I. Que es necesario resolver los problemas de acceso al crédito en general para todos los actores de la cadena económica del país, pero sobre todo para los micro, pequeños y medianos productores y empresarios, que demandan instrumentos de garantía más modernos para acceder a fuentes de financiamiento de más largo plazo y menos costo, que les permita financiar sus necesidades de expansión, tecnificación y crecimiento, y lograr insertarse exitosamente y de forma competitiva, en los procesos de globalización económica que se están desarrollando en la región centroamericana.

II. Que la actual legislación mercantil, así como las normas de derecho civil que la complementan, no les permiten a las pequeñas y medianas empresas prestar mejores garantías para obtener créditos bancarios y financiamiento con el respaldo de sus propios recursos y capital de que disponen.

III. Que para fomentar la expansión de las actividades económicas, se hace necesario introducir reformas legislativas que les permitan a los agentes económicos reducir los costos de sus transacciones crediticias y les faciliten sus operaciones de refinanciamiento, mediante el uso de nuevas modalidades de crédito garantizado que generen aumentos en las inversiones productivas y se traduzcan en mayores niveles de crecimiento económico y social del país.

a) “Acreedor”, la persona acreedora de la obligación garantizada en virtud de un acto jurídico dentro del ámbito de aplicación de esta ley.
b) “Titular del crédito cedido”, el deudor o garante que constituye garantía sobre su cartera de crédito a favor del Acreedor.
c) “Registro de Garantías”, el Registro de Garantías Mobiliarias y otros actos jurídicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, y que consiste en una base de datos electrónica montada en la Internet que es públicamente accesible y en la cual los acreedores y otras partes interesadas pueden gestionar la anotación electrónica de formularios de inscripción conteniendo extractos sobre la información básica de garantías reales, gravámenes o contratos sobre bienes para darles publicidad.

d) “Bien o derecho en garantía”, todo bien o derecho que ha sido dado en garantía de conformidad con la presente ley.

e) “Bien o derecho garantizable”, todo bien o derecho susceptible de ser otorgado en garantía de conformidad con el artículo 9 de la presente ley.

f) “Contrato de garantía”, el contrato celebrado entre acreedor y garante para constituir una garantía mobiliaria sobre bienes o derechos a favor de un determinado acreedor, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la obligación del deudor y de otorgarle al acreedor los derechos de retención, persecución y preferencia, reconocidos por esta ley y otras disposiciones legales.

g) “Deudor del crédito en garantía”, la persona obligada frente al titular del crédito cedido al cumplimiento de una obligación consistente en el pago de una suma de dinero y que sirve de garantía frente al Acreedor.

h) “Garante”, la persona, quien puede ser el deudor o un tercero, que constituye una garantía mobiliaria conforme a esta ley, a favor del Acreedor, para garantizar el cumplimiento de la obligación del Deudor. El Garante incluirá a los cesionarios o adquirentes de las garantías mobiliarias fuera del curso normal de los negocios.

i) “Deudor”, la persona obligada al cumplimiento de la obligación garantizada, quien puede ser o no la misma persona que el Garante.

j) “Garantía”, “garantía mobiliaria” o “garantía real mobiliaria”, la carga o gravamen constituido sobre bienes en virtud de un acto jurídico dentro del ámbito de aplicación de esta ley.

k) “Obligación garantizada”, toda obligación garantizada con los bienes y derechos establecidos en la presente Ley.

l) “Facilitadores del Registro”, aquellas personas e instituciones públicas y privadas que están autorizadas a realizar la gestión de inscripción de aviso en el Registro de Garantías Mobiliarias.

m) “Productos”, todo beneficio, bien o retribución, que se reciba por la venta, permuta, cobranza, indemnización, transformación, u otra forma de administración o disposición del mismo; como así también a los productos de aquellos originados anteriormente. También se considera como productos del bien o derecho en garantía, el monto de indemnización por seguro debido en caso de siniestro, pérdida o deterioro del bien o derecho en garantía, siempre que dicha indemnización sea debida a las partes del contrato de garantía o a sus cesionarios.

a) La garantía real sobre suelo, edificios y otros bienes inmuebles no incluidos en la definición del Artículo 9, y
b) Los privilegios creados por ministerio de ley, salvo lo dispuesto por el Capítulo IV de la presente ley.

a) Los intereses ordinarios y moratorios que genere la suma principal de la obligación garantizada, calculados conforme se establezca en el contrato de garantía, en el entendido de que en caso que no exista previsión al respecto, éstos serán calculados a la tasa de interés legal establecida en el Código Civil;
b) Las comisiones que deban ser pagadas al Acreedor, tal y como las mismas se encuentren determinadas en el contrato de garantía;
c) Los gastos en que razonablemente incurra el Acreedor, el martillero o centro de subasta para la guarda y custodia de los bienes en garantía en los casos previstos en la presente Ley;
d) Los gastos en que razonablemente incurra el Acreedor con motivo de los actos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la garantía;
e) Los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato de garantía, que sean cuantificados judicialmente, o en virtud de un laudo arbitral o mediante un contrato de transacción; y
f) La liquidación convencional de daños y perjuicios cuando hubiere sido pactada.

