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Managua, Nicaragua
16 de junio del año 2008

Doctor
Carlos Wilfredo Navarro Moreira
Primer Secretario de la Junta Directiva
Asamblea Nacional
Su despacho

Estimado Doctor Navarro:

Los suscritos Diputados ante la Asamblea Nacional, con fundamento en los artículos 138 numeral 1 y 140 numeral 1, ambos de la Constitución Política y los artículos 14 inciso “2”, 90 y 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su inclusión en agenda y que se le dé trámite de Ley, la presente iniciativa denominada LEY DE EJECUCIÓN, BENEFICIO Y CONTROL JURISDICCIONAL DE LA SANCIÓN PENAL.

Sin más que agregar, saludos.

Atentamente,


NOMBRE Y FIRMAS DE LOS DIPUTADOS PROPONENTES


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EXPOSICIÓN DE MOTIVO


Managua, Nicaragua
16 de junio del año 2008

Ingeniero
Rene Núñez Téllez
Presidente de la Junta Directiva
Asamblea Nacional
Su despacho

Estimado señor Presidente:

Los suscritos Diputados ante la Asamblea Nacional, con fundamento en los artículos 138 numeral 1 y 140 numeral 1 ambos de la Constitución Política de la República de Nicaragua y los artículos 14 inciso “2”, 90 y 91 de la Ley N° 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, presentamos para su inclusión en agenda y que se le dé trámite de ley, la presente iniciativa denominada LEY DE EJECUCIÓN, BENEFICIO Y CONTROL JURISDICCIONAL DE LA SANCIÓN PENAL.

La iniciativa tiene por objeto cumplir y desarrollar el verdadero objetivo que establece el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, referido a que el sistema penitenciario es de carácter humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad.

Igualmente la iniciativa se introduce, en virtud que en el dictamen del Código Penal del año 2003, se encontraba un título referido a la pena, su clase y efecto. Garantías penal. No obstante, en el proceso de estudio, análisis y actualización realizado por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y que culmino con la elaboración en consenso de mociones al dictamen, se acordó suprimir dicho titulo y que posteriormente se iba a presentar un proyecto de Ley especial que regulase este aspecto.

Las cárceles en América Latina, constituyen una de las debilidades más visibles y dolorosas del Estado de Derecho. Visibles no precisamente porque exista una política de apertura a la sociedad civil y de preocupación por esos espacios, sino más bien porque los brotes de violencia, motines, muertes e incendios, alcanzan tal magnitud, que generan o hacen que finalmente aunque no se pretenda, terminen siendo objeto de conocimiento a través de los medios de comunicación de todo el universo. Espacios donde parece que la “dignidad humana” es un concepto desconocido y muy lejos de ser incorporado, perfectas escuelas del crimen y dolor, donde no hay comida para todos, no hay espacio suficiente, ni aire, ni luz, ni camas, ni agua potable, donde ni siquiera se garantiza la vida. Espacios donde morir asesinado resulta más probable que en libertad, donde circula más droga y es más alto el porcentaje de suicidios, en donde se vive menos y sobrevivir es toda una proeza.

A pesar de esta realidad notoria que nos embarga, en Nicaragua la situación del Sistema Penitenciario Nacional aún con todas las limitaciones y dificultades, presenta pocos motines y una sana transparencia, y cuenta con la participación y el compromiso de la sociedad civil. Sin embargo sigue siendo un espacio donde “reinan” las carencias, donde la resocialización y la reeducación no parecen tan cercanas ante las limitaciones del Sistema Progresivo y donde continúa el encierro como principal modalidad para el cumplimiento de la pena, muchas veces más allá incluso del periodo legalmente establecido en el caso concreto por el Juez.

A partir del 2002, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, se incorporó al ordenamiento jurídico la figura del Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, como un mecanismo del Sistema de Justicia Penal, para procurar la ejecución real de las penas dentro de los límites del Estado de Derecho, en cumplimiento por lo tanto, sobremanera, de los derechos fundamentales de la población penal. Se rompe así con la concepción errada de que el proceso penal finaliza con el dictado de la sentencia condenatoria y se tiene a la fase de ejecución de la pena como una etapa más del proceso, en función de la cual existen las fases que le preceden. Se asume con la “judicialización de la pena”, una etapa procesal que había estado abandona en manos de la Autoridad Penitenciaria.

De esta manera se promociona una “cultura jurídica” de legalidad en la ejecución de la sanción, reconociéndose la necesidad del efectivo respeto a la garantía ejecutiva a través del control jurisdiccional y la vigencia plena del principio de legalidad en toda su dimensión.

Toma así el Poder Judicial su papel protagónico y preponderante en la Ejecución de la Pena, con la colaboración de la Autoridad Penitenciaria, vigilando el Juzgador por el respeto de la legalidad en la actividad de ésta (en la administración de las prisiones y la custodia de la población penal).

Importante y fundamental resulta la figura de este Juez en la consolidación del Estado de Derecho en la República Democrática de Nicaragua, sin embargo luego de varios años de que este nuevo protagonista entra en funciones se desprende la necesidad de dar más pasos en ese mismo sentido, sobre todo cuando desde la práctica del Sistema de Justicia Penal, se desprende la existencia de vacíos legales, malas prácticas judiciales y penitenciarias, contradicciones normativas y una gran diversidad de criterios que restan en definitiva certeza y seguridad jurídica al Sistema de Justicia y que menoscaban gravemente los derechos y las garantías de los privados y las privadas de libertad.

Fundamental resulta complementar la normativa vigente con un instrumento legal que regule con precisión y detalle el contenido de la sanción privativa de libertad así como sus límites. Adicionalmente se requiere establecer con claridad la competencia de los diferentes órganos que participan en la ejecución, así como los procedimientos para accionar ante el Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria en función de asegurar los beneficios y los derechos fundamentales y penitenciarios de la población penal.

En consecuencia con este texto legal, desde la Ejecución de la Pena se procurará establecer los principios y garantías procésales del procedimiento de ejecución, así como los diferentes mecanismos de acceso ante el juez, como el Incidente de Queja, la Libertad Condicional, la Enfermedad y la Ejecución Diferida, la Unificación y Adecuación de Penas, el régimen de Convivencia Familiar, el cumplimiento de penas impuestas en el extranjero, la Extinción de Pena y de Antecedentes Penales, así como el régimen de impugnación correspondiente a todos estos asuntos.

Desde la Vigilancia Penitenciaria, resulta importante regular el procedimiento para la visita carcelaria y la emisión de medidas correctivas, así como el mecanismo para la impugnación del régimen disciplinario penitenciario, procurando en ambos supuestos la apertura de un sumario y la participación de las partes procésales en esa materia, legitimando incluso a la Administración Penitenciaria para impugnar el dictado de medidas correctivas, al considerar que si bien dentro del procedimiento de ejecución la autoridad administrativa no tiene interés directo en el asunto, tratándose de materia de Vigilancia Penitenciaria sí, pues las órdenes o medidas que se dicten pueden afectar su dinámica y sus políticas, y en esa medida es importante asegurarle una cuota de participación y el debido proceso.

La meta a alcanzar es el objetivo establecido por disposición constitucional: el “carácter humanitario” del Sistema Penitenciario y la “finalidad reeducativa” de la sanción -artículo 39-, postulados fundamentales que en su conjunto exigen el desarrollo de un Derecho Penitenciario marcado ideológicamente por esas disposiciones y que en consecuencia, debe aspirar a brindar siempre oportunidades al ser humano privado de libertad, procurar el desarrollo de sus capacidades y facilitarle la construcción de un proyecto de vida al margen de la delincuencia, con la posibilidad de reinsertarle a la comunidad una vez que reúna las condiciones que garanticen un buen desenvolvimiento al exterior. Un Derecho Penitenciario igual para todos, sin distinciones por tipo de delito, nacionalidad, afinidad política ni religión. En definitiva alcanzar un Derecho Penal y Penitenciario racional y más humanitario, donde lo que interese más sea el ser humano que está preso. Un Derecho Penitenciario realmente Democrático y respetuoso de la dignidad humana.


FUNDAMENTACIÓN.


La presente iniciativa de Ley denominada LEY DE EJECUCIÓN, BENEFICIO Y CONTROL JURISDICCIONAL DE LA SANCIÓN PENAL, no se opone a la Constitución Política de la República de Nicaragua, muy por el contrario desarrolla la disposición Constitucional establecida en el artículo 39. Así mismo no se opone a los tratados o acuerdos internacionales suscrito y ratificados por Nicaragua.

Con la presente iniciativa de ley, se viene a desarrollar aún más el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, garantizándoles que durante el cumplimiento de su pena, van a ser tratado con dignidad y con el verdadero objetivo esencial de los Sistema Penitenciario, el de ser humanitario y transformador del sujeto que cumple pena en ellos, para luego ser reinsertado en la sociedad.

Es necesario dejar claro que el presente proyecto de ley, no traerá carga económica para el Estado de Nicaragua, es esencialmente una ley garantista del cumplimiento de la pena con un enfoque humanitario.

Por todo lo anteriormente expuesto, es claro que es responsabilidad y obligación del Estado de la República de Nicaragua, tomar las medidas que sean necesarias, para cumplir fielmente la disposición Constitucional del artículo 39, por ello es de suma necesidad la aprobación de la presente iniciativa de ley por parte de la Asamblea Nacional.

Hasta aquí la exposición de motivos y la fundamentación del proyecto de Ley.


La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

En uso de sus facultades

Ha dictado

La siguiente

LEY DE EJECUCIÓN, BENEFICIO Y CONTROL JURISDICCIONAL DE LA SANCIÓN PENAL


CAPITULO I
Principios generales y garantías procésales de la Sanción Penal.


Artículo 1: Principio de legalidad y garantía ejecutiva.

La sanción privativa de libertad se ejecutará de conformidad con el principio de legalidad y la forma establecida por las leyes y reglamentos que las desarrollan, respetando el principio de igualdad y la no discriminación. Los principios y garantías procésales del proceso penal regirán el procedimiento de ejecución de la pena.

Artículo 2: Principio de respeto a la dignidad y prohibición de tortura y otros malos tratos.

En la ejecución de la pena toda persona privada de libertad deberá ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. El Estado deberá garantizar el efectivo respeto a la integridad física, moral y psicológica de la población penal y nadie podrá ser sometido a tortura o a penas crueles, tratos malos, inhumanos o degradantes.

Artículo 3: Concepto de sanción penal y límite temporal.

La sanción privativa de libertad consiste en la limitación de la libertad ambulatoria o de circulación del sujeto, bajo la custodia y control de las autoridades correspondientes. La pena privativa de libertad, no podrá exceder en un solo momento, del monto de treinta años de prisión, conforme al artículo 37 de la Constitución Política. El día de privación de libertad equivale a veinticuatro horas, el mes a treinta días y el año a trescientos sesenta días.


Artículo 4: Límites de la sanción penal.

En la ejecución de la sanción, es ilegítima la restricción de otros derechos fundamentales no limitados por la sentencia, salvo en la medida que resulte estrictamente necesaria, útil y proporcional para asegurar el efectivo cumplimiento de la pena impuesta. La ejecución deberá de desarrollarse en un ambiente que represente las relaciones positivas de la vida en comunidad. El privado o privada de libertad, tendrá derecho a mantener contacto con el exterior e independientemente del régimen penitenciario en que se ubique, se le garantizará la visita de familiares y amigos o su representante legal, al menos una vez a la semana, así como a comunicarse vía telefónica con esa misma periodicidad. La visita íntima que reciban privados o privadas de libertad, se podrá prolongar hasta por un periodo de cuatro horas, de conformidad con el procedimiento y el control de seguridad necesario a cargo de las autoridades penitenciarias.

Artículo 5: Finalidad de la sanción penal.

La sanción penal en su fase de ejecución tendrá la finalidad primordial de procurar la reinserción y la reeducación del sujeto. El sistema progresivo procurará un conjunto de beneficios e incentivos que estimulen la incorporación del sujeto a su plan de atención técnica y su reincorporación paulatina a la sociedad. Ese proceso de atención solo se brindará bajo el consentimiento del individuo.

Artículo 6: Control jurisdiccional de la sanción penal.

La ejecución de la sanción penal es competencia exclusiva de la función jurisdiccional. En la custodia y atención técnica de la población penal el Poder Judicial contará con la colaboración directa del Poder Ejecutivo a través de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, conforme las atribuciones asignadas por Ley Nº 473, del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena. El Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, ejercerá el control de legalidad de las acciones u omisiones de la autoridad penitenciaria salvo en lo concerniente a materia meramente administrativa cuando no afecte derechos fundamentales o derechos y beneficios penitenciarios.

Artículo 7: Principio de celeridad procesal.

El procedimiento de ejecución de sentencia se caracterizará por su celeridad, flexibilidad y no formalidad, razón por la que la autoridad judicial procurará eliminar cualquier obstáculo que impida una resolución pronta y cumplida.

Artículo 8: Derecho de defensa.

Toda persona declarada culpable con sentencia firme o medida de seguridad tiene derecho a la defensa material y técnica, en la etapa de ejecución de pena y procesos administrativos. Tratándose de reclamos por privación ilegítima de libertad, tortura o malos tratos, inhumanos o degradantes, cualquier persona se encuentra legitimada para accionar a favor del privado o la privada de libertad, sin constituirse en parte, solicitando directamente o a través de defensor particular o público, la intervención de la autoridad judicial.

Artículo 9: Principio de gratuidad de la justicia.

La justicia en Nicaragua es gratuita y nunca se cargará al privado o privada de libertad el costo del traslado a audiencias orales o actos judiciales. En sus actuaciones los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria harán prevalecer, bajo su responsabilidad, la realización pronta, transparente y efectiva de la justicia.

Artículo 10: Principio de oralidad y publicidad.

Los incidentes de convivencia familiar y de libertad condicional, así como aquellos en los que indispensable evacuar prueba testimonial o pericial, se resolverán en audiencia oral y de acuerdo con los principios de inmediación y publicidad, salvo limitación conforme la Constitución Política u otras Leyes de la República.

Artículo 11: Principio de intervención de la víctima.

Cuando la víctima se haya constituido en parte en el proceso penal principal, tendrá el mismo tratamiento en la fase de ejecución de la sentencia. El ofendido o víctima tiene derecho constituirse en parte en cualquier momento de la fase de ejecución de la sanción penal o medidas, sin retrotraer los actos ya realizados, de la misma manera podrá ser escuchado o intervenir en las audiencias públicas de esta fase a las que se haga presente y donde solicite su intervención.




CAPÍTULO II
Ejecución de sentencia.

Artículo 12: Ejecución de la sentencia condenatoria.

Corresponde exclusivamente al juez o tribunal sentenciador establecer las condiciones de cumplimiento de la sanción impuesta y decidir sobre la suspensión condicional de la pena o su sustitución, en los supuestos legalmente establecidos conforme a los artículos 87 y siguientes del Código Penal. De otorgarse estos beneficios el seguimiento y control corresponderá a esa misma autoridad judicial y únicamente cuando por incumplimiento se revoque el beneficio y se ordena la ejecución de la sanción, se remitirán los autos al Juez de Ejecución de la Pena correspondiente, una vez detenido el condenado.

Artículo 13: Liquidación y orden de detención.

Una vez firme la sentencia condenatoria la autoridad sentenciadora deberá emitir el correspondiente auto de liquidación inicial, señalando el monto total de la pena impuesta así como la fecha de firmeza de la sentencia y el periodo exacto de prisión preventiva o arresto domiciliar que debe abonarse a la sanción. De no encontrarse privado de liberad el sujeto, se ordenará su inmediata detención y su remisión a la autoridad penitenciaria competente. Asegurada la detención del sujeto se adjuntará a la orden de remisión el testimonio auténtico de la sentencia firme y se remitirá al Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria el respectivo expediente judicial para su seguimiento y control.

Artículo 14: Tramitación inicial oficiosa.

Remitido el expediente judicial el Juzgado de Ejecución de la Pena, de oficio asume la competencia Cuando el individuo haya contado con representación legal privada se presumirá la continuación de esa representación. Tratándose de sujetos que han sido representados por la Defensoría Pública y que no cuenten con recursos económicos para asegurarse los servicios legales, se procederá a la asignación de un funcionario de ese mismo cuerpo legal que le asesore y lo represente.

Artículo 15: Ruta progresiva.

