CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA

Debates

Tipo Iniciatiava:	Ley
Fecha Inicio Debate:	26 de Noviembre del 2014	Fechas Posteriores Debate:
Fecha Aprobación:	4 de Junio del 2015	11/12/14, 15/01/15, 29/01/15, 10/02/15, 25/02/15, 26/02/15, 11/03/15, 15/04/15, 16/04/15, 29/04/15, 30/04/15, 14/05/15, 03/06/15
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" CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA "

Contenido del Debate:
CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO DEL AÑO 2012. CON CITA A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (VIGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA).

SEGUNDA SECRETARIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Remitimos a los diputados y diputadas al Adendum 005. Punto II: PRESENTACIÓN DE DECRETOS Y LEYES. Punto 2.83: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA.

Managua, 18 de enero de 2012.

Honorable Doctora
ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVÍDEZ
Diputada y Primera Secretaria
Asamblea Nacional

Honorable Doctora Palacios:

Con instrucciones de la Excelentísima Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, Magistrada Presidenta de este Supremo Tribunal, me permito remitirle Iniciativa de Ley del Anteproyecto del Código Procesal Civil Nicaragüense, el cual fue elaborado por la Comisión Técnica Redactora y aprobado por Acuerdo de Corte Plena No. 229 del diecisiete de noviembre del año dos mil once, constando dicho anteproyecto con 891 artículos en total.

La iniciativa de ley introduce el sistema oral y concentrado a los juicios civiles lo que facilitará la agilización de los procesos, y la tutela judicial efectiva garantizándole a las partes en litis la satisfacción completa en el ejercicio de sus pretensiones, con estricta observación de las garantías procesales y el debido proceso.

En consecuencia de conformidad con el arto. 140, inciso 3 de nuestra Constitución Política, le solicito respetuosamente que una vez revisado el cumplimiento de los requisitos formales de conformidad con los artículos 45 y 90 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, pueda por su digno medio enviarse la presente iniciativa de ley a la insigne Junta Directiva con el fin de que se efectúe el trámite que corresponda.

Con las muestras de mi alta estima y consideración, le saludo,

Cordialmente,

Rubén Montenegro Espinoza
Secretario
Corte Suprema de Justicia

Managua, 31 de enero del 2012.

Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente
ASAMBLEA NACIONAL
Su Despacho.

Señor Presidente:

Soy, Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de haber sido elegida por mayoría de votos de los Magistrados que la integran, tal como lo acredito con la certificación del Acuerdo respectivo.
En el carácter expresado y en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, haciendo uso del derecho de iniciativa concedido por el artículo 140 de la Constitución Política, presento por su medio a la consideración de la Asamblea Nacional, la iniciativa denominada “Ley No. Código Procesal Civil de la República de Nicaragua”, para que una vez que la Junta Directiva la incluya en Agenda y Orden del Día para su presentación al plenario y su envío a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su correspondiente proceso de consulta y dictamen, sea discutida y aprobada por la Asamblea Nacional cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 141 de la Constitución Política y en la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Corte Suprema de Justicia en su carácter de órgano superior del sistema de los tribunales de justicia y siendo la primera de sus atribuciones constitucionales “organizar y dirigir la administración de justicia” ha considerado entre otros objetivos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la confianza de los ciudadanos en su Sistema Judicial, lo que implica disminuir la retardación de los procesos judiciales especialmente los del área civil.

En el año 2006, la Corte Suprema de Justicia constituyó una comisión integrada por funcionarias y funcionarios de diferentes niveles del Poder Judicial con conocimientos y experiencia judicial suficiente, para que elaborara un proyecto a fin de acelerar los procedimientos con el fin de obtener una sentencia en el menor tiempo, manteniendo en su plenitud las garantías constitucionales-procesales.

De manera que la Comisión Técnica Redactora, quedó integrado por los siguientes miembros: Dra. Ligia Victoria Molina Argüello, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de Coordinadora General y Miembro, Dra. Perla Arróliga Buitrago, Magistrada del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, Dra. Luz Adilia Cáceres Vílchez, Magistrada del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Las Segovias, Msc. María Amanda Castellón Tiffer, Jueza Distrito Civil de Managua, Msc. Belda Cárcamo Sánchez, Jueza de Familia de Managua, Dr. Roberto Borge Tapia, Consultor Nacional, Lic. Norman Silva, Asesor Corte Suprema de Justicia, con el apoyo técnico de la Lic. Candelaria Norori Romero.

Para la elaboración del anteproyecto de Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, se consideraron los antecedentes y sus implicaciones diputados presentes sin votar y futuras, se recopilaron y consultaron distintos diagnósticos que sobre el sistema de justicia nicaragüense se han realizado, fijándose como meta elaborar un documento tendiente a: revertir el alto grado de ineficiencia por la demora en la resolución de los conflictos civiles; simplificar y reducir el número de las estructuras procesales y sus trámites; lograr el contacto directo del juez con las partes y la prueba; convertir al juez en verdadero director del proceso; moralizar el proceso evitando conductas desleales y dilatorias; priorizar lo sustancial sobre lo formal; fortalecer la auto composición del litigio y lograr la eficacia del proceso en la resolución de las pretensiones.

Se hizo un estudio comparativo de las legislaciones que en años recientes se habían aprobado o estaban en proceso de aprobación en la región; se estudiaron detenidamente las nuevas tendencias doctrinales y se valoró la experiencia forense, de manera que se propuso el primer documento-borrador que fue consultado en el año 2008 al pleno de la Corte Suprema de Justicia, y sobre el cual los Magistrados hicieron sus aportes y observaciones y que sistematizados dieron lugar a un nuevo documento conocido como el “Texto Montelimar del Código Procesal Civil de Nicaragua”, el que sirvió de base consistente para la consulta nacional con los distintos operadores de justicia del área civil en sus diferentes niveles y órdenes, y con las distintas asociaciones de Abogados/as, litigantes y la Academia.

La Reforma Procesal Civil, entonces, es el resultado de 17 talleres de consulta a nivel nacional, donde participaron 1,500 abogados e hicieron sus aportes. Se consultaron expertos nacionales en temas específicos como Propiedad Intelectual, Arbitraje, Mediación, Cédulas y Bonos Hipotecarios, etc. Se recibieron estudios y aportes de abogados de todas las circunscripciones del país, de Magistrados de la Corte y sus asesores, de Magistrados de Apelaciones y jueces, todos los cuales fueron valorados e incorporados en lo pertinente.

Se contó con la asesoría de dos consultores españoles: Juan Miguel Carreras Marañas, Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos y María Isabel González Cano, Catedrática de la Universidad de Sevilla y Ex Asesora del Ministerio de Justicia, así como el aporte del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Dr. Marco Tulio Barahona, quien transmitió las experiencias y lecciones aprendidas en la elaboración del nuevo Código Procesal de su país, que actualmente se encuentra en vigencia.

El nuevo Código Procesal Civil parte del derecho de todos a una tutela judicial efectiva, se ajusta con la demanda, anhelo y necesidad social de una justicia civil nueva, caracterizada por la efectividad, lo que significa, la satisfacción completa de las garantías procesales. Pero a la vez, constituye una respuesta judicial pronta, que posibilite la transformación real de nuestro sistema judicial, una resolución eficaz y justa con capacidad de producir transformaciones reales en las vidas de quienes han necesitado acudir a los tribunales civiles, una transformación real que posibilite el cambio de actitud de los operadores de justicia. Significa también, medidas cautelares más accesibles y eficaces; una ejecución forzosa menos gravosa para quien necesita promoverla y con más posibilidades de éxito en la satisfacción real de los derechos e intereses legítimos y por supuesto más oportunidades de defensa para el condenado a satisfacerlas.

La efectividad de la tutela judicial civil supone un acercamiento de la justicia al justiciable y consiste en estructurar procesalmente el trabajo jurisdiccional, tanto en su planteamiento inicial como para la eventual necesidad de depurar la existencia de óbices y falta de presupuestos procesales, como en la determinación de lo verdaderamente controvertido y en la práctica y valoración de la prueba, con oralidad, publicidad e inmediación. Así, la realidad del proceso disolverá la imagen de una justicia lejana, misteriosa, aparentemente situada al final de trámites excesivos y dilatados, en los que resulta difícil percibir el interés y el esfuerzo de los juzgados y tribunales y de quienes los integran. Justicia civil efectiva significa entre otras cosas, mejores sentencias para ser fielmente cumplidas y que dentro de nuestro sistema de fuentes del derecho, constituyan referencias sólidas para el futuro, contribuyendo así a evitar litigios y a reforzar la igualdad real ante la ley, sin merma de la independencia del juez y del cambio jurisprudencial necesario.

En otro orden de cosas, el Código procura utilizar un lenguaje que, ajustándose a las exigencias ineludibles de la técnica jurídica, resulte más accesible para cualquier ciudadano, con eliminación de expresiones hoy obsoletas o difíciles de comprender y más ligadas a antiguos usos forenses que a aquellas exigencias.

En cuanto a su contenido general, este Código se configura con inclusión de la materia relativa a la denominada jurisdicción voluntaria y ha sido trabajado dentro de las dudas existentes sobre la conveniencia o no de que sea parte integrante del contenido del Código Procesal Civil de Nicaragua, dudas que tienen su razón de existir por las realidades que se están viviendo en nuestro país, aunque las tendencias modernas aconsejan que todo este quehacer voluntario de las personas, que constituye la supremacía en materia del consentimiento y la disposición natural de cada uno, tenga su verdadera morada en despachos extrajudiciales, responsables para la substanciación de los procesos correspondientes.

Contenido del Código Procesal Civil de Nicaragua

El Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, constituye un instrumento que de manera general y en lo particular, responde a la protección estatal y reconocimiento de los derechos inherentes a la persona en cuanto a las garantías judiciales que nuestra Constitución Política establece y los instrumentos internacionales protectores de derechos humanos que les otorga plena vigencia, para resguardo de los derechos de los justiciables en el proceso civil.

El Código Procesal Civil supone una innovación respecto del sistema procesal vigente, establece un nuevo modelo donde predomina la oralidad, llámese proceso mixto por audiencia, con ello se pretende que la administración de justicia sea más expedita y eficiente, pronta y cumplida, para los usuarios de la justicia en Nicaragua.
El nuevo proceso civil, traerá un cambio radical en cuanto al desarrollo del proceso, teniendo como base su simplificación, se abandona el proceso escrito rogado y se entra en un modelo procesal dinámico, únicamente se deja escrito la demanda y contestación y algún trámite incidental.

El Código se divide en dos apartados y ocho libros: Disposiciones Preliminares y Principios; Libro Primero: Disposiciones Generales; Libro Segundo: La Prueba; Libro Tercero: Medidas Cautelares; Libro Cuarto: De los Procesos Declarativos; Libro Quinto: Recursos; Libro Sexto: La Ejecución Forzosa; Libro Séptimo: Procesos Voluntarios y Libro Octavo: Disposiciones Finales, Adicionales, Reformatorias, Derogatorias, Transitorias y Vigencia.

Disposiciones Preliminares y Principios

Las disposiciones preliminares comprenden las siguientes cuestiones esenciales:
a) La supremacía constitucional; b) El ámbito de la Ley Procesal Civil en cuanto a territorio y materia; c) La temporalidad de la norma procesal, en cuanto a que los asuntos civiles, se sustanciarán siempre con arreglo a las normas procesales vigentes, las que nunca serán retroactivas; y d) El carácter supletorio del Código para aquellas materias que no cuenten total o parcialmente con una normativa procesal especial.
Se establecen quince principios que constituyen las líneas directrices fundamentales tendientes a orientar la actuación de las partes y los tribunales en el proceso civil, con el fin de hacer efectivas las garantías judiciales, tanto constitucionales (acceso a los juzgados y tribunales, la tutela judicial efectiva, Juez predeterminado por la Ley, el debido proceso, contradicción, defensa e imparcialidad, publicidad y dispositivo) como las de carácter procesal (aportación de parte, buena fe y lealtad procesal, dirección del proceso, oralidad, inmediación, concentración procesal, celeridad y convalidación procesal).

Libro Primero: Disposiciones Generales

El Libro Primero, De las Disposiciones generales incorpora un total de 208 artículos, distribuidos en seis grandes Títulos: Jurisdicción y competencia; Abstención y recusación; Prejudicialidad; Las partes; Acumulación de pretensiones y procesos; y Actuaciones Procesales.

Libro Segundo: La Prueba

El contenido normativo de la Prueba, se regula bajo la estricta observancia de los principios y garantías constitucionales del Derecho a la Prueba, Derecho de Defensa y Legalidad. Con su renovado enfoque se aspira a realizar una profunda transformación en el ámbito de los procesos, cimentada en la Libertad Probatoria, Sistema de Valoración Libre de la Prueba, Prueba Ilícita, Nuevos Medios de Prueba, Anticipación y Aseguramiento de la Prueba, Proposición y Admisión y Práctica Concentrada.

Este Libro incorpora un total de 106 artículos, distribuidos en dos grandes Títulos: Disposiciones Generales y Medios de Prueba.

Libro Tercero: Medidas Cautelares

El Libro Tercero denominado "Medidas Cautelares", se organiza en cuatro Títulos. El Primero se denomina Disposiciones generales, el segundo, Medidas cautelares, el tercero está referido al procedimiento para la adopción de las medidas y el cuarto Título, la modificación, mantenimiento y levantamiento de las medidas.

Libro Cuarto: De los Procesos Declarativos y Monitorio.

El Código Procesal Civil, tal como se expuso inicialmente se regirá en su interpretación y aplicación, primordialmente por nuestra Constitución Política, por ello, es que se asume como viable la puesta en práctica de un Proceso Mixto, en el que converjan tanto la escritura como la oralidad.

Este modelo procesal, encuentra su fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 34 sobre garantías procesales, en el artículo 52 en relación al derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, de obtener una pronta resolución o respuesta y que se les comunique lo resuelto en los plazos y especialmente en el arto. 46 de nuestra Constitución Política, que otorga plena vigencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José”, que en sus artículos 14 y 8, respectivamente disponen como garantías judiciales mínimas: la igualdad de las personas que acudan ante los órganos jurisdiccionales, su derecho a ser oídas públicamente, y la observancia del debido proceso, en el que se identifican el derecho a un juzgado establecido por la ley y un juez imparcial, todo con el fin de que se determinen sus derechos u obligaciones de carácter civil. Estas garantías, solo se pueden materializar a través de un Proceso por Audiencia, es decir, un proceso mixto que se caracteriza por la oralidad y la escritura, haciendo efectivos los principios de publicidad, inmediación y concentración, desarrollándose con mayor celeridad.

El Libro Cuarto, está compuesto de cuatro grandes títulos, que regulan las Disposiciones Comunes a los procesos Declarativos, Ordinario, Sumario y el Monitorio.

Libro Quinto: Recursos

El Libro Quinto del Código Procesal Civil denominado Recursos, agrupa los distintos mecanismos previstos para revisar la validez de las resoluciones judiciales, reguladas en dos grandes categorías: la de los recursos propiamente dichos y otros medios de impugnación. Los recursos son instrumentos de censura de las resoluciones que no han alcanzado firmeza; en cambio los otros medios de impugnación son acciones extraordinarias, independientes y autónomas para solicitar que se rescindan los efectos de la cosa juzgada de determinadas sentencias.

El “derecho a recurrir” se integra dentro del derecho fundamental al debido proceso, contemplado en el art. 34 Cn. y constituye una manifestación del principio de audiencia. Se ofrece como una triple garantía contra la arbitrariedad, el error judicial y eventuales situaciones de desajuste manifiesto entre lo juzgado y la realidad que, precisamente por ello y aunque no medie responsabilidad del órgano judicial, exigen una pertinente corrección. En este último grupo incluiríamos los supuestos en que el rebelde no pudo comparecer al proceso por motivos expresamente señalados o cuando el material de convicción con arreglo al cual se falló la causa, deviene insuficiente (ausencia de pruebas relevantes) o defectuoso (documentos o testigos que después se descubren falsos); o bien se halla alterada por un factor externo que condicionó la voluntad judicial (violencia o cohecho).

Habría que precisar que la propia sistemática normativa constituye en sí misma una novedad. Un aspecto a resaltar dentro del tratamiento de las instituciones procesales en este nuevo Código, es precisamente su orden, congruencia y coherencia, de manera que la materia de los Recursos, es fiel expresión de este esfuerzo y cuidado, al establecer de entrada en las Disposiciones Generales, verdaderos presupuestos procesales para la impugnación de las sentencias y cuyas normas sirven también para garantizar un efectivo ejercicio del derecho a los recursos.

Podemos afirmar que el Código actual regula nueve clases de recursos, en cambio el nuevo Código regula únicamente tres tipos de recursos: el de reposición, el de apelación y el de casación, lo que hace que sea más práctico para el litigante y el Juez. Los tres recursos se han tratado de manera más ordenada en comparación al sistema del Código de Procedimiento Civil actual.

También se contempla la novedad denominada prohibición de la reforma en perjuicio del recurrente, principio que por su importancia y trascendencia se potencia en su máximo y correcto significado: la resolución que resuelve un recurso nunca podrá empeorar la situación del recurrente, excepto cuando la otra parte también hubiere formulado un recurso sobre lo mismo, expresión básica y esencial del principio dispositivo.

Libro Sexto: La Ejecución Forzosa

El Libro Sexto está compuesto por siete títulos que regulan naturaleza y principios, disposiciones generales, ejecución de títulos judiciales, ejecución de título no judiciales, ejecución por cantidad de dinero, ejecución de hacer, no hacer y dar cosa determinada, y ejecuciones hipotecarias y prendarias.

Ante la falta de sistematicidad que presenta el actual Código de Procedimiento Civil, en la regulación de la Ejecución resultaba imprescindible que en esta reforma se puedan conocer con claridad las distintas vías de ejecución y sus correspondientes mecanismos y requisitos de procedibilidad, que deben llenarse al momento de la interposición de la demanda. En el Código se evita la dispersión de la regulación del proceso de ejecución y definitivamente se simplifican las formas.

Libro Séptimo: Procesos Voluntarios

El Libro Séptimo contiene los Procesos Voluntarios, no obstante que conforme las nuevas tendencias doctrinarias y legislativas dicha materia no se encuentra comprendida dentro del ámbito judicial para desjudicializar los procesos.

En los procesos voluntarios se reconoce la responsabilidad de los Notarios como fedatarios públicos, y se les faculta para conocer de algunos procesos que se originan por la voluntad de los interesados. Este Libro no impide que en el futuro pueda darse una Ley Especial para los Procesos No Contenciosos, como las que existen en otros países de nuestro continente. El objetivo principal de los procesos voluntarios es el descongestionamiento del sistema judicial, que soporta una enorme carga de trabajo en detrimento de la celeridad con que deben tramitarse los procesos.

Libro Octavo:

En el Libro Octavo, se regulan las disposiciones finales, adicionales, reformatorias, derogatorias, transitorias y vigencia.

FUNDAMENTACIÓN:

Dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional se encuentra la contemplada en el numeral 1 del artículo 138 de “elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes”, estableciéndose el procedimiento para ello en los artículos 140, 141, 142 de la Carta Magna y en la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, publicada en El Nuevo Diario en su edición del 29 de diciembre de 2006 y en La Gaceta, Diario Oficial No. 24 del 6 de febrero del año 2007.

El artículo 140 Cn. otorga a la Corte Suprema de Justicia el derecho de presentar iniciativas de ley en materias de su competencia, estableciéndose la misma en el Capítulo V del Título VIII de la Constitución Política y en la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial. La competencia del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia como órgano superior del sistema de justicia han sido desarrollados en la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiendo al Máximo Tribunal de Justicia, el derecho de presentar la presente iniciativa, que una vez aprobada por la Asamblea Nacional, derogará el Código de Procedimiento Civil vigente desde el 1 de enero de 1906 y que a su vez había derogado el sancionado el 22 de mayo de 1871.

Solicitamos se incluya en agenda a la mayor brevedad, se envíe a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, que es la competente para verificar el proceso de consulta y dictamen y que se priorice su discusión.

Acompañamos además de la presente exposición de motivos y fundamentación, un Anexo descriptivo de las novedades propuestas en la iniciativa, Anexo que debe considerarse igual que el texto del articulado como parte de la iniciativa.
Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

Alba Luz Ramos Vanegas
Magistrada Presidenta
Corte Suprema de Justicia

Hasta aquí la exposición de motivos.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputada Dixon.

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, acordó otorgarle a la Corte Suprema de Justicia en la voz de su Presidenta, doctora Alba Luz Ramos, una cortesía de sala para que le explique al plenario la importancia, contenido y trascendencia de este Código que hoy presentamos a la Asamblea Nacional y a la nación. Doctora Alba Luz Ramos, tiene la palabra. Puede pasar aquí.

MAGISTRADA DOCTORA ALBA LUZ RAMOS VANEGAS, PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE NICARAGUA:

Muy buenos días, señor Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua y miembros de la Junta Directiva del Poder Legislativo; honorables diputados y diputadas; estimadas y estimados colegas magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia; integrantes de la Comisión Técnica Redactora del Nuevo Código Procesal Civil; distinguidos invitados especiales; miembros de los medios de comunicación:
Desde hace más de una década, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional hemos venido desarrollando notables esfuerzos conjuntos, para lograr la transformación normativa de importantes instrumentos jurídicos con el objetivo de dotar a todas y todos los nicaragüenses de leyes que faciliten su acceso a la justicia, en un tiempo oportuno mediante la mejora sustancial del servicio de la administración de justicia. Esta transformación normativa que constituye un hito en nuestro acontecer jurídico y cultural, inició con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, continuó con la Ley de lo Contencioso Administrativo, con el Código Procesal Penal, con la Ley de Carrera Judicial, con el Código Penal, con la Ley General de Registros y con la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer, entre otras, en las que, si bien es cierto haciendo uso de la iniciativa de ley que nuestra Constitución le concede a la Corte Suprema de Justicia, hemos tenido un notable liderazgo, pero jamás estas leyes se hubieran materializado sin el decidido apoyo del Poder Legislativo. Es en este contexto que surge la necesidad de solventar una deuda histórica con las y los usuarios del sistema de administración de justicia, desarrollando un nuevo cuerpo procesal civil moderno y ajustado a las instituciones jurídicas y necesidades de la Nicaragua del siglo XXI. Todo ello dio paso en el año 2006, a que la Corte Suprema de Justicia constituyera una comisión, integrada por los doctores Roberto Borge Tapia, Perla Arróliga Buitrago, Luisa Adilia Cáceres Vílchez, María Amanda Castellón Tíffer, Belda Cárcamo Sánchez, Norman Silva y Candelaria Norori; todos ellos funcionarios y funcionarias de diferentes niveles del Poder Judicial con conocimientos y experiencia judicial suficiente, bajo la coordinación de la doctora Ligia Molina Argüello, magistrada de nuestro Supremo Tribunal, para que elaboraran un proyecto que estuviera a la altura de los objetivos trazados.

Conscientes de que la reforma procesal civil resulta más que necesaria, urgente e inaplazable, nos dispusimos a asumir el reto que representa este gigantesco esfuerzo. Correctamente coordinado, consensuado e impulsado a nivel nacional a lo largo de seis años en los que hemos contado con participaciones destacadísimas de magistrados y magistradas, jueces y juezas, académicos, más de mil quinientos abogados y abogadas litigantes, y por supuesto con asesoría y acompañamiento de dos expertos extranjeros en más de diecisiete talleres. Un nuevo Código Procesal Civil resulta primordial para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, pues en el diario ejercicio de la potestad jurisdiccional, es un instrumento indispensable para garantizar la tutela de los derechos e intereses legítimos de todos los ciudadanos y ciudadanas, preservando el orden jurídico y la resolución judicial de conflictos en tiempos razonables. El contar con una justicia pronta y cumplida, expedita y eficiente, constituye una de las demandas más sentidas de los nicaragüenses y un elemento esencial para la consolidación de un verdadero estado de derecho, cuestión a la que aspiramos responder de forma efectiva con este anteproyecto del Código Procesal Civil, que además está inspirado en nuestra realidad nacional, pues en la lectura de la exposición de motivos y en el texto del Código, se advierte la inspiración en la corriente iberoamericana que ha impulsado estos mismos procesos de reforma de la jurisdicción civil, lo que ciertamente no ha significado el traslado irracional de instituciones o figuras procesales que no tendrían validez en nuestro entorno. El modelo procesal que se ha elegido, es el denominado proceso mixto por audiencia, donde los sujetos procesales aparecen con roles de actuaciones claramente definidos y balanceados, se propugna por la plena vigencia de los principios de inmediación, concentración, publicidad y oralidad; cimientos sobre los que descansa el referido modelo y constituyen a su vez el referente más importante en los modernos estados democráticos que promueven la existencia de una justicia pronta, concentrada y eficaz para la adecuada protección de los derechos de los justiciables, con altos estándares de transparencia, con la participación activa del juez como director y contralor del proceso, tutelando las garantías procesales de los sujetos procesales, potenciando la participación de las partes y sus abogados, bajo los principios del derecho a la prueba, del derecho a la defensa, de igualdad y contradicción.

En lo relativo a la prueba, es notorio destacar la eliminación de la conocida confesión ficta, no queda en este proyecto de Código, ningún resquicio que pueda prestarse a la trasgresión del artículo 34.7 de nuestra Constitución Política, según el cual nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. De igual manera se eliminaron las diligencias finales de oficio para mejor proveer, para ser consecuentes y coherentes con el principio procesal que establece que las pruebas deben ser aportadas exclusivamente por las partes. Las medidas cautelares se vieron fortalecidas en su contenido normativo, siendo estas inherentes a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Es por ello, que aparecen como los medios jurídicos procesales que tienen la función de evitar que se realicen actos que impidan o dificulten la efectividad de la satisfacción de la pretensión.

Igualmente, se aclaró el concepto referido a las excepciones materiales, entendiendo por tales, aquellas que extingue la pretensión de conformidad con las leyes, señalándose entre otras, la prescripción, el pago, la novación y la cosa juzgada. Estas deberán resolverse en la sentencia definitiva porque constituyen el fundamento de la oposición a las pretensiones del actor, como los hechos extintivos, impeditivos y excluyentes. También en la contestación, el demandado alegará las excepciones procesales, hoy conocidas como excepciones dilatorias, referidas a defectos procesales, las que serán resueltas en la audiencia inicial, al igual que aquellas alegaciones que obstaculicen la válida prosecución y finalización del proceso mediante sentencia.

Otro valioso producto obtenido de la génesis del Código Procesal Civil, fue el desarrollo de un procedimiento oral uniforme, para los juicios en materia de familia, que como sabemos estaban originalmente incorporados al texto de este anteproyecto de Código Procesal Civil. Sin embargo, como expresión genuina de nuestro interés por contribuir con el desarrollo de la legislación en materia de familia, aportamos los avances relativos a este Capítulo a la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, que le brindó una muy buena acogida. Hoy podemos decir con satisfacción que los insumos obtenidos del trabajo del Código Procesal Civil, prácticamente redefinieron las bases del referido proyecto de Código de Familia, orientándolo hacia un sistema procesal por audiencia estrictamente oral.

Hoy, luego de este largo caminar el Código Procesal Civil está listo para ser presentado ante ustedes honorables diputados y diputadas a efecto de lograr una aprobación final. Sin embargo, reconocemos con humildad que el titánico esfuerzo desarrollado es susceptible de recibir continuas mejoras y como tal será siempre objeto de observaciones. Por ello hoy, a través de la magistrada Ligia Molina, Coordinadora de la Comisión Técnica Redactora, estaremos brindando a ustedes una exposición sucinta de las principales instituciones jurídicas que incorpora el texto que hemos presentado formalmente ante este Poder del Estado, el pasado 24 de febrero, al tiempo que expresamos nuestra disposición de colaborar en el proceso de análisis y discusión que se abrirá en el seno de este máximo foro de la nación a partir de hoy, para juntos construir éste que será uno de los mayores legados que podremos dejar al desarrollo jurídico de nuestro país.

Muchas gracias por su atención, dejo con ustedes a la Doctora Molina.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, Magistrada Presidente.

Doctora Ligia Molina, por favor, tiene la palabra.

DOCTORA LIGIA VICTORIA MOLINA ARGÜELLO, MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN CALIDAD DE COORDINADORA GENERAL Y MIEMBRO:

Buenos días a todas y a todos, honorable señor ingeniero René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional, y miembros de la Junta Directiva; señoras y señores diputados; honorables colegas de la Corte Suprema de Justicia; honorable Presidenta doctora Alba Luz Ramos; y el señor Vicepresidente doctor Marvin Aguilar; queridos colegas y compañeros de la Comisión Técnica Redactora; señores periodistas.

Voy a iniciar mi intervención, bastante reducida por cierto para todo el contenido del Código, con una brevísima introducción, los antecedentes de la Reforma Procesal Civil, ¿el porqué es necesaria la reforma total procesal civil?, ¿qué se espera obtener con la reforma procesal civil?, para luego entrar a valorar y exponerles la estructura del anteproyecto del Código Procesal Civil, iniciando con Las Disposiciones Preliminares; Los Principios, para continuar con las distintas clases de procesos que contiene esta iniciativa.
En primer lugar, agradezco profundamente la deferencia especial que nos ha ofrecido la honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a través de su Presidente, el ingeniero René Núñez Téllez y Primera Secretaria, doctora Alba Palacios Benavídez, de podernos dirigir ante el plenario con motivo de la reciente presentación de la iniciativa de ley, anteproyecto Código Procesal Civil por parte de la Corte Suprema de Justicia, efectuada el viernes 24 de febrero de este año.

Independientemente que la doctora Ramos los haya saludado, considero justo y merecedor de mi parte, referir ante ustedes de manera especial al resto de los miembros de la Comisión Técnica Redactora, digo esto porque soy miembro integrante de esa comisión y son: La doctora Perla Margarita Arróliga, Magistrada de Apelaciones; Luz Adilia Cáceres, Magistrada; María Amanda Castellón Tiffer, Jueza Octavo de Distrito Civil; Belda Cárcamo; Roberto Borge Tapia; Norman Silva, y Candelaria Norori en quien descansó todo el apoyo en el cuidado y edición del anteproyecto.

Hoy, seis de marzo, constituye una fecha muy importante en el acontecer de nuestra historia jurídica civil. Juntos asistimos en calidad de actores y partícipes al inicio de una de las mayores transformaciones en el campo del derecho y la justicia de las últimas décadas. Por increíble que parezca, ha transcurrido más de un siglo de vigencia del actual Código de Procedimiento Civil y la esencia de su modelo procesal predominantemente escrito y la forma de tramitar los asuntos han permanecido sustancialmente invariables; lo que ha impedido responder desde hace décadas de forma eficaz y oportuna a los usuarios de la justicia civil y al pueblo en general, en la búsqueda de solución de sus conflictos. De forma categórica reafirmo, que no se puede mejorar esta tarea de la administración de justicia sin una innovación total de su cuerpo normativo, que aspira introducir un modelo y forma procesal que se caracterice por su simplicidad, agilidad, transparencia y publicidad, que abandone la prevalecía mayoritaria de la forma procesal escrita y dé paso al modelo procesal adversativo que privilegia las actuaciones procesales orales, como mecanismo efectivo de una justicia más pronta y cumplida.

Los esfuerzos realizados desde el enfoque de la administración, organización y gerencia de los despachos judiciales han sido muy positivos, sin embargo, refuerzan la necesidad de dotar a los nicaragüenses de un nuevo modelo o de un nuevo proceso civil, donde prevalezca una forma de procesamiento distinta a la absolutamente escrita y que se acople con las exigencias y cambios que continuamente se experimentan desde la sociedad. Hoy más que nunca, con la prisa que se vive en nuestros tiempos, se esperan respuestas rápidas de los órganos e instancias judiciales y no debemos olvidar lo que se ha manifestado en reiteradas ocasiones, desde los espacios de la academia y de litigio, que justicia tardía no es justicia.

Con la presentación de la iniciativa del nuevo Código Procesal Civil, se ha cimentado el hito que demarcará un antes y un después. En la administración de justicia civil se ha abierto la ventana que permitirá pasar de proceso predominantemente escrito, burocrático, lento, desconcentrado, faltos de inmediación y publicidad que afectan enormemente la transparencia, a procesos donde predominan la forma procesal oral sobre la escrita que se caracteriza por su agilidad o rapidez y por favorecer la concentración procesal, que no es más que la realización de la mayor cantidad posible de actuaciones procesales en unidad de actos con la obligada presencia y dirección del juez o magistrado, garantía de inmediación judicial, manifestación plena de mayor transparencia. Todos estos cambios cualitativos asociados a la publicidad, nos permitirá ofrecer una renovada tramitación de los procesos, abierta a los usuarios, al pueblo en general, lo que democratizará más la administración de justicia, a través de la apertura del ejercicio de la función jurisdiccional civil al control social, al control del pueblo.

El Poder Judicial experimenta actualmente constantes procesos de cambio, de transformación normativa, de búsqueda de mayores y mejores formas de administrar justicia, se ha comprometido la Corte Suprema de Justicia en hacer tangible el objetivo general de lograr el fortalecimiento del estado de derecho e incrementar la confianza de los ciudadanos hasta su sistema de justicia. En este marco es que se circunscribe la reforma, el interés supremo de dotar a los nicaragüenses de un nuevo Código Procesal Civil, que responda al mandato constitucional y administrar justicia en nombre del pueblo, con transparencia y equidad, asegurando la aplicación de los principios de legalidad, de protección y tutela de los derechos humanos.

La administración de justicia en el área civil constituye uno de los mayores retos en el seno del Poder Judicial, sus problemas obedecen a ámbitos muy variados y complejos desde el aspecto administrativo organizativo de los despachos e instancias judiciales, asignación de recursos, número de jueces, formación, capacitación y especialización del personal, hasta el referido al aspecto normativo, pues como se ha manifestado, el actual Código en su vigencia y aplicación supera ya los cien años y no responde a las expectativas de los usuarios de la justicia.

Desde el ámbito estrictamente normativo, los principales problemas que enfrenta la justicia civil en el país, se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1) La retardación de los procesos civiles, derivados de procedimientos predominantemente escritos, agravado por la falta de concentración procesal de inmediación y el límite injustificable a la publicidad para las partes y terceros, lo que incide en la ausencia de dirección del proceso por parte del juez.

2) Cierto desconocimiento de las normas procesales civiles, producto de la dispersión ocasionada por más de cuarenta reformas parciales producidas durante su vigencia, lo que dificulta el manejo pleno de la ley por parte de los operadores jurídicos y ocasiona desconocimiento de la norma por parte no sólo de la ciudadanía, sino de los mismos litigantes, asimismo trasciende el marco de orden constitucional, pues el judicial no logra vincular una ley arcaica con la norma sub-suprema.

El procedimiento civil vigente resulta complejo e inadecuado, lo que se logra verificar por la falta de sistematicidad en la regulación y la dispersión de los cuerpos normativos, así como por la diversidad de procedimientos que hacen de los procesos una multiplicidad de trámites, lo que acentúa la ausencia de unicidad.

¿Por qué es necesaria la reforma procesal civil total?, con perspectiva histórica, cultural y jurídica ha de reconocerse el incalculable valor del actual Código de Procedimiento Civil de 1906. Sin embargo, la realidad nos hace reconocer que el método de las reformas parciales resulta agotado y no es útil para mejorar la impartición de justicia en el orden civil, siendo lo urgente y necesario un Código nuevo que asuma un nuevo modelo y orientación procesal que refuerce al juez y magistrado en el control y dirección del proceso y permita dar un salto significativo en la búsqueda de la mejora de la justicia civil. Se ha de reconocer que la experiencia jurídica de más de un siglo debe de ser aprovechada al máximo, sobre todo a la hora de hacer valer las experiencias acumuladas a fin de no volver a cometer los errores del pasado, el nuevo Código debe de enfrentar y dar respuesta a los numerosos problemas de imposible o muy difícil resolución con el Código del siglo pasado.

De manera que a la pregunta obligada de ¿Por qué es necesaria la reforma procesal civil?, se responde afirmando: Es necesaria porque nos permitirá reducir la retardación de justicia de forma sensible, porque habrá una nueva forma de tramitar los procesos y un nuevo proceso civil que descansa en la plataforma procesal oral lo que asegura la oportunidad de conducción de procesos más ágiles y transparentes; es necesaria porque facilitará el acceso a la justicia de la población más vulnerable, en lo que se ha tenido especial cuidado, regulando los presupuestos procesales mínimos, para poder interponer una demanda coadyuvando en el desarrollo de la mediación, como método eficaz para la resolución de conflictos de forma amigable, asegurando la participación de la defensoría pública en los casos en que sea necesaria, regulando procesos novedosos como el monitorio para el reclamo oportuno de deuda dineraria, haciendo el lenguaje de las disposiciones normativas mucho más accesibles para todas las personas en la medida de garantizar una justicia más entendible y comprensible.

Es necesaria porque simplifica y unifica los múltiples procesos y procedimientos existentes, de manera que se tendrá como proceso declarativo, donde se discute lo tuyo y lo mío, el llamado Proceso Mixto por Audiencia, expresado en sus clases, ordinario y sumario, nada más. Destacándose la fase procesal oral que comprenderá para el primero, dos audiencias y para el segundo, una sola audiencia. Ello permitirá la reducción sensible en la duración de los procesos, siendo sus plazos máximos próximos a los nueve meses, incluyendo todas las instancias. Es necesaria porque contribuirá a la mayor transparencia de la administración de justicia y mejorará sensiblemente la seguridad jurídica de las personas en la búsqueda de la tutela judicial efectiva para la determinación de sus derechos y obligaciones en el orden civil.

¿Qué se espera obtener con la reforma procesal civil? En primer lugar, ya lo dijimos, referir la ineficiencia por la demora en la resolución de los conflictos, proveer al usuario de procesos sencillos y ágiles para garantizarle una administración de justicia pronta y efectiva, establecer la dirección y control del proceso a cargo del juez a través del contacto directo con las partes y las pruebas, garantizar la lealtad, la buena fe procesal de los sujetos que intervienen en la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional, hacer prevalecer los principios, garantías y derechos constitucionales, particularmente las referidas a los derechos humanos, incorporar en el predominio de los actos procesales orales que en sustitución. Establecer las mejores soluciones normativas para la realidad de nuestro país, a fin de obtener un proceso judicial eficiente y eficaz, tendiente a la resolución democrática, justa y rápida de los conflictos, a la protección efectiva de los derechos de todos. Es decir, debido proceso y juicio justo.- Incluir el proceso monitorio, eliminar los márgenes de desconfianza del usuario en contra de la administración de justicia, permitir la prestación del servicio de justicia en forma completamente transparente ante el pueblo, en nombre del cual es ejercida la función jurisdiccional del Estado, haciendo posible la aplicación del principio de publicidad en la actuación del judicial, hacer del derecho un hecho a través del cual prevalezca la verdad y la justicia.

La estructura del anteproyecto, está configurado de la siguiente manera: Dos Apartados;
El Primer Apartado se corresponde con las Disposiciones Preliminares, y el Segundo con los Principios. El Libro Primero: De las Disposiciones Generales; El Libro Segundo: La Prueba; El Libro Tercero: Las Medidas Cautelares; El Libro Cuarto: De los Procesos Declarativos; El Libro Quinto: Los Recursos; El Libro Sexto: La Ejecución Forzosa; El Libro Séptimo: Los Procesos Voluntarios. Y El Libro Octavo: Las Disposiciones Finales, Adicionales, Reformatorias, Derogatorias Transitorias y la entrada en Vigencia, los que incorporan un total de 891 artículos.

Atendiendo la dimensión de la Reforma, he considerado oportuno circunscribir mi intervención al modelo procesal que se propone en las partes más transcendentes, que evidencian el paso de un proceso escrito a un proceso predominantemente oral.

Las Disposiciones Preliminares y Principios; constituyen la esencia del contenido sobre la que se asienta y desarrollan las instituciones y proceso del anteproyecto. Están reguladas en 20 artículos y son la parte introductoria de los ocho Libros que estructuran el Código.

Resulta trascendente advertir que frente a la adopción de un nuevo Modelo Procesal que se basa en la Oralidad, resulta indispensable incidir en la necesaria reinterpretación de las normas procesales desde la perspectiva de principios menos formalistas y más garantistas, tal y como fueron incorporados en la Constitución Política vigente de 1987 y sus Reformas de 1995, que expresamente establecen como garantías procesales, la observación del Debido Proceso, el Principio de Legalidad, la Protección de los Derechos Humanos, mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos que son competencias de la Administración de Justicia.

Con el fin de hacer efectiva las garantías Judiciales, se han establecido dos clases de Principios que deben de regir el Proceso Civil. Unos de naturaleza Constitucional y otro de naturaleza Procesal. Siendo los de naturaleza Constitucional: El Debido Proceso; el Acceso a los Juzgados y Tribunales; la Tutela Judicial Efectiva; el Juez Predeterminado por la ley; los Principios de Contradicción, Defensa e Imparcialidad, el de Publicidad y Dispositivo. Y los de carácter Procesal: Aportación de parte; Buena Fe y Lealtad Procesal; Dirección del Proceso; Oralidad, Inmediación, Concentración Procesal; Celeridad y Convalidación Procesal. Me voy a referir de manera muy breve al alcance del contenido normativo de estas disposiciones.

La primera disposición fija, sin duda alguna, que nuestra Constitución Política es trascendental en la interpretación y aplicación de la norma jurídica. En la actualidad lamentablemente los funcionarios judiciales adolecen de la Cultura Jurídica Constitucional que implica la observación y aplicación de las garantías individuales constitucionales a la materia civil, porque persiste la creencia de que éstas son sólo aplicables a la materia penal. Con la presente iniciativa y en virtud de la Supremacía Constitucional, los jueces y tribunales deben velar por el respeto de los Derechos Fundamentales y Derechos Humanos e interpretarán y aplicarán las disposiciones de la ley y tratados internacionales en armonía con los Derechos y Garantías Individuales contenidos en la Norma Fundamental.

En cuanto a la temporalidad de la norma procesal en los asuntos civiles, se establece como Principio, que las causas se sustanciarán siempre con arreglo a las normas procesales vigentes, las que nunca serán retroactivas, la regla general es la irretroactividad de la ley, razón por la cual en virtud del Principio de irretroactividad, las causas iniciadas durante la vigencia de la ley derogada, continuarán su trámite conforme el procedimiento con el que se inició, hasta que recaiga la resolución que le ponga fin a dicha instancia. La etapa siguiente se tramitará conforme el nuevo procedimiento.

El Principio del Debido Proceso comprende todas las Garantías Constitucionales consignadas en los artículos 25 al 38 de la Constitución Política de Nicaragua y en los artículos 1 al 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que el funcionario judicial deberá tenerlo presente cuando tramite y resuelva una causa a fin de asegurar la efectiva vigencia de los derechos individuales reconocidos por la Constitución Política, tales como, el Derecho a recurrir a la justicia, a obtener la tutela judicial efectiva, a un procedimiento legal previamente instituido, el derecho a ser oído, el derecho a la defensa, el derecho a producir prueba, el de obtener sentencia fundada en un término prudencial y la exigencia de la legalidad del proceso y la publicidad del mismo.

El Principio Libre Acceso a los Juzgados y Tribunales que adquiere la condición de derecho subjetivo, reconocido así en nuestra Constitución Política como una exigencia inherente a la idea del estado de derecho y a la condición necesaria que tiene una persona para ejercer el derecho de acción y obtener la tutela judicial efectiva, la que sólo es posible en virtud de la imparcialidad del juez en el conocimiento del caso, por cuanto únicamente debe de someterse al imperio de la Constitución y las leyes y buscar conforme lo alegado y probado por las partes dentro del proceso.

Se ha manifestado ya, que la transformación normativa ha supuesto la mayor simplificación posible de los llamados procesos declarativos; nos referimos aquí a lo que está en vigencia, al Proceso Ordinario, al Proceso Verbal, al Ordinario Verbal, al Sumario y los Especiales. En el Código de Procedimiento actualmente vigente, todos ellos aunque se denominen verbal, son predominantemente escritos, sobre todo a raíz de la reforma que se hizo a los juicios o los procedimientos verbales. Con la iniciativa, se propone el llamado Proceso Mixto por Audiencia que incorpora la Oralidad y favorece el cumplimiento de la Inmediación, Concentración y Publicidad Procesal. La opción del nuevo proceso civil exige una reinterpretación de los principios que le rigen a partir del denominado Principio de Oralidad, en favor de lograr una mayor incidencia en la reducción de los plazos judiciales y en ajustar la duración de los procesos a la exigencia del caso.

El Proceso Mixto por Audiencia favorece la celeridad, transparencia judicial, materialización de la justicia. El esquema general del Proceso Mixto por Audiencia claramente identifica la necesaria existencia de fases, que bien pueden denominarse Oral y Escrita, no obstante la esencia del desarrollo principal del nuevo proceso tendrá un funcionamiento mayoritariamente oral.

El Proceso Ordinario es pleno de conocimiento, adecuado para conocer de aquellas materias o pretensiones de mayor complejidad. Es decir, aquellas que requieran una mayor extensión para poder alcanzar los resultados que se esperan, como es resolver el conflicto planteado.

El Proceso Ordinario en razón de la materia tendrá como ámbito, conocer de aquellas pretensiones que se estiman de mayor complejidad independiente de su cuantía; por ejemplo, la Tutela de los Derechos Fundamentales y los Derechos Honoríficos, el Derecho de Publicidad, las Pretensiones Colectivas, la Impugnación de Acuerdos Sociales, las Condiciones Generales de Contratación, los Arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles, la Declaración de Responsabilidad Civil de Funcionarios Públicos derivada del ejercicio de su cargo, la Responsabilidad Civil derivada de actuaciones extra contractuales, como por ejemplo, la Competencia Desleal, las Infracciones a los Derechos de Autor, a la Propiedad Industrial y otras. También, tendrá como ámbito conocer de la Reivindicación de inmueble, la Cancelación de Asientos Registrales, la Falsedad y Nulidad de Instrumento Público, la Petición de Herencia, la Rendición de Cuenta y Quiebra o Insolvencia, regulándose únicamente las especialidades del proceso para la materia de Tutela de Derechos Fundamentales y Derechos Honoríficos, Publicidad y Pretensiones Colectivas.

Es importante referir que se mantiene el trámite de la mediación, por su relevancia para la absolución, de los conflictos; tendrá un carácter extraprocesal por lo que serán personas ajenas al proceso, distintas al juez, quienes faciliten la mediación. También, se admite la práctica de cualquier otra forma alterna de resolución de conflicto, como la transacción y el arbitraje, de no cumplirse con el trámite de mediación no se admitirá a trámite la demanda, aunque se cumpla con los requisitos y presupuestos que exijan el Código o las leyes respectivas.

Valoramos la Mediación como un procedimiento extrajudicial, creado como respuesta para desahogar el alto índice de demandas iniciadas en los juzgados, que prolongan innecesariamente la resolución del conflicto donde impera la voluntad de las partes, valoramos su práctica como un modelo de gestión de la vida social, ya que es un medio no adversarial que tiene también como alcance en algunas ocasiones, restañar las relaciones personales. Un aspecto novedoso que se regula en relación a la Mediación, el Arbitraje, la Transacción o cualquier otra forma alterna de solución de conflicto, es la homologación para verificar el respeto a las normas de orden público y la legalidad de su contenido la que procederá cuando se pretende ejecutar el acuerdo que íntegramente se insertará en la sentencia, otorgándole carácter de cosa juzgada y la suficiente fuerza ejecutiva.

Lo incidente o cuestiones incidentales pueden ser de carácter procesal o material. Cuando el incidente o cuestión incidental se promueve fuera de la audiencia, por ejemplo, una Nulidad de Notificación, se sustanciará y tramitará en piezas separadas y conforme el procedimiento establecido en el Código, siempre que no tenga una regulación especial, y se decidirán en una Audiencia en el plazo establecido y si no tiene plazo alguno, en las 24 horas siguientes. Contra la decisión incidental, sólo cabe, la apelación diferida, si lo resuelto fue protestado en tiempo.

En el escrito que promueve el incidente o cuestión incidental deberá estar fundado en hechos y derechos, proponiendo la prueba necesaria y acompañar los documentos oportunos, lo que evitará incidentes infundados que tengan como única finalidad dilatar el proceso.

Cuando el incidente o cuestión incidental se suscite en Audiencia y sean relativas a su trámite, se sustanciarán y resolverán en esa misma Audiencia por medio de Auto, pudiendo hacerse valer los Recursos de Reposición y Apelación, en su caso. En general los incidentes sólo podrán suspender el proceso, cuando según su naturaleza suponga un obstáculo para la continuación del mismo, con el objetivo de evitar un proceso viciado.
A las Nulidades y Excepciones que se promuevan no se les dará el trámite de los incidentes, ya que para las primeras el cauce procesal será el de los recursos y cuando se trate de excepciones procesales, éstas se resolverán directamente en la Audiencia Inicial.
El Proceso Ordinario se inicia con la demanda, que es la alegación principal en que la parte actora fundada en hechos y medios de prueba, pide al juez una sentencia concreta frente a quien es señalada como demandada. El demandante debe cumplir una serie de requisitos y presupuestos legales para que su demanda sea admitida a trámite y así poder desarrollar el proceso. La demanda deberá ser escrita en papel de ley y debiendo expresar al menos aquellos requisitos que permitan identificar y localizar tanto al actor, como al demandado; establecer los hechos y el derecho en el que se funden las peticiones, fijar las pretensiones que se formulen, determinando de forma clara y concreta lo que se pide, los medios de pruebas que se proponen, indicando separadamente qué hechos se pretenden demostrar con los mismos y la descripción de los anexos que se acompañan, el lugar, la fecha y la firma del demandante y del abogado que le asista o de quien le represente.

Para lograr hacer efectiva la notificación del emplazamiento al demandado, el demandante debe de asignar respecto al demandado varios lugares como domicilio, indicando el orden por el que a su entender puede efectuarse con éxito la comunicación. La demanda podrá ampliarse antes de ser contestada sólo para los efectos de acumular nuevas pretensiones, nunca después de su contestación o para dirigirla ya planteada contra los nuevos demandados.

El juez debe de analizar la demanda, es decir, valorarla, observando de oficio si él es competente o no, si las partes están en capacidad para comparecer al proceso, aquí hablamos de la capacidad para ser parte, la capacidad procesal e incluso de la legitimación para actuar. La procedencia del tipo de proceso, es decir, si debe de tramitarse como Proceso Ordinario o como Proceso Sumario, el cumplimiento de los requisitos que debe contener la procedencia en caso de acumulación de pretensiones y anexar aquellos documentos que la ley exija, tal sería el caso del acta que acredita el cumplimiento del trámite de mediación.

Todo este examen es con el fin último de que el proceso se inicie y se desarrolle sin vicio alguno. El juez una vez hecho el examen, tiene la potestad de comunicar al demandante la existencia de defectos u omisiones en la demanda, para que sean subsanados y le otorga un plazo de cinco días, quien podrá corregirlo en el término que le conceda el juez, pero si los defectos observados fueran insubsanables o la parte actora no lo subsana, se archivará definitivamente el expediente y se devolverán los anexos, quedando a salvo el derecho a la parte actora para que lo ejerza en debida forma.

Realizado el examen de los requisitos formales y de los presupuestos procesales exigidos, se admitirá a trámite la demanda, en el mismo auto en que se admita a trámite se emplazará a las personas contra quienes se proponga para que la contesten en el plazo de 30 días, si fuesen varios los demandados se computará como plazo común, para todos. Conviene señalar que se elimina la figura del traslado, de manera que no se autorizará a la parte demandada sacar el expediente, ya que al notificarle el emplazamiento se le entregará copia de la demanda y sus anexos, y tendrá el tiempo necesario para contestar. Dentro del término que se conceda al demandado para contestar, podrá hacer uso de la declinatoria por falta de competencia del juez, absteniéndose de contestar la demanda o solicitar la intervención de tercero, procediéndose en ambos casos a tramitarlos como incidentes especiales, que deberán resolverse de previo a fin de poder continuar con el proceso.

La contestación al igual que la demanda deberá ser escrita y en papel de ley, en ella el demandado dará respuesta a la pretensión de la parte actora, cumpliendo los requisitos pertinentes previstos para la demanda. En la contestación de la demanda se negarán o admitirán los hechos aducidos por la parte actora, se expondrán los fundamentos de la oposición a las pretensiones del actor, alegando las excepciones materiales que a criterio del demandado correspondan, se aducirán o alegarán las excepciones procesales y podrá oponerse la acumulación de pretensiones expresando las razones que le asistan. La negativa a los hechos aducidos por la parte actora podrá ser expresa o tácita. Si es expresa, estaremos frente a la admisión de los hechos alegados en la misma; si el demandado guarda silencio o da respuesta evasiva, legalmente se presumirá que ha negado los hechos que le sean perjudiciales.

Las Excepciones Procesales hoy conocidas como excepciones dilatorias, serán resueltas en la audiencia inicial al igual que aquellas alegaciones que obstaculicen la válida prosecución y finalización del proceso mediante sentencia.
El Proceso Mixto por Audiencia ha sido acogido en el anteproyecto en dos expresiones: el Proceso Ordinario y el Proceso Sumario.

El Ordinario tiene una fase escrita que se circunscribe a las alegaciones iniciales, la demanda, la contestación y la reconvención en su caso; y en el caso de Segunda Instancia la Expresión y la Contestación de Agravios. En su fase Oral se estructura en dos grandes audiencias: la Inicial y la Probatoria.
La Audiencia Inicial, en ella se deberán desarrollar las siguientes finalidades, instar a las partes a lograr un arreglo; permitir el saneamiento de los derechos procesales alegados; fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos de su debates; ratificar la nómina de los medios de prueba propuestos, y finalmente admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la audiencia probatoria, así como señalar el día, fecha y hora en que se realizará esa audiencia.

La primera finalidad de la audiencia inicial será, como señalaba antes, instar para que lleguen a un acuerdo, el juez no será mediador, pero si les hará saber las ventajas de resolver el conflicto fuera del proceso; en caso que las partes estén en plena disposición de llegar a un arreglo solicitarán la suspensión del proceso y serán remitidas al Centro de Resolución Alterna de Conflicto autorizado por la Dirac.

De no mostrar las partes interés en llegar a un arreglo, se continuará con las siguientes finalidades, sanear el proceso de los defectos procesales alegados o aquellas alegaciones que obstaculicen la válida continuación del proceso y su finalización por sentencia definitiva. Entre los defectos procesales que puedan alegarse se encuentran, la falta de capacidad, la falta de representación o postulación, la indebida acumulación de pretensiones, la oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda o la reconvención, la litispendencia, la impugnación de la adecuación del procedimiento, la falta de competencia por existir cláusula válida de compromiso arbitral y la falta del litis consorcio necesario.

Estos defectos se resolverán de previo y de ser posible en la audiencia, continuando con la misma; si no es posible la subsanación de la audiencia, se puede conceder un término para que se subsanen e interrumpir la audiencia para continuarla una vez subsanado los defectos; si no se subsanan los defectos se archivan las diligencias o se le pone fin a la audiencia cuando el defecto no es subsanable. En general el juez debe analizar el defecto procesal y señalar si resulta o no subsanable. En el primer caso, se concede un plazo no superior a diez días para que se subsane. En el segundo caso, se ordena el archivo de las actuaciones sin perjuicio al derecho de las partes de plantear nuevamente las pretensiones si fuera posible.

Otra finalidad consiste en fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos de su debate es decir, determinar lo que será objeto del proceso o sobre qué se va a debatir, sobre qué se va a probar; para cumplir con esta finalidad la parte demandante o reconviniente debe hacer las precisiones, aclaraciones y concreciones que estimen oportuna en relación con la pretensión deducida en su demanda, en la reconvención o en la reconvención en su caso, las que no podrán ser alteradas o modificadas sustancialmente.

El juez a fin de dirigir el debate podrá ordenar a las partes aclaren los puntos dudosos de sus alegaciones tanto escrita y defendida en la audiencia como aquéllas que se efectúan de manera oral. Fijado los términos del debate, se procederá a determinar los hechos sobre los que exista discordancia y sobre los que deberá recaer la prueba, de manera que se les deba conceder la palabra para que ratifiquen o no las pruebas ofrecidas, argumentando o justificando lo que en derecho convenga. El juez apreciará y resolverá motivadamente, es decir, mediante autos sobre la admisión o no de cada uno de los medios de pruebas para su práctica en la audiencia probatoria.

Como consecuencia de la fijación del objeto del debate, puede ocurrir que las partes muestren conformidad con los hechos y las discrepancias sean únicamente en cuanto su consecuencia jurídica, que se haya admitido sólo un medio de prueba o que la única prueba admitida sea la documental aportada por la parte y sin haber sido impugnada además. En estos casos no se celebrará audiencia probatoria, sino que el juez resolverá dictando el fallo de forma Oral en la audiencia inicial, y posteriormente dictará la sentencia escrita.

Cuando para la práctica de la prueba admitida debe celebrarse audiencia, en la misma audiencia inicial se fijará el lugar, la fecha y la hora del inicio, que deberá estar comprendida dentro de los 20 días posteriores a la finalización de la audiencia inicial, en razón de la dificultad de la preparación, debiéndose citar únicamente a la parte que no hubiere asistido y teniendo por notificada a las partes que se encuentran diputados presentes sin votar.

La Audiencia Probatoria está diseñada para que las partes bajo la dirección y control del Juez procedan a demostrar los extremos de sus pretensiones mediante la práctica de la prueba, con la estricta observación de los principios de contradicción y defensa. La Audiencia Probatoria será oral y pública, las pruebas admitidas se practicarán de manera concentrada y bajo el principio de contradicción, salvo que resulte imposible por la naturaleza de los medios probatorios, a como puede ser el caso del reconocimiento judicial, conocida hoy como “inspección ocular judicial” o bien en el caso del Auxilio Judicial que se realizará por exhorto.

La práctica de prueba se documentará siempre a través de los medios audiovisuales que dispongan y de levantamiento del acta respectiva. Las pruebas sólo en los casos contemplados en el Código, podrán practicarse fuera de la audiencia y fuera de las sede; para ello se procurará que se realicen antes que se celebre la audiencia, en tales casos las partes tendrán derecho a intervenir en la práctica de la misma y siempre en presencia del juez.

Las partes tendrán derecho a obtener o impugnar la conducta de la contraria, la admisibilidad de las preguntas que se le formulen a los testigos o peritos o ellas cuando se les interrogue como parte, también estarán facultadas para solicitar justificadamente la interrupción de la audiencia para la práctica de uno de los medios de pruebas aportados y por las causas fijadas en el Código. Si el juez accediera, continuará la audiencia para la práctica de los otros medios de prueba señalados en el acto, fecha y hora para continuar la audiencia respecto a las pruebas que no se pudieron practicar y originaron la interrupción haciendo las citaciones respectivas. Concluida la práctica de la prueba y antes de ponerle fin a la audiencia, las partes por turnos y en el orden fijado en el Código, efectuarán sus alegatos finales conforme las reglas establecidas, tendrán como objetivo concretar y adecuar tanto los hechos alegados como la petición. En base al resultado de la práctica de la prueba, no se admitirán en ningún caso alegatos que supongan cambio en la pretensión tal y como quedó fijado en la audiencia inicial.

El Código establece una estructura para el relato de los alegatos, que integra que las intervenciones de las partes se separen notoriamente de las cuestiones que se debaten y que incurren en divagaciones o repeticiones. En resumen consistirá en la exposición clara y ordenada de los hechos que se consideren probados, indicando las pruebas que lo acreditan, argumentar las faltas o insuficiencia de prueba de los hechos alegados por la parte contraria y los fundamentos de derecho aplicable.

Durante la exposición dada las alegaciones finales, el juez podrá solicitar las aclaraciones pertinentes y una vez concluido se levantará sesión y comenzará a correr el plazo para dictar sentencia que será dentro de los diez días siguiente a la finalización de la audiencia probatoria y se notificará a las partes a la mayor brevedad posible, sin que el plazo de notificación exceda los tres días desde que se dictó.

El Tercer Proceso que tenemos contemplado en la iniciativa, es el Monitorio Documental. Se acoge este proyecto como un proceso especial eminentemente escrito, pensado para crear rápidamente un Título Ejecutivo sin necesidad de un proceso declarativo previo, con la sola base de que la parte interesada presente ante el juez un documento que constituye un principio de prueba del derecho del acreedor. Es decir, que haga verosímil la existencia de la obligación dineraria, de la que se exige su cumplimiento por encontrarse vencida, líquida y exigible. Este proceso constituye un instrumento adecuado para pequeños y medianos empresarios que requieran reclamar rápidamente créditos no pagados y que no le depare mayores costos; por ejemplo, gastos de Asesoría Técnica y Notarial. Además, sustituirá en alguna forma las diligencias prejudiciales de confesión y reconocimiento de firma que actualmente se regulan en el Código de Procedimiento Civil. La Competencia por Materia y Cuantía la tendrá el Juzgado Local Civil del domicilio del deudor o donde pudiera ser hallado a efecto del requerimiento para garantizar su debida intervención y defensa.

Para iniciar este proceso, el solicitante debe justificar su petición mediante documento que son comunes en el comercio, como factura, recibo de entrega de mercadería, talonario o cuaderno que acrediten la deuda y abono si fuera el caso, el libro de la pulpera, el cuaderno que lleva la pulpera en los barrios puede servir perfectamente. De admitirse la solicitud, se requerirá de pago al deudor para que dentro de 20 días comparezca y alegue sucintamente por escrito su oposición, bajo apercibimiento de despachar ejecución en su contra conforme los trámites de la ejecución forzosa si no comparece. En caso de oposición se dispondrá el cambio de procedimiento, concluyendo el Proceso Monitorio e iniciándose el Procedimiento Sumario.

En cuanto a los Recursos del Derecho a recurrir, se integra dentro del derecho fundamental al debido proceso, contemplado en el artículo 34 de la Constitución Política, constituye una manifestación del principio de audiencia, se ofrece como una triple garantía contra la arbitrariedad, el error judicial y eventuales situaciones de desajuste manifiesto entre lo juzgado y la realidad que precisamente por ello y aunque no medie responsabilidad del órgano judicial, exigen una pertinente corrección.

En la iniciativa de ley se agrupan los distintos mecanismos previstos para revisar la validez de las resoluciones judiciales reguladas en dos grandes categorías, la de los Recursos propiamente dicho, que comprende los Recursos de Reposición, Apelación y Casación, y los Medios de Impugnación.

Los Recursos son instrumentos de censura, como decíamos antes, de las resoluciones que no han alcanzado firmeza, en cambio el otro, el medio de impugnación es una acción extraordinaria independiente y autónoma para solicitar que se rescindan los efectos de la cosa juzgada de determinada sentencia.

La regulación de los Recursos encuentra su expresión más significativa en el tratamiento del Recurso de Apelación y el de Casación, pues se revisten de aportaciones que otorgan una dimensión distinta. La Apelación se regula partiendo de la idea de generalizar lo más posible su aplicación, de manera que toda la sentencia y auto definitivo y otros que la ley expresamente señala dictado por los Juzgado Locales o de Distritos sean susceptibles de ser recurrido de Apelación.

Por rigor doctrinal y para evitar confusiones no se ha querido regular el pretendido efecto suspensivo o no suspensivo de la Apelación, aunque la Apelación contra la Sentencia estimatoria de la demanda y de los autos que ponen fin al proceso, en ningún caso tendrá efecto suspensivo. Conservando el Juez su competencia para las actuaciones derivadas de la resolución, sin que proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiera resuelto. Se contempla la apelación diferida y se han eliminado todos los recursos de apelación directos contra autos y providencia que actualmente constituyen un elemento que sólo sirve para dilatar y entorpecer el curso de primera instancia.

De esta forma lo que se propone es diferir y concentrar en el Recurso de Apelación contra la resolución definitiva todos los motivos desestimado en la reposición y así lo estima oportuno el recurrente, los agravios de aquellas resoluciones deberán hacerse valer de forma diferida mediante el recurso de apelación de la sentencia definitiva, que podrá fundarse exclusivamente en la reparación de dicho agravio. Concluyendo que la falta de apelación de la resolución definitiva determina la ineficacia de las apelaciones diferidas que se hubieran planteado.

En el Recurso de Apelación se pretende lograr la mayor sencillez y simplificación del procedimiento para su interposición y formalización. Se estructura en dos fases distintas, una de instrucción del Recurso que se produce ante el mismo órgano que dictó la resolución recurrida, y otra, estrictamente decisoria que se sigue ante el superior jerárquico. Otra novedad relevante la constituye el hecho de que en el mismo escrito de interposición del recurso se van a expresar los agravios. La apelación se resolverá en audiencia conforme a las reglas del proceso sumario donde las partes alegarán lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de agravios admitiéndose y practicándose la prueba cuando proceda en la misma audiencia.

El Recurso de Casación debe de entenderse como una forma de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la servidumbre jurídica es un instrumento al servicio de la uniformidad jurisprudencial en la aplicación e interpretación de la norma jurídica. El propósito específico de la casación es que los casos iguales o semejantes sean resueltos de una misma forma o en un mismo sentido, esta finalidad está orientada a conformar una unidad jurídica y garantizar el principio de igualdad ante la ley. Es decir, que se tienda a una interpretación de la norma jurídica común a todo el territorio nacional.

El Recurso de Casación se propone bajo el enfoque desformalización, ya que el estado democrático de derecho debe de orientar sus instituciones jurídicas hacia una visión más justa y garante de los derechos humanos, si bien el procedimiento es una garantía, no se debe de olvidar que la excesiva observancia del procedimiento puede venir en una situación injusta para quien pretende proteger y el abuso del formalismo puede ser nocivo para la justicia.

De manera que los motivos que dan cabida a su promoción han sido trabajados bajo la visión de permitir y flexibilizar al litigante lo más posible los mecanismos de interposición. Es relevante advertir que el recurso de casación se interpone ante el Tribunal de Apelaciones o Juzgado de Distrito que haya dictado la resolución contradictoria, expresando los agravios. Es decir, exponiendo la infracción legal que se considera cometida, y la sentencia que ponga de manifiesto a la doctrina jurisprudencial en que se funda el interés casacional, si fuera el caso.

En atención a la complejidad del caso del debate y resolución del recurso de casación se podrá realizar en audiencia, donde las partes alegarán lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de agravios, la que una vez concluida se pasará a deliberar, votar y dictar sentencia; no obstante la Sala de la Corte Suprema podrá emitir oralmente su fallo una vez concluida la audiencia, dictando posteriormente la sentencia en el plazo señalado.

Para concluir quisiera señalar, que con la implementación de la Reforma Procesal Civil se pretende incidir sensiblemente en la reducción de la imagen de una justicia civil lejana, misteriosa, impersonal, aparentemente situada al final de trámites excesivos y dilatados en lo que resulta difícil percibir el interés y el esfuerzo de los Juzgados y Tribunales y de quienes lo integran. La Iniciativa de Ley se inspira en su totalidad en el interés de lo justiciable. Es decir, en el interés de todos los sujetos jurídicos y en consecuencia de la sociedad entera, sus disposiciones están dirigidas a estas finalidades, se incluye en las tendencias de reforma universalmente considerada más razonables y con la experiencias de más éxitos real en la consecución de una tutela judicial efectiva.

El Sistema Procesal elegido ofrecerá un Sistema de Procesamiento Simplificado con Inmediación y Publicidad, respetuosos de las exigencias democráticas en las que convergen las necesidades económicas, políticas y sociales, donde el concepto justicia implicará la apertura a un sistema moderno, donde sin olvidar las debidas garantías judiciales dé respuesta con calidad en menor tiempo a los usuarios del servicio.

Deseo finalizar agradeciéndoles a todas las personas, operadores y funcionarios judiciales, académicos, abogados litigantes quienes participaron de una u otra forma en la realización de esta monumental tarea; de forma muy especial destacar el respaldo unánime del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Civil y de la Comisión Nacional de Consulta integrada por toda las Instituciones Públicas y Privadas del Sector de Justicia Civil, académicos y litigantes. De igual manera advertir la acertada colaboración técnica y económica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quienes de forma decidida y oportuna nos han acompañado en el proceso de elaboración, consulta y aprobación del ante proyecto, y quienes con seguridad nos continuarán brindando prontamente su apoyo para finalizar la fase de discusión parlamentaria, capacitación e implementación del nuevo Código Procesal Civil.

Considero a la vez oportuno extender nuestra plena disposición en colaborar y acompañar de forma estrecha el trabajo que próximamente iniciará la Comisión de Justicia de este Poder del Estado, encabezada por la diputada Irma Dávila y el diputado Edwin Castro, en el afán de lograr prontamente el Dictamen de Ley y su aprobación por parte del plenario de la Asamblea Nacional.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, Magistrada Molina.

Vamos a dar un breve lapso de tiempo para ver si hay alguna pregunta aclaratoria sobre las exposiciones, especialmente de los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, si es así, que pidan la palabra por favor.

No hay. Muy bien.

Diputada Xochilt Ocampo, tiene la palabra.

DIPUTADA XOCHILT OCAMPO ROCHA:

Gracias, compañero Presidente.

No puedo dejar pasar la oportunidad para felicitar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, en este caso a las Magistradas que han estado al tanto promoviendo este nuevo Código Procesal Civil. Es una necesidad que se está pidiendo desde el gremio de los abogados, porque efectivamente tenemos un Código desfasado. Y no solamente felicito por la iniciativa que ya es un proyecto de ley, sino también felicito porque conozco que se está ya capacitando al personal de todo lo que es el Sistema Judicial para su implementación, de tal forma que aquí atrasamos nosotros pues, con la aprobación de este Código, el que esperamos hacerlo de forma ágil desde la Comisión de Justicia. Lógicamente vamos hacer la consulta amplia con todos los sectores como debe ser, para cualquier moción o planteamiento de los diferentes sectores, pero efectivamente se conoce que es un excelente proyecto, que además, como ya lo explicaban las Magistradas, trae la excepción que va a estar aparte de todo lo que es la materia de Familia, que también ya va bastante avanzada la Corte Suprema de Justicia, con los Juzgados de Familia implementando las leyes, y nosotros aún tenemos pendiente de aprobar el Código de Familia.

Así mismo, quiero plantear algunas cositas, pues yo tenía una duda en particular, pero aquí conversando con las colegas me decían que eso es parte del Sistema Mixto, y es que por ejemplo, cuando hablamos de menos formalismo y más garantías, yo escuchaba por ahí que el procedimiento va a seguir siendo en papel legal. Entonces, es una consulta que quería hacerle a la Magistrada aprovechando su visita, ¿cómo va a ser este procedimiento? porque observamos en el Sistema en lo Penal, miramos que los juicios al momento que pasaron a ser oral, efectivamente esto vino a agilizar el trámite y no vemos el congestionamiento que se ve actualmente en lo Civil. Mi pregunta va en esa dirección, en lo penal no observamos el papel sellado, en lo civil ¿se va a mantener? Hago esa consulta por un tema de economía de las partes cuando están entablando estos juicios.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputada.

Diputado Jaime Morales Carazo, tiene la palabra.

DIPUTADO JAIME MORALES CARAZO:

Gracias, Presidente.

Mi pregunta es no de un indiciado, sino de un simple observador, siendo el procedimiento esencialmente oral, cómo se guardarán los registros para fines de historia, para fines de analizar qué ocurrió en determinado caso. Hay un uso, digamos, obligado de elementos electrónicos y digitales para poder guardar todo este historial que se da en un caso, porque en materia también para sentar jurisprudencia pues, se recurre a lo escrito. En la Asamblea tenemos el Diario de Debates para ver cuál es el espíritu, qué es lo que pasó en el manejo de un caso, las palabras se las lleva el viento. Entonces, mi pregunta de profano es ¿cómo se guarda ese historial?, ¿cómo se puede hacer historia en esos casos?

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Gracias, diputado Morales Carazo.

No hay más intervenciones. Entonces, quién respondería de parte de los Magistrados de la Corte. Doctora Molina, tiene la palabra.

MAGISTRADA LIGIA MOLINA ARGÜELLO, MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Gracias, Presidente.

Sí, en cuanto a la primera pregunta de la diputada Xochilt, es una Ley de carácter Fiscal, que establece la carga para todos los litigantes, la responsabilidad y deber para los operadores de justicia, la exigencia de la presentación del papel sellado o de ponerle el equivalente de los timbres al papel, para poder cumplir con esa carga fiscal. De manera que no depende de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial en general, sino que es una ley la que existe de esa naturaleza.

En cuanto a que si se va a grabar, nosotros estamos precisamente por eso solicitando la continuidad del apoyo de la Agencia de Cooperación Española y también el respaldo de parte de la Asamblea Nacional a la hora de asignarnos el presupuesto, porque obviamente la entrada en vigencia de este Código va a significar un aumento en el presupuesto que todavía no podemos señalar de manera irresponsable cuáles van hacer nuestras necesidades, pero que obviamente cuando la Corte en Pleno se meta a revisar el presupuesto va a poder definir las necesidades en cuanto a recursos y equipos, pero sí estamos trabajando en ese sentido. Queremos que sean grabadas todas las actuaciones, menos las que están fuera de la sede de los Tribunales.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Bueno, muchas gracias.

Les agradecemos a todos la presencia aquí, también saludamos la asistencia de la doctora Yadira Centeno, y al doctor Edgar Navas que también estaba aquí presente. Entonces, muchas gracias a todos y pasamos el Proyecto de Ley a la Comisión de Justicia y Asunto Jurídicos.

Compañeros diputados y diputadas, vamos a continuar la sesión ordinaria de este día, por lo que le solicitamos que regresen a sus respectivos sus lugares.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL 2014, CON CITA A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA LEGISLATURA).

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados siempre en el Adéndum N° 04, al Punto III. DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS. Punto 3.11: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA. Presentado por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
Le pedimos a la diputada Irma Dávila, Presidenta de la Comisión, la lectura del Dictamen.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Queremos saludar la presencia del magistrado Rafael Solís, la magistrada doctora Ileana Pérez, que nos acompañan esta mañana. Sean Bienvenidos.

También contamos con la presencia y damos la bienvenida a la Comisión Técnica de la Corte Suprema de Justicia, doctora Perla Arróliga, doctora Luz Adilia Cáceres, doctor Roberto Borge, doctora Belda Cárcamo, doctora María Martha Castellón, doctor Norman Silva, la doctora Candelaria Norori Ramos y todo el equipo que está presente acá acompañándonos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Le pedimos al diputado Edwin Castro, Vicepresidente de la Comisión, la lectura del Dictamen.

DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:

Gracias, Presidenta.

Queremos dedicar esta votación en lo general del Código Procesal Civil en homenaje a la magistrada que dedicó su esfuerzo para que esto fuera posible, a la magistrada Ligia Molina.

Managua 19 de noviembre 2014

Diputada
Alba Palacios
Primera Secretaria
Asamblea Nacional
Su despacho

Estimada diputada Palacios:

Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos Diputada Irma de Jesús Dávila, remito a Usted el dictamen de la Iniciativa de Ley Código Procesal Civil de Nicaragua, firmado por las y los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, día 19 de noviembre del corriente año, para que se le dé el trámite previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, Ley Nº.606.

Agradeciéndole su valiosa gestión, le adjuntamos las copias de Ley, tanto en formato sólido como en formato electrónico.

Sin más a que hacer mención, me suscribo de Usted muy respetuosamente.

Olga Margine Calderón Marenco
Secretaria Legislativa
Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos
Asamblea Nacional

Managua, 19 de noviembre del 2014

Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente
Asamblea Nacional
Su despacho

Honorable señor Presidente:

La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de este Poder del Estado, para la elaboración del respectivo informe y dictamen recibió el día siete de marzo del año dos mil doce de parte de Primer Secretaría de la Junta Directiva, la iniciativa de Ley denominada: Código Procesal Civil de Nicaragua con registro número 20127356.

I. INFORME DE LA CONSULTA

1. Antecedentes del proyecto de Ley Código Procesal Civil de Nicaragua.

La iniciativa de Ley fue presentada por la Corte Suprema de Justicia el veinticuatro de febrero del año dos mil doce y remitida a la Comisión para su debido proceso de consulta y dictamen el día siete de marzo del mismo año.

Desde hace más de un siglo en Nicaragua el marco legal que regula el procedimiento en materia civil es el Código de Procedimiento Civil, instrumento jurídico que fue promulgado el día siete de noviembre de mil novecientos cinco, cobrando vigencia el primero de enero de mil novecientos seis, siendo objeto de innumerables reformas.

Es importante reconocer el incalculable valor que para la sociedad nicaragüense a través del tiempo y de la historia ha cumplido este Código, pero el mismo fue creado para las exigencias de una realidad social que difiere mucho de la actual; lo que hace oportuno modificar la legislación procesal civil para adaptarla a una realidad existente que demanda cambios en esta materia.

Para ello en el año dos mil seis, la Corte Suprema de Justicia conforma una comisión técnica encargada de redactar la iniciativa de Ley del Código Procesal Civil de Nicaragua, integrada por funcionarios y funcionarias de ese Poder del Estado, quienes para su elaboración consideraron los antecedentes de la legislación procesal civil y sus implicaciones jurídicas, de igual manera se dieron a la tarea de recopilar y consultar diagnósticos sobre el sistema de justicia nicaragüense y hacer un estudio comparativo de las legislaciones en la región, estudiando las nuevas tendencias doctrinales, y valorando la experiencia forense.

Posteriormente en el año dos mil ocho, esa comisión técnica redactora presenta el primer documento borrador y lo consultan con las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes brindaron sus aportaciones y una vez sistematizados dieron lugar a un nuevo documento conocido como el "Texto Montelimar del Código Procesal Civil de Nicaragua". Ese texto sirvió de base para el desarrollo de la consulta nacional con distintos operadores de justicia del área civil, para lo cual realizaron innumerables consultas recibiendo aportes de diferentes operadores de justicia.

Igualmente esa comisión contó con la asesoría de los consultores extranjeros entre los cuales podemos destacar: Juan Miguel Carreras Marañas, Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos y María Isabel González Cano, catedrática de la Universidad de Sevilla y ex asesora del Ministerio de Justicia, además recibieron aportes del Doctor Marcos Tulio Barahona, Magistrado de la Corte Suprema de Honduras quien brindó sus experiencias en la elaboración del Código Procesal de su país.

2. Objeto del proyecto de Ley Código Procesal Civil de Nicaragua.

Este Código tiene por objeto dotar a las y los usuarios de la justicia de un instrumento jurídico más simple, a fin de que los juicios en el ámbito civil se realicen a través de procedimientos más ágiles, públicos y transparentes, reduciendo las estructuras procesales y sus trámites. Que exista el contacto directo de la autoridad judicial con las partes y la prueba, destacándose el papel preponderante de un juez director del proceso.

El Código se divide en ocho libros; el primero hace referencia a las disposiciones generales; el libro segundo; la prueba; libro tercero medidas cautelares, libro cuarto; de los procesos declarativos; libro quinto; recursos; libro sexto; la ejecución forzosa; el libro séptimo; procesos voluntarios y el libro octavo; disposiciones finales, adicionales, reformatorias, derogatorias, transitorias y vigencia.

De igual manera contiene disposiciones preliminares así como principios, estos comprenden cuestiones tales como: la supremacía constitucional, el ámbito de la ley procesal civil en cuanto a territorio y materia, la temporalidad de la norma procesal en cuanto a que los asuntos civiles así como el carácter supletorio de este Código para aquellas materias que no cuenten total o parcialmente con una normativa procesal especial.

Entre los temas novedosos que contiene esta iniciativa de ley podemos señalar:

· Con respecto al sistema procesal vigente es que se establece un nuevo modelo donde predomina la oralidad, un denominado proceso mixto por audiencia, con lo cual se contribuirá a reducir la retardación de justicia en nuestro país.

· Otro aspecto nuevo en esta legislación procesal, lo constituye la integración de una serie de principios de naturaleza constitucional y otros de naturaleza procesal, que no están contemplados en el Código vigente. Estos principios constitucionales son el debido proceso, el acceso a los Juzgados y Tribunales, la tutela judicial efectiva, el Juez predeterminado por la Ley, contradicción, defensa e imparcialidad, publicidad. Los principios procesales son el de aportación de prueba, buena fe y lealtad procesal, dirección del proceso, oralidad, inmediación, concentración procesal, celeridad y convalidación procesal, todo ello para resguardo de los derechos fundamentales y derechos humanos de los nicaragüenses en el proceso civil.

· En el caso de las pruebas contenidas en el nuevo Código estas se practicarán siempre a instancia de parte y tiene como fin convencer a las autoridades judiciales de la verdad o certeza de los hechos. Uno de los aspectos más novedosos es que aquellos procesos donde se tutelen derechos de intereses públicos, además de existir el interés privado de las partes persiste un interés común para la sociedad, en estos casos es que la autoridad judicial podrá de forma excepcional participar en la producción de la prueba.

· En cuanto a las medidas cautelares la iniciativa de ley contiene una profunda innovación respecto al sistema procesal vigente, convirtiendo las medidas cautelares en uno de los elementos claves del sistema para la obtención de una rápida y eficaz tutela judicial y por ello, en fundamento de la credibilidad del sistema de justicia. Del mismo modo se establecen con mayor claridad el número de medidas cautelares, contrario a las señaladas en el Código vigente.

· Otro aspecto novedoso que contempla la iniciativa de Ley Código Procesal Civil de Nicaragua es el nuevo proceso monitorio. Por medio de este sistema se crea de manera rápida un título ejecutivo sin necesidad de un proceso declarativo previo, solo basta que la parte interesada presente ante la autoridad judicial un documento que constituye un principio de prueba del derecho del acreedor, es decir, haga creíble la existencia de la obligación dineraria de la que se exige su cumplimiento por encontrarse vencida, líquida y exigible, constituyéndose así en una herramienta adecuada para pequeños y medianos empresarios que requieran reclamar rápidamente créditos no pagados y que no les genere mayores costos.

· También se ordenan y simplifican los mecanismos que tienen las y los usuarios de justicia, para que se les examine la validez de las resoluciones judiciales denominados recursos. De nueve recursos que se aplican en la legislación procesal civil vigente se reducen a cuatro los tipos de recursos, igualmente se simplifica el procedimiento para su interposición y formalización.

· En relación a la ejecución forzosa en esta iniciativa se establece un procedimiento único, al contrario de la legislación procesal vigente que existen varios procedimientos. En este nuevo sistema procesal lo que se persigue es la completa satisfacción del ejecutante, lo cual no significa la aniquilación del ejecutado, para ello se establecen una serie de mecanismos equitativos de enajenación de los bienes del ejecutado, con lo cual se ratifica el espíritu garantista de este instrumento jurídico como es respetar el principio de igualdad entre las partes.

· El procedimiento contempla el examen de los presupuestos procesales y requisitos de pretensión y de la demanda, la fase de admisión y despacho de ejecución, el que será puesto en conocimiento del ejecutado por vía de notificación del requerimiento al deudor obligado, para que pague cumpla con la obligación reclamada. Si este no paga en el acto de requerimiento se procederá a efectuar las medidas o afectaciones en sus bienes en la forma prevista por esta ley.

· En cuanto a los actos de jurisdicción voluntaria, lo nuevo que contempla la iniciativa es la facultad que se les otorga a las Notarias y los Notarios como fedatarios públicos, para conocer algunos procesos que se originan por la voluntad de los interesados. Con esta la facultad otorgada a las Notarias y los Notarios públicos se procura el alivio de carga de trabajo de los Juzgados civiles y solamente en aquellos casos en que diere la oposición en los actos de jurisdicción voluntaria se ventilará en proceso sumario ante el Juez o la Jueza de distrito o local competente.

3. Consultas realizadas al proyecto de Ley Código Procesal Civil Nicaragua.

Recibida la iniciativa de ley, el día siete de marzo del año dos mil doce, de Primera Secretaría, se procedió a realizar una matriz de consultas, con el fin de escuchar sus observaciones, aportes o comentarios. En la misma fueron incluidos delegadas y delegados de instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad civil involucrada en la aplicación y ejecución del Código Procesal Civil de Nicaragua.

Las primeras consultas se llevaron a cabo en la ciudad de Managua, así mismo se realizaron consultas territoriales en algunas cabeceras departamentales como Granada, León, Ocotal, Matagalpa, Estelí y Juigalpa, donde los participantes expresaron sus comentarios y dieron sus observaciones. En esta gran consulta como fue denominada participaron aproximadamente un mil personas.

a. Consultas en la ciudad de Managua.

La consulta en la ciudad de Managua fue realizada los días 5, 6, 18 y 19 de junio, se desarrolló en el Salón Rubén Darío de la Asamblea Nacional. Tuvo como invitados a la Comisión Redactora de la Iniciativa, dirigida por la Magistrada Ligia Molina. Asistieron un total de 177 personas. Dentro de las que se destacan;

· Los jueces y juezas de los Juzgados, 3^ro Distrito Civil, 4^to Distrito Civil, 7^mo Distrito Civil, 8^vo Distrito Civil, 9^no Distrito Civil, 10^moDistrito Civil, 1^ro Local Civil, 2^do Local Civil, 4^to Local Civil, 6^to Local Civil, 8^vo Local Civil, Único de Villa Carlos Fonseca Amador, Local Único de San Rafael del Sur, Local Único de Ciudad Sandino, 1^ro de Ejecución y Embargos, 2^do de Ejecución y Embargos, 3^ro de Ejecución y Embargos, 7^mo de Ejecución y Embargos, 6^to Local Civil y magistrados del Tribunal de Apelaciones, Sala Penal de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur.

· En representación de las instituciones del Estado se destaca: la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de la Presidencia de la República, Corporación Nacional del Sector Publico, Cornap. Ministerio de la Juventud, Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor. Ejército de Nicaragua, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, Contraloría General de la República, Registro Central del Consejo Supremo Electoral y la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, Dirac.

· Por la Asamblea Nacional asistieron, miembros de la Bancada Democrática, las secretarias legislativas de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos y de Turismo.

· Las universidades fueron representadas por la Universidad Nacional Autónoma de Managua, Unan/Managua, la Universidad Centroamericana UCA, la Universidad Nacional Autónoma de León Unan/León, Universidad Americana UAM, Universidad Católica Unica, Comisión Nacional Académica de Derecho Conader, Universidad de Managua, UDM y la Universidad Jean Jacques Rousseau, Unijjar.

· El sector privado estuvo representado por la Cámara de Comercio Americana, Ancham, Cámara de Comercio de Nicaragua, Caconic, Comisión Nacional de Microfinanzas, Conami, Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Nicaragua, Caconic y el Consejo Superior de la Empresa Privada Cosep.

· De igual manera se hicieron diputados presentes sin votar en este proceso, despachos jurídicos y barras de abogados y abogadas entre los que se destacan: Guy José Bendaña-Guerrero & Asociados, la barra de abogados de Nicaragua, la asociación de juristas democráticos de Nicaragua, Asanic, la Asociación de Juristas y Abogados Litigantes, Ajalnic, Despacho Jurídico de Abogados Centroamericanos Asociados, Aczalaw, Despacho Jurídico González & Asociados, abogados y abogadas independientes así como el Colegio de Abogados.

· Por la sociedad civil acudieron: la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. R.L "Comandante Carlos Fonseca Amador" Fedecaruna, R.L, la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social y Solidaridad en Nicaragua, Fundesolnic, la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, CST-JB, la Federación de Asociaciones de personas con discapacidad, Feconori, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Caja Rural Nacional, R.L Caruna.

· Diputados y diputadas de la Asamblea Nacional.

b. Consultas en la ciudad de Granada

La gran consulta también se llevó a cabo en el departamento de Granada con la participación de las ciudades de Masaya, Carazo, Granada y Rivas, fue realizada el día 21 de agosto, con una participación de 127 invitados. Entre los que se destacan;

· En representación del Poder Judicial asistieron, Magistrados del Tribunal de Apelaciones circunscripción sur, departamentos de Granada y Rivas, de la Circunscripción Oriental, departamentos de Masaya y Carazo, las autoridades judiciales del Juzgado Distrito de Familia de Granada, del Juzgado Civil de Masaya, del Juzgado Local de Jinotepe, del Juzgado de San Marcos, del Juzgado Único Local de Dolores, del Juzgado Local Civil de Diriamba, del Juzgado Único de Nandaime, del Juzgado de Familia de Jinotepe, del Juzgado Único de Cárdenas y del Juzgado Local Único de Santa Teresa.

· De igual forma participaron delegados de la; Procuraduría General de Justicia, De la Asociación de Abogados de Granada, Asagra, la Asociación de Juristas, la Universidad Hispanoamericana, Uhispan-Granada, la Universidad de Santo Tomás de Oriente y Medio Día, Ustom, la Universidad Centroamérica UCA, representación de los medios de comunicación; Radio Bahía Azul, Radio la Primerísima y El Nuevo Diario, Alcaldía Municipal de Granada.

· Diputados y diputadas departamentales.

c. Consulta en la ciudad de León

La gran consulta en la ciudad de León se realizó el día 4 de septiembre del año 2013, asistiendo un total de 87 participantes, esta se llevó acabo en el Auditorio Miguel Larreynaga de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, Unan-León, donde participaron pobladores de las ciudades de León y Chinandega de distintas instituciones y de la sociedad civil, entre los que se destacan;

· Tribunal de Apelaciones Circunscripción Occidental, Departamentos de León y Chinandega, autoridades judiciales de los Juzgados; Local Único de Corinto, 2^do Distrito de lo Civil de León, Local Civil del Sauce, Local Civil de León, Local Civil El Viejo, Local Civil de Chinandega, Local Civil Villanueva, Local Único de Chichigalpa y Local Único de Somotillo.

· Asimismo brindaron sus aportes en esta consulta litigantes independientes, la Universidad Nacional Autónoma Unan-León, Universidad Nacional Autónoma, Unan-Chinandega, Centro de Promoción del Desarrollo Local, Ceprodel. Alcaldía de Puerto Morazán, Ministerio del Trabajo de Chinandega, Banco Procedit.

· Diputados y diputadas departamentales.

d. Consulta en la ciudad de Ocotal

Posteriormente el 18 de septiembre del 2013, en la ciudad de Ocotal se realizó la cuarta consulta en la que participaron más de 140 personas entre las que se destacan:

· En representación del Poder Judicial asistieron; Jueces y juezas de los; Juzgado Distrito Penal de Adolescentes, Juzgado de Distrito Civil de Somoto, Juzgado Local Único Mozonte, Juzgado de San Juan de Río Coco, Juzgado Local Civil, Juzgado Local Penal, Juzgado Local Penal Ocotal, Juzgado de Distrito Civil, Juzgado Local Único El Jícaro, Juzgado Local Único de San José de Cusmapa, Juzgado Local Único de Ciudad Antigua, Juzgado Local Único de San Lucas, Juzgado Local Único San Fernando, Juzgado Local Único Dipilto, Juzgado Local Único de Macuelizo, Juzgado Local Único de Murra, Juzgado Local Único de Jalapa, Juzgado Local Único de Yalagüina, Juzgado Local Único de Palacagüina, Juzgado Único de Telpaneca, Juzgado Local Único de Las Sabanas, Juzgado Local Único de Murra, Juzgado Local Penal de Ocotal y Juzgado Local Civil de Somoto.

· Igualmente participaron; Defensoría Pública, Ministerio Público, Alcaldías Municipales de San Fernando y Quilalí así como juristas independientes.

· Diputados y diputadas departamentales.

e. Consulta en la ciudad de Matagalpa

El día 2 de octubre del 2013, se llevó a cabo la quinta gran consulta en la Universidad Nacional Autónoma, UNAN- Matagalpa en la que participaron más de 120 personas entre las que se destacan;

· Tribunal de Apelaciones Circunscripción Norte, jueces y juezas de las ciudades de Matagalpa y Jinotega; del juzgado 1^ro Distrito Civil de Matagalpa, Juzgado 1^ro Distrito Civil de Matagalpa, Juzgado 2^do Distrito Civil de Matagalpa, Juzgado Local Único de Waslala, Juzgado 2^do Local Civil de Matagalpa, Juzgado Local Único de San Ramón, Juzgado Local Único de Sébaco, Juzgado Local Único de la Dalia, Juzgado Local Único de Muy Muy, Juzgado Local Único de Terrabona, Juzgado Local Único de Esquipulas, Juzgado Local Único de Paiwas, Juzgado Local Único de Rancho Grande, Juzgado Distrito de Ejecución y Embargos de Matagalpa, Juzgado Local Único de Matiguás, Juzgado Único Local de La Dalia, Juzgado Local Único de Ciudad Darío, Juzgado Local de Wiwilí, Juzgado Local Único de El Cuá-Bocay, Juzgado Segundo Civil de Matagalpa, Defensoría Pública.

· Asociación de Abogados y Abogadas de Matagalpa, Ministerio de Educación y Alcaldía de Matagalpa.

· Diputados y diputadas departamentales.

f. Consulta en la ciudad de Estelí

El día 22 de octubre del 2013, en la Escuela Normal de la ciudad Estelí fue realizada la sexta gran consulta donde participaron alrededor de 80 personas entre las que se destacan;

· Poder Judicial; Tribunal de Apelaciones de la circunscripción Las Segovia, Departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia, Defensoría Pública, el Juzgado Local Civil de Estelí, Juzgado Distrito de Familia de Estelí, Juzgado Local único de San Juan de Limay, Juzgado Local Único San Nicolás, Juzgado Local Único de la Trinidad así como el Registro Público de la Propiedad Inmueble.

· De igual manera participaron; Universidad Regional Multidisciplinaria Farem-Estelí, Universidad Politécnica Upoli, así como abogadas y abogados litigantes independientes.

· Diputados y diputadas departamentales.

g. Consulta en la ciudad de Juigalpa

El día 6 de noviembre del 2013, se realiza la séptima gran consulta en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, de la ciudad de Juigalpa, en esta actividad participan pobladores de Juigalpa, Boaco, Río San Juan, San Carlos, Nueva Guinea y El Rama. Se destacan en esta consulta entre otros las siguientes personas:

· Magistrados y Magistradas del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Central, Departamentos de Chontales y Boaco, Juzgado Local Civil de Juigalpa, Juzgado Local Único de Santo Tomás, Juzgado Local Único de Cuapa, Juzgado Local Único de San Pedro de Lóvago, Juzgado de Distrito de Familia de Juigalpa, Juzgado Único de Muelle de los Bueyes, y Juzgado Local Único de Comalapa.

· Asociaciones de abogados, Juzgado Distrito de lo Civil de Boaco, Juzgado Local Único de Santa Lucía, Juzgado Local Único de San Lorenzo, Juzgado Local Único de Camoapa, Juzgado Local Único de San José de los Remates, Juzgado Local Único El Castillo, Juzgado Local Único de San Miguelito, Juzgado Local Civil de Nueva Guinea, Juzgado Local Civil de El Rama.

Para la realización del proceso descrito anteriormente es indiscutible y meritorio reconocer el trabajo que cada uno de los diputados y diputadas que conformamos la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, así como el equipo técnico-asesor realizamos, fueron varios meses de arduo trabajo, discusión, consultas, reflexiones legislativas para cumplir con el mandato que se nos ha asignado, labor que hemos podido realizar gracias a todos los y las ciudadanas que participaron en esta gran consulta a la iniciativa de Ley de Código Procesal Civil de Nicaragua.

La comisión desea agradecer a todas las personas que han participado activamente en la consolidación de este esfuerzo legislativo y reconocer la destacada participación de la Comisión Técnica Redactora de la Corte Suprema de Justicia conformada por la Magistrada Ligia Molina Argüello, Magistrada Perla Margarita Arróliga Buitrago, Magistrada Luz Adilia Cáceres Vílchez, Jueza María Amanda Castellón Tiffer, Jueza Belda Cárcamo Sánchez, y los asesores y asesora de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Borge Tapia, Norman Martín Silva y Candelaria Norori Romero, quienes nos acompañaron en todo el proceso de consultas y dictamen, destacamos el especial apoyo que la Comisión recibió del Consejo Superior de la Empresa Privada Cosep, que de forma sistemática formó parte de este proceso.

De igual forma se recibió valiosos aportes por escrito de la Unidad Técnica de Género de la Asamblea Nacional, las que fueron analizada e incorporadas en el dictamen de esta ley.

Con el objetivo de encontrar puntos de acuerdo sobre los aportes generados en el proceso de consulta, se dio inicio al dictamen, sosteniendo más de 34 reuniones en donde fueron promovidas profundas y amplias discusiones y reflexiones jurídicas, cuya constante fue la estricta observancia de los preceptos constitucionales.

4. Modificaciones realizadas por la Comisión en el proceso de dictamen

Ha continuación se detallan las modificaciones de contenido más relevantes, que en el proceso de dictamen la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, estimó como pertinentes;

1. El proyecto de Ley Código Procesal Civil de Nicaragua, en general fue objeto de revisión e integración en su texto del lenguaje inclusivo en materia de género, es decir ha sido minuciosamente examinado en la redacción, coherencia y congruencia de su contenido, en la visión de lograr sustituir todos aquellos vocablos que pudiesen implicar una distinción por razón de género, y que concurrentemente pudiesen motivar en el futuro interpretaciones que restringieran o excluyeran el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas.

2. Se han tenido presente los alcances normativos de las recientes reformas constitucionales aprobadas por esta Asamblea, a los fines de que el cuerpo normativo del Código, respete e integre los cambios introducidos por la Constitución Política de Nicaragua, en el ordenamiento jurídico nacional, especialmente en lo referente: a la denominación de los pueblos originarios y afrodescendientes; a la inclusión del principio que mandata que el proceso judicial deberá ser oral y público; a que las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva son aplicables a los procesos administrativos y judiciales; y a que la administración de justicia reconoce la participación ciudadana a través de los líderes tradicionales de los pueblos originarios de la Costa Caribe y los Facilitadores Judiciales.

3. En el Libro Primero, se dispuso incorporar un nuevo artículo, denominado "Integración de principios", con la intención de reafirmar que los principios incorporados en el Código, conforman un todo unitario erigiéndose como base y directrices de las actuaciones de los sujetos procesales y auxiliares de la justicia, como tal vinculan a la autoridad judicial y a las partes en la interpretación y aplicación de sus disposiciones y su inobservancia dará lugar a la sanción de nulidad.

4. Se introdujo a propuesta de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, una modificación al artículo denominado "Fueros Legales Especiales", consistente en hacer visible en su contenido a este grupo de personas y garantizar así la expresa protección de sus derechos y garantías dentro del proceso judicial civil de que se trate.

5. En referencia al tema sobre la competencia para decidir la abstención y recusación de jueces o juezas, se dispuso agregar un párrafo que incorporará la situación que se presenta cuando en un municipio del país, solo existe un juez o jueza y éste se abstiene de conocer un asunto o ha sido recusado por alguna causal, en cuyo caso, se ha regulado que entrará a conocer por su orden el juez o jueza de distrito de otro ramo y en defecto de ello, los jueces locales del mismo departamento y dentro de la misma circunscripción, por su respetivo orden.

6. En el Libro Segundo, se agregó a la definición de Multas, a fin de evitarle a la autoridad judicial y a las partes en litigio confusiones en cuanto a su significado y alcances.

7. En el Libro Tercero en referencia a las medidas cautelares, se introdujo una modificación en el tema de las Medidas cautelares mediando acuerdo arbitral, consistente en aclarar que la parte interesada durante el procedimiento arbitral puede solicitar a la autoridad judicial competente la adopción de las medidas cautelares previstas en este Código, sin detrimento de lo previsto en la Ley Nº.540, Ley de Mediación y Arbitraje.

8. Se mejoró la redacción del artículo "Facultades de la autoridad judicial", de manera que se estableció con suficiente claridad, los alcances que tendrá el juez o jueza al momento de apreciar la necesidad de la medida cautelar y disponer de una menos rigurosa a la solicitada por el interesado, en cuyo caso tendrá que ser cualquiera de las reguladas en el Código.

9. En el Libro Cuarto "De Los Procesos Declarativos y Monitorio", se introdujeron modificaciones para aclarar aspectos concretos y hacer más eficaz su regulación. En relación a la cuantía para el conocimiento de los distintos procesos que se regulan en el proyecto de Código, se decidió introducir modificaciones que implicó no fijar valores o montos específicos en el articulado, de manera que se efectuaron ajustes de contenido.

10. En el capítulo denominado "De la Mediación y Arbitraje", se efectuaron importantes modificaciones al texto de la iniciativa en todas sus disposiciones, en consonancia a los aportes presentados por los consultados, bajo la premisa de integrar un contenido regulador más general y en correspondencia con la legislación vigente que regulan las distintas expresiones de las formas alternas de resolución de conflictos.

11. En este sentido se aclaró en el "ámbito de aplicación" que las partes podrán hacer uso de los distintos métodos de resolución de conflictos en las sedes de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, o en un centro administrador de métodos de resolución alterna de conflictos autorizado y supervisado por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.

12. En el tema referido a la "Mediación previa al proceso", se dispuso que en caso de llegar las partes a un acuerdo y éste se incumpliera, se procederá conforme lo establecido para la "ejecución de títulos no judiciales", y la autoridad judicial realizará de previo un análisis respecto al cumplimiento o no de las normas de orden público y la legalidad de su contenido.

13. Se adicionó un nuevo artículo nombrado "Nulidad del laudo arbitral", mismo que aparece regulado en el Art. 61 de la Ley Nº.540, Ley de Mediación y Arbitraje, con el propósito de armonizar su contenido y alcances con la legislación de la materia y que establece que contra el laudo arbitral el único recurso que procede es el de nulidad.
14. Se aclaró que la comparecencia de las partes a las audiencias, puede ser por sí mismo "presencia física" o por medio de sus "apoderados legales", por ser un derecho fundamental de toda persona, consistente en que se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa, salvo en los supuestos en que para la verificación o práctica de un medio de prueba sea necesaria e indispensable su presencia física en la audiencia.

15. En el Libro Sexto "Ejecución Forzosa" se incorporaron aportes de la consulta, en su mayoría atinentes a lograr una mayor armonía entre el contenido normativo vigente en la Ley Nº.561, Ley General de Bancos, Instituciones financieras no bancarias y Grupos Financieros, y las disposiciones incorporadas en el proyecto de Código Procesal Civil de Nicaragua. Asimismo se incorporaron al contenido algunos ajustes referidos a la ejecución de laudos arbitrales.

16. En las disposiciones comunes a la ejecución forzosa, artículo denominado Títulos de Ejecución, se incorporó una modificación consistente en considerar a los laudos arbitrales como títulos no judiciales de ejecución, y a las transacciones y acuerdos suscritos entre las partes originados por cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos. Ninguno de estos mecanismos de solución de controversias será objeto de homologación.

17. En la ejecución provisional de títulos judiciales, artículo referido a la "Responsabilidad del ejecutante", se realizó una modificación consistente en el deber de prestar garantía o caución por parte del solicitante, a los fines de asegurar los posibles daños y perjuicios que podrían causarse frente a una revocación de la sentencia recurrida. La garantía o caución se deberá rendir conforme lo dispuesto en el Código para las medidas cautelares.

18. En la ejecución de títulos no judiciales, se realizó modificación en la redacción del artículo "Anexos de la demanda", a fin de aclarar que es necesario adjuntar a la demanda, el documento donde conste el aviso de cobro y del vencimiento del plazo de la deuda tanto al deudor y al fiador si lo hubiera.

19. Se incorporó un nuevo artículo denominado "Reclamación por el total de lo adeudado en caso de otras causales de vencimiento anticipado", en la hipótesis de que las partes pueden libremente pactar causas de vencimiento anticipado, en cuyo caso el acreedor también podrá instar la ejecución para reclamar la totalidad de los saldos debidos en concepto de principal e interés pendiente de pago.

20. En el "Libro Séptimo" referido a los actos de jurisdicción voluntaria, se incorporó, una modificación en el título referido a la reposición, rectificación, nulidad y cancelación de partidas del registro del estado civil de las personas, agregando como supuestos de conocimiento para la autoridad judicial en esta materia, en el artículo denominado "Ámbito de aplicación", los referidos a la nulidad y cancelación.

21. En el Libro Octavo "Disposiciones finales, adicionales, reformatorias, derogatorias, transitorias y vigencia", se efectuaron expresas derogaciones al título preliminar del Código Civil, rescatando los aspectos eminentemente procesales, que en su mayoría ya se habían incorporado al proyecto de Código Procesal Civil, y conservando aquellos que de acuerdo a su naturaleza constituyen normas sustantivas.

22. Así se adicionó dentro de las disposiciones finales, un artículo nuevo denominado "Prevalencia de las leyes", que no es más que conservar el criterio de aplicación de la ley según el estado procesal de los asuntos judiciales, de manera que los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

23. También se adicionó otro nuevo artículo referido a la "Fijación de Cuantías", para dejar regulada de forma expresa la facultad que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de fijar, revisar y actualizar periódicamente la cuantía, atendiendo las circunstancias económicas, locales y regionales del país, como parte de su atribución constitucional de organizar y dirigir la administración de Justicia evitándose así futuras modificaciones del Código por este motivo.

