El día treinta de Abril de mil novecientos cuarenta y ocho, los Delegados Plenipotenciarios de Nicaragua a la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, suscribieron el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado también Pacto de Bogotá, cuyo texto es el siguiente:

En nombre de sus pueblos, los Gobiernos representados en la IX Conferencia Internacional Americana, han resuelto, en cumplimiento del artículo XXIII de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, celebrar el siguiente Tratado:

Artículo I.- Las Altas Partes Contratantes, reafirmando solemnemente sus compromisos contraídos por anteriores convenciones y declaraciones internacionales así como por La Carta de las Naciones Unidas, convienen en abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para el arreglo de sus controversias y en recurrir en todo tiempo a procedimientos pacíficos.

Artículo II.- Las Altas Partes Contratantes reconocen la obligación de resolver las controversias internacionales por los procedimientos pacíficos regionales antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En consecuencia, en caso de que entre dos o más Estados signatarios se suscite una controversia que, en opinión de las partes, no pueda ser resuelta por negociaciones directas a través de los medios diplomáticos usuales, las partes se comprometen a hacer uso de los procedimientos establecidos en este Tratado en la forma y condiciones previstas en los artículos siguientes, o bien de los procedimientos especiales que, a su juicio, les permitan llegar a una solución.

Artículo III.- El orden de los procedimientos pacíficos establecidos en el presente Tratado no significa que las partes no pueden recurrir al que consideren más apropiado en cada caso, ni que deban seguirlos todos, ni que exista, salvo disposición expresa al respecto, prelación entre ellos.

Artículo IV.- Iniciado uno de los procedimiento pacíficos, sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél.

Artículo V.- Dichos procedimientos no podrán aplicarse a las materias que por su esencia son de la jurisdicción interna del Estado. Si las partes no estuvieren de acuerdo en que la controversia se refiere a un asunto de jurisdicción interna, a solicitud de cualquiera de ellas esta cuestión previa será sometida a la decisión de la Corte Internacional de Justicia.

Artículo VI.- Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglos de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto.

Artículo VII.- Las Altas Partes Contratantes se obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacionales, ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional, cuando dichos nacionales hayan tenido expedidos los medios para acudir a los tribunales domésticos competentes del Estado respectivo.

Artículo VIII.- El recurso a los medios pacíficos de solución de las controversias, o la recomendación de su empleo, no podrán ser motivo, en caso de ataque armado, para retardar el ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, previsto en la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo IX.- El procedimiento de los Buenos Oficios consiste en la gestión de uno o más Gobiernos Americanos o de uno o más ciudadanos eminentes de cualquier Estado Americano, ajenos a la controversia, en el sentido de aproximar a las partes, proporcionándoles la posibilidad de que encuentren directamente una solución adecuada.

Artículo X.- Una vez que se haya logrado el acercamiento de las partes y que éstas hayan reanudado las negociaciones directas quedará terminada la gestión del Estado o del ciudadano que hubiere ofrecido sus Buenos Oficios o aceptado la invitación a interponerlos; sin embargo, por acuerdo de las partes, podrán aquellos estar presentes en las negociaciones.

Artículo XI.- El Procedimiento de mediación consiste en someter la controversia a unos o más gobiernos americanos, o a uno o más ciudadanos eminentes de cualquier Estado Americano extraños a la controversia. En uno y otro caso el mediador o los mediadores serán escogidos de común acuerdo por las partes.

Artículo XII.- Las funciones del mediador o mediadores consistirán en asistir a las partes en el arreglo de las controversias de la manera más sencilla y directa, evitando formalidades y procurando hallar una solución aceptable. El mediador se abstendrá de hacer informe alguno y, en lo que a él atañe, los procedimientos serán absolutamente confidenciales.

Articulo XIII.- En el caso de que las Altas Partes Contratantes hayan acordado el procedimiento de mediación y no pudieren ponerse de acuerdo en el plazo de dos meses sobre la elección del mediador o mediadores; o si iniciada la mediación, transcurrieren hasta cinco meses sin llegar a la resolución de la controversia, recurrirán sin demora a cualquiera de los otros procedimientos de arreglo pacífico establecidos en este Tratado.

