El Gobierno de la República de Nicaragua, y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a quienes en lo sucesivo se les denominará “las Partes”;

DESEANDO fomentar la colaboración mutua en materia de ejecución de sentencias penales;

ESTIMANDO que el objeto de la readaptación de los reos es su incorporación a la vida social, después de que han adquirido buena conducta y realizado actividades de diversa naturaleza en los centros de reclusión, que les permitan actuar de manera consecuente en el entorno de nuestros países;

CONSIDERANDO que para el logro de ese objetivo es conveniente dar a los nacionales que se encuentran privados de su libertad en el extranjero, como resultado de la comisión de un delito, la posibilidad de cumplir la condena dentro de su país, ya que mediante el acercamiento familiar y la posibilidad de vivir conforme a las costumbres de su país, se propicia su reinserción social;

Han convenido lo siguiente:
a) “Estado Trasladante” es el Estado Parte del cual el reo habrá de ser trasladado;

b) “Estado Receptor” es el Estado Parte al que el reo habrá de ser trasladado;

c) “Sentencia” es la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de la libertad o restricción de la misma, ya sea que esta última consista de un régimen de libertad condicional, de condena de ejecución condicional o de otras formas de supervisión sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal alguno contra ella en el Estado Trasladante, y que el término previsto para interponer dicho recurso haya vencido.

d)”Estado Receptor” es el Estado Parte al que el reo habrá de ser trasladado;

c) “Sentencia” es la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de la libertad o restricción de la misma, ya sea que esta última consista de un régimen de libertad condicional, de condena de ejecución condicional o de otras formas de supervisión sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal alguno contra ella en el Estado Trasladante, y que el término previsto para interponer dicho recurso haya vencido;

e) es la persona que en el territorio de uno de los Estados Parte cumple una pena privativa de libertad, con motivo de una resolución que ha causado ejecutoria.
1. Las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de Nicaragua, podrán ser ejecutadas en establecimientos penales de este país o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y de la legislación nicaragüense.

2. Las penas impuestas en Nicaragua a nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser ejecutadas en establecimientos penales de este último país o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y de la legislación mexicana.
Para asegurar el debido cumplimiento de la ejecución de las sentencias penales entre las Partes, los Estados Unidos Mexicanos designan como autoridad coordinadora a la Procuraduría General de la República y la República de Nicaragua designa como autoridad coordinadora al Ministerio de Gobernación, las cuales se encargarán de ejercer todas y cada una de las funciones previstas en el presente Tratado.
El presente Tratado se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

1. Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable sea punible en el Estado Receptor; sin embargo, a tal efecto no se tendrán en cuenta las diferencias de denominación o las que no afecten a la especie misma del tipo del delito.

2. Que el reo sea nacional del Estado Receptor. En el momento de la presentación de la solicitud de traslado, el reo deberá acreditar fehacientemente, con documentos públicos, su condición de nacional del Estado Recepto

3. Que el delito por el cual fue sentenciado el reo no sea de tipo político en el Estado Receptor.

4. Que la sentencia impuesta al reo pueda ser cumplida o ejecutada en el Estado Receptor.

5. Que la sentencia mediante la cual se impuso la sanción en ejecución se encuentre firme y que no exista causa legal alguna que impida la salida del reo del territorio nacional. Se entenderá que existe sentencia firme y definitiva en los términos que señala el Artículo I, inciso c) del presente Tratado. Constituye impedimento para autorizar el traslado, la solicitud de extradición formulada por un tercer Estado, que se encuentre en trámite o que haya sido acordada.

6. Que la situación del reo no sea agravada por el traslado.

7. Que la parte de la pena que faltare por cumplirse al momento de efectuarse la solicitud sea mayor a seis meses.

8. Que la pena que esté cumpliendo el reo tenga una duración determinada en la sentencia condenatoria.

9. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado Receptor.

