Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	11 de Junio del 2014	Fechas Posteriores Debate:
Fecha Aprobación:	26 de Junio del 2014	24-06-2014/ 25-06-2014
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" LEY DE ORGANIZACIÓN FUNCIONES, CARRERA Y RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL "

1. Prevención y Seguridad Ciudadana y Humana.

2. Investigación, Auxilio Judicial e Inteligencia Policial.

3. Seguridad y Protección de Personalidades.

4. Seguridad de Tránsito Terrestre.

 La Reunión Nacional de Mandos: es la instancia de evaluación anual de la actividad policial, la preside el Director (a) General de la Policía Nacional, los demás miembros de la Jefatura Nacional, los miembros del Consejo Nacional de la Policía, Segundos Jefes (as) de estructuras, Jefes (as) de delegaciones municipales y Jefes de las distintas estructuras que conforman la cadena de mando institucional.

 Consejo de Género. Es importante destacar la incorporación en este cuerpo legal de esta estructura creada hace varios años en atención a las políticas de Género que implementa la institución, siendo la instancia consultiva y asesora de la Policía Nacional en cuanto a Estrategia y Plan de Acción de Género. Lo integran Jefes, Jefas y oficiales de la Policía Nacional, designados por la Jefatura Nacional.

TÍTULO III. CARRERA POLICIAL (artículos 31 al 72)

Este Título norma la Carrera Policial y está desarrollado en seis capítulos y doce secciones contenidas en 42 artículos, que definen y regulan los aspectos siguientes: normas generales, calificación del personal, derechos profesionales, el ingreso y tiempo de servicio, la situación del personal, jerarquía, los ascensos en grados, cómo operan los nombramientos, rotación y baja, el retiro y la jubilación, las responsabilidades y el régimen disciplinario y los procesos judiciales de las y los miembros de la Policía Nacional y el régimen económico. El contenido particular de cada capítulo es el siguiente:

Capítulo I: Normas Generales (Artículos del 31 al 34)
Sección I (Artículos 31 al 34)

En esta Sección se definen y regulan las Normas Generales de la Carrera Policial, que es la que desarrolla el personal de la Policía Nacional desde su ingreso hasta su egreso; las disposiciones aquí creadas contribuyen a fortalecer y brindar los parámetros de selección basados en criterios de profesionalidad y eficacia; Se refuerzan aspectos referidos al Régimen Laboral Especial al que están sujetos todos los integrantes de la Carrera Policial.

Para garantizar el desarrollo de los procesos, derechos y todos los aspectos referidos a la carrera, la Policía Nacional cuenta con tres Órganos de Apoyo que son: Personal y Cuadros, Academia de Policía y Servicios Médicos Policiales.


PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo II: Del Personal (Artículos 35 al 40)
Sección I: Calificación del Personal. (Artículo 35)

Esta sección califica al personal que trabaja en la Policía Nacional en dos categorías: Personal, Policial y Civil. El personal policial se regula por la política laboral y carrera policial establecida en la ley, su reglamento y las disposiciones aprobadas por el Director (a) General, el personal civil, se regula por el régimen laboral común.

Sección II: Derechos y Deberes Profesionales. (Artículos 36 al 37)

Los Derechos Profesionales a que se refiere esta sección es el conjunto de beneficios, incentivos, haberes y prestaciones sociales de las y los miembros de la Policía Nacional, estos derechos, además de ampliarse, se fortalecen para reconocer, incentivar y motivar el servicio, la preparación profesional, estabilidad laboral, una remuneración acorde al desempeño del cargo, todas en función de coadyuvar a la dignificación de la carrera del policía y el bienestar de su familia.

Sección III: Ingreso y Tiempo de Servicio. (Artículos 38 al 39)

Esta sección define las formas y requisitos para ingresar a la carrera policial, lo importante a destacar es la ampliación del tiempo máximo en que las y los miembros de la Policía Nacional prestarán sus servicios, estableciéndose en 40 años y 65 años de edad; la extensión o prórroga a este plazo, será determinado por el interés de la institución de preservar el recurso humano calificado, profesional y con la experiencia adquirida durante el desarrollo de su carrera en la Policía Nacional; calificaciones necesarias y básicas en la transmisión de conocimientos y preparación del relevo generacional en fortalecimiento del desarrollo de la institución.

El Presidente (a) de la República y Jefe (a) Supremo de la Policía Nacional podrá disponer la extensión del plazo para los Oficiales Generales y el Director (a) General de la Policía para el resto del Escalafón.

Sección IV: Situación del Personal Policial. (Artículo 40)

La situación administrativa a que se refiere esta sección es para designar al estado o situación en que pueden encontrarse las y los miembros de la Policía Nacional con dicha institución, misma que se califica de la siguiente forma:

Servicio activo: Están en esta condición todos los y las miembros que prestan su servicio a tiempo completo en la Policía Nacional, ejecutando y desarrollando las funciones que le son asignadas.

Servicio pasivo: Esta situación está designada para las y los miembros de la Policía Nacional que no están prestando servicio a la Policial Nacional, sea por encontrarse en situación de Reserva, Permiso, Licencia o suspendido de sus funciones, pudiendo o no percibir, en dependencia de su estado, alguna remuneración y goce de ciertos derechos.

Comisión de Servicio Externo: Esta condición permite al miembro de la Policía Nacional, atendiendo el interés supremo de la nación, interés institucional o razones de seguridad, prestar servicios en otras instituciones del Poder Ejecutivo.

Capítulo III. Jerarquía de Grados. (Artículo 41 al 47)
Sección I. Jerarquía. (Artículo 41 al 43)

Esta importante Sección determina la estructura jerárquica, quedando claramente definida la línea de autoridad y responsabilidad por medio del cual se transmiten los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos y funciones propios de la Policía Nacional.

La Jerarquía está determinada por el cargo que desempeña el funcionario (a) y por el grado que ostenta. Se establecen dos escalafones de grados:

Escalafón de Oficiales: está designado para las y los Oficiales Generales, Oficiales Superiores y Oficiales Subalternos.

El Escalafón Ejecutivo, a este pertenecen los grados de menor jerarquía, adecuando los tiempos de permanencia en el grado a las necesidades de desarrollo de la institución.

Como consecuencia del crecimiento de las fuerzas policiales, ampliación de estructuras, nuevas atribuciones y funciones que se le han venido asignando a la institución, mediante leyes aprobadas en el proceso de modernización del Sistema de Justicia Penal y del ámbito policial, se hace necesario establecer dentro del escalafón de oficiales generales, un nuevo grado, proponiéndose crear el grado de "Comisionado (a) Mayor General" que estaría determinado para el nivel de Subdirectores (as) Generales e Inspector (a) General, con el fin de fortalecer la jerarquía y línea de mando institucional. Se mantendría el actual grado de Primer (a) Comisionado, destinado para el Director (a) General, y el de Comisionado (a) General para el nivel inmediato inferior, según se establezca en el manual de correspondencia jerárquica entre grados y cargos policiales.

Sección II: Ascensos en Grados. (Artículos 44 al 47)

Los ascensos en grados es la promoción a la que puede optar cualquier miembro de la Policía Nacional en reconocimiento a su desempeño, siempre y cuando converjan los requisitos de antigüedad en el cargo, calificación profesional o académica y demás requisitos exigidos para el cargo al cual aspira ascender.

Los grados de oficiales generales son aprobados e impuestos por el Presidente (a) de la República y Jefe (a) Supremo de la Policía Nacional.

Los ascensos en grados de Oficiales Superiores los aprueba e impone el Director (a) General de la Policía Nacional; el de Oficiales Subalternos y del Escalafón Ejecutivo los aprueba el Director (a) General y los imponen los miembros de la Jefatura Nacional.

Capítulo IV: Nombramiento, Permanencia, Rotación Baja. (Artículos 48 al 60)

Sección I: Nombramiento y Permanencia. (Artículos 48 al 52) Esta sección define para todo el personal policial, desde el Escalafón de Oficiales hasta el de Oficiales Subalternos, la autoridad a quien corresponde nombrar en los diferentes cargos, el período de permanencia en el mismo, el cual varía según el cargo y los requisitos del mismo.

Por las importantes y delicadas funciones que les corresponde cumplir a la Policía Nacional como es la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno del país, se hace necesaria la dirección y conducción de la institución mediante el mando continúe e ininterrumpido de su Jefe (a) Superior, por 10 que es de vital importancia establecer que el Director (a) General, una vez haya vencido o cumplido su periodo para el cual fue nombrado, podrá permanecer en el cargo hasta que el Presidente (a) de la República, Jefe (a) Supremo de la Policía Nacional, proceda al nombramiento del Oficial General que lo sustituirá.

Sección II. Rotación y Baja. (Artículos 53 al 56)

Aquí se dispone el proceso de rotación, promoción o democión a que están sometidos durante el desarrollo de su carrera, las y los miembros de la Policía Nacional y como consecuencia del Régimen Especial laboral que rige a las y los miembros de la Policía Nacional, también se definen, modifican y adecuan las causales de baja, a través de la cual se pone fin a la carrera policial; destacándose entre estas causales la conveniencia institucional.

Sección III Retiros y Jubilación. (Artículos 57 al 60)

Por ser el retiro y la jubilación una forma y condición especial de baja y con la cual concluye la carrera policial, se adecuan y preservan ambas situaciones, con modificaciones necesarias, tomando en cuenta las realidades económicas y estructurales de la Policía Nacional.

Se define que pasan a retiro los miembros de la Policía Nacional del escalafón de Oficiales Generales y Comisionados (as) Mayores. En el caso del Director (a) General, una vez haya concluido su periodo en el cargo para el cual fueron nombrado siendo aprobado por el Presidente (a) de la República y para el resto de oficiales referidos en la ley, por decisión institucional una vez hayan agotado toda posibilidad de promoción y desarrollo.

A los oficiales que pasen a condición de retiro, se les garantizará la entrega de haber por retiro, tomando como base el último salario devengado, hasta pasar a la condición de pensionado.

La Jubilación es otra forma especial de poner fin a la carrera policial, tiene especial mención por las características propias de su aplicación, para lo cual se establece un Programa Especial de Jubilación que será administrado par el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU).

La Jubilación se otorga por interés institucional, es autorizada por el Director (a) General de la Policía Nacional al personal del escalafón ejecutivo que cumplan como mínimo 25 años de servicio y a los oficiales hasta el grado de Comisionado (a) que cumplan como mínimo 30 años de servicio. El pago de la jubilación se realizará en base al promedio salarial del último año, siendo de 75% para 25 años de servicio y 80% para 30 años de servicio.

El financiamiento provendrá de diferentes fuentes tales como un porcentaje de los recursos asignados a la Policía Nacional proveniente de los decomisos al crimen organizado, aportes del Estado y el aporte de los afiliados, entre otros.

Capítulo V: Responsabilidades y Régimen Disciplinario y Procesos Judiciales (Artículos 61 al 68)

Sección I. Responsabilidad Personal (Artículos 61 al 66)

Esta sección determina la responsabilidad personal y directa de los actos que realizan las y los miembros de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, e igualmente la Disciplina Policial, misma que es garantizada a través del estricto cumplimiento de las normas instituidas en esta ley y otras que rigen el actuar de la Policía Nacional. La investigación Administrativa disciplinaria de un policía, es sin perjuicio de la investigación de cualquier causa penal que le fuere imputada.

Sección II: Procesos Judiciales a Miembros de la Policía Nacional (Artículos 67 al 68)

Se reafirma y fortalece el fuero civil al que están sometidos las y los miembros de la Policía Nacional en sus actuaciones, incluidos los Policías Voluntarios, de conformidad a las disposiciones contenidas en la Legislación Penal del país.

Capítulo VI: Régimen Económico. (Artículos 69 al 72)

Este capítulo regula los mecanismos de Administración, Ejecución y control de los Recursos financieros que le son asignados a la Policía Nacional vía Presupuesto General de la República, para ello cuenta con órganos de Apoyo especializados en la materia como son las Divisiones de Administración General y Finanzas.

Este Régimen Económico opera bajo estricto cumplimiento del régimen jurídico de control y fiscalización dispuesta para la Administración Pública, supervisado por el árgano rector del Estado, la Contraloría General de la República, y a nivel interno por una Unidad de Auditoría Interna.

TÍTULO IV: RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL. (Artículos 73 al 114)

Este Título lo integran ocho (8) capítulos con cuarenta y dos (42) artículos, en él se instituyen las normas de funcionamiento, administración y control del Régimen Especial de la Seguridad Social Policial al cual están afiliados las y los miembros y personal auxiliar de la Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación y sus dependencias, garantizando con ello las garantías que en materia social y laboral tutela la Constitución Política de Nicaragua.

Capítulo I: De la Institución y sus objetivos. (Artículos 73 al 76)

Este Sistema Especial de Seguridad Social, tiene como base jurídica la Ley Nº.228, Ley de la Policía Nacional, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº.162 del 28 de agosto de 1996; su principal objetivo es organizar, administrar y ejecutar todo lo referente al Régimen Especial de Seguridad Social y Desarrollo Humano del personal de la Policía Nacional y del personal del Ministerio de Gobernación y sus dependencias, actividad que ejecuta a través del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) constituido como un ente autónomo del Estado de Nicaragua, de duración indefinida, con patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir y contraer obligaciones, adscrito a la Policía Nacional.

Capítulo II: Campo de aplicación (Artículos 77 al 78)

En este capítulo se establece la obligatoriedad de afiliación a este Régimen Especial de todo el personal de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobernación y sus dependencias incluyendo también al personal del ISSDHU.

Igualmente a fin de fortalecer el régimen en beneficio de los exmiembros de las instituciones sujetas a este régimen se incorpora el Programa de Afiliación Voluntaria (PAV), garantizando con ello el derecho a obtener pensión por discapacidad común, vejez y muerte común.

Capítulo III: De las Pensiones y Prestaciones. (Artículos 79 al 91)

Se establecen las contingencias que cubre el régimen especial de seguridad social y se determinan las circunstancias que generan el pago de las pensiones las prestaciones que se otorgarán a los afiliados a este régimen, el procedimiento para su aplicación, la edad requerida, el tiempo que debe cotizar para gozar del beneficio y el monto máximo de la pensión, entre otros, así como las circunstancias que generan el pago de las prestaciones.

Esta ley incorpora y hace extensivos los beneficios a que tienen derecho los afiliados (as) voluntarios y se instituye como un avance trascendente, la cobertura médica para las y los pensionados, la que no estaba contemplada en la ley actual.

También se establece en este capítulo el pago de las indemnizaciones y pensiones a los Policías Voluntarios y Bomberos Voluntarios que fallezcan o se incapaciten, producto de las contingencias o riesgos profesionales a que están expuestos en el ejercicio de sus funciones.

Capítulo IV: Del Desarrollo Humano (Artículos 92-93)

El Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, responsabilizado de la aplicación de este régimen especial de seguridad social, también tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida de sus afiliados (as) a través de distintos programas tales como planes de ahorro, préstamos personales.