Artículo XIV.- Las Altas Partes Contratantes podrán ofrecer su mediación, bien sea individual o conjuntamente; pero convienen en no hacerlo mientras la controversia esté sujeta a otro de los procedimientos establecidos en el presente Tratado.

Artículo XV.- El procedimiento de investigación y conciliación consiste en someter la controversia a una comisión de investigación y conciliación que será constituida con arreglo a las disposiciones establecidas en los subsecuentes artículos del presente Tratado, y que funcionará dentro de las limitaciones en él señaladas.

Artículo XVI.- La parte que promueve el procedimiento de investigación y conciliación pedirá al Consejo de la Organización de los Estados Americanos que convoque la Comisión de Investigación y Conciliación. El Consejo, por su parte, tomará las providencias inmediatas para convocarla.

Recibida la solicitud para que se convoque la Comisión quedará inmediatamente suspendida la controversia entre las partes y éstas se abstendrán de todo acto que pueda dificultar la conciliación. Con este fin, el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, podrá, a petición de parte mientras esté en trámite la convocatoria de la Comisión, hacerles recomendaciones en dicho sentido.

Artículo XVII.- Las Altas Partes Contratantes podrán nombrar por medio de un acuerdo bilateral que se hará constar en un simple cambio de notas con cada uno de los otros signatarios, dos miembros de la Comisión de Investigación y Conciliación, de los cuales uno sólo podrá ser de su propia nacionalidad. El quinto será elegido inmediatamente de común acuerdo por los ya designados y desempeñará las funciones de Presidente.

Cualquiera de las Partes Contratantes podrá reemplazar a los miembros que hubiere designado, sean éstos nacionales o extranjeros; y en el mismo acto deberá nombrar al sustituto. En caso de no hacerlo la remoción se tendrá por no formulada. Los nombramientos y sustituciones deberán registrarse en la Unión Panamericana que velará porque las comisiones de cinco miembros estén siempre integradas.

Artículo XVIII.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Unión Panamericana formará un Cuadro Permanente de Conciliadores Americanos que será integrada así:

a) Cada una de las Altas Partes Contratantes designará, por períodos de tres años, dos de sus nacionales que gocen de la más alta reputación por su ecuanimidad, competencia y honorabilidad;

b) La Unión Panamericana recabará la aceptación expresa de los candidatos y pondrá los nombres de las personas que le comuniquen su aceptación en el Cuadro de Conciliadores;

c) Los gobiernos podrán en cualquier momento llenar las vacantes que ocurran entre sus designados y nombrarlos nuevamente.

Artículo XIX.- En el caso de que ocurriere una controversia entre dos o más Estados Americanos que no tuvieren constituida la Comisión a que se refiere el artículo XVII, se observará el siguiente procedimiento:

a) Cada parte designará dos miembros elegidos del Cuadro Permanente de Conciliadores Americanos, que no pertenezcan a la nacionalidad del designante;

b) Estos cuatro miembros escogerán a su vez un quinto conciliador extraño a las partes, dentro del Cuadro Permanente;

c) Si dentro del plazo de treinta días después de haber sido notificados de su elección, los cuatro miembros no pudieren ponerse de acuerdo para escoger el quinto, cada uno de ellos formará separadamente la lista de conciliadores, tomándola del Cuadro Permanente en el orden de su preferencia; y después de comparar las listas así formados se declarará electo aquél que primero reúna una mayoría de votos. El elegido ejercerá las funciones de Presidente de la Comisión.

Artículo XX.- El Consejo la Organización de los Estados Americanos al convocar la Comisión de Investigación y Conciliación determinará el lugar donde ésta haya de reunirse. Con posterioridad, la Comisión podrá determinar el lugar o lugares en donde deba funcionar, tomando en consideración las mayores facilidades para la realización de estos trabajos.

Artículo XXI.- Cuando más de dos Estados estén implicados en la misma controversia, los Estados que sostengan iguales puntos de vista serán considerados como una sola la parte. si tuvieren intereses diversos tendrán derecho a aumentar el número de conciliadores con el objeto de que todas las partes tengan igual representación. El Presidente será elegido en la forma establecida en el artículo XIX.

Artículo XXII.- Corresponde a la Comisión de Investigación y Conciliación esclarecer los puntos controvertidos, procurando llevar a las partes un acuerdo en condiciones recíprocamente aceptables. La Comisión promoverá las investigaciones que estimé necesarias sobre los hechos de la controversia, con el propósito de proponer bases aceptables de solución.

