Con fundamento en los Artículos 138 inciso 1 y 140 de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estoy presentando el siguiente proyecto de Ley denominado “Ley Especial para derogar la Ley Marco y Leyes Conexas”.

En virtud de la Ley No. 558 se suspendieron en su aplicación, hasta el 20 de enero de 2007, la Ley No. 520 “Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua”, la Ley No. 511 “Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos, la Ley No. 512 “Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural” y la Ley No. 539 “Ley de Seguridad Social”, así como todas las leyes y actos legislativos que de ellas se derivaran.

Posteriormente, el 19 de enero de 2007 mediante la Ley No. 610 “Ley de Reforma a la Ley No. 558 Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País”, se prorrogó hasta el 20 de enero de 2008 la suspensión contenida en el Ley No. 558.

Dado que el Presidente de la República y los Diputados de la Asamblea Nacional electos en los comicios generales del 5 de noviembre de 2006 se encuentran en ejercicio normal de sus funciones desde el 10 de enero de 2007, se han modificado radicalmente las circunstancias que hicieron necesaria la aprobación de la Ley No. 558. Por tal razón, no resulta ya necesario, ni conveniente para la seguridad jurídica del Estado nicaragüense continuar postergando la aplicación de las reformas constitucionales contenidas en la Ley No. 520.

No obstante, se observa que las Leyes No. 511 y 512, mediante las cuales se crearon la Superintendencia de Servicios Públicos y Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, respectivamente, responden en su contenido, más a las circunstancias políticas imperantes en la fecha de su aprobación, que al resultado de estudios técnicos o a lo expresado por la ciudadanía en un proceso amplio de consulta.

Adicionalmente, con posterioridad a la aprobación de las Leyes No. 511 y 512, esta Asamblea Nacional aprobó la Ley No. 612 “Ley de Reforma a la Ley No. 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, la cual contiene normas incompatibles con las referidas leyes, por lo que la aplicación de éstas generaría un conflicto de leyes en el tiempo, que afectaría el normal funcionamiento de algunas instituciones del Estado. Tal es el caso del Ministerio de Energía y Minas, cuyas atribuciones actuales rozan con las otorgadas por la Ley No. 511 a la Intendencia de Energía.

Por tales razones, mediante el presente Proyecto de Ley se propone la derogación de las referidas Leyes No. 511 y 512, lo cual, además de resolver los problemas antedichos, puede realizarse sin generar costos fiscales ni alteraciones en el funcionamiento institucional del Estado, dado que, en virtud de la Ley No. 558 y su reforma contenida en la Ley No. 610, ni la Superintendencia de Servicios Públicos, ni el Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural tienen actualmente existencia fáctica.

La derogación de ambas Leyes posibilitará que la reforma de las instituciones encargadas de la regulación de los servicios públicos y de la resolución de la problemática de la propiedad, sea asumida con posterioridad cuando se cuente con los recursos financieros, estudios técnicos y consenso político sobre su estructura y atribuciones.

Adicionalmente a la derogación de las referidas leyes, se propone en el presente Proyecto de Ley reformar las Leyes Orgánicas del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), para que las máximas autoridades de ambas instituciones sean nombradas por esta Asamblea Nacional de ternas propuestas por el Presidente de la República y/o los Diputados de la Asamblea Nacional.

De esta manera, se dota de mayor autonomía de los entes reguladores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y telecomunicaciones y se fortalecen las facultades de fiscalización y control de la Asamblea Nacional, en un sentido acorde con las reformas constitucionales contenidas en la Ley No. 520.

Hasta aquí la Exposición de Motivos. A continuación el texto del Proyecto de “Ley Especial para derogar la Ley Marco y Leyes Conexas”.

Articulo. 9.- El Consejo de Dirección estará integrado por un número de tres miembros de reconocida capacidad profesional nombrados por la Asamblea Nacional de ternas propuestas por el Presidente de la República y/o Diputados de la Asamblea Nacional para cada cargo. El nombramiento se realizará por mayoría absoluta y los nombrados ejercerán su cargo durante cinco años. La Asamblea Nacional nombrará a uno de los Miembros como Presidente del Consejo de Dirección, el que desempeñará el cargo a tiempo completo y será a su vez, el Presidente Ejecutivo del Instituto.
Con un mes de antelación al vencimiento del período de los funcionarios nombrados, la Asamblea Nacional realizará la convocatoria a la presentación de ternas para los nuevos nombramientos.

Artículo 6.- El Director General y el Sub Director General serán nombrados por la Asamblea Nacional de ternas propuestas por el Presidente de la República y/o Diputados de la Asamblea Nacional. El nombramiento se realizará por mayoría absoluta y los nombrados ejercerán su cargo durante cinco años.
Con un mes de antelación al vencimiento del período de los funcionarios nombrados, la Asamblea Nacional realizará la convocatoria a la presentación de ternas para los nuevos nombramientos.