Cassette No. 56 de la SEGUNDA Sesión del XXIX LEGISLATURA

Año Legislativo:	XXIX LEGISLATURA
Categoría:	Sesión Ordinaria
Número de Cassette:	56

Texto del Cassette (Trascriptoras)

CASSETTE Nº: 56 AÑO: 2013
SESIÓN Nº: 2 Mª del Rosario O.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:
/…

2. Las que imputan aceptación tácita del usuario de servicios financieros no solicitados.

3. Las que impongan servicios o productos no aceptados expresamente;

Las que establezcan renuncia por parte del usuario

(hasta aquí lee la secretaria)

de servicios financieros a reclamar o recurrir ante la instancia administrativa supervisor o judicial según corresponda;

Las que vinculen el vencimiento o cancelación anticipada,

(hasta aquí lee la secretaria)

del contrato directamente a la voluntad del acreedor o prestador del producto o servicio financiero, sin causa justificable o no establecidas en el marco legal vigente o le impongan al usuario la carga de la prueba;

Las que prohíban, limiten o penalicen pagos anticipados o parciales en los créditos

(hasta aquí lee la secretaria)

a plazos; salvo lo señalado en artículo 65 Difusión de fórmulas y liquidación de pagos.

Las que prohíban, limiten o penalicen pagos parciales o cancelaciones anticipadas;

(hasta aquí lee la secretaria)

salvo lo señalado en artículo 65 Difusión de fórmulas y liquidación de pagos. A efectos del presente numeral, las primas no se consideran pagos anticipados.

Las que impongan al usuario la aseguradora a contratar, en los casos de créditos que requieran la contratación de una póliza de seguro para garantizar los mismos,

(hasta aquí lee la secretaria)

debiendo respetar en todo momento el derecho del usuario de escoger sin limitaciones a la aseguradora. Para aquellos casos de usuarios que a la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren asegurados bajo pólizas colectivas, éstas mantendrán su vigencia hasta la cancelación de su crédito.

9. Las que impongan renuncias a los usuarios de servicios financieros en perjuicio de sus derechos o intereses económicos;

(hasta aquí lee la secretaria)

exceptuando las existentes en las leyes de cada sector financiero.

10.

Exigir montos mínimos en cuentas de pasivos, que se abran para el pago de un determinado crédito.

11.

Aquellas que en base al concepto de cláusulas abusivas establecido en la presente ley coincida con estas disposiciones.

(No lee la secretaria este párrafo)

Los contratos vigentes, previo a la publicación de la presente ley, quedarán en todo vigor y fuerza legal de conformidad a su legislación actual, con excepción de las cláusulas que contradigan lo establecido en el presente artículo, las cuales se tendrán por no puestas y en consecuencia serán nulas e inaplicables y perderán su validez, no así la obligación crediticia.

Las entidades prestadoras de servicios y productos financieros deberán ajustar sus modelos contratos a ser suscritos con los usuarios de servicios financieros a las disposiciones contenidas en el presente capítulo.

Art. 65 Sobre las transacciones electrónicas de los servicios financieros.

En los casos que existan posibilidades de contratar productos y servicios financieros por medios electrónicos, se garantiza a los usuarios el derecho a realizar estas transacciones y/o celebrar contratos, siendo las derivaciones de los mismos de igual valor probatorio y efecto legal que los contratos celebrados de forma escrita las transacciones

(hasta aquí lee la secretaria)

efectuadas de forma presencial, ajustándose a las instrucciones proporcionadas por la entidad financiera.

(No lee la secretaria este párrafo)

En caso de duda manifestada por el usuario de servicios financieros cerca de los componentes de determinado servicio prestado mediante los medios referidos anteriormente, la institución financiera a su solicitud, estará obligada a esclarecerla, debiendo entregar copia de los soportes de las transacciones objeto del reclamo. La copia de los soportes se suministrará de forma gratuita, la primera vez; el costo sobre posteriores solicitudes vinculadas al mismo servicio financiero, las asumirá el usuario. Para este último caso, la Institución financiera colocará en lugar visible la tarifa por suministro de ésta información, misma que deberá ser remitida al Ente Regulador para que se pronuncie, en su caso, conforme sus facultades de ley.

(No lee la secretaria este párrafo)

Se exceptúan del principio de gratuidad expuesto en el párrafo que antecede a las transacciones realizadas con tarjetas de crédito, cuyo comprobante de operación se da al consumidor o usuario al momento de ser realizada la transacción, y en cuyo caso toda solicitud de copia al respecto por parte de éste podrá tener un costo. En los casos de resolución negativa al usuario por parte de la entidad financiera por impugnación de cargos o no reconocimiento de los mismos, y de no estar conforme con tal negativa, la entidad financiera deberá entregar al usuario copia de los correspondientes comprobantes de los cargos impugnados.

Art. 66 Uso de las tarjetas.

Dentro de los límites de las regulaciones o políticas de los emisores y condiciones contractuales pactadas, se garantiza el derecho de los consumidores y usuarios de utilizar tarjetas de crédito y débito proporcionadas por las instituciones financieras autorizadas, para la adquisición de bienes o servicios, así como en su caso, para la obtención de retiros o adelantos de dinero en efectivo, todo conforme a la ley y normas aplicables a la materia.

(No lee la secretaria este párrafo)

Se prohíbe para los proveedores de bienes o servicios el tratamiento diferenciado entre el pago con tarjetas de crédito o débito y el pago en efectivo; la no aceptación de la tarjeta como medio de pago, siendo el proveedor afiliado a las instituciones financieras emisoras de las tarjetas; y cualquier práctica comercial discriminatoria en perjuicio de los intereses de los consumidores y/o usuarios como consecuencia del pago con las tarjetas.

(No lee la secretaria este párrafo)

En los casos que los proveedores de bienes o servicios incumplan con las disposiciones contenidas en el párrafo anterior, la DIPRODEC por denuncia o de oficio, procederá a instruir el investigativo de ley y emitirá la resolución que en derecho corresponda.

(No lee la secretaria este párrafo)

El comercio afiliado al medio de pago por tarjeta, habiéndose realizado la transacción, deberá entregar al cliente o usuario el comprobante con detalle desglosado de los cargos que aplica por su compra o adquisición de servicios.

(No lee la secretaria este párrafo)

Dicho documento servirá de prueba suficiente del cobro indebido, con el cual el cliente podrá comparecer ante la DIPRODEC a más tardar en tres días hábiles posteriores a la ocurrencia del hecho. La DIPRODEC, en un plazo no mayor de tres días hábiles contados a partir de la recepción del reclamo, deberá requerir el informe respecto al cargo reclamado al establecimiento comercial. Dicho informe deberá ser presentado por el establecimiento comercial en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Con la respuesta del establecimiento comercial o sin ella, la DIPRODEC continuará con la instrucción del expediente y emitirá la resolución correspondiente ajustada a derecho en un plazo de quince (15) días hábiles. De todo lo actuado la DIPRODEC deberá informará al Banco emisor de la tarjeta y a la SIBOIF.

(No lee la secretaria este párrafo)

En caso de reincidencia, la DIPRODEC además de aplicar segunda sanción al establecimiento comercial infractor, remitirá el expediente a la SIBOIF. Esta última, abrirá el proceso informativo y verificará la reincidencia, en cuyo caso deberá instruir a la entidad emisora de la tarjeta la cancelación inmediata del contrato de afiliación con el proveedor infractor y el retiro sus terminales de pago electrónico.

(No lee la secretaria este párrafo)

Se prohíbe utilizar el estado de cuenta de tarjetas para la gestión de cobro de otros préstamos distintos al de la línea de crédito referida.

Art. 67 Difusión de fórmulas y liquidación de pagos.

Las instituciones financieras deberán difundir por cualquier medio de comunicación escrito, sin detrimento de la publicación en su página en internet, las fórmulas utilizadas para la liquidación de intereses y pagos, por medio de ejemplos explicativos comprensibles para los usuarios, y del orden de prelación en que se aplican sus pagos en el caso de ser un préstamo que cae en mora y en el caso de pagos anticipados.

Art. 68 Del pago anticipado y cancelación de crédito sin penalidad.

Los usuarios de servicios financieros tendrán derecho en todo contrato de crédito de consumo, a efectuar el pago anticipado de los saldos en forma total o parcial con la consiguiente reducción de los intereses generados al día del pago y liquidación, de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que le sea aplicable penalidad de tipo alguno.

(No lee la secretaria este párrafo)

También este derecho, será aplicado en los contratos de crédito agrícola y ganadero, suscritos hasta por un monto igual o menor a veinticinco mil dólares o su equivalente en córdobas, independientemente del plazo. Asimismo, este derecho, será aplicado en los contratos de crédito agrícola y ganadero con un plazo igual o menor a dieciocho (18) meses, independientemente del monto.