A fin de fortalecer estos programas es relevante destacar que a partir de esta ley se traslada a este Instituto la administración del programa especial de jubilación por años de servicio.

Capítulo V: Patrimonio y Administración (Artículos 94 al 95)

El Patrimonio es el conjunto de Bienes y Derecho con que cuenta este régimen especial para el aseguramiento de la seguridad social de sus afiliados (as).

En este capítulo se constituyen las fuentes de ingreso que conforman el Patrimonio de este Régimen Especial de Seguridad Social, tales como: Las cotizaciones de los afiliados (as), las asignaciones especiales que autorice el Gobierno Central, las transferencias, herencias, los inmuebles propiedad del Estado que por Ministerio de esta ley y rentas generadas por los inmuebles propiedad del Instituto, entre otros.

Es importante indicar que las cotizaciones constituyen la principal fuente de ingreso de este Régimen Especial, aportando cada afiliado (a) una cotización mensual equivalente al 4% de su salario, el que podrá irse ajustando hasta alcanzar un 8%, conforme a evaluaciones actuariales.

Conforme esta ley, se propone que el empleador aumente el porcentaje de su aporte patronal, pasando del 11% actual al 15%, al momento de la entrada en vigencia de la ley, y mediante incrementos anuales del 1% a partir del año 2015, hasta completar el 19% de aporte.

Esta decisión se considera sumamente importante, ya que permitirá la sostenibilidad del régimen especial de seguridad social.

Capítulo VI: Organización (Artículos 96 al 102)

Para el funcionamiento del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, se determinan Órganos rectores y de Administración que ejecutan las políticas destinadas a este Régimen Especial, siendo estos los siguientes:

1. El Consejo Directivo
2. La Dirección Ejecutiva
3. El Consejo Técnico
4. La Auditaría Interna

El Consejo Directivo: Es la máxima autoridad del Instituto y le corresponde la dirección administración total del Régimen Especial de Seguridad Social, está integrado por el Director (a) General de la Policía Nacional que es el Presidente (a) del Consejo Directivo y representante legal, el Ministro de Gobernación y siete miembros más de las distintas áreas de la Policía Nacional y del MIGOB, El Presidente (a) del INSS y un representante de los pensionados.

Capítulo VII y VIII: De los Privilegios del Instituto y Disposiciones Comunes. (Artículos del 103 al 114)

Estos Capítulos están referidos a los privilegios y exenciones necesarios que requiere el instituto como ente especializado y garante de la Seguridad Social de las y los miembros de la Policía Nacional y otras instituciones a fin de contribuir a garantizar agilizar la recuperación de las inversiones que realizan cuyas ganancias forman parte del patrimonio del Instituto en beneficio de sus afiliados.

TÍTULO V: DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES. (Artículos 115 al 124)

Este título está desarrollado en tres (3) Capítulos diez (10) artículos, contiene las disposiciones transitorias necesarias para garantizar la transición de buena forma y la continuidad de otras normas rectoras de la Policía Nacional, hasta tanto no se apruebe la presente iniciativa de ley; así mismo las disposiciones Derogatorias y Finales.

Expuesto los motivos antes referidos que justifican la necesidad del Estado de Nicaragua de dotar a la Policía Nacional de una nueva ley que garantice además de los derechos y principios constitucionales, una convivencia segura, tranquila y en armonía de todos las y los nicaragüenses, por ello, exhorto a los Honorables Diputados de la Asamblea Nacional, aprobar la presente propuesta de Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 140, numeral 3) del artículo 150 todos de la Constitución Política de Nicaragua, artículo 90 párrafo segundo y artículo 91 de la Ley Nº.606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua y sus reformas contenidas en su texto refundido, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº.16 del 28 de enero de 2013, someto a consideración de la Asamblea Nacional la presente iniciativa de “Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional”.

Hasta aquí el Texto de la Exposición de Motivos y Fundamentación.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Envíese este proyecto de ley a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.

Se suspende la sesión, y continuamos de acuerdo a la programación establecida.


CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE JUNIO DE 2014 (TRIGÉSIMA LEGISLATURA)

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados siempre en el Adendum N°.04. PUNTO III. DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS, Punto 3.31: “LEY DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES, CARRERAS Y RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Le pedimos a la diputada Patricia Sánchez, miembro de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, la lectura del Dictamen.


DIPUTADA PATRICIA SÁNCHEZ URBINA:

Buenos días.

La Policía Nacional es un cuerpo armado, de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. Es el único cuerpo policial del país, es indivisible y tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial.

Se regirá en estricto apego a la Constitución Política de Nicaragua, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional.

La Policía Nacional se rige por la más estricta disciplina de sus miembros, sometidos al cumplimiento de la ley. Su organización interna se fundamenta en la jerarquía única y en la disciplina de sus mandos y personal.

Las disposiciones de la presente ley contribuyen a la Política Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana y Humana.

La Policía Nacional tiene por misión en todo el territorio nacional, proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes; el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, garantizar el orden público, la convivencia social, la prevención, persecución e investigación del delito en general, del crimen organizado, terrorismo, actividades de narcotráfico y delitos conexos, y las demás que le señale la ley. Forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Democrática (SNSD).

Se prohíbe a toda persona, sea natural o jurídica, el ejercicio de funciones que corresponden conforme a la Constitución Política y esta ley, de forma exclusiva a la Policía Nacional.

No podrán las personas naturales o jurídicas, llevar a cabo actividades de investigación privada o cualquier otro acto que vulnere los derechos constitucionales, la intimidad y la privacidad de las personas.

La Policía Nacional se organiza en un Modelo Preventivo, Proactivo y Comunitario, con la participación protagónica de los habitantes, la familia y la comunidad, cuyo objetivo es desarrollar de forma coherente y de manera sistemática las relaciones entre la institución y la población en todo el territorio nacional, orientada a la prevención del delito, la seguridad de las personas y sus bienes, contribuyendo a alcanzar una mejor calidad de vida de las familias nicaragüenses.

Este modelo es inclusivo, de responsabilidad compartida, de integración y articulación de esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad, la comunidad y el Estado, de revisión y ajustes sistemáticos.

El domicilio de la Policía Nacional y sede de su Jefatura Nacional será en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua. Sus uniformes, bandera, escudo, himno, símbolos, distintivos y lema son de uso exclusivo.

La Policía Nacional como una institución surgida del seno popular, pretende un reconocimiento permanente de la sociedad, una alta legitimidad social, constituirse en una entidad moderna, eficiente, profesional y en permanente transformación, con clara vocación de servicio, altos valores humanos, íntima vinculación a la comunidad, respetuosa de los derechos humanos, cimenta toda la vida y actuar de sus miembros, conforme a los siguientes principios:

1. Patriotismo: Es el amor a la Patria, cuya máxima expresión es la determinación consciente de los ciudadanos para defenderla ante cualquier amenaza o riesgo.

2. Respeto a los Derechos Humanos: El ser humano es el centro y razón de ser de la actividad policial, por tanto constituye un elemento transversal en nuestro modelo policial, el respeto profundo al ser humano y a su dignidad; la protección y defensa de sus derechos inalienables, su vida, seguridad, libertad y demás garantías consagradas en la Constitución Política y en especial la defensa y protección a los derechos de la mujer, niñez y adolescencia.

3. Solidaridad: Es para la institución policial, un elemento vital de cohesión interna y de unidad, que promueve el desarrollo de relaciones armónicas, de respeto, lealtad, solidaridad y cooperación entre sus miembros, y hacia fuera, es el hilo conductor que se expresa en el espíritu de entrega, sacrificio y compromiso de sus miembros hacia la comunidad, en la construcción de espacios de seguridad, justicia y equidad.

4. Integridad: Honestidad, dignidad, transparencia, compostura y decencia en la vida laboral, personal y social. Comportamiento acorde con la ley y las normas sociales, abstenerse de todo acto de corrupción, oponerse a él resueltamente, mantener una actitud ejemplar en todos los aspectos de la vida, que fortalezcan el honor de la Institución y sus miembros ante la comunidad.

5. Equidad de Género: Reconocer y asumir plenamente la equidad de género por convicción de su necesidad y justeza, incorporarlo en sus políticas internas de selección, formación, y carrera policial, restituyendo el derecho de la mujer a participar en todos los ámbitos de la institución en igualdad de condiciones. Así como a contribuir a generar a nivel institucional y social cambios de valores, actitudes y conductas, orientadas a reconocer y restituir la equidad entre hombres y mujeres y a eliminar cualquier tipo de discriminación por razones de género.

6. Espíritu de Cuerpo y Orgullo Policial: Conciencia y convicción de pertenencia al cuerpo policial, que propician y promueven la cooperación, fortaleza, unidad y cohesión de sus miembros hacia fines y objetivos institucionales. Lealtad y fidelidad a la institución, sus mandos y compañeros, cohesionados alrededor de los principios, valores, visión y misión de la Policía Nacional.

7. Vocación de servicio: Asumir la calidad de servidores público, de forma consciente, con respeto y dedicación encaminados a atender y satisfacer las demandas de la comunidad y la población en materia de seguridad ciudadana y humana, trabajando estrechamente con ella bajo un enfoque proactivo y preventivo.

El personal policial en el cumplimiento de sus funciones se regirán conforme a los Principios de Actuación establecidos en la presente ley, a su condición de servidores públicos y respetando los derechos humanos. También estarán regidos por lo dispuesto en el Reglamento de Ética de la institución y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

1. Legalidad: Es el respeto irrestricto, observancia y cumplimiento a la Constitución Política y las leyes de la República, la defensa y promoción del Estado de Derecho.


2. Profesionalismo: Actuar con absoluta neutralidad e imparcialidad, sin discriminación alguna, con total dedicación, decisión y sin demora. Recibir instrucción académica que le permita una formación integral con énfasis en derechos humanos. Sujetarse en sus actuaciones a los principios de jerarquía y subordinación. La obediencia debida, en ningún caso podrá amparar órdenes o acciones que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a las leyes.


3. Tratamiento digno a las personas: Respetar el honor y la dignidad de las personas, velando por su vida e integridad física y psíquica, especialmente cuando se encuentren detenidas, observando y cumpliendo en todo momento los trámites, plazos y requisitos establecidos por la Constitución Política y las leyes.

4. Uso racional de la fuerza y empleo de armas de fuego: Hacer uso sólo de la fuerza necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose en su actuación por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

Las armas de fuego solamente se utilizarán cuando exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas; o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro, que oponga resistencia a la autoridad, y sólo en caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos; o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para el orden público.

Para el cumplimiento de su misión constitucional, la Policía Nacional, desempeñará sus funciones generales en los siguientes ámbitos:

1. En el ámbito de prevención y seguridad ciudadana y humana. Son las funciones y facultades de la Policía Nacional orientadas a garantizar la vida, la seguridad e integridad física de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus derechos, el mantenimiento del orden público y la prevención de los delitos. Estas funciones son:

a. Garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana y humana, y desarrollar estrategias, planes y acciones para la prevención de delitos con un enfoque proactivo, en conjunto con expresiones organizadas de los distintos sectores de la comunidad.

b. Mantener o restablecer, en su caso, el orden público y la seguridad ciudadana y humana.

c. Intervenir ante las amenazas de usurpación, perturbación o despojo a los bienes de las personas, que por las vías de hecho se ejecuten o pretendan ejecutar. En tal caso la Policía Nacional de manera inmediata auxiliará, protegerá y amparará a los afectados, restituyendo en su caso, las cosas a su estado anterior. Las partes tendrán derecho de acudir ante las instancias judiciales competentes a dirimir sus pretensiones.

d. Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas, vías de comunicación terrestre, playas, parques, monumentos, centros y establecimientos que por su interés así lo requieran. Para estos efectos se podrán celebrar convenios con las autoridades municipales, el Ejército de Nicaragua y otras instituciones a fin de definir estrategias y acciones para el fortalecimiento de la seguridad desde el nivel local.

e. Apoyar al Consejo Supremo Electoral en los procesos electorales, asegurando la protección de sus funcionarios, del material electoral, de los centros de votación y centros de cómputos, de las y los candidatos y de las actividades proselitistas, dictando las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y humana y el libre sufragio de las y los ciudadanos.

f. Participar en los Consejos, Comités, Comisiones Sectoriales, instancias especializadas creadas conforme a las leyes, y las que disponga el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional.

g. En coordinación con las autoridades de turismo, gobiernos locales, empresarios, gremios turísticos y Ejército de Nicaragua establecer y mantener una estrategia de prevención, atención y protección a los turistas nacionales y extranjeros, rutas, zonas de interés y de desarrollo turístico.

h. Coordinar con las autoridades pertinentes para asegurar la protección del patrimonio cultural, histórico y natural de la nación.

i. Desarrollar la prevención, persecución e investigación de los delitos en general y de crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y delitos conexos en los puertos, aeropuertos, objetivos económicos, proyectos y recursos estratégicos de la nación, en coordinación con las autoridades competentes.

Las autoridades y funcionarios de las entidades respectivas deberán brindar a la Policía Nacional las facilidades para el cumplimiento de los fines previstos.

j. Desarrollar estrategias, planes y acciones específicas articulando esfuerzos conjuntos con los pequeños, medianos y grandes productores, empresarios agrícolas y distintos gremios, para garantizar la protección de los ciclos de producción y la seguridad en el campo, en coordinación con el Ejército de Nicaragua.

k. Realizar la prevención, persecución e investigación de los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Alcaldías Municipales, Gobiernos Regionales y el Ejército de Nicaragua.

l. Elaborar y desarrollar planes especiales en los casos de graves riesgos, catástrofes y desastres naturales, en apoyo a la población, con énfasis en la protección de la vida e integridad de las personas y sus bienes y en el mantenimiento y restitución del orden público, coordinando con el Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.

m. Autorizar, regular, realizar inspecciones, controlar o suspender en su caso a las entidades y servicios públicos y privados de seguridad y vigilancia, sean personas naturales o jurídicas, así como el control de su personal, medios de actuación y sancionar las infracciones, conforme a las normativas correspondientes.

n. Prevenir, normar, controlar, regular la fabricación, tenencia y portación de armas de fuego, municiones, explosivos, pólvora y similares; emitir las licencias relacionadas con este tipo de bienes, su importación y exportación, comercialización e intermediación; diseño y elaboración de pirotécnicos, talleres, clubes de tiro y caza, de coleccionistas. Así como otorgar las licencias de armas de fuego y municiones de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Aplicar las sanciones por la comisión de infracciones administrativas. Todo conforme a la ley de la materia y reglamentaciones específicas.