5. Consideraciones de la Comisión

Las personas integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, consideramos necesario y de transcendental importancia la aprobación de la iniciativa de ley "Código Procesal Civil de Nicaragua" ya que viene a ser un instrumento jurídico de mucho beneficio para el fortalecimiento del Sistema Jurídico nicaragüense. Con su aprobación se está garantizando la disminución de la congestión de los procesos judiciales, procurando que la administración de justicia sea más expedita y eficiente, pronta y cumplida, para los usuarios de la justicia en Nicaragua, facilitando con ello, el acceso a la población más vulnerable.

El Código, constituye un instrumento que de manera general y en lo particular, responde a la protección estatal y reconocimiento de los derechos inherentes a la persona en cuanto a las garantías judiciales que nuestra Constitución Política establece.

II. DICTAMEN

Por todas las razones anteriormente expuestas en este informe y dictamen, tomando en cuenta que el presente Código es necesario como base fundamental para la sociedad nicaragüense y el fortalecimiento del país, que está bien fundamentado y que no se opone a la Constitución Política de la República de Nicaragua, Leyes Constitucionales, ni a los tratados o convenios internacionales suscritos y ratificados por la República de Nicaragua, la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos DICTAMINAMOS FAVORABLEMENTE el CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA y solicita al honorable plenario su aprobación en lo general y particular.

COMISIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS JURÍDICOS

Irma de Jesús Dávila Lazo
Presidenta

Edwin Castro Rivera Raúl Benito Herrera Rivera
Vicepresidente Vicepresidente

Carlos Emilio López Hurtado César Castellano Matute
Integrante Integrante

María Auxiliadora Martínez Juana de los Ángeles Molina
Integrante Integrante

Johana del Carmen Luna Lira
Integrante

Son los firmantes de este Dictamen.

Muchísimas gracias y quiero cerrar agradeciendo a la Comisión Técnica que nos acompañó y nos acompaña ahorita, la Comisión Técnica de la Corte Suprema de Justicia y a los abogados del Consejo Superior de la Empresa Privada que hemos estamos dictaminando todo este tiempo este Código y espero nos sigan acompañando durante la aprobación en lo particular en este Plenario.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputado Edwin Castro Rivera.

Y pasamos a la discusión en lo general del Dictamen del Código Procesal Civil de Nicaragua.

Tenemos anotados 9 oradores, vamos a cerrar la lista con la diputada Auxiliadora Martínez.

Agradeceríamos a los honorables diputados, que nos ajustemos al tiempo.

Diputada Irma Dávila, tiene la palabra.

DIPUTADA IRMA DE JESÚS DÁVILA LAZO:

Gracias, compañera Presidenta.

Con la aprobación en lo general de esta trascendental norma como es el Código Procesal Civil de Nicaragua, le rendimos homenaje a una gran mujer trabajadora, solidaria, compañera, amiga, hermana, Magistrada Ligia Victoria Molina Argüello.

La doctora Ligia Victoria Molina Argüello deja al pueblo de Nicaragua y en especial a las y los funcionarios judiciales, abogadas y abogados, litigantes y futuras generaciones, un legado de lucha y trabajo incansable por llevar a las y los nicaragüenses un servicio de justicia, de calidad y profundos valores éticos.

La doctora Molina trabajó hasta el último día de su vida, en la mañana del 19 de noviembre asistió a esta Asamblea Nacional, invitada por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, a la firma del Dictamen de este nuevo Código Procesal Civil, a cuyo proyecto le dedicó más de 10 años de su vida profesional con esmero y dedicación, coordinando la Comisión Técnica Redactora de este nuevo Código.

El actual instrumento jurídico que regula el procedimiento en materia civil, fue promulgado en 1905, es decir, hace más de un siglo, por lo tanto, este nuevo Código es uno de los cambios más trascendentales que en el ámbito jurídico está por acontecer en Nicaragua.
La Asamblea Nacional como Órgano Legislativo ha emprendido un largo y firme camino de modernización, aprobando seis Códigos de diferentes materias, a partir de ello, Nicaragua se enrumba hacia la construcción de un sistema jurídico que sirve de referencia en el istmo centroamericano, como sinónimo de eficiencia, diligencia y eficacia.
Podemos afirmar que este nuevo Código Procesal Civil significará para Nicaragua, procesos civiles más rápidos, sencillos, públicos y transparentes, donde prevalezca la oralidad, la simplicidad procesal, la concentración en mediación, reducirá la retardación de justicia de forma sensible, porque habrá una nueva forma de tramitar los procesos y un nuevo proceso civil que descansa en la plataforma procesal oral que asegura la conducción del proceso de forma más ágil y transparente.

Facilitará el acceso a la justicia de la población más vulnerable, pues se ha tenido especial cuidado en establecer los requisitos mínimos para interponer una demanda, se continúa impulsando el desarrollo de la mediación, como método eficaz para la resolución de conflictos de forma amigable. Se asegura la participación de la defensoría pública en los casos que sea necesario y regulamos un proceso novedoso como es el proceso monitorio, para el reclamo oportuno de deuda dineraria.

Se implementará un proceso civil que asume el nuevo modelo y orientación procesal con celeridad y transparencia. Se dotará al juez y jueza, magistrados y magistradas de mayor control y dirección del proceso. Se continuará a la mayor transparencia de la administración de justicia y mejorará sensiblemente la seguridad jurídica de las personas en la búsqueda de la tutela judicial efectiva para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil.

Aumentará la confianza de las y los usuarios hacia el sistema de justicia civil. Se reconoce el trabajo y la participación ciudadana a través de los líderes tradicionales, los facilitadores judiciales, y las autoridades comunales y territoriales de la Costa Caribe como mediadores en materia civil, así como el resto de las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestro país.

También, con la aprobación de este nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua, se estará dotando a las y los nicaragüenses de una legislación procesal civil que responde a nuestras necesidades y sea congruente con la realidad institucional y social del país para el fortalecimiento del sistema jurídico y el desarrollo económico y social del país.
Reconocemos todo el trabajo realizado por todos y todas las personas involucradas, de igual manera, se destaca el consenso como una manera exitosa de trabajo de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. Les solicitamos a todos los diputados y diputadas su respaldo a esta trascendental norma de gran beneficio para el pueblo de Nicaragua, para entregarle a nuestro país, un nuevo Código Procesal Civil, y de esa forma le diríamos también a la doctora Ligia Molina, que sus sueños se han cumplido.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputada Irma Dávila.

Saludamos la presencia de la doctora Guirlanda Suárez y el doctor Sergio Corrales, ambos representantes del Cosep.

Diputado Raúl Herrera, tiene la palabra.

DIPUTADO RAÚL BENITO HERRERA RIVERA

Gracias, Presidenta.

Hoy tenemos la oportunidad especial de darles al pueblo de Nicaragua y a toda la comunidad jurídica, un nuevo Código de Procedimiento Civil que viene a sustituir el actual Código de Procedimiento que entró en vigencia en 1906.
Creo que es importante en este momento, agradecer el trabajo efectuado por la Comisión Técnica de la Corte, los asesores de la Comisión de Justicia, la participación de los amigos del Cosep, y el esfuerzo de todos los diputados miembros de la Comisión de Justicia para dictaminar los más de 800 artículos, que significa este nuevo Código de Procedimiento Civil.

Este Código trae grandes cambios, grandes innovaciones, pues con el cambio, con el pasar de los años, aquel Código que entró en vigencia en 1906 hasta llegar al nuevo Código, que empezaremos a aprobar a partir del próximo año, ya la Nicaragua de aquellos años y la de hoy es totalmente distinta. El desarrollo y comercio, las comunicaciones hacen que en Nicaragua necesitemos una ley más sencilla, más ágil, más rápida.
Entre las grandes innovaciones o grandes cambios que trae este Código, está el proceso mixto entre lo oral y lo escrito, la oralidad en las audiencias hará de un proceso que antes duraba varios años, ahora probablemente lo tengamos resuelto en menos de un año. El control absoluto del proceso que tendrá el juez viene a darle mayor celeridad, viene a darle mayor sencillez, y eso por lógica entendemos que también será más barato, menos costoso para el usuario.

Sobre las medidas cautelares también hay cambios, este nuevo Código procura la búsqueda de la justicia, absolutamente, desde que el juez toma alguna de las medidas cautelares que acá se le señala; las nuevas facultades que este Código le da a los notarios, para realizar actos que requieren de la voluntad de las partes; el proceso Monitorio que habla también este nuevo Código de Procedimiento Civil, viene a fortalecer y a desarrollar las relaciones comerciales entre pequeños y medianos empresarios.

De tal manera, señora Presidenta, en Nicaragua estamos llenos de buenas leyes, hay leyes modernas, buenas leyes en este país, pero las buenas leyes también requieren de buenos jueces, señora Presidenta; Nicaragua necesita de jueces que no se dejen manosear por la política para que puedan impartir una justicia con equidad, con igualdad, y ese es el gran reto que nos plantea este nuevo Código de Procedimiento Civil, el hecho de politizar la justicia en este país, no es posible seguir viendo a jueces y a magistrados en eventos públicos portando y luciendo camisas de un partido político, eso le da miedo al pueblo, eso pone en desventaja a aquel litigante o a aquella parte que no milita en ese partido político y por eso la Temis tiene una venda en los ojos, para que el juez no esté viendo el color político y dé una sentencia apegada al derecho.

Anhelamos en este país, señora Presidenta, que tengamos instituciones sólidas, que tengamos un Estado de derecho, todo eso inicia porque los jueces en este país actúen apegados al imperio de la ley. Deseamos y anhelamos en Nicaragua, tener un Poder Judicial que sea garante de la justicia social en este país. Y no jueces que actúan en base a lo que les solicita un secretario político o un activista de su partido. Eso solo sucede, señora Presidenta, en países de mentira, en estado fallido, y Nicaragua es un país distinto a Somalia, a Ruanda. Deseamos y el llamado que les hacemos a los jueces y magistrados, ahora que tenemos este nuevo Código de Procedimiento Civil, hay que despolitizar la justicia, hay que actuar con apego a la ley.

Muchas gracias, señora Presidenta.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputado Raúl Herrera.

Diputado Carlos Langrand, tiene la palabra.

DIPUTADO CARLOS LANGRAND HERNÁNDEZ:

Gracias, Presidenta.

Muy bien por los colegas que intervinieron expresándonos las bondades en la presentación de este Código Procesal Civil, Código que según nos exponían en reuniones de Bancadas estaba en vigencia desde 1906, Código inspirado en la doctrina romano-francesa de los Códigos napoleónicos, y un dato interesante es la cantidad de consultas que el Poder Judicial, que los miembros de la Comisión de Justicia, se tomaron más de dos años para darle a Nicaragua lo que hoy han llamado un Código moderno, un Código que va a disminuir el calvario de la víctima del delito, de seis a ocho años toma un juicio, ahora con la modalidad oral y escrita, la modalidad mixta se piensa en bajarlo a seis, ocho, nueve meses, qué bueno por estas víctimas.

Pero yo pregunto: ¿Es el momento oportuno presentarlo a la Asamblea Nacional el día de hoy? Las leyes pueden ser muy buenas, son conceptos etéreos, pero si quienes administran justicia no siguen al pie de la letra y lo interpretan a su antojo, ¿cumplirán con el cometido para el cual fueron hechas esas leyes? Ayer presenciamos violaciones flagrantes a nuestra Constitución, el Poder Judicial estaba presente. Hoy tenemos nuevos magistrados en el Poder Judicial, que pueden gozar de legalidad, pero no están investidos de legitimidad ni la moralidad, porque fue un proceso atropellado y violatorio, y ahí es donde el diputado Raúl Herrera nos indica que puede ser un buen Código Procesal Civil, pero si no estamos dispuestos todos a cumplirlo por igual, fallaremos en el alto propósito que se propone esta Asamblea en aprobarlo el día de hoy.

La Constitución está escrita sobre páginas ásperas de sangre y de luchas y de muertes y los nicaragüenses tenemos que ceñirnos a ella, hay otros que satinan sus páginas para darle usos diferentes. Esta Asamblea Nacional se reunió y fue objeto de morterazos por parte del Poder Judicial. Poder llamado a administrar la justicia, esta Asamblea Nacional, que es la facultada para prorrogar los cargos vencidos, igualmente fue objeto de resoluciones en la Corte Suprema de Justicia, considerada por expertos como aberraciones jurídicas, esta Asamblea Nacional el día de hoy está analizando la aprobación de este Código Procesal en lo general, pero si no garantizamos la independencia en los Poderes de Estado, tal y como está consignado en el artículo 129, si no garantizamos la independencia en cada uno de ellos.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Un minuto, diputado.

DIPUTADO CARLOS LANGRAND HERNÁNDEZ:

Que puedan obrar a favor de procesos de la legalidad, flaco servicio estamos haciendo en este día.

La administración de justicia es un anhelo de todos los nicaragüenses, el calvario del que tiene que dirimir entre lo mío y lo tuyo, hay procesos que llevan más de treinta años en Nicaragua. Yo solamente quiero cerrar diciéndole a los colegas, que éste puede ser un buen Código Procesal Civil, que si Nicaragua se va a comprometer a cumplir a administrar la justicia, no con anteojos progresivos ni con una vista 20/20, sino que no tenga diferencia entre la militancia política y entre si es rico o si es pobre.

Para mí en este día, señora Presidenta, “Habemus Papa”, pero si no hay compromiso de los Poderes de ser independientes, no es un Código.

Gracias, Presidenta.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputado Carlos Langrand.

Diputado Carlos Emilio López, tiene la palabra.

DIPUTADO CARLOS EMILIO LÓPEZ HURTADO:

Muchas gracias, Presidenta.

La doctora Ligia Molina, militante de la justicia civil, caminó con la iniciativa de ley en sus manos. Ahora que estamos aprobando este nuevo Código Procesal Civil y en la medida en que lo aprobemos en lo particular y una vez que se aplique, la doctora Ligia Molina seguirá caminando con nosotros.

A usted doctora Molina, estas palabras.

El Código de Procedimiento Civil actual tiene su génesis en el Derecho Romano, que era un derecho clasista, ya que consideraba a “Ius civile” como el único que podía ejercer derecho. Es decir, solamente la persona que era romana, que vivía en la ciudad, que tenía estatus militar, que tenía cierta cantidad de bienes, era la que podía ejercer el derecho civil. Y algo de eso tiene nuestro Código de Procedimiento Civil actual, racista, clasista, etnocéntrico, pero este nuevo Código que estamos aprobando, va a romper esa visión elitista del derecho, y va a hacer la justicia universal accesible para todas las personas, indistintamente de su posición económica o social.

Voy a enumerar otras bondades que trae este Código:

Va a moralizar el proceso evitando conductas desleales y dilatorias, priorizando lo sustancial sobre lo formal, va a fortalecer la autocomposición de litigios y lograr la eficacia de los procesos en la resolución de las pretensiones.

Este nuevo Código va a resolver los conflictos civiles por medio de métodos alternos, métodos de paz, con el arbitraje, con la mediación, con esto se van a bajar los costos judiciales, se va a descongestionar el sistema de justicia, y va a agilizar la resolución de los casos.

Además, se va a crear una cultura de desjudicialización de los procesos civiles. Este Código va a permitir aplicar medidas cautelares más accesibles y eficaces; una ejecución forzosa menos gravosa para quien necesita promoverla y con más posibilidades de éxito en la satisfacción real de los derechos e intereses legítimos y más oportunidades de defensa para el condenado a satisfacerla.

Este nuevo Código se configura bajo la lógica de una jurisdicción voluntaria, que constituye la materia del consentimiento, la disposición natural de cada persona para resolver conflictos por vía extrajudiciales.

Y por último, este Código se hace coherente con las últimas reformas constitucionales, últimas que aprobamos este año, en donde se fortalecen las garantías al debido proceso. Este Código por tanto, hace justiciable los derechos en materia civil; dice la Constitución Política, que es derecho de todos los procesados la tutela judicial efectiva, eso va a permitir una justicia accesible de calidad para todas las personas, dice la Constitución.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Un minuto, diputado.

DIPUTADO CARLOS EMILIO LÓPEZ HURTADO:

Como no, Presidenta.

Dice la Constitución, que todos los derechos y garantías son aplicables a todos los procesos judiciales, el derecho a la defensa que ante lo interpretábamos en clave penal, ahora lo vamos a interpretar también en clave civil; la asistencia jurídica gratuita, cuando una persona no tenga recursos con que pagar un abogado, la Defensoría Pública se lo va a poder asignar, juicios sin dilaciones, a no declarar contra sí mismo, este Código elimina La Ficta Confesión, que violentaba preceptos constitucionales, el derecho a recurrir a un tribunal superior; este Código establece claramente los recursos y los medios de impugnación.

Este Código nos trae una justicia pública, una justicia universal, una justicia de calidad, una justicia reparadora, una justicia eficiente. Hoy, estamos dando un paso gigante en la modernización de la justicia, estamos lapidando un Código de más de cien años y estamos inaugurando una justicia civil moderna y respetuosa de los derechos humanos.

Gracias, señora Presidenta.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputado Carlos López.

Diputado Eliseo Núñez, tiene la palabra.

DIPUTADO ELISEO NÚÑEZ MORALES:

Gracias, Presidenta.

Realmente, estamos asistiendo a un día en que se da un vuelco a la historia jurídica del país. No solamente estamos emigrando hacia un modelo que abunda en bondades, como ya aquí otro diputado lo ha calificado, sino que es un Código en que el cambio de sistema, el cambio de irnos de un sistema romano/francés a un sistema mucho más moral, que pudiera ser calificado incluso como más cercano al sistema anglosajón.

Nos permite ahora además de las bondades internas del Código, tener una legislación mejor homologada con quienes nosotros normalmente hacemos comercio; pero adicional a esto, importantísimo es la figura del juez. Hoy en día la figura del juez no tiene tanta importancia como la que va a tener con este nuevo Código de Procedimiento Civil, su actuación, su moralidad, su decisión, van a pesar mucho más de lo que ha pesado hasta ahora.

Y es por eso, es por eso que hoy que se deposita este instrumento en manos de este plenario, y que luego esperamos depositarlo en manos del Poder Judicial para administrar justicia para el pueblo de Nicaragua, es que tiene que quedar claro que también debe significar el comenzar a abandonar vicios del pasado. No caben, no caben en adelante, para poder darle al juez la dignidad que este Código le debe dar, los juicios amañados, politizados por órdenes administrativas del Poder Judicial, no deben de caber, el juez tiene que defender no solamente la ley, sino defender su propia honorabilidad y su propia dignidad.

Nosotros creemos en la capacidad del sistema judicial para poder administrar este Código, pero también sabemos de los problemas que se han presentado cuando se contamina con política el sistema judicial; por eso, por eso es que este cambio a pesar de ser importante, a pesar de modernizar, a pesar de decir las bondades que tiene y que se va a seguir repitiendo en este plenario, hay que hacer el llamado de atención de quienes van a administrar la justicia, hay que hacer ese llamado de atención porque es el talón de Aquiles, porque al subir en poder, como sube en poder ahora la decisión de cada juez, también se sube la responsabilidad en cada decisión.

Por eso, bienvenido sea, aquí no se van a encontrar votos en contra para esta modernización, pero sí esas voces que hacemos el llamado de atención de que la administración de justicia debe darle la espalda a la politización, debe darle la espalda a la corrupción y ver de frente, y saber esos jueces que cada vez que fallen de acuerdo a derecho, que cada vez que fallen de acuerdo a su criterio jurídico, y que miren el fondo de un asunto, no solamente van a estar dejando un buen camino hecho para ellos y para el pueblo de Nicaragua, sino que también van a poder ver con dignidad a los ojos de sus hijos y decirles: “soy un juez del sistema judicial nicaragüense y fallo conforme a mi criterio, conforme a las leyes y no conforme a una orden política”.

Muchas gracias.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputado.

Diputado Víctor Hugo Tinoco, tiene la palabra.

DIPUTADO VÍCTOR HUGO TINOCO FONSECA:

Gracias, Presidenta.

Creo que es unánime la posición de que esta es una ley y un procedimiento que va a ayudar muchísimo al funcionamiento y a la modernización de todos los procesos judiciales civiles y todas las causas que se esgriman en el Poder Judicial sobre lo tuyo y el mío, sobre la propiedad, etc.

De tal manera, que en eso estamos coincidentes en que lo saludamos.

La crítica y el cuestionamiento se refiere al problema de que más allá de la ley, para que el sistema social funcione, requiere que la ley sea administrada y sea aplicada por gente que al máximo se ciña a lo que la ley dice y al máximo procure actuar de manera independiente, de manera imparcial, más allá de posiciones o de intereses individuales de individuos, de líderes o de partidos.

Ese es el sentido de la ley, ese es el sentido que tiene en cualquier sociedad moderna el sistema judicial, el sistema judicial en leyes o en sistemas sociales y políticos pre modernos no tienen mucha importancia, porque el que decide es el rey y el rey decide quién vive y quién muere y el rey decide quién es dueño de qué cosa y quién no es dueño de una cosa, pero Nicaragua que con mucho esfuerzo y sacrificio ha venido construyendo o haciendo un esfuerzo para construir una sociedad mejor, se merece un sistema judicial mejor, con más credibilidad. Ese es uno de los problemas que tenemos en este país, es bueno que vayamos haciendo mejores leyes, pero necesitamos dar el salto para que en este país haya un sistema judicial en el que todos los nicaragüenses sientan que tienen árbitros independientes, árbitros justos que actúan conforme a la ley, conforme a su conciencia.

Creemos que ese es un problema, y no es un problema de prurito, abstracto, que tiene que haber un Poder Judicial porque tiene que haber un Poder Judicial independiente, no, el problema es que la existencia de un Poder Judicial creíble, independiente, es condición para poder salir de la pobreza y para poder tratar de irse enrumbando a una situación de mejores condiciones de vida en este país, no es un asunto nada más de sistemas ideológicos o de conceptos de organización de la sociedad, no es si yo creo si es posible o no que haya un sistema judicial independiente, que esa es una falacia, pueden decir algunos, que en ningún lugar los jueces son independientes, pero es que aquí en nuestra sociedad, difícilmente va a poder tener una situación en la que salgás de la pobreza si no tenés efectivamente un sistema de jueces y de árbitros independientes, es un problema de interés nacional, y ese es el déficit que tenemos, es un problema de interés nacional.

Y cuando la gente dice: “no creo en el Poder Judicial”, es porque hay cosas evidentes, sólo recuerdo dos casos puntuales: el caso del MRS, la personería del MRS se la quitaron, está en Corte Plena el caso, tiene años, no se falla ¿Quién va a creer que esos jueces están actuando con independencia de criterio, apegados a la ley, si ni siquiera dan un fallo en un sentido o en otro? O veamos el otro caso, el caso más reciente, dramático de este año: el fallo sobre el tema de la reelección presidencial en Nicaragua. Cuando la población mira que la Constitución dice, el que ya fue presidente, no puede ser presidente en el período inmediato siguiente y que el que ya fue dos veces presidente, también dice la Constitución en otro artículo, no puede volver a serlo, y la gente mira que de repente sale una Corte diciendo: No, eso es actuar contra la igualdad de los ciudadanos. Y sí tiene derecho a lanzarse a la reelección. Ahí es donde la gente pierde toda credibilidad en los jueces y en el sistema judicial.

Entonces, nosotros, a lo que llamamos la atención es que el problema de la credibilidad en el Poder Judicial no es un problema de sistema judicial, es un problema de toda la sociedad y de las posibilidades de que todos nosotros los nicaragüenses juntos, vayamos saliendo de la pobreza.

Gracias, Presidenta.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputado.

Diputado Wilfredo Navarro, tiene la palabra.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Gracias, Presidenta.

Como abogado y como litigante que he sido, me regocija que ya estemos discutiendo aquí en el Plenario, este nuevo Código de Procedimiento Civil, porque los que han litigado saben lo que sucedía con el Código que está vigente, habían muchas omisiones y lagunas fruto del avance y el desarrollo de la sociedad que declaró en obsolescencia al Código vigente, hasta el momento seguimos regulados por un Código que ha quedado desfasado en muchos aspectos por la realidad social, un Código que fue revolucionario en su momento cuando se aprobó, pero por la misma dinamia del derecho y de las transformaciones sociales ha quedado atrasado y sus cometidos frustrados, porque en el peor de los casos estaba obstaculizando o atrasando o retardando la justicia en el país.

Fue hecho para una realidad social que no es la nuestra y por tanto al momento de aplicarlo a las condiciones concretas de la actual sociedad quedaban debiéndole a los litigantes y a la justicia nicaragüense. Y por tanto, se hacía útil desde hace muchos años la necesidad de un nuevo Código de Procedimiento Civil y esta aprobación es otro hecho histórico que avanza en cuanto a la institucionalidad y la modernidad de la legislación nicaragüense. Recordemos que la legislación vigente en nuestro país hasta hace algunos años, eran leyes que habían nacido con los esfuerzos revolucionarios insuflados por los ideales de la Revolución Francesa y en estos últimos años, hemos ido sustituyendo esa legislación que ahora es obsoleta y por eso recordemos que hemos aprobado un nuevo Código Penal, un nuevo Código de Procedimiento Penal, que está acorde con las realidades actuales. Tenemos todavía la rémora del Código de Comercio, pero se está trabajando en eso para darle al país un nuevo Código de Comercio que junto ya con el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, va a lograr que Nicaragua tenga una legislación moderna que va a hacer expedita la justicia.

El actual proyecto de Código se comienza a gestar en el 2006, cuando en la Corte Suprema de Justicia se crea una Comisión Técnica para redactar la propuesta que sería presentada en la Asamblea Nacional. Cuando llega el proyecto a la Asamblea Nacional se realizó verdaderamente lo que yo llamo una tarea titánica en la Comisión de Justicia. Nos decían los diputados que me antecedieron que fueron más de mil consultas y no solo consultas aquí en la Asamblea Nacional, fueron consultas en todo el país y con todos los sectores de la sociedad. Es un Código que fue consultado con jueces, con magistrados, con juristas, con abogados, con profesores, en las universidades, en las instituciones del Estado, con los banqueros, con la empresa privada, con las cooperativas y con las asociaciones de todo tipo.

Puedo decir por mi experiencia en este parlamento, que este Código que hoy vamos a aprobar en lo general, es el Código o la Ley que más se ha consultado en la historia de este país; y necesariamente, tenemos que hacer un reconocimiento a los miembros de la Comisión de Justicia, al staff, a los asesores de la Asamblea Nacional, que fueron sujetos activos, dinámicos y que hicieron posible que esta obra hoy estemos tratando aquí.

Hay que destacar también el impulso que le dio la Magistrada Ligia Molina a este proyecto, que hasta el último día de su vida estuvo comprometida con el Código, Dios le dio el privilegio que antes de morir se firmara el Dictamen del Código. Ese es el mejor tributo que le puede brindar la Asamblea Nacional a Ligia Molina, porque merece nuestro reconocimiento y por supuesto nuestro reconocimiento a Irma Dávila, Presidenta de la Comisión Jurídica, que hizo un trabajo permanente y constante de hormiguita, tocando, visitando, limando asperezas, porque esta es una de las características interesantes de este Código, fue consultado con más de mil personas, instituciones y lo que se logró con ello fue un consenso total en el trabajo de la construcción de esta ley.

Por ello, por los avances que tiene, porque este Código está lleno de consenso, está lleno de simplicidad y accesibilidad para las partes, que tiene un efecto dinámico por la oralidad que presenta en todos los procedimientos. Por la inclusión de género que tiene el mismo Código, y por otros factores y otros elementos que lo hacen en este momento la ley que tiene el reconocimiento de todos los sectores.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Un minuto, diputado.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Y eso es importante, porque no es una ley que se impone, es una ley que se genera desde abajo en la sociedad y que por tanto va a tener una aceptación por parte de todos.
En buena hora para los litigantes, para los abogados, porque ahora van a tener una herramienta que va a hacer posible el trabajo y que va a hacer posible que la justicia pueda llegar a todos los sectores.

Muchas gracias, Presidenta.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputado Wilfredo Navarro.

Diputada Juana Molina, tiene la palabra.

DIPUTADA JUANA DE LOS ÁNGELES MOLINA:

Muy buenos días, compañera Presidenta en Funciones Iris Montenegro.

Miembros de la Junta Directiva y compañeros diputados.

Es importante reconocer el considerable valor que para la sociedad nicaragüense, a través del tiempo y la historia, ha cumplido el Código Procesal Civil. Por esta razón, este día es trascendental ya que marca una fecha histórica en el avance de la modernización, actualización del marco jurídico nicaragüense en el área civil específicamente.

En vista de este cambio y exigencia que demanda la sociedad en su conjunto por el avance de la economía nacional y la seguridad jurídica, se hicieron esfuerzos desde los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, entre ellos el Poder Judicial encabezado por la doctora Ligia Molina, que no perdió nunca su visión y misión del proyecto. Las instituciones públicas, las asociaciones judiciales, sector privado y que a la vez se consultó a más de mil juristas de alto prestigio, para entregar un Código Procesal Civil que contribuya a la seguridad jurídica para los nicaragüenses e inversiones extranjeras que fortalezcan al desarrollo de nuestra Nicaragua.

Todo esto en armonía al proceso de planificación y transformación del Plan Nacional del Desarrollo Humano, y de las políticas que impulsa nuestro buen Gobierno dirigido por el comandante, el compañero Daniel Ortega.

Tomando en cuenta también que este Código Procesal Civil, es necesario como base fundamental para la sociedad nicaragüense y el fortalecimiento de la seguridad jurídica del país y que a la vez está bien fundamentado y no se opone a la Constitución Política de Nicaragua, a las leyes, ni a los tratados o convenios internacionales suscritos y ratificados por la República de Nicaragua.

Por tal razón este Código Procesal Civil contribuye a la restitución de los derechos de los nicaragüenses y las nicaragüenses en los siguientes aspectos: a que los procesos serán más fáciles, más agiles, más simples, con procedimientos simples y públicos, transparentes y que permitirán tener contacto directo con alguien fundamental y estratégico como es la autoridad judicial, elemento fundamental y de manera permanente en todo el juicio como parte el juez, la jueza, es éste un director del proceso y este permite una cercanía de la justicia a la población civil.

Otro aspecto a mencionar es el contexto de la oralidad, que beneficia a la población en relación a la rapidez del juicio que lo disminuye y esto disminuye la retardación de justicia, elemento fundamental para la economía nacional; otro aspecto a señalar es el proceso monitor, elemento fundamental que viene a contribuir y a fortalecer como una herramienta adecuada y actualizada para pequeños y medianos comerciantes y empresarios, que requieren reclamar rápidamente créditos no pagados en tiempo y forma, y que esto no genere costo alguno en el proceso judicial y que solamente basta que la parte interesada presente ante la autoridad judicial, un documento que contribuya un principio de prueba del derecho del acreedor y éste a la vez pueda exigir su cumplimiento.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Un minuto, diputada.

DIPUTADA JUANA DE LOS ÁNGELES MOLINA:

La facultad que se le otorga a los notarios públicos como fedatario público para conocer algunos procesos que se originan por la voluntad de los intereses, esto contribuye al alivio de la carga de trabajo de los jueces civiles.

El orden y simplificación de los recursos que tiene la población para exigir la validez de las resoluciones de nueve, se pasó a ocho de ellos, y algo importante destacar: se incorporan los derechos de garantía que están reflejados en la Constitución Política, como son: los principios de naturaleza constitucional y procesal. Todo ello para resguardar los derechos fundamentales y humanos de los nicaragüenses en el proceso civil.

Con este Código, compañeros diputados, con este Código Procesal Civil se aplica y se armoniza un nuevo modelo de estado de derecho social, de un marco jurídico que tutela el interés común para todos los nicaragüenses, y los derechos civiles tal a como lo establece nuestra Constitución Política y especialmente para las inversiones extranjeras que son fortaleza para el desarrollo y economía de Nicaragua y todos juntos avanzamos a consolidar la economía nacional.

De tal manera, pedimos a nuestros compañeros diputados a fortalecer y aprobar en lo general dicho Código Procesal Civil.

Gracias, compañera.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputada Juana Molina.

Diputada Licet Montenegro, tiene la palabra.

DIPUTADA LICET MONTENEGRO ALTAMIRANO:

Gracias, señora Presidenta.

Antes de referirme al tema que hoy nos ocupa, primeramente quiero felicitar y hacer el reconocimiento a las y los integrantes de la Comisión Técnica que fue encabezada por la doctora Ligia Molina, (q.e.p.d.), recuerdo que un día miércoles, hoy hace ocho días, nos reunimos todos los miembros de la Comisión de Justicia conjuntamente con la Comisión Técnica y los asesores de la Comisión de Justicia y los invitados especiales que habían ahí a fin de dictaminar este proyecto de ley.

La Corte Suprema de Justicia mandató, a esta Comisión Técnica, la redacción de la iniciativa de Ley del Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, fue una tarea gigantesca que viene haciéndola desde el año 2006.

Igualmente, felicitamos a los y las asesoras de la comisión, igualmente a los señores representantes del Cosep que hicieron aportes muy importantes. Considero, ha sido uno de los proyectos de ley más consultados en esta Asamblea Nacional, primeramente, desde la Corte Suprema de Justicia cuando se estaba elaborando el primer borrador, que fue presentado y consultado ante los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia quienes brindaron sus aportes, documento que sirvió de base para desarrollar una consulta nacional con diferentes operadores de justicia de la rama civil, que igualmente hicieron sus aportes.

También se dio la oportunidad de tener la asesoría de personas expertas en la materia que eran asesores o consultores extranjeros e igualmente nos dieron lo mejor de su experiencia.

Aquí en la Asamblea Nacional igualmente se hizo una consulta muy buena, donde se invitaron a las y los abogados de diferentes buffet jurídicos, asociaciones que vinieron en representación a dar sus aportes y posteriormente se trasladó a los departamentos del país. Por tanto puedo decir, señora Presidenta que ha sido uno de los proyectos de ley más consultados que hasta hoy hemos visto.

Este código tiene por objeto aportar las herramientas necesarias a las y los usuarios de la justicia, de una ley bastante simple, a través del modelo de la oralidad, a fin de lograr que los juicios civiles sean más agiles, más públicos y transparentes reduciendo así, las estructuras procesales y sus trámites, evitando la retardación de justicia.

Este código, como ya decían otros diputados y diputadas que me antecedieron, trae grandes novedades, entre ellas tenemos el contacto directo de la autoridad judicial, las partes y la prueba, tendremos lo que es el principio de libertad probatoria, el juez se destacará como el director del proceso.

Trae ocho libros con ochocientos noventa y cuatro artículos.
Se establece un modelo donde predomina como decía anteriormente lo que es la oralidad denominado “Proceso mixto por audiencia”.

El Proceso Monitorio es otra de las novedades que se crea de manera rápida el titulo ejecutivo sin necesidad de un procedimiento declarativo previo…

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Un minuto diputada.

DIPUTADA LICET MONTENEGRO:

Por todo lo antes dicho, señora Presidenta, vale la pena apoyar y decirle sí con nuestro voto a este dictamen que vendrá a sustituir lo que es el Código de Procedimiento Civil, que ya en algunos momentos ha sufrido varias reformas, por eso estamos debatiendo este Dictamen por lo que ya no se ajusta a la realidad de los nicaragüenses.

Por tanto nosotros, sí vamos a apoyar este Dictamen.

Gracias.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputada Licet.

Cerramos las intervenciones con la diputada Auxiliadora Martínez.

DIPUTADA AUXILIADORA MARTÍNEZ:

Gracias, compañera Presidenta.

Hoy es un día histórico en Nicaragua, estamos dando un gran salto en la modernización y transformación jurídica al iniciar la discusión y aprobación de un nuevo Código Procesal Civil, un código moderno, ajustado a los nuevos tiempos y a la modernidad, dejando atrás el viejo Código Procesal Civil, el viejo PR que le llamamos los abogados de ciento ocho años de vigencia.

Ahora contaremos con un instrumento jurídico cuyos principios lo convierten en un código garantista, respetando la supremacía constitucional, permitirá que la autoridad judicial oiga a las partes en igualdad de condiciones, no permitiendo la indefensión en ninguno de los casos, debiendo dictar las resoluciones bajo absoluta sujeción al principio de imparcialidad.

Las comparecencias y las audiencias serán públicas, salvo excepciones, las pruebas serán aportadas por las partes, los procesos siempre serán dirigidos por un juez que controlará y conducirá el proceso hasta el final.

Los procesos serán mixtos, destacándose la oralidad, el principio de inmediación, permitirá que la autoridad judicial esté siempre presente en cada una de las actuaciones judiciales sin poder delegar, realizando la menor cantidad de audiencias posibles, garantizando la celeridad del proceso.

En síntesis podemos decir, que este código permitirá que los procesos sean públicos en audiencias orales, ágiles y en igualdad de condiciones, no puedo cerrar mi intervención, sin reconocer ese trabajo, en la conducción de la redacción de este código, de la maestra y doctora, Ligia Victoria Molina Argüello, que desde donde esté, estará satisfecha con este trabajo, a su equipo redactor, al equipo de abogados del Cosep por sus aportes y a cada uno de los diputados y diputadas de la Comisión de Justicia destacándose el papel de su Presidenta y del equipo de asesores de la comisión.

Muchas gracias, compañera.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MONTENGERO BLANDÓN:

Gracias, diputada Auxiliadora Martínez.

Pasamos entonces en la votación de lo general del Dictamen.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

89 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Dictamen en lo general, del Código Procesal Civil de Nicaragua.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DEL 2014, CON CITA A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA LEGISLATURA).

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados al mismo Adendum Nº.04, Punto 3.11. Inicio de discusión en lo particular del Código Procesal Civil de Nicaragua que ya fue aprobado en lo general.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO:

Vamos a iniciar entonces la discusión y aprobación del Código Procesal Civil de Nicaragua en lo particular, previamente vamos a ponernos de acuerdo si la discusión y aprobación se hará por capítulos o por artículos.

Los que voten Capítulos, votan en verde; los que consideren que debe votarse por artículos votan en rojo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

76 votos en verde, 1 voto en rojo, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Por tanto vamos a discutir y votarlo por capítulos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Capítulo I
Principios

Art. 1 Supremacía de la Constitución Política de Nicaragua

Las disposiciones de este Código deberán siempre interpretarse y aplicarse en consonancia con los derechos y garantías contenidos en la Constitución Política, las leyes, Convenciones, tratados u otros instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Nicaragua. Las autoridades judiciales velarán por el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.

Art.2 Ámbito de la ley

En los procesos civiles, las autoridades judiciales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en este Código.

Art. 3 Supletoriedad

Este Código constituirá legislación supletoria para aquellas materias que no cuenten total o parcialmente con normativa procesal.

Art. 4 Territorialidad de la norma procesal

Los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán únicamente por las normas procesales nicaragüenses, excepto lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Nicaragua.

Art. 5 Temporalidad de la norma procesal

Los asuntos que correspondan a los juzgados y tribunales civiles, se tramitarán con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.

Art. 6 Debido proceso

Las autoridades judiciales civiles deben guardar observancia del debido proceso en todas sus actuaciones, brindando las garantías necesarias a las partes para la adecuada defensa de sus derechos.

Art. 7 Acceso a los juzgados y tribunales

Toda persona tiene derecho a acudir y promover la actividad de las autoridades judiciales civiles, con el fin de obtener la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos.

Art. 8 Tutela Judicial efectiva

Toda persona tiene derecho a obtener de las autoridades judiciales civiles, siempre que concurran todos los presupuestos procesales establecidos en este Código, una sentencia debidamente razonada, motivada y fundamentada, en tiempo, en la que se resuelvan las pretensiones que han sido objeto de debate entre las partes y al efectivo cumplimiento de lo resuelto.

Art. 9. Juez predeterminado por la ley

Los juzgados y tribunales civiles tendrán competencia en cada caso, cuando el conocimiento de la causa les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores a la iniciación de las actuaciones de que se trate. Nadie puede ser separado de su Juez o Jueza competente.

Art. 10 Igualdad, contradicción, defensa e imparcialidad

1. Las autoridades judiciales civiles garantizarán la igualdad de derechos, facultades y condiciones de las partes en el proceso. También se garantizará la aplicación de los principios de contradicción, defensa e imparcialidad.

2. Considerando la dualidad de posiciones, todas las partes tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional, antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la resolución final, bien en la instancia, bien en los recursos, en cualquier proceso ordinario o especial; así mismo se les oirá para la adopción de medidas cautelares y en la fase de ejecución, salvo que voluntariamente se coloquen en situación de rebeldía, o que sea contraria la audiencia a la propia finalidad del acto, lo que deberá estar expresamente previsto.

3. En ningún caso se puede producir indefensión a las partes del proceso, a quienes se les garantiza el acompañamiento de abogado o abogada que les asista o represente, elegido libremente por las partes o designado por el Estado, en los términos previstos por este Código.

4. Las autoridades judiciales civiles dictarán sus resoluciones con absoluta sujeción al principio de imparcialidad.

Art. 11 Proceso público

Las comparecencias y las audiencias del proceso serán públicas, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el juzgado o tribunal así lo decida, por razones de seguridad, de moral, o de protección de la personalidad de alguna de las partes en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. En ningún caso se impedirá a las partes el acceso al expediente, ni a las actuaciones orales del proceso.

Art. 12 Dispositivo

Las partes pueden iniciar y poner fin al proceso antes de que se dicte sentencia en cualquiera de las instancias o en casación, en las formas previstas en este Código, sin perjuicio de lo que éste disponga para aquellos procesos especiales en los que se tutelen derechos o intereses públicos.

Art. 13 Aportación de parte

1. Los hechos que conforman las pretensiones y en los que se debe fundar la resolución judicial de fondo, han de ser alegados por las partes en los momentos fijados por este Código.

2. Las pruebas que deban practicarse para la acreditación de los hechos controvertidos, han de ser aportadas por las partes en el momento procesal dispuesto por este Código.

3. A la autoridad judicial le queda prohibida la aportación al proceso de hechos o medios de prueba de conformidad con el presente Código.

Art. 14 Buena fe y lealtad procesal

1. Las partes, sus representantes y todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y buena fe. La autoridad judicial deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden o a los principios del proceso, impidiendo el fraude procesal, la colusión o el abuso del derecho y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.

2. Se entiende por fraude procesal todo comportamiento de las partes, sus representantes y demás partícipes del proceso, en virtud del cual el juzgador o juzgadora ha sido víctima de engaño debido a la presentación falaz de los hechos, a probanzas irregulares, documentos alterados, e incluso por efecto de una argumentación falsa.

Art. 15 Dirección del proceso

Las autoridades judiciales tienen el deber de dirigir y controlar formalmente el proceso e impulsar las actuaciones procesales de mero trámite hasta su conclusión, de acuerdo a las disposiciones generales de este Código, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal, y sin perjuicio de las facultades que este Código otorga a las partes respecto al poder de disposición sobre la pretensión o el procedimiento.

Art. 16 Oralidad

1. La expresión oral es el medio fundamental de las actuaciones procesales. El proceso debe ajustarse al principio de oralidad, bajo sanción de nulidad absoluta. Las diferentes comparecencias, audiencias y los procesos regulados en este Código serán orales y públicos.

2. Sólo deben constar por escrito aquellas actuaciones autorizadas expresamente por este Código y las que por su naturaleza así lo exijan. En caso de duda entre la aplicación de la oralidad y la escritura, la autoridad judicial escogerá siempre la oralidad.

Art. 17 Inmediación

Las autoridades judiciales que conocen del proceso presidirán las audiencias, la práctica de la prueba y demás actuaciones procesales orales, no pudiendo delegarlas bajo sanción de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en territorio distinto al de su competencia.

La autoridad judicial que dicte la sentencia ha de ser el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las excepciones previstas, bajo pena de nulidad desde la convocatoria para la audiencia probatoria.

Art. 18 Concentración Procesal

El procedimiento se desarrollará en una o en la menor cantidad de audiencias posibles, procurando concentrar en un solo acto todas las diligencias que sean necesarias.

Art. 19 Celeridad

Los actos procesales deben realizarse sin demora, evitando toda dilación y prolongación indebida en el desarrollo de la actividad procesal, abreviando los plazos cuando este Código faculte para ello.

Art. 20 Convalidación procesal

Las nulidades procesales relativas, no protestadas oportunamente por las partes, se convalidan por las actuaciones posteriores. Se prohíbe a las autoridades judiciales declarar de oficio la nulidad procesal relativa. Por el contrario, las nulidades procesales absolutas que afectan el orden público o el derecho de defensa de las partes, no se convalidan por la falta de protesta, debiendo ser declaradas de oficio en cualquier tiempo.

Art. 21 Integración de principios

Los principios contenidos en este Código, integran el cuerpo normativo procesal, rigen y vinculan a la autoridad judicial y a las partes en la interpretación y aplicación de sus disposiciones en todas las actuaciones procesales, su inobservancia dará lugar a la sanción de nulidad.

Hasta aquí el Capítulo I, del Título I.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO:

Saludamos la presencia de la doctora Belda María Cárcamo, Jueza de Familia; la doctora Luisa Adilia Cáceres, Magistrada del Tribunal de Apelaciones de Estelí; la doctora María Amanda Castellón, Jueza del Distrito Civil; la doctora Perla Margarita Arróliga, Magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua y a los doctores: Roberto Borge Tapia, Norman Silva y Candelaria Norori, Asesores de la Corte Suprema de Justicia.

Les damos la bienvenida y tenemos también la presencia de nuestra Asesora Jurídica de la Comisión de Justicia que nos acompaña en la discusión del Código Procesal Civil de Nicaragua, en lo que corresponde al aspecto particular.

Continuando, vamos a la discusión del Capítulo I, referido a los principios.

Observaciones al artículo 1.

Tiene la palabra el diputado Edwin Castro.

DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:

Gracias mi querida Presidenta.

Solo quería agradecer a la Junta Directiva la decisión que ha tomado de que todos los jueves de plenario estemos viendo los artículos y la discusión en lo particular del Código Procesal Civil, con lo que espero que en el primer semestre del próximo año tengamos un nuevo Código Procesal Civil en Nicaragua, y a la vez felicitarnos todos por esta legislatura del 2014, donde hemos aprobado 37 leyes, 47 decretos, 249 personalidades jurídicas, elegimos a 56 funcionarios por mandato constitucional, además, recibimos los informes de 7 órganos e instituciones del Estado.

Creo que estamos terminando con éxito y por tanto es deber nuestro concluir espero, con su informe el próximo lunes, pero con estos números que tenemos creo que hay satisfacción de que el trabajo se ha realizado.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO:

Gracias, diputado Edwin Castro.

Observaciones al artículo 2.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 3.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 4.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 5.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 6.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 7.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 8.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 9.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 10.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 11.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 12.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 13.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 14.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 15.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 16.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 17.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 18.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 19.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo. 20.

Tampoco hay observaciones al artículo 20.

Observaciones al artículo 21.

A votación entonces al Capítulo I.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

TÍTULO II
Jurisdicción y Competencia

Capítulo I
Jurisdicción

Art. 22 Jurisdicción

1. La potestad de administrar justicia, emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo de la Constitución y a las leyes.

2. Jurisdicción es la potestad que detentan de manera exclusiva las autoridades judiciales del Poder Judicial, de juzgar y ejecutar lo juzgado, así como de conocer todos aquellos actos de Jurisdicción Voluntaria en la que la ley autoriza su intervención.

Art. 23 Juzgados, tribunales y sus auxiliares

1. La potestad jurisdiccional en el orden civil es ejercida por los órganos del Poder Judicial nicaragüense, determinados por la Constitución Política y las leyes.

2. Son órganos jurisdiccionales en materia civil: los juzgados locales civiles, juzgados de distritos civiles, las Salas Civiles de los Tribunales de Apelaciones, y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

3. Los órganos jurisdiccionales

el orden civil estarán integrados por Jueces, Juezas Magistrados, Magistradas y personal auxiliar, conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4. Se considera personal auxiliar de los juzgados y tribunales quienes lo integran para su funcionamiento habitual, y el personal de las dependencias que desarrollan servicios comunes en relación con la función jurisdiccional que regula la Ley Orgánica del Poder Judicial.

5. Los Organismos del Estado y sus dependencias, entidades autónomas y descentralizadas, al igual que toda persona en general deberán prestar a la autoridad judicial el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones, sin que les corresponda calificar el fundamento con que se le pide, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trate de ejecutar.

6. La autoridad civil o de policía que rehúse dar el auxilio judicial solicitado, incurrirá en las penas establecidas en el Código Penal y será responsable administrativa y civilmente.

7. El incumplimiento de un auto, o sentencia de una autoridad judicial, constituye desobediencia o desacato a la autoridad conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

Art.24 Fuentes del Derecho

Las autoridades judiciales deben resolver siempre las pretensiones aplicando con prelación y prioritariamente:

a. La Constitución Política de la República de Nicaragua, de cuya supremacía son contralores, en los casos concretos que son sometidos a su conocimiento de conformidad con la ley.

b. Las Leyes e Instrumentos Internacionales protectores de Derechos Humanos de rango constitucional.

c. Las leyes ordinarias y los Tratados Internacionales ratificados y publicados por Nicaragua.

d. Los decretos, leyes vigentes

e. Los Decretos Ejecutivos

f. Los Reglamentos

g. La Costumbre

Art. 25 Obligatoriedad de la actividad jurisdiccional

Las autoridades judiciales no pueden en ningún caso

dejar de resolver a las partes sus pretensiones. Cuando a juicio de ellos no haya ley que prevea el caso o duden acerca de la aplicación del derecho, observarán las siguientes reglas en orden de prelación:

1. Lo que esté previsto en la legislación para casos semejantes o análogos.

2. La Jurisprudencia que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de forma reiterada establezcan tres o más sentencias de la Corte Suprema de Justicia.

3. Los principios generales del derecho o lo que dicte la razón natural.

4. La opinión sostenida por los intérpretes o expositores del derecho o por lo que se disponga en legislaciones análogas extranjeras, inclinándose siempre en favor de las opiniones más autorizadas.

Art. 26 Presupuestos del órgano jurisdiccional

La jurisdicción y la competencia son presupuestos del órgano jurisdiccional, con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las normas de este Código.

Art. 27 Extensión y límites de la jurisdicción civil

1. La extensión y límites de la jurisdicción de los juzgados y tribunales civiles, se determinarán por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los instrumentos jurídicos internacionales vigentes en Nicaragua, conforme el procedimiento establecido en la Ley.

2. Los juzgados y tribunales civiles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias siguientes:

a. Por interposición de demanda respecto de los sujetos que gocen de inmunidad mientras no sean privados de ella, de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua y la ley de la materia.

b. Por interposición de demanda o solicitud de ejecución respecto de sujeto o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución, conforme a las normas del derecho internacional público.

c. Cuando en virtud de un tratado, convenio internacional del que Nicaragua sea parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado.

d. En los casos en que la competencia internacional admita su misión tácita, y el demandado emplazado en debida forma, no comparezca ante los juzgados o tribunales nicaragüenses.

e. Ante la existencia de convenio o cláusula válida entre las partes, de someter su causa a la jurisdicción de otro Estado, cuando al menos una de ella sea extranjera.

f. Por la existencia de acuerdo arbitral de las partes de someter el conflicto a procedimiento de arbitraje nacional o internacional o a otro método alterno previo.

3. En caso de concurrir alguna de las causas contenidas en el numeral anterior, de oficio la autoridad judicial acordará su abstención tan pronto como sea advertida la falta de jurisdicción o de competencia, poniendo en conocimiento a la parte personada y a la Procuraduría General de la República de dicha decisión.

4. El demandado podrá promover mediante declinatoria, la falta de competencia por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional internacional o nacional, o por haberse sometido la controversia a arbitraje.

Hasta aquí el Capítulo I del Título II

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión el Capítulo I del Título II

Observaciones al artículo 22.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 23.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 24

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 25.

No hay observaciones al artículo 25.

Observaciones al artículo 26.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 27.

No hay observaciones al artículo 27.

Procedemos entonces a la votación del Capítulo I del Título II, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I del Título II.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

CAPÍTULO II
Competencia objetiva, funcional y territorial

Art. 28 Fijación de cuantía

La Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo fijará la cuantía que determinará la competencia de los juzgados de distritos y locales civiles.

Fijada la cuantía se revisará y actualizará periódicamente, atendiendo las circunstancias económicas, locales y regionales del país.

Art. 29 Competencia objetiva o básica.

1. Corresponde a los juzgados de distrito civiles, el conocimiento en primera instancia de:

a. Las materias que no sean competencia de un juzgado específico.

b. Las materias señaladas para el ámbito del proceso ordinario que dispone este Código y aquellas de cuantías inestimables.

c. Las pretensiones cuya materia no está comprendida en el ámbito del proceso ordinario, ni del sumario, conforme la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia.

2. También les corresponde a los juzgados de Distrito Civiles, conocer y resolver en segunda instancia los recursos de apelación interpuesto contra la sentencia de los jueces o juezas locales civiles de su misma jurisdicción territorial, conforme lo dispuesto en este Código.

3. Corresponde a los juzgados locales civiles el conocimiento en primera instancia de:

a. Las materias señaladas para el ámbito del proceso sumario que dispone este Código cualquiera que sea su cuantía.

b. Las pretensiones cuya materia no esté comprendida en el ámbito del proceso ordinario, ni del sumario, conforme la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia.

c. El conocimiento de reclamaciones dinerarias en el proceso monitorio.

4. Conocerán asimismo los juzgados de distrito y juzgados locales civiles de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial y los actos de jurisdicción voluntaria que este Código les determine.

Art. 30 Competencia especializada

En aquellos departamentos donde existan más de un juzgado, la Corte Suprema de Justicia podrá atribuir de manera exclusiva a alguno de ellos, el conocimiento específico de determinadas materias.

Art. 31 Apreciación de oficio de la competencia objetiva

1. La falta de competencia objetiva se apreciará de oficio; la autoridad judicial, tan pronto la advierta debe declararse incompetente, ordenando mediante auto que las partes acudan a la autoridad judicial que corresponda a hacer uso de su derecho.

2. Cuando la autoridad judicial que conozca del asunto en segunda instancia y antes de la sentencia advierta la incompetencia objetiva de la autoridad de primera instancia, decretará la nulidad de todo lo actuado.

3. Admitido el recurso extraordinario de casación, si la sala civil de la Corte Suprema de Justicia advierte que la autoridad de primera instancia carecía de competencia objetiva, lo declarará así, decretando la nulidad absoluta de todo lo actuado.

4. En los dos últimos casos, se indicará expresamente el juzgado al que corresponda el conocimiento del asunto, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercer sus pretensiones.

Art. 32 Extensión

1. Los juzgados y tribunales que tengan competencia para conocer de un proceso, la tendrán también para conocer las excepciones que en él se propongan, sus incidentes e incidencias, aprobar u homologar acuerdos o transacciones, sean estas judiciales o extrajudiciales, llevar a efecto las providencias y autos que dictaren y la ejecución de la sentencia.

2. También tendrán competencia para conocer las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o de compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones atendida su cuantía, hubiere de corresponder a la autoridad judicial inferior, si se entablaren por separado.

3. Los jueces o juezas locales no podrán conocer de las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o compensación, cuando el conocimiento de éstas, atendida su cuantía, corresponda a un Juez o Jueza de distrito.

Art. 33 Apreciación de oficio de la competencia funcional

1. La autoridad judicial tan pronto advierta su falta de competencia funcional la declarará de oficio, ordenando que las partes acudan al juzgado que corresponda a hacer uso de su derecho. Las actuaciones llevadas a cabo en ausencia de competencia funcional serán absolutamente nulas.

2. No serán admitidos a trámite los recursos o incidentes dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos.

Art. 34 Fuero general de las personas naturales

1. El domicilio determina la competencia de las autoridades que deben conocer de la demanda que ante ellas se entable. Salvo que la ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponde al juzgado o tribunal del domicilio del demandado y, si no lo tuviere, será competente el de su residencia en el territorio nacional.

2. Quienes no tuvieren domicilio, ni residencia en Nicaragua, pueden ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional, o en el de su última residencia en éste y, sólo si no pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio de la parte actora.

3. Las personas empresarias y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial, comercial o profesional, también pueden ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección de la parte actora.

Art. 35 Fuero general de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad

Salvo sumisión expresa o que la ley disponga otra cosa:

1. Las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiere el litigio, haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.

2. El domicilio de las agencias o sucursales de compañías o instituciones extranjeras respecto de los negocios verificados en Nicaragua, será el nicaragüense; y se reputarán como sus representantes legales los apoderados o agentes, gerentes o administradores constituidos en la República de Nicaragua.

3. Los entes sin personalidad jurídica podrán ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad.

Art. 36 Fuero para las pretensiones personales

1. En los procesos en que se ejerciten pretensiones personales, será juzgado competente:

a. El del domicilio de la parte demandada.

b. En defecto del anterior, el del lugar donde se celebró el contrato.

c. A falta del anterior, el del lugar en que deba cumplirse la obligación.

2. Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos o más personas que residan en lugares diferentes, y estén obligadas mancomunada o solidariamente, no habiendo lugar destinado para el cumplimiento de la obligación, será juzgado competente el del domicilio de cualquiera de los demandados, a elección de la parte demandante.

Art. 37 Fuero para las pretensiones reales o mixtas

1. En las demandas por pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general será competente en orden de prelación el juzgado

a. Del domicilio de la parte demandada;

b. En defecto del anterior, el del lugar donde debe cumplirse la obligación;

c. A falta del anterior, el del lugar donde se contrajo la obligación;

d. En defecto de los anteriores, el del lugar donde se encontrare la cosa reclamada.

2. Si el inmueble o inmuebles que son objeto de la pretensión real estuvieren situados en diversos lugares, será competente cualquiera de los juzgados en cuyo lugar estuvieren situados.

Art. 38 Fueros legales especiales

No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia imperativamente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo en los casos siguientes:

1. En las demandas sobre rendición de cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos, será juzgado competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes, o el del lugar donde se desempeñe la administración.

2. En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, será juzgado competente al que le corresponda conocer o esté conociendo, de la obligación principal sobre la que recayeren.

3. En los procesos sobre sucesiones, será competente el juzgado del lugar en que el causante tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en Nicaragua, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes.

4. En los procesos en que se ejerzan pretensiones relativas a la asistencia o representación de personas jurídicamente incapaces y personas con discapacidad, será competente el juzgado donde aquéllos tengan su domicilio.

5. En los procesos sobre tutela de derechos fundamentales y honoríficos, será competente el juzgado del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio nicaragüense, el juzgado del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.

6. En los procesos sobre arrendamientos de inmuebles, será competente el juzgado del lugar en que esté situada la finca.

7. En los procesos en materia de propiedad horizontal, será competente el juzgado del lugar en donde esté ubicado el inmueble.

8. La impugnación de acuerdos sociales no sujeta a arbitraje será competencia del juzgado del domicilio de la sociedad.

9. En los procesos en materia de responsabilidad civil, derivada de actuaciones extracontractuales tales como: competencia desleal, infracción a los derechos de autor, propiedad industrial y otras, será competente el juzgado del lugar donde la parte demandada tenga su establecimiento y a falta de éste, el del lugar donde la infracción se haya cometido o se produzcan sus efectos.

10. En los procesos en que se ejerzan pretensiones para que se declare la no incorporación al contrato de adhesión de las cláusulas de condiciones generales de la contratación o la nulidad de éstas, será competente el juzgado del domicilio de la parte demandante. Cuando se ejerzan las pretensiones declarativas de cesación o de retractación del contrato de adhesión, será competente el juzgado del lugar donde la parte demandada tenga su establecimiento y a falta de éste, el de su domicilio; si la parte demandada careciere de domicilio en el territorio nicaragüense, el del lugar donde se hubiera realizado la adhesión.

11. Cuando las normas anteriores no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles, cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el juzgado del domicilio de la persona asegurada, compradora o prestataria o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente.

12. En las demandas sobre daños derivadas del consumo de un bien o producto, o de la prestación de un servicio, será competente el juzgado del domicilio de la parte actora, o el del lugar donde la parte demandada desarrolle su actividad o donde éste tenga establecimiento comercial o empresarial a su cargo.

13. En las demandas relativas a pretensiones derivadas de accidentes de tránsito, será competente el juzgado del lugar donde ocurrió el accidente o el del domicilio de la parte demandante.

Art. 39 Acumulación de pretensiones y litisconsorcio pasivo

1. Cuando se ejerzan conjuntamente varias pretensiones frente a una o varias personas, será competente el juzgado del lugar correspondiente a la pretensión que sea fundamento de las demás; en su defecto, aquél que deba conocer del mayor número de las pretensiones acumuladas y en último término, el del lugar que corresponda a la pretensión cuantitativamente más importante.

2. Cuando hubieren varias personas demandadas y conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a juzgados de diferentes lugares, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección de la parte demandante.

Art. 40 Carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial

1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial se aplicarán siempre, salvo sumisión expresa de las partes, a los juzgados de una determinada circunscripción. La sumisión de las partes sólo será válida y eficaz cuando se haga ante juzgado con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate.

2. Para los fines procesales, no será válida la sumisión expresa contenida en contratos bilaterales o de adhesión, o que contengan condiciones generales o cláusulas especiales para una de las partes, incluidas dentro de aquéllas, la renuncia al domicilio, o cualquier otra cláusula que violente el principio de igualdad constitucional. Lo anterior se aplicara también a los contratos celebrados con consumidores o usuarios.

Art. 41 Sumisión expresa

1. Se entenderá por sumisión expresa la hecha de manera directa por los interesados, aceptando la competencia la autoridad judicial a quien se sometieren.

2. Cuando en el territorio existan varios juzgados de la misma clase, la oficina de distribución de causas determinará a cual corresponde conocer del litigio.

Art. 42 Apreciación de oficio de la competencia territorial

Las reglas legales atributivas de la competencia territorial son de carácter imperativo. Las actuaciones llevadas a cabo en ausencia de competencia territorial imperativa, serán absolutamente nulas. La autoridad Judicial examinará de oficio su propia competencia inmediatamente después de presentada la demanda; en caso contrario, solamente podrá ser apreciada cuando la parte demandada o quienes puedan ser parte legítima en el proceso, propusieren en tiempo y forma la declinatoria.

Art. 43 Contenido de la declaración de falta de competencia territorial

1. Si la autoridad judicial de oficio considera que carece de competencia territorial para conocer del litigio, lo declarará así mediante auto, poniendo en conocimiento a las partes personadas y remitiendo las actuaciones al juzgado que considere territorialmente competente.

2. El juzgado al que se remitieran las actuaciones, podrá a su vez declarar de oficio su falta de competencia territorial, cuando ésta deba determinarse en virtud de reglas imperativas. La resolución que declare la falta de competencia mandará remitir todos los antecedentes al inmediato superior común, que decidirá la cuestión por medio de auto, sin

ulterior

recurso, ordenando la remisión de las actuaciones y el emplazamiento de las partes ante el que haya sido declarado competente, dentro de los diez días siguientes.

Art. 44 Distribución de causas

La Corte Suprema de Justicia, establecerá las normas de distribución de los asuntos civiles entre juzgados del mismo grado y de la misma ciudad o población, determinando los criterios con estricto respeto al principio del Juez predeterminado por la ley.

Hasta aquí el Capítulo II del Título II

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión el Capítulo II referido a la Competencia objetiva, funcional y territorial, del Título II.

Observaciones al artículo 28.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 29.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 30.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 31.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 32.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 33.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo No. 34.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 35.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 36.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 37.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 38.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 39.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 40.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 41.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 42.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 43.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 44.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo II, referido a las Competencias objetiva, funcional, y territorial.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II con todos sus artículos.

PRIMER SECRETARIA ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo III Declinatoria

Art. 45 Contenido de la declinatoria

1. La parte demandada y quienes puedan ser parte legítima en el proceso promovido, podrán oponer motivadamente la falta de competencia del juzgado ante el que se ha interpuesto la demanda.

2. Las partes pueden promover la separación por falta de competencia:

a. Por corresponder el conocimiento del asunto a tribunales extranjeros, o a órganos de otro orden jurisdiccional.

b. Ante la existencia de convenio o cláusula válida de sometimiento del conflicto a arbitraje.

c. Por falta de competencia objetiva, funcional o territorial del juzgado o tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda o recurso.

Art. 46 Proposición y efectos

1. La declinatoria se propondrá ante el mismo juzgado que esté conociendo del asunto y se considere carente de competencia objetiva, funcional o territorial, indicando el juzgado que se considera competente.

2. La declinatoria también podrá presentarse ante el juzgado del domicilio de la parte demandada, debiendo la autoridad judicial remitirla inmediatamente, por el medio de comunicación más expedito, al juzgado ante el que se hubiere promovido la demanda.

3. En los dos casos anteriores, la autoridad judicial ante quien se interpuso la demanda resolverá el incidente.

4. La declinatoria se propondrá dentro de los tres primeros días del plazo para contestar la demanda. La interposición en tiempo y forma de la declinatoria, suspenderá el plazo para contestar la demanda hasta que se resuelva el incidente.

5. Durante el tiempo de suspensión, la autoridad judicial ante quien penda el asunto puede practicar a instancia de parte legítima, cualquier actuación de aseguramiento de prueba, así mismo ordenar las medidas cautelares necesarias para evitar perjuicios irreparables para la parte actora por la dilación, salvo que la parte demandada prestase caución bastante para responder por los daños y perjuicios, que se deriven de la tramitación de una declinatoria desprovista de fundamento.

Art. 47 Sustanciación y decisión

1. La parte demandada al promover la declinatoria se abstendrá de contestar la demanda y a su escrito acompañará los documentos o principio de prueba en que fundamente su petición, si no constaren ya en autos por haberlos aportado la parte actora en su demanda, con las copias correspondientes para los restantes litigantes. La parte demandada dispondrá de un plazo de tres días, contados desde la notificación de la declinatoria, para alegar y aportar lo que considere conveniente para sostener la competencia del juzgado.

2. Si la declinatoria fuere relativa a la falta de competencia territorial, la parte actora al contestarla, podrá también impugnar la falta de competencia territorial del juzgado en favor del cual se pretende declinar el conocimiento del asunto.

3. La autoridad judicial decidirá la declinatoria mediante auto, inmediatamente después de vencido el plazo concedido a las partes para sus alegaciones en la siguiente forma:

a. Si la autoridad judicial considera que carece de competencia, por corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales de otro Estado, lo declarará así mediante auto, absteniéndose de conocer y ordenando el archivo definitivo de la causa.

b. Del mismo modo procederá la autoridad judicial, si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje.

c. Si la autoridad judicial considera que carece de competencia, por corresponder el asunto de que se trate a los tribunales de otro orden jurisdiccional, en el auto en el que se abstenga de conocer señalará a las partes ante qué órganos han de usar de su derecho. Igual resolución se dictará cuando la autoridad judicial considera que carece de competencia objetiva.

d. Si se hubiere interpuesto declinatoria relativa a la competencia territorial y ésta no viniere determinada por reglas imperativas, la autoridad judicial para estimarla, habrá de considerar competente al señalado por el promotor de la declinatoria.

4. La autoridad judicial al estimar la declinatoria relativa a la competencia territorial, dejará de conocer el asunto y remitirá el expediente a la autoridad judicial competente, con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante ella en el plazo de diez días.

Art. 48 Recursos contra la resolución de la declinatoria

1. Contra el auto que resuelva la declinatoria podrán interponerse:

a. El recurso de apelación, cuando se estime la declinatoria por falta de competencia por corresponder el conocimiento del asunto a tribunales extranjeros, por pertenecer el asunto a tribunales de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o por falta de competencia objetiva.

b. El recurso de reposición, contra el que la declare sin lugar por falta de competencia internacional, de competencia objetiva o, en su caso, funcional, sin perjuicio de alegar de ser procedente, la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva.

2. Contra el auto que resuelva la declinatoria sobre competencia territorial no cabrá recurso alguno. En los recursos de apelación y de casación, sólo se admiten alegaciones de falta de competencia territorial, cuando en el caso que se esté dirimiendo, fueren de aplicación normas imperativas.

Hasta aquí el Capítulo III del Título II

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión el Capítulo III, referido a la Declinatoria.

Observaciones al artículo 45.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 46.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 47.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 48.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos entonces a la votación del Capítulo III, del Título II con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Y con ello aprobamos el Capítulo III, del Título II.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

TÍTULO III
ABSTENCIÓN, RECUSACIÓN Y PREJUDICIALIDAD
Capítulo I
Procedimiento para determinar la abstención y recusación

Art. 49 Imparcialidad y abstención

Los jueces, juezas, magistrados, magistradas y secretarios o secretarias judiciales están obligados a intervenir con absoluta imparcialidad en todo proceso sometido a su conocimiento. En consecuencia deberán abstenerse, sin esperar a que se les recuse, si concurre en ellos alguna de las causas de abstención o recusación determinadas en este Código.

Art.50 Suspensión del procedimiento

En caso de abstención o recusación se suspenderá el procedimiento de la causa principal, notificándolo a las partes, remitiendo de inmediato y directamente las actuaciones al juzgado, sala o tribunal competente.

Art. 51 Nulidad absoluta de la actuación

Es nula absolutamente cualquier resolución que se dicte, que no fuese de las relativas al pronunciamiento de abstención, por quien está obligado a abstenerse conforme a las causales señaladas en el artículo siguiente.

Art. 52 Causas de abstención y recusación

Toda autoridad judicial o secretario y secretaria judicial deberá abstenerse o podrá ser recusado por las causas siguientes:

1. Cuando sea parte en el proceso o tenga en él interés personal directo e indirecto.

2. Cuando exista parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cónyuge o estar en unión de hecho estable, con cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

3. Cuando exista parentesco en los grados fijados en el numeral anterior, cónyuge o que estuviere en unión de hecho estable con el abogado o abogada, notario o notaria o asesor o asesora de alguna de las partes que intervenga en el proceso.

4. Cuando haya sido abogado o abogada, notario o notaria o asesor o asesora de las partes de la causa actualmente sometida a su conocimiento, o haber dado su opinión sobre el asunto.

5. Cuando sea guardador de alguna de las partes, albacea, procurador de quiebra o concurso, administrador de establecimiento o representante de persona jurídica que figure como parte en el proceso.

6. Cuando haya sido querellado o acusado por alguna de las partes como autor o partícipe de un delito o autor de una falta, con anterioridad a la iniciación del proceso.

7. Cuando sea o haya sido acusador o querellante del que recusa.

8. Cuando se haya ordenado la remisión a juicio en caso de acusación por delitos oficiales.

9. Cuando la autoridad judicial o secretario y secretaria judicial, su cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ascendiente o descendiente, tenga proceso pendiente con el recusante, promovido por alguna de las partes con anterioridad a la instancia en que se intenta la recusación.

10. Cuando tenga enemistad con una de las partes, contraída con anterioridad a la iniciación del proceso.

11. Cuando sea la persona deudora, acreedora, heredera, fiadora o socia de alguna de las partes que figuran en el proceso. La deuda, la fianza y la sociedad deben ser antes o durante la tramitación del proceso.

12. Cuando sea el superior jerárquico que va a conocer, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de quien pronunció resolución definitiva.

13. Cuando la persona haya declarado como testigo sobre la cuestión principal o actuado como perito y dado su dictamen.

14. Cuando haya recibido la autoridad judicial o secretario y secretaria judicial, su cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, ascendiente o descendientes, después de comenzado el proceso, servicios de alguna de las partes.

15. Cuando haya intervenido en cualquiera de las instancias del proceso como representante del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República.

16. Cuando haya conocido en alguna de las instancias y pronunciado resolución definitiva.

Art. 53 Sustanciación y resolución de la abstención

1. En caso de abstención del conocimiento de un asunto por concurrir algunas de las causales señaladas por este Código, la autoridad judicial pondrá en conocimiento, en forma justificada en el término de veinticuatro horas a quien deba conocer del incidente, remitiendo las diligencias y notificándolo a las partes.

2. Quien conozca del incidente de abstención deberá resolver en el término de tres días. Si desestimare la abstención, devolverá las diligencias en un término de veinticuatro horas a la autoridad judicial que se hubiese abstenido, quien continuará conociendo del proceso sin perjuicio de que las partes puedan plantear la recusación.

Durante la tramitación del incidente, la autoridad judicial que conozca del mismo no podrá pronunciarse sobre la causa principal, salvo que a pedimento de la parte debidamente legitimada, ordene la práctica de cualquier actuación de aseguramiento de prueba, así como las medidas cautelares necesarias para evitar perjuicios irreparables para las partes.

3. Si se estimare justificada la abstención, se levantará la suspensión del procedimiento principal, radicándose las diligencias ante la autoridad judicial que resolvió el incidente; y en el caso de los tribunales colegiados, procederán a integrar sala conforme lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el conocimiento y resolución de la causa principal.

4. Si quien se abstiene es el secretario o secretaria judicial, la autoridad judicial que conoce de la causa principal será el competente, debiendo resolver inmediatamente mediante auto su separación, designando a otro secretario o secretaria para la tramitación de la causa.

Art. 54 Improcedencia de la recusación de la autoridad judicial

1. No será recusable la autoridad judicial:

a. Que ha de conocer y resolver la recusación, salvo cuando hubiese intervenido en el proceso o mediare parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, con cualquiera de las partes o sus representantes.

b. En procesos o actos propios de la ejecución de sentencia.

c. En cumplimiento de actos de auxilio judicial.

2. Ninguna de las partes podrá intentar más de dos recusaciones en una misma instancia, bien versen sobre el asunto principal, bien sobre alguna incidencia; pero en todo caso, la parte tendrá facultad para acusar al que haya intervenido con conocimiento del impedimento legítimo.

Art. 55 Competencia para decidir la abstención y recusación de jueces o juezas

Serán competentes para decidir el incidente de abstención o recusación:

1. De un juez o jueza local, el otro u otra del mismo ramo en donde hubieren dos; en defecto de éste, entrarán a conocer por su orden los jueces locales del otro ramo, y en defecto de ellos, por su mismo orden, los respectivos suplentes; en defecto de éstos, los jueces locales del municipio más cercano en el mismo departamento.

2. De un juez o jueza de distrito, el otro u otra del mismo ramo en donde hubieren dos; en defecto de éste, entrarán a conocer, por su orden, los jueces de distrito del otro ramo y en defecto de ellos, los jueces locales del mismo departamento y dentro de la misma circunscripción, por su respectivo orden. Cuando en el lugar no hubiere más que un juez o jueza de distrito, entrará a conocer por su orden el juez o jueza de distrito de otro ramo y en defecto de ello, los jueces locales del mismo departamento y dentro de la misma circunscripción, por su respectivo orden.

3. De un juez o jueza de distrito o local donde haya más de dos jueces, el juez o jueza que siga en número ascendente del mismo ramo; en defecto de éstos entrarán a conocer por su orden, los jueces de distrito del otro ramo.

Art. 56 Competencia para decidir la abstención y recusación en los tribunales colegiados

Será competente para conocer y decidir la abstención o la recusación que se promueva ante los tribunales colegiados:

1. De un magistrado o magistrada, los miembros restantes de la Sala del tribunal a que pertenezca el o la recusada o quien se hubiere abstenido.

2. Si los recusados o recusadas fueren dos miembros de una Sala, o ejerciesen el derecho a la abstención, el restante resuelve el incidente.

3. Si toda la Sala fuera recusada o ejercieren el derecho de abstención, el incidente lo resolverá la otra Sala del mismo ramo donde hubieren dos o más; de no existir éstas resolverá otra Sala de distinto ramo.

4. Si todo el Tribunal fuere recusado o ejercieren el derecho de abstención, el incidente lo resolverá la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción más cercana.

Art. 57 Competencia para decidir la recusación de secretarios o secretarias judiciales

Será competente para conocer y decidir la recusación que se promueva contra secretarios o secretarias judiciales, la autoridad judicial que conozca de la causa principal.

Art. 58 Sustanciación y resolución de la recusación

1. La recusación se promoverá por escrito, ante el órgano jurisdiccional, expresando concreta y claramente la causa legal, los motivos en que se funde y ofrecerá la prueba.

2. La recusación deberá promoverse por la parte interesada en la primera actuación que esta realice en el proceso. Cuando la causal se hubiera producido o conocido con posterioridad, deberá ser propuesta inmediatamente después de su conocimiento la que se resolverá en audiencia conforme a este Código.

3. Si la autoridad judicial aceptare como cierta la causa de recusación, se abstendrá de intervenir en el asunto principal y remitirá dentro de veinticuatro horas el expediente a quien corresponda conforme a este Código.

Si el recusado fuera el secretario o secretaria y aceptare como cierta la causa de recusación, se abstendrá de tramitar el asunto principal e informará sin más trámite a la autoridad judicial correspondiente, quien resolverá por medio de auto se le tenga por separado de la tramitación del proceso y designará a otro secretario o secretaria.

4. Si el recusado o recusada no aceptare la causal de recusación, expondrá las razones de su negativa y remitirá dentro de veinticuatro horas la causa para conocimiento y resolución del incidente, a quien se considere competente. El recusado o recusada tendrá derecho a intervenir en el incidente de recusación.

5. Recibida la recusación por quien deba conocerla, y examinados los escritos de las partes, si la considerara manifiestamente infundada o improcedente, la rechazará de plano. En caso contrario, convocará a las partes a audiencia dentro del plazo de tres días donde se escucharán los alegatos, se practicarán las pruebas y se resolverá el incidente sin más trámite, por medio de auto que no será objeto de recurso alguno.

6. Las partes podrán adherirse u oponerse a la causa de recusación propuesta o expresar si conocen alguna otra causa. La parte que no proponga recusación en dicha audiencia, no podrá hacerlo con posterioridad, salvo que acredite cumplidamente que en aquel momento no conocía la nueva causa de recusación.

Art. 59 Decisión, costas y multas

1. El auto que desestime la recusación, acordará devolver la causa al recusado o recusada para su conocimiento y condenará en las costas al recusante, salvo que concurrieran circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento. Cuando se desestime la recusación contra el secretario o secretaria judicial, la autoridad judicial ordenará mediante auto que continúe tramitando la causa principal.

2. Cuando la resolución que decida el incidente declare expresamente la existencia de mala fe en el recusante, se rechazará de plano por la autoridad judicial que la resuelva y se impondrá una multa del equivalente a uno o dos salarios mínimos, la que se pagará conforme lo dispuesto en este Código. En caso de reincidencia o no pago, la autoridad judicial remitirá informe al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que aplique la medida disciplinaria que corresponda.

3. El auto que estime la recusación, apartará definitivamente al recusado o recusada del conocimiento del proceso principal y continuará conociendo del mismo hasta su conclusión, quien haya resuelto el incidente de recusación.

Hasta aquí el Capítulo I.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión el Capítulo I, del Título III.

Observaciones al artículo 49.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 50.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 51.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 52.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 53.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 54.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 55.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 56.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 57.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 58.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 59.

No hay observaciones.

Pasamos entonces a votación, el Capítulo I del Título III.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83, votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Y con ello aprobamos el Capítulo I, del Título III con todos sus artículos.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA QUINCE DE ENERO DEL 2015, CON CITA A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA).

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Se abre la sesión.

Tal como había acordado, continuaremos con la discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley del Código Procesal Civil de Nicaragua.

Este es el Punto de Agenda que miraremos ahorita. Después a las once y media tendremos la Sesión Especial.

Queremos saludar y darles la más cordial bienvenida a nuestros invitados; doctor Gerardo Arce Castaño, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Comisión Técnica Redactora y Asesores de la Corte Suprema de Justicia; y Representación de Visión Mundial.

No obstante, a todos les damos la más cordial bienvenida.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados a la Orden del Día Nº 1, PUNTO III: DEBATE DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS, para la continuación del Punto 3.5: “CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA” en su aprobación en lo particular, el cual fue aprobado hasta el Capítulo I, artículo 59.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo II

Procedimiento para determinar la prejudicialidad

Art. 60 Prejudicialidad penal. Suspensión

1. Planteada una cuestión prejudicial penal que hubiere de ser fundamento preciso de una sentencia civil o tuviere en ella influencia notoria, deberán los juzgados civiles suspender el pronunciamiento de ésta hasta la terminación del proceso penal, mientras aquélla no sea resuelta por los órganos jurisdiccionales penales competentes.

2. La suspensión referida se acordará de oficio o a instancia de parte mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente sólo de sentencia, salvo que la suspensión venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados.

3. En el caso del inciso anterior se acordará la suspensión, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa penal sobre aquel delito, y a juicio de la autoridad judicial, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto. Si la parte a quien favorece el documento renuncia a él, no se acordará la suspensión o se levantará la misma.

Art. 61 Levantamiento de la suspensión y sus efectos

1. La suspensión a que se refiere el artículo anterior, se dejará sin efecto cuando se acredite que el proceso penal ha terminado por sentencia firme.

2. Si el proceso penal sobre falsedad de un documento obedece a acusación o querella de una de las partes y finalizare por resolución en que se declare ser auténtico el documento o no haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere perjudicado la suspensión del proceso civil, puede pedir en éste indemnización de daños y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en este Código.

Art. 62 Recursos contra la resolución de suspensión

1. Contra el auto que deniegue la suspensión del asunto civil en primera instancia, se podrá interponer recurso de reposición, sin perjuicio de reproducir la cuestión en segunda instancia.

2. Contra el auto que acuerde la suspensión en primera instancia, cabrá recurso de apelación.

Art. 63 Prejudicialidad civil

1. Cuando para resolver la pretensión del proceso sea necesario decidir sobre una cuestión objeto de otro proceso, ante el mismo o ante diferente juez o jueza civil, y siempre que no fuera posible decretar la acumulación de procesos con arreglo a lo previsto en este Código, se suspenderá aquél proceso a instancia de parte en el momento de dictar sentencia, hasta la definitiva resolución del proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial. La certificación de la sentencia que haya resuelto la cuestión prejudicial, se librará a petición de parte y la aportará al proceso que hubiere sido suspendido.

2. Contra la decisión en virtud de la cual se decida la suspensión a la que se refiere el apartado anterior, cabrá recurso de apelación.

Hasta aquí el Capítulo II del Título III.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Procederemos a la discusión del Capítulo II, referido al Procedimiento para determinar la prejudicialidad.

Observaciones al artículo 60.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 61.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 62.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 63.

No hay observaciones.

Entonces procedamos a la votación del Capítulo II, referido al Procedimiento para determinar la prejudicialidad.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la Votación.

78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II referido al Procedimiento para determinar la prejudicialidad.

Puntualizamos también que al aprobar el Capítulo II, estamos también aprobando el Título III.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

TÍTULO IV
LAS PARTES

Capítulo I
Capacidad para ser parte

Art. 64 Capacidad para ser parte

Pueden ser parte en un proceso civil:

1. La persona natural.

2. El concebido no nacido, en la forma que señala el Código Civil.

3. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras debidamente constituidas, inscritas y autorizadas de conformidad con la ley de la materia.

4. Las masas patrimoniales, los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.

5. Las entidades sin personalidad jurídica que contraten con terceros o le causen daño y las que la ley reconozca capacidad para ser parte.

6. La Procuraduría General de la República, respecto de los procesos en que haya de intervenir como parte, cuando la ley así lo prevea.

7. La administración pública con arreglo a lo dispuesto en el presente Código.

8. Los grupos de personas consumidoras y usuarias afectadas, en los términos previstos en este Código.

9. Las sociedades irregulares que estén formadas por varias personas que hayan dispuesto un patrimonio al servicio de un fin determinado.

10. Los pueblos originarios y afro descendientes en los términos previstos en este Código y en las leyes especiales que fueren aplicables.

Art. 65 La Administración pública como parte civil

1. Por Administración Pública se entiende aquella definida en la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso - Administrativo y otras leyes que regulan la materia.

2. La Administración Pública al intervenir en un proceso civil, cualquiera que sea su posición procesal, se someterá al Poder Judicial sin más normas particulares que las expresamente señaladas en este Código u otras leyes.

Hasta aquí el Capítulo I del Título IV.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a la discusión el Capítulo I del Título IV, referido a Las Partes.

Observaciones al artículo 64.

La diputada Irma Dávila, hará uso de la palabra.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Gracias, compañera Presidenta.

En el artículo 64, inciso 10), queremos hacer una acotación para que quede en el Diario de Debates y pedimos que se elimine donde dice; leyes especiales y que se lea “leyes de la materia”, para efecto de este artículo o de cualquier otro que hable de leyes especiales. Se leería, “leyes de la materia”.

Esto se enviaría a la Comisión de Estilo y que quede en el Diario de Debates.

Gracias.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputada Irma Dávila.

Tomamos nota para la Comisión de Estilo.

Observaciones al artículo 65.

No hay observaciones.

Sometemos a votación del Capítulo I, referido a Capacidad para ser parte, del Título IV.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I del Título IV, referido a Las Partes.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo II

Capacidad Procesal

Art. 66 Capacidad procesal y representación

1. Gozan de capacidad procesal para comparecer en un proceso, quienes puedan ejercer plenamente sus derechos civiles establecidos en la Constitución Política y la ley que regula la materia.

2. En otro caso se estará a las reglas siguientes:

a. Las personas naturales que no se hallen en el caso del numeral anterior, deberán comparecer mediante representación, asistencia, autorización, habilitación o defensor exigidos por la ley.

b. Por los concebidos y no nacidos, comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido.

c. Por las personas jurídicas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, comparecerán quienes legalmente las representen.

d. Las entidades sin personalidad jurídica, comparecerán en proceso por medio de las personas que hubiesen contratado en su nombre o por quienes las gestionen.

e. Por las masas patrimoniales y patrimonios separados comparecerá en el proceso la persona que las represente legalmente con facultades de disposición y administración.

f. El grupo de personas consumidoras y usuarias afectadas, comparecerán en proceso a través de quien les represente en virtud de pacto previo.

g. Los pueblos originarios y afro descendientes, comparecerán en proceso por medio de la persona que los represente con arreglo a la ley.

Art. 67 Suplencia de representación por asistencia jurídica gratuita

Cuando la persona natural se encuentre en el caso de los literales a y b del numeral 2 del artículo anterior y no hubiere persona que la represente o asista para comparecer en proceso, el juez o jueza le nombrará un defensor o defensora pública, quien asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella persona, quedando en suspenso el procedimiento mientras se nombra el defensor o defensora.

Art. 68 Intervención de la Procuraduría General de la República

La Procuraduría General de la República siempre será parte en los procesos en materia de derechos fundamentales y honoríficos y además, cuando en el procedimiento se tutelen derechos de los concebidos no nacidos, menores, personas con falta de capacidad o de quienes estén en situación de ausencia legal.

Art. 69 Apreciación de oficio de la falta de capacidad para ser parte y de la capacidad procesal

1. La falta de capacidad para ser parte y la falta de capacidad procesal, serán apreciadas de oficio por la autoridad judicial en cualquier momento del proceso, sin perjuicio de las alegaciones de las partes en la primera oportunidad procesal que tengan.
2. En caso de no poder subsanarse la falta de capacidad procesal, la autoridad judicial dictará auto ordenando el archivo de las diligencias.

Hasta aquí el Capítulo II del Título IV.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a la discusión el Capítulo II del Título IV, referido a la Capacidad Procesal.

Observaciones al artículo 66.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 67.

No hay observaciones

Diputada Irma Dávila Lazo, tiene la palabra.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Gracias, compañera Presidenta.

En este artículo 68, también para efecto del Diario de Debates, queremos pedirle que a través de la Comisión de Estilo, donde diga “menores”, se lea: “niños, niñas y adolescentes”, a como está previsto en nuestro Código de Familia recién aprobado; esto va a ser válido en cualquier artículo de este Código Procesal Civil que aparezca la palabra “menores”, se lea: “niños, niñas y adolescentes”.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputada Irma Dávila.

Tomamos en cuenta la observación planteada para la Comisión de Estilo.

Observaciones al artículo 69.

No hay observaciones.

Procedemos a votación el Capítulo II referido a la Capacidad Procesal con todos sus artículos del Título IV.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II del Título IV, referido a Capacidad Procesal.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo III

Legitimación

Art. 70 Parte procesal legítima

1. Serán consideradas partes procesales legítimas, quienes comparezcan y actúen en un proceso como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.

2. También será parte procesal legítima, siempre que lo prevea la ley, quien actúe sin ostentar la titularidad de la relación jurídica u objeto litigioso.

Art. 71 Legitimación para la defensa de derechos e intereses de personas consumidoras y usuarias

1. Sin perjuicio de la legitimación individual de la persona consumidora y usuaria, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas, estarán legitimadas para la defensa en proceso de sus derechos e intereses propios, los derechos e intereses de sus asociados y de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias.

2. Igualmente, la Procuraduría General de la República tendrá la legitimación para la defensa de intereses generales de las personas consumidoras y usuarias. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso derivado del consumo, sea un grupo de personas consumidoras y usuarias, cuyos integrantes estén perfectamente determinados e identificados, o lo sean fácilmente, la legitimación para la defensa en el proceso del derecho o interés, corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas o al grupo de personas afectadas.

3. Cuando las o los perjudicados por el hecho dañoso derivado del consumo sea una pluralidad de personas consumidoras y usuarias indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para la defensa en el proceso del derecho o interés, corresponde únicamente a las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

Art. 72 Legitimación para la defensa de derechos e intereses de los pueblos originarios y afro descendientes

Los pueblos originarios y afro descendientes, estarán legitimados para la defensa en proceso de sus derechos e intereses propios y de los derechos e intereses de sus miembros, con arreglo a lo dispuesto en las leyes especiales que fueren aplicables, especialmente en materia de propiedad comunal, uso, administración, manejo de tierras tradicionales, demarcación y titulación de las mismas.

Art. 73 Legitimación en caso de muerte de la persona agraviada en materia de derechos fundamentales y honoríficos

1. En particular, el ejercicio de las pretensiones de protección civil de la vida privada y familiar, la honra y reputación de una persona fallecida, corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su testamento. La designación puede recaer en una persona jurídica.

2. No existiendo designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán legitimados para recabar la protección, el cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, los descendientes, ascendientes, hermanos y hermanas de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento.

3. Cuando sobrevivan varios parientes de los señalados en el artículo anterior, cualquiera de ellos podrá ejercer las pretensiones previstas para la protección de los derechos del fallecido. La misma regla se aplicará, salvo disposiciones en contrario del fallecido, cuando hayan sido varias las personas designadas en su testamento.

4. Cuando el titular del derecho lesionado fallezca sin haber podido interponer por sí o por su representante legal la pretensión, por las circunstancias en que la lesión se produjo, se podrá interponer por las personas señaladas en los numerales anteriores.

Hasta aquí el Capítulo III del Título IV.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a la discusión el Capítulo III del Título IV, referido a la Legitimación, con todos sus artículos.

Observaciones al artículo 70.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 71.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 72.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 73.

No hay observaciones.

Procedemos entonces a votación del Capítulo III, Título IV, referido a la Legitimación, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la Votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 1 diputado presente sin votar. Se aprueba el Capítulo III del Título IV.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo IV

Pluralidad de partes, litisconsorcio e intervención de terceros

Art. 74 Litisconsorcio voluntario activo y pasivo

Podrán comparecer y litigar de forma conjunta como partes demandantes o demandadas, dos o más personas, siempre que formulen sus pretensiones basadas en un mismo título o causa de pedir, o que sus pretensiones sean conexas, o porque la sentencia a dictarse respecto de uno pudiera afectar al otro.

Art. 75 Litisconsorcio necesario activo y pasivo

1. Cuando el objeto del proceso o pretensión, no admita división y pertenezca a varias personas, de modo que la sentencia extienda sus efectos a todas ellas, deberán demandar o ser demandadas de forma conjunta. En estos casos los actos de disposición sobre la pretensión, sólo serán válidos si se realizan por todos los litisconsortes.

2. Los actos procesales del litisconsorte activo afectan a los inactivos en la medida que los benefician.

Art. 76 Modo de proceder en el litisconsorcio necesario

1. La autoridad judicial de oficio o a instancia de parte podrá apreciar la defectuosa constitución del litisconsorcio necesario, sea activo o pasivo.

2. Cuando se alegare por la parte demandada la indebida constitución del litisconsorcio activo, se procederá conforme lo dispuesto en este Código, en el artículo que regula la falta del debido litisconsorcio necesario activo.

3. Si la autoridad judicial de oficio observare en la demanda o contrademanda la falta de litisconsorcio necesario activo, ordenará a la parte actora o contrademandante que dentro de cinco días amplíe su demanda o contrademanda contra quienes falten, bajo el apercibimiento de no admitirla según corresponda.

4. La parte al integrar la litis, solo podrá añadir a las alegaciones aquellas otras imprescindibles para justificar las pretensiones contra las y los nuevos demandados, sin alterar sustancialmente lo pedido.

Art. 77 Intervención de terceros no demandantes, ni demandados originariamente

1. Mientras se encuentre el proceso en tramitación y antes de la sentencia, podrán ser admitidos como parte demandante o demandada, quienes acrediten tener interés directo o legítimo en el resultado del proceso.

2. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del proceso. De la solicitud, la autoridad judicial convocará a audiencia a las partes dentro del término de veinticuatro horas, en la que resolverá mediante auto la procedencia o no de la intervención del tercero.

3. Admitida por la autoridad judicial la intervención del tercero, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte a todos los efectos, pudiendo defender sus pretensiones o las pretensiones formuladas por su litisconsorte, independientemente de que su litisconsorte renuncie, se allane o desista del procedimiento.

Art. 78 Intervención de terceros a instancia de parte. Procedimiento

1. Cuando la ley permita a la parte demandada llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, solicitará a la autoridad judicial que sea notificada al tercero la pendencia del proceso. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar la demanda.

2. La autoridad judicial oirá a la parte demandante en el plazo de cinco días y resolverá mediante auto lo que proceda. Acordada la notificación, se emplazará al tercero para contestar la demanda en la misma forma y en idénticos términos a los establecidos para el emplazamiento de la parte demandada.

3. El plazo concedido a la parte demandada para contestar la demanda, quedará en suspenso desde la solicitud de intervención y se iniciará el plazo concedido para contestar la demanda con la notificación de la desestimación de su petición o, si es estimada, con la entrega de la copia del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar la demanda.

4. En los casos establecidos por la ley, la parte demandante podrá llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, incluyendo tal solicitud en la demanda. Admitida por la autoridad judicial tal intervención, el interviniente será considerado parte a todos los efectos.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a la discusión el Capítulo IV referido Pluralidad de partes, litisconsorcio e intervención de terceros.

Observaciones al artículo 74.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 75.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 76.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 77.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 78.

No hay observaciones.

Entonces procedamos a votar el Capítulo IV, Título IV, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV del Título IV con todos sus artículos; referido a la Pluralidad de partes, litisconsorcio e intervención de terceros.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo V

Sucesión procesal

Art. 79 Sucesión procesal

La sucesión procesal se produce por transmisión del objeto litigioso por causa de muerte o entre vivos.

Art. 80 Transmisión por causa de muerte del objeto litigioso

1. Ocurrida la muerte o ausencia declarada de la parte que actúa por sí misma, el proceso debe continuar para todos los efectos con las y los sucesores, cónyuges o convivientes en unión de hecho estable, guardadores de la herencia yacente en su caso, ocupando en dicho proceso la misma posición del causante, salvo el caso de proceso relativo a derechos personalísimos.

2. Acreditada la defunción o ausencia legal de cualquier litigante por quien deba sucederle, y demostrado el vínculo con el causante o el título sucesorio, la autoridad judicial suspenderá el proceso, comunicándolo a las demás partes y cumplidos los trámites pertinentes, tendrá por personado al sucesor en nombre de la o el litigante difunto, teniéndolo en cuenta en la sentencia que se dicte.

Art. 81 Emplazamientos en caso de sucesión procesal por transmisión del objeto litigioso por causa de muerte

1. En caso de deceso de la persona litigante, la parte contraria lo informará a la autoridad judicial identificando a los sucesores y su domicilio, solicitando se les notifique la existencia del proceso. La autoridad judicial emplazará a los sucesores, para que comparezcan en el plazo de diez días, suspendiendo el proceso hasta que se personen los sucesores o finalice dicho plazo. Transcurrido el referido plazo se continuará con el proceso.

2. Cuando la persona litigante fallecida sea la parte demandada y las demás partes no conocieren a los sucesores, o éstos no pudieran ser localizados, se notificará a la Procuraduría General de la República la existencia del proceso, emplazándolo para comparecer en el plazo de cinco días, suspendiendo el proceso hasta su comparecencia. Transcurrido dicho plazo se continuará con el proceso.

3. Cuando los sucesores de la parte demandada no quisieran comparecer, el proceso seguirá adelante con el mismo abogado o abogada que tenía la parte fallecida, por un plazo de sesenta días, hasta la comparecencia de la parte representada o hasta que haya testimonio en el proceso de haberse notificado la cesación del mandato, transcurridos los cuales, continuará el proceso conforme lo previsto en este Código.

4. Si la persona litigante fallecida fuese la parte demandante y sus sucesores no se personasen por cualquiera de las circunstancias expresadas en el numeral dos, dentro del plazo de sesenta días se entenderá que ha habido desistimiento. Si la falta de personamiento de los sucesores se debiese a que no quisieran comparecer, se entenderá que la parte demandante renuncia a la pretensión ejercitada y se le condenará en costas en ambos casos.

Art. 82 Sucesión procesal por transmisión entre vivos del objeto litigioso.

1. Cuando se haya transmitido, pendiente un proceso, lo que sea objeto del mismo, la persona adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba la o el transmitente. La autoridad judicial proveerá a esta petición ordenando la suspensión de las actuaciones y oirá por cinco días a la otra parte.

2. Si ésta no se opusiere dentro de dicho plazo, la autoridad judicial, mediante auto levantará la suspensión y dispondrá que la persona adquirente ocupe en el proceso la posición que la o el transmitente tuviese en él.

3. Si dentro del plazo concedido en el numeral anterior la otra parte manifestase su oposición a la entrada en el proceso de la persona adquirente, la autoridad judicial resolverá por medio de auto lo que estime procedente.

Art. 83 Denegación de la sucesión por transmisión entre vivos del objeto litigioso.

No se accederá a la solicitud de sucesión cuando la parte contraria se oponga acreditando que le competen derechos o defensas que, en relación con lo que sea objeto del proceso, solamente puede hacer valer contra la o el transmitente, o el derecho a reconvenir contra él, o pende una reconvención, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa, continuando el proceso con la o el transmitente.

Art. 84 Sucesión procesal en los casos de intervención a instancia de parte.

En el supuesto en el que la parte demandada solicite la intervención de un tercero, por considerar que su lugar en el proceso debe ser ocupado por éste, la autoridad judicial, en audiencia oirá a las partes dentro de un plazo de cinco días, en la que decidirá si procede o no tal sucesión procesal.

Hasta aquí el Capítulo V del Título IV.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDON:

Sometemos a la discusión el Capítulo V del Título IV, referido a la Sucesión procesal.

Observaciones al artículo 79.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 80.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 81.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 82.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 83.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 84.

No hay observaciones.

Entonces pasamos a votar el Capítulo V del Título IV, referido a la Sucesión procesal con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V del Título IV con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo VI

Postulación Procesal y Asistencia Jurídica

Art. 85 Postulación procesal

Solamente el abogado o abogada autorizado legalmente, ejercerá y asumirá la asistencia o representación procesal de la parte.

Art. 86 Asistencia jurídica

1. La asistencia jurídica consiste en el acompañamiento a las partes y su intervención en todas las actuaciones del proceso, incluidas las audiencias. Puede ser onerosa o gratuita.

2. Es onerosa cuando se ejerce por abogado o abogada particular y gratuita cuando la ejerce la Defensoría Pública, previa acreditación de la parte que carece de recursos para litigar, de conformidad con la ley y sólo podrá concederse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios.

Art. 87 Intervención del abogado o abogada

1. La parte deberá comparecer a todos los actos del proceso asistida por abogado o abogada, debiendo la autoridad judicial rechazar los escritos que no llevan firma de éste e impedir las actuaciones que se pretenden realizar sin esta asistencia.

2. Así mismo, la parte podrá actuar en el proceso por medio de apoderado o apoderada constituida conforme la ley, quien deberá presentar el respectivo poder con el primer escrito o al realizar la primera actuación, sin perjuicio de la facultad de la autoridad judicial para disponer la comparecencia personal de la parte. La autoridad judicial no admitirá la demanda o la contestación de ésta o la actuación del abogado o abogada, si no se acredita con el poder correspondiente.

3. No será preceptiva la intervención de abogado o abogada en el proceso sumario y en la solicitud y escrito de oposición del proceso monitorio, cuando se tramiten mediante formulario. Pero, si en estos procesos una de las partes está asistida o representada por abogado o abogada, la otra deberá estarlo igualmente.

Art. 88 Actos que las partes pueden realizar por sí mismas.

Las partes podrán pedir directamente y por sí mismas a la autoridad judicial, la adopción de medidas urgentes de protección de sus derechos e intereses legítimos, previo a la apertura del proceso; elaborar la demanda del proceso sumario o monitorio que se tramiten mediante formulario, y presentar ante la Defensoría Pública, la solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Art. 89 Modo de otorgar poder en proceso sumario y monitorio mediante formulario

1. En los procesos sumario y monitorio mediante formulario, las partes podrán comparecer con poder otorgado en escritura pública o en el acto de comparecencia ante el Secretario o Secretaria del despacho judicial o de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y escritos, donde hubiere. Para el otorgamiento de dicho poder, se procederá a llenar el formulario que se proporcione en dichas oficinas.

2. El otorgamiento del poder mediante formulario deberá realizarse al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, y el poder sólo servirá para ese proceso en todas sus instancias y recursos.

Art. 90 Obligatoriedad del poder

1. El poder general judicial para litigar puede conferirse para procesos determinados o en general, para cualquier proceso en que intervenga el o la poderdante, incluidas, en su caso, las diversas instancias, recursos y medios de impugnación, facultándole para realizar válidamente en su nombre, todas las actuaciones procesales comprendidas en la tramitación de los procesos, desde los actos preparatorios hasta la ejecución. Se requerirán facultades especiales en los casos que señala el Código Civil u otras leyes.

2. El otorgamiento de facultades especiales, se rige por la máxima de literalidad y no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente.

3. Se requerirá poder especial o especialísimo, en los casos en que así lo exijan las leyes.

Art. 91 Exenciones

1. Los abogados o abogadas, que como cuerpo de funcionarios deban defender y representar en el proceso civil a la administración pública, no necesitarán de poder, pero sí deberán acreditar documentalmente su nombramiento y toma de posesión del cargo, acompañándolo al primer escrito.

2. Quienes gocen del beneficio de asistencia jurídica gratuita, tampoco necesitarán otorgar poder, siendo bastante el documento en que conste el nombramiento y toma de posesión del cargo, que deberá acompañar el abogado o abogada a su primer escrito procesal.

Art. 92 Deberes del abogado o abogada surgidos del poder Por el poder queda obligado el abogado o abogada:

1. A realizar los actos procesales en que consista el proceso previsto por la ley. Cuando estuviere imposibilitado o imposibilitada para ello, lo comunicará inmediatamente a la autoridad judicial.

2. A informar a su poderdante de los actos de comunicación que la ley disponga, salvo que ella misma ordene que se practiquen a las partes personalmente. La sentencia se notificará al abogado o abogada y a la parte en su caso.

3. A informar regularmente a su poderdante del desarrollo del proceso.

4. A recibir las copias de los escritos y documentos que las demás partes presenten.

5. A informar a su poderdante su renuncia al mandato que le fue otorgado.

6. A todo aquello que la ley disponga.

Art. 93 Cese de la representación

Cesará el abogado o abogada en su representación:

1. Por la revocación expresa del poder, luego que conste en el proceso.

2. Por revocación tácita del poder, en los casos establecidos en el Código Civil.

3. Por renuncia voluntaria no podrá el abogado o abogada abandonar la representación, hasta tanto se provea a otra designación dentro del plazo máximo de diez días, contados a partir del requerimiento hecho a su poderdante. Transcurridos éstos sin que se haya designado nuevo apoderado o apoderada, se le tendrá por definitivamente apartado o apartada de la representación que venía ostentando, siguiendo el proceso su curso y realizándose las comunicaciones que se hubieren de practicar, por cédula en la tabla de avisos.

4. Por sustituir sus facultades, siempre que se encuentre expresamente autorizado o autorizada para ello, sin perjuicio de reasumirlo conforme lo establecido en el Código Civil. La actuación del nuevo abogado o abogada, obliga a la parte representada dentro de los límites de las facultades conferidas.

5. Por abandonar el o la poderdante su pretensión u oposición formulada y, en todo caso, por haber terminado el asunto o haberse realizado el acto para el que hubiere otorgado el poder.

6. Por suspensión y condena según sentencia.

7. Por fallecimiento del o la poderdante, en cuyo caso, el abogado o abogada estará obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, acreditando en forma el fallecimiento y, si no presentare nuevo poder de los y las causahabientes, se estará a lo dispuesto para la sucesión procesal.

