Arto. 2. Ámbito de aplicación - Las disposiciones de esta Ley rigen para todos los organismos y entidades del sector público y sus servidores en todo el territorio de la Repú blica de Nicaragua.

El Sistema de Control y Fiscalización creado en virtud del artí culo anterior rige también para las personas naturales o jurí dicas del sector privado que recibieren subvenciones, asignaciones o participaciones de recursos provenientes del Estado y para aquellas que contrataren con entidades públicas, por los efectos del cumplimiento contractual.

Arto. 3. Sector Público.- Para los efectos del Sistema de Control y Fiscalización, sin que ello implique cambios en la naturaleza de los organismos y entidades o en las relaciones con sus servidores, el sector público comprende:

1. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral con sus dependencias, organismos adscritos o independientes, entes autónomos y gubernamentales, incluidas sus empresas.

2. Los Gobiernos y Consejos Regionales Autónomos, sus entidades y empresas.

3. Las Municipalidades y sus empresas.

4. Las Entidades creadas por ley como de derecho público o las creadas como de derecho privado con finalidad social o pública cuando en é ;stas tenga participación el Estado.

5. Los Centros de Educación Superior, Universidades públicas o privadas que reciban aportes del Estado.

6. Las sociedades de economía mixta.

Constituirán parte del Sistema:

1. Las normas que regulen el funcionamiento de los organismos y entidades del sector público y el ejercicio de atribuciones, deberes, derechos y obligaciones de sus servidores;

2. Las medidas que se adopten para precautelar y verificar la administración de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo, en orden a obtener los mejores resultados; y,

3. Las acciones que se emprendan para superar deficiencias de gestión y para establecer responsabilidades.

El Sistema se aplicará para:

1. Lograr que los servidores públicos, sin excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública del ejercicio de sus facultades y de la utilización de los recursos puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo;

2. Garantizar que los cometidos y responsabilidades de las entidades y organismos del sector público y los consecuentes deberes y obligaciones de sus servidores, sean cumplidos a plenitud;

3. Conseguir que cada entidad y organismo del sector público, y especialmente su máxima autoridad, asuma competencia y responsabilidad por el funcionamiento de su propio control interno, evaluado por el control externo independiente de la Contraloría General de la República;

4. Complementar la acción que otros órganos de control externo ejercen sobre determinadas operaciones y actividades de ciertos organismos y entidades del sector público y sus servidores;

Arto. 5. Elementos Componentes del Sistema .- El Sistema de Control y Fiscalización se aplicará por medio de los siguientes subsistemas:

1. Subsistema de control interno, responsabilidad gerencial de cada uno de los organismos y entidades a los que se refiere el artículo 3 de esta Ley;

2. Subsistema de control externo que comprende:

a) El control externo que ejerzan otros organismos y entidades públicos en el ámbito de sus competencias; y,

b) El control externo posterior que compete a la Contraloría General de la República, en su calidad de Organismo Superior de Control de la Administración Pública.

Arto. 6. Marco normativo general .- Para regular el funcionamiento del Sistema de Control y Fiscalizació n, la Contraloría General de la República expedirá:

1. Normas técnicas de control interno que servirán como marco básico para que las entidades y organismos públicos y sus servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio subsistema de control interno;

2. Políticas de auditoria gubernamental, que servirán de guía general para las actividades de auditoria interna y externa en el sector público;

3. Normas técnicas de auditoria gubernamental que especificarán los requisitos generales y personales del auditor, la naturaleza, características, amplitud y calidad de sus labores, la suficiencia, pertinencia, competencia, clases y formalidades de la evidencia que deberá obtener y, la presentación, contenido y trámite de su informe; y,

4. Regulaciones Administrativas, manuales, instructivos y otras disposiciones necesarias para la aplicación del sistema.

En el marco de las políticas y normas indicadas, cada entidad pú blica que considere necesario dictará las específicas, de carácter particular, para el control de las operaciones a su cargo. La Contraloría General de la República verificará la pertinencia y la correcta aplicación de las mismas.

Arto. 7. Sistemas objeto de control. - Mediante la aplicación del Sistema de Control y Fiscalización se examinará, verificará y evaluará, en función del objetivo:

1. Los Sistemas Administrativos, a saber:

a. Organización.
b. Planificación.
c. Administración Financiera , que incluye los Subsistemas de: Determinación y Recaudación de Rentas tributarias y no tributarias; Presupuesto: en sus fases de programación y ejecución física y financiera, evaluación y liquidación; Tesorería o Administració n de Caja; Crédito Público, interno y externo, con sus operaciones de emisión, contratación, amortización e intereses; Contabilidad Gubernamental, con sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.
d. Administración de Bienes y Servicios , incluidos los procesos precontractuales, contractuales, de abastecimientos, almacenamiento, distribución y consumo.
e. Inversiones Públicas , en sus etapas de prefactibilidad, factibilidad, diseño, financiamiento, modalidad de ejecución, construcción, supervisión, terminación, recepción y mantenimiento. y,
f. Administración de Recursos Humanos con sus diversos subsistemas;

3. Los sistemas de información , administrativa y operativa y las estadísticas que generan.

1. El cumplimiento efectivo de sus misiones, fines y objetivos;

2. La protección y la utilización económica y eficiente de todos sus bienes y recursos;

3. La transparencia de la gestión;

4. La confiabilidad de la información;

5. La Legalidad y Legitimidad de sus actos y operaciones y la observancia de las demás normas y políticas aplicables; y,

6. La identificación y corrección oportunas de las deficiencias de gestión.

Arto. 9. Integración del control interno. - El control interno previo y el control interno concurrente estarán establecidos e integrados en todos los procesos administrativos, operativos y de información; se efectuarán por los servidores responsables del trámite de las operaciones y no por unidades destinadas especí ficamente a ese fin, cuya creación está prohibida.

Al ejercer el control interno previo sobre cada uno de los sistemas administrativos, operativos y de información, los servidores analizarán las operaciones propuestas antes de su autorización o ejecución. Dicho análisis versará sobre la legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con planes, programas y presupuestos, que tuvieren tales operaciones propuestas.

Al efectuar el control concurrente, los servidores encargados del mismo inspeccionarán y constatarán la calidad y cantidad de los bienes y servicios y la oportunidad con que se recibieren o prestaren, todo ello de conformidad con los términos convenidos o autorizados.

El control interno posterior, que evaluará la efectividad de los otros controles, se practicará profesionalmente por la unidad de auditoria interna, de acuerdo con lo que disponen las secciones 1 y 2 del Capítulo 4 de este Título y lo que establezcan las normas de auditoria.

1. Cuando dicho control externo fuere ejercido por los organismos y entidades que tuvieren bajo su dirección los sistemas o subsistemas administrativos de que trata el numeral 1 y la información conexa de que trata el numeral 3 del artículo 7 de esta Ley, presentarán a la Contraloría General de la República copia de las evaluaciones periódicas que realizaren sobre el funcionamiento de tales sistemas y subsistemas administrativos, a fin de que sean tenidas en consideración por ella en sus labores de control externo
2. Cuando dicho control externo fuere ejercido por los organismos y entidades con capacidad jurídica para examinar en determinadas entidades pú blicas los sistemas operativos de que trata el numeral 2 y la informació n conexa a que se refiere el numeral 3 del artículo 7 de esta Ley, la Contraloría General de la República mantendrá a plenitud su competencia para examinar en tales entidades sus sistemas administrativos y de información y para pronunciarse sobre sus resultados, cuando decida llevar a cabo sus labores de control externo.

Arto. 11. El control externo posterior de la Contraloría General de la República. El control externo posterior que compete a la Contraloría General de la República se efectuará mediante auditoria gubernamental, u otros procedimientos específicos de fiscalización aplicando las normas de auditoria respectivamente y otras que se emitieren para el efecto.

Arto. 12. Mecanismos de Coordinación. Para efectuar auditoria a entidades sujetas también a la vigilancia de los órganos de control externo a que se refiere el numeral 2 del artículo l0 de la presente Ley, la Contraloría podrá integrar con éstos, equipos mixtos de trabajo y proceder al examen conjunto de la entidad de que se trate. Las responsabilidades que a cada organismo de control correspondiere declarar o establecer, se tramitará n siguiendo sus procedimientos establecidos, como si el examen hubiera sido practicado individualmente por cada uno de ellos.

Sin perjuicio de otras denominaciones o clasificaciones, la auditoria gubernamental comprenderá principalmente: la auditoria de gestión u operativa, la auditoria financiera, el examen y la auditoria especiales.

La auditoria gubernamental interna será practicada por las unidades administrativas pertinentes de los organismos y entidades públicos; la auditoria gubernamental externa se llevará a cabo por la Contraloría General de la República o las firmas privadas contratadas de conformidad con el artículo 25 de esta Ley.

La práctica de la auditoria gubernamental se someterá a las disposiciones de la presente Ley, sus regulaciones, las Normas Profesionales, las Normas de Auditoria Gubernamental y las demás que se expidieren para el efecto.

Quienes en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley llevaren a cabo la auditoria de que trata el inciso primero de este artículo serán auditores gubernamentales. Todos ellos serán de reconocida idoneidad y estarán legalmente autorizados para ejercer en la República de Nicaragua.

Arto. 14. Materia Objeto de la Auditoria Gubernamental. Mediante auditoria gubernamental se deberá examinar, verificar y evaluar en las entidades y organismos públicos:

1. Las transacciones, documentos, registros, informes y estados financieros; la legalidad, veracidad y corrección de las operaciones, el cumplimiento de cualquier otra norma aplicable y el funcionamiento y eficacia del control interno financiero
2. La organización, planificación, ejecución y control interno administrativo y operativo; la eficiencia y economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo, así como la efectividad de los resultados de las operaciones y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales.

A título de auditoria gubernamental, no se podrá modificar las resoluciones adoptadas por los servidores públicos en el ejercicio de sus facultades o competencias, cuando ellas hubieran definido la situació ;n o puesto término a los reclamos de los particulares; pero, si se podrá examinarlas para los fines del control que corresponde ejercer sobre la conducta administrativa de aquellos.

La auditoria de operaciones financiadas con gastos confidenciales se llevará a cabo con igual carácter de confidencialidad.

Arto. 15. Revisión Selectiva. De la evaluación satisfactoria del control interno, especialmente del ambiente de control interno institucional, de la menor exposición a riesgos comprobada con la aplicación de las pertinentes normas generales y básicas, y de los resultados positivos del examen selectivo de las transacciones u operaciones, el personal ejecutor de la auditoria gubernamental podrá reducir el tamaño de la muestra para someterla a examen.

Arto. 16. Independencia .- La Contraloría General de la República y sus servidores, las firmas privadas contratadas para llevar a cabo auditoria en el sector pú blico y su personal y las unidades de auditoria Interna del sector pú blico y sus servidores mantendrán máxima independencia respecto de las personas, actividades, e intereses de las entidades y organismos sometidos a su examen.

Los auditores de la Contraloría no efectuarán labores de auditoria en entidades u organismos en los que hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos cinco años, excepto en calidad de auditor interno. Tampoco auditarán actividades realizadas por sus parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad ni cuando existiere un potencial o real conflicto de intereses.

La unidad de auditoria interna no ejercerá actividad alguna en los procesos financieros, administrativos u operativos, ni en su autorizació n o aprobación, ni en la adopción de decisiones.

Las prohibiciones establecidas en el inciso segundo de este artículo, se aplicarán en lo pertinente a los auditores internos.

El personal auditor de la unidad de auditoria interna no podrá ser destituido o trasladado, ni suprimida la partida presupuestaria de su cargo, sino por causas legales debidamente justificadas. Si tales hechos ocurrieren, la autoridad de la que emane el acto presentará de inmediato información motivada a la Contraloría General de la Repú blica.

Arto. 17. Acceso irrestricto .- La Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la misma y, en general, los auditores gubernamentales internos y externos, tendrán acceso libre, directo e irrestricto a registros, archivos y documentos que sustentan la información e inclusive, en cuanto la naturaleza de la auditoria lo requiera, a las operaciones en sí. Están facultados también para hacer comparecer testigos y recibir sus declaraciones y obtener copias de la documentación en las actuaciones que estuvieren dentro de sus respectivas atribuciones. A los efectos de este libre acceso, será suficiente el requerimiento del auditor actuante, formulado por escrito.

Arto. 18. Notificación inicial .- Para la ejecución de la auditoria gubernamental precederá notificación a los servidores o ex servidores que estuvieren vinculados con las operaciones a examinar y a los terceros conocidos vinculados con tales operaciones o a sus herederos, según el caso. La notificación se actuará en alguna de las modalidades previstas en el artículo 53 de esta Ley y sus regulaciones.

Cuando del proceso de auditoria aparecieren nuevas personas vinculadas con las actividades sujetas a examen, se las notificará de inmediato

Arto. 19. Comunicación Constante y Evidencia. En el curso del examen, los auditores gubernamentales mantendrán constante comunicación con los servidores o ex servidores de la entidad u organismo auditado y con los terceros relacionados con las actividades examinadas.

Los auditores gubernamentales desarrollarán todos los atributos de cada uno de los hallazgos de auditoria y harán acopio de la evidencia suficiente, competente y pertinente que sustente las conclusiones. Éstas conclusiones serán puestas en conocimiento de los auditados, a quienes se les dará oportunidad para que se pronuncien sobre todos los asuntos que les conciernan y presenten pruebas documentadas e información verbal pertinente a las materias sometidas a examen

De la comunicación constante mantenida en el proceso de auditoria así como de los resultados provisionales se dejará constancia por escrito.

Arto. 20. Discrepancias. Las diferencias de opinión entre los auditores gubernamentales y los servidores o ex servidores de la entidad u organismo auditado o terceros relacionados, serán resueltas, en lo posible, dentro del curso del examen. De subsistir, las opiniones divergentes constarán en el informe de auditoria. El informe de auditoria no será susceptible de impugnación en la vía contencioso administrativa.

Arto. 21. Recomendaciones de auditoria y su seguimiento. Las recomendaciones de auditoria, una vez aceptadas por la administració ;n, serán de cumplimiento obligatorio en la pertinente entidad u organismo y, por tanto, objeto de seguimiento por la auditoria interna o externa.

La unidad de auditoria interna efectuará auditoria de las operaciones, actividades y programas de la respectiva entidad u organismo y de sus dependencias.

Arto. 23. Coordinación de labores .- Las unidades de auditoria interna presentarán a la Contraloría General de la República, a más tardar el treinta de septiembre de cada año, su plan de trabajo para el siguiente ejercicio y le informarán por escrito y de inmediato, de cualquier modificación que se le hiciere, así como de la evaluación anual de la ejecución de sus programas de trabajo.

Arto. 24. Informes .- Los informes de las unidades de auditoria interna, firmados por el jefe de la unidad, serán dirigidos a la autoridad de la cual proviniere su nombramiento. Copia de tales informes será inmediatamente enviada a la Contraloría General de la República, para los efectos que a ella corresponden,

Para los efectos de este artículo, la Contraloría mantendrá ; un registro actualizado de firmas privadas, calificadas por su reconocida profesionalidad.

La firma y su personal deberán reunir los requisitos y cumplir las disposiciones de esta Ley y sus regulaciones así como también todas las normas de auditoria.