a) Los bienes muebles según las definiciones del Código Civil;
b) Los bienes adheridos natural o artificialmente a un bien inmueble sin perder su individualidad, que se encuentren permanentemente afectados a un fin económico u ornamental, y sean susceptibles de remoción o extracción; y siempre y cuando no exista una hipoteca previa constituida sobre el bien inmueble al que se adhieren.
c) Bienes futuros o aquellos adquiridos con posterioridad a la constitución de la garantía mobiliaria, incluyendo tanto los que tenían existencia al momento de la constitución de la garantía como aquellos que llegasen a existir con posterioridad. Se incluyen, entre otros, pero no se limitan a, bienes en importación, bienes que se transforman en un proceso de fabricación; créditos o cuentas por cobrar presentes o futuras o cualquier combinación de todos estos.
d) Todos los derechos sobre los bienes de los apartados anteriores.
e) Los derechos de arrendamiento sobre bienes inmuebles siempre que exista la autorización expresa del arrendador.

a) Lugar, día, mes y año de celebración;
b) Nombres y apellidos, generales de ley, documento de identidad, y demás datos que permitan la plena identificación del Deudor, del Garante, si éste fuese distinto al deudor, y del Acreedor;
c) Dirección del Deudor para requerimiento y notificaciones en caso de ejecución. Cuando la dirección para el requerimiento sea distinta de la de su residencia se señalará la persona en quien se habrá de practicar el requerimiento.
d) Una clara y precisa referencia a la obligación garantizada, para lo cual podrá o no manifestarse el monto estimado de la obligación garantizada, tipos de intereses, el plazo, las condiciones a que se sujeta la obligación garantizada y la forma de su cumplimiento o pago;
e) Una descripción de los bienes o derechos en garantía, de manera genérica o específica según lo acuerden las partes; y se podrá asimismo señalar la ubicación de los bienes al momento de la constitución;
f) Expresión indubitable respecto a la voluntad de las partes de constituir una garantía mobiliaria sobre los bienes o derechos en garantía descritos;
g) El procedimiento de ejecución forzosa extrajudicial, si el mismo es pactado por las partes;
h) La inclusión de la cláusula de resolución alterna de conflictos, si es pactada por las partes;
i) Otros derechos y obligaciones de las partes.

a) Ejercer cuidado razonable sobre los bienes y derechos en garantía y preservarlos, evitando su pérdida o deterioro. El cuidado razonable implica la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar el valor de la garantía y los derechos derivados de la misma.
b) Poner en conocimiento al acreedor cuando por fuerza mayor o caso fortuito, el bien en garantía sufra destrucción, deterioros, o se pierda su posesión, el garante o quien tuviera la posesión del bien, tan pronto se dé el evento.
c) Suspender el ejercicio de sus derechos cuando el Acreedor, en caso de incumplimiento, le requiera del pago del bien o derecho en garantía.
d) Permitir que el Acreedor inspeccione los bienes en garantía para verificar su cantidad, calidad y estado de conservación.
e) Las demás que pacte el Garante con el Acreedor y que no contravenga la ley.

a) Para toda garantía constituida sobre títulos valores de cualquier naturaleza y otros documentos transmisibles por simple endoso, desde el momento del endoso del instrumento.
b) Respecto de las acciones de una sociedad mercantil, desde el momento de su anotación en el libro de acciones de dicha sociedad, previo endoso en garantía al reverso o al pie del título o certificado que ampara las acciones cedidas en garantías.
c) Para la garantía otorgada sobre depósitos bancarios en cuentas a la vista, desde la fecha de notificación del contrato de garantías al banco correspondiente.
d) Para toda garantía mobiliaria sobre cartera de crédito sin garantía o con garantía personal, desde la fecha de su anotación al pié del contrato de crédito dado en garantía.
e) Para toda garantía mobiliaria sobre cartera de crédito con garantía real inmobiliaria, desde la fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble;
f) Para la garantía sobre facturas a crédito o sobre factura cambiaria, desde la fecha de la razón de al pie o reverso de la factura, de haber sido cedida en garantía.
g) Para toda garantía constituida sobre bienes inmateriales o de propiedad intelectual, desde el momento de su anotación en el Registro administrativo correspondiente.
h) Cuando la garantía mobiliaria esté destinada a garantizar el pago de una obligación cuyo valor no exceda quinientos dólares estadounidenses, o su equivalente en moneda nacional y no estuviese el bien afecto a registros especiales o de la propiedad inmueble, desde la toma de posesión de los bienes o derechos en garantía, o desde su anotación en el Registro de Garantías, prevaleciendo la que fuera anterior.