(No lee la secretaria este párrafo)

En el caso de los usuarios de servicios financieros que hayan suscrito o suscriban contratos de microcréditos, éstos tendrán derecho a pagar o cancelar sus créditos de forma anticipada sin penalidad alguna, con la consecuente obtención de los beneficios establecidos en el primer párrafo del presente artículo.

Este derecho no será aplicado al resto de los contratos de crédito, ni a los créditos que sean financiados con fondos intermediados y la institución financiera tenga la obligación contractual de pagar cargos por pago o cancelación anticipada. Tal circunstancia deberá estar expresamente incorporada en el contrato respectivo, sin perjuicio de las facultades de verificación por parte del Ente Regulador.

(No lee la secretaria este párrafo)

En el caso de los contratos de préstamos para las viviendas de interés social, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, Pago Anticipado, de la Ley No. 677, Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 80 y 81 del 4 y 5 de mayo de 2009 y sus reformas.

Art. 69 Medidas de seguridad y protección de datos.

Las instituciones financieras deben adoptar las medidas técnicas de control que garantice seguridad en las transacciones, transmisión y resguardo de datos de los usuarios de servicios financieros, según Ley No. 787, Ley de Protección de Datos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.61 del 29 de marzo de 2012,

(hasta aquí lee la secretaria)

las normativas técnicas del ente regulador correspondiente y lo establecido en las mejores prácticas internacionales.

(No lee la secretaria este párrafo)

Es obligación de la institución financiera la protección de datos personales de sus clientes obtenidos por la gestión de diferentes servicios. El uso de los datos personales con fines distintos a los manifestados por el consumidor requerirá de forma expresa su autorización escrita.

(No lee la secretaria este párrafo)

Las instituciones financieras podrán solicitar a los consumidores la información pertinente que consideren necesaria para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de las diversas regulaciones a las que estuvieren sometidas las instituciones financieras.

Art. 70 Información después de la celebración del Contrato.

Los usuarios tienen derecho a solicitar información de todos los actos que supongan ejecución de los contratos celebrados de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley y su normativa.

(

(No lee la secretaria este párrafo)

Podrán reclamar y obtener extractos de operaciones y justificantes de liquidación de gastos. Asimismo, los usuarios tienen derecho a recibir información periódica de sus saldos deudores y de los conceptos a que se hayan aplicado los pagos. Las instituciones financieras pondrán a disposición de sus clientes esta información ya sea de manera física o electrónica en dependencia del tipo de producto y autorización expresa por medio verificable por parte del cliente y el supervisor.

Los usuarios tienen derecho a ser informados de variación de las condiciones jurídicas y económicas, existentes a la celebración del contrato, a los efectos del ejercicio de los derechos de aquellos contemplados en el contrato y en la Ley.

(No lee la secretaria este párrafo)

Tales modificaciones deberán ajustarse a las previsiones legales y realizarse mediante un procedimiento establecido al efecto o, en cualquier caso, con la debida transparencia y claridad.

Art. 71 Procedimientos de reclamos y denuncias.

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la publicación de la presente ley en la Gaceta, Diario Oficial, emitirá normativas para establecer los procedimientos de reclamos, denuncias y sus alcances.

(No lee la secretaria este párrafo)

Las autoridades competentes crearán el formulario para la presentación o interposición de denuncias o reclamos de los usuarios de servicios financieros.

(No lee la secretaria este párrafo)

Dichos formularios estarán disponibles en formato electrónico vía web y en físico en las instalaciones de los proveedores de servicios financieros.

Todo lo relacionado a los contratos; el trámite de reclamos, quejas, denuncias, consultas y conflictos; difusión de información, atención a los usuarios; cálculo de intereses corrientes y moratorios; y demás temas relacionados a los servicios financieros, se regirán exclusivamente por las disposiciones del presente Capítulo y las demás leyes de la materia

(hasta aquí lee la secretaria)

que regulan este tipo de servicios.

Art. 72 Acceso de los usuarios a las Centrales de riesgo privadas.

La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras en el plazo de noventa días después de la entrada en vigencia de la Ley, deberá emitir, dentro del ámbito de su competencia, la norma que garantice y regule el acceso de los usuarios a las centrales de riesgo privadas, con el fin de que éstos puedan acceder y conocer acerca de su calificación crediticia.

Art. 73 Vías de resolución.

Los usuarios tienen el derecho a interponer el formal reclamo o denuncia ante la institución financiera respectiva sobre el incumplimiento de las condiciones particulares o generales establecidas de previo en los contratos, o inconformidad por la afectación de sus derechos como usuarios de los servicios financieros.

Si el proveedor de servicios financieros no satisface el reclamo del usuario, éste podrá interponer el mismo ante la Dirección de Atención a los Usuarios de Servicios Financieros según sea el caso, de conformidad con los procedimientos administrativos según corresponda para este fin.

En el caso de que el usuario no esté conforme con la resolución dada a nivel administrativo su reclamo o denuncia por servicios financieros, tendrá derecho de recurrir por la vía judicial.

Hasta aquí el Capítulo XI.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el Capítulo XI.
Observaciones al artículo 53.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 54.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 55.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 56.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 57.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 58.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 59.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 60.
No hay observaciones.
Observaciones al arto 61.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 62.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 63.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 64.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 65.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 66.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 67.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 68.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 69.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 70.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 71.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 72.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 73.
Tampoco hay observaciones.
A votación el Capítulo XI con todos sus artículos.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
62 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 0 presentes. Se aprueba el Capítulo XI con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVIDEZ:
Remitimos a los diputados al Adendum Nº 08 para la discusión del Punto 5.73, para el debate de la Personalidad Jurídica de la ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE - COREANA PARA EL DESARROLLO, le pedimos al Presidente de las Comisión de Defensa, Paz y Gobernación al diputado Filiberto Rodríguez la lectura del dictamen.

DIPUTADO FILIBERTO RODRÍGUEZ:

DICTAMEN

Managua, 3 de junio del 2013

Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho

Estimado Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación Y Derechos Humanos, nos reunimos para dictaminar la solicitud de Personalidad Jurídica de la ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE - COREANA PARA EL DESARROLLO, organización que también podrá denominarse ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE – COREANA, ANICO, con domicilio en la ciudad de Managua, Departamento de Managua, presentada por el Diputado JOSÉ FIGUEROA AGUILAR. En la Continuación de la Segunda Sesión Ordinaria de la XXIX legislatura de la Asamblea Nacional celebrada el día veintinueve de mayo del año 2013.

Esta Asociación fue creada sin fines de lucro, y tiene por objetivo:
1) Mejorar e intensificar las relaciones sociales y culturales entre las Repúblicas de Nicaragua y Corea.
2) Implementar proyectos de interés social y estimular los vínculos entre Nicaragua y Corea.
3) Realizar publicaciones de prensa, editar folletos y circulares, organizar seminarios o conferencias, destinados a informar a los Asociados, autoridades y público en general, sobre todos los asuntos que se refieren a las actividades la Asociación.

Esta Asociación presenta su Junta Directiva, integrada por: PRESIDENTE:
ENRIQUE MARTIN ZAMORA LLANES, VICEPRESIDENTE: ENRIQUE JOSÉ DESHON DUQUEESTRADA, SECRETARIO: JUAN JACOBO CASTILLO PASOS, TESORERO: HUASCAR GONZALEZ RODRIGUEZ, VOCALES, SOON TAE KIM, JAVIER HUMBERTO CHAMORRO RUBIALES, JAVIER JOSÉ ARGULLO BARILLAS Y SU CHUL SHIN

Los miembros de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, consideramos que la solicitud, elementos constitutivos, fines y objetivos de esta Asociación están en concordancia con la Ley No. 147.

Así mismo, el Proyecto y su Exposición de Motivos están bien fundamentados y no se opone a lo dispuesto en la Constitución Política.

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 62, inciso 9 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, dictaminamos FAVORABLEMENTE esta solicitud de Personalidad Jurídica.

Instamos al Plenario a aprobar el otorgamiento de Personalidad a la ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE -COREANA PARA EL DESARROLLO, organización que también podrá denominarse ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE - COREANA, ANICO.