En el caso del Ejército de Nicaragua se regirá por lo que dispone la Ley Nº.181, Ley de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar y la Ley Nº.510, Ley Especial Para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.

o. Autorizar, regular, controlar, otorgar permisos, licencias, autorizaciones especiales para los expendios de bebidas alcohólicas, determinando los lugares y horarios para su funcionamiento, tomando en cuenta la necesidad de preservación del orden público y la convivencia ciudadana. Así mismo, imponer las sanciones administrativas por las infracciones cometidas, incluyendo multas, suspensión temporal o cierre definitivo y el decomiso del producto que se pretenda comercializar de forma ilegal, de conformidad con las reglamentaciones y normativas correspondientes.

p. Otorgar permisos policiales y autorizaciones para la celebración de eventos o actividades especiales que afecten la libre circulación de las personas y vehículos o que puedan alterar la normal convivencia de la población, estableciendo horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normativas.

q. Brindar auxilio policial a las autoridades y funcionarios en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo al procedimiento legal, velando durante su ejecución por la preservación del orden público y la seguridad ciudadana y humana.

r. Promover y articular la participación de los miembros de la comunidad, de forma voluntaria en actividades de apoyo a la vigilancia y seguridad ciudadana y humana en sus respectivas localidades, prevención de violencia de género, violencia juvenil, accidentes de tránsito, consumo de drogas, entre otras.

2. En el ámbito de investigaciones, auxilio judicial e inteligencia policial. Son las funciones y facultades de la Policía Nacional orientadas a la persecución e investigación del delito en general, del crimen organizado, terrorismo, actividades de narcotráfico y delitos conexos, siendo las siguientes:

a. Investigar cualquier hecho que pudiera constituir delito o falta, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar y detener a los presuntos autores y partícipes, realizar los allanamientos y el secuestro de bienes; reunir elementos de investigación útiles y demás elementos de información necesarios para el descubrimiento del delito.

b. Llevar a cabo la prevención, investigación y tratamiento de los ilícitos penales relacionados con la violencia de género, así mismo realizar en coordinación con las entidades, instituciones pertinentes y con sectores de la comunidad la atención especializada a las víctimas sobrevivientes, de conformidad con las leyes de la materia.

c. Investigar los delitos de acción pública, dependiente de instancia particular, cuando se trate de delito flagrante o exista denuncia de la persona facultada para instar la acción; en estos casos deberá actuar de oficio para interrumpir la comisión del delito, prestar auxilio a la víctima, realizar actos urgentes de investigación y detener a los presuntos autores.

d. Enfrentar el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, delitos de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y delitos conexos, así como la actividad delictiva común, para su prevención, descubrimiento, investigación y neutralización.

e. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para la protección de la vida, seguridad e integridad de las personas y sus bienes, la seguridad ciudadana y humana, y la preservación del orden público y social interno.

f. Elaborar y desarrollar planes y operaciones a fin de contrarrestar los delitos de crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, delitos de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, sus precursores y delitos conexos, así como la actividad delictiva común, incluyendo operaciones antinarcóticas, operaciones encubiertas y procedimientos especiales de investigación.

g. La investigación para el descubrimiento y comprobación de los hechos presuntamente delictivos, será efectuada conforme las reglas lógicas, técnicas y métodos científicos propios de tal actividad, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados y la ley. El resultado de su investigación será presentado como informe al Ministerio Público o a la autoridad judicial competente.

h. Organizar y actualizar el servicio de archivo policial, recibiendo, ordenando, clasificando y almacenando toda la información y documentación relacionada a la investigación de los delitos y faltas, personas detenidas, armas de fuego, permisos y licencias y otros trámites administrativos que se realicen en la Policía Nacional.

i. Expedir los certificados de antecedentes policiales y penales, a las personas que lo requieran y las anulaciones de acuerdo a los procedimientos establecidos.

j. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que emanen de las autoridades judiciales y otras debidamente facultadas por ley, de acuerdo con los respectivos procedimientos legales.

k. Citar a toda persona que pudieren aportar datos de interés a las investigaciones que se realicen, para efectos de entrevistarlos o recibir sus declaraciones en la forma y con las garantías que establezca la ley.

l. Cumplir con los actos o diligencias de asistencia investigativa internacional en materia penal, que sea requerido conforme los procedimientos y conductos establecidos en los tratados o acuerdos internacionales y la legislación del país.

m. Desarrollar relaciones de colaboración, cooperación mutua con instituciones homólogas de otros países o con organismos policiales regionales o internacionales, en función de fortalecer la lucha en contra de la delincuencia organizada transnacional.

3. En el ámbito de seguridad y protección de personalidades. Son las funciones y facultades de la Policía Nacional orientadas a garantizar la vida, seguridad e integridad del Presidente de la República y su familia, Vicepresidente y otras personalidades nacionales y extranjeras.

Estas funciones son:

a. Establecer y aplicar un sistema de medidas preventivas y procedimientos operativos de forma permanente, circular y escalonada, mediante el uso de medios técnicos, de apoyo y de protección necesarios para garantizar de manera integral la vida e integridad física tanto en el ámbito público como privado de las siguientes personalidades:

i. Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, y su familia.

ii. Vicepresidente de la República y su familia.

iii. Presidentes y Presidentas de los Poderes de Estado.

iv. Expresidentes de la República.

v. Presidente y Vicepresidente electos.

vi. Jefes de Estado y de Gobierno de otros países que nos visiten.

vii. Candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, durante las campañas electorales.

viii. Director o Directora General de la Policía Nacional,

ix. Otras personalidades que el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional determine.

b. Brindar protección al Presidente de la República y su familia y al Vicepresidente en los viajes que realicen al exterior.

c. Implementar medidas de seguridad, inteligencia y de orden público en los lugares públicos o privados en donde permanezca o se desplace el Presidente de la República y otras personalidades protegidas en un área o perímetro que estará en dependencia al tipo de actividad que se desarrolle.

d. Vigilar y proteger las sedes y residencias de los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular, de acuerdo a los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua y a los principios de reciprocidad.

e. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para la protección de la vida, la seguridad e integridad de las personas protegidas.

f. Establecer coordinaciones con el Ejército de Nicaragua, y demás instituciones públicas, en el cumplimiento de las medidas de protección y seguridad, en el ámbito de su competencia y con arreglo a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas.

g. Requerir el apoyo a las personas naturales y entidades privadas, para que contribuyan en el cumplimiento de las medidas de protección y seguridad establecidas.

4. En el ámbito de la seguridad del tránsito terrestre. Son las funciones y facultades de la Policía Nacional orientadas a garantizar la vida, seguridad e integridad de las personas que circulan en la red vial del país. Estas funciones son:

a. Ejercer la vigilancia y regulación operativa del tránsito.

b. Prevenir e investigar los accidentes de tránsito.

c. Organizar, promover y dirigir la Educación Vial, para los conductores, peatones y demás usuarios de las vías de comunicación terrestre.

d. Definir el Sistema Señalización y Seguridad Vial que regirá en la red vial del país en coordinación con las instituciones correspondientes.

e. Imponer las multas y sanciones establecidas para las infracciones que cometan los conductores de vehículos y sus propietarios, escuelas de manejo y otras entidades reguladas conforme lo dispone la ley de la materia.

f. Autorizar la emisión de licencias de conducir, ejercer el control y registro de conductores y sus infracciones, así como la suspensión y cancelación de licencias.

g. Inscribir y registrar los vehículos automotor, su transferencia, gravámenes, embargos, anotaciones preventivas y las modificaciones sustanciales de las características físicas y técnicas del parque automotor.

Todas estas funciones las ejercerá de conformidad con la ley de la materia, reglamentos y normativas específicas que se emitan.

Para el efectivo cumplimiento de su misión constitucional y sus funciones, la Policía Nacional podrá:

1. Elaborar y proponer para su aprobación al Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, las Políticas Nacionales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

2. Adquirir derechos y contraer obligaciones de conformidad con las leyes de la materia.

3. Conforme a los planes y programas de desarrollo institucional, adquirir, conservar y mejorar la técnica policial, medios y equipos especializados, unidades de patrullaje y otros medios de transporte, vestuario, armas de uso policial, municiones y todo tipo de bienes y recursos necesarios para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y humana.

4. De acuerdo a su presupuesto, recibir, construir, mantener y acondicionar edificios, delegaciones, instalaciones, infraestructuras especializadas, puestos policiales, y cualquiera que fuese necesario para el cumplimiento de sus funciones.

5. Recibir, administrar y utilizar medios de transporte, bienes muebles e inmuebles, armas de fuego de uso policial y cualquier otro bien que sea entregado en depósito o adjudicado de forma definitiva por la autoridad competente procedentes de incautaciones y decomisos al crimen organizado y narcotráfico y en general de cualquier otra actividad ilícita conexa, de acuerdo con la ley de la materia para fortalecer la capacidad operativa y la seguridad ciudadana y humana.

6. Crear sus símbolos policiales, bandera, escudo, himno, condecoraciones, distintivos, emblemas, insignias, uniformes y lema, nombre de delegaciones de policía y demás edificios policiales y cualquier otra característica de la institución policial de acuerdo con sus tradiciones históricas y de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normativas internas.

Conforme a la Constitución Política de la República y la presente ley, la Policía Nacional es una institución jerarquizada que se rige por una estricta disciplina de sus mandos y personal. Para el efectivo cumplimiento de sus misiones y funciones el mando institucional está organizado y conformado por:

1. La Jefatura Suprema
2. La Jefatura Nacional
3. La Jefatura de Especialidades Nacionales y de Órganos de Apoyo
4. La Jefatura de Delegaciones Policiales

La Jefatura Suprema de la Policía Nacional es ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y tiene las siguientes atribuciones:

1. Disponer de las fuerzas y medios de la Policía Nacional de conformidad con la Constitución Política y la ley.

2. Nombrar al Director o Directora General de la Policía Nacional entre los miembros de la Jefatura Nacional.

3. Nombrar a los Subdirectores y Subdirectoras Generales, y al Inspector o Inspectora General.

4. Otorgar los grados de Primer Comisionado o Primera Comisionada y Comisionados o Comisionadas Generales.

5. Disponer el retiro del Primer Comisionado o Primera Comisionada y Comisionados o Comisionadas Generales.

6. Destituir de su cargo al Director o Directora General de la Policía Nacional por las causas siguientes:

a. Desobedecer las órdenes del Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional en el ejercicio de sus atribuciones
b. Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito grave o muy grave.
c. Incapacidad física y mental declarada de conformidad con la ley.

7. Destituir a Subdirectores y Subdirectoras Generales, Inspector e Inspectora General, a propuesta de la Dirección General, por las siguientes causas:

a. Desobedecer las órdenes del Director o Directora Genera en el ejercicio de sus atribuciones.
b. Haber sido condenado por delito grave o muy grave mediante sentencia firme.
c. Incapacidad física y mental declarada de conformidad con la ley.

8. Autorizar las solicitudes de ausencias temporales del Director o Directora General de la Policía Nacional.

9. Otorgar e imponer a propuesta del Director o Directora General, condecoraciones a miembros de la Policía Nacional en servicio activo, a exmiembros de la Policía Nacional póstumamente, a personalidades nacionales o extranjeras que hagan mérito por su contribución a la seguridad ciudadana y al desarrollo y fortalecimiento de la institución policial.

10. Recibir y aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Policía Nacional, para su incorporación al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la República.

11. Aprobar Políticas de Estado y directrices en materia de seguridad ciudadana y humana, y persecución, prevención e investigación del delito de crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y delitos comunes.

12. Convocar a las y los Oficiales Retirados de la Policía Nacional para cumplir misiones específicas en casos extraordinarios. Los que serán reincorporados mediante contratos.

13. Procurar para la Policía Nacional las condiciones y recursos necesarios para el cumplimiento de su misión y funciones constitucionales y para el desarrollo y fortalecimiento del modelo policial preventivo, proactivo y comunitario; y las demás que le señale la ley.

14. Ordenar en Consejo de Ministros, la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional cuando la estabilidad de la República estuviere amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales.

15. Recibir el Informe Anual de la Policía Nacional en Reunión Nacional de Mandos Policiales.

La Jefatura Nacional es ejercida por el Director o Directora General, quien la dirige, administra y ejerce el mando único en la institución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política, la presente ley y la normativa interna, bajo la dirección de la Jefatura Suprema

Ejerce su autoridad directamente o a través de los Subdirectores o Subdirectoras Generales, y del Inspector o Inspectora General que le auxilian para estos fines y además funcionan como instancia consultiva y asesora del Director o Directora General.

1. Prevención y Seguridad Ciudadana y Humana
2. Investigación e Inteligencia Policial.
3. Seguridad y Protección de Personalidades
4. Delegación Metropolitana de Managua.
5. Administración y Gestión

La Jefatura Nacional, para el ejercicio de sus funciones, contará con una Secretaría General que funcionará como instancia de coordinación y apoyo.

1. Asesoría Legal
2. Relaciones Públicas
3. Secretaría Ejecutiva
4. Relaciones Internacionales
5. Supervisión y Control
6. Integridad y Ética Policial

Corresponde al Director o Directora General de la Policía Nacional, ejercer las atribuciones y funciones siguientes:

1. Guardar respeto, obediencia, lealtad al cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, la presente ley y las demás leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, normativas y disposiciones internas que se relacionen con la actividad propia de la institución.

2. Garantizar el cumplimiento de las órdenes que emanen del Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales.

3. Informar oportunamente al Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo, sobre los acontecimientos más relevantes relacionados con el orden público y la seguridad ciudadana, ocurridos en el territorio nacional.

4. Solicitar al Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional, el apoyo del Ejército de Nicaragua en casos excepcionales, cuando la estabilidad de la República esté amenazada por graves alteraciones al orden público y desórdenes internos, y la capacidad institucional fuera excedida.

5. Presentar al Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, en Reunión Nacional de Mandos, el Informe Anual sobre Gestión Institucional y el Estado de la Seguridad Ciudadana en el país.

6. Impartir las medidas, directrices y órdenes conducentes a la conservación del orden público y la seguridad ciudadana y humana.

7. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones, y ejercer los derechos que se deriven de tratados, acuerdos, y convenios internacionales en materia de policía, suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua.

8. Organizar, dirigir y administrar sus órganos, servicios y personal, de acuerdo a las necesidades operativas y conforme a lo dispuesto en la presente ley y demás leyes del país.

9. Otorgar mandatos generales de administración o de cualquier otra naturaleza, con todas o algunas de las facultades que le corresponden a los funcionarios policiales que estime conveniente, para el buen cumplimiento de los fines, misión y funciones institucionales.

10. Otorgar los actos y concertar los contratos que expresa o tácitamente estuvieren comprendidos dentro del giro ordinario de la actividad de la Policía Nacional, inclusive aquellos que fueren consecuencia necesaria de los mismos, salvo los que la ley prohíba.

11. Administrar los recursos materiales y financieros, destinados a la Policía Nacional en el Presupuesto General de la República conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia.

12. Elaborar y proponer al Presidente de la República el proyecto de Presupuesto Anual de la Policía Nacional, para su incorporación al Presupuesto General de la República.

13. Bajo las directrices del Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, ejecutar las disposiciones establecidas para el campo de acción interno, de acuerdo con los intereses supremos nacionales, y conforme lo establecido en las leyes de la materia.

14. Revisar las resoluciones administrativas, emitidas por las distintas dependencias o los actos administrativos, corrigiendo y sancionando las irregularidades del servicio policial que afecten o puedan afectar los derechos de las personas.