a) Nombre completo y dirección para requerimiento y notificaciones del Deudor así como del Garante cuando no sea el mismo Deudor. Cuando la dirección para el requerimiento sea distinta de la de su residencia, el nombre completo de la persona en quien se habrá de practicar el requerimiento.
b) Nombre completo y dirección para notificación del Acreedor.
c) Documento de identificación para las personas naturales o datos de registro para las personas jurídicas.
d) Forma de ejecución de la garantía en caso de incumplimiento. Si la ejecución es judicial, indicación de la circunscripción judicial al que se someten la partes.
e) Método de resolución alterna de conflicto si es pactado entre las partes.
f) Monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria.
g) Fecha de vencimiento del crédito.
h) Forma y condiciones de pago.
i) Transcripción de la descripción que en el contrato se haga del bien o derecho en garantía.
j) Cualquier otra información relacionada con el contrato o la garantía mobiliaria que las partes consideren necesaria para mejor resguardo de sus derechos.

a) Sistemas y procedimientos de inscripción de la garantía mobiliaria en una base de datos electrónica, centralizada y en red nacional.
b) Sistemas y procedimientos de información para los usuarios de sus servicios y las autoridades competentes.
c) Régimen de autorización y funcionamiento de las entidades facilitadoras.
d) Sistema de faltas y sanciones aplicables a las entidades facilitadoras y liquidación en sede administrativa, con carácter de presunción de derecho iuris tantum, de daños y perjuicios ocasionados a los usuarios de sus servicios.
e) Facultades de supervisión y control del Director del Registro sobre las entidades facilitadoras; así como sobre los funcionarios responsables del Registro e inscripción de las garantías mobiliarias y otros actos jurídicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley en las distintas ventanillas o terminales del registro en el país.

a) La comisión del martillero o centro de subastas;
b) Las costas de ejecución;
c) Los gastos en que haya incurrido el acreedor para el requerimiento del deudor.
d) Los tributos que hubiesen correspondido al vendedor en caso de venta no forzada.
e) Los créditos liquidados a los acreedores según su grado de prelación. No se tomarán en cuenta acreedores con garantías no inscritas o inscritas con posterioridad al requerimiento.

a) Cuando hubiese otros acreedores privilegiados por título de cualquier naturaleza; en cuyo caso, así lo hará saber al acreedor ejecutante para que notifique su ejecución a los otros acreedores y se liquiden los créditos en orden de prelación.
b) En caso que la cuenta a ser debitada hubiere sido objeto de un embargo judicial previo al requerimiento; no obstante, el acreedor podrá comparecer ante el juez ante cuya autoridad se sujeta el embargo, alegando la prelación y el privilegio de la garantía mobiliaria, debiendo el juez reconocer el título y ordenar a la institución depositaria la entrega de los fondos hasta por el monto debido liquidado.
c) Tampoco procederá la entrega cuando, tratándose de una cuenta de ahorros, los fondos existentes en la misma fueren tenidos como inembargables de conformidad con los términos de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras No Bancarias.

a) Artículos 3728 a 3770 y 2483 Inciso 6 del Código Civil.
b) Artículos 506 a 518 del Código de Comercio.
c) Ley de Prenda Agraria o Industrial (publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.174, del 14 de Agosto de 1937).
d) Ley de Prenda Comercial (publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.60 del 17 de Marzo de 1992).
e) Ley sobre Habilitaciones (publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.226 del 9 de Octubre de 1934).

a) Código Civil: Título VII, Capítulo III De la eficacia de los contratos, Artículo 2483, Inciso 1, que en su nuevo texto se lee:
“Artículo 2483 (Deberán constar en instrumento público) 1º. Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, excepto aquellos bienes inmuebles incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias que podrán constar en instrumentos privados.”

b) Ley de Títulos Valores, artículo 68, que en su nuevo texto lee:

“Artículo 68.- El endoso en garantía se otorgará con las clausulas en garantía u otra expresión que implique constitución de garantía real, constituirá un derecho real sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor garantizado, las facultades que confiere el endoso en procuración.

No podrán oponerse al endosatario en garantía las excepciones personales que se hubieran podido oponer a tenedores anteriores, a menos que el endosatario al adquirir el título haya obrado intencionalmente en daño del deudor.”

c) Los artículos 3808 a 3883 y 3937 del Código Civil no serán aplicables a las garantías reales sobre bienes o derechos regulas en esta ley.

d) La ley de Aranceles del Registro Público, Decreto No.40-91, publicada en La Gaceta No.182 del 30 de Septiembre de 1991, no será aplicable a las garantías mobiliarias reguladas en esta ley.

e) Por falta de función de revisión de legalidad por parte de los operadores autorizados del Registro de Garantías Mobiliarias, las normas sobre los registros públicos de Nicaragua, en particular, el título XXV del Registro Público, y cualquier otra norma en materia de registros públicos, no serán aplicables a las garantías y derechos regulados en esta ley.

f) Por falta de formalidad del contrato de garantía y documentos conexos, no serán aplicables a las garantías mobiliarias reguladas en ésta ley, el régimen de valor probatorio de los documentos públicos y privados. En particular las normas del Título VI, Capítulo III (de los documentos públicos), Artículos 2364 a 2384, y Capítulo IV (de los documentos privados), Artículos 2385 a 2398, del Código Civil; ni los artículos 1151 y 1195 del Código de Procedimiento Civil.

1.- Artículo Artículo 17 -->
2.- Artículo Artículo 42 -->