialmente de los derechos del concesionario o realizar cualquier otro acto jurídico o material que altere la concesión.

b) Practicar en el área concesionada uso, aprovechamiento o explotación distinta al que le fue otorgado.

c) El incumplimiento a las normas ambientales vigentes.

d) No hacer uso del área concesionada en un término de noventa días calendarios contados a partir de la fecha de su expedición; Esta regulación es aplicable a las concesiones para uso comercial o particular.

e) Dejar en abandono o no utilizar durante un año el área concesionada, sin que medie justa causa. Esta regulación es aplicable a las concesiones para uso comercial o particular.

f) Realizar actividades u obras no autorizadas en el área en la cual se otorgo la concesión,

g) Incumplir en el pago del canon establecido al otorgarse la concesión;

h) Aumentar sin previa autorización y ajuste del canon, la superficie construida en más del diez por ciento (10%) sobre el proyecto autorizado.

i) Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario establecidas en el instrumento de la concesión.

j) Realizar actos que impidan el uso general del dominio público de la zona costera;

k) Propiciar, permitir, consentir o realizar actos o hechos ilícitos dentro del área concesionada;

l) Oponerse o impedir al concesionario, la realización de inspecciones de monitoreo y seguimiento ordenadas por las autoridades competentes.

Es prohibido ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derechos derivados de ellas, sin la autorización expresa de la municipalidad respectiva y la ratificación de la Dirección General para el Desarrollo de las Zonas Costeras respectivo. Carecerán de toda validez los actos o contratos que infringieren esta disposición.

Las municipalidades no podrán otorgar concesión a favor de: Concejales propietarios o suplentes, funcionarios del gobierno municipal, o de los parientes de estos, en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad. Lo dispuesto anteriormente no afecta las disposiciones que establecen la Ley de la Contraloría General de la República y la Ley de Servidores Públicos. Están exentas las concesiones otorgadas antes de elegirse o nombrarse el funcionario.

Cuando se revoque una concesión por causas ajenas al concesionario y que no esté sustentada en las causales establecidas en la presente Ley, se le deberá reconocer a éste el valor en mejoras que existieren en el terreno objeto de la concesión.

En caso de que la concesión sea cancelada por la realización de actos prohibidos imputables al concesionario, las mejoras, construcciones e instalaciones quedarán en favor de la municipalidad respectiva. Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la municipalidad para demandar al concesionario la reparación civil por el incumplimiento o daño ocasionado. En este caso se deducirá el valor de las mejoras creadas en la concesión, tomándose como precio, el valor catastral declarado.

Las áreas que el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) declare como zonas prioritarias de desarrollo turístico quedan sujetas a las siguientes regulaciones:

a) Los lotes de terrenos destinados a edificar en ellos residencias o quintas de recreo para uso del concesionario y sus allegados, y que no constituyan actividad lucrativa, serán concedidos de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y en armonía con los Planes de Desarrollo de la zona costera. Estos planes procurarán una distribución y uso racional del suelo de acuerdo con las técnicas urbanísticas, así como, determinarán la localización, el tamaño y el destino de cada lote, evitando autorizaciones menores a las establecidas por las normas sanitarias.

b) Las parcelas destinadas a establecimientos de centros de recreo, instalaciones hoteleras, restaurantes y similares, residencias o quintas para alquilar, negocios comerciales, u otra clase de actividades fuera de las indicadas, podrán otorgarse por el área máxima que sea técnicamente necesaria de conformidad con los respectivos proyectos, de acuerdo con la planificación de la zona, previa aprobación del INTUR.

c) Se podrá otorgar en concesión hasta una cuarta parte de la zona, para fines de esparcimiento, descanso y vacaciones, a agrupaciones gremiales o asociaciones de profesionales, sindicatos de trabajadores, federaciones de estudiantes, federaciones o confederaciones sindicales, asociaciones comunes o de desarrollo de la comunidad, o entidades de servicio social o clubes de servicio, sin ánimo de lucro. En estos casos las concesiones llevan la condición implícita de que las instalaciones que se construyan no podrán dedicarse a fines lucrativos ni usarse para fines político electorales, todo lo cual les estará prohibido.