Trasladado el sujeto al Sistema Penitenciario, el Juez de Ejecución de la Pena, requerirá a esa autoridad que en el plazo de cinco días, remita la correspondiente ruta progresiva. Lo mismo procederá cuando estando el privado o la privada de libertad descontando una sanción penal reciba nueva condena.

Artículo 16: Competencia funcional.

Además de las funciones legalmente establecidas por el artículo 407 del Código Procesal Penal, corresponderá al Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, la unificación y adecuación de las penas del privado o la privada de libertad, cuando la última autoridad sentenciadora no haya resulto por desconocer la diversidad de sentencias condenatorias. Tratándose de sujetos detenidos únicamente bajo prisión preventiva el competente para resolver las incidencias relacionadas con su detención o las condiciones de la misma será únicamente el juez de la causa a cuya disposición se encuentren. No obstante sin perjuicio de su situación legal el juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria tendrá competencia para conocer y resolver de todos los incidentes de los privados de libertad en relación al régimen y tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos y a las reclamaciones que estos formulen sobre sanciones disciplinarias.

Artículo 17: Competencia material.

El Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria será competente para conocer de las incidencias y asuntos correspondientes a los sujetos sentenciados por la autoridad judicial del mismo distrito judicial, independientemente de su ubicación penitenciaria. Cuando el sujeto sea ubicado por las autoridades penitenciarias fuera de la circunscripción territorial de la autoridad sentenciadora, los privados de libertad que no tengan representación legal privada, serán atendidos por los defensores públicos encargados de la atención legal del circuito judicial donde se encuentre ubicado el sujeto.

Artículo 18: Recurso de apelación.

La autoridad judicial competente para conocer del recurso de apelación contra las resoluciones del Juzgado de Ejecución de la Pena, será la misma autoridad que conoce en apelación contra las resoluciones emitidas por la autoridad sentenciadora, según la gravedad de la pena correspondiente. El recurso de resolverá de conformidad con el dispuesto en el Código Procesal Penal.



CAPITULO III
Sobre la vigilancia penitenciaria, medidas correctivas y control del régimen disciplinario.

Artículo 19: Visita carcelaria.

El Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, conforme el artículo 407 del Código Procesal Penal, deberá visitar los centros de privación de libertad o de cumplimiento de medidas de seguridad, ubicados dentro de su circunscripción territorial, a efecto de velar y constar el efectivo respeto de los derechos legales, penitenciarios y fundamentales de la población penal.

Artículo 20: Medidas correctivas.

Cuando en la visita carcelaria el juzgador observe alguna irregularidad violatoria de los derechos fundamentales de la población penal, de previo al dictado de la medida correctiva, el juez solicitará a la autoridad administrativa un informe escrito dentro un plazo que no exceda los cinco días según la urgencia y gravedad del asunto y en dicho informe esa autoridad deberá presentar una propuesta de solución administrativa a la situación requerida. De no recibirse oportunamente la documental referida el juez convocará a audiencia oral a la autoridad penitenciaria con la presencia de un fiscal y un defensor. Constituidas las partes y evacuada la prueba ordenada, se otorgará la audiencia legal y se dictará la medida correctiva correspondiente, misma que será notificada a las partes así como a la autoridad penitenciaria, la que tratándose de este tipo de asuntos, por tener interés directo en el asunto, podrá ejercer los medios de impugnación.

Artículo 21: Impugnación de sanción disciplinaria.

De conformidad con el artículo 407 inciso 5) del Código Procesal Penal y 104 de la ley Nº 473, de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, notificado el sujeto de la sanción disciplinaria, por la autoridad administrativa, podrá en ese mismo acto ejercer verbalmente su derecho de impugnación o presentar por escrito su recurso, dentro del plazo de ocho días, ante el Juzgado de Ejecución de la Pena.

Ejercida la impugnación ante el funcionario notificador de la autoridad administrativa, de oficio o a instancia del órgano judicial, se remitirá de inmediato el expediente disciplinario al Juzgado de Ejecución de la Pena.
Del proceso disciplinario se dará audiencia a las partes por el plazo de cinco días, para que se pronuncien sobre el reclamo y ofrezcan prueba. Evacuada la prueba se resolverá el asunto dentro del plazo de tres días y sobre lo resuelto en esta materia, confirmando o dejando sin efecto la sanción disciplinaria, no cabrá recurso alguno.

CAPÍTULO IV
Incidentes de ejecución de la pena.

Artículo 22: Incidente de Queja.

A través del incidente de queja el privado o la privada de libertad, podrá plantear ante los Juzgados de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, el reclamo de sus derechos fundamentales o penitenciarios vulnerados por la administración penitenciaria, siempre que no exista otra vía especialmente prevista al efecto.

De previo a accionar la vía judicial el individuo deberá haber presentado su reclamo ante la autoridad administrativa y acreditar la respuesta negativa o la omisión de respuesta, cuando planteada la gestión en esa vía haya transcurrido un plazo de un mes sin resolución expresa o incluso en un plazo menor cuando el no pronunciamiento en tiempo de esa autoridad signifique la no efectividad de la pretensión del sujeto. Tratándose del reclamo contra resoluciones administrativas dictadas oficiosamente por la administración, el privado o privada inconforme tendrá un plazo máximo legal para presentar la respectiva queja, de un mes a partir de la comunicación o notificación de la resolución administrativa.

Del reclamo se brindará a las partes audiencia legal para que se pronuncien y ofrezcan prueba y en el mismo acto de oficio se solicitará un informe dentro del plazo máximo de cinco días según las necesidades del caso, a la autoridad penitenciaria que corresponda De no remitirse el informe oportunamente, de inmediato se convocará al responsable administrativo a audiencia oral con la presencia de las partes procésales, sin necesidad de la remisión del privado o privada de libertad, cuando la presencia de su representante legal sea suficiente para asegurar su defensa.

Evacuada toda la prueba y previa audiencia legal, se resolverá el incidente dentro del plazo de tres días.

Artículo 23: Incidente de Libertad condicional.

El privado o la privada de libertad, tratándose de penas mayores de cinco años de privación de libertad, tendrá derecho a la libertad condicional cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el numeral 96 del Código Penal.

Solicitado el beneficio la autoridad judicial requerirá a la autoridad penitenciaria, la remisión dentro del plazo de un mes del informe y la hoja evaluativa correspondiente al privado o privada de libertad gestionante, donde conste el desenvolvimiento del sujeto y sus recursos externos de apoyo. De no remitirse el informe oportunamente, se convocará a la autoridad penitenciaria a la audiencia oral correspondiente para que en ese acto rinda su informe.

Evacuada la prueba documental, se convocará a las partes y testigos, a la audiencia oral de conformidad con el numeral 404 del Código Procesal Penal. En la audiencia se otorgará la palabra al privado o privada de libertad para que exponga sobre su interés en la incidencia, su desenvolvimiento carcelario y su proyecto de vida al exterior y el sujeto responderá a las preguntas de las partes y el juez. Posteriormente se procederá a evacuar la prueba ordenada y finalmente se dará audiencia a las partes para que se pronuncien sobre el beneficio solicitado y emitan sus conclusiones. De ser necesario la autoridad podrá suspender la audiencia por el plazo máximo de sesenta minutos y de inmediato procederá a comunicar a las partes su decisión, exponiendo las razones o motivos de la misma y dejando constancia en el acta correspondiente. Cerrada la audiencia oral se procederá al dictado del auto correspondiente, mismo que se notificará dentro de tres días.

Artículo 24: Condiciones de cumplimiento.

El Juez, al conceder la libertad condicional, podrá imponer al privado o privada de libertad por el plazo que resta para el efectivo cumplimiento de la sanción, alguna o algunas de las siguientes condiciones, de acuerdo con las particularidades del caso y la prueba evacuada:

a) La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de un familiar o responsable y/o institución determinada, que informará regularmente al Juzgado.

b) La obligación de presentarse periódicamente ante el Juzgado o la autoridad policial que se designe.

c) La prohibición de salir del país.

d) La obligación de tener un domicilio fijo y conocido, mismo que solo podrá modificar con autorización del Juzgado.

e) La prohibición de acercarse o perturbar a la víctima o sus familiares.

f) La obligación de realizar un oficio o trabajo estable o incorporarse a programas educativos o de capacitación técnica, formativos o de educación sexual o contra la violencia de género.

g) La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas, o visitar determinados lugares o establecimientos.

h) La prohibición de portar armas.

i) El ingreso del sujeto a un centro para el tratamiento de adicciones o su sometimiento a un tratamiento médico externo.

j) Las condiciones o restricciones propuestas por el propio condenado o cualquier otra restricción necesaria que se torne útil para asegurar el buen desenvolvimiento del sujeto, siempre que sea respetuosa de la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

En caso de que se remita informe de incumplimiento, el Juzgador podrá modificar cautelarmente las condiciones dictadas u ordenar la revocatoria provisional del beneficio por el plazo de tres meses mientras se resuelve en definitiva sobre el asunto. Contra la resolución que modifique las condiciones u ordene la revocatoria cautelar o definitiva, podrá interponerse el recurso de apelación.

Artículo 25: Revocatoria del beneficio.

La libertad condicional será revocada o modificada cuando:

a) El liberado no cumple con las condiciones fijadas por el Juez; y,

b) Si el liberado comete, en el período de prueba, que no podrá exceder del que le falta para cumplir la pena, un nuevo hecho punible sancionado con prisión mayor de seis meses.

Revocado el beneficio el sujeto deberá descontar la parte de la pena que dejó de cumplir. Transcurrido el plazo de la libertad condicional sin que haya sido revocada, la pena quedará extinguida en su totalidad.

Artículo 26: Incidente de Enfermedad y de Ejecución Diferida.

El incidente de enfermedad y de ejecución diferida, se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y la presente ley. En aquellos casos en que la persona privada de libertad esté gravemente enferma por cualquier patología que ponga en riesgo su vida, el juez realizará el trámite necesario de oficio.

Cualquiera de las partes procesales podrá solicitar valoraciones médicas, a fin de obtener un informe en audiencia por el Instituto de Medicina Legal sobre el estado de salud del privado de Libertad.

Tratándose de privados o privadas de libertad, cuyo estado de salud no es susceptible de ser atendido dentro del sistema penitenciario sin peligro para su vida y que tampoco sean pacientes cuya atención médica requiera internamiento hospitalario, podrá ordenarse vía incidente de enfermedad, su arresto domiciliar por motivos de salud y bajo las condiciones que determine la autoridad judicial, autorizándose su egreso únicamente para recibir servicios de atención médica y bajo el control de la persona u autoridad que se determine.

Artículo 27: Incidente de Unificación de Penas.

Cuando el Juez o Tribunal sentenciador, por desconocer la diversidad de sentencias condenatorias del condenado no haya unificado las mismas, el asunto corresponderá al Juez de Ejecución de la Pena, observando por el efectivo respeto al límite constitucional de las penas y las reglas del concurso real retrospectivo.

Unificadas las penas, la persona declarada culpable adquiere el carácter de primario, después de efectuada la segunda unificación, no se atribuirá tal carácter salvo prescripción del antecedente. Para resolver la incidencia el Juzgador solicitará informe de sus juzgamientos a la autoridad correspondiente y a la oficina de control penal del centro penitenciario.

Artículo 28: Incidente de Adecuación de Penas.

Cuando las penas impuestas al sujeto excedan en un solo momento el máximo legal, considerando el monto pendiente por descontar de la pena activa, el Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, de oficio o a instancia de partes, deberá limitar la última sentencia impuesta a un monto tal que sumado a las penas pendientes, no se exceda el máximo legal de treinta años de prisión. De oficio se requerirá a la autoridad penitenciaria informe de la situación jurídica y penitenciaria del sujeto y del monto pendiente por descontar a partir del momento que resulte de interés determinar.

La adecuación de penas es el mecanismo por el cual, cuando las penas impuestas al sujeto en su totalidad y en un mismo momento, exceden el máximo legal de los treinta años,

Artículo 29: Incidente de Convivencia Familiar.

El beneficio de convivencia familiar es competencia del Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, por propuesta fundamentada del Director del Centro Penitenciario de oficio o a instancia de las partes. A la solicitud de la dirección penitenciaria deberá adjuntarse:

a) Constancia del cumplimiento del porcentaje de permanencia en régimen abierto.

b) Evaluación y análisis del Consejo Evaluativo y del Equipo Interdisciplinario.

Cuando la gestión se resuelva a instancia de parte, se requerirá a la autoridad penitenciaria remitir la referida constancia y evaluación dentro del plazo de diez días.

Corresponderá a la propia Administración Penitenciaria dar seguimiento y control a los deberes impuestos a las personas que gocen del régimen de convivencia familiar. Al aprobarse el beneficio de convivencia el Juez podrá imponer al sujeto las condiciones que estime conveniente para asegurar su reinserción social sin riesgo de delinquir. Respecto a la modificación o aplicación de medidas cautelares, regirán las normas establecidas para el beneficio de libertad condicional.

Artículo 30: Ejecución y vigilancia de pena dictada por tribunal extranjero.

Recibido el expediente proveniente del tribunal sentenciador extranjero, la Oficina de Recepción y Distribución de Causas procederá al respectivo sorteo aleatorio, a efecto de destinar el juzgado competente.
Asumida la competencia, el Juez de Ejecución examinará los autos y de no estar constituido defensor privado, solicitará a Defensoría Pública el nombramiento de un Defensor que represente los intereses del declarado culpable. Inmediatamente se notificará al Ministerio Público y a la defensa, la radicación de la causa, y la celebración de la audiencia especial, con la finalidad de hacer del conocimiento de las garantías y derechos que le asisten a la persona privada de libertad.

El Juez de ejecución de pena, una vez que ordena la celebración del trámite, resolverá mediante sentencia fundada, adecuando la sanción impuesta en el tribunal extranjero a la normativa penal nacional.

Artículo 31: Incidente de extinción de la pena.

Se tramitará el incidente de extinción de la pena:

1) Por efectivo cumplimiento podrá ser declarada aún de oficio, inmediatamente de tenerse conocimiento.

2) Si se tratare de pago de multa o de días multas, una vez que hubiesen satisfecho.

3) Por el cómputo efectuado de la efectiva prisión, más el tiempo laborado.

4) Por el cumplimiento satisfactorio del período de prueba y los deberes impuestos.

5) De manera anticipada en los siguientes casos:
5.1. Muerte
5.2. Prescripción
5.3. Indulto
5.4. Amnistía

Para la tramitación de estos incidentes, el Juez podrá de oficio o a petición de partes, dar curso a la solicitud, siempre y cuando aporten las pruebas pertinentes.

Artículo 32: Amortización de la pena por trabajo y buena conducta.

Para resolver la extinción por efectiva reclusión y tiempo laborado, el Juzgado solicitará el informe correspondiente a la autoridad de Control Penal del Sistema Penitenciario. El cómputo del tiempo por trabajo será, a razón de un día de trabajo penitenciario por un día de efectiva privación de libertad, abonándose incluso el periodo laborando durante la aplicación de la prisión preventiva.

El beneficio procederá cuando se cumpla los siguientes requisitos:

a) Haber laborado efectivamente de conformidad con los requisitos y supuestos establecidos en la Ley General del Régimen Penitenciario y de Ejecución de la Pena.

b) Haber mantenido buena conducta.
El beneficio será improcedente tratándose de delincuentes habituales o cuando en la causa se presente evasión.

Artículo 33: Amortización de prisión preventiva no aplicada.

El Juez de Ejecución de la Pena, podrá abonar a la pena ejecutada, los periodos de prisión preventiva sufrida por el privado(a) de libertad en causa distinta que no haya sido computada para ningún cumplimiento, siempre que se trate de hechos posteriores a la causa activa.

Artículo 34: Incidente de medida de aislamiento.

La autoridad penitenciaria solicitará al Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, la aprobación de toda medida de aislamiento que se prolongue por más de cuarenta y ocho horas. A la solicitud adjuntará la medida impuesta administrativamente, valoración médica del sujeto y los motivos que justifican y hacen necesaria la misma, así como el periodo exacto máximo de la medida que se pretende. El Juzgador procederá de oficio y de inmediato a resolver y comunicará lo resuelto a la autoridad penitenciaria, solicitando en ese mismo acto un defensor público que represente al interno, cuando no tenga defensor particular y una vez en ese mismo acto quedará la Defensoría Pública notificada de la resolución dictada. La resolución podrá ser impugnada por las partes y por tener interés directo en el asunto, por la Administración Penitenciaria, dentro de los plazos y conforme el procedimiento legalmente establecido en el Código Procesal Penal.