COMISIÓN DE LA PAZ, DEFENSA, GOBERNACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
FILIBERTO RODRÍGUEZ L.
PRESIDENTE

ELIDA MA. GALEANO LICET MONTENEGRO A.
VICE – PRESIDENTE VICE – PRESIDENTE

PATRICIA SÁNCHEZ U. CORINA GONZÁLEZ G.
MIEMBRO MIEMBRO

JOSÉ RAMÓN SARRIA M. LAURA E. BERMÚDEZ R.
MIEMBRO MIEMBRO

FELÍCITA ZELEDÓN R. MA. AUXILIADORA MARTÍNEZ
MIEMBRO MIEMBRO

WILBER R. LÓPEZ N.
MIEMBRO
Hasta aquí el dictamen.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
Gracias, diputado.
A discusión el dictamen.
A votación el dictamen en lo general.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
61 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 1 presente. Se aprueba el dictamen en lo general.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVIDEZ:
Art. 1 Otorgase Personalidad Jurídica a la ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE COREANA PARA EL DESARROLLO, organización que también podrá denominarse ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE - COREANA, ANICO, sin fines de lucro, de duración indefinida y con domicilio en la Ciudad de Managua, Departamento de Managua.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el artículo 1.
A votación el artículo 1.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
56 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 presentes. Se aprueba el artículo 1.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:
Art. 2 La representación legal de esta Asociación, será ejercida en la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el artículo 2.
A votación el artículo 2.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
60 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 presentes. Se aprueba el artículo 2.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVIDEZ:
Art. 3 La ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE - COREANA PARA EL DESARROLLO, organización que también podrá denominarse ASOCIACIÓN NICARAGUENSE-COREANA, ANICO, estará obligada al cumplimiento de la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y demás Leyes de la República.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el artículo 3.
A votación el artículo 3.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
58 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 presentes. Se aprueba el artículo 3.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:
Art. 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto. Publíquese.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el artículo 4.
A votación el artículo 4.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
60 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 presentes. Se aprueba el artículo 4 y con él se aprueba la ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE COREANA PARA EL DESARROLLO.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVIDEZ:
Continuamos en el Adendum No. 06 con la discusión del Capítulo XII de la discusión de la LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Punto 3.21.

CAPITULO XII
De los demás servicios

Art. 74 Información previa a las operaciones al crédito en la contratación para la adquisición de bienes o servicios.

En las relaciones de consumo al crédito, el proveedor está en la obligación de informar al consumidor y/o usuario al menos de:

1. El precio al contado y al crédito del producto o del servicio;

(hasta aquí lee la Secretaria)

este último precio incluirá el total a pagar por el bien financiado en el contrato;

2. El valor de pago inicial o la prima,

(hasta aquí lee la Secretaria)

en caso que hubiere;

3. La tasa de interés fija o variable que se debe aplicar sobre el saldo,

(hasta aquí lee la Secretaria)

así como la tasa de interés en el caso de no pagar en el tiempo indicado las cuotas de amortización, la que en ningún caso debe aplicarse a la totalidad del crédito;

4. El monto total de los intereses y demás cargos

(hasta aquí lee la Secretaria)

a pagar en relación con lo pactado;

5. La opción de garantías adicionales;

6. Las demás condiciones de crédito y los derechos y obligaciones de ambas partes.

Art. 75 De las compraventas a plazos, mutuos con garantía prendaria y otros créditos.

En la contratación para la adquisición de bienes o servicios que sean cancelados a plazos; mutuos y créditos de cualquier clase, el interés se aplicará únicamente sobre saldos adeudados.

(hasta aquí lee la Secretaria)

Los pagos no podrán ser exigidos por adelantado y solamente se podrán cobrar por periodos vencidos.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

El consumidor o usuario tiene derecho a abonar anticipadamente o saldar de manera total su crédito antes del vencimiento del plazo establecido, con la consiguiente reducción proporcional de los intereses que no se devenguen, sin penalidad alguna.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

La tasa de interés máxima aplicable a estas operaciones, será la tasa de interés hasta de dos (2) veces la promedio ponderada que cobren los bancos comerciales autorizados en el país, publicada por el Banco Central de Nicaragua. No podrán hacerse cargos adicionales que de manera directa o indirecta alteren la tasa de interés previamente pactada.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Se prohíbe la simulación en los contratos y en particular la capitalización de los intereses en este tipo de operaciones.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Los intereses moratorios deberán ser calculados, cobrados y pagados únicamente sobre el saldo vencido del crédito. Cuando se demandaren solo los intereses moratorios, estos nunca podrán exceder ni en monto ni cuantía a la deuda principal, y cuando se reclamare la deuda principal y los intereses moratorios, estos últimos no podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto principal. Si la obligación principal fuere cumplida en partes, los intereses moratorios se reducirán en la misma proporción.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Cualquier estipulación contractual que contravenga las presentes disposiciones será nula de pleno derecho.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Se excluyen de lo estipulado en el presente capítulo, a las instituciones financieras autorizadas y reguladas por sus leyes especiales.

Art. 76 Documentos de cancelación del crédito.

Una vez que el consumidor y/o usuario cancele el crédito otorgado, el proveedor tendrá la obligación de entregarle dentro de un plazo de hasta cinco días hábiles el recibo de cancelación y los otros documentos en los cuales se formalizó el crédito respectivo firmado por el proveedor o su representante.

Art. 77 Transacciones por medios electrónicos.

Las transacciones por medios electrónicos son aquellas relaciones efectuadas entre proveedores y consumidores y/o usuarios a través del uso de medios electrónicos, digitales o de cualquier otra tecnología.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

La ley de la materia completará las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamento, siempre en función de protección de los derechos de consumidores y/o usuarios que utilizan las operaciones por medios electrónicos o de otra tecnología para efectuar sus compras o adquisiciones de bienes o servicios.

Art. 78 Información confiable en transacciones de compras por medios electrónicos.

Cuando las transacciones sean por medios electrónicos, previo a la celebración de la transacción, el proveedor deberá proporcionar al consumidor, la información verídica y actualizada sobre su domicilio físico, números telefónicos, dirección electrónica, y demás medios a los que pueda acudir el consumidor para presentarle sus reclamos o solicitarle aclaraciones.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

La información acerca de los bienes y servicios que ofrezcan los proveedores vía internet u otros medios electrónicos debe ser clara, completa y precisa para los eventuales consumidores o usuarios. Asimismo, se prohíben las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos que pueden inducir al fraude o confusión para los consumidores o usuarios.

Art. 79 Seguridad en las transacciones electrónicas.

Es obligación del proveedor utilizar sistemas tecnológicos y elementos técnicos confiables para brindar seguridad y confidencialidad

(hasta aquí lee la Secretaria)

a la información transmitida y proporcionada por el consumidor y/o usuario en las transacciones electrónicas, de acuerdo a los parámetros internacionales definidos para tal fin.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Previamente a la celebración de la transacción electrónica, el proveedor de bienes o servicios deberá informar al consumidor y/o usuario de las características generales de dichos elementos de seguridad.

Art. 80 Sobre la compra de bienes y servicios en territorio nacional por medio de las transacciones electrónicas.

Los pagos por concepto de compra efectuada a través de transacciones electrónicas serán reconocidos por parte del proveedor mediante facturas u otras expresiones que se enviarán vía electrónica al consumidor para su debido control.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Los proveedores estarán obligados a mantener un registro de estos pagos electrónicos, con su respaldo de seguridad respectivo, durante el tiempo que establezcan las leyes respectivas, luego de la realización de la compra.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

El proveedor enviará vía electrónica al consumidor el contrato de compraventa del bien o servicio adquirido que contenga las mismas características y requisitos de los contratos de compraventa normalmente celebrados en los casos de bienes o servicios de prestación o ejecución sucesiva o continua, conteniendo información sobre las cláusulas, términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor, fecha de entrega del producto y garantías según sea el caso.

Art. 81 Derecho a retracto en las ventas fuera del establecimiento comercial o a distancia.

En las ventas que se lleven a cabo fuera del establecimiento comercial, el consumidor amparado al derecho de retracto puede rescindir el contrato, en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de su perfeccionamiento.

(hasta aquí lee la Secretaria)

En el caso que la venta fuera a distancia los cinco (5) días hábiles se contaran a partir de la recepción del bien.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

La forma de hacer efectiva el derecho a retracto, así como las excepciones de este artículo serán establecidas en el reglamento de la presente ley.

Art. 82 De las ventas realizadas fuera del establecimiento comercial o distancia.

En las ventas efectuadas fuera del establecimiento comercial o a distancia el proveedor deberá:

1. Identificarse plenamente ante el consumidor y que el consumidor esté identificado;

Informar previamente al consumidor sobre las características del bien a contratarse,

(hasta aquí lee la Secretaria)

las garantías ofrecidas, el plazo de vigencia de la oferta, precio, fecha de entrega, costos de seguro y flete y, en su caso, la marca del bien;

Entregar el documento probatorio de la compra venta efectuada

(hasta aquí lee la Secretaria)

o código que confirme la transacción;

Entregar el bien en la dirección acordada entre las partes.