8. Por fallecimiento del abogado o abogada, en cuyo caso se hará saber al o la poderdante la defunción, a fin de que proceda a una nueva designación en el plazo máximo de diez días. Lo mismo se hará cuando se haya impuesto sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía.

Art. 94 El abogado o abogada común

1. Cuando dos o más personas constituyan una sola parte, deberán actuar conjuntamente bajo la dirección de un solo abogado o abogada que le asista o represente. Si no lo hicieren, la autoridad judicial les prevendrá que deberán nombrar un abogado o abogada común para todos ellos, en el plazo de cinco días a partir de la notificación y en caso contrario, lo nombrará la autoridad judicial. El auto en que se haga el nombramiento o su certificación expedida en forma, servirá para acreditar su personamiento como abogado o abogada común.

2. Nombrado el abogado o abogada común, el nombramiento podrá revocarse por acuerdo unánime de las partes, o por la autoridad judicial a petición de alguna de ellas, si en este caso hubieren motivos que justifiquen la revocación.

3. La revocación del poder o renuncia del abogado o abogada común, no surte efecto mientras no se haga una nueva designación y se persone al proceso.

Art. 95 Actuación de los sujetos procesales

1. La autoridad judicial ejercerá potestad disciplinaria con respecto a las actuaciones de las partes en el desarrollo del proceso, de conformidad con lo establecido en la ley. Los o las intervinientes en el proceso deberán:

a. Actuar ante la autoridad judicial con el decoro correspondiente.

b. Hacer sus alegatos en estrado, con el debido respeto y decencia.

c. Presentar sus escritos sin expresar palabras injuriosas, calumniosas o indecorosas contra las partes y la autoridad judicial, bajo apercibimiento de tener dichas palabras por no puestas.

d. Respetar las reglas de la buena fe y actuar con lealtad, respeto, probidad y veracidad.

2. La autoridad judicial deberá llamar la atención al abogado o abogada, en caso de inobservancia de lo anterior y de acuerdo a la falta cometida, quien informará dentro de setenta y dos horas al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan Capítulo VI Postulación Procesal y Asistencia Jurídica

Hasta aquí el Capítulo VI del Título IV.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Procedamos a la discusión del Capítulo VI del Título IV, referido a la Postulación Procesal y Asistencia Jurídica.

Observaciones al artículo 85.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 86.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 87.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 88.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 89.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 90.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 91.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 92.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 93.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 94.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 95.

No hay observaciones.

Entonces pasamos a votar el Capítulo VI del Título IV, referido a la Postulación Procesal y Asistencia Jurídica y todos los artículos contenidos en este capítulo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la Votación.

79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VI del Título IV.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo VII

Poder de disposición de las partes

Art. 96 Poder de disposición de las partes

1. Las partes podrán disponer de las pretensiones interpuestas en el proceso, en cualquier momento de sus instancias y aún en casación, o en la ejecución forzosa, siempre conforme a la naturaleza de cada acto de disposición. A tal efecto, las partes podrán poner fin al proceso, por carencia sobrevenida del objeto del proceso o por satisfacción extraprocesal, renunciar, desistir, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, así como por abandono por falta de actividad procesal de las partes.

2. De lo dispuesto en el punto anterior, se exceptuarán los casos en los que la ley prohíba la disposición o la limite por razones de orden público, de interés general, de protección de terceros, o cuando implique fraude de ley.

Art. 97 Carencia sobrevenida del objeto del proceso o por satisfacción extraprocesal

1. Si tras la demanda o la reconvención ocurriera alguna circunstancia sobrevenida, que determinara la carencia de interés legítimo en obtener la protección jurisdiccional solicitada, por desaparición de lo que sea objeto del proceso, por haberse satisfecho las pretensiones fuera de él, o por cualquier otra causa, la parte a quien interese lo planteará a la autoridad judicial, quien lo pondrá en conocimiento de la parte contraria, para que alegue o se oponga a dicho planteamiento en la audiencia, que para ese efecto se convocará en un plazo de cinco días.

2. La oposición podrá fundarse en que no se ha dado satisfacción extraprocesal a sus pretensiones o por cualquier otro motivo, y sostuviera que sigue existiendo interés legítimo en la protección jurisdiccional.

3. Terminada la audiencia, en el plazo de tres días la autoridad judicial decidirá por auto si procede continuar el proceso, imponiéndose las costas del incidente a la parte que viera rechazada su pretensión.

4. Si la cuestión fuese planteada por las partes, o no se hiciese oposición a la finalización del proceso por esta causa, de inmediato se dictará auto accediendo a lo solicitado.

5. El auto de terminación del proceso, tendrá los mismos efectos que una sentencia desestimatoria y hará el pronunciamiento sobre costas que proceda.

6. Contra el auto que ordene la continuación del proceso, no cabrá recurso alguno. Contra el que acuerde su terminación, cabrá recurso de apelación.

Art. 98 Renuncia a la pretensión.

1. Cuando la parte actora manifieste su renuncia a la pretensión procesal interpuesta o derecho material en que funde su pretensión, la autoridad judicial mediante sentencia resolverá admitiendo la renuncia y desestimando la pretensión, salvo que la renuncia fuese legalmente improcedente, en cuyo caso dictará auto mandando seguir el proceso adelante.

2. La sentencia desestimatoria tendrá efectos de cosa juzgada.

Art. 99 Desistimiento del proceso.

1. La parte demandante podrá desistir unilateralmente del proceso, siempre que lo haga antes que la parte demandada sea emplazada para contestar la demanda, y también en cualquier momento cuando esta última se encontrare en rebeldía.

2. Emplazada la parte demandada y habiendo comparecido, el desistimiento deberá contar con su conformidad, a cuyo efecto se le entregará copia del escrito de desistimiento, para que en el plazo de cinco días conteste. Si la parte demandada prestare su conformidad o no se opusiere al desistimiento, la autoridad judicial dictará auto teniendo por desistido el proceso, sin resolver sobre el fondo. Si la parte demandada se opusiera al desistimiento, la autoridad judicial resolverá lo que estime oportuno sobre la continuación del proceso.

3. El desistimiento también procederá de los recursos de apelación y casación. En estos casos, la autoridad judicial dictará auto confirmando la sentencia objeto del recurso si no hubiere oposición; si la hubiere se aplicará lo establecido en el párrafo anterior.

4. En los casos en que se dé lugar al desistimiento, quedará a salvo el derecho de la parte actora para promover nuevo proceso sobre la misma pretensión.

Art. 100 Allanamiento.

1. La parte demanda podrá allanarse a todas las pretensiones de la parte actora, aceptándolas, en cuyo caso la autoridad judicial dictará sentencia estimatoria de acuerdo con lo solicitado por ésta. Cuando la autoridad judicial observe que el allanamiento es contrario a la ley, al orden público o al interés general, o que se realiza en perjuicio de tercera persona, o que encubre un fraude de ley, dictará auto rechazándolo y mandando que el proceso continúe su curso.

2 El allanamiento podrá limitarse sólo a una parte de las pretensiones planteadas por la parte actora. En tal caso, la autoridad judicial siempre a instancia de la parte demandante, podrá dictar de inmediato un auto acogiendo los puntos que hayan sido objeto de dicho allanamiento, cuando sea posible un pronunciamiento separado, que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas. En este caso, el proceso continuará adelante para discutir y resolver sobre las cuestiones planteadas por la parte actora que no hubieran sido objeto de allanamiento.

3 En caso que la pretensión acogida no sea cumplida por la parte demandada, podrá ejecutarse conforme lo establecido en este Código, sin esperar a que se resuelva el resto de pretensiones.

Art. 101 Transacción judicial.

1. Las partes podrán transar llegando a un acuerdo o convenio sobre la pretensión procesal, de conformidad con el Código Civil, en cualquier momento de la primera instancia, de los recursos o de la ejecución de sentencia.

2. A tal efecto, la autoridad judicial examinará el contenido del acuerdo adoptado por las partes, comprobando que lo convenido no implique fraude de ley o abuso de derecho, se realice en perjuicio de tercero, en cuyo caso no homologará el acuerdo.

3. Dicho acuerdo o convenio deberá ser homologado por la autoridad judicial, que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin mediante sentencia, y tendrá efecto de cosa juzgada, archivándose lo actuado.

Art. 102 Impugnación y ejecución de la transacción.

1. El acuerdo transaccional homologado judicialmente, podrá impugnarse por las causas que invalidan los contratos.

2. La impugnación de la validez se ejercerá ante la misma autoridad judicial, por los trámites y con los recursos establecidos en este Código.

3. Además de las partes, también estarán legitimadas para impugnar el acuerdo transaccional, las personas a quienes afecte o pudieran sufrir perjuicio por el mismo.

Art. 103 Ejecución del acuerdo de transacción.

La sentencia que homologue el acuerdo transaccional, se considerará título de ejecución y podrá llevarse a efecto por los trámites de ejecución de sentencias regulados en este Código.

Art. 104 Caducidad de la instancia y recursos.

1. En toda clase de procesos se considerará que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, a pesar del impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de cuatro meses si el asunto estuviere en la primera instancia, o en el plazo de tres meses si lo fuere en segunda instancia o en dos meses si estuviere pendiente el recurso de casación. Los plazos señalados empezarán a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes.

2. El abandono producirá la caducidad de la instancia o recurso y se declarará por medio de auto, de oficio, a petición de parte o de tercero legitimado, y contendrá la condena en costas a la parte que diere lugar a ella, conforme a las reglas generales.

3. La caducidad operará también contra el Estado y demás personas de Derecho Público.

Art. 105 Exclusión de la caducidad en el proceso de ejecución forzosa.

Las disposiciones sobre caducidad del proceso no serán de aplicación para la ejecución forzosa, cuyas actuaciones podrán continuar hasta lograr el cumplimiento de lo juzgado, aunque el proceso haya quedado sin curso durante los plazos señalados en el presente Código.

Art. 106 Exclusión de la caducidad por fuerza mayor o contra la voluntad de las partes.

1. No se producirá la caducidad de la instancia o del recurso, si el procedimiento hubiere quedado paralizado por caso fortuito o fuerza mayor.

2. Tampoco se producirá la caducidad, si el proceso hubiera estado paralizado por acuerdo de las partes aprobado judicialmente.

3. No hay caducidad cuando el proceso estuviere en estado de sentencia o por causa imputable a la autoridad judicial.

Art. 107 Efectos de la caducidad.

1. Declarada y firme la caducidad en primera instancia, la autoridad judicial ordenará el cese inmediato de los efectos de todas las resoluciones dictadas en el proceso, incluidas las medidas cautelares, así como la tramitación y archivo del mismo. En los casos en que se dé lugar a la caducidad, quedará a salvo el derecho de la parte actora para promover un nuevo proceso sobre la misma pretensión.

2. Si se declarare la caducidad en segunda instancia o en el recurso de casación, se tendrá por firme la decisión impugnada y se devolverán los autos al juzgado de origen, junto con la certificación correspondiente.

Art. 108 Impugnación de la declaración de la caducidad por fuerza mayor o por error en el cómputo.

1. Declarada y notificada la caducidad conforme a las disposiciones anteriores, la parte afectada podrá promover en el plazo de cinco días, incidente para acreditar que la caducidad se ha debido a fuerza mayor, por causa contraria a la voluntad de las partes, a retraso no imputable a ellas o por error en el cómputo.

2. La autoridad judicial convocará a todas las partes a una audiencia, a la que deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse, al término de la cual dictará auto estimando la impugnación o confirmando la caducidad del proceso. Contra este auto cabrá recurso de apelación o de casación en su caso.

Hasta aquí el Capítulo VII del Título IV.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Vamos a pasar a discusión el Capítulo VII del Título IV referido al Poder de Disposición de las Partes.

Observaciones al artículo 96.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 97.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 98.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 99.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 100.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 101.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 102.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 103.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 104.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 105.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 106.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 107.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 108.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo VII del Título IV referido al Poder de Disposición de las Partes.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VII del Título IV con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

TÍTULO V
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y DE PROCESOS

Capítulo I
Acumulación de pretensiones

Art. 109 Acumulación de pretensiones.

La acumulación de pretensiones dará lugar a que todas ellas se ventilen en un único procedimiento y se decidan en una sola sentencia, la que contendrá los correspondientes pronunciamientos separadamente.

Art. 110 Acumulación objetiva.

1. La parte demandante podrá acumular en la demanda cuantas pretensiones tenga frente a la parte demandada, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incompatibles entre sí.

2. Será incompatible ejercer en forma simultánea dos o más pretensiones en un mismo proceso cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impida o haga ineficaz ejercer la otra u otras. En este caso no podrán acumularse.

Art. 111 Acumulación objetiva eventual.

1. La parte actora podrá acumular eventualmente pretensiones incompatibles entre sí, con expresión de la pretensión preferente y de aquella otra u otras que ejerza para el solo evento de que la preferente no se estime fundada.

2. Si la autoridad judicial estima fundada la pretensión preferente, desestimará la o las otras pretensiones. Si por el contrario desestima la pretensión preferente, procederá a resolver la siguiente.

Art. 112 Acumulación subjetiva.

1. Podrán acumularse, ejerciéndose simultáneamente, las pretensiones que uno o varios demandantes tengan contra el demandado o varios demandados, siempre que entre esas pretensiones exista un nexo por razón del título o causa de pedir.

2. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo, cuando las pretensiones se funden en los mismos hechos.

Art. 113 Requisitos para la acumulación de pretensiones.

1. La admisibilidad de acumulación de pretensiones estará condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos procesales:

Que la autoridad judicial que conozca de la pretensión principal, posea jurisdicción y competencia por razón del territorio, materia o cuantía para conocer de la solicitud de acumulación.

b. Que las pretensiones acumuladas no tengan, por razón de su materia, que ventilarse en procesos de diferente tipo.

2. Las pretensiones que por razón de la cuantía de la cosa litigiosa deban ejercerse en proceso sumario, podrán acumularse a las de mayor cuantía.

3. Si se hubieren acumulado varias pretensiones indebidamente, la autoridad judicial antes de admitir la demanda requerirá a la parte demandante, para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las pretensiones cuya acumulación fuere posible.

Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o no fuera admisible la nueva propuesta de la parte actora, se archivará la demanda sin más trámites.

Hasta aquí el Capítulo I del Título V.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Vamos a pasar a discusión el Título V. Acumulación de Pretensiones y de Procesos. Capítulo I, Acumulación de Pretensiones.

Observaciones al artículo 109.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 110.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 111.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 112.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 113.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo I del Título V.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba Capítulo I, del Título V con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo II
Acumulación de procesos

Art. 114 Acumulación de procesos.

Cuando se acumulen procesos ya iniciados, se continuará su tramitación en un único procedimiento y se decidirá en una sola sentencia, que contendrá por separado los correspondientes pronunciamientos.

Art. 115 Supuestos de acumulación.

Procederá la acumulación de procesos:

1. Cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos perjudiciales en el otro.

2. Cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulación se pide, exista tal conexión que de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.

3. Cuando exista un proceso de concurso o de quiebra, al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda.

4. Cuando haya un proceso de testamentaría o ab intestato, al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o se formule una acción de las declaradas acumulables a estos procesos.

5. Cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes, obedezca a la existencia simultánea de dos o más procesos entre las mismas partes y en relación con la misma pretensión, solamente procederá la excepción de litispendencia. De estimarse la excepción de litispendencia, se pondrá fin al proceso o procesos iniciados con posterioridad, con condena en las costas causadas en estos últimos.

Art. 116 Presupuestos procesales de la acumulación.

La acumulación de procesos procede a instancia de parte legítima; pero si los procesos se encontraren en un mismo juzgado o tribunal, éste la podrá ordenar de oficio y es admisible cuando:

1. El juzgado o tribunal ante quien se realice la acumulación sea competente por razón de la materia o de la cuantía, y por razón del fuero territorial si fuera imperativo, para conocer en todos los procesos.

2. Se encuentren sometidos a una misma clase de procedimiento y que la sustanciación de todos ellos se encuentre en la primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado la audiencia probatoria del proceso ordinario o la audiencia del proceso sumario.

Art. 117 De la solicitud y sus efectos.

1. La acumulación se solicitará por escrito. Si los procesos se encuentran en el mismo juzgado o tribunal, se señalarán con claridad los procesos cuya acumulación se pide y el estado procesal en que se encuentran. De incumplirse estos requisitos y no subsanarse, se rechazará la solicitud por auto y sin ulterior recurso, continuando cada proceso su curso, separadamente.

2. Presentada correctamente la solicitud de acumulación de procesos, no se suspenderá el trámite de éstos, debiendo únicamente abstenerse de dictar sentencia, hasta que se decida sobre la procedencia de la acumulación.

3. El proceso más reciente se acumulará al más antiguo. La antigüedad se determinará por la fecha de la presentación de la demanda.

Art. 118 Sustanciación.

1. En caso de no reunir los requisitos establecidos en este Código o no se hubiere subsanado por la parte solicitante en el plazo de tres días, la autoridad judicial resolverá desestimando la acumulación. Este auto no admite recurso alguno.

2. Admitida a trámite la solicitud, se entregará copia a las partes litigantes en los procesos cuya acumulación se pretenda, para que formulen las alegaciones que estimen oportunas en el plazo común de cinco días; transcurridos los cuales o recibidas las alegaciones, la autoridad judicial resolverá mediante auto dentro de los cinco días siguientes, otorgando la acumulación si todas las partes están de acuerdo y los procesos se encuentran ante el mismo juzgado o tribunal.

3. Otorgada la acumulación, ordenará que los procesos más modernos se unan al más antiguo. Si éstos no estuvieren en el mismo estado de tramitación, se ordenará la suspensión del más avanzado hasta que se halle en un estado similar.

4. Denegada la acumulación, los procesos se sustanciarán separadamente, condenándose a la parte que la hubiera promovido al pago de las costas del incidente, las que se liquidarán con la sentencia definitiva. La denegación de la acumulación no admite recurso alguno.

Hasta aquí el Capítulo II del Título V.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Vamos a pasar a discusión el Capítulo II. Título V. Acumulación de procesos.

Observaciones al artículo 114.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 115.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 116.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 117.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 118.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo II del Título V. Acumulación de procesos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II, Título V con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo III
Acumulación de procesos ante distintos juzgados o tribunales

Art. 119 Solicitud de acumulación.

1. La solicitud de acumulación de procesos pendientes ante distintos juzgados o tribunales, se sustanciará conforme a las normas contenidas en las disposiciones anteriores y las especialidades que se indican en los artículos siguientes.

2. En la solicitud se deberá indicar el juzgado o tribunal ante el cual estuvieren pendientes los otros procesos cuya acumulación se pretende, junto con las razones que justifican la acumulación, acompañando certificación sobre la existencia de ellos y el estado en que se encuentran.

3. Recibida la solicitud de acumulación y antes de resolver sobre la admisión a trámite, se comunicará por el medio más rápido al otro órgano jurisdiccional, sin suspender el trámite de los procesos afectados, debiendo abstenerse en todo caso de dictar sentencia mientras se decida definitivamente sobre la acumulación pedida.

4. En caso que la autoridad judicial no estime procedente la solicitud de acumulación, se comunicará al otro u otros juzgados o tribunales quienes podrán dictar sentencia.

Art. 120 Admisión de la acumulación y solicitud de remisión.

1. Si la autoridad judicial estima procedente la solicitud de acumulación, en el mismo auto dirigirá exhorto al que conozca del otro pleito, solicitándole la remisión de los correspondientes procesos.

2. A dicho exhorto se adjuntará copia del escrito, para dar a conocer la causa por la que se pretende la acumulación y las alegaciones que hayan formulado las partes, referidas a su procedencia o improcedencia.

Art. 121 Trámite ante la solicitud de remisión.

Recibida la comunicación y los documentos adjuntos, la autoridad judicial exhortada entregará copia de ellos a las partes litigantes que ante él hayan comparecido, para que en el plazo de cinco días se instruyan y presenten por escrito las alegaciones que estimen oportunas.

Art. 122 Resolución sobre la solicitud de acumulación.

La autoridad judicial exhortada dictará auto aceptando o denegando la solicitud de acumulación. Si ninguna de las partes personadas se opusiere a la acumulación, o si no alegaren hechos o argumentos distintos de los alegados ante la autoridad judicial exhortante, la exhortada sólo podrá fundar su negativa a la solicitud, en razón de que la acumulación debe hacerse a los procesos pendientes ante él mismo.

Art. 123 Efectos de la aceptación de la acumulación.

1. Aceptada la acumulación ordenada por la autoridad judicial exhortante, se remitirán los procesos y se emplazará a las partes, para que en el plazo de cinco días se personen ante la exhortante, a efectos de continuar con el proceso.

2. Acordada la acumulación de procesos, quien deba conocer de los mismos, suspenderá el curso del proceso más avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal, momento en el cual se efectuará la acumulación.

Art. 124 Efectos de la no aceptación de la acumulación.

1. Denegada la acumulación por la autoridad judicial exhortada, lo pondrá en conocimiento de la exhortante, remitiendo las diligencias al Superior común, a fin de que resuelva la discordia, emplazando a las partes de los procesos, para que dentro del término de cinco días comparezcan ante el Superior respectivo y aleguen por escrito lo que consideren conveniente.

2. El Superior común decidirá por medio de auto, en el plazo de cinco días, a la vista de los antecedentes que consten en los autos y de las alegaciones escritas de las partes, si se hubieran presentado. Contra el auto que se dicte no cabrá recurso alguno.

Art. 125 Disposiciones específicas.

1. Cuando una misma autoridad judicial fuera exhortada de acumulación por dos o más órganos jurisdiccionales, remitirá los autos al Superior común a todos ellos y les comunicará a las exhortantes para que suspendan la tramitación de los procesos, mientras se pronuncia el Superior sobre la pretendida acumulación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo anterior.

2. Suscitada la acumulación en un proceso, no se admitirá solicitud de acumulación de otro ulterior, si quien la pide hubiese iniciado el proceso que intenta acumular, la autoridad judicial la rechazará mediante auto.

No obstante, si se sustanciase la nueva acumulación, tan pronto como conste el hecho se pondrá fin al mismo, con imposición de las costas al que la hubiese intentado.

Hasta aquí el Capítulo III del Título V.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Vamos a pasar a discusión el Capítulo III del Título V.- Acumulación de procesos ante distintos juzgados o tribunales.

Observaciones al artículo 119.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 120.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 121.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 122.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 123.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 124.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 125.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo III del Título V. Acumulación de procesos ante distintos juzgados o tribunales.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III del Título V. Acumulación de procesos ante distintos juzgados o tribunales, con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

TÍTULO VI
ACTUACIONES PROCESALES

Capítulo I
Concepto y generalidades

Art. 126 Actuaciones Procesales.

Las actuaciones procesales son las llevadas a cabo por las partes, las autoridades judiciales, sus auxiliares y terceros ligados al proceso

Art. 127 Generalidades

1. Las actuaciones procesales que conforman el procedimiento civil, deberán realizarse de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Política de la República de Nicaragua, de este Código, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento, siendo nulos o anulables en caso contrario.

2. Las actuaciones orales se realizarán en las audiencias, bajo la dirección del titular de la autoridad judicial o del Presidente de la Sala y serán documentadas con arreglo a la forma prevista en este Código.

3. Las actuaciones escritas contendrán los requisitos previstos para cada uno de ellas y serán firmadas por quien los redacte. Los escritos de parte, se dirigirán a la autoridad judicial competente y de ellos dará cuenta la secretaría del órgano jurisdiccional.

4. Las actuaciones procesales que de acuerdo a este Código deban realizarse por escrito, se harán en papel sellado de ley, o en papel común tamaño legal, agregando en este caso los timbres fiscales correspondientes al valor del papel de ley, salvo que se haga uso de formulario, se alegue el beneficio de asistencia jurídica gratuita o se actúe como guardador para el proceso.

5. Todas las actuaciones procesales se recogerán en un expediente judicial que contendrá una o más piezas, de acuerdo con lo dispuesto en este Código.

Art. 128 Derecho de recibir y obtener información

1. Las actuaciones judiciales nunca podrán ser secretas para las partes, debiendo quedar garantizado siempre por la autoridad judicial el estricto cumplimiento del derecho de información y del principio de contradicción.

2. La autoridad judicial a través de Secretaría, facilitarán a las partes, representantes legales y abogados o abogadas, la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer.

3. Asimismo, podrán pedir a su costa testimonios, copias certificadas o simples, de escritos y documentos que consten en el expediente.

4. Las actuaciones también podrán ser conocidas por los y las funcionarias públicas autorizados por la ley en razón de su cargo y por las personas que con fines de docencia o de investigación científica, hayan sido autorizadas por el juzgado o tribunal, previa conformidad de ambas partes.

5. Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse a una parte o a su apoderado o apoderada, ni aquélla, ni ésta, podrán examinar la actuación sino después de cumplida dicha notificación.

Hasta aquí el Capítulo I.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Vamos a pasar a discusión del Capítulo I, Concepto y generalidades del Título VI.- Actuaciones Procesales.

Observaciones al artículo 126.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 127.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 128.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo I del Título VI.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I del Título VI, con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo II
Requisitos

Art. 129 Requisitos generales.

Las actuaciones procesales deben reunir los requisitos de licitud, utilidad, pertinencia, claridad y buena fe, así como los de lugar, tiempo, idioma y forma. Han de ser realizadas con veracidad y tener por causa un interés legítimo.

Art. 130 Lugar de celebración de las actuaciones procesales.

1. Las actuaciones procesales se realizarán en la sede del juzgado o tribunal, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar fuera de su sede.

2. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad judicial podrá constituirse en cualquier lugar del territorio de su competencia, para la práctica de las actuaciones, cuando fuere necesario o conveniente, especialmente para la práctica de la prueba que exija el cambio de lugar.

3. Las actuaciones que deban realizarse fuera del territorio del juzgado o tribunal competente, se practicarán cuando proceda, mediante auxilio judicial.

Art. 131 Plazo y término.

1. Plazo, es el período de tiempo entre dos fechas en que se puede realizar válidamente una actuación procesal.

2. Término, es el día, y en su caso hora fijada, dentro del plazo en que se debe realizar el acto procesal ordenado.

3. Cuando en este Código se indique que una actuación debe hacerse “inmediatamente” o “tan pronto” o no exista plazo o término fijado para su realización, se entenderá que debe realizarse dentro de las siguientes veinticuatro horas.

Art. 132 Tiempo de realización de las actuaciones procesales.

1. Las actuaciones judiciales se practican en días y horas hábiles.

2. Son hábiles todos los días del año, salvo los domingos, y los que por ley vaquen los tribunales, así como los días feriados legalmente autorizados.

3. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las oficinas de los juzgados y tribunales, de conformidad con la ley o por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 133 Habilitación.

De oficio o a petición de parte, la autoridad judicial puede habilitar días y horas inhábiles, en aquellos casos en que se trate de actuaciones urgentes cuya demora puede perjudicar a una de las partes.

Art. 134 Cómputo de los plazos.

1. Los plazos comenzarán a correr, desde el día siguiente a aquél en que se hubiere efectuado el acto de comunicación, del que la ley haga depender el inicio del cómputo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a medianoche.

2. No obstante, cuando la ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste.

3. En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles, salvo los supuestos de habilitación establecidos en el artículo anterior. Para efecto de los términos judiciales, los días sábados y domingos se computarán como un solo día.

4. Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

5. Los plazos que concluyan en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil.

Art. 135 Preclusión de plazos y términos.

1. Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se entenderá irrevocablemente precluido por el solo ministerio de la ley, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor, apreciada por la autoridad judicial.

2. El Secretario o Secretaria dejará constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y dará cuenta a la autoridad judicial, a fin de que dicte la resolución que corresponda.

Art. 136 Idioma.

1. El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de los pueblos originarios y afrodescendientes, también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley.

2. Cuando alguna persona de los pueblos originarios y afrodescendientes, no conozca el idioma español o conociéndolo prefiera hacer uso de su lengua materna, al ser interrogado o prestar alguna declaración, o fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, la autoridad judicial le garantizará el uso de intérprete, a quien se le exigirá promesa de fiel traducción.

3. De igual manera, se procederá conforme lo dispuesto en el inciso anterior, cuando alguna persona no conozca el idioma español o lenguas oficiales propias de los pueblos originarios y afrodescendientes.

4. Las personas cuya discapacidad lo requiera tendrán derecho al uso de la escritura, o en su caso a la utilización de un intérprete de signos o lenguaje de señas nicaragüenses, o de aquellos medios tecnológicos que permitan tanto obtener de forma comprensible la información solicitada, como la práctica adecuada de los actos de comunicación y otras actuaciones procesales en las que participen.

5. De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantará acta sucinta, que será firmada también por el intérprete a la que se adjuntará la grabación.

6. A todo documento redactado en idioma que no sea el español, se acompañará la traducción del mismo.

Art. 137 Forma de las actuaciones procesales.

1. Las actuaciones procesales que realicen los órganos jurisdiccionales y las partes, estarán sujetas al principio de legalidad.

2. Los requisitos de las actuaciones procesales, nunca podrán interpretarse de manera que se conviertan en obstáculo insuperable, para el acceso de las personas a la justicia.

Art. 138 Actuaciones procesales escritas.

1. Las actuaciones procesales que deban realizarse por escrito, se ajustarán en cuanto su contenido al exigido por la ley, debiendo ser firmados por la parte y el abogado o abogada que le asiste, excepto en los casos señalados en este Código, indicando debajo de las firmas su nombre completo, identificándose la o el segundo con su número de registro. Todo escrito autorizado con la firma del abogado o abogada, releva a la parte de la obligación de presentarlo en persona.

2. Las partes, el abogado o abogada que les asiste o sus apoderados, deberán presentar sus escritos redactados en forma coherente y legible.

3. El abogado o abogada que asista a la parte o la representa, podrá enviar sus escritos a los juzgados y tribunales, por medio de un particular, haciéndolo constar en el escrito.

4. Todo escrito deberá presentarse a la autoridad judicial que conozca del proceso, por conducto de secretaría u oficina de recepción y distribución de causas y escritos, en su caso.

5. Si la parte no sabe o no puede firmar, bastará con la impresión de su huella digital o que a su ruego lo haga otra persona debidamente identificada en el escrito. Si es el abogado o abogada que está imposibilitado temporal o definitivamente para firmar, deberá señalar su número de registro y firmará a su ruego otra persona debidamente identificada. En ambos casos, la secretaría del juzgado o tribunal o la oficina de recepción y distribución de causas y escritos, en su caso, hará constar a continuación que la persona conoce el texto del escrito.

6 Las partes realizarán sus actuaciones procesales escritas en papel de ley o en papel común tamaño legal, agregando en este caso los timbres fiscales correspondientes al valor del papel de ley.

7 Las partes presentarán a su costa, tantas copias simples de sus escritos y documentos como partes existan en el proceso, y una copia adicional que se le devolverá con la constancia de fecha, día y hora de recepción por secretaría, funcionario o funcionaria correspondiente, con expresión de los documentos que se acompañan. Si quien las presenta no acompaña las copias, se devolverá el escrito que no satisfaga dicho requisito.

8. Las actuaciones del juzgado o tribunal cumplirán las formalidades exigidas por este Código, particularmente en lo relativo a las resoluciones judiciales.

Art. 139 Actuaciones procesales orales.

Este Código determina qué actos de alegación y de prueba serán orales, bajo sanción de nulidad absoluta. Dichos actos pueden ser concentrados en la audiencia que corresponda en una o en varias sesiones.

Art. 140 Inmediación de las actuaciones procesales.

Tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan, deben realizarse por la autoridad judicial, no pudiendo delegarlas bajo pena de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en territorio distinto al de su competencia.

Art. 141 Publicidad de las actuaciones procesales.

1. Se practicarán públicamente las actuaciones de prueba y las audiencias, cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución.

2. Todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o la autoridad judicial así lo decida, por razones de seguridad, moral, orden público o en protección de los intereses de niños, niñas, adolescentes o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades que lo exijan.

3. Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, la autoridad judicial oirá a las partes que estuvieren diputados presentes sin votar. La resolución adoptará la forma de auto y contra ella no se admitirá recurso alguno.

4. Las deliberaciones de los órganos jurisdiccionales colegiados serán secretas. También lo será el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto por este Código en relación a la publicidad de los votos disidentes o motivados.

Hasta aquí el Capítulo II del Título VI.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Vamos a pasar a discusión el Capítulo II, del Título VI. Requisitos.

Observaciones al artículo 129.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 130.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 131.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 132.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 133.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 134.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 135.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 136.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 137.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 138.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 139.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 140.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 141.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo II del Título VI. Requisitos, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba Capítulo II, del Título VI. Requisitos, con todos sus artículos.

Se cierra la Sesión Ordinaria y pasamos a la Sesión Especial.

Agradeciendo y saludando a los invitados que nos acompañaron en la discusión del Código Procesal Civil.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DEL 2015, CON CITA A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA).

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Se abre la sesión.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados y diputadas al Orden del Día N°.1, para la continuación de la discusión del Punto 3.5 CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA, mismo que fue aprobado hasta el artículo 141 del Capítulo II del Título VI.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo III
De las comunicaciones procesales

Art. 142 Clases

1. La autoridad judicial se comunicará con las partes, con los terceros y con las autoridades, en virtud de notificación.

2. El emplazamiento es el llamamiento a una persona, para que comparezca en proceso en virtud de una demanda o de un recurso interpuesto.

3. La citación es el llamamiento que se hace a una parte o un tercero para que concurra a un acto judicial determinado, con señalamiento del lugar, fecha y hora para su realización.

4. El requerimiento es la intimación judicial para que conforme a la ley, se cumpla con un mandato judicial.

5. El auxilio judicial entre juzgados y tribunales se realizará por exhorto.

6. El libramiento de certificaciones o copias, la práctica de cualquier actuación y la obtención de información, de registradores y registradoras, abogados y abogadas, notarios y notarias, corredores de comercio, funcionarios y funcionarias judiciales auxiliares y archiveros del Estado, se realizará en virtud de mandamiento.

7. La autoridad judicial se dirigirá a funcionarios y funcionarias o empleados y empleadas de los otros Poderes del Estado, entidades públicas y privadas, mediante oficio.

8. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá, ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.

9. Cuando se cite o emplace se fijará su objeto, lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.

Art. 143 Principio de Notificación

1. Toda actuación judicial, salvo disposición expresa en contrario, debe ser notificada a los interesados mediante el procedimiento establecido en los artículos siguientes, bajo la estricta responsabilidad de quien deba practicarla.

2. Las resoluciones pronunciadas en audiencias, se tendrán por notificadas sin necesidad de formalismo alguno, a quienes estén diputados presentes sin votar en el acto.

Art. 144 Nulidad relativa y subsanación de los actos de comunicación

1. Las resoluciones judiciales sólo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a este Código.

2. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada, emplazada o requerida se hubiera dado por enterada del asunto, y no denunciase la nulidad de la diligencia en su primera actuación, surtirá ésta desde entonces todos sus efectos, como si se hubiere hecho con arreglo a las disposiciones de este Código.

Art. 145 Notificación de resoluciones

1. Las resoluciones judiciales se notificarán en el mismo día o al siguiente de dictadas, a todos los que sean parte en el proceso y también a aquellas personas que según los mismos autos, puedan verse afectadas por la sentencia que en su momento se dictare, así como a los terceros en los casos previstos por este Código.

2. El funcionario y funcionaria o secretario o secretaria judicial que realice la notificación, entregará en ese acto las copias de los escritos y anexos que correspondan.

Art. 146 Práctica de la Notificación

La notificación se practicará por el secretario o secretaria judicial, oficialía mayor o notificador o notificadora:

1. Cuando se trate del emplazamiento o citación a las partes, que tenga por objeto la primera gestión judicial, los actos de comunicación se le harán personalmente en el domicilio de éstas.

2. Cuando las partes intervengan en el proceso representadas procesalmente por abogado o abogada, se le harán a estos todas las comunicaciones, quienes las firmarán, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante. La comunicación se dirigirá al domicilio designado por las partes.

3. Si las partes no estuviesen representadas por abogado o abogada, las comunicaciones se efectuarán en cualquiera de los lugares designados por la parte actora como domicilio de la parte demandada y surtirán efecto en cuanto se acredite su correcta recepción y conste en acta suscrita por el notificador o notificadora.

4. Cuando conste en autos que la comunicación mediante remisión o envío de fax o por medio telemático no fue efectiva, atendidos el objeto de la comunicación y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan, la autoridad judicial podrá ordenar que se proceda con arreglo a lo dispuesto para la notificación por cédula.

5. Si la comunicación tuviese por objeto el personamiento en el proceso o la realización o intervención personal de las partes, en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se estará a lo dispuesto por medio de entrega de copia de la resolución o cédula.

6. Cuando se trate de personas jurídicas, se notificará a su representante, sin necesidad de individualizarlo.

7. A terceros y a personas que, sin ser parte en el proceso, puedan intervenir en él, se efectuarán por cualquiera de los medios previstos en este Código. La comunicación se remitirá al domicilio que designe la parte interesada.

8. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la notificación se podrá realizar en el despacho judicial o en la oficina de notificaciones.

Art. 147 Designación del domicilio

1. El domicilio de la parte demandante, será el que se haga constar en la demanda, petición o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, la parte demandante designará, como domicilio de la parte del demandado, a efectos del emplazamiento o citación de éste, uno o varios de los lugares a que se refiere el párrafo siguiente; en este último caso, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación.

2. A efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá como domicilio el que aparezca en registros oficiales como domicilio privado, profesional, o el del lugar en que desarrolle su actividad profesional o laboral, no ocasional.

3. La parte demandada, una vez que haya comparecido, podrá designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.

4. Las partes, los terceros y otras personas que intervengan en el proceso, deberán comunicar a la autoridad judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del mismo.

5. El lugar que las partes señalen para notificaciones, deberá estar situado en la localidad donde tiene su sede el juzgado o tribunal que conoce del proceso.

Art. 148 Notificación

1. La primera notificación se realizará personalmente en el domicilio señalado por la parte actora, a quién deba comparecer en el proceso. El funcionario o funcionaria, secretario o secretaria judicial que deba realizar la diligencia, concurrirá al mismo y si hallare a la persona que deba notificar, le entregará la copia de la resolución y las copias de los escritos y anexos que correspondan. De dicha actuación se dejará constancia a través de acta.

2. De no encontrarse la persona en su domicilio, el funcionario o funcionaria, secretario o secretaria judicial, dejará constancia de esto y concurrirá por segunda vez y si la encontrare procederá conforme el numeral uno, en caso contrario deberá proceder a notificar por medio de cédula.

Art. 149 Notificación por cédula

1. Cuando el destinatario de la comunicación se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula, o no quiera firmar la diligencia que acredita la entrega, el funcionario o funcionaria, secretario o secretaria le advertirá sobre la obligación que le impone el artículo anterior. Si el destinatario insistiere en su negativa, se le hará saber que queda a su disposición en la secretaría del juzgado o tribunal, la copia de la resolución o cédula, produciendo sus efectos la comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia.

2. Si quien deba ser notificado no se encontrare en su domicilio, la diligencia se llevará a cabo con su cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, hijos e hijas, persona de servicio o habitante de la casa, todos mayores de dieciséis años de edad. Si no supiere o no quisiere firmar se expresará así, dejándose constancia de la diligencia, que suscribirá el funcionario o funcionaria, secretario o secretaria judicial.

3. Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo habitual del destinatario, en ausencia de éste, la cédula se entregará a persona que manifieste conocerle o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella. En ambos casos, la persona que la reciba queda en la obligación de entregarla inmediatamente al destinatario.

4. Si quien deba ser notificado ya no reside o trabaja en el lugar señalado y alguna de las personas consultadas conociere donde localizarlo, se consignará en la diligencia tal hecho y se notificará en el nuevo lugar señalado.

Art. 150 Contenido de la cédula para notificaciones

La cédula expresará con la debida precisión:

1. La autoridad judicial que haya dictado la resolución, la fecha y hora de ésta, el proceso en que haya recaído y el número del expediente.

2. Nombres y apellidos de las partes.

3. El nombre y apellido de la persona o razón social de la persona jurídica a quien se haga la notificación.

4. Transcripción literal de la resolución o de la parte resolutiva de la sentencia que haya de notificarse.

5. Lugar, fecha, hora, nombre y firma del secretario o secretaria, notificador o notificadora.

Art. 151 Contenido del acta de notificación

1. La notificación se hará constar en acta al pie de la actuación, con indicación del lugar, fecha y hora de la notificación y de la resolución notificada, expresando el nombre, apellidos, edad e identificación del notificado o de la persona que recibió la comunicación. La persona que reciba la copia de la resolución o la cédula, firmará la copia de ésta. El acta la suscribirá el notificador o notificadora.

2. En el caso de la notificación por cédula, además de lo anteriormente señalado, se hará constar el nombre del destinatario de la comunicación, la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula, y su relación con el destinatario; la comunicación así realizada producirá todos sus efectos.

Art. 152 Notificación por edictos

Cuando el destinatario de la comunicación careciere de domicilio conocido o se ignore su paradero, la autoridad judicial, mediante providencia, mandará que se haga la comunicación por edictos, fijando la copia de la resolución o la cédula en la tabla de avisos que deberá estar ubicada en un lugar visible y de fácil acceso. Los edictos se publicarán en el Diario Oficial, La Gaceta, o en un diario de circulación nacional, por tres veces, con intervalo de cinco días hábiles, a costa de la parte interesada. Copia de dichas publicaciones se agregarán al expediente.

Art. 153 Notificación por medios telemáticos

1. Sin menoscabo del derecho de defensa, las partes una vez personadas en el proceso, podrán señalar cualquier medio telemático para ser notificadas de las comunicaciones, sea por carta certificada, telegrama, telefax o cualquier otro medio electrónico de comunicación, que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha de su recepción y de su contenido.

2. El funcionario o funcionaria, secretario o secretaria dará fe en el expediente de la remisión y del contenido de lo remitido, y agregando el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción.

3. De ser así, el plazo correrá a partir del recibimiento de la comunicación, según lo acredite el correo o la oficina de transmisión. También podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no causen indefensión.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Art. 154 Actos de comunicación mediante auxilio judicial

1. Los juzgados y tribunales deben auxiliarse recíprocamente en el cumplimiento de los actos procesales concretos y determinados que, por situación de competencia territorial, no puedan realizar directamente. Corresponderá por tanto, prestar el auxilio judicial al juzgado o tribunal donde la actuación deba practicarse.

2. Cuando los actos de comunicación hayan de practicarse por juzgado o tribunal distinto del que los hubiere ordenado, se acompañará al despacho la copia o cédula correspondiente y lo que proceda en cada caso.

3. Estos actos de comunicación se cumplirán en un plazo no superior a diez días hábiles, contados a partir de su recepción. Cuando no se realicen en el tiempo indicado, se expresarán las causas de la dilación.

Art. 155 Casos en que procede el auxilio judicial

1. Por medio de exhorto se solicitará el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera de la sede del juzgado o tribunal que conozca del asunto, incluidos los actos de reconocimiento judicial. No podrá solicitarse el auxilio judicial dentro de la misma localidad del juzgado o tribunal solicitante.

2. Podrá pedirse el auxilio judicial para notificar a testigos que deban rendir declaración, a la parte que deba interrogarse y a los peritos para cumplir lo propio de su cargo, cuando su domicilio sea fuera de la circunscripción y los actos deban realizarse en la sede del juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto.

Art. 156 Contenido del exhorto

1. El exhorto deberá contener:

a. La designación del órgano jurisdiccional.

b. La indicación del litigio que motiva la solicitud.

c. La designación de las partes en el proceso, y de los abogados o abogadas que les defiendan y representen.

d. La indicación de las actuaciones cuya práctica se solicita.

e. La mención expresa de los documentos que fuera preciso acompañar, para el cumplimiento del exhorto.

2. El libramiento y autorización del exhorto corresponderá al secretario o secretaria.

Art. 157 Remisión de la solicitud de auxilio judicial

1. La solicitud de auxilio judicial se remitirá directamente al juzgado o tribunal para su realización independientemente de su grado o cuantía, por medio de cualquier sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción, o por el sistema informático judicial, en su caso.

2. No obstante, si la parte a la que interese el cumplimiento del auxilio judicial así lo solicita, se le entregará éste bajo su responsabilidad, para que lo presente al juzgado o tribunal del cual se requiere el auxilio judicial, dentro de los cinco días siguientes. En este caso, la solicitud de auxilio judicial expresará la persona que queda encargada de su gestión, que sólo podrá ser la parte o el abogado o abogada que le asista o represente.

Art. 158 Cumplimiento del auxilio judicial

1. El juzgado o tribunal que reciba la solicitud de auxilio judicial, dispondrá su cumplimiento y lo necesario para que se practiquen las actuaciones que en él se soliciten, dentro del plazo señalado. Si no pudiera practicar por sí mismo, en todo o en parte las diligencias que se le encarguen remitirá la solicitud para su cumplimiento al órgano competente en original o copia, con las inserciones necesarias, si éstas se requieren para practicar algunas diligencias que fuera preciso cumplir al mismo tiempo.

2. Cuando el juzgado o tribunal no pueda dar cumplimiento a la solicitud de auxilio judicial por encontrarse la persona en otra circunscripción lo avisará al juzgado o tribunal solicitante y remitirá el exhorto a quien corresponda

3. Cuando se demore el cumplimiento de una solicitud de auxilio judicial sin causa justificada, el juzgado o tribunal solicitante, de oficio o a instancia de parte, le recordará la urgencia del cumplimiento. Si la situación persistiera, el juzgado o tribunal obligado a cumplir el auxilio judicial incurrirá en responsabilidad disciplinaria, informando de esta circunstancia al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.

4. Las partes y los abogados o abogadas que les defiendan y representen, podrán intervenir en las actuaciones que se practiquen para el cumplimiento del auxilio judicial.

Art. 159 Devolución de la solicitud de auxilio judicial

1. Cumplido el auxilio judicial, se comunicará al solicitante su resultado, por medio del sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción o del sistema informático judicial.

2. Practicadas las actuaciones de auxilio judicial se remitirán por correo certificado o se entregarán a la parte o al abogado o abogada al que se hubiere encomendado la gestión del auxilio judicial, quien las presentará en el juzgado o tribunal solicitante, dentro de los cinco días siguientes, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa en caso de incumplimiento.

Art. 160 Auxilio judicial internacional

1. Las actuaciones judiciales que han de practicarse en el extranjero, se realizarán conforme lo establecido en los tratados internacionales aplicables en Nicaragua, y a falta de éstos por conducto de la Corte Suprema de Justicia, que los enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que a su vez, le dé curso en la forma en que estuviere determinada por los tratados vigentes e invocando la recíproca conveniencia de celeridad procesal.

2. Lo dispuesto anteriormente se aplicará, cuando las autoridades judiciales extranjeras soliciten la cooperación de los juzgados y tribunales en Nicaragua.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Saludamos y damos la bienvenida a los y las Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, doctor Carlos Aguerri Hurtado, doctora Ileana Pérez, doctor Gerardo Arce, también saludamos la presencia del equipo de la Comisión Técnica Redactora de la Corte Suprema de Justicia, que nos acompañan esta mañana. De igual manera a nuestros asesores de la Comisión de Justicia, todos ellos están presentes esta mañana para el proceso de discusión y aprobación del Código Procesal Civil, sean todos bienvenidos.

Pasamos a la discusión del Capítulo III, del Título VI referido De las comunicaciones procesales.

Observaciones al artículo 142.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 143.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 144.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 145.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 146

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 147.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 148.

Tiene la palabra la diputada Irma Dávila Lazo.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Gracias, compañera Presidenta.

Se propone una mejor redacción al segundo párrafo del artículo 148, el cual se leerá así:

Artículo 148. Notificación

2. De no encontrarse la persona en su domicilio, el funcionario o funcionaria, secretario o secretaria judicial, dejará constancia de esto y concurrirá por segunda vez en el término del tercer día, y si la encontrare procederá conforme el numeral uno, en caso contrario deberá proceder a notificar por medio de cédula.

Esta es una moción de consenso, paso la moción.

Gracias.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a votación la moción presentada por la diputada Irma Dávila Lazo, la moción es para modificar el artículo 148, referido a la notificación, el planteamiento está referido en el segundo inciso de este artículo en la tercera línea adicionar después de por segunda vez “en el término del tercer día” y continúa.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

73 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 13 diputados presentes sin votar. Se aprueba la moción presentada por la diputada Irma Dávila Lazo en torno al artículo 148 referido a la Notificación.

Observaciones al artículo 149.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 150.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 151.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 152.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 153.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 154.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 155.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 156.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 157.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 158.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 159.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 160.

No hay observaciones.

Procedemos entonces a la votación del Capítulo III, del Título VI, referido De las comunicaciones procesales, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 8 diputados presentes sin votar. Con ellos se aprueba el Capítulo III del Título VI.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo IV
Actos de Documentación

Art. 161 Fe pública judicial

1. El secretario o secretaria judicial ostenta la fe pública judicial, mediante la cual deja constancia oficial y fehaciente en el expediente de la realización de las actuaciones procesales.

2. El secretario o secretaria judicial será responsable de la recepción de escritos, documentos y recibos que les acompañen, así como de la producción de hechos con trascendencia procesal que determine este Código.

3. El secretario o secretaria judicial expedirá las copias, certificaciones y testimonios que determine este Código.

Art. 162 Documentación de actuaciones procesales no escritas

1. Las actuaciones orales en las audiencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. La grabación se efectuará bajo la supervisión del secretario o secretaria, a quien corresponderá la custodia de las cintas, discos o dispositivos en los que la grabación se hubiere efectuado. De estas actuaciones se levantará acta, que consignará:

a. Designación del juzgado o tribunal, lugar, fecha, hora y número del expediente al que corresponde.

b. El nombre de los intervinientes y constancia de inasistencia de quienes debieron estar diputados presentes sin votar, indicándose la causa de la ausencia si se conociera.

c. La relación sucinta de lo actuado en la audiencia.

d. Las constancias que la ley imponga para cada caso específico o que el juzgado o tribunal resuelva consignar.

2. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

3. Los juzgados y tribunales emplearán medios técnicos de documentación y archivo de sus actuaciones y de los escritos y documentos que recibieren, con las debidas garantías. También podrán emplear medios técnicos de seguimiento del estado de los procesos y de estadística relativa a éstos.

Art. 163 Recepción de documentos y libramiento de copias

Al secretario o secretaria judicial le corresponde:

1. Firmar la razón de recibido de los escritos, documentos y copias que se presenten, haciendo constar la hora y fecha de la presentación, la persona que lo haga y una descripción exacta de los documentos acompañados y el número de copias.

2. Dar a la parte o terceros legitimados, recibo de los escritos y documentos que presenten con expresión de la fecha y hora de presentación. También podrá hacerse constar la recepción de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte.

3. Entregar a los intervinientes copias simples de las actas de las actuaciones judiciales.

4. Librar copias certificadas a los interesados a su costa, de los folios y actuaciones no secretas, ni reservadas, con previo conocimiento de la parte contraria.

5. Concluido el proceso, librar copias certificadas de folios de un expediente, a la parte que lo solicite.

Art. 164 Formación y custodia del expediente

1. Se formará el expediente con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el proceso, los que se irán agregando sucesivamente en el orden de su presentación.

2. El secretario o secretaria judicial es responsable de la conservación y seguridad de los expedientes. Cuidará además, que la numeración sea sucesiva y sin intercalación de los folios, y que las actas que contengan actuaciones judiciales sean suscritas por la autoridad judicial y por quienes intervengan en ellas; dará fe de su contenido y cumplirá las demás obligaciones que la ley le señale.

3. Los expedientes se conservarán regularmente en el archivo judicial o en la secretaría del juzgado o tribunal durante la tramitación del proceso, y sólo podrán ser trasladados a lugar distinto en los casos previstos por la ley o por resolución de la autoridad judicial.

4. La custodia de los expedientes también corresponderá a los archiveros o archiveras, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y su reglamento.

Art. 165 Reposición de expedientes o actuaciones

1. El juzgado o tribunal donde por cualquier causa se mutile, destruya, pierda, sustraiga o se oculte el original de resoluciones o de otros actos procesales necesarios, será el competente para su reposición. Ésta se hará con las copias de escritos o de las grabaciones que estén en poder de las partes o del tribunal.

2. El procedimiento se iniciará de oficio o a petición de las partes o sus herederos o herederas.

3. A la solicitud se acompañarán, en cuanto fuese posible, las copias auténticas y privadas que se conserven de los documentos, y en otro caso, se señalarán los protocolos o registros en que obren sus matrices o se hubiere efectuado algún asiento o inscripción. También se adjuntarán las copias de los escritos presentados y las resoluciones de toda clase recaídas en el proceso, u otros documentos que pudieran ser útiles para la reposición.

4. La autoridad judicial, una vez oídas las partes en una audiencia que habrá convocado al efecto, y examinados los escritos y documentos presentados, determinará aquellos en los que haya habido acuerdo entre las partes y aquellos otros en que, prescindiendo de diferencias accidentales, haya disconformidad.

5. Cuando no existiera ninguna controversia sobre los escritos y documentos que afecte la reposición, la autoridad judicial dictará auto declarando repuesto el expediente o las actuaciones y fijará la situación procesal de la que deba partirse para el ulterior curso del proceso de que se trate.

6. De existir desacuerdo total o parcial, se propondrá la prueba que sea precisa, que se practicará en el mismo acto y si ello no fuera posible en el plazo de diez días. La autoridad judicial resolverá mediante auto la forma en que deben quedar repuestas las actuaciones, o la imposibilidad de su reposición, ordenando si lo considera necesario la renovación de los actos. La resolución será irrecurrible.

7. Si repuesto el expediente o actuación, apareciera el original, la reposición quedará sin efecto, sin afectar la sentencia en caso que se hubiera dictado.

Hasta aquí el Capítulo IV.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a discusión el Capítulo IV referido a los Actos de Documentación.

Observaciones al artículo 161.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 162.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 163.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 164.

No hay observaciones.

El diputado Zepeda, tiene observaciones para el artículo 164.

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ZEPEDA LÓPEZ:

Solamente una aclaración, porque quiero ver con la parte laboral, en el artículo 164 numeral 2, se determina que el secretario es el responsable de custodiar los archivos, pero en el numeral 4 se dice también que los archiveros; laboralmente hay dos personas que tienen la misma responsabilidad a la hora de una situación ¿Cómo se va a dilucidar ese problema?, más que todo como aclaración porque tiene que ver con aspectos laborales, a la hora llegada se puede sancionar a uno, siendo la responsabilidad de otro o viceversa, más que todo que me pudiera aclarar alguien de la comisión cómo se va resolver en ese caso.

Gracias, Presidenta.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pedimos una reacción al planteamiento que hizo el diputado profesor Zepeda.

Tiene la palabra la diputada María Auxiliadora Martínez.

DIPUTADA MARÍA AUXILIADORA MARTÍNEZ CORRALES:

Pediríamos que la Comisión Redactora de la Corte Suprema de Justicia, nos explique.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Hará uso de la palabra un miembro de la Comisión Redactora de la Corte Suprema de Justicia.

DOCTOR NORMAN SILVA, ASESOR DE LA COMISIÓN REDACTORA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSITICIA:

Buenos días a todas y a todos.

Específicamente son dos situaciones distintas, en la práctica se ha introducido el conocido modelo de gestión de despacho judicial, y durante la tramitación se presenta la siguiente situación. Se acarrean los expedientes de un archivo central todos los días, a la oficina de tramitación judicial donde el secretario hace su labor diaria. Entonces, durante el expediente permanece en manos del secretario, el secretario es el responsable de su resguardo y de su debido cuidado, pero luego regresa como todos los días, hacia el archivo central; de manera que son dos funcionarios distintos y son dos momentos en los cuales se deben de responsabilizar a personas distintas por la forma en cómo se realiza el trabajo.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Aclarada la inquietud o el planteamiento del profesor Zepeda.

Pedimos observaciones para el artículo 165.

No hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo IV, referido a los Actos de Documentación, este Capítulo corresponde al Título VI.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV, referido a los Actos de Documentación con todos sus artículos. En lo que corresponda a la Comisión de Estilo considerar las observaciones del profesor Zepeda, que hemos tomado nota.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ

Capítulo V
Despacho Ordinario

Art. 166 Despacho ordinario

1. Despacho ordinario es la gestión que los miembros de un juzgado o tribunal deben realizar para la tramitación ágil del proceso. A esos efectos, la secretaría dará cuenta al juez o jueza, magistrado o magistrada ponente:

a. De los escritos y documentos que presenten las partes, el mismo día o al siguiente hábil. Lo mismo hará respecto a las actas que se hubieren autorizado fuera de la audiencia.

b. Del transcurso de los plazos procesales y del consiguiente estado de los autos.

2. La autoridad judicial impulsará de oficio el proceso hasta su conclusión, salvo que la ley disponga otra cosa.

Art. 167 Suspensión del proceso por acuerdo de las partes

1. El proceso podrá suspenderse por acuerdo de las partes, que será aprobado por la autoridad judicial si procede conforme a lo dispuesto por este Código, siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días, incluida su prórroga.

2. Transcurrido el plazo por el que se acordó la suspensión, si ninguna de las partes solicita su prórroga, la autoridad judicial de oficio dentro de los dos días siguientes, ordenará el archivo provisional del expediente, el que permanecerá en tal situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de la instancia.

Art. 168 Funciones del magistrado o magistrada ponente

1. Para cada asunto que se tramite ante un tribunal, habrá un magistrado o magistrada ponente designada por la presidencia de la Sala, de acuerdo al orden de ingreso de las causas. La designación del ponente se hará constar en la primera resolución que se dicte y en su caso, el que le deba sustituir conforme al turno ya establecido y con expresión de las causas que motiven la sustitución.

2. En las circunscripciones donde se haya establecido el nuevo modelo de gestión de despacho, la designación del ponente se hará de forma aleatoria según el orden de ingreso.

3. La designación de ponente recaerá en todos los magistrados o magistradas, incluida la presidencia de la Sala.

4. Le corresponderá privativamente al ponente:

a. El despacho ordinario de los asuntos que le sean asignados;

b. Dar seguimiento a la tramitación de los asuntos.

c. Examinar la admisibilidad, pertinencia y utilidad de los medios de prueba propuestos por las partes.

d. Informar a la Sala de los recursos interpuestos contra sus decisiones.

e. Dictar y firmar las providencias de la Sala.

f. Redactar y proponer los autos y sentencias que dicte la Sala, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código referido a la redacción de las resoluciones de los tribunales.

Hasta aquí el Capítulo V del Título VI

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a discusión el Capítulo V, del Título VI referido a Despacho Ordinario.

Observaciones al artículo 166.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 167.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 168.

No hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo V, referido al Despacho Ordinario, este Capítulo corresponde al Título VI.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 11 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V referido al Despacho Ordinario, este Capítulo corresponde al Título VI.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo VI
Audiencias, preparación y desarrollo

Art. 169 Audiencias

1. Las audiencias en el proceso constituyen una fase de oralidad, que se desarrollará públicamente, bajo la dirección de la autoridad judicial de manera indelegable, bajo sanción de nulidad absoluta, comprometiendo su responsabilidad funcional. En ellas las partes harán sus alegaciones, práctica de pruebas y la sustanciación en general.

2. Las alegaciones a las que se refiere el numeral anterior, en ningún caso consistirán en la lectura de los escritos en que se formulen, previa advertencia de suspenderle el uso de la palabra, si continúa con esa práctica. Suspendido el uso de la palabra al infractor, se continuará con la audiencia.

3. La audiencia se podrá suspender o interrumpir por las causas establecidas en este Código. A estos efectos se entiende por suspensión, la no realización de la audiencia fijada, debiéndose convocar a nueva audiencia. Por interrupción se entenderá cuando iniciada una audiencia no pueda continuarse su celebración, debiendo señalarse en ese acto nueva fecha y hora para reanudarla. En este caso las actuaciones realizadas dentro de la audiencia hasta antes de su interrupción, serán plenamente válidas.

Art. 170 Fijación de las audiencias

1. Deberá el juez o jueza o la presidencia de Sala de los tribunales, fijar mediante providencia las audiencias, a medida que los procedimientos lleguen al estado en que deban celebrarse y por el orden respectivo. Entre el señalamiento y la celebración de la audiencia, deberán mediar al menos diez días hábiles.

2. Para la celebración de las audiencias se podrán emplear todas las horas hábiles del día, las que se realizarán en una o más sesiones.

Art. 171 Nuevo señalamiento de audiencia

1. Procederá el señalamiento de nueva audiencia, cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pudieran acudir las partes, el abogado o abogada que le asista o represente o los que hubieran sido convocados a la audiencia en el día señalado. En este caso, deberá el interesado avisar inmediatamente a la autoridad judicial, acreditando la causa que motive su solicitud de nuevo señalamiento.

2. Si fuese la o el testigo o la o el perito el que no pueda asistir a la audiencia por las causas referidas en el numeral anterior, deberá igualmente acreditarlas y avisar inmediatamente a la autoridad judicial.

3. En ambos casos, la autoridad judicial resolverá admitiendo o no la excusa. Si la admitiere, dejará sin efecto el señalamiento y fijará una nueva audiencia para la comparecencia requerida. En caso contrario, mantendrá el señalamiento de la audiencia, requiriéndoles a comparecer, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de uno a tres salarios mínimos mensuales.

4. Si la autoridad judicial aprecia que el solicitante ha pretendido retardar el proceso o procedido sin fundamento, le aplicará una multa de uno a tres salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de lo que resuelva sobre el nuevo señalamiento.

Art. 172 Celebración de las audiencias

1. La audiencia se iniciará por el juez o jueza o la presidencia de la Sala, declarando que procede a celebrarla públicamente; cuando deba celebrarse a puerta cerrada, lo hará motivadamente. El secretario o secretaria relacionará sucintamente los antecedentes del caso o cuestiones que hayan de tratarse.

2. Además de la autoridad judicial y el secretario o secretaria, las partes deberán comparecer asistidas de su abogado o abogada o a través de su apoderado o apoderada.

3. El tiempo de intervención en los debates no podrá exceder de treinta minutos, excepto si la complejidad del asunto lo requiera, en cuyo caso dicho período podrá aumentarse en otros treinta minutos como máximo. Las decisiones judiciales sobre el tiempo de los alegatos no serán recurribles, sin perjuicio de hacer constar la oportuna protesta.

4. Si se hubiera admitido prueba, se procederá a su práctica conforme a las normas que la regulan.

5. Las partes diputados presentes sin votar en la audiencia, se entenderán notificadas de las resoluciones que allí se hagan.

6. Una vez concluida la audiencia, se levantará la sesión y se dará por terminada, la cual quedará registrada conforme a lo dispuesto en este Código.

Art. 173 Dirección de los debates

Durante el desarrollo de las audiencias, corresponde al juez o jueza o la presidencia de Sala la dirección de los debates y, en particular:

1. Conceder intervención por su orden, a la parte actora y a la parte demandada, al o la recurrente y la o el recurrido en su caso, por medio de los abogados o abogadas que les asistan o representen, o las partes mismas, cuando la ley lo permita.

2. Mantener, con todos los medios a su alcance, el orden en las audiencias, exigiendo que los intervinientes y diputados presentes sin votar guarden el respeto y consideración debidos a los órganos jurisdiccionales y a quienes se hallen actuando ante ellos, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, del modo que se dispone en este Código.

3. Agilizar el desarrollo de las audiencias, a cuyo efecto llamará la atención del abogado o abogada o de la parte, que en sus intervenciones se separen notoriamente de las cuestiones que se debatan, instándoles a evitar divagaciones innecesarias, y si no atendiesen a la segunda advertencia que en tal sentido se les formule, podrá retirarles el uso de la palabra.

Art. 174 Suspensión de las audiencias

1. La celebración de las audiencias en el día señalado sólo podrá suspenderse:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por faltar el número de magistrados o magistradas necesarios o por indisposición sobrevenida del juez o jueza, secretario o secretaria, si estos no pudieran ser sustituidos.

c. Por solicitarlo las partes de común acuerdo, alegando justa causa a juicio de la autoridad judicial.

d. Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas, para ser interrogadas en la audiencia probatoria del proceso ordinario o en la audiencia del proceso sumario, siempre que tal imposibilidad, a juicio de la autoridad judicial sea justificada, y se hubiese producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento.

e. Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta de la parte o de su abogado o abogada, siempre que tal circunstancia se acredite ante la autoridad judicial y que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento.

f. Por tener el abogado o abogada dos señalamientos de audiencias para el mismo día, resultando imposible por el horario fijado, su asistencia a ambas, siempre que acredite suficientemente que intentó, sin resultado, un nuevo señalamiento que evitara la coincidencia.

g. En este caso, tendrá preferencia el proceso de una causa penal en la que exista prisión preventiva y, en defecto de esta actuación, la del señalamiento más antiguo; si los dos señalamientos fuesen de la misma fecha, se suspenderá la audiencia correspondiente al proceso más reciente.

h. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, las actuaciones orales no pudiesen ser registradas en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.

2. Toda suspensión que la autoridad judicial acuerde, se comunicará en el acto o inmediatamente, a las partes personadas y a quienes hubiesen sido citados judicialmente en calidad de testigos, peritos o en otra condición.

Art. 175 Nuevo señalamiento de las audiencias suspendidas

Cuando se acuerde la suspensión de la audiencia, se hará el nuevo señalamiento para el día inmediato posible, o tan pronto desaparezca el motivo que la ocasionó.

Art. 176 Cambios en el personal juzgador después del señalamiento de audiencias y posible recusación

1. Las partes serán notificadas por escrito de cualquier cambio del juez o jueza, magistrado o magistrada integrantes de la Sala, tan pronto como éste ocurra, con antelación suficiente y en todo caso, antes de dar inicio a la audiencia señalada, sin perjuicio de proceder a su celebración.

2. Si se recusare aunque sea verbalmente al juez o jueza, magistrado o magistrada sustitutos, se suspenderá la audiencia y se tramitará el incidente según disponga este Código y una vez resuelto se señalará nueva audiencia.

Art. 177 Interrupción de las audiencias.

1. Una vez iniciada la celebración de una audiencia, sólo podrá interrumpirse:

a. Cuando la autoridad judicial deba resolver alguna cuestión incidental que no pueda decidir en el acto, o cuando proceda la subsanación de defectos procesales alegados por las partes.

b. Cuando se deba practicar alguna diligencia de prueba fuera de la sede del juzgado o tribunal, y no pudiera verificarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión.

c. Cuando no comparezcan las o los testigos y las o los peritos citados judicialmente y el órgano jurisdiccional considere imprescindible la declaración o el informe de los mismos.

d. Cuando después de iniciada la audiencia, se produzca alguna de las circunstancias que habrían determinado la suspensión de su celebración.

2. La audiencia se reanudará una vez desaparecida la causa que motivó su interrupción, dentro de los veinte días siguientes, haciéndose el oportuno señalamiento para la fecha más inmediata posible.

Art. 178 Receso durante las audiencias.

La autoridad judicial podrá decidir sobre el receso de la audiencia cuando lo estimen necesario e indicarán su reanudación en un tiempo no mayor de treinta minutos.

Hasta aquí el Capítulo VI del Título VI.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a discusión el Capítulo VI del Título VI referido a las Audiencias, Preparación y Desarrollo.

Observaciones al artículo 169.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 170.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 171.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 172.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 173.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 174.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 175.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 176.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 177.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 178.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo VI del Título VI referido a las Audiencias, Preparación y Desarrollo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

76 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 12 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VI del Título VI.- Audiencias, Preparación y Desarrollo.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo VII
Votación y fallo de los litigios

Art. 179 Redacción y firma en los juzgados.

1. En los juzgados, la redacción y firma de la resolución, se realizará por el juez o jueza que haya celebrado la audiencia.

2. Cuando después de la audiencia, el juez o jueza que la hubiere celebrado, renuncia, cesa en el cargo o se imposibilite, de manera que no pueda dictar la resolución ni siquiera con la asistencia del Secretario o secretaria, se celebrará nueva audiencia presidida por el juez o jueza que lo sustituya.

Art. 180 Magistrados o magistradas a quienes corresponde resolver los Asuntos.

En los órganos colegiados el estudio, deliberación y adopción de sus decisiones, se realizará de forma colegiada. La deliberación será efectiva y no se limitará a la simple emisión del voto.

1. La deliberación y votación de las resoluciones, se realizará por los magistrados o magistradas que hayan asistido a la audiencia, aunque después de ésta hubieran dejado de ejercer sus funciones, en el tribunal que conoció del asunto.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el numeral anterior los magistrados o magistradas que, después de la audiencia:

a. Hubieren perdido la condición de magistrado o magistrada.

b. Estuvieren suspendidos del ejercicio de sus funciones.

c. Hayan accedido a cargo público o profesión incompatible con el ejercicio de la función jurisdiccional.

Art. 181 Información sobre el contenido de los expedientes.

El ponente tendrá a su disposición el expediente y los demás miembros de la Sala podrán examinarlo en cualquier tiempo. Cuando lo pidieren varios, fijará el orden y tiempo que cada uno de ellos ha de tenerlo, a fin de que no haya demora para que puedan dictarse las resoluciones dentro del plazo señalado para ello.

Art. 182 Momentos de la deliberación y votación.

1. En los órganos jurisdiccionales colegiados, se discutirán y votarán las resoluciones inmediatamente después de celebrada la audiencia, y cuando esto no sea posible, el presidente señalará el día y la hora en que se han de discutir y votar, dentro del plazo no mayor de diez días.

2. No podrá excusarse de intervenir en la discusión o acuerdo, ninguno de los magistrados o magistradas que hubiesen concurrido a la audiencia.

Art. 183 Forma de la discusión.

1. En los órganos jurisdiccionales colegiados, la discusión y votación de las sentencias, será dirigida por la presidencia y se verificará siempre a puerta cerrada.

2. El magistrado o magistrada ponente someterá a la deliberación de la Sala, los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de derecho, así como la decisión que a su juicio, deba recaer y previa la discusión necesaria, se procederá a la votación.

Art. 184 Votación de las sentencias.

1. La presidencia podrá acordar, que la votación tenga lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho, o sobre parte de la decisión que haya de dictarse.

2. Votará primero el ponente y después los restantes magistrados o magistradas.

3. Empezada la votación no podrá interrumpirse, sino por algún impedimento insuperable.

Art. 185 Imposibilidad del magistrado o magistrada después de la audiencia, para emitir el voto.

1. En caso de imposibilitarse algún magistrado o magistrada después de la audiencia, de suerte que no pueda asistir a la discusión y votación, emitirá su voto por escrito, fundado y firmado, y lo remitirá por conducto de secretaría a los restantes integrantes de la Sala. Si no pudiera escribir, se valdrá del secretario o la secretaria de Sala respectivo, quien además hará constar en la sentencia que el magistrado o magistrada votó, pero no puede firmar.

2. El voto así emitido, se computará con los demás y se conservará en el libro de votos.

3. Cuando el magistrado o magistrada imposibilitado no pudiere votar ni aun de aquel modo, si los restantes que hubieren asistido a la audiencia forman mayoría, decidirán el asunto. En caso contrario, se procederá a nueva audiencia, con asistencia de los que hubieran concurrido a la anterior y de aquél o aquéllos que deban sustituir a los imposibilitados hasta completar la Sala, de conformidad a este Código.

4. Lo dispuesto en el numeral anterior, se aplicará también cuando alguno de los magistrados o magistradas que participaron en la nueva audiencia, no pueda intervenir en la deliberación y votación, por hallarse en alguno de los supuestos anteriores.

Art. 186 Mayoría de votos.

En los órganos jurisdiccionales colegiados, los autos y sentencias se dictarán por mayoría de votos, los que estarán firmados aun por los que disientan o emitan voto particular.

Art. 187 Voto particular.

Todo magistrado o magistrada que tome parte en la votación, tiene derecho a disentir de la mayoría mediante voto motivado, expresándolo al momento de la votación o de la firma.

1. El voto particular con la firma del autor, se copiará literalmente a continuación del fallo mayoritario en el libro de votos y se incorporará íntegramente a la sentencia.

2. También podrá formularse voto particular de los autos; éstos no se copiarán en el libro de votos.

3. El voto particular, también podrá emitirse por separado de la sentencia en el plazo establecido para dictarse ésta; si el magistrado o magistrada no lo hace, se incorporará cuando lo presente únicamente en el libro de votos.

Art. 188 Discordias.

1. Cuando en la votación de una resolución no se obtenga mayoría de votos, sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse, volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes.

2. En los casos en que no se haya realizado audiencia, si no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolverá mediante nueva votación, con los magistrados o magistradas discordantes más el número necesario de magistrados o magistradas de otra Sala. Si la Sala en discordia estuviera integrada con un número impar de miembros, se integrará con dos magistrados o magistradas más de otra Sala; y si estuviera integrada por número par se llamará a integrarla con tres magistrados o magistradas más de otra Sala, para lograr resolver la discordia.

3. Cuando en la votación de una resolución en la forma prevista en el numeral anterior, no se reuniere tampoco mayoría sobre los puntos discordados, se procederá a nueva votación, sometiendo a ésta sólo las dos opiniones que hayan obtenido mayor número de votos en la precedente.

4. La decisión será votada por los discordantes y los dirimentes, produciéndose el fallo con la mayoría de votos de sus miembros.

Art. 189 Redacción de las resoluciones en los órganos jurisdiccionales colegiados.

1. En los órganos jurisdiccionales colegiados, corresponderá al ponente la redacción de las resoluciones que se hayan sometido a discusión, conforme lo acordado.

2. Cuando el ponente no estuviera de acuerdo con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular. En este caso, el presidente encomendará la redacción a otro magistrado o magistrada y dispondrá lo necesario para reordenar el turno de las ponencias.

Art. 190 Libro de Votos.

Los tribunales llevarán un libro de votos formado con la parte resolutiva de la sentencia y los votos particulares cuando hubiere disentimiento. El libro de votos constará de trescientos folios sellados, rubricados y numerados en orden sucesivo, iniciándose con el acta de apertura y concluyéndose con el acta de cierre, ambas firmadas y selladas por la presidencia y secretario o secretaria de Sala. Los folios se empastarán para formar el libro.

Hasta aquí el Capítulo VII del Título VI.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a discusión el Capítulo VII del Título VI referido a la Votación y fallo de los litigios.

Observaciones al artículo 179.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 180.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 181.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 182.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 183.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 184.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 185.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 186.

Diputado Wilfredo Navarro, tiene la palabra.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

En el artículo 186 habla de la mayoría de votos y dice que: “En los órganos jurisdiccionales colegiados, los autos y sentencias se dictarán por mayoría de votos, los que estarán firmados aun por los que disientan o emitan voto particular”. Pero pregunto: ¿En el caso de que un magistrado que disienta o no quiera firmar, no se establece que la falta de su firma no afecta la resolución? Me parece que debiera de decir: “aun por los que disienten, y cuando la falta de su firma no afectará el resultado de la sentencia, porque ahí se deja como que es obligatoria la firma de los que disienten y si el que disiente no firma, no se dice si afecta o no afecta el resultado de la sentencia. Ese es el punto que quisiera que me aclararan o habría que agregarle algo al artículo diciendo que la falta de no firma no afecta la votación.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Pedimos reacción al planteamiento expuesto del diputado Navarro.

Diputada Irma Dávila, tiene la palabra.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Gracias, Presidenta.

Pedimos que le ceda la palabra a cualquiera de los integrantes de la Comisión Técnica Redactora para que dé su criterio en relación al planteamiento del diputado Navarro.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Los integrantes de la Comisión Técnica.

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA:

Resulta que un magistrado pudo haber participado en las deliberaciones en la audiencia…

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Pedimos al diputado Navarro repita la consideración.

TERCER SECRETARIO, WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

La pregunta es esta: En el artículo 186 habla de la mayoría de votos y dice que: “…los autos y sentencias se dictarán por mayoría de votos…” de eso estamos claros, lo que creo y tengo mis dudas es que debiera de completarse el artículo cuando dice: “… los que estarán firmados aun por los que disienten…” ahí es mi punto: ¿si el que disiente no quiere firmar, entonces qué pasa? Ahí debiera de decir: los que estarán firmados aun por los que disienten: la falta de su firma no afectará el resultado de la sentencia o algo, porque ahí queda como una nebulosa en cuanto a los que no firman, porque yo puedo como magistrado decir: no lo firmo, o agarro el libro, lo tengo ahí y no lo firmo y ahí pasa siglos y eso pasa en las Salas normalmente.

Entonces, hay que decir que si no firma no afecta y se sigue el trámite, pero ahí están diciendo que la ley obliga que firmen aun los que disienten ¿Y si no firma el magistrado, qué pasa? Habría que ponerle: Y la falta de su firma no afectará el dictamen o el fallo o lo que fuere. Pero eso es cuestión de corrección de estilo también, no hay necesidad de hacer mociones.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Pedimos al diputado que presente moción para que la vean con la Comisión.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Diputada Irma Dávila, tiene la palabra.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Gracias, compañera Presidenta.

Tenemos una moción de consenso para el artículo 186, se adicionará a ese artículo lo siguiente: “La no firma de un magistrado disidente en el plazo establecido en el presente Código para emitir Sentencia no afecta la validez de la Sentencia tomada por mayoría”.

Pasamos la moción.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a votación la moción presentada al artículo 186, referido a la Mayoría de Votos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención 10 diputados presentes sin votar. Se aprueba la moción presentada al artículo 186, sobre la Mayoría de Votos.

Observaciones al artículo 187.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 188.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 189.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 190.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo VII del Título VI. Votación y fallo de los litigios y la moción ya aprobada que modifica el artículo 186.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VII del Título VI.- Votación y fallo de los litigios.

PRIMERA SECRETARIA ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo VIII
Clases de resoluciones judiciales

Art. 191 Providencias, autos y sentencias.

1. Las resoluciones de la autoridad judicial se denominará providencias, autos y sentencias.

2. Mediante providencias se ordenará el impulso procesal, siempre que el tema resuelto no exija motivación y no afecte los derechos fundamentales de las partes. En todo caso se citará el fundamento de derecho aplicable.

3. Adoptará la forma de auto, toda resolución motivada y fundada que decida sobre recursos contra providencias, sobre admisión o inadmisión de demanda, de reconvención y de acumulación de pretensiones y procesos, sobre presupuestos procesales, admisión o inadmisión de la prueba, medidas cautelares, nulidad o validez de las actuaciones y cualesquiera cuestiones incidentales, tengan o no señalada en este Código tramitación especial. También revestirán la forma de auto, las resoluciones que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso, antes que concluya su tramitación ordinaria.

4. Adoptará la forma de sentencia la resolución que ponga fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en este Código. También se resolverán mediante sentencia, la renuncia, la aprobación judicial de transacciones y convenios, los recursos extraordinarios y otros medios de impugnación.

Art. 192 Resoluciones definitivas.

Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera y a la segunda instancia.

Art. 193 Resoluciones firmes.

Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, o porque estando previsto, transcurrió el plazo legalmente fijado, sin que ninguna de las partes lo haya presentado; o porque habiéndolo presentado, desistiera el recurrente, o porque no hubiera sido admitido.

Art. 194. Ejecutoria.

El secretario o secretaria judicial o de Sala de los tribunales colegiados, certificará la sentencia o resolución firme, denominándola ejecutoria, insertando además las anteriores sentencias o resoluciones cuando la complementen, así como la constancia de las notificaciones.

Hasta aquí el Capítulo VIII, Título VI.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a discusión el Capítulo VIII, Clases de resoluciones judiciales.

Observaciones al artículo 191.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 192.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 193.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 194.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo VIII, Título VI. Clases de resoluciones judiciales.
Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VIII, Título VI. Clases de resoluciones judiciales, con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo IX
Requisitos generales de las resoluciones

Art. 195 Requisitos generales.

1. Todas las resoluciones incluirán la indicación de la autoridad judicial que las dicte, la mención del lugar, fecha y hora en que se emitan, nombre del juez o jueza, magistrados o magistradas que lo integran, su firma o firmas y el nombre del ponente.

2. En la resolución se indicará si cabe algún recurso contra ella, con expresión del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir, así como la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.

3. No perjudicará al recurrente el error de la autoridad judicial en la indicación a las partes del derecho a impugnar una resolución, del plazo y de la autoridad ante la que se deberá ejercer el derecho; tampoco le perjudicará la admisión incorrecta de un recurso. En estos casos el recurrente podrá nuevamente hacer uso de su derecho, conforme lo dispuesto en este Código.

Art. 196 Requisitos formales de las providencias.

1. Las providencias se limitarán a expresar lo que por ellas se mande. Cuando la autoridad judicial lo considere conveniente, incluirá una motivación sucinta. En todo caso, se expresará el fundamento de derecho aplicable.

2. En el caso de providencias dictadas por órganos colegiados, bastará con la firma del ponente o presidencia en su caso.

Art. 197 Requisitos formales de los autos.

1. Los autos serán siempre motivados y fundados, conteniendo en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo.

2. Los autos que deban emitirse durante el desarrollo de las audiencias se dictarán oralmente; el secretario o secretaria en el acta, hará una breve relación de la motivación y fundamentación que de los mismos se hiciera, asegurándose que de los hechos y razones jurídicas que los han motivado, ha quedado constancia en la grabación.

Art. 198 Requisitos formales de las sentencias.

1. Las sentencias se dictarán en nombre de la República de Nicaragua, serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo.

2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará a los siguientes requisitos formales:

a. La designación del juzgado o tribunal y la mención de lugar, fecha y hora en que se dicte.

b. Deberán expresarse los nombres de las partes, estado civil, su domicilio, profesión u oficio, y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados o abogadas que las hayan asistido o representado y el objeto del proceso.

c. En los antecedentes de hecho, se consignarán con la claridad y la concisión posible y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden, que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso.

d. Los fundamentos de derecho expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas constitucionales, demás normas jurídicas aplicables al caso, incluyendo los tratados internacionales ratificados por Nicaragua cuando fuere procedente.

e. El fallo contendrá numerados los pronunciamientos correspondientes a cada una de las pretensiones de las partes, así como sobre las costas. También determinará la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación.

3. Al finalizar la audiencia probatoria del proceso ordinario o la audiencia del proceso sumario, el juez o jueza, magistrados o magistradas podrán emitir el fallo en forma oral, dictando posteriormente la sentencia conforme este Código.

Hasta aquí el Capítulo IX.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a discusión el Capítulo IX. Requisitos generales de las resoluciones.

Observaciones al artículo 195.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 196.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 197.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 198.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo IX. Requisitos generales de las resoluciones, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IX, Título VI. Requisitos generales de las resoluciones, con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA AZUCENA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo X
Requisitos internos de la sentencia

Art. 199 Claridad, precisión y exhaustividad.

1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.

2. La autoridad judicial sin apartarse de la causa de pedir, los supuestos de hecho y fundamentos de derecho alegados en cada caso particular, resolverá conforme a las normas jurídicas pertinentes o aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por las partes.

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, la autoridad judicial hará con la debida separación, el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

Art. 200 Valoración sobre la distribución de la carga probatoria.

Cuando al tiempo de dictar sentencia la autoridad judicial considere dudosos algunos hechos relevantes para la decisión, desestimarán las pretensiones de la parte actora o de la parte reconviniente, o de la parte demandada o reconvenida, según corresponda a uno u otro la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y que fundamenten las pretensiones, con arreglo a lo dispuesto en este Código para la distribución de la carga probatoria.

Art. 201 Motivación.

1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.

2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del proceso, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón.

Art. 202 Congruencia.

1. Las sentencias deben ser congruentes con las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el proceso.

2. Las sentencias contendrán los pronunciamientos que deriven de las pretensiones declarativas, de condena o constitutivas, deducidas por las partes y que hayan sido objeto de debate.

Art. 203 Sentencias con reserva de liquidación.

1. Cuando se reclame en el proceso el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, siempre a pedimento de la parte actora en su demanda, la sentencia declarará el derecho al pago y la condena al mismo, estableciendo el importe exacto de las cantidades respectivas, sin perjuicio de las meras operaciones aritméticas que sean necesarias en ejecución de sentencia.

2. En los casos a que se refiere el numeral anterior, la sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que se efectuará en la ejecución.

Art. 204 Condena al pago de intereses o de prestaciones periódicas.

Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, se podrá instar en la demanda la condena a los que se devenguen con posterioridad al momento en que se presentó, y la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los que se devenguen después de dictada y hasta su total ejecución.

Hasta aquí el Capítulo X, Título VI.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a discusión el Capítulo X, Título VI. Requisitos internos de la sentencia.

Observaciones al artículo 199.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 200.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 201.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 202.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 203.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 204.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo X, Título VI. Requisitos internos de la sentencia, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo X, Título VI. Requisitos internos de la sentencia, con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo XI
Plazos

Art. 205 Plazo para dictar las resoluciones judiciales.

1. Las providencias, los autos y las sentencias serán dictados dentro del plazo que este Código establezca en cada proceso.

2. La inobservancia del plazo mediando justa causa, se hará constar en la resolución.

3. Cuando las autoridades judiciales no dicten sus resoluciones en los plazos fijados en este Código, salvo causa justificada, incurrirán en responsabilidad civil y disciplinaria de conformidad con la Ley.

Art. 206 Publicación, archivo y registro de resoluciones.

1. Las resoluciones definitivas que pongan fin al proceso, una vez extendidas y firmadas por la autoridad judicial que la hubiere dictado, serán notificadas, dándoseles publicidad en la forma permitida u ordenada por la Constitución Política y las leyes, remitiéndose el expediente al archivo correspondiente.

2. Cuando el expediente deba ser regresado al juzgado o tribunal de origen, los secretarios o secretarias incorporarán en el expediente, certificación literal de las sentencias y demás resoluciones definitivas.

3. Los juzgados y tribunales llevarán un libro de sentencia, formado con una copia fiel de cada una de las sentencias definitivas y autos de igual carácter, firmadas por el juez, jueza o presidencia de la Sala y el o la secretaria autorizante. El libro de sentencias constará de trescientos folios sellados, rubricados y numerados en orden sucesivo, iniciándose con el acta de apertura y concluyéndose con el acta de cierre, ambas firmadas y selladas por el por el juez, jueza o presidencia de la Sala y el o la secretaria respectiva. Los folios se empastarán para formar el libro.

4. En los tribunales además del libro de sentencias, se llevará un libro de votos bajo la custodia de la secretaría de la Sala, que contendrá los que se hubieren formulado, incluidos los votos particulares.

Art. 207 Invariabilidad de las resoluciones.

La autoridad judicial no podrá variar las resoluciones que pronuncie después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro, rectificar cualquier error material manifiesto y los aritméticos, así como salvar las omisiones.

Art. 208 Aclaración y corrección de las resoluciones.

1. Las aclaraciones de conceptos oscuros, podrán hacerse de oficio dentro de los tres días de dictada o notificada la resolución; la parte podrá solicitarlas dentro del mismo plazo a partir de su notificación, debiendo resolverse mediante auto dentro de los tres días siguientes de presentada la solicitud.

2. La rectificación de errores materiales manifiestos y los aritméticos contenidos en las resoluciones judiciales, podrá hacerse en cualquier momento, incluso de oficio.

3. Contra estas resoluciones no cabe recurso alguno.

Art. 209 Omisión y subsanación de resoluciones.

1. Las omisiones en sentencias que fuere necesario subsanar para llevarlas plenamente a efecto, se harán mediante sentencia; si la omisión se produjo al dictarse un auto, se subsanará mediante auto. En ambos casos, la subsanación se hará en los mismos plazos y procedimiento establecido en el artículo anterior. Contra la sentencia o auto que subsane la omisión no cabrá recurso alguno.

2. Cuando mediante auto se deniegue la subsanación de la omisión de las resoluciones judiciales no cabrá recurso alguno.

3. Si se hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, a solicitud de parte la autoridad judicial mediante sentencia, resolverá lo que estime procedente. La solicitud se hará por escrito, en el plazo de tres días a partir del día siguiente de notificada la resolución, acompañando las copias respectivas. De dicha solicitud se oirá a la parte contraria, para que dentro de tercero día presente alegaciones por escrito y con lo que conteste o no, se resolverá lo procedente dentro de tercero día.

4. Si la autoridad judicial advirtiese las omisiones a que se refiere el numeral anterior, podrá de oficio dentro de tercero día de haber sido dictada y autorizada, antes de su notificación, subsanar su omisión mediante sentencia, pero sin modificar, ni rectificar lo que hubiere resuelto.

5. Contra la sentencia o auto a que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal relativa a la subsanación, cabrán los recursos que procedan. Los plazos para estos recursos, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla.

Art. 210 Cosa juzgada.

1. La cosa juzgada de las sentencias firmes excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a la compensación y a la nulidad del negocio jurídico en que se funde la demanda.

3. No integra la cosa juzgada y se consideran hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularan.

4. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo referido a la legitimación para la defensa de derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.

5. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso, vinculará al tribunal de un proceso posterior, si fuera su antecedente lógico por tratarse del mismo objeto o conexo con el mismo, siempre que las y los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellas y ellos por disposición legal.

6. La cosa juzgada es eficaz frente a terceros, aunque no hubieran litigado en las cuestiones relativas al estado civil de las personas y en las de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias. Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieran litigado.

7. A los efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos aducidos en un proceso, se considerarán los mismos que los alegados en otro proceso anterior, si hubieran podido alegarse en éste.

Hasta aquí el Capítulo XI.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

En este momento vamos a pedirles para continuar la sesión un momentito, acaba de hacerse presente el Presidente, el ingeniero René Núñez, y queremos darle la más cordial bienvenida.

Pedimos a nuestro Presidente unas palabras, y por favor se acerque al pódium.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TELLEZ:

Buenos días.

Tengo recomendado medicamente no hablar todavía, pero no puedo venir aquí, donde ustedes mudo, quería saludarlos y darles un abrazo, agradecerles el apoyo que me dieron y que sentí que en los momentos más críticos de mi enfermedad. Agradecerle lógicamente a Dios, que siempre estuvo conmigo, a mi madre y a sus rezos, a mi esposa y a mi hija que estuvieron junto conmigo físicamente, también en los instantes difíciles, a mis hijos, mis nietos, por los cuales quería vivir también, a mis hermanos y hermanos; al comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra y a la compañera Rosario Murillo, quienes estuvieron desde el comienzo conmigo y estuvieron pendiente permanente de la evolución de mi enfermedad, algo que nunca podré olvidar.

A los compañeros y compañeras que escribieron, que dieron oraciones privadas y públicas, que rezaron, a todos ellos mis agradecimientos. También mi agradecimiento especial al Cardenal de la Paz, Monseñor Obando a quien encontré en Costa Rica, previo a mi operación y me dio sus rezos y sus bendiciones, a Monseñor Cardenal Brenes, quien también estuvo con sus oraciones pendientes de mi salud; a Monseñor Bosco Vivas, Obispo de León y a Monseñor Selva quienes fueron el 7 de diciembre expresamente a la casa de mi madre a rezar junto con ella por mi salud.

A todos aquellos y aquellas que me escribieron, que me apoyaron y que me han hecho vivir, también al equipo médico de Costa Rica, que fue un equipo excelente y que dedicó un tiempo y una atención especial a mi caso. A las enfermeras, los enfermeros, a las personas comunes de Costa Rica, donde nos alojamos, quienes fueron siempre muy amables con nosotros, muy amistosos, a los trabajadores de la Asamblea Nacional, al periodismo, a todos los compañeros y compañeras, si alguien se me ha olvidado, disculpa pero la emoción que siento de estar con ustedes hoy de nuevo, después que efectivamente me sentía perdido.

Creo que vale la pena haber venido hoy, aun cuando no estoy autorizado medicamente hacerlo, para verlos, para saludarlos y para decirles que tienen un hermano y que los quiero a todos.

Gracias, compañeros.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Después del gran regocijo que nos ocasionó la llegada de nuestro Presidente, vamos a continuar esta sesión pidiéndoles a ustedes que procedamos a la discusión del Capítulo XI, Título VI, referido a los Plazos.

Pedimos observaciones por tanto al artículo 205.

No hay observaciones.

Para el artículo 206.

No hay observaciones.

Para el artículo 207.

No hay observaciones.

Para el artículo 208.

Tampoco hay observaciones.

Para el artículo 209.

Tampoco hay observaciones.

Para el artículo 210.

Tampoco hay observaciones.

Procedamos entonces a la votación del Capítulo XI, del Título VI, referido a los Plazos.

Se abre la votación.

Se va cerrar la votación.

Se cierra.

86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo XI, del Título VI del Código Procesal Civil.

Se suspende esta sesión y reanudamos de cara a lo que tenemos planificado, agradeciendo a los compañeros de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados y el equipo técnico por su asistencia a esta sesión.

Muchas gracias.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA DIEZ DE FEBRERO DEL 2015. CON CITA A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA).

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados y diputadas al Orden del Día Nº.1, para la continuación de la discusión del Punto 3.5: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA, mismo que fue aprobado hasta el artículo 210.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Saludamos la presencia de la Comisión Técnica Redactora de la Corte Suprema de Justicia que nos acompañan en esta mañana en la continuidad del proceso de discusión y aprobación del Código Procesal Civil de Nicaragua. También saludamos la presencia de los asesores de la Comisión de Justicia.

Gracias.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo XII
Nulidad de los actos procesales

Art. 211 Principio de legalidad y trascendencia de la nulidad

1. Las autoridades judiciales garantizarán la estabilidad de los procesos, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal.

2. La nulidad de la actuación procesal no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto, alguna formalidad esencial para su validez, causando perjuicio a las partes; cuando se atente contra el orden público o se viole el principio de legítima defensa.

Art. 212 Clases

El incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales, dará lugar a su nulidad absoluta o a su nulidad relativa o anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.

Art. 213 Causas de nulidad absoluta

Los actos procesales serán nulos absolutos en los casos siguientes:

1. Cuando se produzcan por o ante juzgado o tribunal, con falta de competencia objetiva o funcional.

2. Cuando se produzcan con falta de competencia territorial, fijada imperativamente.

3. Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.

4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa, se haya producido indefensión.

5. Cuando se realicen sin intervención de abogado o abogada, en los casos en que este Código la establezca como obligatoria.

6. Cuando se produzca fraude procesal en contra del funcionario o funcionaria.

7. En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen.

Art. 214 Nulidad relativa o anulabilidad

1. Los actos procesales que contengan irregularidades, que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin, serán anulables a instancia de parte y siempre que no sea posible subsanarlos.

2. Si la parte a quien interese no impugna un acto anulable, quedará valido una vez que la respectiva resolución obtenga carácter de firme.

3. Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido, sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.

Art. 215 Vías procesales para la reclamación de la nulidad absoluta y relativa o anulabilidad

1. La nulidad absoluta de los actos procesales podrá alegarse en cualquier momento y en cualquier instancia a solicitud de parte, y se hará valer por medio de los recursos establecidos en este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad judicial podrá decretar de oficio la nulidad.

2. En los casos de nulidad relativa o anulabilidad, las partes en la primera oportunidad que tuvieren, y antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, podrán promover por medio de los recursos establecidos en este Código, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.

3. Promovido un recurso, en ningún caso podrá la autoridad judicial, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en el mismo, salvo que apreciara causas de nulidad absoluta.

Art. 216 Efectos de la nulidad absoluta

Si se estimara la nulidad absoluta, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado, y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. Si se desestimara la solicitud de dicha nulidad, se condenará en costas a la parte solicitante.

Art. 217 Actuaciones con intimidación o violencia

1. Cuando la autoridad judicial hubiere actuado bajo intimidación o violencia, tan luego como se vea libre de ella, declarará nulo absolutamente todo lo practicado y promoverá causa penal contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Público.

2. También se declararán nulos absolutamente las actuaciones de las partes, o de personas que intervengan en el proceso, si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia. La nulidad se extenderá a todas las demás actuaciones relacionadas o que pudieran haberse visto condicionadas o influidas sustancialmente por la actuación nula.

Art. 218 Efectos de la nulidad relativa o anulabilidad

1. La nulidad relativa de una actuación procesal, no implicará la de las sucesivas que fueran independientes de aquélla, ni de las que no alteren su contenido aunque la actuación se declare nula.

2. Cuando la nulidad relativa no afecte la totalidad de una actuación procesal, la declaración respectiva alcanzará únicamente a la parte de dicha actuación que estuviera afectada por aquélla.

Hasta aquí el Capítulo XII del Título VI

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión el Capítulo XII, Nulidad de los actos procesales, Título VI.

Observaciones al artículo 211.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 212.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 213.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 214.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 215.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 216.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 217.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 218.

No hay observaciones.

Procedamos a la votación del Capítulo XII del Título VI con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 12 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo XII referido a la Nulidad de los actos procesales.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo XIII
Costas y multas

Art. 219 Las costas

Por costas se entenderán los honorarios y gastos necesarios para iniciar, tramitar y concluir un proceso.

Art. 220 Integración de las costas

1. Las costas estarán integradas por:

a. Honorarios de los abogados o abogadas por su asistencia o representación.

b. Honorarios de las y los peritos y otros gastos que deban realizarse por intervención de otras personas en el proceso.

c. Inserción de anuncios o edictos, que obligatoriamente deban publicarse durante el proceso.

d. Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos, que hayan de solicitarse conforme la ley, salvo los que se reclamen por la autoridad judicial.

e. Derechos arancelarios que deban pagarse, como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.

2. Las y los peritos y otras personas que hayan intervenido en el proceso, podrán reclamar sus honorarios y gastos de la parte o partes que deban satisfacerlos, sin esperar que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga.

3. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente conste que se causaron, en la medida de su comprobación.

Art. 221 Responsabilidad del pago

1. Cada parte será directamente responsable de las costas del proceso que se ocasionen, por las actuaciones que lleve a cabo y por las que pida, debiendo anticiparlas cuando así lo establezca este Código.

2. Cuando una de las partes fuere condenada en costas, indemnizará a la otra de todos los gastos necesarios que hubiera hecho, conforme este Código y la ley. En ningún caso estas indemnizaciones excederán del veinticinco por ciento del valor de lo litigado.

3. Quedan a salvo del pago de costas quienes gocen del beneficio de asistencia jurídica gratuita

Art. 222 Condena al pago de costas

1. Las costas de la primera instancia, se impondrán a la parte a quien se le hayan rechazado todas sus pretensiones. En este caso, el reintegro de las costas se deberá desde que haya sentencia firme de cualquier instancia.

2. Cuando hubiere vencimiento recíproco, cada parte estará obligada al pago de las costas de la contraria y en este caso, procederá la compensación. Mientras no estén liquidadas las costas de ambas partes, no podrá procederse a su ejecución.

3. Si fuera parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia, y proporcionalmente las que sean comunes.

4. Las costas de la segunda instancia y de la casación, deberán ser reintegradas por la parte que recurrió, siempre que la sentencia recurrida adquiera firmeza en todos sus términos, ya sea por confirmación, desistimiento, o renuncia al recurso.

5. En los incidentes, las costas se impondrán a la parte perdidosa, pudiendo la autoridad judicial exonerarlas cuando se trate de cuestiones dudosas de derecho. La liquidación de estas costas se hará al finalizar el proceso. A quien corresponda recibir el pago de las costas, podrá solicitar la liquidación antes de terminar el proceso, en cuyo caso se tramitará en pieza separada.

6. Las costas de las medidas cautelares, serán reintegradas en la misma forma que se dispone para el pago de las costas en primera instancia, del respectivo proceso principal.

7. En los procesos de ejecución, la parte ejecutada reintegrará las costas a la parte ejecutante. Si la ejecución resultare desestimada por no corresponder jurídicamente, la parte que solicitó la ejecución reintegrará las costas a su contraparte.

8. La autoridad judicial podrá apartarse prudentemente y de manera fundada de las reglas precedentes, y eximir el pago de las costas cuando estimaren que la parte perdidosa no había litigado con malicia, dolo, ni fraude, o considere que ha tenido motivos racionales para litigar.

9. Las costas proceden contra las municipalidades, entes autónomos descentralizados, empresas del Estado y demás establecimientos públicos, pero no se impondrán a la Procuraduría General de la República en los procesos en que intervenga como parte, según la ley.

10. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas legalmente, ni las partidas enumeradas en la solicitud, que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el proceso.

11. Tampoco se incluirán en la tasación, las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal.

Art. 223 En caso de transacción, desistimiento y allanamiento

1. Cuando las partes transaren el litigio o una parte desistiere con la aceptación de su contraparte, éstas establecerán cómo distribuir las costas. Si no lo hicieren, cada una de ellas cargará con las propias.

2. Si la parte demandada se allanare a la demanda, en la contestación o antes de la audiencia, con la aceptación de su contraparte, no procederá la imposición de costas, salvo que el juzgado, razonándolo debidamente, aprecie su procedencia.

3. Podrá condenarse en costas y otros gastos a la parte actora, cuando la parte demandada hubiese efectuado un allanamiento parcial y la sentencia sólo acoja la demanda de dicha parte.

4. Cuando el desistimiento o allanamiento se produjera después de la contestación de la demanda o antes de la audiencia, sin conformidad de las partes, quien desista o se allane, reintegrará las costas, a su contraparte.

5. Si el proceso terminara por desistimiento de la parte actora, no aceptado por la parte demandada, aquél será condenado a las costas.

Art. 224 Tasación de costas

Tasación de las costas en un proceso es el cálculo que se efectúa para darle valor a la retribución a que tienen derecho las y los abogados asistentes o apoderados de las partes, las y los peritos y otras personas cuya intervención hubiese sido necesaria. La tasación incluirá los otros gastos hechos por las partes o sus apoderados, ocasionados durante el proceso.

Art.225 Solicitud de tasación de costas

1. Una vez firme la sentencia que ponga fin al proceso en que se hubiese impuesto la condena, la parte interesada podrá solicitar la tasación de costas, presentando con la solicitud los comprobantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame.

2. También las y los abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el proceso y que tengan algún crédito contra las partes, que deba ser incluido en la tasación de costas, podrán presentar en la secretaría del juzgado o tribunal, una relación o enumeración detallada de sus derechos u honorarios y una cuenta pormenorizada y justificada de los gastos que hubiesen suplido.

Art. 226 Competencia

En todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas le corresponde a la secretaria o secretario judicial respectivo, sujetándose a las disposiciones de este Código.

Art. 227 Tramitación de la tasación de costas

1. Hecha la solicitud de tasación, la secretaria o secretario judicial respectivo procederá a tasarlas dentro de tres días, y una vez notificadas las partes, podrán impugnar ante el juzgado o tribunal dicha tasación en el plazo común de cinco días.

2. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, quedando a salvo el derecho del interesado para reclamarla de quien y como corresponda.

Art. 228 Motivos de impugnación de la tasación de costas

1. La tasación de costas podrá ser impugnada basándose en los siguientes motivos:

a. Por haberse incluido en la tasación, partidas, derechos o gastos indebidos.

b. Por no haberse incluido en la tasación, gastos debidamente justificados y reclamados.

c. Por exceso en el monto de los honorarios profesionales de las y los abogados y peritos.

d. Por no haberse incluido la totalidad de la minuta de los honorarios de la y el abogado, perito o funcionario que hubiese actuado en el proceso a su instancia.

2. En el escrito de impugnación deberán mencionarse las cuentas o detalles enumerados, y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta. De no efectuarse dicha mención, no se dará trámite a la impugnación.

Art. 229 Impugnación de la tasación de costas

1. Cuando sea impugnada la tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos u honorarios indebidos, o por no haberse incluido en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados, se convocará a las partes a una audiencia, y con lo que digan las partes, las autoridades judiciales resolverán mediante auto.

2. Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de las y los abogados o peritos, se mandará a oír a las partes en el plazo de cinco días.

La secretaria y el secretario judicial, a la vista de lo actuado y de lo alegado, mantendrá la tasación realizada, o introducirá las modificaciones que deban hacerse, remitiéndosela a las autoridades judiciales para que resuelvan lo que proceda mediante auto, en un plazo de tres días.

La autoridad judicial resolverá pudiendo reducir el importe de los honorarios de las y los abogados o peritos que hayan intervenido, cuando los reclamados excedan del límite fijado por la ley. Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán al impugnante las costas del incidente. Si fuere totalmente estimada, se impondrán a la y el abogado o perito cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos.

3. Cuando se alegue que es indebida alguna partida de honorarios de las y los abogados o peritos, incluida en la tasación de costas y que, en caso de no ser indebida sea excesiva, se tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas en los numerales anteriores; pero la resolución sobre el exceso de honorarios quedará en suspenso hasta que se decida si la partida impugnada es o no debida.

4. Contra lo que resuelva el juzgado o tribunal no cabrá recurso alguno.

Art. 230 Multas

Por multa se entenderá, la sanción económica que consiste en la obligación de pagar la suma de dinero ordenada por la autoridad judicial en su resolución.

1. Las multas a que se refiere este Código, se pagarán en el término de tres días, depositando la suma en la cuenta corriente de la Corte Suprema de Justicia; el correspondiente comprobante de pago se presentará al judicial respectivo, a fin de agregarse al expediente judicial.