Artículo 35: Incidente de aprobación de permiso de salida.

Cuando de conformidad con el régimen del sistema penitenciario, proceda el disfrute de permisos de salida, la autoridad penitenciaria deberá solicitar la aprobación correspondiente al Juzgado de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria. El Juzgador resolverá de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, previa audiencia a las partes. De la misma manera se procederá cuando el avance de ubicación del interno al régimen abierto signifique su ubicación en un establecimiento o granja sin la contención ordinaria. La resolución del juez en esta materia podrá ser modificada en forma cautelar o definitiva, cuando autorizado el avance se demuestre la existencia de hechos nuevos o desconocidos al momento de otorgarse la autorización que hagan improcedente el disfrute del egreso. La resolución que en ese sentido emita la autoridad penitenciaria tiene los recursos de reposición y apelación.

Artículo 36: Incidente de extinción de antecedente penal.

El privado (a) de libertad podrá solicitar la extinción de sus antecedentes penales, cuando a partir del cumplimiento de la pena impuesta haya transcurrido el plazo legalmente establecido sin presentar nueva sentencia condenatoria. El Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, solicitará un informe de la situación jurídica del interno y sus juzgamientos, a la oficina correspondiente y a las autoridades de Control Penal de la Administración Penitenciaria.

CAPÍTULO V
Sobre la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad.

Artículo 37: Multa.

El cumplimiento del efectivo pago de la pena de multa o días multa, será competencia de la misma autoridad sentenciadora. En caso de incumplimiento y conversión en pena privativa de libertad, la sanción se ejecutará de conformidad con las normas correspondientes.

Artículo 38: Trabajo en beneficio de la comunidad.

El cumplimiento de la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad, será competencia de la misma autoridad sentenciadora. En caso de incumplimiento y conversión en pena privativa de libertad, la sanción se ejecutará de conformidad con las normas correspondientes. Cuando se haya dispuesto como sanción el trabajo en beneficio de la comunidad, firme la resolución correspondiente se le prevendrá al condenado aportar dentro del plazo de cinco días, el respectivo plan de cumplimiento con el aval de la institución beneficiada y su responsable de seguimiento. Trimestralmente el juzgador solicitará informe y actualización del cumplimiento de la sanción alternativa de trabajo en beneficio de la comunidad.




Artículo 39: Medidas de seguridad.

El Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, será la autoridad competente para dar seguimiento y control a la aplicación de medidas de seguridad. Semestralmente se requerirá a las autoridades encargadas de la atención del sujeto, la remisión de un informe sobre el cumplimiento de la medida de seguridad y la necesidad o no de mantener la misma. Dicho informe será puesto en conocimiento de las partes para que se pronuncien y ofrezcan prueba. Agotada la fase probatoria, se resolverá el asunto dentro del plazo de tres días, pronunciándose el juzgador sobre mantener, modificar la medida de seguridad por una más favorable o cesar la misma cuando haya desaparecido la peligrosidad del sujeto, conforme los estudios periciales.

CAPÍTULO V
Régimen de impugnación.

Artículo 40: Recursos contra las resoluciones judiciales.

Los autos que decidan en definitiva la solución de los diferentes tipos de incidentes, tendrán recurso de apelación con efecto suspensivo, así como aquellos donde se resuelva sobre la suspensión cautelar de actos administrativos o la suspensión cautelar de la libertad condicional, el incidente de enfermedad o los permisos. En lo demás regirán las normas generales de impugnación del Código Procesal Penal.

CAPÍTULO VI
Disposiciones finales y transitorias.


Artículo 41: Se ordena la creación dentro del plazo de seis meses, de un Registro Nacional de Antecedentes Penales, que recopile y archive la información de todas las sentencias condenatorias dictadas por los Juzgados y Tribunales de la República, así como mantenga actualizado los antecedentes penales de la población. Constituye antecedente penal la declaratoria de responsabilidad penal por hechos posteriores a la firmeza de una sentencia condenatoria previa no prescrita.

Artículo 42: Para el seguimiento y control de beneficios penitenciarios, se asignará al menos una plaza de Auxiliar Judicial -Asistente Social- en cada despacho. Tratándose de circunscripciones judiciales donde exista varios Juzgados de Ejecución, podrán ubicarse en una oficina administrativa independiente, adscritos a las dependencias de Ejecución de la Pena.

Artículo 43: En aquellos casos cuya tramitación se hubiere solicitado o iniciado bajo el procedimiento anterior a la vigencia de la presente ley, se tramitarán conforme a dicho procedimiento o conforme a lo regulado en la presente ley a petición del interesado.

Artículo 44: Se derogan los artículos artículo 70 y 97 del Código Penal.

Artículo 45: La presente ley deroga toda disposición que se le oponga, quedando sin efecto alguno. Lo no previsto expresamente en esta ley, regirá el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Artículo 46: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial.


Dado en el salón de sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Managua, a los _____ días del mes de ______ del año ______.




Presidente Primer Secretario
Asamblea Nacional Asamblea Nacional

1

1. Se incluyó un artículo sobre el objeto de la Ley, que no aparecía en el proyecto de Ley y que nos pareció necesario para clarificar.

2. Se adiciono un segundo párrafo al artículo 2 denominado legalidad y garantía ejecutiva.

3. Se modificó el artículo 6 del proyecto, referido al control jurisdiccional, ya que su redacción ambigua daba a entender una sustitución de la labor del Sistema Penitenciario por los Jueces de Ejecución. Para ello fue necesario separarlo en dos artículos, uno que tiene que ver con la finalidad y ejecución de la pena y vigilancia y el otro que tiene que ver con el descuento de la sanción privativa de libertad.

4. Se creo un artículo 9 que es nuevo y que se denomina impugnación.

5. Se creo un artículo 10 que es nuevo y que se denomina proporcionalidad.

6. Se reformulo el artículo 13 del proyecto que en el dictamen paso a ser el artículo 11 denominado intervención de la víctima.

7. Se creo un nuevo artículo 17 denominado aplicación de los derechos y beneficios.

8. Se reformulo el artículo 15 del proyecto que en la nueva numeración paso a ser el artículo 18 denominado competencia funcional.

9. Se reformuló el artículo denominado ejecución de sentencia condenatoria, en función de determinar el obligatorio pronunciamiento de la autoridad judicial sobre la suspensión o no de la ejecución penal, en los supuestos establecidos en el Código Penal, eliminándose así una practica ilegal, pues los jueces de ejecución se arrogan funciones del juez sentenciador.

10. Se fusionaron los artículos denominados tramitación inicial oficiosa y ruta progresiva con un nuevo epígrafe denominado “Remisión de informe”, de tal manera que lo que se solicite sea un informe de la situación penitenciaria del interno con la proyección de las fichas de cumplimiento de la pena y seis meses después, el envío de la correspondiente ruta progresiva.

11. En el artículo sobre medidas correctivas se mejoró acortando los términos y dándole intervención a la defensa de los derechos humanos.

12. El artículo denominado impugnación de la sanción disciplinaria, paso a llamarse “Revisión de la sanción disciplinaria”, ajustándola a los requerimientos y disponibilidad de la defensoría pública.

13. En el actual Capitulo V, se reformularon los artículos propuestos y se adicionaron cuatro artículos nuevos referentes a notificación personal de la libertad condicional; al informe de cumplimiento y revocatoria cautelar; se reguló lo relativo a la libertad condicional extraordinaria que se había omitido en el proyecto de Ley; se regulo de forma individual los incidentes de enfermedad y el incidente de ejecución diferida por tener efectos o consecuencias diferentes.

14. Se reformulo totalmente el artículo 39, denominado incidente de adecuación de las penas de las sentencias impuestas en el extranjero.

15. Se crearon dos capítulos nuevos que son: Capitulo VII Del procedimiento y tramitación en la fase de vigilancia post penitenciaria y cumplimiento de penas privativas de otros derechos y el Capitulo VIII Condiciones básicas de salud en la ejecución de la pena.

16. Se creo un nuevo artículo 44, denominado Juez técnico.

a) Extinción de pena

b) Libertad condicional

c) Incidente de Suspensión de Ejecución de la Pena

a) Constancia del cumplimiento del porcentaje de permanencia en régimen abierto.

b) Evaluación y análisis del Consejo Evaluativo y del equipo interdisciplinario.

1. Por el cumplimiento día a día de la pena impuesta, cuando voluntariamente no se realizó el trabajo penitenciario o se haya restringido el derecho por disposición administrativa.

2. Por el cumplimiento de la pena privativa de libertad, considerando el abono legal por trabajo penitenciario conforme lo establecido en el artículo 6 de la presente Ley.

3. Por el cumplimiento satisfactorio del período de prueba de la suspensión de ejecución de la pena, de la libertad condicional y la convivencia familiar.

4. Por el pago de la sanción de multa o de días multa impuesta.

5. Por la efectiva prestación del trabajo en beneficio de la comunidad impuesto como sanción.

6. De manera anticipada en los siguientes casos:

a) Por la muerte de la persona condenada;
b) Por el vencimiento del plazo de prescripción de la pena establecido en el Código Penal; y
c) Por concesión de la Asamblea Nacional, de indulto o amnistía.

1) Los incidentes en materia de ejecución de la pena se resolverán en un plazo de no más de tres meses. La inobservancia injustificada de los plazos establecidos en esta Ley implica un mal ejercicio de funciones y causa responsabilidad disciplinaria.
2) Las evaluaciones, diagnósticos y exámenes médicos forenses elaborados por el Instituto de Medicina Legal, que consten en informes o dictámenes redactados al efecto se incorporaran a la audiencia a través de la declaración del profesional que haya realizado la evaluación, exámenes y demás practicas periciales forenses o en su defecto por las personas que los supervisó. Cuando el Juez lo estime necesario convocará a audiencia para proceder de la misma forma a incorporar los dictámenes o informes elaborados por psicólogos penitenciarios, médico penitenciario u otro perito que tenga que informar sobre un tema de interés para la resolución del caso planteado.

3) En el caso de las pruebas documentales se incorporaran en cualquier incidente planteado ante el Juez de Ejecución con la lectura de las mismas.
4) El período de prueba de ocho días en los incidentes de la fase de ejecución y vigilancia penitenciaria, podrán ser ampliados por la mitad, más el termino de la distancia.

5) El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, ordenara en la sentencia que otorgue un beneficio legal o conceda libertad por cualquiera de las causas establecidas en la presente Ley, la apertura de un expediente de vigilancia post- penitenciaria, donde constaran copia de la sentencia que concedió el beneficio o declaración del derecho, acta de fianza, peticiones e incidencias del liberado condicionalmente, durante el período de prueba. Debiendo ingresar en dicho expediente copia de cedula de identidad y foto reciente del sancionado.

Ley No. 745

El objeto de la presente Ley es regular el control jurisdiccional de la ejecución de las sanciones penales, la vigilancia penitenciaria, el seguimiento de las medidas de seguridad y establecer el procedimiento para la tramitación y resolución de los incidentes correspondientes, garantizando la finalidad reeducativa de la imposición de la pena y la reinserción en la sociedad de la persona condenada.

Nadie podrá ser sometido a la ejecución de una pena o medida de seguridad que no esté establecida por sentencia firme dictada por autoridad competente.

El control de legalidad de los actos de la autoridad administrativa, será ejercido por el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria. No podrán aplicarse sanciones o medidas administrativas, si no es mediante resoluciones debidamente motivadas y firmes.
La sanción penal se ejecutará en la forma establecida por la Constitución Política de la República de Nicaragua, los instrumentos internacionales ratificados por la República de Nicaragua, las leyes y sus reglamentos, de conformidad con el principio de legalidad.

En la ejecución de la pena y medidas de seguridad, toda persona condenada deberá ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella se derivan y en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, credo político, sexo, raza, religión, idioma, opinión, origen, posición económica o condición social.

El Estado debe garantizar la integridad física, moral o psicológica de las personas condenadas, los que no podrán ser sometido a torturas, procedimientos, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Las autoridades judiciales y administrativas respetarán la tradición, cultura, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad a las disposiciones vigentes en el Código Penal.

El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria velará por el efectivo cumplimiento de la sanción impuesta, controlará la aplicación del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de las penas y medidas de seguridad.
De igual manera, ejercerá el control de legalidad de las acciones u omisiones de la autoridad penitenciaria, salvo en materia administrativa cuando no afecte derechos fundamentales o derechos y beneficios penitenciarios.

En la ejecución de la pena y medidas de seguridad, así como en la aplicación del régimen disciplinario, se garantizará el derecho a la defensa.

El Estado, a través de la Defensoría Pública, garantizará la asesoría legal a las personas condenadas que no tengan capacidad económica para sufragar los gastos de un abogado particular.

Las resoluciones del Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria serán notificadas a la persona condenada de conformidad a lo dispuesto en la Ley.

La sanción penal en su fase de ejecución tendrá la finalidad primordial de procurar la transformación de la persona condenada mediante el sistema progresivo, aplicando un conjunto de beneficios, derechos e incentivos que estimulen su incorporación a un plan de reeducación y de reinserción paulatina en la sociedad. El Estado deberá proporcionar los medios adecuados para lograr su fin.

La justicia en Nicaragua es gratuita. No se podrá cargar a la persona condenada el costo del traslado a audiencias orales u otras diligencias judiciales.

En sus actuaciones los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria harán prevalecer, la realización pronta, transparente y efectiva de la justicia.

Cuando por alguna circunstancia no se ubique el expediente judicial de la persona condenada, será obligación del Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria asegurar su inmediata reposición, con la copia de sentencia o la verificación de la información necesaria que permita su tramitación. De la misma manera se procederá cuando por impugnación el expediente se encuentre en una instancia superior y sea necesario resolver un nuevo incidente.

Las partes del proceso tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas por los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

Las potestades que esta Ley otorga a los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria serán ejercidas racionalmente y dentro de los límites de la más estricta proporcionalidad, para lo cual se atenderá a la necesidad e idoneidad de su ejercicio y a los derechos individuales que puedan resultar afectados.

El control de proporcionalidad de los actos de la autoridad administrativa, será ejercido por el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

El ofendido o víctima tiene derecho a ser parte en el proceso de ejecución de las penas y medidas, desde su inicio hasta su extinción o en cualquier estado en que se encuentre el proceso sin retrotraer los actos ya realizados, siempre y cuando solicite su intervención.

Los incidentes se resolverán en audiencia oral y pública de acuerdo con los principios de inmediación y publicidad, con las partes presentes salvo limitación conforme la Constitución Política de la República de Nicaragua y el Código Procesal Penal.

En los casos en que no sea necesario evacuar prueba se prescindirá de la audiencia oral.

Los hechos de interés en el proceso de ejecución y vigilancia penitenciaria, podrán ser probados por cualquier medio de prueba lícita. La prueba se valorará conforme el criterio racional y observando las reglas de la lógica.

La privación de libertad que exceda del plazo de la sanción impuesta, cuando se trate de efectiva prisión, considerando la aplicación de los beneficios penitenciarios, constituye una detención ilegítima.

Tratándose de reclamos por detención ilegítima de libertad, cualquier persona se encuentra legitimada para accionar a favor de la persona condenada, sin constituirse en parte, solicitando directamente o a través de defensor particular o público, la intervención del Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

En la ejecución de la sanción penal, es ilegítima la restricción de otros derechos fundamentales no limitados por la sentencia impuesta, salvo las medidas administrativas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de la pena y la seguridad del centro de detención.

La sanción privativa de libertad consiste en la limitación de la libertad ambulatoria o de circulación de la persona condenada, bajo la custodia o control de las autoridades correspondientes. Las penas privativas de libertad se cumplirán sucesivamente.

El día de privación de libertad equivale a veinticuatro horas, el mes a treinta días y el año a trescientos sesenta y cinco días.

No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años. Para efectos de la aplicación de este límite, cuando la persona condenada se encuentre cumpliendo una sanción y se le imponga una nueva, la suma de la nueva pena más el monto pendiente de descontar no podrá exceder del límite constitucional.

a) Extinción de Pena.
El trabajo se reconocerá como un derecho para efecto de descuento y cumplimiento de la pena, a razón de un día de privación de libertad por día trabajado, una vez que la sentencia este firme, siempre y cuando la persona condenada se haya incorporado a alguna de las áreas artesanales, industriales, agropecuarias, de servicios, educativas entre otras, conforme la Ley del Régimen Penitenciario y de Ejecución de la Pena y su reglamento.