d) En ningún caso podrán otorgarse terrenos para la instalación de industrias que no sean las relacionadas con la explotación turística.

e) Ninguna persona junto con su cónyuge e hijos menores, podrán tener más de una concesión.

f) Los concesionarios deberán ceder al Estado las áreas y facilidades requeridas para usos de las instituciones del Estado para fines de seguridad y defensa nacional.

El Plan de Desarrollo de las Costas y Zonas Costeras estará sujeto a las normas que rijan la planificación socioeconómica y la ordenación del territorio, cuyos efectos serán inmediatamente vinculantes sobre el ordenamiento y gestión integral de las costas y zonas costeras. En todo caso, en cada revisión del Plan se incorporarán las modificaciones originadas de las normas que hubieren entrado en vigencia durante el período anterior.

Las instituciones del Poder Ejecutivo, los Gobiernos Municipales y Gobiernos Autónomos de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Atlántico Sur, así como los particulares deberán ajustar sus actividades a las normas y planes vigentes en las costas y zonas costeras, sin perjuicio de los derechos administrativos adquiridos por los particulares, por efecto de actos dictados antes de la entrada en vigencia de las normas y planes o de sus eventuales reformas.

El Plan de Desarrollo de las Costas y Zonas Costeras establecerá el marco de referencia en materia de conservación, uso y aprovechamiento sustentable. Este plan contendrá:

a) La delimitación de las zonas costeras con arreglo a lo establecido en esta Ley. En la delimitación se hará mención expresa del carácter urbano o rural de cada área delimitada según su ubicación y las previsiones que hayan recaído sobre cada área, de acuerdo con los planes de ordenación territorial y del desarrollo urbano local preexistentes.

b) La zonificación o sectorización de los espacios que conforman las zonas costeras en atención a sus condiciones socio-económicas y ambientales, incluyendo las áreas de pesca y los asentamientos y comunidades de pescadores artesanales.

c) La identificación de los usos a que deben destinarse las diferentes áreas de las zonas costeras.

d) Los criterios para la localización de las actividades asociadas a los usos presentes y propuestos.

e) El señalamiento y la previsión de los espacios sujetos a un régimen de conservación, protección, manejo sustentable y recuperación ambiental.

f) Los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para la ejecución del Plan.

g) La política de incentivos para mejorar la capacidad institucional, garantizar la gestión integrada y la participación ciudadana.

h) La identificación de las áreas sujetas a riesgo por fenómenos naturales o por causas de origen humano, así como los mecanismos adecuados para disminuir su vulnerabilidad.

i) Cualquier otra medida dirigida al cumplimiento del objetivo de esta Ley.

El Plan de Desarrollo de las Costas y Zonas Costeras se elaborará de forma permanente mediante un proceso de coordinación interinstitucional y multidisciplinario, que incluya medios de consulta y participación pública que se establecerán reglamentariamente. Este proceso será ejecutado por la Dirección General para el Desarrollo de las Zonas Costeras. Una vez elaborado, será sometido a la aprobación de los Gobierno Municipales competentes, quienes serán los responsables de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, coherente con el Arto. 48 de la presente Ley.

Los planes de desarrollo en los niveles de municipio, departamento y región, tendrán incorporado las variables ambientales, y se adaptarán a los procedimientos de gestión en cada una de la zona costera de manera coherente y proporcional a la finalidad y objetivos previstos en el Plan de Desarrollo de las Costas y Zonas Costeras.