Informar al consumidor sobre los términos del derecho de retracto establecido en la presente ley para este tipo de compra ventas.

Art. 83 Sobre la seguridad en los estacionamientos o parqueos

Los proveedores que ofrezcan el servicio de seguridad en los estacionamientos o parqueos, serán responsables de la seguridad física de los consumidores y/o usuarios, así como de la seguridad de sus automotores mientras se encuentren estacionados en los espacios destinados para tal fin.

(hasta aquí lee la Secretaria)

Estas obligaciones de los proveedores estarán ajustadas a los términos y alcances contractuales, suscritos con su contratante. Se exceptúan de esta disposición aquellos eventos de caso fortuito y/o fuerza mayor.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Los propietarios de los automotores deberán dejar estacionados los mismos con las debidas medidas de seguridad. En ningún caso la administración de un estacionamiento estará en la obligación de asumir responsabilidad por dinero en efectivo u otros valores al portador o bienes dejados dentro del automotor. Los dueños de los estacionamientos y las empresas de vigilancia deberán brindar al cliente que ha sido objeto de robo, la colaboración necesaria para determinar de ser posible el momento y quienes participaron en este delito, incluyendo cualquier video o declaración testifical. Los propietarios de los automotores afectados podrán demandar por daños y perjuicios en la vía judicial.

Art. 84 De los servicios básicos.

Cualquier consumidor y/o usuario, residente dentro de la zona de operación de una de las empresas que suministran servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía básica y correo, está en el derecho de exigirle a la empresa prestadora del servicio y al Ente Regulador correspondiente, que se le garantice el servicio respectivo siempre que existan condiciones técnicas y previo cumplimiento de los requisitos y regulaciones legales propias del servicio.

Art. 85 De los servicios funerarios.

Los proveedores de servicios funerarios para llevar a cabo sus actividades deberán contar con licencias, permisos o autorizaciones emitidas por las autoridades correspondientes. La DIPRODEC emitirá las normativas correspondientes para los proveedores de estos servicios.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Los proveedores de servicios funerarios, estarán obligados antes de la firma del contrato, a informar a los consumidores y/o usuarios sobre los paquetes de bienes y servicios que ofrecen, detallando las características y los precios de los mismos; los cuales serán parte integrante del contrato.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

En el caso particular de los proveedores de servicios funerarios que ofrezcan bienes y/o servicios a futuro, deberán contratar de manera obligatoria una garantía bancaria y/o seguro de garantía para responder por el cumplimiento de sus obligaciones a fin de salvaguardar los intereses económicos de los usuarios de estos servicios.

Art. 86 De los contratos de servicios funerarios.

Toda operación comercial relacionada con la prestación de servicios funerarios deberá formalizarse en contrato que cumpla con las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Hasta aquí el Capítulo XII, del Título Segundo.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el Capítulo XII.
Observaciones al artículo 74.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 75.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 76.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 77.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 78.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 79.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 80.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 81.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 82.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 83.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 84.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 85.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 86.
Tampoco hay observaciones.
A votación el Capítulo XII.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
62 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 0 presentes. Se aprueba el Capítulo XII del Título 2 con todos sus artículos.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

TITULO III
CAPITULO I
Del Órgano, Instancia Consultiva y Asociaciones de Consumidores y/o
Usuarios.

Art. 87 Del Órgano rector.

El Órgano Rector de la protección de los derechos de consumidores y/o usuarios es el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), a través de la DIPRODEC.

Art. 88 Del órgano de aplicación de la ley.

Crease la Dirección Nacional de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios (DIPRODEC), dependiente de la Dirección Superior del MIFIC, como Instancia encargada de velar y cumplir lo establecido en la presente Ley,

(hasta aquí lee la Secretaria)

su Reglamento y demás disposiciones. Esta Dirección es sucesora sin solución de continuidad de la Dirección de Defensa del Consumidor creada en el artículo 115 del Reglamento a la Ley 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, según Decreto No. 71-98, Gaceta No.205 del 30 de octubre de 1998.

El Ministro de Fomento, Industria y Comercio nombrará al Director General de la Dirección Nacional de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios, una vez entrada en vigencia la presente ley.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

El reglamento de la presente ley desarrollará las funciones del Director General y Directores Territoriales de la Dirección Nacional de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios.

En el caso de los servicios públicos de telecomunicaciones, energía eléctrica, suministro de agua potable y alcantarillado sanitario, con legislación específica, la aplicación de la presente Ley y su Reglamento corresponden al ente regulador.

En materia de servicios financieros, corresponderá a la SIBOIF y CONAMI la aplicación de lo preceptuado en la presente ley,

(hasta aquí lee la Secretaria)

así como al INFOCOOP por la atención de reclamos de usuarios de los servicios financieros de instituciones cooperativas que no están registradas ante la CONAMI, y al MIFIC en los casos de los reclamos de usuarios de servicios financieros no regulados por ninguno de los anteriores Entes Reguladores.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Por ministerio de la presente ley, todos los entes reguladores existentes y demás instituciones públicas deben crear las estructuras organizativas de atención de consultas, denuncias y reclamos que presenten los consumidores y/o usuarios, en un plazo de noventa (90) días calendario a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Cada Ente Regulador y demás instituciones públicas, adecuarán o crearán sus respectivas normativas.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Los Entes Reguladores y demás instituciones públicas, que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley ya tengan oficinas de atención a consumidores y/o usuarios, las reforzarán, con el fin de resolver de la manera más ágil y expedita las consultas, denuncias y reclamos que presenten los mismos.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Cuando la DIPRODEC, requiera de la colaboración de otras instituciones para la efectiva protección de los derechos de consumidores, estas deberán proporcionarle la información necesaria.

Art. 89 Representación territorial.

El MIFIC creará oficinas en las cabeceras departamentales, a excepción de Managua y una oficina en cada una de las Regiones Autónomas respectivamente, de la Dirección Nacional de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios, con el fin de descentralizar la atención

(hasta aquí lee la Secretaria)

a los consumidores y/o usuarios a nivel nacional. Para tal efecto, se podrán firmar convenios interinstitucionales de coordinación y colaboración administrativa con instituciones gubernamentales, gobiernos municipales y los consejos regionales en su caso, a fin de acercar el servicio a la población.

El funcionamiento y procedimientos de coordinación de trabajo con la Dirección Nacional de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios, ubicada en Managua, se definirán en el reglamento de la presente ley.

(hasta aquí lee la Secretaria)

Las oficinas territoriales de la Dirección Nacional de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios se subordinarán administrativamente a la Dirección General con sede en Managua.

Art. 90 Funciones de la Dirección Nacional de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios.

Son funciones de la DIPRODEC, las siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento y las normativas

(hasta aquí lee la Secretaria)

correspondientes en todos los casos que no exista el Ente Regulador.

Conocer, tramitar y resolver de reclamos y denuncias

(hasta aquí lee la Secretaria)

que interpongan los consumidores y/o usuarios en contra de los proveedores de bienes y servicios, aplicando sanciones, cuando corresponda.

Realizar inspecciones a los proveedores a través de sus funcionarios debidamente acreditados.

(hasta aquí lee la Secretaria)

Estas inspecciones podrán ser realizadas de oficio, por reclamo, denuncia de los consumidores y/o usuarios.

4. Efectuar el retiro, retención temporal o destrucción de bienes vencidos o que no cumplan con las normas técnicas

(hasta aquí lee la Secretaria)

de obligatorio cumplimiento, esto podrá realizarse en coordinación y apoyo con las instituciones vinculadas a la materia.

Ordenar la reparación, reemplazo o devolución de las sumas pagadas

(hasta aquí lee la Secretaria)

por bienes deficientes o defectuosos, según sea el caso.

Recopilar, elaborar, procesar, divulgar y publicar información para facilitar a los consumidores

(hasta aquí lee la Secretaria)

y/o usuarios un mejor conocimiento de las características de los bienes o servicios, precios, condiciones de compra, calidad y otras materias de interés para los consumidores y/o usuarios.

Promover, realizar e implementar programas de educación, capacitación, asesoría y orientación

(hasta aquí lee la Secretaria)

en materia de derecho de consumidores y usuarios; asimismo promover estudios e investigaciones sobre los efectos o daños en la salud de las personas que provoca el consumo de algunos productos.

Apoyar a las instituciones educativas, tales como el MINED, INATEC, Universidades, entre otros

(hasta aquí lee la Secretaria)

en la formulación de programas educativos sobre los derechos de los consumidores y usuarios.

9. Elaborar los procedimientos administrativos necesarios para el desarrollo de sus funciones

(hasta aquí lee la Secretaria)

a través de las normas de cumplimiento correspondientes.