La auditoria será supervisada por la Contraloría General de la República y el informe resultante se sujetará a la aprobación de que trata el artículo 27 de esta ley.

Las entidades y organismos del sector público que requirieran contratar firmas privadas para la práctica de la auditoria externa de sus operaciones, están facultadas para hacerlo, seleccionándolas del registro de firmas de que trata este artículo. Estas auditorias no son gubernamentales. En el contrato que la entidad suscriba con la firma se hará constar una cláusula en cuya virtud la firma quede obligada a entregar a la Contraloría General copia del informe de auditoria y facilitar el acceso de ésta a los papeles de trabajo y evidencias de la firma.

Arto. 27. Informe de auditoria y su aprobación .- El resultado final del trabajo de auditoria se concreta en un único informe final. Los informes de auditoria tendrán el contenido que establezcan las normas de auditoria y demás regulaciones de esta ley. Los informes serán aprobados por la máxima autoridad de la Contraloría General y enviados a las máximas autoridades y a los funcionarios correspondientes de las entidades u organismos examinados.

Al llevar a cabo la auditoria de las operaciones o actividades de las entidades, organismos y servidores sujetos a su competencia, la Contraloría se pronunciará sobre los aspectos de legalidad, veracidad, corrección y transparencia, sobre la eficiencia y economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambientales y de tiempo y sobre la efectividad de los resultados y el impacto de la gestión institucional.

Tratándose de entidades, organismos y personas del sector privado que recibieren bienes, asignaciones, subvenciones o participaciones ocasionales de recursos del Estado, el control de la Contraloría se aplicará únicamente al ejercicio en que se hubieren efectuado los aportes y al monto de los mismos.

Arto. 29. Independencia y autonomía .- La Contraloría es independiente de los demás órganos del poder público, en lo funcional, administrativo y presupuestario. En aplicación del principio de independencia administrativa, la Contraloría se abstendrá de cumplir disposiciones que condicionen o limiten el pleno y libre ejercicio de sus competencias. Para garantizar la independencia y autonomía que el artículo 156 de la Constitución Política confiere a la Contraloría General de la República se le deberá asignar por los órganos competentes un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la Repú blica.

Arto. 30. Financiamiento .- El presupuesto de la Contraloría General de la República se financiará con:

1. Las asignaciones del Presupuesto General de la República;

2. Los ingresos generadas en la prestación de sus servicios de capacitación o en la venta de publicaciones especializadas;

3. Las que provinieren de donaciones; y

4. Las previstas en otras disposiciones legales.

Para asegurar el normal flujo de recursos financieros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público acreditará mensual y automáticamente, en la cuenta especial correspondiente abierta a ó ;rdenes de la Contraloría General, la doceava parte del monto de la asignación para gastos de funcionamiento prevista en el presupuesto General de la República. Con cargo a esta cuenta especial la Contraloría efectuará sus gastos, sujetándose a su presupuesto anual y a las normas del Subsistema de Contabilidad Gubernamental y del Sistema de Control.

Arto. 31. Atribuciones y funciones.- La Contraloría ejercerá las atribuciones y funciones que le señala la Constitución y, concretamente, las siguientes:

1. Efectuar auditorías financieras, de cumplimiento, operacionales, integrales, especiales y de cualquier otra clase en las entidades y organismos sujetos a su control, ya sea individualmente o agrupados en el sector de actividad pública objeto de la auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (NAGUN).
2. Dictar políticas, normas procedimientos y demás regulaciones para:
a. El funcionamiento del control interno.
b. La práctica de la auditoría gubernamental, interna o externa, en cualesquiera de sus modalidades.
c. La observancia de los principios de ética profesional de los funcionarios de la Contraloría General de la República y de los auditores gubernamentales; y
d. El cumplimiento de las demás funciones que le confieren la Constitución y las leyes;
3. Emitir para su propio funcionamiento interno:
a. La regulación orgánico funcional;
b. La regulación de administración de personal; y,
c. Las demás que sean necesarias.
4. Examinar, verificar y evaluar los resultados alcanzados, la legalidad, veracidad, corrección, transparencia, eficiencia, economía y efectividad de la gestión pública;
5. Efectuar exámenes especiales aplicando las técnicas de la auditoría. (“)
6. Fiscalizar la realización de proyectos de obras públicas, empleando las técnicas de auditoría y de otras disciplinas necesarias para lograr el control de cada una de sus fases.
7. Calificar, seleccionar, registrar y contratar firmas privadas profesionales para la fiscalización de proyecto de obras públicas.
8. Evaluar los planes y fiscalizar la calidad de las auditorías efectuadas por las unidades de auditoría interna, garantizando su independencia profesional.
9. Calificar, seleccionar, registrar y contratar de manera exclusiva, firmas privadas para efectuar auditorías gubernamentales independientes en las Entidades y Organismos sujetos a control, y supervisar sus labores.

Examinar y evaluar la correcta recaudación y manejo de los fondos públicos y llevar a cabo auditorías o exámenes especiales con respecto a los ingresos, tributarios o no tributarios, de las entidades y organismos públicos, dictaminando en el caso de no existir base legal para el cobro de determinados ingresos, que se deje de recaudarlos.

11. Examinar, evaluar y recomendar los sistemas operativos, administrativos, de información, de tesorería, presupuesto, crédito pú blico, compras y contrataciones de bienes y servicios, así como las técnicas y procedimientos de control interno incorporados en ellos, como responsabilidad gerencial de cada ente público.
12. Ofrecer y en su caso coordinar la capacitación de los servidores públicos, en las materias de su competencia, por intermedio de su Centro de Capacitación.
13. Evaluar y fiscalizar la aplicación de los sistemas de contabilidad gubernamental y de control de los recursos públicos.
14. Formular recomendaciones para mejorar las operaciones y actividades de las Entidades y Organismos sujetos a su control.
15. Requerir a los respectivos funcionarios y empleados que hagan efectivo el cobro de las obligaciones a favor de las Entidades y Organismos del sector pú blico, y que cumplan las que a dichas Entidades y Organismos correspondan.
16. Establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento de las disposiciones legales y reglamentarias de las normas de que trata esta Ley; responsabilidades civiles, por el perjuicio económico sufrido por la Entidad u Organismo respectivo, a causa de la acción u omisión de sus servidores, y presumir responsabilidad penal mediante la determinación de hechos tipificados por la Ley como delitos.
17. Exigir a los responsables el reintegro inmediato de cualquier recurso financiero indebidamente desembolsado.
18. Ordenar que se proceda, mediante la vía ejecutiva, contra los funcionarios o empleados, contra sus bienes y contra sus fiadores, cuando los créditos a favor de las Entidades y Organismos de que trata esta Ley, procedan de diferencias de dinero u otros valores a cargo de dichos funcionarios o empleados.
19. Evaluar la ejecución presupuestaria de las entidades y organismos del sector público.
20. Disponer a quien corresponda la aplicación de sanciones, o aplicarlas si fuera el caso, y que se hagan efectivas las responsabilidades determinadas.
21. Imponer sanciones pecuniarias a las personas de derecho privado que, estando obligadas por esta Ley, negaren su colaboración a los auditores gubernamentales.
22. Remitir de inmediato a conocimiento de los tribunales de Justicia, la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General las conclusiones y todas las evidencias acumuladas, en caso de presumirse el cometimiento de ilícitos penales.
23. Emitir sugerencias sobre los proyectos de normas que, en materia de administración financiera, corresponda emitir el ministerio encargado de las finanzas del Estado.
24. Emitir opinión profesional sobre los estados financieros que el ministerio encargado de las finanzas del Estado presente anualmente a la Asamblea Nacional, y ponerla en conocimiento de ésta.
25. Examinar y evaluar el registro de los Bienes del Estado que deberá ser llevado por cada una de las Entidades y Organismos del sector público, y velar por el adecuado control y uso de los mismos.
26. Examinar y evaluar que se lleve una debida custodia de:
a. Todos los documentos que acrediten posesión activa del Estado, tales como acciones, títulos de bienes inmuebles u otros documentos que acrediten garantías a favor del fisco.
b. Los documentos cancelados del Crédito Público, después de verificar su autenticidad.
27. Evaluar el uso de:
a. Recibos fiscales que son los que deberán extender las receptorías fiscales de la República.
b. Los recibos de otras oficinas públicas.
28. Examinar la incineración o destrucción de toda clase de especies fiscales, postales y monetarias.
29. Evaluar las emisiones de bonos estatales.
30. Aplicar la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.
31. Fiscalizar toda contratación que entrañe ingresos o egresos, u otros recursos del Estado y/o del Sector Público; y cuando las contrataciones no se ajusten a las disposiciones legales sobre la materia se aplicará el procedimiento de denuncia de nulidad, así como la determinación de las respectivas responsabilidades a que hubiere lugar.
32. Informar anualmente a la Asamblea Nacional sobre los resultados de su gestión y, con tal oportunidad, presentarle estados financieros dictaminados por la firma independiente que la Asamblea Nacional hubiere autorizado.
33. Efectuar publicaciones especiales de la presente ley, sus reformas y regulaciones.
34. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría, a la ejecución de las responsabilidades administrativas y civiles determinadas, así como al desarrollo de los juicios civiles y penales, en casos de delitos o irregularidades que se produjeren en la administración de los recursos financieros y materiales de las entidades y organismos comprendidos en su ámbito de control.
35. Coordinar y cooperar con los Órganos competentes, en lo que fuere menester, para el examen de los actos cometidos contra el patrimonio pú blico y para la iniciación y prosecución de los juicios.
36. A base de los resultados de la Auditoría gubernamental, efectuar estudios organizacionales, económicos, financieros, estadísticos y otros, para conocer los resultados de la gestión administrativa y, en general, la eficacia con que operan las entidades o sectores de actividad estatal sujetos a su control.
37. Contratar, cuando sea menester los servicios profesionales de especialistas y consultores para cualquier materia o asunto pertinente a sus funciones.
38. Evaluar el trabajo de auditoría externa efectuado por las firmas privadas contratadas por las entidades y organismos públicos.
39. Ordenar se suspenda la entrega de fondos por parte del Estado o por cualquier organismo de financiamiento, a las entidades u organismos del sector pú blico, mientras sus subsistemas de control interno no cumplieren las exigencias requeridas de acuerdo con las circunstancias para asegurar la protecció n y utilización adecuada de tales fondos.
40. Emitir informe previo a los proyectos de ley que se propusieren sobre el funcionamiento del Sistema de Control Gubernamental o del Organismo Superior de Control.
41. Evaluar el cumplimiento de las funciones de los Entes Reguladores en materia de otorgamiento y regulación de licencias, concesiones y protección a los consumidores.

La representación legal de la Contraloría General podrá ser ejercida indistintamente por cualquiera de los miembros propietarios del Consejo Superior, previa designación de su seno.

El Consejo Superior de la Contraloría General responderá ante la Asamblea Nacional por sus propios actos oficiales y por los de los servidores de la Contraloría, salvo cuando estos últimos actúen en ejercicio de facultades propias a ellos conferidas por la ley.

Arto. 33. Atribuciones y Funciones del Consejo Superior. Al Consejo Superior de la Contraloría le corresponde ejercer las atribuciones, facultades y funciones siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir las Atribuciones y Funciones de la Contraloría General de la República.
2. Dictar políticas para la elaboración anual de los planes y presupuestos de la entidad.
3. Aprobar anualmente el Plan Operativo de la Entidad, el Plan Nacional de Auditoría Gubernamental y el Proyecto de Presupuesto de la Contraloría.
4. Someter el Proyecto de Presupuesto institucional a conocimiento del Ejecutivo.
5. Controlar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y contratos en los casos de privatización de entidades o empresas, enajenación o cualquier forma de disposición de bienes del sector público.
6. Aprobar los informes anuales u ocasionales que el Presidente del Consejo, o quien éste designe, deba presentar a la Asamblea Nacional.
7. Conocer de las ausencias temporales de los Miembros del Consejo.
8. Emitir informe previo sobre los anteproyectos de ley o de reformas o modificaciones de las leyes que le sean sometidas a su consideración por la naturaleza de su competencia.
9. Dictar las normativas y procedimientos internos para su adecuado funcionamiento.
10. Gestionar recursos financieros a través de la cooperación externa.
11. Aprobar los demás actos administrativos de la entidad, y
12. Las demás facultades conferidas por las leyes.

1. Presidir el Consejo y convocarlo por iniciativa propia o a solicitud de uno de sus miembros;
2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo;
3. Ordenar la preparación de las políticas, normas, procedimientos y demás regulaciones a las que se refiere la presente Ley, incluyendo la elaboración anual del Plan Operativo y el proyecto de presupuesto de la Contraloría; y someterlas a conocimiento y aprobación por parte del Consejo Superior;
4. Supervisar la administración de la Contraloría General de la República.
5. Comunicar y notificar a las máximas autoridades de las entidades el inicio de las auditorias, así como las responsabilidades administrativas y civiles determinadas por el Consejo, y las presunciones de responsabilidad penal.
6. Presentar Informes a la Asamblea Nacional, previa aprobación del Consejo Superior;
7. Cumplir las demás atribuciones y funciones que le delegare el Consejo Superior, así como aquellas de competencia legal de la Contralorí a que no estuvieren asignadas a otras autoridades o funcionarios de la misma.

1. Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal;
2. Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus funciones;
3. Las demás que le señalare el Consejo.

1. Participar en las sesiones, en la toma de decisiones y emisión de resoluciones del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, con voz y voto;
2. Ejercer las funciones que por resolución o delegación del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, se les asignare;
3. Coordinar al interior de la Contraloría General de la República las áreas específicas de trabajo, previa aprobación del Consejo; sin perjuicio de lo establecido en el numeral 4 del arto. 34 de la presente Ley.

El Consejo Superior podrá, igualmente, designar al o a los abogados de la institución que, como procuradores judiciales, deban actuar en cada causa contencioso administrativa en que tuviere que intervenir la Contraloría General de la República. El oficio de designación y la certificación actuada en la entidad sobre la condición de abogado de la misma, constituirán prueba suficiente para legitimar la intervención de los procuradores, quienes actuarán mientras no fueren legalmente sustituidos.

Arto. 38. Decisiones Definitivas . Las decisiones del Consejo Superior de la Contraloría General de la República son definitivas, no susceptibles de recurso alguno ante otras autoridades en la vía administrativa, salvo los recursos que ante él mismo se prevén en esta Ley.

Arto. 39. Regulaciones sobre administración de personal .- El Consejo Superior de la Contraloría expedirá Regulaciones para la administración de personal, que consagrarán la carrera administrativa para los servidores de la entidad, con los mismos efectos del servicio civil y la carrera administrativa de los servidores públicos. En él se normará el ingreso, la permanencia, la carrera, la remuneración, los beneficios y los incentivos en razón del mérito, la productividad y eficiencia de los servidores de la Contraloría General. Solamente a efectos de las exclusiones de la carrera y para la aplicación del régimen disciplinario se estará a lo que disponga la ley de la materia.

Las decisiones del Consejo Superior en materia de administración del personal de la entidad serán definitivas en la vía administrativa y podrán impugnarse en sede contencioso administrativa.