2. Cuando se establezcan multas referidas a salarios mínimos, será el establecido oficialmente para el Gobierno Central y Municipal.

Hasta aquí el Capítulo XIII.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión el Capítulo XIII, Costas y multas, Título VI.

Observaciones al artículo 219.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 220.

No hay observaciones

Observaciones al artículo 221.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 222.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 223.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 224.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 225.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 226.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 228.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 229.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 230.

No hay observaciones.

Procedamos a la votación del Capítulo XIII, Costas y multas del Título VI, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 12 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo XIII referido a Costas y multas del Título VI.

Se levanta esta sesión ordinaria y reanudamos en el programa que está establecido para pasar a continuación a la Sesión Especial de Conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del Coronel del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional Santos López.

Agradecemos la presencia de la Comisión Técnica Redactora de la Corte Suprema de Justicia y los asesores de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, por acompañarnos en la discusión y aprobación del Código Procesal Civil de Nicaragua.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL 2015, CON CITA A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA)

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados, siempre en el Orden del Día N°.1. PUNTO III DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS, al Punto 3.5: para la continuación de discusión en lo particular del CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA, mismo que fue aprobado hasta el artículo 230, concluyendo el Libro Primero e iniciamos entonces el Libro Segundo, el día de hoy.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Saludamos la presencia de los Magistrados: Ileana Pérez, Gerardo Arce, doctor Norman Silva, doctor Roberto Borge, doctora Perla Arróliga, doctora Amanda Castellón, doctora Belda Cárcamo, doctora Adilia Cáceres y la doctora Candelaria Norori; lo mismo que asesores de los Magistrados.

Bienvenidos todos a esta sesión.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

LIBRO SEGUNDO
LA PRUEBA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Finalidad de la prueba

Art. 231 Iniciativa y finalidad de la prueba

1. Las pruebas sólo se practicarán a instancia de parte. A través de los medios de prueba, las partes acreditarán las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convencerán a la autoridad judicial de la verdad o certeza de un hecho, o lo verificarán como cierto a los efectos del proceso.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior, es sin perjuicio de lo dispuesto en los procesos en los que se tutelen derechos o intereses públicos.

Art. 232 Deber de comparecencia de las partes y terceros

1. La parte citada para responder al interrogatorio, tiene el deber de comparecer al proceso, debiendo advertírsele que por su incomparecencia injustificada se le impondrá una multa de uno a tres salarios mínimos.

2. Las y los testigos o peritos citados, deberán comparecer a las audiencias en donde se haya de practicar la prueba admitida. La infracción de este deber se sancionará con multa de uno a tres salarios mínimos, salvo que concurra excusa alegada previamente y aceptada por la autoridad judicial. Cuando un testigo o perito no compareciera a la audiencia en que se deba practicar la prueba, la autoridad judicial oirá a las partes que hubiesen comparecido, y decidirá si la audiencia ha de interrumpirse o deba continuar.

Art. 233 Incumplimiento de práctica de prueba

Cuando por causa de la parte no se pudiera realizar en tiempo y forma una prueba admitida, ésta será sancionada por la autoridad judicial con multa de uno a tres salarios mínimos, salvo que desistiese de practicar dicha prueba si él la hubiese propuesto o que pudiera justificar la ausencia de responsabilidad, en cuyo caso se practicará la prueba en las diligencias finales.

Hasta aquí el Capítulo I.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo I. Título I del Libro Segundo.

Observaciones al artículo 231.

Diputado Carlos Langrand.

DIPUTADO CARLOS JAVIER LANGRAND:

Gracias, Presidente.

Permítame saludar su reincorporación a este Poder del Estado, también expresarle que esperamos que este año, pueda igualmente atender todas las sesiones de este Parlamento. Seguidamente, quiero que me permita solicitarle respetuosamente a todos los colegas y miembros de este Poder del Estado, a que haciendo eco, que hace veinticinco años todos los nicaragüenses, indistintamente de los partidos políticos que militábamos, si pertenecíamos a cual o determinado gobierno, se celebra hoy, veinticinco años después, el día que los nicaragüenses decidimos dejar atrás nuestras diferencias, la guerra fratricida y conducir a mejores destinos el país, a través de la lucha cívica.

Ese 25 de febrero de 1990, hoy cumplimos veinticinco años; y que mejor tributo a Nicaragua, a los nicaragüenses que perdieron su vida en uno u otro bando, a los miles de nicaragüenses que hoy aún viven en el exilio, darles un aplauso, darles un reconocimiento, a que las diferencias podemos dirimirlas precisamente a través de los cauces que la democracia nos enseña. Esta construcción por esta Nicaragua, señor Presidente, veinticinco años después, aún continúa con sus desafíos, y yo creo que la Asamblea Legislativa juega un rol muy importante. Así es que respetuosamente, les pido a los colegas que les demos un aplauso a los nicaragüenses que decidimos enterrar las armas y darle una oportunidad a Nicaragua.

Gracias, señor Presidente

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A la solicitud de Langrand, yo solamente quiero agregar lo siguiente: que aplaudamos también, que es la primera vez en la historia de Nicaragua que se entrega el poder a través de unas elecciones y no a través de una guerra civil; aplaudamos ese gesto democrático de Nicaragua.

Continuamos.

Observaciones al artículo 231.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 232.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 233

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo I, Título I del Libro Segundo

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I, Título I del Libro Segundo.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo II
Objeto de la Prueba

Art. 234 Hechos y derecho

1. La prueba recaerá sobre los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso.

2. Los usos y costumbres serán objeto igualmente de prueba, salvo que las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y que sus normas no afecten al orden público.

3. El derecho extranjero podrá ser también objeto de prueba. La parte que lo invoque debe realizar los actos destinados a acreditar su existencia, en cuyo caso deberá probar su contenido y vigencia.

Art. 235 Exención de la prueba

Están exentos de prueba:

1. Los hechos no controvertidos, sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, o que a juicio de la autoridad judicial, pudiera haber dolo o fraude procesal.

2. Los hechos que sean de notoriedad absoluta y general.

3. El derecho nacional y los tratados internacionales aplicables en Nicaragua.

4. Los hechos presumidos por la ley, salvo reserva legal del derecho de probar

Art. 236 Requisitos generales de admisión de la prueba

La prueba debe de ser lícita, pertinente, útil y necesaria. La prueba será admitida siempre y cuando:

1. Se obtenga u origine sin vulneración de los derechos fundamentales y garantías procesales establecidos en la Constitución Política, en los convenios relativos a derechos humanos aplicables en Nicaragua y en este Código.

2. Cumpla con los requisitos específicos referidos a la proposición y admisión de cada medio probatorio, establecidos en este Código.

3. Sea pertinente y procedente. Serán pertinentes las pruebas que guarden relación con el objeto del proceso. Serán procedentes las pruebas necesarias.

4. Sea útil. Serán pruebas útiles aquellas que razonablemente contribuyan a esclarecer los hechos controvertidos.

Art. 237 Prueba ilícita. Efectos

1. Se considerará prueba ilícita aquella que en su obtención u origen, no cumpla con lo dispuesto en el numeral 1), del artículo anterior.

2. También se considerará prueba ilícita, la que no cumpla en su proposición y admisión con los requisitos exigidos en el numeral 2), del artículo anterior.

3. La prueba ilícita aunque hubiese sido incorporada al proceso, admitida y practicada en su caso, carecerá de eficacia probatoria.

4. Carecerán de eficacia probatoria, los actos o hechos que sean consecuencia de aquellos que fueron obtenidos de manera ilegal, y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos; todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información.

Art. 238 Alegación de la prueba ilícita

Cuando alguna de las partes alegare la ilicitud de una prueba, expresará y fundamentará de forma clara y precisa en qué consiste dicha ilicitud, pudiendo si lo considerara necesario, ofrecer prueba. Dicha alegación habrá de hacerla en los siguientes momentos:

En la audiencia inicial del proceso ordinario o al inicio de la audiencia del proceso sumario.

1. Celebrada la audiencia inicial y antes de que se realice la audiencia probatoria del proceso ordinario, por escrito con los mismos requisitos expresados al inicio de este artículo.

2. En cualquier momento de la audiencia probatoria del proceso ordinario, antes de su finalización.

Art. 239 Debate y resolución de la prueba ilícita

1. Es facultad de la autoridad judicial de declarar de oficio la ilicitud de una prueba específica, en los momentos señalados en el artículo anterior.

2. En el proceso ordinario, el debate y resolución de la prueba ilícita, se efectuará en la audiencia inicial si en la misma se alegare, o en la probatoria en los casos del numeral 2) y 3) del artículo anterior.

En el caso del proceso sumario, el debate y resolución de la prueba ilícita se realizará en la audiencia del mismo. En ambos casos se oirá a las partes y se practicarán las pruebas pertinentes y útiles que se propongan, sobre el extremo concreto de la ilicitud.

3. Desestimada la ilicitud del medio de prueba, la autoridad judicial la admitirá mediante auto y se procederá a su práctica, en su caso. Si se estima la ilicitud de la prueba, se excluirá de la práctica, aunque hubiese sido admitida y si ya se hubiese practicado no deberá ser valorada al momento de dictar sentencia.

4. Contra el auto que resuelva la ilicitud alegada, sólo cabrá pedir en el acto su reposición, y si ésta fuere denegada, cabrá recurso de apelación diferida, previa protesta en el acto.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo II.

Observaciones al artículo 234.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 235.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 236.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 237.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 238.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 239.

Diputado Mauricio Montealegre.

DIPUTADO MAURICIO MONTEALEGRE ZEPEDA:

Gracias, Presidente.

En el artículo 239, se refiere en el inciso 2 (al final), o en probatoria en los casos del numeral 2) y 3) del artículo anterior. El artículo anterior solo tiene numeral 1) y 2), probablemente se refiere al 237.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Me estaba asegurando el Asesor Jurídico, de que este es un asunto de estilo, porque todos los numerales se van a eliminar para adoptarlos al formato que usa la Corte Suprema de Justicia.

Entonces, pasamos a la votación del Capítulo II.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II, con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo III
Carga de la Prueba

Art. 240 Distribución de la carga probatoria

1. Corresponde a la parte actora y la parte demandada reconviniente, la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención.

2. Incumbe a la parte demandada y la parte actora reconvenida, la carga de probar los hechos, que conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior.

3. Cuando en el momento de dictar sentencia o resolución definitiva, la autoridad judicial considerara dudosos los hechos relevantes para su decisión, desestimará las pretensiones de la parte actora, reconviniente, demandada o reconvenida, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos, que fundamentando sus pretensiones permanezcan inciertos.

4. Las normas contenidas en los numerales precedentes, se aplicarán siempre que una disposición legal expresa de este Código u otra ley, no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.

5. Para la aplicación de lo dispuesto en los numerales anteriores de este artículo, la autoridad judicial deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.

Hasta aquí el Capítulo III del Título I, Libro Segundo.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo III.

Observaciones al artículo 240.

No hay observaciones.

A votación el artículo 240.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III, con su único artículo.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo IV
Proposición y admisión

Art. 241 Proposición de prueba

1. Siendo necesaria la práctica de la prueba, las partes en la demanda o contestación, propondrán los medios de prueba, indicando separadamente qué hechos pretenden demostrar con los mismos y que en su opinión deben ser practicados.

2. Igualmente indicarán la identidad y el domicilio de las personas que han de ser citadas, para la práctica de cada medio de prueba.

3. Cuando las partes no dispusieran de algunos datos relativos a las personas en el momento de proponer la prueba, podrán aportarlos al juzgado con antelación suficiente a su práctica.

4. La autoridad judicial procurará que un simple defecto de forma en la proposición de un medio probatorio, no deje sin efecto la petición, si se deduce claramente su propósito.

Art. 242 Trámite de admisión de la prueba

1. La autoridad judicial resolverá motivadamente en la audiencia inicial del proceso ordinario y en la audiencia del proceso sumario, mediante auto, sobre la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas y fijará el lugar, fecha y hora de comienzo de la audiencia probatoria.

2. La motivación del auto de admisión de medios de prueba, conllevará necesariamente el juicio sobre la licitud, pertinencia, necesidad y utilidad de aquellos.

3. La denegación del recibimiento del proceso a prueba, o la no admisión de un medio de prueba, será recurrible oralmente de reposición, que se sustanciará y resolverá de forma inmediata en la audiencia. Si se desestimara dicho recurso, la parte perjudicada podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en el recurso de apelación, que contra la sentencia definitiva se pueda interponer.

4. La admisión de la prueba será irrecurrible.

Hasta aquí el Capítulo IV del Título I, Libro Segundo.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo IV.

Observaciones al artículo 241.

Diputada Venancia Ibarra.

No hay observación.

Observaciones al artículo 242.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo IV.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 presentes. Se aprueba el Capítulo IV con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo V
Procedimiento probatorio general

Art. 243 Práctica de la prueba

1. Todas las pruebas deben ser practicadas en audiencia pública, sujeta al principio de contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en este Código, salvo disposición especial en contrario.

2. Será imprescindible la presencia y dirección judicial en la práctica de las pruebas, no pudiéndose delegar ni en la secretaria o secretario judicial, ni en ninguna otra funcionaria o funcionario, bajo sanción de nulidad absoluta.

3. No obstante lo dicho en el numeral anterior, ante la secretaria o secretario judicial se llevará a cabo la presentación de documentos, la aportación de otros medios o instrumentos probatorios y la formación de cuerpos de escritura, que dictará la secretaria o secretario judicial para el cotejo de letras.

4. La autoridad judicial examinará por sí misma la prueba documental, los informes y dictámenes escritos y cualesquiera otros medios o instrumentos que se aportaran, para poder tenerlos en cuenta a la hora de formar su convicción.

5. La autoridad judicial velará porque la práctica de los medios de prueba en las audiencias probatorias, no afecten a la moral, ni a las buenas costumbres.

6. Las partes y las abogadas o abogados que les asistan o representen, tendrán en las actuaciones de prueba, la intervención que autorice este Código, según el medio de prueba de que se trate.

Art. 244 Práctica de prueba fuera de la audiencia probatoria

Todas las pruebas se practicarán bajo el respeto absoluto del principio de unidad de acto; no obstante podrán practicarse de manera excepcional, antes del inicio del proceso y antes de la audiencia probatoria. En este caso, la autoridad judicial señalará mediante providencia, lugar, fecha y hora de la audiencia en que ha de practicarse la prueba, con al menos cinco días de antelación a su realización.

Art. 245 Práctica de la prueba fuera de la sede del juzgado

La prueba se practicará siempre en la sede del juzgado. Si excepcionalmente no fuere posible, se determinará y notificará el lugar en que se llevará a cabo, citando a las partes con al menos cinco días de antelación.

Hasta aquí el Capítulo V.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo V.

Observaciones al artículo 243.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 244.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 245.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo V, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V, con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo VI
Anticipación y aseguramiento de la prueba

Art. 246 Supuestos de anticipación de la prueba

1. Antes de iniciar cualquier proceso, la futura parte demandante podrá solicitar la práctica anticipada de prueba, cuando se dieran razones de urgencia o existiera temor fundado de que, por causa de las personas o por el estado de las cosas, su práctica no pueda realizarse en el momento procesal ordinario. La solicitud se dirigirá al juzgado que se considere competente para el conocimiento de la pretensión principal, que examinará de oficio su propia jurisdicción y competencia.

2. Iniciado el proceso y antes de la audiencia probatoria, cualquiera de las partes podrá solicitar la práctica anticipada de prueba, en los casos a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 247 Proposición y práctica de prueba anticipada antes del proceso

1. Cuando se solicite practicar la prueba anticipada antes del inicio del proceso, el solicitante designará la persona o personas a las que se proponga demandar, que serán citadas, con al menos cinco días de antelación, para que puedan intervenir en la práctica de prueba.

2. Si la autoridad judicial estimare fundada la petición, accederá a ella y se practicará la prueba conforme a lo dispuesto en este Código, para cada medio probatorio.

3. No se otorgará valor probatorio a lo actuado, si la demanda no se interpusiere en el plazo de treinta días desde que la prueba anticipada se practicó, salvo que se acreditare que por fuerza mayor o caso fortuito, no pudo iniciarse el proceso dentro de dicho plazo.

4. La prueba anticipada será incorporada en la audiencia probatoria, mediante su lectura.

5. En el caso de la prueba anticipada una vez iniciado el proceso, se procederá de la forma prevista en la práctica de la prueba fuera de la audiencia probatoria.

Art. 248 Custodia de los resultados de la prueba anticipada

1. Los documentos y demás piezas de convicción en que consistan las pruebas anticipadas, o que se obtengan como consecuencia de su práctica, así como los materiales que puedan reflejar fielmente las actuaciones probatorias realizadas y sus resultados, quedarán bajo la custodia de la secretaria, secretario o la persona responsable del archivo que corresponda, hasta que se interponga la demanda.

2. La demanda será conocida en definitiva, por la misma autoridad judicial que acordó la prueba anticipada.

Art. 249 Medidas de aseguramiento de la prueba

1. Antes de la iniciación de cualquier proceso, el que pretenda iniciarlo podrá pedir a la autoridad judicial que adopte las medidas de aseguramiento que resulten adecuadas, para evitar que por conductas humanas o acontecimientos naturales, se puedan destruir o alterar objetos materiales o estado de cosas, y resulte imposible en su momento practicar una prueba relevante, o carezca de sentido proponerla. La solicitud se dirigirá, a través de la oficina de distribución de causas o la secretaría del juzgado que se considere competente para el conocimiento de la pretensión principal.

2. Durante la tramitación del proceso, cualquiera de las partes podrá solicitar la adopción de dichas medidas, en los casos a que se refiere el párrafo anterior.

3. Las medidas consistirán en las disposiciones que a juicio de la autoridad judicial, permitan conservar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y características. Para los fines de aseguramiento de la prueba, podrán también dirigirse mandatos de hacer o no hacer, incurriendo en responsabilidad penal quien los infrinja.

Art. 250 Requisitos para ordenar el aseguramiento de la prueba

1. Sólo se accederá a la adopción de medidas para asegurar la prueba, cuando ésta aparezca como posible, pertinente y útil al tiempo de presentar la solicitud, y haya motivos para temer que de no adoptarse las medidas de aseguramiento, puede resultar imposible en el futuro la práctica de dicha prueba.

2. La medida de aseguramiento, cuando se plantee con anterioridad a la iniciación del proceso, perderá toda eficacia y la prueba no podrá ser utilizada en el proceso, si la demanda no se interpusiere en el plazo de treinta días desde la adopción de la medida, salvo que se acreditara que por fuerza mayor o caso fortuito, no pudo iniciarse el proceso dentro de dicho plazo.

Hasta aquí el Capítulo VI.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo VI.

Observaciones al artículo 246.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 247.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 248.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 249.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 250.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo VI, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VI, con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo VII
Valoración

Art. 251 Valoración de la prueba

1. La valoración de la prueba en el proceso civil, deberá ser motivada de manera clara, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico.

2. La valoración de la prueba se hará de manera conjunta, señalando cada uno de los medios de prueba, mediante los cuales se dieren por probados cada uno de los hechos de manera clara y terminante, que constituyen el fundamento de la sentencia, bajo sanción de nulidad absoluta.

Hasta aquí el Capítulo VII.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo VII.

Observaciones al artículo 251.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo VII.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VII, y con él se aprueba el Título I del Libro Segundo.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

TÍTULO II
MEDIOS DE PRUEBA

Capítulo I
Tipos y orden de aplicación

Art. 252 Medios de prueba

1. En el proceso civil son medios de prueba admisibles, entre otros, los siguientes:

a. Interrogatorio de las partes.

b. Documentos públicos.

c. Documentos privados.

d. Medios técnicos de filmación y grabación.

e. Medios técnicos de archivo y reproducción.

f. Testifical.

g. Pericial.

h. Reconocimiento judicial.

i. Presunciones legales.

2. Cuando exista una fuente de prueba que deba incorporarse al proceso civil y ninguno de los medios indicados anteriormente sea idóneo para ello, la autoridad judicial, a instancia de parte, adaptará la prueba al medio de prueba apropiado, de manera que se pueda lograr la finalidad que se pretende, y lo admitirá para su práctica, que se ejecutará y valorará conforme a las normas generales.

Art. 253 Orden de práctica de los medios de prueba

1. Los medios de prueba se practicarán en la audiencia probatoria del proceso ordinario o en la audiencia del proceso sumario, en el orden solicitado por la parte, cuando no perjudique el desarrollo de la audiencia o menoscabe la intervención de la parte contraria.

2. A falta de señalamiento, se acordará la práctica de la prueba en el siguiente orden:

a. Interrogatorio de las partes.

b. Interrogatorio de testigos.

c. Pericial.

d. Reconocimiento judicial.

e. Documentos públicos o privados.

f. Medios técnicos de filmación y grabación.

g. Medios técnicos de archivo y reproducción

Cuando alguna de las pruebas admitidas no pueda practicarse en la audiencia, ésta no se verá interrumpida, sino que continuará para la práctica de las restantes, ordenadamente, sin perjuicio a lo establecido en el presente Código.

Hasta aquí el Capítulo I del Título II, Libro Segundo.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo I, Título II

Observaciones al artículo 252.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 253.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo I.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I, con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo II
Interrogatorio de las partes

Art. 254 Procedencia

1. Una parte puede solicitar a la autoridad judicial el interrogatorio de las demás partes del proceso civil, sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del proceso.

2. El interrogatorio también podrá ser solicitado por un colitigante respecto de otro, siempre y cuando exista oposición o conflicto de intereses entre ambos en ese proceso.

3. Cuando la parte legitimada que actúa en el proceso no sea el sujeto de la relación jurídica controvertida o el titular del derecho discutido, se podrá solicitar el interrogatorio de dicho sujeto o titular.

Cuando una persona sujeta a guarda, hubiese sido autorizada por su guardador para algún acto o contrato, podrá ser interrogada sobre aspectos relativos a dicho acto o contrato que guarden relación con el objeto del proceso.

Art. 255 Preguntas y contenido

1. Las preguntas del interrogatorio se formularán oralmente y de manera concreta, clara y precisa.

2. Las preguntas no podrán incluir valoraciones, ni calificaciones; en caso contrario se tendrán por no realizadas.

Art. 256 Objeción de preguntas

La parte que deba responder al interrogatorio o su abogada o abogado, podrá objetar oralmente en el acto, la admisibilidad de las preguntas y hacer notar a la autoridad judicial las valoraciones y calificaciones que, contenidas en las preguntas, sean improcedentes y deban tenerse por no realizadas.

Art. 257 Facultades del juzgado e intervención de abogado

1. La autoridad judicial admitirá únicamente las preguntas que se formulen de acuerdo a lo establecido en este Código y que se refieran a hechos controvertidos. La admisión de las preguntas se realizará en el mismo acto en que se lleve a cabo el interrogatorio.

2. Durante el interrogatorio cruzado, la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, rechazará las preguntas capciosas, oscuras, sugestivas, ambiguas, impertinentes o inútiles, así como las que no cumplan los requisitos legalmente previstos.

3. Cuando la o el declarante o abogado que le asista o represente, haya objetado una pregunta, la autoridad judicial resolverá lo que proceda antes de otorgar la palabra para responder.

4. Cuando no sea preceptiva la intervención de abogada o abogado, las partes con el permiso de la autoridad judicial, podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que sean convenientes, para la determinación de los hechos relevantes en el proceso. En este caso la autoridad judicial cuidará que no se interrumpan, rechazará las intervenciones que sean impertinentes o inútiles, y podrá interrogar a la parte llamada a declarar conforme lo dispone este Código.

Art. 258 Práctica del interrogatorio

1. El desarrollo del interrogatorio seguirá las pautas siguientes:

a. La parte, abogada o abogado que le asista o represente, que haya solicitado la prueba preguntará a la persona interrogada, de manera que ésta pueda contestar adecuadamente.

b. Una vez respondidas las preguntas formuladas por quien solicitó la prueba, las y los abogados que asistan o representen a las demás partes y el de aquella que declarare, podrán por este orden, formular al declarante nuevas preguntas que se consideren conducentes para determinar los hechos.

c. También podrá interrogar la autoridad judicial a la parte llamada a declarar, con la finalidad de obtener aclaraciones y adiciones sobre los hechos declarados.

Cuando sobre unos mismos hechos controvertidos, deban declarar las partes o terceras personas vinculadas a ellas, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que puedan comunicarse y conocer previamente el contenido de las preguntas y las respuestas.

Art. 259 Modo de responder al interrogatorio

La parte interrogada deberá:

1. Contestar a todas las preguntas que la autoridad judicial admita, respondiendo con claridad, precisión y sin interrupciones.

2. Responder por sí misma, sin servirse de ningún apunte o borrador de respuestas; pero se le permitirá consultar en el acto sus libros, documentos y notas o apuntes, cuando a juicio de la autoridad judicial sean convenientes para auxiliar su memoria.

3. Dar respuestas categóricas en sentido afirmativo o negativo, cuando las preguntas se hayan formulado en ese sentido; sin perjuicio de ulteriores precisiones y explicaciones que la persona interrogada estime conveniente dar y que guarden relación con las cuestiones planteadas.

4. En el caso de las personas cuya discapacidad les impida oír o hablar, se seguirá el procedimiento establecido en este Código, en el artículo referido al idioma.

Art. 260 Declaración sobre hechos no personales del interrogado

1. Cuando alguna pregunta se refiera a hechos que no sean personales de la persona interrogada, éste responderá de la forma prevista en este Código, según conozca de tales hechos, debiendo razonar su respuesta.

2. No obstante, podrá proponer que conteste también a la pregunta, un tercero que tenga conocimiento personal de los hechos por su relación con ellos, aceptando las consecuencias de su declaración.

3. Esta sustitución en la o el declarante, deberá ser aceptada por la parte que hubiese propuesto el interrogatorio. De no darse tal aceptación, la o el declarante podrá solicitar que ese tercero sea interrogado en calidad de testigo, decidiendo la autoridad judicial lo que sea procedente.

Art. 261 Interrogatorio a representante de persona jurídica

1. Cuando el interrogatorio sea dirigido a personas jurídicas, se citará a la o el representante legal, gerente o administrador que esté en el ejercicio de su función, interrogándole en lo relativo a actos y contratos en los que haya intervenido. Cuando el interrogatorio esté dirigido a un ente sin personalidad, se citará a quien hubiese contratado en su nombre o a quienes la gestionen.

2. Si la persona citada no hubiese intervenido en los hechos objeto del proceso, deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial tal circunstancia, en la audiencia inicial del proceso ordinario, o previamente a la audiencia del proceso sumario, y facilitará la identidad de la persona que intervino en nombre de la persona jurídica o entidad para que sea citada en calidad de testigo, si ya no estuviera vinculado con la persona jurídica o ente sin personalidad.

Art. 262. Interrogatorio fuera de la sede del despacho judicial

1. A petición de parte o de oficio, en caso de que por causa de enfermedad o de otras circunstancias especiales, quien deba declarar no pueda comparecer al juzgado, podrá constituirse la autoridad judicial en el domicilio de la persona declarante, o donde se encontrare para recibir la declaración, en presencia de la secretaria o secretario y bajo el principio de contradicción.

2. Si se acredita que se encuentra en peligro la vida de la persona a interrogar, o concurriera cualquier otra circunstancia excepcional que amerite la no presencia de la parte contraria, podrá la autoridad judicial en presencia de la secretaria o secretario, recibir la declaración, en el lugar donde aquel se encontrara, conforme el pliego de preguntas que deberá presentar la parte proponente, si son consideradas admisibles.

3. En estos casos, la secretaria o secretario judicial extenderá acta suficientemente circunstanciada de las respuestas, que podrá leer por sí misma la persona que haya declarado. Si no supiere, no pudiere o no quisiere hacerlo, le será leída por la secretaria o secretario y la autoridad judicial preguntará a la o el declarante si tiene algo que agregar o variar, extendiéndose a continuación lo que manifestare. Seguidamente, firmarán las y los asistentes, la o el declarante si puede, dando fe la secretaria o secretario judicial.

4. De ser posible, se grabará en soporte adecuado el interrogatorio, dejando constancia de lo que manifestare quien haya declarado.

5. Las preguntas y las respuestas serán leídas o escuchadas en la audiencia probatoria, pudiendo las demás partes dar su opinión al respecto.

Art. 263 Interrogatorio por medio de auxilio judicial

1. Cuando la parte que deba responder al interrogatorio, acredite que reside fuera de la sede del juzgado y que por razón de la distancia, dificultad del desplazamiento, circunstancias personales o por cualquier otra causa de análogas características, le sea imposible o muy gravosa su comparecencia, podrá ser interrogada a petición de parte por vía de auxilio judicial.

2. En tales casos se acompañará al exhorto una relación de preguntas previamente admitidas por la autoridad judicial, formuladas por la parte proponente del interrogatorio, si ésta lo hubiera solicitado, por no poder concurrir al acto del interrogatorio.

Art. 264 Interrogatorio a representante del Estado u organismo público

1. Cuando sea parte en un proceso el Estado o cualquier organismo público, cuyos funcionarios o funcionarias gocen de inmunidad y la autoridad judicial admita el interrogatorio, sin esperar a la audiencia en que se practique la prueba, se les remitirán las preguntas consideradas pertinentes, para que sean contestadas por escrito por quienes hayan participado en los hechos objeto del proceso, debiéndolas entregar al juzgado antes de la audiencia en que se practique la prueba.

2. En la audiencia en que se practique la prueba serán leídas las respuestas. Cuando la parte proponente plantee preguntas complementarias, una vez admitidas por la autoridad judicial, serán respondidas por la representación procesal del Estado u organismo público.

3. Si dicha representación justificara no poder responder, se remitirán las preguntas complementarias para que sean respondidas por escrito, a los efectos de la apelación en su caso.

Art. 265 Prohibición de reiterar el interrogatorio de las partes

1. No procederá el interrogatorio de las partes o terceras personas, cuando verse sobre los mismos hechos que hayan sido objeto de declaración por las mismas.

2. La declaración de parte es irrevocable. Cualquier rectificación que por el mismo

3. declarante se haga se tendrá por no realizada, salvo que por otros medios probatorios

4. se pueda demostrar que hubo error, intimidación o violencia.

Art. 266 Valoración

1. Si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en las sentencias se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales, si en ellos intervino personalmente y dicha certeza le es enteramente perjudicial.

2. La autoridad judicial valorará las declaraciones de las partes y de las terceras personas vinculadas a ellas, de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo II.

Observaciones al artículo 254.

Diputada Juana Molina, ¿no?

Observaciones al artículo 255.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 256.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 257

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 258.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 259.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 260.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 261.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 262.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 263.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 264.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 265.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 266.

No hay observaciones.
A votación el Capítulo II.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II Interrogatorio de las partes con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo III
Documentos

Art. 267 Clases de documentos

Los documentos pueden ser públicos o privados.

1. Documentos públicos son los autorizados por las y los funcionarios judiciales, notarios o funcionarios públicos competentes, siempre que se cumplan las solemnidades requeridas por la ley.

2. Documentos privados son los realizados sin intervención de las y los funcionarios judiciales, notarios o funcionarios competentes. La protocolización, exhibición, legalización o certificación de un documento privado no lo convierte en público.

Art. 268 Documentos públicos expedidos por autoridades

Son documentos públicos a efectos de prueba en el proceso:

1. Las ejecutorias, testimonios y certificaciones de las actuaciones procesales, que expidan las secretarias o secretarios judiciales.

2. Los otorgados ante o por las y los notarios públicos, según la ley de la materia.

3. Los otorgados ante las y los funcionarios o empleados públicos legalmente facultados para dar fe, en ejercicio de sus atribuciones.

4. Los emitidos por las y los profesionales, a quienes en virtud de la ley se les haya atribuido fe pública en asuntos de su competencia, con los requisitos exigidos legalmente.

5. Las certificaciones expedidas por las y los registradores conforme la ley.

6. Los que con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de la administración pública o de otras entidades de derecho público, sean expedidos por las y los funcionarios legalmente facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de los órganos en donde ejercen sus funciones.

7. Las ordenanzas, estatutos y reglamentos para sociedades, comunidades o asociaciones, siempre que estuvieren aprobados por autoridad pública.

Art.269 Presentación de documentos públicos. Reglas

1. Los documentos públicos se aportarán al proceso en original o por testimonio, copia fotostática autenticada, certificación fehaciente, o copia simple, si no se hubiere impugnado su autenticidad.

2. Si el testimonio que se pida o mandara agregar de oficio, fuere solamente de una parte del documento y la o el colitigante o cualquiera de los interesados solicita que se agreguen otras partes del mismo instrumento, éstas se adicionarán al testimonio. Esta adición se hará a expensas del que la pidiere, sin perjuicio de lo que el juzgado disponga respecto a la condena en costas. El testimonio o certificación fehaciente de sólo una parte de un documento, no hará prueba mientras no se complete con las adiciones que solicite la o el litigante a quien pueda perjudicarle.

3. En el caso que el original del documento público se encuentre en un expediente, protocolo, archivo o registro público, se presentará copia certificada, o se designará aquél donde se encuentre.

4. Tendrán fuerza probatoria los documentos administrativos a los que las leyes otorguen el carácter de públicos y que no se encuentren señalados como tales, en este Código. En consecuencia se tendrán por ciertos los hechos, actos o estado de cosas que consten en los mismos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado.

Art. 270 Impugnación y cotejo

1. En caso que se impugne la autenticidad o exactitud de un documento público, se procederá a cotejar éste con los originales.

2. El cotejo o comprobación de los documentos públicos, se hará por la autoridad judicial, quien deberá constituirse en el archivo o local donde se halle el original o matriz. A este acto se citará a las partes y sus abogadas o abogados, por si quisieran asistir.

3. Cuando del cotejo o comprobación resulte la autenticidad o exactitud del documento, las costas y gastos que se hayan originado por ello, serán exclusivamente a cargo de quien lo impugnó. Si la autoridad judicial considera que la impugnación ha sido maliciosa, podrá imponerle además, una multa de uno a tres salarios mínimos.

Art. 271 Documentos públicos no susceptibles de cotejo o comprobación

1. Harán prueba en el proceso, sin necesidad de comprobación o cotejo, salvo prueba en contrario:

a. Las ejecutorias y las certificaciones o testimonios de autos y sentencias firmes, expedidas en forma legal por la autoridad judicial que las hubiere dictado.

b. Las escrituras públicas antiguas que carezcan de protocolo y todas aquellas cuyo protocolo o matriz hubiese desaparecido.

c. Cualquier otro documento público que por su índole, carezca de original o registro con el que pueda cotejarse o comprobarse.

2. En los casos de desaparición del protocolo, la matriz o los expedientes originales, harán prueba los siguientes documentos:

a. Las primeras copias, expedidas por la funcionaria o funcionario público que las hubiere autorizado.

b. Las copias ulteriores, libradas por mandato judicial, con citación de los interesados.

c. Las que sin mandato judicial, se hubieran expedido en presencia de los interesados y con su conformidad.

d. A falta de las copias mencionadas, harán prueba cualesquiera otras que tengan una antigüedad de veinte años o más, siempre que hayan sido tomadas del original por la o el funcionario que las autorizó u otro encargado de su custodia. Las copias de menor antigüedad, o que estuvieran autorizadas por la o el funcionario público en quien no concurran las circunstancias mencionadas, sólo servirán como un principio de prueba por escrito. La fuerza probatoria de las copias, será apreciada por la autoridad judicial.

Art. 272 Documentos públicos extranjeros

1. A efectos procesales, se considerarán documentos públicos, los documentos extranjeros a los que en virtud de tratados o convenios internacionales o de leyes especiales, haya de atribuírseles la fuerza probatoria prevista en este Código.

2. Cuando no sea aplicable ningún tratado o convenio internacional, ni otra ley, se considerarán documentos públicos confeccionados en el extranjero, los que reúnan los siguientes requisitos:

a. Que en el otorgamiento o confección del documento, se hayan observado los requisitos que se exijan en el país donde se hayan otorgado, para que el documento haga prueba en el proceso.

b. Que de ser posible, el documento contenga la legalización de firma por la funcionaria o el funcionario consular del gobierno de Nicaragua, en el documento original o en hoja anexa; en su defecto por la funcionaria o funcionario competente del gobierno extranjero de donde emanan dichos documentos, siempre que certifique o autentique la firma de la persona que lo autorizó. Ésta deberá ser certificada o autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

3. Cuando los documentos extranjeros incorporen declaraciones de voluntad, la existencia de éstas se tendrá por probada, pero su eficacia será la que determinen las normas jurídicas nacionales y extranjeras aplicables en materia de capacidad, objeto y forma de los negocios jurídicos.

Art.273 Documentos públicos

Los documentos públicos no impugnados hacen prueba aún contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten, y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste, y de la identidad de los fedatarios y demás personas que intervengan en él.

También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.

Art. 274 Presentación de documentos privados

1. Los documentos privados se aportarán al proceso en original, o mediante copia autenticada por fedatario público, y se unirán al expediente, o se dejará copia de ellos debidamente razonada, y se procederá a la devolución de aquéllos, si así lo solicitan los interesados.

2. Si la parte sólo posee copia simple del documento privado, podrá presentarla y surtirá los mismos efectos que el original siempre que la parte demandada hubiere comparecido y que la conformidad de la copia con el original no sea cuestionada.

3. Cuando el original del documento privado se encuentre en un expediente, protocolo, archivo o registro, se presentará copia auténtica o se designará aquél en donde se encuentre el documento.

Art. 275 Libros de comerciantes

La aportación de libros de comerciantes en el proceso civil se estará a lo dispuesto en las leyes mercantiles. Con carácter excepcional, la autoridad judicial podrá mediante auto reclamar que se presenten ante él, los libros o su soporte informático, siempre que la parte interesada especifique los asientos que deban ser examinados.

Art. 276 Fuerza probatoria e impugnación de los documentos privados

1. Los documentos privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique.

2. Si se impugnara la autenticidad de un documento privado o de cualquier documento que carezca de matriz, quien lo presentó al proceso podrá pedir el cotejo pericial de letras, firmas, huellas o proponer cualquier otro medio de prueba útil y pertinente para demostrar su autenticidad. En este caso, se procederá conforme a lo previsto para el cotejo de letras.

3. Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, la autoridad judicial valorará su grado de credibilidad, atendidas las circunstancias del debate y el resto de la prueba existente en la causa.

4. Cuando se solicite la eficacia de un documento electrónico o se impugne su autenticidad, se procederá con arreglo a lo previsto en este Código y otras leyes.

Art. 277 Cotejo de letras

1. El cotejo de letras se practicará por el perito designado por la autoridad judicial a propuesta de las partes, cuando la autenticidad de un documento privado sea impugnado por la parte a quien perjudique.

2. La parte que solicite el cotejo de letras, designará el documento o documentos indubitados con que deba hacerse.

3. El perito que lleve a cabo el cotejo de letras, consignará por escrito las operaciones de comprobación y sus resultados.

4. También podrá practicarse cotejo de letras, cuando se niegue o discuta la autenticidad de cualquier documento público que carezca de matriz y de copias fehacientes, cuando dicho documento no pueda ser reconocido por la o el funcionario que lo hubiese expedido o por quien aparezca como fedatario.

Art. 278 Documentos indubitados a efectos del cotejo

1. Se considerarán documentos indubitados a los efectos del cotejo de letras:

a. Los documentos que reconozcan como tales, las partes a las que pueda afectar esta prueba.

b. La matriz de las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos relativos a la cédula de identidad.

c. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en proceso, por aquél a quien se atribuya.

d. La parte del escrito impugnado, cuya letra es reconocida como suya por aquél a quien perjudique.

2. A falta de los documentos indicados en el numeral anterior, la parte a quien se atribuya el documento impugnado o la firma que lo autorice, podrá ser requerida a instancia de la contraria, para que forme un cuerpo de escritura que le dictará la secretaria o secretario.

Art.279 Solicitud de exhibición de documentos

1. Las partes pueden solicitar la exhibición de documentos que no tengan a su disposición, siempre y cuando se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba.

2. La solicitud de exhibición deberá acompañarse de copia simple del documento, y de no existir o no disponerse de ella, se indicará su contenido de la forma más exacta posible.

Art. 280 Efectos de la negativa de exhibición

1. En caso de negativa a la exhibición de documentos, la parte requerida deberá expresar sus razones y su disposición a probarlas; la autoridad judicial resolverá mediante auto lo que proceda.

2. La autoridad judicial considerando las demás pruebas, podrá atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por quien solicitó la exhibición, o a la versión que del contenido del documento se hubiere dado.

3. No obstante, la autoridad judicial podrá requerir mediante providencia, antes de valorar precisa y razonadamente las consecuencias probatorias previstas en el numeral anterior, que los documentos cuya exhibición se solicitó, sean aportados al proceso, cuando así lo aconsejen las características de los mismos, las demás pruebas practicadas, el contenido de las pretensiones formuladas y las alegaciones para fundamentarlas.

Art. 281 Exhibición de documentos por terceros

1. Además de lo dispuesto en este Código en materia de diligencias preparatorias, la autoridad judicial a solicitud de una de las partes podrá requerir a terceros la exhibición de documentos de su propiedad, cuando considere que su presentación y conocimiento sea trascendente para dictar sentencia.

2. En tales casos, la autoridad judicial ordenará mediante providencia, la comparecencia personal de aquél en cuyo poder se halle el documento y después de oírle, resolverá lo procedente. Dicha resolución no será susceptible de recurso alguno, pero la parte a quien interese podrá reproducir su petición en la segunda instancia.

Cuando estuvieren dispuestos a exhibirlos voluntariamente, no se les obligará a que los presenten en la secretaría sino que, si así lo exigiere, irá la secretaria o secretario judicial a su domicilio para testimoniarlos.

3. A los efectos del numeral anterior, no se considerarán terceros los titulares de la relación jurídica controvertida o de las que sean causa de ella, aunque no figuren como partes en el proceso.

Art. 282 Deber de exhibición de entidades oficiales

1. Las dependencias del Estado y demás entidades de derecho público, deben expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por la autoridad judicial, sin posibilidad de negarse a ello, ni oponerse a exhibir los documentos que se encuentren en sus dependencias y archivos, excepto cuando se trate de documentación que haya sido legalmente calificada como secreta o reservada, lo que deberá ser justificado.

2. También están sujetas a esta obligación las entidades o empresas de servicios públicos o encargadas de actividades de entidades oficiales, salvo que exista un deber legal de secreto o reserva.

Art. 283 Obtención de copias de documentos que no sean escritos

Tratándose de dibujos, fotografías, croquis, planos, mapas y otros documentos que no incorporen predominantemente textos escritos, si sólo existe el original, la parte podrá solicitar copia en el momento de la exhibición en presencia de la secretaria o secretario, quién dará fe de ser fiel y exacta su reproducción.

Art. 284 Copias fotostáticas y cotejo

1. Si la parte a quien perjudique el documento presentado en copia fotostática, impugnara su exactitud, se cotejará con el original si fuera posible y si no, su valor probatorio se determinará precisa y razonadamente, teniendo en cuenta el resultado de las demás pruebas practicadas.

2. Lo dispuesto en el numeral anterior de este artículo, también será de aplicación a los dibujos, fotografías, pinturas, croquis, planos, mapas y documentos semejantes.

3. El cotejo se verificará por la secretaria o secretario, sin perjuicio del derecho de las partes a proponer prueba pericial.

Art. 285 Momento de presentación de los documentos

1. Los documentos en los que las partes funden su derecho, deben presentarse con la demanda y la contestación a la demanda.

2. No obstante, la parte actora podrá presentar en la audiencia inicial del proceso ordinario, o en la audiencia del proceso sumario, los documentos cuya relevancia surja a consecuencia de las alegaciones efectuadas por la parte demandada al contestar la demanda.

3. Igualmente, cualquiera de las partes podrá presentar en cualquier momento posterior al indicado en el numeral 1), pero antes de la audiencia en que se practique la prueba, los documentos en que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a. Ser de fecha posterior a la demanda o a la contestación o, en su caso, a la audiencia inicial del proceso ordinario o a la audiencia del proceso sumario, siempre que no se hayan podido elaborar ni obtener con anterioridad a dichos momentos procesales.

b. Tratarse de documentos, medios o instrumentos anteriores a la demanda o contestación o, en su caso, a la audiencia inicial del proceso ordinario o a la audiencia del proceso sumario, cuando la parte que los presente justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia.

c. No haber sido posible obtener con anterioridad los documentos, medios o instrumentos, por causas que no sean imputables a la parte, siempre que haya hecho oportunamente la designación de archivos, protocolos o lugares, o al menos el anuncio de su presentación.

4. Excepcionalmente, podrá presentarse un documento hasta el momento de comenzar el plazo para dictar sentencia, cuando la parte justifique que llegó a su conocimiento después de la audiencia en que se practicó la prueba y fuera relevante para la decisión de fondo. La autoridad judicial oirá a la otra parte dentro del plazo de tres días.

5. Fuera de los casos anteriores y después de ese término, no se admitirá a las partes la presentación de ningún documento, instrumento, medio, informe o dictamen escrito.

6. Se exceptúan de lo dispuesto en el numeral anterior, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictada o notificada después de los alegatos finales en la audiencia respectiva, siempre que fueran relevantes para resolver en primera instancia o en cualquier recurso.

Dichas resoluciones se podrán presentar incluso dentro del plazo previsto para dictar sentencia, dándose copia a las demás partes, para que en el plazo común de cinco días, puedan alegar y pedir lo que estimen conveniente, con suspensión del plazo para dictar sentencia. La autoridad judicial resolverá sobre la admisión y alcance del documento en la misma sentencia.

Art. 286 Documentos en otro idioma

1. Los documentos en idioma distinto del español y las lenguas de los pueblos originarios y afrodescendientes deberán ser acompañados de su traducción, en caso contrario no serán admitidos

2. La traducción del documento podrá ser impugnada, debiéndose indicar expresamente en qué consiste el presunto defecto de traducción. En tal caso, la autoridad judicial designará un traductor, cuyos honorarios pagará la parte impugnante, si coincidiera sustancialmente la nueva traducción con la presentada. Si la primera traducción o la impugnación resultaran maliciosas, se impondrá a la parte responsable una multa de uno a tres salarios mínimos.

Art. 287 Forma de presentación de documentos públicos extranjeros

1. Los instrumentos públicos otorgados fuera de Nicaragua deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los hayan autorizado, certificadas ambas circunstancias por las y los funcionarios que según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas.

2. La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarias o funcionarios se comprobará en Nicaragua por alguno de los medios siguientes:

a. El atestado de un agente diplomático o consular nicaragüense, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua.

b. El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionaria o funcionario nicaragüense, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua;

c. El atestado del agente diplomático acreditado en Nicaragua por el gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua; y

d. La legalización de conformidad con los tratados internacionales debidamente ratificados por Nicaragua.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo III.

Observaciones al artículo 267.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 268.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 269.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 270.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 271.

Diputado Wilfredo Navarro, tiene la palabra.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Si, Presidente.

Es aquí en el artículo 270 que habla de la Impugnación o Cotejo, en este artículo se habla que el cotejo o comprobación de documentos públicos eso incluye las escrituras públicas, significa que cuando se impugne una escritura pública ya no va a existir el procedimiento de falsedad civil, sino que se va a ir directamente al protocolo del notario a registrarle el protocolo al notario; esa es una aclaración que quisiera hacer, porque si no habrá que modificar la Ley de Notariado, si se aplica esta técnica que además me parece que le quita la fortaleza a la fe pública del notario, porque cualquiera puede estar impugnando una escritura dentro de un juicio; el proceso para impugnar una escritura pública ahora es un proceso de falsedad civil que es un trámite aparte.

Entonces, aquí están simplificándolo de una manera que cualquiera dice: “Esa escritura es falsa”, se van dónde el notario y le registran las costillas al notario, entonces, están disminuyendo la capacidad de la fe pública, ese es mi punto, pero quisiera que me aclararan, sé qué si están disminuyendo la facultad o capacidad del notario, lo pueden hacer porque tienen la mayoría de votos, pero me gustaría quedar claro si van a tener en el juicio esa capacidad de ir a los protocolos, a las matrices de los notarios para revisarlos directamente sin llenar el procedimiento que se ha hecho siempre del proceso de falsedad civil que tienen que hacerse, o por lo menos se hacía en cuerda separada.

Gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputada Irma Dávila, tiene la palabra.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Presidente, le solicitamos que le dé la palabra a la Comisión Técnica Redactora de la Corte Suprema de Justicia, para que le conteste al diputado Navarro.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Por favor, ¿de la Comisión Técnica quién hablaría?, doctor Norman Silva tiene la palabra.

DOCTOR NORMAN SILVA – ASESOR COMISIÓN TÉCNICA REDACTORA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Buenos días diputadas y diputados.

Sólo por aclaración se refiere ¿al artículo 270, verdad?, está bien.

Le explicamos: En principio estamos en el Libro pertinente a La Prueba, el normativo específico lo que regula es la forma en cómo se va a practicar, valga la redundancia, la práctica de la prueba documental; el artículo referido los que nos indica es la forma en cómo se procedería una vez que se presenta la impugnación de un documento público o privado. Por aclaración también en la parte pertinente en el Libro de los Procesos, está regulado con carácter particular dentro del ámbito del proceso el ejercicio de las pretensiones en sede civil se mantiene, se va a poder atacar un documento, o demandar por nulidad de instrumento público, nulidad de contrato o bien falsedad civil de un documento público.

El contenido particular a lo que refiere diputado, prácticamente a una particularidad en la práctica de la prueba, no es que se sustituye la fe pública notarial, bajo ningún punto de vista; tampoco a que hace referencia a una condición de un planteamiento práctico y teórico distinto al que tenemos hoy, ¿no sé si con eso le doy respuesta?

El artículo 270 lo que indica es: inciso 1. “En caso que se impugne la autenticidad o exactitud de un documento público, se procederá a cotejar éste con los originales”. En el inciso 3. “Cuando del cotejo o comprobación resulte la autenticidad o exactitud del documento, las costas y gastos que se hayan originado por ello, serán exclusivamente a cargo de quien lo impugnó”. Insisto en lo siguiente, simplemente lo que indica es la forma dentro del proceso en teoría, que se estaría haciendo la práctica de la prueba referida a la impugnación. Pero sí creo que es importante referir, de que bajo ningún punto de vista se está haciendo una sustitución de la fe pública notarial, obviamente es una regulación especial completamente distinta al caso específico regulado en la norma procesal.

Gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Wilfredo Navarro Moreira, tiene la palabra.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Es que estoy claro lo que ellos dicen, pero el punto es el siguiente, en el artículo 270 inciso 2 dice: “El cotejo o comprobación de los documentos públicos”, eso incluye los instrumentos públicos emanados por notarios estamos claros; lo que creo es que con este artículo están modificando el tema de la fe pública de los notarios, porque antes para poder impetrar un reclamo de nulidad, falsedad, etc. contra una escritura pública aun en un juicio, tendría que hacerse en cuerda separada y es un proceso especial, aquí lo que sé está diciendo es que la fe pública del notario público se disminuye digámoslo así, porque si alguien llega al proceso y dice: “esa escritura que presentaron ahí, la cláusula tal es falsa yo no la firmé” “o no estaba cuando hicimos la escritura original, y por tanto yo la impugno”, entonces, el proceso ahora es sencillo, el juez dice: “bueno aquí hay una solicitud de que esta escritura tiene vicios de nulidad, vamos directo al protocolo del notario”, cosa que actualmente no se puede hacer, porque tiene que tramitarse de una manera independiente o como le llaman los abogados en cuerda separada, el proceso de nulidad o declaración de nulidad o del proceso de falsedad de la escritura.

Sé que en aras de la modernidad, del procedimiento expedito y del trámite oral que se está impulsando, pero eso se está haciendo en detrimento de la fe pública que tenemos los notarios, y como notario reclamo por eso, porque eso ha sido sacrosanto, ha sido mantenido que ha habido casos de notarios delincuentes, pero no por eso se va a venir a facilitar que a los notarios se les violente la jerarquía de la fe pública que da. Es más fácil en un juzgado, que es un documento público, una sentencia; que hay un error, entonces inmediatamente en el juzgado se mira; pero ir a violentar la ¿qué digamos?, no la independencia del notario, sino ir a violentar esa fe pública que la misma ley se la dio al notario, me parece que no es correcta, pero que aquí pueden hacer lo que quieran y ponerlo que ya no tenemos fe pública los notarios, pero también cambiemos la Ley del Notariado, aquí con muchas cosas qué sé están haciendo necesita urgentemente que ya se vaya preparando un cambio, o una derogación a la Ley del Notariado para adecuarla a los avances y al desarrollo qué sé está dando a este Código de Procedimiento.

No tengo ningún problema, pero dejé sentada mi posición como una protesta de los notarios porque se les esta violentado su fe pública en aras de la modernidad y la oralidad del proceso.

Muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Correcto.

Diputado Carlos Emilio López, tiene la palabra.

DIPUTADO CARLOS EMILIO LÓPEZ HURTADO:

Muchas gracias, señor Presidente.

Me alegra muchísimo que nos esté acompañando nuevamente en la conducción de este Poder del Estado y hacemos votos para que continúe su salud.

Creo que lo que plantea el diputado Wilfredo Navarro es muy importante, sin embargo, este Código no disminuye ni minimiza ni deroga la fuerza de fedatario público que tienen los abogados y notarios públicos, valga la repetición. En este Código no estamos anulando la Ley del Notariado Público donde se establece esa fuerza de fedatario público.

Creo que el artículo 268 aclara la inquietud que tiene el diputado Wilfredo Navarro, donde se explica los Documentos públicos expedidos por autoridades, y lo voy a leer:

Son documentos públicos a efectos de prueba en el proceso:

1. “Las ejecutorias, testimonios y certificaciones de las actuaciones procesales, que expidan las secretarias o secretarios judiciales”.

¡Ojo!, diputado, colega.

2. Los otorgados ante o por las y los notarios públicos, según la ley de la materia.

3. Los otorgados ante las y los funcionarios o empleados públicos legalmente facultados para dar fe, en ejercicio de sus atribuciones.

4. Los emitidos por las y los profesionales, a quienes en virtud de la ley se les haya otorgado fe pública en asuntos de su competencia, con los requisitos exigidos legalmente.

Así que creo que se guarda la capacidad de fedatario público, y se define como documentos públicos expedidos por autoridades a la luz de este artículo.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Wilfredo Navarro, última intervención.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Sé que no les gusta, pero estas cosas hay que verlas bien, cuando era abogado y era notario, ya no soy abogado ni notario, me retiré, pero imagínense ustedes lo que estamos haciendo, aquí en el artículo 270 decimos: que podemos ir a cotejar las escrituras de los notarios, los protocolos. En el artículo 271 le damos más fuerza a escrituras que no tienen protocolo, no tienen matriz, y dicen que esas no son susceptibles de cotejo, ni de comprobación dice:

Artículo 271. Documentos públicos no susceptibles de cotejo o comprobación

1. Harán prueba en el proceso, sin necesidad de comprobación o cotejo, salvo prueba en contrario:

b. Las escrituras públicas antiguas que carezcan de protocolo y todas aquellas cuyo protocolo o matriz hubiese desaparecido.

Entonces, ¿le estamos dando más?, no sé y lo que me explica el diputado López, estoy claro si sé cuáles son los documentos qué tienen carácter de fe pública, establece y califica en el inciso 2 del artículo 268, que las escrituras de los notarios, pero a lo que me estoy refiriendo es que en el artículo 270 esos documentos públicos emitidos por notarios, ¿no sé? Aquí hay varios abogados, las escrituras públicas emitidas, está bien es documento público todos sabemos que la escritura que emana de un notario es documento público y está definido en el artículo 268; a lo que me estoy refiriendo es al artículo 270 y 271, que el artículo 270 establece que se vuela todo el procedimiento para garantizar, no quiero utilizar el término “la sacro santa autoridad de la fe pública”, y ahora un juez en un juicio simplemente como una medida dentro de un proceso, que no tiene nada que ver con una impugnación en cuerdas separadas de una escritura, puede ordenar “vamos a revisarle al notario su protocolo”, porqué a alguien se le ocurrió impugnar en un juicio la validez de esa escritura y además viene el Código a decirme de que van a ir a revisarle los protocolos a los notarios existentes, pero las escrituras viejas esas no se van a revisar y si ya se perdió la matriz eso no se puede tocar, ni se puede dice el artículo “comprobar”, no puede ser sujetos de cotejo o comprobación.

Sé qué van a aprobarlo, pero me parece que estamos debilitando la investidura de los notarios, hay como treinta mil abogados, y como cinco mil notarios y esto es como en el mercado, hay de todo, pero la visión que tengo desde que estudié derecho es que la fe notarial es algo que se tiene que respetar y no está sujeta a un manejo simple y sencillo como el que le quieren dar en el proceso en el procedimiento aquí, y que permite que un juez pueda ordenar que de la noche a la mañana te vayan a revisar tu protocolo, sin que haya antes una demanda, o un reclamo judicial específico para ese tema. Ese es mi punto, y esto que no son cuestionables, ni impugnables las escrituras dice el artículo 271, inciso b.: “Las escrituras públicas antiguas que carezcan de protocolo y todos aquellas cuyo protocolo y matriz hayan desaparecido”, entonces, si soy notario e hice una escritura y de pronto me dicen que me van a registrar mi protocolo, lo desaparezco y caigo en la categoría del artículo 271, no pueden porque se perdió, desapareció.

¿No sé?, y les prometo que no vuelvo a hablar.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Mauricio Montealegre, tiene la palara.

DIPUTADO MAURICIO MONTEALEGRE ZEPEDA:

Gracias, señor Presidente.

Lo felicito por estar otra vez al frente de esta Asamblea Nacional, nos hizo falta.

Sin ser abogado, a mí me gusta este artículo 270, primero: porque permite en caso de impugnación, es decir, alguien que diga: “esos documentos no son correctos”, puede recurrir al protocolo de los abogados, que sin menosprecio para la fe pública que ellos dan la mayoría en Nicaragua, todo abogado también es notario y hay críticas en la misma sociedad que estamos produciendo demasiados abogados para el país, y más de alguno aprovecha esas condiciones y he escuchado en juicios, en la calle de hasta abogados muertos que siguen dando fe pública y haciendo escrituras. Difícil es ante un juez en las actuales leyes del país, cuestionar la fe pública de una persona y como sabemos no todos somos santos ni moneditas de oro para ser impecables en nuestras actuaciones profesionales. Por lo tanto creo que ese artículo está muy bien puesto y espero que se utilice adecuadamente, que sea lo que verdaderamente nos debe preocupar.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.

DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:

Gracias, Presidente.

Creo que está bien claro el artículo tanto el 270 cómo el 271, el artículo 270 a lo que manda es a la comprobación no solo de escrituras públicas, de cualquier documento público por autoridad judicial cotejando con los documentos originales. De alguna manera como bien decía Mauricio, tiene que haber una posibilidad de comprobación ante una sospecha de falsedad; si el documento público sería escrito en piedra y no verificable su autenticidad ¿quién defiende al ciudadano?, y creo que aquí es una defensa al ciudadano que se hace en un momento determinado por el judicial.

El artículo 271, te dice: cuando no se puede porque no existe el original para comprobar, hay una serie de planteamientos para hacerlo: a través de las primeras copias expedidas por la funcionaria o funcionario público que las hubiere autorizado. Las copias ulteriores, libradas por mandato judicial; no es qué no sé compruebe, simplemente te dice: “no puedo comprobarlo porque no hay archivo original”, pero tampoco dice: “son nulas”, hay un procedimiento para verificar su autenticidad que el judicial es el qué tiene que valorar, esto está dirigido al judicial y va en favor del ciudadano común y corriente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Como no hay moción, pasamos al siguiente artículo.

Observaciones al artículo 271, que está vinculado al artículo 270 es la misma discusión.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 272.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 273.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 274.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 275.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 276.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 277.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 278.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 279.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 280.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 281.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 282.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 283.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 284.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 285.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 286.

Diputado Brooklyn Rivera, tiene la palabra.

DIPUTADO BROOKLYN RIVERA BRYAN:

Gracias, compañero Presidente.

Quisiera pedir a la Comisión o a los miembros del Poder Judicial que están presentes, que me hagan algunas aclaraciones sobre unas inquietudes que tengo en relación a estos dos acápites del artículo 286, aunque las tradiciones de los pueblos originarios es esencialmente oral, se refiere a los documentos públicos y privados que ellos pueden disponer y se refiere a las traducciones de estos documentos, pero en la Ley de Autonomía No. 28, establece que los idiomas de los pueblos indígenas y afrodescendientes son oficiales en la Costa Caribe; entonces, ¿qué pasa?, cómo concilian los procesos judiciales que se desarrollan en la Costa Caribe cuando se requieren traducciones, cuando a la par del español también son oficiales su uso en todas las instituciones los procesos que dan.

Por otro lado, se habla de traducción, que estos documentos traducidos deben de ser impugnados y se refiere a los traductores, en nuestro país no existe ninguna normativa, ninguna regulación sobre la traducción de los idiomas de los pueblos originarios al español; de manera que cómo puede realmente sustentar una impugnación a esa traducción, cuando no hay autoridad que norme o que regule esa traducción.

Finalmente habla de nombrar traductores de parte de la autoridad judicial, me imagino que para auxiliarse, en la Costa Caribe estamos en un proceso de autonomía dónde están formados los profesionales en derecho y qué deben de estar ocupando cargos en todas estas instituciones, y usar el idioma que dominan. Hay como contradicciones y hasta como que discriminan a los propios originarios del Caribe a ser partícipes de estas instituciones y de todos los procesos institucionales que se dan.

Quisiera aclaración, cómo conciliar todo estos elementos que he mencionado.

Gracias.
PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Wálmaro Gutiérrez Mercado, tiene la palabra.

DIPUTADO WÁLMARO GUTIÉRREZ MERCADO:

Gracias, Presidente.

He estado escuchando con mucha atención el intercambio de opiniones en relación a algunos artículos dentro de este Capítulo, que supuestamente podrían estar vulnerando en alguna manera la fortaleza de la fe pública de los notarios. Quisiera tal vez aportar en este debate las siguientes consideraciones: Lo primero que debemos de tener totalmente claro es que este Código de Procedimiento Civil, nos está planteando una nueva forma de proceder a la tradicional, a la que ha sido la mediación y la escritura, estamos hablando de un proceso más ágil, estamos hablando de un proceso más expedito, estamos hablando de un proceso más directo, de oportunidades procesales más claras que se dan en este proceso civil; obviamente en el proceso ortodoxo que nosotros hemos venido conociendo, todos los que fuimos formados como abogados y notarios, la sacro santa autoridad que investía el hecho de presentar una escritura pública, hacia absolutamente imprescindible abrir una cuerda separada, para revisar la autenticidad o veracidad de ese testimonio, frente al protocolo del notario. Sin embargo, ahora en este proceso, que es un proceso expedito que se hace frente a un juez, no veo porque se estaría vulnerando la fe notarial, si al final lo que estás realizando es una impugnación en sede judicial, no fuera de la sede judicial, no fuera de la sede judicial, lo estás haciendo frente a un juez, no lo estás haciendo en una autoridad administrativa, o una autoridad diferente que sea de al judicial.

Luego de eso, realmente nosotros debemos de mantener y preservar ese concepto ortodoxo de la sacro santa autoridad de la fe pública notarial, cuando la realidad se da que en muchas oportunidades, muchos notarios no hemos manejado de la manera más ortodoxa y afortunada nuestro protocolo, aquí hago mía las palabras del colega que me antecedió, diputado Montealegre, que por qué no en un proceso y frente a un juez si una de las partes tiene posibilidades de demostrar que el notario no actuó de la manera correspondiente, porqué razón no puede solicitar ante un juez y en sede judicial que presente el protocolo, para demostrar que efectivamente donde dice que esa persona firmó, realmente no es su firma, perfectamente lo puede hacer y no está vulnerando la fe notarial; es más, ¿cuál es el objetivo y la trascendencia de darle autoridad de instrumento público a un instrumento notarial?, la fuerza ejecutiva como tal, y aquí no le está quitando la fuerza ejecutiva al instrumento público emitido por un abogado y notario público.

Por lo tanto reitero: Uno. No creo que se éste vulnerando la sacro santa autoridad del notario como tal, lo que estamos haciendo es evitando abrir dos procesos, un proceso principal para la causa y un proceso accesorio para ver de que si efectivamente este instrumento cumple o no cumple con la veracidad que se requiere para ser tenido como prueba, lo estamos haciendo en un mismo proceso, economía procesal, estamos acortando el tiempo y estamos haciendo el derecho y la forma del ejercicio del derecho más expedito.

Segundo. Lo estamos haciendo en sede judicial, no lo estamos haciendo fuera de sede judicial.

Tercero. Lo más importante, que cualquier procedimiento que garantice el efectivo ejercicio de las partes creo que es correcto, debemos de alejarnos de la visión ortodoxa del ejercicio del derecho y ajustarnos a la visión ya moderna, del ejercicio del derecho. Personalmente, creo que el artículo está correctamente planteado.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.

DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:

Gracias, Presidente.

Creo que es correcta la preocupación del diputado Brooklyn Rivera. Sin embargo, quería que recordáramos el artículo 136 que ya aprobamos de este Código, y voy a leerlo en sus dos primeros párrafos:

1. El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de los pueblos originarios y afrodescendientes, también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley.

Es decir, igual con los documentos en sentido contrario, no se está atentando contra la lógica de que las lenguas de los pueblos originarios también tienen uso oficial, pero si hay dos personas en una Litis civil, que los dos no hablan la misma lengua de pueblos originarios, tiene que haber una traducción al español que es la lengua oficial y tendrá que haber traducción al otro, como lo dice aquí a la lengua originaria. Creo que no tiene razón la preocupación del diputado Brooklyn, ya está subsanada en artículos anteriores.

Gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Observaciones al artículo 287.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo III.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

76 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III, del Título II.

Se levanta la sesión y continuamos el día de mañana a las nueve de la mañana.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL 2015, CON CITA A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA)

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados al Orden del Día N°.1, PUNTO III. DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS, Punto 3.5: para la continuación de discusión en lo particular del CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA, mismo que fue aprobado el día de ayer que iniciamos el Libro Segundo hasta el artículo 287 y continuamos el día de hoy con el artículo 288 del Capítulo IV, Medios Técnicos.

Capítulo IV
Medios Técnicos

Art. 288 Medios técnicos de filmación y grabación.

1. Las partes podrán proponer como prueba ante la autoridad judicial, la reproducción de imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación u otros semejantes, pudiendo acompañar en su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que sean relevantes para el caso.

2. La parte que proponga este medio de prueba, podrá aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También la otra parte podrá aportar dictámenes y medios de prueba, cuando cuestione la autenticidad y exactitud de lo reproducido.

3. De los actos que se realicen en relación a estos medios técnicos se levantará acta, en la que se consignará cuanto sea necesario para la identificación de las filmaciones y grabaciones llevadas a cabo, así como las justificaciones y dictámenes aportados o las pruebas practicadas, en su caso.

4. El medio que contenga la imagen o el sonido reproducidos, habrá de conservarse por la autoridad judicial, haciendo referencia a los autos del proceso, de modo que no sufra alteraciones.

Art. 289 Medios técnicos de archivo y reproducción.

1. Los medios que permitan archivar, conocer o reproducir datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, que por ser relevantes para el proceso hayan sido admitidos como prueba, serán examinados a través de los medios que la parte proponente aporte, o que la autoridad judicial disponga utilizar. La otra parte podrá alegar y proponer lo que a su derecho convenga.

2. Para la efectividad de estos medios de prueba, la autoridad judicial tomará conocimiento directo del contenido del medio presentado. Será de aplicación a los medios previstos en el numeral anterior, lo dispuesto en el artículo precedente con relación a la aportación de dictámenes periciales o medios de prueba instrumentales. La documentación en autos se hará del modo más apropiado a la naturaleza del medio técnico, dando fe la secretaria o secretario, quien adoptará las medidas de custodia necesarias.

Hasta aquí el Capítulo IV.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Saludamos la presencia de la Comisión Técnica Redactora de la Corte Suprema de Justicia encabezada por los magistrados doctora Ileana Pérez y Gerardo Arce en la discusión y aprobación de este Código.

Pasamos entonces a la discusión el artículo 288, del Capítulo IV, referido a los Medios Técnicos.

Observaciones al artículo 288.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 289.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo IV, referido a los Medios Técnicos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

76 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV, referido a los Medios Técnicos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo V
Prueba testifical

Art. 290 El testigo

1. Toda persona tiene el deber de declarar como testigo, cuando tenga noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del proceso, si no tuviera excusa o no pesara sobre ella prohibición de hacerlo.

2. Para que las y los testigos se tengan por idóneos, se debe atender a su edad la que no podrá ser inferior a los dieciséis años, su capacidad, probidad y condición. La falta de idoneidad para ser testigo, deberá ponerse de manifiesto en el momento de su declaración.

Art. 291 Designación.

1. Al proponer la declaración de las y los testigos se expresará su identidad, indicando el nombre y apellidos de cada uno, así como el lugar en que pueda ser citado, y cuando sea posible, su profesión y domicilio.

2. También podrá hacerse la designación del testigo expresando el cargo que ostentare u otras circunstancias de identificación.

Art. 292 Limitación del número de testigos.

Las partes podrán proponer cuantos testigos estimen convenientes por cada hecho controvertido. Cuando la autoridad judicial haya escuchado el testimonio de al menos tres testigos relacionado con un hecho discutido, podrá obviar las declaraciones testifícales que faltaran, referentes a ese mismo hecho, si considerara que ha quedado suficientemente ilustrado.

Art. 293 Promesa.

Antes de declarar, cada testigo prestará promesa de decir verdad, siendo informado y advertido por la autoridad judicial de las penas establecidas para el delito de falso testimonio.

Art. 294 Declaración testifical y su orden.

1. Las y los testigos serán llamados a declarar separada y sucesivamente, por el orden en que vinieran consignados en las propuestas de la parte, salvo que la autoridad judicial considere conveniente alterarlo, por razones excepcionales.

2. Las y los testigos no podrán comunicarse entre sí, para lo cual se adoptarán las medidas de aislamiento necesarias.

Art. 295 Preguntas generales al testigo.

1. La autoridad judicial preguntará a todos los testigos sin excepción, antes de comenzar su interrogatorio:

a. Su nombre, apellidos, edad, estado civil, profesión u oficio, domicilio y nacionalidad, lo que se comprobará con la respectiva cédula de identidad ciudadana, y en defecto de ésta, se presentarán dos testigos de conocimiento. En el caso de personas extranjeras, éstos deberán presentar su cédula de residencia o pasaporte.

b. Si ha sido o es cónyuge, si se encuentra en unión de hecho estable, si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado de alguno de las y los litigantes o de sus abogadas o abogados, o haya estado ligado a éstos por vínculos de adopción, tutela o análogos.

c. Si es o ha sido dependiente, o está o ha estado al servicio de la parte que lo haya propuesto, o de la abogada o abogado que le asiste o representa, o ha tenido o tiene con ellos alguna relación susceptible de provocar intereses comunes o contrapuestos.

d. Si tiene interés directo o indirecto en el asunto, o en otro semejante.

e. Si es amigo o enemigo de alguna de las partes litigantes, o de las abogadas o abogados que les asisten o representan.

f. Si ha sido condenado alguna vez por falso testimonio.

2. En vista de las respuestas del testigo a las preguntas del numeral anterior, las partes podrán manifestar la existencia de circunstancias relativas a su imparcialidad. La autoridad judicial podrá interrogar al testigo sobre esas circunstancias y hará que las preguntas y respuestas se consignen en acta.

Art. 296 Límites del derecho de preguntar

1. Cada parte interrogará a sus testigos, y después podrá preguntar la otra parte.

2. Las preguntas al testigo deberán formularse oralmente, con la debida claridad y precisión, sin incluir valoraciones ni calificaciones, y en caso que éstas se hicieran, las preguntas se tendrán por no formuladas.

3. No se admitirán preguntas capciosas, oscuras, sugestivas, ambiguas, impertinentes, inútiles o perjudiciales para el testigo. Tampoco se admitirán las preguntas que no se refieran a los conocimientos propios del testigo.

4. La autoridad judicial decidirá sobre cada pregunta planteada en el mismo acto del interrogatorio, admitiendo la que pueda resultar conducente a la averiguación de hechos y circunstancias controvertidas, que guarden relación con el objeto del proceso.

5. Si a pesar de no haber sido admitida una pregunta ésta se respondiera, la respuesta se tendrá por no dicha.

Art. 297 Objeciones a las preguntas

1. En el acto del interrogatorio, la parte contraria a quien formuló la pregunta, podrá objetar su admisión y hacer notar las valoraciones y calificaciones que estime improcedentes y que, a su juicio, debieran tenerse por no realizadas.

2. La parte que se muestre inconforme con la inadmisión de preguntas, podrá manifestarlo así y pedir que su protesta conste en acta.

Art. 298 Interrogatorio cruzado

1. Contestadas las preguntas generales, el testigo será interrogado por la parte que le hubiera propuesto, y si hubiera sido propuesto por ambas partes, se comenzará por las preguntas que formule la parte demandante.

2. La autoridad judicial cuidará que las preguntas permitan al testigo narrar los hechos de manera directa, coherente y lógica, sin interrupciones de las partes, salvo que dude, se contradiga o claramente evada toda o parte de la respuesta, en cuyo caso la autoridad judicial podrá interrogar directamente.

3. Si la pregunta de la parte exigiera una respuesta afirmativa o negativa, el testigo estará obligado a contestar en ese sentido.

4. El testigo responderá por sí mismo, de palabra, sin valerse de ningún borrador de respuestas. Cuando la pregunta se refiera a cuentas, libros o documentos, se permitirá que los consulte antes de responder. En este caso, si cualquiera de las partes lo solicita, el libro o documento deberá aportarse en el acto, para que sea examinado por las partes.

5. En cada una de sus respuestas, el testigo expresará la razón o fundamento de lo que diga.

6. Cuando sobre unos mismos hechos controvertidos deban declarar otros testigos, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que puedan comunicarse y conocer previamente el contenido de las preguntas y las respuestas.

Art. 299 Testigo calificado

1. Cuando el testigo posea conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio, la autoridad judicial admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo, a sus respuestas sobre los hechos.

2. En cuanto a dichas manifestaciones, las partes podrán hacer notar a la autoridad judicial la concurrencia de cualquiera de las circunstancias de tacha de las y los peritos.

Art. 300 Testigos con deber de guardar secreto

1. Cuando por su estado, profesión u oficio, el testigo tenga el deber de guardar secreto respecto de hechos por los que se le interrogue, lo manifestará razonadamente y la autoridad judicial, considerando el fundamento de la negativa a declarar, resolverá mediante auto, lo que proceda en derecho. Si el testigo quedara liberado de responder, se hará constar así en el acta.

2. Si el testigo alegara que los hechos por los que se le pregunta, pertenecen a materia legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto, la autoridad judicial, en los casos que considere necesario, pedirá de oficio al órgano competente el documento oficial que acredite dicho carácter.

3. Comprobado el carácter reservado o secreto, se mandará unir el documento al expediente, dejando constancia de las preguntas afectadas por el secreto oficial.

Art. 301 Declaración domiciliaria del testigo

1. La declaración del testigo se hará siempre en audiencia pública, salvo por el cargo o por razones de salud que le impidan comparecer a la sede del juzgado, pudiendo tomarse la declaración en su domicilio directamente, si se encuentra en la sede judicial, o bien a través de auxilio judicial en los casos que proceda.

2. A la declaración podrán asistir las partes y las abogadas o abogados que les asistan o representen, advirtiéndoles que no procederá el interrogatorio del testigo por escrito, sin perjuicio que en la audiencia en que tenga lugar la práctica de la prueba puedan aducir lo que a su derecho convenga tras la lectura del acta correspondiente.

3. Cuando, atendidas las circunstancias, se considere prudente no permitir a las partes y a los abogados que les asistan o representen, que concurran a la declaración domiciliaria, se dará a las partes copia de las respuestas obtenidas, para que puedan solicitar dentro del tercer día, que se formulen al testigo nuevas preguntas complementarias o que se le pidan las aclaraciones oportunas.

4. Sólo en este último caso, se acompañará una relación de preguntas formuladas previamente por la parte proponente.

Art. 302 Interrogatorio por la parte contraria

Una vez respondidas las preguntas formuladas por el abogado de la parte que propuso la prueba testifical a que se refiere el artículo anterior, se podrán plantear al testigo por la otra parte las preguntas que considere conducentes para acreditar los hechos, siempre que no se le hayan formulado anteriormente.

Art. 303 Careos

1. Cuando los testigos incurran en graves contradicciones, la autoridad judicial de oficio o a instancia de parte, podrá acordar que se sometan a un careo.

2. También podrá acordarse que, en razón de las respectivas declaraciones, se celebre careo entre las partes y alguno o algunos testigos.

3. Las actuaciones a que se refiere este artículo, se solicitarán al finalizar del interrogatorio y se advertirá al testigo que no se ausente, para que dichas actuaciones puedan practicarse a continuación.

Art. 304 Documentación de las declaraciones.

Las declaraciones testificales se registrarán conforme lo dispuesto para la documentación de las actuaciones procesales no escritas.

Art. 305 Tachas y sus motivos.

1. Sin perjuicio de las respuestas que dé el testigo a las preguntas generales, cada parte podrá tachar los testigos propuestos por la contraria, cuando concurra alguna de las causas contempladas en los incisos b), c), d), e), f) del numeral 1) del artículo relacionado a las preguntas generales al testigo.

2. Las tachas se podrán formular con posterioridad a la proposición o desde el momento en que se admita la prueba testifical, hasta antes que comience la audiencia probatoria del proceso ordinario o la audiencia del proceso sumario, sin perjuicio de la obligación que tienen las y los testigos, de reconocer cualquier causa de tacha al hacérseles las preguntas generales reguladas en este Código.

3. La parte que propuso al testigo, también podrá tacharlo, en los mismos términos señalados, cuando llegara a su conocimiento la existencia de alguna de las causas de tacha.

Art. 306 Prueba y oposición sobre las tachas.

1. Con la alegación de las tachas, se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas, excepto la testifical.

2. Si formulada la tacha de un testigo, las demás partes no se opusieren a ella dentro del tercer día siguiente a su formulación, se entenderá que reconocen el fundamento de la tacha. Si se opusieren, alegarán lo que les parezca conveniente, pudiendo aportar documentos.

Art. 307 Análisis y decisión de la tacha.

1. Si la tacha menoscabara la consideración profesional o personal del testigo, podrá éste solicitar a la autoridad judicial que declare mediante auto, que la tacha carece de fundamento.

2. La autoridad judicial tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradicción en el momento de valorar la prueba.

3. Si la autoridad judicial apreciase temeridad o deslealtad procesal en la tacha, a causa de su motivación o del tiempo en que se formulara, podrá imponer a la parte responsable, con previa audiencia, una multa de uno a tres salarios mínimos.

Art. 308 Declaraciones de testigos.

Las autoridades judiciales valorarán las declaraciones de las y los testigos de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón o fundamento de lo que hubieran expresado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado.

Hasta aquí el Capítulo V.

PRESIDENTE POR LA LEY IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a la discusión del Capítulo V, Título II, referido a la Prueba testifical.

Observaciones al artículo 290.

Diputado Edwin Castro, tiene la palabra.

DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:

Gracias, Presidenta.

Queríamos modificar el párrafo segundo de este artículo, tiene la firma de la Presidenta, los dos Vicepresidentes, Raúl y yo, y de la doctora Auxiliadora Martínez.

El segundo párrafo diría “para que los y las testigos se tenga por idóneos, se debe ser ciudadano o ciudadana en ejercicio de sus derechos o extranjeros mayor de dieciséis años, tomando en cuenta su capacidad, probidad y condición. La falta de idoneidad para ser testigo…” el resto queda igual, señora Presidenta.

Paso ahorita.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a votación el artículo 290 referido a Testigo, con la modificación del inciso segundo presentada por el diputado Edwin Castro.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el artículo 290 referido al testigo, con la modificación del segundo párrafo del mismo.

Observaciones al artículo 291.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 292.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 293.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 294.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 295.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 296.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 297.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 298.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 299.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 300.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 301.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 302.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 303.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 304.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 305.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 306.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 307.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 308.

No hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo V, Título II, referido a las Pruebas testificales con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V, Título II, con todos sus artículos, referido a la Prueba testifical.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo VI
Prueba Pericial

Art. 309 Procedencia

1. La pericia será procedente cuando, para valorar los hechos o circunstancias relevantes en el asunto o para adquirir certeza sobre ellos, se requieran conocimientos científicos, artísticos, técnicos, tecnológicos, prácticos u otros análogos.

2. La prueba pericial será propuesta por las partes, que podrán aportar al proceso el dictamen de perito privado, independientemente de que también puedan solicitar que se emita dictamen por perito judicial designado conforme lo establece este Código.

Art. 310 Requisitos de los peritos

1. Los peritos deberán tener título en la ciencia o arte al que pertenezca el punto sobre el que han de dar su dictamen, si su profesión está reglamentada por las leyes. No estando, o no habiendo peritos de aquella clase en el lugar del proceso, podrá ser nombrada cualquier persona entendida o práctica, aun cuando no tenga título.

2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de academias, corporaciones o instituciones culturales o científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.

3. En los casos del numeral anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará a la mayor brevedad, qué persona o personas deberán prepararlo directamente.

Art. 311 Deberes de los peritos privados y judiciales.

Al emitir el dictamen, el perito deberá manifestar bajo promesa de decir la verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como perjudicar a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.

Art. 312 Forma del dictamen.

Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito, sobre lo que haya sido objeto de la pericia para su más acertada valoración. Si no fuera posible o conveniente aportarlos, el dictamen contendrá las indicaciones suficientes sobre ellos.

Art. 313 Presencia de las partes en las operaciones periciales.

1. Cuando para la emisión del dictamen se requiera el reconocimiento de lugares, objetos o personas, o la realización de operaciones análogas, previa autorización judicial, las partes y sus abogadas o abogados podrán estar presentes, si con ello no se obstaculiza la labor del perito y se puede garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen.

2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en las operaciones periciales del numeral anterior, la autoridad judicial decidirá lo que proceda; en caso de admitir la petición, se notificará a las partes, con antelación de al menos cuarenta y ocho horas, de la fecha, día, hora y lugar en que aquellas operaciones se llevarán a cabo.

Art. 314 Listado de peritos judiciales.

La designación de perito judicial, se realizará seleccionándolos de la lista oficial por materia, elaborada por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo dispone la Ley N°.260, Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reformas.

Art. 315 Aportación de dictamen privado de la parte demandante.

1. La parte demandante puede aportar la prueba pericial, designando perito privado que elabore el correspondiente dictamen.

2. El dictamen deberá ser aportado necesariamente con la demanda, salvo que la parte demandante pueda justificar que fue imposible tenerlo a disposición al momento de presentar la demanda, en cuyo caso, previa autorización de la autoridad judicial y sin causar indefensión a la parte demandada, lo presentará antes de la audiencia inicial del proceso ordinario, o la del proceso sumario.

Art. 316 Aportación de dictamen privado de la parte demandada.

1. La parte demandada con su contestación aportará dictamen privado y si no lo pudo hacer, justificará la imposibilidad de obtenerlo dentro del emplazamiento.

2. En este caso la autoridad judicial podrá conceder a la parte demandado un plazo adicional para que presente el dictamen, con al menos cinco días de antelación a la audiencia inicial del proceso ordinario, o la del proceso sumario.

Art. 317 Dictámenes privados posteriores a la demanda.

1. Cuando por lo contestado en la demanda, o por lo alegado y pretendido en la audiencia inicial del proceso ordinario surja la necesidad o utilidad de dictámenes, la parte actora hará notar al judicial esta circunstancia y propondrá la prueba pericial que aportará con al menos cinco días de antelación a la celebración de la audiencia probatoria.

2. Si ello sucediera en el proceso sumario, declarada su pertinencia y utilidad, se interrumpirá la audiencia hasta la elaboración del dictamen en el plazo fijado judicialmente, el cual no podrá ser superior a quince días.

Art. 318 Solicitud y decisión de peritaje judicial.

1. Cuando lo considere conveniente, la parte podrá solicitar en su demanda o contestación, peritaje judicial a la autoridad judicial competente, señalando concretamente las cuestiones sobre las cuales debe versar.

2. La autoridad judicial pondrá en conocimiento de la parte contraria dicha solicitud, pudiendo esta última adherirse a la misma, agregando nuevos puntos.

3. La autoridad judicial resolverá sobre la procedencia del dictamen y determinará los aspectos que han de ser objeto del mismo, de acuerdo con las proposiciones de las partes.

4. Asimismo, fijará el plazo para la presentación del dictamen que será con al menos cinco días de antelación a la celebración de la audiencia inicial en el proceso ordinario o la audiencia del proceso sumario. El referido plazo podrá prorrogarse por cinco días más y por una sola vez en caso de motivo fundado; vencida la prórroga precluirá el derecho de presentar el dictamen.

5. La parte que goce del derecho de asistencia jurídica gratuita, no tendrá que aportar con la demanda o la contestación el dictamen pericial, sino tan sólo ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos de que se proceda a la designación judicial de perito, conforme lo dispuesto en este precepto y en el siguiente.

Art. 319 Designación del perito judicial.

1. La autoridad judicial procederá a la designación del perito judicial, siempre que considere pertinente y útil el dictamen solicitado, a costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en materia de costas. En caso que el perito judicial designado sea funcionaria, funcionario o empleado del Estado, su actuación no causará honorarios.

2. La designación judicial del perito deberá realizarse en el plazo de cinco días desde la contestación a la demanda, o desde que hubiera transcurrido el plazo para ello, con independencia de quien haya solicitado dicha designación.

Cuando ambas partes la hubieran pedido inicialmente, la autoridad judicial podrá designar, si aquéllas se muestran conformes, un único perito que emita el informe solicitado. En tal caso, el abono de los honorarios del perito corresponderá realizarlo a ambos litigantes por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en materia de costas.

3. En el proceso ordinario, si a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la audiencia inicial, las partes solicitasen la designación de un perito que dictamine, se acordará así, siempre que resulte pertinente y útil el dictamen y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la pericia, y en aceptar el dictamen del perito que la autoridad judicial nombre. De la misma forma procederá, cuando las partes soliciten la designación de perito, en proceso sumario. En ambos casos el plazo para la aportación del dictamen será el establecido en el numeral 4 del artículo anterior.

4. En los casos señalados en el numeral anterior, si las partes estuviesen de acuerdo en que el dictamen sea emitido por una determinada persona o entidad, así lo acordará la autoridad judicial. Si no hubiese acuerdo de las partes, el perito será designado por el procedimiento establecido en este Código.

5. La autoridad judicial no designará más que un perito titular por cada cuestión o conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de pericia, y que no requieran por la diversidad de su materia, el parecer de distintos expertos.

Art.320 Llamamiento, aceptación y nombramiento de los peritos judiciales.

1. Dentro del plazo de tres días desde la designación, se comunicará ésta al perito, requiriéndole para que, dentro de otros tres días, manifieste si acepta el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el perito procederá conforme se disponga.

2. Si el perito designado adujera justa causa que le impida la aceptación y la autoridad judicial la considera suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pueda efectuar el nombramiento.

3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. La autoridad judicial decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hayan propuesto la prueba pericial y no tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar al perito la cantidad fijada, dentro del plazo de tres días.

4. Transcurrido dicho plazo, si no se abonara la cantidad establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación.

5. Cuando el perito designado sea de común acuerdo y una de las o los litigantes no abonara la provisión de fondos que le corresponda, se ofrecerá al otro litigante la posibilidad de recuperar la cantidad abonada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el numeral anterior o completar la cantidad que faltara, indicando en este último caso los puntos sobre los que deba pronunciarse el dictamen.

Art. 321 Remisión del dictamen por el perito judicial.

El perito judicial designado, hará llegar su dictamen escrito al juzgado, en el plazo que se le haya señalado, del que se entregará copia a las partes.

Art. 322 Asistencia del perito a la audiencia.

Aportados los dictámenes, los peritos deberán comparecer en la audiencia respectiva.

Art. 323 Intervención del perito en la audiencia.

1. La intervención de los peritos privados y judiciales en la audiencia versará sobre:

a. La exposición completa del dictamen, cuando ésta requiera la realización de otras operaciones complementarias del escrito aportado, mediante el empleo de los documentos, materiales y otros elementos aportados con la demanda o contestación.

b. La explicación del dictamen, o de alguno o algunos de sus puntos cuyo significado no fuera suficientemente claro para los efectos de la prueba.

c. Las respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen.

d. Las respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen referida a otros puntos conexos, si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a efecto, en cualquier caso, de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo, con interrupción de la audiencia por un tiempo máximo de diez días.

e. La crítica del dictamen de que se trate, por el perito de la parte contraria.

f. La formulación de las tachas que pudieren afectar al perito.

2. Cuando hayan varios peritos y exista contradicción en sus dictámenes, la autoridad judicial determinará sobre qué aspectos debe centrarse la discusión.

3. La autoridad judicial podrá formular preguntas a las y los peritos y requerir de ellos explicaciones para comprender y valorar mejor el dictamen realizado.

Art. 324 Peritaje sobre la autenticidad de los medios técnicos de reproducción.

Cuando sea necesario o conveniente determinar la autenticidad de un medio probatorio de reproducción de sonido e imagen, o instrumentos técnicos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas con fines contables, o de otra clase, las partes podrán proponer o aportar dictámenes periciales para su acertada valoración.

Art. 325 Dictamen pericial.

1. La autoridad judicial valorará los dictámenes periciales de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado.

2. En caso que la autoridad judicial se aparte de las conclusiones de un dictamen, deberá motivarlo expresamente en la sentencia.

Art.326 Tachas de peritos y motivos.

Las y los peritos privados y judiciales, podrán ser tachados por las mismas causas previstas en este Código para los testigos, sin perjuicio de las siguientes:

a. Que anteriormente y sobre el mismo asunto, haya emitido dictamen contrario a la parte solicitante, ya sea dentro o fuera del proceso.

b. Haber prestado servicios como perito al litigante contrario, o ser dependiente o socio del mismo.

c. Tener participación en sociedad o empresa que sea parte en el proceso.

Art. 327 Tachas de peritos.

Las tachas de peritos se tramitará y resolverá conforme lo dispuesto para las tachas de testigos.

Hasta aquí el Capítulo VI, Título II.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MARINA MONTENEGRO:

Procedemos a la discusión del Capítulo VI, Titulo II, referido a la Prueba Pericial.

Observaciones al artículo 309.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 310.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 311.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 312.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 313.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 314.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 315.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 316.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 317.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 318.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 319.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 320.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 321.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 322.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 323.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 324.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 325.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 326.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 327.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos entonces a la votación del Capítulo VI, Título II, referido a la Prueba Pericial, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VI, Título II.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON:

Capítulo VII
Reconocimiento judicial

Art. 328 Procedencia.

1. La prueba de reconocimiento judicial, se practicará cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos fuera necesario o conveniente, que la autoridad judicial examinara por sí misma algún lugar u objeto.

2. Sin perjuicio de la amplitud que la autoridad judicial estime que ha de tener el reconocimiento, la parte que lo solicite habrá de expresar los extremos principales a los que pretende que el reconocimiento se refiera, e indicará si pretende concurrir al acto con alguna persona técnica o práctica en la materia que le preste asistencia.

3. La otra parte podrá, antes del reconocimiento, proponer otros extremos que le interesen, y deberá manifestar si asistirá acompañado de una persona técnica o práctica.

4. La autoridad judicial señalará con cinco días de antelación por lo menos, lugar, fecha, día y hora en que haya de practicarse el reconocimiento judicial, en todo caso con anterioridad a la audiencia.

Art. 329 Práctica.

1. La autoridad judicial podrá acordar las medidas necesarias para lograr la efectividad del reconocimiento, incluida la de ordenar la entrada en el lugar que deba reconocerse, o donde se halle el objeto o la persona que se deba reconocer, utilizando el auxilio de la fuerza pública.

2. Las partes y las abogadas o abogados que les asistan o representen, podrán concurrir al reconocimiento judicial y hacer verbalmente a la autoridad judicial las observaciones que estimen oportunas.

3. Si de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial considera conveniente oír las observaciones o declaraciones de las personas técnicas o prácticas en la materia, les recibirá previamente promesa de decir verdad.

Art. 330 Reconocimiento judicial y prueba pericial.

Cuando la autoridad judicial lo considere conveniente, de oficio o a instancia de parte, podrá disponer que se practiquen en un solo acto, el reconocimiento judicial y la prueba pericial sobre el mismo lugar u objeto, siguiéndose el procedimiento establecido en este capítulo.

Art. 331 Reconocimiento judicial y la prueba testifical.

1. A instancia de parte y a su costa, la autoridad judicial podrá determinar que las y los testigos sean examinados tras la práctica del reconocimiento judicial, cuando la inspección o reconocimiento del lugar o de las cosas pueda contribuir a la claridad de su testimonio.

2. También se podrá practicar, a petición de parte, el interrogatorio de la contraria cuando se den las mismas circunstancias señaladas en el numeral anterior.

Art. 332 Documentación del reconocimiento judicial.

1. Se utilizarán medios técnicos de grabación de imagen y sonido, u otros instrumentos semejantes para dejar constancia de lo que sea objeto de reconocimiento judicial y de las manifestaciones de quienes intervengan en él, consignándose en el acta cuanto sea necesario, para la identificación de las grabaciones, reproducciones o exámenes llevados a cabo, que habrán de conservarse por el juzgado.

2. Cuando no se haya podido grabar la diligencia del reconocimiento judicial, la secretaria o secretario levantará acta detallada, consignándose en ésta, con claridad, el lugar en que se practicó, los hechos, objetos y circunstancias reconocidas, así como las percepciones y apreciaciones de la autoridad judicial, y las realizadas por las partes y por las personas que hubieran concurrido al mismo. También se recogerá en acta, el resultado de las demás actuaciones de prueba, que se hubieran practicado en el mismo acto del reconocimiento judicial.

Hasta aquí el Capítulo VII.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a continuación a la discusión del Capítulo VII, Reconocimiento Judicial.

Pedimos observaciones al artículo 328, referido a Procedencia.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 329.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 330.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 331.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 332.

No hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo VII, Título II referido al Reconocimiento Judicial

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

76 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 8 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VII, Título II, con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo VIII
De las presunciones

Art. 333 Presunciones legales.

1. Cuando la ley establezca una presunción, la persona a la que favorezca quedará dispensada de la prueba del hecho presunto, siempre que queden probados los indicios en que se base.

2. Cuando la ley establezca una presunción que admita prueba en contrario, la actividad probatoria se podrá dirigir tanto a demostrar que los indicios probados conducen a un hecho distinto del presumido por la ley, o a ninguno; como a efectuar la contraprueba de dichos indicios para establecer su inexistencia.

3. Cuando la presunción legal admita prueba en contrario, la autoridad judicial en la sentencia deberá justificar y razonar los argumentos que lo han llevado a la decisión, sobre si el hecho presunto es la consecuencia de los indicios.

Hasta aquí el Capítulo VIII.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MARINA MONTENEGRO:

A discusión el Capítulo VIII, Título II, De las presunciones.

Pedimos observaciones al artículo 333.

No hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo VIII, Título II.

Se abre la votación.

Se va cerrar la votación.

Se cierra la votación.

71 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 13 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VIII, Título II.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON:

Capítulo IX
Diligencias finales de prueba

Art. 334 Diligencias finales de prueba a instancia de parte.

1. A instancia de parte, la autoridad judicial podrá suspender el plazo para dictar sentencia, a fin practicar diligencias finales de prueba, en los siguientes supuestos:

a. Cuando por causas ajenas a la parte proponente, debidamente justificadas, no se hubiese practicado alguna de las pruebas admitidas.

b. También se admitirán y practicarán las pruebas pertinentes y útiles, que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia, previstos en este Código.

2. No se practicarán como diligencias finales, las pruebas que las partes hubieran podido proponer en tiempo y forma.

Art. 335 Tramitación.

1. Si la solicitud se ajusta a las reglas anteriores, se acordará mediante auto su realización en audiencia especial, la que deberá celebrarse en un plazo de diez días, una vez suspendido el plazo para dictar sentencia, conforme lo establece este Código para cada uno de los medios de prueba.

2. El plazo para dictar sentencia volverá a computarse, cuando concluya la práctica de la diligencia final de prueba.

Hasta aquí el Capítulo IX

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo IX.

Observaciones al artículo 334.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 335.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo IX.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

76 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IX.

Se suspende la Sesión y continuamos trabajando de acuerdo a la programación, vamos a continuar después con la Sesión Especial, dedicada al Día Nacional del Periodismo.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA ONCE DE MARZO DEL 2015, CON CITA A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA).

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Buenos días.

Vamos a iniciar sesión a las nueve y veinticinco minutos de la mañana -con veinticinco minutos de retraso; debemos tener más disciplina-, pidiéndole a nuestra Primera Secretaria que nos verifique el quórum.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Muy buenos días, compañero Presidente. Estamos presentes 82 diputados y diputadas, por tanto hay quórum de ley.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Se abre la sesión.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados al Orden del Día N° 1. PUNTO III. DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS. Punto 3.5: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA.

Para discusión en lo particular del Código Procedimiento Civil que fue concluido hasta el Libro Segundo e iniciamos hoy el Libro Tercero a partir del artículo 336.

SEGUNDA SECRETARIA, LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

LIBRO TERCERO
MEDIDAS CAUTELARES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
De la aplicación de las medidas cautelares

Art. 336 Procedencia

1. En cualquier proceso, la parte demandante o reconviniente podrán solicitar las medidas cautelares necesarias y apropiadas, para asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia que recayera.

2. Las medidas cautelares se decretarán siempre a petición de parte y bajo su responsabilidad, y sólo podrán afectar bienes o derechos de las partes del proceso.

3. No procederán contra el Estado las medidas cautelares para futura ejecución forzosa, excepto cuando actúa como persona jurídica de derecho privado.

Art. 337 Presupuestos

Para decretar las medidas cautelares, será necesario:

a. Que la persona solicitante justifique debidamente que son indispensables para la protección de su derecho, siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo, por la demora del proceso antes de la resolución definitiva, de modo que sin la inmediata adopción de la medida, la sentencia estimatoria de la pretensión sería de imposible o difícil ejecución.

b. La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración por demora deberán justificarse en la solicitud, de manera que sin prejuzgar el fondo, permita a la autoridad judicial considerar que la pretensión tiene fundamento.

Art. 338 Momento para solicitar las medidas cautelares

Las medidas cautelares se podrán solicitar y adoptar en primera instancia en cualquier estado del proceso, e incluso antes de haberse iniciado. En este último caso, las medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se presentara la demanda dentro de los treinta días de practicadas; en tal caso, se condenará a la persona peticionaria al pago de los gastos, los daños y perjuicios causados.

Art. 339 Medidas cautelares mediando acuerdo arbitral

1. Antes y durante el procedimiento arbitral, las partes podrán solicitar la adopción de medidas cautelares previstas en este Código a la autoridad judicial, demostrando la existencia del acuerdo arbitral.

2. Durante el procedimiento arbitral a solicitud de parte el tribunal arbitral podrá solicitar la adopción de medidas cautelares previstas en este Código, a la autoridad judicial competente, sin detrimento de lo previsto en la Ley N° 540, Ley de Mediación y Arbitraje.

3. Las medidas cautelares caducarán de pleno derecho dentro de los treinta días de practicadas, si no se demuestra con certificación la providencia que da inicio al arbitraje o la etapa procedimental en que éste se encuentre, condenándose en tal caso a la persona peticionaria al pago de los gastos, los daños y perjuicios causados.

Art. 340 Medidas cautelares en proceso jurisdiccional en el extranjero

Quien acredite ser parte en proceso jurisdiccional seguido en otro Estado, podrá solicitar a través del auxilio judicial internacional, de conformidad con los tratados internacionales vigentes en Nicaragua, la adopción de medidas cautelares respecto de bienes situados o actos que se estén realizando en el país.

Art. 341 Facultades de la autoridad judicial

Corresponderá a la autoridad judicial:

a. Apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer una menos rigurosa a la solicitada, si la estimare suficiente;

b. Determinar su alcance.

c. Establecer el término de su duración.

d. Disponer, a petición de parte, la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

e. Determinar la forma de la caución, su cuantía y tiempo en que deba prestarse.

f. Exigir la prestación de contracautela suficiente, salvo los casos exceptuados.

Art. 342 Proporcionalidad y adecuación

Solicitada una medida cautelar, podrá la autoridad judicial decretarla, aplicando el principio de proporcionalidad, adecuando su alcance y forma de cumplimiento, a fin de evitar la mayor gravedad u onerosidad para la parte demandada, según las circunstancias del caso y siempre que se garantice la pretensión de la persona solicitante.

Hasta aquí el Capítulo I, del Título I, del Libro Tercero.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Libro Tercero, Título I, Capítulo I.

Observaciones al artículo 336.

No hay.

Observaciones al artículo 337.

Tampoco hay.

Observaciones al artículo 338.

No hay.

Observaciones al artículo 339.

Tampoco hay.

Observaciones al artículo 340.

No hay.

Observaciones al artículo 341.

Tampoco hay.

Observaciones al artículo 342.

Tampoco hay.

A votación el Capítulo I, del Título I, del Libro Tercero.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

79 votos a favor, 6 diputados presentes sin votar, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el Capítulo I, del Título I, del Libro Tercero.

Saludamos a los Magistrados Ileana Pérez y el compañero Arce junto con su equipo de asesores presentes en esta sesión.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo II
Clases de medidas cautelares

Art. 343 Medidas cautelares específicas

Podrá solicitarse la adopción de las siguientes medidas cautelares:

a. El embargo preventivo de bienes.

b. El secuestro de cosa mueble o semoviente.

c. La intervención o administración judicial de bienes productivos, comerciales e industriales.

d. La aposición de sellos.

e. La formación de inventarios de bienes.

f. La anotación preventiva del embargo, la demanda y otras anotaciones registrales, si la publicidad registral es útil para garantizar el cumplimiento de la ejecución.

a. El cese provisional de una actividad, la abstención temporal de realizar una conducta, o de prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que estuviera llevándose a cabo.

b. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita, y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda.

c. El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre derechos de autor, propiedad industrial y otras, así como el depósito del material empleado para su producción.

d. La consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración sobre derechos de autor, propiedad industrial y otras.

e. Otras medidas establecidas por las leyes.

Art. 344 Potestad cautelar general

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se podrá solicitar la adopción de cualquier medida cautelar que se estime necesaria para asegurar la efectividad de la protección jurisdiccional pretendida, así como la de aquellas que para la protección de ciertos derechos, estén expresamente previstas en las leyes o en los convenios internacionales vigentes en Nicaragua.

Art. 345 Bienes inembargables

Se consideran bienes inembargables los siguientes:

a. Los bienes y derechos declarados inalienables, así como los que carezcan de contenido patrimonial. No obstante, se podrán embargar los accesorios que sean alienables con independencia del principal.

b. Los bienes constituidos en patrimonio familiar incluso la vivienda, de conformidad con la ley de la materia.

c. Los bienes declarados patrimonio nacional o patrimonio histórico.

d. Las pensiones, salvo cuando se trate de alimentos.

e. El menaje de la casa, en lo que no pueda considerarse superfluo, así como las ropas del ejecutado y de su familia, aquellos bienes como utensilios caseros y de cocina, los artículos de alimentos, combustible y otros, que a juicio de la autoridad judicial, resulten indispensables para que el ejecutado y los miembros que conforman la unidad familiar, puedan atender con razonable dignidad su subsistencia.

f. Los libros, máquinas, equipos, utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje de la persona obligada, salvo el caso de bienes prendados, para garantizar el precio de la adquisición o para obtener financiamiento.

g. Las insignias, condecoraciones, emblemas, símbolos distintivos, uniformes de las y los funcionarios y empleados del Estado, armas y equipos de uso militar del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y Sistema Penitenciario Nacional, así como aquellos bienes cuyo dominio y tenencia estén prohibidas por la ley a los particulares.

h. Los destinados exclusivamente a la veneración y celebración del culto de las congregaciones religiosas legalmente establecidas.

i. Las sepulturas, derechos funerarios y lotes destinados para éstos.

j. Los que por su naturaleza, a criterio de la autoridad judicial, sean de valor de mercado inferior al monto de los gastos necesarios para su enajenación.

k. Los bienes del Estado y bienes públicos de las municipalidades, cuando actúen como persona jurídica de derecho público.

l. Los bienes y cantidades expresamente declarados inembargables, por disposición legal.

Art. 346 Orden de prelación de bienes para el embargo

1. Salvo que se ejecuten obligaciones garantizadas con hipoteca o prenda, el orden de los bienes embargables lo determinará la autoridad judicial, atendiendo a la mayor facilidad de enajenación y la menor onerosidad para el ejecutado.