10. Que el reo otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido informado previamente de las consecuencias legales del mismo.
Las autoridades coordinadoras designadas por las Partes informarán a todo reo nacional de la otra Parte sobre la existencia del Tratado, la posibilidad que le brinda la aplicación del mismo y las consecuencias jurídicas que se derivarían de su traslado. Esta información también podrá ser proporcionada al reo por los agentes consulares de su país.

Las Partes mantendrán informado al reo del trámite de su traslado, así como de las decisiones adoptadas por cualquiera de las Partes respecto de su solicitud de traslado. A tal fin, las Partes facilitarán a las autoridades coordinadoras la información que soliciten.
1. El traslado del reo al Estado Receptor sólo procederá a voluntad expresa del mismo, para lo cual podrá contactar a la autoridad competente del Estado Trasladante, para solicitar que se preparen los antecedentes y estudios del reo.

2. La voluntad del reo de ser trasladado debe ser expresada por escrito.

3. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado impedirá que un reo pueda presentar una solicitud para su traslado ante el Estado Trasladante o en el Estado Receptor.
1. Es potestad discrecional del Estado Trasladante autorizar el traslado y será igualmente facultad discrecional del Estado Receptor aceptarlo.

2. Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante permitirá al Estado Receptor verificar, si lo desea, mediante un funcionario designado por éste, que el reo haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales del mismo.

3. Al tomar la decisión relativa al traslado de un reo, las Partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social; la gravedad del delito; sus antecedentes penales; su estado de salud y los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado Trasladante y en el Estado Receptor.

4. Si el reo solicita su traslado ante la autoridad coordinadora del Estado Trasladante y éste lo considera procedente, transmitirá una solicitud en ese sentido por los canales diplomáticos a la autoridad del Estado Receptor.

5. Si la autoridad del Estado Receptor acepta la solicitud, lo comunicará sin demora al Estado Trasladante e iniciará los procedimientos necesarios para efectuar el traslado del reo. Si no lo acepta, lo hará saber sin demora a la autoridad del Estado Trasladante.

6. Si el reo solicita su traslado ante la autoridad coordinadora del Estado Receptor, éste podrá solicitar a la autoridad coordinadora del Estado Trasladante que se preparen los antecedentes y estudios correspondientes del mismo.

7. Si el Estado Trasladante considera procedente la solicitud de traslado del reo, comunicará dicha resolución al Estado Receptor para que, cumplidas las formalidades internas, se efectúe la entrega de éste.

8. El Estado Trasladante deberá acreditar, si lo solicita el Estado Receptor, que el reo conoce las consecuencias legales que implica el traslado y que otorga libremente su consentimiento para que se lleve a cabo.
1. Cuando el Estado Trasladante no apruebe el traslado de un reo, comunicará su decisión de inmediato al Estado Receptor explicando el motivo de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente. Cuando se modifiquen las condiciones que sirvieron de base a la negativa del traslado, cualquiera de las Partes podrá solicitar de nuevo el traslado del reo.

2. Si después de cumplir su condena el reo trasladado reincide en la comisión de un delito en el territorio del Estado Trasladante, este último podrá negar cualquier solicitud de traslado del reo formulada por el Estado Receptor o por el mismo reo.
1. El Estado Receptor acompañará a la solicitud de traslado:

a) un documento que acredite que el reo es nacional de dicho Estado;

b) una copia certificada de las disposiciones legales de las que resulte que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena constituyen también un delito en el Estado Receptor;

c) información acerca de los factores pertinentes y la probabilidad de que el traslado contribuya a la inserción social de aquél, tomando en cuenta aspectos como la edad, los vínculos de residencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, en el Estado Receptor y

d) información aproximada acerca de cómo se cumplirá la condena en dicho Estado Receptor, especialmente referida a la modalidad y tiempo.