Arto. 41. Atribución para establecer responsabilidades .- Sobre la base de los resultados de auditoria o de los análisis contenidos en actas o informes, la Contraloría General de la Repú ;blica podrá determinar responsabilidades administrativas y civiles y presumir responsabilidad penal.

Para determinar responsabilidades administrativas a partir de los resultados del control interno posterior, la Contraloría General de la Repú blica analizará previamente que las unidades de auditoria interna hayan dado cumplimiento a las normas de auditoria.

En todos los casos, la evidencia que sustente la determinación de responsabilidades, además de suficiente, competente y pertinente, reunirá los requisitos formales para sustentar la defensa en juicio.

Arto. 42. Objeciones a órdenes superiores e insistencia .- Ningún servidor público podrá ser relevado de su responsabilidad legal alegando el cumplimiento de órdenes superiores.

Al ejercer el control previo o concurrente, los servidores podrán objetar, por escrito, las órdenes de sus superiores, expresando las razones de la objeción. Si el superior insistiere por escrito, aquellos cumplirán la orden, pero la responsabilidad recaerá en el superior. Si éste insistiera verbalmente, los encargados de dichos controles, antes del cumplimiento de la orden, harán saber por escrito al superior que la cumplirán por su insistencia verbal y dejarán constancia del particular en el archivo, a afectos de su ulterior revisió ;n por la auditoria interna o externa.

Lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9 de esta Ley se aplicará a quienes en cumplimiento de sus funciones de control interno previo o concurrente objetaren legalmente órdenes superiores.

Arto. 43. Responsabilidad directa .- Los servidores de las entidades y organismos públicos encargados de la gestión financiera, administrativa u operativa, serán responsables, hasta por culpa leve, de sus acciones u omisiones; por la ilegalidad, falta de veracidad o de oportunidad o de pertinencia o de conformidad con los planes, programas y presupuestos y por los perjuicios que se originaren de tales acciones u omisiones.

Arto. 44. Responsabilidad principal y subsidiaria .- La responsabilidad principal, en los casos de desembolso indebido, recaerá sobre la persona natural o jurídica de derecho pú blico o privado beneficiaria de tal desembolso. La responsabilidad subsidiaria recaerá sobre el o los servidores cuya acción u omisión hubiere posibilitado el pago indebido.

Arto. 45. Responsabilidad solidaria .- Habrá lugar a responsabilidad solidaria cuando dos o más personas aparecieren como coautoras del acto administrativo o hecho que origina la responsabilidad.

Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores de los organismos e instituciones del Estado que se encontraren comprendidos en una o más de las causales siguientes:

1. No establecer o no ejecutar planes y programas para el cumplimiento de la misión y los fines en la pertinente entidad, organismo o sector de actividad pública; o no definir o no aplicar indicadores de gestión y medidas de desempeño para evaluar la gestión institucional o sectorial y el rendimiento individual de sus servidores;
2. No establecer o no mantener una organización funcional y procesos que propicien el cumplimiento oportuno, eficiente y económico de la misión y fines institucionales;
3. Incumplir los fines, objetivos y metas institucionales de su incumbencia cuando estuvieren disponibles los medios y recursos necesarios para el efecto;
4. Ejercer presión o abuso con ocasión del desempeño de su cargo;
5. No establecer o no aplicar con sujeción a la ley y más normas pertinentes, los subsistemas de Determinación y Recaudación, Presupuesto, Tesorería, Crédito Público y Contabilidad Gubernamental, según corresponda;
6. No establecer o no aplicar con sujeción a esta Ley y más normas pertinentes los subsistemas de Control Interno y Control Externo, según corresponda;
7. No establecer o no aplicar con sujeción a la ley y más normas pertinentes los sistemas de Planificación, Administración de Bienes y Servicios, Inversiones Públicas, Administración de Recursos Humanos, y de Información, según corresponda;
8. Permitir, por acción u omisión la violación de la ley, de las normas especificas de las entidades u organismos o de aquellas de carácter generalmente obligatorio expedidas por autoridad competente, de las normas de la presente ley e inclusive las relativas al desempeño de cada cargo, o incumplir cualesquiera de ellas;

Arto. 48. Responsabilidad por contravención .- Las personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado u otros terceros serán sancionadas por la Contraloría General de la República con multa de uno a diez salarios mensuales que se encontraren percibiendo a la fecha de realización de la contravención, por incumplir su obligació ;n de comparecer como testigos, exhibir documentos y registros, proporcionar confirmaciones escritas sobre las operaciones y transacciones que efectú en o hubieren efectuado con la entidad u organismo sujeto a examen y, en general, cuando se negaren a colaborar con los auditores gubernamentales.

Arto. 49. Imposición de sanciones .- Las sanciones de destitución o multa, o ambas conjuntamente, se impondrán por la correspondiente autoridad nominadora de la entidad u organismo de que dependa el funcionario o servidor respectivo, a requerimiento de la Contraloría General de la República. Dichas autoridades darán a conocer mensualmente a la Contraloría la aplicació ;n de las sanciones y, en su caso, la recaudación de las multas.

Las sanciones serán impuestas por la Contraloría General de la República cuando las indicadas autoridades hayan dejado de hacerlo o se hubieren constituido en sujetos pasivos de la sanción, o cuando deba imponérselas a personas de derecho privado o a otros terceros.

En todos los casos, antes de imponer las sanciones, la Contraloría las notificará al afectado, concediéndole el plazo improrrogable de quince días para que haga sus alegaciones. Vencido este plazo, el Consejo Superior de la Contraloría emitirá su resolución en el plazo de treinta días y, de ser procedente, impondrá las sanciones.

Las sanciones se impondrán graduándolas entre el mínimo y el máximo señalados en esta Ley, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. La desviación administrativa que haya producido el hecho;

2. La jerarquía del sujeto pasivo de la sanción;

3. La gravedad de la violación de la norma, según la importancia del interés protegido por ella;

4. El volumen e importancia de los recursos comprometidos en el hecho materia de la responsabilidad; y,

5. La circunstancia de haber realizado el hecho por primera vez o en forma reiterada.

Arto. 50. Recursos .- Las decisiones que impusieren sanción de acuerdo con este capí tulo son definitivas en la vía administrativa; pero, podrán impugnarse ante los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro del término de sesenta días contado desde el día siguiente al de la notificación.

Arto. 51. Pervivencia de la acción penal .- Ni la imposición de las multas previstas en esta ley y en las demás leyes, ni la destitución del cargo, ni ambas sanciones impuestas a la vez impedirán la sanción penal que correspondiere.

Arto. 52. Recaudación de multas .- La recaudación de las multas impuestas a los servidores del sector publico, se efectuará por la propia entidad u organismo, mediante retención de las remuneraciones . Si a la fecha de la imposición de la multa el infractor hubiera cesado en el cargo, la multa podrá hacerse efectiva en cualquier cargo pú ;blico en que se encontrare; la recaudación de las multas también podrá hacerse efectiva por el procedimiento previsto en el artí ;culo 56, según el caso.

Las multas impuestas a las personas naturales o a los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado, serán recaudadas directamente por el organismo encargado de la recaudación de ingresos del Gobierno de Nicaragua, para lo cual se emitirán los correspondientes títulos de crédito dispuestos por la Contraloría General.

En ambos casos será suficiente la resolución firme de la Contraloría General de la República que constituye título ejecutivo.

Los perjuicios económicos causados en la administración de bienes, asignaciones, subvenciones, participaciones ocasionales de recursos públicos, conferidas por el Estado a las personas naturales y jurí ;dicas de derecho privado, estarán sujetos a las disposiciones del Capítulo 1 del Título III y al procedimiento previsto en este Capítulo.

Dicho perjuicio se establecerá así:

1. Mediante glosas que serán notificadas a las personas afectadas, concediéndoles el plazo perentorio de treinta días más el término de la distancia para que las contesten y presenten las pruebas correspondientes. Expirado ese plazo, la Contraloría pronunciará su resolución.

2. Mediante órdenes de reintegro, en el caso de pago indebido. Se tendrá por pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o contractual o sin que el beneficiario hubiere efectuado la prestación o la hubiere cumplido solo parcialmente. En estos casos, la orden de reintegro será motivada por la Contraloría y notificada al o a los sujetos de la responsabilidad, concediéndoles el plazo improrrogable de quince días para que efectúen el reintegro. Sin perjuicio de lo expresado, en el transcurso de ese plazo el o los sujetos de la responsabilidad podrán solicitar al Consejo Superior de la Contraloría la reconsideración de la orden de reintegro, para lo cual expresarán por escrito los fundamentos de hecho y de derecho y, de ser del caso, adjuntarán las pruebas que correspondan. El Consejo Superior de la Contraloría se pronunciará en el plazo de quince días contado a partir de la recepción de la petición y su resolución será definitiva, pero podrá impugnarse en sede contencioso administrativa.

Si no se efectuare el reintegro, la Contraloría General de la Repú ;blica dispondrá que se proceda conforme a lo establecido en el artículo 56 de la presente Ley.

No se determinará responsabilidad civil cuando los actos o hechos que la originen hayan dado lugar a la iniciación de acciones ante la justicia ordinaria.

Arto. 54. Notificación de órdenes de reintegro, glosas y resoluciones .- La notificación de las órdenes de reintegro, glosas y resoluciones se hará por una cédula en el domicilio del interesado, o por correo certificado, o por telegrama.

Cuando no haya señalado domicilio y se ignorare su paradero o se tratare de notificar a los herederos del interesado, la notificación se hará mediante una publicación en La Gaceta, Diario Oficial, o en un medio de comunicación escrito de circulación nacional.

Las notificaciones por la prensa podrán hacerse individual o colectivamente; contendrán únicamente los nombres y apellidos de los interesados, las funciones que hayan ejercido y el valor de las glosas o de las órdenes de reintegro.

Cuando la notificación se produjere por cédula o telegrama, el plazo previsto en el artículo 53 se contará desde el día hábil siguiente al de la entrega y si se efectuara por correo certificado o por publicación de prensa, luego que transcurran ocho días desde la fecha de la entrega en que conste en el recibo de correo o de su publicación.

Arto. 55. Contenido de las resoluciones y plazo para expedirlas .- Las resoluciones sobre glosas podrán expedirse en el plazo de ciento ochenta días, contado desde el día hábil siguiente al de la expiración del término concedido para la contestación de las glosas. Si las glosas fueren solidarias, el plazo anterior se contará desde la fecha en que expiró el término concedido para contestar las glosas al último afectado.

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a los fundamentos de hecho y de derecho de las glosas y de las contestaciones, a la documentación y actuaciones que sustenten a estas últimas; decidirán todas las cuestiones planteadas en las glosas y en las alegaciones de los interesados y en ellas se desvanecerán, o confirmarán las glosas.

Si las glosas fueren solidarias, la resolución respectiva se referirá a un solo caso de solidaridad.

Arto. 56. Ejecución de las resoluciones confirmatorias .- Las resoluciones firmes de la Contraloría General de la Repú blica que confirmen responsabilidades civiles constituyen título ejecutivo. Para hacerlos efectivos se procederá de la manera siguiente:

1. Se enviarán al Ministro de Hacienda y Crédito Público con conocimiento de la Procuraduría General de la República, copias certificadas de las resoluciones que establezcan obligaciones a favor de las entidades y organismos de los Poderes del Estado, ordenando que se proceda, mediante la vía ejecutiva, contra los servidores o ex servidores, contra sus bienes y contra sus fiadores, cuando los créditos a favor de las Entidades y Organismos de que trata esta Ley, procedan de diferencias de dinero, glosas u otros valores a cargo de dichos servidores o ex servidores.

2. Se enviarán a las municipalidades, con conocimiento de la Procuraduría General de la República, copias certificadas de las resoluciones que establezcan obligaciones a favor de las Municipalidades, ordenando que se proceda, mediante la vía ejecutiva, contra los servidores o ex servidores, contra sus bienes y contra sus fiadores, cuando los créditos a favor de los Municipios de que trata esta Ley, procedan de diferencias de dinero, glosas u otros valores a cargo de dichos funcionarios o empleados; y,

3. La recaudación de las obligaciones a favor de las entidades y organismos sujetos a esta Ley, no comprendidos en los incisos anteriores de este artículo y que no tuvieren capacidad legal para emitir documentos que traigan aparejada ejecución, se hará en la forma determinada en el numeral 1 de este artículo. Realizado el pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entregará a la entidad u organismo acreedor el valor recaudado.

Para la ejecución de resoluciones que confirmen responsabilidades civiles expedidas en contra de personas naturales o jurídicas de derecho privado, con motivo de la administración de bienes, asignaciones, subvenciones, o participaciones ocasionales de recursos públicos, se atenderá a la fuente de la que provengan los recursos o beneficios y se observará lo previsto en los numerales que anteceden, según corresponda.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, las Municipalidades y demás ejecutores, mensualmente, comunicarán a la Contralorí ;a General de la República y a la Procuraduría General de la República sobre las diligencias del proceso de cobro y sobre las recaudaciones efectuadas por concepto de resoluciones firmes de la Contraloría General. Igual obligación tendrán en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 52 y en el numeral dos del artículo 53 de esta Ley.

Arto. 57. Ejecutoria de las resoluciones .- Las resoluciones del Consejo Superior de la Contraloría General de la República serán firmes si no se hubiere presentado recurso alguno en la vía administrativa.

Arto. 58. Rectificación de errores de cálculo .- La Contraloría General de la República podrá rectificar en cualquier tiempo, dentro de los plazos de prescripción y caducidad, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de cálculo en que se hubiere incurrido, tanto en el establecimiento de las glosas como en las resoluciones.

Arto. 59. Recurso de revisión .- El Consejo Superior de la Contraloría revisará las resoluciones, en todo lo concerniente al establecimiento de responsabilidad civil, de oficio o a petición de quien se sintiere directamente afectado por ellas, en los siguientes casos:

1. Cuando las resoluciones hubieren sido expedidas con evidente error de hecho o de derecho, que apareciere de los documentos que constan en el propio expediente, o de disposiciones legales expresas;
2. Cuando después de haber sido expedida la resolución, se tuviere conocimiento de documentos ignorados al tiempo de dictar la resolución correspondiente;
3. Cuando en la resolución hubieren influido esencialmente documentos falsos o nulos declarados en sentencia ejecutoriada, anterior o posterior a la resolución recurrida; y,
4. Cuando se estableciere que para expedir la resolución que es materia de la revisión, han mediado uno o varios actos cometidos por servidores públicos o terceros, tipificados como delitos y así declarados en sentencia judicial ejecutoriada.

Arto. 61. Efecto del recurso .- La notificación de la providencia de revisión interrumpe la caducidad y la prescripción y suspende los efectos de la resolució ;n que ha sido objeto de la revisión.

La revisión no es requisito previo para impugnar una resolución; pero, mientras el recurso se tramita, no podrá ejecutarse la resolución recurrida ni deducirse acción contencioso administrativa.

Si la Contraloría General de la República hubiere dado ya cumplimiento a lo que dispone el artículo 56 de esta Ley, hará conocer al funcionario ejecutor que corresponda, la providencia que concede la revisión, para que suspenda el trámite en el estado en que se encontrare.