En las zonas costeras se restringen las siguientes actividades:

a) La construcción de instalaciones e infraestructuras que afecten o incidan en el valor paisajístico de la zona.

b) El estacionamiento y circulación de vehículos, incluyendo cuadraciclos, excepto en las áreas de estacionamiento o circulación establecidas para tal fin, y las excepciones eventuales por razones de mantenimiento, ejecución de obras, prestación de servicios turísticos, comunitarios, de seguridad, atención de emergencias u otras que señale la ley.
c) La generación de ruidos emitidos por fuentes fijas o móviles capaces de generar molestias a las personas en las playas o balnearios, salvo aquéllos generados con motivo de situaciones de emergencia, seguridad y defensa nacional. Este inciso será regulado de conformidad a la ley de la materia.

d) La extracción de arena y otros minerales, así como las labores de dragado y alteración de los fondos acuáticos. Esta actividad estará regulada por los permisos correspondientes.

e) Labores agrícolas y agropecuarias.

a) La disposición final o temporal de escombros, residuos y desechos de cualquier naturaleza.
b) La colocación de vallas publicitarias que afecten el valor paisajístico.
c) La ocupación del área de dominio público dentro de la zona costera sin previo permiso de concesión. Tales ocupaciones serán consideradas infracciones y no generarán derecho alguno para el infractor.

Diputado Augusto Valle.

Alguna otra moción al artículo 50.

No hay moción.

Habiendo también únicamente una moción a este capítulo vamos entonces a proceder a votar el capítulo con la moción presentada al artículo 49 y los dos artículos que la componen.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

62 votos a favor, 24 presentes, 1 abstención, 0 en contra. Se aprueba el capítulo VIII con sus dos artículos y la moción que modifica el artículo 49.

Secretarios siguiente capítulo.

SECRETARIO ALEJANDRO RUIZ JIRÓN:

El procedimiento para sustanciar la comisión de infracciones a la presente Ley y su normativa podrá iniciarse:

a) De oficio, cuando el funcionario del órgano competente, por cualquier medio, tenga conocimiento de la presunta comisión de una infracción; o cuando se sorprenda a una persona o personas en la comisión de una infracción estipulada en la presente Ley.

b) Por denuncia, cuando cualquier persona natural o jurídica, se dirige a la autoridad competente, a los efectos de notificar que tiene conocimiento de la presunta comisión de una infracción. Ésta se puede presentar de manera oral o escrita, caso en el cual se levantará acta en presencia del denunciante junto con el funcionario correspondiente, o a través de su apoderado con facultades para hacerlo. Se establecerá el procedimiento administrativo.

Las infracciones conforme a la presente Ley, se clasifican en leves y graves.

1. Son infracciones leves:

a) Causar daños o quebrantos que afecten los bienes del dominio público en la zona costera o a su uso;

b) Incumplir las condiciones establecidas en materia de servidumbres y de las demás determinaciones contenidas en esta Ley;

c) Anunciar y publicitar hechos prohibidos o actividades sin el debido título administrativo o inobservar sus condiciones;

d) Falsear información suministrada a las autoridades competentes referidas a la materia de protección, conservación y control de la zona costera;

e) Interrumpir el acceso público a la zona costera y servidumbre de tránsito; y

f) Circular o estacionarse con vehículos automotores u otros similares dentro de las áreas de la zona costera pública.

g) No cumplir con las indicaciones de las autoridades marítimas.

2. Son infracciones graves:

a) Cometer actos que provoquen daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público de la zona costera.

b) Obstaculizar el ejercicio de las funciones de los Gobiernos Municipales, Consejos Regionales, INTUR u otras autoridades competentes.

c) Construir sin autorización en el área de la zona costera restringida;

d) Ejecutar obras, instalaciones, vertidos, cultivos plantaciones o talas en la zona costera sin la debida autorización;

e) No cumplir con la orden del zarpe e incumplir con las disposiciones de la Fuerza Naval.

f) Realizar acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la salud y seguridad de las vidas humanas, siempre y cuando no constituyan delito.

g) Ceder o comprometer en cualquier otra forma traspasar o gravar total o parcialmente las concesiones o los derechos derivados de ella, de conformidad con el arto. 43 de la presente Ley. La reincidencia de faltas constituirá agravantes en contra del infraccionario antes del plazo establecido para la prescripción de las mismas.