Durante el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, el tiempo laborado será abonado a la condena a razón de dos días de privación de libertad por cada día laborado.

b) Libertad Condicional.
Se podrá otorgar, la libertad condicional en los delitos graves y menos graves, cuando a la persona condenada haya cumplido las dos terceras partes de efectiva prisión, cuando concurran las circunstancias del Código Penal.

Este beneficio solo se podrá, aplicar cuando a la persona condenada haya cumplido las tres cuartas partes de la pena de efectiva prisión, en los delitos de: terrorismo, secuestro extorsivo, tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos, trafico de migrantes ilegales, delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas exceptuando el delito tipificado de tenencia en el Código Penal, lavado de dinero bienes o activos, tráfico ilícito de armas, fabricación, trafico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos, trafico ilícito de vehículos, crimen organizado, violencia doméstica o intrafamiliar, delitos contra la libertad e integridad sexual, delitos contra el orden internacional, robo con violencia o intimidación en las personas, robo agravado.

Cuando el delito sexual sea cometido contra niños, niñas y adolescentes no habrá lugar a ningún beneficio.

c) Incidente de Suspensión de Ejecución de la Pena

Corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal sentenciador establecer las condiciones de cumplimiento de la sanción impuesta. Esta autoridad en la sentencia de condena podrá resolver sobre la suspensión condicional de la pena, en los supuestos establecidos en el artículo 87 del Código Penal.
En el caso que el Juez o Tribunal sentenciador otorgaré la suspensión de la ejecución de la pena, el expediente judicial será remitido inmediatamente al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, quien controlará el cumplimiento de las obligaciones o deberes que se le hubiesen impuesto en la resolución.
Promovido el incidente ante el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, se convocará audiencia a las partes para la evacuación de pruebas y su fundamentación. En caso de un trámite de urgencia motivada, cuando exista arraigo en el territorio nacional y se asegure contar con la presencia de la persona condenada cuando sea requerido, el Juez podrá conceder la libertad mediante caución personal, mientras se resuelve definitivamente el incidente en los plazos que se establecen en el artículo 404 del Código Procesal Penal.
La Suspensión de la Ejecución de la Sentencia procederá solamente en los delitos menos graves y en las faltas penales. Son delitos menos graves, aquellos cuyo límite máximo a imponer conforme a la Ley es hasta cinco años de prisión.

Para efectos de la extinción de pena contenida en la presente Ley, únicamente se tomará en cuenta el tiempo laborado. En ningún caso se podrá sumar un derecho con un beneficio o un beneficio con un derecho.

Los Juzgados de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria estarán organizados bajo lo dispuesto en la Ley No. 260, “Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua” y demás leyes aplicables. Los funcionarios que ejerzan el cargo contarán con la calificación y especialización requerida y serán asistidos por un equipo interdisciplinario, que prestará auxilio en la gestión.

Corresponderá exclusivamente al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria en base a las funciones establecidas en el Código Procesal Penal y a lo dispuesto en la sentencia firme condenatoria, resolver.los incidentes de libertad anticipada relativos a la libertad condicional, libertad condicional extraordinaria, suspensión de ejecución de la pena, de enfermedad, ejecución diferida, convivencia familiar ordinaria y extraordinaria, unificación de penas, cuando la última autoridad sentenciadora no lo haya resuelto, así como el abono de medidas cautelares de prisión preventiva y detención domiciliar no aplicado, la adecuación de pena impuesta en el extranjero, revocación de beneficios, la extinción y prescripción de las penas y la cancelación de antecedentes penales.

La devolución de los bienes a la víctima se realizará inmediatamente después de la primera audiencia cuando así proceda, de no realizarse la entrega el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria ordenará la misma, conforme lo ordenado en sentencia condenatoria.

Los incidentes de revisión en cuanto a la modificación de la pena para la aplicación de retroactividad de la Ley, serán resueltos por los tribunales de revisión conforme el artículo 21 del Código Procesal Penal.

Tratándose de personas detenidas únicamente bajo prisión preventiva, el competente para resolver los incidentes relativos a violación de derechos y garantías constitucionales relacionados con su detención o las condiciones de la misma, será el juez de la causa a cuya disposición se encuentre.

El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria será competente para conocer de los incidentes y asuntos correspondientes de las personas condenadas por la autoridad judicial de su departamento.

Cuando las autoridades penitenciarias efectúen el traslado de la persona condenada a otro centro penitenciario distinto del lugar de la circunscripción donde fue sentenciado, deberán comunicarlo al Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

Los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción donde se ubica la autoridad penitenciaria coadyuvarán con el juez competente, en la vigilancia y control de legalidad de las acciones u omisiones de la autoridad penitenciaria.

Una vez firme la sentencia condenatoria, esta deberá contener la suma total de la sanción impuesta, así como su fecha de firmeza y el período exacto de prisión preventiva o arresto domiciliar que debe abonarse a la sanción. Se debe prevenir a la defensa, para que dentro del plazo de tres días, señale si continuará con la representación del condenado en la fase de ejecución e indique lugar para recibir notificaciones.

De no encontrarse la persona condenada, se ordenará su inmediata detención y su remisión a la autoridad penitenciaria competente.

Asegurada la detención de la persona condenada, se adjuntará a la orden de remisión la certificación de la sentencia firme, remitiendo al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria el respectivo expediente judicial para su seguimiento y control.

Cuando en la visita carcelaria el juez observe alguna irregularidad violatoria de los derechos fundamentales de la población penal, solicitará en el mismo acto a la autoridad administrativa la explicación de la situación y una propuesta de solución. De no quedar resuelto el asunto en ese momento, se procederá conforme el numeral 1 del artículo 407 del Código Procesal Penal.

El acta de visita será puesta en conocimiento del Procurador Especial de Cárceles de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para su conocimiento.

El juez procederá a dictar la medida correctiva dentro de cinco días, notificando a la Procuraduría de Cárceles y la autoridad penitenciaria, quienes podrán hacer uso del derecho de impugnación.

Este procedimiento no se aplicará cuando la vulneración de derechos señalada por la autoridad judicial sea atendida y resuelta en el acto por la autoridad penitenciaria.

El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, conforme el artículo 407 del Código Procesal Penal, deberá visitar los centros de privación de libertad o de cumplimiento de medidas de seguridad al menos dos veces al mes, con fines de realizar inspecciones, conversatorios, entrevistas cuando lo considere necesario. Sin impedimento alguno para su ingreso al centro penitenciario o policial, la obstaculización de esta función deberá contenerla en acta e informarlo inmediatamente al Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

De cada visita carcelaria levantará un acta donde haga constar su resultado, la que comunicará junto con la medida correctiva correspondiente al Director del Centro Penal. La Inspectoría Judicial velará por la efectiva visita de las autoridades judiciales a los centros penitenciarios.

Remitido el expediente judicial, el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria solicitará a la Dirección de Control Penal del Sistema Penitenciario, la remisión en el plazo de cinco días, de un informe de la situación penitenciaria del interno con la proyección de las fechas de cumplimiento de la pena.

Así mismo solicitará, en el plazo de seis meses, el envío de la correspondiente ruta progresiva, de conformidad con la Ley No. 473 “Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena”, publicada en La Gacetas, Diario Oficial No. 222 el 21 de Noviembre del 2003. Para las proyecciones de avance en el régimen progresivo y del cumplimiento de la sanción, la autoridad penitenciaria deberá considerar el eventual abono legal a la sanción por trabajo penitenciario, así como los períodos de prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por la persona condenada durante el proceso.

Cuando la persona condenada se le imponga una medida correctiva o sanción disciplinaria, habiendo agotado la vía administrativa penitenciaria conforme la Ley No. 473, “Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena”, podrá acudir ante el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, mediante recurso de revisión.

Las sanciones leves que aplique el Sistema Penitenciario no afectarán el derecho para optar a un beneficio legal, salvo cuando se trate de infracciones graves y reiteradas, que hayan sido impuestas mediante una resolución administrativa.

Solicitada verbalmente la revisión de la sanción ante el funcionario notificador de la autoridad administrativa, se remitirá de inmediato el expediente disciplinario original o copia certificada y completa del mismo, al Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

Del reclamo se debe convocar a las partes dentro del plazo de cinco días, para que expresen lo que tengan a bien y ofrezcan pruebas. Evacuada la prueba se resolverá el asunto dentro del plazo de cinco días. Lo resuelto no tiene recurso de apelación. El procedimiento de revisión de sanción disciplinaria tiene efecto suspensivo.

La autoridad penitenciaria solicitará al Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, la aprobación de toda medida de aislamiento, ubicación en celda individual o contingente de seguridad que se prolongue por más de cuarenta y ocho horas. A la solicitud se adjuntará la medida impuesta administrativamente, valoración médica de la persona condenada y los motivos que justifican y hacen necesaria la misma, así como el período exacto máximo de la medida que se pretende.

El juez procederá de oficio y de inmediato a resolver, comunicándolo a la autoridad penitenciaria y solicitando en ese mismo acto un defensor público que represente a la persona condenada, cuando no tenga defensor particular, quedando la Defensoría Pública notificada de la resolución dictada. La resolución podrá ser apelada por las partes y por la administración penitenciaria, dentro del plazo de tres días.

La facultad de la administración penitenciaria de aplicar medidas de aislamiento hasta por cuarenta y ocho horas, tratándose de un mismo interno, no podrá aplicarse más de dos veces en un período de seis meses. De ser necesario, el aplicar nuevamente la medida, se requerirá la autorización del Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

A través del incidente de peticiones o queja la persona condenada o su representante, podrá plantear ante el Juzgado de Ejecución y de Vigilancia Penitenciaria, el reclamo de sus derechos fundamentales o penitenciarios denegados expresa o tácitamente por la administración penitenciaria.

Tratándose del reclamo contra resoluciones administrativas dictadas oficiosamente por la autoridad penitenciaria, la persona condenada inconforme tendrá un plazo máximo de un mes para presentar la respectiva queja, a partir de la comunicación o notificación de la resolución.

Interpuesta la queja o presentada la petición, si es necesario el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria convocará audiencias a las partes dentro de un plazo de tres días, para que aleguen lo que tenga a bien y ofrezcan pruebas; en el mismo acto de oficio se solicitará un informe a la autoridad penitenciaria dentro del plazo máximo de cinco días. De no remitirse el informe oportunamente, de inmediato se convocará al responsable administrativo a audiencia oral con la presencia de las partes, sin necesidad de la remisión de la persona condenada, cuando la presencia de su representante legal sea suficiente para asegurar su derecho de defensa.

Evacuada toda la prueba, se resolverá el incidente dentro del plazo de cinco días.

La solicitud deberá presentarse por escrito ante la autoridad judicial competente. El Juez requerirá a la autoridad penitenciaria, la remisión dentro del plazo máximo de ocho días más el término de la distancia el informe de evaluación de conducta y el pronóstico individualizado de reinserción social correspondiente de la persona condenada, donde conste su desenvolvimiento dentro del penal, sus recursos externos de apoyo y deberá contener el grado de peligrosidad social; determinado de manera medible y objetiva, tomando en cuenta la reincidencia delictiva, el modo de cometer el hecho delictivo y el tipo de delito.

En el mismo auto de trámite, se convocará audiencia a las partes para que aleguen lo que tengan a bien y evacuen las pruebas. De no remitirse el informe oportunamente, se convocará a la autoridad penitenciaria a la audiencia oral correspondiente para que en ese acto rinda su informe.

Cuando sea necesario obtener mayor información o pruebas que evacuar, el Juez aún de oficio o a petición de parte abrirá a pruebas el incidente por un plazo de ocho días, después del cual decidirá mediante sentencia dentro de un plazo de cinco días.

De ser necesario la autoridad podrá suspender la audiencia por el plazo máximo de sesenta minutos y en el acto procederá a comunicar a las partes su decisión, exponiendo las razones o motivos de la misma y dejando constancia en el acta correspondiente.

El Juez, al conceder la libertad condicional, podrá imponer a la persona condenada, por el plazo que resta para el efectivo cumplimiento de la sanción, alguna o algunas de las siguientes condiciones, de acuerdo con las particularidades del caso y con fundamento en la prueba evacuada:

a) La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de un familiar o responsable o institución determinada, que informará regularmente al Juzgado;
b) La obligación de presentarse periódicamente ante el Juzgado que se designe;
c) La prohibición de salir del país;
d) La obligación de tener un domicilio fijo y conocido, mismo que solo podrá modificar con autorización del Juzgado;
e) La prohibición de acercarse o perturbar a la víctima o sus familiares;
f) La obligación de realizar un oficio, trabajo o incorporarse a programas educativos, de capacitación o formativos;
g) La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas o visitar determinados lugares o establecimientos;
h) La prohibición de tenencia o portación de armas;
i) La prohibición de conducir vehículos automotores;
j) El ingreso a un centro para el tratamiento de adicciones o su sometimiento a un tratamiento médico externo;
k) Las condiciones o restricciones propuestas por el propio condenado o cualquier otra condición necesaria que se torne útil en función de asegurar el cumplimiento, siempre que sea respetuosa de la dignidad humana, sus derechos fundamentales y de factible cumplimiento conforme a su situación socioeconómica.

La sentencia que otorgue el beneficio de libertad condicional, deberá ser notificada de forma personal a la persona condenada para darle a conocer las condiciones bajo las cuales se le otorga el beneficio y las consecuencias de su incumplimiento.

En caso de que se remita informe de incumplimiento de las condiciones impuestas, el juez podrá modificar cautelarmente las condiciones dictadas u ordenar la revocatoria provisional del beneficio por el plazo de tres meses, mientras se resuelve en definitiva el asunto, previa garantía de defensa y audiencia oral.

La libertad condicional será revocada o modificada:

a) Por incumplimiento grave de alguna de las condiciones fijadas por el Juez; y
b) Por la comisión de un nuevo delito, sancionado con pena privativa de libertad mayor de seis meses, durante el período de prueba.

Tendrán recurso de apelación, las resoluciones que modifiquen las condiciones u ordenen la revocatoria cautelar o definitiva.

Revocada definitivamente la libertad condicional, la persona condenada deberá cumplir el monto de la pena pendiente a partir de la fecha en que la autoridad judicial determine que se produjo el incumplimiento del beneficio. Transcurrido el plazo de la libertad condicional sin que haya sido revocada, la pena quedará extinguida en su totalidad.

Para resolver el beneficio de libertad condicional extraordinaria establecida en el artículo 97 del Código Penal, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos anteriores.

El incidente de enfermedad, se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y la presente Ley. En aquellos casos en que esté en grave riesgo la salud o vida de la persona condenada, el juez procederá de oficio o a instancia de parte.

Presentado el incidente, se convocará audiencia a las partes para que expresen lo que tengan a bien y ofrezcan prueba por el plazo máximo de tres días. En el mismo auto, de oficio, se ordenará remitir a la persona condenada para la valoración del médico forense. De ser necesario se convoca nueva audiencia para la evacuación de pruebas dentro de un plazo de ocho días y el juez resolverá dentro del plazo de cinco días.

La autoridad penitenciaria al trasladar a la persona condenada al médico forense, deberá remitir el expediente de salud del interno.

Planteado el incidente de ejecución diferida, el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, convocará a audiencia dentro de un plazo máximo de tres días, si fuese necesario incorporar mayores elementos probatorios, aún de oficio abrirá a pruebas por un término de ocho días, transcurrido el mismo, el Juez decidirá dentro de un plazo máximo de cinco días. Las pruebas se incorporarán de acuerdo a lo establecido en las disposiciones comunes de la presente Ley.

El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria tramitará la libertad de convivencia familiar extraordinaria a personas mayores de setenta años o los que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal y a las internas en periodo pre y post natal que no tengan las condiciones adecuadas en el centro penitenciario, observando el procedimiento para la ejecución diferida y tomando en cuenta las disposiciones de la Ley No. 473 “Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena” en lo que no se oponga a la presente Ley.

Al resolverse la unificación de penas se garantizará el efectivo respeto al límite constitucional de las penas y las reglas del concurso real retrospectivo. Cuando la unificación de penas no haya sido resuelto por la última autoridad sentenciadora, conforme lo establece el artículo 408 del Código Procesal Penal le corresponderá hacerlo al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.