Arto. 62 Nueva resolución .- Notificada la providencia de revisión, el Consejo Superior de la Contraloría tendrá el plazo de noventa días para dictar una nueva resolución motivada, en la que se confirmará, revocará, modificará o sustituirá la resolución revisada.

Las resoluciones que se emitan por el recurso de revisión quedará n ejecutoriadas cuando no fueren impugnadas dentro del término señalado para interponer recurso en lo Contencioso Administrativo.

Ejecutoriada la nueva resolución, se enviará una copia de ella al Ministro de Hacienda y Crédito Público o a la entidad u organismo correspondiente, y a la Procuraduría General de la Repú blica, para su ejecución.

Arto. 63. Improcedencia del recurso .- No procederá el recurso de revisión en los casos siguientes:

1. Cuando el asunto estuviere en conocimiento o hubiere sido resuelto por los tribunales de lo contencioso administrativo;
2. Cuando el asunto estuviere substanciándose o hubiere sido resuelto por la justicia ordinaria civil o penal;
3. Cuando desde la fecha en que se notificó la resolución original hubiere transcurrido más de treinta días; y
4. Cuando la correspondiente solicitud no estuviere legal o documentadamente fundada.

Arto. 65. Presunciones de responsabilidad penal evidenciadas por la auditoria interna .- Si los hechos a los que se refiere el artículo 64 de esta Ley fueren evidenciados por medio de la unidad de auditoria interna, el jefe de la misma comunicará del particular a la Contraloría General de la República la que evaluará el informe y resolverá lo pertinente. Si hubiere lugar a la presunción de responsabilidad penal se procederá conforme al artículo anterior.

Art. 66. Resoluciones no impugnables.- las Resoluciones de la Contraloría General de la República que establecieren presunciones de responsabilidad penal no serán objeto de impugnación en la vía Contencioso Administrativa.

Si notificadas las glosas, no se notificare la resolución confirmatoria dentro de los cuatro años posteriores a la notificación de glosas, se entenderá también caducada la facultad de la Contraloría para dictar resoluciones sobre tales glosas, que se tendrán como inexistentes.

Cuando la Contraloría General de la República hubiere dispuesto que se inicie o hubiere concedido los recursos de revisión de una resolución o de reconsideración de una orden de reintegro, dentro del término previsto en esta ley, se producirá la caducidad de la facultad para resolverlo, una vez que hubiere transcurrido un año desde la notificación de la providencia respectiva sin que se hubiere notificado la resolución correspondiente. En tal evento la resolución materia de tales recursos quedará firme; a menos que el asunto haya sido sometido a conocimiento del Tribunal competente; en su caso, se estará a lo que dicho tribunal resuelva.

La caducidad de las facultades de la Contraloría se interrumpirá en aquellos casos que se inicie una auditoria por la Contraloría General de la República. Esta interrupción sólo podrá extenderse por el término de un año.

Arto. 68. Declaratoria de la caducidad .- En todos los casos la caducidad será declarada de oficio o a petición de parte, por el Consejo Superior de la Contraloría, o, por los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a petición de parte, ya se hubiere presentado el reclamo como acción o como excepción.

Arto. 69. Prescripción de obligaciones nacidas de glosas confirmadas y por defraudaciones. - Las obligaciones nacidas de responsabilidades civiles de que trata esta ley, prescribirán en diez años contados desde la fecha en que la resolución confirmatoria se hubiere ejecutoriado y será declarada por el Consejo Superior de la Contraloría de oficio o a petición de parte, o por los tribunales de lo contencioso administrativo, a petición de parte, por vía de impugnación o por ví a de excepción al procedimiento de ejecución.

Arto. 70. Interrupción de la prescripción .- La prescripción se interrumpirá por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor, o por la citación legal del auto de pago.

No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago cuando la ejecución hubiere dejado de continuarse por más de cinco años, salvo que la suspensión hubiere sido ordenada por decisión judicial.

Arto. 71. Responsabilidad por caducidad, prescripción y silencio administrativo .- Los servidores de la Contraloría General de la República, o de las entidades ejecutoras de obligaciones originadas en resoluciones de la Contraloría General de la República, por cuya acción u omisión se produjeren la caducidad, la prescripción o el silencio administrativo de que trata el artículo 81 de esta Ley, incurrirá ;n en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Las entidades y organismos emitirán los actos y resoluciones y autorizarán o aprobarán aquellos relacionados con el ejercicio de sus actividades, evitando el abuso de autoridad contra persona, funcionario, empleado o corporación alguna.

Las entidades y organismos remitirán a la Contraloría General de la República la información y documentación que les fueren solicitadas por ésta, para el cumplimiento de sus funciones.

Arto. 73. Máximas autoridades y titulares .- Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las Entidades y Organismos del sector público son responsables de los actos y resoluciones emanados de su autoridad o aprobados por ellos, expresa o tá ;citamente; son responsables también por suspender la ejecución de las leyes, por no cumplirlas fielmente, a pretexto de interpretarlas, y por abuso de autoridad contra alguna persona, empleado o corporación.

Los servidores públicos mencionados en el inciso anterior tienen el deber de:

1. Establecer los indicadores de gestión y otros factores necesarios para valuar el cumplimiento de los fines y objetivos propios de sus entidades u organismos;

2. Colaborar y disponer la cooperación del personal a su cargo con los auditores gubernamentales y aplicar las medidas correctivas establecidas en las recomendaciones de auditoria;

3. Informar de inmediato a la Contraloría General de la Repú blica:

a. Cuando se crearen, modificaren substancialmente o se disolvieren organismos o entidades sujetos a su control;
b. Cuando se crearen, modificaren substancialmente o se concluyeren programas o proyectos de importancia financiera o para el control en la entidad u organismo ;

Arto. 74. Directores o jefes de unidades administrativas .- Los directores o jefes de las unidades administrativas de las entidades y organismos públicos tienen los siguientes deberes y atribuciones:

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, normas y demás disposiciones expedidas por la Contraloría General de la República o por el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú blico.

2. Aplicar el Subsistema de Control Interno; y,

3. Colaborar con los auditores gubernamentales y aplicar las medidas correctivas que les correspondiere.

Arto. 75. Servidores .- Los servidores de las entidades y organismos públicos tienen los siguientes deberes y atribuciones:

1. Cumplir los deberes, atribuciones y obligaciones de su cargo, con transparencia, honradez y ética profesional, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;

2. Utilizar los recursos públicos con eficiencia y economía, en los programas y actividades debidamente autorizados;

3. Aplicar el subsistema de control interno en las actividades a su cargo;

4. Constituir caución a favor de la entidad, antes de posesionarse del cargo, cuando en el cumplimiento de sus funciones estuvieren encargados de la recepción, control, custodia e inversión de fondos pú blicos o del manejo de bienes públicos; y,

5. Colaborar con los auditores gubernamentales compareciendo como testigo o proporcionándoles documentación o información, cuando fueren requeridos por ellos para el cumplimiento de las labores de auditoria.

Arto. 76. Personal de auditoria y de determinación de responsabilidades .- Las personas que intervinieren en los procesos de auditoria gubernamental o de determinación de responsabilidades o de presunciones de responsabilidad penal, tienen los siguientes deberes y atribuciones:

1. Guardar reserva respecto de los hechos que conocieren en el cumplimiento de sus funciones; y, tratándose de información sujeta a sigilo o reserva, utilizarla sólo para los efectos previstos en la Ley;

2. En su caso, informar inmediatamente, por escrito, a su superior jerá rquico, sobre la comisión de cualquier falta grave o hecho delictivo que verificaren con ocasión del cumplimiento de sus labores.

En caso de interferencia a la independencia de quienes ejerzan facultades de control, esto es, de los auditores internos o externos o de quienes determinen responsabilidades o establezcan presunciones de responsabilidad penal, dichos servidores gozarán del derecho de objeción, en la forma y con las consecuencias establecidas en el inciso segundo del artículo 42 de esta Ley.

Arto. 77. Otras entidades de control .- Las máximas autoridades de las entidades y organismos a los que por disposición legal correspondiere el control o vigilancia de áreas específicas de la actividad pública, además de las atribuciones señaladas en el artículo 73 de esta ley, tienen los siguientes deberes y atribuciones:

1. Informar oportunamente a la Contraloría General de la Repú blica sobre sus proyectadas acciones de control a fin de que, si ésta considerare pertinente, integre el equipo mixto a que se refiere el artí culo 12 de esta ley;

2. Designar a los funcionarios y servidores para que integren los equipos mixtos de que trata el numeral anterior; y,

3. Informar a la Contraloría General de la República, los hechos o asuntos derivados de los informes de inspección, supervisión o control, cuando ello fuere necesario o conveniente para precautelar el patrimonio público.

Arto. 78. Instituciones Financieras y de Registros .- Las instituciones financieras públicas y privadas proporcionará ;n a la Contraloría General de la República, sin restricció ;n alguna, información sobre las operaciones o transacciones determinadas por ésta con motivo de la práctica de la auditoria.

Los depositarios oficiales o las instituciones financieras públicas y privadas que asumieren obligaciones de recaudación o pago de las entidades y organismos públicos, a requerimiento de los auditores gubernamentales les presentarán directamente información relativa a los saldos de cuentas, operaciones de crédito, valores pendientes de pago y otros servicios bancarios.

Las Instituciones a que se refiere el primer inciso del presente artí culo y las entidades que administran los registros públicos de la propiedad, societario y mercantil, ante la petición del Consejo Superior de la Contraloría y la presentación que hicieran sus delegados, de la autorización a que se refiere el numeral 14 del artículo 31 de esta Ley, les permitirán acceso a la documentación e información que posibilite verificar la veracidad de las declaraciones patrimoniales.

Las unidades de contabilidad de las entidades y organismos del sector pú blico y las empresas del Estado retendrán y conservarán los documentos, registros contables e instrumentos contentivos de cifras, las comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera, debidamente ordenados en un archivo especial durante diez añ os. Todos los documentos relativos a una transacción específica serán archivados, juntos o debidamente referenciados. En casos particulares especiales la Contraloría General de la República, previo el análisis correspondiente, podrá autorizar excepciones al período establecido en el presente artículo.

Arto. 79. Personas particulares .- Las personas jurídicas de derecho privado, beneficiarias de bienes, asignaciones, subvenciones, o participaciones ocasionales de recursos pú blicos, además del deber señalado en el numeral 5 del artí culo 75 de esta Ley, estarán obligadas a mantener los registros y la documentación de respaldo suficiente durante diez años, para controlar la correcta utilización de los mismos.

Las demás personas naturales y jurídicas de derecho privado están también obligadas a cumplir el deber señalado en el numeral 5 del artículo 75 de esta Ley.

1. En el caso de resoluciones confirmatorias expedidas por la Contralorí ;a General de la República, desde la fecha de notificación de la glosa;

2. En el caso de delitos, desde la fecha real o presunta en que se produjere la defraudación, con arreglo a las normas de esta ley;

3. En caso de faltantes cubiertos durante el curso del examen, en la misma forma que en el inciso anterior; y,

4. En el caso de desembolso indebido, desde la fecha del desembolso.

Las multas no devengarán intereses.

Arto. 81. Alegaciones y Reclamos .- Las alegaciones que se formularen con ocasión del proceso de auditoria, inclusive los que se hagan en la conferencia final, se responderán según corresponda en el informe de auditoria, a la fecha de su emisión.

Los reclamos o alegaciones que se formularen con ocasión del proceso de determinación de responsabilidades a que se refiere el Título III de esta Ley, serán resueltos o atendidos según corresponda, dentro de los plazos establecidos para expedir la resolución que a la Contraloría competa.

Si las alegaciones y reclamos no fueren atendidos o resueltos en el sentido que corresponda, dentro de los términos o plazos determinados por esta Ley, se entenderá por el silencio administrativo de la Contraloría General de la República, que reclamación ha sido resuelta a favor del reclamante.

Arto. 83. Reformas .- Refórmense las siguientes disposiciones legales: Artos. 109 y 110 de la Ley No. 314 Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros; arto. 30 de la Ley No. 316 Ley de la Superintendencia de Bancos Y de Otras Instituciones Financieras; arto. 40 de la Ley No. 388 Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, y todas aquellas disposiciones legales, para que se incluya a la Contraloría General de la República entre las entidades a las que no se puede oponer sigilo bancario ni tributario.

Suprímanse todas las disposiciones legales y reglamentarias que tengan relación con el ejercicio de controles previo y concurrente por parte de la Contraloría General de la República o sus delegados, por resultar funcionalmente incompatibles con el ejercicio del control externo y del ejercicio independiente de la auditoria.

Primera: Manual de Procedimientos del Consejo Superior.- Para su organización y funcionamiento, el Consejo Superior de la Contraloría General de la República elaborará su manual de procedimientos en un plazo no mayor de sesenta días, contado a partir de la vigencia de la presente Ley.

Segunda: Transición a la auditoria de gestión.- Queda establecido un período de hasta tres años, contado a partir de la vigencia de la presente ley, para que la Contraloría General de la República instrumente las acciones necesarias que posibiliten a su personal la práctica de la auditoria de gestión, sus resultados e impacto.

Tercera: Glosas, resoluciones y recursos de revisión en trámite.- Las glosas, resoluciones y recursos de revisión que se encontraren en trámite a la fecha de vigencia de esta ley, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en lo concierne a los plazos y a los procedimientos.

Cuarta: Emisión de regulaciones.- La Contraloría General de la República expedirá, dentro del plazo de un año, a contarse desde la vigencia de esta ley, las regulaciones de carácter general y las normas internas previstas en esta ley.

Quinta: Vigencia de reglamentos y normas.- Los Reglamentos y normas internos o de carácter general, expedidos por la Contraloría, que se encontraren legalmente en vigencia continuarán vigentes en todo cuanto no se opongan a las disposiciones de esta ley, hasta que sean sustituidos por otros, conforme lo previsto en la disposición transitoria anterior.

Sexta: Personal.- Concédese el plazo de hasta tres años para que el personal que, a la fecha de vigencia de esta ley, se encontrare realizando labores de auditoria gubernamental interna o externa, sin haber acreditado su calidad profesional, lo pueda hacer durante este período.

Arto.85.- Esta ley, por su carácter de orgánica, prevalecerá sobre las demás y solo podrá ser reformada de manera expresa por otra ley de igual naturaleza.

Arto.86.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial y deroga cualquier disposición que se le oponga.

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ___________ días del mes de _________ del dos mil cinco.

Ing. René Núñez Téllez	Doctora María Auxiliadora Alemán
Presidente	Primera Secretaria
Asamblea Nacional	Asamblea Nacional

RENE NUÑEZ TELLEZ

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho

Estimado Señor Presidente:

Por medio de la presente los suscritos Diputados ante la Asamblea Nacional nos dirigimos a Usted con el fin de presentarle la siguiente iniciativa de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado para lo cual adjuntamos la Exposición de Motivos y el texto de la iniciativa de ley.

Sin más a que referirnos y en espera de su atención, le saludamos.

Atentamente,

Bayardo Arce Castaño	Wálmaro Gutiérrez Mercado
Diputado	Diputado
Asamblea Nacional	Asamblea Nacional

Cc: Archivo

El desenvolvimiento de la administración pública en Nicaragua está marcado claramente y desde hace algún tiempo, por la demanda ciudadana de nuevos y mejores servicios, una gran escasez de recursos financieros, altas cifras de endeudamiento público, índices preocupantes de desempleo, baja productividad, sensación generalizada de corrupción en los ámbitos público y privado, pobreza y descontento popular.