2. Si por las circunstancias de la ejecución resultara imposible o muy difícil proceder de la manera indicada, los bienes se podrán embargar por el siguiente orden:

a. Dinero, alhajas, divisas convertibles, depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, certificados de ahorro y otros, ya sea en moneda nacional o extranjera.

b. Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, títulos valores u otros instrumentos financieros negociables en un mercado oficial de valores.

c. Intereses, rentas y frutos de toda especie.

d. Sueldos, salarios e ingresos, procedentes de actividades profesionales y mercantiles por cuenta propia.

e. Bienes muebles o semovientes.

f. Acciones, participaciones sociales y títulos o valores no admitidos a cotización oficial.

g. Bienes inmuebles.

h. Créditos, derechos y valores realizables a mediano y largo plazo.

3. Cuando el embargo afecte diversos elementos patrimoniales de una empresa, causando perjuicio o daño en la naturaleza de ésta, u obstaculizando su actividad laboral, comercial o industrial, podrá excepcionalmente ordenarse el embargo de dicha empresa, de conformidad a lo regulado en el Capítulo referido a la intervención y administración de bienes.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo II, Título I, Libro Tercero.

Observaciones al artículo 343.

No hay.

Observaciones al artículo 344.

Tampoco hay.

Observaciones al artículo 345.

No hay.

Observaciones al artículo 346.

Tampoco hay.

Diputado Wilfredo Navarro, tiene la palabra.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Yo dije que no iba a intervenir, pero en el artículo 345 cuando se habla que son inembargables las insignias, condecoraciones, emblemas, símbolos distintivos, uniformes de las y los funcionarios, empleados del Estado, armas y equipos de uso militar del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y Sistema Nacional, me parece que estamos excluyendo la inembargabilidad de los equipos de las insignias de los uniformes, por ejemplo organismos como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja.

No sé si lo magistrados de la Corte tienen a bien tomar en cuenta esto e incluir, porque si se deja fuera a los bomberos por ejemplo, o a la Cruz Roja, les pueden embargar sus insignias, condecoraciones, por ejemplo a Wálmaro le pueden quitar su condecoración de Comandante de los Bomberos o a Mario Valle o a todos los comandantes bomberos que hay aquí.

Yo digo, no es ganas de molestar, pero cuando se hacen esas excepciones taxativas podemos caer en la exclusión de otras instituciones que realmente requieren la protección jurídica de la inembargabilidad y en este caso no sólo el Benemérito Cuerpo de Bomberos, las Asociaciones de Bomberos y la Cruz Roja por ejemplo, imagínense que a un loco si no lo ponemos aquí se le ocurre ir a embargar las ambulancias o los camiones a los bomberos, y no me digan que en las leyes especiales puede decir eso. Porque en la realidad también en la ley referida al Ejército Nacional y la Policía Nacional ya está establecida la inembargabilidad.

Entonces, yo quisiera pecar de redundante y que se incluyera aquí de alguna forma, no sé si en la corrección de estilo, pero que se incluya que son inembargables los bienes muebles, insignias, uniformes de las asociaciones de bomberos y de la Cruz Roja por ejemplo.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A ver, haga la moción mientras le pedimos su opinión a la compañera Irma Dávila, Presidenta de la comisión.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Gracias, compañero Presidente.

Bueno, vamos a darle la palabra a la Corte y vamos a buscar en consenso para ver si tomamos el planteamiento del diputado Wilfredo Navarro.

Mientras tanto, le pido que le dé la palabra a la Comisión Técnica Redactora.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Sí se la vamos a dar diputada, pero quiero saber si en la comisión ustedes tomaron en cuenta ese punto o no, o si es una omisión involuntaria.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

No lo tomamos en cuenta Presidente, pero pienso que lo podemos examinar rápidamente para ver si tomamos la moción del diputado.

Pero nos gustaría escuchar la opinión de la Corte Suprema en vista de que esto lo construimos mediante un consenso.

Gracias.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A ver, la Comisión Técnica de la Corte o los magistrados ¿quién de ellos hablaría?

Doctora Pérez.

DOCTORA ILEANA PÉREZ, MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Somos de la idea que sí se tiene que incluir, porque todo tipo de condecoración que se haya ganado una persona, se lo haya ganado como persona, es una cuestión especial y sí debe ser incluyente, entonces tenemos que incluir a todos los organismos, la Cruz Roja, funcionarios que se lo hayan ganado, la Asamblea, porque también la Asamblea.

Entonces, se tiene que hacer una redacción de manera amplia. Nosotros en este momento estamos trabajando en esto aquí con el equipo de la Comisión Redactora y denos unos cinco minutos para pasarle la redacción como debe ser y apegada a derecho, sin excluir a nadie.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Yo más que todo doctora Pérez y doctor Arce, antes de referirme a condecoraciones me referiría a los bienes de esas entidades, no podés embargar la manguera al cuerpo de bomberos o la ambulancia a la gente de la Cruz Roja, es decir, los bienes de esas entidades; y me gustaría que esa moción fuera hecha con el diputado Navarro, que es el que expresó la opinión al respecto.

Diputada Irma Dávila, tiene la palabra.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Presentamos una moción de consenso querido Presidente, al artículo 345 inciso g) que se leerá así:

g) Las insignias, condecoraciones, emblemas, símbolos, distintivos, uniformes de las y los funcionarios, empleados del Estado, del Ministerio de Gobernación y sus dependencias, Cruz Roja y Bomberos, equipo de uso militar del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, así como aquellos bienes cuyo dominio y tenencia esté prohibida por la ley a los particulares.

La moción es de consenso y vamos a pasarla.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Vamos entonces a votar la moción de consenso presentada que afecta el artículo 345, inciso g).

Se abre a la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

87 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 diputados presentes sin votar. Se aprueba la moción que modifica el artículo 345.

Observaciones al artículo 346.

No hay.

A votación el Capítulo II, Título I, Libro Tercero con todas sus mociones.

Se abre a la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II, Título I, Libro Tercero con la moción ya aprobada.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo III
Embargo

Art. 347 Procedencia del embargo preventivo

1. Podrá solicitar embargo preventivo, la persona acreedora de deuda en dinero, frutos, rentas y cosas fungibles, convertibles en dinero aplicando precios ciertos.

2. Cabe solicitar el embargo preventivo en los siguientes supuestos:

a. Cuando la persona deudora no tenga domicilio en la República.

b. Cuando la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado.

c. Cuando la existencia del crédito conste en contrato bilateral, siempre que la persona acreedora haya cumplido con su parte o que su obligación fuere a plazo.

d. Cuando aun estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite que la persona deudora trate de enajenar, ocultar o transportar sus bienes comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique que por cualquier causa, ha disminuido apreciablemente la solvencia de la persona deudora después de contraída la obligación.

e. Cuando se demande por daños y perjuicios derivados de eventos dañosos, siempre que se acredite el daño y la parte demandada no contare con seguro de responsabilidad; o cuando contando con dicho seguro, éste sea insuficiente, o la aseguradora se encontrara en proceso de liquidación al momento del inicio del proceso, o en forma sobrevenida.

3. También será procedente el embargo preventivo, si por las circunstancias del caso fuera una medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia, y menor onerosidad para la parte demandada.

4. En todo lo no previsto expresamente en este título, se estará a lo dispuesto para el embargo en la ejecución forzosa.

Art. 348 Embargo de inmuebles

1. Cuando se embargue un bien inmueble a solicitud de la parte interesada, se ordenará su anotación en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, mediante oficio que se enviará el mismo día de ejecutado el embargo.

2. Si se tratara de un inmueble no inscrito, inmediatamente se notificará la medida a parte deudora.

3. Cuando la afectación se limite al bien mismo, con exclusión de sus frutos, se nombrará como depositario a la o el propietario, poseedor u ocupante del inmueble sin derecho a retribución por el depósito. En ausencia de los señalados anteriormente, la autoridad judicial podrá nombrar como depositario a la persona que considere idónea.

Art. 349 Embargo de vehículo

1. Cuando se hubiere ordenado el embargo de un vehículo, se procederá a nombrar un depositario, quien lo custodiará en un lugar adecuado o un almacén permanente de bienes, y no podrá ser retirado sin orden escrita de la autoridad judicial que decretó la medida. Mientras esté vigente el embargo, no se levantará la orden de inmovilización.

2. No obstante, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, la autoridad judicial podrá designar depositario a la parte deudora, quien podrá utilizar el vehículo con el cuidado y diligencia debida, y lo tendrá en todo momento a la orden de la autoridad judicial.

3. Cuando se embargue un vehículo se remitirá oficio a la Policía Nacional para la anotación en el Registro de Propiedad Vehicular.

Art. 350 Embargo de bienes informáticos

En caso de dictarse embargo sobre cualesquiera soportes hábiles para almacenar información, sean electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, la persona afectada por la medida tendrá derecho a retirar la información contenida en ellos, salvo que ésta sea objeto del proceso.

Art. 351 Embargo preventivo de títulos valores

1. Cuando se afecten títulos valores conforme a las leyes de la materia, se realizará la anotación respectiva en el documento, conjuntamente con copia certificada de su designación y del acta de embargo.

2. La persona depositaria queda obligada a todo tipo de gestiones y actuaciones, para evitar que el título se perjudique en el ejercicio de derechos, y a depositar de inmediato el dinero que obtenga, en la cuenta bancaria oficial de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 352 Embargo de bienes muebles, unidades de producción o de comercio y de empresas

1. Pueden embargarse los bienes muebles de una empresa, cuando esta medida no afecte el normal desenvolvimiento de la misma.

2. Asimismo, podrá decretarse el embargo de una unidad de producción o de comercio, conforme a lo establecido en este Código u otras leyes.

Art. 353 Embargo en forma de retención

Cuando la medida cautelar recaiga sobre derechos de crédito u otros bienes de la persona deudora en posesión de terceros, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden de la autoridad judicial, depositando el dinero en una entidad financiera designada para ello. Tratándose de otros bienes, el retenedor asumirá las obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga a disposición de la autoridad judicial.

Art. 354 Diligencia de embargo o secuestro de bienes

1. Cuando se hayan de embargar o secuestrar bienes, en el acta de la diligencia se incluirán los siguientes extremos:

a. Relación de los bienes, con descripción, lo más detallada posible, de su forma y aspecto, características principales, estado de uso y conservación, así como la clara existencia de defectos que pudieran influir en una disminución de su valor, acompañándose para ello de medios de documentación gráfica o visual para su mejor identificación.

b. Manifestaciones efectuadas por quienes hayan intervenido en el embargo o secuestro, en especial las que se refieran a la titularidad de las cosas y a eventuales derechos de terceros.

c. Persona a la que se designa depositario y lugar donde se depositan los bienes.

2. Del acta en que conste la diligencia se dará copia a las partes.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo III.

Observaciones al artículo 347.

No hay.

Observaciones al artículo 348.

Tampoco.

Observaciones al artículo 349.

No hay.

Observaciones al artículo 350.

Tampoco hay.

Observaciones al artículo 351.

No hay

Observaciones al artículo 352.

Tampoco hay.

Observaciones al artículo 353.

No hay.

Observaciones al artículo 354.

Ni hay.

Diputada Laura Bermúdez.

¡No!

A votación el Capítulo III, con todo sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III, con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo IV
Secuestro Preventivo

Art. 355 Procedencia del secuestro

1. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del proceso, cuando se pretenda la condena a su entrega y se hallen en poder de la parte demandada, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar.

2. Procederá el secuestro con igual condición, cuando sea indispensable para proveer a la guarda o conservación de cosas, para asegurar el resultado de la sentencia.

3. La autoridad judicial designará depositario a la persona propuesta por el acreedor o en su defecto por la persona deudora, y que a juicio de la autoridad judicial sea una persona idónea y con arraigo, que mejor convenga, fijará su remuneración y ordenará el inventario, si fuera indispensable.

4. El secuestro se regirá por las normas establecidas para el embargo en la medida en que le sean aplicables.

Hasta aquí el Capítulo IV.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo IV.

Observaciones al artículo 355.

No hay.

A votación el Capítulo IV.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV con su único artículo.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo V
Disposiciones Comunes

Art. 356 Obligaciones de la persona depositaria

Son obligaciones de la persona depositaria, entre otras, las siguientes:

1. Conservar los bienes en depósito o custodia en el mismo estado en que los recibe, a la orden de la autoridad judicial y con acceso permanente para la observación por las partes y por la funcionaria o funcionario judicial designado al efecto.

2. Dar cuenta inmediata a la autoridad judicial, bajo responsabilidad civil y penal, de todo lo que pueda significar alteración o deterioro de los objetos en depósito, sin perjuicio de lo que específicamente dispongan otras normas.

3. Cuando la naturaleza de los bienes embargados lo exija, teniendo en cuenta sus características y productividad, custodiar y conservar los bienes con la debida diligencia, exhibiéndolos en las condiciones que se le indiquen y entregándolos a la persona que la autoridad judicial designe.

4. Cuando el embargo recaiga sobre salarios, sueldos, retribuciones o su equivalente, el depositario estará obligado a efectuar las retenciones conforme la orden de embargo, rendir informes y entregar a las personas que la autoridad judicial designe.

Art. 357 Particularidades del depósito

1. Cuando se trate de objetos de especial valor, o que necesiten cuidados especiales, el depósito se realizará en la entidad pública o privada acreditada y que resulte adecuada.

2. Cuando la parte ejecutada fuere nombrada depositaria, podrá autorizársele el uso de lo embargado siempre que no sea incompatible con su conservación. También podrá autorizársele la sustitución de lo embargado, si lo exige la naturaleza de las cosas o la actividad empresarial; pero sus frutos o rentas quedarán sujetos a la ejecución, debiendo consignar mensualmente hasta el veinte por ciento de las rentas netas para cubrir el monto del reclamo.

Art. 358 Retribución a la persona depositaria

La persona depositaria podrá ser retribuida conforme lo establece el Código de Aranceles Judiciales y sus reformas, salvo lo previsto para el depósito de inmuebles o cuando la persona depositaria sea la misma deudora, en el caso de bienes muebles.

Art. 359 Remoción de la persona depositaria

Las partes podrán solicitar la remoción de la persona depositaria, la que se tramitará por la forma establecida para los incidentes por escrito, sin suspensión del proceso principal, y procederá cuando a criterio de la autoridad judicial no fuere notoria la responsabilidad de la persona depositaria nombrada, o por las causas fijadas en el Código Civil y otras leyes

Hasta aquí el Capítulo V.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo V.

Observaciones al artículo 356.

No hay.

Observaciones al artículo 357.

Tampoco hay.

Observaciones al artículo 358.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 359.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo V con todo sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo VI
Intervención y administración de bienes

Art. 360 Intervención y administración judicial

1. Se ordenará la intervención o administración judicial cuando se pretenda una sentencia de condena a entregar bienes a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que tenga interés legítimo en mantener o mejorar la productividad, o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiere recaer.

2. Se ordenará la administración judicial únicamente cuando se decrete el embargo de una empresa o grupo de empresas, o cuando se embarguen acciones o participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común, o de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas, o adscritos a su explotación.

3. Se ordenará la intervención judicial cuando se embarguen los frutos, productos o recaudaciones de una empresa o unidad de producción.

Art. 361 Tramitación de la intervención o administración judicial

1. Cuando se disponga una intervención o administración judicial en el auto se fijará su duración, aunque la medida podrá ser prorrogada mediante la justificación de su necesidad, así como las facultades de la persona interventora o administradora, que se limitarán a las estrictamente indispensables para asegurar el derecho que se invoque, debiendo procurarse la continuación de la explotación de los bienes intervenidos.

2. Para constituir la intervención o la administración judicial, se convocará a las partes a una audiencia conforme lo establecido para la tramitación y audiencia de las medidas cautelares, a fin de que lleguen a un acuerdo o efectúen las alegaciones y pruebas oportunas sobre el nombramiento de la persona que deba desempeñar tal cargo, exigencia o no de caución, forma de actuación, mantenimiento o no de la administración preexistente, rendición de cuentas y retribución procedente. En lo que no exista acuerdo o medie oposición de alguna de las partes, la autoridad judicial resolverá lo que estime procedente.

3. La autoridad judicial designará de uno a tres interventores o administradores, según la entidad y complejidad del caso.

Art. 362 Responsabilidad de la intervención y de la administración

1. El interventor y el administrador judicial serán responsables civil y penalmente del cumplimiento de sus funciones y de la veracidad de la información que ofrezcan; asimismo, por las cantidades de dinero que recauden, para los efectos de exigencia de responsabilidad, se ajustarán a lo dispuesto para la persona depositaria.

2. La persona afectada por la medida cautelar responderá civil y penalmente por su actitud de resistencia, obstrucción o violencia.

Art. 363 Retribución

1. La actividad del administrador o interventor será de auxiliar judicial temporal. Su retribución no podrá exceder de la que percibiera, en su caso, un gerente con funciones de administrador en la empresa o en el bien productivo intervenido.

2. La autoridad judicial fijará la retribución de la persona interventora o administradora, que se abonará por el peticionario o, mediando circunstancias que así lo determinen, por los productos del propio bien intervenido y se imputará a la que se fije como honorario final, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida respecto de la parte que deba soportar su pago.

Art. 364 Contenido de la intervención de bienes

Con la medida de intervención de una empresa o de bienes productivos, sin alterar la administración existente, la o el interventor tomará conocimiento de todas y cada una de las operaciones que realice la o el administrador y podrá oponerse a ellas.

Art. 365 Obligaciones de la persona interventora

La o el interventor judicial está obligado a:

1. Verificar el funcionamiento y conservación de los bienes intervenidos, sin interferir ni interrumpir las labores propias de la o el administrador.

2. Llevar el control de ingresos y egresos.

3. Informar en los plazos señalados por la autoridad judicial, del desarrollo regular de la intervención.

4. Informar de inmediato a la autoridad judicial, sobre aquellos aspectos que considere perjudiciales o inconvenientes a los intereses de quien ha obtenido la medida cautelar, entre ellos la falta de ingresos o la resistencia e intencional obstrucción, que dificulte o impida su actuación.

Art. 366 Práctica de la intervención

1. La funcionaria o funcionario judicial respectivo notificará el auto de nombramiento a la persona interventora, quedando ésta en posesión del cargo; de igual manera notificará a la o el administrador de la empresa o del bien intervenido, expresándole la forma y alcances de la medida, las facultades de la o el interventor y la obligación de atender a sus requerimientos, dentro de los límites establecidos por la autoridad judicial.

2. La persona interventora redactará un acta en presencia del afectado, incluyendo un inventario de los bienes y archivos, en la que la o el intervenido podrá dejar constancia de sus observaciones respecto de la medida. Si la persona afectada rehusare firmar, se dejará constancia de su negativa.

3. La intervención se anotará en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

Art. 367 Contenido de la medida de administración de bienes

1. Cuando se acuerde o se nombre la administración judicial de una empresa o de bienes productivos, se sustituirá a la o el administrador preexistente, y los derechos, obligaciones, facultades y responsabilidades del administrador judicial, serán los que correspondían con carácter ordinario al anterior. Sin embargo, la o el administrador judicial necesitará autorización judicial para enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles, participaciones en la empresa o de ésta en otras, para contratar o despedir personal o cualquier otro acto que por su naturaleza o importancia, la autoridad judicial hubiera expresamente señalado.

2. La administración judicial se anotará en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, cuando afectara a bienes inmuebles.

Art. 368 Obligaciones del administrador judicial

La o el administrador judicial está obligado, según se trate de un bien, empresa o unidad productiva, a:

1. Gerenciar el bien embargado, con sujeción a su objeto.

2. Realizar los gastos ordinarios y los de conservación.

3. Cumplir con las obligaciones laborales que correspondan.

4. Pagar tributos y demás obligaciones legales.

5. Formular los balances correspondientes a su administración.

6. Proporcionar a la autoridad judicial la información que éste exija, agregando las observaciones sobre su gestión.

7. Poner a disposición de la autoridad judicial la totalidad de las utilidades o frutos obtenidos.

8. Las demás señaladas por este Código y por la ley.

Art. 369 Práctica de la medida de administración de bienes

1. La funcionaria o funcionario judicial notificará el auto de nombramiento a la o el administrador, quedando éste en posesión del cargo; de igual manera notificará a la o el administrador preexistente que cesa en la administración que hasta entonces llevaba. La o el administrador judicial levantará acta en la que se incluirá un inventario de los bienes y archivos, y del estado de la administración. Si la persona afectada no quisiera firmar, se dejará constancia de su negativa.

2. Si surgieran discrepancias respecto de los actos de la o el administrador judicial, serán resueltas por la autoridad judicial tras oír a los afectados, y sin perjuicio del derecho de oponerse a la cuenta final que habrá de rendir.

3. La o el administrador judicial presentará una cuenta final justificada, de la que se dará copia a las partes, quienes podrán impugnarla en el plazo de cinco días, prorrogables a treinta, atendida su complejidad. En caso de oposición a la cuenta final de la o el administrador, se convocará a las personas interesadas a una audiencia que se tramitará conforme lo establecido para el proceso sumario. En la audiencia la autoridad judicial resolverá lo que proceda por medio de auto. Dicho auto podrá ser apelado.

Hasta aquí el Capítulo VI.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo VI.

Observaciones al artículo 360.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 361.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 362.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 363.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 364.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 365.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 366.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 367.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 368.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 369.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo VI con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

87 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VI con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo VII
Aposición de sellos, formación de inventario y Anotación preventiva registral

Art. 370 Modo de proceder

En cualquier tipo de proceso se podrá solicitar como medida cautelar, la aposición de sellos y formación de inventario de bienes. Para tal efecto, se procederá en lo que fuere pertinente conforme lo establecido en los Actos de Jurisdicción Voluntaria regulados en este Código.

Art. 371 Anotación preventiva del embargo, de la demanda y otras anotaciones registrales

Para efectos de publicidad procederá la anotación preventiva del embargo, de la demanda y otras anotaciones registrales, cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente.

Hasta aquí el Capítulo VII.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo VII.

Observaciones al artículo 370.

Diputada Arling Patricia Alonso Gómez. ¿No?

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 371.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo VII.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VII con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN
DE MEDIDAS CAUTELARES

Capítulo I
Requisitos y competencias de las medidas cautelares

Art. 372 Requisitos de la solicitud de medidas cautelares

1. La solicitud de medidas cautelares se presentará por escrito, deberá contener la precisa determinación de la medida y de su alcance, justificando cumplidamente la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción.

2. Se acompañarán los documentos que la funden o se propondrán otros medios de prueba, para acreditar los presupuestos que autorizan la adopción de medidas cautelares.

3. Asimismo, se ofrecerá la prestación de caución, especificando el tipo de la misma y la cuantía que se propone, o se justificará la exención que pudiera corresponder a la persona solicitante.

Art. 373 Competencia

1. Será competente para la adopción de las medidas cautelares, la autoridad judicial que posteriormente deba conocer del proceso, o el que lo esté conociendo.

2. Será competente para la ejecución de las medidas cautelares, la autoridad judicial de ejecución y embargo donde hubiere.

3. Si la medida cautelar se solicita en relación a un proceso arbitral, la competencia corresponderá al juzgado del lugar donde se deba ejecutar la sentencia arbitral, o donde deban surtir efecto las medidas. Lo mismo se aplicará respecto de las medidas cautelares solicitadas para procesos judiciales extranjeros, salvo que dispongan cosa distinta los tratados internacionales vigentes en Nicaragua.

Art. 374 Examen de oficio de la competencia

1. La autoridad judicial examinará de oficio su competencia para conocer de la solicitud de medidas cautelares, rechazará de plano su intervención si considera que carece de ella, y remitirá a la persona solicitante a la autoridad judicial competente.

2. Sin embargo, la medida ordenada por una autoridad judicial incompetente será válida si se cumplen los demás requisitos legales, pero no se prorrogará la competencia, debiendo remitir las actuaciones de la autoridad judicial competente en cuanto sea requerido, o se ponga de manifiesto la incompetencia.

Hasta aquí el Capítulo I del Título II

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Título II Capítulo I.

Observaciones al artículo 372.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 373.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 374.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo I, Título II.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I del Título II con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo II
De la caución en las medidas cautelares

Art. 375 Prestación de caución

1. Como regla general, la persona solicitante de la medida cautelar deberá ofrecer caución suficiente, para garantizar el pago de las costas causadas en el incidente, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandada, por su adopción y cumplimiento.

2. La prestación de caución, será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida cautelar acordada.

Art. 376 Forma y cuantía de la caución

1. La caución podrá ofrecerse en dinero en efectivo, cheque certificado, cheque de gerencia o de caja, garantía bancaria o de instituciones financieras supervisadas.

2. La autoridad judicial podrá aceptar la caución ofrecida, graduarla, modificarla o incluso, cambiarla por la que considere pertinente, siempre respetando la proporcionalidad en relación con el monto de la pretensión deducida, y la capacidad patrimonial de la parte solicitante.

Art. 377 Exención de la prestación de caución

1. Quien tenga reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita, no tendrá que prestar caución para la adopción de las medidas cautelares.

2. La autoridad judicial podrá eximir de la prestación de caución a la parte solicitante, cuando su capacidad económica sea sensiblemente inferior a la de la parte contraria; especialmente, en los casos en que la pretensión planteada implique, junto a la defensa de un interés particular, la defensa de intereses generales, colectivos o difusos, como los de los consumidores o los de protección del medio ambiente. Esta decisión judicial deberá tomarse con especial motivación, y previa ponderación razonada de los intereses de las partes.

3. No se le exigirá caución al Estado ni a las municipalidades en los casos de cobros de impuestos, tasas o servicios.

4. En los demás casos previstos en la ley.

Hasta aquí el Capítulo II del Título II, Libro Tercero.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo II.

Observaciones al artículo 375.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 376.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 377.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo II Título II.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II del Título II con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo III
Tramitación y audiencia de las Medidas Cautelares

Art. 378 Tramitación y audiencia de las Medidas Cautelares

1. Para la sustanciación de la solicitud de medidas cautelares, su modificación, sustitución o cese, se formará pieza separada sin suspensión del proceso principal, y previa audiencia de la parte contraria.

2. Admitida la solicitud, la autoridad judicial convocará a las partes a una audiencia con carácter preferente, que se celebrará dentro del quinto día hábil desde la notificación.

3. En la audiencia, ambas partes expondrán brevemente lo que a su derecho convenga.

4. Las partes podrán hacer uso de cuantos medios de prueba consideren convenientes, siempre que la autoridad judicial acuerde su práctica conforme las circunstancias y la brevedad con que deba celebrarse la audiencia.

5. Para motivar el recurso de apelación contra el auto que resuelva las medidas cautelares, las partes deberán protestar las infracciones que se produzcan en la audiencia.

Art. 379 Decisión sobre las medidas cautelares

1. Terminada la audiencia o dentro del plazo de tres días, la autoridad judicial resolverá mediante auto la solicitud de medidas cautelares.

2. Si estimara que concurren los presupuestos y requisitos para la adopción de las medidas, accederá a la solicitud y fijará con precisión la medida o medidas cautelares que se acuerden, determinando su régimen, forma, cuantía y tiempo en que deba prestarse caución por la persona solicitante.

3. Contra el auto que admita las medidas cautelares cabrá recurso de apelación.

4. Contra el auto que deniegue la petición de medidas cautelares no cabrá recurso alguno, pero se podrá presentar nueva solicitud, si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición.

5. Las costas se impondrán con arreglo a los criterios generales establecidos en este Código.

Art. 380 Tramitación y audiencia de las medidas cautelares urgentes

1. Cuando la persona solicitante pida que se adopten medidas cautelares de urgencia sin audiencia de la parte contraria, deberá acreditar las razones o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar. En este caso, la autoridad judicial resolverá sobre su adopción dentro del plazo de tres días desde la presentación de la solicitud, razonando sobre la concurrencia de los requisitos de la medida y las razones para acordarla sin oír a la contraparte. Contra el auto que se dicte no cabrá recurso alguno.

2. Al momento de ejecutar la medida cautelar se notificará a la persona afectada dicho auto, entregándole copia del escrito de solicitud, para que ejerza su derecho de oposición si así lo desea.

Art. 381 Oposición de la parte demandada

1. Cuando la medida cautelar se adopte sin previa citación de la parte demandada, podrá éste formular oposición en el plazo de tres días contados desde la notificación del auto por el que se acuerde.

2. En el escrito de oposición, la parte demandada deberá justificar la improcedencia de la medida, proponiendo las pruebas de las que pretenda valerse para fundamentar su oposición.

Art. 382 Contracautela para impedir la práctica de la medida cautelar

1. Al oponerse la parte demandada ofrecerá contracautela, para garantizar los eventuales perjuicios que puedan derivarse del levantamiento de la medida, y para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare.

2. La autoridad judicial decidirá sobre la forma y cuantía de la contracautela, atendidas las circunstancias concretas del caso, aplicando lo establecido en este Título sobre el régimen de la caución.

Art. 383 Decisión sobre la oposición

1. Admitida a trámite la oposición, la autoridad judicial convocará a las partes a una audiencia, que se celebrará en el plazo de cinco días contados desde la notificación a las partes. Al notificar a la parte demandante se le dará copia del escrito de oposición.

2. Presentadas las alegaciones por las partes y practicadas las pruebas que se propusieran y admitieran, la autoridad judicial resolverá inmediatamente sobre el mantenimiento o levantamiento de la medida y sobre la prestación de la contracautela ofrecida.

3. Las costas correrán a cargo de la parte a quien se le desestimen sus pretensiones, salvo que la autoridad judicial acordara el levantamiento de la medida admitiendo la contracautela ofrecida por la parte demandada; en este caso no procederá el pronunciamiento sobre costas.

Art. 384 Reclamación de daños y perjuicios por la parte demandada

Cuando la autoridad judicial estime la oposición de la parte demandada y acordara el levantamiento de la medida sin caución, se podrá reclamar la oportuna indemnización por los daños y perjuicios que hubiera producido la medida cautelar revocada. La determinación de los daños y perjuicios y su reclamación, seguirá los trámites previstos en el proceso de ejecución forzosa.

Art. 385 Práctica de la medida cautelar

1. Acordada la medida cautelar y prestada la caución, se procederá de oficio a su cumplimiento empleando para ello los medios que fueran necesarios, pudiendo autorizarse la entrada en bienes inmuebles o apertura de bienes muebles, cuando el caso lo justifique, sin caer en excesos ni causar daños innecesarios.

2. De la práctica de la medida se levantará acta, la que deberá ser firmada por la autoridad judicial, los intervinientes y la secretaria o secretario, quien dejará constancia de los que se negaran a firmar.

Cuando se trate de la anotación preventiva, se procederá conforme a las normas del Registro correspondiente.

3. Las o los depositarios, interventores o administradores judiciales, así como las personas responsables de los bienes o derechos sobre los que hubiera recaído una medida cautelar, sólo podrán enajenarlos previa autorización de la autoridad judicial, cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan más gravosa la conservación que la enajenación.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo III.

Observaciones al artículo 378.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 379.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 380.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 381.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 382.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 383.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 384.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 385.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo III con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo IV
Modificación, mantenimiento y levantamiento de las medidas cautelares

Art. 386 Modificación de las medidas cautelares adoptadas

1. Si una vez adoptadas las medidas cautelares sobrevinieren hechos nuevos o de nuevo conocimiento, podrá la autoridad judicial a petición de parte, modificar el contenido de la medida acordada.

2. La solicitud de modificación de medidas cautelares, será sustanciada y tramitada con arreglo al procedimiento previsto para la oposición.

Art. 387 Levantamiento y caducidad de la medida cautelar

1. Cuando el proceso principal haya terminado por cualquier causa, se levantarán las medidas cautelares adoptadas. No se mantendrá una medida cautelar si el proceso quedara en suspenso por más de seis meses, por causa imputable a la persona solicitante de la medida.

2. Toda medida cautelar caduca a los dos años contados desde la fecha de su ejecución, la que se decretará a solicitud de parte o de oficio y se girará oficio a quien corresponda para el levantamiento de la medida.

3. Asimismo, si el proceso principal no hubiera concluido en el plazo referido en el párrafo anterior, a petición de parte se actualizará la medida sin costo alguno.

Art. 388 Levantamiento de la medida cautelar por sentencia desestimatoria de la demanda

1. Cuando la sentencia desestimatoria de la demanda no estuviera firme, se procederá de la siguiente forma:

a. Se acordará el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas, una vez transcurrido el plazo para interponer el recurso de apelación.

b. Si dentro del plazo para recurrir la parte demandante solicitara el mantenimiento o modificación de las medidas cautelares, se convocará a las partes a una audiencia, y atendidas las circunstancias del caso, en la misma se resolverá lo procedente.

2. Cuando la sentencia desestimatoria de la demanda estuviera firme, de oficio e inmediatamente la autoridad judicial dejará sin efecto todas las medidas cautelares adoptadas y ordenará su levantamiento, condenando a la parte demandante al pago de las costas del proceso cautelar. También a petición de parte, podrá ser condenado a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por la medida cautelar, si estos fueran probados. En caso que la parte demandada haya ofrecido contracautela, se procederá a su devolución

La indemnización se pedirá de conformidad con la liquidación de cantidades referidos a la ejecución de hacer, no hacer y dar cosa determinada, según este Código.

3. La parte demandada también podrá reclamar la oportuna indemnización, en los supuestos de renuncia a la pretensión o desistimiento de la instancia.

4. Si la sentencia estimara parcialmente la pretensión de la parte demandante, la autoridad judicial resolverá sobre el mantenimiento, modificación o levantamiento de la medida con audiencia de las partes.

Art. 389 Levantamiento de la medida cautelar por sentencia estimatoria de la demanda

1. Cuando se despache ejecución provisional de una sentencia estimatoria, se levantarán de inmediato las medidas cautelares que se hubieran acordado y guarden relación con dicha ejecución.

2. Cuando se trate de sentencia estimatoria o auto equivalente, se deberán mantener las medidas acordadas hasta que transcurra el plazo de espera en la ejecución de títulos judiciales. Transcurrido dicho plazo, si no se solicitara la ejecución, se levantarán las medidas adoptadas.

Hasta aquí el Capítulo IV finalizando el Libro Tercero.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo IV.

Observaciones al artículo 386.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 387.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 388.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 389.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo IV, Título II.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 8 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV con todos sus artículos, y con él se aprueba el Libro Tercero, Medidas Cautelares.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

LIBRO CUARTO
DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS Y MONITORIO

TÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCESOS DECLARATIVOS

Capítulo I
Reglas para determinar el proceso correspondiente

Art. 390 Clases de procesos declarativos

1. Toda pretensión que se deduzca ante los juzgados del orden civil que no tenga señalada por la ley una tramitación especial, será decidida en el proceso declarativo que corresponda.

2. Pertenecen a la clase de los procesos declarativos:

a. El proceso ordinario.

b. El proceso sumario.

3. Las normas sobre determinación de la clase de procesos por razón de la cuantía, sólo se aplicarán en defecto de normas por razón de la materia.

Art. 391 Ámbito del proceso ordinario

1. Se conocerán y decidirán por los trámites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las demandas en materia de:

a. Tutela de derechos fundamentales y honoríficos.

b. Tutela en materia de publicidad.

c. Pretensiones colectivas.

d. Impugnación de acuerdos sociales.

e. Condiciones generales de contratación.

f. Arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles.

g. Declaración de la responsabilidad civil de funcionarios públicos derivada del ejercicio de su cargo.

h. Responsabilidad civil derivada de actuaciones extracontractuales, tales como las de competencia desleal, infracciones a los Derechos de autor, propiedad industrial y otras.

i. Reivindicatorias de bienes inmuebles.

j. Cancelación de asiento registral.

k. Falsedad de instrumento público.

l. Nulidad de instrumento público.

m. Petición de herencia.

n. Rendición de cuentas, cuando no haya documento que la justifique.

o. Quiebra o insolvencia.

2. Se decidirán en el proceso ordinario aquellas pretensiones cuya materia no esté comprendida en el numeral anterior, ni en el ámbito del proceso sumario, conforme la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia.

3. También se decidirán en el proceso ordinario, aquellas materias de cuantía inestimable.

Art. 392 Ámbito del proceso sumario.

1. Se conocerán y decidirán por los trámites del proceso sumario cualquiera que sea su cuantía, las demandas referidas a las siguientes materias:

a. Arrendamiento por las causas establecidas en la Ley de Inquilinato.

b. Pretensiones posesorias.

c. Rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales.

d. Propiedad horizontal.

e. Prescripción adquisitiva.

f. Las derivadas de accidentes de tránsito.

g. Derechos de servidumbre.

h. Derechos entre comuneros.

i. Partición de herencia.

j. Negativa de inscripción registral expresa o presunta.

2. También se tramitarán en el proceso sumario, las pretensiones cuya materia no esté comprendida en el numeral anterior, ni el ámbito del proceso ordinario, conforme la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia.

Hasta aquí el Capítulo I del Título I, Libro Cuarto.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo I del Título I, Libro Cuarto.

Observaciones al artículo 390.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 391.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 392.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo I del Título I, Libro Cuarto.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I del Título I, Libro Cuarto con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo II
Determinación del valor de la pretensión

Art. 393 Determinación del valor de la pretensión

El valor de la pretensión se fijará según el interés económico de la demanda, y se calculará de acuerdo con los criterios siguientes:

1. Si se reclama una cantidad de dinero determinada, la cuantía de la demanda estará representada por dicha cantidad; si falta la determinación, la demanda se considerará de cuantía indeterminada.

2. Cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes muebles o inmuebles, con independencia de que la reclamación se base en derechos reales o personales, se estará al valor de los mismos al tiempo de interponerse la demanda conforme a los precios corrientes en el mercado, o en la contratación de bienes de la misma clase.

Para este cálculo, podrá servirse la parte actora de cualesquiera valoraciones oficiales de los bienes litigiosos, si no es posible determinar el valor por otros medios, y sin que se pueda atribuir a los inmuebles un valor inferior al que conste en el catastro fiscal.

Esta misma regla será aplicable en los procesos sobre propiedad, facultades derivadas del dominio, validez, nulidad o eficacia del título de dominio, existencia y extensión del dominio y usufructo.

3. En los procesos relativos a derechos reales de garantía, la cuantía de la demanda estará determinada por el importe de la suma garantizada.

4. En los procesos sobre sucesiones y masas patrimoniales, la cuantía de la demanda se determinará aplicando las reglas contenidas en el numeral 2 de este artículo.

5. En los procesos sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o vitalicias, se calculará el valor por el importe de una anualidad; cuando el plazo de la prestación fuera inferior a un año, se estará al importe total de la misma.

6. En los procesos que versen sobre la existencia, validez o eficacia de un título obligacional, su valor se calculará por el total de lo debido, aunque sea pagadero a plazos.

Este criterio de valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo objeto sea la creación, modificación o extinción de un título obligacional, o de un derecho de carácter personal, siempre que no sea aplicable otra regla de este artículo.

7. Cuando la demanda tenga por objeto una prestación de hacer, su cuantía consistirá en el costo de aquello cuya realización se inste, o en el importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, o en la suma de ambas cantidades si además de instarse el cumplimiento, se pretendiera también la indemnización. El cálculo de los daños y perjuicios se tendrá en cuenta cuando la prestación sea personalísima, o consista en un no hacer, incluso si lo que se insta con carácter principal es el cumplimiento.

8. Cuando se reclamen varios plazos vencidos de una misma obligación, se tomará en cuenta como cuantía la suma de los importes reclamados, salvo que se pida en la demanda declaración expresa sobre la validez o eficacia de la obligación, en que se estará al valor total de la misma. Si el importe de alguno de los plazos no fuera cierto, se excluirá éste del cómputo de la cuantía.

Art. 394 Determinación del valor en caso de acumulación de pretensiones

1. Cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones principales provenientes del mismo título, la cuantía de la demanda estará determinada por la de mayor valor. Si las pretensiones provinieren de diferente título, la cuantía de la demanda estará determinada por la suma de todas ellas.

2. Si con la pretensión principal se piden accesoriamente el pago de intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la cuantía estará determinada por el valor del principal, sin tomar en cuenta el pago de lo accesorio.

3. Cuando en una misma demanda se acumulen varias pretensiones reales referidas a un mismo bien mueble o inmueble, la cuantía nunca podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa.

4. Para el caso en que se reclamen varios cumplimientos de obligaciones periódicas, la cuantía de la demanda estará determinada por la suma de los importes reclamados.

5. No afectará a la cuantía de la demanda ni a la clase de procesos, la reconvención ni la acumulación.

Art. 395 Carácter imperativo de las normas sobre procedimiento por razón de la cuantía

1. Las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión, tienen carácter imperativo y deberán ser apreciadas de oficio por la autoridad judicial.

Si se considerara que el proceso determinado por el actor no corresponde al valor señalado o a la materia a que se refiere la demanda, la autoridad judicial dará al asunto la tramitación que corresponda.

2. La parte actora expresará en su demanda el valor de la cuantía. La alteración del valor de los bienes que sobrevenga después de presentada la demanda, no implicará la modificación de la cuantía ni de la clase de proceso.

Art. 396 Tratamiento procesal a la impugnación de la clase de procesos

1. Cuando la autoridad judicial advierta que el proceso no corresponde al valor señalado o a la materia de la demanda, dará al asunto el trámite que corresponda mediante providencia.

2. La autoridad judicial podrá corregir de oficio, errores meramente aritméticos en la determinación de la cuantía de la demanda.

3. La parte demandada podrá impugnar la clase de proceso que haya planteado la parte actora, cuando entienda que de haberse determinado de forma correcta, el proceso a seguir sería otro diferente, bien porque deba tramitarse como otro declarativo por razón de la materia o de la cuantía de la demanda.

4. En el proceso ordinario se impugnará la adecuación del procedimiento por razón de la materia o cuantía en la contestación a la demanda, y la cuestión será resuelta en la audiencia inicial.

5. En el proceso sumario, la parte demandada impugnará la clase de procedimiento en la contestación a la demanda, y la autoridad judicial en la audiencia, de previo oirá a la parte demandante y resolverá lo que proceda antes de entrar al fondo del asunto.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo II.

Observaciones al artículo 393.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 394.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 395.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 396.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo II, Título I del Libro Cuarto.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 1 diputado presente sin votar. Se aprueba el Capítulo II del Título I, Libro Cuarto con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo III
Diligencias preparatorias

Art. 397 Ámbito de aplicación

1. Todo proceso podrá prepararse por la o el futuro demandante, o por quien con fundamento prevea que será demandado, pidiendo la práctica de las diligencias necesarias para la presentación de la demanda, para la preparación de la defensa, o para el eficaz desarrollo del proceso.

2. Las diligencias preparatorias perderán su eficacia, si la persona solicitante no interpone la correspondiente demanda en el plazo máximo de treinta días después de practicadas.

Art. 398 Clases de diligencias preparatorias

Sin perjuicio de las que específicamente puedan prever este Código u otras leyes, las diligencias preparatorias podrán consistir en:

1. La declaración o exhibición de documentos de la persona a quien se dirigiría la demanda, sobre datos relativos a la determinación de la capacidad, representación o legitimación de las partes en el futuro proceso.

2. La exhibición, acceso para examen o aseguramiento de cosas sobre las que recaerá el procedimiento, que se encuentren en poder de la o el futuro demandado o de terceros.

3. La exhibición por el poseedor de documentos en los que consten actos de última voluntad, documentos, datos contables o cuentas societarias.

4. Que la eventual parte demandada exprese a qué título tiene la cosa objeto del proceso a promover, cuando se pretenda la reivindicación u otra pretensión que exija conocer el carácter en cuya virtud la ocupa

5. Que la eventual parte demandada designe domicilio dentro de cinco días, si tuviere que ausentarse del país, con el apercibimiento de ley que corresponda en cuanto a futuras notificaciones.

6. Las medidas oportunas para la determinación de los integrantes de personas consumidoras y usuarias afectadas.

7. Petición de Epicrisis o historial clínico específico sobre una enfermedad determinada, al centro sanitario o profesional que lo custodie.

8. Diligencias de obtención de datos o exhibición de documentos sobre distribución de mercancías o servicios, que infrinjan los derechos de autor, propiedad industrial y otras.

Art. 399 Competencia

1. La solicitud se dirigirá al juzgado del domicilio de la persona que deba declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones.

2. La competencia será examinada de oficio por el juzgado, sin que pueda ser impugnada a instancia de parte.

Art. 400 Requisitos de la solicitud

1. La solicitud de práctica de diligencias preparatorias, deberá formalizarse por escrito, expresando en ella la legitimación de la persona solicitante, la parte contra quien promoverá el proceso y el objeto del mismo, la finalidad concreta de la diligencia, los fundamentos que la apoyen, la diligencia que interesa practique la autoridad judicial y, eventualmente, las personas que en ellas deban intervenir.

2. La exhibición por el poseedor de documentos en los que consten actos de última voluntad, documentos, datos contables o cuentas societarias, sólo podrá ser solicitada por quien se considere sucesor, o por quien acredite ser socio o comunero.

3. En la solicitud deberá constar además, el ofrecimiento de caución para responder por los gastos, daños y perjuicios que puedan ocasionarse a las personas cuya intervención sea requerida. Si en el plazo de treinta días desde la práctica de las diligencias preparatorias el solicitante no ha interpuesto la demanda, ni ha justificado debidamente causa que lo impida, la caución se entregará a las personas requeridas.

Art. 401 Tramitación y audiencia de las diligencias preparatorias

1. Si la solicitud cumple con los requisitos legales, la autoridad judicial convocará a las partes a audiencia dentro del quinto día, con arreglo a las normas del proceso sumario.

2. La práctica de la audiencia no será necesaria, si a quien se le hubiera solicitado la diligencia preparatoria la hubiera proporcionado al solicitante, antes de la celebración de la audiencia, de lo cual dará cuenta por escrito al juzgado acreditando tal hecho.

3. En la audiencia ambas partes expondrán brevemente lo que a su derecho convenga, pronunciándose la autoridad judicial al respecto. La resolución sólo será susceptible de recurso de apelación cuando se hubiera denegado la práctica de la diligencia.

4. Acordada en la audiencia la práctica de la diligencia, se ordenará al solicitante rendir caución establecida por la autoridad judicial dentro de tercero día, y en el mismo acto citará y requerirá a quien deba realizarla, para que dentro de los cinco días siguientes de concluida la audiencia, comparezca a la sede del juzgado o al lugar y del modo que se considere oportuno, a practicar la diligencia ordenada. Los gastos ocasionados a las personas que intervengan en las diligencias preparatorias serán a cargo de la persona solicitante.

5. Si la persona solicitante de la diligencia no comparece a la audiencia o no rinde la caución ordenada en el plazo establecido, la autoridad judicial ordenará el archivo definitivo de las actuaciones, no pudiendo ser solicitada con posterioridad con igual o similar objeto. Contra esta decisión no cabrá recurso alguno.

6. Cuando se hayan practicado las diligencias o se hayan denegado por considerar justificada la oposición del requerido, la autoridad judicial resolverá mediante auto sobre la aplicación de la caución a la vista de la petición de indemnización y de la justificación de gastos que presente el requerido.

7. Cuando aplicada la caución conforme el numeral anterior, quedara remanente, no se devolverá al solicitante hasta que transcurra el plazo para presentar la demanda.

Art. 402 Facultades de la autoridad judicial ante la negativa del requerido

1. Si la persona citada y requerida no cumpliera el requerimiento para la exhibición de la cosa, libros, documentos o títulos, si los tiene en su poder, la persona solicitante de la diligencia podrá pedir el secuestro de los bienes, los que serán puestos de manifiesto en la sede del juzgado.

2. Respecto de la cosa, la persona solicitante podrá pedir su depósito o medida de garantía más adecuada para su aseguramiento.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo III.

Observaciones al artículo 397.

Diputado Indalecio Rodríguez Alaniz. ¿No?

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 398.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 399.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 400.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 401.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 402.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo III, Título I del Libro Cuarto.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III del Título I, Libro Cuarto con todos sus artículos.

Llegaremos hasta aquí en este tema y pasaremos al siguiente Adendum.

Agradecemos la presencia de los magistrados Gerardo Arce e Ileana Pérez con su conjunto de asesores y nos vemos el día que continuemos discutiendo este tema.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL 2015, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA).

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Continuando, remitimos al Orden del Día Nº 1. PUNTO III. DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS. Punto 3.5: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA. El cual fue aprobado hasta el artículo 402, Capítulo III.

Continuando con el Libro Cuarto, Título I.

Capítulo IV
Guardador para el proceso

Art. 403 Ámbito de aplicación

Cuando se inicie un proceso contra personas naturales que no hayan sido declaradas ausentes y no hubieran dejado apoderada o apoderado, se les nombrará guardador para el proceso en los siguientes casos:

a. Que se haya ausentado de su domicilio y se ignorara su paradero, o que conste o se presuma que se encuentra fuera de la República.

b. Cuando se desconozca su domicilio.

c. Cuando habiendo sido notificado el emplazamiento a la parte demandada por edictos, éste no compareciere.

Art. 404 Legitimación

El nombramiento de guardador para el proceso se iniciará a petición de la parte interesada.

Art. 405 Reglas procedimentales

1. En el escrito de demanda o posteriormente, podrá la parte actora solicitar que a la parte demandada se le nombre guardador para el proceso.

2. La autoridad judicial ordenará que a la parte demandada se le cite por medio de edictos conforme lo dispuesto en este Código, para que en el plazo de diez días concurra personalmente, apoderada o apoderado a hacer uso de sus derechos, a partir de la fecha de la última publicación del edicto. Este trámite se omitirá cuando se le haya notificado el emplazamiento la parte demandada, por edictos.

3. Si la o el citado o apoderado no concurre, se oirá a la Procuraduría General de la República, a fin de que emita su dictamen en audiencia, o por escrito.

4. Con el dictamen o sin él, la autoridad judicial por medio de auto le nombrará a la parte demandada, un guardador para el proceso.
El nombramiento del guardador para el proceso, recaerá en un defensor público o en la abogada o abogado que la autoridad judicial estime idóneo para el cargo

Hasta aquí la lectura del Capítulo IV.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo IV.

Observaciones al artículo 403.

No hay.

Observaciones al artículo 404.

Tampoco hay.

Observaciones al artículo 405.

No hay.

A votación el Capítulo IV, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo V
De la mediación y arbitraje

Art. 406 Ámbito de aplicación

La mediación y cualquier otra forma alterna de resolución de conflictos se aplicarán en lo que corresponda, a las controversias civiles, de conformidad con lo dispuesto en este Código y leyes de la materia.

A tal efecto las partes podrán hacer uso de los distintos métodos de resolución de conflictos en las sedes de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, o en un centro administrador de métodos de resolución alterna de conflictos autorizado y supervisado por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.

Art. 407 Mediación previa al proceso

1. Antes de interponer la demanda, las partes deberán acudir a las sedes de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos o a un centro de mediación autorizado y supervisado por dicha dirección, a procurar resolver el conflicto a fin de evitar el inicio del proceso.

2. En caso de llegar las partes a un acuerdo y éste se incumpliera, se procederá conforme lo establecido para la ejecución de títulos no judiciales regulada en este Código, previo análisis del acuerdo por la autoridad judicial respecto a las normas de orden público y la legalidad de su contenido.

3. Cuando las partes no llegaren a un acuerdo o la persona citada no compareciera al trámite, el solicitante de la mediación podrá acudir ante el juzgado civil competente a efecto de plantear su demanda, debiendo acompañar la constancia emitida por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos o el centro administrador de métodos de resolución alterna de conflictos indicando que se efectuó la convocatoria al trámite o su celebración sin existir acuerdo.

4. Para iniciar el proceso de ejecución de títulos judiciales, no será requisito la presentación de la constancia a que hace referencia el numeral anterior.

Art. 408 Mediación durante el proceso y sus efectos

1. Durante el proceso civil y aún en la fase de ejecución, las partes podrán acudir a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos o a un centro administrador de métodos alternos de conflictos, autorizado y supervisado por aquella, en búsqueda de acuerdo, previa solicitud de suspensión del proceso por acuerdo de las mismas, conforme lo establecido en este Código.

2. En caso de acuerdo total las partes deberán remitir el acuerdo a la autoridad judicial que conoce la causa, quien lo homologará a efecto de cierre del proceso y archivo definitivo del expediente, sin perjuicio de la remisión que deba hacer el centro de resolución alterna de conflictos.

3. En caso de acuerdo parcial, se dictará la sentencia de homologación en un plazo no mayor de cinco días, poniendo fin al proceso sobre los puntos acordados, pudiendo la parte interesada solicitar su ejecución; el proceso continuará sobre aquellos extremos en que las partes no llegaron a acuerdo.

4. Si el acuerdo se incumpliera, se procederá conforme lo establecido para la ejecución de títulos judiciales regulada en este Código.

Art. 409 Competencia ante el incumplimiento de los acuerdos o laudos arbitrales.

Será competente ante el incumplimiento de los acuerdos y laudos arbitrales, la autoridad judicial ante quien se interpondría la demanda, conforme las reglas de la competencia que establece este Código.

Art. 410 Aprobación de acuerdos para su ejecución

1. Por medio del análisis la autoridad judicial competente, a la vista de la certificación del acuerdo originado por cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos, verificará el respeto a las normas de orden público y la legalidad de su contenido y si se cumple con ello, despachará ejecución en la forma prevista en este Código.

2. Cuando la autoridad judicial previo análisis, deniegue el despacho de ejecución, lo hará mediante auto contra el que cabe recurso de apelación.

Art. 411 Nulidad del laudo arbitral

Procede el recurso de nulidad contra el laudo arbitral ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al tenor de la ley de la materia.

Art. 412 Facultades de las y los facilitadores judiciales, autoridades comunales y territoriales

1. Las y los facilitadores judiciales podrán mediar en materia civil, conforme lo establecido en este capítulo y el reglamento emitido por la dirección especializada en la materia, previa aprobación por la Corte Suprema de Justicia.

2. También podrán mediar las juezas y los jueces comunales y territoriales en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe debidamente capacitados por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. En el resto de las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestro país, podrá mediar la persona que fuere debidamente capacitados acreditada por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.

3. Finalizado el acto de mediación, se orientará a las partes a comparecer ante la autoridad judicial competente de su localidad para:

a. La revisión del acuerdo en caso de su incumplimiento, para su ejecución de conformidad con lo establecido en este Código.

b. Que ventilen el caso cuando no se logre el acuerdo entre las partes.

Hasta aquí la lectura del Capítulo V.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo V.

Observaciones al artículo 406.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 407.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 408.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 409.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 410.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 411.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 412.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo V, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V, con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo VI
Incidentes

Art. 413 Principio general

1. Toda cuestión incidental ya sea de carácter procesal o material, que siendo distinta del objeto principal del proceso tuviere relación inmediata con él, se tramitará en pieza separada en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo, salvo que tengan señalada una tramitación especial en este Código.

2. No obstante, cuando las cuestiones incidentales suscitadas dentro de las audiencias sean relativas a su trámite, se sustanciarán y resolverán directamente en ellas.

Art. 414 Incidentes no suspensivos

1. Las cuestiones incidentales no suspenderán el curso del proceso principal, salvo que atendida su naturaleza, la cuestión planteada suponga un obstáculo para la continuación del proceso.

2. Cuando la cuestión incidental no sea obstáculo para la continuación del proceso y deba decidirse previamente al asunto que constituye su objeto, se resolverá en la sentencia definitiva, antes de las consideraciones sobre el objeto principal.

Art. 415 Incidentes suspensivos

Además de los casos de suspensión previstos expresamente en este Código, se suspenderá el proceso cuando se suscite una cuestión incidental referida a:

1. La falta de un presupuesto procesal, o la aparición de un impedimento de la misma naturaleza, siempre que hayan sobrevenido después de terminada la audiencia inicial y antes de iniciar la audiencia de prueba en el proceso ordinario, o antes de admitida la prueba en la audiencia del proceso sumario.

2. Cualquier otra que ocurra durante el proceso y cuya resolución sea absolutamente necesaria, de hecho o de derecho, para decidir sobre la continuación del proceso por sus trámites ordinarios o sobre su terminación.

Art. 416 Promoción de los incidentes suspensivos

Todas las cuestiones incidentales que por su naturaleza pudieran suspender el proceso, cuyas causas existieran simultáneamente y fueran conocidas por quien las promueve, deberán ser articuladas en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Las que se interpongan con posterioridad, serán rechazadas de plano.

Art. 417 Requisitos y régimen de admisión

1. Toda cuestión incidental se promoverá mediante escrito fundado, de forma clara y concreta tanto fáctica como jurídicamente, acompañando los documentos oportunos y proponiendo las pruebas que se estimen necesarias.

2. Si el incidente fuera manifiestamente improcedente o no se ajustara a los casos previstos en este Código, sin más trámite se rechazará mediante auto, el cual previa protesta podrá ser recurrible de apelación, junto con la sentencia definitiva.

3. No se admitirá el planteamiento de cuestiones incidentales, una vez iniciada la audiencia probatoria en el proceso ordinario, o una vez admitida la prueba en la audiencia del proceso sumario, sin perjuicio a lo establecido en el presente Código.

Art 418 Sustanciación de las cuestiones incidentales

1. La autoridad judicial dentro del plazo de tres días denegará o admitirá el trámite de la cuestión incidental, mediante auto que se notificará a las partes personadas; en caso de ser admitida, dentro de los tres días siguientes a la notificación, las partes podrán alegar por escrito lo que a su derecho convenga, acompañando los documentos oportunos y proponiendo la prueba que consideren necesaria.

2. Transcurrido dicho plazo, se citará a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco días siguientes, conforme las reglas establecidas para el proceso sumario.

3. La audiencia podrá suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de cinco días, cuando hubiera imposibilidad material de practicar la prueba que deba recibirse en ella.

Art. 419 Resolución y recursos

1. Celebrada la audiencia y practicada la prueba que se hubiera admitido, la autoridad judicial sin más trámite dictará la resolución que proceda.

2. Cuando la cuestión incidental haya ocasionado la suspensión del proceso principal, dicho incidente se resolverá mediante auto, que se dictará en el plazo máximo de cinco días contados desde la finalización de la audiencia. Este auto será recurrible en apelación si pone fin al proceso. Si la resolución desestima el incidente o éste no le pone fin al proceso, sólo podrá recurrirse mediante la apelación de la sentencia definitiva.

3. Cuando la cuestión incidental no suspenda el proceso principal, dicho incidente se resolverá en la sentencia definitiva y podrá ser objeto de impugnación al apelarse ésta.

Hasta aquí la lectura del Capítulo VI.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Saludamos a los estudiantes de secundaria de los Colegios Nicaragua Christian Academy y Lincoln International Academy del departamento de Managua, quienes están presentes aquí con nosotros en el plenario.

A discusión el Capítulo VI.

Observaciones al artículo 413.

Observaciones al artículo 414.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 415.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 416.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 417.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 418.

No hay observaciones

Observaciones al artículo 419.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo VI, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

87 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VI, con todos sus artículos.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA DIECISÉIS DE ABRIL DEL 2015, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA).

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados al Orden del Día N° 01. PUNTO III. DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS, continuación de la discusión del Punto 3.5: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA. Mismo que fue aprobado el día de ayer hasta el artículo 419, relativo a los Incidentes.

TÍTULO II
PROCESO ORDINARIO

Capítulo I
Demanda

Art. 420 Procedencia y requisitos

Todo proceso judicial comenzará con demanda escrita, que expresará al menos:

1. La designación del juzgado competente.

2. El nombre de la parte demandante, calidades de ley, número de cédula de identidad ciudadana y dirección domiciliaria.

3. El nombre y dirección de la oficina de la abogada o abogado de la parte demandante que le asista o represente, o en su defecto la dirección domiciliaria, señalando en su caso, el medio técnico que le permita recibir comunicaciones directas del juzgado.

4. El nombre de la parte demandada, calidades de ley y su domicilio.

5. Los hechos en que se funde la petición, expuestos numeradamente en forma precisa, en orden y con claridad.

6. La fundamentación jurídica de la petición.

7. La pretensión que se formula, determinando clara y concretamente lo que se pide. Si son varias las peticiones, éstas se expresarán con la debida separación. En caso que las pretensiones principales fueran desestimadas, las formuladas subsidiariamente se harán constar por su orden y separadamente.

8. La proposición de los medios de prueba que en su opinión deberán ser practicados, indicando separadamente qué hechos pretende demostrar con los mismos.

9. Descripción de los anexos que se acompañan.

10. Lugar y fecha del escrito, firmas de la parte demandante, de la abogada o abogado que le asista o la firma de quien lo represente.

Art. 421 Anexos de la demanda

A la demanda habrá de acompañarse:

1. Constancia de no acuerdo en el trámite de mediación.

2. Certificación de la inscripción en el registro competente, de la persona jurídica nacional o extranjera.

3. El documento público que acredite la representación legal de la parte demandante, si se trata de personas jurídicas o de personas naturales que no pueden comparecer por sí mismas.

4. El documento público que contenga el poder para intervenir en el proceso, cuando corresponda.

5. El documento público que acredite la calidad con que actúa la parte demandante.

6. Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, cuando sea estimable para efectos de competencia y procedimiento.

7. En el caso de obligaciones dinerarias, el estado de cuenta donde conste la cantidad total por la que se demanda, detallando el monto del principal o saldo, los intereses legales y moratorios pertinentes devengados hasta el momento de la solicitud.

8. Cuando la pretensión sea o provenga de un préstamo o crédito, se acompañarán los documentos justificantes de las diversas partidas de cargos y abonos.

9. Los medios probatorios destinados a sustentar el petitorio si los hubieren, deberán indicar con precisión los datos y lo demás que sea necesario para su práctica. Se aportarán también los dictámenes periciales en que la parte demandante apoye sus pretensiones.

Art. 422 Copia de la demanda y sus anexos

De la demanda y los anexos, se acompañará para la parte demandada, copia cotejada y razonada por la secretaria o secretario del juzgado, notaria o notario público, todo de conformidad con la ley.

Art. 423 Ampliación de la demanda

1. La demanda podrá ampliarse antes de su contestación, para acumular nuevas pretensiones a las ya planteadas, o para dirigirlas contra nuevas personas demandadas. En tal caso, el plazo para contestar la demanda se volverá a contar a partir de la notificación de dicha ampliación y entrega de la copia del escrito de ampliación de la demanda.

2. En los casos de acumulación, la parte demandada podrá oponerse en la contestación de la demanda, cuando no se acomode a lo dispuesto en las normas que regulan la acumulación y la autoridad judicial resolverá en la audiencia inicial del proceso ordinario o en la audiencia del proceso sumario.

3. No se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda.

Art. 424 Admisión o no de la demanda

1. La autoridad judicial resolverá lo procedente sobre la admisión o no de la demanda o de la reconvención en su caso, en el plazo de cinco días desde su presentación.

2. La autoridad judicial declarará inadmisible la demanda, cuando la misma carezca de los requisitos legales establecidos en este Código y especialmente los referidos a:

a. Su competencia.

b. La capacidad para ser parte, capacidad procesal y legitimación del actor y del demandado.

c. La procedencia del proceso por razón de la materia o de la cuantía.

d. Los requisitos de la demanda y la procedencia en su caso, de la acumulación de pretensiones.

3. La demanda tampoco será admitida, cuando no se acompañen a ella los documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para su admisión.

4. La autoridad judicial comunicará a la parte demandante o reconviniente en su caso, por una sola vez, los defectos u omisiones de la demanda si fueran subsanables, para que proceda a corregirlos o completarlos en el plazo que se fije al efecto, que no podrá ser superior a cinco días. Si no se subsanan los defectos de la demanda en dicho plazo, se ordenará el archivo definitivo del expediente y la devolución de los anexos, para que haga uso de su derecho.

5. Si la demanda contuviera defectos insubsanables, se ordenará el archivo del expediente como en el supuesto anterior.

6. En el caso de la reconvención, cuando no se subsanen los defectos o éstos sean insubsanables, se tendrá como no presentada.

Art. 425 Efectos de la demanda

1. Desde la presentación de la demanda, si fuera admitida, se produce la litispendencia.

2. La prescripción de la acción se interrumpe por la litispendencia. La prescripción empieza a correr nuevamente cuando se declara con lugar el desistimiento de la demanda, la caducidad del proceso, o el archivo de las actuaciones en cualquier instancia o recurso.

3. Los cambios que se pudieran producir una vez iniciado el proceso respecto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa o el objeto del proceso, así como los que introduzcan las partes o terceros sobre el estado de las cosas o de las personas, no afectarán la competencia de la autoridad judicial o la clase de proceso, que se determinarán conforme las circunstancias existentes en el momento del inicio de la litispendencia.

4. Dichos cambios no se tendrán en cuenta a la hora de dictar sentencia, salvo que estos privaren definitivamente de interés legítimo a las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda o en la reconvención, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en este Código, referido al poder de disposición de las partes.

Hasta aquí la lectura del Capítulo I, Título II, Proceso Ordinario.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Saludamos la presencia del magistrado Gerardo Arce y a su equipo de trabajo que nos acompañan en esta sesión.

A discusión el Capítulo I, Título II

Observaciones al artículo 420.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 421.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 422.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 423.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 424.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 425.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo I, Título II, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I, Título II del Libro Cuarto, con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo II
La contestación a la demanda y la reconvención

Art. 426 Emplazamiento para la contestación de la demanda

1. Admitida la demanda, se emplazará a la persona o personas contra quienes se interponga para que la contesten en el plazo de los treinta días siguientes, debiéndose entregar copia de la demanda y sus anexos con la notificación.

2. Si fueran varias las personas demandadas y se hallaran en lugares diferentes a la sede judicial, el plazo para contestar la demanda se computará para todos, a partir de la última notificación realizada.

Art. 427 Contestación a la demanda

1. La contestación a la demanda se redactará en la forma y con los requisitos pertinentes previstos para la demanda, acompañándose los anexos cuando procedan.

2. En la contestación se negarán o admitirán los hechos aducidos por el actor. La autoridad judicial considerará el silencio o las respuestas evasivas de la parte demandada como negación tácita de los hechos que le sean perjudiciales.

3. En la contestación a la demanda, se expondrán los fundamentos de la oposición a las pretensiones de la parte actora, alegando las excepciones materiales que correspondan, a criterio de la parte demandada.

4. Se entiende por excepciones materiales, aquellas que extinguen la pretensión de conformidad con las leyes, entre otras, la cosa juzgada, prescripción, pago, novación.

5. También habrá de aducir la parte demandada, las excepciones procesales o defectos procesales que serán resueltas en la audiencia inicial, y demás alegaciones que obstaculicen la válida prosecución y finalización del proceso mediante sentencia.

6. De igual manera podrá oponerse a la acumulación de pretensiones, expresando las razones que le asistan.

Art. 428 Allanamiento a la demanda

1. La parte demandada podrá allanarse expresamente a la demanda, en la contestación o en la audiencia inicial, reconociendo los fundamentos de la demanda y aceptando la

pretensión. Si se allanare en la contestación, la autoridad judicial deberá dictar sentencia inmediatamente, y si lo hace en la audiencia inicial podrá al finalizar ésta emitir el fallo oralmente, dictando posteriormente la sentencia conforme este Código. En ambos casos, la autoridad judicial resolverá sin necesidad de prueba ni de ningún otro trámite.

2. El allanamiento podrá ser parcial, aceptando alguna o algunas de las pretensiones del actor, así como una parte de la pretensión aducida. En este caso, deberá seguirse el proceso en relación a lo que no hubiese sido objeto del allanamiento.

3. En ambos casos se observará lo que sea pertinente sobre el allanamiento referido en este Código.

Art. 429 Reconvención o contrademanda

si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.

2. No se admitirá la reconvención cuando la autoridad judicial carezca de competencia por razón de la materia o de la cuantía, o cuando la pretensión deba decidirse en un proceso de diferente tipo. Sin embargo, podrá interponerse mediante reconvención en el procedimiento ordinario, la pretensión conexa que hubiere de ventilarse en un procedimiento sumario de menor cuantía.

3. La reconvención podrá dirigirse al mismo tiempo contra sujetos no demandantes, siempre que puedan considerarse litisconsortes voluntarios o necesarios de la parte actora reconvenida, por su relación con el objeto de la demanda reconvencional.

Art. 430 Planteamiento de la reconvención

1. Formulada la reconvención, se propondrá con la debida separación en el mismo escrito en que se contesta la demanda, en la forma y con los requisitos exigidos para la demanda y sus anexos, expresando con claridad lo que se pretende obtener. En ningún caso se considerará formulada reconvención, si la parte demandada se limita a solicitar que se le absuelva de la demanda.

2. La reconvención se sustanciará en el mismo proceso de la demanda y ambas serán resueltas en una sola sentencia.

Art. 431 Contestación a la reconvención

Admitida la reconvención, se entregará copia de ella y de sus anexos a la parte demandante reconvenida y a los terceros demandados en la reconvención, y se les emplazará para que la contesten en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación. Esta contestación se ajustará a lo dispuesto para la contestación de la demanda.

Art. 432 Tratamiento procesal de la compensación

Cuando la parte demandada hiciera uso de la excepción de compensación de crédito frente al petitorio de condena al pago de cantidad de dinero, se entregará a la parte demandante copia de la contestación de la demanda, para que pueda alegar sobre esa excepción conforme lo previsto para la contestación a la reconvención, aunque la parte demandada sólo pretendiese su absolución y no la condena al saldo que a su favor pudiera resultar.

Art. 433 Tratamiento procesal de la alegación de la nulidad del negocio jurídico en que se funde la demanda

1. Cuando en la contestación la parte demandada adujere hechos determinantes de nulidad absoluta del negocio en que se funda la demanda, la parte actora contestará en el mismo plazo y forma establecidos para la contestación a la reconvención.

2. Alegándose la nulidad del negocio jurídico, la autoridad judicial en su sentencia se pronunciará en primer término sobre esta cuestión de fondo, y si la desestima resolverá lo demás.

Hasta aquí la lectura del Capítulo II.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo II.

Observaciones al artículo 426.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 427.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 428.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 429.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 430.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 431.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 432.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 433.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo II, Título II, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II, Título II, con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo III
La rebeldía

Art. 434 Declaración de rebeldía

1. Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, no se personare en el proceso la parte demandada, habiendo sido notificada válidamente, de oficio se le declarará rebelde.

2. La falta de personamiento de la parte demandada no impedirá la continuación del proceso, debiendo entenderse su incomparecencia como negativa de los hechos.

Art. 435 Notificaciones a la parte rebelde

1. La resolución que declare la rebeldía se notificará a la parte demandada por cédula, si tuviere dirección conocida. No será necesario notificar las resoluciones sucesivas a la parte rebelde, las que surtirán efectos desde que se pronuncien, con excepción de la resolución que ponga fin al proceso, la que deberá ser notificada por cédula.

2. En caso de carecer de domicilio conocido, la notificación se hará por edictos, conforme se establece en este Código.

Art. 436 Comunicación al rebelde sobre la pendencia del proceso

La parte rebelde que hubiese sido emplazado mediante edictos, se le comunicará la pendencia del proceso, de oficio o a instancia de parte, en cuanto se tenga noticia del lugar en que pueda llevarse a cabo la comunicación.

Art. 437 Comparecencia del rebelde

1. La parte rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento mediante comparecencia en forma, sujetándose al estado en que se encuentre el proceso, sin que se pueda retroceder en las actuaciones.

2. Cuando la parte demandada hubiera permanecido involuntariamente en rebeldía durante todo el proceso, podrá hacer uso de la acción impugnatoria de rescisión de sentencia firme, en los plazos y forma previstos en este Código.

Hasta aquí la lectura del Capítulo III.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo III.

Observaciones al artículo 434.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 435.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 436.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 437.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo III, Título II, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 10 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III, con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo IV
La audiencia inicial

Art. 438 Convocatoria de la audiencia inicial

Contestada la demanda y en su caso la reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes, la autoridad judicial en el plazo de cinco días convocará a las partes a una audiencia inicial, señalando fecha, día y hora; ésta deberá celebrarse en un plazo no mayor de veinte días contados desde la convocatoria judicial.

Art. 439 Comparecencia de las partes

1. Las partes deberán comparecer a la audiencia inicial asistidas de su abogada, abogado o a través de su apoderada o apoderado con facultades suficientes para hacer uso del poder de disposición de las partes y de los métodos alternos de resolución de conflictos, salvo lo dispuesto en este Código, en materia de comparecencia obligatoria.

2. Si por razones debidamente acreditadas, de caso fortuito o fuerza mayor, una de las partes no pudiera comparecer, la audiencia podrá suspenderse por una sola vez.

Art. 440 Incomparecencia de las partes

1. Cuando ambas partes o sus respectivas apoderadas o apoderados dejaran de concurrir a la audiencia inicial, la autoridad judicial pondrá fin al proceso sin más trámite.

2. Cuando la parte demandante o su apoderada o apoderado, no asista a la audiencia inicial y la parte demandada o su apoderada o apoderado, no muestre interés legítimo en la prosecución del proceso, se pondrá fin a éste y se impondrán las costas a la parte demandante.

3. Cuando la parte demandante o su apoderada o apoderado no compareciera a la audiencia inicial y la parte demandada mostrara interés legítima en la prosecución del proceso, la autoridad judicial ordenará la continuación de la audiencia, en lo que sea procedente.

4. Cuando la parte demandada o su apoderada o apoderado no compareciera a la audiencia inicial, la autoridad judicial ordenará la continuación del proceso, sin que dicha ausencia suponga allanamiento, ni admisión de los hechos por la parte demandada.

Art. 441 Finalidad de la audiencia inicial

La audiencia inicial servirá para instar a las partes a lograr un arreglo; permitir el saneamiento de los defectos procesales alegados; fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos de su debate; ratificar la nómina de los medios de prueba propuestos, y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la audiencia probatoria, así como señalar su día, fecha y hora.

Art. 442 Inicio de la audiencia

1. Abierta la audiencia inicial, la autoridad judicial instará a las partes a lograr un arreglo en relación con la pretensión deducida en el proceso, señalándoles las ventajas de resolver el conflicto extraprocesalmente.

2. Si las partes se mostraran dispuestas a lograr un arreglo, la autoridad judicial a solicitud de éstas suspenderá el proceso, conforme lo establecido en el presente Código y remitirá a las partes a un Centro de Resolución Alterna de Conflictos.

Art. 443 Examen de las excepciones o defectos procesales

La audiencia continuará con el examen de las excepciones o defectos procesales alegados por las partes, en cuanto supongan un obstáculo a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondo, incluidos los referidos a la falta de capacidad, representación, postulación, indebida acumulación de pretensiones, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda o la reconvención, litispendencia, impugnación de la adecuación del procedimiento, incompetencia por existir acuerdo arbitral y falta del debido litisconsorcio.

Art. 444 Apreciación de las excepciones o defectos procesales

1. Cuando la excepción o defecto procesal examinado y apreciado por la autoridad judicial resulte del todo insubsanable, se pondrá fin al proceso y se ordenará el archivo de las actuaciones. Si el defecto fuera subsanable, se concederá a la parte un plazo no superior a diez días para que lo subsane, transcurrido el cual sin haberlo hecho, se pondrá fin al proceso y se ordenará el archivo de las actuaciones.

2. En ambos casos, el archivo de las actuaciones es sin perjuicio del derecho de las partes a volver a plantear la pretensión, si ello fuera posible.

Art. 445 Defectos de capacidad, representación o postulación

1. Si los defectos denunciados y examinados se refieren a la capacidad, representación o postulación y fueran subsanables, la autoridad judicial otorgará un plazo máximo de diez días para proceder a su debida corrección, interrumpiendo a tal efecto la audiencia, salvo que la parte estuviera en disposición de sanearlos en el mismo acto. Subsanados los defectos procesales, la audiencia se reanudará o continuará, en su caso.

2. Si transcurrido el plazo señalado, la parte demandante o reconviniente no hubiera acreditado ante la autoridad judicial la subsanación de los defectos procesales, se pondrá fin al proceso, ordenándose el archivo de las actuaciones.

3. Si la subsanación correspondiera a la parte demandada o tercero reconvenido y no se efectuara en el plazo otorgado, el proceso seguirá su curso con la declaración de rebeldía, sin que se tomen en cuenta las actuaciones que hubiera realizado.

Art. 446 Indebida acumulación de pretensiones

1. Si en la demanda se han acumulado diversas pretensiones y la parte demandada se hubiera opuesto motivadamente a esa acumulación, la autoridad judicial oyendo previamente a la parte demandante, resolverá en la misma audiencia sobre la improcedencia o admisibilidad de la acumulación.

2. La audiencia y el proceso seguirán su curso respecto de la pretensión o pretensiones, que según la resolución judicial puedan constituir el objeto del proceso.

Art. 447 Falta del debido litisconsorcio necesario activo

1. Si la parte demandada al contestar alegara que la demanda también debió ser dirigida contra otras personas y la parte actora no hiciera oposición, podrá en la audiencia presentar escrito dirigiendo su demanda contra las nuevas personas demandadas; en este caso la autoridad judicial suspenderá la audiencia y emplazará a las nuevas personas demandadas, para que contesten la demanda.

Al dirigir la demanda a los litisconsortes, la parte demandante sólo podrá añadir a las alegaciones de la demanda inicial aquellas otras imprescindibles, para justificar las pretensiones contra las nuevas personas demandadas, sin alterar sustancialmente la causa de pedir.

2. Si la parte actora se opusiera al litisconsorcio aducido por la parte demandada, la autoridad judicial oirá a las partes sobre este punto y en la misma audiencia resolverá; cuando la dificultad o complejidad del asunto lo aconseje, podrá resolverlo mediante auto que deberá dictar en el plazo de cinco días siguientes a la audiencia. En todo caso, ésta deberá proseguir para sus restantes finalidades.

Si la autoridad judicial estimara procedente el litisconsorcio, ordenará a la parte actora para que dentro del plazo de cinco días lo constituya y acompañe las copias de la demanda y documentos anexos; si no lo hiciera se pondrá fin al proceso y se procederá al archivo de las actuaciones.

Las nuevas personas demandadas podrán contestar la demanda dentro del plazo establecido en este Código, quedando en suspenso el curso de las actuaciones para la parte demandante y la parte demandada inicialmente.

Art. 448 Oscuridad o ambigüedad en la demanda o reconvención

1. Cuando se hubiera alegado la existencia de defectos en la demanda o en la reconvención, o la autoridad judicial apreciara de oficio, ordenará a las partes que hagan las aclaraciones o precisiones oportunas en la misma audiencia.

2. Si no se hicieran las aclaraciones o precisiones, y los defectos no permitieran determinar con claridad las pretensiones de la parte demandante, la autoridad judicial ordenará el archivo definitivo del expediente y la devolución de los anexos, para que la parte demandante, si lo estima conveniente, haga uso de su derecho.

Art. 449 Litispendencia o cosa juzgada

1. Cuando se hubiera alegado la litispendencia o cosa juzgada o este defecto fuera apreciado de oficio por la autoridad judicial, se pondrá fin al proceso en el acto, con archivo de las actuaciones.

2. Si la autoridad judicial considerara inexistente la litispendencia o la cosa juzgada, lo declarará así motivadamente en el acto, y decidirá que la audiencia prosiga para sus restantes finalidades.

3. No obstante, si las cuestiones suscitadas sobre litispendencia o cosa juzgada entrañaran especial dificultad o complejidad, la autoridad judicial interrumpirá la audiencia y en los cinco días posteriores resolverá la cuestión mediante auto. Si no procede la litispendencia o cosa juzgada, se ordenará la reanudación de la audiencia para cumplir las restantes finalidades.

Art. 450 Impugnación de la adecuación del procedimiento

Cuando se impugnara la adecuación del procedimiento por razón de la materia o la cuantía, se oirá a ambas partes. La autoridad judicial resolverá motivadamente en el acto lo que proceda, y si hubiera de seguirse el procedimiento sumario, citará a las partes a la audiencia del mismo.

Art. 451 Incompetencia por existir acuerdo arbitral

Cuando se alegara la falta de competencia por existir acuerdo arbitral de someter el litigio a la decisión de árbitros, se pondrá fin al proceso ordenando el archivo de las actuaciones.

Art. 452 Fijación de la pretensión

1. En la audiencia podrá la parte demandante o reconviniente hacer las precisiones, aclaraciones y concreciones que estime oportunas, en relación con la pretensión deducida en la demanda o reconvención. En ningún caso podrá alterar o modificar sustancialmente la misma. A estos efectos la autoridad judicial podrá ordenar a las partes, cuantas veces lo crea necesario, que aclaren en la audiencia los puntos dudosos u oscuros que contengan las respectivas alegaciones iniciales, o las efectuadas en la audiencia conforme este artículo.

2. La parte demandante podrá agregar pretensiones accesorias a las planteadas en su demanda. Aunque la parte demandada se opusiera a esta adición, la autoridad judicial la admitirá siempre que no suponga menoscabo para el adecuado ejercicio del derecho de defensa.

Art. 453 Reglas de introducción de hechos nuevos o de nueva noticia

1. Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación o en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente.

No obstante lo anterior, las partes podrán formular alegaciones complementarias sobre hechos nuevos o de nueva noticia de relevancia para la fijación de la causa de pedir, o para la concreción de los términos del debate, proponiendo su prueba. Se entenderá por hecho nuevo o de nueva noticia el acaecido o conocido tras la conclusión de los actos de alegación. La autoridad judicial decidirá sobre la admisibilidad tanto de los hechos, como de las pruebas.

3. Las anteriores alegaciones se podrán hacer en los siguientes momentos procesales:

a. En la audiencia inicial, cuando ocurriera o se conociera algún hecho nuevo o de nueva noticia una vez contestada la demanda o reconvención y hasta antes de la audiencia inicial.

b. Concluida la audiencia inicial y hasta antes de la audiencia probatoria, las partes podrán hacer valer el hecho nuevo o de nueva noticia, alegándolo por escrito. De lo alegado se concederán cinco días a la parte contraria, para que manifieste si reconoce como cierto el hecho alegado o lo niega. En este último caso propondrá la prueba.

c. En la audiencia probatoria, si tales hechos se pusieran de manifiesto en la audiencia probatoria y si los mismos fueren controvertidos, la autoridad judicial en el acto resolverá sobre la admisibilidad de los hechos y de las pruebas, las que se practicarán en las diligencias finales.

Art. 454 Admisión de hechos nuevos o de nueva noticia

1. Cuando se presente en el proceso un hecho nuevo o de nueva noticia que no fuera reconocido como cierto por la parte contraria, se propondrá y se practicará la prueba pertinente y útil cuando fuera posible por el estado de las actuaciones, o en su caso a través de diligencias finales del modo previsto en este Código.

2. La autoridad judicial rechazará mediante auto la alegación de un hecho nuevo o de nueva noticia, si esta circunstancia no se justificara de manera suficiente.

3. También se rechazará, cuando a la vista de las circunstancias y de las alegaciones de las demás partes, se evidenciara que el hecho se pudo haber alegado en los momentos procesales ordinariamente previstos.

4. En este último caso, si la autoridad judicial apreciara ánimo dilatorio o mala fe procesal en la alegación, podrá imponer al responsable una multa de uno a tres salarios mínimos.

5. Contra el auto que admita el hecho nuevo o de nueva noticia, no cabe recurso alguno; contra el que lo rechace, podrá pedirse en el acto su reposición y si ésta fuera denegada, deberá protestarla en el acto, para reproducirla con la apelación de la sentencia definitiva.

Art. 455 Presentación de nuevos documentos o informes de peritos

1. Si de la contestación a la demanda o a la reconvención en su caso, se evidencia la necesidad de aportar prueba documental o pericial, las partes podrán proponerlo en la audiencia inicial. También podrán proponer las que se deriven de las precisiones aclaraciones y concreciones efectuadas en la propia audiencia. Si la autoridad judicial las considera inadmisibles, las desestimará de plano mediante auto.

2. La resolución que admitiera o rechazara el documento o informe nuevo, que haya sido protestada, será recurrible con la apelación de la sentencia definitiva.

Art. 456 Fijación del objeto de la prueba

1. Los hechos admitidos por las partes, quedarán excluidos de prueba. Las partes fijarán en la audiencia los hechos sobre los que exista disconformidad y sobre los cuales recaerá la prueba, la que se admitirá y practicará conforme lo dispuesto en este Código.

2. Cuando las partes muestren conformidad en cuanto a los hechos, y las discrepancias sean únicamente en cuanto a su consecuencia jurídica, la autoridad judicial podrá emitir el fallo oralmente, dictando posteriormente la sentencia conforme este Código.

Art. 457 Decisión sobre la proposición de la prueba

La autoridad judicial dará la palabra a las partes para que ratifiquen las pruebas ofrecidas en su demanda o contestación, argumentando o justificando lo que a su derecho convenga sobre cada uno de los hechos respecto de los que haya disconformidad, y de las pruebas de que intentará valerse en la audiencia probatoria. La autoridad judicial en el acto, previa calificación, resolverá mediante auto sobre la admisión o rechazo de cada una de las pruebas ofrecidas.

Art. 458 Finalización del proceso sin audiencia probatoria

1. Cuando la única prueba admitida sea la de documentos y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin haberse impugnado, no se celebrará audiencia probatoria. Lo mismo se hará cuando se admitiera solamente un medio de prueba que pueda practicarse en el acto, siempre que se hallare presente en la audiencia inicial quien deba rendirla.

2. Al finalizar la audiencia inicial la autoridad judicial podrá emitir el fallo oralmente, y posteriormente dictará la sentencia conforme este Código.

Art. 459 Fijación de la audiencia probatoria y citación de las partes

1. Si se hubiera de celebrar la audiencia para la práctica de las pruebas admitidas, se fijará lugar, fecha y hora de inicio de la misma, que deberá estar comprendida dentro de los veinte días posteriores a la finalización de la audiencia inicial, en razón de la dificultad de su preparación, la cual se podrá realizar en una o más sesiones. Sólo se citará a la parte que no hubiera asistido a la audiencia inicial y se tendrán por notificadas a las presentes.

2. Las partes comunicarán a la autoridad judicial, sobre las y los testigos y peritos que deberán ser citados judicialmente, entendiéndose que los demás asistirán por cuenta de la parte proponente. La citación se practicará con cinco días de antelación a la fecha de inicio de la audiencia probatoria.

3. Las partes también indicarán las pruebas que se practicarán mediante auxilio judicial, entregando a tal efecto por escrito las preguntas o cuestiones que deban formularse al testigo o perito.

4. Si antes de dar por finalizada la audiencia inicial, las partes conocieran la existencia de una causa que pudiera motivar la suspensión de la audiencia probatoria en la fecha establecida, la comunicarán a la autoridad judicial de inmediato, fijándose nuevo señalamiento si se trata de una causa legal y si fuera justificada con arreglo a lo dispuesto en este Código.

Hasta aquí el Capítulo IV.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo IV.

Observaciones al artículo 438.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 439.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 440.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 441.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 442.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 443.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 444.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 445.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 446.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 447.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 448.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 449.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 450.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 451.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 452.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 453.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 454.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 455.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 456.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 457.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 458.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 459.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo IV del Título II.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV del Título II.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo V
Audiencia probatoria

Art. 460 Audiencia probatoria

1. La audiencia probatoria oral y pública comenzará en la fecha, día y hora señalados, con la lectura del acta de la audiencia inicial en que se fijó el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida, con lo cual la autoridad judicial declarará abierto el debate.

2. Cuando la autoridad judicial haya admitido hechos nuevos o de nueva noticia en la audiencia inicial conforme lo dispuesto en este Código, se podrá solicitar la ampliación de los medios de prueba ya propuestos y admitidos.

3. Las partes podrán proponer nuevos hechos o de nueva noticia conforme lo dispuesto en este Código, sobre los cuales la autoridad judicial decidirá en el acto de la audiencia, dejando para las diligencias finales la práctica de la prueba.

Art. 461 Práctica de la prueba

1. Las pruebas se practicarán en audiencia pública, salvo las excepciones previstas en este Código, en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para su adecuada documentación a los efectos oportunos.

2. Asimismo, deberán practicarse concentradamente, salvo que resulte imposible por la naturaleza del medio probatorio.

3. Igualmente toda la prueba se habrá de realizar en presencia de la autoridad judicial, en la forma establecida en este Código.

4. Cada parte podrá solicitar la práctica de las pruebas que hubiera propuesto del modo que mejor le convenga a sus intereses, a lo que accederá la autoridad judicial cuando ello no perjudique el desarrollo de la audiencia, o menoscabe la intervención de la parte contraria.

Art. 462 Prueba separada de la audiencia probatoria y fuera de la sede

1. Cuando la prueba no se pueda practicar en el acto de la audiencia, se procurará hacerla antes que ésta se celebre de ser posible, conforme lo dispuesto en este Código.

2. La autoridad judicial notificará a las partes con al menos cinco días de antelación a su realización, la fecha, día, hora y lugar en que se practicará, en el caso que deba realizarse fuera de la sede del juzgado.

En ambos casos, las partes tendrán derecho a intervenir en la realización de estas pruebas.

Art. 463 Comparecencia de las partes a la audiencia probatoria

1. Las partes comparecerán a la audiencia con el pleno derecho a ser asistidas de abogada o abogado, aun cuando se trate de la intervención personal en el interrogatorio que se hubiera admitido.

2. Si no compareciera ninguna de las partes, la autoridad judicial dará por concluida la audiencia, haciéndolo constar en el acta que se levante, y dictará sentencia en el término señalado.

3. Si sólo compareciera alguna de las partes, se procederá a la celebración de la audiencia.

Art. 464 Objeciones a las preguntas y respuestas

1. Las partes podrán plantear objeciones a las preguntas formuladas a las y los testigos o peritos, conforme a lo dispuesto en este Código.

2. Asimismo, podrán objetar las respuestas de las y los testigos o peritos que no se circunscriban a las preguntas, o cuando respondan con evasivas.

Art. 465 Objeciones a la conducta de las partes

Cualquiera de las partes podrá objetar la conducta de la contraria si se comporta de manera irrespetuosa, o quebranta los deberes de lealtad, probidad y buena fe procesal.

Art. 466 Interrupción de la audiencia probatoria

1. Si un testigo o un perito no comparece a la audiencia, la parte que lo propuso solicitará la interrupción de la misma, para la práctica posterior de dicha prueba. La autoridad judicial resolverá en el acto conforme las razones que se expongan.

2. Si la autoridad judicial accede a la interrupción, se continuará con la audiencia para la práctica de los otros medios de prueba, y señalará en el acto, día, fecha y hora para continuar la audiencia y recibir la testifical o pericial no rendida, fecha que no puede exceder del plazo máximo de veinte días después de concluida la audiencia.

3. Para efecto del numeral anterior, se citará nuevamente al testigo o perito para que comparezca, con la advertencia de que si no lo hace se le impondrá multa de uno a tres salarios mínimos mensuales. La parte interesada entregará la citatoria.

4. Si llegado el día, fecha y hora para la práctica de la prueba pendiente ésta no se practica, se procederá a los alegatos finales.

5. Si no se solicita la interrupción de la audiencia o no se accede a la misma, se continuará con la práctica de la prueba y la presentación de los alegatos finales.

Hasta aquí el Capítulo V.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Dando continuidad a la discusión del Código Procesal Civil, pasamos a la discusión en lo general del Capítulo V del Título II, referido a la Audiencia Probatoria.

Observaciones al artículo 460.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 461.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 462.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 463.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 464.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 465.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 466.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo V del Título II.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V del Título II, Audiencia probatoria, con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo VI
Alegatos finales y sentencia

Art. 467 Alegatos finales

1. Concluida la práctica de la prueba y antes de poner fin a la audiencia probatoria, se concederá turno de palabra a las partes por su orden, para exponer sus alegatos finales.

2. Los alegatos se expondrán de forma oral para fijar, concretar y adecuar tanto los hechos alegados como la petición, con base en el resultado de la práctica de las pruebas. No se admitirá en ningún caso alegatos que supongan cambio de la pretensión, tal y como quedó fijada en la audiencia inicial.

Art. 468 Contenido de los alegatos finales

1. Las partes expondrán sus alegatos relatando de forma clara y ordenada los hechos que consideran probados, con indicación de las pruebas que los acreditan. También podrán argumentar sobre la falta o la insuficiencia de prueba de los hechos aducidos por la parte contraria, y los que a su criterio, resultan inciertos.

2. Las partes podrán referirse a los fundamentos de derecho que sean aplicables, de conformidad con el resultado probatorio de la audiencia.

3. Cuando la pretensión sea de condena al pago de una cantidad de dinero, se fijarán con precisión las cantidades líquidas que sean finalmente objeto de reclamación, salvo los casos en que este Código disponga otra cosa.

Art. 469 Intervención de la autoridad judicial y conclusión de la audiencia

1. La autoridad judicial podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, durante el curso o al final de los alegatos.

2. Terminados los alegatos finales, la autoridad judicial levantará la sesión y dará por terminada la audiencia probatoria, comenzando a correr el plazo para dictar la sentencia.

3. Concluida la audiencia, sólo serán admisibles los documentos que no hayan podido traerse al proceso con anterioridad, por encontrarse en alguno de los supuestos previsto en el presente Código referida a la presentación de los documentos.

Art. 470 Sentencia

1. La sentencia que habrá de resolver las cuestiones planteadas en el proceso, deberá dictarse dentro de los diez días siguientes a la finalización de la audiencia probatoria, pudiendo emitirse el fallo oralmente al concluir la referida audiencia, para dictar la sentencia posteriormente, la cual se notificará a las partes a la mayor brevedad posible, sin que el plazo de notificación exceda los tres días de haberse dictado.

2. Cuando se pretenda la condena al pago de prestaciones o de intereses que se devenguen periódicamente, la sentencia podrá incluir pronunciamiento, obligando al pago de las que se devenguen después de dictada y hasta su total ejecución, siempre que así lo solicitara a la parte actora en la demanda.

3. Excepcionalmente, cuando se haya pedido la condena al pago de una cantidad sin especificarla y no haya podido determinarse su cuantía concreta en la sentencia, se estará a lo dispuesto para la liquidación de frutos o rentas según lo dispuesto en este Código.

Hasta aquí el fin del Capítulo VI, Título II.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Continuamos con la discusión en lo general del Capítulo VI del Título II, referido a los Alegatos finales y sentencia.

Observaciones al artículo 467.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 468.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 469.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 470.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo VI del Título II.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VI del Título II, Alegatos finales y sentencia, con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

TÍTULO III
ESPECIALIDADES DEL PROCESO ORDINARIO

Capítulo I
Tutela de derechos fundamentales

Art. 471 Procedimiento adecuado

Toda demanda en la que se interponga alguna o algunas de las pretensiones reguladas en este título, se tramitarán conforme el proceso ordinario, con las especialidades que para cada una de ellas se prevean.

Art. 472 Objeto tutela de derecho

A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela de los derechos fundamentales y honoríficos, relacionados con el respeto a la dignidad de la persona humana, su vida privada y la de su familia, su honra y reputación establecidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua, con las especialidades previstas en los artículos siguientes.

Art. 473 Legitimación extraordinaria

En estos procesos siempre será parte la Procuraduría General de la República.

Art. 474 Prescripción

Las pretensiones de protección frente a vulneraciones de los derechos fundamentales y honoríficos de la persona que deban ser tuteladas civilmente, prescribirán en un año desde que el legitimado pudo interponerlas.

Art. 475 Indemnizaciones

1. La existencia de perjuicio con relación a los derechos protegidos, se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima en los mismos.

2. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya difundido; también el beneficio que haya obtenido la o el causante de la lesión como consecuencia de la misma, fijándose proporcionalmente en la sentencia el grado de afectación.

Art. 476 Contenido de la sentencia

Además de los requisitos generales, en la sentencia se condenará a publicar en los medios de comunicación nacional, en los que se haya difundido la lesión, los elementos y circunstancias esenciales de la infracción y la gravedad de la lesión efectivamente producida, además del monto de la indemnización conforme a lo establecido en el artículo que antecede.

Art. 477 Prohibición de ejecución provisional de sentencia

Las sentencias dictadas en los procesos sobre tutela de derechos fundamentales y honoríficos no serán provisionalmente ejecutables, salvo los pronunciamientos que en la misma sentencia regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales, relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión en lo general el Capítulo I del Título III, referido a la Tutela de derechos fundamentales.

Observaciones al artículo 471.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 472.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 473.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 474.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 475.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 476.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 477.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo I del Título III, referido a la Tutela de derechos fundamentales.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I del Título III, referido a la Tutela de derechos fundamentales, con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo II
Publicidad

Art. 478 Objeto

A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela en materia de publicidad, cualquiera que pueda ser la cuantía que en su caso se reclame, con las especialidades previstas en los artículos siguientes.

Art. 479 Legitimación

1. Los órganos administrativos competentes, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, las personas naturales o jurídicas que resulten afectadas y en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo, podrán solicitar del anunciante la cesación o en su caso, la rectificación de la publicidad ilícita.

2. La pretensión de cesación de publicidad ilícita será también admisible por la utilización en forma vejatoria de la imagen de la persona.

Art. 480 Solicitudes previas al proceso

1. Previo al proceso, la persona afectada deberá solicitar al anunciante, la cesación o rectificación de la actividad publicitaria, la cual se hará por escrito para tener constancia fehaciente de su fecha, de su recepción y de su contenido.

2. La cesación podrá ser solicitada desde el comienzo hasta el fin de la actividad publicitaria. Dentro de los tres días siguientes a la recepción de la solicitud, el anunciante comunicará a la o el requirente en forma fehaciente, su voluntad de cesar en la actividad publicitaria y procederá efectivamente a dicha cesación.

3. En los casos de silencio o negativa, o cuando no hubiera tenido lugar la cesación, la o el requirente, previa justificación de haber efectuado la solicitud de cesación, podrá interponer las pretensiones y derechos regulados en esta sección.

4. La rectificación podrá solicitarse desde el inicio de la actividad publicitaria hasta cinco días después de finalizada la misma. El anunciante dentro de los tres días siguientes a la recepción del escrito, deberá comunicar fehacientemente a la o el requirente su disposición a la rectificación y los términos de ésta, o en caso contrario, su negativa a rectificar.

5. Si la respuesta del anunciante fuera positiva y la o el requirente aceptara los términos de la propuesta, el anunciante procederá a la rectificación dentro de los cinco días siguientes a la aceptación de la misma. Si la respuesta denegara la rectificación, o no se produjera dentro del plazo ofrecido o, aun habiéndola aceptado, la rectificación no tuviera lugar en los términos acordados o en los plazos legalmente previstos, la o el requirente podrá demandar al anunciante, debiendo justificar que efectuó la solicitud de rectificación, conforme lo dispuesto en este Código.

Art. 481 Medidas cautelares

A instancia de la parte demandante, cuando la autoridad judicial lo crea conveniente, atendiendo los intereses involucrados y especialmente el interés general, incluso en el caso de no haberse consumado un perjuicio real o de no existir intencionalidad o negligencia por parte del anunciante, podrá con carácter cautelar:

1. Ordenar la cesación provisional de la publicidad ilícita o adoptar las medidas necesarias para obtener tal cesación. Cuando la publicidad haya sido expresamente prohibida o cuando se refiera a productos, bienes, actividades o servicios que puedan generar riesgos graves para la salud, seguridad de las personas o su patrimonio, o se trate de publicidad sobre juegos de suerte, apuesta o azar y así lo solicitara el órgano administrativo competente, la autoridad judicial podrá ordenar la cesación provisional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda.

2. Prohibir temporalmente dicha publicidad o adoptar las previsiones adecuadas para impedir su difusión, cuando ésta sea inminente, aunque no haya llegado aún a conocimiento del público.

Art. 482 Improcedencia de reclamo administrativo previo

Cuando el anunciante sea un órgano administrativo o un ente público, no será necesaria la reclamación administrativa previa para interponer la pretensión de cesación o de rectificación de la publicidad ilícita.

Art. 483 Carga de la prueba

1. En los procesos sobre publicidad ilícita, corresponderá a la parte demandada la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones, de las manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.

2. Esta norma se aplicará siempre que una disposición legal expresa no distribuya la carga de probar, los hechos relevantes con criterios especiales.

Art. 484 Contenidos específicos de la sentencia

La sentencia estimatoria de la demanda deberá contener alguno o algunos de los siguientes pronunciamientos:

a. Conceder al anunciante un plazo no mayor de cinco días para que suprima los elementos ilícitos de la publicidad.

b. Ordenar la cesación o prohibición definitiva de la publicidad ilícita.

c. Ordenar la publicación de la sentencia en la forma que estime adecuada, y a costa del anunciante.

d. Exigir la inmediata difusión de publicidad correctora, cuando la gravedad del caso así lo requiera y siempre que contribuya a la reparación de los efectos de la publicidad ilícita, determinando el contenido de aquélla y las modalidades y plazo de difusión.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión en lo general el Capítulo II del Título III, referido a Publicidad.

Observaciones al artículo 478.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 479.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 480.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 481.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 482.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 483.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 484.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo II del Título III, referido a Publicidad.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II del Título III, referido a Publicidad, con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo III
Pretensiones colectivas

Art. 485 Objeto

A través del proceso ordinario se conocerán, con las especialidades previstas en los artículos siguientes, las pretensiones de diversas personas frente a una o varias personas demandadas en materia de:

1. Intereses o derechos colectivos, entendiendo por tales aquellos supra individuales que afectan a un grupo, categoría o clase, cuando las personas que lo compongan estén perfectamente determinadas o sean fácilmente determinables, ligados por circunstancias de hecho o vinculadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica común a todas ellas.

2. Intereses o derechos difusos, entendiendo por tales aquellos supra individuales que afectan a un grupo, categoría o clase, cuando las personas que lo compongan estén indeterminadas o sean de difícil determinación, ligados por circunstancias de hecho o vinculados entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica común a todas ellas.

3. Intereses o derechos individuales homogéneos, entendiendo por tales el conjunto de derechos subjetivos individuales con un mismo origen, de los que son titulares los miembros de un grupo, categoría o clase, sin existir una relación común a todos ellos.

Art. 486 Pretensiones

1. Las entidades y personas legitimadas podrán interponer las pretensiones civiles que consideren convenientes para la defensa de sus asociados y cumplimiento de sus fines o del grupo, categoría o clase a la que pertenecen respectivamente, incluyendo especialmente la de cesación de determinados actos, para la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

2. Igualmente podrán ejercer las pretensiones tendentes a la reparación de los daños y perjuicios individualmente sufridos.

3. Se podrá interponer una pretensión colectiva pasiva por parte de uno o varios particulares, contra una colectividad organizada o que tenga representante adecuado, siempre que el bien jurídico tutelable sea supraindividual y esté revestido de interés social.

Art. 487 Capacidad procesal

1. Podrán ser parte en los procesos los grupos de

personas consumidoras o usuarias afectadas por un hecho dañoso, cuando las personas que lo compongan estén determinadas o sean fácilmente determinables. Para demandar en proceso será necesario que el grupo personas se constituya con la mayoría de las afectadas.

2. También podrán ser parte, las entidades habilitadas conforme la normativa internacional para la interposición de la pretensión de cesación, en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los grupos de personas consumidoras y usuarias.

Art. 488 Control judicial

1. Para admitir a trámite una demanda en la que se interponga una pretensión colectiva, la autoridad judicial deberá tomar en consideración los siguientes elementos:

a. La adecuada representatividad del legitimado respecto del grupo, categoría o clase.

b. La relevancia social de la tutela colectiva, caracterizada por la naturaleza del bien jurídico afectado, por las características de la lesión o por el elevado número de personas perjudicadas.

2. En el análisis de la representatividad adecuada la autoridad judicial deberá analizar:

a. La credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado.

b. Los antecedentes en la protección judicial y extrajudicial de los intereses o derechos de los miembros del grupo, categoría o clase.

c. La conducta en otros procesos colectivos.

d. La coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la demanda.

e. El tiempo de constitución de la asociación y la representatividad de ésta o de la persona natural respecto del grupo, categoría o clase. La autoridad judicial analizará la concurrencia del requisito de la representatividad adecuada, en cualquier momento antes de dictar sentencia.

Art. 489 Publicidad e intervención

1. En los procesos colectivos, se llamará a quienes tengan la condición de perjudicados o afectados por haber sido personas consumidoras del producto o usuarias del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento se hará publicando la admisión de la demanda, en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses.

2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinadas o sean fácilmente determinables las personas afectadas o perjudicadas, la parte demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente la presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, la persona consumidora o usuaria podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido.

3. Cuando se trate de un proceso en el que las personas afectadas o perjudicadas estén indeterminadas o su determinación sea difícil, el llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que se determinará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de las perjudicadas.

El proceso se reanudará con la intervención de todas aquellas personas consumidoras que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose el personamiento individual de consumidoras o usuarias en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme lo dispuesto en este Código.

4. Se exceptúa de lo dispuesto en los numerales anteriores, el proceso iniciado mediante la interposición de la pretensión de cesación de determinados actos para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de las personas consumidoras y usuarias.