10.

Revisar de oficio las condiciones generales de los contratos por adhesión de proveedores

(hasta aquí lee la Secretaria)

y ordenar su corrección, cuando así sea necesario.

11.

Velar por el cumplimiento del control de precios de aquellos productos que por circunstancias excepcionales en virtud de la Ley estén sometidos a dicho control.

12.

Llevar registro de las Asociaciones de Consumidores

(hasta aquí lee la Secretaria)

y/o Usuarios legalmente constituidas.

13.

Proponer al Ministro de Fomento, Industria y Comercio para su respectiva aprobación, las normativas técnicas

(hasta aquí lee la Secretaria)

para los sectores que le corresponda regular por el mandato de la presente ley.

14. Suscribir convenios de cooperación, alerta temprana

(hasta aquí lee la Secretaria)

y/o prevención con organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.

15.

Evacuar consultas sobre temas relativos de su competencia.

16.

Todas las demás funciones complementarias para el logro de sus objetivos.

Art. 91 Creación del Consejo Interinstitucional para la Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

Créase el Consejo Interinstitucional para la Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, como instancia consultiva de representación de los consumidores y usuarios.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

El Consejo se reunirá al menos 3 veces al año de manera ordinaria y en situaciones extraordinarias que así lo ameriten, a solicitud de la mayoría de sus integrantes. El reglamento de la presente ley normará el funcionamiento del mismo.

Art. 92 Integración del Consejo.

El Consejo estará integrado permanentemente por un funcionario(a) propietario y un funcionario (a) suplente que tomará su lugar en caso de no poder asistir a las sesiones, designado y acreditado por escrito por la máxima autoridad de cada una de las instituciones y organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores y/o usuarios señaladas a continuación:

El Ministro de Fomento, Industria y Comercio quien lo presidirá,

(hasta aquí lee la Secretaria)

o en su defecto por delegación de éste, el Director General de la DIPRODEC.

Un representante del Ministerio Agropecuario y Forestal.

Un representante del Ministerio de Salud.

Un representante del Ministerio de Educación.

Un representante del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.

Un representante del Ministerio de la Mujer.

Un representante del Ministerio de la Juventud.

Un representante de cada uno de los Consejos Regionales de la Costa Atlántica.

Un representante del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

10.

Un representante del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA).

11. Un representante de la Asociación de Municipios de Nicaragua.

12.

Dos representantes de las Asociaciones de Consumidores

(hasta aquí lee la Secretaria)

y/o Usuarios, legalmente constituidas, seleccionados dentro de sus gremios.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A ver diputados y diputadas, atención por favor.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:

13.

Un representante del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP),

(hasta aquí lee la Secretaria)

seleccionado del seno de sus organizaciones.

14.

Un representante del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME).

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Así mismo, un representante de la Corporación Municipal de los Mercados de Managua participará de manera permanente con carácter de invitado en las sesiones del Consejo.

El Consejo cuando lo estime conveniente, tendrá la potestad de convocar a otras instituciones públicas o privadas y organizaciones competentes en materia a tratar en las comisiones y sesiones de trabajo, como integrantes ad hoc.

Art. 93 Atribuciones del Consejo

Sin perjuicio de las demás atribuciones necesarias para su funcionamiento que se desarrollen en el Reglamento de la presente ley, el Consejo tendrá las siguientes:

Elaborar y proponer al MIFIC las políticas públicas y programas dirigidos a la protección y defensa de los derechos de consumidores y/o usuarios.

Servir como ente de consulta en materia de políticas públicas

(hasta aquí lee la Secretaria)

y acciones nacionales e internacionales a favor de los consumidores y usuarios.

Asesorar a la DIPRODEC

(hasta aquí lee la Secretaria)

sobre los temas específicos relacionados a problemáticas existentes en la reivindicación de los derechos de consumidores y/o usuarios.

Promover y facilitar la participación activa de las organizaciones en pro de la defensa de los derechos de consumidores y usuarios

(hasta aquí lee la Secretaria)

en los procesos de formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas y programas nacionales y locales dirigidos a asegurar la plena defensa de los derechos de consumidores y usuarios en Nicaragua.

Conocer de parte de las instituciones y organizaciones miembros del Consejo, sobre los avances de la implementación de programas y proyectos a favor de los consumidores

(hasta aquí lee la Secretaria)

y/o usuarios, así como las actualizaciones de las normativas y demás resoluciones administrativas aprobadas por cada autoridad competente según la materia.

Solicitar a los Entes Reguladores informes periódicos,

(hasta aquí lee la Secretaria)

sobre los avances en la aplicación de la presente ley y, en particular, las estadísticas de los casos atendidos y resueltos que fueron interpuestos por los consumidores y/o usuarios ante estas instancias.

Instalar las comisiones internas de trabajo por sectores involucrados.

Art. 94 Funciones de las Asociaciones de Consumidores y/o Usuarios.

Las Asociaciones de Consumidores y/o Usuarios tienen, entre otras, las siguientes funciones:

Promover y defender los derechos de los consumidores

(hasta aquí lee la Secretaria)

y/o usuarios.

2. Asesorar y brindar acompañamiento gratuito

(hasta aquí lee la Secretaria)

en relación a los intereses individuales o colectivos de los consumidores y/o usuarios ante los proveedores, autoridades administrativas o judiciales, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones pertinentes.

3. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva en relación a la calidad, precios y otros aspectos de interés relacionados

(hasta aquí lee la Secretaria)

a los bienes y servicios ofertados en el mercado y las políticas gubernamentales implementadas en materia de derechos de consumidores y/o usuarios.

Ofrecer programas de capacitación

(hasta aquí lee la Secretaria)

sobre el contenido de las disposiciones legales en materia de defensa de los consumidores y/o usuarios,

5. Promoverlos principios de consumo responsable y sostenible,

(hasta aquí lee la Secretaria)

educando a los consumidores y/o usuarios sobre la importancia del cuido de medio ambiente.

6. Participar a través de los representantes del gremio en las reuniones periódicas del Consejo.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Las demás que se desarrollen en el Reglamento de la presente ley.

Art. 95 Legitimación activa de las Asociaciones de Consumidores.

Tendrán legitimación activa para la representación de intereses colectivos o difusos, ante las instancias administrativas o judiciales, aquellas asociaciones registradas ante la DIPRODEC.

(hasta aquí lee la Secretaria)

Los requisitos para el registro de éstas asociaciones se desarrollarán en el reglamento de la presente ley.

Art. 96 De los recursos económicos.

Las Asociaciones de Consumidores y/o Usuarios con representación nacional y registrada ante la DIPRODEC, podrán recibir recursos económicos de parte del Estado o de otras organizaciones o instituciones, sean éstas nacionales o extranjeras,

(hasta aquí lee la Secretaria)

todo con el fin de coadyuvar el cumplimiento de sus fines y objetivos.

Art. 97 Restricción de acceso a los recursos económicos por parte del Estado.

No podrán ser beneficiados con asignación de recursos del erario público, las Asociaciones de Consumidores y/o Usuarios que incurran en alguna de las siguientes circunstancias:

1. Incluir como asociados a personas jurídicas que persigan fines de lucro.

Percibir ayudas económicas o subvenciones de las empresas o agrupaciones de empresas que suministren bienes, productos o servicios a los consumidores y/o usuarios.

3. Realizar publicidad comercial y no meramente informativa de bienes, productos o servicios.

Cobrar por las asesorías o acompañamiento a los consumidores y/o usuarios.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

La DIPRODEC será la institución encargada de verificar e informar a las autoridades respectivas sobre la ocurrencia de tales circunstancias.

Art. 98 De la violación a las disposiciones de la presente ley.

En caso que las Asociaciones de consumidores y/o usuarios infrinjan cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente ley, las contenidas en la Ley No. 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, publicada al La Gaceta, Diario Oficial No.109 del 29 de mayo de 1992 y sus correspondientes reglamentos, la DIPRODEC informará al Ministerio de Gobernación y la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional para lo de su cargo.

Hasta aquí el Capítulo I.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el Capítulo I del Título III.
Observaciones al artículo 87.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 88.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 89.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 90.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 91.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 92.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 93.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 94.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 95.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 96.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 97.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 98.
No hay observaciones al artículo.
A votación el Capítulo I del Título III.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
60 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención, 1 presente. Se aprueba el Capítulo I del título III.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVIDEZ:

CAPITULO II
Del Procedimiento Administrativo

Art. 99 Ámbito de aplicación del procedimiento.

Las disposiciones del presente Capítulo serán aplicables únicamente a los casos que se encuentren en el ámbito de aplicación de la DIPRODEC.