Para resolver la incidencia, el Juez solicitará a las autoridades correspondientes un informe de las sentencias condenatorias dentro del plazo de cinco días. Una vez radicados los expedientes judiciales ante el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, procederá a resolver la incidencia, convocando a las partes para que se expresen lo que tengan a bien sobre la unificación de pena y el Juez resolverá dentro del plazo de cinco días.

La adecuación de las penas es el mecanismo por el cual, se garantiza que las penas impuestas no excedan el máximo constitucional de los treinta años.

Para resolver este incidente, el juez de oficio requerirá a la autoridad administrativa que presente un informe, en el plazo máximo de cinco días, de la situación jurídica y penitenciaria de la persona condenada y del monto pendiente por descontar, a partir del momento que resulte de interés determinar. El Juez convocará a las partes dentro del plazo de tres días para que expresen lo que tengan a bien, resolviéndose el incidente en el plazo de cinco días.

La adecuación de las penas es el mecanismo por el cual, se garantiza que las penas impuestas en el extranjero no excedan el máximo constitucional de los treinta años.

De previo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, examinará si cumple con los requisitos de transferencia de la persona condenada, se pronunciará sobre su admisión, designando al Juez de Ejecución que adecuará la pena, cuyo asiento corresponda al domicilio de la persona condenada.

Radicado el expediente y habiéndose trasladado la persona condenada al territorio nacional, el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria celebrará audiencia oral con la finalidad de hacer de su conocimiento las garantías y derechos que le asisten. En el caso que la persona condenada no designe defensor, el Juez de oficio solicitará dentro de un término de cuarenta y ocho horas a la Defensoría Pública el nombramiento de un Defensor. Inmediatamente se notificará a las partes la nueva audiencia para adecuación de la pena, en la que se incorporará las diligencias practicadas, resolviendo la autoridad dentro del término de cinco días.

Si la persona condenada viniera del extranjero con una pena superior a la establecida en nuestra legislación, se adecuará a ésta.

Corresponde al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitencia otorgar el beneficio de convivencia familiar, a propuesta fundamentada del Director del Centro Penitenciario o a instancia de las partes. A la solicitud de la dirección penitenciaria deberá adjuntarse:

a) Constancia del cumplimiento del porcentaje de permanencia en régimen abierto.

b) Evaluación y análisis del Consejo Evaluativo y del equipo interdisciplinario.

Cuando lo promueva la parte, se requerirá a la autoridad penitenciaria remitir la referida constancia y evaluación dentro del plazo de diez días. Recibida la documentación penitenciaria, se convocará audiencia a las partes para que expresen lo que tengan a bien, resolviendo el Juez en el plazo de cinco días.

Corresponderá al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria dar seguimiento y control a los deberes impuestos a las personas que gocen del régimen de convivencia familiar.

Al aprobarse el beneficio de convivencia, el Juez podrá imponer a la persona condenada las condiciones que estime conveniente para asegurar su reinserción social. Respecto a la modificación o aplicación de las condiciones que regirán lo establecido para el beneficio de libertad condicional.

La prisión preventiva no aplicada por sentencia de no culpabilidad, será abonada por el Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria a una causa distinta, cuando se trate del supuesto establecido en el artículo 68 del Código Penal.

Este incidente procederá a instancia de parte, de la administración penitenciaria o incluso de oficio. El Juez ordenará a la autoridad correspondiente emitir un informe que deberá contener: el período de prisión preventiva no aplicada, la fecha de los hechos de la causa que generó la aplicación de la prisión preventiva no aplicada y la fecha de los hechos de la sentencia que se cumple. Recibido el informe se convocará audiencia a las partes para darlo a conocer y expresen lo que tengan a bien, resolviendo el Juez en el plazo de cinco días.

Se tramitará el incidente de extinción de la pena:

1. Por el cumplimiento día a día de la pena impuesta, cuando voluntariamente no se realizó el trabajo penitenciario o se haya restringido el derecho por disposición administrativa.

2. Por el cumplimiento de la pena privativa de libertad, considerando el abono legal por trabajo penitenciario conforme lo establecido en el artículo 6 de la presente Ley.

3. Por el cumplimiento satisfactorio del período de prueba de la suspensión de ejecución de la pena, de la libertad condicional y la convivencia familiar.

4. Por el pago de la sanción de multa o de días multa impuesta.

5. Por la efectiva prestación del trabajo en beneficio de la comunidad impuesto como sanción.

6. De manera anticipada en los siguientes casos:

a) Por la muerte de la persona condenada;
b) Por el vencimiento del plazo de prescripción de la pena establecido en el Código Penal; y
c) Por concesión de la Asamblea Nacional, de indulto o amnistía.

Promovido por la parte o de oficio el incidente de extinción de la sanción penal, se pedirá informe dentro del plazo de cinco días, a las autoridades correspondientes. El mismo se pondrá en conocimiento de las partes por el plazo de tres días para que expresen lo que tengan a bien, convocándose audiencia a las partes si fuere necesario y resolviendo el juez en el plazo de cinco días.

Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 136 del Código Penal, la persona condenada o su representante podrá solicitar la cancelación de sus antecedentes penales.

El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria solicitará un informe en el plazo de cinco días al Registro Nacional de Antecedentes Penales y a la Dirección de Control Penal del Sistema Penitenciario Nacional, poniéndolo en conocimiento a las partes por tres días para que se pronuncien y posteriormente se resolverá la incidencia en el plazo de cinco días.

Las siguientes disposiciones tienen el carácter general que regirá en el presente capítulo:

1) Los incidentes en materia de ejecución de la pena se resolverán en un plazo de no más de tres meses. La inobservancia injustificada de los plazos establecidos en esta Ley implica un mal ejercicio de funciones y causa responsabilidad disciplinaria.

2) Las evaluaciones, diagnósticos y exámenes médicos forenses elaborados por el Instituto de Medicina Legal, que consten en informes o dictámenes redactados al efecto se incorporarán a la audiencia a través de la declaración del profesional que haya realizado la evaluación, exámenes y demás prácticas periciales forenses o en su defecto por las personas que los supervisó. Cuando el Juez lo estime necesario convocará a audiencia para proceder de la misma forma a incorporar los dictámenes o informes elaborados por psicólogos penitenciarios, médico penitenciario u otro perito que tenga que informar sobre un tema de interés para la resolución del caso planteado.

3) En el caso de las pruebas documentales se incorporarán en cualquier incidente planteado ante el Juez de Ejecución con la lectura de las mismas.

4) El período de prueba de ocho días en los incidentes de la fase de ejecución y vigilancia penitenciaria, podrán ser ampliados por la mitad, más el término de la distancia.

5) El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, ordenará en la sentencia que otorgue un beneficio legal o conceda libertad por cualquiera de las causas establecidas en la presente Ley, la apertura de un expediente de vigilancia post- penitenciaria, donde constarán copia de la sentencia que concedió el beneficio o declaración del derecho, acta de fianza, peticiones e incidencias del liberado condicionalmente, durante el período de prueba. Debiendo ingresar en dicho expediente copia de cédula de identidad y foto reciente del sancionado.

Los incidentes se resolverán con cualquiera de las partes presentes.

Se realizarán con juez técnico los juicios por delitos de violencia doméstica o intrafamiliar, abigeato, secuestro extorsivo y crimen organizado. Esta disposición es aplicable también a los delitos contenidos en los siguientes capítulos: delitos contra la libertad e integridad sexual; lavado de dinero, bienes o activos; delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas; terrorismo; cohecho; tráfico de influencias; peculado; malversación de caudales públicos fraudes, exacciones y robo con violencia o intimidación en las personas y el robo agravado. En todos estos delitos que en la pena se clasifique como grave por su naturaleza, se tramitarán en prisión preventiva mientras dure el proceso hasta que se dicte sentencia.

La autoridad judicial competente para conocer del recurso de apelación contra las sentencias del Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, será la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción judicial correspondiente. Y para conocer y resolver del recurso de casación, será competente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los recursos se admitirán en el efecto devolutivo. Se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal y deberán resolverse dentro del plazo máximo de un mes, a partir de su interposición.

Cuando la sanción penal impuesta al condenado sea de días multa o multa, una vez remitido el expediente al Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, para su seguimiento y control, la autoridad judicial determinará la fecha exacta en que vence el período para el efectivo pago de la suma total, los tractos o sumas sucesivas.

Cuando el sancionado o su representante solicite una modificación de los plazos por variación sensible de su situación económica, deberá ofrecer la prueba correspondiente, se dará audiencia a las partes por el plazo de tres días para que se pronuncien. Vencida la audiencia y evacuada la prueba, la solicitud se resolverá dentro del plazo de cinco días.

Cuando no se haya satisfecho la sanción de días multa impuesta, se procederá a la conmutación de la misma por trabajo en beneficio de la comunidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Código Penal. La resolución que ordena la conmutación deberá ser notificada personalmente al sancionado, al que se le prevendrá señalar si acepta la misma, so pena de imponer un día de prisión por cada ocho horas de trabajo no aceptado. El seguimiento y control de la conmutación se realizará de conformidad con el procedimiento establecido para la aplicación de la pena de prestación de trabajo en beneficio de la comunidad.

En caso de que el individuo no acepte o incumpla con el trabajo en beneficio de la comunidad, se procederá a la imposición de la pena privativa de libertad, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 65 del Código Penal, previo derecho de defensa.

Contra la resolución que ordena la conmutación por trabajo en beneficio de la comunidad y la que impone la pena privativa de libertad procede el recurso de apelación.

De no haberse satisfecho la sanción de multa se procederá a la conmutación de la pena, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 65 del Código Penal.

Contra la resolución que ordena la conmutación de la pena de multa, procede el recurso de apelación.

Radicado el expediente en el Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, se ordenará inmediatamente la presentación personal del sancionado con la finalidad de advertirle de sus obligaciones, informándole de la entidad beneficiada y el encargado de controlar su trabajo, previniéndole presentarse ante éste, dentro del plazo de tres días. Vencido ese plazo, se requerirá al encargado de dar seguimiento a la prestación, se sirva informar periódicamente sobre el cumplimiento de la misma.

En caso de tres ausencias de la persona condenada, se citará a éste y a las partes a audiencia oral y de no justificarse las mismas, se procederá a ordenar la privación de libertad de conformidad con el artículo 62 del Código Penal. Contra la resolución procede el recurso de apelación.

El Juez de Ejecución de la Pena y de Vigilancia Penitenciaria, será la autoridad competente para dar seguimiento y control a la aplicación de medidas de seguridad. Semestralmente se requerirá a las autoridades encargadas de la atención del condenado, la remisión de un informe sobre el cumplimiento de la medida de seguridad y la necesidad o no de mantener la misma. Dicho informe será puesto en conocimiento de las partes por el plazo de tres días para que se pronuncien y ofrezcan prueba. Convocándose audiencia a las partes si fuere necesaria la evacuación de pruebas y se resolverá el asunto dentro del plazo de cinco días, pronunciándose el juez sobre mantener, modificar la medida de seguridad por una más favorable o cesar la misma cuando haya desaparecido la peligrosidad del sujeto, conforme los estudios periciales.

Corresponde al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria el seguimiento y control de las penas no privativas de libertad y privativas de otros derechos.

Dicho control se hará mediante la apertura de un expediente que contendrá todas las diligencias relativas a la fase post penitenciaria. Y mediante las visitas que realice al lugar del cumplimiento de las penas el equipo auxiliar del Juzgado, designado para tal efecto.

Resolver conforme lo previsto para el incidente de ejecución, las peticiones o quejas que formulen las personas sujetas a la prestación de trabajo en beneficio de la comunidad, en cuanto existan supuestas violaciones por las autoridades civiles a cargo de estos.

De oficio o a petición de parte, revocar, revisar, mantener, modificar las condiciones del cumplimiento de penas no privativas de libertad cuando la persona sujeta al cumplimiento de deberes incurra en la violación de las obligaciones establecidas o cuando durante el período de prueba cometiere un nuevo delito y obtuviere condena firme.

La competencia estará fijada por la presente Ley y demás disposiciones contenidas en el Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley No. 473, “Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena”.

Toda persona privada de libertad tiene derecho a la salud. El Estado garantizará la oportuna asistencia a la salud integral; los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos, le serán suministrados por el Ministerio de Salud, la atención a la población penal se realizará mediante los programas asistenciales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Sin perjuicio del derecho de la persona condenada de ser asistido por un médico de su confianza, previa autorización y supervisión de la autoridad competente y de procurarse los medicamentos que sean indispensables para su tratamiento.

Al ingreso o reingreso de la persona condenada a un centro penitenciario, deberá ser examinada por un profesional del sistema médico forense en las primeras veinticuatro horas, quien dejará constancia en el expediente clínico de su estado de salud.

De encontrar signos de lesiones corporales producto de malos tratos y/o alteraciones sicológicas secundarias a síndromes etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia susceptible de producir dependencia física o psíquica u otras afectaciones, las hará del conocimiento inmediato al director del centro penitenciario, quien a su vez informará a la autoridad judicial competente y a otras instancias según el caso.

La historia clínica en la que quedará registrado el estado de salud y la asistencia médica de la persona condenada, complementará la información del estudio que realice el equipo interdisciplinario, para caracterizar, individualizar y orientar el tratamiento de rehabilitación penitenciario adecuado.

En cada centro penitenciario se dispondrá de un servicio de asistencia médica del Ministerio de Salud, encargado de brindar a las personas condenadas, atención de salud básica, de urgencia, en medicina general y odontológica. Así mismo desarrollará los programas de atención, promoción de salud y prevención de enfermedades en la población penitenciaria.

Todo centro penitenciario dispondrá de una sala de observación para los cuidados médicos de las personas condenadas que por su estado de salud lo requieran y previa indicación del facultativo, la administración penitenciaria establecerá un programa especial de visitas de sus familiares hasta tres veces a la semana durante el período que permanezca en esta sala e informará al juez competente.

Todo centro penitenciario en coordinación con el Ministerio de Salud ofrecerá los programas de asistencia médica primaria y especializada para el control del tratamiento y evolución clínica de las personas condenadas con enfermedades agudas y crónicas dispensarizadas. De igual manera garantizará el acceso a programas de rehabilitación cuando la persona condenada presente enfermedades vinculadas al consumo y dependencia de alcohol y/o drogas de abuso u otros estupefacientes.

La persona condenada cuando lo requiera deberá ser trasladada a una unidad de salud hospitalaria especializada del Ministerio de Salud, donde deberá ser atendida con prioridad, en caso de emergencia médica o quirúrgica que no pueda ser tratada adecuadamente en los establecimientos médicos penitenciarios. El médico penitenciario hará del conocimiento inmediato al director del centro penitenciario, quien tomará las medidas urgentes del caso y a su vez informará a la autoridad judicial competente y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La persona condenada que sufra de alguna enfermedad que no pueda ser manejada adecuadamente en los establecimientos médicos penitenciarios, que ponga en grave riesgo su salud o su vida, el Juez de Ejecución y vigilancia Penitenciaria actuará conforme lo establecido en el Código Procesal Penal.

Si la enfermedad sucediera en el período en que no esté firme la condena, el competente para resolver lo que corresponda sobre la medida cautelar, es el Juez que conoce de la causa en el caso de no hacerlo esta autoridad, el director del penal informará al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria para que este ordene las medidas de atención medica, debiendo enviar un informe al Juez de la causa.

Tratándose de persona condenada que por su estado de salud no pueda ser atendida clínicamente en el Sistema Penitenciario, el Juez procederá vía incidente ordenar su hospitalización inmediata por motivo de salud y bajo las condiciones que determine, con el debido control y vigilancia de la autoridad penitenciaria. Una vez que cese su condición de salud, ingresará nuevamente al Sistema Penitenciario.

Si la persona condenada se enferma y solicitare ser atendido en un centro médico asistencial privado, previa autorización de la autoridad judicial, deberá asumir los gastos que esto incurra. La administración del centro penitenciario notificará al juez competente para su debida autorización.

Si durante el cumplimiento de la pena a la persona condenada, le sobreviniere una enfermedad psiquiátrica o un trastorno psicológico, una vez certificado el diagnóstico por el facultativo especialista, deberá ser incorporado al programa de salud mental, ubicándosele en un área adecuada dentro del sistema penitenciario para su debido tratamiento.

Cuando la persona condenada requiera tratamiento médico psiquiátrico por agudización de la enfermedad, que implique perturbación de la conciencia, pérdida de la autonomía psíquica, en tanto la institución penitenciaria no disponga de sus propios centros asistenciales, se trasladará a un centro especializado del Ministerio de Salud.

