1
Dictamen de Ley de Reforma a la Ley No. 272 y Ley No. 554

DICTAMEN FAVORABLE


Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.-

Estimado Señor Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, recibimos el mandato de parte de la Primera Secretaría, el día 18 de Agosto del dos mil ocho para dictaminar el “Proyecto de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica y la Ley No. 554, Ley de Estabilidad Energética”.

I
Informe

1-Antecedentes

Este proyecto de Ley fue enviado por el Poder Ejecutivo a la primera Secretaria de este Poder del Estado el día 25 de Junio del año 2008 y remitido a esta Comisión el día 18 de agosto del mimo año.

2- Consultas

En el marco del proceso de dictamen de la presente ley, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto consultó a las diferentes instituciones y agentes vinculados al sector energético. En ese sentido, La Comisión se reunió en diferentes momentos con el Ministro de Energía y Minas, ingeniero Emilio Rapaccioli, el Presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ingeniero David Castillo y con funcionarios de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), Iván Lacayo, asesor legal y Gerardo Lindo, director financiero. Asi mismo se consultó al Consejo Superior de la Empresa Privada por medio de su presidente Lic. José Adán Aguerri.

Los representantes de esas instituciones comparecieron ante la Comisión y vertieron sus opiniones, criterios y sugerencias técnicas sobre el proyecto de ley. En el caso del COSEP, el Lic. Aguerri expresó total acuerdo con la iniciativa ya que a él como representante de la Empresa Privada le tocó participar activamente en el seguimiento a todo el proceso del Protocolo de Entendimiento que el Gobierno de Nicaragua firmó con las Distribuidoras y considera que tanto el protocolo como las reformas a estas leyes son pasos positivos que permitirán estabilizar el sector energético, garantizar la inversión de las distribuidoras en la red eléctrica y dar seguridad a los inversionistas y estabilizar el sistema eléctrico nacional. En el contexto de esas reuniones, los parlamentarios integrantes de la Comisión tuvieron la oportunidad de realizar preguntas, expresar sus inquietudes y conocer de forma técnica y especializada el proyecto de ley.

3.- Objetivo

El objetivo de la reforma a esta Ley es crear las condiciones adecuadas y brindar la estabilidad necesaria al sector energético que permita el crecimiento económico del país y el desarrollo de las inversiones privadas nacionales y extranjeras en el sistema eléctrico nacional, especialmente la inversión en fuentes renovables, para dotar de un mejor servicio y tarifa justa a los consumidores y un beneficio a los sectores de menores ingresos.

II
Consideraciones de la Comisión


1. Esta comisión considera que las medidas establecidas en la presenta reforma son positivas para el desarrollo y estabilidad del sector energético y es importante efectuarlas independientemente de quien estuviese a cargo del sistema de distribución, fuese privado o estatal, ya que las mismas fortalecerán el sistema energético del país, garantizaran estabilidad al sector y permitirá la reducción de las pérdidas ocasionadas por el robo y fraude. En consecuencia, este proyecto de ley fundamenta un ambiente adecuado para el desarrollo de las inversiones al procurar la estabilidad financiera y técnica de la industria de la energía eléctrica sin descuidar a los sectores vulnerables de la población nicaragüense y considerando las asimetrías sociales y económicas de los diferentes municipios del país.
2. El Estado Nicaragüense ante la problemática del sector de energía eléctrica, ha estado tomando acciones a fin de mejorar el servicio a la población, disminuir el impacto por el encarecimiento permanente de la tarifa y buscar nuevas alternativas de inversión. La presente reforma está orientada a establecer disposiciones que permitan el desarrollo de la industria eléctrica y a crear condiciones propicias para la captación y fomento de inversiones privadas y públicas, nacionales y extranjeras en la generación de energía con fuentes renovables, limpia y de equilibrio con el medio ambiente.