Art. 100 Reclamos ante el proveedor y la DIPRODEC.

Todo reclamo ante los proveedores debe elaborarse por escrito o por otro medio comprobable.

El plazo para presentar reclamos ante el proveedor es de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la recepción del bien, servicio o factura correspondiente, según sea el caso.

El proveedor contara con 10 (diez) días hábiles para resolver el reclamo correspondiente.

El consumidor y/o usuario podrá reclamar ante la DIPRODEC en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles luego de haber recibido la resolución por parte de su proveedor o habiendo transcurrido el plazo sin recibir respuesta.

Art. 101 De la investigación e instrucción del expediente

Las denuncias o reclamos pueden ser presentados por los consumidores y/o usuarios afectados o por sus representantes debidamente acreditados.

Cuando la DIPRODEC tenga conocimiento de cualquier infracción a la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones conexas, por reclamo, denuncia u oficio, iniciará la investigación e instrucción del expediente de conformidad al procedimiento administrativo establecido en la presente ley y su reglamento.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

La DIPRODEC creará el formato para las solicitudes de denuncias o reclamos que presenten los consumidores y/o usuarios. Dicho formato estará disponible en el sitio web o en físico en sus instalaciones.

SEGUNDA SECRETARIA LORIA RAQUEL DIXON BRAUTIGAM:
Art. 102 Causales de improcedencia

La DIPRODEC rechazará de oficio los reclamos o denuncias presentados, o se separará de su conocimiento cuando:

1. No sean de su competencia, de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento, incluidas aquellas denuncias o reclamos presentados ante la DIPRODEC contra proveedores cuyos entes reguladores estén facultados para conocer.

2. Sean presentadas fuera de los plazos establecidos por la presente Ley y su Reglamento.

3. No se hubiese efectuado un reclamo previo ante el proveedor, de conformidad a la presente ley.

Art. 103 De las omisiones en los reclamos.

Si el reclamo no cumple los requisitos que se definen en la presente ley y su reglamento, la DIPRODEC, requerirá al reclamante en el acto, para que éste llene dichas omisiones en el plazo de tres (3) días hábiles. En caso de no cumplir con este requerimiento, se cerrará el caso y se archivará la diligencia.

Art. 104 De la audiencia de trámite conciliatorio y notificación del reclamo.

Admitido el reclamo, la DIPRODEC en un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles, notificará a ambas partes sobre el mismo y les citará para que asistan al trámite conciliatorio al cuarto (4) día hábil.

De no llegarse a acuerdo por cualquier motivo en el trámite conciliatorio, la DIPRODEC notificará al proveedor para que conteste el reclamo en un plazo de cuatro (4) días hábiles,

(hasta aquí lee la Secretaria)

más el término de la distancia. En caso que el proveedor no conteste el reclamo, la DIPRODEC resolverá lo que en derecho corresponda.

Art. 105 De los acuerdos convenidos en el trámite conciliatorio

Los acuerdos a que llegaren las partes en el trámite conciliatorio producirán los mismos efectos que las resoluciones firmes y se cumplirán de la misma forma.

Estos acuerdos serán irrecurribles

. (Este párrafo no lo lee la secretaria)

La certificación de los acuerdos alcanzados en el tramite conciliatorio prestaran mérito ejecutivo y podrán ser interpuestos por la vía judicial cuando una de las partes no cumpla.

Art. 106 De la denuncia.

Admitida la denuncia, la DIPRODEC investigará el caso y a más tardar al quinto día hábil, la notificará al proveedor denunciado y lo citará hasta por dos veces, para que alegue lo que tenga a bien a más tardar al tercer (3) día hábil.

(hasta aquí lee la Secretaria)

Si el proveedor denunciado no presentase ningún alegato oponiéndose o negando la denuncia, la DIPRODEC dictará la Resolución que en derecho corresponda. En caso que el proveedor conteste la denuncia, se abrirá prueba conforme lo establecido en la presente ley.

Art 107 De los casos de oficio.

Conocida cualquier infracción a la presente ley, su reglamento y demás leyes de la materia, la DIPRODEC iniciará de oficio la investigación e instrucción del expediente.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

El procedimiento será el mismo que en el caso de denuncias señalado en el artículo anterior.

Art. 108 Del período de pruebas.

Concluido el trámite conciliatorio sin acuerdo entre las partes y habiéndose presentado la contestación del reclamo por parte del proveedor, contestada la denuncia o en los casos de oficio, la DIPRODEC abrirá a pruebas el caso por quince (15) días hábiles.

Cumplido ese plazo, emitirá su resolución en un plazo máximo de diez (10) días hábiles

(hasta aquí lee la Secretaria)

para su posterior notificación.

Art. 109 Tipo de pruebas

Las partes presentarán las pruebas del caso durante el período probatorio, pudiendo la autoridad competente solicitar mayor información a las partes o a terceros, para mejor proveer.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Serán admisibles las pruebas siguientes: documental, pericial, por medios electrónicos, inspección ocular.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

La valoración de las pruebas será considerada conforme el Código de

Procedimiento Civil.

Art. 110 Medidas preventivas

La DIPRODEC podrá ordenar a petición de parte o de oficio la cesación del acto o conducta que presuntamente cause daños a consumidores y usuarios. La DIPRODEC previo a tomar cualquier medida deberá oír al Proveedor, salvo en los casos de riesgos inminentes a la salud humana, a juicio de la autoridad administrativa.

Art. 111 De las resoluciones de la DIPRODEC y demás Entes Reguladores

El infractor deberá hacer efectiva la resolución dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación, caso contrario la DIPRODEC o el Ente Regulador correspondiente, remitirá la certificación al Procurador General de la República para que la haga efectiva por medio de juicio ejecutivo.

(hasta aquí lee la Secretaria)

La certificación de la resolución administrativa prestará mérito ejecutivo.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

El consumidor y/o usuario deberá informar a la DIPRODEC o al Ente Regulador correspondiente del incumplimiento de la resolución administrativa.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

En materia de los derechos de los consumidores y/o usuarios, los proveedores serán sujetos de las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.

En el caso particular de la DIPRODEC, ésta podrá resolver según corresponda:

1. Reparación del bien o bienes objeto del reclamo;

2. Reposición del bien o bienes objeto del reclamo;

3. Devolución de las sumas pagadas;

4. Imposición de multas;

5. Prohibición de continuar con el acto violatorio;

6. Cierre temporal o definitivo;

7. Retiro y destrucción de los bienes que representen riesgo para la salud o incumplan con las normas técnicas de obligatorio cumplimiento vigentes.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

La DIPRODEC o el Ente Regulador correspondiente deberán crear un registro de las resoluciones dictadas manteniendo su orden cronológico.

Art. 112 Recurso de revisión.

De las resoluciones emitidas por la DIPRODEC, las partes que se consideren agraviadas, podrán interponer recurso de revisión dentro de los siguientes tres (3) días hábiles de haberse notificado. El recurso de revisión se interpondrá ante la DIPRODEC, quien pondrá en conocimiento a la parte contraria para que alegue lo que tenga a bien en un plazo de dos (2) días hábiles. La DIPRODEC tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para resolver.

Art. 113 Recurso de apelación.

De las resoluciones emitidas por la DIPRODEC, las partes que se consideren inconformes, podrán interponer recurso de apelación, expresando los agravios pertinentes en el mismo escrito,

(hasta aquí lee la Secretaria)

dentro de los siguientes tres (3) días hábiles de haberse notificado la resolución. Presentado el recurso en tiempo y forma, la DIPRODEC remitirá el expediente al Ministro en un plazo de tres (3) días hábiles, quien pondrá en conocimiento a la parte contraria para que alegue lo que tenga a bien en un plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación respectiva. El ministro, con o sin la contestación de agravio, deberá resolver en un plazo de hasta quince (15) días hábiles.

Art. 114 Caducidad de la instancia administrativa.

De oficio o a solicitud de parte interesada, siempre que el caso tenga por objeto la tutela de un interés o derecho exclusivamente individual, se podrá declarar la caducidad de la instancia y se mandará a cerrar el caso y archivar las diligencias,

(hasta aquí lee la Secretaria)

si en el término de ocho (8) meses en primera instancia y de seis (6) meses en la segunda instancia, el consumidor y/o usuario no impulsa el proceso.

Hasta aquí el Capítulo II.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el Capítulo II del Título III.
Observaciones al artículo 99
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 100.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 101.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 102.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 103.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 104.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 105.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 106.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 107.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 108.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 109.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 110.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 111.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 112.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 113.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 114.
Tampoco hay observaciones.
A votación el Capítulo II con todos sus artículos.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
61 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 1 presente. Se aprueba el Capítulo II, Título III con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVIDEZ:

CAPITULO III
Régimen de Sanciones

Art. 115 Clasificación de las infracciones

Las infracciones a la presente Ley, se clasifican en leves, graves y muy graves.