Art. 490 Diligencias preparatorias

Quien pretenda interponer una pretensión colectiva y con el objeto de concretar a los integrantes del grupo de personas afectadas o perjudicadas, cuando no estando determinadas sean fácilmente determinables, podrá solicitar las diligencias preparatorias que considere oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por la o el solicitante, incluyendo el requerimiento a la parte demandada para que colabore en dicha determinación, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código y la ley de la materia.

Art. 491 Acumulación de pretensiones

1. No serán de aplicación a las pretensiones colectivas, las disposiciones legales que impiden la acumulación de pretensiones, cuando la diversidad de esos procesos, hayan sido promovidos por las asociaciones, entidades o grupos legitimados, o por personas consumidoras o usuarias determinadas y no se hubiera podido evitar mediante la acumulación de pretensiones o la intervención prevista en este Capítulo.

2. En tales casos, se decretará incluso de oficio la acumulación de procesos conforme lo dispuesto en este Código.

Art. 492 Exención de caución en la medida cautelar.

En los casos en que se pretenda la cesación de determinados actos para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de las personas consumidoras y usuarias, la autoridad judicial podrá dispensar del deber de prestar caución a la o el solicitante de la medida cautelar, atendidas las circunstancias del caso, así como la entidad económica y la repercusión social de los distintos intereses afectados.

Art. 493 Especialidades de la audiencia inicial.

1. En la audiencia inicial, la autoridad judicial decidirá motivadamente si el proceso reúne las condiciones para proseguir como colectivo.

2. En tal caso, podrá separar las peticiones en procesos colectivos distintos, tendentes a la tutela de los intereses o derechos colectivos, difusos o individuales homogéneos, respectivamente, siempre que la separación represente economía procesal o facilite la conducción del proceso.

Art. 494 Prueba y carga de prueba.

1. Son admisibles en este proceso todos los medios de prueba, incluida la documental estadística o por muestreo, siempre que sean obtenidos por medios lícitos.

2. La carga de la prueba incumbe a la parte que posea conocimientos científicos, técnicos o informaciones específicas sobre los hechos, o tenga mayor facilidad para su demostración. Sin embargo, si la parte gravada con la carga de la prueba no aportara el conocimiento o información precisos para resolver, la autoridad judicial podrá suplir la deficiencia requiriendo pericias a entidades públicas cuyo objeto estuviera ligado a la materia en debate y obtener los elementos probatorios indispensables para dictar una sentencia de fondo.

3. Si durante la fase alegatoria surgieran modificaciones de hecho o de derecho relevantes para el juzgamiento de la causa, la autoridad judicial podrá ordenar, en decisión fundada, una distribución de la carga de la prueba distinta a la prevista legalmente y conceder a la parte a quien le fue atribuida, un plazo razonable para la producción de la prueba, respetando las garantías del contradictorio.

4. La autoridad judicial podrá ordenar de oficio la producción de pruebas, con el debido respeto de las garantías del contradictorio.

Art. 495 Contenido de la sentencia.

Las sentencias dictadas como consecuencia de demandas presentadas en defensa de derechos e intereses colectivos o difusos de personas consumidoras y usuarias, se ajustarán a las siguientes reglas:

1. Si la sentencia es de condena a una prestación dineraria de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, se señalarán en la misma las personas consumidoras y usuarias determinadas durante el proceso y el pronunciamiento expreso sobre sus pretensiones.

2. Cuando durante el proceso la determinación individual no haya sido completa o imposible de realizar, la sentencia contendrá los datos y requisitos necesarios para que las personas consumidoras y usuarias no incluidos hasta el momento, puedan solicitar la declaración de beneficiaria e integrar su título de ejecución.

3. En el caso de sentencias meramente declarativas sobre la ilicitud de un comportamiento o conducta, o condenatorias a la cesación de determinada actividad, las mismas surtirán efectos procesales no limitados a los que hayan sido parte en el proceso.

Art. 496 Publicidad e inscripción de las sentencias

Una vez firme la sentencia de una pretensión colectiva, podrá por decisión judicial publicarse en un periódico de circulación nacional, el fallo junto con el texto de la cláusula afectada. Los gastos estarán a cargo de la parte demandada y condenada, para lo cual se le dará un plazo de quince días desde la notificación de la sentencia.

Art. 497 Cosa juzgada

1. Cuando se trate de intereses colectivos o difusos de las personas consumidoras y usuarias, la cosa juzgada tendrá eficacia para todas y vinculará a los miembros del grupo, categoría o clase.

2. Cuando se trate de intereses o derechos individuales homogéneos, la cosa juzgada tendrá eficacia para todos en el plano colectivo, pero la sentencia que acoja la demanda no vinculará a las y los miembros del grupo, categoría o clase, quienes podrán formular solicitudes y oposiciones propias en el proceso de ejecución, para dejar sin efecto la eficacia de la decisión en su esfera jurídica individual.

Art. 498 Indeterminación de las personas beneficiadas

Cuando las sentencias de condena no hubieran determinado las personas consumidoras o usuarias individuales beneficiadas por aquélla, la autoridad judicial competente para la ejecución, a solicitud de una o varias personas interesadas y con audiencia de la parte condenada, dictará auto en el que resolverá si según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a las y los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con certificación de este auto, los sujetos reconocidos podrán solicitar la ejecución.

Art. 499 Indemnización

En la sentencia que condene a la reparación de los daños, la autoridad judicial en atención a la especificidad del bien jurídico dañado, a la extensión territorial afectada y a otras circunstancias consideradas relevantes, podrá determinar mediante auto, el destino de la indemnización, indicando de modo claro y preciso las medidas que deberán ser tomadas por la parte demandada, para la reconstrucción de los bienes afectados a fin de minimizar la lesión o evitar que se repita el daño; así como el plazo razonable para que tales medidas sean practicadas.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Continuamos con la discusión en lo general del Capítulo III del Título III, referido a las Pretensiones colectivas

Observaciones al artículo 485.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 486.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 487.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 488.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 489.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 490.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 491.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 492.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 493.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 494.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 495.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 496.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 497

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 498.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 499.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo III del Título III, referido a las Pretensiones colectivas.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III del Título III referido a las Pretensiones colectivas, con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo IV
Quiebra o Insolvencia

Art. 500 Objeto

A través del proceso ordinario se conocerán, con las especialidades previstas en el artículo siguiente, las pretensiones que se deriven en materia de quiebra o insolvencia.

Art. 501 Solicitud

La solicitud de quiebra o insolvencia se tramitará conforme al proceso ordinario ante la autoridad judicial de distrito del domicilio de la o el deudor. La ejecutoria de la sentencia que declara dicha insolvencia o quiebra será el título ejecutivo para hacer efectivo el pago a los créditos de los acreedores, procediendo en el siguiente orden:

1. La persona acreedora alimentaria.

2. La persona acreedora por prestaciones laborales.

3. La persona acreedora hipotecaria sobre el valor de la cosa hipotecada conforme a la fecha de su respectiva inscripción.

4. La persona acreedora pignoraticia, sobre el precio de la cosa dada en prenda. Las y los acreedores que teniendo el derecho de retención, hayan usado de ese derecho sobre el valor de la cosa o cosas retenidas.

5. La persona arrendadora de finca rústica o urbana, por el monto de lo que por causa del arriendo se le adeude hasta la terminación de éste, sobre el valor de los frutos de la cosa arrendada, existentes en la finca o en la masa y sobre el de todos los objetos con que la o el arrendatario la haya provisto.

6. El fisco y los municipios por los impuestos que correspondan al año precedente a la declaración de insolvencia, sobre el valor de las cosas sujetas a dichos impuestos.

7. Otros créditos que correspondan según el Código Civil.

Hasta aquí el Capítulo IV del Título III.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión en lo general el Capítulo IV, Quiebra o Insolvencia.

Observaciones al artículo 500.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 501.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo IV del Título III, referido a Quiebra o Insolvencia.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV, Quiebra o Insolvencia, Título III, con sus dos artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

TÍTULO IV
EL PROCESO SUMARIO

Capítulo I
Alegaciones

Art. 502 Escrito de demanda y admisión a trámite

1. El escrito de demanda contendrá todos los requisitos conforme lo previsto para el proceso ordinario, sus anexos y las copias respectivas que deben acompañarla.

2. La autoridad judicial mediante auto resolverá lo procedente sobre la admisión de la demanda, en el plazo de cinco días desde su presentación.

3. Si la autoridad judicial apreciara que la demanda tiene defectos o no se cumplen presupuestos procesales subsanables, ordenará a la parte demandante que los subsane en un plazo de tres días.

4. Transcurrido dicho plazo sin que la parte demandante haya cumplido con la subsanación, La autoridad judicial ordenará el archivo definitivo del expediente y la devolución de los anexos, para que haga uso de su derecho. En caso contrario admitirá la demanda.

5. Cuando la demanda contenga defectos o no se hayan cumplido presupuestos procesales que sean insubsanables, la autoridad judicial la declarará inadmisible.

Art. 503 Emplazamiento para la contestación de la demanda

1. Admitida la demanda, se emplazará a la persona o personas contra quienes se proponga, para que la contesten en el plazo de quince días, la que contendrá los mismos requisitos previstos para el proceso ordinario.

2. Si las o los demandados fueran varios y se hallaran en diferentes circunscripciones judiciales, el plazo para contestar la demanda se computará para todos tomando en cuenta la última notificación realizada.

Art. 504. Reconvención

1. Al contestar la demanda, la parte demandada podrá formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen contra la parte demandante, por medio de la reconvención. Sólo se admitirá la reconvención cuando exista conexión entre las pretensiones de ésta y las que sean objeto de la demanda principal.

2. La reconvención se presentará también con sus respectivos anexos, ajustándose a lo dispuesto para la demanda en cuanto a su procedencia y requisitos.

3. La autoridad judicial resolverá lo procedente sobre la admisión de la reconvención en el plazo de tres días desde su presentación. Si la admite, emplazará a la parte demandante para que en el plazo de quince días conteste, conforme lo dispuesto para la contestación de la demanda.

4. Si la autoridad judicial apreciara que la reconvención tiene defectos o no se cumplen presupuestos procesales subsanables, se notificará a la parte reconviniente para que los subsane en un plazo de tres días. Transcurrido dicho plazo sin que la parte reconviniente haya cumplido con la subsanación, la autoridad judicial la declarará inadmisible y ordenará la devolución de los anexos, para que haga uso de su derecho cuando lo estime conveniente.

5. Subsanados los defectos de la reconvención, la autoridad judicial la admitirá y emplazará a la parte demandante conforme el numeral 3) de este artículo.

6. Si la reconvención tuviera defectos insubsanables, se tendrá como no presentada.

Hasta aquí el Capítulo I, Alegaciones, Título IV, El Proceso Sumario.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión en lo general el Capítulo I, Alegaciones.

Observaciones al artículo 502.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 503.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 504.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo I, Alegaciones.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I, Alegaciones, Título IV, El Proceso Sumario.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo II
Audiencia

Art. 505 Convocatoria a la audiencia.

1. Contestada la demanda y, en su caso la reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes, la autoridad judicial en el plazo de cinco días convocará a las partes a la audiencia, señalando lugar, fecha y hora, la que deberá celebrarse en un plazo no mayor de diez días contados desde la notificación.

2. Sobre la incomparecencia de las partes, se procederá conforme a lo establecido para el proceso ordinario.

Art. 506 Finalidades de la audiencia.

Las finalidades de la audiencia en el proceso sumario son las señaladas para la audiencia inicial y para la audiencia de prueba del proceso ordinario. Practicada la prueba, las partes a través de quienes les asistan o representen, formularán oralmente sus alegatos finales en la forma prevista en este Código.

Art. 507 Sentencia.

La autoridad judicial dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes a la terminación de la audiencia. También podrá emitir el fallo oralmente en la audiencia y dictar sentencia en el término señalado.

Hasta aquí el Capítulo II, Audiencia.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión en lo general del Capítulo II, Audiencias.

Observaciones al artículo 505.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 506.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 507.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo II, Audiencias.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II, Audiencias, Título IV, El Proceso Sumario.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo III
Proceso sumario mediante formulario

Art. 508 Uso de formularios.

1. Se utilizarán formularios para la demanda y contestación, cuando el valor de la pretensión no supere la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia para este efecto.

2. La Corte Suprema de Justicia elaborará y aprobará los correspondientes formularios a que se refiere este artículo, conforme lo previsto en el Capítulo referido a las alegaciones del proceso sumario.

3. Cuando el proceso sumario se tramite mediante formulario, se reducirán sus términos a la mitad de lo fijado en este Código, entendiéndose que cuando esta mitad no sea número entero, será válido el número inmediato superior.

Hasta aquí el Capítulo III, Proceso sumario mediante formulario

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión en lo general el Capítulo III, Proceso sumario mediante formulario.

Observaciones al artículo 508.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo III, Proceso sumario mediante formulario.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III, Proceso sumario mediante formulario, Título IV, El Proceso Sumario.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo IV
Especialidades del proceso sumario y expiración del arredramiento por las causas establecidas en la Ley de inquilinato

Art. 509 Procedimiento adecuado.

Toda demanda en la que se interponga alguna o algunas de las pretensiones reguladas en este capítulo, se tramitarán conforme el proceso sumario, con las especialidades que para cada una de ellas se establezcan.

Hasta aquí el Capítulo IV.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo IV referido a las Especialidades del proceso sumario y expiración del arrendamiento por las causas establecidas en la Ley de Inquilinato.

Observaciones al artículo 509, referido al Procedimiento Adecuado.

No hay observaciones.

Pasamos a la votación entonces del artículo 509.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV del Título IV, Proceso Sumario.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL BRAUTIGAM:

Capítulo V
Expiración del arrendamiento por las causas establecidas en la Ley de
Inquilinato

Art. 510 Objeto

Las pretensiones que con fundamento en la Ley de Inquilinato promueva la o el propietario, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a tener o poseer un inmueble, se tramitarán conforme el proceso sumario, con las especialidades previstas en los artículos siguientes.

Art. 511 Ocupación del inmueble por un tercero

1. Si el inmueble es ocupado por un tercero ajeno a la relación inquilinaria, la parte demandante debe expresarlo en su demanda; el tercero será notificado entregándole copia de la demanda, y podrá participar en el proceso.

2. Si al momento de la notificación de la demanda se advierte la presencia de tercero, quien haga la notificación anotará esta circunstancia en el acta respectiva. La autoridad judicial en ese caso, ordenará notificar al tercero, poniendo en su conocimiento el proceso iniciado, su derecho a participar en él y el efecto que va a producirle la sentencia.

Art. 512 Lanzamiento

1. Una vez firme la sentencia que declare fundada la demanda, el lanzamiento se ejecutará contra todas las personas que ocupen el inmueble, aunque no hayan participado en el proceso.

2. Se entiende efectuado el lanzamiento, sólo cuando se hace entrega a la parte demandante del bien en su totalidad y completamente desocupado.

3. Si a solicitud de la parte actora se hiciera constar en el acta de lanzamiento la existencia de deterioro en el inmueble, se le dejará a salvo su derecho para reclamar los daños y perjuicios causados, en el proceso correspondiente.

4. Para la entrega de inmuebles se procederá de conformidad con las disposiciones establecidas para la ejecución de las obligaciones de dar, en este Código.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo V, referido a la Expiración del arrendamiento por las causas establecidas en la Ley de Inquilinato.

Observaciones para el artículo 510.

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 511.

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 512.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos por tanto a la votación del Capítulo V, del Título IV, Proceso Sumario.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar, y con ello hemos aprobado el Capítulo V con todos sus artículos, y corresponde al Título IV, Proceso Sumario.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo VI
Pretensiones posesorias

Art. 513 Objeto y Pretensiones

1. A través del proceso sumario se conocerán y tramitarán las siguientes demandas:

a. Las que pretendan que se ponga en posesión de bienes, a quien los hubiera adquirido por herencia y no estuvieran en posesión de persona alguna a cualquier título.

b. Las que pretendan el amparo, restitución y restablecimiento de la posesión de una cosa o derecho, por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

c. Las que pretendan la suspensión de una obra nueva.

d. Las que pretendan la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina, y que amenace causar daños a quien demande.

e. Las demás pretensiones posesorias establecidas en el Código Civil.

Las anteriores pretensiones deberán cumplir los requisitos señalados en el Código Civil.

2. Las sentencias que se dicten en virtud de pretensiones posesorias, no causarán efecto de cosa juzgada.

Art. 514 Demanda y documentos

En el caso de las pretensiones del literal a) del numeral uno del artículo anterior, a la demanda debe acompañarse el documento en que conste fehacientemente la sucesión por causa de muerte a favor de la parte demandante, así como la propuesta de cualquier medio de prueba con que pretenda demostrar la ausencia de poseedor alguno.

Art. 515 Acumulación de pretensiones

Se pueden acumular a las pretensiones posesorias, las que pretendan el pago de frutos y la indemnización por daños y perjuicios.

Art. 516 Plazos

1. No se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión, si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo, y de seis meses cuando se tratara de un despojo violento.

2. Las acciones dirigidas a evitar un daño, no prescriben mientras haya justo motivo para temerlo.

Art. 517 Medidas cautelares para la suspensión de obra nueva

Si en la demanda se pretendiera que se resuelva con carácter de urgencia la suspensión de una obra nueva, la autoridad judicial incluso antes de la citación para la audiencia, dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño o encargado de la obra, quien podrá ofrecer caución para continuarla, o para la realización de las obras indispensables para conservar lo ya edificado. La autoridad judicial podrá disponer antes de la audiencia que se lleve a cabo reconocimiento judicial, pericial, o conjuntamente, para determinar el estado de la obra.

Art. 518 Actos previos a la audiencia

1. Interpuesta la demanda que pretenda que la autoridad judicial ponga en posesión de bienes a quien hubiera adquirido por herencia ese derecho, si no estuviera en posesión de otro a cualquier título, la autoridad judicial dictará auto ordenando que la solicitud sea publicada en extracto, a costa de la parte demandante, por medio de edictos conforme lo dispuesto en este Código.

2. Las personas interesadas podrán comparecer y reclamar en el plazo de treinta días, si consideran tener igual o mejor derecho que el demandante; en este caso, la autoridad judicial citará a la parte demandante y a todas las partes comparecientes a la audiencia. Finalizada la audiencia, podrá emitir el fallo en forma oral, dictando posteriormente la sentencia conforme este Código.

3. Transcurrido el plazo a que se refiere el numeral 2) de este artículo, sin que nadie comparezca y reclame, la autoridad judicial dictará la sentencia ordenando poner en posesión del bien a la parte demandante.

Art. 519 Sentencia de obra nueva o ruinosa

1. Cuando la pretensión se refiera a la suspensión de una obra nueva, en la sentencia definitiva se ratificará o alzará la suspensión de la obra decretada como medida cautelar, y cuando se estimara que el mantenimiento temporal de la obra ocasiona grave perjuicio a la parte demandante, si éste diera caución suficiente y no se afecta el interés social de la propiedad, se podrá ordenar la demolición.

2. Cuando la pretensión se refiera a la demolición de una obra ruinosa, en la misma sentencia que ordena demoler, reparar, afianzar o remover, puede la autoridad judicial decretar las medidas urgentes de precaución que considere necesarias.

Hasta aquí el Capítulo VI.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Continuando con la discusión del Título IV, Proceso Sumario pasamos a la discusión del Capítulo VI, de las Pretensiones Posesorias.

Observaciones para el artículo 513.

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 514.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones para el artículo 515.

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 516.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones para el artículo 517.

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 518.

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 519.

Procedamos entonces a la votación, del Capítulo VI, de las Pretensiones Posesorias siempre del mismo Título IV, del Proceso Sumario; estaremos aprobándolo con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar, y con ello hemos aprobado el Capítulo VI, Pretensiones Posesorias con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo VII
Rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales

Art. 520 Objeto

1. A través del proceso sumario y con las especialidades previstas en este Capítulo, se conocerán las pretensiones interpuestas para la rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales, que se difundan en cualquier medio de comunicación social y que aludan a la persona que ejerza el derecho.

2. Este proceso es compatible con el ejercicio de las pretensiones civiles o penales que pudieran asistir a la persona perjudicada por los hechos difundidos.

Art. 521 Facultades de la autoridad judicial

1. La autoridad judicial, de oficio y sin audiencia de la parte demandada, dictará auto no admitiendo a trámite la demanda de rectificación de hechos, si considera ésta manifiestamente improcedente.

2. En otro caso convocará a quien debería rectificar, a la directora o director del medio de comunicación o a sus representantes, a la audiencia del proceso sumario, que se celebrará dentro de los cinco días siguientes a la petición. La convocatoria se podrá hacer por fax o telemáticamente, sin perjuicio de la urgente remisión, por cualquier otro medio, de la copia de la demanda a la parte demandada.

3. La autoridad judicial podrá ordenar de oficio que la parte demandada remita o presente la información objeto de la demanda, su grabación o reproducción escrita.

Art. 522 Innecesaria reclamación administrativa previa

No será necesaria la reclamación administrativa previa, cuando la información que se desea rectificar se haya publicado o difundido en un medio de comunicación social de naturaleza pública propiedad del Estado.

Art. 523 Prueba

En este proceso sólo se admitirán las pruebas que siendo pertinentes, puedan practicarse en el acto.

Art. 524 Sentencia

La sentencia se limitará a denegar la rectificación, o a ordenar la publicación de la misma en el medio de comunicación en que se publicó el hecho inexacto o perjudicial, dentro de los tres días siguientes a su recepción, con la misma relevancia que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentario alguno.

Art. 525 Recursos

No serán susceptibles de recurso alguno las resoluciones que se dicten en este proceso, salvo el auto de inadmisión de la demanda y la sentencia, que serán apelables en los términos establecidos en este Código.

Hasta aquí el Capítulo VII.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos entonces a la discusión del Capítulo VII, Rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales.

Observaciones para el artículo 520.

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 521

Tampoco hay observaciones.

Observaciones para el artículo 522

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 523

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 524

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 525

Tampoco hay observaciones.

Procedamos entonces a la votación del Capítulo VII, con todos sus artículos, y esto se refiere a la Rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba por tanto el Capítulo VII, Rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales, el cual corresponde al Título IV del Proceso Sumario.

SEGUNDA SEGRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo VIII
Del Proceso monitorio

Art. 526 Objeto

El proceso monitorio sólo podrá ser utilizado para la interposición de pretensiones cuyo fin sea el pago de una deuda de dinero, en cantidad líquida, vencida y exigible, conforme la cuantía que determine la Corte Suprema de Justicia.

Art. 527 Competencia

1. Será competente para conocer de este proceso el juzgado local civil del domicilio de la o el deudor, o el juzgado del lugar en que la o el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago, cuando el domicilio no fuera conocido.

2. En todo caso, no se aplicarán las normas sobre sumisión expresa contenidas en este Código.

3. La falta de competencia objetiva y territorial se apreciará de oficio, en la forma regulada en este Código.

Art. 528 Solicitud de requerimiento de pago

1. El proceso monitorio comenzará con la solicitud de requerimiento de pago de la persona acreedora en papel común, en la que se expresará la identidad de la persona acreedora y deudora, el domicilio de la acreedora y de la deudora o el lugar donde pudiera ser hallada, el origen y cuantía de la deuda, los intereses devengados, así como la firma de la parte solicitante, debiéndose acompañar el documento o documentos a que se refiere este Título.

2. Para la solicitud de requerimiento de pago podrá utilizarse formulario, que facilite la expresión de los extremos a que se refiere el numeral anterior. La Corte Suprema de Justicia elaborará y aprobará los modelos de formularios impresos.

3. Para la presentación de la solicitud de requerimiento de pago en el proceso monitorio, no será preciso valerse de abogada o abogado.

Art. 529 Documentos y acreditaciones

Se podrá justificar la deuda en el proceso monitorio:

1. Mediante documentos privados cualquiera que sea su forma y clase, o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados o con cualquier otra señal física proveniente de la parte deudora.

2. Mediante facturas, recibos de entrega de mercancías o cualesquiera otros documentos que, aun creados unilateralmente por la parte acreedora, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en las relaciones que existan entre la persona acreedora y deudora.

Art. 530 Inadmisión de la solicitud de requerimiento de pago

1. La solicitud de requerimiento de pago no será admitida cuando no se cumpla con alguno de los requisitos señalados en este Título. Esta resolución no admitirá recurso alguno, salvo el de reposición ante la misma autoridad judicial.

2. La inadmisión no impedirá que la parte acreedora inicie un nuevo proceso monitorio, o un proceso sumario en relación a la misma deuda.

Art. 531 Admisión y requerimiento de pago

1. Si la solicitud cumple los requisitos exigidos y los documentos aportados fueran de los previstos en estos artículos, o constituyeran un principio de prueba del derecho de la parte acreedora a juicio de la autoridad judicial, éste admitirá la solicitud y requerirá a la parte deudora.

2. En el auto de requerimiento se expresará la orden para que la parte deudora pague la cantidad reclamada, o que comparezca y alegue sucintamente por escrito su oposición, las razones por las que no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada; en el mismo auto le señalará que tiene veinte días contados a partir del día siguiente de la notificación, para el cumplimiento de lo ordenado, con apercibimiento que de no cumplir lo ordenado, se despachará ejecución contra ella, según lo prevenido en el artículo siguiente.

3. El requerimiento se notificará en la forma prevista en este Código, excepto por medio de edicto.

Art. 532 Mandamiento de ejecución

Si la parte deudora requerida no compareciera ante la autoridad judicial, éste dictará auto en el que mandará iniciar la ejecución por la cantidad adeudada.

Art. 533 Trámite

1. Ordenada la ejecución, proseguirá ésta conforme lo dispuesto para el procedimiento de la Ejecución de Títulos Judiciales regulada en este Código.

2. Desde que se dicte mandamiento de ejecución, la deuda continuará devengando tanto los intereses legales como los moratorios hasta su efectivo pago.

Art. 534 Pago del deudor

Si la parte deudora atendiera el requerimiento de pago, tan pronto como lo cumpla, se le hará entrega de comprobante de pago y se archivarán las actuaciones.

Art. 535 Oposición del deudor y cambio de procedimiento

1. Presentado el escrito de oposición dentro del plazo señalado, la autoridad judicial dictará auto ordenando el archivo de las diligencias e iniciará el proceso sumario para dar trámite a la oposición conforme lo dispuesto en este Código.

2. Para la presentación de la oposición al requerimiento de pago en el proceso monitorio, será preciso valerse de abogada o abogado, salvo que dicha oposición se realice mediante formulario y que la parte contraria no esté asistida o representada por abogada o abogado.

3. Si la oposición de la parte deudora se fundara en la existencia de pluspetición, se continuará la ejecución conforme a la cantidad reconocida como debida, según lo previsto en este Código para el allanamiento parcial. En cuanto a la suma no reconocida por la parte deudora, se tramitará como oposición según lo dispuesto en el numeral uno de este artículo.

4. No será admisible en este proceso la reconvención.

Hasta aquí el Capítulo VIII.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo VIII, Del Proceso monitorio.

Observaciones para el artículo 526, Objeto del proceso.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 527, Competencia.

No hay Observaciones.

Observaciones al artículo 528.

No hay Observaciones.

Observaciones al artículo 529, Documentos y acreditaciones.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones para el artículo 530, Inadmisión de la solicitud de requerimiento de pago.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 531, Admisión y requerimiento de pago.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 532, Mandamiento de ejecución.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 533, Trámite.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 534, Pago del deudor.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 535, Oposición del deudor y cambio de procedimiento

Tampoco hay Observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo VIII, con todos sus artículos referidos al Proceso monitorio.

Se abre la votación.

Se va cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VIII, Título IV, Proceso Sumario.

Al aprobar este Capítulo estamos aprobando todos sus artículos y esto corresponde al Libro Cuarto del Código Procesal Civil.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

LIBRO QUINTO
DE LOS RECURSOS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Del modo de aplicación de los recursos

Art. 536 Legitimación para impugnar

Tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales, las partes, entre las cuales se entienden incluidos los terceros intervinientes en el proceso y demás sujetos alcanzados por la resolución, a quienes les cause un perjuicio aunque sea parcial.

Art. 537 Del desistimiento de los recursos

1. Toda persona recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución.

2. En caso de ser varias las o los recurrentes y sólo alguno o algunos de ellos desistieran, la tramitación del recurso continuará para aquellos que no hubieran desistido, pero se tendrán por abandonadas las pretensiones de impugnación que fueran exclusivas de quienes desistieron.

3. La apoderada o apoderado no podrá renunciar a la interposición de un recurso, ni desistir de éste, sin mandato expreso de las partes.

Art. 538 Clases de recursos

1. Los recursos contra las resoluciones judiciales establecidos en este Código son los de reposición, de apelación y de casación.

2. Asimismo, cuando se deniegue la interposición de un recurso de apelación o casación, podrá interponerse el recurso por denegatoria de admisión.

Art. 539 Principio de prohibición de la reforma en perjuicio del recurrente

La resolución sobre un recurso no podrá empeorar la situación de la persona recurrente respecto a la impugnada. Se exceptúa de lo anterior, cuando la parte contraria a la recurrente formule también recurso de la misma clase contra dicha resolución.

Art. 540 Cómputo de los plazos

Los plazos para recurrir se contarán a partir del siguiente día de notificada la resolución impugnada, o en su caso, a la notificación de su aclaración, rectificación o de la denegación de éstas.

Art. 541 Decisiones sobre los recursos

La autoridad judicial que conociera de un recurso, sólo podrá pronunciarse sobre las cuestiones formuladas por los recurrentes, sin poder extender el efecto de su decisión a las no planteadas, o más allá de los límites de lo solicitado, salvo lo regulado en los procesos en que se tutelen derechos o intereses públicos.

Hasta aquí el Capítulo I, Libro V.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Estamos iniciando la discusión del Libro V, De los recursos, por lo que procederemos a la discusión del Capítulo I, Del modo de aplicación de los recursos. Esto corresponde al Título I Disposiciones Generales.

Observaciones al artículo 536, Legitimación para impugnar.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 537, Del desistimiento de los recursos.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 538, Clases de recursos.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 539, Principio de prohibición de la reforma en perjuicio del recurrente.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 540, Cómputo de los plazos.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 541, Decisiones sobre los recursos.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos por tanto a la votación del Capítulo I, del Título I, Libro V

Se abre la votación.

Se va acerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 presentes. Y con ello hemos aprobado el Capítulo I, con todos sus artículos y se refiere al Modo de Aplicación de los recursos, esto corresponde el Título I, del Libro V.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo II
Recurso de reposición

Art. 542 Procedencia fundamentación

1. La reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos, a fin de que la misma autoridad judicial que los dictó pueda proceder a su reconsideración, sin perjuicio de la continuación del proceso.

2. En el recurso se expresará la infracción legal que contiene la resolución impugnada, con una sucinta explicación de las razones de la parte recurrente.

Art. 543 Reposición de resoluciones dictadas en forma escrita

1. Si la resolución impugnada fuera dictada en forma escrita, el recurso se interpondrá por escrito dentro del plazo de tres días, computándose a partir del siguiente día de notificada. Cuando fuera manifiestamente inadmisible por no cumplir los requisitos de procedencia y fundamentación, la autoridad judicial lo rechazará sin ningún otro trámite.

2. Admitido a trámite el recurso de reposición, se concederá a la parte contraria el plazo de tres días, para formular escrito de oposición.

3. Transcurrido el plazo señalado, con oposición o sin ella, la autoridad judicial mediante auto resolverá sin más trámites, en un plazo de tres días.

Art. 544 Reposición de resoluciones dictadas oralmente en audiencia

Si la resolución impugnada se hubiera dictado durante las audiencias, el recurso se interpondrá verbalmente en el mismo acto y de inmediato se resolverá sobre su admisibilidad; de ser admitido se oirá a la parte contraria, se procederá a su resolución y continuará la audiencia.

Art. 545 Irrecurribilidad

Contra la resolución que resuelva el recurso de reposición no cabe recurso alguno; pero deberá protestarse para hacerlo valer como motivo, en el recurso de apelación o casación interpuesto contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTA EN POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo II, del Título I.

Observaciones al artículo 542, Procedencia fundamentación.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 543, Reposición de resoluciones dictadas en forma escrita.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 544, Reposición de resoluciones dictadas oralmente en audiencia.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 545, Irrecurribilidad

Tampoco hay observaciones.

Procedamos entonces a la votación del Capítulo II, Recursos de reposición el cual corresponde al Título I, Disposiciones Generales.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar, y con ello hemos aprobado el Capítulo II del Título I, Libro V, de los Recursos.

Se suspende la sesión y vamos a reanudarla el 28 de abril, según calendario.

Agradecemos la presencia del magistrado Gerardo Arce y el resto del equipo que le acompaña, de igual manera la presencia del equipo de asesoría de la Comisión de Justicia.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA MIÉRCOLES VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2015, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA).

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Continuando con el Orden del Día N° 01 remitimos a los diputados y diputadas para la discusión del PUNTO III: DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS. Punto 3.5: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA, mismo que fue aprobado hasta el artículo 545. Iniciaremos con el Capítulo N° III del Recurso de Apelación.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo III
Recurso de Apelación

Art. 546 Procedencia.

Serán recurribles en apelación las sentencias definitivas dictadas en toda clase de procesos, los autos definitivos que pongan fin a los mismos y aquellos otros que la ley expresamente señale.

Art. 547 Competencia.

1. De los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados locales, conocerá el juzgado de distrito de su circunscripción; y en aquellos casos que expresamente se indiquen en la ley, conocerá el Tribunal de Apelaciones respectivo.

2. De los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados de distrito, conocerá el Tribunal de Apelaciones de su circunscripción.

Art. 548 Apelación diferida.

1. Cuando se interponga recurso de apelación contra autos, se diferirá la expresión de agravios y su trámite al momento en que se impugne la sentencia definitiva de primera instancia, en los casos que expresamente señale este Código.

2. El recurso de apelación diferida estará condicionado a que la parte reitere la apelación, y que el punto tenga trascendencia en la resolución final.

3. La falta de apelación de la sentencia definitiva o del auto, en su caso, determinará la ineficacia de las apelaciones diferidas que se hubieren promovido.

4. El juzgado o tribunal respectivo resolverá las apelaciones diferidas, en la misma sentencia que resuelva el recurso.

Art. 549 Interposición y formalización del recurso de apelación.

1. El recurso de apelación se interpondrá ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente a su notificación.

2. En el escrito de interposición del recurso, la parte apelante expresará los agravios que la resolución le cause, la petición de revocación total o parcial del auto o sentencia, la necesidad de nuevo examen de las actuaciones de primera instancia, y en su caso, la propuesta de nuevos medios de prueba.

3. En el recurso de apelación podrá igualmente alegarse la infracción de normas o vulneración de garantías procesales en la primera instancia, debiendo la parte apelante citar la norma que considere infringida, o la indefensión sufrida, así como acreditar que oportunamente denunció la infracción, si tuvo oportunidad procesal para ello en la primera instancia.

Art. 550 Proposición de prueba en el recurso de apelación.

1. Se podrá pedir en segunda instancia la práctica de las pruebas siguientes:

a. Las que hayan sido denegadas indebidamente en primera instancia, siempre que se hubiera intentado la reposición de la resolución denegatoria, o formulado la oportuna protesta contra la resolución judicial de inadmisión, por la parte proponente.

b. Las que fueron propuestas y admitidas, que por cualquier causa no imputable a la parte proponente, no hayan podido practicarse en todo o en parte en la primera instancia, ni como diligencias finales.

c. Las que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia relevantes para la causa, acaecidos o conocidos después de finalizado el plazo para dictar sentencia. Podrán aportarse con el escrito de interposición del recurso, o con el escrito de contestación de los agravios, la documental relativa a los hechos referidos en este literal.

2. La parte demandada declarada rebelde por cualquier causa que no le sea atribuible y se persone en los autos después del momento establecido para proponer la prueba en la primera instancia, podrá pedir en la segunda instancia, que aquélla se practique.

Art. 551 Admisión y efecto de la apelación.

1. Interpuesto válidamente el recurso, la autoridad judicial que dictó la resolución, dentro de tercero día lo admitirá mediante auto. Asimismo, tendrá la facultad de mandar a corregir en un plazo de cinco días los defectos o faltas subsanables de contenido o alcance meramente formales; transcurrido ese plazo, cumplida o no la subsanación, resolverá sobre la admisión del recurso.

2. Contra el auto que no admita el recurso, sólo cabrá el recurso por denegatoria de admisión, con arreglo a lo dispuesto en este Código.

3. La sentencia estimatoria de la demanda contra la que se interpone el recurso de apelación, únicamente podrá ser objeto de ejecución en los supuestos previstos en este Código.

4. La apelación contra la sentencia desestimatoria de la demanda y los autos que ponen fin al proceso, en ningún caso tendrá efecto suspensivo, conservando la autoridad judicial su competencia para las actuaciones derivadas de la resolución, sin que proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiera resuelto.

Art. 552 Notificación a la parte apelada de la admisión del recurso.

La autoridad judicial que admita el recurso de apelación notificará a la parte apelada, para que en el plazo de diez días presente escrito de contestación de agravios. En caso que los apelados sean varios, el plazo se empezará a contar a partir del día siguiente de la notificación a cada uno de ellos.

Art. 553 Contestación de los agravios y adhesión a la apelación.

1. El escrito de contestación de agravios deberá ajustarse al contenido del escrito de interposición del recurso. La parte apelada también podrá exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existentes.

2. En el mismo escrito la parte apelada se podrá adherir a la apelación, para lo cual expresará los correspondientes agravios con las mismas formalidades establecidas para el recurso de apelación, y se concederá el término de diez días a la parte contraria para que los conteste.

Art. 554 Remisión del expediente al juzgado o tribunal de alzada.

Finalizado el plazo al que se refiere el artículo anterior, se remitirá el expediente al juzgado o tribunal de apelaciones respectivo y se emplazará a las partes para que se personen ante el mismo, dentro del término de cinco días.

Art. 555 Escrito de personamiento.

La parte apelada dentro del plazo concedido para personarse, también podrá exponer ante el juzgado o tribunal respectivo, las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existentes.

Art. 556 Resolución sobre la inadmisibilidad del recurso por el tribunal de segunda instancia.

1. Recibido el expediente y una vez personadas las partes, el juzgado o tribunal deberá decidir en los cinco días siguientes, sobre las causas de inadmisión del recurso en caso de haber sido alegadas por la parte recurrida. Cuando se rechace la inadmisión, en el mismo auto se procederá a convocar a la audiencia en su caso.

2. El auto que declara la inadmisión del recurso, dejará firme la resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones al juzgado de origen. Dicho auto es irrecurrible.

Art. 557 Audiencia en segunda Instancia.

El juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la apelación, a solicitud de parte y si fuera necesario, convocará y celebrará una audiencia conforme el proceso sumario establecido en este Código, donde las partes alegarán lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de agravios, admitiéndose y practicándose la prueba cuando proceda, en la misma audiencia.

Art. 558 Sentencia.

Concluidas las actuaciones, el juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la apelación, dictará su sentencia dentro del plazo de veinte días; no obstante podrá emitir oralmente su fallo una vez concluida la audiencia, para dictar posteriormente la sentencia conforme este Código.

Art. 559 Ejecución provisional.

1. El juzgado o tribunal que hubiera dictado la resolución recurrida, sólo podrá conocer de las actuaciones referidas a la ejecución provisional de la resolución apelada, mientras dure la tramitación del recurso ante el órgano superior.

2. Si se solicitara la ejecución provisional antes de la remisión del expediente, deberá quedar en el juzgado certificación de lo necesario para dicha ejecución. Si se hiciera después de remitido, la o el ejecutante pedirá al órgano superior en cuyo poder estén las actuaciones, que libre dicha certificación y la acompañará con la solicitud de ejecución provisional.

Art. 560 Alcance de la decisión de la apelación.

1. Si se apreciara la existencia de infracciones de normas o garantías procesales que originan la nulidad absoluta de las actuaciones o parte de ellas, la autoridad judicial lo declarará así y ordenará su devolución, para la continuación de las actuaciones a partir de la diligencia inmediatamente anterior al defecto que originó la nulidad.

2. Si se trata de infracciones de normas o garantías procesales que originan la nulidad relativa, la autoridad judicial anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones para que el juzgado de instancia subsane el defecto que originó la referida nulidad y vuelva a decidir sobre el fondo.

3. Si la infracción procesal se ocasionó al dictar sentencia de primera instancia, el juzgado o tribunal de apelación revocará la sentencia apelada y resolverá sobre el fondo del asunto.

4. La sentencia que se dicte en apelación se pronunciará exclusivamente sobre las cuestiones planteadas en el recurso y en el escrito de contestación de agravios.

Art. 561 Recurso contra la sentencia dictada en segunda instancia.

Contra la sentencia dictada en segunda instancia en cualquier tipo de proceso, las partes y los terceros podrán interponer el recurso de casación, con arreglo a lo establecido en este Código.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo III del Título I, Libro Quinto.

Observaciones al artículo 546.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 547.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 548.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 549.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 550.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 551.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 552.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 553.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 554.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 555.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 556.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 557.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 558.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 559.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 560.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 561.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo III con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III del Título I, Libro Quinto, con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo IV
Recurso de casación

Art. 562 Motivos del recurso de casación.

1. El recurso de casación podrá fundamentarse en la infracción de normas que establezcan derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua.

2. El recurso de casación también podrá fundamentarse en la infracción de normas de orden procesal que regulen:

a. La jurisdicción, competencia objetiva, funcional, y territorial cuando venga determinada por normas imperativas y la adecuación de procedimiento.

b. Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad absoluta o produjera indefensión.

c. La forma y contenido de la sentencia.

3. También podrá fundamentarse en la infracción de normas sustantivas aplicables para la resolución del objeto del proceso.

Se entiende por infracción de normas, la violación, la interpretación errónea o la aplicación indebida de una norma.

Art. 563 Resoluciones recurribles

Sólo serán recurribles en casación los autos que pongan término al proceso y hagan imposible su continuación, y las sentencias dictadas en segunda instancia en los siguientes casos:

1. Conforme la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia.

2. Cuando la cuantía fuera inestimable.

3. Cuando la resolución del recurso presente interés casacional, independientemente de la cuantía. El interés casacional tendrá por finalidad, la unificación jurisprudencial.

El recurso presentará interés casacional cuando:

a. La sentencia recurrida, dictada por una jueza o juez de distrito o tribunal de apelaciones, se oponga a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

b. La sentencia recurrida, dictada por una jueza o juez de distrito, resuelva cuestiones sobre las que existe contradicción con lo resuelto por otro juzgado de distrito actuando como segunda instancia.

c. La sentencia recurrida dictada por un tribunal de apelaciones, se contradiga con lo resuelto por otro tribunal de apelaciones.

Art. 564 Legitimación para interponer el recurso

El recurso de casación sólo podrá interponerse por la parte o un tercero agraviado por la resolución. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado, ni se adhirió a la apelación de la contraparte cuando la del tribunal de segunda instancia haya confirmado aquélla.

Art. 565 Competencia

Será competente para conocer del recurso de casación, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 566 Exclusión de la revisión probatoria en casación

Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos, ni la valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. Sin embargo, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante para un fallo en sentido diferente.

Art. 567 Interposición del recurso

1. El recurso de casación se interpondrá por escrito ante el tribunal de apelaciones que hubiera dictado la resolución objeto de recurso, o ante el juzgado de distrito que haya dictado la resolución contradictoria, en el caso de recurso en interés casacional.

2. Dicho recurso se interpondrá dentro de los veinte días siguientes al de la notificación, y pasado dicho término sin haberlo interpuesto, la sentencia quedará firme.

3. En el escrito de interposición del recurso, se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida en el orden fijado en los motivos del recurso de casación, debiendo contener una exposición sucinta de la infracción legal que se considera cometida, y en su caso, las sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial contradictoria en que se funde el interés casacional.

En el referido escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.

4. En caso que el recurso se fundamente en el interés casacional, se acompañará copia simple de la sentencia o sentencias a través de las cuales se acredite la contradicción.

5. Al escrito también se acompañarán los anexos que correspondan.

Art. 568 Admisión a trámite del recurso de casación

1. Interpuesto válidamente el recurso de casación, el juzgado o tribunal de apelaciones lo admitirá mediante auto dictado dentro de los diez días siguientes. Esta resolución es irrecurrible.

2. El juzgado o tribunal mandará a corregir los defectos o faltas subsanables del contenido o alcance meramente formales, en un plazo de cinco días, transcurridos los cuales dictará resolución sobre la admisión del recurso. Si no subsana los defectos o faltas en dicho plazo, se declarará la inadmisibilidad del recurso mediante resolución fundada, quedando firme la sentencia recurrida y devolverá el expediente a su lugar de origen.

3. El auto de inadmisión será especialmente motivado y declarará la firmeza de la resolución recurrida, impondrá las costas a la parte recurrente y ordenará la devolución de las actuaciones cuando corresponda. Esta resolución podrá ser objeto del recurso por denegatoria de admisión, conforme lo previsto en este Código.

Art 569 Contestación de agravios

1. Admitido el recurso de casación, la autoridad judicial notificará a las partes el auto de admisión, entregando a la parte recurrida copia del escrito de interposición y de agravios, así como los anexos que correspondan.

2. Dentro del plazo de veinte días, la parte recurrida podrá exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existentes y contestará los agravios en el mismo orden que fueron presentados. No se admitirá la adhesión de la parte recurrida al recurso de casación.

Art. 570 Remisión del expediente

El juzgado o tribunal dentro de los tres días siguientes de vencido el plazo para contestar agravios, remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia concediéndole a las partes el plazo de cinco días para que se personen.

Art. 571 Escrito de personamiento

La parte recurrida dentro del plazo concedido para personarse ante el superior, también podrá exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existentes.

Art. 572 Resolución sobre la admisión en la Corte Suprema de Justicia

1. Recibido el expediente y una vez personadas las partes, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir, en los diez días siguientes, sobre la inadmisión del recurso en caso de haber sido alegada por la parte recurrida. Cuando se rechace la inadmisión, en el mismo auto se procederá a convocar a la audiencia en su caso.

2. El auto por el que se declara la admisión o inadmisión del recurso no admite recurso alguno.

3. El auto de inadmisión será especialmente motivado, y declarará la firmeza de la resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones al juzgado o tribunal de apelaciones correspondiente.

Art. 573 Audiencia, votación y fallo

1. A solicitud de parte y si fuera necesario, la Sala de lo Civil convocará y celebrará audiencia conforme el proceso sumario establecido en este Código, donde las partes alegarán lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de agravios.

2. La audiencia se iniciará con el alegato de la parte recurrente para después proceder a oír a la parte recurrida. Si fueren varias las partes recurrentes, se estará al orden de la interposición de los recursos, y si son varias las partes recurridas se estará al orden de su personamiento. Los alegatos de cada una de las partes se limitarán a un tiempo máximo de treinta minutos, el que podrá ampliarse en un tiempo prudencial a criterio de quien presida la audiencia, que no podrá exceder del principal.

3. Concluida la audiencia, la Sala pasará a deliberar, votar y dictar sentencia en el plazo máximo de treinta días; no obstante la Sala podrá emitir oralmente su fallo una vez concluida la audiencia, dictando posteriormente la sentencia conforme este Código.

4. Cuando no sea posible la deliberación inmediata, la presidencia de la Sala señalará dentro del plazo no mayor de diez días, el lugar, fecha y hora para su discusión y votación.

5. No podrá excusarse de intervenir en la discusión o acuerdo ninguno de los magistrados o magistradas que hubieran concurrido a la audiencia. En todo lo demás, la Sala de lo Civil se ajustará a lo previsto en este Código referido a la votación y fallo de los litigios, en lo que proceda.

6. Cuando no se celebrara audiencia, la Sala en el plazo máximo de treinta días pasará a deliberar, votar y dictar sentencia.

Art. 574 Decisión del recurso

1. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia estará vinculada por el motivo o motivos alegados por la parte recurrente en cuanto a la parte del fallo impugnada, y a la cuestión jurídica concreta planteada en el recurso. Respetando los límites anteriores para resolver el recurso, podrá emplear las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque difieran de los señalados por la parte recurrente.

2. Cuando en el recurso se hayan invocado motivos referidos a la infracción de normas procesales y de normas materiales, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia sólo se pronunciará sobre las segundas después de haber examinado las primeras, y sólo si estima que no existe infracción procesal que invalide el procedimiento.

Art. 575 Contenido de la decisión y estimación

Si se estimara el recurso de casación, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en una sola sentencia casará la resolución recurrida y resolverá conforme a derecho:

1. Si se apreciara falta de jurisdicción, competencia objetiva, funcional, territorial o inadecuación de procedimiento, anulará las actuaciones, señalando a las partes la autoridad judicial competente o el procedimiento adecuado, para que si así lo desean, vuelvan a ejercer sus pretensiones.

2. Si el recurso de casación se interpusiera contra una resolución que rechaza el conocimiento del proceso por falta de jurisdicción o competencia o por inadecuación de procedimiento, y la Sala estimara el recurso, ordenará al órgano correspondiente con devolución de las actuaciones, que si fuere posible en razón del estado del proceso dicte sentencia sobre el fondo, en el plazo de treinta días. Si las actuaciones procesales no permitieran dictar sentencia, ordenará que se reanude la tramitación que corresponda.

3. Si se apreciara la existencia de infracción de normas que rigen los actos y garantías procesales, la Sala ordenará reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al que se produjo la falta. De igual manera se procederá, cuando se vulnere en el proceso civil los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua, referidos a las garantías judiciales o procesales.

4. Si se apreciara infracción de las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia, la Sala dictará la que corresponda. Cuando la infracción consista en la defectuosa motivación o en la omisión de pronunciamiento, ordenará la autoridad judicial que dicte nueva sentencia en el plazo de quince días.

5. Si se apreciara infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, la Sala procederá a dictar nueva sentencia resolviendo el litigio.

Cuando el recurso se funde en interés casacional, los pronunciamientos de la sentencia que se dicte en casación, en ningún caso afectarán las situaciones jurídicas creadas por las sentencias, distintas de la impugnada que se hubieran invocado.

Art. 576 Contenido de la decisión y desestimación

1. Si se desestimara la casación, la sentencia declarará sin lugar el recurso.

2. Cuando la Sala apreciara que el fallo es ajustado a derecho, pero que existió error en la fundamentación jurídica por concurrir un vicio o defecto, en la aplicación o interpretación de las normas utilizadas para resolver el caso desestimará el recurso, pero corregirá la motivación jurídica en el sentido que corresponda, para dar al fallo la adecuada fundamentación.

Art. 577 Notificación y remisión de las actuaciones

La sentencia se notificará a las partes dentro de los cinco días siguientes de dictada, y la Sala devolverá las actuaciones al correspondiente juzgado o tribunal de apelaciones, para lo que corresponda conforme la ley.

Hasta aquí el Capítulo IV, Título I, Libro Quinto.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Buenos días a todas y todos.

Damos continuidad a la discusión del Código Procesal Civil pidiendo a los participantes sus observaciones al Capítulo IV, referido al Recurso de casación; para tal efecto pedimos observaciones particulares para el artículo 562 referido a motivos del recurso de casación.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 563, referido a Resoluciones recurribles.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 564, referido a Legitimación para interponer el recurso.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 565, sobre Competencia.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 566, Exclusión de la revisión probatoria en casación.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 567, referido a Interposición del recurso.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 568, sobre la Admisión a trámite del recurso de casación.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 569, Contestación de agravios.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 570, relacionado a la Remisión del expediente.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 571, Escrito de personamiento.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 572, referido a Resolución sobre la admisión en la Corte Suprema de Justicia.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 573, referido a la Audiencia, votación y fallo.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 574, referido a la Decisión del recurso.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 575, referido a contenido de la decisión y estimación.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 576 referido al Contenido de la decisión y desestimación.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 577, sobre la Notificación y revisión de las actuaciones.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos por tanto a la votación del Capítulo IV, con todos sus artículos referido al recurso de casación.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV, Título I, del Libro Quinto, con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo V
Recurso por denegatoria de admisión

Art. 578 Objeto

El recurso por denegatoria de admisión tiene por objeto el examen del auto que deniegue la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación.

Art. 579 Solicitud de copia certificada

1. Denegado el recurso de apelación, pedirá la parte recurrente dentro de tercero día de notificado, fotocopias a su costa, del auto o sentencia impugnada y su notificación, del escrito de interposición del recurso de apelación y negativa del recurso con su notificación, debidamente razonadas por Secretaría.

2. En el caso de denegatoria del recurso de casación, se acompañará fotocopias del auto o sentencia impugnada del juzgado o tribunal de apelaciones y su notificación, del escrito de interposición del recurso, del auto denegatorio y su notificación, debidamente razonados por Secretaría.

3. La autoridad judicial deberá expedir y entregar dentro de tercero día, las copias certificadas a las que se refieren los numerales anteriores, y no podrá denegarlas bajo pretexto alguno.

4. Una vez razonadas por Secretaría las copias, se pondrá en conocimiento del recurrente mediante auto para que en el término de diez días las retire. Si la parte no lo hiciere se tendrá por desistido el recurso, ordenando el cierre y archivo de las diligencias del recurso por denegatoria de admisión.

Art. 580 Competencia

Será competente para conocer del recurso por denegatoria de admisión, el juzgado o tribunal que debiera resolver el recurso de apelación cuya interposición se haya denegado, y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en caso de denegatoria del recurso de casación.

Art. 581 Requisitos

El recurso por denegatoria de admisión se interpondrá ante el órgano competente para conocerlo, por escrito, con las formalidades establecidas para la demanda, en los diez días siguientes a la entrega de la copia razonada.

Art. 582 Contenido del escrito del recurso por denegatoria

El escrito del recurso por denegatoria de admisión deberá contener:

1. Relación sucinta de los hechos.

2. Identificación de la resolución recurrida y fecha de su notificación.

3. Fecha de la interposición del recurso de derecho.

4. Identificación del auto denegatorio y fecha de su notificación.

5. Los fundamentos por los cuales la parte recurrente estima que el recurso debió ser admitido.

6. Solicitud de admisión a trámite del recurso interpuesto.

7. Relación de los documentos anexos que acompaña.

Art. 583 Anexos al escrito

Al escrito del recurso por denegatoria se acompañarán el poder con el que acredita la calidad de su comparecencia, cuando éste no conste y las copias razonadas emitidas por el juzgado o tribunal a las que se refiere este Título, las que deberán ser entregadas por la secretaria o secretario judicial o la oficina respectiva, dejando constancia de la fecha de su entrega al interesado.

Art. 584 Tramitación. Decisión

1. Presentado el recurso por denegatoria de admisión, el órgano competente examinará si cumple los requisitos legales. De ser así, en el plazo de cinco días mediante auto, ordenará la autoridad judicial que dictó la resolución, que continúe con la tramitación del recurso de apelación o casación en su caso, conforme lo establece este Código.

2. Si el recurso fuera infundado, se declarará firme la resolución recurrida, notificándolo a las partes y comunicándolo al órgano judicial inferior. La parte recurrente será condenada al pago de las costas del recurso.

3. En ningún caso se podrá reclamar la remisión de los autos originales.

La interposición y tramitación de este recurso, en ningún caso suspenderá la eficacia de la resolución recurrida.

Hasta aquí el Capítulo V.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos entonces a la discusión y aprobación del Capítulo V, referido al Recurso por denegatoria de admisión, pedimos por tanto:

Observaciones al artículo 578, referido al Objeto.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 579, referido a la Solicitud de copia certificada.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 580, referido a la Competencia.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 581, referido a los Requisitos

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 582, referido al Contenido del escrito del recurso por denegatoria.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 583, Anexos al escrito.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 584, referido a la Tramitación. Decisión.

Tampoco hay observaciones.

Procedamos entonces a la votación del Capítulo V, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 8 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V, con todos sus artículos, referido al Recurso por denegatoria de admisión; esto corresponde al Título I, Libro Quinto referido a Recursos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

TÍTULO II
OTRO MEDIO DE IMPUGNACIÓN

Capítulo único
Acción impugnatoria de rescisión de sentencia firme

Art. 585 Improcedencia de la rescisión

1. Si la sentencia que se pretende impugnar fue notificada al rebelde personalmente, no procederá la acción impugnatoria de rescisión, y sólo podrá utilizar contra aquélla los recursos de apelación y casación cuando procedan, si los interpone dentro del plazo legal.

2. Los mismos recursos podrá utilizar la parte demandada rebelde que haya sido notificada por cédula o por edicto, si los interpone dentro del plazo legal.

Art. 586 Causas para la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía

La parte demandada que haya permanecido constantemente en rebeldía, podrá pretender la rescisión de la sentencia firme dictada en primera o segunda instancia, en los casos siguientes:

1. Por caso fortuito o fuerza mayor ininterrumpida, que le haya impedido comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del proceso por habérsele notificado en forma.

2. Por desconocimiento de la demanda y el proceso, ya sea porque no llegó a su poder la notificación por causa que no le sea imputable, o porque se haya comunicado por edictos y no haya estado en el país, justificando que no pudo tener acceso a los medios en que se difundió o publicó la comunicación.

Art. 587 Competencia

La competencia para conocer de la pretensión de rescisión de la sentencia firme, corresponde a la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción del lugar donde se hubiera seguido el proceso en primera instancia.

Art. 588 Plazo de interposición

Procederá la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía, cuando la solicitud se haga dentro de tres meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia por cédula o por edicto, si no se utilizaron los recursos ordinarios. Este plazo podrá prolongarse si subsiste el caso fortuito o la fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia, pero sin que sobrepase el plazo de doce meses.

Art. 589 Exclusión de la rescisión de sentencias sin efectos de cosa juzgada

No procederá la rescisión de las sentencias firmes, que por disposición legal carezcan de efectos de cosa juzgada.

Art. 590 Demanda de rescisión de sentencia firme y alegaciones de las demás partes

El proceso de rescisión de sentencia firme comenzará por demanda; si ésta fuera admitida, se solicitará la remisión de todas las actuaciones del proceso cuya sentencia se pretenda rescindir y se emplazará a cuantos hubieran litigado o a sus causahabientes, para que dentro del plazo de quince días la contesten. La demanda y la contestación se adaptarán a los requisitos y formalidades previstos en este Código.

Art. 591 Tramitación y sentencia

Contestada o no la demanda, se convocará a audiencia según lo dispuesto para el proceso sumario, en la que se practicará la prueba pertinente sobre las causas que justifican la pretensión de rescisión, y se resolverá estimándola o no mediante sentencia.

Art. 592 Efectos de la decisión y recursos

1. Si la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones estimara procedente la pretensión, declarará la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía, ordenará se reabra el proceso anterior conservándose la demanda original, a efecto de conceder nueva audiencia solicitada por el que fue declarado rebelde, y librará certificación del fallo para agregarla en el proceso anterior, devolviendo el expediente al juzgado de origen en el término de cinco días, sin imposición de costas.

2. Si se desestimara la pretensión se declarará sin lugar la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía, en cuyo caso se impondrá costas a la parte demandante rebelde.

3. Contra la sentencia que dicte la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones no se dará recurso alguno.

Art. 593 Sustanciación del procedimiento tras la sentencia estimatoria

1. Radicadas las diligencias en el juzgado de origen y conservándose la demanda original, se emplazará a la parte demandada entregándole las copias de los autos para que pueda exponer y pedir lo que a su derecho convenga, en la forma prevista para la contestación de la demanda según el proceso que corresponda y continuará la tramitación respectiva hasta dictar sentencia, contra la que podrán interponerse los recursos previstos en este Código.

2. Las alegaciones realizadas por las partes que comparecieron en el proceso anterior, conservarán su valor, siempre que se hayan realizado con observancia de las normas que rigen el procedimiento.

3. Si la parte demandada no contesta la demanda, se entenderá que renuncia a ser oído y se dictará nueva sentencia en los mismos términos que la rescindida. Contra esta sentencia no se dará recurso alguno.

Art. 594 Eventual suspensión de la ejecución

1. La interposición de la demanda de rescisión de sentencia firme no suspenderá la ejecución de la sentencia que la motive.

2. Sin embargo, si despachada ejecución se admitiera demanda de rescisión de sentencia firme dictada en rebeldía, la autoridad judicial competente para la ejecución podrá ordenar a instancia de parte, y si las circunstancias del caso lo aconsejaran, que se suspendan las actuaciones de ejecución de la sentencia.

Para acordar la suspensión, la autoridad judicial deberá exigir a la parte solicitante, caución por el valor de lo litigado y los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por la inejecución de la sentencia. Dicha caución podrá otorgarse conforme lo referido a las medidas cautelares que establece este Código.

3. Se levantará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando le conste la autoridad judicial, la desestimación de la demanda de rescisión.

4. Se procederá al archivo de las actuaciones en la ejecución cuando después de rescindida la sentencia, se dicte sentencia a favor de la parte demandada.

5. Cuando rescindida la sentencia dictada en rebeldía, se dicte sentencia con el mismo contenido o que aun siendo de distinto contenido tuviere pronunciamientos de condena, se procederá a su ejecución, considerándose válidos y eficaces los actos de ejecución anteriores, en lo que fuera conducente para lograr la efectividad de los pronunciamientos de dicha sentencia.

Hasta aquí el Título II, Capitulo Único.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos entonces a la discusión para su aprobación del Capítulo Único referido a la Acción impugnatoria de rescisión de sentencia firme.

Observaciones al artículo 585, referido a la Improcedencia de rescisión.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 586, referido a las causas para la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 587, referido a la Competencia.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 588, referido al Plazo de interposición.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 589, sobre la Exclusión de la rescisión de sentencias sin efectos de cosa juzgada.

Observaciones al artículo 590, sobre la demanda de rescisión de sentencia firme y alegaciones de las demás partes.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 591, referido a Tramitación y sentencia.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 592, referido a Efectos de la decisión y recursos.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 593, relacionado a la Sustanciación del procedimiento tras la sentencia estimatoria.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 594, referido a la Eventual suspensión de la ejecución.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos entonces a la votación del Título II, Capitulo Único referido a la Acción impugnatoria de rescisión de sentencia firma.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

88 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Con ello hemos aprobado el Título II referido a Otro medio de impugnación en su Capítulo Único sobre la Acción impugnatoria de rescisión de sentencia firme. Hemos aprobado por tanto este Capítulo Único con todos sus artículos y con ello también aprobamos y finalizamos todo lo referente al Libro Quinto, De los Recursos.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL 2015, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA).

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados al Orden del Día Nº 1, PUNTO III. DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS. Punto 3.5: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA. Continuación de discusión. El día de ayer aprobamos hasta el artículo 594, Libro Quinto, e iniciamos el día de hoy con el Libro Sexto.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

LIBRO SEXTO
EJECUCIÓN FORZOSA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Naturaleza y principios

Art. 595 Ejecución como actividad jurisdiccional

Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial.

Art. 596 Obligatorio cumplimiento o ejecución

Los fallos y resoluciones de los juzgados y tribunales son de ineludible cumplimiento.

Art. 597 Derecho a la ejecución forzosa

Quien hubiera obtenido ejecutoria a su favor, o sea titular de un derecho u obligación incumplida en virtud de título de ejecución no judicial, podrá solicitar su cumplimiento forzoso, de conformidad con lo establecido en este Libro para cada tipo de título.

Art. 598 Completa satisfacción de la parte ejecutante

1. La ejecución forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir el contenido de un título, y dotar de efectividad la tutela judicial otorgada; aquélla se llevará a efecto en los mismos términos que figure en el título.

2. La parte ejecutante tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos por incumplimiento, dolo, negligencia o morosidad de la parte ejecutada, así como por cualquier contravención al contenido de la obligación que se ejecute.

3. Sólo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho de la parte ejecutante.

Art. 599 Límites de la actividad de ejecución

1. El contenido del título de ejecución determina los límites de la actividad ejecutiva.

2. Serán nulos los actos de ejecución que se extiendan a cuestiones no resueltas en el proceso en que se constituyó el título, o que contradigan su contenido. La nulidad se hará valer mediante los recursos de reposición y de apelación.

Hasta aquí el Capítulo I.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo I.

Observaciones al artículo 595.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 596.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 597.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 598.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 599.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo I, Título I, Libro Sexto.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

68 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo II
Disposiciones comunes a la ejecución forzosa

Art. 600 Títulos de ejecución

1. Son títulos judiciales de ejecución:

a. Las ejecutorias de sentencias de condena firmes.

b. Las ejecutorias de los autos que conforme este Código u otras leyes, lleven aparejada ejecución.

c. Las ejecutorias de las sentencias de homologación de transacciones y acuerdos durante el proceso, conforme lo dispuesto en este Código.

2. Son títulos no judiciales de ejecución:

a. La escritura pública con tal que sea el primer testimonio, y las segundas y terceras copias del testimonio emitido con autorización judicial conforme la Ley del Notariado y con conocimiento de las personas a quienes perjudique.

b. El documento auténtico emitido por funcionarias, funcionario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.

c. Los títulos valores y demás documentos mercantiles que habiendo llenado los requisitos establecidos por la ley, se les confiera fuerza ejecutiva.

d. Los laudos arbitrales, transacciones y acuerdos suscritos entre las partes originados por cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos.

e. En general, los documentos que por disposición de la ley tengan reconocida fuerza ejecutiva.

Art. 601 Títulos no ejecutables.

1. Las sentencias declarativas y las constitutivas no serán objeto de ejecución forzosa, y cuando por su contenido lo requieran, serán inscritas o anotadas en los registros públicos correspondientes.

2. No obstante lo anterior, podrá solicitarse la ejecución forzosa de los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias declarativas o constitutivas.

Art. 602 Las partes y sujetos de la ejecución

1. Son partes en la ejecución forzosa la o el solicitante de la misma y la persona contra la que se ordena, que habrá de ser quien figure en el título como obligado a su cumplimiento.

2. También serán partes en la ejecución forzosa, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias legalmente constituidas, así como los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades étnicas.

3. Podrá despacharse ejecución contra las siguientes personas, consideradas como partes ejecutadas aunque no figuren en el título de ejecución:

a. Quienes sean responsables personalmente del cumplimiento de la obligación por disposición legal o contractual, en este caso acreditado en forma cierta.

b. Quienes sean titulares de bienes que estén especialmente afectos a la ejecución de que se trate, ya sea en virtud de acción legal o contractual acreditada en forma indubitada. Estas personas intervienen exclusivamente en relación al bien de que se trate.

En los dos supuestos de este numeral, las partes que no figuren en el título de ejecución, deberán ser debidamente requeridas para que ejerzan su derecho de defensa.

4. En caso de títulos ejecutivos frente a entidades sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico jurídico, podrá despacharse ejecución contra todos y cada uno de los socios, miembros o gestores que hayan actuado en nombre y representación de dicha entidad, siempre que se acredite tal condición y la actuación ante terceros en nombre de la entidad.

Art. 603 Ejecución instada por los sucesores o en contra de éstos

1. La ejecución podrá pedirse por los sucesores o en contra de los sucesores, de quienes aparezcan en el título como acreedor y deudor respectivamente.

2. La sucesión deberá acreditarse documentalmente de forma fehaciente ante la autoridad judicial competente, quien si estima suficientes los documentos dictará auto de despacho de ejecución; si no los estima suficientes, convocará a todos los interesados a una audiencia, en la que escuchados sus respectivos argumentos, decidirá lo que proceda sólo para fines de la ejecución y sin efectos prejudiciales.

Art. 604 Ejecución contra el deudor solidario

1. Las sentencias, laudos y otros títulos ejecutivos judiciales obtenidos sólo contra una o varias deudoras o deudores solidarios, no servirán de título ejecutivo contra las o los deudores solidarios que no fueron parte en el proceso.

2. Si los títulos ejecutivos fueran no judiciales, sólo podrá despacharse ejecución contra la o el deudor solidario que figure en ellos o en otro documento que lleve aparejada ejecución conforme lo dispuesto en la ley, que acredite la solidaridad de la deuda y el monto afianzado expresamente.

3. Cuando en el título ejecutivo aparezcan varias deudoras o deudores solidarios, podrá pedirse que se despache ejecución por el importe de la deuda más intereses y costas, contra una o algunas de esas deudoras o deudores o frente a todos ellos.

Art. 605 Intervención de terceros

Podrá intervenir en la ejecución quien sin ser parte ejecutante o ejecutada según este Código, resulte afectado en sus bienes o derechos por el título de ejecución o por los actos de ejecución. Esta intervención será para la defensa de sus derechos e intereses, quedando sujeto a las obligaciones y cargas que establezca respectivamente el ordenamiento jurídico.

Art. 606 Tipos de ejecución

Los tipos de ejecución que se regulan en este Código son:

1. Ejecución dineraria.

2. Ejecución hipotecaria y prendaria.

3. Ejecución de hacer, no hacer y dar.

Art. 607 Acumulación de ejecuciones

1. A instancia de la acreedora o acreedor ejecutante, o de oficio, la autoridad judicial podrá acordar por economía procesal, la acumulación de los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado, cuando los procesos de ejecución se tramiten ante el mismo juzgado.

2. Cuando en el mismo juzgado se estén tramitando varios procesos de ejecución entre diferentes acreedores ejecutantes contra el mismo ejecutado, podrán acumularse, a instancia de cualquiera de los ejecutantes, si la autoridad judicial competente en el proceso más antiguo lo considera más conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes.

3. Cuando se estén tramitando en diversos juzgados, procesos de ejecución entre distintos acreedores ejecutantes contra el mismo deudor ejecutado, cualquiera de los acreedores ejecutantes podrá solicitar ante la autoridad judicial del proceso más antiguo, la acumulación de los distintos procesos de ejecución.

4. Para determinar la procedencia de la acumulación de ejecuciones, la autoridad judicial atenderá lo dispuesto en este Código para la acumulación de procesos, en todo lo no regulado en el presente artículo.

5. En las ejecuciones hipotecarias o prendarias no procederá la acumulación de otras ejecuciones sobre el mismo bien, salvo que se trate de ejecución de otras garantías hipotecarias o prendarias.

Art. 608 Costas

1. Las costas originadas por la ejecución deberán ser pagadas por la parte ejecutada, pero serán adelantadas por el ejecutante, sin perjuicio de proceder judicialmente a la liquidación definitiva al cerrarse la ejecución.

El pago de costas y gastos sobre actuaciones solicitadas directamente por el ejecutado o por un tercero interviniente en defensa de sus intereses serán asumidos por estos.

2. Si excepcionalmente se dispone que una actuación ejecutiva esté sometida a pronunciamiento judicial de costas, cada parte asumirá los gastos causados a su instancia, sin perjuicio de los reembolsos que procedan cuando se realice la liquidación definitiva a que se refiere el número anterior.

Art. 609 Regla general de la suspensión de la ejecución y excepciones

1. Sólo procederá la suspensión de la ejecución cuando así lo soliciten las partes personadas o cuando lo ordene expresamente la ley. La suspensión se decretará por auto y mientras dure se mantendrán las medidas necesarias para garantizar las actuaciones ejecutivas dictadas, y se cumplirán las medidas ejecutivas adoptadas antes de decretarse la suspensión de la ejecución.

2. No suspenderán el curso de la ejecución los recursos que se interpongan contra las actuaciones ejecutivas concretas. Excepcionalmente, podrá la autoridad judicial acordar la suspensión a petición de la o el ejecutado que acredite que la no suspensión le acarreará daños de difícil reparación y siempre que preste caución suficiente para asegurar la eventual indemnización al ejecutante, por los daños y perjuicios derivados de la suspensión.

3. No se suspenderá el curso de la ejecución, cuando se trate de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

4. No se suspenderá el curso de la ejecución, cuando la oposición esté fundada exclusivamente en exceso de lo pedido, a no ser que la o el ejecutado ponga a disposición de la autoridad judicial para su inmediata entrega a la parte ejecutante, la cantidad que considere debida. Fuera de este caso, la ejecución continuará su curso, pero el producto de la venta de los bienes embargados, en lo que exceda en la cantidad reconocida como debida por el ejecutado, no se entregará al ejecutante mientras la oposición no hubiere sido resuelta.

Art. 610 Suspensión en caso de prejudicialidad penal

1. Iniciado un proceso penal por hechos delictivos relacionados con el título o con el mandamiento de ejecución, se podrá decretar la suspensión del proceso de ejecución, previa audiencia de todas las partes y del Ministerio Público.

2. La parte ejecutante podrá evitar la suspensión prestando caución suficiente respetando la proporcionalidad en relación con el monto de la pretensión deducida y la capacidad patrimonial de la o el solicitante, para responder de lo que obtenga y por los daños y perjuicios causados al ejecutado.

3. Decretada la suspensión, si el proceso penal finaliza por sentencia de sobreseimiento o sentencia que declare la inexistencia de los hechos o su carácter no delictivo, se reanudará la ejecución, y el ejecutante podrá pedir la indemnización por los daños y perjuicios causados por la suspensión.

Art. 611 Disposiciones comunes

Las disposiciones contenidas en el Título I y II del Libro Sexto, son comunes a la ejecución de títulos judiciales y no judiciales, salvo las especialidades para cada tipo de ejecución.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

Saludamos a los magistrados Gerardo Arce e Ileana Pérez, con su equipo de trabajo que se encuentran aquí presentes.

A discusión el Capítulo II.

Observaciones al artículo 600.

Diputada Arling Alonso Gómez.

¿No? Pasa.

Observaciones al artículo 601.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 602.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 603.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 604.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 605.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 606.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 607.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 608.

No hay observación.

Observaciones al artículo 609.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 610.

No hay observaciones.

Y, observaciones al artículo 611.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo II, del Título I, del Libro Sexto.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

75 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II, del Título I, del Libro Sexto. Capítulo II con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

TÍTULO II
EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES

Capítulo I
Competencia

Art. 612 Competencia

1. Será competente para conocer de la ejecución forzosa de la sentencia firme de condena y de los autos que legalmente tengan la consideración de títulos de ejecución, la autoridad judicial que los dictó en primera instancia. A estos efectos, la autoridad judicial que haya dictado ejecutoria en apelación o casación, devolverá el asunto a la autoridad judicial competente, con la ejecutoria y constancia de las notificaciones, dentro de los tres días siguientes a la notificación.

2. En caso de acuerdo o transacción dentro del proceso será competente para su ejecución la autoridad judicial de primera instancia. Si se hubiera producido en segunda instancia, se devolverán las diligencias con la ejecutoria respectiva, dentro de los tres días siguientes a la notificación.

Hasta aquí el Capítulo I.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Título II.

Observaciones al artículo 612.

Diputada Irma Dávila, tiene la palabra.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Gracias, compañero Presidente.

Tenemos una moción de consenso para el artículo 612, donde se propone una mejor redacción al párrafo primero de ese artículo, el que se leerá así:

Art. 612. Competencia
Será competente para conocer de la ejecución forzosa de la sentencia firme de condena y de los autos que legalmente tengan la consideración de títulos de ejecución, la autoridad judicial que lo dictó en primera instancia, -aquí es donde le agregamos- o quien tenga competencia objetiva y territorial conforme lo dispuesto en este Código. A estos efectos, la autoridad judicial que haya dictado ejecutoria en apelación o casación, devolverá el asunto a la autoridad judicial competente, con la ejecutoria y constancia de las notificaciones, dentro de los tres días siguientes a la notificación”.

Paso la moción de consenso.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

La moción presentada anexa que aparte de la autoridad judicial que dictó en primera instancia, también tiene competencia el que tenga competencia objetiva y territorial, conforme a lo dispuesto en el código.

Entonces, vamos a votar esa moción de consenso que modifica el artículo 612 de la Competencia.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba la moción presentada que modifica el artículo 612 del Capítulo I.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo II
Procedimiento para la ejecución forzosa

Art. 613 Plazo de espera en ejecución de título judicial

La autoridad judicial sólo despachará ejecución de resoluciones judiciales, después de veinte días de notificada la resolución a la parte ejecutada.

Art. 614 Solicitud de ejecución

1. La ejecución forzosa se iniciará a instancia de la parte ejecutante, por medio de escrito denominado solicitud, que se redactará en forma de demanda y deberá cumplir además los siguientes requisitos:

a. La identificación suficiente de la persona del ejecutante y la persona contra quien se pretenda seguir la ejecución.

b. El lugar de notificación a las partes.

c. La relación del título en que se funde.

d. Lo que se pretende obtener.

e. Las actuaciones ejecutivas que se solicitan.

f. La designación de los bienes de la parte ejecutada susceptibles de embargo. Cuando la parte ejecutante desconozca los bienes de la parte ejecutada, podrá solicitar la autoridad judicial que exija a ésta que presente una relación de sus bienes y derechos de los que sea titular; y

g. La solicitud de despachar ejecución.

2. En caso de ejecución de dinero, además de cumplir los requisitos señalados en el numeral anterior, se deberá indicar la cantidad total por la que se pretende la ejecución, conforme lo establecido en la sentencia condenatoria.

Art. 615 Documentos que deben acompañar a la solicitud

A la solicitud se deberá acompañar el original de la ejecutoria cuya ejecución se pretenda, así como el documento que acredite la representación y cuantos documentos exija la ley, y los que la parte solicitante considere necesarios para el adecuado desarrollo de la ejecución.

Art. 616 Admisión, despacho de la ejecución y recursos

1. La autoridad judicial dictará auto despachando ejecución y librará el correspondiente mandamiento, si estima que concurren los presupuestos procesales, si el título no presenta ninguna irregularidad y las actuaciones que se solicitan son conformes con el título. En caso contrario, mediante auto rechazará la solicitud de ejecución. El auto que despacha ejecución no admite recurso alguno.

2. Si los defectos observados en la solicitud fueren subsanables, la autoridad judicial concederá un plazo máximo de cinco días para que la parte ejecutante los subsane. Subsanados los defectos, la autoridad judicial dictará auto de despacho de ejecución. En caso contrario, rechazará la solicitud de ejecución mediante auto.

3. El auto que rechace la ejecución será apelable, sin perjuicio que la parte ejecutante pueda hacer valer nuevamente su pretensión, si fuera posible conforme a derecho.

Art. 617 Contenido del auto en que se despacha ejecución

El auto en que se despache ejecución deberá contener, bajo pena de nulidad absoluta:

1. La identificación de la persona o personas ejecutantes y la de aquellas contra las que se despacha ejecución, si fuera en forma solidaria o mancomunada y cualquier otra precisión que respecto de las partes o del contenido de la ejecución sea procedente realizar.

2. La orden a la persona deudora de pagar en el acto del requerimiento la cantidad por la que se despacha ejecución, cuando se trate de una obligación dineraria.

3. La orden de realizar las actuaciones judiciales ejecutivas que procedan, incluido si fuera posible, el embargo de bienes concretos señalados por la parte ejecutante, así como oficiar al registro público correspondiente, para que realice las anotaciones regístrales respectivas al margen de los bienes embargados.

4. En caso de embargo, la orden de proceder al nombramiento de la persona depositaria y a la entrega de los bienes a la misma, previniéndole que deberá firmar al pie del acta.

5. La orden de prevenir expresamente a la parte ejecutada que tiene el plazo de tres días, contados a partir de la notificación del auto en que se despache ejecución, para formular oposición ante la autoridad judicial que está conociendo del proceso de ejecución.

Art. 618 Notificación al ejecutado

1. Despachada la ejecución, la jueza o juez ejecutor notificará a la parte ejecutada y entregará copia de la solicitud y de los documentos, advirtiéndole en el acto de manera expresa, el derecho que tiene a oponerse en el plazo establecido en el artículo anterior ante la autoridad judicial que está conociendo del proceso de ejecución, y procederá a realizar las actuaciones ejecutivas ordenadas.

2. Tanto la notificación como las actuaciones ejecutivas ordenadas se documentarán mediante acta, la que deberá ser firmada por la jueza o juez ejecutor, la parte ejecutada y la persona depositaria, en su caso. La falta de firma de dicha acta por la parte ejecutada o de la persona depositaria no invalidará el acta, pero se dejará constancia de la razón por la cual no firma.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo II.

Observaciones al artículo 613.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 614.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 615.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 616.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 617.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 618.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo II, Título II.

Se abre la votación.

Se va cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo III
Oposición a la ejecución de títulos judiciales

Art. 619 Motivos de oposición a la ejecución

La oposición a la ejecución podrá formularse mediante escrito, alegando alguno de los siguientes motivos:

1. La falta de competencia del juzgado ante el que se insta la ejecución.

2. La falta de representación o legitimación de la parte ejecutante o ejecutada.

3. La falta de requisitos legales exigidos en el título para llevar aparejada ejecución.

4. El pago, cumplimiento o extinción de la obligación, justificado documentalmente.

5. El exceso en lo pedido.

6. La prescripción de la obligación.

7. La transacción o acuerdo de las partes, siempre que conste en documento público.

8. La cosa juzgada.

Art.620 Sustanciación de la oposición

El escrito de oposición se presentará dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto de despacho de ejecución; se sustanciará la oposición sin suspenderse las actuaciones de ejecución, y de acuerdo a lo previsto en este Código para los incidentes.

Art. 621 Audiencia en la oposición

1. Si se hubiera convocado a la audiencia y no acudiera la parte deudora, no se tramitará la oposición y se continuará el proceso de ejecución.

2. Si no compareciera la parte ejecutante, la autoridad judicial resolverá sin oírle sobre la oposición.

3. Compareciendo ambas partes, se desarrollará la audiencia con arreglo a lo previsto en este Código.

Art. 622 Recurso contra la decisión sobre la oposición

1. La oposición se resolverá por medio de auto, ya sea estimatorio o desestimatorio, el que podrá ser objeto del recurso de apelación.

2. Cuando la autoridad judicial estime la oposición y la parte ejecutante apele, ésta podrá solicitar durante la sustanciación del recurso, que se mantengan las medidas ejecutivas adoptadas en relación con el patrimonio de la parte ejecutada. La autoridad judicial lo acordará si la parte ejecutante presta caución suficiente, para garantizar la indemnización por los daños y perjuicios que se causaran a la parte ejecutada.

3. Cuando la autoridad judicial estime la oposición y no haya apelación, ordenará el levantamiento de todas las medidas adoptadas en relación con el patrimonio de la parte ejecutada, oficiando a las autoridades competentes para lo que corresponda y ordenará el archivo definitivo de las diligencias.

4. Cuando la autoridad judicial desestime la oposición, ordenará continuar con la ejecución, aunque la parte ejecutada apele.

Art. 623 Falta de oposición

Si la parte ejecutada no presentara oposición, la autoridad judicial dictará auto en el que mandará seguir adelante la ejecución.

Art. 624 Impugnación de actuaciones concretas

1. Con independencia de la oposición a la ejecución, la parte ejecutada podrá impugnar la medida o actuación concreta cuando:

a. Infrinja las normas que regulen los actos concretos del proceso de ejecución.

b. Excedan o contradigan el título.

2. En ambos casos, la parte ejecutada impugnará la medida por escrito mediante recurso de reposición, que presentará ante la autoridad judicial competente, proponiendo en el mismo escrito la medida alternativa, o bien la suspensión de la concreta actividad ejecutiva impugnada.

a. Si la autoridad judicial desestima la impugnación, la parte ejecutada podrá hacer uso del recurso de apelación.

b. Si la autoridad judicial estima la impugnación, pero rechaza la medida alternativa propuesta, ordenará a la parte ejecutada rinda caución suficiente para responder por la demora en la ejecución. Contra esta resolución no habrá recurso alguno.

Si la parte ejecutada no prestara la caución ordenada, la autoridad judicial dejará sin efecto la estimación de la impugnación y así se dispondrá de inmediato, sin recurso alguno.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo III.

Observaciones al artículo 619.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 620.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 621.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 622.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 623.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 624.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo III con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo IV
Ejecución de títulos extranjeros

Art. 625 Títulos de ejecución extranjeros

Serán títulos de ejecución extranjeros:

a. Las ejecutorias de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras que resuelvan el fondo de un asunto con carácter definitivo, en cuanto sean firmes.

b. Otros títulos identificados y reconocidos en las leyes del país de donde provengan.

c. Los laudos arbitrales extranjeros.

Art. 626 Reconocimiento de títulos extranjeros fundamentados en tratados internacionales

1. Se reconocerán como títulos de ejecución extranjeros, los enunciados en el artículo anterior y tendrán fuerza ejecutiva en la República cuando estén fundamentados en tratados internacionales, normas de cooperación jurídica internacional o tratados celebrados con el país de origen, donde se les reconozca fuerza ejecutiva, y previo cumplimiento de los requisitos ante las autoridades competentes del país de donde provengan. Dichos títulos serán de obligatorio cumplimiento dentro del territorio nacional, previa resolución de pareatis o exequátur de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

2. La referida resolución se emitirá sin gestión de parte o sin sustanciarla si se hiciera por solicitud del Tribunal Internacional a través de la vía diplomática; el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, la documentación correspondiente.

3. Al ordenar la ejecución la Corte Suprema de Justicia, señalará la autoridad judicial de primer grado que dará cumplimiento a la misma.

Art. 627 Reconocimiento de títulos extranjeros a falta de tratados internacionales

1. Ante la falta de tratados internacionales, normas de cooperación jurídica internacional o tratados celebrados con el país de origen, para el reconocimiento de un título emitido en país extranjero como título de ejecución en la República, se aplicará el principio de reciprocidad, siempre que en aquel país se diera dicho reconocimiento a los títulos emitidos en Nicaragua y si concurren al menos los siguientes requisitos:

a. Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el Estado donde se haya pronunciado y que haya sido dictada por tribunal competente, según sus normas.

b. Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia haya sido notificada de la resolución que se pretende ejecutar, conforme a las normas del país de origen.

c. Que la sentencia tenga los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el país donde haya sido dictada.

d. Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho nicaragüense, y la obligación que contenga sea de lícito cumplimiento en Nicaragua.

e. Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada con anterioridad o simultáneamente, por un tribunal nicaragüense.

f. Iguales requisitos deberán cumplir los otros títulos y laudos arbitrales en lo que corresponda.

g. Que el laudo arbitral firme cumpla con los requisitos exigidos en Nicaragua, según la ley de la materia, para su reconocimiento y ejecución.

2. Los títulos de ejecución extranjeros contemplados en este artículo, para su ejecución deberán ser reconocidos previamente como tales, por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 628 Competencia y procedimiento para el reconocimiento

1. El reconocimiento de los títulos de ejecución extranjeros conforme lo dispuesto en el artículo anterior, es competencia de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

2. El reconocimiento se solicitará por medio de escrito presentado por la parte a quien interese, en el que podrá proponer las pruebas que considere oportunas; de la solicitud se pondrá en conocimiento a la parte contraria, emplazándola ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia para que en el plazo de cinco días, pueda formular alegaciones sobre los requisitos establecidos en el artículo anterior y proponer prueba.

3. Si se admite prueba, se ordenará su práctica en una audiencia que se realizará en un plazo no superior a diez días; después de la audiencia se dictará sentencia dentro de un plazo de cinco días.

4. Si la parte contraria de la o el solicitante no hubiera efectuado alegaciones o si no fuera necesaria la práctica de prueba, se dictará sentencia en el plazo señalado en el párrafo anterior.

5. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia resolverá reconociendo y otorgando plenos efectos a la resolución extranjera, o denegando su reconocimiento y devolviéndose la ejecutoria a quien hubiera promovido el procedimiento. La sentencia será irrecurrible.

Art. 629 Disposición Común

1. Los títulos de ejecución extranjeros deberán cumplir con el proceso de legalización en la vía diplomática.

2. Cumplidos los requisitos anteriores, la solicitud de ejecución se hará ante el juzgado de distrito civil del domicilio del ejecutado o del lugar donde se encuentre la cosa que debe entregarse, y su cumplimiento se regirá conforme las normas de ejecución forzosa contenidas en este Código.

Hasta aquí el Capítulo VI.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:

A discusión el Capítulo IV.

Observaciones al artículo 625.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 626.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 627.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 628.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 629.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo IV con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el artículo 4 con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo V
Ejecución provisional de títulos judiciales

Art. 630 Títulos provisionalmente ejecutables

1. Procede la ejecución provisional de las sentencias de condena, salvo las que impongan realizar una declaración de voluntad.

2. Los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias constitutivas o meramente declarativas, podrán ser igualmente objeto de ejecución provisional.

Art. 631 Solicitud de ejecución provisional

1. Para la ejecución provisional se seguirá el mismo procedimiento establecido para la ejecución definitiva.

2. La parte que hubiera obtenido un pronunciamiento favorable, deberá solicitar la ejecución provisional por escrito, en cualquier momento desde que conste la pendencia de un recurso y antes de que se dicte sentencia en él. La solicitud deberá contener los mismos requisitos establecidos para la ejecución definitiva.

3. Cuando la persona interesada pretenda la ejecución provisional de una sentencia que haya sido impugnada, y el expediente se encontrará en el juzgado, solicitará ante éste copia certificada de lo necesario para proceder a la ejecución. Si el expediente se encontrara en el juzgado o tribunal que está conociendo del recurso, solicitará a éste copia certificada de lo necesario para llevarla a efecto, la que deberá acompañar a la solicitud de ejecución provisional.

Art. 632 Responsabilidad del ejecutante

1. El solicitante de ejecución provisional estará obligado a prestar garantía o caución, para asegurar los posibles daños y perjuicios que se podrían causar al ejecutado, en caso de revocación de la sentencia recurrida. Dicha garantía o caución se regirá conforme lo dispuesto en este Código para las medidas cautelares.

2. El ejecutante deberá responder por los daños y perjuicios producidos al ejecutado por la ejecución provisional, si finalmente la sentencia fuera total o parcialmente revocada. Esta responsabilidad podrá ser exigida de inmediato en el mismo proceso.

Art. 633 Admisión de la ejecución provisional y recursos

1. La autoridad judicial dictará auto de despacho de ejecución provisional si concurren los presupuestos procesales, si el título es provisionalmente ejecutable y si se solicitó oportunamente. En caso contrario, se dictará auto rechazando la ejecución.

2. Si se observan defectos procesales en la solicitud y éstos fueran subsanables, la autoridad judicial concederá un plazo de cinco días para que la parte ejecutante los subsane. Cumplido lo anterior, la autoridad judicial dictará mandamiento de ejecución. En caso contrario, rechazará la solicitud mediante auto.

3. El auto que rechaza la solicitud de ejecución es apelable.

Art.634 Motivos de oposición a la ejecución provisional e impugnación a determinadas medidas o actuaciones ejecutivas

La parte ejecutada podrá oponerse a la ejecución provisional por los siguientes motivos:

1. Por el incumplimiento de los requisitos para la admisión de la ejecución.

2. Por extrema dificultad o imposibilidad de reponer las cosas al estado en que se encontraban antes de las actuaciones ejecutivas, o de ser indemnizado si la sentencia de condena no dineraria fuera revocada.

3. Cuando la sentencia fuera de condena dineraria, la parte ejecutada sólo podrá oponerse a la ejecución provisional, por el motivo establecido en el numeral 1) de este artículo, pero sí, podrá impugnar las medidas o actuaciones ejecutivas concretas o específicas del procedimiento de apremio, cuando considere que éstas causarán una situación absolutamente imposible de restaurar, o de compensar económicamente el resarcimiento de daños y perjuicios.

En este caso, la parte ejecutada deberá indicar en el escrito de impugnación, otras medidas o actuaciones ejecutivas alternativas que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría a su juicio, la actuación o medida a la que se opone. Subsidiariamente, la parte ejecutada ofrecerá caución suficiente para responder por la demora en la ejecución, en el supuesto que la medida alternativa propuesta no fuera aceptada por la autoridad judicial y en caso de que el pronunciamiento de condena se confirmara posteriormente.

Si la parte ejecutada no indicara medidas alternativas, ni ofreciera prestar caución suficiente, no procederá en ningún caso la oposición a la ejecución y así se dispondrá de inmediato, sin posibilidad de recurso alguno.

Art. 635 Sustanciación de la oposición a la ejecución provisional o a determinada actuación ejecutiva

1. El escrito de oposición se presentará por la parte ejecutada dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de despacho de ejecución provisional. En el mismo plazo, la parte ejecutada podrá impugnar por escrito determinada actuación ejecutiva, acompañando los documentos que estime pertinentes.

2. La oposición o impugnación se pondrá en conocimiento de la parte ejecutante y de quienes estuvieran personados, para que manifiesten y acrediten dentro del plazo de tres días lo que consideren conveniente, entregándoles copia del escrito y de los documentos que la parte ejecutada hubiera acompañado.

Art. 636 Decisión sobre la oposición a la ejecución provisional y a la impugnación a determinadas medidas ejecutivas.

1. Si se desestima la oposición continuará adelante la ejecución provisional.

2. Si se estima la oposición por estar indebidamente concedida la ejecución provisional, se dictará auto ordenando el archivo definitivo de las actuaciones ejecutivas y se levantarán las medidas tomadas sobre el patrimonio de la parte ejecutada.

3. Si se estima la impugnación a una concreta actuación ejecutiva, por considerar la autoridad judicial probados los argumentos de quien se opone, se procederá conforme a la medida alternativa que acepte la autoridad judicial.

4. Si se estima la impugnación a una concreta actuación ejecutiva, pero no se acepta la medida alternativa, la parte ejecutada rendirá garantía suficiente que asegure la indemnización por daños y perjuicios que pueda sufrir la parte ejecutante por el retraso en la ejecución si la sentencia fuera confirmada en el recurso; la ejecución provisional continuará sin realizar la actuación ejecutiva decretada contra la que se formuló impugnación.

5. Contra el auto que decida sobre la oposición a la ejecución provisional o la impugnación a determinadas medidas ejecutivas, no cabrá recurso alguno.

Art. 637 Levantamiento de la ejecución pecuniaria mediante caución.

Si la condena fuera pecuniaria, la parte ejecutada podrá en cualquier momento paralizar la ejecución provisional, si presta garantía suficiente por el principal, más los intereses y costas devengados o que se puedan devengar hasta la firmeza de la sentencia.

Art. 638 Confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada.

Cuando la sentencia objeto de ejecución provisional fuera confirmada en apelación, continuará la actividad ejecutiva provisional; si la sentencia alcanzara firmeza por no interponerse recurso alguno contra ella, o éste no se promoviera en el plazo legal, la ejecución continuará como definitiva.

Art. 639 Revocación total de la sentencia provisionalmente ejecutada.

En caso que se revocara totalmente la sentencia en ejecución provisional, se pondrá fin a la ejecución. La autoridad judicial ordenará las medidas procedentes para lograr la reposición de las cosas al estado anterior, mediante devolución por la parte ejecutante del dinero percibido, o de la cosa o bien que se le entregó, devolución que comprenderá los intereses, frutos o rentas; o mediante la orden de deshacer lo hecho. Si no fuera posible la devolución del bien o de la cosa, se sustituirá por su valor equivalente en moneda de curso legal.

Asimismo se reintegrarán a la parte ejecutada las costas ocasionadas y se le indemnizarán los daños y perjuicios.

Art. 640 Revocación parcial de la sentencia provisionalmente ejecutada.

Si hubiera revocación parcial de la sentencia de condena pecuniaria provisionalmente ejecutada, se devolverá sólo la diferencia entre lo que percibió la parte ejecutante y la cantidad por la que se condenó en la sentencia que decidiera el recurso.

Hasta aquí la lectura del Capítulo V.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Buenos días a todas y a todos.

Dando continuidad a la discusión del Código Procesal Civil de la Republica de Nicaragua, pasamos a la votación del Capítulo V; referido a la Ejecución Provisional de los Títulos Judiciales, por tanto pedimos observaciones para los siguientes artículos.

Observación al artículo 630.

No hay observaciones.

Observación al artículo 631, referido a la Solicitud de ejecución provisional.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 632, que se refiere a la Responsabilidad del Ejecutante.

No hay observaciones.

Observación al artículo 633, sobre la Admisión de la ejecución provisional y recursos.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 634, que se refiere Motivos de oposición a la ejecución provisional e impugnación a determinadas medidas o actuaciones ejecutivas.

No hay observaciones.

Observación al artículo 635, se refiere Sustanciación de la oposición a la ejecución provisional o a determinada actuación ejecutiva.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 636, Decisión sobre la oposición a la ejecución provisional y a la impugnación a determinadas medidas ejecutivas.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 637, Levantamiento de la ejecución pecuniaria mediante caución.

No hay observaciones.

Observación al artículo 638, referido a la Confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 639, que se refiere Revocación total de la sentencia provisionalmente ejecutada.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 640, que se refiere Revocación parcial de la sentencia provisionalmente ejecutada.

No hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo V, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V, referidos Ejecución de títulos judiciales, esto corresponde al Libro Sexto, del Título II

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

TÍTULO III
EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES

Capítulo I
Competencia y procedimiento

Art. 641 Competencia

1. Para la ejecución fundada en títulos no judiciales, será competente la autoridad judicial de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto para la competencia objetiva y territorial regulada en este Código.

2. Cuando la ejecución recaiga sobre bienes hipotecados o pignorados, la competencia se determinará con arreglo a lo dispuesto en este Código para su ejecución.

3. Será competente para conocer de la ejecución forzosa de las transacciones y acuerdos suscritos entre las partes originados por cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos, la autoridad judicial conforme lo estipulado en este Código.

4. La ejecución de los laudos arbitrales se llevará a cabo por la autoridad judicial competente de conformidad a este Código y las leyes de la materia.

Art. 642 Procedencia de la ejecución de títulos no judiciales

Procede la ejecución forzosa cuando se promueve en virtud de alguno de los títulos ejecutivos no judiciales señalados en este Código, siempre que la obligación esté vencida y sea exigible.

Art. 643 Demanda

1. La demanda de ejecución de títulos no judiciales, se presentará ante el juzgado competente y contendrá los requisitos generales de toda demanda en lo que sea pertinente, además:

a. La identificación de la persona o personas contra las que se despachará ejecución, sea en forma solidaria o mancomunada.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

b. El lugar de notificación de las partes.

c. La relación del título en que se sustenta la tutela ejecutiva solicitada.

d. El monto del principal y el saldo que se reclama en su caso, cuyo plazo esté vencido y sea exigible.

e. El porcentaje de los intereses corrientes o legales y los moratorios.

f. Las costas de ejecución, que no podrán exceder del veinticinco por ciento de lo reclamado.

g. La designación de bienes de la parte ejecutada susceptibles de embargo. Cuando la parte ejecutante desconozca los bienes del ejecutado, podrá solicitar al judicial que exija a la parte ejecutada que presente una relación de sus bienes y derechos de los que sea titular.

h. La solicitud de despachar ejecución

2. Cuando la cantidad que se reclama provenga de un préstamo o crédito en el que se hubiera pactado un interés variable, se expresarán las operaciones de cálculo que arrojen como saldo la cantidad determinada por la que pide el despacho de ejecución.

3. Cuando la cantidad que se reclama provenga de un préstamo o crédito pactado en moneda extranjera, será preciso ajustar dicha moneda a su equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio del derecho que tienen las instituciones autorizadas por la superintendencia de bancos que captan recursos del público.

4. Si la parte acreedora tuviera duda sobre la realidad o exigibilidad de alguna partida o sobre su efectiva cuantía, podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que sea indubitada y reservar la reclamación del resto para el proceso declarativo que corresponda, el que podrá ser simultáneo a la ejecución.

Art. 644 Anexos de la demanda

A la demanda se deberán acompañar, además de los anexos establecidos para la demanda ordinaria en lo pertinente, los siguientes:

1. El título original en que se sustenta.

2. El documento contable en que conste haberse practicado las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de ejecución.

3. Los justificantes de las diversas partidas de cargo y abono.

4. El documento donde conste el aviso de cobro y del vencimiento del plazo de la deuda tanto a la parte deudora y a la fiadora si la hubiera.

Art. 645 Admisión y despacho de la ejecución

1. La autoridad judicial dará trámite a la demanda sin citación contraria, despachando ejecución mediante auto, si estima que concurren los presupuestos procesales, que el título no presenta ninguna irregularidad, que la demanda ejecutiva expresa los cálculos a que se refieren los numerales 2) y 3) de la demanda en la ejecución de títulos no judiciales de este Código, que a ella se acompañan los anexos que se establecen en el artículo anterior y que las actuaciones que se solicitan son conformes con el título.

2. Si en la solicitud la autoridad judicial observa defectos que fueran subsanables, concederá un plazo máximo de cinco días para que la parte ejecutante los subsane. Cumplido lo anterior y acompañados los anexos respectivos, la autoridad judicial despachará ejecución. En caso contrario, rechazará la ejecución mediante auto, dejándose a salvo el derecho de la parte para ejercerlo nuevamente.

Art. 646 Recursos

1. Contra el auto que deniegue el despacho de ejecución, se darán los recursos de reposición y posteriormente el de apelación.

2. Contra el auto que despache ejecución no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el demandado en el momento procesal oportuno.

Art. 647 Contenido del auto en que se despacha ejecución

El auto en que se despache ejecución deberá contener, bajo pena de nulidad absoluta:

1. La identificación de la persona o personas ejecutantes y la de aquellas contra las que se despacha ejecución, si fuera en forma solidaria o mancomunada, y cualquier otra precisión que respecto de las partes o del contenido de la ejecución sea procedente realizar.

2. La orden a la persona deudora de pagar la cantidad por la que se despacha ejecución, cuando se trate de una obligación dineraria, incluyendo los intereses y gastos demandados.

3. La orden de realizar las actuaciones judiciales ejecutivas que procedan desde ese momento, incluido si fuera posible, el embargo de bienes concretos señalados por la parte ejecutante, así como oficiar al registro público correspondiente para que realice las anotaciones registrales respectivas al margen de los bienes embargados.

4. En caso de embargo, la orden de proceder al nombramiento de la persona depositaria y a la entrega de los bienes a la misma, quien deberá firmar al pie del acta. La falta de firma de dicha acta por la parte ejecutada o depositaria no invalidará el acta, pero se dejará constancia de la razón por la cual no firma.

5. La orden de prevenir a la parte ejecutada que tiene el plazo de tres días contados a partir de la notificación del mandamiento de ejecución, para formular oposición ante la autoridad judicial que está conociendo del proceso de ejecución.

Art. 648 Requerimiento de pago y embargo

1. Con el auto de despacho de ejecución se entregará copia de la demanda y sus anexos, y se requerirá de pago a la persona deudora por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados si los hubiera, hasta la fecha de la demanda, advirtiéndole que de no pagar en el acto, se practicará el embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad reclamada y las costas.

2. En el mismo auto deberá comunicársele que tiene el plazo de tres días para oponerse ante la autoridad judicial que está conociendo del proceso de ejecución, previniéndole que en el escrito de oposición, señale domicilio en la sede del juzgado para futuras notificaciones; que en caso de no oponerse, podrá personarse en el proceso de ejecución en cualquier momento, entendiéndose con él las ulteriores actuaciones. Todo lo relacionado se hará constar en el acta que hará la autoridad judicial ejecutora.

Art. 649 Lugar y forma del requerimiento de pago

1. El requerimiento de pago se notificará por la autoridad judicial ejecutora personalmente a la parte demandada, en el lugar que figure en el título ejecutivo siempre que sea su domicilio. Si persona deudora no se encontrara en el domicilio, se procederá con arreglo a lo dispuesto en este Código para los actos de comunicación.

2. Efectuado el requerimiento en la forma antes indicada, podrá practicarse el embargo si la parte demandante lo solicita.

Art. 650 Pago por el ejecutado y costas

1. Si la persona deudora pagara en el acto del requerimiento, la autoridad judicial ejecutora le extenderá recibo, y depositará el dinero en la cuenta bancaria de la parte actora o en su defecto de la Corte Suprema de Justicia, a disposición de la parte actora y declarará terminado el proceso.

2. Aunque pague la persona deudora en el acto del requerimiento, serán de su cuenta todas las costas causadas, salvo que por causa justificada que no le sea imputable, no pudo efectuar el pago antes que el acreedor promoviera la ejecución.

Art. 651 Suspensión del embargo

1. Si en el acto del requerimiento la persona deudora depositara ante la autoridad judicial ejecutora la cantidad reclamada para evitar el embargo, manifestando que ejercerá el derecho de oposición, la autoridad judicial suspenderá la diligencia y depositará el importe en la cuenta bancaria de la parte actora o en su defecto de la Corte Suprema de Justicia.

2. Si el depósito fuera insuficiente, el embargo seguirá para cubrir lo que reste.

Hasta aquí la lectura del Título III Capítulo I, Ejecución de Títulos No Judiciales

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos entonces a la discusión del Capítulo I, del Título III, referido a la Ejecución de Títulos No Judiciales.

A discusión el Capítulo I, Título III

Observación al artículo 641.

No hay observaciones.

Observación al artículo 642.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 643.

No hay observaciones.

Observación al artículo 644.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 645.

No hay observaciones.

Observación al artículo 646.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 647.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 648.

No hay observaciones.

Observación al artículo 649.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 650.

No hay observaciones.

Observación al artículo 651.

Tampoco hay observaciones.