No obstante, justo es reconocer progreso en algunas áreas, así como los esfuerzos que se hacen por mejorar la situación actual en círculos comprometidos con la permanencia de las Instituciones democráticas, con la adopción y aplicación de conceptos modernos e innovadores en la lucha contra toda forma de corrupción.

Los aspectos doctrinarios de Control y Auditoria gozan de reconocimiento formal sólo en determinados círculos profesionales, pero no se hallan recogidos adecuadamente por el ordenamiento jurídico y lo más grave, poca aplicación tienen en el sector público. Ello provoca conflictos entre la concepción técnica, la norma jurídica y la práctica.

La Entidad Fiscalizadora Superior, la Contraloría, sufre limitaciones importantes en sus sistemas administrativos, operativos y de información careciendo de la fuerza jurídica necesaria para efectuar directamente sus tareas de control; está supeditada por la ley en vigencia, tanto a la decisión de órganos jurisdiccionales que, para cada caso, le deben autorizar previos, complejos y largos procesos, llevar a cabo algunos pasos más significativos de sus investigaciones, como a la voluntad de otros órganos administrativos encargados de hacer efectivas las responsabilidades declaradas. Por ello el control no es integral, carece de oportunidad y resulta abiertamente ineficaz.

La obligación de controlar cuanto acontece al interior de la administración pública, es decir el ejercicio del autocontrol inherente a la gerencia moderna, es generalmente ignorada como responsabilidad de los administradores públicos, en la creencia equivocada de que el control es competencia exclusiva y excluyente de la Contraloría General de la República.

El ejercicio de actividades propias de la administración activa por parte del Organismo Superior de Control, compromete su independencia y lo ubica como examinador de actividades a cuyo perfeccionamiento contribuyó.

Durante la labor preparatoria del Anteproyecto se destacan las siguientes situaciones:

-Tanto la auditoria interna como la externa, generalmente son ejecutadas sin la objetividad que debería caracterizarlas y sin la total independencia profesional, con evidente falta de oportunidad.

-El énfasis del control y auditoria recae preferentemente en los aspectos formales, acusando debilidad en aquellos referidos a la eficiencia en el uso de los recursos, siendo prácticamente inexistente en lo concerniente al examen sobre la efectividad de los resultados.

-Ha pesado más la orientación de carácter negativo en busca de culpables, que la actitud constructiva de asignar al control la misión de mejorar la gestión. Entre ciertos servidores y ex servidores públicos está latente la sensación de que a título de control, en algunos casos son objetos de persecución; y, en parte de la ciudadanía, que el ejercicio de control estaría siendo utilizado políticamente para favorecer a unos y perjudicar a otros.

-La atención prestada mayoritariamente a la investigación de denuncias, pone a la Contraloría General prácticamente a trabajar como "a pedido del cliente", antes que conforme a sus propias prioridades; de manera que la atención de lo urgente desplaza la atención de lo importante.

-El proceso de determinación de responsabilidades seguido por la Contraloría General de la República, ha planteado más de un cuestionamiento en los círculos profesionales. Su repercusión más evidente en el nivel político se ha dado con oportunidad de la emisión de las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, Ley No 361: Ley de Reforma y Adiciones a la Ley Orgá ;nica de la Contraloría General de la República, del Sistema de Control de la Administración Pública y del Área Propiedad del Pueblo, cuando ha sido objeto de un veto presidencial.

Pese a que el régimen jurídico, la organización y los recursos humanos merecen un análisis global dentro del contexto de la administración pública; éstos se enfocan sólo desde el punto de vista del control y auditoria, tanto por sus singularidades como el alcance de este anteproyecto de ley.

En nuestro país la influencia del Derecho Civil por una parte, y la fragmentaria y tardía expedición de normas en materia administrativa por otra, han marcado un claro dominio de la noción de lo jurídico-civil sobre lo jurídico-administrativo, dominio que afecta de manera sustantiva la posibilidad de una administración científica, de ahí el atraso de métodos científicos aplicados en el sector público donde, trasciende más lo formal muchas veces que la eficiencia administrativa.

El problema se complica porque la normativa jurídica actual, relativa al control y auditoria, instituye técnicas y procedimientos esenciales cambiantes y dinámicos en preceptos cuya característica fundamental debe ser un cierto grado de permanencia en el tiempo. La legislación básica desciende al detalle de lo reglamentario y, en poco tiempo queda obsoleta ante el incontenible desarrollo tecnológico y científico. Las normas jurídicas están dispersas, a veces superpuestas y en ocasiones aparecen confusas o contradictorias.

La evidencia de las deficiencias señaladas en materia de control y auditoria, merece la más seria consideración por parte de los organismos oficiales del Estado; pues como condición para la solución de cualquier problema o la mejora de una situación concreta, está el reconocimiento de la existencia de los mismos y los factores que lo determinan.

La modernización del Estado exige cambios que permitan superar las deficiencias existentes, obteniendo como mínimo lo siguiente:

- Una base jurídica clara, congruente y armónica que haga posible controlar la captación y utilización eficiente de los recursos públicos en el cumplimiento de planes, proyectos y programas.

-La interrelación de los elementos del sistema de control con los sistemas administrativos, operativo s y de información.

- La posibilidad de que todo servidor público, independientemente de su jerarquía, asuma plena responsabilidad de sus actos oficiales y rinda cuenta pública, no sólo del destino de los recursos pú blicos que administra, sino también de la forma y resultados de su aplicación.

- El desarrollo de la capacidad administrativa para impedir o por lo menos, identificar las irregularidades, propiciando la sanción correspondiente por el manejo incorrecto de los recursos del Estado.

Por las consideraciones anteriormente señaladas se estima indispensable y urgente iniciar un cambio sustancial en materia de legislación básica sobre control de la gestión estatal, concordante con la Constitución Política de Nicaragua, estableciendo las bases necesarias para la adopción y aplicación efectivas de nuevas técnicas y procedimientos, comprometiendo la cooperación de todos los sectores en un esfuerzo por lograr el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, condición necesaria para impulsar el desarrollo económico y social del país.

Estos aspectos es importante sean considerados por todos los Diputados de la Asamblea Nacional para que apoyen la aprobación de esta Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado , la que no se opone a la Constitución Política, ni a los interés del Estado Nicaragüense.

Managua, once de abril del dos mil cinco.

Bayardo Arce Castaño	Wálmaro Gutiérrez Mercado
Diputado	Diputado
Asamblea Nacional	Asamblea Nacional

3

DICTAMEN

Managua, 06 de Octubre 2008


Ingeniero
RENE NUÑEZ TELLEZ
Presidente Asamblea Nacional
Su Despacho.-



Honorable Presidente Núñez:

Los Suscritos miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, de la Asamblea Nacional, nos reunimos con el objetivo de dictaminar el Proyecto de Ley que Declara Patrimonio Histórico y Cultural de Nación, las Instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional INTECNA de Granada, que fue remitido por la Primera Secretaría a la Comisión el veintidós de Septiembre del dos mil ocho.

Informe de Consulta

La Comisión sometió el proyecto de Ley a consultas con los sectores directamente involucrados como es el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), expresando su Director General el Licenciado Luis Morales, que, el Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA), se creó por mandato del Decreto No. 411, del 26 de agosto de 1974, publicado en la Gaceta No. 194 de 1974 y en la Ley No. 283, Reforma a la Ley Creadora del Instituto Tecnológico Nacional del 25 de junio de 1998, publicada en la Gaceta No. 118, como Organismo Estatal descentralizado, de interés, necesidad pública, utilidad Nacional, con Personería Jurídica, Patrimonio propio y de duración indefinida.

Por parte de Representantes del Patrimonio Cultural de la Nación, expusieron que, el Instituto Tecnológico Nacional, tiene por finalidad contribuir al desarrollo del País y al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo nicaragüense mediante la formación de mano de obra calificada y técnicos de nivel medio, bachiller y técnicos de nivel superior, es un Centro Educativo de interés y cobertura a nivel Nacional.

Consideraciones de la Comisión

Los Suscritos Miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, consideramos de mucha importancia Declarar Patrimonio Histórico y Cultural de Nación, las Instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional INTECNA de Granada. Por ser un Centro de enseñanza técnica en Nicaragua. En la actualidad ha egresado a miles de estudiantes técnicos en diferentes niveles y carreras, que desempeñan con muchos éxitos sus capacidades intelectuales. Granada ha sido un lugar histórico para Nicaragua y este Instituto Tecnológico Nacional, vendría a ser un monumento más a nuestros acervos culturales, no sólo del Departamento de Granada, sino de nuestra Nación.

Por las razones expuestas, los Honorables Diputados Miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, emitimos Favorablemente el Dictamen del Proyecto de Ley que Declara Patrimonio Histórico y Cultural de Nación, las Instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional INTECNA de Granada, fundamentados en el Arto. 138 de la Constitución Política de Nicaragua, y Arto. 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Arto.4 del Decreto 101, Ley de Protección al Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación.

Atentamente,

Firmas de consenso:

Diputados Miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y
Medios de Comunicación Social,




Mario Valle Dávila Rodolfo José Alfaro G.
Presidente Primer Vicepresidente


Olga Xochilt Ocampo Rocha Nery Sánchez Lazo
Segunda Vicepresidente



Martha M. González Dávila José Ramón Sarria Morales



Evertz Cárcamo Narváez Jasser Martínez Montoya



María Dolores Alemán C. Jamileth del Socorro Bonilla



Wilber R. López Núñez Standfort Cash Dash



Eduardo J. Gómez López




c.c. Archivo





ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA




En uso de sus facultades



Ha dictado



La siguiente:



Proyecto de Ley que Declara Patrimonio Histórico y Cultural de Nación, las Instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional INTECNA de Granada.





Arto. 1 Declárese Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, las Instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional INTECNA, ubicado en el Departamento de Granada.


Arto. 2 El Estado, asignará en el Presupuesto General de la República, las partidas necesarias para la restauración, conservación y mantenimiento de las instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional INTECNA de Granada, declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación.


Arto. 3 A partir de la vigencia de la presente Declaratoria, las instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional INTECNA de Granada, quedan sujeto al régimen legal especial establecido por las leyes que regulan la protección de los bienes que forman parte del Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación.












Arto. 4 Se faculta al Instituto Nicaragüense de Cultura, para que adopte las medidas que considere necesarias para proteger, conservar y resguardar las instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional INTECNA de Granada, de acuerdo con las leyes de la materia.


Arto. 5 La presente Ley entrará en Vigencia, a partir de su Publicación en La Gaceta, Diario Oficial.




Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los _____________ días del mes de___________________________ del año _________________.







Ingeniero Doctor
RENE NUÑEZ TELLEZ WILFREDO NAVARRO MOREIRA.
Presidente Primer Secretario






cc: Archivo

La presente Ley tiene por objeto regular el funcionamiento de la Contraloría General de la República. Asimismo, instituir el Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, a fin de examinar, comprobar y evaluar la debida utilización de los fondos y bienes del Estado, de acuerdo con los objetivos institucionales de la administración pública.

Las disposiciones de esta Ley rigen para todos los organismos y entidades de la administración pública y sus servidores públicos en todo el territorio de la República de Nicaragua. También rige para las personas naturales o jurídicas del sector privado que recibieren subvenciones, asignaciones, participaciones o estén relacionados con el uso de recursos provenientes del Estado.

Es la que ejerce el Estado por medio de la Administración del Poder Ejecutivo, de acuerdo con sus propias normativas; la de la Administración de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de las municipalidades; también las de las instituciones gubernamentales autónomas o descentralizadas y las de las desconcentradas, y de las instituciones de creación constitucional y, en general, todas aquellas que de acuerdo con sus normas reguladoras, realizaren actividades regidas por el ordenamiento jurídico administrativo y la doctrina jurídica y, en todo caso, cuando ejercieren potestades administrativas. También incluye la actividad de los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral en cuanto realizaren funciones administrativas en materia de personal, contratación administrativa y gestión patrimonial, así como lo establecido por la Ley No. 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”.

Se establecen los siguientes principios que serán de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos cuyas funciones regula la presente Ley:

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría deben actuar libres de influencias políticas o de cualquier índole.

Su criterio debe ser independiente, libre de prejuicios o intereses, con el fin de preservar la imparcialidad y objetividad a las que la institución está obligada.

Los miembros del Consejo Superior y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría están éticamente obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún interés personal, o de cualquier naturaleza, que constituya un impedimento para desempeñar sus funciones con la debida imparcialidad y objetividad.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría deben actuar invariablemente según el mandato de la ley y evitar interpretaciones subjetivas.

En el proceso administrativo, se debe asegurar el respeto a las garantías y derechos constitucionales, y otorgar la debida intervención y derecho a la defensa.

Los servidores públicos que ejercen labores de auditoría deben aplicar los criterios técnicos que correspondan para asegurarse de que sus conclusiones se funden en evidencia suficiente, competente y pertinente sobre todo cuando éstas puedan dar origen al establecimiento de responsabilidades y a la imposición de sanciones.

La Contraloría General de la República es el organismo rector del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado. Por disposición constitucional para dirigirla, se ha creado un órgano colegiado denominado Consejo Superior de la Contraloría General de la República, que estará integrado por cinco Miembros Propietarios y tres Miembros Suplentes, electos por la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años, dentro del cual gozarán de inmunidad. Las funciones de los Miembros Suplentes son para suplir a los Miembros Propietarios durante sus ausencias temporales. El Miembro Propietario que se ausente escogerá a quien lo sustituya, éste deberá integrarse a las sesiones convocadas.

La Contraloría General de la República es el Organismo Superior de Control dotado de independencia y autonomía, con ámbito nacional, que tiene a su cargo: la rectoría del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado; el examen y evaluación, por medio de auditoría gubernamental, de los sistemas administrativos, contables, operativos y de información y sus operaciones, realizadas por las entidades y organismos públicos y sus servidores, sin excepción alguna; la expedición de regulaciones para el funcionamiento del Sistema y la determinación de responsabilidades administrativas y civiles, y hacer públicos los resultados de sus investigaciones y cuando de los mismos se presumieran responsabilidades penales, deberá enviar su investigación a los tribunales de justicia.

Al llevar a cabo la auditoría de las operaciones o actividades de las entidades, organismos y servidores sujetos a su competencia, la Contraloría General de la República se pronunciará sobre los aspectos de legalidad, veracidad, corrección y transparencia, sobre la eficiencia y economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambientales y sobre la efectividad de los resultados y el impacto de la gestión institucional.

Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior que no tienen carácter Estatal y que reciben bienes o recursos del Estado, estarán sometidos al control del Órgano Rector, quien lo aplicará o ejercerá sobre los aportes que se hayan transferido. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior Estatales están sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley. La aplicación del Sistema de Control y Fiscalización se realizará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley No. 89, “Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior” y lo dispuesto en la Ley No. 550, “Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario.”