Art. 116 Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves, las acciones u omisiones siguientes:

No mostrar ni detallar el precio final de los bienes o servicios en la información que se ofrece al consumidor y/o usuario,

(hasta aquí lee la Secretaria)

ni incluirlo en el comprobante de pago que se le entrega al consumidor;

2. Aplicar penalidades al recibir del consumidor y/o usuario pagos parciales o cancelaciones anticipadas de sus obligaciones;

Incluir propina en el precio que se le cobra al consumidor o en el cálculo de la factura,

(hasta aquí lee la Secretaria)

o hacer cualquier alusión a la misma;

Omitir información relevante previo a la contratación de bienes o servicios;

No entregar al consumidor el documento que compruebe la cancelación del crédito otorgado;

Inducir al engaño al consumidor y/o usuario por medio de promociones u ofertas;

No informar al consumidor de forma oportuna y anticipada la inexistencia de repuestos;

No contar con un sistema comprobable de atención de reclamos;

No informar de manera anticipada al consumidor y/o usuario que no ofrece taller de reparación;

10.

No expresar los precios en moneda nacional conforme a lo establecido en la presente ley;

11.

No incluir en los precios todos los impuestos que el consumidor deberá pagar;

12.

No responder al consumidor y/o usuario por los daños que sean causados como consecuencia de transporte, instalación y servicios de reparación;

13.

La inclusión de cláusulas que sin estar enumeradas en la presente ley, lleguen a ser consideradas abusivas a través del proceso pertinente.

Art. 117 Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves, las acciones u omisiones siguientes:

Ofertar por cualquier medio y sin advertirlo al consumidor, bienes usados, dañados o reconstruidos;

Vender bienes o servicios a precios superiores al ofrecido o en su caso,

(hasta aquí lee la Secretaria)

al regulado por ley de la materia;

El incumplimiento de las garantías de uso o funcionamiento,

(hasta aquí lee la Secretaria)

en las condiciones convenidas y las establecidas en esta ley;

El incumplimiento de la obligación de la devolución íntegra de primas, anticipos, reservaciones o cantidades entregadas a cuenta del precio,

(hasta aquí lee la Secretaria)

en caso que el contrato no se llegue a celebrar; o que se haya pactado su devolución una vez cumplido el contrato;

El incumplimiento de la obligación de parte de las urbanizadoras o constructoras a la devolución del cincuenta (50) por ciento otorgado por el consumidor en concepto de reserva, conforme

(hasta aquí lee la Secretaria)

a lo establecido en la presente ley.

(Este párrafo no lo lee la secretaria, reiniciando en el inciso 15)

No entregar los bienes o prestar los servicios de conformidad a los términos y características contratados;

Ofrecer bienes que no cumplan con las normas técnicas obligatorias vigentes;

La difusión de publicidad falsa o engañosa;

Incumplir las condiciones pactadas;

10.

Aplicar un tipo de cambio menor al oficial del día publicado por el Banco Central de Nicaragua, en aquellos casos cuando el consumidor y/o usuario y proveedor de manera voluntaria acuerden el pago por bien o servicio en moneda extranjera;

11.

Cobrar precios en moneda o divisas extranjeras de conformidad a lo establecido en la presente ley;

12.

No entregar gratuitamente la copia del contrato al consumidor y/o usuario;

13.

No responder por los vicios ocultos;

14.

No contar con el seguro obligatorio necesario para el funcionamiento, en el caso de los proveedores que prestan servicios funerarios;

15.

No atender y resolver los reclamos de los consumidores;

16.

Aplicar métodos de cobro abusivos;

17.

Utilizarla información personal del consumidor para fines mercadotécnicos sin su previo consentimiento;

18.

Condicionar la venta de un bien o servicio a la adquisición de otro;

19.

Ofrecer promociones que involucren bienes o servicios en mal estado o deteriorados;

20.

Fijar precios fraccionados para los distintos elementos de un bien o servicio

(hasta aquí lee la Secretaria)

que constituyan una unidad;

21.

Marcar con más de un precio un bien o servicio;

22.

Utilizar el término PROMOCIÓN si esta no existe;

23.

No facilitar a la DIPRODEC las muestras de productos requeridas para la elaboración de análisis de los mismos,

(hasta aquí lee la Secretaria)

durante el proceso de investigación;

24.

No proporcionar la información requerida a la instancia resolutiva;

25.

No permitir u obstaculizar las facultades de inspección y vigilancia de la DIPRODEC;

26.

No entregar a los consumidores los bienes y sus accesorios completos, cuando formen parte integrante del bien o sean indispensables para su funcionamiento óptimo;

27.

Actuar de forma violatoria al principio de igualdad y no discriminación contenido en la presente ley;

28.

Realizar cobros indebidos o adicionales al consumidor o usuario como consecuencia del uso de tarjetas de débito o crédito;

29.

Aplicar cobros en forma de débito automático sin consentimiento previo del consumidor;

30.

No cumplir con las resoluciones dictadas por la DIPRODEC;

31.

La difusión de publicidad abusiva;

32.

Condicionar la contratación a que el consumidor y/o usuario firme en blanco cualquier documento;

33.

La comisión de 3 (tres) faltas leves.

Art. 118 Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones muy graves, las acciones u omisiones siguientes:

Ofrecer al consumidor bienes o productos vencidos o cuya masa, volumen y cualquier otra medida e información especificada en los mismos se encuentre alterada;

El incumplimiento de la obligación de información sobre los productos potencialmente peligrosos o riesgosos para la salud, seguridad, integridad física de los consumidores y lesivos para el medio ambiente;

La afectación de intereses colectivos o difusos;

4. Incumplir con la normativa y legislación vigente en el almacenamiento, comercialización, utilización y transporte de sustancias toxicas;

El acaparamiento de bienes de primera necesidad para la subsistencia humana o especulación abusiva;

Suministrar o vender productos adulterados o falsificados;

Incluir alguna de las cláusulas abusivas enumeradas en la presente ley;

Importar y comercializar a nivel nacional bienes cuyo consumo haya sido declarado nocivo para la salud y prohibido por las autoridades nacionales o del país de origen;

La comisión de 3 (tres) faltas graves.

Art. 119 Criterios para la imposición de las sanciones.

La DIPRODEC, una vez clasificada la falta, al momento de imponer la sanción correspondiente, lo hará en base a los siguientes criterios:

El perjuicio causado al consumidor y/o usuario o daño colectivo;

El carácter intencional de la infracción;

El riesgo potencial de las conductas;

La persistencia en la conducta infractora;

La disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores;

La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes;

La reincidencia de la infracción, exceptuando las infracciones leves cometidas por segunda vez;

El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la comisión de la infracción.

La DIPRODEC, justificará en cada Resolución administrativa los criterios y valoraciones usadas tanto para clasificar la falta, como para imponer la sanción.

Art. 120 Aplicación de sanciones.

Las infracciones a los preceptos de la presente ley, su Reglamento y demás disposiciones conexas, serán sancionadas administrativamente por la DIPRODEC, o por el ente regulador competente sin perjuicio de las demás acciones penales y civiles correspondientes.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Las sanciones de cierre temporal o definitivo del establecimiento, serán aplicadas por la DIPRODEC, y serán recurribles ante el Ministro de Fomento, Industria y Comercio.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

Para la imposición de las multas establecidas en este capítulo, la DIPRODEC, aplicará el criterio de proporcionalidad y gradualidad, en atención a la gravedad de la falta, trascendencia del hecho, antecedentes del infractor y el daño potencial o real causado, por lo cual debe circunscribirse a criterios objetivos para graduar apropiadamente la sanción a imponer.

Art. 121 Multas para infracciones.

Cuando ocurran infracciones leves por primera vez previo a la multa, la autoridad competente resolverá por escrito con la amonestación correspondiente al proveedor

(hasta aquí lee la Secretaria)

infractor, pudiendo ordenar el cese de acciones o de omisiones que violenten los derechos de los consumidores, o que a futuro pudiesen violentarlos.

Las multas de la presente ley se expresarán en unidad de medida, equivalente a la cantidad de salario mínimo nacional promedio del período.

(hasta aquí lee la Secretaria)

En los casos que existan una conducta que a juicio motivado infrinja los preceptos de la presente ley, y no se encuentre establecida en este capítulo, se tendrá como infracción leve.

Cuando de la infracción de esta ley se deriven daños para la salud y seguridad que ejerzan un efecto adverso sobre los consumidores y/o usuarios, deberá aplicarse el máximo de la sanción administrativa.