2. El Estado Trasladante acompañará a su solicitud de traslado:

a) una copia certificada de la sentencia, haciendo constar que es firme;

b) una copia certificada de las disposiciones legales aplicables;

c) la indicación de la duración de la pena, el tiempo ya cumplido y el tiempo que deba abonársele por motivos tales como trabajo, buena conducta y prisión o detención preventiva;

d) un documento en el que conste el consentimiento del reo para el traslado, y

e) información sobre la índole y gravedad del delito, los antecedentes penales del reo, las condiciones de salud de éste y cualquier información adicional que pueda ser útil a las autoridades del Estado Receptor.

3. Cualquiera de las Partes podrá, antes de formular una solicitud de traslado, solicitar a la otra Parte los documentos e informaciones a que se refieren los numerales 1 y 2 de este Artículo.
1. Aprobado el traslado, las Partes convendrán el lugar y la fecha de la entrega del reo y la forma como se hará efectiva. El Estado Receptor será el responsable de la custodia y transporte del reo desde el momento de la entrega.

2. Todos los gastos relacionados con el traslado del reo hasta la entrega para su custodia al Estado Receptor serán por cuenta del Estado Trasladante.

3. El Estado Receptor se hará cargo de los gastos de traslado desde el momento en que el reo quede bajo su custodia.

4. El Estado Trasladante no tendrá derecho a reembolso alguno por los gastos efectuados con motivo del cumplimiento de la ejecución de la condena del reo.
El Estado Trasladante mantendrá la jurisdicción exclusiva con referencia a las sentencias impuestas y cualesquiera procedimientos que involucren revisión, modificación o anulación de las sentencias impuestas por sus tribunales de justicia. En consecuencia, el Estado Receptor, al recibir una notificación del Estado Trasladante de cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas que correspondan, conforme a dicho aviso.

El Estado Trasladante conservará la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia al reo. El Estado Receptor, al recibir notificación de cualquier decisión al respecto, deberá instrumentar de inmediato las medidas correspondientes
1. El cumplimiento de la sentencia de un reo se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado Receptor incluyendo la aplicación de toda disposición relativa a la reducción del periodo de prisión por medio de libertad vigilada, libertad condicional o cualquier otra forma alternativa a la prisión.

2. Ninguna pena de prisión será ejecutada por el Estado Receptor, de tal modo que prolongue la duración de la pena más allá de la fecha en que quedaría cumplida, de acuerdo con la sentencia del Estado Trasladante.

3. Las autoridades coordinadoras de las Partes intercambiarán cada seis meses informes sobre la situación que guarda la ejecución de las sentencias de todas las personas trasladadas conforme al presente Tratado, incluyendo, en particular, los relativos a beneficios al reo de acuerdo con la legislación interna de cada Parte. Las Partes podrán solicitar, en todo momento, un informe especial sobre la situación que guarde la ejecución de una sentencia individual.

4. Un reo entregado para la ejecución de una sentencia conforme al presente Tratado no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado en el Estado Receptor por el mismo delito que motivó la sentencia a ser ejecutada, ni tampoco se podrá convertir la pena en una sanción pecuniaria. El Estado Receptor no ejecutará acción penal en contra del reo por cualquier delito respecto del cual el ejercicio de la acción penal no sería posible, conforme a las leyes de ese Estado

5. El que un reo haya sido trasladado conforme a lo establecido en este Tratado, no afectará sus derechos civiles en el Estado Receptor, más allá de lo que pudiera afectarlo, conforme a las leyes del Estado Receptor, por el hecho mismo de haber sido objeto de una condena en el Estado Trasladante.
1. El presente Tratado también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u otras medidas de acuerdo con las leyes de cualquiera de las Partes relacionadas con infractores menores de edad, siempre que se demuestre la conveniencia del traslado para fines de readaptación. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien esté legalmente facultado para otorgarlo.