Tratándose de entidades, organismos y personas del sector privado que recibieren bienes, asignaciones, subvenciones, participaciones ocasionales o estén relacionados con el uso de recursos del Estado, el control de la Contraloría General de la República se aplicará en lo que atañe a los fondos percibidos.

La Contraloría General de la República es un organismo independiente sometido solamente al cumplimiento de la Constitución Política y las leyes; gozará de autonomía en lo funcional, administrativo y financiero. Para garantizar la independencia y autonomía de la Contraloría General de la República conferida en la Constitución Política, los órganos competentes del Estado deberán asignar anualmente una cantidad suficiente de los ingresos tributarios del Presupuesto General de la República.

La Asamblea Nacional autorizará auditorías sobre la gestión que realice la Contraloría General de la República, periódicamente tal como lo establece el artículo 156 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

El presupuesto de la Contraloría General de la República se financiará con:

Para asegurar el flujo de recursos financieros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público acreditará en la cuenta especial correspondiente, abierta a las órdenes de la Contraloría General de la República, tal y como lo regula la Ley Anual de Presupuesto General de la República, la asignación para gastos de su funcionamiento prevista en el Presupuesto General de la República.

La Contraloría General de la República ejercerá las atribuciones y funciones que le señala la Constitución Política y, concretamente, las siguientes:

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República es la Autoridad Superior de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los bienes y recursos del Estado; dirige su organización y funcionamiento integral. Las dependencias de la Contraloría General de la República estarán bajo su dirección, de acuerdo con esta ley, sus regulaciones y sus instrucciones generales y especiales.

La representación legal de la Contraloría General de la República deberá ser ejercida por el Presidente del Consejo Superior y en su defecto por el Vicepresidente del Consejo Superior, electos para el período correspondiente.

Los Miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República responderán ante la Asamblea Nacional por sus propios actos oficiales.

El Consejo Superior estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente y tres miembros. El Presidente y el Vicepresidente del Consejo, serán electos por los miembros del Consejo de entre ellos mismos, por mayoría de votos de todos los miembros y por el período de un año, pudiendo ser reelectos.

Para ser electo miembro del Consejo Superior de la Contraloría General de la República se requieren las siguientes calidades:

El Consejo Superior sesionará ordinariamente una vez por semana; y extraordinariamente por convocatoria del Presidente o a instancia de uno de sus miembros propietarios, en el lugar, hora y fecha que el mismo Consejo Superior decida.

Las sesiones se realizaran con el quórum legal, que será de al menos tres miembros.

Las decisiones o resoluciones del Consejo se tomarán con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
En los casos de resoluciones que de los resultados de sus investigaciones se presumieran responsabilidades penales, éstas deberán ser aprobadas por dos tercios de los cinco miembros del Consejo y proceder tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 156 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Al Consejo Superior de la Contraloría General de la República, le corresponde ejercer las atribuciones, facultades y funciones siguientes:

Al Presidente del Consejo Superior de la Contraloría le corresponde:

Corresponde al Vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República:

Son funciones de los Miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República:

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República podrá delegar el ejercicio de sus facultades, en lo concerniente a auditorías y exámenes, cuando estime conveniente hacerlo. El Miembro Propietario deberá delegar a un Miembro Suplente cuando se conozca un caso de un pariente dentro el cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad.

Los actos oficiales ejecutados por funcionarios, empleados o representantes especiales o permanentes, delegados para un determinado objeto por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, tendrán la misma fuerza, efecto y responsabilidad solidaria, como si los hubiere hecho el propio Consejo Superior. Los delegados no podrán, a su vez, delegar; pero podrán dar órdenes para la realización de trabajos específicos relacionados con la delegación, que serán sometidos a su conocimiento y evaluación, actuando como delegados al momento de la aprobación de dichos trabajos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 11 del artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, los Miembros Propietarios y Miembros Suplentes del Consejo Superior de la Contraloría General de la República solamente podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por la Asamblea Nacional.

Son causales de Destitución:

1. Obstaculizar de manera evidente el cumplimiento de las disposiciones constitucionales de los artículos 155 y 156 de la Constitución Política de la República de Nicaragua;

2. La falta de acción o la omisión de sus obligaciones que produjeren la caducidad, la prescripción o el silencio administrativo en que deban pronunciarse;

3. Por condena mediante sentencia firme por delitos que merezcan penas graves y menos graves;

4. Abandono injustificado de sus funciones, para lo cual se entenderá ausencias temporales injustificadas en cuatro sesiones ordinarias continuas del Consejo Superior y falta de acreditación del Miembro Suplente;

5. Por incurrir en cualquiera de las prohibiciones del artículo 8 o en las Incompatibilidades establecidas en los literales a) y c) del artículo 10, ambos de la Ley No. 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”;

6. Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de su cargo; y

7. Por incurrir en las causales de suspensión por tres veces en el período de un año calendario, lo que las convierte en causal de destitución y se dará inicio al procedimiento para destitución.

Para la destitución de los Miembros Propietarios y Miembros Suplentes será necesario contar con el voto favorable del sesenta por ciento del total de los Diputados de la Asamblea Nacional.

La suspensión en el cargo de los Miembros Propietarios y Miembros Suplentes será hasta por un período de seis meses y fundamentada en las siguientes causales:

Para la suspensión de los Miembros Propietarios y Miembros Suplentes será necesario contar con el voto favorable del sesenta por ciento de los Diputados de la Asamblea Nacional.

Las personas podrán denunciar las actuaciones de los Miembros Propietarios y de los Miembros Suplentes en el ejercicio de su cargo, acorde con lo establecido en las causales de suspensión o destitución enumeradas en el artículo anterior.

Para la suspensión o destitución de los Miembros Propietarios y Miembros Suplentes del Consejo Superior de la Contraloría General de la República se observará el siguiente procedimiento:

Introducirán su denuncia ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional quien una vez que haya constatado si cumple con los requisitos de presentación de iniciativas establecidos en el artículo 46 de la Ley No. 606, “Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua” y que además contiene los documentos probatorios del caso, informará de inmediato a la Junta Directiva.

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional incluirá la denuncia en la Agenda y Orden del Día de la siguiente sesión. Una vez leída por el Secretario en el Plenario, el Presidente de la Asamblea Nacional procederá a remitirla a la Comisión de Probidad y Transparencia para su estudio y elaboración del informe correspondiente. La Comisión de Probidad y Transparencia en la siguiente reunión dictará auto poniendo en conocimiento del funcionario contra el que se presentó la denuncia, el inicio del procedimiento de estudio y dictamen concediéndosele audiencia dentro del sexto día para que exprese lo que tenga a bien.

Las notificaciones se podrán hacer personalmente o por medio de cédula por el Secretario Legislativo de la Comisión. En el mismo acto de la notificación, se le entregará al funcionario copia integra de la denuncia presentada y de los documentos probatorios que la sustentan. La notificación se hará al siguiente día hábil del auto de integración. El funcionario podrá defenderse personalmente o designar a quien estime conveniente para que lo defienda, tanto en Comisión como en Plenario.

La Comisión abrirá a pruebas por veinte días, contados a partir del último día de la audiencia, pudiéndose prorrogar por diez días más, a solicitud de la Comisión o del interesado ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, siempre que se solicite antes del vencimiento del período de pruebas. Vencido el plazo ó la prorroga en su caso, la Comisión emitirá el Informe del Proceso de Investigación y Dictamen dentro de los diez días siguientes. El dictamen recomendará la procedencia de la denuncia o su rechazo. El Secretario Legislativo procederá a entregar a Secretaria de la Asamblea Nacional el Informe y el expediente formado para su resguardo por Secretaría de la Asamblea Nacional. La Secretaría incluirá el Informe del Proceso de Investigación y Dictamen en la siguiente reunión de Junta Directiva, quien lo deberá incluir para su discusión en la siguiente Agenda y Orden del día.

Presentado el Informe del Proceso de Investigación y Dictamen de la Comisión ante el Plenario de la Asamblea Nacional y después de leído el dictamen, el Presidente le dará intervención al funcionario o a quien éste haya asignado para su defensa. El Plenario deberá resolver en la misma sesión ordinaria en que comparece el funcionario público. La destitución procederá con el voto del sesenta por ciento del total de los diputados que integran la Asamblea Nacional. La destitución conlleva la pérdida de inmunidad.

La suspensión al cargo de los Miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, propietarios y suplentes, se hará con el mismo procedimiento establecido para la destitución, y la decisión se adoptará con el voto favorable del sesenta por ciento de los diputados que integran la Asamblea Nacional. La inmunidad no se pierde con la suspensión, pero el Miembro del Consejo Superior de la Contraloría General de la República que sea suspendido no recibirá salario durante el periodo que dure la suspensión al cargo.

La Secretaría de la Asamblea Nacional deberá extender certificación de la Resolución de suspensión, destitución o de su desestimación la que será remitida a los interesados y al Consejo Superior de la Contraloría General de la República para su debida aplicación.

De conformidad a lo establecido en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y en el artículo 128 de la Ley No. 606, “Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua” la Asamblea Nacional elegirá a los Miembros que sustituirán a los que fueren destituidos.

Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia la Contraloría General de la República se estructura en las siguientes áreas:

En el ámbito sustantivo está conformada por:

1. Consejo Superior;

2. Dirección General de Auditoría; y

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República, podrá crear las áreas de Apoyo que estime necesario para el desarrollo de las atribuciones de la Contraloría General de la República las que serán aprobadas por dicho Consejo Superior, de igual forma podrá crear las delegaciones territoriales que estime necesarias para el desempeño de su labor fiscalizadora.

Constituyen estructuras delegadas de la Contraloría General de la República con una cobertura territorial específica, su ámbito de acción se circunscribe al territorio que se determina en su acuerdo de creación y ejercen las funciones, facultades y atribuciones propias de las Unidades de Auditoría que conforman la Contraloría General de la República, así como las especificas asignadas expresamente por el Consejo Superior de la Institución.

El Consejo Superior ordenará su creación y apertura mediante Acuerdo.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República expedirá y mantendrá actualizado el Manual de Organización y Funciones de la Contraloría.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República para la administración de personal, se sujetará a lo dispuesto en los procedimientos que establece la Ley No. 476, “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa” y su Reglamento.

Se entiende por Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, el conjunto de órganos, estructuras, recursos, principios, políticas, normas, procesos y procedimientos, que integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, interactúan coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control y fiscalización que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes y organismos sujetos a esta Ley, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública.

El Sistema de Control y Fiscalización tiene como objetivo fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente sus funciones logrando la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos de la Administración Pública, a fin de que este sea utilizado de manera eficiente, efectiva y económica, para los programas debidamente autorizados.

Integran el Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado:

En casos de organismos o entidades sujetos a esta Ley cuya estructura, número, tipo de operaciones o monto de los recursos administrados no justifiquen el funcionamiento de una Unidad de Auditoría Interna propia, la Contraloría General de la República evaluará dichas circunstancias y, de considerarlo procedente, autorizará que las funciones de los referidos órganos de control y fiscalización sean ejercidas por la Unidad de Auditoría Interna del órgano de adscripción.

Para regular el funcionamiento del Sistema de Control y Fiscalización, la Contraloría General de la República, expedirá:

En el marco de las normas, políticas, regulaciones, reglamentos, disposiciones y demás instrumentos indicados, cada institución del Estado, cuando considere necesario, dictará las normas, las políticas y los manuales específicos para el control de las operaciones a su cargo. La Contraloría General de la República, verificará la pertinencia y la correcta aplicación de las mismas.

Mediante el Sistema de Control y Fiscalización, se definirán, establecerán y actualizarán los mecanismos de control, al igual que se examinarán, verificarán y evaluarán los ámbitos siguientes: administrativo, operativo, de gestión, legal, contable, presupuestario, financiero, patrimonial, tecnología de la información, comunicaciones y ambiental, de la Administración Pública y la actuación de sus servidores.

La ejecución del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, se realizará por medio de:

a. El que compete a la Contraloría General de la República;

b. El que ejercen las Unidades de Auditoría Interna de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de esta Ley;

c. El que ejerzan otras instituciones de control de Estado en el ámbito de sus competencias; y

d. El que compete a la Contraloría General de la República delegado a las firmas de Contadores Públicos Independientes.

El control interno es un proceso diseñado y ejecutado por la administración y otro personal de una entidad para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de los siguientes objetivos:

El control interno está presente en la mayor parte de la administración de una entidad. Comprende los planes, métodos y procedimientos utilizados para cumplir la misión, alcanzar las metas y objetivos y respaldar la gerencia basada en el desempeño. El control interno también contribuye a la defensa y protección de los activos y a la prevención y descubrimiento de errores e irregularidades. El control interno es sinónimo de control gerencial y ayuda a la administración pública para lograr los resultados deseados mediante un efectivo manejo de sus recursos.

El cumplimiento de los objetivos del control interno descansa en la estructura del sistema, la cual se integra de los componentes siguientes:

La estructura del Sistema de Control Interno debe basarse al menos en los siete principios que rigen a la Administración Pública siendo estos: Equidad, Ética, Eficacia, Eficiencia, Economía, Rendición de Cuentas y Preservación del Medio Ambiente.

El control interno se ejecuta en forma previa y posterior.

Control Interno Previo. Los servidores públicos responsables de las operaciones, en cada una de las Unidades Organizacionales de las Entidades, deberán ejercer el Control Interno Previo, entendiéndose por éste el conjunto de métodos y procedimientos diseñados en los procesos de operación y aplicados antes de que se autoricen o ejecuten las operaciones o actividades o de que sus actos causen efecto, con el propósito de establecer su legalidad, veracidad, conveniencia y oportunidad, en función de los fines, programas y presupuestos de la Entidad.

En ningún caso las Unidades de Auditoría Interna ni personas o Entidades externas, ejercerán controles previos. Tampoco podrá crearse una Unidad específica con tal propósito.

Control Interno Posterior. Los Directores o Ejecutivos de cada Unidad de una Entidad serán los responsables de ejercer el control posterior sobre las metas, objetivos o resultados alcanzados por las operaciones o actividades bajo su directa competencia, con el propósito de evaluarlas para mejorarlas en el futuro.

El Control Interno Posterior independiente de los Sistemas de Administración e información y de los controles internos incorporados a ellos, así como el examen financiero y operacional efectuado con posterioridad a la ejecución de las operaciones y actividades de cualquier Unidad o de la Entidad en general, estará a cargo de la respectiva Unidad de Auditoría Interna.

El control interno posterior que realizarán las Unidades de Auditorías Internas de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de esta Ley, se ejercerá mediante la Auditoría Gubernamental utilizando las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua.

El control externo comprende la vigilancia, inspección y fiscalización ejercida por los órganos competentes de control y fiscalización sobre las operaciones y actividades de las entidades de la Administración Pública, a través de la auditoría gubernamental.

El control externo es independiente, competente e imparcial y en cualquier momento puede examinar las operaciones o actividades ya realizadas por las entidades de la administración pública.

El control externo que realizará la Contraloría General de la República, se ejercerá mediante la auditoría gubernamental utilizando las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua.

El control externo que ejercieren otros organismos y entidades públicas en el ámbito de sus competencias, se ejecutará de conformidad con las normas y regulaciones propias aplicables a tales organismos y entidades.