Artículo XXIII.- Es deber de las partes facilitar los trabajos de la Comisión y suministrarle de la manera más amplia posible, todos los documentos e informaciones útiles, así como también emplear los medios de que dispongan para permitirle que proceda a citar y oír testigos o peritos y practicar otras diligencias, en sus respectivos territorios y de conformidad con sus leyes.

Artículo XXIV.- Durante los procedimientos ante la Comisión las partes serán representadas por Delegados Plenipotenciarios o por agentes que servirán de intermediarios entre ellas y la Comisión. Las partes y la Comisión podrán recurrir a los servicios de consejeros y expertos técnicos.

Artículo XXV.- La Comisión concluirá sus trabajos dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de su constitución; pero las partes podrán, de común acuerdo, prorrogarlo.

Artículo XXVI.- Si a juicio de las partes de controversia se concretaré exclusivamente a cuestiones de hecho, la Comisión se limitará a la investigación de aquellas y concluirá sus labores con el informe correspondiente.

Artículo XXVII.- Si se obtuviere el acuerdo conciliatorio, el informe final de la Comisión se limitará a reproducir el texto del arreglo alcanzado y se publicará después de su entrega a las partes, salvo que éstas acuerden otra cosa. En caso contrario, el informe final contendrá un resumen de los trabajos efectuados por la Comisión; se entregará a las partes y se publicará después de un plazo de seis meses, a menos que éstos tomaran otra decisión. En ambos eventos, el informe final será adoptado por mayoría de votos.

Artículo XXVIII.- Los informes y conclusiones de la Comisión de Investigación y Conciliación no serán obligatorios para las partes ni en lo relativo a la exposición de los hechos ni en lo concerniente a las situaciones de derecho, y no revestirán otro carácter que el de recomendaciones sometidas a la consideración de las partes para facilitar el arreglo amistoso de la controversia.

Artículo XXIX.- La Comisión de Investigación y Conciliación entregará a cada una de las partes, así como a la unión Panamericana, copias certificadas de las actas de sus trabajos. Estas actas no serán publicadas sino cuando así lo decidan las partes.

Artículo XXX.- Cada uno de los miembros de la Comisión recibirá una compensación pecuniaria cuyo monto será fijado de común acuerdo por las partes. Si éstas no la acordaren, la señalará el Consejo de Organización. Cada uno de los gobiernos pagará sus propios gastos y una parte igual de las expensas comunes de la Comisión, comprendidas en éstas las compensaciones anteriormente previstas.

Artículo XXXI.- De conformidad con el inciso 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras este vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre:

a) La interpretación de un Tratado;

b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;

c) La existencia de todo hecho que fuere establecido, constituiría la violación de una obligación internacional;

d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.

Artículo XXXII.- Cuando el procedimiento de conciliación anteriormente establece conforme a este Tratado o por voluntad de las partes, no llegare a una solución y dichas partes no hubieren convenido en un procedimiento arbitral, cualquiera de ellas tendrá derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia en la forma establecida en el artículo 40 de su Estatuto. La jurisdicción de la Corte quedará obligatoriamente abierta conforme al inciso 1 del artículo 36 del mismo Estatuto.

Artículo XXXIII.- Si las partes no se pusieren de acuerdo acerca de la competencia de la Corte sobre el litigio, la propia Corte decidirá Previamente esta cuestión.

Artículo XXXIV.- Si la Corte se declarare incompetente para conocer de la controversia por los motivos señalados en artículos V, VI y VII de este Tratado, se declarará terminada la controversia

Artículo XXXV.- Si la Corte se declarase incompetente por cualquier otro motivo para conocer y decidir de la controversia, las Altas Partes Contratantes se obligan a someterla a arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo Quinto de este Tratado.

Artículo XXXVI.- En el caso de controversias sometidas al procedimiento judicial a que se refiere este Tratado corresponderá la decisión a la Corte en Pleno , o, si así los citaren las partes, a una Sala Especial conforme el artículo 26 de su Estatuto. Las partes podrán convenir, asimismo, en que conflicto se falle ex - aequo et bono.

Artículo XXXVII.- El procedimiento al que deba ajustarse la Corte será el establecido en su Estatuto.