3. Esta Comisión considera positivo el hecho de obligar por ley a las distribuidoras a realizar inversiones no menores a los US$33.7 millones en la red nacional de distribución eléctrica, que incidirá en la mejora del servicio a los consumidores y usuarios y posibilitará reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica, garantizando un control en el suministro de la misma. Esta mejora del sistema hará que la distribuidora sea más eficiente en sus costos lo que redundara en un beneficio a los consumidores en la baja de la tarifa. Un efecto inmediato será la estabilidad en el fluido de la energía eléctrica lo que permite un clima adecuado en el desarrollo de las actividades comerciales, turísticas, industriales y agropecuarias, de tal manera que incidirá positivamente en las diferentes ramas de la economía nacional. Es importante destacar lo positivo de garantizar la captación de un monto de recursos en concepto de inversión tan importante, pese al entorno económico del país y la crisis económica mundial.

4. El proyecto de ley establece por disposición legal que el Estado beneficie a los sectores pobres del país al establecer el subsidio del costo de la energía eléctrica que le brindan las distribuidoras a los habitantes de los asentamientos humanos y a los barrios pobres de Nicaragua. Dado que la situación de pobreza de sectores significativos de la población es un problema estructural de nuestra economía y que se requiere de esfuerzos consistentes para reducirla, la comisión consideró indispensable conservar el subsidio como elemento inherente de la presente reforma, el cual debe ser reflejado en los distintos ejercicios presupuestarios y registrarse como un gasto orientado a reducir la pobreza.

5. Otro aspecto importante es el referido al alumbrado público. El proyecto de ley observa las asimetrías sociales y económicas que existen entre los diferentes municipios del país, al considerar que el precio de la prestación del servicio del alumbrado público no puede ser uniforme, sino que el instituto regulador tomará en cuenta el desarrollo económico y social de cada municipio. También propone que debe de regir el principio de solidaridad entre las diferentes municipalidades, es decir, los municipios con mejores posibilidades económicas aportarán más que aquellos municipios que tengan reducida su capacidad económica y de ingresos. Asimismo, establece la exención del pago del servicio de alumbrado público al sector rural, hasta que ese servicio realmente sea ofrecido a las zonas rurales y el mismo sea verificado por INE. Cabe mencionar que de los 700 mil usuarios que actualmente tienen las distribuidoras, 130 mil son rurales.

6. La Comisión considera que al aprobarse que sean las distribuidoras de energía eléctrica las directamente responsables de prestar el servicio de alumbrado público y no a través de las alcaldías mediante contratos públicos, tal medida no afecta los intereses municipales. Actualmente solo existen seis(6) alcaldías que tienen contratos con las distribuidoras. Copn este cambio se deja claramente establecido que son las distribuidoras la únicas y directamente responsables ante la población de prestar un adecuado y eficiente servicio de alumbrado público. Este mismo criterio es compartido por la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), el Ministerio de Energía y Minas y el INE. La Comisión mejoró y modificó el proyecto inicial al incluir en el articulado que los contratos que existieren entre los municipios con las distribuidoras mantienen su vigencia hasta que los mismos expiren de conformidad al plazo establecido por las partes.







7. Esta comisión puso especial interés al tema del pago del Impuesto Municipal sobre ingresos y la reforma propuesta. El esquema de cobro actual funciona de la siguiente forma: Las distribuidoras actualmente pagan el impuesto sobre la facturación total de la energía que venden a los consumidores y usuarios. La facturación total de las distribuidoras incluye el pago que éstas hacen a las generadoras por compra de energía más el margen propio de distribución. Pero resulta que las generadoras han pagado con anterioridad su impuesto municipal de ingresos por venta de energía, por tanto, al pagar las distribuidoras el impuesto sobre el total de la facturación, es ahí donde se presenta el fenómeno de la doble tributación.

El proyecto de ley, tal como está concebido, pretende evitar la doble tributación (Impuesto en cascada) del pago del impuesto municipal sobre ingresos (IMI). Esta eliminación de la doble tributación y la prohibición a las distribuidoras de trasladar este impuesto a las tarifas, sin lugar a duda beneficiarán al consumidor final al obtenerse una rebaja sustancial en el precio final de la energía que se consume, fortaleciéndose de esta forma el objetivo del Estado de hacer llegar a los usuarios de la sistema eléctrico energía a precios justos y accesibles.