La administración penitenciaria informará de inmediato al Juez competente para que proceda conforme lo dispuesto en la normativa penal vigente, además informará a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Si durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad, la persona condenada presentare limitaciones funcionales de órgano y sistemas, con menoscabo psíquico o incapacidades físicas a consecuencia de la evolución o por complicaciones de enfermedades cancerosas e infecciosas en etapas terminales que lo limiten para realizar sus actividades habituales, la administración penitenciaria informará al Juez competente al momento de su conocimiento para que proceda de acuerdo a la normativa penal vigente.

Las autoridades del centro penitenciario deberán mantener informado permanentemente al Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria de las personas condenadas con enfermedades crónicas de naturaleza infecciosa y no infecciosa, asimismo de las que presentaren enfermedades vinculadas a las adicciones con dependencia alcohólica o abuso de drogas. Se deberá informar si las personas afectadas reciben tratamiento conforme los programas de salud establecidos.

Cuando la persona privada de libertad ingrese al centro penitenciario en estado de embarazo, en cualquier periodo de gestación o conciba el embarazo en la fase de cumplimiento de la pena, los servicios médicos penitenciarios deberán incorporarla al programa de control prenatal que ofrece el Ministerio de Salud. La administración penitenciaria informará al Juez competente para que proceda de acuerdo a la normativa penal vigente.

Si durante el embarazo la persona condenada presentare enfermedad o una complicación propia que ponga en riesgo su vida y la del producto de la concepción, deberá ser trasladada a un centro hospitalario especializado del Ministerio de Salud. Actuará igualmente la autoridad judicial competente en correspondencia con la normativa penal vigente.

La persona privada de libertad, independiente de su edad cronológica, que presentare cuadros de incapacidad funcional física ó psíquica y que las mismas le causen limitaciones de manera permanente para realizar sus actividades habituales y laborales dentro del régimen penitenciario o valerse por si mismo; certificada esta condición por el Instituto de Medicina Legal, la administración penitenciaria remitirá el informe al Juez competente para que este de oficio tramite el incidente de libertad.

Si la persona privada de libertad se negare a ingerir alimentos, se intensificarán los cuidados y controles médicos por lo menos dos veces al día. Se informará de inmediato al Juez competente y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre el grave riesgo a fin de que se realicen las acciones pertinentes.

Si la persona condenada en su calidad de enfermo se negare a recibir la asistencia médica, tratamientos o cuidados necesarios, se informará de inmediato al Juez competente para que ordene lo que tenga a bien y a las autoridades pertinentes según el caso.

Cuando la persona privada de libertad ingrese o reingrese al centro penitenciario con medicamentos en su poder o los reciba del exterior, serán recibidos para ser evaluados por el personal médico del centro, quien dictaminará la pertinencia de su uso, en caso contrario informará inmediatamente al director del centro penitenciario, para que se proceda a su ocupación.

Cuando la persona privada de libertad se encuentre en estado de convalecencia, a consecuencia de tratamientos médicos quirúrgicos o procedimientos diagnósticos realizados en centros hospitalario público o privados, el centro penitenciario dispondrá de locales, recursos técnicos, personal médico y enfermería adecuados para garantizar su rehabilitación. Debiendo la administración penitenciaria informar al Juez competente.

Cuando se tomen medidas disciplinarias a las personas privadas de libertad, deberá considerarse sus condiciones físicas y psíquicas para que no vayan a ser agravadas con dicha medida.

Cuando la persona privada de libertad falleciere en el centro penitenciario, en el centro asistencial o en el traslado a éste; la administración penitenciaria informará a lo inmediato a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Juez competente, de igual manera se solicitará la intervención al médico forense para que se practique la autopsia médico legal.

Cuando las circunstancias de muerte se asocien a hechos de violencia dentro o fuera del centro penitenciario o la muerte sobreviniera súbitamente la autopsia médico legal será ineludible. La administración penitenciaria informará inmediatamente a la Policía Nacional y Juez competente.

Se ordena la creación dentro del plazo de seis meses, a partir de la vigencia de la presente Ley, de un Registro Nacional de Antecedentes Penales, adscrito a la Corte Suprema de Justicia, encargado de recopilar, archivar y mantener actualizada la información de todas las sentencias condenatorias dictadas por los Juzgados y Tribunales de la República, registrando los antecedentes penales correspondientes. La Corte Suprema de Justicia deberá reglamentar el procedimiento para la cancelación automática de los antecedentes y el acceso a esta información.

Para el seguimiento y control de beneficios y derechos, se asignará al menos una plaza de auxiliar judicial y asistente social en cada despacho. Tratándose de circunscripciones judiciales donde existan varios Juzgados de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, podrán ubicarse en una oficina administrativa independiente, adscritos a las dependencias de Ejecución de la Pena.

Esta Ley tiene efecto retroactivo cuando favorezca al condenado, conforme la Constitución Política de la República de Nicaragua y leyes vigentes.

La presente Ley reforma parcialmente donde dice Sistema o Centro Penitenciario, por Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, del artículo 116, numerales 1), 2) y 3) del Decreto No. 16-2004 Reglamento de la Ley No. 473, “Ley de Régimen Penitenciario y de Ejecución de Pena”, aprobado el 12 de Marzo del 2004, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 54 del 17 de Marzo del 2004.

La presente Ley deroga el artículo 96, numeral 7 de la Ley No. 473 “Ley de Régimen Penitenciario y de Ejecución de Pena” y el artículo 115 del Decreto No. 16-2004, “Reglamento de la Ley No. 473, Ley de Régimen Penitenciario y de Ejecución de Pena”. Para lo no previsto expresamente en esta Ley, regirá el Código Penal y el Código Procesal Penal. Esta Ley deroga toda disposición que se le oponga.

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial.

Managua, Nicaragua
16 de junio del año 2008

Doctor
Carlos Wilfredo Navarro Moreira
Primer Secretario de la Junta Directiva
Asamblea Nacional
Su despacho

Estimado Doctor Navarro:

Los suscritos Diputados ante la Asamblea Nacional, con fundamento en los artículos 138 numeral 1 y 140 numeral 1, ambos de la Constitución Política y los artículos 14 inciso “2”, 90 y 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su inclusión en agenda y que se le dé trámite de Ley, la presente iniciativa denominada LEY DE EJECUCIÓN, BENEFICIO Y CONTROL JURISDICCIONAL DE LA SANCIÓN PENAL.

Sin más que agregar, saludos.

Atentamente,


NOMBRE Y FIRMAS DE LOS DIPUTADOS PROPONENTES


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EXPOSICIÓN DE MOTIVO


Managua, Nicaragua
16 de junio del año 2008

Ingeniero
Rene Núñez Téllez
Presidente de la Junta Directiva
Asamblea Nacional
Su despacho

Estimado señor Presidente:

Los suscritos Diputados ante la Asamblea Nacional, con fundamento en los artículos 138 numeral 1 y 140 numeral 1 ambos de la Constitución Política de la República de Nicaragua y los artículos 14 inciso “2”, 90 y 91 de la Ley N° 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, presentamos para su inclusión en agenda y que se le dé trámite de ley, la presente iniciativa denominada LEY DE EJECUCIÓN, BENEFICIO Y CONTROL JURISDICCIONAL DE LA SANCIÓN PENAL.

La iniciativa tiene por objeto cumplir y desarrollar el verdadero objetivo que establece el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, referido a que el sistema penitenciario es de carácter humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad.

Igualmente la iniciativa se introduce, en virtud que en el dictamen del Código Penal del año 2003, se encontraba un título referido a la pena, su clase y efecto. Garantías penal. No obstante, en el proceso de estudio, análisis y actualización realizado por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y que culmino con la elaboración en consenso de mociones al dictamen, se acordó suprimir dicho titulo y que posteriormente se iba a presentar un proyecto de Ley especial que regulase este aspecto.

Las cárceles en América Latina, constituyen una de las debilidades más visibles y dolorosas del Estado de Derecho. Visibles no precisamente porque exista una política de apertura a la sociedad civil y de preocupación por esos espacios, sino más bien porque los brotes de violencia, motines, muertes e incendios, alcanzan tal magnitud, que generan o hacen que finalmente aunque no se pretenda, terminen siendo objeto de conocimiento a través de los medios de comunicación de todo el universo. Espacios donde parece que la “dignidad humana” es un concepto desconocido y muy lejos de ser incorporado, perfectas escuelas del crimen y dolor, donde no hay comida para todos, no hay espacio suficiente, ni aire, ni luz, ni camas, ni agua potable, donde ni siquiera se garantiza la vida. Espacios donde morir asesinado resulta más probable que en libertad, donde circula más droga y es más alto el porcentaje de suicidios, en donde se vive menos y sobrevivir es toda una proeza.

A pesar de esta realidad notoria que nos embarga, en Nicaragua la situación del Sistema Penitenciario Nacional aún con todas las limitaciones y dificultades, presenta pocos motines y una sana transparencia, y cuenta con la participación y el compromiso de la sociedad civil. Sin embargo sigue siendo un espacio donde “reinan” las carencias, donde la resocialización y la reeducación no parecen tan cercanas ante las limitaciones del Sistema Progresivo y donde continúa el encierro como principal modalidad para el cumplimiento de la pena, muchas veces más allá incluso del periodo legalmente establecido en el caso concreto por el Juez.

A partir del 2002, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, se incorporó al ordenamiento jurídico la figura del Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, como un mecanismo del Sistema de Justicia Penal, para procurar la ejecución real de las penas dentro de los límites del Estado de Derecho, en cumplimiento por lo tanto, sobremanera, de los derechos fundamentales de la población penal. Se rompe así con la concepción errada de que el proceso penal finaliza con el dictado de la sentencia condenatoria y se tiene a la fase de ejecución de la pena como una etapa más del proceso, en función de la cual existen las fases que le preceden. Se asume con la “judicialización de la pena”, una etapa procesal que había estado abandona en manos de la Autoridad Penitenciaria.

De esta manera se promociona una “cultura jurídica” de legalidad en la ejecución de la sanción, reconociéndose la necesidad del efectivo respeto a la garantía ejecutiva a través del control jurisdiccional y la vigencia plena del principio de legalidad en toda su dimensión.

Toma así el Poder Judicial su papel protagónico y preponderante en la Ejecución de la Pena, con la colaboración de la Autoridad Penitenciaria, vigilando el Juzgador por el respeto de la legalidad en la actividad de ésta (en la administración de las prisiones y la custodia de la población penal).

Importante y fundamental resulta la figura de este Juez en la consolidación del Estado de Derecho en la República Democrática de Nicaragua, sin embargo luego de varios años de que este nuevo protagonista entra en funciones se desprende la necesidad de dar más pasos en ese mismo sentido, sobre todo cuando desde la práctica del Sistema de Justicia Penal, se desprende la existencia de vacíos legales, malas prácticas judiciales y penitenciarias, contradicciones normativas y una gran diversidad de criterios que restan en definitiva certeza y seguridad jurídica al Sistema de Justicia y que menoscaban gravemente los derechos y las garantías de los privados y las privadas de libertad.

Fundamental resulta complementar la normativa vigente con un instrumento legal que regule con precisión y detalle el contenido de la sanción privativa de libertad así como sus límites. Adicionalmente se requiere establecer con claridad la competencia de los diferentes órganos que participan en la ejecución, así como los procedimientos para accionar ante el Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria en función de asegurar los beneficios y los derechos fundamentales y penitenciarios de la población penal.

En consecuencia con este texto legal, desde la Ejecución de la Pena se procurará establecer los principios y garantías procésales del procedimiento de ejecución, así como los diferentes mecanismos de acceso ante el juez, como el Incidente de Queja, la Libertad Condicional, la Enfermedad y la Ejecución Diferida, la Unificación y Adecuación de Penas, el régimen de Convivencia Familiar, el cumplimiento de penas impuestas en el extranjero, la Extinción de Pena y de Antecedentes Penales, así como el régimen de impugnación correspondiente a todos estos asuntos.

Desde la Vigilancia Penitenciaria, resulta importante regular el procedimiento para la visita carcelaria y la emisión de medidas correctivas, así como el mecanismo para la impugnación del régimen disciplinario penitenciario, procurando en ambos supuestos la apertura de un sumario y la participación de las partes procésales en esa materia, legitimando incluso a la Administración Penitenciaria para impugnar el dictado de medidas correctivas, al considerar que si bien dentro del procedimiento de ejecución la autoridad administrativa no tiene interés directo en el asunto, tratándose de materia de Vigilancia Penitenciaria sí, pues las órdenes o medidas que se dicten pueden afectar su dinámica y sus políticas, y en esa medida es importante asegurarle una cuota de participación y el debido proceso.

La meta a alcanzar es el objetivo establecido por disposición constitucional: el “carácter humanitario” del Sistema Penitenciario y la “finalidad reeducativa” de la sanción -artículo 39-, postulados fundamentales que en su conjunto exigen el desarrollo de un Derecho Penitenciario marcado ideológicamente por esas disposiciones y que en consecuencia, debe aspirar a brindar siempre oportunidades al ser humano privado de libertad, procurar el desarrollo de sus capacidades y facilitarle la construcción de un proyecto de vida al margen de la delincuencia, con la posibilidad de reinsertarle a la comunidad una vez que reúna las condiciones que garanticen un buen desenvolvimiento al exterior. Un Derecho Penitenciario igual para todos, sin distinciones por tipo de delito, nacionalidad, afinidad política ni religión. En definitiva alcanzar un Derecho Penal y Penitenciario racional y más humanitario, donde lo que interese más sea el ser humano que está preso. Un Derecho Penitenciario realmente Democrático y respetuoso de la dignidad humana.


FUNDAMENTACIÓN.


La presente iniciativa de Ley denominada LEY DE EJECUCIÓN, BENEFICIO Y CONTROL JURISDICCIONAL DE LA SANCIÓN PENAL, no se opone a la Constitución Política de la República de Nicaragua, muy por el contrario desarrolla la disposición Constitucional establecida en el artículo 39. Así mismo no se opone a los tratados o acuerdos internacionales suscrito y ratificados por Nicaragua.

Con la presente iniciativa de ley, se viene a desarrollar aún más el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, garantizándoles que durante el cumplimiento de su pena, van a ser tratado con dignidad y con el verdadero objetivo esencial de los Sistema Penitenciario, el de ser humanitario y transformador del sujeto que cumple pena en ellos, para luego ser reinsertado en la sociedad.

Es necesario dejar claro que el presente proyecto de ley, no traerá carga económica para el Estado de Nicaragua, es esencialmente una ley garantista del cumplimiento de la pena con un enfoque humanitario.

Por todo lo anteriormente expuesto, es claro que es responsabilidad y obligación del Estado de la República de Nicaragua, tomar las medidas que sean necesarias, para cumplir fielmente la disposición Constitucional del artículo 39, por ello es de suma necesidad la aprobación de la presente iniciativa de ley por parte de la Asamblea Nacional.

Hasta aquí la exposición de motivos y la fundamentación del proyecto de Ley.


La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

En uso de sus facultades

Ha dictado

La siguiente

LEY DE EJECUCIÓN, BENEFICIO Y CONTROL JURISDICCIONAL DE LA SANCIÓN PENAL


CAPITULO I
Principios generales y garantías procésales de la Sanción Penal.


Artículo 1: Principio de legalidad y garantía ejecutiva.

La sanción privativa de libertad se ejecutará de conformidad con el principio de legalidad y la forma establecida por las leyes y reglamentos que las desarrollan, respetando el principio de igualdad y la no discriminación. Los principios y garantías procésales del proceso penal regirán el procedimiento de ejecución de la pena.

Artículo 2: Principio de respeto a la dignidad y prohibición de tortura y otros malos tratos.

En la ejecución de la pena toda persona privada de libertad deberá ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. El Estado deberá garantizar el efectivo respeto a la integridad física, moral y psicológica de la población penal y nadie podrá ser sometido a tortura o a penas crueles, tratos malos, inhumanos o degradantes.

Artículo 3: Concepto de sanción penal y límite temporal.

La sanción privativa de libertad consiste en la limitación de la libertad ambulatoria o de circulación del sujeto, bajo la custodia y control de las autoridades correspondientes. La pena privativa de libertad, no podrá exceder en un solo momento, del monto de treinta años de prisión, conforme al artículo 37 de la Constitución Política. El día de privación de libertad equivale a veinticuatro horas, el mes a treinta días y el año a trescientos sesenta días.