Artículo XXXVIII.- No obstante lo establecido en el Capítulo Cuarto de este Tratado, las Altas Partes Contratantes tendrán la facultad de someter a arbitraje, si se pusieren de acuerdo en ello, las diferencias de cualquier naturaleza, sean o no jurídicas, que hayan surgido o surgieren en lo sucesivo entre ellas.

Artículo XXXIX.- El Tribunal de Arbitraje, al cual se someterá la controversia en los casos de los artículos XXXV y XXXVIII a este Tratado se constituirá del modo siguiente, a menos existir acuerdo en contrario.

Artículo LX.- (1) Dentro del plazo de dos meses contados desde la notificación de la decisión de la Corte, en el caso previsto en el artículo XXXV, cada una de las partes designará un árbitro de reconocida competencia en las cuestiones de derecho internacional que goce de la más alta consideración moral y comunicará esta designación al Consejo de la Organización. Al propio tiempo presentará al mismo Consejo una lista de diez juristas escogidos entre los que forman la nómina general de los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no pertenezcan a su grupo nacional y que estén dispuestos a aceptar el cargo.

(2) El Consejo de la Organización procederá a integrar, dentro del mes siguiente a la presentación de las listas, el Tribunal de Arbitraje en la forma que a continuación se expresa:

a) Si las listas presentadas por las partes coincidieren en tres nombres, dichas personas constituirán el Tribunal de Arbitraje con las dos designadas directamente por las partes;

b) En el caso en que la coincidencia recaiga en más de tres nombres, se determinarán por sorteo los tres árbitros que hayan de completar el Tribunal;

c) En los eventos previstos en los dos incisos anteriores, los cinco árbitros designados escogerán entre ellos su Presidente;

d) Si hubiere conformidad únicamente sobre dos nombres, dichos candidatos y los dos árbitros seleccionados directamente por las partes, elegirán de común acuerdo el quinto árbitro que presidirá el Tribunal. La elección deberá recaer el algún jurista de la misma nómina general de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no haya sido incluido en las listas formadas por las partes;

e) Si las listas presentaren un sólo nombre común, esta persona formará porte del Tribunal y se sorteará otra entre los 18 juristas restantes en las mencionadas listas. El Presidente será elegido siguiendo el procedimiento establecido en el Inciso anterior;

f) No presentándose ninguna concordancia en las listas, se sortearán sendos árbitros en cada una de ellas; y el quinto árbitro, que actuará como Presidente, será elegido de la manera señalada anteriormente;

g) Si los cuatro árbitros no pudieren ponerse de acuerdo sobre el quinto árbitro dentro del término de un mes contado desde la fecha en que el Consejo de la organización les comunique su nombramiento, cada uno de ellos acomodará separadamente la lista de Juristas en el orden de su preferencia y después de comparar las listas así formadas, se declara elegido aquél que reúna primero una mayoría de votos.

Artículo XLI.- Las partes podrán de común acuerdo constituir el Tribunal en la forma que consideren más conveniente, y aun elegir un árbitro único, designando en tal caso al Jefe de un Estado, a un jurista eminente o a cualquier Tribunal de Justicia en quien tengan mutua confianza.

Artículo XLII.- Cuando más de dos Estados estén implicados en la misma controversia, los Estados que defiendan iguales intereses serán considerados como una sola parte. Si tuvieren intereses opuestos tendrán derecho a aumentar el número de árbitros para que todas las partes tengan igual representación. El Presidente se elegirá en la forma establecida en el artículo XL.

Artículo XLIII.- Las partes celebrarán en cada caso el compromiso que defina claramente la materia específica objeto de la controversia, la sede del Tribunal, las reglas que hayan de observarse en el procedimiento, el plazo dentro del cual haya de pronunciarse el laudo y las demás condiciones que convengan entre sí.

Si no se llegare a un acuerdo sobre el compromiso dentro de tres meses contados desde la fecha de la instalación del Tribunal, el compromiso será formulado, con carácter obligatorio para las partes, por la Corte Internacional de Justicia, mediante el procedimiento sumario.

Artículo XLIV.- Las partes podrán hacerse representar ante el Tribunal Arbitral por las personas que juzguen conveniente designar.