15. Representar a la Policía Nacional, a nivel nacional e internacionalmente, y delegar esta función cuando lo juzgue necesario en el funcionario policial que crea conveniente.

16. Firmar Acuerdos, Convenios o Protocolos de Colaboración e intercambio, con personas naturales o jurídicas, instituciones y organismos nacionales y extranjeros en materia policial, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y leyes de la República.

17. Establecer y desarrollar relaciones de colaboración, intercambio y cooperación mutua con instituciones homólogas de otros países, o con organismos policiales regionales o internacionales, en función de fortalecer la lucha en contra de la delincuencia organizada transnacional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y demás leyes de la República.

18. Solicitar al Presidente de la República autorización para ausentarse temporalmente y depositar el mando en una Subdirección General.

19. Emitir órdenes, disposiciones, resoluciones; aprobar manuales y normativas internas que garanticen el cumplimiento de la presente ley, para el funcionamiento apropiado de la Policía Nacional.

20. Otorgar los grados policiales desde el Escalafón Ejecutivo a Oficiales Superiores, de conformidad con lo establecido en la presente ley y normativas correspondientes.

21. Crear condecoraciones policiales y otorgarlas a policías o personalidades nacionales o extranjeras, que reúnan los méritos necesarios, y proponer al Presidente de la República, la imposición de las condecoraciones que este otorga.

22. Establecer bajo las directrices del Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, coordinaciones con el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, para operativizar estrategias nacionales y planes específicos, en función del fortalecimiento de la seguridad ciudadana y humana, el orden público, el enfrentamiento al narcotráfico, el terrorismo, crimen organizado transnacional y otras amenazas a la seguridad nacional.

23. Presentar para su aprobación, al Presidente de la República como Jefe Supremo o Jefa Suprema de la Policía Nacional, propuesta de políticas generales orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y humana, y de la atención y enfrentamiento al crimen organizado, al narcotráfico y delitos conexos.

24. Promover la educación, instrucción y cultura del personal de la institución, estimular la labor de cada uno de sus subalternos y recompensar las acciones meritorias de éstos,

25. Ejercer las demás funciones y facultades que le corresponden de conformidad con la ley, los reglamentos, normativas y disposiciones de la materia.

Las Subdirectoras y Subdirectores Generales, dependen directamente del Director o Directora General de la Policía Nacional y tienen las atribuciones siguientes:

1. Sustituir al Director o Directora General de la Policía Nacional ante ausencias temporales, de acuerdo a la designación realizada por éste.

2. Atender, de acuerdo a la decisión de la Dirección General de la Policía Nacional, las áreas de Prevención y Seguridad Ciudadana y Humana, Seguridad y Protección de Personalidades, Investigaciones, Inteligencia y Auxilio Judicial, Delegación Metropolitana de Managua y Administración y Gestión.

3. Ejecutar los asuntos o tareas encomendadas por el Director o Directora General de la Policía Nacional.

4. Ejercer provisionalmente en caso de ausencia definitiva del Director o Directora, según designación de la Presidencia de la República y Jefatura Suprema de la Policía Nacional, las funciones que corresponden al Director o Directora General.

5. Ejercer control sobre las áreas de atención asignadas, brindando la orientación y asesoramiento sistemático, desarrollando iniciativas en la solución de los problemas que se presenten.

6. Dictar las instrucciones que estime conveniente para el desarrollo de su labor.

7. Informar de inmediato al Director o Directora General de la Policía Nacional, de las novedades ocurridas que, por su gravedad o naturaleza deban ser conocidas sin pérdida de tiempo.

8. Sustituir al Inspector o Inspectora General ante ausencias temporales, mediante designación del Director General, con las atribuciones y facultades que a éste le corresponden.

9. Cualquier otra que le asigne el Director o Directora General de la Policía Nacional.

El Inspector o Inspectora General depende directamente del Director o Directora General de la Policía y ejerce inmediata autoridad en materia disciplinaria sobre las fuerzas de la Policía Nacional, sus atribuciones son las siguientes;
1. Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución Política, las leyes, reglamentos, normativas y demás disposiciones legales que afectan a la Policía, velando por el cumplimiento de los principios fundamentales de actuación policial.

2. Garantizar el permanente respeto a los derechos humanos, y atender a las organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

3. Realizar verificaciones, supervisiones e inspecciones en las distintas unidades de la Policía Nacional a fin de constatar el funcionamiento de éstas y el buen servicio que se debe brindar a la población.

4. Cuidar por el prestigio de la institución disponiendo las investigaciones necesarias ante los reclamos o denuncias que formulen autoridades o particulares o de las que tenga conocimiento en relación con la conducta del personal, que pueda implicar violación de los derechos y garantías consignadas en la Constitución Política y demás leyes del país.

5. Dictar resoluciones con base en las verificaciones que realice y al resultado de las investigaciones por denuncias o quejas que reciba o tenga conocimiento sobre el comportamiento del personal policial, corrigiendo de forma oportuna y justa las faltas e infracciones en que incurran sus miembros.

6. Corregir de forma inmediata, cualquier infracción muy grave que por su trascendencia y relevancia afecten sensiblemente la disciplina y el prestigio institucional, aplicando las sanciones correspondientes a este tipo de infracciones mediante un procedimiento extraordinario definido en la normativa disciplinaria.

7. Verificar el cumplimiento de las instrucciones y órdenes del Director o Directora General de la Policía Nacional.

8. Atender las especialidades y órganos de apoyo, de acuerdo a la decisión del Director o Directora General de la Policía Nacional.

9. Cualquier otra que le asigne el Director o Directora General de la Policía Nacional.

Las Especialidades Nacionales son órganos sustantivos policiales destinados al enfrentamiento de la actividad delictiva para garantizar la seguridad ciudadana y humana en todo el territorio nacional; ejercen facultades rectoras en sus ámbitos específicos, con base en las disposiciones legales y reglamentarias; elaboran y someten a aprobación manuales y normativas, igualmente planifican, asesoran, supervisan, controlan, analizan, evalúan y hacen recomendaciones a la máxima autoridad policial para el mejoramiento de los procesos correspondientes, y ejecutan en su caso las actividades operativas de su competencia. Pueden tener presencia a nivel de delegaciones territoriales en cuyo caso ejercen una subordinación funcional.

Las Especialidades Nacionales tienen las funciones principales que se describen a continuación:

1. Inteligencia Policial: Es la especialidad encargada de descubrir, prevenir, investigar y neutralizar las amenazas y riesgos relacionados con el crimen organizado, el terrorismo y otros delitos conexos, que puedan afectar la vida y la seguridad de las personas, sus bienes, la familia y la comunidad.
2. Investigaciones Económicas: Es la especialidad encargada de investigar los delitos contra el orden socioeconómico, delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de moneda, valores y efectos tímbrales, delitos contra el patrimonio cultural de la nación, delitos contra la salud pública, delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, y todos aquellos que tienen una afectación económica o patrimonial al Estado; la investigación y análisis de los Reportes Técnicos Conclusivos que remita la Unidad de Análisis Financiero. Para ello obtiene, reúne, analiza y difunde información relacionado a estos delitos.

3. Antinarcóticos: Es la especialidad rectora a nivel nacional de la investigación y enfrentamiento al narcotráfico, los delitos relacionados con estupefacientes, sicotrópicos, otras sustancias controladas, sus precursores y otros delitos de crimen organizado vinculados con esta actividad. Para ello, obtiene, reúne, sistematiza, analiza y difunde información relacionada a estos delitos. Es la instancia encargada del intercambio de información con agencias homólogas de otros países y organismos internacionales.

4. Auxilio Judicial: Es la especialidad que tiene a cargo realizar por iniciativa propia, por denuncia o por orden del fiscal, la investigación y documentación de cualquier hecho que pueda constituir delito o falta; a individualizar y detener a presuntos autores y a reunir elementos de investigación útiles, evidencias y piezas de convicción, elaborar el informe policial correspondiente y remitirlo con los requisitos y en los plazos legales a las autoridades competentes, conforme lo disponen las leyes de la materia.

5. Seguridad y Protección de Personalidades: Es la especialidad encargada de establecer y aplicar un sistema de medidas preventivas y procedimientos operativos para garantizar de manera integral la vida e integridad física, tanto en el ámbito público como privado, al Presidente de la República y su familia, al Vicepresidente de la República, a los Presidentes o Presidentas de los Poderes de Estado y otras personalidades.

6. Seguridad Pública: Es la especialidad encargada de organizar, desarrollar y ejecutar actividades generales y específicas de prevención, planes generales y especiales de acuerdo con el Modelo Policial Preventivo, Proactivo y Comunitario en todo o en parte del territorio nacional, dirigidos a garantizar la vida y seguridad de las personas y sus bienes, la familia y la comunidad, a brindar auxilio policial, a regular, supervisar y controlar eventos o actividades, cuya autorización legal corresponde a la Policía Nacional y emitir las licencias y permisos correspondientes.

7. Seguridad de Tránsito: Es la especialidad encargada de garantizar el régimen de circulación vehicular en el territorio nacional, la seguridad y educación vial, otorgamiento y renovación del derecho de matrícula vehicular, de licencias de conducir, la organización del registro de la propiedad vehicular y de conductores, investigación de los accidentes de tránsito y sancionar las faltas o contravenciones de tránsito, todo de conformidad con la ley de la materia.

8. Comisaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia: Es la especialidad encargada de llevar a cabo la prevención, investigación y tratamiento de los ilícitos penales relacionados con la violencia de género; así mismo, realizar en coordinación con las instituciones pertinentes y con sectores de la comunidad, la atención especializada a las víctimas sobrevivientes, de conformidad con las leyes de la materia.

9. Asuntos Juveniles: Es la especialidad responsable de definir, promover y ejecutar estrategias de prevención, protección y de reinserción social de niñas, niños, jóvenes y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, contribuyendo a la restitución de sus derechos y a la integración plena a su familia y su comunidad.

10. Armas, municiones y otros materiales relacionados (DAEM): Es la especialidad que tiene por función prevenir, normar, controlar, regular la fabricación, tenencia y portación de armas de fuego, municiones, explosivos, pólvora y similares; emitir las licencias relacionadas con este tipo de bienes, su importación y exportación, comercialización e intermediación, diseño y elaboración de pirotécnicos, talleres, clubes de tiro y caza, de coleccionistas. Así como, otorgar las licencias de armas de fuego y municiones de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Aplicar las sanciones por la comisión de infracciones administrativas. Todo conforme a la ley de la materia y reglamentaciones específicas.

11. Seguridad Fronteriza Policial: Es la especialidad encargada de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 20-2012, de desarrollar planes y acciones operativas orientadas a la prevención policial, investigación y persecución del delito en los puestos de control de frontera definidos en el artículo 4 de la Ley No. 749, Ley de régimen jurídico de fronteras, articulando esfuerzos con otras instituciones y organismos que tienen presencia en estos espacios.

12. Seguridad en el Campo: Es la especialidad que tiene por función desarrollar planes y acciones operativas orientadas a la prevención policial e investigación del delito en las zonas rurales y montañosas, a fin de fortalecer la seguridad en el campo, articulando esfuerzos con otras instituciones, organismos y sectores organizados que tienen presencia en estos territorios, en coordinación con el Ejército de Nicaragua.

13. Protección de Embajadas: Es la especialidad encargada de vigilar y proteger las sedes y residencias de los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular, de acuerdo a los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua y a los principios de reciprocidad.

14. Convivencia y Seguridad Ciudadana y Humana: Es la especialidad encargada de la implementación del modelo policial en todas las áreas de trabajo de forma coherente y de manera sistémica, a través del abordaje integral de la problemática de la convivencia y seguridad ciudadana y humana, articulando con las instituciones del Estado, los gobiernos locales, sector privado y la comunidad organizada, contribuyendo al logro de la satisfacción ciudadana.

15. Operaciones Especiales Policiales: Es la especialidad a la que le corresponde intervenir para restablecer el orden público ante graves alteraciones, participar en operaciones especiales en contra del narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y otras actividades delictivas graves, coadyuva en la protección y seguridad del Presidente de la República y de otras personalidades nacionales y extranjeras, apoyo a la población civil ante calamidades y desastres naturales y en cualquier otra situación crítica que afecte el orden público, la estabilidad y la seguridad ciudadana y humana.

16. Seguridad Policial en Aeropuertos: Es la especialidad encargada de prevenir, investigar y neutralizar los delitos comunes, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y delitos conexos, así como, velar por el mantenimiento del orden público en los aeropuertos internacionales y aeródromos del país de conformidad con las leyes de la materia.


17. Contrainteligencia Policial: Es la especialidad encargada de desarrollar las estrategias, planes y acciones operativas para la protección de las operaciones policiales, información, documentación, sus instalaciones y su personal, y contrarrestar hacia lo interno las amenazas del crimen organizado y otras expresiones delincuenciales.

18. Policía Turística: Es la especialidad encargada de establecer y mantener una estrategia de prevención, atención y protección a los turistas nacionales y extranjeros, rutas, zonas de interés y de desarrollo turístico, y con este fin ejecutar planes específicos y establecer coordinaciones con las autoridades de turismo, gobiernos locales, empresarios, gremios turísticos y el Ejército de Nicaragua.

19. Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses: Es la especialidad que tiene como misión y funciones, participar en la inspección técnica de los lugares donde se presume la comisión de un hecho delictivo, recolectar y procesar evidencias criminales, realizar pericias por medio de métodos, técnicas y procedimientos científicos y elaborar los informes respectivos en apoyo a la función investigativa policial, de las autoridades judiciales y de otros órganos que así lo requieran de acuerdo a la ley.

20. Oficina Central Nacional INTERPOL (OCN – Interpol): Es la especialidad que sirve de enlace con la Organización Internacional de Policía Criminal (OICP), y países miembros de dicha organización, para el intercambio de información relacionada con capturas, extradiciones y deportaciones de prófugos o personas circuladas y otros temas de interés. Disponer a los usuarios autorizados, el sistema de publicación de notificaciones de Interpol y nacionales contra la criminalidad organizada.

21. Asuntos Internos: Es la especialidad encargada de atender e investigar las denuncias que por iniciativa propia, de otras autoridades, organismos de derechos humanos o particulares formulen en relación con el comportamiento y las actuaciones de los miembros de la institución policial remitiendo los resultados al Inspector o Inspectora General o a los jefes y jefas correspondientes para la determinación de las responsabilidades administrativas y la imposición de las sanciones, conforme lo dispuesto en la Normativa Disciplinaria y demás normativas internas.

22. Archivo Nacional: Es la especialidad encargada de organizar y actualizar el servicio de archivo policial, recibiendo, ordenando, clasificando y almacenando toda la información y documentación relacionada a la investigación de los delitos y faltas, personas detenidas, armas de fuego, permisos y licencias y otros trámites administrativos que se realicen en la Policía Nacional y suministrar información de interés operativo a los usuarios autorizados para apoyar los procesos de investigación policiales y requerimientos judiciales.