Es importante señalar que los organismos consultados compartieron este mismo criterio de la Comisión, incluyendo a la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

8. La Comisión vio de manera positiva el hecho que el impuesto municipal de ingresos (IMI) que pagaran las Generadoras y Distribuidoras fuera transformado en un impuesto ISC, de tal manera que pueda ser recaudado por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y trasladado en un corto plazo a todas las alcaldías del país. Esto permitirá mejorar la distribución equitativa de éste tributo sobre la base de apoyar a los municipios de menos desarrollo económico y social bajo el principio de solidaridad. Aunque existe de hecho una reducción en la recaudación por la corrección de la doble tributación ya explicada, las finanzas municipales son afectadas mínimamente ya que en primer lugar este impuesto municipal sobre Ingresos que ahora será recaudado de manera centralizada por el MHCP será distribuido de nuevo a las mismas Alcaldías; en segundo lugar las transferencia a las alcaldías vía Presupuesto General de la República, se han venido incrementando año con año tal como lo establece la ley; proyectándose en el presupuesto 2009 la suma de C$2,244.7 millones. Asimismo, algunas Instituciones del Estado como FISE, IDR, FCR, INIFOM etc, tienen orientados la ejecución de sus planes operativos y desarrollo de proyectos con énfasis en las municipalidades. En síntesis no se debilita la capacidad de acción de las alcaldías Municipales en el territorio.






El proyecto de ley consigna que este ISC antes IMI que le corresponde pagar a las distribuidoras y generadoras serán depositados en la cuenta única del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que luego efectué la distribución de estos fondos de una manera equitativa, razonable y solidaria entre los municipios a mas tardar 30 días después de haber sido recaudados, respetando los criterios globales establecidos en la presente ley. La Comisión en consulta con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) consideró necesario establecer los porcentajes de distribución de estos recursos. Para ello el MEM presentó un estudio técnico que refleja como ha sido hasta el día de hoy el esquema de pago y distribución de este impuesto y como quedarían en términos globales una vez se aprueba la ley, conforme el siguiente cuadro:

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE INGRESOS (ISC)




	IMPUESTO MUNICIPAL US$
	Managua%Municipios sin planta de generación%Municipios con planta de generación%TOTAL
Situación actual	216,0344.9%1,291,21729.3%2,898,93265.8%4,406,183
Propuesta de Ley con corrección del impuesto en cascada y nuevo distribución	305,3048.7%1,291,21736.6%1,931,55054.7%3,528,070

Municipios totales 137 (1 Managua, 123 sin planta de generación y 13 con plantas generadoras).
Municipios generadores, 13, (Managua, Masaya, Tipitapa, Nagarote, Rivas, León, Corinto, La Paz Centro, Chichigalpa, Ometepe, Telica, El Viejo, San Rafael del Sur).
La reducción de la recaudación como consecuencia de la corrección del cobro del impuesto en cascada es de US$878,113.00 base anual.

Finalmente se mandata que por medio del reglamento correspondiente, elaborado en consulta con el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM) y AMUNIC, se determine el monto que corresponda entregar a cada municipio. El resultado de esta distribución y la forma de entrega de los mismos será objeto de informe trimestral a la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, de forma trimestral.

9. La Comisión quiere destacar que por primera vez se le da un mandato legal a las empresas de distribución de energía y se les obliga a elaborar y presentar ante las autoridades correspondientes del Gobierno de Nicaragua, un plan general de reducción de pérdidas y lucha contra el fraude, lo que permitirá la viabilidad financiera y técnica del sector de la industria eléctrica. Este plan deberá ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y supervisado por el Instituto Nicaragüense de Energía. Asimismo se establece la formulación de un plan para reducir las pérdidas de energía en los asentamientos, que será elaborado en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, el INE y la Dirección de Defensa al Consumidor del MIFIC. La efectividad de estos planes de reducción de pérdidas y anti fraude provocará una reducción significativa del robo y fraude eléctrico y permitirá incorporar al sector formal de pago de energía a aquella parte de la población que hasta la fecha no paga por el servicio eléctrico. Esta última medida traerá como consecuencia positiva que a partir del cuarto año el Estado de Nicaragua, podrá reducir el subsidio conforme los parámetros que se están estableciendo en la presente ley, permitiendo que los recursos liberados sean reorientados a través del Presupuesto General de la República a otros programas de apoyo a sectores económicamente vulnerables, tales como inversiones y asistencia en salud, educación, reparación de caminos, asistencia productiva etc.