Artículo XLV.- Si una de las partes no hiciere la designación de su árbitro y la presentación de su lista de candidatos, dentro del término previsto en el artículo XL, la otra parte tendrá el derecho de pedir al Consejo de la Organización que constituya el Tribunal de Arbitraje. El Consejo inmediatamente instará a la parte remisa para que cumpla esas obligaciones dentro de un término adicional de quince días, pasado el cual, el propio Consejo integrará el Tribunal en la siguiente forma:

a) Sorteará un nombre de la lista presentada por la parte requirente;

b) Escogerá por mayoría absoluta de votos dos Juristas de la nómina general de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que no pertenezcan al grupo nacional de ninguna de las partes;

c) Las tres personas así designadas, en unión de la seleccionada directamente por la parte requirente, elegirán de la manera prevista en el artículo XL al quinto árbitro que actuará, como Presidente;

d) Instalado el tribunal se seguirá el procedimiento organizado en el artículo XLIII.

Artículo XLVI.- El laudo será motivado, adoptado por mayoría de votos y publicado después de su notificación a las partes. El árbitro o árbitros disidentes podrán dejar testimonio de los fundamentos de su disidencia.

El laudo, debidamente pronunciado y notificado a las partes, decidirá la controversia definitivamente y sin apelación, y recibirá inmediata ejecución.

Artículo XLVII.- Las diferencias que se susciten sobre la interpretación o ejecución del laudo, serán sometidas a la decisión del Tribunal Arbitral que lo dictó.

Artículo XLVIII.- Dentro del año siguiente a su notificación, el laudo será susceptible de revisión ante el mismo Tribunal, a pedido de una de las partes, siempre que se descubriere un hecho anterior a la decisión ignorado del Tribunal y de la parte que solicita la revisión, y además siempre que, a juicio del Tribunal, ese hecho sea capaz de ejercer una influencia decisiva sobre el laudo.

Artículo XLIX.- Cada uno de los miembros del Tribunal recibirá una compensación pecuniaria cuyo monto será fijado de común acuerdo por las partes. Si estas no la convinieren la señalará el Consejo de la Organización. Cada uno de los gobiernos pagará sus propios gastos y una parte igual de las expensas comunes del Tribunal, comprendidas en éstas las compensaciones anteriormente previstas.

Artículo L.- Si una de las Altas Partes Contratantes dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte Internacional de Justicia o un laudo arbitral, la otra o otras partes interesadas, antes de recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promoverá una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a fin de que acuerde las medidas que convenga tomar para que se ejecute la decisión Judicial o arbitral.

Artículo LI.- Las partes Interesadas en la solución de una controversia podrán de común acuerdo, pedir a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que soliciten de la Corte Internacional de Justicia opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica. La petición la harán por intermedio del Consejo de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo LII.- El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Instrumento original será depositado en la Unión Panamericana, que enviará copia certificada auténtica a los gobiernos para ese fin. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos de la Unión Panamericana, que notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. Tal notificación será considerada como canje de ratificaciones.

Artículo LIII.- El presente Tratado entrará en vigencia entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que se deposite sus respectivas ratificaciones.

Artículo LIV.- Cualquier Estado Americano que no sea signatario de este Tratado o que haya hecho reservas al mismo, podrá adherirse a éste o abandonar en todo o en parte, sus reservas, mediante Instrumento oficial dirigido a la Unión Panamericana, que notificara a las otras Altas Partes Contratantes en la forma que aquí se establece.

Artículo LV.- Si alguna de las Altas Partes Contratantes hiciere reservas respecto del presente Tratado, tales reservas se aplicarán en relación con el Estado que las hiciera a todos los Estados signatarios, a título de reciprocidad.

Artículo LVI.- El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, trascurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la transmitirá a las otras Partes Contratantes.

La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.

Artículo LVII.- Este Tratado será registrado en la Secretaria General de las Naciones Unidas por medio de la Unión Panamericana.

Artículo LVIII.- A medida que este Tratado entre en vigencia por las sucesivas ratificaciones de las Altas Partes Contratantes cesarán para ellas los efectos de los siguientes Tratados, Convenios y Protocolos.