Para tal efecto se distinguirán los siguientes casos:

En todo caso, los organismos y entidades de control externo a que se refiere este artículo están obligados a responder ante la Contraloría General de la República no solamente de sus sistemas de administración, sino también sobre los resultados obtenidos inclusive en sus labores de control externo, cuando estén involucrados fondos públicos.

El control externo que realizará la Controlaría General de la República mediante la delegación de cualquier tipo de auditoría a Firmas de Contadores Públicos Independientes, se ejercerá mediante la auditoría gubernamental utilizando las normas de auditoría gubernamental, local e internacional, así como las normas internacionales de auditoría emitidas por los organismos rectores de las Entidades de Fiscalización Superior y de la profesión contable.

Es la comprobación posterior de la legitimidad y los resultados de las actividades de toda la administración pública en correspondencia con los objetivos establecidos en las leyes respectivas y en los presupuestos de cada entidad pública, así como la valoración comparativa de los costos, modos y tiempos del desarrollo de dichas actividades.

El control sucesivo sobre la gestión del presupuesto tiene el fin último de favorecer una mayor funcionalidad de la Administración Pública a través de la valoración en su conjunto de la economía-eficiencia de la acción administrativa y de la eficacia de los servicios suministrados.

El control sucesivo sobre la gestión tiene como objetivos:

La auditoría gubernamental consiste en un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones u actividades o de ambas a la vez, practicado con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar el correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.

La auditoría gubernamental comprenderá principalmente auditorías financieras, de cumplimiento, operacionales, integrales, especiales, informáticas, ambientales, forenses, de gestión y de cualquier otra clase en las entidades y organismos sujetos a su control, ya sea individualmente o agrupados en el sector de actividad pública objeto de la auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua.

La auditoría gubernamental será practicada por la Contraloría General de la República, por las Unidades de Auditorías Internas y las firmas privadas de contadores públicos independientes previamente autorizadas.

La práctica de la auditoría gubernamental se someterá a las disposiciones de la presente Ley, sus regulaciones, las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua y en ausencia de lo previsto en estas para evaluar determinadas situaciones, las normas profesionales internacionales y las demás que se expidieren para el efecto.

Mediante auditoría gubernamental, la que podrá llevarse a cabo sobre todas o una parte de las operaciones o transacciones, se deberá examinar, verificar y evaluar en las entidades y organismos públicos:

A título de auditoría gubernamental, no se podrán modificar las resoluciones adoptadas por los servidores públicos en el ejercicio de sus facultades o competencias, cuando ellas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares; pero, si se podrán examinar para los fines del control que corresponde ejercer sobre la conducta administrativa de aquellos.

Los auditores Gubernamentales pueden decidir seleccionar partidas específicas del total de transacciones u operaciones realizadas por las entidades sujetas al ámbito de aplicación de esta Ley. Esta selección estará basada en el conocimiento obtenido sobre la entidad y su entorno, la evaluación preliminar del riesgo inherente y de control y de las características de las partidas objeto de revisión.

Si de la evaluación preliminar al riesgo inherente y de control de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua se obtuvieren resultados satisfactorios sobre la eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos del estado, el personal ejecutor de la Auditoría Gubernamental podrá modificar el alcance de la Auditoría y reducir el tamaño de la muestra para someterla a revisión.

Los auditores gubernamentales y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría, las firmas de contadores públicos independientes para llevar a cabo auditoría en las entidades de la administración pública y su personal y las Unidades de Auditoría Interna de las entidades y organismos que conforman la administración pública y sus servidores, mantendrán máxima independencia respecto de las personas, actividades e intereses de las entidades y organismos sometidos a su examen.

Los auditores y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría de la Contraloría General de la República, no efectuarán labores de auditoría en entidades u organismos en los que hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos cinco años. Tampoco auditarán actividades realizadas por sus parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad ni cuando existiere un conflicto de intereses.

La Unidad de Auditoría Interna no participará en actividades que pudieren afectar su independencia. En ese sentido, no ejercerá actividad alguna en los procesos financieros, administrativos u operativos, ni en su autorización o aprobación, ni en la adopción de decisiones.

Las prohibiciones establecidas en el segundo párrafo de este artículo, se aplicarán en lo pertinente a los auditores internos y a los auditores de firmas de contadores públicos independientes cuando ejerzan labores de auditoría gubernamental.

La Contraloría General de la República, su Consejo Superior y, en general, los auditores gubernamentales internos y externos y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría, tendrán acceso libre, directo e irrestricto a registros, archivos, y documentos almacenados en cualquier medio que sustenten la información en cuanto a la naturaleza de las operaciones auditadas.

Están facultados también para realizar entrevistas, recibir escritos de los auditados o de aquellas personas que tengan conocimiento de los hechos de la auditoría y obtener copias de la documentación en las actuaciones que estuvieren dentro de sus respectivas atribuciones.

Para efectos de este libre acceso, será suficiente que el requerimiento sea formalizado por escrito. En caso de rehusarse estos podrán ser obligados a través de requerimiento judicial que impulsará el Consejo Superior de la Contraloría General de la República.

Las unidades de contabilidad de las entidades y organismos de la administración pública y las empresas del Estado retendrán y conservarán los documentos, registros contables e instrumentos contentivos de cifras, las comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera, debidamente ordenados en un archivo especial durante diez años. Todos los documentos relativos a una transacción específica serán archivados, juntos o debidamente referenciados. En casos particulares especiales la Contraloría General de la República, previo el análisis correspondiente, podrá autorizar excepciones al período establecido en el presente artículo.

El debido proceso es una garantía constitucional que tutela los derechos individuales, básicos e inalienables que ostenta toda persona en un proceso administrativo.

Es el trámite que debe realizarse en todo proceso administrativo mediante el cual toda persona tiene derecho a:

Constituirán diligencias mínimas del debido proceso las siguientes:

El procedimiento administrativo de cualquier naturaleza dará inició con notificación sobre el carácter, alcance y fines del procedimiento, dar intervención y tener como parte a los interesados, previniendo a los servidores o ex servidores, que estuvieren vinculados con las operaciones a examinar y a los terceros conocidos vinculados con tales operaciones, que dicho proceso podrá finalizar con el establecimiento de hallazgos que podrían derivar responsabilidades administrativas, civiles o presunciones de responsabilidad penal.

Cuando en el procedimiento aparecieren nuevas personas vinculadas con las actividades sujetas a examen, se les notificará de inmediato la acreditación del procedimiento y el estado en que se encuentra, su intervención en el proceso, y se pondrá a su disposición el expediente administrativo para garantizar el debido proceso.

Todas las notificaciones se harán de forma personal ajustándose a los procedimientos y requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil.

Las notificaciones dentro de las fases del procedimiento serán notificadas en el domicilio del interesado, o por correo certificado, o por telegrama, con acuse de recibo.

Cuando no se haya señalado domicilio o se ignorare su paradero o se tratare de notificar a los herederos del interesado, la notificación se hará mediante una publicación mediante tres días consecutivos en un medio de comunicación escrito de circulación nacional.

Los interesados en todo momento tendrán acceso a la información que radica en el expediente administrativo y podrán solicitar se incorpore en la misma documentación pertinente al objeto, alcance y periodo del procedimiento administrativo.

En el curso del procedimiento de auditoría, los auditores gubernamentales y los servidores públicos que realizan labores de auditoría, mantendrán constante comunicación con los servidores o ex servidores de la entidad u organismo auditado y con los terceros relacionados con las actividades examinadas.

De la comunicación constante mantenida en el proceso de auditoría, así como de la notificación de los hallazgos preliminares y los alegatos se dejará constancia por escrito, al igual que todo lo actuado.

Durante el proceso de auditoría, se debe comunicar oportunamente los resultados preliminares de auditoría a los servidores, ex servidores y terceros vinculados con las operaciones auditadas, a fin que en el plazo establecido, presenten sus alegatos sustentados documentalmente, para su oportuno análisis y consideración en el informe correspondiente. Y no se podrá determinar ningún tipo de responsabilidad que no haya sido incorporado en los hallazgos o resultados preliminares y debidamente notificados.

Los Auditados tendrán derecho de hacerse asesorar por los abogados, profesionales o técnicos pertinentes, estos podrán asistirle y acompañarle en cualquier parte del procedimiento en las comparecencias orales o escritas.

Las diferencias de opinión entre los auditores gubernamentales y los servidores o ex servidores o terceros relacionados, serán resueltas, en lo posible, dentro del curso del procedimiento de auditoría. De subsistir, las opiniones divergentes se harán constar en el informe de auditoría.

La Unidad de Auditoría Interna, será organizada según las necesidades, los recursos que hayan que administrar y el volumen y complejidad de las transacciones u operaciones de la respectiva Entidad u Organismo. Esta Unidad será parte de su estructura orgánica, deberá estar incluida en su presupuesto y desarrollará sus labores bajo la dependencia técnica y funcional de la Contraloría General de la República.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República resolverá la creación de la Unidad de Auditoría Interna, ya sea a solicitud de la Entidad u Organismo o a iniciativa del Consejo.

El Auditor Interno de la Entidad u Organismo será nombrado por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, el nombramiento será a solicitud de la máxima autoridad de la entidad dirigida al seno del Consejo Superior, la Contraloría General de la República realizará una convocatoria pública e iniciará un proceso de selección de conformidad con la Ley No. 476, “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa”.

El nombramiento del Auditor Interno del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional estará sujeto a lo dispuesto en su respectivo ordenamiento jurídico.

A fin de garantizar la independencia de la Unidad de Auditoría Interna y que se verifique el correcto ejercicio de las funciones de control y fiscalización, el auditor interno y el personal técnico de la Unidad sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por las causales establecidas en la Ley No. 476, “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa”. Si tales hechos ocurrieren, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de la materia, la máxima autoridad de la institución remitirá informe motivado al Consejo Superior de la Contraloría General de la República sometiendo el proceso que determina la acción a valoración y pronunciamiento del Consejo Superior. La máxima autoridad deberá proceder conforme el dictamen que emita el Consejo Superior. Tampoco serán susceptibles de traslados, ni podrán suprimirse las partidas presupuestarias de sus cargos.

Las Unidades de Auditoría Interna presentarán a la Contraloría General de la República, con copia a la máxima autoridad, a más tardar el treinta de septiembre de cada año, su plan de trabajo para el siguiente ejercicio, el que será aprobado por la Contraloría General de la República. La ejecución del Plan de Trabajo será supervisado por la Contraloría General de la República en todas sus etapas. La Contraloría General de la República efectuará evaluaciones en las Unidades de Auditoría Interna.

Los informes de las Unidades de Auditoría Interna, serán firmados por el Auditor Interno, y dirigidos a la máxima autoridad de la entidad u organismo, copia de tales informes será enviada simultáneamente a la Contraloría General de la República, para los efectos que a ella corresponden.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República de Oficio o a solicitud de las Entidades y Organismos de la administración pública delegará la realización de una auditoría gubernamental a firmas de contadores públicos autorizados.

Tal delegación de la Auditoría Gubernamental se realizará atendiendo lo establecido en la normativa para la Selección y Contratación de Firmas Privadas de Contadores Públicos Independientes emitidas para tal fin por la Contraloría General de la República.

Para efectos de este artículo, la Contraloría General de la República mantendrá un registro actualizado de firmas de contadores públicos autorizados, según la normativa que rige el Registro de Firmas Privadas de Contadores Públicos Independientes que emita el Órgano Superior de Control.

El personal profesional y auxiliar de la firma de contadores públicos independientes asignado en la auditoría gubernamental delegada por la Contraloría, deberá reunir los requisitos mínimos establecidos en las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua y demás regulaciones aplicables en su caso, estará obligado a observar las disposiciones legales y el conjunto de normas relativas a la auditoría gubernamental y deberá estar completamente desligado de las funciones, actividades e intereses del Organismo sujeto a auditoría y de sus funcionarios.

Cuando en el curso de la auditoría gubernamental delegada a la firma de contadores públicos independientes, ésta encontrare situaciones que puedan generar responsabilidades, las notificará de forma inmediata y exclusiva a la Contraloría General de la República.

Si de los hechos informados, la Contraloría General de la República aprueba la realización de una auditoría especial, la firma no será responsable de esta, pero deberá colaborar en la realización de la misma. Si de la auditoría especial a que se refiere esta disposición, se establecieran responsabilidades provenientes de los hechos mencionados, la Contraloría General de la República procederá conforme lo dispuesto en la presente Ley.

Las labores de auditoría de la firma contratada estarán sujetas a la evaluación y aceptación por parte de la Contraloría General de la República, de conformidad con las normas establecidas para tal fin.

La firma contratada deberá mantener bajo su custodia y resguardo por un periodo de diez años los papeles de trabajo de la Auditoría realizada.

El ejercicio de la auditoría gubernamental por parte de la Contraloría General de la República, se desarrollará de conformidad con lo establecido en la presente Ley, la planificación de la institución, las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua, normativas, políticas y regulaciones aplicables a la misma.

El resultado final de la auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General de la República, se concretará en un informe de auditoría, el cual se emitirá según lo establecido en la presente ley, las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua y demás regulaciones aplicables. El informe de auditoría y su respectiva resolución administrativa será aprobado por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, haciéndolo del conocimiento de las máximas autoridades y a los funcionarios correspondientes de las entidades u organismos auditados.

Se presume legalmente que las operaciones y actividades realizadas por las entidades y organismos y por sus servidores sujetos a esta Ley, son confiables y correctas, salvo que preceda declaración de responsabilidades por parte de la Contraloría, como consecuencia de los resultados de la auditoría gubernamental.

Sobre la base de los resultados de la auditoría gubernamental a que se refiere el numeral 1 del artículo 9 de la presente Ley, o de procesos administrativos, el Consejo Superior de la Contraloría General de la República podrá determinar responsabilidades administrativas, civiles y presumir responsabilidad penal.

Cuando de los resultados de la Auditoría Gubernamental practicada por las Unidades de Auditoría Internas aparecieren hechos que puedan generar responsabilidad administrativa se dejará constancia de ello en el pertinente informe y la máxima autoridad declarará dicha responsabilidad y aplicará las sanciones previstas en la presente Ley.

Cuando de los resultados de la Auditoría Gubernamental practicada por las Unidades de Auditoría Interna aparecieren hechos que puedan conllevar perjuicio económico al Estado, o la comisión de presuntos actos delictivos, el Auditor Interno informará de inmediato a la Contraloría General de la República acerca de la irregularidad observada, para que ésta analice el Informe de Auditoría y determine su pertinencia, en caso que acepte como suficiente el informe de Auditoría Interna, se considerará en este caso como realizado por la Contraloría General y el Consejo Superior resolverá estableciendo las responsabilidades que correspondan, o bien, podrá ordenar una auditoría especial sobre tales hechos a fin de que forme su propia opinión y emita el pronunciamiento pertinente.

Ningún servidor público podrá ser relevado de su responsabilidad legal alegando el incumplimiento de órdenes superiores.

Al ejercer el control previo o concurrente, los servidores podrán objetar, por escrito, las órdenes de sus superiores, expresando las razones de la objeción. Si el superior insistiere por escrito, aquellos cumplirán la orden, pero la responsabilidad recaerá en el superior. Si éste insistiera verbalmente, los encargados de dichos controles, antes del cumplimiento de la orden, harán saber por escrito al superior que la cumplirá por su insistencia verbal y dejarán constancia de tales hechos en el archivo, a efectos de su ulterior revisión por la auditoría interna o externa.