10. Con la reforma de esta Ley, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fortalecen sus capacidades en el ámbito de su competencia. En el caso del INE se le establecen facultades para fijar tasas y cargos para el alumbrado público conforme criterios establecidos; actualizar las tarifas a fin de disminuir el margen de desviación y aprobar los ajustes a la baja o alza de la tarifa y participación en el seguimiento y evaluación de los planes de reducción de pérdidas y lucha contra el fraude que ejecutarán las distribuidoras. En el caso del MEM, éste tendrá una participación activa en la aprobación de los planes contra robo y fraude, seguimiento y evaluación a la inversión que realizaran las distribuidoras entre otros.


III. DICTAMEN DE LA COMISIÓN

En base a todas las consideraciones hechas y en virtud de procurar que el objetivo sea el de fortalecer el sector de la industria eléctrico que se viertan en un buen servicio a los usuarios y en mejores tarifas a la población, que viabilice la inversión en fuentes renovables, los suscritos Diputados solicitamos al Honorable Plenario de la Magna Asamblea Nacional, le den la acogida correspondiente y respaldar tanto en lo general como en lo particular a esta ley de reforma y adiciones.

Por tanto, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado y en vista de los grandes beneficios que generará a los trabajadores, fundamentados en los artículos número 1 artículo No. 138 de nuestra Constitución Política, en los artículos 98, 99 y 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Ley No. 606, dictaminamos favorablemente el proyecto de Ley de Reformas y adiciones a la Ley No. 272, Ley de la industria eléctrica y la Ley No. 554, Ley de estabilidad energética.

Solicitamos al PLENARIO, nos apoyen con su voto favorable.







COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO






Wálmaro Gutiérrez Mercado
Presidente





Freddy Tórres Montes José Figueroa Aguilar Vicepresidente Vicepresidente



René Núñez Téllez Wilfredo Navarro Moreira
Miembro Miembro





Oscar Moncada Reyes Alejandro Ruiz Jirón
Miembro Miembro





Francisco Aguirre Sacasa Irma Dávila Lazo
Miembro Miembro



Gustavo Porras Cortés Odell Incer Barquero
Miembro Miembro





Douglas Alemán Benavides Ramiro Silva Gutiérrez
Miembro Miembro



Salvador Talavera Alaniz Jorge Castillo Quant
Miembro Miembro








Guillermo Osorno Molina Brooklyn Rivera Bryan
Miembro Miembro



































Ley No. ____________




La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua,


CONSIDERANDO


I.



Que de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política de la República de Nicaragua es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos, entre los que se destaca la distribución de energía eléctrica.


II.



Que la regulación de los servicios públicos de carácter esencial para la población debe ser coherente con la realidad del país, partiendo de un principio de dinamismo en el que se aseguren los derechos de los usuarios, el normal y eficaz desarrollo de los servicios públicos y la adecuación de las normas necesarias para ello.



III.



Que se hace necesaria la adopción de nuevas medidas que permitan contribuir a la suficiencia financiera del sector eléctrico, fortalezcan las funciones regulatorias del Estado y aportar a la superación de la delicada crisis por la que atraviesa dicho sector.










En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:


“Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica y la Ley No. 554, Ley de Estabilidad Energética”.