Tratados para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos del 3 de Mayo de 1923;

Convención General de Conciliación Interamericano del 5 de Enero de 1929;

Tratado General de Arbitraje Interamericano y Protocolo Adicional de Arbitraje Progresivo del 5 de Enero de 1929;

Protocolo Adicional a la Convención General de Reconciliación Interamericana del 26 de Diciembre de 1933;

Tratado Antibélico de No Agresión y de Conciliación del 10 de Octubre de 1933;

Convención para Coordinar, Ampliar, Asegurar el Cumplimiento de los Tratados Existentes entre los Estados Americanos del 23 de Diciembre de 1936;

Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación del 23 de Diciembre de 1936;

Tratado Relativo a la Prevención de Controversias del 23 de Diciembre de 1936;

Artículo LIX.- Los dispuesto en el Artículo anterior no se aplicará a los procedimientos ya iniciados o pactados conforme a alguno de los referidos instrumentos internacionales.

Artículo LX.- Este Tratado se denominará "PACTO DE BOGOTÁ".

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo depositado sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, firman este Tratado, en nombre de sus respectivos Gobiernos, en las fechas que aparecen al pie de sus firmas.

Hecho en la ciudad de Bogotá, en cuatro textos, respectivamente, en las lenguas española, francesa, inglesa y portuguesa, a los 30 días del mes de abril de mil novecientos cuarenta y ocho.

La Delegación de la República Argentina, al firmar el Tratado Americano de Soluciones Pacificas (Pacto de Bogotá), formula sus reservas sobre los siguientes artículos, a los cuales no adhiere:

1) VII, relativo a la protección de extranjeros.

2) Capítulo Cuarto, (Artículo XXXI a XXXVII). Procedimiento judicial.

3) Capítulo Quinto (Artículo XXXVIII a XLIX). Procedimiento de Arbitraje.

4) Capítulo Sexto (artículo L). Cumplimiento de las decisiones.

El arbitraje y el procedimiento judicial cuentan, como instituciones, con la firma de adhesión de la República de Argentina, pero la Delegación no puede aceptar la forma en que sean reglamentado los procedimientos para su aplicación, ya que a su juicio debieron establecerse solamente para las controversias que se originen en el futuro y que no tengan su origen o relación algunas con causa, situaciones o hechos pre-existentes a la firma de este Instrumento. La ejecución compulsiva de las decisiones arbítrales o judiciales y la limitación que impide a los Estados juzgar por sí mismos acerca de los asuntos que pertenecen a su jurisdicción interna conforme al artículo V, son contrarios a la tradición Argentina. Es también contraria a esa tradición la protección de los extranjeros, que en la República Argentina están amparados en un mismo grado que los nacionales, por la Ley Suprema.
La Delegación de Bolivia formula reserva al artículo VI, pues considera que los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las Partes cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado.

La Delegación del Ecuador al suscribir este Pacto, hace reserva expresa del artículo VI, y, además, de toda disposición que este en pugna o no guarde armonía con los principios proclamados o las estipulaciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas o en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, o en la Constitución de la República del Ecuador.
1.- Los Estados Unidos de América no se comprometen, en caso de conflicto en que se consideren parte agraviad, a someter a la Corte Internacional de Justicia toda controversia que no se considere propiamente dentro de la jurisdicción de la Corte.

2.- El planteo por parte de los Estados Unidos de América de cualquier controversia al arbitraje, a diferencia de arreglo judicial, dependerá de la conclusión de un acuerdo especial entre las partes interesadas.

3.- La aceptación por parte de los Estados Unidos de América de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia como obligatorio ipso facto y sin acuerdo especial tal como se dispone en el Tratado, se halla determinada por otra limitación jurisdiccional o por otra clase de limitación contenidas en toda declaración depositada por los Estados Unidos de América según el artículo 36, párrafo 4, de los Estatutos de la Corte, y que se encuentre en vigor en el momento en que se platee un caso determinado.

4.- El Gobierno de los Estados Unidos de América no puede aceptar el artículo VII relativo a la protección diplomática y al agotamiento de los recursos. Por su parte, el Gobierno de los Estados Unidos mantiene una regla de la protección diplomática, incluyendo la regla del agotamiento de los recursos locales por parte de los extranjeros tal como dispone el derecho internacional.

La Delegación del Paraguay formula la siguiente reserva:

El Paraguay supedita al previo acuerdo de parte del procedimiento arbitral, establecida en este protocolo para toda cuestión no jurídica que afecte a la soberanía nacional, si específicamente convenida en tratados actualmente vigentes.