23. Servicios Policiales Administrativos: Es la especialidad encargada de tramitar los permisos, licencias y demás servicios que autoriza u otorga la Policía Nacional a través de los órganos sustantivos y de apoyo correspondientes a petición de la población.

El Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, a propuesta del Director o Directora General de la Policía Nacional, podrá crear otras Especialidades Nacionales que se estimen necesarias.

Los Órganos de Apoyo tienen la responsabilidad de brindar a la institución aseguramiento logístico, técnico, materiales, de adquisición, financieros, de personal y su capacitación y formación; igualmente cumplen la función de acopiar, registrar, almacenar, analizar y difundir información de los distintos ámbitos de trabajo y cualquier otra orientada a garantizar el mejor cumplimiento de las misiones y funciones institucionales. Pueden tener presencia como órganos comunes en otras estructuras policiales, en cuyo caso ejercen una subordinación funcional.

Los Órganos de Apoyo, entre otros son los siguientes:

1. Academia de Policía
2. Personal y Cuadros
3. Servicios Médicos Policiales
4. Administración General
5. Finanzas
6. Desarrollo, Programas y Proyectos
7. Telemática

El Director o Directora General de la Policía Nacional, podrá crear otros Órganos de Apoyo, de acuerdo a las necesidades institucionales.

Las Delegaciones Policiales son entidades que se constituyen y se ubican en determinadas circunscripciones territoriales y tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las funciones ejecutivas de acuerdo con el Modelo Policial Preventivo, Proactivo y Comunitario, que permitan asegurar el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes en sus respectivas demarcaciones.

Son creadas por el Director o Directora General, tomando en cuenta la división político-administrativa del país, y criterios geográficos, poblacionales, de desarrollo productivo, turístico, económico, comercial, cultural y otros de carácter específicamente policiales.

Las delegaciones de Policía contarán con las estructuras necesarias de las especialidades sustantivas y de órganos de apoyo, y podrán ser: regionales, departamentales, municipales, distritales y puestos policiales.

Para la mejor atención y dirección, las delegaciones de Policía podrán ser agrupadas en zonas policiales.

Las Delegaciones de Policía tienen las funciones principales que se describen a continuación:
1. Cumplir las funciones ejecutivas en la prevención e investigación del delito, velando por la conservación del orden público, la vida y seguridad de las personas y de sus bienes en sus respectivas demarcaciones.

2. Desarrollar estrategias, planes y acciones para la prevención de delitos con un enfoque proactivo, en conjunto con distintos sectores y organizaciones de la comunidad.

3. Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas, vías de comunicación terrestre, playas, parques, monumentos, centros y establecimientos de sus respectivas demarcaciones que por su interés así lo requieran, en coordinación con el Ejército de Nicaragua y otras instituciones, en los casos que correspondan.

4. Establecer y mantener coordinaciones con las autoridades municipales y de otras instituciones a fin de definir estrategias y acciones conjuntas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana desde el nivel local.

5. Informar de forma periódica y sistemática al Director o Directora General de la Policía Nacional, a través del conducto correspondiente sobre los principales hechos y acontecimientos relacionados con el orden público y seguridad de las personas y sus bienes.

6. Otras que se deriven de la presente ley y otras leyes del país, así como las que determine el Director o Directora General.

Es la unidad organizativa básica de carácter territorial donde la Policía Nacional converge con los distintos componentes del modelo policial y articula de manera ascendente el conjunto de planes integrales destinados a la prevención social del delito, desde la comunidad, por la comunidad y para la comunidad, en cumplimiento de su misión y funciones institucionales.

La Policía Nacional, en base al principio de responsabilidad compartida y de acuerdo con el Modelo Policial Preventivo, Proactivo y Comunitario, a través de distintas modalidades de participación, tales como promotorías solidarias, voluntariados sociales, líderes comunitarios y otras, promoverá la integración de los habitantes, la familia, gremios y distintos sectores de la comunidad, procurando conjuntamente la identificación y solución de los principales problemas de seguridad ciudadana y humana, y los factores asociados. A tal efecto desarrollarán actividades para:
1. Mejorar la convivencia pacífica e inclusiva en el marco del respeto de los derechos humanos, libertades y garantías constitucionales.

2. Contribuir en la prevención y atención de problemas relacionados con violencia de género, violencia juvenil, accidentes de tránsito, consumo de droga y otras que afecten a la comunidad.

3. Mejorar la vigilancia y seguridad ciudadana y humana en las comunidades, para fortalecer la seguridad hacia las personas y sus bienes.

Como una modalidad de participación de la comunidad, se crea la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo de la Policía Nacional, integrada por ciudadanos nicaragüenses que prestan su servicio de forma voluntaria y temporal. Para su ingreso se tomará en cuenta el criterio de la comunidad.

La Policía Voluntaria estará adscrita y subordinada a las Delegaciones de Policía respectivas y corresponde a la Especialidad de Seguridad Pública ejecutar la captación, organización, supervisión y control de las fuerzas que integren este cuerpo.

1. Avituallamiento y la técnica necesaria para preservar su seguridad personal en la prestación del servicio.

2. Una ayuda económica o viáticos para sufragar los gastos relacionados con la prestación del servicio.

3. Un defensor en los juicios que tengan que enfrentar como resultado del ejercicio de sus funciones.

4. Una indemnización y pensión cuando fallezcan o se discapaciten en el cumplimiento del servicio y al subsidio de los gastos fúnebres.

Los miembros de la Policía Voluntaria, para el cumplimiento de sus tareas estarán debidamente identificados con uniformes y distintivos propios, su actividad deberá ser siempre coordinada y supervisada por un miembro de la Policía Nacional y en su actuar están sujetos a los principios fundamentales de actuación de la institución.
Los miembros de la Policía Voluntaria realizarán únicamente tareas de apoyo en labores de prevención, tales como:
1. Auxiliar a la Policía en la vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito y en casos de desastres naturales.

2. Auxiliar a las autoridades al tener conocimiento de la comisión de hechos delictivos, preservando el lugar, prestando la ayuda necesaria a las víctimas y dar parte oportuna a las autoridades que corresponda.

Es facultad del Director o Directora General de la Policía, dictar las normas particulares relativas a la organización y funcionamiento de la Policía Voluntaria.

El Consejo Nacional de Policía es la instancia consultiva y asesora de la Jefatura Nacional, y estará integrado el Director o la Directora General de la Policía Nacional, Subdirectores y Subdirectoras Generales, Inspector o Inspectora General, Jefes y Jefas de Zonas policiales, Jefes y Jefas de Especialidades Nacionales, de Órganos de Apoyo y de las Delegaciones Policiales, así como de cualquier otro que designe el Director o Directora General.
El Consejo Nacional de Policía estará presidido por el Director o Directora General o por el Subdirector o Subdirectora General que designe. En todo caso, en caso de estar presente el Director o Directora General, presidirá.

La Reunión Nacional de Mandos es la instancia de evaluación anual de la actividad policial y de planificación y definición de metas y objetivos para el período subsiguiente. Estará conformada por los integrantes del Consejo Nacional de Policía, los Segundos Jefes y Jefas de estructuras, Jefes y Jefas de Delegaciones Municipales, Jefes y Jefas de las distintas estructuras que conforman la cadena de mando institucional. Será presidido por el Director o Directora General.

El Consejo de Género es la instancia consultiva y asesora de la Jefatura de la Policía Nacional en materia de promoción y desarrollo de la política de equidad de género, tanto en el ámbito interno como externo de la institución. Estará presidido por el Director o Directora General de la Policía Nacional, e integrada por las y los miembros de la Jefatura Nacional y del Consejo Nacional que se designen, la Secretaria Nacional de Género, la Jefa de la Oficina de Género en la Policía Nacional y cualquier otro que designe el Director o Directora General.

La carrera policial es la que desarrolla el personal que ingresa a la institución policial bajo un régimen laboral especial, cuyos procedimientos para ingreso, permanencia, atención, desarrollo, selección del relevo generacional y finalización de carrera, se regular en la presente ley y normativas internas que emita el Director o Directora General.

La Carrera Policial, está basada en criterios de profesionalidad y eficacia y es desarrollada Únicamente por el personal policial. El personal civil se regirá por lo que dispone la Ley Nº.476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.

El Estado promoverá las condiciones más favorables para una adecuada promoción humana, social y profesional de los miembros de la policía, de acuerdo a principios de objetividad, igualdad de oportunidades, méritos, antigüedad y capacidad.

Los miembros de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones son funcionarios o empleados públicos que en virtud de su nombramiento prestan servicio a la comunidad en forma permanente y reciben su remuneración con fondos del Estado, fijados en el Presupuesto General de la República.

El régimen laboral de los miembros de la Policía Nacional se sujetará a lo previsto en la presente ley y a las políticas generales y especiales de personal, aprobadas por el Director o Directora General. No serán aplicables al personal policial las disposiciones del Código del Trabajo.

1. Personal y Cuadros: Tiene bajo su responsabilidad los procesos de organización, ejecución y control de las políticas de selección, formación, preparación, desarrollo, superación, promoción y atención del personal, así como las estrategias para definir la reserva de cuadros y asegurar los relevos generacionales.

2. Academia de Policía: Se encarga de rectorear el Modelo Educativo Policial, organizar, planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los Planes y Programas Educativos de nivel superior, medio, técnico y básico, en el marco del Sistema Nacional de Educación y acreditar las competencias respectivas bajo elevados estándares académicos, los principios institucionales, valores patrióticos, éticos y morales.

3. Servicios Médicos Policiales: Se encarga de la atención de salud de los miembros de la Policía Nacional, de los programas del Ministerio de Gobernación y familiares con cobertura, y del aseguramiento médico del personal en el cumplimiento de las misiones del mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana y humana.

1. Personal Policial: Son los miembros de la Policía Nacional que ingresan a la carrera policial de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Ley y la normativa interna correspondiente.

2. Personal Civil: Es el que ingresa por contratación permanente o temporal, atendiendo un interés institucional en virtud de su calidad técnica, científica o profesional, no forman parte de la carrera policial, su régimen laboral se rige por la Ley Nº.476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, la legislación laboral común y la normativa interna especifica que emita e Director o Directora General de la Policía Nacional.

1. Una remuneración justa y otros incentivos salariales que contemple su nivel de formación académica y especialidad policial, riesgo, categoría, grado, antigüedad, nivel académico y responsabilidad.

2. Gozar de estabilidad laboral. Solamente procederá la baja por los motivos y mediante los procedimientos pertinentes, en los casos contemplados en la presente ley y la normativa interna correspondiente.

3. Una jornada laboral justa y condiciones de trabajo razonablemente adecuadas, que le facilite el desempeño eficiente de sus funciones.

4. Una preparación personal, técnica y académica, así como a los estudios especializados que se requieran.

5. Gozar de la seguridad social para protección integral y medios de subsistencia de casos de invalidez, vejez, riesgo profesionales y a sus familiares en casos de muerte.

6. Un seguro de vida obligatorio y un fondo de compensación solidario que contemple indemnizaciones accesorias por riesgos laborales y otros beneficios. Normativamente se establecerán los alcances procedimientos de aplicación, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

7. Un defensor en los procesos judiciales y administrativos que tengan que enfrentar como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

8. Avituallamiento y técnica necesaria para su presentación, seguridad personal y desempeño de sus funciones.

9. Optar a programas de viviendas, dentro de los proyectos o programas de desarrollo habitacional que promueva €1 Estado a facilitar las condiciones de acceso en proyectos privados.

10. Optar a comisariatos, tiendas, centros de recreación y esparcimiento de uso exclusivo de sus miembros.

11. Atención médica asumida por el Estado, la cual deberá ser preventiva, curativa y rehabilitativa, cualesquiera que fuere la causa de su estado mórbido, con el objetivo de conservar, restablecer o mejorar su salud.

12. Vacaciones semestrales, al descanso semanal y a los permisos que por razones de urgencia, embarazo y otros motivos, se establezcan en las leyes y normas internas para el personal de la Policía Nacional.

13. Obtener promociones en el cargo y ascensos en grado de acuerdo a esta ley y la normativa interna correspondiente.

14. Las asignaciones que correspondan por razones de servicio, tales como gastos de transporte, viáticos por alimentación, hospedaje o por razón de destino o residencia, así como todos los otros gastos, los que se ajustarán a las normas que estipule el Director o Directora General de la Policía Nacional.

15. Al subsidio de los gastos fúnebres por fallecimiento en cumplimiento del deber o a consecuencia de éste y en ocasión del servicio, de acuerdo a lo que establece la presente ley y la normativa interna correspondiente.

16. A no ser objeto de discriminación por razones de sexo, raza, color, creencia religiosa o de cualquier otra índole.

17. A una liquidación justa, independientemente de la causa de la baja.

18. Gratuidad o compensación económica en el uso del servicio de transporte urbano colectivo para el ejercicio de sus funciones.

19. Una pensión complementaria en caso de muerte en cumplimiento del deber o a consecuencia de este, que la recibirán sus beneficiarios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

1. Respetar la Constitución Política, las leyes, reglamentos, disposiciones y normativas que regulan la carrera y actividad policial.

2. Guardar respeto, lealtad y fidelidad a la institución policial, sus mandos y compañeros.

3. Cumplir las órdenes que reciba de sus superiores, en el marco de sus respectivas competencias.

4. Asumir y cumplir con responsabilidad y dedicación el carácter de servidores públicos, atendiendo a los miembros de la comunidad con el respeto y consideración debidos.

5. Guardar confidencialidad sobre la información que conozca en ocasión del servicio, aun después de concluir la carrera policial.

6. Participar y aprobar los cursos de adiestramiento y capacitación a los que sea designado.

7. Cumplir sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, diligencia, eficiencia y prontitud, así como ejercerlas con la ética profesional y de acuerdo con los principios fundamentales.

8. Comportarse con honorabilidad y dignidad en su vida pública y privada, velando por conservar el prestigio personal e institucional.

9. Someterse a pruebas de confianza evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia.

10. Los demás establecidos por la presente ley y otras normas jurídicas.

El ingreso a la carrera policial se realiza a través de convocatoria pública o interna, según corresponda, para el nivel o escalafón respectivo, la aprobación de los cursos de formación establecidos y el cumplimiento de los demás requisitos definidos en la normativa interna correspondiente y la aprobación por la comisión de ingreso.

En los procesos de convocatoria pública se tendrá en cuenta la opinión de los miembros de la comunidad de donde procede el aspirante.

Una vez aprobado se ingresará a la Policía Nacional de acuerdo a los escalafones siguientes:

1. Al Escalafón Ejecutivo, los graduados del Curso Básico de Policía y Técnico Medio Policial, a quienes se les otorga el grado de Policía y Suboficial respectivamente.

2. Al Escalafón de Oficiales, los graduados en Licenciaturas Policiales, y el personal civil que tengan un título profesional y aprueban el curso de profesionalización, a quienes se le otorgará el grado de Inspector.