Serán responsables de las infracciones antes señaladas las personas naturales o jurídicas concesionarios o personas al servicio de este:

a) El titular de la concesión o autorización.

b) El promotor de la actividad.

c) La empresa que ejecuta la obra; y

d) El director técnico de la obra.

Serán igualmente responsables de las infracciones en el ejercicio de sus funciones cuya actuación ocasione daños al dominio público o a tercero:

a) Los funcionarios o empleados de los Gobiernos Municipales, o de otras entidades del Estado, que favorezcan el otorgamiento de una concesión, autorización o aprovechamiento de la zona costera fuera del marco de esta Ley.

b) Las autoridades o miembros de órganos colegiados o individuales de la administración del Estado, que resuelvan a favor del otorgamiento de concesión de la zona costera, desoyendo informes preceptivos y unánimes en que se advierta de forma clara y expresa la legalidad de la gestión, o falta de calificación para ello.

Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley, será sancionada conforme al procedimiento establecido y las multas o sanciones administrativas que establezca su Reglamento.

Las infracciones prescribirán en un plazo de dos (2) años para las faltas graves y un año (1) para las leves, a partir de su materialización.

El cómputo del plazo iniciará a partir del momento en que la administración pública tuvo conocimiento del hecho, salvo que sea público y notorio, en cuyo caso correrá a partir del hecho.

Corresponden a los Gobiernos Municipales la aplicación de las multas por las infracciones determinadas en la presente Ley y su Reglamento. Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga al infractor quien estará obligado al pago de los daños y perjuicios causados.

En el caso de que no se pueda remediar el daño y dejar el sitio en el estado en que se encontraba hasta antes de la intervención, podrá aplicarse la compensación y la indemnización. Para el caso de la compensación, el infractor podrá realizar obras de remediación en otro sitio que no sea el que dañó, previa autorización del Gobierno Municipal de conformidad con el dictamen técnico de la Dirección General de Desarrollo de las Zonas Costeras. En el caso de la indemnización, ésta operará cuando bajo ninguna circunstancia, sea posible que el infractor remedie el daño ocasionado. En tal caso se cuantificará el monto de lo dañado por medio de dictamen técnico de un perito del órgano competente para el efectivo pago, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.

Las sanciones de multas impuestas por infracciones, una vez firme, deberán ser enteradas en un plazo no mayor de quince (15) días a partir de su imposición.

Por mandato de la presente Ley, las sumas percibidas en concepto de pago de canon de concesión o multas, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, se distribuirán de la siguiente forma:

1. Un Cincuenta por ciento (50%) para el Gobierno Municipal de la circunscripción territorial, quien deberá destinarlos para fines de protección de la zona costera;

2. Un Veinte por ciento (20%) para la Dirección General de Desarrollo de las Zonas Costeras, destinado para su funcionamiento.

3. Un Veinte por ciento (20%) para la Policía Nacional, destinado a la vigilancia y protección de las zonas costeras
4. Un Diez por ciento (10%) para el MARENA, con el propósito de desarrollar programas que fortalezcan el uso, conservación, protección y control de la zona costera y el medio ambiente.

Esta distribución no afecta ni integra cualquier otro ingreso que se origine de la aplicación de normas jurídicas específicas de parte de los órganos de la administración central competentes.

Contra las resoluciones decretadas por los Gobiernos Municipales, se podrá recurrir por la vía administrativa con los recursos establecidos en la Ley de Municipios y sus Reformas, Ley No. 40 y 261. Agotada esta vía, el agraviado podrá recurrir a la jurisdicción de lo contencioso - administrativo y/o a la Ley de Amparo.