La Delegación del Perú formulas las siguientes reservas:

1. Reserva a la segunda parte del artículo V porque considera que la jurisdicción interna debe ser definida por el propio Estado.

2. Reserva al artículo XXXIII y a la parte pertinente del artículo XXXIV por considerar que las excepciones de cosa juzgada, resuelta por arreglo de las Partes o regida por acuerdo o tratados vigentes, determinan en virtud de su naturaleza objetiva y perentoria, la exclusión de estos casos de la aplicación de todo procedimiento.

3. Reserva al artículo XXXV en el sentido de que antes del arbitraje puede proceder, a solicitud de parte, la reunión del órgano de Consulta como lo establece la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

4. Reserva al artículo XLV porque estima que el arbitraje constituido sin intervención de parte, se halla en contraposición con sus preceptos constitucionales.

La Delegación de Nicaragua, al dar su aprobación al Tratado Americano de Soluciones Pacificas (Pacto de Bogotá), desea dejar expresa constancia en el Acta, que sin ninguna disposición contenida en dicho Tratado podrá perjudicar la posición que el Gobierno de Nicaragua tenga asumida respecto a sentencias arbítrales cuya validez haya impugnado basándose en los principios del Derecho Internacional, que claramente permiten impugnar fallos arbítrales que se juzguen nulos o viciados. En consecuencia, la firma de la Delegación de Nicaragua en el Tratado de la referencia, no podrá alegarse como aceptación de fallos arbítrales que Nicaragua haya impugnado y cuya validez no este definida.

En esta forma, la Delegación de Nicaragua reitera la manifestación que hizo en fecha 28 de los corrientes, al aprobarse el texto del mencionado Tratado en la Tercera Comisión.

Por Honduras:
M. A. Batres
Ramón E. Cruz
Virgilio R. Galvez.

Por Guatemala:
L. Cardoza y Aragón
Virgilio Rodríguez Beteta
M. Noriega M.
J. L. Mendoza
José M. Saravia.

Por Chile:
J. Hernández
Julio Barrenechea
J. Ramón Gutiérrez
W. Muller
D. Bassi
E. Barros Jarpa
Gaspar Mora Sotomayor
Rodrigo González.

Por los Estados Unidos de América:
Norman Armour
Willard L. Beaulac
Willam D. Pawley
Walter J. Donnelly
Paul C. Daniels

Por Uruguay:
Dardo Regules
Juan F. Guichon
Blanca Mieres de Botto
Carlos Manini Ríos
Nilo Barchesi
Héctor A. Grauert
Gen. Pedro Sicco
R. Piriz Coelho
Pedro Chouhy Terra
José A. Mora
Ariosto D. González.

Por la República Dominicana:
Arturo Despradel
Minerva Bernardino
Temistocles Messina
Joaquin Balaguer
E. Rodríguez Demorizi
Héctor Inchaustegui C.

Por Cuba:
O. Gans y M.
Ernesto Dihigo
Carlos Tabernilla
R. Sarabasa
Guy Pérez Cisneros
E. Pando.

Por Bolivia:
J. Paz Campero
E. Montes y M.
H. Palza
A. Alexander
Humberto Linares.

Por Perú:
A. Revoredo I.
V. A. Belaunde
Luis FernanCisneros
Juan Bautista de Lavalle
G. N. de Aramburu
Luis Echecopar García
E. Rebagliati.

Por Nicaragua:
Luís Manuel Debayle
Guillermo Sevilla Sacasa
Jesús Sánchez
Diego M. Chamorro
Modesto Valle.

Por Paraguay:
Cesar A. Vasconsellos
Augusto Saldivar.

Por Costa Rica:
Emilio Valverde
Rolando Blanco
José Miranda

Por México:
J. Torres Bodet
R. Córdoba
Luís Quintanilla
José M. Ortiz Tirado
P. Campos Ortiz
J. Garostiza
E. Villaseñor
José López B.
M. Sanchez Cuen
G. Ramos Millan
E. Enriquez
Mario de la Cueva
F. A. Ursua.

Por Ecuador:
A. Parra V.
Homero Viteri L.
P. Jaramillo A.
H. García Ortiz
Alberto Puig Arosemena
B. Peralta P.

Por Panamá:
Mario de Diego
Roberto Jiménez
R. J. Alfaro
Eduardo A. Chiari.