A votación el Capítulo I, Título III, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I, Título III referido al Libro Sexto del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo II
Oposición a la ejecución de títulos no judiciales

Art. 652 Oposición

1. La parte ejecutada presentará su oposición a la ejecución por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación del requerimiento, aportando todas las justificaciones documentales que tuviera.

2. Formulada la oposición, se suspenderán las diligencias de ejecución hasta la resolución de la misma, salvo lo establecido en las disposiciones generales de este Libro sobre la regla general de la suspensión de la ejecución.

Art.653 Motivos de oposición

1. En la ejecución de títulos no judiciales sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a. Falta de competencia del juzgado ante quien se presenta la demanda.

b. Falta de legitimación o representación de la parte ejecutante o ejecutada.

c. Nulidad del auto de despacho de ejecución por no cumplir los requisitos legales exigidos.

d. Falta de mérito ejecutivo del título por no cumplir los requisitos legales exigidos.

e. El pago, debidamente extendido en documento auténtico.

f. Compensación de crédito líquido, que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva.

g. Exceso de lo pedido, del capital o de intereses.

h. Prescripción de la obligación.

i. Quita, espera, pacto o promesa de no pedir, que conste en documento público.

j. Novación, transacción o acuerdo de las partes, siempre que conste en documento público.

k. Sometimiento de la cuestión litigiosa a arbitraje.

l. Pérdida de la cosa debida.

m. La cosa juzgada.

2. Para la ejecución de títulos valores o pretensiones mercantiles, además de los motivos señalados en el numeral anterior que le sean pertinentes, se podrán oponer las excepciones o motivos previstos en la Ley General de Títulos Valores, Código de Comercio y demás leyes de la materia.

Art. 654 Examen de los defectos procesales alegados en la oposición

1. Cuando la oposición se hubiera fundado en la existencia de defectos procesales y considerara la autoridad judicial que se trata de un defecto subsanable, concederá un plazo de cinco días a la parte ejecutante para subsanarlo.

2. Cuando se tratara de defectos o faltas insubsanables o que no se hubieran subsanado en el plazo concedido, la autoridad judicial dictará un auto dejando sin efecto los mandamientos y embargos ordenados, con imposición de las costas a la parte ejecutante, dejándose a salvo el derecho de la parte para ejercerlo nuevamente.

Art. 655 Tramitación

Planteada la oposición, se sustanciará conforme al trámite previsto para los incidentes presentados por escrito, según lo establecido en este Código.

Art. 656 Audiencia en la oposición

1. Si se hubiera convocado a la audiencia y no acudiera la parte deudora, no se tramitará la oposición y se continuará el proceso de ejecución.

2. Si no compareciera la parte ejecutante, la autoridad judicial resolverá sin oírle sobre la oposición.

3. Compareciendo ambas partes, se desarrollará la audiencia con arreglo a lo previsto en este Código.

Art. 657 Decisión sobre la oposición

1. En los cinco días posteriores a la finalización de la audiencia o a la providencia por la que se decida la conclusión del proceso sin dicha audiencia por haberse aportado únicamente documentales, se pronunciará auto, resolviendo la oposición.

2. Si la oposición se desestimara totalmente, con condena en costas para la parte ejecutada, ordenará la autoridad judicial seguir adelante con la ejecución sobre los bienes de la parte deudora hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias.

3. En caso de estimación parcial de pluspetición, seguirán adelante las actuaciones solamente para obtener la cantidad debida sin condena en costas.

4. Si se estimara la oposición la autoridad judicial declarará sin lugar el procedimiento, y se mandará levantar los embargos y las medidas de garantía de la afección que se hubieran adoptado, reintegrándose a la parte deudora a la situación anterior al inicio del proceso ejecutivo, condenando en costas a la parte demandante.

Art. 658 Recursos

1. Contra el auto desestimatorio de la oposición, podrá interponerse el recurso de apelación, sin que se suspendan las actuaciones.

2. Si se estima la oposición, la parte ejecutante podrá interponer recurso de apelación y pedir que se mantengan los embargos, las medidas de garantía adoptadas y que se tomen otras medidas que procedan. Si la autoridad judicial considera pertinente la petición, ordenará a la parte ejecutante que rinda caución suficiente para asegurar la indemnización, en caso que la resolución sea confirmada. Se exceptúan de la obligación de rendir caución las instituciones financieras legalmente autorizadas para captar depósitos del público.

Art. 659 Eficacia

1. Las resoluciones dictadas en los procesos ejecutivos de títulos no judiciales, no producirán efecto de cosa juzgada sobre derechos que no fueron debatidos, quedando a salvo el derecho de las partes para promover el proceso declarativo que corresponda.

2. El proceso declarativo sólo podrá promoverse cuando haya quedado ejecutada la resolución pronunciada en el proceso de ejecución. Cualquiera sea la naturaleza de la demanda que se interponga, será competente el mismo juzgado que haya conocido del proceso de ejecución.

El derecho a promover el proceso declarativo del que trata este artículo, caducará a los treinta días de ejecutada la resolución pronunciada en el proceso de ejecución.

Art. 660 Falta de oposición

Si la parte ejecutada no presentara oposición, la autoridad judicial dictará auto en el que mandará seguir adelante con la ejecución.

Hasta aquí la lectura del Título III.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a discusión del Capítulo II, del Título III.

Observación al artículo 652.

No hay observaciones.

Observación al artículo 653.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 654.

No hay observaciones.

Observación al artículo 655.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 656.

No hay observaciones.

Observación al artículo 657.

Tampoco hay observaciones.

Diputado Wilfredo Navarro, tiene la palabra.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

No se preocupe la comisión, porque no se trata de hacer ninguna propuesta para variar algunos de los artículos sino que es un planteamiento que yo vengo haciendo desde hace tiempo, el que está plasmado en un Proyecto de Ley y hubo un compromiso recuerdo en la Comisión de Producción, de que se iba a revisar dicho Proyecto de Ley, referido a una Reforma a la Ley de Bancos, que tiene que ver con una serie de privilegios que tienen los bancos por encima de los particulares, y que esto en base a los principios jurídicos crea desigualdades jurídicas, porque se le permite a los bancos privilegios que no tienen los acreedores particulares. Muchos de los diputados y diputadas que son productores y que han sufrido en carne propia los abusos del Sistema Financiero Nacional, están claros de que hay una serie de privilegios que tienen los bancos, que tuvieron su origen en la característica que le dio nacimiento al sistema Financiero Nacional. Por ejemplo, esos privilegios que le estamos concediendo aquí a un banco, que esté ejecutando a un pobre campesino y que le dicen que no tiene la obligación de rendir fianzas a los bancos, pero si fuera un particular que está haciendo esto, sí tiene que rendir fianza.

Entonces, lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa, si los particulares tienen que rendir fianza, los bancos también deberían rendir fianza, igualmente cuando los bancos usan a sus notarios para notificar en las ejecuciones de acuerdo a los procedimientos actuales, y otras series de privilegios que tienen con el que sangran a la gente y que tuvieron en el pasado entre comillas, cuando nació el Sistema Financiero Nacional, su justificación para proteger y fortalecer a los bancos que estaban naciendo.

Ahora el Sistema Financiero que tenemos es un sistema financiero poderoso, tiene retorno sobre inversión más que cualquier sector productivo del país y que por tanto no tenemos por qué seguirlo protegiendo, porque hay que proteger al débil, hay que proteger al que tiene desigualdades jurídicas, pero los banqueros están hasta el cogote de dinero y nosotros seguimos dándoles esa protección.

No voy a proponer ninguna reforma ni mucho menos, pero quiero hacer el llamado de atención a los colegas diputados y diputadas, que existe ese proyecto de ley que va a restringir esa serie de privilegios que tienen los bancos que ya no tienen razón de ser, porque para lo que sirven es para estrangular más a los pobres usuarios del Sistema Financiero Nacional.

Muchas gracias, Presidenta.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputado Wilfredo Navarro.

Tomamos notas a sus reflexiones y alertas.

Hará uso de la palabra la diputada Irma Dávila Lazo.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Gracias, compañera Presidenta por la ley.

Realmente nosotros no queremos que quede en el ambiente como que aquí estamos legislando en perjuicio de alguna de las partes, yo sé que no es ninguna propuesta, pero debemos de aclarar de que este Código Procesal Civil, que estamos aprobando en esta Asamblea Nacional, en este caso del Libro Sexto que habla de la Ejecución Forzosa, partimos de que hay una disposición institucional que toda resolución judicial es de ineludible cumplimiento.

Por lo tanto este Libro Sexto, que es el Libro de Ejecución Forzosa, persigue el cumplimiento de una obligación firmemente declarada que no ha sido honrada voluntariamente y en este sentido hay un tratamiento diferente a como se hace en la actualidad con el actual Código Procesal Civil en el sentido de que en este Libro Sexto, ratifica el espíritu garantista de este instrumento jurídico que hoy estamos aprobando, como es respetar el principio de igualdad entre las partes, si bien es cierto que este persigue las satisfacción del ejecutante, no significa que vamos a aniquilar al ejecutado.

En ese sentido hemos buscado el equilibrio para salvaguardar también sus derechos, y por eso es que si examinamos y estudiamos este Libro Sexto se ve que hay grandes novedades, y un tratamiento diferente, porque una vez que está la sentencia o la obligación firme, todavía la autoridad judicial da un plazo de veinte días para que el ejecutado pueda voluntariamente honrar ese compromiso, así sucesivamente en cosas que actualmente no se dan como es el derecho a subsanar algunos defectos que hay y que hoy es un derecho también para el ejecutado.

En este sentido nosotros hemos hecho este Código con un gran consenso y hemos respetado todas las leyes de la materia, la Ley de los Bancos, la Ley de Arbitraje, todas las leyes que tienen que ver con el tema de ejecución han sido examinados y hemos llevado meses de trabajo con toda la empresa privada, con todos los sectores que tienen que ver con este tema.

De igual forma, yo quiero aclararles a mis colegas y también a la población que nos está dando seguimiento, que aquí estamos legislando entonces, respetando ese principio de igualdad entre las partes y ratificando el espíritu garantista de este instrumento jurídico.

Muchas gracias.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, diputada Irma Dávila Lazo, apreciamos sus aclaraciones al tema y dando continuidad a la discusión del Capítulo II.

Observación al artículo 658.

No hay observaciones.

Observación al artículo 659.

Tampoco hay observaciones.

Observación al artículo 660.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo II, Título III, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

87 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II, Título III referido a la Ejecución de Títulos Judiciales el cual corresponde al Libro Sexto del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua.

Se cierra esta sesión.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA CATORCE DE MAYO DEL 2015, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA)

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados al Orden del Día Nº 1 PUNTO III. DEBATES DE DICTÁMENES DE LEYES Y DECRETOS. Punto 3.5: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA para la continuidad de la discusión mismo que fue aprobado hasta el artículo 660.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON:

Continuando entonces con la discusión, vamos al Título IV.

TÍTULO IV
EJECUCIÓN POR CANTIDAD DE DINERO

Capítulo I

Ámbito de aplicación y ampliación de la ejecución

Art. 661 Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones contenidas en el presente título, serán aplicables a todos los procesos derivados de la existencia de un título de ejecución, siempre que la obligación contenida en el mismo sea líquida y exigible.

2. Para ordenar la ejecución, se considerará líquida toda cantidad de dinero determinada, expresada en el título en letras y cifras comprensibles, prevaleciendo la que conste en letras si hubiera disconformidad, todo lo anterior, de conformidad a lo establecido en presente Código.

3. Sin embargo, para ordenar la ejecución, no será necesario considerar como líquidas las cantidades que la parte ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución, y por las costas que ésta origine.

Art. 662 Vencimiento de un nuevo plazo de la obligación y ampliación de la ejecución

1. La parte ejecutante podrá solicitar en el escrito inicial, o en escrito separado durante la tramitación del proceso de ejecución, la ampliación de la ejecución de la obligación vencida y la ejecución por los nuevos montos y plazos, que durante el proceso de ejecución se vayan venciendo.

2. Cuando la solicitud se haga en el escrito inicial, la autoridad judicial en el mandato de ejecución hará saber a la parte ejecutada que la ampliación solicitada operará automáticamente, salvo que a la fecha de vencimiento, la parte ejecutada haya depositado las cantidades correspondientes.

3. Cuando la solicitud de ampliación se haga durante la tramitación de la ejecución, se ordenará la notificación de la solicitud y se convocará a audiencia que se celebrará al tercer día de su notificación, para que la parte ejecutada se allane o se oponga a la misma. La incomparecencia de la parte ejecutada al llamamiento, se entenderá como sumisión a la ampliación referida, lo que será causa suficiente para ordenar la ampliación del embargo.

Art. 663 Oposición del ejecutado a la ampliación y resolución

1. Si la parte ejecutada se opusiera a la ampliación de la ejecución y la causa en que se funde fuera atendible, en la audiencia expondrá y probará las razones por las cuales no es procedente la ampliación.

2. Admitida la solicitud, la autoridad judicial ordenará la ampliación del embargo y procederá como en la ejecución originaria.

3. Rechazada la solicitud, quedará expedito el derecho de la parte acreedora para entablar la demanda correspondiente por la suma cuya ampliación le ha sido denegada.

Art. 664 Mandato de ejecución de la ampliación

El mandato de ejecución de la ampliación se decretará por medio de auto, en el que se fijará la cantidad indicada por la parte ejecutante en la solicitud, en concepto de principal e intereses vencidos hasta la fecha en que se presenta, ya sean éstos ordinarios o por demora en el cumplimiento. Esta cantidad se podrá incrementar hasta un veinticinco por ciento para cubrir tanto el pago de los intereses devengados, como las costas ocasionadas durante la ejecución, sin perjuicio de la posterior liquidación.

Hasta aquí el Capítulo I del Título IV.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Saludamos y damos la bienvenida a la representación de la comisión de la Corte Suprema de Justicia que nos acompaña en la discusión y aprobación del Código Procesal Civil.

Vamos a pasar entonces a la discusión del Título IV, Ejecución por cantidad de dinero, Capítulo I, Ámbito de aplicación y ampliación de la ejecución.

Pedimos por tanto observaciones al artículo 661.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 662.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 663.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 664.

No hay observaciones.

Pasamos entonces a la votación del Capítulo I, del Título IV, referido a la ejecución por cantidad de dinero.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

75 votos a favor, 3 diputados presentes sin votar, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el Capítulo I, del Título IV, referido a la Ejecución por cantidad de dinero.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo II
Pago de la parte ejecutada

Art. 665 Pago por las cantidades adeudadas

1. La parte deudora podrá pagar en cualquier momento, antes de la notificación del mandato de ampliación de la ejecución, poniendo a disposición de la parte acreedora el total de las cantidades adeudadas, mediante su depósito en cuenta de la Corte Suprema de Justicia y después de la liquidación y pago de las costas, se dará por cerrada la ejecución.

2. En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán a la parte ejecutada, salvo que acredite que hubo causa no imputable que le impidió hacer el pago antes de la ejecución.

Art. 666 Oposición del acreedor al pago

1. Cuando el depósito que realice la parte deudora, sea por la totalidad de la cantidad fijada en el mandato de ampliación de ejecución, no se admitirá oposición alguna de la parte acreedora. La autoridad judicial admitirá el depósito, quedando de plano extinguida la obligación.

2. Si el pago fuera parcial, se entenderá que la deuda queda extinguida por la cuantía pagada o puesta a disposición de la parte acreedora, continuando la ejecución por el resto.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo II, referido a Pago de la parte ejecutada

Pedimos observaciones al artículo 665

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 666.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos entonces a la votación del Capítulo II, del Título IV con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

76 votos, a favor 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar, se aprueba el Capítulo II, referido al Pago de la parte ejecutada.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo III
Determinación del patrimonio del ejecutado

Art. 667 Declaración de bienes

Si la parte ejecutante no conociera bienes del ejecutado o los que conociera fueran insuficientes para la ejecución, la autoridad judicial a solicitud de la parte ejecutante y a su costa, oficiará al registro público o a quien corresponda, para que en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación certifique acerca de la existencia de bienes inscritos a favor de la parte ejecutada.

Art. 668 Ausencia de bienes de la parte ejecutada

1. Si se comprueba que la parte ejecutada carece absolutamente de bienes, se declarará el archivo provisional del expediente.

2. Si la existencia de bienes de la parte ejecutada fuera insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda y no constando la existencia de otros, se procederá a la ejecución parcial de la obligación, archivándose provisionalmente el expediente, y dejando a salvo el derecho de la parte ejecutante hasta su completa satisfacción.

3. Si existieran nuevos bienes, la parte ejecutante comunicará tal circunstancia a la autoridad judicial que haya decretado el archivo, y solicitará la reapertura de la ejecución y la enajenación de los bienes por el saldo pendiente.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo III, referido a la Determinación del patrimonio del ejecutado.

Pedimos por tanto observaciones al artículo 667.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 668.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo III con sus dos artículos referido a la Determinación del patrimonio del ejecutado.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II, del Título IV, referido a la Ejecución por cantidad de dinero.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo IV
Embargo

Art. 669 Embargo de bienes

Para lo no previsto expresamente en este Libro se estará a lo dispuesto para las medidas cautelares conforme este Código.

Art. 670 Práctica del embargo

El embargo se practicará por la autoridad judicial competente, de acuerdo con las normas establecidas en este Código.

Art. 671 Suspensión del embargo

1. Despachada la ejecución, se procederá al embargo de bienes, salvo que en el acto del embargo la parte ejecutada entregue a la autoridad judicial la cantidad debida, la que se depositará en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, se suspenderá el embargo haciendo constar este hecho en el acta respectiva, y entregando el recibo correspondiente.

2. Si hubiera oposición a la ejecución, la cantidad depositada se mantendrá en la referida cuenta. Si no hubiera oposición a la ejecución, la cantidad depositada se entregará a la parte ejecutante, sin perjuicio de la posterior liquidación de intereses y costas.

Art. 672 Efecto del embargo

1. En caso que se haya ejecutado embargo, la parte deudora no podrá disponer, limitar o gravar dichos bienes o derechos sin autorización judicial, debiendo ésta girar oficio al registro público correspondiente para que dicha medida se anote al margen de los bienes o derechos gravados.

2. No surtirá efecto alguno en perjuicio de la parte ejecutante o de los responsables solidarios o subsidiarios de la obligación de la parte ejecutada, la disposición a título gratuito, o la renuncia, hecha por la parte ejecutada titular de los bienes o derechos embargados, durante la subsistencia del embargo.

3. Serán nulos todos los actos de disposición o renuncia efectuados por la parte deudora o ejecutada con fines fraudulentos, fácilmente demostrables, en perjuicio de su acreedor.

Art. 673 Extensión y límites del embargo

1. El embargo de una cosa o derecho comprende sus accesorios, pertenencias y frutos, aunque no hayan sido expresamente mencionados o descritos.

2. En el caso de embargo de bienes cuyo valor exceda ostensiblemente de la cantidad fijada en la demanda o en el mandato de ejecución, la parte deudora tendrá derecho de proponer a la autoridad judicial, con conocimiento de la parte contraria, la sustitución del bien o bienes embargados por otros que cubra satisfactoriamente el valor total de la obligación y sus costas. Si no tiene otro bien, se procederá a subastar el bien embargado, quedando a salvo los derechos que competen a la parte perjudicada o ejecutada para reclamar el remanente una vez realizada la subasta y la liquidación judicial del crédito y que la parte acreedora haya sido plenamente satisfecha por las cantidades reclamadas conforme lo establecido en el presente Código.

3. Podrán embargarse los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojen las cuentas en entidades de crédito, siempre que se determine una cantidad como límite máximo. Del excedente a ese límite, la parte perjudicada o ejecutada podrá disponer libremente.

4. Cuando el embargo recaiga sobre bienes destinados a la prestación de servicios públicos, la autoridad judicial dictará las medidas necesarias para asegurar su continuidad, salvo lo dispuesto en el artículo referido a los bienes inembargables en este Código.

Art. 674 Embargo de salarios

1. Será embargable el salario, sueldo, retribución o su equivalente, sólo cuando exceda del salario mínimo establecido conforme la ley.

2. En el caso de las y los trabajadores cuyo salario mínimo en razón del cargo, profesión u oficio no esté contemplado en la Ley del salario mínimo, sólo será embargable hasta en una tercera parte del ingreso neto que perciba en concepto de salario, sueldo, retribución o su equivalente, mientras no exista una ley que regule la materia.

Art. 675 Embargo de dinero

Si se embargara dinero o divisas convertibles, se dará recibo a la parte deudora y se depositarán en cuenta de la Corte Suprema de Justicia a la orden de la autoridad judicial de la causa.

Art. 676 Embargo de cuentas, créditos o retribuciones

1. Si se embargaran cuentas en entidades financieras, créditos, retribuciones, o en general bienes que generen dinero a favor de la parte perjudicada o ejecutada a cargo de un tercero, se ordenará a éste retener a disposición del juzgado, la cantidad correspondiente hasta el límite de lo adeudado.

2. En lo que exceda de este límite podrá el perjudicado o ejecutado, disponer de sus cuentas bancarias o recibir las cantidades pertinentes.

Art. 677 Embargo de títulos valores o instrumentos financieros

1. Si se embargaren títulos valores o instrumentos financieros, este deberá recaer sobre el título mismo; la autoridad judicial podrá resolver a su vencimiento, sobre la entrega de los dividendos, intereses, rendimientos de toda clase y reintegros que debieran efectuarse a la parte ejecutada, notificándolo a quien deba hacer el pago y ordenándole que retenga las cantidades, o el propio título valor o instrumento financiero, a disposición del juzgado.

2. La notificación del embargo se hará también a los responsables del mercado oficial en que se negocien o a los administradores de las sociedades emisoras en su caso, cuando el título valor o instrumento financiero tuviera una participación en ella.

Art. 678 Embargo de intereses, rentas y frutos

1. Cuando se embargaran intereses, rentas o frutos, se ordenará a quien deba entregarlos, o a quien los perciba directamente, que los retenga a disposición la autoridad judicial.

2. Podrá constituirse una administración judicial respecto de las rentas o frutos si fuera necesario, para garantizar la efectividad de la ejecución.

Art. 679 Embargo y depósito de bienes muebles

El embargo de bienes muebles se llevará cabo:

1. En el lugar donde los mismos se encontraran. Al practicarse el embargo, la autoridad judicial ejecutora hará constar una exacta descripción de los bienes o cosas embargadas, con sus señas distintivas, estado en que se encuentren, y cuantos elementos sirvan para posterior enajenación, pudiendo valerse de medios de documentación gráfica. Asimismo, hará constar las manifestaciones que los intervinientes efectúen en el acto del embargo.

2. Lo embargado se depositará con arreglo a derecho, adoptándose en el propio acto, las medidas precisas en orden al depósito y a la designación de la persona depositaria.

Art. 680 Ampliación y reducción del embargo

Tanto la parte ejecutante como la ejecutada podrán pedir la ampliación, reducción o modificación del embargo, cuando el cambio de las circunstancias permita dudar de la suficiencia de los bienes afectados por la ejecución, o exceda de lo necesario para hacer frente a la obligación, o cuando las circunstancias del embargo puedan cambiar sin arriesgar el éxito de la ejecución.

Art. 681 Reembargo

Cualquier bien embargado podrá ser objeto de ulteriores embargos, adoptando la autoridad judicial las medidas oportunas para su efectividad. La parte acreedora reembargante tendrá derecho a percibir las cantidades resultantes de la enajenación del bien reembargado, una vez satisfechos las y los acreedores que embargaron con anterioridad.

Art. 682 Nulidad de Embargo

Son nulos los embargos de bienes inembargables y los realizados excediéndose de los límites fijados legalmente, aunque mediara el consentimiento de la parte perjudicada o ejecutada, quien podrá hacer valer esta nulidad por la vía de los recursos

Hasta aquí el Capítulo IV.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo IV referido al Embargo.

Observaciones al artículo 669.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 670

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 671

Hará uso de la palabra el diputado Edwin Castro Rivera.

DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:

Gracias, señora Presidenta.

En el 671 queremos modificar el primer párrafo, con el fin de que cuando se vaya hacer un depósito por parte del embargado para la suspensión del trámite de embargo mientras continúa el juicio y hay una sentencia, que el dinero depositado por el embargado como medida de suspensión del embargo no sea depositado en la cuenta de la Corte, porque de ser así la deuda sigue devengando intereses corrientes y moratorios, entonces estamos pidiendo que sea depositado en la cuenta del embargante como medida cautelar, de tal manera que eso obliga a la suspensión de todos los intereses moratorios y corrientes.

Entonces el primer inciso del artículo diría lo siguiente:

Despachada la ejecución, se procederá al embargo de bienes, salvo que en el acto del embargo la parte ejecutada entregue a la autoridad judicial la cantidad debida, la que se depositará en una cuenta señalada por el acreedor, en el caso que éste no señalare cuenta, será la cuenta de la Corte Suprema de Justicia en calidad de depósito y a la orden de la autoridad judicial competente. En este caso se suspenderá el embargo haciendo constar este hecho en el acta respectiva, y entregando el recibo correspondiente.

Paso moción, firmadas por miembros de la Comisión de Justicia.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Sometemos a votación la moción presentada por el diputado Edwin Castro en relación al primer inciso del artículo 671, que está referida a la Suspensión del embargo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el artículo 671 con la moción presentada en relación al inciso 1 del mismo artículo.

Continuamos entonces con observaciones al artículo 672

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 673

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 674

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 675

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 676

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 677

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 678

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 679

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 680

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 681

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 682

Tampoco hay observaciones.

Pasamos por tanto a la votación del Capítulo IV, referido al Embrago del Título IV con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

78 votos a favor, 0 en contra, 8 diputados presentes sin votar, 0 abstención. Se aprueba el Capítulo IV, del Título IV, con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo V
Tercería de dominio

Art. 683 Procedencia

1. Podrá plantear tercería de dominio en forma de demanda, quien sin ser parte en la ejecución afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente a la parte ejecutada y que no lo ha adquirido de éste una vez practicado el embargo.

2. También podrán plantear tercerías, quienes sean titulares de derechos que por disposición legal expresa puedan oponerse al embargo o a la enajenación forzosa, de uno o varios bienes embargados como pertenecientes a la parte ejecutada.

Art. 684 Interposición de la demanda de tercería de dominio y requisitos

1. La tercería de dominio se interpondrá ante la misma autoridad judicial que conozca de la ejecución, desde que se haya embargado el bien o bienes a que se refiera y se tenga conocimiento de éste.

2. Con la demanda deberá presentarse un principio de prueba documental del fundamento de la pretensión del tercerista. La autoridad judicial rechazará de plano la demanda de tercería de dominio cuando no se acompañe el principio de prueba exigido, o cuando se presente después de la entrega del bien a la parte acreedora o adjudicataria del remate.

3. La demanda de tercería se presentará contra la parte acreedora ejecutante y contra la deudora ejecutada.

Art. 685 Prohibición de ulteriores tercerías

No se permitirá en ningún caso al tercerista, ulteriores tercería sobre los mismos bienes, fundada en títulos o derechos que poseyera al momento de formular la primera.

Art. 686 Efectos de la admisión de la tercería de dominio

1. La admisión de la demanda de tercería, sólo suspenderá la ejecución respecto del bien a que se refiera.

2. La autoridad judicial previa audiencia de las partes, podrá condicionar la admisión de la demanda de tercería, a que preste caución el tercerista por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a la parte acreedora ejecutante.

3. La admisión de una tercería de dominio será razón suficiente para que a instancia de parte, se ordene la ampliación del embargo.

Art. 687 Procedimiento

La tercería de dominio se tramitará por la vía del proceso sumario, en el que sólo podrá decidirse sobre la continuidad o levantamiento del embargo sobre el bien a que se refiera la tercería.

Art. 688 Resolución

1. La tercería se decidirá por auto, lo que no causará efecto de cosa juzgada respecto de la titularidad del bien.

2. En caso que se desestime la tercería, se ordenará que continúe el embargo sobre el bien.

3. El auto que estime la tercería de dominio, ordenará el levantamiento del embargo y la remoción del depósito, así como la cancelación de la anotación preventiva y de cualquier otra medida de garantía del embargo del bien, al que la tercería se refiriera.

Art. 689 Recursos

Contra el auto que estime la tercería de dominio se podrá promover recurso de reposición, y si se desestima cabrá el recurso de apelación.

Hasta aquí el Capítulo V.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos entonces a la discusión del Capítulo V, Tercería de dominio del Título IV. Pedimos observaciones al artículo 683.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 684.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 685.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 686.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 687.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 688.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 689.

Tampoco hay observaciones.

Procedamos a la votación del Capítulo V, referido a la Tercería de dominio.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V, referido a la Tercería de dominio del Título IV.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo VI

Tercería de preferencia o de mejor derecho

Art. 690 Procedencia

La intervención de un tercero en la ejecución, fundada en su derecho a ser pagado con preferencia a la parte acreedora ejecutante, se interpondrá ante la autoridad judicial que esté conociendo de la ejecución, y se sustanciará con la parte ejecutante y ejecutada, por la vía del proceso sumario.

Art. 691 Requisitos de la demanda de tercería de preferencia

Con la demanda se acompañará un principio de prueba del derecho alegado. La autoridad judicial rechazará de plano la demanda de tercería de preferencia cuando no se acompañe el principio de prueba exigido, o cuando se presente después de la entrega del bien a la parte acreedora o adjudicataria del remate.

Art. 692 Efectos de la admisión de la tercería de preferencia

1. La tercería una vez admitida no suspenderá la ejecución tramitada, que continuará hasta la enajenación de los bienes o derechos embargados, depositando lo recaudado en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia para reintegrar a la parte ejecutante en las costas de la ejecución y hacer pago a las y los acreedores por el orden de preferencia que se determine al resolver la tercería.

2. Si el tercerista de mejor derecho dispusiese de título ejecutivo en que conste su crédito, podrá intervenir en la ejecución desde que sea admitida la demanda de tercería. Si no dispusiere de título ejecutivo, el tercerista no podrá intervenir hasta que, en su caso, se estime la demanda.

Art. 693 Allanamiento y desistimiento

1. Si la parte ejecutante se allanara a esta tercería y la parte ejecutada estuviera conforme con el allanamiento, la ejecución proseguirá para satisfacer en primer término al tercerista, pero no se le hará entrega de cantidad alguna, sin haber pagado antes a la parte ejecutante las costas y gastos originados por las actuaciones realizadas a su instancia, hasta el momento de la notificación de la demanda de tercería.

2. Si notificada la demanda de tercería a la parte ejecutante desistiera de la ejecución, se procederá conforme lo establecido en el numeral anterior, sin necesidad de la conformidad de la parte ejecutada, siempre que el crédito del tercerista constara en título ejecutivo. Si no fuera así se archivará el proceso de ejecución, salvo que la parte ejecutada estuviera de acuerdo en que éste prosiga para satisfacer el crédito del tercerista.

Art. 694 Decisión y efectos de la sentencia de la tercería de preferencia.

1. La sentencia que se dicte en la tercería de mejor derecho resolverá sobre la existencia del privilegio y el orden en que los créditos deben ser satisfechos en la ejecución en que aquella sentencia recaiga, pero sin prejuzgar otras pretensiones que a cada uno pudiera corresponder.

2. Asimismo, si la sentencia desestimara la tercería, condenará en todas las costas de ésta al tercerista.

3. Cuando estimara la tercería, habiéndose opuesto a la demanda la parte ejecutante y ejecutada se impondrán las costas a ambos por partes iguales.

4. Cuando estimare la tercería y esta se tramitó con la sola oposición de la parte ejecutante, se le impondrán a ésta las costas.

5. Cuando por haberse allanado la parte ejecutante la tercería se hubiera sustanciado sólo con la parte ejecutada, las costas se impondrán a ésta en su totalidad.

6. Siempre que la sentencia estimara la tercería de mejor derecho, no se entregará al parte ejecutante las costas causadas en ésta hasta el momento en que recaiga aquella sentencia.

Hasta aquí el Capítulo VI.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENGRO BLANDÓN:

Pasamos entonces a la discusión del Capítulo VI referido a la Tercería de preferencia o de mejor derecho.

Observaciones al artículo 690.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 691.

No hay observaciones

Observaciones al artículo 692.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 693.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 694.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos a la votación Capítulo VI, referida a la Tercería de preferencia o de mejor derecho con todos sus artículos del Título IV.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

76 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 11 diputados presentes sin votar. Se aprueba Capítulo VI, del Título IV con todos sus artículos.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo VII

Enajenación y subasta de los bienes embargados

Art. 695 Entrega directa a la parte ejecutante

1. El dinero, saldos de cuentas corrientes, bienes o valores que sean aceptados por la parte ejecutante en su valor nominal y las divisas convertibles, se entregarán a la parte acreedora previo recibo autorizado por la autoridad judicial.

2. Cuando se trate de saldos favorables en cuenta, con vencimiento diferido, la autoridad judicial adoptará las medidas oportunas para lograr su cobro, pudiendo designar un administrador cuando fuere conveniente o necesario, para su realización.

3. En la ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas, por incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes muebles, si la parte ejecutante lo solicita, se le hará entrega inmediata del bien o bienes muebles vendidos o financiados a plazos, por el valor que resulte por la depreciación establecida en el contrato.

4. Las acciones, obligaciones y otras formas de participación societaria, se enajenarán por el correspondiente precio de bolsa o de mercado.

Art. 696 Realización de otros bienes o derechos

1. Los bienes o derechos no comprendidos en el artículo anterior, se realizarán en la forma convenida entre las partes e interesados y aprobada por la autoridad judicial, con arreglo a lo previsto en este Código.

2. A falta de convenio de realización, la enajenación de los bienes embargados se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes procedimientos:

a. Enajenación por medio de entidad especializada, notaria o notario público, en los casos y en la forma prevista en este Código.

b. Subasta judicial.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, una vez embargados los bienes, se practicarán las actuaciones precisas para la subasta judicial de los mismos, que se realizará en el día señalado con arreglo a lo previsto en este Código, si antes no se solicita y se ordena que la realización forzosa se lleve a cabo de manera diferente.

Art. 697 Tasación de los bienes embargados

1. Cuando la parte ejecutante y ejecutada no se hayan puesto de acuerdo respecto al valor de los bienes embargados, se procederá a la tasación de los mismos por medio de perito designado por la autoridad judicial, de entre quienes demuestren conocimientos técnicos en la materia. De no tener a disposición una lista de elegibles, requerirá a las partes para que de común acuerdo lo designen.

2. La o el perito designado por la autoridad judicial, podrá ser objeto de tacha por la parte ejecutante y ejecutada que hayan comparecido. El nombramiento se notificará a la o el perito designado, quien en el siguiente día lo aceptará.

3. Aceptado el encargo por la o el perito, entregará a la autoridad judicial su valoración en el plazo de cinco días, salvo que concurran circunstancias justificadas para fijar otro que no excederá de quince días. La valoración de la o el perito tomará en cuenta los valores de mercado, de catastro fiscal, municipal, y otras referencias que estime necesarias; cuando se trate de bienes inmuebles no considerará las cargas o gravámenes que pudieran tener.

4. Una vez que la o el perito designado por la autoridad judicial haya entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores podrán presentar dentro del plazo de diez días, alegaciones a dicha valoración, así como informe de la o el perito privado, en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso, la autoridad judicial, a la vista de las alegaciones y apreciando los informes según las reglas de la sana crítica, determinará mediante providencia, sin ulterior recurso, la valoración definitiva, tomando como base uno de los montos para efectos de la ejecución.

Art. 698 Audiencia para convenir el modo de realización de bienes

1. La parte ejecutante, la ejecutada y quien acredite interés directo en la ejecución, podrán pedir a la autoridad judicial que convoque a una audiencia, con la finalidad de convenir el modo de realización más eficaz de los bienes embargados, hipotecados o pignorados, contra quienes se dirige la ejecución.

2. Si la autoridad judicial no encontrara motivos razonables para denegarla, la acordará mediante providencia, sin suspensión de la ejecución, convocando a las partes y a quienes conste en el proceso que pudieran estar interesados. La audiencia se llevará a cabo, aunque no concurran todos los citados, si al menos estuvieren presentes la parte ejecutante y la ejecutada.

3. En la audiencia se podrá proponer el procedimiento de enajenación y sus condiciones, así como presentar en el acto, personas que afianzando, se ofrezcan a adquirir los bienes por precio superior al setenta por ciento del justiprecio.

Si la parte ejecutada hiciera uso de esta facultad con fines dilatorios, se le rechazará la participación señalada, dictando resolución, contra la que no cabe recurso alguno.

Art. 699 Riesgo de pérdida o depreciación de los bienes embargados

Si por la demora en la enajenación pudiera originarse depreciación trascendente, pérdida o extinción de los bienes o derechos, se podrá ordenar su enajenación en cualquier momento, sin ajustarse estrictamente a los procedimientos ordenados en este Código, así como la variación de los plazos previstos o de las restantes condiciones establecidas.

Art. 700 Acuerdo de enajenación

1. Si se llegara a un acuerdo entre la parte ejecutante y ejecutada, que no cause perjuicio a tercero cuyos derechos proteja este Código, lo aprobará la autoridad judicial mediante auto y suspenderá la ejecución respecto del bien o bienes objeto del acuerdo. También aprobará el acuerdo, con el mismo efecto suspensivo, si incluyera la conformidad de los sujetos, distintos de la parte ejecutante y ejecutada, a quienes afectara.

2. Cuando el convenio se refiera a bienes susceptibles de inscripción registral, será necesaria para su aprobación, la conformidad de la parte acreedora y terceros adquirentes que hayan inscrito o anotado sus derechos con posterioridad al gravamen que se ejecuta, en el registro correspondiente.

3. Cumplido el acuerdo la ejecución se archivará, si hubo total satisfacción de la parte ejecutante y en otro caso, continuará por la cantidad restante.

4. Si se hubiera incumplido el acuerdo de enajenación dentro del plazo pactado, o por cualquier causa, no se lograra la satisfacción de la parte ejecutante en los términos convenidos, podrá éste pedir que se levante la suspensión y se proceda a la subasta del bien.

5. Si no se lograra el acuerdo, la audiencia para intentarlo podrá realizarse nuevamente, previa petición de parte interesada en las condiciones previstas, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, para la mejor realización de los bienes.

Art. 701 Enajenación por el ejecutado

1. La parte ejecutada podrá pedir en la audiencia que se le autorice para enajenar el bien, sobre lo que decidirá la autoridad judicial oyendo a la parte ejecutante.

2. Si accediera a la solicitud fijará un plazo máximo de treinta días, con el apercibimiento de que si no enajenara el bien, deberá abonar a la parte ejecutante los daños y perjuicios que se causaran.

Art. 702 Delegación para la enajenación de los bienes

1. A instancia de cualquiera de las partes, y cuando las características del bien así lo permitan, en la audiencia la autoridad judicial podrá ordenar mediante providencia, la enajenación de todos o alguno de los bienes por medio de entidades públicas, privadas, notaria o notario público autorizado para tal fin, que sean idóneos por su especialidad y eficacia.

2. Las entidades y notaria o notario público, deberán llevar a efecto todas las actuaciones procesales reguladas en este Capítulo, referidas a la enajenación y subasta de los bienes embargados; así mismo asumirán la condición de personas depositarias, prestando caución para responder del buen fin del encargo.

3. Las entidades y notaria o notario público, deberán ajustarse a los límites impuestos por la autoridad judicial, de acuerdo con las normas que rigen su actuación, y habrán de realizar bajo su responsabilidad, las actuaciones encomendadas y las que exija la naturaleza de los bienes, poniendo de manifiesto a los posibles adquirentes del estado de estos.

4. La enajenación del bien no podrá hacerse por valor inferior al ochenta por ciento de su justiprecio. La cantidad obtenida se ingresará en un banco o una institución financiera, descontándose los honorarios y comisiones que deba percibir quien realizó el bien. Aprobada la gestión por la autoridad judicial, se le devolverá la caución prestada.

5. Transcurridos seis meses desde el encargo, si la realización no se hubiera llevado a cabo, la autoridad judicial a petición de parte, dictará auto revocando el encargo, salvo que se justifique por la o el notario público o las entidades, que la realización no ha sido posible por motivos que no le sean imputables y que, por haber desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su pronta desaparición, el encargo podrá cumplirse dentro del plazo que se ofrezca y que no podrá exceder de los siguientes seis meses. Transcurrido este último plazo sin que se hubiera cumplido el encargo, se revocará definitivamente éste.

Revocado el encargo, la caución será a favor de la parte ejecutante, salvo que las entidades o la o el notario público acrediten que la realización del bien no ha sido posible por causas que no le sean imputables.

6. Si la venta se anulara por causa imputable a las entidades, la o el notario público y sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan, deberán éstas reintegrar el importe de la comisión y de los honorarios que hubieran percibido; debiendo realizar nuevamente la enajenación encomendada, conforme lo establece este Código.

Art. 703 Adjudicación de bienes

1. La parte ejecutante tendrá en todo momento derecho de adjudicarse y adquirir los bienes por la cantidad debida en todos los conceptos, que no podrá ser menor al setenta por ciento del justiprecio, o solicitar su entrega en administración.

2. La adjudicación de bienes a la parte acreedora, extingue su crédito hasta el límite del valor del bien. Si dicho valor fuera superior al importe de su crédito, deberá pagar la diferencia.

3. En caso que el valor del bien sea menor al importe de la demanda, la parte acreedora podrá ampliar la ejecución por el saldo insoluto.

Art. 704 Entrega de los bienes en administración

La entrega de los bienes en administración podrá solicitarla la parte acreedora ejecutante en cualquier momento de la ejecución, procediéndose a ella si la autoridad judicial considera que corresponde a la naturaleza de los bienes embargados, escuchando en la audiencia a terceros afectados, si tuvieran derechos inscritos.

1. La parte ejecutante deberá rendir cuentas anuales de la administración y la parte ejecutada podrá oponerse en el plazo de diez días desde que se le comuniquen las cuentas, a la liquidación presentada. La discrepancia se resolverá en una audiencia para que las partes puedan aportar las pruebas pertinentes.

2. La administración cesará cuando con las rentas o productos se cubra la cantidad total objeto de ejecución; cuando la parte ejecutada pague la cantidad íntegra que en ese momento adeude; o cuando la parte ejecutante manifieste su voluntad de abandonar la administración y proceder a la enajenación por la diferencia. En todo caso, la parte ejecutante deberá rendir una cuenta final de la administración, o cuando sea requerido judicialmente.

Art. 705 Convocatoria de subasta

1. Se acordará de oficio la enajenación de los bienes embargados mediante subasta judicial, cuando no pueda emplearse o hayan resultado ineficaces los demás procedimientos utilizados.

2. A toda subasta se dará publicidad por medio de tres edictos, que se fijarán en el local del juzgado, y se publicará en un periódico de circulación nacional. La convocatoria se realizará, al menos con quince días de antelación a la fecha de su celebración, que se indicará en el propio anuncio, así como el lugar y hora de celebración.

3. En el aviso de subasta se expresarán:

a. Los nombres de las partes y terceros legitimados.

b. El bien a subastar, su descripción y características.

c. Los gravámenes del bien.

d. El monto del crédito y las costas del proceso.

e. El precio base de la subasta.

f. El lugar, fecha, día y hora de la subasta.

g. La identificación del juzgado donde se efectuará la subasta.

h. El porcentaje que debe depositarse para participar en la subasta.

i. El nombre de la autoridad judicial y de la secretaria o secretario y la firma de éste.

Art. 706 Especificaciones en subasta de inmuebles

En el caso de subasta de inmuebles, además de los requisitos exigidos en el artículo anterior, en los anuncios se indicará:

1. Que están de manifiesto en el juzgado la certificación registral y, en su caso, la titulación sobre el inmueble o inmuebles que se subastan.

2. Que se entenderá que todo postor acepta por el mero hecho de participar en la subasta, que es suficiente la titulación existente.

3. Que las cargas, gravámenes u otros derechos reales limitativos del dominio anteriores al crédito de la parte ejecutante si los hubiera, continuarán subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el postor los admite, y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el bien se adjudicara a su favor.

4. Lo resuelto por la autoridad judicial en el caso de las y los ocupantes del inmueble.

Art. 707 Precio base de la subasta

El precio base de la subasta, será:

1. El fijado previamente por las partes.

2. El principal del crédito, más los intereses y costas reclamados.

3. El justiprecio del bien.

Art. 708 Depósito para participar en la subasta

1. Para participar en la subasta la persona interesada deberá depositar en el juzgado, una hora antes de su inicio, no menos del diez por ciento del total del precio base de los bienes.

2. Finalizada la subasta, se deberán reintegrar de inmediato, los depósitos que se hubieran efectuado, salvo la de la persona adjudicataria.

Art. 709 Condiciones de la subasta y requisitos de la persona adjudicataria

1. Para tomar parte en la subasta, las y los interesados deberán identificarse de forma suficiente, declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta y haber realizado el depósito a que se refiere el artículo anterior.

2. La parte ejecutante podrá tomar parte en la subasta hasta el límite de su crédito, sin necesidad de depositar cantidad alguna. Asimismo, la parte ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante la autoridad judicial, con asistencia de la o el cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del precio del remate.

Art. 710 Desarrollo y terminación de la subasta

1. El acto de la subasta comenzará con la lectura de la relación de bienes, o en su caso, de los lotes de bienes y las condiciones especiales de la subasta. Cada lote de bienes se subastará por separado.

2. A continuación se irán sucediendo las diversas posturas con relación al bien o lote de que se trate, repitiéndose en voz alta por la o el funcionario. La subasta terminará con el anuncio de la única o mejor postura y el nombre de quien la haya formulado, siempre que sea igual o superior al precio base.

Art. 711 Pago del precio por la persona adjudicataria

1. La persona adjudicataria pagará en efectivo, cheque de gerencia o cheque certificado, en el acto el total de su postura, menos la cantidad depositada. Si fuera la parte ejecutante quien hiciera la mejor postura, se procederá a la liquidación de lo que se le deba por principal e intereses, y sólo depositará la diferencia, si la hubiera, en dependencia de la liquidación de costas.

2. Realizado el pago, la autoridad judicial levantará acta en la cual expresará una relación sucinta del desarrollo de la subasta y adjudicará el bien o los bienes subastados, con identificación de los mismos y de las y los intervinientes, las posturas que formularon y a quien se le adjudicó el bien o bienes; dicha acta será firmada por la autoridad judicial, la parte acreedora, la persona adjudicataria y la secretaria o secretario.

3. La autoridad judicial extenderá certificación del acta a la persona adjudicataria y mediante auto mandará a cancelar las cargas posteriores al embargo y en nombre de la parte deudora otorgará la escritura en el protocolo del juzgado a costa de quien haya adquirido, insertando el acta y los antecedentes necesarios, para su inscripción en el registro público correspondiente.

Art. 712 Convocatoria a nueva subasta

Si la persona adjudicataria no pagara en el acto y por su culpa la venta no se realizara, perderá el depósito que hubiera efectuado, el cual se aplicara como abono al principal y se procederá a convocar nuevamente a subasta, en los mismos términos señalados en este Código para la convocatoria de la subasta.

Art. 713 Adjudicación en pago de los bienes no vendidos o levantamiento del embargo

Si en el acto de la subasta no hubiera ningún postor, podrá la parte ejecutante pedir la adjudicación de los bienes hasta por el precio base de la ejecución, cuando la cantidad debida por todos los conceptos, sea igual a dicho precio o cuando el precio base no alcance a cubrir la totalidad de lo que se deba. Si no hiciera uso de esa facultad en el plazo de veinte días de concluida la subasta, se procederá al levantamiento del embargo, a instancia de la parte ejecutada.

Art. 714 Distribución y pago de la suma debida

1. El precio obtenido de la subasta se entregará a la parte ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución y, si sobrepasare dicha cantidad, se retendrá el remanente a disposición de la autoridad judicial, hasta que se efectúe la liquidación de lo que, finalmente, se deba a la parte ejecutante y del importe de las costas de la ejecución.

Satisfecha plenamente la parte ejecutante y pagadas las costas, se entregará a la parte ejecutada el remanente que pudiera existir una vez finalizada la realización forzosa de los bienes.

2. Quienes tengan su derecho inscrito o anotado con posterioridad al de la parte ejecutante y hubiera remanente, éste se retendrá para el pago de aquéllas o aquéllos. Si satisfechos estos acreedores, aún existiere sobrante, se entregará a la parte ejecutada o al tercer adquirente.

Lo dispuesto en este numeral es sin perjuicio del destino que deba darse al remanente cuando se hubiera ordenado su retención en alguna otra ejecución hipotecaria y prendaria o en cualquier proceso concursal.

3. Quedando satisfecho plenamente la parte ejecutante, si hubieran varias personas embargantes y el sobrante sea insuficiente, se distribuirá el pago a prorrata o sea en proporción aritmética de la siguiente forma:

a. Se procederá a obtener la suma total de los créditos embargados. (crédito A + crédito B + crédito C = Total de los créditos).

b. Cada uno de los créditos individuales será dividido por el total de los créditos, obteniéndose así el porcentaje individual de cada acreedor. (crédito A /Total de crédito=Porcentaje a pagar al acreedor A)

c. Cada porcentaje individual se multiplicará por el sobrante; y este producto será la proporción a distribuirse entre los acreedores. (Porcentaje a pagar al acreedor A x sobrante del crédito = Monto a pagar al acreedor A).

4. Tratándose de terceros con derecho preferente, se les pagará en el orden debido, conforme las disposiciones del artículo siguiente.

5. Si las cantidades que se obtengan resultaran insuficiente para cubrir el pago del principal, intereses y costas, una vez liquidados aquéllos y tasadas éstas, la parte ejecutante podrá perseguir el patrimonio de la parte ejecutada por el saldo pendiente de pago.

Art. 715 Orden de pago para créditos preferentes

Podrán exigir el pago de sus respectivos créditos, con preferencia sobre todos los demás acreedores, los siguientes:

1. La o el acreedor alimentario.

2. La o el acreedor por prestaciones laborales.

3. La o el acreedor hipotecario sobre el valor de la cosa hipotecada conforme a la fecha de su respectiva inscripción, agotados éstos.

4. La o el acreedor pignoraticio, sobre el precio de la cosa dada en prenda.

Hasta aquí el Capítulo VII.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del capítulo VII, del Título IV, referido a la Enajenación y subasta de los bienes embargados.

Observaciones al artículo 695.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 696.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 697.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 698.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 699.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 700.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 701.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 702

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 703.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 704

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 705.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 706

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 707.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 708

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 709.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 710

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 711.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 712

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 713.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 714

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 715.

No hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo VII con todos sus artículos, referido a la Enajenación y subasta de los bienes embargados.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 8 diputados presentes sin votar y con el hemos aprobado el Capítulo VII del Título IV con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo VIII
Normas especiales sobre la subasta de bienes inmuebles

Art. 716 Subsistencia y cancelación de cargas en la enajenación por acuerdo.

1. Cuando por acuerdo de las partes se transmita a un tercero la titularidad de bienes inmuebles hipotecados o embargados, que sean objeto de la ejecución forzosa, las cargas, gravámenes y servidumbres que pesen sobre él subsistirán, así como su cancelación conforme lo dispuesto en este Código.

2. Cuando la enajenación del bien inmueble embargado se realice mediante acuerdo entre la parte ejecutante y ejecutada, será aprobada por la autoridad judicial, si consta en escritura pública. También deberá constar que la persona adquirente conoce la existencia de las cargas y gravámenes que pesan sobre el inmueble, conforme la certificación registral a que se refiere el artículo siguiente.

Art. 717 Certificación de dominio y cargas.

Cuando el objeto de la subasta sea un bien susceptible de inscripción en un registro público, la autoridad judicial librará mandamiento al registro correspondiente, para que en el plazo de diez días libre certificación en la que conste la titularidad dominical, los derechos reales constituidos sobre el bien a favor de personas distintas a la o el propietario, el domicilio de estas y las cargas que lo graven en su caso. La o el registrador hará constar al margen del asiento la expedición de la certificación, expresando la fecha y el proceso a que se refiera. El costo de dicha certificación será a cargo de la parte acreedora.

Art. 718 Titulares de derechos anteriores preferentes.

1. Vista la certificación registral, la autoridad judicial ordenará a las o los titulares de los créditos anteriores que sean preferentes al que se ejecuta y al ejecutado, para que en el plazo de diez días informen sobre la subsistencia del crédito garantizado y su actual cuantía, debiendo indicar con la mayor precisión si el crédito subsiste o se ha extinguido por cualquier causa y, en caso de subsistir, qué cantidad resta pendiente de pago, la fecha de vencimiento y, en su caso, los plazos y condiciones en que el pago deba efectuarse.

2. Si el crédito estuviera vencido y no pagado, también informarán de los intereses moratorios vencidos y de la cantidad a la que asciendan los intereses que se devenguen por cada día de retraso.

3. Cuando la preferencia del crédito provenga de una anotación de embargo anterior, expresarán la cantidad pendiente de pago por principal e intereses vencidos a la fecha del informe a la autoridad judicial, así como la cantidad a que asciendan los intereses moratorios que se devenguen por cada día que transcurra sin que se efectúe el pago a la parte acreedora y la previsión para costas.

4. A la vista de lo que la parte ejecutada y las personas acreedoras a que se refiere el numeral anterior declaren sobre la subsistencia y cuantía actual de los créditos, si hubiera conformidad sobre ello, la autoridad judicial a instancia de la parte ejecutante, expedirá los mandamientos que procedan. De existir disconformidad les convocará a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los tres días siguientes, resolviéndose mediante auto, no susceptible de recurso, en los cinco días posteriores.

Transcurridos veinte días desde la solicitud de informe a la parte ejecutada y a las o los acreedores sin que ninguno de ellos haya contestado, se entenderá que la carga, a los solos efectos de la ejecución, se encuentra actualizada en los términos fijados en el título preferente.

Art. 719 Bien inscrito a nombre de persona distinta de la parte ejecutada.

1. Si de la certificación que expida el registro resultara que el bien embargado se encuentra inscrito a nombre de persona distinta de la parte ejecutada, la autoridad judicial, oídas las partes personadas, ordenará levantar el embargo, a menos que el proceso se siga contra la parte ejecutada en concepto de heredera o heredero de quien apareciera como dueño en el registro o que el embargo se haya trabado teniendo en cuenta tal concepto.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si la inscripción del dominio a nombre de persona distinta de la parte ejecutada fuera posterior a la anotación del embargo, se mantendrá éste y se estará a lo dispuesto para el tercer adquirente contemplado en este Libro.

Art. 720 Titulares de derechos posteriormente inscritos.

1. La autoridad judicial comunicará la existencia de la ejecución, a los titulares de derechos que figuren en la certificación registral y que aparezcan en asientos posteriores al del derecho de la parte ejecutante, si su domicilio consta en el registro.

2. Los demás titulares de derechos adquiridos con posterioridad a la ejecución, no serán notificados, pero podrán intervenir si acreditan la inscripción de su derecho en el registro.

3. Cualquier titular de derechos, inscritos con posterioridad al gravamen que se ejecuta, podrá subrogarse en los derechos de la parte ejecutante, si paga el principal, intereses y costas generadas hasta el momento del pago. La autoridad judicial oficiará de este hecho al registro, a fin de que quede constancia mediante nota al margen del número de la finca.

Art. 721 Tercer adquirente.

1. Quien pase a ser tercer adquirente del inmueble objeto de embargo después de haberse ejecutado éste, y antes de su enajenación, podrá personarse en la ejecución acreditando la inscripción de su título, sin que se suspenda el curso del proceso.

2. El tercer adquirente podrá liberar el bien antes de su enajenación, pagando lo que se deba a la parte acreedora por principal, intereses y costas, dentro de los límites de la responsabilidad a que esté sujeto el bien.

Art. 722 Inscripción de la adquisición.

La persona adquirente de un bien ejecutado, sea por vía de acuerdo o subasta, podrá inscribir su derecho en los registros correspondientes.

Art. 723 Cancelación de cargas.

A instancia de la persona adquirente, la autoridad judicial expedirá mandamiento de cancelación al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, de la anotación o inscripción del gravamen que haya originado el remate o la adjudicación, así como de todas las inscripciones y anotaciones posteriores, haciéndose constar en el mismo mandamiento que el valor de lo vendido o adjudicado fue igual o inferior al importe total del crédito de la parte ejecutante y, en el caso de haberlo superado, que se retuvo el remanente a disposición de las o los interesados.

Art. 724 Comunicación de la ejecución a los ocupantes.

1. Cuando conste en el proceso que el inmueble embargado o hipotecado está ocupado por personas distintas a la parte ejecutada o de quienes convivan con ella, de oficio o a solicitud de parte, la autoridad judicial ordenará que se les notifique la existencia de la ejecución, convocándolos a una audiencia en un plazo no mayor de cinco días, en la que podrán alegar y probar lo que consideren oportuno respecto a su derecho de permanecer en el inmueble.

2. La autoridad judicial resolverá por medio de auto no recurrible, la situación de los ocupantes respecto al inmueble, declarando que el ocupante u ocupantes considerados de mero hecho o sin título suficiente, deberán desalojarlo o que tienen derecho a permanecer en el mismo, una vez que éste se haya enajenado en la ejecución, dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro adquirente. La anterior declaración se publicará en el anuncio de la subasta.

Art. 725 Posesión judicial y ocupantes del inmueble.

La persona adquirente podrá entrar en posesión del inmueble que no se hallare ocupado, y del que se hubiera declarado que los ocupantes no tenían derecho a proseguir en la ocupación tras la adjudicación. En este caso se procederá al lanzamiento en un plazo de treinta días, sin perjuicio de las acciones que los ocupantes quieran ejercer en vía ordinaria.

Hasta aquí el Capítulo VIII.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos en este momento a la discusión del Capítulo VIII del Título IV, referido a las Normas Especiales sobre la Subasta de Bienes Inmuebles, pedimos por consiguiente:

Observaciones al artículo 716.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 717.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 718.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 719.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 720.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 721.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 722.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 723.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 724.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 725.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo VIII, del Título IV con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 presentes. Se aprueba el Capítulo VIII del Título IV con todos sus artículos, referido a Normas especiales sobre la subasta de bienes inmuebles.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

TÍTULO V
EJECUCIÓN DE HACER, NO HACER Y DAR

Capítulo I
Ejecución de obligaciones de hacer no personalísimo

Art. 726 Solicitud y requerimiento.

Cuando la parte ejecutante solicite el cumplimiento de una obligación que consista en la realización de una obra material, la autoridad judicial dictará auto admitiendo la solicitud y ordenará requerir a la persona obligada para que cumpla, en los términos que establece el título de ejecución, dentro del plazo que le establezca, de acuerdo con la naturaleza de la obligación y las circunstancias del caso. El plazo señalado para el inicio del cumplimiento no podrá exceder de diez días.

Art. 727 Medidas de garantía.

1. Cuando la obligación que se pretenda ejecutar no pudiera ser cumplida de forma inmediata y esa demora pudiera poner en peligro la efectividad de su ejecución, la autoridad judicial a instancia de la parte ejecutante, podrá ordenar la adopción de las medidas de garantía que considere oportunas y adecuadas al caso.

2. Si la medida de garantía consiste en el embargo, éste deberá alcanzar cuantos bienes sean suficientes para asegurar el cumplimiento de la obligación principal y los intereses que dicha suma hubiera podido devengar, y responder por la indemnización de daños y perjuicios, más las costas de ejecución. El embargo se levantará cuando la parte ejecutada preste caución suficiente fijada por la autoridad judicial en el momento de acordarlo.

Art. 728 Incumplimiento de la obligación, sustitución o indemnización.

1. La falta de cumplimiento de la obligación dentro del plazo judicialmente otorgado, así como el cumplimiento contraviniendo el contenido, determinará que la parte ejecutante pueda optar que se faculte a un tercero para realizarla a costa de la parte ejecutada, o que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. En este último caso se procederá a cuantificarlos, conforme se previene en las normas sobre liquidación de cantidades de este Código.

2. Lo dispuesto en el número anterior no se aplicará cuando el título contenga una disposición expresa para el caso de incumplimiento de la o el obligado, en cuyo caso se procederá conforme a ella.

Art. 729 Cumplimiento por tercero.

1. En caso que la parte ejecutante opte por el cumplimiento de la obligación por tercero, se valorará el costo de la obra mediante presupuesto presentado por la parte ejecutante o, si no lo presenta, mediante pericia ordenada por la autoridad judicial.

Determinado el costo, se procederá al embargo y enajenación de bienes de la parte ejecutada hasta obtener la cantidad fijada. En ese momento, la autoridad judicial previa designación por la parte ejecutante, nombrará al tercero encargado para cumplir la obligación.

2. En cualquier momento antes del encargo, la parte acreedora podrá proponer la realización de la obligación por su propia cuenta, en cuyo caso percibirá de la parte deudora la cantidad fijada.

Art. 730 Cumplimiento de hacer jurídico.

Admitida la solicitud de la parte ejecutante instando el cumplimiento de la obligación de transmitir, modificar o constituir un derecho real sobre un inmueble, o de cancelar total o parcialmente el título de una obligación extinguida, vencido el plazo concedido a la parte ejecutada en la sentencia para que lo cumpla, sin que lo haya verificado, procederá la autoridad judicial en nombre de aquél al otorgamiento de la escritura en el protocolo del juzgado a costa de la o el interesado.

Art. 731 Cumplimiento de la publicación de una sentencia.

1. Cuando la sentencia ordene la publicación total o parcial de su contenido en medios de comunicación a costa de la parte ejecutada, admitida la solicitud de la parte ejecutante, se requerirá a la o el obligado para que en el plazo que determine la autoridad judicial que no podrá exceder de veinte días, contrate la publicación conforme lo ordenado en la sentencia.

2. Si la parte ejecutada incumpliera la obligación, la parte ejecutante podrá contratar la publicación a costa de la parte ejecutada. Para ello, se procederá a determinar el costo de la publicación, mediante presupuesto aportado por la parte ejecutante o de las tarifas vigentes en el respectivo medio de comunicación. Determinado el costo, se procederá al embargo de bienes en cantidad suficiente para cubrirlo.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos en este momento a la discusión del Capítulo I, Ejecución de obligaciones de hacer no personalísimo del Título V, Ejecución de Hacer, No Hacer y Dar.

Observaciones al artículo 726.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 727.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 728

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 729.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 730

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 731.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo I del Título V con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I del Título V con todos sus artículos, referido a la Ejecución de obligaciones de hacer no personalísimo.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo II
Ejecución de obligaciones de hacer personalísimas

Art. 732 Solicitud y requerimiento.

Admitida la solicitud de la parte ejecutante instando el cumplimiento de la obligación de hacer personalísimo, la autoridad judicial requerirá a la o el obligado en los términos que establece el título de ejecución. La o el obligado deberá cumplir dentro del plazo que la autoridad judicial estime necesario, de acuerdo con la naturaleza de la obligación y las circunstancias del caso. El plazo señalado para el inicio del cumplimiento no podrá exceder de diez días. En el requerimiento se advertirá a la parte ejecutada que si no cumple, se informará al Ministerio Público para lo que corresponda.

Art. 733 Medidas de garantía.

1. En los casos en que la obligación que se pretenda ejecutar no pudiera ser cumplida de forma inmediata, y esa demora pudiera poner en peligro la efectividad de su ejecución, la autoridad judicial a instancia de la parte ejecutante, podrá ordenar la adopción de las medidas de garantía que considere oportunas y adecuadas al caso.

2. Si la medida de garantía consiste en el embargo, éste deberá alcanzar cuantos bienes sean suficientes para asegurar el cumplimiento de la obligación principal, así como la indemnización por daños y perjuicios y las costas de la ejecución. El embargo se levantará cuando la parte ejecutada preste caución suficiente, que será fijada por la autoridad judicial en el momento de acordarlo.

Art. 734 Alegaciones de la parte ejecutada.

1. La parte ejecutada podrá indicar la autoridad judicial, en el plazo que se le haya concedido para cumplir la obligación, los motivos por los que se niega a cumplir, así como rebatir el carácter personalísimo de la prestación debida.

2. Si la autoridad judicial admite el carácter no personalísimo de la obligación y la parte ejecutada sigue sin cumplirla, la ejecución proseguirá para obtener la indemnización por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, conforme lo dispuesto en este Código para la ejecución de obligaciones de hacer no personalísimas.

Art. 735 Incumplimiento de la obligación y opción de la parte ejecutante.

1. La falta de cumplimiento o de alegaciones dentro del plazo judicialmente otorgado, determinará que la parte ejecutante pueda optar entre obtener el cumplimiento de la obligación, o la entrega de un equivalente en dinero que incluya la indemnización por los daños y perjuicios que haya sufrido.

2. En este último caso la ejecución proseguirá para obtener la cuantificación conforme se previene en las normas sobre liquidación de cantidades en este Código, e imponiendo la autoridad judicial a la parte ejecutada una sola multa que, sobre la base del precio o contraprestación satisfechos, podrá llegar a la mitad de dicha cantidad o del valor que se atribuya genéricamente a la obligación.

3. Lo dispuesto en el numeral anterior no se aplicará cuando el título contenga una disposición expresa para el caso de incumplimiento de la parte deudora, procediéndose conforme a ella.

Art. 736 Ejecución por la o el obligado y sanciones.

1. Cuando se opte por el cumplimiento específico, se impondrá a la parte ejecutada una multa por cada mes que transcurra sin cumplir la obligación. La multa mensual podrá llegar al veinte por ciento del precio o valor de la contraprestación satisfecha, que se atribuya generalmente a la obligación.

2. Transcurrido un año sin cumplimiento de la obligación o sin que se hubiera iniciado dicho cumplimiento, si lo solicita la parte ejecutante, la autoridad judicial ordenará la sustitución del mismo por la entrega del equivalente en dinero, o por cualquier medida esencialmente análoga, adecuada para la satisfacción de la parte ejecutante.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo II del Título V, referido a Ejecución de obligaciones de hacer personalísimo.

Observaciones al artículo 732.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 733.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 734.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 735.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 736.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo II del Título V con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II del Título V con todos sus artículos, referido a Ejecución de obligaciones de hacer personalísimo.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo III
Ejecución de obligaciones de no hacer

Art. 737 Solicitud y requerimiento.

1. Admitida la solicitud de la parte ejecutante denunciando que la o el obligado a no hacer alguna cosa ha realizado lo que tenía prohibido, la autoridad judicial requerirá a la o el obligado para que deshaga lo indebidamente hecho si fuera posible, se abstenga de volver a hacer lo prohibido o de seguir haciéndolo, con la advertencia de que si no cumple se informará al Ministerio Público para lo que corresponda.

2. Por el quebrantamiento de la obligación, la parte ejecutada deberá indemnizar los daños y perjuicios causados a la parte ejecutante, la que se cuantificará conforme se previene en las normas sobre liquidación de cantidades en este Código.

Art. 738 Incumplimiento en caso de posibilidad de deshacer.

A la parte ejecutada que de forma inmediata no deshaga lo indebidamente hecho siendo posible, se le impondrán multas. Éstas se impondrán por cada mes que transcurra sin deshacerlo, y la cuantía de cada multa podrá llegar al veinte por ciento del valor que se atribuya generalmente a la obligación.

Art. 739 Imposibilidad de deshacer.

Si no fuera posible deshacer lo indebidamente realizado, la obligación se sustituirá por la indemnización por los daños y perjuicios causados a la parte ejecutante, que se cuantificarán conforme se previene en las normas sobre liquidación de cantidades de este Código.

Art. 740 Reiteración del quebrantamiento de la obligación de no hacer.

Cuantas veces la o el obligado a no hacer alguna cosa quebrante dicha obligación, se procederá en los términos señalados en los artículos anteriores, sin perjuicio de informar al Ministerio Público si los hechos fueran constitutivos de delito y de que se imponga una multa a partir del segundo incumplimiento.

Hasta aquí el Capítulo III.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo III, del Título V, referido a Ejecución de obligaciones de no hacer.

Observaciones al artículo 737.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 738.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 739

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 740.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo III del Título V con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III del Título V con todos sus artículos, referido a Ejecución de obligaciones de no hacer.

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

Capítulo IV
Ejecución de obligaciones de dar

Art. 741 Obligación de entrega de cosas genéricas o indeterminadas.

Cuando la o el obligado a entregar cosa genérica o indeterminada incumpla dicha obligación, la parte ejecutante podrá pedir que se le ponga en posesión de las cosas debidas o, alternativamente, que se sustituya la obligación incumplida por el pago del equivalente de su valor previa determinación si fuera necesario y de la indemnización por los daños y perjuicios que hayan podido causarse.

Art. 742 Obligación de entrega de cosas muebles determinadas.

1. Admitida la solicitud de la parte ejecutante instando el cumplimiento de la obligación de entrega de una cosa mueble determinada, la autoridad judicial pondrá de forma inmediata a la parte ejecutante en posesión de la misma, empleando para ello los medios que considere más idóneos. También ordenará si es el caso, que la transmisión se inscriba en el registro público que corresponda, sin que sea necesaria para dicha inscripción la intervención de la o el obligado.

2. En caso que la cosa no pudiera ser hallada, su entrega se sustituirá por la indemnización por los daños y perjuicios causados al ejecutante.

Art. 743 Obligación de entrega de inmuebles.

1. Admitida la solicitud de la parte ejecutante instando el cumplimiento de la obligación de entregar un bien inmueble, la autoridad judicial se ajustará a los términos del título de ejecución y de forma inmediata pondrá a la parte ejecutante en posesión del mismo, empleando para ello los medios que considere más idóneos.

2. Al momento de poner en posesión se levantará acta, haciendo constar el desarrollo de la ejecución, el lanzamiento de sus ocupantes y la puesta en posesión de la parte ejecutante en el inmueble; así como el aparente estado en que se encuentra el bien inmueble.

Art. 744 Entrega de inmuebles ocupados.

1. En caso que el inmueble estuviera ocupado por personas extrañas a la parte ejecutada se les notificará la existencia de la ejecución, para que en el plazo de diez días presenten en el juzgado los títulos que justifiquen su ocupación. Si las o los ocupantes carecieran de título o éste fuera insuficiente, se procederá al lanzamiento en un plazo de treinta días.

2. Cuando el inmueble estuviera ocupado por la parte ejecutada o por quienes dependan de ella, siempre que no se trate de la vivienda de uso familiar, se procederá al lanzamiento en un plazo de treinta días, prorrogables por una sola vez por el mismo período.

3. Si el inmueble fuera la vivienda de uso familiar de la parte ejecutada o de quienes dependan de ella, se le dará un plazo de noventa días para desalojarlo. Transcurrido el plazo señalado, se procederá al inmediato lanzamiento.

Hasta aquí el Capítulo IV.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo IV del Título V, referido a Ejecución de obligaciones de dar.

Observaciones al artículo 741.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 742.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 743.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 744.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo IV del Título V con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV del Título V con todos sus artículos, referido a Ejecución de obligaciones de dar.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

Capítulo V
Liquidación de cantidades

Art. 745 Liquidación de daños y perjuicios.

1. La determinación en ejecución forzosa de la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios, o del equivalente en dinero de una obligación no dineraria, se realizará previa solicitud escrita a la que se acompañará relación detallada de los distintos conceptos, con su respectivo importe, y con las justificaciones o informes que considere procedentes.

2. La solicitud se pondrá en conocimiento de la parte contraria para que dentro del plazo de diez días pueda:

a. Contestar aceptando expresamente la liquidación propuesta por la parte acreedora, en cuyo caso la aprobará la autoridad judicial, y se continuará la ejecución conforme lo dispuesto para las obligaciones de dinero.

b. No contestar en el plazo señalado o contestar sin concretar su oposición a la solicitud de la parte acreedora; en tal caso, se considerará que la o el obligado acepta tácitamente la liquidación y la autoridad judicial procederá igual que en el literal anterior.

c. Contestar presentando oposición motivada, de la que se le entregará copia a la parte acreedora, sustanciándose el incidente por los trámites del proceso sumario, que finalizará mediante auto, en el que se fijará la cantidad que deba pagarse a la persona solicitante.

Art. 746 Liquidación de frutos o rentas.

1. La determinación en ejecución de la cantidad debida en concepto de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, se llevará a cabo requiriendo a la parte deudora para que presente una propuesta de liquidación que deberá atenerse a las bases que estableciese el título. La propuesta se presentará en el plazo que fije la autoridad judicial de acuerdo a las circunstancias del caso.

2. Si la parte acreedora estuviera conforme con la propuesta, la autoridad judicial la aprobará, continuándose la ejecución de acuerdo con lo dispuesto para las obligaciones de pago de dinero.

3. Si la parte acreedora se opusiera a la liquidación, se sustanciará como incidente, que finalizará mediante auto, fijándose la cantidad que deba pagarse a la persona solicitante.

4. En caso que la parte deudora no presentara la liquidación, podrá la parte acreedora presentar la que considere justa. La parte ejecutada podrá hacer las observaciones o los reparos que considere pertinentes, teniéndose por consentidas las partidas que no sean observadas o reparadas y prosiguiendo las actuaciones su trámite como incidente.

Art. 747 Rendición de cuentas.

Para la ejecución de una condena a rendir cuentas de una administración y entregar el saldo resultante, se seguirá lo dispuesto en el artículo anterior, fijándose el plazo para que la o el obligado presente las cuentas en atención a la importancia y complejidad de la administración.

Hasta aquí el Capítulo V.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos a la discusión del Capítulo V del Título V, referido a Liquidación de cantidades.

Observaciones al artículo 745.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 746.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 747.

No hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo V del Título V con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar, se aprueba el Capítulo V referido a Liquidación de cantidades del Título V con todos sus artículos,

TERCER SECRETARIO WILFREDO NAVARRO MOREIRA:

TÍTULO VI
EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y PRENDARIAS

Capítulo Único
Del procedimiento

Art. 748 Procedimiento aplicable.

El pago de deudas garantizadas con hipoteca o prenda podrá exigirse judicialmente, dirigiendo la pretensión de ejecución directa y exclusivamente contra los bienes hipotecados o pignorados, siguiéndose los trámites previstos para la ejecución de dinero, y se aplicarán necesariamente las especialidades que se regulan en este Título.

Art. 749 Demanda de ejecución.

La demanda de ejecución deberá dirigirse necesariamente contra la parte deudora, contra la o el propietario del bien en caso que lo haya y contra un tercero adquirente de los bienes.

Art. 750 Requisitos de la demanda para la ejecución hipotecaria.

Para que proceda la ejecución directa y exclusiva sobre bienes hipotecados, además de los requisitos generales de la demanda para la ejecución de títulos no judiciales en lo que sea pertinente, serán necesarios los siguientes requisitos especiales:

1. En caso de compraventa, el valor de ésta.

2. El valor del monto del crédito.

3. El saldo del principal que presenta la parte acreedora conforme sus registros contables.

4. El porcentaje de los intereses corrientes o legales y los moratorios.

5. El valor de tasación del bien hipotecado contenido en el cuerpo de la escritura aceptado por las o los otorgantes y que servirá de base para la subasta.

6. En defecto de lo anterior, el valor de tasación del bien hipotecado se determinará conforme lo establecido para la ejecución dineraria, que se regula en el artículo denominado tasación de los bienes embargados referido a la enajenación y subasta de los bienes embargados de este Libro.

7. El domicilio de la parte deudora, y en su caso el señalado por la o el propietario del bien hipotecado, para notificaciones y requerimientos.

8. Relación de la certificación registral donde conste que la hipoteca se encuentra vigente, hasta el día anterior a la fecha de presentación de la demanda.

Art. 751 Anexos de la demanda para la ejecución hipotecaria.

1. A la demanda se deberán acompañar, además de los anexos establecidos para la demanda ordinaria en lo pertinente, los siguientes:

a. La escritura pública donde conste la constitución de la hipoteca.

b. Certificación registral donde conste que la hipoteca se encuentra vigente, hasta el día anterior a la fecha de presentación de la demanda. En caso de las cédulas o bonos hipotecarios, la certificación podrá ser parcial, comprendiendo sólo la finca o fincas objeto de la ejecución.

c. El documento emitido por contadora o contador público autorizado en el que conste haberse practicado las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de ejecución.

d. Los justificantes de las diversas partidas de cargo y abono.

e. El documento que acredite haberse avisado previamente el vencimiento del plazo para pagar la cantidad exigible la parte deudora y la fiadora si lo hubiere, de conformidad con la ley de la materia.

2. Para la ejecución de las hipotecas sobre bienes inmuebles constituidas a favor de una entidad que legalmente pueda emitir cédulas hipotecarias, o que al iniciarse el procedimiento, garanticen créditos y préstamos afectos a una emisión de bonos hipotecarios, se acompañará además de los anexos establecidos en los literales a) y b) de este artículo, la cédula o el bono hipotecario donde conste el crédito, que deberá cumplir los requisitos que este Código y la Ley General de Títulos Valores exigen para dictar despacho de ejecución.

Art. 752 Actualización del valor del inmueble hipotecado.

Cuando se observe una diferencia sustancial, entre el valor de la compraventa del inmueble hipotecado y el precio base de la ejecución, pactado por las partes para la subasta, a petición de la parte ejecutada en el escrito de oposición o de oficio, se procederá al nombramiento de la o el perito, conforme el procedimiento establecido en el artículo denominado tasación de los bienes embargados, referido a la enajenación y subasta de los bienes embargados referidos en este Código.

Para efectos de la aplicación de este artículo, se entiende como diferencia sustancial un valor de compraventa del inmueble hipotecado que sea, al menos, un treinta por ciento mayor que el precio base de la ejecución.

Art. 753 Requisitos de la demanda para la ejecución pignoraticia.

Para que proceda la ejecución directa y exclusiva sobre bienes pignorados, además de los requisitos generales exigidos para la demanda de ejecución de títulos no judiciales, serán también exigibles los especiales contenidos en la disposición que regula los requisitos para la demanda de ejecución hipotecaria, en lo pertinente.

Art. 754 Anexos de la demanda para la ejecución pignoraticia.

A la demanda se deberán acompañar, además de los anexos establecidos para la demanda ordinaria en lo pertinente, los siguientes:

1. El documento donde conste la constitución de la prenda.

2. El documento contable en que conste haberse practicado las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de ejecución.

3. Los justificantes de las diversas partidas de cargo y abono.

4. El documento que acredite haberse avisado previamente el vencimiento del plazo para pagar la cantidad exigible a la parte deudora y la fiadora si lo hubiera.

5. Certificación registral donde conste que la prenda se encuentra vigente, hasta el día anterior a la fecha de presentación de la demanda, cuando la ley exija tal inscripción.

Art. 755 Competencia para conocer de la ejecución de bienes hipotecados o pignorados.

Será competente para conocer de la ejecución de los bienes hipotecados o pignorados el juzgado de distrito civil del domicilio de la parte demandada; en su defecto, el del lugar donde esté ubicado el bien. Si el bien está ubicado en más de un departamento, será competente el juzgado de distrito civil de cualquiera de los lugares donde esté situado el bien. Esta última regla se aplicará también cuando sean varias fincas o bienes situados en diferentes departamentos.

Art. 756 Requerimiento de pago.

Dictado el despacho de ejecución, se requerirá de pago a la parte deudora y en caso que lo haya, a la o el propietario del bien hipotecado o pignorado, previniéndole que de no pagar en el acto del requerimiento, se procederá a subastar el bien, y que deberá señalar domicilio en la sede del juzgado para futuras notificaciones; se le prevendrá también que tiene el derecho a oponerse a la ejecución, por escrito dentro de los cinco días siguientes a partir del requerimiento de pago. El requerimiento se notificará al tercero adquirente, para que la sentencia le depare perjuicio

Art. 757 Certificación de dominio, cargas, gravámenes u otros derechos reales.

1. En caso de ejecución de bienes hipotecados, la autoridad judicial mandará al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil que libre certificación, especificando si sobre el inmueble hipotecado cuya ejecución se pide pesan otras cargas o gravámenes u otros derechos reales.

2. Si conforme la certificación registral, se observa la existencia de cargas, gravámenes u otros derechos reales, se estará a lo dispuesto a las normas especiales sobre la subasta de bienes inmuebles, regulada en este Código.

Art. 758 Tercero adquirente inscrito y los acreedores posteriores.

1. El tercero adquirente del bien hipotecado, podrá intervenir en la ejecución o liberar el bien antes de la adjudicación, pagando el importe del crédito más los intereses y costas, en los límites de la responsabilidad a que esté sujeto el bien.

2. Si de la certificación registral se desprendiera la existencia de cargas o derechos reales, constituidos con posterioridad a la hipoteca que garantiza el crédito de la parte ejecutante, se estará a lo dispuesto para la subasta de bienes inmuebles.

Art. 759 Motivos de oposición a la ejecución.

La parte ejecutada sólo podrá oponerse a la ejecución alegando:

1. Falta de competencia del juzgado ante el que se insta la ejecución.

2. Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, acreditada mediante la correspondiente certificación registral de cancelación de la garantía real, o mediante escritura pública de cancelación de la hipoteca, o recibo de pago y documento de cancelación de la deuda, extendido por su acreedor hipotecario, su apoderada, apoderado o representante legal debidamente acreditado en el cuerpo del documento.

3. Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre la parte ejecutante y ejecutada. Para que se admita esta causa, el saldo que arroje la documentación de la parte deudora en la que figuran los asientos de la cuenta, debe ser distinto del que resulte de la presentada por la parte ejecutante.

4. Bastará que la parte ejecutada exprese con la debida precisión, los puntos en que discrepe de la liquidación efectuada por la entidad, cuando se haya convenido que la entidad acreedora sea la que certifique la cantidad exigible en caso de ejecución de saldo, referido a cierre de cuentas corrientes u operaciones similares, al amparo de contratos mercantiles otorgados por entidades financieras.

5. Que los bienes sobre los que recae la ejecución de prenda sin desplazamiento, están sujetos a otra garantía real, o a un embargo anterior al gravamen que se ejecuta, siempre que este hecho se acredite con la correspondiente certificación registral.

Art. 760 Trámite de la oposición y decisión.

1. La oposición deberá formularse por escrito dentro de los cinco días siguientes a partir del requerimiento de pago. La autoridad judicial procederá a suspender la ejecución y convocará a las partes a una audiencia, que se celebrará dentro de los tres días siguientes a la citación. Las partes harán las alegaciones que estimen oportunas, y sólo se admitirá prueba documental.

2. La autoridad judicial resolverá mediante auto en la audiencia. Si desestima la oposición, mandará reanudar la ejecución. Si estima la oposición por las causales contempladas en los numerales 2) y 4) del artículo anterior, pondrá fin a la ejecución y levantará las medidas de administración o depósito que se hubieran acordado. Si estima la oposición por la causal del numeral 3) del artículo anterior, resolverá que siga la ejecución, fijando la cantidad que corresponda y si esa cantidad es igual a cero, pondrá fin a la ejecución.

3. Los autos que pongan fin a la ejecución serán apelables. Los que ordenen su continuación serán irrecurribles.

Art. 761 Oposición diferida para el proceso declarativo.

1. La parte deudora, el tercero adquirente y cualquier otra persona interesada que tuviera un motivo para oponerse a la ejecución que no se halle comprendido en el artículo referido a los motivos de la oposición a la ejecución, deberán hacer valer su oposición en el proceso declarativo que corresponda, dentro de los diez días siguientes al requerimiento, sin que la pendencia simultánea de este proceso, pueda afectar o suspender el proceso de ejecución de la garantía real.

2. Los motivos de oposición serán entre otros, los referidos a la nulidad del título, vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda.

3. La oposición se presentará por escrito, ante la misma autoridad judicial que esté conociendo de la ejecución, identificando la causa y relacionando de manera sucinta la existencia del proceso de ejecución que la motiva, señalando los motivos de oposición y el pedimento de tomar las medidas que considere necesarias, para garantizar los derechos cuya tutela solicita.

4. En el escrito de oposición, la parte ejecutada podrá solicitar la retención de todas o parte de las cantidades que deban entregarse a la parte acreedora, como resultado del proceso de ejecución de la garantía real, para asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte, si le fuere favorable. A esta solicitud se acompañarán los documentos que la justifiquen.

5. La autoridad judicial decretará la retención si considera suficientes las razones que se aleguen. La retención, a que se refiere el numeral anterior sólo se decretará si previamente la parte ejecutada presta garantía proporcional, conforme lo establecido para forma y cuantía de la caución en las medidas cautelares reguladas en este Código.

Dicha garantía estará destinada a responder por los intereses moratorios dejados de percibir por las cantidades retenidas y el resarcimiento por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la parte acreedora, salvo los casos contemplados en el artículo relativo a la exención de la prestación de caución.

6. La parte acreedora ejecutante podrá solicitar a la autoridad judicial que se levante la medida decretada, conforme lo dispuesto en el numeral anterior; si previamente rinde garantía por la cantidad retenida, la autoridad judicial levantará la retención.

Art. 762 Suspensión por tercería de dominio.

1. La admisión de la demanda de tercería de dominio suspenderá la ejecución respecto a los bienes demandados en tercería, siguiéndose el procedimiento con los demás bienes no afectados por la tercería.

2. La demanda de tercería de dominio que se presente en estas ejecuciones, sólo se admitirá si se acompaña de:

a. El título de propiedad del bien a ejecutarse, de fecha fehaciente anterior a la constitución de la garantía.

b. La certificación de inscripción de dominio vigente a favor del tercerista o de su causante, con fecha anterior a la inscripción de la garantía.

Art. 763 Suspensión por prejudicialidad penal.

La suspensión de la ejecución de una garantía real por prejudicialidad penal, procederá sólo cuando se acredite la existencia de un proceso penal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva, que determine la falsedad del título, o la invalidez o ilicitud del mandamiento de ejecución.

Art. 764 Administración de la finca o bien hipotecado.

1. La parte acreedora ejecutante desde su escrito de solicitud de ejecución o transcurridos cinco días desde el requerimiento, podrá pedir en administración la entrega de los bienes hipotecados, procediéndose a lo pedido si la parte ejecutada no hubiera pagado en el acto del requerimiento y la autoridad judicial considera que se ajusta a la naturaleza de los bienes. Con los frutos, rentas o productos que perciba la parte acreedora, cubrirá los gastos de explotación y conservación de la finca o del bien, y con el remanente podrá ir cubriendo su propio crédito.

2. Si hubiera más de un acreedor hipotecario, corresponderá la administración al que sea preferente, si lo pide. Si fueran de la misma categoría en el orden de prelación, cualquiera de ellos podrá pedirla en beneficio común, prorrateándose entre los créditos de todos ellos el remanente a que se refiere el numeral anterior.

3. Si la finca estuviera ocupada por un tercero, se le notificará la administración judicial, indicándole que queda obligado a efectuar al administrador, los pagos que debiera hacer al propietario, incluidas en su caso las rentas vencidas y no pagadas, si así se pactó en el contrato de hipoteca.

4. La medida a que se refiere este artículo durará dos años, período que podrá ser ponderado por la autoridad judicial atendiendo las circunstancias del caso. La parte acreedora rendirá la autoridad judicial, cuentas de su gestión, en los términos establecidos para la entrega de los bienes en administración conforme a las reglas de la ejecución forzosa contenidas en este Código.

Art. 765 Medidas en relación a los bienes pignorados.

1. Los bienes pignorados sujetos a este procedimiento de ejecución, se depositarán en la persona que designe la parte acreedora o la autoridad judicial.

2. El depósito se ordenará en el auto de mandamiento de ejecución.

3. Los vehículos depositados se precintarán y no podrán ser utilizados, salvo que cumplan con la prestación de un servicio público, ya sea de transporte o de cualquier otra naturaleza conforme leyes de la materia, en cuyo caso se nombrará a una persona interventora.

4. Cuando la parte deudora, terceros depositarios o poseedores de los bienes pignorados, no restituyan la prenda objeto del depósito, la autoridad judicial ante el desacato o desobediencia, denunciará ante la autoridad competente para lo de su cargo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, sin perjuicio de la acción penal que puedan ejercer los afectados.

Art. 766 Convocatoria de la subasta de bienes hipotecados.

1. Transcurrido el plazo para la oposición sin que se hubiera hecho uso de este derecho o una vez desestimada la oposición, la autoridad judicial dictará providencia ordenando la subasta del inmueble hipotecado, señalando lugar, fecha, día y hora para su realización, así como la publicación del aviso, conforme lo establecido en la norma referida a la convocatoria de la subasta.

2. Toda subasta se publicará en extracto por medio de tres avisos, que se fijarán en el local del juzgado y en un periódico de circulación nacional. La convocatoria se realizará, al menos con veinte días de antelación a la fecha de su celebración, que se indicará en el propio anuncio, así como el lugar y hora de la subasta.

3. La subasta de bienes hipotecados se regirá por lo dispuesto en este Código para la subasta de bienes inmuebles. En estos procesos de ejecución podrá utilizarse también la enajenación mediante acuerdo.

Art. 767 Enajenación de los bienes pignorados.

Constituido el depósito de los bienes pignorados, se procederá a su ejecución, de conformidad con lo establecido para la subasta de bienes inmuebles.

Art. 768 Pago del crédito hipotecario y aplicación del remanente.

1. Con el precio que resulte de la subasta se procederá de forma inmediata

a. A pagar a la parte ejecutante las cantidades que consistan en el principal de su crédito y los intereses devengados; además los intereses generados durante la tramitación del proceso y las costas causadas, que no podrán exceder del veinticinco por ciento de la obligación principal.

b. Si hubiera remanente, se pondrá a disposición de los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados sobre el bien hipotecado, que comparecieron al proceso.

c. Si todavía quedara algún remanente del precio de adjudicación, una vez satisfechos las y los acreedores posteriores que hubiera, se entregará el importe a la o el propietario del bien hipotecado. Pero si la o el propietario del bien fuera el propio deudor, el remanente se le entregará a éste en su totalidad.

2. Lo dispuesto en este artículo sobre la entrega de cantidades, no se aplicará cuando se hubiera ordenado en alguna otra ejecución.

3. Cumplido lo dispuesto en el numeral 1) de este artículo, la autoridad judicial mandará que se cancele la hipoteca que garantizaba el crédito de la parte ejecutante y las inscripciones y anotaciones posteriores si las hubiera.

Art. 769 Ejecución por falta de pago de una parte del principal, o de los Intereses.

1. El proceso de ejecución regulado en este Título, podrá utilizarse para reclamar el pago de una parte del capital del crédito o de los intereses, cuya devolución esté fijada a plazos y con garantía real. Esta estipulación deberá estar expresamente pactada por las partes en la escritura de hipoteca e inscrita en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil y que la cantidad que se reclame sea exigible y de plazo vencido.

2. Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar el bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta en pública subasta por el precio pactado expresamente por las partes o el justiprecio del inmueble conforme se establece en este Código.

Realizada la subasta, del valor total de la venta del inmueble, la autoridad judicial procederá:

a. A pagar a la parte acreedora el monto total de las cuotas vencidas por las que se despachó ejecución, más los intereses legales, moratorios y las costas del proceso.

b. A otorgar la escritura de transmisión del inmueble con la hipoteca, asumiendo la persona adjudicataria la parte del crédito no vencido.

c. En caso de existir remanente, lo entregará a la parte deudora

Art. 770 Reclamación por el total de lo adeudado en caso de vencimiento anticipado por falta de pago de una de las cuotas

1. Cuando las partes hubieran pactado que la falta de pago de una de las cuotas provoca el vencimiento anticipado del plazo para el pago de la totalidad de la deuda, y dicha cláusula constara en la escritura de constitución de la garantía real o en documento público aparte, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, la parte acreedora podrá instar la ejecución para reclamar la totalidad de los saldos debidos, en concepto de principal e intereses pendientes de pago, señalándose el monto por este concepto en el despacho de ejecución.

2. Cuando se solicitara la ampliación de la ejecución en la forma prevista en este Código, la parte acreedora podrá también pedir que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique a la parte deudora que, hasta el día señalado para la celebración de la subasta, tiene la posibilidad de depositar o pagar la cantidad exacta por el principal y los intereses que estuvieren vencidos a la fecha de presentación de la solicitud de ejecución, ampliándose la misma con las cuotas e intereses que se vayan venciendo y no hayan sido pagados. Si la parte ejecutada no deposita o paga las cuotas reclamadas, continuará la ejecución por la totalidad de lo debido, conforme al numeral anterior.

3. Cuando el bien hipotecado fuera la vivienda de uso familiar de la parte deudora, ésta podrá hacer valer, aun sin el consentimiento de la parte acreedora, la posibilidad prevista en el párrafo siguiente, depositando las cantidades de plazo vencido. Esta facultad, la parte deudora podrá hacerla valer también en una segunda y última ocasión.

4. El depósito o pago regulado en los dos numerales anteriores, podrá efectuarse hasta el mismo día señalado para la subasta. Si cumple los requisitos señalados en este artículo, el depósito o pago dará lugar a la liquidación de las costas; una vez satisfechas estas, la autoridad judicial dictará auto poniéndole fin a la ejecución. Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un tercero con el consentimiento de la parte ejecutante.

Art. 771 Reclamación por el total de lo adeudado en caso de otras causales de vencimiento anticipado.

Cuando por disposición de ley o cuando las partes hubieran pactado otras causales de vencimiento anticipado distintas de la establecida en el artículo anterior, en caso de incumplimiento de la parte deudora, la parte acreedora también podrá instar la ejecución para reclamar la totalidad de los saldos debidos en concepto de principal e intereses pendientes de pago, señalándose el monto por este concepto en el despacho de ejecución.

Hasta aquí el Capítulo y el Libro Sexto.

PRESIDENTA EN FUNCIONES IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos entonces a la discusión del Título VI, del Libro Sexto referido a las Ejecuciones Hipotecarias y Prendarias, esto se refiere al Capítulo Único del Procedimiento.

Pedimos por tanto observaciones para el artículo 748.

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 749.

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 750.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 751.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 752.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 753.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 754.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 755.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 756.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 757.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 758.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 759.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 760.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 761.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 762.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 763.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 764.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 765.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 766.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 767.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 768.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 769.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 770.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 771.

No hay observaciones.

Procedamos entonces a la votación del Capítulo Único, del Título VI, referido a las Ejecuciones Hipotecarias y Prendarias.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 6 diputados presentes sin votar. Y con ello hemos aprobado el Capítulo Único, del Procedimiento el cual corresponde al Título VI, del Libro Sexto.

Con la aprobación de este Capítulo Único, hemos concluido con la aprobación del Libro Sexto de nuestro Código Procesal Civil.

Suspendemos esta sesión ordinaria, agradeciendo a los miembros de la comisión de la Corte que nos acompañó y al equipo técnico de asesores de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y quedamos pendientes para la convocatoria que hará la Junta Directiva para que continuemos con las sesiones ordinarias programadas.

Se cierra esta sesión.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TRES DE JUNIO DEL 2015, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA)

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados al Orden del Día Nº 1, continuación de la discusión del Punto 3.5: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA, mismo que fue aprobado hasta el artículo 771. Iniciaremos, con el Libro Séptimo: Actos de Jurisdicción Voluntaria, Título I, Disposiciones Generales, Capítulo I, Objeto, aplicación y competencia.

LIBRO SÉPTIMO
ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Objeto, aplicación y competencia

Art. 772 Objeto y ámbito de aplicación

El presente Libro tiene por objeto regular aquellos actos que no tengan señalado un procedimiento en este Código, el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, en los cuales sea necesaria o se solicite la intervención de la autoridad judicial y notaria o notario público, sin estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas y sin que al verificarlo, la autoridad judicial y notaria o notario público, adquiera poder para obligar a nadie a hacer o no hacer alguna cosa contra su voluntad.

Art. 773 Carácter complementario de la norma

A lo no previsto en este Libro, se aplicarán las demás disposiciones de este Código.

Art. 774 Competencia

1. Los juzgados de distrito y locales de lo civil son competentes para conocer y resolver en razón de la cuantía, los actos de jurisdicción voluntaria regulados en este Libro.

2. Cuando los actos de jurisdicción voluntaria estén referidos a inmuebles será competente la autoridad judicial del lugar donde esté ubicado el bien.

3. Las y los notarios públicos serán competentes para conocer sólo los actos de jurisdicción voluntaria relativos a consignación, inventarios, subastas legales o voluntarias no ejecutivas, aposición y levantamiento de sellos, y aquellos otros asuntos que por ley les sean atribuidos.

Art. 775 Impedimento de trámite

1. Resuelto un proceso voluntario, no podrá iniciarse otro de la misma naturaleza sobre idéntico objeto, y entre los mismos interesados.

2. Cuando se tramiten simultáneamente ante la autoridad judicial y notaria o notario público, dos o más actos de jurisdicción voluntaria con idéntico objeto y sujetos, en los casos en que ambos tengan competencia, proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los posteriores.

Art.776 Oposición en los actos de jurisdicción voluntaria

1. La oposición en los actos de jurisdicción voluntaria deberá reunir los requisitos de una demanda. La autoridad judicial mediante auto admitirá a trámite la oposición en proceso sumario y ordenará el archivo definitivo del proceso voluntario. Con la sentencia se resolverá la oposición y el fondo del asunto.

2. Cuando la oposición surja en casos tramitados por notaria o notario público, éste deberá remitir las diligencias a la autoridad judicial competente.

Hasta aquí el Capítulo I, Título I, Libro Séptimo.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Dando continuidad a la discusión del Código Procesal Civil, saludamos la presencia de la Comisión Técnica de la Corte Suprema de Justicia presidida por la doctora, magistrada Ileana Pérez.

Pasamos en lo que corresponde a la discusión en lo particular del artículo 772, Capítulo I, referido al Objeto, aplicación y competencia.

Observaciones al artículo 772.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 773.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 774.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 775.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 776.

No hay observaciones.

Entonces, pasamos a la votación del Capítulo I, del Libro Séptimo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Corregimos.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I, con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo II
Procedimiento común a los actos de jurisdicción voluntaria

Art. 777 Legitimación

Los titulares de derechos o de un interés legítimo sobre determinada materia, podrán promover actos de jurisdicción voluntaria e intervenir en ellos.

Art. 778 Comparecencia de las y los interesados, defensa técnica y comunicación procesal

En los actos de jurisdicción voluntaria no será preceptiva la intervención de abogada o abogado. Si la persona solicitante o alguno de las o los interesados pretendiera ser representado por un apoderado, éste deberá ser abogada o abogado. Si la persona notificada pretendiera valerse también de apoderado, lo comunicará a la autoridad judicial y notaria o notario público, dentro de los tres días siguientes.

Art. 779 Intervención de la Procuraduría General de la República

La Procuraduría General de la República, será parte en los casos que legalmente se disponga.

Art. 780 Intervención del Representante de la municipalidad

1. En los actos de jurisdicción voluntaria se oirá al representante de la municipalidad que corresponda, a fin de que, cuando proceda, emita su dictamen en audiencia, para lo cual la autoridad judicial le notificará la solicitud, entregando las copias de ley. La omisión de dicha notificación acarreará la nulidad absoluta de la audiencia.

2. La representación de la municipalidad, actuará como parte, cuando la ley de manera expresa así lo disponga.

Art. 781 Intervención de persona ajena a la o el solicitante

Si quien promueve un acto de jurisdicción voluntaria solicita que intervenga otra persona, la autoridad judicial y notaria o notario público, la citará y le concederá la intervención solicitada.

Art. 782 Iniciación de las actuaciones

1. Los actos de jurisdicción voluntaria se iniciarán por quien esté legitimado, mediante solicitud escrita, en la que se consignarán los datos de identificación de la o el solicitante, su domicilio, lo que se pide con claridad y precisión y se acompañarán los documentos que considere de interés, con las copias correspondientes.

2. También se consignarán los datos de identificación, así como el domicilio o domicilios de las personas que deban ser citadas.

3. La solicitud podrá efectuarse en papel sellado de ley, o en formulario que facilite la expresión de los extremos a que se refieren los numerales anteriores.

La Corte Suprema de Justicia elaborará y aprobará los modelos de formularios impresos.

Art. 783 Apreciación de oficio de la competencia

Presentada la solicitud, la autoridad judicial examinará de oficio su competencia objetiva y territorial. La notaria o notario público lo hará en cuanto a su competencia en razón de la materia. Si se carece de competencia, se denegará la solicitud, indicando quien es el competente, procediendo a su remisión.

Art. 784 Días hábiles

1. Para los actos de jurisdicción voluntaria son hábiles todos los días del año, salvo los domingos, y los que por ley vaquen los tribunales, así como los feriados legalmente autorizados.

2. De oficio o a petición de parte, la autoridad judicial puede habilitar días y horas inhábiles, en aquellos casos en que se trate de actuaciones urgentes cuya demora pueda causar perjuicio.

Art. 785 Archivo de expedientes

1. Los expedientes que se formen sobre los actos de jurisdicción voluntaria, se archivarán de la misma manera que los procesos contenciosos.

2. Si se diera copia de todo o parte del proceso, se dejará en los autos testimonio de este hecho, con expresión de su contenido.

Art. 786 Prohibición de acumulación

Los actos de jurisdicción voluntaria no serán acumulables a ningún proceso contencioso.

Art. 787 Admisión de la solicitud y citación de las o los interesados

Admitida la solicitud, se convocará a las o los interesados y a quienes hayan de intervenir, a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco días siguientes de la notificación. En este acto se entregará la copia de la solicitud y de los documentos que la acompañen.

Art. 788 Celebración de la audiencia

1. La audiencia se sustanciará conforme el proceso sumario regulado en este Código.

2. La autoridad judicial oirá a las personas que la ley disponga y podrá acordar a instancia de la persona solicitante, la intervención de aquéllos cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por la resolución del proceso.

3. Si se plantearan cuestiones que impidan la continuación del proceso, oídos los comparecientes, se resolverá en la misma audiencia.

Art. 789 Resolución

1. La autoridad judicial y notaria o notario público, emitirá su fallo oralmente en la audiencia y dictará su resolución por escrito en el plazo de cinco días contados desde su terminación, o de la última diligencia practicada.

2. Los autos y sentencias que ponen fin a estos procesos no adquieren el carácter de cosa juzgada; en consecuencia no impedirán el inicio de un proceso contencioso posterior, con el mismo objeto.

Art. 790 Recursos

1. Contra la resolución definitiva denegatoria cabrá el recurso de apelación.

2. Las resoluciones dictadas por notarias o notarios públicos, serán apelables ante el Tribunal de Apelaciones respectivo, según el domicilio de la persona solicitante.

Art. 791 Concurrencia de proceso contencioso

1. La autoridad judicial y notaria o notario público, podrán acordar la suspensión de los actos de jurisdicción voluntaria, cuando se acredite la existencia de un proceso contencioso, cuya resolución pudiera afectarle. La suspensión se levantará cuando finalice el proceso contencioso.

2. La autoridad judicial y notaria o notario público darán por finalizados los actos de jurisdicción voluntaria y acordarán su archivo, cuando se acredite la pendencia de un proceso contencioso con idéntico objeto, o cuando exista resolución firme en el mismo.

Art. 792 Caducidad del expediente

1. Se tendrán por abandonados los actos de jurisdicción voluntaria si a pesar del impulso de oficio de las actuaciones, las o los interesados no lo impulsaran en el plazo de cuatro meses, contados desde la última notificación practicada.

2. Contra la declaración de la caducidad sólo cabrá el recurso de reposición.

Art. 793 Inventario de bienes y efectos

Cuando durante la tramitación de un acto de jurisdicción voluntaria haya de formarse inventario total o parcial del patrimonio de una persona, la resolución que lo apruebe sólo tendrá efectos respecto a ese proceso.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

A discusión en lo particular.

Observaciones al artículo 777.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 778.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 779.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 780.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 781.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 782.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 783.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 784.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 785.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 786.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 787.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 788.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 789.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 790.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 791.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 792.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 793.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo II con todos sus artículos, referido al Procedimiento común a los actos de jurisdicción voluntaria.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

TÍTULO II
DE LA GUARDA DE BIENES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Art. 794 Ámbito de aplicación

Las disposiciones de este Título se aplicarán a lo previsto en el Código Civil para la guarda de los bienes del desaparecido o ausente, o a una herencia yacente que no tenga albacea nombrado y a la parte deudora que se oculte.

Art. 795 Competencia

Será competente el juzgado local o de distrito civil del lugar en que el ausente o el causante haya tenido su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en Nicaragua, o el del lugar en que tenga la mayor parte de sus bienes.

Art. 796 Oposición, custodia y administración de bienes

Si durante la sustanciación del proceso hubiera oposición al nombramiento de guardador en los casos que fija el Código Civil, la guarda y administración de sus bienes quedará a cargo del guardador nombrado, bajo la misma fianza que haya rendido o las garantías que la autoridad judicial estimara suficientes, conforme lo establecido en el Código Civil.

Art. 797 Discernimiento del cargo de guardador

Aceptado el cargo de guardador, la autoridad judicial ordenará otorgar la fianza, hipoteca u otra garantía en cantidad proporcional a los bienes objeto de guarda, mediante escritura pública conforme las leyes. Una vez rendida la garantía, la autoridad judicial le autorizará para que ejerza su cargo y le conferirá las facultades de ley.

La guarda estará sujeta a la vigilancia de la autoridad judicial que le haya discernido el cargo y de la Procuraduría General de la República.