Los servidores públicos de las entidades y organismos de las Entidades y Organismos de la Administración Pública, son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por el abuso, negligencia u omisión en el ejercicio del cargo.

Habrá lugar a responsabilidad solidaria, cuando dos o más personas aparecen como responsables del acto administrativo o hecho que origina la responsabilidad.

La responsabilidad administrativa de los servidores de las entidades y organismos públicos, se establecerá sobre la base del análisis que se hará del grado de inobservancia de las disposiciones del ordenamiento jurídico relativas al asunto de que se trate y sobre el incumplimiento de las atribuciones, facultades, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las estipulaciones contractuales y, especialmente de aquellos a que se refiere el Título VI de esta Ley.

Los servidores de los organismos e instituciones del Estado que incurrieren en responsabilidad administrativa serán sancionados con multa de uno a seis meses del salario que estuvieren percibiendo a la fecha de realización de la incorrección, o con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civil o penal a que hubiere lugar.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República o la máxima autoridad, según sea el caso, al establecer la responsabilidad administrativa también determinará la sanción que corresponda, que puede ser desde multa hasta destitución del cargo. Las sanciones antes mencionadas se ejecutarán por la correspondiente autoridad nominadora de la entidad u organismo de que dependa el servidor público respectivo. Dichas autoridades darán a conocer mensualmente a la Contraloría General de la República la aplicación de las sanciones y, en su caso, la recaudación de las multas.

La aplicación de las sanciones se hace teniendo en consideración lo siguiente:

Contra las resoluciones administrativas que determinen responsabilidades administrativas e impongan sanciones de acuerdo con este Capítulo, determinadas por la máxima autoridad procede el recurso de revisión ante la misma autoridad que dictó dicha resolución dentro del término de quince días hábiles a partir del día siguiente de notificado el acto, quien la resolverá dentro del plazo de veinte días hábiles.

Procede el recurso de apelación ante el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente de notificado el auto y se remitirá lo actuado en un plazo no mayor de cinco días resolviéndose dentro del plazo de veinte días. Si fuere el Consejo Superior de la Contraloría General de la República el que dictó la resolución administrativa que dio lugar a la responsabilidad administrativa y las sanciones correspondientes, podrá recurrirse mediante el recurso de revisión dentro del término de quince días hábiles a partir del día siguiente de notificado el acto y se resolverá en un término de veinte días. En ambos casos quedan a salvo el derecho del afectado para impugnar dichas resoluciones ante la vía jurisdiccional mediante el recurso de amparo o el de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La imposición de multa o destitución del cargo no impedirán el establecimiento de la presunción de responsabilidad penal que correspondiere.

La recaudación de las multas impuestas a los servidores de la administración pública, se efectuará por la propia entidad u organismo, mediante retención de las remuneraciones. Si a la fecha de la imposición de la multa el infractor hubiera cesado en el cargo, la multa podrá hacerse efectiva en cualquier cargo público en que se encontrare; la recaudación de las multas también podrá hacerse efectiva por el procedimiento previsto en el artículo 87, numeral 3 de la presente Ley, según el caso.

En este caso será suficiente la resolución firme dictada por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República que constituirá título ejecutivo.

La responsabilidad civil se determinará en forma privativa por la Contraloría General de la República, cuando, como resultado de la auditoría gubernamental, se hubiere determinado que se ha causado perjuicio económico al Estado o a las entidades públicas, como consecuencia de la acción u omisión de los servidores públicos o de las personas naturales o jurídicas de derecho privado, relacionadas con el uso de fondos gubernamentales.

Dicho perjuicio se establecerá mediante glosas que serán notificadas a las personas afectadas, concediéndoles el plazo perentorio de treinta días más el término de la distancia para que las contesten y presenten las pruebas correspondientes ante la autoridad que emitió las glosas. Expirado el plazo, el Consejo Superior de la Contraloría General de la República dictará la resolución correspondiente dentro del plazo de treinta días hábiles.

No se determinará responsabilidad civil cuando los actos o hechos que la originen hayan dado lugar a la iniciación de acciones ante la justicia ordinaria.

La notificación de las glosas y resoluciones se hará por medio de cédula en el domicilio del interesado, por correo certificado, o por telegrama.

Cuando no haya señalado domicilio y se ignorare su paradero o se tratare de notificar a los herederos del interesado, la notificación se hará mediante edictos que se publicarán en un medio de comunicación escrito de circulación nacional por tres días consecutivos.

Cuando la notificación se produjere por cédula o telegrama, el plazo previsto en el artículo 84, párrafo segundo de esta Ley, se contará desde el día hábil siguiente al de la entrega y si se efectuará por correo certificado, luego que transcurran ocho días desde la fecha de la entrega en que conste en el recibo de correo.

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a los fundamentos de hecho y de derecho de las glosas y de las contestaciones, a la documentación y actuaciones que sustenten a estas últimas; decidirán todas las cuestiones planteadas en las glosas y en las alegaciones de los interesados y en ellas se desvanecerán o confirmarán las glosas.

Las resoluciones firmes dictadas por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República que confirmen responsabilidades civiles constituyen título ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1687 del Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua. Para hacerlos efectivos se procederá de la manera siguiente:

3. La recaudación de las obligaciones a favor de las entidades y organismos sujetos a esta Ley, no comprendidos en los incisos anteriores de este artículo y que no tuvieren capacidad legal para emitir documentos que traigan aparejada ejecución, serán remitidas por las máximas autoridades de las instituciones al Consejo Superior de la Contraloría General de la República a fin de que emita la resolución respectiva y se procederá en la forma determinada en el numeral 1 de este artículo. Realizado el pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público actuará de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 550, “Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario”.

Para la ejecución de resoluciones que confirmen responsabilidades civiles expedidas en contra de personas naturales o jurídicas de derecho privado como resultado de la Auditoría Gubernamental, se atenderá a la fuente de la que provengan los recursos o beneficios y se observará lo previsto en los numerales que anteceden, según corresponda.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, las Municipalidades, los Gobierno Regionales Autónomos y demás ejecutores, mensualmente, comunicarán a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República sobre las diligencias del proceso de cobro y sobre las recaudaciones efectuadas por concepto de resoluciones firmes de la Contraloría General. Igual obligación tendrán en los casos previstos en el artículo 83 de esta Ley.

La Contraloría General de la República podrá rectificar en cualquier tiempo, dentro de los plazos de prescripción y caducidad, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de cálculo en que se hubiere incurrido, tanto en el establecimiento de las glosas como en las resoluciones.

Contra la resolución de responsabilidad civil dictada por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República procederá el recurso de revisión ante el mismo consejo a solicitud de parte, de conformidad con las siguientes causales:

El recurso de revisión se interpondrá ante el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, dentro de quince días contados a partir del día siguiente hábil de notificada la resolución confirmatoria de las glosas. El Consejo Superior de la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de treinta días hábiles resolverá conforme a derecho, confirmando, revocando o modificando la resolución objeto del recurso. Con el presente recurso se agota la vía administrativa, dejándose a salvo los derechos del afectado para hacer uso de la vía jurisdiccional mediante el recurso de amparo o el contencioso administrativo.

La notificación de la providencia de revisión interrumpe la caducidad y la prescripción y suspende los efectos de la resolución que ha sido objeto de la revisión.

No procederá el recurso de revisión en los casos siguientes:

Cuando de los resultados de la auditoría gubernamental practicada por los auditores de la Contraloría General de la República, se encontraren conductas que de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal puedan presumirse responsabilidades penales se deberán enviar las investigaciones respectivas a los tribunales de justicia conforme a lo establecido en el artículo 156, párrafo segundo de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Las Resoluciones de la Contraloría General de la República que establecieren presunciones de responsabilidad penal no serán objeto de recurso en la vía administrativa, dejándose a salvo los derechos del afectado para hacer uso de la vía jurisdiccional mediante el recurso de amparo o el contencioso administrativo.

La facultad que corresponde a la Contraloría General de la República para pronunciarse sobre las operaciones o actividades de las entidades y organismos sujetos a esta Ley y sus servidores, así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en diez años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas operaciones o actividades.

La caducidad de las facultades de la Contraloría General de la República se interrumpirá en aquellos casos que se inicie una auditoría por la Contraloría General de la República. Esta interrupción sólo podrá extenderse por el término de un año.

En todos los casos, la caducidad será declarada de oficio o a petición de parte, por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República o por los tribunales de justicia.

Las obligaciones nacidas de responsabilidades civiles de que trata esta Ley, prescribirán en diez años contados desde la fecha en que la resolución confirmatoria se hubiere ejecutoriado y será declarada por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República de oficio o a petición de parte, o por los tribunales de justicia, a petición de parte.

La prescripción se interrumpirá por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor, o por la citación legal del auto de pago.

No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago cuando la ejecución hubiere dejado de continuarse por más de cinco años, salvo que la suspensión hubiere sido ordenada por decisión judicial.

Los servidores públicos de la Contraloría General de la República, o de las entidades ejecutoras de obligaciones originadas en resoluciones de la Contraloría General de la República, por cuya acción u omisión se produjeren la caducidad, la prescripción o el silencio administrativo incurrirán en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Las contrataciones administrativas de bienes y servicios, los contratos administrativos y cualquier otra relación contractual para cuyo financiamiento se hayan comprometido recursos públicos podrán denunciarse de nulidad en los siguientes casos:

La nulidad podrá ser denunciada de oficio por la Contraloría General de la República, con la Resolución que se emita al efecto se girará oficio a la Procuraduría General de la República para que ella ejerza las acciones ante el órgano jurisdiccional competente. La Procuraduría General de la República deberá entablar las acciones precautelares que correspondan para la protección de los intereses del Estado.

Cada entidad y organismo público tiene como deber fundamental, el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales de conformidad con el ordenamiento jurídico, mediante la utilización de los medios y recursos asignados y la aplicación de los sistemas establecidos en esta Ley.

Las entidades y organismos emitirán los actos y resoluciones y autorizarán o aprobarán aquellos relacionados con el ejercicio de sus actividades, ajustando su actuación al principio de legalidad establecido por la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Las entidades y organismos remitirán a la Contraloría General de la República la información y documentación que les fueren solicitadas por ésta, para el cumplimiento de sus funciones.

Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las Entidades y Organismos de la administración pública son responsables de los actos y resoluciones emanados de su autoridad o aprobados por ellos, expresa o tácitamente; son responsables también por suspender la ejecución de las leyes, por no cumplirlas fielmente a pretexto de interpretarlas.

Los servidores públicos mencionados en el párrafo anterior tienen el deber de:

3. Informar de inmediato a la Contraloría General de la República cuando se crearen, modificaren substancialmente o se concluyeren programas o proyectos;

4. Asegurar la implantación, funcionamiento y actualización de los sistemas de administración y de control interno; y

5. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, normas y demás disposiciones expedidas por la Contraloría General de la República o por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los directores o jefes de las unidades administrativas de las entidades y organismos públicos tienen los siguientes deberes y atribuciones:

2. Aplicar el componente de Control Interno; y

3. Colaborar con los auditores gubernamentales y aplicar las medidas correctivas que les correspondiere.

Los servidores de las entidades y organismos públicos tienen los siguientes deberes y atribuciones:

Las instituciones financieras, públicas y privadas proporcionarán a la Contraloría General de la República, sin restricción alguna, información sobre las operaciones o transacciones determinadas por ésta con motivo de la práctica de la auditoría gubernamental, en caso de rehusarse estos podrán ser obligados a través de requerimiento judicial que impulsará el Consejo Superior de la Contraloría General de la República.

Las Instituciones a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo y las entidades que administran los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil y cualquiera otra que registra bienes muebles, ante la petición del Consejo Superior de la Contraloría y la presentación que hicieran sus delegados, de la autorización a que se refiere el numeral 23 del artículo 9 de esta Ley, les permitirán acceso a la documentación e información que posibilite verificar la veracidad de las declaraciones patrimoniales.

Las personas naturales y jurídicas de derecho privado vinculadas o relacionadas con el uso de fondos gubernamentales, además del deber señalado en el artículo 49, relativo al acceso a la información, estarán obligadas a mantener los registros y la documentación de respaldo suficiente durante diez años, para comprobar la correcta utilización de los mismos.

Se establecen las disposiciones transitorias y finales de la presente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado.

Primera: Manual de Procedimientos del Consejo Superior. El Consejo Superior de la Contraloría General de la República deberá dictar las normativas y procedimientos internos para su adecuado funcionamiento en un plazo no mayor de sesenta días, contado a partir de la vigencia de la presente Ley.

Segunda: Transición a la Auditoría de Gestión. Queda establecido un período de hasta tres años, contado a partir de la vigencia de la presente Ley, para que la Contraloría General de la República instrumente las acciones necesarias que posibiliten a su personal la práctica de la auditoría de gestión.

Tercera: Glosas, Resoluciones y Recursos de Revisión en Trámite. Las glosas, resoluciones y recursos de revisión que se encontraren en trámite a la fecha de vigencia de esta Ley, se regirán por las disposiciones contenidas en el Decreto No. 625, “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Gubernamental” en lo concerniente, a los plazos y a los procedimientos.

Cuarta: Emisión de Regulaciones. La Contraloría General de la República expedirá, dentro del plazo de un año, a contarse desde la vigencia de esta Ley, las regulaciones de carácter general y las normas internas previstas en esta Ley.

Quinta: Vigencia de Reglamentos y Normas. Los Reglamentos y normas internos o de carácter general, expedidos por la Contraloría, que se encontraren legalmente en vigencia continuarán siendo aplicables en todo cuanto no se opongan a las disposiciones de esta Ley, hasta que sean sustituidos por otros, conforme lo previsto en la disposición transitoria anterior.

Sexta: Personal. Concédase el plazo de hasta tres años para que el personal que, a la fecha de vigencia de esta Ley, se encontrare realizando labores de auditoría gubernamental interna o externa, sin haber acreditado su calidad profesional, lo pueda hacer durante este período.

Deróganse el Decreto No. 625, “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Gubernamental”, aprobado el 22 de Diciembre de 1980 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 16 del 22 de enero de 1981, así como sus reformas: Decreto No. 743, aprobado el 30 de Junio de 1981 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 149 del 7 de Julio de 1981; Decreto No. 1490, aprobado el 2 de Agosto de 1984 y publicado en la Gaceta No. 161 del 22 de Agosto de 1984; Decreto No. 417, “Ley de Reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración y del Área Propiedad del Pueblo”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 248 del 29 de Diciembre de 1988; Ley No. 361, “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del Sistema de Control de la Administración Pública y del Área Propiedad del Pueblo”, aprobada el 28 de marzo de 2001, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 70 del 16 de abril de 2001 y cualquier otra disposición legal que se le oponga.

De conformidad al artículo 3982 C. se tiene por reformado el artículo 39 numeral 16 de la Ley No. 606, “Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua”, aprobado el 5 de Diciembre del año 2006 y publicado en El Nuevo Diario en su edición del 29 de Diciembre de 2006 en lo relativo al nombramiento y destitución del Auditor Interno de la Asamblea Nacional.

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.