Por Brasil:
Joao Neves Da Fontoura
Arthur Ferreira Dos Santos
Gabriel de Rezende Passos
Eimano Gomes Gardim
Joao Enrique Sampaio
Vieira Da Silva
A. Camillo de Oliveira
Jorge Felipe Kafuri
Ernesto de Araujo
Salvador César Obino

Por El Salvador:
Héctor David Castro
H. Escobar Serrano
Joaquín Guillen Rivas
Roberto E. Canessa.

Por la República Argentina:
Enrique Corominas
Pascual La Rosa
Pedro Juan Vignale
Saverio S. Valentt
R. A. Ares

Por Haití:
Gustavo Laraque
J. L. Dejean

Por Venezuela:
Rómulo Betancourt
Luis Lander
José Rafael Pocaterra
Mariano Picon Salas.

Por Colombia:
Eduardo Zuleta Angel
Carlos Lozano y Lozano
Domingo Esguerra
Silvio Villegas
Luís López de Mesa
Jorge Soto del Corral
Carlos Arango Vélez
Miguel Jiménez López
Augusto Ramírez Moreno
Cipriano Restrepo Jaramillo
Antonio Rocha.

El día dos de Mayo de mil novecientos cincuenta, se dictó el siguiente Acuerdo:
Óscar Sevilla Sacasa, Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, en uso de sus facultades,
Primero.- Aprobar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado también Pacto de Bogotá, suscrito por los Delegados de Nicaragua a la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada en la capital de Colombia, el 30 de Abril de 1948.

Segundo.- Someter dicho Tratado a la aprobación del Soberano Congreso Nacional, para los fines constitucionales.

Comuníquese.- Ministerio de Relaciones Exteriores.- Managua, Distrito Nacional, dos de Mayo de mil novecientos cincuenta.- (f) ÓSCAR SEVILLA SACASA.- Oficial Mayor, (f) GUSTAVO AGUILAR CORTÉS.

El día primero de Junio de mil novecientos cincuenta, se emitió la siguiente Ley:
a sus habitantes,
Arto 1o.- Aprobar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado también Pacto de Bogotá, suscrito en la capital de Colombia por los Delegados de Nicaragua a la IX Conferencia Internacional Americana, el 30 de Abril de 1948.

Arto 2o.- Aprobar también el Acuerdo Ejecutivo No. 4, del 2 de Mayo de 1950 sobre el mismo particular.

Arto 3o.- La presente Resolución deberá publicarse en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.- Managua, D. N., Mayo 31 1950.- (f) A. MONTENEGRO, D. P.- (f) P. J. RÍOS NÚÑEZ, D. S. (f) MARIANO VALLE QUINTERO, D. S.

Al poder Ejecutivo: Cámara del Senado, Managua, D. N., 1° de Junio de 1950.- (f) LORENZO GUERRERO, S. P.- (f) SALVADOR CASTILLO, S. S.- (f) GILBERTO MORALES C., S. S.

Por Tanto: Ejecútese.- Casa Presidencial. Managua, D. N., 1° de Junio de 1950.- (f) A. SOMOZA. (L. G. S. N.).- El Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, (f) ÓSCAR SEVILLA SACASA. (L. S).

El día primero de Junio de mil novecientos cincuenta, se emitió el siguiente Decreto:

Primero.- Se ratifican y confirman todos los Artículos de que consta el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado también Pacto de Bogotá, suscrito por los Delegados de Nicaragua a la IX Conferencia Internacional Americana, el 30 de Abril de 1948.

Segundo.- Expídase el correspondiente instrumento de ratificación para su deposito en la Unión Panamericana.

Comuníquese.- Casa Presidencial.- Managua, D. N., 1 de Junio de Junio de 1950.- (f) A. SOMOZA. El Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores (f) OSCAR SEVILLA SACASA.

Expido el presente instrumento de Ratificación, firmado por Mí, sellado con el Gran Sello Nacional y refrendado por el señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, para ser depositado en la Unión Panamericana.

Dado en Casa Presidencial.- Managua, Distrito Nacional, a los veintiún días del mes de Junio de mil novecientos cincuenta.- (f) A. SOMOZA. (L. G. S. N.). El Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores (f) OSCAR SEVILLA SACASA (L.S.)