Artículo 4: Límites de la sanción penal.

En la ejecución de la sanción, es ilegítima la restricción de otros derechos fundamentales no limitados por la sentencia, salvo en la medida que resulte estrictamente necesaria, útil y proporcional para asegurar el efectivo cumplimiento de la pena impuesta. La ejecución deberá de desarrollarse en un ambiente que represente las relaciones positivas de la vida en comunidad. El privado o privada de libertad, tendrá derecho a mantener contacto con el exterior e independientemente del régimen penitenciario en que se ubique, se le garantizará la visita de familiares y amigos o su representante legal, al menos una vez a la semana, así como a comunicarse vía telefónica con esa misma periodicidad. La visita íntima que reciban privados o privadas de libertad, se podrá prolongar hasta por un periodo de cuatro horas, de conformidad con el procedimiento y el control de seguridad necesario a cargo de las autoridades penitenciarias.

Artículo 5: Finalidad de la sanción penal.

La sanción penal en su fase de ejecución tendrá la finalidad primordial de procurar la reinserción y la reeducación del sujeto. El sistema progresivo procurará un conjunto de beneficios e incentivos que estimulen la incorporación del sujeto a su plan de atención técnica y su reincorporación paulatina a la sociedad. Ese proceso de atención solo se brindará bajo el consentimiento del individuo.

Artículo 6: Control jurisdiccional de la sanción penal.

La ejecución de la sanción penal es competencia exclusiva de la función jurisdiccional. En la custodia y atención técnica de la población penal el Poder Judicial contará con la colaboración directa del Poder Ejecutivo a través de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, conforme las atribuciones asignadas por Ley Nº 473, del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena. El Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, ejercerá el control de legalidad de las acciones u omisiones de la autoridad penitenciaria salvo en lo concerniente a materia meramente administrativa cuando no afecte derechos fundamentales o derechos y beneficios penitenciarios.

Artículo 7: Principio de celeridad procesal.

El procedimiento de ejecución de sentencia se caracterizará por su celeridad, flexibilidad y no formalidad, razón por la que la autoridad judicial procurará eliminar cualquier obstáculo que impida una resolución pronta y cumplida.

Artículo 8: Derecho de defensa.

Toda persona declarada culpable con sentencia firme o medida de seguridad tiene derecho a la defensa material y técnica, en la etapa de ejecución de pena y procesos administrativos. Tratándose de reclamos por privación ilegítima de libertad, tortura o malos tratos, inhumanos o degradantes, cualquier persona se encuentra legitimada para accionar a favor del privado o la privada de libertad, sin constituirse en parte, solicitando directamente o a través de defensor particular o público, la intervención de la autoridad judicial.

Artículo 9: Principio de gratuidad de la justicia.

La justicia en Nicaragua es gratuita y nunca se cargará al privado o privada de libertad el costo del traslado a audiencias orales o actos judiciales. En sus actuaciones los Jueces de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria harán prevalecer, bajo su responsabilidad, la realización pronta, transparente y efectiva de la justicia.

Artículo 10: Principio de oralidad y publicidad.

Los incidentes de convivencia familiar y de libertad condicional, así como aquellos en los que indispensable evacuar prueba testimonial o pericial, se resolverán en audiencia oral y de acuerdo con los principios de inmediación y publicidad, salvo limitación conforme la Constitución Política u otras Leyes de la República.

Artículo 11: Principio de intervención de la víctima.

Cuando la víctima se haya constituido en parte en el proceso penal principal, tendrá el mismo tratamiento en la fase de ejecución de la sentencia. El ofendido o víctima tiene derecho constituirse en parte en cualquier momento de la fase de ejecución de la sanción penal o medidas, sin retrotraer los actos ya realizados, de la misma manera podrá ser escuchado o intervenir en las audiencias públicas de esta fase a las que se haga presente y donde solicite su intervención.




CAPÍTULO II
Ejecución de sentencia.

Artículo 12: Ejecución de la sentencia condenatoria.

Corresponde exclusivamente al juez o tribunal sentenciador establecer las condiciones de cumplimiento de la sanción impuesta y decidir sobre la suspensión condicional de la pena o su sustitución, en los supuestos legalmente establecidos conforme a los artículos 87 y siguientes del Código Penal. De otorgarse estos beneficios el seguimiento y control corresponderá a esa misma autoridad judicial y únicamente cuando por incumplimiento se revoque el beneficio y se ordena la ejecución de la sanción, se remitirán los autos al Juez de Ejecución de la Pena correspondiente, una vez detenido el condenado.

Artículo 13: Liquidación y orden de detención.

Una vez firme la sentencia condenatoria la autoridad sentenciadora deberá emitir el correspondiente auto de liquidación inicial, señalando el monto total de la pena impuesta así como la fecha de firmeza de la sentencia y el periodo exacto de prisión preventiva o arresto domiciliar que debe abonarse a la sanción. De no encontrarse privado de liberad el sujeto, se ordenará su inmediata detención y su remisión a la autoridad penitenciaria competente. Asegurada la detención del sujeto se adjuntará a la orden de remisión el testimonio auténtico de la sentencia firme y se remitirá al Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria el respectivo expediente judicial para su seguimiento y control.

Artículo 14: Tramitación inicial oficiosa.

Remitido el expediente judicial el Juzgado de Ejecución de la Pena, de oficio asume la competencia Cuando el individuo haya contado con representación legal privada se presumirá la continuación de esa representación. Tratándose de sujetos que han sido representados por la Defensoría Pública y que no cuenten con recursos económicos para asegurarse los servicios legales, se procederá a la asignación de un funcionario de ese mismo cuerpo legal que le asesore y lo represente.

Artículo 15: Ruta progresiva.

Trasladado el sujeto al Sistema Penitenciario, el Juez de Ejecución de la Pena, requerirá a esa autoridad que en el plazo de cinco días, remita la correspondiente ruta progresiva. Lo mismo procederá cuando estando el privado o la privada de libertad descontando una sanción penal reciba nueva condena.

Artículo 16: Competencia funcional.

Además de las funciones legalmente establecidas por el artículo 407 del Código Procesal Penal, corresponderá al Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, la unificación y adecuación de las penas del privado o la privada de libertad, cuando la última autoridad sentenciadora no haya resulto por desconocer la diversidad de sentencias condenatorias. Tratándose de sujetos detenidos únicamente bajo prisión preventiva el competente para resolver las incidencias relacionadas con su detención o las condiciones de la misma será únicamente el juez de la causa a cuya disposición se encuentren. No obstante sin perjuicio de su situación legal el juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria tendrá competencia para conocer y resolver de todos los incidentes de los privados de libertad en relación al régimen y tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos y a las reclamaciones que estos formulen sobre sanciones disciplinarias.

Artículo 17: Competencia material.

El Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria será competente para conocer de las incidencias y asuntos correspondientes a los sujetos sentenciados por la autoridad judicial del mismo distrito judicial, independientemente de su ubicación penitenciaria. Cuando el sujeto sea ubicado por las autoridades penitenciarias fuera de la circunscripción territorial de la autoridad sentenciadora, los privados de libertad que no tengan representación legal privada, serán atendidos por los defensores públicos encargados de la atención legal del circuito judicial donde se encuentre ubicado el sujeto.

Artículo 18: Recurso de apelación.

La autoridad judicial competente para conocer del recurso de apelación contra las resoluciones del Juzgado de Ejecución de la Pena, será la misma autoridad que conoce en apelación contra las resoluciones emitidas por la autoridad sentenciadora, según la gravedad de la pena correspondiente. El recurso de resolverá de conformidad con el dispuesto en el Código Procesal Penal.



CAPITULO III
Sobre la vigilancia penitenciaria, medidas correctivas y control del régimen disciplinario.

Artículo 19: Visita carcelaria.

El Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, conforme el artículo 407 del Código Procesal Penal, deberá visitar los centros de privación de libertad o de cumplimiento de medidas de seguridad, ubicados dentro de su circunscripción territorial, a efecto de velar y constar el efectivo respeto de los derechos legales, penitenciarios y fundamentales de la población penal.

Artículo 20: Medidas correctivas.

Cuando en la visita carcelaria el juzgador observe alguna irregularidad violatoria de los derechos fundamentales de la población penal, de previo al dictado de la medida correctiva, el juez solicitará a la autoridad administrativa un informe escrito dentro un plazo que no exceda los cinco días según la urgencia y gravedad del asunto y en dicho informe esa autoridad deberá presentar una propuesta de solución administrativa a la situación requerida. De no recibirse oportunamente la documental referida el juez convocará a audiencia oral a la autoridad penitenciaria con la presencia de un fiscal y un defensor. Constituidas las partes y evacuada la prueba ordenada, se otorgará la audiencia legal y se dictará la medida correctiva correspondiente, misma que será notificada a las partes así como a la autoridad penitenciaria, la que tratándose de este tipo de asuntos, por tener interés directo en el asunto, podrá ejercer los medios de impugnación.

Artículo 21: Impugnación de sanción disciplinaria.

De conformidad con el artículo 407 inciso 5) del Código Procesal Penal y 104 de la ley Nº 473, de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, notificado el sujeto de la sanción disciplinaria, por la autoridad administrativa, podrá en ese mismo acto ejercer verbalmente su derecho de impugnación o presentar por escrito su recurso, dentro del plazo de ocho días, ante el Juzgado de Ejecución de la Pena.

Ejercida la impugnación ante el funcionario notificador de la autoridad administrativa, de oficio o a instancia del órgano judicial, se remitirá de inmediato el expediente disciplinario al Juzgado de Ejecución de la Pena.
Del proceso disciplinario se dará audiencia a las partes por el plazo de cinco días, para que se pronuncien sobre el reclamo y ofrezcan prueba. Evacuada la prueba se resolverá el asunto dentro del plazo de tres días y sobre lo resuelto en esta materia, confirmando o dejando sin efecto la sanción disciplinaria, no cabrá recurso alguno.

CAPÍTULO IV
Incidentes de ejecución de la pena.

Artículo 22: Incidente de Queja.

A través del incidente de queja el privado o la privada de libertad, podrá plantear ante los Juzgados de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, el reclamo de sus derechos fundamentales o penitenciarios vulnerados por la administración penitenciaria, siempre que no exista otra vía especialmente prevista al efecto.

De previo a accionar la vía judicial el individuo deberá haber presentado su reclamo ante la autoridad administrativa y acreditar la respuesta negativa o la omisión de respuesta, cuando planteada la gestión en esa vía haya transcurrido un plazo de un mes sin resolución expresa o incluso en un plazo menor cuando el no pronunciamiento en tiempo de esa autoridad signifique la no efectividad de la pretensión del sujeto. Tratándose del reclamo contra resoluciones administrativas dictadas oficiosamente por la administración, el privado o privada inconforme tendrá un plazo máximo legal para presentar la respectiva queja, de un mes a partir de la comunicación o notificación de la resolución administrativa.

Del reclamo se brindará a las partes audiencia legal para que se pronuncien y ofrezcan prueba y en el mismo acto de oficio se solicitará un informe dentro del plazo máximo de cinco días según las necesidades del caso, a la autoridad penitenciaria que corresponda De no remitirse el informe oportunamente, de inmediato se convocará al responsable administrativo a audiencia oral con la presencia de las partes procésales, sin necesidad de la remisión del privado o privada de libertad, cuando la presencia de su representante legal sea suficiente para asegurar su defensa.

Evacuada toda la prueba y previa audiencia legal, se resolverá el incidente dentro del plazo de tres días.

Artículo 23: Incidente de Libertad condicional.

El privado o la privada de libertad, tratándose de penas mayores de cinco años de privación de libertad, tendrá derecho a la libertad condicional cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el numeral 96 del Código Penal.

Solicitado el beneficio la autoridad judicial requerirá a la autoridad penitenciaria, la remisión dentro del plazo de un mes del informe y la hoja evaluativa correspondiente al privado o privada de libertad gestionante, donde conste el desenvolvimiento del sujeto y sus recursos externos de apoyo. De no remitirse el informe oportunamente, se convocará a la autoridad penitenciaria a la audiencia oral correspondiente para que en ese acto rinda su informe.

Evacuada la prueba documental, se convocará a las partes y testigos, a la audiencia oral de conformidad con el numeral 404 del Código Procesal Penal. En la audiencia se otorgará la palabra al privado o privada de libertad para que exponga sobre su interés en la incidencia, su desenvolvimiento carcelario y su proyecto de vida al exterior y el sujeto responderá a las preguntas de las partes y el juez. Posteriormente se procederá a evacuar la prueba ordenada y finalmente se dará audiencia a las partes para que se pronuncien sobre el beneficio solicitado y emitan sus conclusiones. De ser necesario la autoridad podrá suspender la audiencia por el plazo máximo de sesenta minutos y de inmediato procederá a comunicar a las partes su decisión, exponiendo las razones o motivos de la misma y dejando constancia en el acta correspondiente. Cerrada la audiencia oral se procederá al dictado del auto correspondiente, mismo que se notificará dentro de tres días.

Artículo 24: Condiciones de cumplimiento.

El Juez, al conceder la libertad condicional, podrá imponer al privado o privada de libertad por el plazo que resta para el efectivo cumplimiento de la sanción, alguna o algunas de las siguientes condiciones, de acuerdo con las particularidades del caso y la prueba evacuada:

a) La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de un familiar o responsable y/o institución determinada, que informará regularmente al Juzgado.

b) La obligación de presentarse periódicamente ante el Juzgado o la autoridad policial que se designe.

c) La prohibición de salir del país.

d) La obligación de tener un domicilio fijo y conocido, mismo que solo podrá modificar con autorización del Juzgado.

e) La prohibición de acercarse o perturbar a la víctima o sus familiares.

f) La obligación de realizar un oficio o trabajo estable o incorporarse a programas educativos o de capacitación técnica, formativos o de educación sexual o contra la violencia de género.

g) La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas, o visitar determinados lugares o establecimientos.

h) La prohibición de portar armas.

i) El ingreso del sujeto a un centro para el tratamiento de adicciones o su sometimiento a un tratamiento médico externo.

j) Las condiciones o restricciones propuestas por el propio condenado o cualquier otra restricción necesaria que se torne útil para asegurar el buen desenvolvimiento del sujeto, siempre que sea respetuosa de la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

En caso de que se remita informe de incumplimiento, el Juzgador podrá modificar cautelarmente las condiciones dictadas u ordenar la revocatoria provisional del beneficio por el plazo de tres meses mientras se resuelve en definitiva sobre el asunto. Contra la resolución que modifique las condiciones u ordene la revocatoria cautelar o definitiva, podrá interponerse el recurso de apelación.

Artículo 25: Revocatoria del beneficio.

La libertad condicional será revocada o modificada cuando:

a) El liberado no cumple con las condiciones fijadas por el Juez; y,

b) Si el liberado comete, en el período de prueba, que no podrá exceder del que le falta para cumplir la pena, un nuevo hecho punible sancionado con prisión mayor de seis meses.

Revocado el beneficio el sujeto deberá descontar la parte de la pena que dejó de cumplir. Transcurrido el plazo de la libertad condicional sin que haya sido revocada, la pena quedará extinguida en su totalidad.

Artículo 26: Incidente de Enfermedad y de Ejecución Diferida.

El incidente de enfermedad y de ejecución diferida, se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y la presente ley. En aquellos casos en que la persona privada de libertad esté gravemente enferma por cualquier patología que ponga en riesgo su vida, el juez realizará el trámite necesario de oficio.

Cualquiera de las partes procesales podrá solicitar valoraciones médicas, a fin de obtener un informe en audiencia por el Instituto de Medicina Legal sobre el estado de salud del privado de Libertad.

Tratándose de privados o privadas de libertad, cuyo estado de salud no es susceptible de ser atendido dentro del sistema penitenciario sin peligro para su vida y que tampoco sean pacientes cuya atención médica requiera internamiento hospitalario, podrá ordenarse vía incidente de enfermedad, su arresto domiciliar por motivos de salud y bajo las condiciones que determine la autoridad judicial, autorizándose su egreso únicamente para recibir servicios de atención médica y bajo el control de la persona u autoridad que se determine.

Artículo 27: Incidente de Unificación de Penas.

Cuando el Juez o Tribunal sentenciador, por desconocer la diversidad de sentencias condenatorias del condenado no haya unificado las mismas, el asunto corresponderá al Juez de Ejecución de la Pena, observando por el efectivo respeto al límite constitucional de las penas y las reglas del concurso real retrospectivo.