Así como la realización de acciones u omisiones que impliquen un riesgo a la salud y seguridad de la vida humana siempre y cuando no constituyan delito.

Serán responsables de las infracciones antes señaladas las personas naturales o jurídicas que incurran en la comisión de las mismas o quienes instiguen a cometerla.

Serán igualmente responsables de las infracciones los funcionarios en el ejercicio de sus funciones cuya actuación ocasione daños al dominio público o a terceros.

a) Los funcionarios o empleado de los gobiernos municipales o de otras actividades del Estado que favorezcan el otorgamiento a una concesión, autorización o aprovechamiento de las zonas costeras fuera del marco de esta ley. Las autoridades o miembros de órganos colegiados o individuales de la administración del Estado que resuelvan a favor del otorgamiento de concesión de las zonas costeras desoyendo informes preceptivos y unánimes en que se advierta de forma clara y expresa la legalidad de las gestión o falta de calificación para ella.

Paso la moción.

Deróguese el artículo 2 de la Ley Agraria de 1917, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 65 del 20 de Marzo de 1917.

a) Refórmese el Arto. 72 de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.

b) Refórmese el artículo 17 de la ley 311, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), anexándose la Dirección General de Desarrollo de las Zonas Costeras. Así mismo refórmese el Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), agregando la Dirección General de Desarrollo de las Zonas Costeras, cuyas funciones están establecidas en la presente Ley.

Para fines de lograr los objetivos previstos en la presente Ley, el Estado, en cooperación con la sociedad civil, desarrollará una política de educación ambiental, turística y cultural, tomando como referencia la concertación de estándares y procedimientos de normalización destinados a proveer un marco de calidad ambiental dirigida a la preservación de la zona costera y sus ecosistemas.

Toda persona natural o jurídica deberá observar la legislación ambiental vigente, previo a realizar cualquier actividad que pueda generar daños al ambiente en la zona costera. La falta de información científica no exime de la obligación, ni de las responsabilidades por los daños que eventualmente se ocasionaren por causa de las actividades desarrolladas.

Las personas naturales o jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, realicen actividades de uso y aprovechamiento de la zona costera para fines turísticos, de habitación o recreación familiar, en tierras de dominio público deberán proceder a tramitar dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días, la concesión correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

Los Gobiernos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica (RAAN y RAAS) ejercerán su competencia de conformidad con la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica y su Reglamento.

Quienes en virtud de contratos de arrendamientos en terrenos ejidales, a la entrada en vigencia de esta ley, estén en posesión de lotes ubicados total o parcialmente dentro de los límites de las zonas costeras. Siempre y cuando sus arriendos hayan sido otorgados legalmente como lo establecen los planes de arbitrios y estén vigentes, continuarán en posesión de los mismos mientras permanezcan en ellos, en los términos de sus respectivos arriendos y en tanto no se remodelen, destruyan las edificaciones o instalaciones o se cancelen o extingan los contratos.

Los arrendatarios que estuviesen dentro de los límites de la zona costera y que no se hayan sometido a los procedimientos establecidos en el Plan de Arbitrio Municipal y el Plan de Arbitrio Municipal de Managua, deberán presentarse a las municipalidades de su respectiva circunscripción, a fin de que su situación sea revisada y resuelta de conformidad con la Ley.

Aquellas zonas donde existan edificaciones sin la respectiva autorización, conforme a esta Ley, serán objeto de planificación de acuerdo con las normas urbanísticas que se dicten, las cuales se aplicarán gradualmente en casos de remodelaciones o reconstrucciones.

Son absolutamente nulos todos los actos, contratos, acuerdos y disposiciones, que no cumplan con lo establecido en esta ley una vez que entre en vigencia.

En caso de variarse la denominación, la organización o la naturaleza de las instituciones o entidades aquí indicadas, las funciones que les asigna esta Ley serán ejecutadas por el organismo que le dé solución de continuidad.