2. Si así lo acordaren las Partes y a efecto de su tratamiento en el Estado Receptor, el presente Tratado podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad competente hubiera declarado inimputables. Las Partes acordarán, de conformidad con su derecho interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente esté facultado para otorgarlo.

3. Por acuerdo especial entre las Partes y por razones humanitarias, los reos de quienes se haya comprobado plenamente que sufren una enfermedad que se encuentre en fase terminal, o sean de edad muy avanzada, podrán ser trasladados para su tratamiento a instituciones del país de su nacionalidad.

4. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las Partes pueden tener para conceder o negar el traslado del reo.
En caso de que algún reo haya utilizado documentación falsa de un nacional del Estado Receptor, para obtener el traslado hacia el territorio de una de las Partes, la autoridad coordinadora de ese Estado realizará los ajustes necesarios para que el reo retorne al Estado Trasladante y termine de cumplir su condena conforme a la sentencia que le fue impuesta, sujetándose a las consecuencias jurídicas que se originen de su conducta.
Si el reo, al ser trasladado, tuviera que atravesar el territorio de un tercer Estado, éste deberá ser notificado mediante envío de la resolución que concedió el traslado por el Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo. En tales casos, el Estado de Tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso del reo por su territorio.

Cuando el tercer Estado sea Parte de la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Sentencias Penales en el Extranjero, adoptada en Managua, el 9 de junio de 1993 y que no haya formulado una reserva al respecto, no será necesaria la notificación cuando se haga uso de los medios de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje en el territorio del país de tránsito que se vaya a sobrevolar.
Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Tratado.
Este Tratado será aplicable al cumplimiento de sentencias dictadas con anterioridad o con posterioridad a su entrada en vigor, siempre que favorezca al reo.
1. El presente Tratado entrará en vigor a la fecha de recepción de la última Nota diplomática por la que las Partes se comuniquen haber cumplido los requisitos constitucionales respectivos.

2. Este Tratado tendrá una duración indefinida y cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva sesenta días después de haberse efectuado dicha notificación.

Firmado en la Ciudad de México, el catorce de febrero de dos mil, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la Por el Gobierno de los Estados
República de Nicaragua Unidos Mexicanos
Eduardo Montealegre R. Rosario Green
Ministro de Relaciones Exteriores Secretaria de Relaciones Exteriores

Que la Asamblea Nacional recibió el Proyecto de Decreto de Aprobación del Tratado entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos Sobre Ejecución de Sentencias Penales, el día diecisiete de Marzo de dos mil, para su aprobación, de acuerdo a lo establecido en el numeral 12 del artículo 138 de la Constitución Política, de conformidad con la razón de recibido puesta en la nota de remisión de dicha iniciativa.

Que la atribución concedida en nuestra Carta Magna a la Asamblea Nacional de aprobar o rechazar los convenios, se le ha otorgado con el fin de garantizar al país que los compromisos internacionales sean debatidos públicamente por las principales fuerzas políticas, económicas y sociales de la nación representadas en ese Poder del Estado.
Que ha transcurrido el plazo señalado en la Constitución Política, sin que la Asamblea Nacional haya aprobado o rechazado el Proyecto de Decreto de Aprobación del Tratado entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos Sobre Ejecución de Sentencias Penales.

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,
El siguiente
Artículo 1.- Se da por aprobado el Tratado entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos Sobre Ejecución de Sentencias Penales.

Artículo 2.- Ratifícase en todas y cada una de sus partes el Tratado entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos Sobre Ejecución de Sentencias Penales.

Artículo 3.- Expedir el correspondiente Instrumento de Ratificación para su depósito en las oficinas correspondientes.

Artículo 4.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el cuatro de Septiembre del año dos mil. ARNOLDO ALEMÁN LACAYO, Presidente de la República de Nicaragua.

Decreto Ejecutivo N°. 83-2000, Ratifícase el Tratado entre el Gobierno de Nicaragua y los Estados Unidos Mexicanos Ejecución de Sentencias Penales.