Los miembros de la Policía Nacional podrán desarrollar una carrera por un máximo de 40 años de servicio activo o hasta cumplir 65 años de edad.

La carrera policial podrá finalizar de acuerdo con las causas establecidas en el artículo 53 de esta ley.

Por interés institucional el tiempo de servicio activo de los oficiales generales podrá ser extendido por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional y para el resto del escalafón por el Director o Directora General de la Policía Nacional.

Las situaciones administrativas en que puede encontrarse los miembros de la Policía Nacional es el siguiente:
1. Servicio activo: Se encuentran en servicio activo los policías que se desempeñan activamente en el cargo para el que han sido nombrados en la plantilla orgánica, los que se encuentran en comisión de servicio interna y los que disfruten de sus vacaciones correspondientes.

2. Servicio pasivo: Se encuentran en servicio pasivo aquellos que, por distintas circunstancias, no ejercen sus funciones policiales porque han sido suspendidos o separados temporalmente del cargo para el que han sido nombrados en la plantilla orgánica. Estos pueden ser bajo condición de reserva, de permiso, bajo licencia o suspendido.

3. Comisión de servicio externo: Se encuentran en comisión de servicio externo los miembros de la Policía Nacional por razones de seguridad nacional cuando el interés supremo de la nación, así lo demande. Prestarán sus servicios temporalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo. El tiempo de permanencia en comisión de servicio dependerá de las circunstancias de cada caso. El policía en comisión de servicio externo, recibirá sus haberes correspondientes en la institución donde preste sus servicios.

A través de la Normativa respectiva que emita el Director o Directora General, se determinarán y definirán las circunstancias y los procedimientos para las distintas situaciones administrativas del personal.

La jerarquía está determinada por el cargo que desempeña el funcionario en el sistema organizacional y por el grado que ostenta. La correspondencia entre la jerarquía del cargo y el grado será determinado a través de la normativa respectiva que emita el Director o Directora General.
La jerarquía que proviene del cargo o función que se desempeña es transitoria. La jerarquía que proviene del grado se adquiere de por vida, no pudiendo privarse del mismo, sino mediante sanción impuesta de forma accesoria y excepcional cuando la sanción principal sea la baja por actos que afecten el prestigio e imagen de la institución conforme lo establecido en la Normativa Disciplinaria.

1. Director o Directora General.

2. Subdirector o Subdirectora General e Inspector o Inspectora General.

3. Jefe o Jefa de Dirección o División.

4. Jefe o Jefa de Departamento u Oficina.

5. Jefe o Jefa de Sección o Unidad.

6. Jefe de Sector Policial.

7. Primer Oficial.

8. Oficial.

9. Ejecutivo.

Los cargos establecidos en los incisos 3, 4, 5, podrán tener como cargos jerárquicos inferiores inmediatos, los de Segundos Jefes o Segundas Jefas, que además de las funciones específicas asignadas, podrán sustituirlos en casos de ausencia temporal.

Los grados establecidos en esta ley son los únicos que se impondrán a los miembros de la Policía Nacional. El tiempo mínimo, los escalafones y grados policiales son los siguientes:

1. Escalafón de Oficiales

1.1. De Oficiales Comisionados Generales:
1.1.1. Primer Comisionado o Primera Comisionada
1.1.2. Comisionado o Comisionada General
1.2. De Oficiales Superiores
1.2.1. Comisionado o Comisionada Mayor. Permanencia mínima 5 años
1.2.2. Comisionado o Comisionada. Permanencia mínima 5 años
1.2.3. Sub-Comisionado Sub-Comisionada. Permanencia mínima 5 años

1.3. De Oficiales Subalternos:
1.3.1. Capitán o Capitana. Permanencia mínima 5 años
1.3.2. Teniente. Permanencia mínima 5 años
1.3.3. Inspector o Inspectora. Permanencia mínima 5 años

2. Escalafón Ejecutivo:

2.1. Sub-Inspector o Sub-Inspectora. Permanencia mínima 5 años
2.2. Sub-Oficial Mayor. Permanencia mínima 4 años
2.3. Sub-Oficial. Permanencia mínima 3 años
2.4. Policía. Permanencia mínima 3 años

Para los ascensos en grados conforme a esta ley y la normativa interna correspondiente, se tendrán en cuenta los criterios fundamentales de:
1. Correspondencia jerárquica entre cargo y el grado.

2. Tiempo mínimo de permanencia en el grado inmediato inferior.

3. Resultados positivos de desempeño y disciplina.

4. Nivel académico o técnico especializado policial.

5. Superar las pruebas o parámetros físicos y psíquicos respectivos.

6. Aprobación del curso correspondiente.

Los ascensos en grado se realizarán ordinariamente a partir de los días cinco de septiembre de cada año, en reconocimiento a la memoria y al legado histórico de Ajax Delgado López, mártir nicaragüense que ofrendó su vida luchando por la libertad de Nicaragua, fecha en que se conmemora la fundación de la Policía Nacional.

El grado de Primer Comisionado o de Primera Comisionada, será otorgado por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional e impuesto en ceremonia solemne, previo nombramiento en el cargo. Este grado corresponde únicamente al cargo de Director o Directora General de la Policía Nacional.
Igualmente serán aprobados e impuestos en ceremonia solemne por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, los grados de Comisionado o Comisionada General de acuerdo a los cargos que correspondan según las normativas establecidas.

Los ascensos a grados de Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos y el del Escalafón Ejecutivo los aprueba el Director o Directora General de la Policía Nacional, y se imponen en acto solemne.

Podrán ser ascendidos de forma excepcional al grado de Inspector los miembros del Escalafón Ejecutivo que durante su carrera alcancen un título profesional en una disciplina afín a la Carrera Policial, cumplan con los criterios fundamentales y exista la necesidad y disponibilidad institucional.

El Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional nombrará Director o Directora General de la Policía Nacional por un período de cinco años, entre los miembros de la Jefatura Nacional que tengan el grado de Comisionado O Comisionada General. El nombramiento se efectuará los días cinco de julio del año en que corresponda y tomará posesión el cinco de septiembre del mismo año.

El Presidente de la República, podrá prorrogar en el cargo al Director o Directora General de la Policía Nacional de acuerdo a intereses de la nación.

Vencido el período para el cual fue nombrado, el Director o Directora General, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión del cargo el Director o Directora General que le ha de suceder.

Los Subdirectores y Subdirectoras Generales y el Inspector a la Inspectora General serán nombradas por un período de cinco años prorrogables, por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional a propuesta del Director o Directora General de la Policía Nacional entre los y las oficiales que ostenten el grado de Comisionado o Comisionada Mayor.

Los Jefes y Jefas de las especialidades nacionales, órganos de apoyo y delegaciones regionales departamentales serán nombrados por el Director o Directora General mediante Orden, de entre los y las oficiales en servicio activo, que ostenten grados de oficiales superiores a Comisionado y Comisionada General.

Los otros cargos de categoría de Jefes o Jefas intermedios serán nombrados por el Director o Directora General a propuesta del Subdirector a Subdirectora General del área respectiva o del Inspector o Inspectora General.

Los nombramientos de cargos del nivel de oficial y del escalafón ejecutivo serán efectuados par el Subdirector a Subdirectora General que atiende el área de Gestión a propuesta de los jefes superiores inmediatos.

Durante el desarrollo de la Carrera Policial las y los miembros de la institución podrán ser rotados, promovidos o democionados en sus cargos, en dependencia de los resultados de la evaluación al desempeño o por necesidades institucionales. La normativa establecerá las condiciones y procedimientos para la aplicación de estos movimientos de personal.

Se comprende coma baja, el egreso de cualquier miembro de la Policía Nacional, mediante el cual se cancela el vínculo laboral entre éste y la institución, y como consecuencia finaliza la carrera policial. La baja se otorga par cualquiera de las causales siguientes:
1. Muerte del funcionario policial.

2. Jubilación por años de servicio.

3. Cumplir la edad o la condición para pasar a régimen de pensionado.

4. Retiro.

5. Conveniencia institucional.

6. Abandono de Servicio.

7. Resolución Disciplinaria, conforme el procedimiento establecido en la Normativa Disciplinaria.

8. Sentencia Judicial firme por delitos dolosos o por delitos imprudentes cuando la pena de privación de libertad sea mayor de un año.

Cuando se produzca la baja, el o la policía tendrá derecho a una liquidación igual a la suma de a su treceavo mes proporcional, sus vacaciones y a una indemnización, la cual será equivalente a un mes de salario por cada ano de trabajo hasta un máximo de seis meses; en ningún caso la indemnización será menor de un mes. Las fracciones de años trabajados se liquidaran proporcionalmente.

Cuando las causales de baja sean las establecidas en los numerales 6, 7 y 8 no habrá derecho a la indemnización referida.

No podrá ser reintegrado o reingresado a la institución, ningún policía que haya causado baja por haber incurrido en cualquiera de las causales establecidas en los incisos 6 y 7 del artículo anterior o por haber sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de delitos graves.

El número de cargos que integran la Policía, su aumento o reducción, así como el monto salarial, será aprobado por el Presidente de la República como Jefe Supremo de la Policía Nacional, a propuesta del Director o Directora General de la Policía Nacional.
Si implica modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o disminución de los Créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional.

El Primer Comisionado o la Primera Comisionada, pasan a retiro una vez que haga entrega a su sucesor o sucesora, concluyendo su carrera policial.
Los Comisionados y las Comisionadas, Generales y Mayores, pasan a retiro al concluir el período de nombramiento en el cargo o por interés institucional, al agotar toda posibilidad de promoción o desarrollo.
El retiro del Primer Comisionado o Primera Comisionada y demás oficiales generales, serán ordenados fiscalizados por el Presidente de la República.
Los demás oficiales y personal del escalafón ejecutivo pasarán a retiro par orden del Director o Directora General, de conformidad por la presente ley y la normativa interna correspondiente.

Los oficiales que pasen a condición de retiro, podrán ser llamados por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional a reincorporarse para cumplir misiones especificas en casos extraordinarios.
Por necesidad institucional, la Policía Nacional podrá contratar a los oficiales en condición de retiro para llevar a cabo asesorías técnicas y especializadas, programas de formación u otras en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Las y los miembros de la Policía Nacional son responsables personal y directamente por los actos que en el ejercicio de sus funciones profesionales lleven a cabo y que infrinjan o vulneren las normas legales que les rigen.

La disciplina policial se garantiza a través del cumplimiento estricto y consciente por parte de sus miembros, de las leyes, normas, jerarquía y principios fundamentales de la institución, contemplado en la presente ley y las disposiciones establecidas en la Normativa Disciplinaria.

Las y los miembros de la Policía Nacional se abstendrán de realizar actividades que sean incompatibles con la misión y funciones policiales, salvo en los casos de docencia y medicina, siempre que fueren debidamente autorizados de conformidad con lo dispuesto en la ley y normativas internas.

La investigación y tramitación de una causa penal en contra de miembros de la Policía Nacional no impedirá la iniciación y tramitación de una investigación administrativa disciplinaria, la determinación de responsabilidades de tal naturaleza y las sanciones que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto en la Normativa Disciplinaria.

En la Normativa Disciplinaria se establecerán las infracciones disciplinarias, sus sanciones, facultades de los mandos para su aplicación, los procedimientos para la investigación, determinación de responsabilidades y aplicación de las sanciones.

Se deberá observar el debido proceso y las garantías legales a favor del presunto infractor o a la presunta infractora. En ningún caso se debe producir indefensión en la aplicación del procedimiento disciplinario. Tampoco podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en virtud de previa tramitación del procedimiento disciplinario correspondiente que será oral y sumario. Toda sanción tendrá la instancia de apelación correspondiente.

Las y los miembros de la Policía Nacional están sometidos a la jurisdicción penal que ejercen con exclusividad los tribunales de justicia a quienes corresponde la potestad pública de conocer y decidir los procesos que se instruyen por delitos y faltas, así como de ejecutar las resoluciones emitidas. Todo conforme lo previsto en las leyes penales del país.

Toda detención y condena de miembros de la Policía Nacional deberá ser informada a su mando superior respectivo por la autoridad actuante, y al internarse en centros de detención durante el proceso o para el cumplimiento de condena deberá mantenérseles separados del resto de detenidos o condenados.

Las y los miembros de la Policía Voluntaria, cuando sean procesados por la comisión de delitos o faltas ocurridas en ocasión del cumplimiento del servicio policial, estarán sujetos a lo establecido en la presente Sección.

Los recursos financieros que se requieran para el cumplimiento de la misión y funciones de la Policía Nacional serán incorporados en el Presupuesto General de la República y administrados y ejecutados por la Policía Nacional, por medio de sus órganos de apoyo de Administración General y Finanzas, bajo la responsabilidad, dirección y supervisión del Director o Directora General, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº.550, Ley de Administración Financiera, la Ley Anual del Presupuesto General de la República, Normas de Ejecución Presupuestaria, Normativas de control interno y otras disposiciones legales aplicables.

La Policía informará al Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional, de manera periódica sobre la ejecución presupuestaria de los fondos asignados. Cualquier otro ingreso extraordinario estará regulado por las leyes y reglamentos correspondientes.

Los gastos realizados en las operaciones y actos investigativos especiales, en el enfrentamiento a la delincuencia común, narcotráfico, crimen organizado y delitos conexos, tendrán carácter de información reservada a efectos de mantener la confidencialidad de las investigaciones y de las personas que intervengan en ellas. Serán autorizados por el Director o Directora General de la Policía Nacional y liquidados por el o la responsable de estos gastos, quien resguardará los soportes e informará de forma global su ejecución a la División de Finanzas, y quedan sujetos a la supervisión, fiscalización y control de los órganos correspondientes.

La Contraloría General de la República en su carácter de organismo rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, conforme a las funciones y atribuciones que le otorga su Ley Orgánica, examinará, comprobará y evaluará la ejecución de los fondos, bienes y recursos asignados a la Policía Nacional, para asegurar un manejo eficiente y transparente. Para estos fines la institución policial como entidad sujeta al control contará con una Unidad de Auditoría Interna.

En el desempeño de sus funciones los auditores tendrán en cuenta las restricciones y regulaciones referidas a la reserva y confidencialidad establecida por la Ley N° 621, Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley Nº 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, en material policial.

Corresponde a la Administración General, como órgano de apoyo nacional, formular la propuesta de presupuesto anual de la institución, planificar y ejecutar las adquisiciones, asegurar el suministro de los medios técnicos, equipos especializados, avituallamiento, comunicaciones, armas de uso policial, transporte y demás medios logísticos requeridos para el cumplimiento de la misión y funciones; coordinar, dirigir y supervisar la ejecución de proyectos de construcción, mantenimiento y mejoras de edificios, infraestructura e instalaciones policiales.

La Policía Nacional gozará de exención o exoneración de impuestos, tasas, o contribuciones en sus importaciones y compras locales, así como en todas aquellas actividades que realice para el cumplimiento de sus fines y misión constitucional, todo de conformidad con las leyes de la materia.

Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua, referido a los derechos sociales y laborales, se establece un Régimen Especial de la Seguridad Social y Desarrollo Humano del Estado de Nicaragua para el personal de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobernación y sus dependencias y para el personal que labora en la institución administradora de dicho régimen especial.

La organización, ejecución y administración del Régimen Especial de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la Policía Nacional, estará a cargo del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, que en adelante se denominará simplemente como el Instituto o con las siglas ISSDHU, que es un ente autónomo del Estado de Nicaragua, de duración indefinida, con patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, adscrito a la Policía Nacional, que fue creado por la Ley N°.228, Ley de la Policía Nacional, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°.162 del 28 de agosto de 1996 y que seguirá existiendo conforme a lo establecido en la presente ley. Tiene su domicilio o sede principal en la ciudad de Managua, y puede establecer sucursales o sedes secundarias, agencias, oficinas en cualquier otro lugar del país, si así lo resolviere su propia administración.

El Instituto tiene como objetivo principal la organización, administración y ejecución del Régimen Especial de Seguridad Social y Desarrollo Humano que será obligatorio para el personal de las dependencias enumeradas en esta ley, se regirá bajo el principio de solidaridad y equidad y propender a la redistribución de los ingresos, entre sus afiliados y pensionados.

Ninguna entidad pública o privada, podrá usar la denominación de "Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano", ni la expresión ISSDHU, ni aun adicionando a tal denominación o locución, alguna o algunas palabras que pretendan inducir a diferenciarla.

La personalidad jurídica del Instituto, se cancelará en caso de disolución y liquidación del mismo, por ley dictada por la Asamblea Nacional. Disuelto el Instituto, este conservará la personalidad jurídica hasta que la liquidación sea terminada.

1. Establecer, organizar y administrar el régimen especial de seguridad social que señala esta ley.

2. Recaudar las cuotas y percibir los demás recursos que le corresponden a su patrimonio.

3. Otorgar las prestaciones que establece esta ley y el Reglamento Interno de Seguridad Social del Instituto.

4. Desarrollar operaciones y actividades de inversión, mercantiles, financieras, bursátiles, comerciales y cualquier otra que sea necesaria para cumplir con sus fines, de conformidad con la presente ley, su reglamento interno y demás leyes de la República.

5. Promover con personas naturales y jurídicas, instituciones públicas y privadas, organismos nacionales y extranjeros, la cooperación nacional e internacional, que contribuyan a mejorar y fortalecer el sistema de prestaciones y el desarrollo humano de los afiliados.

6. Cualquier otra orientada a cumplir los objetivos del Instituto.

1. El Consejo Directivo
2. La Dirección Ejecutiva
3. El Consejo Técnico
4. La Auditoría Interna
5. Las dependencias administrativas que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto, es a quien corresponde la dirección, orientación, administración y determinación de las políticas del mismo y estará integrado por los siguientes miembros propietarios:

1. Ministro o Ministra de Gobernación.
2. Director o Directora General de la Policía Nacional.
3. Subdirector o Subdirectora General de Administración y Gestión de la Policía Nacional.
4. Inspector o Inspectora General de la Policía Nacional.
5. Ministro o Ministra de Hacienda y Crédito Público.
6. Presidente Ejecutivo o Presidenta Ejecutiva del INSS.
7. Un o una representante de las y los pensionados.

Los y las titulares de las instituciones que forman parte del Consejo Directivo podrán designar a un suplente para que les sustituya con los mismos derechos que los propietarios.

El quórum para las sesiones del Consejo se constituirá con la mayoría simple de sus miembros. Las resoluciones se adoptarán con los votos de la mayoría simple de los miembros presentes.

En caso de empate el Presidente o Presidenta del Consejo Directivo tendrá doble voto. El Consejo dictará las disposiciones necesarias para asegurar su funcionamiento.

El Director o Directora General de la Policía Nacional ejercerá la Presidencia del Consejo Directivo y el Subdirector o Subdirectora General de Administración y Gestión de la Policía Nacional, ocupará la Vicepresidencia y en caso de ausencia del Presidente o Presidenta, asumirá sus funciones.

El Presidente o Presidenta será el representante legal del Instituto y en tal carácter comparecerá en los actos y contratos que este celebre y en toda clase de juicios y procedimientos como actor, demandado o tercerista. Con autorización previa del Consejo podrá delegar en la Directora o Director Ejecutivo la representación legal para el ejercicio de las funciones antes expresadas.

En ausencia del Presidente o Presidenta a las sesiones del Consejo, podrá asistir su suplente para que le represente, sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

1. Ejercer la dirección y orientar la gestión general del instituto de acuerdo con las facultades otorgadas por esta ley y el Reglamento Interno de Seguridad Social del Instituto.

2. Establecer y modificar la organización administrativa del instituto a propuesta de la Presidenta o Presidente Ejecutivo.

3. Elaborar y poner en vigencia el Reglamento Interno de Seguridad Social del Instituto y solicitar su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

4. Aprobar el programa de inversiones, el presupuesto general de ingresos y egresos del Instituto, las metas anuales de inversión, las políticas administrativas, de recursos humanos, financieros y organizativos.

5. Autorizar las operaciones y actividades financieras, mercantiles, bursátiles, comerciales y cualquier otra que redunde en beneficio de sus afiliados.

6. Como parte de las actividades de inversión, autorizar compraventas de bienes muebles e inmuebles, hipotecas, arrendamientos, permutas, mutuos, préstamos bancarios, fianzas, prendas u otro tipo de garantías, y demás contratos, transacciones o actos jurídicos, que se estimen necesarios para alcanzar los fines del instituto y definir las condiciones y procedimientos a seguir, de conformidad con las leyes de la materia.

7. Acordar la concesión de nuevos beneficios, siempre que esté garantizada la fuente de financiamiento.

8. Conocer y resolver en segunda instancia los recursos de los afiliados o de sus beneficiarios en los casos que corresponda, conforme lo dispuesto en la Ley N°.290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

9. Nombrar o remover a la Directora o Director Ejecutivo, al Auditor Interno y designar a los miembros del Consejo Técnico.

10. Autorizar poderes generales de administración, generales judiciales, especiales y todos aquellos que estimen necesarios para el cumplimiento de los fines del Instituto.

11. Conocer y aprobar el informe anual contable, de las operaciones administrativas, financieras y de auditoría.

12. Ordenar la elaboración cada tres años, los estudios actuariales que permitan prever medidas a tomar para la sostenibilidad financiera del Sistema de Segundad Social.

La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo es la más alta autoridad administrativa del Instituto, le corresponde realizar todas las actividades administrativas y técnicas necesarias para la consecución de los fines del Instituto conforme lo establecido en esta ley y el Reglamento Interno de Seguridad Social y las facultades que le confiera el Consejo Directivo. Además le corresponde:

1. Actuar como secretaria o secretario, en las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz.

2. Conocer y resolver las peticiones de los afiliados y sus beneficiarios en relación a los derechos establecidos en esta ley en materia de seguridad social.

3. Informar periódicamente de los resultados de su gestión al Consejo Directivo.

4. Cumplir las resoluciones y mandatos del Consejo Directivo.

5. Responder por la correcta administración del patrimonio del Instituto.

6. Ordenar la realización de las auditorías internas, externas y los estudios actuariales.

7. Presidir el Consejo Técnico.

El Consejo Técnico, es una instancia consultiva y de apoyo a la gestión del Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva quien lo preside. Lo integraran los altos funcionarios y asesores del Instituto que fueren designados por el Consejo Directivo.

1. Evaluar los anteproyectos de los programas de trabajo, tanto en lo que se refiere al campo de aplicación, extensión, cobertura de riesgos y prestaciones de los regímenes del Seguro Social.

2. Analizar y presentar al Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva, los anteproyectos de reglamentos internos, normas y manuales de procedimientos y de organización.

3. Estudiar los problemas técnicos que se presentan en el desarrollo de las labores del Instituto y proponer sus posibles soluciones al Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva.

4. Cumplir las demás tareas que le encomiende el Consejo Directivo y el Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva.

La Auditoría Interna es el órgano que le corresponde la fiscalización, inspección, vigilancia y control de los fondos, bienes y valores del Instituto conforme las atribuciones y facultades establecidas para la Contraloría General de la República en carácter de organismo rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. El Auditor Interno deberá ser versado en asuntos de auditoría y Contador Público Autorizado. Sera nombrado o removido por el Consejo Directivo del Instituto de acuerdo con los procedimientos legales. Dependerá administrativamente del Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva, ejerciendo sus funciones con entera autonomía de criterio.

Además de lo establecido en el artículo anterior, el Instituto, contratará una firma de auditoría externa que elabore los informes anuales del ejercicio económico y presentarlos a la administración y a la Contraloría General de la República con sus resultados, comentarios y observaciones.

El régimen especial de seguridad social será obligatorio para el personal de las siguientes instituciones:

1. Policía Nacional
2. Dirección General Sistema Penitenciario Nacional
3. Dirección General de Migración y Extranjería
4. Dirección General de Bomberos de Nicaragua
5. Órganos centrales del Ministerio de Gobernación
6. El personal que conforma el instituto y que no esté afiliado al Régimen General de la Seguridad Social.

Se establece el Programa de Afiliación Voluntaria (PAV), como opción alternativa para conservar y mejorar los derechos de la seguridad social y las futuras pensiones de las personas que cumplan con los requisitos y condiciones siguientes:

1. Solicitar su incorporación voluntaria al programa

2. Haber sido miembro de la Policía Nacional o del Ministerio de Gobernación o de cualquiera de sus órganos y haber cotizado de forma efectiva al ISSDHU durante un período mínimo de tres años.

3. No estar obligados a cotizar en ninguno de los otros regímenes obligatorios de seguridad social existentes en el país.

4. La cotización de la afiliación voluntaria para el financiamiento de las prestaciones a las que tendrá derecho sin solución de continuidad con el período de afiliación obligatoria, deberá pagarse conforme al total porcentual establecido como aporte laboral, patronal y estatal vigente sobre el salario asegurado, restándose únicamente el porcentaje establecido para riesgos profesionales. Las prestaciones que cubre son las siguientes:

a. Discapacidad común

b. Vejez

c. Muerte común

d. Enfermedad común

Los y las oficiales de la Policía Nacional y de otras dependencias que pasen a condición de retiro, tendrán derecho a una pensión mensual de por vida, una vez que alcancen la cantidad mínima de años establecidas para el goce de la misma conforme lo previsto en esta ley.

Esta pensión por retiro se computará en base al haber promedio de los últimos tres años al paso a retiro del oficial.
La pensión por retiro y prestaciones materiales y de seguridad que reciban en razón de su grado y cargo se harán efectivos conforme el procedimiento en el Reglamento Interno de Seguridad Social del Instituto.

Se establece el Programa de Pensionados que será otorgado a los miembros de la Policía Nacional desde el escalafón ejecutivo hasta el escalafón de oficiales.

La pensión de retiro se otorgará y revalorizará continuamente en base al promedio salarial devengado en los últimos tres años conforme a los siguientes montos:

25 años, 75%
30 años, 80%
35 años, 85%
40 años, 90%

El Programa será administrado por el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU).

1. El aporte mensual del Estado de la masa salarial bruta de los miembros de la Policía Nacional afiliados al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), que se establece en el Reglamento Interno del Instituto.

2. El aporte del porcentaje del salario de los policías cubiertos por este programa, que se establece en el Reglamento Interno del Instituto.

3. Cualquier otro que legalmente reciba el programa.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, está obligado a enterar de forma mensual al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), el aporte del Estado de conformidad al numeral 1 de este artículo.

El régimen especial en materia de seguridad social, protegerá las contingencias propias de la vida y el trabajo, y cubre las siguientes prestaciones:

1) Pensión por discapacidad.

2) Pensión por vejez.

3) Pensión por muerte.

4) Asignaciones familiares.

5) Indemnizaciones.

6) Auxilio funerario.

7) Subsidio de lactancia.

8) Prestación para prótesis y órtesis

Las pensiones que otorgue el ISSDHU serán revalorizadas de forma anual, para garantizar su mantenimiento de valor con respecto al dólar.

La discapacidad permanente es la situación del afiliado, que después de haber estado sometido a los servicios médicos curativos y rehabilitativos, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsible definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Se reconocen tres grados de discapacidad: parcial, total y gran discapacidad.

Tendrá derecho a la pensión de discapacidad por causa común, el afiliado no mayor de 55 años que haya cotizado tres años dentro de los últimos seis años que precedan a la fecha de la causa que dio origen a la discapacidad. Cuando la causa discapacitante sea por razones de su trabajo, no se requerirán períodos de cotización para calificar.

El instituto elaborará la Tabla de Valuación de Deficiencias y/o Discapacidades de origen laboral, la que en ningún caso será inferior a la establecida por el Código del Trabajo.

La pensión por vejez es la prestación a que tienen derecho los afiliados que han cotizado al régimen un período igual o mayor de 15 años y haber cumplido 55 años de edad.

En caso que el afiliado estando en condición de activo, haya cotizado por lo menos cinco años, tendrá derecho a una pensión mínima al cumplir 60 años de edad.

La pensión por muerte es la prestación a que tienen derecho los familiares de los afiliados o pensionados directos, que se detallen en la reglamentación correspondiente.

El derecho a esta prestación concurre para los beneficiarios del afiliado fallecido por causa común que haya cotizado tres años dentro de los últimos seis que precedan a la fecha de su muerte. Si fallece por riesgo profesional no se requerirá período de cotización.

Las asignaciones familiares tienen como propósito contribuir al sostenimiento de la familia dependiente del pensionado por vejez o discapacidad y forman parte de las prestaciones que estas pensiones otorgan.

Las cotizaciones efectivas que cualquier afiliado haya realizado en diferentes regímenes de seguridad social, son acumulables para los efectos del cálculo mínimo de cotizaciones requeridas para optar a una pensión por discapacidad común, muerte común o de vejez, conforme lo establezca el Reglamento Interno de Seguridad Social del Instituto.

Si el afiliado cotizó en los regímenes de la seguridad social INSS e ISSDHU y calificó para una pensión como lo expresa el párrafo anterior, se deberán hacer las coordinaciones necesarias con el INSS a fin de que se le proporcione las cotizaciones que hizo el afiliado al sistema y que el régimen especial de pensiones del ISSDHU le optimice su pensión, debiéndose tener en cuenta que la pensión la otorgará aquella institución con la que cumplió el derecho, debiéndose de realizar la sumatoria de las cotizaciones realizadas en cualquier otra institución.

En el caso que el afiliado reúna los requisitos de cotización para una pensión de discapacidad común, muerte común o vejez, en ambas instituciones, cada institución otorgará la pensión que le corresponda con arreglo a la legislación pertinente.