Art. 798 Entrega y administración de los bienes

1. Hecho el nombramiento y discernido el cargo de guardador, si fuere conocido el caudal de bienes, se le entregará al guardador por inventario que se unirá al proceso si no constare en éste. Igual entrega y con la misma formalidad, se hará de los títulos y documentos que se refieran a dichos bienes.

2. Si el caudal no fuera conocido, para los efectos de este artículo el guardador deberá presentar un inventario simple del caudal de bienes, dentro del plazo de treinta días, formado con intervención y asistencia de la Procuraduría General de la República y de dos parientes más próximos de la persona objeto de la guarda, y si no los hubiera, de dos vecinos de arraigo designados por la autoridad judicial. La autoridad judicial, funcionaria o funcionario inventariante nombrará a la persona un guardador especial para que lo represente durante la confección del inventario.

Si el guardador probara que los bienes son demasiado exiguos para soportar el gasto de confección del inventario, la autoridad judicial, mandando a oír a la Procuraduría General de la República, podrá eximir de la obligación de inventariar solemnemente dichos bienes y exigir sólo un apunte privado, bajo la firma del guardador y de la Procuraduría General de la República.

3. Cuando la o el testador no haya fijado el porcentaje que recibirá el guardador en calidad de retribución, sobre el monto de las rentas líquidas de los bienes, la autoridad judicial por medio de auto señalará la remuneración a la que tiene derecho el guardador, e igualmente la que recibirán otros guardadores conforme la ley. Dicha remuneración no podrá ser mayor al diez por ciento sobre el monto de las rentas liquidas de los bienes.

Art. 799 Intervención de la Procuraduría General de la República

En general, siempre que se exija al guardador autorización judicial para celebrar algún acto o contrato, deberá oírse dentro de tercero día a la Procuraduría General de la República. Una vez vencido el plazo la autoridad judicial resolverá.

Art. 800 Rendición de cuenta

1. El guardador deberá rendir cuenta anual o cuando la autoridad judicial lo requiera de la gestión y administración de los bienes en papel común ante la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Código Civil.

2. Sobre las cuentas que el guardador rindiera durante el ejercicio de su cargo, siempre tendrá intervención la Procuraduría General de la República.

Art. 801 Remoción del guardador

1. Se solicitará la remoción del guardador, conforme las causas establecidas en la ley de la materia, la que se discutirá y resolverá mediante el proceso sumario y podrá ser solicitada por:

a. La Procuraduría General de la República.

b. Quienes tengan interés en la protección de los bienes objeto de guarda.

2. El guardador que sucede a otro en el cargo, recibirá los bienes con las mismas solemnidades ya expresadas, teniéndose a la vista el anterior inventario para anotar las diferencias. Inmediatamente que se le discierna el cargo, el guardador deberá pedir a su predecesor o a sus herederos y herederas, la rendición judicial de las cuentas de la guarda y la posesión de los bienes.

Hasta aquí el Capítulo I.

PRESIDENTA POR LA LEY, MARÍA EUGENIA SEQUEIRA:

A discusión el Capítulo I.

Observaciones al artículo 794, Ámbito de aplicación.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 795.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 796.

No hay observaciones al artículo 796.

Observaciones al artículo 797.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 798.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 799.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 800.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 801.

No hay observaciones.

A votación el Capítulo I sobre Disposiciones generales con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 8 diputados presentes sin votar. Por tanto se aprueba el Capítulo I, del Título II De la Guarda de Bienes.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo II
De la guarda provisional y definitiva

Art. 802 Ámbito de aplicación

Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán a lo previsto en el Código Civil, para la guarda de los bienes del desaparecido o ausente, a los que constituyen una herencia que no ha sido aceptada y tampoco le haya sido nombrado albacea y a la parte deudora que se oculte.

Art. 803 Legitimación

Podrán solicitar la guarda de los bienes, sin orden de prelación:

1. El cónyuge o conviviente en unión de hecho estable.

2. Las o los herederos presuntos.

3. Los padres y las madres.

4. Todos aquellos que tengan interés en la conservación de los bienes, las y los acreedores y consocios.

5. La o el cónsul respectivo, si la persona fuera extranjera.

6. La Procuraduría General de la República.

Art. 804 Reglas procedimentales para la guarda provisional

1. Cuando se solicite el nombramiento de guardador provisional en los casos de desaparición, se aplicará lo establecido en el Código Civil en cuanto no se oponga a lo dispuesto en este Capítulo.

2. En la solicitud de guarda provisional se expresará el nombre, domicilio y demás datos de localización de las o los parientes más próximos si fueren conocidos, para hacerla de su conocimiento.

3. Admitida la solicitud, se tramitará conforme el procedimiento común establecido en este Libro. Para asistir a la audiencia, se notificará a las o los parientes señalados y a la Procuraduría General de la República y se ordenará publicar la admisión mediante edictos, conforme lo dispuesto en este Código, señalando que podrá intervenir en la audiencia quien tenga interés en el nombramiento de guardador provisional de los bienes.

4. La autoridad judicial podrá adoptar de oficio o a instancia de la o el interesado, las medidas urgentes necesarias para la protección del patrimonio del ausente.

5. Si en la audiencia se propusiera la práctica de algún medio probatorio o actuación útil para la averiguación del paradero de la persona de que se trate, la autoridad judicial podrá acordar su práctica con posterioridad.

6. En la sentencia la autoridad judicial declarará la ausencia legal, y nombrará al guardador provisional, a quien se le discernirá el cargo y recibirá los bienes del ausente para su administración y la autoridad judicial revocará las medidas acordadas. El nombramiento de guardador podrá recaer con preferencia en el cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, en cualquiera de las y los herederos presuntos y a falta de éstos, en alguno de los que tengan mayor interés en la conservación de los bienes del ausente.

Art. 805 Reglas procedimentales para la guarda definitiva

1. Cuando se solicite el nombramiento de guardador definitivo para el ausente, se aplicará lo establecido en el Código Civil en cuanto no se oponga a lo dispuesto en este Capítulo.

2. Las personas reputadas como herederas testamentarias o legítimas, podrán solicitar se decrete la guarda definitiva y reclamar la entrega de los bienes del ausente, expresando el nombre y último domicilio de éste, justificando aquéllas circunstancias, debiendo acompañar la sentencia en la que conste el nombramiento del guardador provisional.

3. Admitida la solicitud, se ordenará el llamado del ausente mediante la publicación de cuatro edictos, con intervalo de cuatro meses en un periódico de circulación nacional; transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado el ausente, las partes podrán solicitar se señale la audiencia, conforme el procedimiento común establecido en este Libro, notificando a las o los herederos y a la Procuraduría General de la República.

4. La sentencia que declare la presunción de fallecimiento, solo podrá pronunciarse cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en el numeral anterior, nombrando al guardador definitivo del ausente, nombramiento que podrá recaer en el guardador provisional si hubiera sido nombrado. Si la guarda no recae en el guardador provisional, la autoridad judicial ordenará el cese de la misma, la rendición de cuentas y la entrega de bienes.

Art. 806 Procedimiento común

Para la tramitación de la guarda provisional y la guarda definitiva del ausente, se procederá de conformidad a lo establecido en este Libro.

Art. 807 Hechos posteriores a la declaración de ausencia o fallecimiento

1. Si declarada la ausencia legal o el fallecimiento, se presentara alguna persona diciendo ser la que fue declarada ausente o fallecida, la autoridad judicial convocará a una audiencia citando a dicha persona, a la Procuraduría General de la República y a quienes hayan intervenido en la declaración de ausencia; en la audiencia será identificada la persona por los medios adecuados, y la autoridad judicial dictará resolución por la que se dejará sin efecto o se ratificará la resolución de declaración de ausencia o fallecimiento.

2. Si el presunto ausente o fallecido no se presentó al proceso, pero se tuvieran noticias de su supuesta existencia en paradero conocido, se le notificará personalmente la resolución de declaración de ausencia o fallecimiento, requiriéndole para que en la audiencia referida en el numeral anterior, aporte las pruebas de su identidad, citando a los que allí se expresan.

3. Podrá decretarse la suspensión de la actuación del guardador del declarado ausente, hasta la celebración de la audiencia, si la persona que dijera ser el desaparecido lo solicitara y presentara identificación documental, que la autoridad judicial considerara suficiente para ello.

4. Si se tuviera noticia de la muerte del desaparecido después de la declaración de ausencia o de fallecimiento, previa celebración de audiencia a la que se citará a los interesados y a la Procuraduría General de la República, y en la que se practicarán las pruebas pertinentes para la comprobación del fallecimiento, la autoridad judicial resolverá sobre la revocación de la resolución, dejando sin efecto las medidas adoptadas, y archivará las diligencias.

Hasta aquí el Capítulo.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Entonces, pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo II, referido a la Guarda provisional y definitiva, pedimos por tanto:

Observaciones para el artículo 802.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 803.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 804.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 805.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 806.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 807.

No hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo II con todos sus artículos, el que está referido a la Guarda provisional y definitiva.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

TÍTULO III
REPOSICIÓN, RECTIFICACIÓN, NULIDAD Y CANCELACIÓN DE PARTIDAS DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

Capítulo único
Disposiciones generales

Art. 808 Ámbito de aplicación

Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo a los casos de reposición, rectificación, nulidad y cancelación de partidas del Registro del Estado Civil de las Personas, conforme el Código Civil y las leyes, los que se tramitarán conforme lo regulado en este Título.

Art. 809 Legitimación y competencia

1. Podrá solicitar la reposición, rectificación, nulidad o cancelación de una partida:

a. La o el interesado cuando sea mayor de edad.

b. Las o los parientes hasta el sexto grado de consanguinidad en línea ascendente, descendente y colateral, en caso de los niños, niñas o adolescentes menores de edad.

2. Serán competentes para conocer y resolver:

a. La autoridad judicial local civil del domicilio de la o el interesado.

b. Las notarias o notarios públicos cuando se trate de rectificación en caso de error evidente de conformidad con la ley.

Art. 810 Reglas procedimentales

1. Para la solicitud podrá utilizarse formularios que elaborará y aprobará la Corte Suprema de Justicia.

2. La solicitud podrá ser denegada razonablemente en los siguientes casos:

a. Por no ser la o el solicitante una de las personas señaladas en el artículo anterior.

b. Cuando a juicio de la autoridad judicial las o los testigos no reúnan las calidades exigidas o no confirmaren en lo principal lo dicho por la persona solicitante.

3. Las resoluciones sobre las reposiciones podrán impugnarse:

a. Probando la no identidad personal, esto es cuando la partida que se pretende reponer no corresponde al verdadero nombre de la persona beneficiada.

b. Probando la falsedad de su contenido.

c. Cuando se recurre a este medio para cambiar la identidad.

4. La Procuraduría General de la República podrá en todo tiempo impugnar la validez de la partida repuesta.

Hasta aquí el Capítulo Único del Título III.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDON:

A discusión y aprobación en lo particular del Capítulo Único del Título III, referido a las Disposiciones Generales, pedimos por tanto:

Observaciones para el artículo 808.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 809.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 810.

Tampoco hay observaciones.

Procedamos a la votación del Capítulo Único del Título III, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo Único del Título III, con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

TÍTULO IV
DE LOS DERECHOS REALES

Capítulo I
Mensura, deslinde y amojonamiento

Art. 811 Ámbito de aplicación

Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán a los casos de: Mensura, Deslinde y Amojonamiento, regulados en el Código Civil, para determinar:

1. Las medidas de las fincas.

2. Los límites de fincas contiguas y en su caso, señalarlos con mojones.

Este Capítulo será aplicable también en la partición de bienes y cesación de comunidad, cuando proceda.

Art. 812 Legitimación

Están legitimados para promover este proceso:

1. Toda persona propietaria de un predio.

2. La o el titular de un derecho real de uso, usufructo y poseedor a nombre propio sobre alguna de las fincas.

3. Las o los herederos, sus acreedores y todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado legalmente.

4. Otras personas interesadas conforme el Código Civil y las leyes.

Art. 813 Reglas procedimentales

1. El proceso se iniciará mediante solicitud expresando:

a. La descripción de las fincas.

b. Si el deslinde ha de practicarse en todo el perímetro de la finca, o solamente en una parte que colinde con inmueble determinado.

c. Los nombres y domicilios de las personas que deban ser citadas al acto, o señalar que ignoran estas circunstancias.

d. El nombre y datos de identificación de los peritos o la solicitud para que la autoridad judicial los designe.

2. A la solicitud se acompañará el título de propiedad, o del derecho real que corresponda.

3. Admitida a trámite la solicitud, la autoridad judicial señalará día y hora para la práctica del deslinde y amojonamiento sobre el terreno, citando a todas las personas interesadas, con la anticipación necesaria para que puedan concurrir con su respectivo título de propiedad o del derecho real que corresponda. Las personas desconocidas o de domicilio ignorado serán citadas por edictos.

4. A la práctica del deslinde y amojonamiento concurrirá la autoridad judicial, la secretaria o secretario judicial, la parte solicitante, las o los peritos y demás interesados. No se suspenderá la práctica del deslinde y el amojonamiento por falta de asistencia de alguno de las o los colindantes, aunque hubiera sido pedido, quedando a salvo su derecho para demandar en el proceso que corresponda, la posesión o propiedad de que se creyera despojado a causa del deslinde referido.

5. Si antes o durante la práctica del deslinde y amojonamiento se formulara oposición por algunos de las o los colindantes, se archivará definitivamente el proceso en cuanto a la parte de la finca del opositor, y podrá continuar el deslinde y amojonamiento del resto de la finca, si así lo pide la parte solicitante y no se oponen los otros colindantes. La oposición se sustanciará y resolverá mediante los trámites del proceso sumario.

6. Si todas las personas interesadas discreparan sobre la delimitación de la finca o la fijación de mojones, la autoridad judicial acordará el archivo definitivo, conforme lo previsto en el numeral anterior.

7. En el acto del deslinde y amojonamiento, las o los peritos señalarán, a fin de que conste en el acta, todas las circunstancias que den a conocer la línea divisoria de las fincas, los mojones colocados o mandados colocar, su dirección y distancia de uno a otro, con expresión de sus rumbos topográficos, si no fuere posible establecer las coordenadas geográficas de cada uno de dichos mojones. Del acta se dará copia a las personas interesadas.

8. Si no pudiera terminarse la diligencia en un día, se suspenderá para continuarla el día siguiente o el inmediato posible, sin necesidad de nuevas citaciones.

9. Terminada la diligencia la autoridad judicial convocará a una audiencia a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga y a las o los peritos, para que presenten los planos o levantamiento topográfico y los documentos que correspondan. Si se formulara oposición, se archivará el proceso.

Art. 814 Mensura

1. En ningún caso se procederá a la medida y remedida de un terreno, sin que previamente se hayan fijado sus linderos conforme lo dispuesto en este Capítulo.

2. Si el terreno medido fuera del Estado o del municipio, la o el colindante que se considere perjudicado por los límites, podrá pedir que se rectifiquen, de acuerdo con lo prescrito en este Capítulo.

Art. 815 Resolución

La autoridad judicial mediante sentencia aprobará el deslinde, amojonamiento y la medida si procediere, y extenderá certificación de ésta, que será título suficiente para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Asimismo, entregará a la persona interesada los planos o levantamiento topográfico correspondiente.

Hasta aquí el Capítulo I, del Título IV.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDON:

Continuamos entonces con la discusión y aprobación en lo particular del Capítulo I, del Título IV, referido a la Mesura, deslinde y amojonamiento, pedimos por tanto:

Observaciones para el artículo 811.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 812.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 813.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 814.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 815.

No hay observaciones.

Pasamos entonces, a la votación del Capítulo II con todos sus artículos referidos a la Mesura, deslinda y amojonamiento.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I con todos sus artículos referidos a la Mesura, deslinde y amojonamiento, este Capítulo corresponde al Título IV, De los Derechos Reales.

Agradecemos a la Magistrada su presencia, también a los miembros de la comisión técnica su asistencia, y desde luego contamos con la presencia de ellos el día de mañana, y a las y los diputados les recordamos que todavía está abierto el Salón para la donación de sangre.

Muchas gracias.

Se suspende esta sesión y reanudamos mañana a las nueve de la mañana.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS DE LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA CUATRO DE JUNIO DEL 2015, CON CITA PARA LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA)

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Remitimos a los diputados al Orden del Día Nº 1. PUNTO III. DEBATES DE DICTÁMENESDE LEYES Y DECRETO. Punto 3.5: CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE NICARAGUA

Para continuar con la discusión Código Procesal Civil de Nicaragua mismo que fue aprobado el día de ayer hasta su artículo 815 del Libro Séptimo Título IV, de su Capítulo I, continuamos con el Capítulo II del Título Supletorio.

Capítulo II
Del título supletorio

Art. 816 Ámbito de aplicación

Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán para la obtención de título supletorio, cuando habiendo existido en poder de la persona propietaria el correspondiente título de propiedad que contiene su derecho de dominio y posesión y que éste se haya inutilizado, extraviado, desaparecido o destruido, no pudiendo obtenerse una copia porque el protocolo no existe y que, por cualquier otra circunstancia, no conste su inscripción a nombre de la persona solicitante ni de ninguna otra, en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

Art. 817 Legitimación

Podrá solicitar título supletorio, el titular del derecho de propiedad que se encontrara en las circunstancias señaladas en el artículo anterior.

Art. 818 Competencia territorial

Será competente para conocer de la solicitud, el juzgado de distrito o local civil del lugar donde se encontrara el inmueble objeto de la solicitud, en razón de la cuantía.

Art. 819 Requisitos de la solicitud

1. La solicitud de título supletorio deberá contener, bajo pena de ser rechazada por la autoridad judicial, los siguientes requisitos:

a. El nombre de la persona solicitante, sus datos de identidad y dirección domiciliaria.

b. La naturaleza urbana o rural de la finca, su número registral o catastral si lo hubiera, su ubicación dentro de la circunscripción territorial que compete a la jueza o juez, la extensión superficial expresada a través del sistema métrico decimal, los linderos y los gravámenes que pesan sobre la finca.

c. Cuando el inmueble no esté identificado en el catastro fiscal, bastará con señalar el número que conste en la certificación que extienda el catastro municipal, donde lo hubiere.

d. El valor por el cual adquirió el derecho de propiedad, su extensión, linderos y los gravámenes que pesaban sobre la finca.

e. El nombre completo del transmitente u otorgante del derecho.

f. Expresión de haber estado o estar en posesión material del inmueble.

g. Nombre y apellidos de las personas propietarias de las fincas contiguas.

h. Manifestar que el título de dominio se ha perdido y que resulta imposible encontrarlo, o bien, que se ha deteriorado de tal manera que se hace ilegible y no puede obtenerse una copia porque el protocolo no existe, y que no consta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil a nombre de la persona solicitante ni de ninguna otra.

i. Proponer los medios de prueba para acreditar los hechos que motivan la solicitud.

2. A la solicitud deberá acompañarse:

a. Certificación registral y catastral que acredite que el transmitente tenía la disponibilidad del derecho de propiedad adquirido por la persona solicitante. Si la finca aún no estuviera catastrada, deberán acompañarse las certificaciones emitidas por el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil y el catastro municipal.

b. Plano topográfico elaborado por profesional autorizado por entidad competente.

c. Certificación registral de no encontrarse inscrito el derecho de propiedad a nombre de la persona solicitante.

Art. 820 Reglas procedimentales

Para la admisión de la solicitud y su tramitación, se procederá conforme lo dispuesto en el procedimiento común que regula este Libro, con las especialidades siguientes:

1. El proceso se iniciará mediante solicitud, en la que se expresarán los requisitos señalados en el artículo anterior.

2. Admitida a trámite la solicitud, será publicada en extracto en un medio de comunicación escrito de circulación nacional, sin perjuicio de su publicación en la página web que para ello creare la Corte Suprema de Justicia. La publicación por edicto se realizará conforme las disposiciones generales de este Código.

El extracto deberá contener, el nombre de la persona solicitante, el nombre de quien aparece en el registro como titular del derecho transmitido a la persona solicitante, los datos registrales y catastrales de la finca si los hubiere, área y linderos del terreno, ubicación del inmueble dentro de la circunscripción territorial y el juzgado que está tramitando el expediente.

De las publicaciones, se presentará la página original del diario en la que conste la fecha de publicación. De las publicaciones en la página web, se presentará la certificación expedida por la o el responsable del sistema informático, o de quien sea designado al efecto.

3. Quien tenga igual o mejor derecho, podrá oponerse desde el siguiente día de la primera publicación del edicto, hasta treinta días después de la última publicación.

4. Si no hay oposición, la autoridad judicial convocará a la persona solicitante, colindantes, a la Procuraduría General de la República y a la Alcaldía Municipal, para la inspección obligatoria sobre el inmueble, señalando lugar, día y hora para tal efecto.

5. A la práctica de la inspección concurrirán, bajo pena de nulidad, la autoridad judicial asistida de la secretaria o secretario y la o el perito autorizado, para verificar los datos descritos en la solicitud y en el plano topográfico. También deberán asistir los representantes de las instituciones convocadas. Si la persona interesada no comparece a la inspección, se archivarán las diligencias y se le condenará en costas a favor del Poder Judicial.

6. En el acto de inspección la autoridad judicial recibirá el testimonio de las o los testigos, y de las personas propietarias colindantes de la finca, quienes deberán presentar el instrumento inscrito que haga fe de su condición.

Concluida la inspección, y acreditado el derecho de propiedad de la persona solicitante, la autoridad judicial dictará sentencia conforme lo dispuesto en el Capítulo referido al procedimiento común de los actos de jurisdicción voluntaria, declarando con lugar la solicitud y ordenando al registro competente la inscripción en el Libro de Propiedades, Sección de derechos reales a favor de la persona solicitante. En caso contrario, la autoridad judicial denegará la solicitud del título supletorio.

Art. 821 Oposición a la solicitud

La oposición se tramitará conforme lo dispuesto en el artículo referido a la concurrencia de proceso contencioso regulado en este Libro.

Art. 822 Recursos

La sentencia que deniegue el título supletorio admite únicamente el recurso de apelación.

Hasta aquí el Capítulo II, Libro VII, Titulo IV.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Dando continuidad a la discusión y aprobación de la parte final del Código Procesal Civil, primeramente saludamos y damos la bienvenida a los magistrados Ileana Pérez, Gerardo Arce, doctor José Adán Guerra y a la Comisión Técnica que nos acompaña esta mañana.

Procedemos entonces a la discusión y aprobación del Capítulo II del Libro VII, del Título Supletorio, por tanto pedimos observaciones para el artículo 816.

Hará uso de la palabra la diputada Irma Dávila.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Gracias, Presidenta.

Tenemos una moción de consenso y se propone una mejor redacción para el artículo 816 el cual se leerá así.

Art. 816 Ámbito de aplicación

Las disposiciones del presente capítulo, se aplicarán para la obtención de título supletorio, cuando habiendo existido en poder de la persona propietaria, el correspondiente título de propiedad que contiene su derechos de dominio y posesión y que este se haya inutilizado, extraviado, desaparecido o destruido, debiendo demostrarse fehacientemente que el protocolo donde constaba la escritura no existe, según constancia emitida por la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos de la Corte Suprema de Justicia.

Además se acreditará que no existe y que no conste su inscripción a nombre de la persona solicitante ni de ninguna otra en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

Paso la moción.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Existe otra moción diputado Brooklyn Rivera.

DIPUTADO BROOKLYN RIVERA:

Gracias, compañera Presidenta por la ley.

En este Título IV de los derechos reales en el capítulo uno habla de…

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Diputado Brooklyn Rivera ¿para el mismo artículo 816?

DIPUTADO BROOKLYN RIVERA:

Sí, estoy haciendo una pregunta a la Comisión de Justicia, el capítulo anterior habla de deslinde, mensura y amojonamiento y ahora habla de títulos supletorios en este Capítulo II, la pregunta es, si hay una salvaguarda para la propiedad comunal de los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque estamos viendo que hay abogados inescrupulosos que proceden a hacer documentos ahí y que hasta jueces se prestan posteriormente a hacer títulos supletorios, afectándoles este régimen de propiedad comunal. Entonces la comisión tomó en cuenta que en este caso no puede proceder cuando se trata de territorio indígena la extensión de títulos supletorios, porque realmente hay títulos territoriales que se ha extendido de parte del Estado de Nicaragua a estos pueblos.

Gracias.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias diputado Brooklyn Rivera.

¿Hay alguna reacción?

Diputado Edwin Castro, tiene la palabra.

DIPUTADO EDWIN CASTRO:

Gracias, Presidenta.

Queremos dejar claro como lo hicimos en la Ley de Registros, que el Titulo Supletorio no es el título para adquirir dominio, es como mal se estaba usando, no es un título para adquirir derechos reales, como bien dice el ámbito de la aplicación del 816 y dice la Ley de Registro, el Título Supletorio es para suplir cuando existió o existe un título que no se puede tener a mano por destrucción de registros, por destrucción de protocolo, porque si existiera el Registro de Protocolo donde se hizo el título o el Registro Civil pues se saca una copia certificada del mismo, pero el supletorio es cuando el juez tiene ante evidencia de la existencia de un título de dominio y no existe físicamente un título, emite un supletorio, pero no da un nuevo título, no da una nueva posesión, ni un nuevo dominio, en esa lógica cabe el título supletorio para todos los que tienen títulos de derecho real en un futuro o en un presente.

Muchísimas gracias Presidenta.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias diputado Edwin Castro por la aclaración y hará uso de la palabra sobre el mismo artículo el diputado Carlos Langrand.

¿Hay una moción?

No.

Entonces pasamos a votación de la moción presentada por la diputada Irma Dávila que corresponde al artículo 816.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 7 diputados presentes sin votar, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el artículo 816 referido a la moción presentada por la diputada Irma Dávila.

Pedimos observaciones al artículo 817.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 818.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 819.

Diputada Auxiliador Martínez, tiene la palabra.

DIPUTADA MARÍA AUXILIADORA MARTÍNEZ:

Gracias, señora Presidenta.

Se propone una mejor redacción al artículo 819 en el numeral primero del literal h) y del segundo numeral se propone agregar la palabra finca al literal b) e incluir un literal d), los cuales se leerán así:

Art. 819 Requisitos de la solicitud.

h) Acreditar fehacientemente que el título de dominio se ha perdido y que resulta imposible encontrarlo o bien que se ha deteriorado de tal manera que se hace ilegible y que el protocolo donde constaba la escritura no existe según constancia emitida por la Dirección General de Registros y Control de Notarios y Abogados Públicos de la Corte Suprema de Justicia y que no consta su inscripción en el Registro Púbico de la Propiedad Inmueble Mercantil a nombre de la persona solicitante ni de ninguna otra.

b) Plano topográfico de la finca elaborado por profesional autorizado por entidad competente.

d) Constancia emitida por la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos de la Corte Suprema de Justicia de que el Protocolo donde se refleja la escritura pública existe.

Paso moción.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

A votación la moción presentada por la diputada Auxiliadora Martínez que modifica el artículo 819.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 8 diputados presentes sin votar. Se prueba la moción presentada que reforma el artículo 819.

Pedimos observaciones para el artículo 820

No hay observaciones.

Observaciones para el artículo 821

Tampoco hay observaciones

Observaciones para el artículo 822

No hay observaciones.

A votación el Capítulo II, Del Título Supletorio.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

78 votos a favor, 0 en contra 0 abstención, 10 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II, Del Título Supletorio con las dos mociones presentadas al artículo 816 y 819.

De conformidad al artículo 45 de nuestra Ley Orgánica en su artículo 27 pedimos a la diputada María Eugenia Sequeira, miembro de nuestra Junta Directiva leer la continuación del Adendum en el Capítulo III.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA:

Capítulo III
De la información posesoria

Art. 823 Ámbito de aplicación

Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán para la obtención de una declaración judicial posesoria sobre inmueble.

Art. 824 Legitimación

Podrá solicitar la declaración judicial posesoria quien alegue a su favor, la existencia del derecho posesorio sobre un inmueble.

Art. 825 Competencia territorial

Será competente para conocer de la solicitud, la autoridad judicial de distrito o local civil del lugar donde se encuentre el inmueble, en razón de la cuantía.

Art. 826 Requisitos de la solicitud

1. La solicitud deberá contener, bajo pena de ser rechazada por la autoridad judicial, los siguientes requisitos:

a. El nombre de la persona solicitante, sus datos de identidad y dirección domiciliaria.

b. La naturaleza urbana o rural de la finca, su número catastral si lo hubiera, su ubicación, la extensión superficial expresada a través del sistema métrico decimal, linderos y gravámenes que pesan sobre la finca.

c. El valor estimado, o el valor por el cual adquirió el derecho real posesorio.

d. El nombre completo del transmitente u otorgante del derecho real posesorio.

e. Expresión de no estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

f. Nombre y apellidos de las personas propietarias de las fincas contiguas.

g. Proposición de los medios de prueba.

h. Expresión de haber estado en posesión del inmueble por más de un año en las siguientes condiciones:

i. Fundada y amparada por justo título, en caso de existir éste.

ii. De buena fe.

iii. Pacífica.

iv. Continua.

v. Pública, es decir, manifiesta.

2. A la solicitud deberá acompañarse:

a. Plano topográfico elaborado por un profesional autorizado por entidad competente.

b. Certificación registral de no encontrarse inscrito el derecho real posesorio cuya declaración se solicita. Si la finca aún no estuviera catastrada, deberá acompañarse la certificación emitida por el catastro municipal.

Art. 827 Reglas procedimentales

Para la admisión de la solicitud y su tramitación, se procederá conforme lo dispuesto en el procedimiento común que regula este Libro, con las especialidades siguientes:

1. El proceso se iniciará mediante solicitud, en la que se expresarán los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

El edicto deberá contener el nombre de la persona solicitante, la naturaleza urbana o rural de la finca, su número catastral si lo hubiera, su ubicación, la extensión superficial expresada a través del sistema métrico decimal, linderos y gravámenes que pesan sobre la finca y el juzgado que está tramitando el expediente. De las publicaciones, se presentará la página original del diario en la que conste la fecha de publicación. De las publicaciones en la página web se podrá presentar la certificación expedida por el responsable del sistema informático, o de quien sea designado al efecto.

3. Quien tenga igual o mejor derecho, podrá oponerse desde el siguiente día de la primera publicación del edicto hasta treinta días después de la última publicación.

4. Si no hay oposición, la autoridad judicial convocará a la persona solicitante, colindantes, a la Procuraduría General de la República y a la Alcaldía Municipal para la inspección obligatoria sobre el inmueble, señalando lugar, día y hora para tal efecto.

6. En el acto de inspección declararán las personas propietarias o poseedoras de las fincas colindantes sobre el hecho puro y simple de la posesión.

Concluida la inspección, y acreditado el derecho posesorio de la persona solicitante, la autoridad judicial dictará sentencia de información posesoria, conforme lo dispuesto en el Capítulo referido al procedimiento común de los actos de jurisdicción voluntaria, declarando con lugar la solicitud; en caso contrario, la autoridad judicial la denegará.

La sentencia de información posesoria servirá de prueba para la obtención del título de dominio mediante la prescripción. La autoridad judicial ordenará al registro competente la inscripción de la sentencia a favor del solicitante en el Libro de derechos posesorios.

Art. 828 Oposición a la solicitud

La oposición se tramitará conforme lo dispuesto en el artículo referido a la concurrencia de proceso contencioso regulado en este Libro.

Art. 829 Recursos

La sentencia que deniegue la solicitud, admite únicamente el recurso de apelación.

Hasta aquí el Capítulo III, De la información posesoria

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Gracias, Diputada María Eugenia Sequeira.

Pasamos entonces a la discusión del Capítulo III.

Observaciones al artículo 823.

Diputado Edwin Castro Rivera, tiene la palabra.

DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:

Gracias, compañera Presidenta.

Los y las diputadas de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, vamos a proponerle al Plenario eliminar todo el Capítulo III de la Información Posesoria del Título IV de los derechos reales.

Es decir, eliminar de este dictamen lo artículos 823, 824, 825, 826, 827, 828 y 829, quedarían suprimidos de este proyecto de ley y de esta ley que estamos aprobando el día de hoy.

Paso moción firmada por las y los diputados de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos entonces a votación de la moción presentada por el diputado Edwin Castro, a través de la cual se eliminan los artículos referidos al Capítulo III, De la información posesoria.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación

79 votos a favor 0 en contra, 0 abstención, 8 diputados presentes sin votar. Se aprueba la moción presentada la cual elimina Capítulo III, De la información posesoria

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

TÍTULO V
DE LAS OBLIGACIONES

Capítulo I
Consignación

Art. 830 Ámbito de aplicación

Cuando, conforme al Código Civil u otra disposición legal, proceda el depósito de la cosa debida por la persona deudora, se seguirá el procedimiento común de los actos de jurisdicción voluntaria regulado en este Libro.

Art. 831 Competencia

Será competente para conocer sobre la solicitud de consignación, la jueza o juez local civil del domicilio de la persona deudora y las notarias o notarios públicos.

Art. 832 Reglas procedimentales y resolución

1. El que promueva la consignación, además de los requisitos generales expresará en la solicitud, la cantidad o cosa debida y su ofrecimiento a la persona acreedora y la designación del domicilio donde deba ser notificada ésta o su representante.

Si la obligación es de cantidad líquida, la o el consignante acompañará a la solicitud el documento que acredite su depósito en cuenta de la Corte Suprema de Justicia, cuando se haga ante la autoridad judicial; si es la entrega de una cosa, señalará el lugar donde ésta se encuentre y solicitará a la autoridad judicial el nombramiento de la persona o establecimiento en que se depositará la cosa y que responderá por la entrega del bien.

2. Admitida la solicitud y cumplidos los requisitos de ley, se notificará a la persona acreedora la consignación y se convocará a una audiencia a los intervinientes.

3. Si la persona acreedora comparece a la audiencia y acepta la cosa ofrecida en pago, la funcionaria o funcionario por medio de auto resolverá, declarando hecha la consignación y extinguida la obligación para los efectos del pago, librando la certificación a solicitud de la persona deudora.

4. Si la persona acreedora no comparece y no se cumplen los requisitos establecidos para el pago por consignación según el Código Civil, se dictará auto rechazándola, ordenando la devolución de la cosa depositada y el archivo definitivo de las diligencias.

5. Si la persona acreedora no comparece y se cumplen los requisitos establecidos para el pago por consignación según el Código Civil, se dictará auto declarando válida la consignación y extinguida la obligación, se librará certificación y se ordenará el archivo definitivo de las diligencias.

6. Si no comparecen la persona deudora ni acreedora, se ordenará el archivo definitivo de las diligencias y la devolución de la cantidad o cosa consignada.

7. Si comparece la persona acreedora y se opone de manera total o parcial a la consignación, la funcionaria o funcionario dictará auto expresando las circunstancias, ordenando el archivo definitivo de las diligencias y remitiendo a la persona acreedora a hacer uso de su derecho en el plazo de diez días en el proceso sumario; mandará a retener la cantidad depositada, la que se devolverá una vez vencido el plazo anterior, si no se hubiera presentado la demanda correspondiente.

8. Cuando proceda la consignación de manera parcial o total, se ordenará a la persona depositaria la entrega a la persona acreedora de la cantidad o bienes consignados. De igual forma se procederá en los casos de los numerales 5, 6 y 7 de este artículo.

9. La oposición deberá hacerse en forma de demanda y se presentará ante la misma la autoridad judicial, notaria o notario público que conoció de los actos de jurisdicción voluntaria; en caso de ventilarse ante notaria o notario público, éste remitirá las diligencias ante la autoridad judicial competente.

Hasta aquí el Capítulo I, del Título V, De las Obligaciones, Libro VII.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MONTENEGRO BLANDÓN:

Pasamos entonces a discusión y aprobación del Capítulo I, Consignación, el cual responde al Título V, De las Obligaciones.

Observaciones al artículo 830.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 831.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 832.

No hay observaciones.

Pasamos entonces a votación el Capítulo I, del Título V, con todos sus artículos.

Se abre a la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I del Título V, con todos sus artículos.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA MARÍA EUGENIA SEQUERIA:

Capítulo II
Subastas legales o voluntarias no ejecutivas

Art. 833 Ámbito de aplicación

Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo, cuando por expresa disposición legal, mandato judicial o por voluntad de la o el interesado, se solicite la enajenación de bienes o derechos determinados, en subasta, fuera del proceso de ejecución forzosa.

Art. 834 Competencia

Será competente para conocer sobre la solicitud de subastas, independientemente de la cuantía, la jueza o juez local o de distrito civil del domicilio de la persona solicitante, y la notaria o notario público.

Art. 835 Reglas procedimentales

La solicitud deberá ir acompañada de los documentos siguientes:

1. El mandato judicial cuando corresponda.

2. Los que acrediten la capacidad legal de la persona solicitante para contratar.

3. Los que acrediten su poder de disposición sobre la cosa u objeto de la subasta.

4. Cuando se trate de bienes o derechos registrables, se acompañará certificación registral de dominio y cargas.

5. El pliego de condiciones, en base a las cuales ha de celebrarse la subasta. En el caso de subastas puramente voluntarias, podrá señalar la valoración de los bienes o derechos a subastar, que puede establecerse por las partes y no se admitirá postura que no cubra el valor de los bienes.

Art. 836 Actuaciones previas a la celebración de la subasta

1. De estimarse procedente la solicitud, se acordará la venta.

2. La realización de la subasta se sujetará a lo acordado por la persona interesada y en lo pertinente según lo establecido para la enajenación y subasta de los bienes embargados, de conformidad a este Código.

3. En caso de existir personas arrendatarias u ocupantes del inmueble de cuya enajenación se trate, la persona solicitante deberá identificarlos en su solicitud, o en cualquier momento anterior al anuncio de la subasta, procediéndose en este caso, en la forma prescrita en las normas especiales sobre la subasta de bienes inmuebles, de conformidad a este Código.

Hasta aquí el Capítulo II de Subastas legales o voluntarias no ejecutivas.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos entonces a la discusión y aprobación del Capítulo II, del Título V, referido a las subastas legales o voluntarias no ejecutivas, pedimos por tanto:

Observaciones para el artículo 833.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 834.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 835.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 836.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo II, del Título V, referido a las subastas legales o voluntarias no ejecutivas, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 presentes. Se aprueba el Capítulo II del Título V con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

TÍTULO VI
DE LAS SUCESIONES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Art. 837 Competencia

La competencia en materia de sucesiones, se determinará conforme lo dispuesto en las reglas generales sobre competencia que fija este Libro.

Hasta aquí el Capítulo I.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

A discusión el Capítulo I de las Disposiciones Generales, del Título VI.

Observaciones al artículo 837.

No hay observaciones.

A votación el artículo 837 del Capítulo I.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el artículo 837, del Capítulo I, referido a las disposiciones generales.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo II
Declaratoria de herederos

Art. 838 Ámbito de aplicación

Quienes se consideren con derecho a la herencia de una persona fallecida sin testamento, podrán promover la declaratoria de herederos, con arreglo a las disposiciones del presente Capítulo.

Art. 839 Legitimación

Están legitimados para promover este proceso en el siguiente orden:

1. Las y los descendientes del fallecido.

2. Sus ascendientes.

3. Sus colaterales conforme la ley.

4. El cónyuge o conviviente en unión de hecho estable.

5. El municipio.

Art. 840 Reglas procedimentales

1. La solicitud deberá ir acompañada del certificado de defunción del causante, así como los documentos que acrediten el parentesco de la persona solicitante con el fallecido. Si la solicitud no llena los requisitos será denegada, dejándose a salvo el derecho de la persona solicitante para ejercerlo como corresponda.

2. Presentada la solicitud en forma, se mandará a publicar por edictos, tres veces con intervalo de cinco días en un periódico de circulación nacional; los edictos también se fijarán en la tabla de avisos del juzgado, señalando los nombres de los que reclaman la herencia para que los que se crean con igual o mejor derecho comparezcan al juzgado dentro de treinta días a partir de la última publicación.

3. En caso de presentarse oposición, la autoridad judicial mandará archivar las actuaciones de jurisdicción voluntaria y la oposición se tramitará y resolverá mediante el proceso sumario.

Art. 841 Resolución

Practicadas las diligencias, la autoridad judicial dictará sentencia declarando heredero a la persona solicitante, si la estimara procedente, sin perjuicio de quien tenga igual o mejor derecho, quien podrá ejercerlo en la vía que corresponda.

Hasta aquí el Capítulo II del Título VI De las sucesiones.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo II Declaratoria de herederos, Título VI.

Observaciones al artículo 838.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 839.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 840.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 841.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos entonces a la votación del Capítulo II con todos sus artículos referido a la Declaratoria de herederos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II Declaratoria de herederos, con todos sus artículos.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA:

Capítulo III
De la presentación, verificación, apertura y protocolización de testamentos cerrados

Art. 842 Ámbito de aplicación

Se aplicará lo dispuesto en el presente Capítulo para la presentación, verificación, apertura y protocolización de testamentos cerrados.

Art. 843 Legitimación

Están legitimados para promover este proceso, la notaria o notario público autorizante, la o el registrador de la propiedad inmueble y mercantil o la persona que tenga el testamento bajo guarda o en calidad de depósito, así como quién tenga interés por cualquier concepto.

Art. 844 Competencia

Será competente para conocer de la solicitud, el juzgado local o de distrito del domicilio del testador, o de la persona a quien le hubiera sido otorgada la guarda del testamento, el domicilio de la notaria o notario público autorizante o de la o el registrador de la propiedad inmueble y mercantil del departamento en que se haya otorgado el testamento.

Art. 845 Reglas procedimentales y resolución

1. La notaria o notario público, la o el registrador y cualquier persona que tenga en su poder un testamento cerrado, deberá presentarlo a la autoridad judicial competente inmediatamente después que tenga conocimiento del fallecimiento de la o el otorgante.

2. Cualquier interesada o interesado podrá solicitar que se requiera a la persona que tenga en su poder un testamento cerrado, para que lo presente ante la autoridad judicial competente, siempre que la o el peticionario tuviere conocimiento de la existencia del testamento y que éste no haya sido presentado.

La persona solicitante deberá acreditar el fallecimiento de la o el otorgante. Si persona solicitante fuera extraña a la familia del fallecido, expresará en la solicitud la razón por la que crea tener interés en la presentación del testamento. En este caso, se citará por edictos a quienes según la persona solicitante pudieran tener interés en la herencia.

Transcurridos tres meses desde la notificación sin que ninguna persona interesada haya comparecido al proceso, se archivarán las actuaciones, las que podrán reanudarse a solicitud de cualquier parte interesada.

3. A solicitud de quien presente el testamento o de otra persona interesada y una vez acreditado el fallecimiento de la o el testador, se citará a audiencia a la notaria o notario público autorizante y, en su caso, a las o los testigos instrumentales que hubieran intervenido en el otorgamiento, a fin de que reconozcan su firma y la del testador, declarando además si está cerrado, si tiene la marca del sello como en el acto de la entrega, y sólo después de dicho reconocimiento se abrirá el testamento.

4. La autoridad judicial examinará en la audiencia el pliego que contenga el testamento y hará constar su estado, describiendo los hechos, si los hubieran, que lo motivan a sospechar que fue abierto o sufrió alguna alteración, enmienda o raspadura.

5. Si no pueden comparecer todas las o los testigos, bastará que la notaria o notario público y las o los testigos instrumentales presentes, reconozcan sus firmas y la del testador, y acrediten las de los ausentes

Si no puede comparecer la notaria o notario público, funcionaria o funcionario que autorizó el testamento, se interrumpirá la audiencia, a fin de que la autoridad judicial elija otra u otro notario público que reemplace al autorizante, para las diligencias de apertura.

En caso necesario y siempre que la autoridad judicial lo estime conveniente, podrán ser confirmadas las firmas de la notaria o notario público y de los testigos ausentes, por declaraciones de otras personas fidedignas ante la autoridad judicial. A continuación, la autoridad judicial pondrá su rúbrica al principio y fin de cada página del testamento, y ordenará por medio de auto, su incorporación en el protocolo de la notaria o notario público, quien dará a los interesados los testimonios que pidieren, a su costa, ordenando también la publicación de dicho auto en un diario de circulación nacional.

6. A las personas citadas que hubieran comparecido a la audiencia, se les pondrá de manifiesto el pliego cerrado para que lo examinen y declaren bajo promesa, si reconocen como legítimas la firma y rúbrica que con su nombre aparecen en él, y si está en el mismo estado que tenía cuando pusieron su firma.

7. No habiendo comparecido alguna o algunas de las personas citadas, se preguntará a las demás si las vieron poner su firma y rúbrica y la autoridad judicial ordenará, si lo considera necesario, el cotejo de letras y otras diligencias, conducentes a la averiguación de la autenticidad de las firmas de los que no comparecieron. Si alguno de las o los testigos no supiera firmar y lo hubiera hecho otro por él, serán examinados los dos, reconociendo su firma el que la haya puesto.

8. Practicadas las diligencias anteriores, y resultando de ellas que en el otorgamiento del testamento se han guardado las solemnidades prescritas por la ley y la identidad del pliego, la autoridad judicial lo abrirá y leerá para sí la disposición testamentaria que contenga. Acto seguido, procederá a leer el testamento en voz alta, a no ser que contenga disposición del testador ordenando que la apertura del testamento se realice en un tiempo determinado, en cuyo caso la autoridad judicial suspenderá la continuación del proceso y mandará archivarlo junto con el pliego, hasta que llegue el plazo designado por la o el testador.

9. Si la o el testador ha dispuesto que alguna o algunas cláusulas queden reservadas y secretas hasta cierto tiempo, la lectura se limitará a las demás cláusulas de la disposición testamentaria.

10. Leído el testamento, se dictará auto ordenando su protocolización en el protocolo del juzgado.

11. Cuando no resulte de las diligencias practicadas la observancia de las solemnidades prescritas por la ley, o no haya quedado acreditada la identidad del pliego, se denegará la protocolización del testamento y se acordará el archivo del proceso.

Art. 846 Testamento cerrado otorgado en país extranjero

1. El testamento cerrado otorgado en país extranjero, por nicaragüenses o extranjeros domiciliados en Nicaragua, conforme lo establece el Código Civil, se abrirá y publicará conforme las disposiciones de los artículos precedentes.

2. Presentado el testamento con la copia protocolizada de la que habla Código Civil, referente al testamento solemne otorgado en país extranjero, la autoridad judicial acordará la verificación de la carpeta o cubierta original del testamento por tres peritos nombrados por la misma; si resultara la conformidad de la cubierta original con la copia protocolizada y que no hay sospechas de rotura, cambio o despegadura, y que se han observado las ritualidades legales, se procederá a la apertura, publicación y protocolización del testamento, con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores.

3. Este mismo procedimiento se aplicará para la apertura y publicación del testamento cerrado privilegiado, regulado en el Código Civil.

Hasta aquí el Capítulo III, De la presentación, verificación, apertura y protocolización del testamento cerrado.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

La Mesa Directiva saluda y da la bienvenida a los Magistrados, Jueces y Juezas, de Distrito y Local Civil de las diferentes circunscripciones del país, así mismo a los funcionarios judiciales, invitados para la aprobación final de este Código Procesal, les damos la más cordial bienvenida también.

Pasmos a la discusión y aprobación del Capítulo III referido a la Presentación, verificación, apertura y protocolización de testamento cerrado.

Observaciones al artículo 842.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 843.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 844.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 845.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 846.

No hay observaciones.

Procedemos entonces a la votación del Capítulo III, Título VI, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo III, del Título VI con todos sus artículos, el cual se refiere a la Presentación, verificación, apertura y protocolización de testamento cerrado.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo IV
De la presentación, verificación y protocolización de testamento abierto

Art. 847 Ámbito de aplicación

Se aplicará lo dispuesto en el presente Capítulo para la presentación, la verificación y protocolización de testamento abierto, regulados en el Código Civil.

Art. 848 Legitimación

Está legitimado para promover este proceso, quien presente el testamento o cualquier interesado.

Art. 849 Competencia

Será competente para conocer de la solicitud, el juzgado local o de distrito del domicilio de la o el testador o de la persona a quien le hubiera sido otorgada la guarda del testamento, o el del domicilio de la notaria o notario público autorizante.

Art. 850 Reglas procedimentales y resolución

1. Cuando el testamento se hubiera otorgado ante cinco testigos sin intervención de notaria o notario público, la persona interesada lo presentará a la autoridad judicial, observando los plazos establecidos para el testamento abierto en el Código Civil, solicitando por escrito su protocolización, en el que mencionará el nombre, apellido, profesión y domicilio de la o el testador y testigos, acompañando la partida de defunción del testador.

2. Presentada la solicitud, la autoridad judicial convocará a la audiencia para que comparezca el cónyuge o conviviente en unión de hecho estable sobreviviente, si lo hubiera, las o los descendientes y ascendientes de la o el testador y, en defecto de unos y otros, los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Si se ignorara la existencia de estas personas, o siendo niñas, niños, adolescentes o personas declaradas judicialmente incapaces que carecieran de representación legítima, se hará la citación a la Procuraduría General de la República. Se citará también a las o los testigos propuestos por la persona solicitante, para declarar sobre la autenticidad del testamento.

3. En la audiencia la autoridad judicial abrirá el testamento, si estuviera en pliego cerrado, rubricando todas sus hojas y serán examinados las o los testigos, con arreglo a lo dispuesto en este Código. Cuando al menos tres testigos que conozcan la letra y firma de la o el testador hayan declarado que no tienen duda que el testamento fue escrito y firmado por el testador, podrá prescindirse de las declaraciones testificales que faltaran.

4. A falta de testigos idóneos, o si dudan los examinados, y siempre que la autoridad judicial lo estime conveniente, podrá emplearse el cotejo de letras.

5. Las personas citadas, así como la Procuraduría General de la República, en su caso, podrán presenciar la práctica de las diligencias y hacer en el acto, las observaciones que estimen oportunas sobre la autenticidad del testamento.

6. Cuando no se haya presentado el testamento escrito y firmado por la o el testador, cualquier parte interesada podrá solicitar que se requiera a la persona que lo tenga en su poder, que lo presente ante la autoridad judicial para su protocolización.

7. Si de las diligencias practicadas resulta justificada la identidad del testamento, se dictará auto disponiendo que se protocolice en el protocolo del juzgado y se expedirá para las o los interesados las copias que procedan. En otro caso, se denegará la protocolización y se archivará el expediente.

Hasta aquí el Capítulo IV del Título VI, Libro Séptimo.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo IV del Título VI, referido a la Presentación, verificación y protocolización de testamento abierto.

Observaciones al artículo 847.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 848.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 849.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 850.

No hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo IV del Título VI, referido a la Presentación, verificación y protocolización de testamento abierto, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación…

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV del Título VI, con todos sus artículos.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA:

Capítulo V
De la presentación, verificación y protocolización de testamentos otorgados en forma oral

Art. 851 Ámbito de aplicación

Cuando el testamento fuera otorgado en forma oral, de conformidad a lo que refiere el Código Civil, sobre el testamento abierto, se aplicará lo dispuesto en el presente Capítulo, siempre que se pretenda su verificación y protocolización.

Art. 852 Legitimación

Podrá promover el expediente regulado en el presente Capítulo, sin orden de prelación, los siguientes:

1. La persona que tuviera interés en el testamento.

2. La persona que hubiera recibido en el testamento, cualquier encargo de la o el testador.

3. La persona que con arreglo a las leyes pueda representar sin poder, a cualquiera de las o los que se encuentren en los casos que se expresan en los numerales anteriores.

Art. 853 Competencia

Será competente para conocer de la solicitud, el juzgado local o de distrito del domicilio de la o el testador o de la persona a que hubiera recibido de viva voz las disposiciones de última voluntad del causante.

Art. 854 Reglas procedimentales y resolución

1. En la solicitud se expresará el nombre del agente o militar que haya recibido de viva voz la última disposición de la o el testador, los nombres de las o los testigos que declararán que han oído simultáneamente de boca del testador todas las disposiciones testamentarias, acompañándose la certificación que acredite la defunción del causante.

2. Además se acompañará si existiera, la nota, memoria o soporte de otros medios técnicos de reproducción de la palabra, el sonido o la imagen que contenga las disposiciones de la o el testador y que se haya utilizado al otorgar el testamento.

3. Admitida la solicitud se convocará a la audiencia y se citará a las o los testigos, bajo apercibimiento de multa de uno a dos salarios mínimos si no comparecen.

4. No concurriendo a la audiencia alguna o algunas de las personas citadas, sin alegar justa causa que se lo impidiera, la autoridad judicial la suspenderá señalando nueva audiencia, mandando hacer efectiva la multa sin perjuicio de la responsabilidad penal.

5. Cuando un testigo no compareciera a la audiencia por estar impedido, podrá pedir a la persona interesada que la autoridad judicial se traslade a la casa del testigo para recibirle declaración, después de haber sido examinados los demás testigos; o que se haga uso del auxilio judicial, conforme lo dispuesto en este Código.

6. La prueba aportada deberá ser clara y terminante en cuanto a las siguientes circunstancias:

a. Que la o el testador se hallaba en peligro inminente de muerte.

b. Que la o el testador tuvo el propósito serio y deliberado de otorgar su última disposición.

c. Que las o los testigos, oyeron simultánea y directamente del testador todas las disposiciones que quería se tuvieran como su última voluntad, bien lo manifestara de palabra, leyendo o dando a leer alguna nota o memoria en que se contuviera.

d. Que las o los testigos fueron en el número que exige la ley, según las circunstancias del lugar y tiempo en que se otorgó, y que reúnen las cualidades que se requieren para ser testigo en los testamentos.

7. Cuando exista divergencia en las declaraciones de las o los testigos, se aprobará como testamento aquello en que todas estuvieran conformes.

8. Si la última voluntad se hubiera consignado en nota, memoria o soporte técnico, se tendrá como testamento lo que de estos resulte, siempre que todas las o los testigos estén conformes en su identidad, aun cuando alguno de ellos no recuerde alguna de sus disposiciones.

9. Si durante las diligencias de protocolización se presentare oposición, ésta se tramitará y resolverá mediante el proceso sumario.

10. El testamento objeto de la protocolización a la que se refiere el Código Civil, sobre el testamento abierto, podrá ser impugnado de la misma manera que cualquier otro testamento auténtico; pero la impugnación deberá hacerse por separado, en proceso ordinario.

Art. 855 Sentencia

1. La sentencia contendrá las declaraciones y disposiciones de la o el testador que resulten de la prueba obtenida y mandará que estas valgan como testamento de la persona de cuya sucesión se trata y que se protocolice como tal su fallo, sin perjuicio de tercero. La protocolización se hará en el protocolo del juzgado.

2. Cuando las declaraciones o disposiciones testamentarias surjan de la prueba testifical, sólo se tomarán en cuenta, aquellas en que las o los testigos estuvieran conformes.

Hasta aquí el Capítulo V de la Presentación, verificación, protocolización de los testamentos otorgados en forma oral.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos entonces a la discusión y aprobación del Capítulo V del Título VI, referido a la Presentación, verificación y protocolización de testamentos otorgados en forma oral.

Observaciones al artículo 851.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 852.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 853.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 854.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 855.

No hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo V, Título VI, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V, del Título VI, con todos sus artículos, el cual se refiere a la Presentación, verificación y protocolización de testamentos otorgados en forma oral.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo VI
De los expedientes relativos al albaceazgo

Art. 856 Ámbito de aplicación

1. Lo previsto en este Capítulo será de aplicación a lo dispuesto en el Código Civil en los siguientes casos:

a. Nombramiento de albacea.

b. Renuncia del albacea a su cargo, prórroga o fijación del plazo del albaceazgo.

c. Autorización para que el albacea pueda efectuar actos de disposición sobre bienes de la herencia.

2. La tramitación de este proceso se ajustará al procedimiento común regulado en el presente Libro.

3. La rendición de cuentas del albacea se seguirá por los trámites del proceso ordinario.

Hasta aquí el Capítulo VI del Título VI, Libro Séptimo.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Entonces, pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo VI del Título VI, De los expedientes relativos al albaceazgo.

Observaciones al artículo 856.

No hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo VI, Título VI, con su único artículo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VI, del Título VI con su artículo.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA:

Capítulo VII
Aposición de sellos

Art. 857 Ámbito de aplicación

Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo cuando:

1. Lo solicitado se encuentre comprendido en lo dispuesto en el Código Civil, sobre la apertura de la sucesión y de su aceptación, repudiación e inventario.

2. Las o los herederos sean niñas, niños, adolescentes o personas mayores declaradas judicialmente incapaces, sin guardadores y ningún pariente la solicita.

3. El cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, las o los herederos que estén ausentes o las personas que sean desconocidas.

4. La persona fallecida haya sido depositaria de archivos o caudales públicos; pero en este caso la aposición de sellos será únicamente sobre los objetos que tengan relación con el cargo público del fallecido.

5. Exista conflicto de intereses por pretender substraerse objetos pertenecientes a la sucesión.

6. Cuando se solicite como medida cautelar en cualquier tipo de proceso.

Art. 858 Legitimación

Podrán solicitar la aposición de sellos sin orden de prelación, los siguientes:

1. El cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, sobreviviente.

2. Los que sean comuneros de la persona fallecida en lo que hacen al bien en común o pretendan tener derecho a la sucesión.

3. Toda persona acreedora que tenga título ejecutivo contra la o el fallecido o sus bienes.

4. Cualquiera de los parientes de las niñas, niños, adolescentes, personas incapaces o declaradas judicialmente incapaces, si no tiene guardador o éste se hallara ausente.

5. Las personas que viven en la casa del fallecido cuando el cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, las o los herederos del causante estuvieran ausentes y no se conocieren.

6. La Procuraduría General de la República en los casos de las niñas, niños, adolescentes, personas incapaces o declaradas judicialmente incapaces, sin guardador o pariente que lo solicite.

7. Toda persona que tenga interés o se presuma que pueda tenerlo.

Art. 859 Actuación de oficio

La autoridad judicial competente también puede de oficio, hacer u ordenar la aposición de sellos en los siguientes casos:

1. Cuando las o los herederos sean niñas, niños, adolescentes, personas incapaces o declaradas judicialmente incapaces, sin guardador, y ningún pariente la solicita.

2. Cuando el cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, las o los herederos estuvieran ausentes o sean personas desconocidas.

3. Cuando la persona fallecida haya sido depositaria de archivos o caudales públicos; en este caso la aposición de sellos será únicamente sobre los objetos que tengan relación con su cargo público.

4. Cuando exista disputa entre las personas interesadas por pretender substraerse objetos pertenecientes a la sucesión.

Art. 860 Competencia

Serán competentes para conocer sobre la aposición de sellos, las notarias o notarios públicos y la jueza o juez local o de distrito civil del lugar donde se encuentren los bienes.

Art. 861 Reglas procedimentales y resolución

1. Para la práctica de aposición de sellos, se procederá conforme el Capítulo sobre el inventario que se refieren las reglas procedimentales de este Código, cuando los bienes estuvieran esparcidos en diversos lugares o departamentos.

Cuando los bienes estuvieran situados fuera de la República, se procederá conforme el Capítulo sobre el inventario que se refieren las reglas procedimentales de este Código.

2. Las llaves de cerraduras selladas se depositarán y permanecerán en el despacho de la autoridad judicial, de donde no podrán extraerse hasta que se levanten los sellos.

3. Si al tiempo de hacerse la aposición de sellos, se encontrare un testamento u otros papeles cerrados, se hará mención de la forma exterior del pliego y del sello, si lo tiene; la autoridad judicial, con las partes presentes y la o el notario público o secretario, rubricará la cubierta e indicará el día y hora en que el pliego será abierto en el juzgado competente.

De igual forma se procederá cuando la aposición de sellos haya sido hecha mediante exhorto, y la autoridad judicial remitirá las diligencias de aposición en paquete cerrado a la autoridad judicial exhortante, quien procederá a su apertura, validación de lo actuado y trámite, conforme lo dispuesto en este Capítulo.

4. Si alguna de las partes lo solicitara, la funcionaria o funcionario buscará entre los papeles de la persona difunta, el testamento, antes de la aposición de sellos; y si se encontrara, se procederá de la manera que dispone el numeral anterior.

5. Los demás papeles que se encuentren cerrados se abrirán por la funcionaria o funcionario y si no son concernientes a la sucesión, los entregará a las personas interesadas. Si por un sello, signo o nota exterior, se apreciara que los papeles son de un tercero, se le citará a la audiencia para que asista a la apertura. En la audiencia se abrirán éstos, hayan o no comparecido las o los interesados; y si los papeles fueran extraños a la sucesión, y ésta no tuviera derecho a conservarlos, se entregarán a sus dueños sin dar a conocer su contenido, o los hará cerrar de nuevo y se conservarán en el despacho del juzgado hasta que sean reclamados.

6. Si al momento de la aposición de sellos, se encontrara algún testamento abierto, la funcionaria o funcionario lo hará constar en las diligencias y lo entregará a la persona interesada.

Art. 862 Contenido del acta

El acta en que conste la aposición de sellos, mencionará:

1. Lugar, hora y fecha en que se ejecuta la aposición.

2. Los motivos de ella.

3. El nombre y domicilio del que la persona que la solicitó o si se hace de oficio.

4. La comparecencia o ausencia de las personas interesadas.

5. Los bienes muebles e inmuebles sobre cuyas cerraduras se hayan fijado los sellos.

6. La declaración bajo promesa de quienes habiten en la casa de la persona fallecida o que tengan en su poder bienes del mismo, de que no han sustraído ni visto sustraer cosa alguna perteneciente a la sucesión.

7. La enumeración de los muebles domésticos que no quedan bajo sellos.

8. El nombramiento de una o un depositario que cuide de los bienes y que no se violen los sellos que en ellos se coloquen.

9. La firma de la autoridad judicial y de la secretaria, secretario, notaria o notario público en su caso y de las partes presentes que pudieren hacerlo. Si alguna de las partes no supiere firmar, se hará mención de esta circunstancia.

Hasta aquí el Capítulo VII, Aposición de sellos.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO

Queremos saludar y dar la bienvenida el día de hoy, la presencia en pleno de todos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la discusión del tramo final y con lo que concluiremos el Código Procesal Civil, sean todos bienvenidos.

Gracias.

Pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo VII del Título VI, referido a la Aposición de sellos.

Observaciones al artículo 857.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 858.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones para el artículo 859.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 860.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 861.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 862.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo VII, del Título VI, referido a la Aposición de sello, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VII, del Título VI, con todos sus artículos.

También queremos saludar la presencia de los estudiantes de V año de secundaria del Colegio Público, Bello Horizonte de Managua, e informamos a nuestros jóvenes estudiantes, que estamos en la discusión y aprobación final del Código Procesal Civil, un instrumento muy importante y necesario para toda la población nicaragüense, jóvenes, sean bienvenidos todos a esta Asamblea Nacional.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo VIII
Levantamiento de sellos

Art. 863. Ámbito de aplicación y legitimación

Todas las personas que tienen derecho a solicitar el inventario como medida cautelar o de conformidad con el Código Civil sobre el inventario, lo tienen igualmente para pedir que se levanten los sellos. También podrá solicitarlo el guardador o la Procuraduría General de la República en el caso de las niñas, niños, adolescentes, personas incapaces o declaradas judicialmente incapaces, cuando no tienen guardador o teniéndolo, éste no lo solicita.

Art. 864. Competencia

Será competente para conocer sobre el levantamiento de sellos, la jueza o juez local o de distrito civil del lugar donde se encuentren los bienes y las notarias o notarios públicos.

Art. 865. Reglas procedimentales

1. Si las o los herederos o alguno de ellos, son niñas, niños o adolescentes y no tienen guardador, o si la herencia no ha sido aceptada, no se procederá a levantar los sellos mientras no se provea de guardador a las niñas, niños o adolescentes, o se declare yacente la herencia y se le nombre guardador en el término debido.

2. El levantamiento de los sellos se pedirá al mismo tiempo que el inventario, si éste tuviera lugar; si no, sólo se solicitará la orden para el levantamiento.

3. Sólo procederá el levantamiento de sellos, después de nueve días de sepultado el causante, salvo que exista motivo urgente y grave según apreciación de la funcionaria o funcionario.

4. Los bienes se inventariarán a medida que se vayan levantando los sellos, a no ser que la causa de la aposición, cese antes del inventario.

5. Si durante el levantamiento de sellos se presentaran a la funcionaria o funcionario, documentos o muebles pertenecientes a la sucesión, por haberlos encontrado abandonados o por otros motivos, éste lo hará constar en las diligencias, haciendo que firme la persona que los presentó y a continuación los incluirá en el inventario.

Hasta aquí el Capítulo VIII, Título VI, Libro Séptimo.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENGRO:

Pasamos entonces, a la discusión y aprobación del Capítulo VIII, Título VI, referido al Levantamiento de sellos.

Observaciones al artículo 863.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 864.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 865.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo VIII, Título VI, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VIII, Título VI, con todos sus artículos.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA:

Capítulo IX
Del inventario

Art. 866 Ámbito de aplicación

Se aplicará lo dispuesto en el presente Capítulo a los bienes que componen la masa hereditaria no asignada en forma expresa por el causante.

Art. 867 Legitimación

1. Tendrán derecho de promover y de asistir al inventario, sin orden de prelación, los siguientes:

a. El albacea.

b. La o el guardador de la herencia yacente.

c. Cualquier persona heredera; en este caso aprovechará a los demás, aunque no sean citados.

d. El cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, sobreviviente.

e. Las o los legatarios.

f. Las o los socios de comercio.

g. Toda persona acreedora hereditaria que presente el título de su crédito, aunque éste sea documento privado.

h. Las o los cónsules sobre bienes de extranjeros.

i. Cualquier persona a quien la ley imponga la obligación de hacerlo.

2. Las personas antes dichas podrán ser representadas por otras que exhiban documento acreditante, cuando no lo fueren por sus guardadores o representantes legítimos.

3. Todas estas personas tendrán derecho a oponerse al inventario.

Art. 868 Competencia

1. Será competente para conocer las diligencias de inventario, la jueza o juez local o de distrito civil del lugar en donde estén ubicados los bienes, derechos y acciones del causante, la notaria o notario público, la persona nombrada por la o el testador en su testamento o la nombrada de común acuerdo por las personas interesadas que tengan la libre administración de sus bienes.

2. Las controversias de competencias que se susciten entre inventariantes, serán dirimidas por la Sala de lo Civil del respectivo tribunal de apelaciones.

Art. 869 Plazo de interposición en caso de sucesión

1. Aceptada la herencia, toda persona heredera, tendrá obligación de promover la formación del inventario, dentro de nueve días, contados desde que supiere su nombramiento o tomare parte en la sucesión.

El albacea promoverá por sí mismo en el plazo indicado en el párrafo que precede, el referido inventario, o lo formará, si para ello le hubiere conferido facultades la o el testador en el testamento.

Esto mismo hará cualquiera otra persona a quien la o el testador le hubiere conferido ese encargo.

2. En este mismo plazo y aun inmediatamente después de la muerte de una persona, si no está presente alguno de las o los herederos, la autoridad judicial dictará las providencias oportunas que creyere conveniente como la aposición de sellos, para que no se oculten o pierdan los bienes.

Art. 870 Reglas procedimentales

1. En el escrito en que se solicite la práctica del inventario, se pedirá que éste se haga con las citaciones debidas. Se acompañarán a él los documentos que justifiquen el derecho que tenga la persona solicitante para pedir el inventario y se señalarán el lugar o lugares donde están situados los bienes que hayan de inventariarse.

2. Deberán citarse en la forma legal a las personas interesadas, para que asistan a la práctica del inventario. Si se encuentran fuera del país, el inventariante nombrará un guardador para el proceso que represente a las o los ausentes y citará al representante de la Procuraduría General de la República.

3. La persona heredera podrá en todo tiempo exonerarse de sus obligaciones, abonando a las o los acreedores los bienes de la sucesión que deba entregar en especie y el saldo que reste de los otros y obteniendo de ellos o del inventariante la aprobación de la cuenta que de su administración deberá presentarles. La o el guardador de la herencia yacente no podrá hacer lo dispuesto anteriormente, sino con previa autorización de la autoridad judicial.

4. Agotados los bienes de la sucesión, o la parte que de ellos hubiera correspondido a la persona heredera, en el pago de las deudas y cargas, deberá el inventariante, a petición de la o el heredero, citar por edictos a las personas acreedoras hereditarias y testamentarias que no hayan sido cubiertas, para que reciban de dicho heredero en un término de treinta días, contados a partir del último edicto, la cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que haya hecho, y aprobada la cuenta por ellos, o por la autoridad judicial en ausencia de estos o en caso de discordia, declarando libre a la persona heredera de toda responsabilidad ulterior.

5. La persona heredera que opusiera a una demanda la excepción de estar ya agotados en el pago de deudas y cargas, los bienes hereditarios o la porción de ellos que le hubiera correspondido, deberá probarlo presentando a las o los demandantes una cuenta exacta y en lo posible documentada, de todas las inversiones que haya hecho.

6. El albacea o las y los herederos harán que se cite con un término que no pase de treinta días, a las personas legatarias y acreedoras del difunto, para que si quisieran, asistan a la formación del inventario. La citación de los ausentes deberá hacerse por el mismo inventariante, por medio de edictos conforme lo dispuesto en este Código. Si pasado dicho término, no comparecieran las personas citadas, la formación del inventario se practicará con asistencia de la Procuraduría General de la República.

7. El albacea y las o los herederos tendrán obligación de hacer que se termine el inventario, dentro de noventa días contados desde la aceptación respectiva del albaceazgo o herencia.

8. Si los bienes se hallaran repartidos o ubicados a grandes distancias, o si por la naturaleza de los negocios no fueran suficientes los noventa días, podrá el inventariante ampliar hasta por nueve meses el término, con audiencia de las personas interesadas y de la Procuraduría General de la República en su caso.

9. Si los bienes estuvieran situados fuera de la República, el inventario de ellos podrá ser practicado por las autoridades de ese lugar, haciendo uso del auxilio judicial internacional conforme este Código. También podrá practicarse por el inventariante que al efecto nombren las partes en escritura pública, unánimemente o por mayoría, aunque haya entre éstas niñas, niños, adolescentes, personas incapaces o declarados judicialmente incapaces.

10. Las personas interesadas que promuevan el inventario y el representante de la Procuraduría General de la República, en su caso, propondrán el nombramiento de dos peritos tasadores, si no han podido convenir en uno solo, en el acto de la notificación del auto en que se ordena el nombramiento. Si todas ellas no estuvieran de acuerdo en los propuestos, el inventariante a solicitud de parte, nombrará los dos peritos, o uno solo, si le pareciera conveniente.

11. La persona inventariante tendrá por nombrados las o los peritos y les recibirá la promesa de cumplir fielmente con su encargo; seguidamente señalará el día, hora y lugar en que deba iniciarse el inventario, con noticia de las partes presentes.

12. En todo inventario, el inventariante hará que las o los peritos valuadores declaren cuáles bienes admiten cómoda división y cuáles no, o si su división los haría desmerecer. Esta declaración servirá para los efectos legales.

13. Cuando el que actúe como inventariante nombre una secretaria o secretario, lo hará mediante providencia que se hará constar en las diligencias.

14. Cuando el inventario tardara dos o más días, en cada uno de ellos deberá cerrarse el acta correspondiente de los bienes inventariados y tasados, con indicación de la hora en que se suspende y la designación del lugar, fecha y hora en que deberá continuarse el inventario. Para continuarlo no será necesario citar a las personas que no comparecieron.

15. La persona inventariante al concluir, hará la suma general de todo el inventario en el lugar correspondiente y también la expresará en letras, después de la cual la descompondrá en las sumas parciales de los respectivos valores de los inmuebles, muebles, semovientes, créditos activos, dinero y otras especies semejantes.

16. Una vez concluido el inventario, la persona inventariante les notificará a las o los interesados acerca de su conclusión y mediante auto ordenará el archivo del expediente, y entregará a la persona solicitante certificación de dicho inventario.

17. Siempre que el guardador tenga interés en la sucesión cuyos bienes se inventarían, se nombrará una o un guardador especial que represente a la persona sujeta a guarda en la práctica del inventario, excepto que el guardador sea el cónyuge, conviviente en unión de hecho estable o alguno de los ascendientes o descendientes de la persona sujeta a guarda. El nombramiento se hará por la persona inventariante.

18. La persona heredera que haga uso de la acción no prescrita sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros, la promoverá en proceso ordinario ante la jueza o juez de distrito donde se encuentren la mayoría de los bienes del causante.

19. Todas las actuaciones de inventario se registrarán en un libro especial, que será autorizado, sellado y rubricado por la secretaría de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 871 Acta de diligencias de inventario

El acta de las diligencias de inventario contendrá:

1. El señalamiento del lugar o lugares, fecha y hora en que se practica.

2. Mención de las personas citadas que hayan comparecido, de las ausentes, si son conocidas; de las que citadas no han comparecido, del guardador para el proceso que represente a las ausentes, del representante de la Procuraduría General de la República y de las o los peritos.

3. La descripción y el valor de los bienes raíces y muebles que hagan las o los peritos lo que se hará constar no solo en letras sino también en números.

4. La descripción de metales y piedras preciosas, si las hubiera.

5. El monto de las sumas de dinero.

6. Los papeles, libros y registros de comercio, o de cuentas u otros, con descripción de su número y estado, rubricándolos la persona inventariante.

7. La enumeración de los créditos activos.

8. La enumeración de los títulos de propiedad.

9. La enumeración y estimación de las obras artísticas y las que constituyan la biblioteca.

10. Mención de la promesa que prestarán al concluirse el inventario, los que han estado en posesión de los bienes, de que no han sustraído ni visto sustraer ninguno de éstos.

11. Mención de haberse prevenido a los que estaban en posesión de los bienes, que los pusieran de manifiesto para inventariarlos.

12. Mención de la entrega de los bienes inventariados a la persona heredera o herederas o a sus representantes, o al depositario en quien convengan las o los interesados, o a quien nombre la persona inventariante, si éstos no se acordaran en el nombramiento.

13. Las firmas de la persona inventariante, de la secretaria o secretario, de las o los interesados presentes que supieran firmar, de las o los peritos, del guardador para el proceso que representa a los ausentes, del representante de la Procuraduría General de la República, del depositario y de la notaria o notario público o dos testigos, en su defecto. Si alguna de las personas interesadas o peritos no supieran o no quisieran firmar, se hará mención de esta circunstancia.

Art. 872 Nulidad del acto

Todo inventario deberá practicarse con la obligatoria presencia de la persona inventariante, secretaria, secretario, notaria, notario o testigos y peritos nombrados, constituidos en el lugar donde se celebre el inventario. La contravención acarreará la nulidad absoluta del acto.

Art. 873 Oposición

Si durante la confección del inventario se presentara oposición, ésta no suspenderá su práctica. La oposición se tramitará por el proceso sumario ante la autoridad judicial competente, conforme las reglas generales establecidas en este Código para determinar el valor de la pretensión.

Art. 874 Aprobación y archivo

Concluido y aprobado el inventario, la jueza o juez local o de distrito a solicitud de parte o de oficio, ordenará su archivo, notificando a las personas interesadas, quienes en el término de ocho días transcurridos desde la última notificación, podrán pretender en proceso sumario su reforma por error o dolo, alegando que es diminuto o defectuoso, o denunciando ocultación.

Se entiende por concluido el inventario desde el día siguiente al de la última notificación que se haya hecho del auto en que la autoridad judicial lo mande archivar.

Art. 875 Resolución

Desestimada la oposición, se procederá a la partición en proceso sumario, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas, aplicando lo previsto en el Código Civil. De igual forma se procederá cuando las o los interesados estén conformes con el inventario.

Hasta aquí el Capítulo IX, Título VI, Del Inventario.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Entonces, pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo IX del Título VI, Del Inventario.

Observaciones al artículo 866.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 867.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 868.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 869.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 870.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 871.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 872.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 873.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 874.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 875.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo IX, Título VI, Del inventario, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IX del Título VI con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo X
De la declaración de la herencia yacente

Art. 876 Ámbito de aplicación

Se aplicará para la declaración de la herencia yacente lo establecido en el Código Civil sobre la aceptación y de la repudiación de la herencia.

Art. 877 Legitimación

Están legitimados para promover este proceso, sin orden de prelación los siguientes:

1. El cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, sobreviviente.

2. Cualquiera de los parientes o dependientes del difunto.

3. El Municipio.

Art. 878 Competencia

Será competente para conocer sobre la declaración de la herencia yacente, la jueza o juez local o de distrito del domicilio del causante.

Art. 879 Reglas procedimentales y sentencia

1. Para la admisión de la solicitud y su tramitación se procederá conforme lo dispuesto en el procedimiento común que regula este Libro.

2. En la sentencia se declarará yacente la herencia y se publicará la parte resolutiva en un diario de circulación nacional, procediéndose luego al nombramiento de guardador de la herencia yacente, conforme lo dispuesto en este Libro para el guardador de bienes.

3. En el caso de que las personas herederas fueran extranjeras y a falta de tratado, se hará saber a la o el cónsul respectivo mediante oficio la resolución que declare yacente la herencia, a fin de que en el término de tres días, si lo tiene a bien, proponga la persona o personas a quienes pueda nombrar como guardadores de la herencia yacente.

4. Si la o el cónsul propusiera guardador, la autoridad judicial le discernirá la guarda si fuera persona idónea, y a petición de las o los acreedores o de otros interesados en la sucesión, podrá agregar a dicho guardador otro u otros, según la cuantía y situación de los bienes que compongan la herencia. Si no propusiera guardador, la autoridad judicial hará el nombramiento de oficio, o a propuesta de la Procuraduría General de la República.

5. Si alguna persona legitimada se presentara reclamando la herencia que está en guarda, se tramitará la demanda con audiencia del guardador por los trámites del proceso ordinario.

6. Si antes de ponerse la herencia en guarda se presentara una o más personas herederas a aceptarla, comprobado el derecho, la autoridad judicial la tendrá por aceptada y decretará el levantamiento de los sellos.

Hasta aquí el Capítulo X, Título VI, Libro Séptimo.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo X, Título VI, referido De la declaración de la herencia yacente.

Observaciones al artículo 876.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 877.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 878.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 879.

No hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo X, Título VI, referido De la declaración de la herencia yacente.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo X, Título VI con todos sus artículos.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA:

Capítulo XI
De las informaciones para perpetua memoria

Art. 880 Ámbito de aplicación

Se aplicará lo dispuesto en este Capítulo para documentar declaraciones testificales que interesa obtener o conservar sobre hechos ocurridos, para en su momento aportar a un proceso en calidad de prueba o simplemente para dejar constancia de dichas informaciones en interés de la persona solicitante.

Art. 881 Legitimación

Cualquier persona interesada podrá solicitar las informaciones, ante la autoridad judicial correspondiente.

Art. 882 Competencia

Será competente para conocer de estas solicitudes, la jueza o juez local civil del domicilio de la persona solicitante.

Art. 883 Reglas procedimentales

1. En el escrito de solicitud de admisión de la información, se determinarán los hechos sobre los cuales hayan de declarar las o los testigos.

2. Previo examen de la solicitud la autoridad judicial admitirá las informaciones testimoniales que ante ella se soliciten, mandándose a oír a la Procuraduría General de la República.

3. Las o los testigos serán examinados con sujeción a los puntos o hechos consignados en el interrogatorio.

4. La autoridad judicial aprobará las informaciones rendidas con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo, y mandará archivar las diligencias, entregando certificación de la sentencia a las personas interesadas.

Hasta aquí el Capítulo XI, De las informaciones para perpetuar memoria, Título VI.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Procedemos a la discusión y aprobación del Capítulo XI, Título VI, referido De las informaciones para perpetua memoria.

Observaciones al artículo 880.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 881.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 882.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 883.

Tampoco hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo XI, Título VI, con todos sus artículos.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 diputados presentes sin votar. Y con ello, hemos aprobado el Capítulo XI del Título VI con todos sus artículos y a la vez hemos concluido con el Libro Séptimo, referido a los Actos de Jurisdicción Voluntaria.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

LIBRO OCTAVO
DISPOSICIONES FINALES, ADICIONALES, REFORMATORIAS, DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y VIGENCIA

Capítulo I
Disposiciones Finales

Art. 884 Prevalencia de las leyes

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en que deben empezar a regir, pero los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

Art. 885 Denominaciones comunes

1. Cuando en una ley o reglamento se mencione:

a. "Código de Procedimiento Civil", léase "Código Procesal Civil"

b. "Beneficio de pobreza", léase "asistencia jurídica gratuita".

c. "Guardador ad litem", léase "guardador para el proceso".

d. "Juicio ejecutivo" o "ejecución de sentencia", "juicios y acciones singulares ejecutivos" léase "Proceso de ejecución forzosa".

e. "Proceso sumario", entiéndase que se refiere a la tramitación del proceso sumario regulado en este Código.

2. Cuando en una ley o reglamento se ordene la publicación por carteles o edictos, se procederá conforme lo dispuesto en este Código.

3. En toda ley o reglamento en materia no penal donde se mencione al "Ministerio de Justicia" se leerá "Procuraduría General de la República".

Hasta aquí el Capítulo I, Libro Octavo.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo I, Libro Octavo, referido a las Disposiciones finales.

Observaciones al artículo 884.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 885.

No hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo I con todos sus artículos referidos a las disposiciones finales del Libro Octavo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 8 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo I, del Libro Octavo con todos sus artículos.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA:

Capítulo II
Disposiciones Adicionales

Art. 886 Adición

Se adiciona a la Ley Nº 260. Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 137 del 23 julio 1998 la siguiente disposición:

1. El numeral 2 bis al Artículo 41, que se leerá así:

2-bis. Conocer y resolver de la rescisión de sentencias firmes.

Hasta aquí el Capítulo II, Disposiciones Adicionales.

PRASIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo II, Disposiciones Adicionales, Libro Octavo.

Observaciones al artículo 886.

No hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo II, Disposiciones Generales.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo II, Libro Octavo, Disposiciones Adicionales.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo III
Disposiciones Reformatorias

Art. 887 Reformas

1. Refórmese la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 137 del 23 julio 1998, en las siguientes disposiciones:

Los numerales 1 y 3 del artículo 47, que se leerán así:

Conocer y resolver, según la materia y cuantía establecida por la Ley, en primera instancia de los procesos en materias de derecho Civil, Mercantil y Agrario, y todos aquéllos que no sean competencia de un Juzgado específico dentro de la misma jurisdicción territorial.

Conocer y resolver los asuntos referidos a los actos de jurisdicción voluntaria que la ley determine.

Los numerales 1 y 2 del artículo 55, que se leerán así:

Conocer y resolver en primera instancia según la materia y cuantía establecida por la ley, los procesos en materias de Derecho Civil, Mercantil y Agrario, y todos aquellos que no sean competencia de un Juzgado específico dentro de la misma jurisdicción territorial.

Conocer y resolver los asuntos referidos a los actos de jurisdicción voluntaria que la ley determine.

El artículo 195 que se leerá así:

Artículo 195. Insaculación y Desinsaculación

Cuando se recurra a la prueba pericial, los Jueces insacularán en una urna los nombres de los peritos que corresponden a la materia en cuestión y de ella sacarán dos nombres. Los electos en la desinsaculación serán los Peritos Judiciales del caso, sin perjuicio del derecho a la tacha en los casos legales.

Cuando requiriéndose de prueba pericial especializada, no existan peritos nombrados para un distrito determinado, el Juez podrá nombrarlo de oficio, quedando el así nombrado sujeto a las obligaciones y responsabilidades señaladas en el presente capítulo."

El epígrafe y contenido del Artículo 200, que se leerá así:

Artículo 200. Honorarios periciales

Los honorarios de los peritos judiciales son a cargo de la parte proponente, sin perjuicio de lo que se decida en relación a las costas procesales, que serán tasadas de conformidad con el Código de Aranceles Judiciales.

Correrán a cargo de la Administración de Justicia los honorarios del o los peritos solicitados por la parte que goce de asistencia jurídica gratuita, salvo que el perito designado sea funcionario o empleado del Estado.

La Corte Suprema de Justicia incluirá necesariamente en su Presupuesto una suma que prevea el pago de los Honorarios Periciales. Definirá también el destino alternativo que se le dará a ese fondo en caso de no agotarse. El cálculo se hará necesariamente al concluir el octavo mes del ejercicio fiscal.

El Artículo 227, que se leerá así:

Artículo 227. Plazo para Fallo

Las salas que conforman la Corte Suprema y la Corte Plena están obligadas a fallar los recursos dentro del plazo establecido en la ley de la materia.

2. Refórmese la Ley Nº 312, Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 166 y 167 del 31 de agosto de 1999 y de septiembre de 1999 y de reformas y adiciones a la Ley Nº 312, ley de derecho de autor y derechos conexos, aprobada el 16 de marzo del 2006, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 60 del 24 de marzo del 2006, en las siguientes disposiciones:
El Artículo 103, incluyendo la adición de la Ley Nº 577, de reformas y adiciones a la Ley Nº 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que se leerá así:

Artículo 103. La solicitud de adopción de medidas cautelares, se tramitará y resolverá conforme lo establecido en el Código Procesal Civil.

El artículo 104, que se leerá así:

Artículo 104. Los efectos de las medidas acordadas caducarán de pleno derecho, cuando transcurrido el plazo de treinta días desde su adopción el solicitante no inicie un procedimiento sobre el fondo.

El artículo 105, que se leerá así:

Artículo 105. Una vez practicadas las medidas cautelares, el solicitante dentro del plazo anterior podrá promover el proceso ordinario.

El último párrafo del artículo 15, que se leerá así:

La autoridad judicial civil, a petición de parte, podrá ordenar al demandado que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios objetos de la infracción, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular de derecho.

3. Refórmese la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 179 y 180 del 22 y 25 de septiembre del 2000, en las siguientes disposiciones: Ley Nº 354.

El artículo 95 que se leerá así:

Artículo 95. Las demandas de nulidad o de revocación de una patente o de un registro serán presentadas ante la autoridad judicial competente y se tramitarán en proceso ordinario conforme el Código Procesal Civil.

En el caso que se ordene la revocación o nulidad de la patente, diseño industrial, del modelo de utilidad, el Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá en el asiento registral respectivo la nulidad o revocación señalada, cuando quede firme la sentencia dictada por la autoridad judicial competente, bastando para tal efecto la certificación de la sentencia firme.

El penúltimo párrafo del Artículo 106, reformado por el Artículo 8 de la Ley Nº 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Nº 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, aprobada el 2I de marzo del 2006, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 60 del 24 de marzo del 2006, que se leerá así:

La autoridad judicial civil, a solicitud de parte, podrá ordenar al demandado que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios objeto de la infracción, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho.

El Artículo 116 que se leerá así:

Artículo 116. Toda medida precautoria quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción principal no se iniciara dentro de los treinta días hábiles contados desde la ejecución de la medida.

4. Refórmese la Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas, Ley Nº 322, Aprobada el 24 de noviembre de 1999, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 240 del I6 de diciembre de 1999, en las siguientes disposiciones:

El segundo párrafo del artículo 33, que se leerá así:

Sin embargo, la persona contra quien obre la medida será notificada de la misma al momento de ejecutarla, entregándole copia del escrito de solicitud, para que ejerza su derecho de oposición si así lo desea, conforme lo dispuesto en el Código Procesal Civil.

El numeral 2. Del artículo 34, que se leerá así:

2. En las medidas ejecutadas por vía cautelar, si el solicitante de las mismas no acredita haber iniciado la acción principal en un plazo de treinta días consecutivos, contados a partir de su práctica o ejecución.

Refórmese el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Nº 322, Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas, Ley N°.578, aprobada el I6 de marzo del 2006, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 60 del 24 de marzo del 2006, que se leerá así:

La autoridad judicial civil, a solicitud de parte, podrá ordenar al demandante que proporcione cualquier información que posee respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios objetos de la infracción, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución y proporcionales a esta información al titular del derecho.

5. Refórmese la Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales, Ley Nº 318, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 228 del 29 de noviembre de 1999, en las siguientes disposiciones:

El Artículo 83 que se leerá así:

Artículo 83. Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, se notificará de la misma al momento de ejecutarla, entregándole copia del escrito de solicitud, para que ejerza su derecho de oposición si así lo desea, conforme lo dispuesto en el Código Procesal Civil.

El Artículo 84 que se leerá así:

Artículo 84. Toda medida cautelar podrá ser decretada a solicitud de parte por la autoridad competente que conoce la causa, quedando sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción principal no se iniciara dentro de los treinta días hábiles, contados desde la fecha de su ejecución, condenando en gastos, daños y perjuicios al solicitante.

6. Refórmese la Ley de Prenda Agraria o Industrial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 174 del I4 de agosto de 1937, en las siguientes disposiciones:

El párrafo segundo del Artículo 28, reformado por Ley Nº 120 de 11 de abril de I973, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 95 de 8 de mayo de 1973, que se leerá así:

Para la tramitación de esta clase de proceso se estará a lo dispuesto para la ejecución forzosa en el Código Procesal Civil.

El Artículo 38, que se leerá así:

Artículo 38. Requerimiento

El deudor o terceros depositarios de los bienes pignorados, que al ser requerido por la autoridad competente para la entrega de estos, no la efectuare, incurrirá en desobediencia o desacato a la autoridad, quedando sujeto a lo que disponga el Código Penal.

La autoridad judicial ante el desacato o desobediencia, denunciará ante la autoridad competente para lo de su cargo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, sin perjuicio de la acción penal que puedan ejercer los afectados.

7. Refórmese el artículo 13 y 19 de la Ley Nº 146, Ley de Prenda Comercial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 60 del 27 de marzo de 1992, que se leerá así:

Artículo 13. Para la tramitación de esta clase de proceso se estará a lo dispuesto para la ejecución forzosa en el Código Procesal Civil.

Artículo 19. Cuando el deudor, terceros depositarios o poseedores de los bienes pignorados, no restituyan la prenda objeto del depósito, la autoridad judicial ante el desacato o desobediencia, denunciará ante la autoridad competente para lo de su cargo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, sin perjuicio de la acción penal que puedan ejercer los afectados.

8. Refórmese el Ley Nº 562, Código Tributario de la República de Nicaragua, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 227 del 23 de noviembre del 2005.

Se reforma el Artículo 186, que se leerá así:

Artículo 186. Puede el deudor en cualquier estado del juicio levantar el embargo, conforme lo dispuesto en el Código Procesal Civil de Nicaragua.

9. Refórmese Ley Nº 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros, aprobada el 27 de octubre del 2005 y publicada en La Gaceta Nº 232 del 30 de noviembre del 2005. El que se leerá así: Artículo 62, numeral 2, que se leerá así:

Las ventas al martillo no pondrán suspenderse, y las especies se remataran definitivamente en el mejor postor, cualquiera que sea el monto del precio ofrecido.

Se exceptúan de estas disposiciones las ventas al martillo resultantes por cobro judicial de créditos otorgados con recursos provenientes de los depositantes que confían sus recursos a las instituciones financieras.

Artículo 59 numeral 14 que se leerá así;

Los requerimientos de pago que tuvieren que efectuar los bancos, en cualquier tipo de juicio ejecutivo, podrán ser efectuados por el notario que designe el banco en su escrito de demanda, con autorización del juez de la causa.

Hasta aquí el Capítulo III, Libro Octavo.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo III, Libro Octavo, referido a las Disposiciones Reformatorias.

Observaciones al artículo 887.

No hay observaciones.

Pasamos a la votación del Capítulo III, del Libro Octavo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 presentes. Se aprueba el Capítulo III del Libro Octavo, referido a las Disposiciones Reformatorias.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA:

Capítulo IV
Disposiciones Derogatorias

Art. 888 Derogaciones

Se derogan las siguientes disposiciones:

1. El Código de Procedimiento Civil de Nicaragua vigente desde el primero de enero de 1906 y sus reformas, adiciones, aclaraciones y supresiones.

2. Los artículos 137 al 144 y el numeral 1 del artículo 189 de la Ley Nº 698, Ley General de los Registros Públicos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 239 del 17 de diciembre de 2009.

3. La Ley de Procuradores, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 396 y su reforma del 1 de septiembre de 1904.

4. Del título preliminar del Código Civil de la República de Nicaragua se derogan el parágrafo V los numerales 4 y 5, el segundo párrafo del numeral 9 y el numeral 20 y se derogan también los parágrafos IX, XIV, XVI, XVII, XXXIII al XXXVIII. Así como los artículos 2357 al 2363; del 2399 al 2422; 2425, 2430, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 3790, 3791 y 3892 del mismo Código.

5. Los numerales 13 y 16 del artículo 59 y el artículo 73 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no bancarias y grupos financieros, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 232 del 30 de noviembre del 2005.

6. Los artículos 29 y del artículo 31 al 35 y el artículo 37 de la Ley de Prenda Agraria o Industrial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 174 del 14 de agosto de 1937 y así mismo se deroga la reforma al artículo 19 de la Ley de Prenda Agraria o Industrial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 193 del 6 de septiembre de 1937.

7. Decreto Nº 120, del 08 de mayo de 1973, que reforma el Artículo 28 de la Ley de Prenda Agraria o Industrial.

8. Los artículos 12 y del 14 al 18 y 21 de la Ley Nº 146, Ley de Prenda Comercial, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 60 del 27 de marzo de 1992.

9. Los artículos 187 al 190 y del 192 al 202 del Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley Nº 562, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 227 del 23 de noviembre del 2005.

10. Decreto Nº 910, Ley reposición de partidas de nacimiento, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 290 de 21 de diciembre de 1981 y Ley Nº 10 Ley complementaria de reposición de partidas de nacimiento, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 200 del 18 de octubre de 1985.

11. Se deroga del Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley Nº 62 publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 227 del 23 de noviembre del 2005, el primer párrafo del numeral 3 del Artículo 7, referido al término de la distancia.

Hasta aquí el Capítulo IV, Disposiciones Derogatorias.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo IV, Libro Octavo, referido a las Disposiciones Derogatorias.

Observaciones al artículo 888.

Hará uso de la palabra la diputada Juana Molina.

DIPUTADA JUANA DE LOS ÁNGELES MOLINA:

Gracias, señora Presidenta por la ley.

Tenemos una moción de consenso, se propone una mejor redacción al numeral 11) del artículo 888 el cual se leerá así:

“Se derogan las siguientes disposiciones: se deroga del Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley Nº 562 publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 227 del 23 de noviembre del 2005, el segundo párrafo del numeral 3) del artículo 7, referido al término de la distancia”.

Paso moción.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a la votación de la moción presentada al artículo 888, a través de la cual se modifica el segundo párrafo del numeral 3) del artículo 7, referido al término de la distancia.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo IV del Libro Octavo, referido a las Disposiciones Derogatorias, con la respectiva modificación del artículo 888, a través de la moción presentada por la diputada Juana Molina.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVÍDEZ:

Capítulo V
Disposiciones Transitorias

Art. 889 Procesos en primera instancia

Todo proceso que se encuentre en primera instancia, continuará su trámite conforme el procedimiento que se inició hasta que recaiga resolución que le ponga fin a dicha instancia. Para todas las actuaciones procesales posteriores a la resolución regirá el presente Código.

Art. 890 Recursos en trámite

Los recursos que se encuentren en trámite en toda clase de procesos e instancias y en casación, a la entrada en vigencia de este Código, se continuarán tramitando y se resolverán de conformidad al régimen de recursos previstos por la legislación procesal civil anterior.

Art. 891 Ejecución Provisional

1. Cuando la ejecución provisional se haya solicitado antes de la entrada en vigencia del presente Código se tramitará conforme el Código anterior.

2. Cuando al entrar en vigor el presente Código un proceso se encontrare pendiente de recurso, podrá pedirse la ejecución provisional de la sentencia estimatoria recurrida con arreglo a éste Código.

Art. 892 Medidas Cautelares

Las medidas cautelares adoptadas conforme las disposiciones del Código de Procedimiento Civil anterior, a petición de parte podrán ser revisadas, modificadas, sustituidas o cesadas, con arreglo al presente Código Procesal Civil.

Art. 893 Texto incorporado

Todas las adiciones, reformas, supresiones y derogaciones aprobadas por este Código Procesal Civil de Nicaragua deberán ser incorporadas en sus respectivas leyes, así mismo deberán ser publicadas con su texto refundido en La Gaceta, Diario Oficial.

Hasta aquí el Capítulo V.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Pasamos a la discusión y aprobación del Capítulo V, referido a Disposiciones Transitorias del Libro Octavo.

Observaciones al artículo 889.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 890.

Tampoco hay observaciones.

Observaciones al artículo 891.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 892.

No hay observaciones.

Observaciones al artículo 893.

Tampoco hay observaciones.

Procedemos a la votación del Capítulo V, referido a Disposiciones Transitorias, Libro Octavo.

Se abre la votación.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 8 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo V, Libro Octavo, con todos sus artículos.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA MARÍA EUGENIA SEQUEIRA:

Capítulo VI
Vigencia

Art. 894 Vigencia y vacatio legis

El presente Código Procesal Civil de Nicaragua entrará en vigencia doce meses después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Hasta aquí el Capítulo VI, Vigencia, Libro Octavo.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

A discusión y aprobación del Capítulo VI, Libro Octavo.

Observaciones al artículo 894.

Tiene la palabra el diputado Edwin Castro Rivera.

DIPUTADO EDWIN CASTRO RIVERA:

Gracias, Presidenta.

Creo que no podemos votar el último artículo de esta ley si no hacemos un claro reconocimiento del trabajo que aquí se ha realizado, y recordamos precisamente a nuestra querida amiga y magistrada Ligia Molina, que dedicó todo su esfuerzo, y ella es el espíritu que hoy llena este Código.

Tenemos que reconocer a Ligia y con ella a todo su equipo, y no por ello menos, a la querida amiga Ileana Pérez que supo recoger ese trabajo de Ligia y traerlo hoy a conclusión correcta, a puerto seguro.

A la Corte Suprema de Justicia que hoy nos acompaña en Pleno, que supo respaldar y trabajar este Código, es un nuevo modelo para legislar, y a todos y cada uno de los más de mil o dos mil abogados, profesionales, universidades de todo el país que han contribuido a que hoy estemos aprobando un Código Procesal Civil de esta forma.

No quiero por mencionarlos de último, nuestro cariño especial a los que han estado en el día a día y que hoy están aquí cumpliendo hasta el último momento, a la Comisión Técnica tanto de la Corte como de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional que como un solo equipo hemos trabajado y legislado en pro de nuestro pueblo, en pro de Nicaragua.

Vaya nuestro reconocimiento a todos y cada uno de ellos, que han sabido destacarse, trabajar y buscar el consenso, que ha sido lo más importante en esta ley, yo podría afirmar como testigo permanente de este trabajo, que ningún artículo de los que aquí hemos aprobado, se ha aprobado por imposición o por mayoría, todos y cada uno de los artículos de este Código, los casi novecientos artículos los hemos aprobado en pleno consenso y en eso cabe también reconocer a todos y cada uno de los y las diputadas de esta Asamblea Nacional. Yo creo que hoy Nicaragua está de fiesta.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Gracias, diputado Edwin Castro Rivera.

Y antes de concluir con la aprobación del último capítulo, queremos dar la palabra al diputado Wilber López Núñez y cerraríamos con la intervención de la diputada Irma Dávila Lazo.

DIPUTADO WILBER LÓPEZ NÚÑEZ:

Gracias.

Creo que hoy es muy importante, porque es el día que se va a escribir una vez más en la historia de nuestro país, aprobando el Código Procesal Civil, que viene a sustituir al que data de más de una década, de un siglo, una ley ampliamente consultada, consensuada, donde participaron empresarios, abogados, universitarios, trabajadores. Pienso, que el trabajo de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde se trasladaron a todos los departamentos, una ley donde el país, la población como bien lo señalaban, fue parte integral de su aprobación.

Este instrumento jurídico entrará en vigencia dentro de un año, estamos claros, tiempo suficiente para que la población lo pueda conocer, manejar e interpretar, un Código ajustado a la realidad social de los y las nicaragüenses. Una ley, donde viene no solo a buscar igualdad, equidad, justicia, agilidad, sino que viene a darnos confianza al respeto y a la aplicación de la misma.

En la Asamblea Nacional, muy pocas leyes las hemos trabajado confiados y esperando los resultados positivos de ellas. Es oportuna en esta ocasión, la presencia de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, para que ellos se den cuenta del trabajo que se ha venido realizando desde la Asamblea Nacional, integrando a todos los sectores de la sociedad, para impartirla con justicia, con equidad, igualdad, y respetando el debido proceso. Es lo que hoy estamos planteando desde la Asamblea Nacional los diputados de la Bancada del PLI, que se respete así como nosotros hemos venido trabajando para estrenar un instrumento jurídico de suma importancia para la población y nuestra sociedad.

Muchas gracias, Presidenta.

PRESIDENTA POR LA LEY, IRIS MARINA MONTENEGRO:

Gracias, diputado Wilber López.

Cerramos el uso de la palabra, con la diputada Irma Dávila Lazo.

DIPUTADA IRMA DÁVILA LAZO:

Gracias, Presidenta.

Hoy es un día histórico para Nicaragua, porque después de 109 años está aconteciendo en esta Asamblea Nacional uno de los cambios más trascendentales, que en el ámbito jurídico nacional se pueda dar,

La aprobación de este Código Procesal Civil con buen suceso y en un tiempo prudencial fue gracias al nivel de consenso alcanzado, esta iniciativa fue presentada por la Corte Suprema de Justicia el 24 de febrero del 2012 y el 6 de marzo del mismo año la magistrada Ligia Molina expuso de manera general ante este Plenario el contenido de la iniciativa, un día después fue remitido a la Comisión de Justicia para su debido proceso de consenso, consulta y dictamen.

Pudiéramos decir que fue un proceso amplio, incluyente, le llamamos la gran consulta, donde acercamos la Asamblea Nacional a los territorios, se realizaron consultas en algunas cabeceras departamentales como Granada, León, Ocotal, Matagalpa, Estelí, Juigalpa y Managua, asistiendo todos los departamentos del país, y los participantes expresaron sus comentarios, dieron sus observaciones de una forma abierta y entusiasta, de forma tal, que todo este proceso reunió a más de mil personas para esta gran consulta, y producto de este gran esfuerzo hoy con seguridad podemos afirmar que este nuevo Código Procesal Civil facilitará el acceso a la justicia de la población más vulnerable con un nuevo modelo.

Tendremos procesos civiles más rápido, públicos y transparentes, donde prevalezca la simplicidad procesal, la oralidad, la concentración e inmediación, habrá reducción de la retardación de justicia, aumentará la confianza de las y los usuarios hacia el sistema judicial civil, tendremos justicia pronta y oportuna. Contribuirá también, a la mayor transparencia de la administración de justicia y mejorará sensiblemente la seguridad jurídica de las personas en la búsqueda de la tutela judicial.

Reconocemos el trabajo de cada uno de los diputados y diputadas de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, de Edwin, Raúl, Auxiliadora, Carlos Emilio, Enrique, Juanita, César, Johanna y Licet. Al equipo técnico asesor, a la Corte Suprema de Justicia, a sus Magistrados y Magistradas, a la Comisión Técnica Redactora que en su momento fue coordinada por la magistrada Ligia Molina Argüello, e integrada por las doctoras Perla, Luz Adilia, María Amanda, Belda y los asesores y asesoras, Roberto, Norman y Candelaria.

Agradecemos a la Magistrada Presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia la doctora Ileana Pérez y coordinadora de la Comisión Técnica Redactora, al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a la Unidad Técnica de Género de la Asamblea Nacional, a todos los diputados y diputadas de los departamentos, a las personas que nos brindaron su apoyo logísticos y a los medios de comunicación.

Con la aprobación de este nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua se estará dotando a las y los nicaragüenses de una legislación procesal civil que responda a nuestras necesidades y sea congruente con la realidad institucional para el fortalecimiento del sistema jurídico y el desarrollo económico y social del país.

Nuestra agradecimiento eterno a la madre de este Código, a nuestra compañera, amiga, hermana que hoy está presente en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, a la magistrada Ligia Molina, le decimos que su sueño hoy se ha hecho realidad, también le decimos misión cumplida Magistrada, gracias por este legado tan hermoso.

Gracias a todos y todas, que han sido testigo de este gran acontecimiento.

Muchas gracias.

PRESIDENTA POR LA LEY IRIS MARINA MONTENEGRO:

Gracias, diputada Irma Dávila.

Para concluir con la aprobación final de este Código Procesal Civil, invitamos a los diputados y diputadas a la votación del Capítulo VI, Libro Octavo, referido a la Vigencia.

Se abre la votación para este Capítulo.

Se va a cerrar la votación.

Se cierra la votación.

85 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 diputados presentes sin votar. Se aprueba el Capítulo VI del Libro Octavo referido a la Vigencia, y con ello damos por concluida la discusión y aprobación del Código Procesal Civil.

Muchas gracias a todas y a todos, y felicitémonos todos.

Cerramos esta sesión ordinaria, convocándonos para la próxima semana, como está establecido.

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez.
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