Art. 1. Se reforma el artículo 40 del Capítulo VII de Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 74 del 23 de abril de 1998, y sus reformas el que se leerá así:

“Art. 40. Las distribuidoras de energía eléctrica, prestarán directamente el servicio de alumbrado público en las municipalidades dentro de su área de concesión. En consecuencia, se exime la obligación de suscripción de Contratos de Alumbrado Público con las Alcaldías Municipales. Los contratos actuales vigentes firmados entre las alcaldías y las distribuidoras relacionados al servicio de alumbrado público tendrán validez hasta su expiración conforme el plazo establecido en dichos contratos. Las distribuidoras serán directamente responsables ante cualquier reclamo o evento por el servicio de alumbrado público.

El costo de la prestación del servicio de Alumbrado Público será recuperado por las distribuidoras en la facturación a sus clientes mediante tasas o cargos que fija el INE. Para fijar tasas y cargos por el servicio de alumbrado público, el INE deberá tomar en consideración entre otros, el desarrollo económico de cada municipalidad, los niveles de iluminación y el principio de solidaridad entre las diferentes municipalidades.

El cobro por el servicio de Alumbrado Público se aplicará, según apruebe el INE, a todos los clientes localizados en áreas urbanas, eximiendo inicialmente de su pago a todos aquellos ubicados en zonas rurales. El pago en las zonas rurales se irá incorporando en la medida en que el servicio de alumbrado público sea prestado en las mismas, y que el mismo sea comprobado, normado y autorizado por el INE.







Art. 2. Se modifica el artículo 113 de la Ley No.272, Ley de la Industria Eléctrica, al que se le adiciona un nuevo numeral, el que se leerá así:

“…6) Con el objetivo que el modelo de actualización tarifaria garantice el menor margen posible de diferencia entre el Precio Medio de Venta teórico aprobado por el INE y el Precio Medio de Venta real, para un nivel de pérdidas reconocidas a las Distribuidoras, a partir del pliego tarifario 2008 – 2013, se revisará anualmente la estructura de mercado, los ajustes por inflación y el comportamiento de la demanda, con base a lo cual serán efectuados los ajustes necesarios a la baja o al alza de la tarifa “.

Art. 3. Se adiciona un nuevo artículo al Capítulo XVII “Del Régimen Fiscal”, de la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica, el que se leerá así:

“Art. 131 bis. Respecto al Impuesto Municipal sobre Ingreso (IMI) y para establecer una nueva, más justa y equitativa metodología de distribución de este impuesto a favor de los municipios, se procederá así:

a) Las distribuidoras pagarán el Impuesto municipal sobre ingreso (IMI), reconocido como ISC, sobre su margen de distribución, que resulta de la diferencia entre sus ingresos brutos por ventas de energía y los costos de adquisición de energía y transmisión.
b) El impuesto que pagan las empresas de generación a las municipalidades donde estén instaladas y el impuesto que también pagan las distribuidoras en concepto de IMI, será reconocido como ISC. Este ISC será depositado en la Cuenta Única del Tesoro, que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), de manera que el total de lo recaudado se distribuya de la siguiente forma:

b.1). Al municipio de Managua, le corresponderá un 8.7% del monto total del impuesto recaudado, que incluye el impuesto por generación y distribución.
b.2). A los municipios que no albergan plantas generadoras, le corresponderá un 36.6% del monto total del impuesto recaudado.

b.3). A los municipios que albergan plantas generadoras, le corresponderá un 54.7% del monto total del impuesto recaudado, que incluye el impuesto por generación y distribución.

La entrega de este impuesto recaudado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a favor de las municipalidades, deberá efectuarse a más tardar 30 días posteriores a la recaudación efectiva del mismo.




El reglamento a la presente Ley, será elaborado en consulta con el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM) y AMUNIC y el mismo establecerá entre otros, la distribución por municipio bajo el principio de equidad, desarrollo económico y solidaridad municipal. El resultado de esta distribución y la entrega mensual que de estos recursos se haga a las Alcaldías municipales, deberá ser informado de forma trimestral a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional por medio de la Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público de este Poder del Estado.

El impuesto municipal que le corresponderá pagar a las empresas distribuidoras sobre su margen de distribución no es trasladable a tarifas.