Art. 122 Multas para las infracciones leves.

Las infracciones leves se sancionarán con multa de 1 (uno) a 100 (cien) unidades de medida.

Art. 123 Multas para las infracciones graves.

Las infracciones graves se sancionarán con multa de 101 (ciento uno) a 250 (doscientos cincuenta) unidades de medida.

Art. 124 Multas para las infracciones muy graves.

Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 251 (doscientos cincuenta y uno) a 550 (quinientos cincuenta) unidades de medida, sin perjuicio que se puedan sancionar con el cierre temporal y en caso de persistir la infracción se procederá con el cierre definitivo.

Cuando el proveedor sea sancionado por afectación a los intereses colectivos o difusos, la cuantía de la multa nunca será inferior al daño causado o a lo cobrado indebidamente a consecuencia de la infracción que se le ha comprobado, sin que pueda exceder de 1000 (un mil) unidades de medida, sin perjuicio de que se le ordene a devolver a los consumidores lo que éstos hubieren pagado indebidamente por el bien o servicio, cuando así sea el caso.

Art. 125 Registro de sanciones y extinción.

La responsabilidad por infracciones y las sanciones establecidas en la presente ley extinguen por el transcurso del plazo de cinco (5) años, los que se contabilizarán a partir de la fecha en que se notificó la infracción, y si se hubiere impuesto alguna sanción.

El plazo de extinción se interrumpe por:

1. La notificación del requerimiento para el cumplimiento de la resolución

(hasta aquí lee la Secretaria)

que determinó la responsabilidad del infractor y la sanción que se le impuso;

Por cualquier acto o gestión escrita de la persona señalada como infractor dentro del expediente administrativo,

(hasta aquí lee la Secretaria)

o cualquier otro tipo de actuación producida por el funcionario o profesional que este investido de fe pública;

La renuncia del infractor a prescripción consumada.

(Este párrafo no lo lee la secretaria)

La DIPRODEC creará un registro de las sanciones impuestas a los proveedores de bienes o servicios y deberán ser publicadas.

Art. 126 Del depósito de las multas.

Las multas en concepto de violaciones a las disposiciones establecidas de la presente ley en perjuicio de los derechos de consumidores y/o usuarios, recaudadas por las autoridades correspondientes establecidas en la presente ley, serán depositadas en la cuenta única del tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Hasta aquí el Capítulo.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el Capítulo III, Título III.
Observaciones al artículo 115.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 116
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 117.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 118.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 119.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 120.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 121.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 122.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 123.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 124.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 125.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 126.
Tampoco hay observaciones.
A votación el Capítulo III Título III.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
62 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 0 presentes. Se aprueba el Capítulo III del Título III con todos sus artículos.

PRIMERA SECRETARIA ALBA PALACIOS BENAVIDEZ:

TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO ÚNICO
Disposiciones Finales

Art. 127 De las causas en proceso.

Las demandas, denuncias y recursos iniciados, antes de la vigencia de la presente Ley, se continuarán tramitando hasta su finalización, conforme el procedimiento con que fueron iniciados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 182, Ley de Defensa de los Consumidores.

Art. 128 De los recursos presupuestarios.

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio planificará e incorporará en su propuesta de presupuesto las partidas económicas necesarias para un adecuado funcionamiento de la Dirección Nacional de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios, garantizando su representación territorial. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público velará por el cumplimiento efectivo de esta disposición.

Art. 129 De la creación del Fondo Especial de la Promoción y Fortalecimiento de los Derechos de los Consumidores y/o Usuarios.

Crease el Fondo Especial de la Promoción y Fortalecimiento de los Derechos de los Consumidores y/o Usuarios, el cual tiene como finalidad exclusiva garantizar la implementación de las disposiciones contenidas en la presente ley y para desarrollar acciones dirigidas a promover y fomentar la cultura de respeto a los derechos de los consumidores y/o usuarios.

Este fondo se formará y desarrollará destinando el cuarenta por ciento (40%) de los recursos provenientes de la aplicación de multas por infracciones cometidas contra las disposiciones de la presente ley y serán integrados al presupuesto ordinario del MIFIC para ser ejecutados exclusivamente para la realización de las acciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo.

Art. 130 Coordinación interinstitucional.

La DIPRODEC podrá coordinar con el Ministerio de Salud, Policía Nacional, Dirección General de Servicios Aduaneros, Ministerio Público y/o cualquier otra institución pública o privada, las acciones destinadas a garantizar la aplicación de la presente ley, reglamento y normativas dictadas en la materia.

Art. 131 De las actuaciones en caso de acaparamiento o especulación abusiva de bienes de primera necesidad.

Cuando exista acaparamiento o especulación abusiva de bienes de primera necesidad para la subsistencia humana, en condiciones de emergencia nacional o desastres, sean éstos naturales o provocados, u otras situaciones que lo ameriten, el MIFIC en coordinación con las instancias públicas competentes, tomará las medidas pertinentes.

Art. 132 De la atención a las personas con discapacidad.

Los proveedores de bienes y servicios atenderán con la debida diligencia y asistencia requerida, a las personas con discapacidad actuando bajo los principios establecidos en la presente ley y la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley No. 763 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 142 del 01 de agosto de 2011, evitando cualquier discriminación y procurando de forma inclusiva el pleno goce de sus derechos económicos y sociales.

Art. 133 De la divulgación de la ley.

La presente ley será traducida en las principales lenguas de la Costa Atlántica de Nicaragua que se hablan en el territorio nacional.

A partir de la publicación de la presente ley, la DIPRODEC, los Entes Reguladores y demás instituciones públicas deberán iniciar la campaña de divulgación permanente sobre las disposiciones contenidas en la presente ley.

Art. 134 De emisión de normativas.

La DIPRODEC, los Entes Reguladores y las demás instituciones públicas, tendrán un plazo (30 días lee la secretaria) de noventa (90) días a partir de la publicación de la presente ley en La Gaceta, Diario Oficial, para la emisión de las normativas y regulaciones correspondientes.

Art. 135 Reforma a la Ley No. 290.

Refórmese el artículo 22 de la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 3 de junio de 1998 y sus reformas, cuyo texto refundido fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 35 del 22 de febrero de 2013, adicionándose el literal “f”, el que se leerá así: “f) Promover el ordenamiento del mercado interno y su eficiencia; defender los derechos del consumidor y/o usuario de bienes y servicios; y organizar, dirigir y supervisar el Sistema Nacional de Normalización, Evaluación de la Conformidad y Metrología.

Art. 136 Derogaciones.

La presente Ley deroga la Ley No.182, Ley de Defensa de los Consumidores, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 213 del 14 de Noviembre de 1994 y su Reglamento, Decreto Legislativo No.2187, publicado en la Gaceta No.169 del 3 de Septiembre de 1999. También se deroga el artículo 146 del Decreto No.25-2006, Reformas y Adiciones al Decreto No. 71-98 Reglamento de la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 91 y 92 del 11 y 12 de Mayo de 2006.

Deróguese el numeral “h” del Artículo 60 de la Ley 495, Ley General de Turismo y numeral 9 del Artículo 71, numeral 2.2 del artículo 74 del reglamento de la Ley General de Turismo, Decreto No. 129-2004, publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 227 del 22 de noviembre de 2004.

Art. 137 Reglamentación de la Ley.

La presente Ley será reglamentada por el Presidente de la República dentro del plazo señalado en el artículo 150, numeral 10) de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Art. 138 Vigencia.

La presente Ley entrará en vigencia noventa (90) días posteriores a su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Hasta aquí el Capítulo Único.

PRESIDENTE RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ:
A discusión el Capítulo Único del Título IV.
Observaciones al artículo 127
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 128.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 129.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 130.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 131.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 132.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 133.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 134.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 135.
Tampoco hay observaciones.
Observaciones al artículo 136.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 137.
No hay observaciones.
Observaciones al artículo 138.
Tampoco hay observaciones.
A votación el Capítulo Único del Título IV.
Se abre la votación.
Se va a cerrar la votación.
Se cierra la votación.
62 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 0 presentes. Se aprueba el Capítulo Único del Título IV y con él se aprueba la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y/o Usuarios.

En vista de que estábamos citados para el día de mañana viernes, para concluir esta Ley y que hemos concluir el día de hoy entonces suspendemos el plenario de mañana y continuamos el plenario de acuerdo al calendario que correspondería el 25 de junio en la Sesión Especial Solemne dedicada al Cincuentenario de Nagarote. Si hay cambios previos a esa fecha les avisaremos con el tiempo correspondiente.

Buenas tardes.

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez.
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino.
Edificio Benjamin Zeledón, 10mo. Piso.
Teléfono Directo: 22768460. Ext.: 227
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