Los pensionados del Instituto tendrán además de los beneficios que actualmente gozan en virtud del régimen especial de seguridad social establecido en esta ley, las siguientes prestaciones económicas y de servicios sociales adicionales, sin que se les deduzca ninguna cuota de sus pensiones:

1. Los establecimientos estatales en salud (Centros, Policlínicas, Hospitales, etc.) suministrarán a los pensionados, los servicios médicos preventivos, curativos y de rehabilitación y en orden no limitativo, lo siguiente:

a) Servicios médicos que requieran.
b) Exámenes de laboratorio y rayos X, que fueran necesarios.
c) Prestaciones farmacéuticas.

2. En la adquisición de medicamentos en farmacias estarán exentos de cualquier tipo de impuesto nacional o local que grave los mismos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público regulará la forma de hacer efectiva la exención.

3. Están exentas del impuesto sobre la renta y no están sujetas a retención las indemnizaciones que en forma de capital o renta se perciban por vía judicial o por convenio privado por causa de muerte o incapacidad, por accidente o enfermedad, las indemnizaciones por despido y las bonificaciones por concepto voluntario siempre que se paguen a trabajadores y empleados de cualquier naturaleza, de conformidad con lo que establece la Ley Nº.822, Ley de Concertación Tributaria.

4. La vivienda en que habita la persona pensionada estará exenta de impuesto sobre bienes inmuebles, siempre que el pensionado o su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, sea propietario o usufructuario del inmueble.

5. En base a lo establecido en la Ley Nº.160, Ley que Concede Beneficios Adicionales a las Personas Jubiladas, los pensionados por el ISSDHU, tendrán descuento del 50 por ciento en el pago sobre el monto total de las facturas de los servicios de energía eléctrica, el 30 por ciento en el pago por servicios de agua potable y el 20 por ciento en el pago por servicios telefónicos convencionales.

6. Las certificaciones personales otorgadas por los correspondientes Registros Públicos se expedirán gratuitamente en favor de las personas jubiladas o sus cónyuges.

7. El ISSDHU creará un fondo revolvente para conceder adelantos a los pensionados. El monto de estos adelantos será hasta por el valor de mil quinientos córdobas a cancelarse, sin interés en un plazo de un año. Los montos a que se refiere este numeral, gozarán de mantenimiento de valor.

8. Los pensionados gozarán de la exoneración del 50% de pago para la obtención de sus pasaportes de uso personal.

Los derechos y beneficios conferidos por esta ley en favor de las personas pensionadas son personales e intransferibles, inembargables, innegociables e irrenunciables y no constituyen derecho sucesorio.

El Carnet de Identificación para personas pensionadas expedidos anualmente por el Instituto, acreditará la identidad del pensionado para gozar de los derechos y beneficios conferidos en la presente ley.

Se entiende por indemnización la prestación a que tienen derecho los afiliados cuando sufren lesiones con secuelas no discapacitantes, ocasionadas por riesgo profesional, La secuela no discapacitante concurre cuando el afiliado sufre una disminución física inferior o igual al 33% que no le impide ejercer sus labores habituales.

La cuantía se establecerá por el grado de discapacidad declarada multiplicada por el monto de la pensión que le correspondería por discapacidad permanente total, calculado sobre la base del salario cotizado a la fecha del evento y el resultado a su vez por sesenta mensualidades.

Auxilio funerario es la prestación destinada a subsidiar el costo de los servicios fúnebres del afiliado y del pensionado por discapacidad y vejez.

El subsidio de lactancia es la prestación a que tienen derecho los hijos menores de los afiliados o pensionados directos durante los primeros seis meses de su vida.

Los pensionados directos tendrán derecho al suministro, renovación y mantenimiento de aparatos de prótesis solamente en los casos en que éstos son requeridos por la causa discapacitante que originó su pensión.

En el caso de afiliados activos que sufran accidentes de trabajo y que ameriten el uso de aparatos para su rehabilitación, éstos serán suministrados por el Instituto en forma temporal.

Atención médica es la prestación a que tiene derecho los pensionados por vejez, por discapacidad y su núcleo familiar, así como los beneficiarios de la pensión por muerte.

El financiamiento de este programa será cubierto por el aporte mensual del afiliado y del órgano correspondiente, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno del Instituto.

El Estado asumirá el pago de una indemnización y pensión a los policías voluntarios y bomberos voluntarios que fallezcan o se discapaciten por razones de los riesgos profesionales, de conformidad a lo establecido en sus respectivas leyes. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento.

El régimen especial en materia de desarrollo humano tiene como propósito favorecer y contribuir a la elevación de la calidad de vida de los afiliados y sus núcleos familiares, coadyuvando a su formación cultural y profesional.

El Instituto estará facultado para extender en forma gradual y progresiva su régimen de prestaciones y servicio, atendiendo el grado de eficiencia que ostente, la situación económica y necesidades más urgentes de los afiliados y las posibilidades técnicas de prestar los servicios.

Toda modificación al régimen de prestaciones y servicios deberá ser objeto de un estudio actuarial previo y sólo podrá ser aprobado por el Consejo Directivo del Instituto si se cuenta de previo con el financiamiento adecuado.

1. Planes de ahorro de los afiliados retornables al cese definitivo de la relación de afiliación, el cual gozara de mantenimiento de valor y de tasa de interés definido en el Reglamento Interno de Seguridad Social del Instituto.
2. Programas de préstamos personales, hipotecarios o prendarios
3. Pensiones complementarias
4. Administración de programas de jubilación por años de servicio y retiro cuando se cuente con la fuente de financiamiento.

El derecho a pensión de retiro del afiliado, se pierde por incurrir en delitos comunes graves y muy graves que afecten la honra de la institución.

El Instituto podrá administrar programas de seguro de vida de los afiliados a este régimen. A esta prestación tendrán derecho:

1. Los beneficiarios que el afiliado activo hubiese designado cuando ocurra su fallecimiento en el restablecimiento del orden público, la seguridad ciudadana y humana o por actos en ocasión del servicio.

2. El afiliado activo que por razones de su trabajo sufra discapacidad.

El financiamiento de este programa será cubierto por el aporte mensual del afiliado y del órgano correspondiente, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno del Instituto.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto contará con patrimonio propio proveniente de las siguientes fuentes:

1. Las cotizaciones de los afiliados.

2. Las cotizaciones que le corresponden al empleador

3. El aporte del Estado referido al porcentaje de la masa salarial bruta, se establece en el Reglamento Interno del Instituto.

4. Las cotizaciones del Programa de Afiliación Voluntaria.

5. Las asignaciones especiales que autorice el gobierno central para cubrir los déficits que se presenten eventualmente.

6. Las transferencias, herencias, legados, cesiones o donaciones de todo tipo de bienes, derechos y acciones que sean aceptadas por el instituto.

7. Los rendimientos, intereses o utilidades obtenidas de las inversiones realizadas.

8. Los inmuebles adquiridos por el Instituto en virtud de la Ley N°.228, Ley de la Policía Nacional.

9. Otros bienes inmuebles adquiridos por el Instituto.

10. Las rentas provenientes de los inmuebles propiedad del Instituto, ya sea que estén ocupados por particulares o el Estado.

11. Otros valores, bienes o recursos que se le asignen o adquiera.

El financiamiento del Régimen de Seguridad Social se realizará sobre la base del sistema de contribuciones y aportes compartido tanto por el afiliado como por el empleador lo que se establece en el Reglamento Interno de Seguridad Social del Instituto.

La cuota y el incremento correspondiente al aporte del afiliado o al Estado para cualquier programa de Seguridad Social del Instituto, será de conformidad por lo establecido en el Reglamento Interno de Seguridad Social.

La tasa o prima, para cualquier seguro de discapacidad, vejez y muerte, su base de cálculo será de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Seguridad Social.

Ningún poder del Estado podrá gravar ni enajenar los bienes y rentas del Instituto ni exencionar de impuestos que les correspondan.

Los bienes, fondos, rentas, derechos y acciones del Instituto son imprescriptibles, inembargables e irretenibles, y no podrán ser gravados o enajenados para fines distintos a los de la seguridad social.

El Instituto gozará de exención de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones fiscales directas o indirectas establecidas o por establecerse, que puedan pesar sobre sus bienes muebles o inmuebles, utilidades, rentas o ingresos de cualquier clase o sobre los actos jurídicos, negocios o contratos que celebre, conforme lo establecido en la Ley Nº.822, Ley de Concertación Tributaria.

El Instituto tendrá derecho de prelación sobre cualquier otro acreedor por las sumas que adeuden los afiliados, los pensionados, beneficiarios y las inversiones que el Instituto realice. Conforme a esto gozará de preferencia sobre los demás acreedores en caso de concurso o quiebra, lo debido al Instituto, de igual manera gozará de preferencia en el pago cuando falleciere un deudor.

Las cantidades debidas al Instituto por aportes, contribuciones, capitales constitutivos u otros de igual naturaleza, créditos, multas, intereses, recargos o préstamos, tienen prelación en toda acción personal sobre cualesquiera otras.

El Instituto podrá endosar, permutar o ceder créditos sin necesidad de ninguna autorización para tal efecto. La firma del endosante y del endosatario será autenticada por un notario público. La autenticación tendrá toda fuerza legal con un solo “Ante Mi” y sello con la indicación del quinquenio del notario.

Las oficinas de catastro, tanto del Ineter como de las alcaldías donde corresponda, las oficinas del catastro fiscal de la Dirección General de Ingresos, y los diferentes registros públicos de la propiedad inmueble, están obligados a dar prioridad y realizar de forma expedita las inscripciones, sobre las demás que se estén tramitando, sin generar ningún pago extraordinario.

El Instituto podrá reclamar por la vía ejecutiva el pago de la que le adeudaren por aportes, contribuciones, créditos, multas, intereses, recargos 0 préstamos, prestando mérito ejecutivo los documentos emanados al efecto.

Los pagarés a la orden y todos los documentos privados que se encuentren en poder del Instituto como consecuencia de inversiones en operaciones de crédito, traen aparejada ejecución sin necesidad de previo reconocimiento judicial, si reunieren los requisitos que exigieren las leyes.

En las obligaciones hipotecarias y prendarias a favor del Instituto se entenderá siempre que el deudor renuncia a los trámites del juicio ejecutivo, salvo que se estipulare lo contrario.

1. En las acciones ejecutivas que intente el Instituto no será necesario efectuar el trámite de mediación al que se refiere el artículo 94 de la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Poder Judicial.

2, Los requerimientos de pago que tuvieren que efectuar el Instituto, en cualquier tipo de juicio ejecutivo, podrán ser efectuados por el notario público que este designe en su escrito de demanda.

3. La cesión de derechos que realice el Instituto se efectuará conforme la ley de la materia.

4. Toda fianza se entenderá solidaria y si los fiadores fueren varios, responderán todos solidariamente entre sí.

5. La solidaridad de los deudores y fiadores subsistirá hasta el efectivo y total pago de la obligación aunque medien prórrogas o esperas, salvo respecto de aquel en cuyo favor fuere expresamente remitida.

6. La mora se producirá por el solo hecho del vencimiento del plazo estipulado, y conforme lo establecido en la ley de la materia.

7. Los créditos otorgados por el Instituto serán indivisibles y en caso de sucesiones los herederos o legatarios respectivos serán considerados como solidariamente responsables del crédito del causante, dentro de los alcances respectivos según el derecho común.

8. En caso de prenda comercial, el Instituto podrá embargar el bien pignorado y ejecutar el mismo conforme los procedimientos de la ley de la materia.

El Instituto podrá entablar contra sus deudores, además de la acción hipotecaria procedente del contrato de hipoteca, la acción personal que se deriva del contrato de préstamo con arreglo a las leyes comunes, en lo que no fuere previsto en esta ley.

El Estado velará por la solvencia económica del Instituto a fin de cumplir con las obligaciones previstas para con los afiliados afectados en casos de graves alteraciones del orden público, desastres naturales o emergencia nacional.

El Instituto deberá constituir las reservas técnicas para garantizar el desarrollo y cumplimiento de las prestaciones establecidas en esta ley. Las reservas técnicas y los fondos del Instituto se invertirán en condiciones de alto rendimiento y seguridad.

En todo lo no previsto en esta Ley y el Reglamento Interno de Seguridad Social del Instituto, se aplicará en forma supletoria las disposiciones de la Ley y el Reglamento General de Seguridad Social del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Mientras no se dicte el nuevo Reglamento Interno del Régimen Especial de Seguridad Social del Instituto, se aplicarán las normas establecidas en el Decreto Presidencial Nº 64-2003, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 189 del 7 de octubre del 2003, en lo que no se le opongan a la presente ley.

El requisito de 60 años de edad, para adquirir derecho a pensión por vejez, establecido en el artículo 89, para los afiliados voluntarios, su aplicación será efectiva para los que, a la entrada en vigencia de esta ley, tengan menos de 45 años de edad, por consiguiente para los que tengan 45 años o más, adquirirán derecho a pensión por vejez a los 55 años de edad.

Los fondos provenientes de las cotizaciones que hayan realizado los miembros de la Policía Nacional en concepto de jubilación a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, serán transferidos al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, destinados al programa especial de pensión establecido en la presente ley.

Los nombramientos realizados conforme la Ley N° 228, Ley de la Policía Nacional, continuarán vigentes por el periodo para el cual fueron establecidos.

Mientras no se dicte un nuevo Reglamento de Ética Policial, se aplicarán las normas establecidas en el Acuerdo Ministerial Nº.069-2000, del Ministro de Gobernación de la República, del veinte de diciembre del año dos mil.

Todos los actos y procedimientos administrativos que se encuentren en trámite y no se hubiesen concluido al entrar en vigencia la presente ley, se continuarán tramitando hasta su conclusión conforme los procedimientos legales con los que fueron iniciado.

1. Ley N° 228, Ley de la Policía Nacional, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 162 del 28 de agosto del año mil novecientos noventa y seis.

2. Decreto N° 26-96, Reglamento de la Ley de la Policía Nacional, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 32 del 14 de febrero del año mil novecientos noventa y siete.

3. Decreto N° 83-2004, Creación de la Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 150 del tres de agosto del año dos mil cuatro.

4. Decreto N° 47-2006, Reglamento Especial de jubilación por años de servicio de la Policía Nacional, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 159 del dieciséis de agosto del año dos mil seis.

Los oficiales que, a la entrada en vigencia de esta ley, se encuentren en condición de retiro, recibiendo beneficios y prestaciones económicas, materiales o de seguridad de acuerdo con lo dispuesto por vía Ley N°.228, Ley de la Policía Nacional y disposiciones reglamentarias, continuarán recibiéndolos y estos se extinguirán al cumplir 55 años de edad o pasar a condición de pensionado.

De toda resolución o acto administrativo emitido por autoridad competente de la Policía Nacional, en lo que respecta estrictamente a la actividad administrativa policial, los afectados podrán hacer uso del sistema de recursos establecidos en la Ley Nº.290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”.

De toda resolución o acto administrativo emitido por el ISSDHU en materia de seguridad social, tanto en prestaciones, como en relación con la afiliación, inscripción, recaudación y cotización, es competente en primera instancia la autoridad judicial del Trabajo y de la Seguridad Social,

Son aplicables al ISSDHU la Ley Nº.815, Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº.229 del 29 de noviembre de 2012.