Unificadas las penas, la persona declarada culpable adquiere el carácter de primario, después de efectuada la segunda unificación, no se atribuirá tal carácter salvo prescripción del antecedente. Para resolver la incidencia el Juzgador solicitará informe de sus juzgamientos a la autoridad correspondiente y a la oficina de control penal del centro penitenciario.

Artículo 28: Incidente de Adecuación de Penas.

Cuando las penas impuestas al sujeto excedan en un solo momento el máximo legal, considerando el monto pendiente por descontar de la pena activa, el Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, de oficio o a instancia de partes, deberá limitar la última sentencia impuesta a un monto tal que sumado a las penas pendientes, no se exceda el máximo legal de treinta años de prisión. De oficio se requerirá a la autoridad penitenciaria informe de la situación jurídica y penitenciaria del sujeto y del monto pendiente por descontar a partir del momento que resulte de interés determinar.

La adecuación de penas es el mecanismo por el cual, cuando las penas impuestas al sujeto en su totalidad y en un mismo momento, exceden el máximo legal de los treinta años,

Artículo 29: Incidente de Convivencia Familiar.

El beneficio de convivencia familiar es competencia del Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, por propuesta fundamentada del Director del Centro Penitenciario de oficio o a instancia de las partes. A la solicitud de la dirección penitenciaria deberá adjuntarse:

a) Constancia del cumplimiento del porcentaje de permanencia en régimen abierto.

b) Evaluación y análisis del Consejo Evaluativo y del Equipo Interdisciplinario.

Cuando la gestión se resuelva a instancia de parte, se requerirá a la autoridad penitenciaria remitir la referida constancia y evaluación dentro del plazo de diez días.

Corresponderá a la propia Administración Penitenciaria dar seguimiento y control a los deberes impuestos a las personas que gocen del régimen de convivencia familiar. Al aprobarse el beneficio de convivencia el Juez podrá imponer al sujeto las condiciones que estime conveniente para asegurar su reinserción social sin riesgo de delinquir. Respecto a la modificación o aplicación de medidas cautelares, regirán las normas establecidas para el beneficio de libertad condicional.

Artículo 30: Ejecución y vigilancia de pena dictada por tribunal extranjero.

Recibido el expediente proveniente del tribunal sentenciador extranjero, la Oficina de Recepción y Distribución de Causas procederá al respectivo sorteo aleatorio, a efecto de destinar el juzgado competente.
Asumida la competencia, el Juez de Ejecución examinará los autos y de no estar constituido defensor privado, solicitará a Defensoría Pública el nombramiento de un Defensor que represente los intereses del declarado culpable. Inmediatamente se notificará al Ministerio Público y a la defensa, la radicación de la causa, y la celebración de la audiencia especial, con la finalidad de hacer del conocimiento de las garantías y derechos que le asisten a la persona privada de libertad.

El Juez de ejecución de pena, una vez que ordena la celebración del trámite, resolverá mediante sentencia fundada, adecuando la sanción impuesta en el tribunal extranjero a la normativa penal nacional.

Artículo 31: Incidente de extinción de la pena.

Se tramitará el incidente de extinción de la pena:

1) Por efectivo cumplimiento podrá ser declarada aún de oficio, inmediatamente de tenerse conocimiento.

2) Si se tratare de pago de multa o de días multas, una vez que hubiesen satisfecho.

3) Por el cómputo efectuado de la efectiva prisión, más el tiempo laborado.

4) Por el cumplimiento satisfactorio del período de prueba y los deberes impuestos.

5) De manera anticipada en los siguientes casos:
5.1. Muerte
5.2. Prescripción
5.3. Indulto
5.4. Amnistía

Para la tramitación de estos incidentes, el Juez podrá de oficio o a petición de partes, dar curso a la solicitud, siempre y cuando aporten las pruebas pertinentes.

Artículo 32: Amortización de la pena por trabajo y buena conducta.

Para resolver la extinción por efectiva reclusión y tiempo laborado, el Juzgado solicitará el informe correspondiente a la autoridad de Control Penal del Sistema Penitenciario. El cómputo del tiempo por trabajo será, a razón de un día de trabajo penitenciario por un día de efectiva privación de libertad, abonándose incluso el periodo laborando durante la aplicación de la prisión preventiva.

El beneficio procederá cuando se cumpla los siguientes requisitos:

a) Haber laborado efectivamente de conformidad con los requisitos y supuestos establecidos en la Ley General del Régimen Penitenciario y de Ejecución de la Pena.

b) Haber mantenido buena conducta.
El beneficio será improcedente tratándose de delincuentes habituales o cuando en la causa se presente evasión.

Artículo 33: Amortización de prisión preventiva no aplicada.

El Juez de Ejecución de la Pena, podrá abonar a la pena ejecutada, los periodos de prisión preventiva sufrida por el privado(a) de libertad en causa distinta que no haya sido computada para ningún cumplimiento, siempre que se trate de hechos posteriores a la causa activa.

Artículo 34: Incidente de medida de aislamiento.

La autoridad penitenciaria solicitará al Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, la aprobación de toda medida de aislamiento que se prolongue por más de cuarenta y ocho horas. A la solicitud adjuntará la medida impuesta administrativamente, valoración médica del sujeto y los motivos que justifican y hacen necesaria la misma, así como el periodo exacto máximo de la medida que se pretende. El Juzgador procederá de oficio y de inmediato a resolver y comunicará lo resuelto a la autoridad penitenciaria, solicitando en ese mismo acto un defensor público que represente al interno, cuando no tenga defensor particular y una vez en ese mismo acto quedará la Defensoría Pública notificada de la resolución dictada. La resolución podrá ser impugnada por las partes y por tener interés directo en el asunto, por la Administración Penitenciaria, dentro de los plazos y conforme el procedimiento legalmente establecido en el Código Procesal Penal.

Artículo 35: Incidente de aprobación de permiso de salida.

Cuando de conformidad con el régimen del sistema penitenciario, proceda el disfrute de permisos de salida, la autoridad penitenciaria deberá solicitar la aprobación correspondiente al Juzgado de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria. El Juzgador resolverá de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, previa audiencia a las partes. De la misma manera se procederá cuando el avance de ubicación del interno al régimen abierto signifique su ubicación en un establecimiento o granja sin la contención ordinaria. La resolución del juez en esta materia podrá ser modificada en forma cautelar o definitiva, cuando autorizado el avance se demuestre la existencia de hechos nuevos o desconocidos al momento de otorgarse la autorización que hagan improcedente el disfrute del egreso. La resolución que en ese sentido emita la autoridad penitenciaria tiene los recursos de reposición y apelación.

Artículo 36: Incidente de extinción de antecedente penal.

El privado (a) de libertad podrá solicitar la extinción de sus antecedentes penales, cuando a partir del cumplimiento de la pena impuesta haya transcurrido el plazo legalmente establecido sin presentar nueva sentencia condenatoria. El Juzgado de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, solicitará un informe de la situación jurídica del interno y sus juzgamientos, a la oficina correspondiente y a las autoridades de Control Penal de la Administración Penitenciaria.

CAPÍTULO V
Sobre la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad.

Artículo 37: Multa.

El cumplimiento del efectivo pago de la pena de multa o días multa, será competencia de la misma autoridad sentenciadora. En caso de incumplimiento y conversión en pena privativa de libertad, la sanción se ejecutará de conformidad con las normas correspondientes.

Artículo 38: Trabajo en beneficio de la comunidad.

El cumplimiento de la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad, será competencia de la misma autoridad sentenciadora. En caso de incumplimiento y conversión en pena privativa de libertad, la sanción se ejecutará de conformidad con las normas correspondientes. Cuando se haya dispuesto como sanción el trabajo en beneficio de la comunidad, firme la resolución correspondiente se le prevendrá al condenado aportar dentro del plazo de cinco días, el respectivo plan de cumplimiento con el aval de la institución beneficiada y su responsable de seguimiento. Trimestralmente el juzgador solicitará informe y actualización del cumplimiento de la sanción alternativa de trabajo en beneficio de la comunidad.




Artículo 39: Medidas de seguridad.

El Juez de Ejecución de la Pena y Vigilancia Penitenciaria, será la autoridad competente para dar seguimiento y control a la aplicación de medidas de seguridad. Semestralmente se requerirá a las autoridades encargadas de la atención del sujeto, la remisión de un informe sobre el cumplimiento de la medida de seguridad y la necesidad o no de mantener la misma. Dicho informe será puesto en conocimiento de las partes para que se pronuncien y ofrezcan prueba. Agotada la fase probatoria, se resolverá el asunto dentro del plazo de tres días, pronunciándose el juzgador sobre mantener, modificar la medida de seguridad por una más favorable o cesar la misma cuando haya desaparecido la peligrosidad del sujeto, conforme los estudios periciales.

CAPÍTULO V
Régimen de impugnación.

Artículo 40: Recursos contra las resoluciones judiciales.

Los autos que decidan en definitiva la solución de los diferentes tipos de incidentes, tendrán recurso de apelación con efecto suspensivo, así como aquellos donde se resuelva sobre la suspensión cautelar de actos administrativos o la suspensión cautelar de la libertad condicional, el incidente de enfermedad o los permisos. En lo demás regirán las normas generales de impugnación del Código Procesal Penal.

CAPÍTULO VI
Disposiciones finales y transitorias.


Artículo 41: Se ordena la creación dentro del plazo de seis meses, de un Registro Nacional de Antecedentes Penales, que recopile y archive la información de todas las sentencias condenatorias dictadas por los Juzgados y Tribunales de la República, así como mantenga actualizado los antecedentes penales de la población. Constituye antecedente penal la declaratoria de responsabilidad penal por hechos posteriores a la firmeza de una sentencia condenatoria previa no prescrita.

Artículo 42: Para el seguimiento y control de beneficios penitenciarios, se asignará al menos una plaza de Auxiliar Judicial -Asistente Social- en cada despacho. Tratándose de circunscripciones judiciales donde exista varios Juzgados de Ejecución, podrán ubicarse en una oficina administrativa independiente, adscritos a las dependencias de Ejecución de la Pena.

Artículo 43: En aquellos casos cuya tramitación se hubiere solicitado o iniciado bajo el procedimiento anterior a la vigencia de la presente ley, se tramitarán conforme a dicho procedimiento o conforme a lo regulado en la presente ley a petición del interesado.

Artículo 44: Se derogan los artículos artículo 70 y 97 del Código Penal.

Artículo 45: La presente ley deroga toda disposición que se le oponga, quedando sin efecto alguno. Lo no previsto expresamente en esta ley, regirá el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Artículo 46: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial.


Dado en el salón de sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Managua, a los _____ días del mes de ______ del año ______.




Presidente Primer Secretario
Asamblea Nacional Asamblea Nacional

1. Se incluyó un artículo sobre el objeto de la Ley, que no aparecía en el proyecto de Ley y que nos pareció necesario para clarificar.

2. Se adiciono un segundo párrafo al artículo 2 denominado legalidad y garantía ejecutiva.

3. Se modificó el artículo 6 del proyecto, referido al control jurisdiccional, ya que su redacción ambigua daba a entender una sustitución de la labor del Sistema Penitenciario por los Jueces de Ejecución. Para ello fue necesario separarlo en dos artículos, uno que tiene que ver con la finalidad y ejecución de la pena y vigilancia y el otro que tiene que ver con el descuento de la sanción privativa de libertad.

4. Se creo un artículo 9 que es nuevo y que se denomina impugnación.

5. Se creo un artículo 10 que es nuevo y que se denomina proporcionalidad.

6. Se reformulo el artículo 13 del proyecto que en el dictamen paso a ser el artículo 11 denominado intervención de la víctima.

7. Se creo un nuevo artículo 17 denominado aplicación de los derechos y beneficios.

8. Se reformulo el artículo 15 del proyecto que en la nueva numeración paso a ser el artículo 18 denominado competencia funcional.

9. Se reformuló el artículo denominado ejecución de sentencia condenatoria, en función de determinar el obligatorio pronunciamiento de la autoridad judicial sobre la suspensión o no de la ejecución penal, en los supuestos establecidos en el Código Penal, eliminándose así una practica ilegal, pues los jueces de ejecución se arrogan funciones del juez sentenciador.

10. Se fusionaron los artículos denominados tramitación inicial oficiosa y ruta progresiva con un nuevo epígrafe denominado “Remisión de informe”, de tal manera que lo que se solicite sea un informe de la situación penitenciaria del interno con la proyección de las fichas de cumplimiento de la pena y seis meses después, el envío de la correspondiente ruta progresiva.

11. En el artículo sobre medidas correctivas se mejoró acortando los términos y dándole intervención a la defensa de los derechos humanos.

12. El artículo denominado impugnación de la sanción disciplinaria, paso a llamarse “Revisión de la sanción disciplinaria”, ajustándola a los requerimientos y disponibilidad de la defensoría pública.

13. En el actual Capitulo V, se reformularon los artículos propuestos y se adicionaron cuatro artículos nuevos referentes a notificación personal de la libertad condicional; al informe de cumplimiento y revocatoria cautelar; se reguló lo relativo a la libertad condicional extraordinaria que se había omitido en el proyecto de Ley; se regulo de forma individual los incidentes de enfermedad y el incidente de ejecución diferida por tener efectos o consecuencias diferentes.

14. Se reformulo totalmente el artículo 39, denominado incidente de adecuación de las penas de las sentencias impuestas en el extranjero.

15. Se crearon dos capítulos nuevos que son: Capitulo VII Del procedimiento y tramitación en la fase de vigilancia post penitenciaria y cumplimiento de penas privativas de otros derechos y el Capitulo VIII Condiciones básicas de salud en la ejecución de la pena.

16. Se creo un nuevo artículo 44, denominado Juez técnico.

a) Extinción de pena

b) Libertad condicional

c) Incidente de Suspensión de Ejecución de la Pena

a) Constancia del cumplimiento del porcentaje de permanencia en régimen abierto.

b) Evaluación y análisis del Consejo Evaluativo y del equipo interdisciplinario.

1. Por el cumplimiento día a día de la pena impuesta, cuando voluntariamente no se realizó el trabajo penitenciario o se haya restringido el derecho por disposición administrativa.

2. Por el cumplimiento de la pena privativa de libertad, considerando el abono legal por trabajo penitenciario conforme lo establecido en el artículo 6 de la presente Ley.

3. Por el cumplimiento satisfactorio del período de prueba de la suspensión de ejecución de la pena, de la libertad condicional y la convivencia familiar.

4. Por el pago de la sanción de multa o de días multa impuesta.

5. Por la efectiva prestación del trabajo en beneficio de la comunidad impuesto como sanción.

6. De manera anticipada en los siguientes casos:

a) Por la muerte de la persona condenada;
b) Por el vencimiento del plazo de prescripción de la pena establecido en el Código Penal; y
c) Por concesión de la Asamblea Nacional, de indulto o amnistía.

1) Los incidentes en materia de ejecución de la pena se resolverán en un plazo de no más de tres meses. La inobservancia injustificada de los plazos establecidos en esta Ley implica un mal ejercicio de funciones y causa responsabilidad disciplinaria.
2) Las evaluaciones, diagnósticos y exámenes médicos forenses elaborados por el Instituto de Medicina Legal, que consten en informes o dictámenes redactados al efecto se incorporaran a la audiencia a través de la declaración del profesional que haya realizado la evaluación, exámenes y demás practicas periciales forenses o en su defecto por las personas que los supervisó. Cuando el Juez lo estime necesario convocará a audiencia para proceder de la misma forma a incorporar los dictámenes o informes elaborados por psicólogos penitenciarios, médico penitenciario u otro perito que tenga que informar sobre un tema de interés para la resolución del caso planteado.

3) En el caso de las pruebas documentales se incorporaran en cualquier incidente planteado ante el Juez de Ejecución con la lectura de las mismas.
4) El período de prueba de ocho días en los incidentes de la fase de ejecución y vigilancia penitenciaria, podrán ser ampliados por la mitad, más el termino de la distancia.

5) El Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, ordenara en la sentencia que otorgue un beneficio legal o conceda libertad por cualquiera de las causas establecidas en la presente Ley, la apertura de un expediente de vigilancia post- penitenciaria, donde constaran copia de la sentencia que concedió el beneficio o declaración del derecho, acta de fianza, peticiones e incidencias del liberado condicionalmente, durante el período de prueba. Debiendo ingresar en dicho expediente copia de cedula de identidad y foto reciente del sancionado.