Art. 4. Se reforma el literal f) del artículo 4 de la Ley No. 554, Ley de Estabilidad Energética, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 224 del 18 de noviembre de 2005, y sus reformas, y se adicionan los literales h) e i) al mismo artículo, los que íntegra y literalmente se leerán así:

“… f) El Factor de Expansión de Pérdidas reconocido en tarifas (FEP) será ajustado a 1.13 y permanecerá inalterable por un período de cinco (05) años. Transcurrido este período de cinco (05) años, el factor de expansión de pérdidas disminuirá sucesivamente una centésima por año hasta alcanzar 1.11. La vigencia del ajuste al Factor de Expansión de Perdida (FEP), será a partir de la fecha establecida en el Protocolo de Entendimiento suscrito entre el Gobierno de Nicaragua, las distribuidoras de energía, DISNORTE y DISSUR y el Grupo Unión Fenosa.

h) El Gobierno de la República de Nicaragua, continuará subsidiando a los consumidores de los asentamientos humanos espontáneos y barrios económicamente vulnerables. Este subsidio será por un periodo de cuatros años a partir de la fecha establecida en el Protocolo de Entendimiento y su objetivo será cubrir parcial y temporalmente el costo de la energía suministrada por las Distribuidoras a los consumidores de los asentamientos humanos espontáneos y barrios económicamente vulnerable. Dicho subsidio corresponderá al 4% del Precio Medio de Compra, en barras de media tensión, multiplicado por el total de la energía vendida a todos sus clientes por las Distribuidoras para los primeros doce meses, disminuyéndose en 1% Precio Medio de Compra, al finalizar cada período de doce meses. Este costo de energía será pagado mensualmente a las empresas distribuidoras, una vez que haya sido certificado por INE. Estos porcentajes podrán ser revisados por INE en función de la evolución de los precios mayoristas de compra de energía.






i) Las empresas distribuidoras presentarán su Plan General de Reducción de Pérdidas y Lucha Contra el Fraude, que será aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y supervisado por el Instituto Nicaragüense de Energía. Así mismo se deberá de presentar el plan especifico para reducir las pérdidas de energía en los asentamientos, el cual será elaborado en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nicaragüense de Energía y la Dirección de Defensa del Consumidor del MIFIC y el mismo será evaluado y revisado cada 12 meses por estas instituciones. Esta obligación de las empresas distribuidoras será efectiva a partir de la vigencia del Protocolo de Entendimiento.
A partir del cuarto año, si se diese una reducción en las pérdidas totales mayor del 3% sobre el monto total del plan proyectado por las distribuidoras para combatir las pérdidas y luchas contra el fraude, el porcentaje de subsidio deberá disminuir en una proporción equivalente al 50% de los puntos de pérdidas incrementales reducidos”. La aplicación y cumplimiento a este medida deberá ser garantizada por el INE.

Arto.5. La presente Ley será reglamentada de conformidad al inciso.10 del art. 150 de la Constitución Política de Nicaragua.

Arto. 6. La presente Ley deja sin efecto cualquier otra disposición que se le oponga.

Arto. 7. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de circulación social nacional escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.



Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los ________________ días del mes de ____________ del año dos mil ocho.




Ing. René Núñez Téllez Dr. Wilfredo Navarro M.
Presidente Secretario
Asamblea Nacional Asamblea Nacional

Ley No. 682

“Art. 40. Las distribuidoras de energía eléctrica, prestarán directamente el servicio de alumbrado público en las municipalidades dentro de su área de concesión. En consecuencia, se exime la obligación de suscripción de Contratos de Alumbrado Público con las Alcaldías Municipales. Los contratos actuales vigentes firmados entre las alcaldías y las distribuidoras relacionados al servicio de alumbrado público tendrán validez hasta su expiración conforme el plazo establecido en dichos contratos. Las distribuidoras serán directamente responsables ante cualquier reclamo o evento por el servicio de alumbrado público.

El costo de la prestación del servicio de alumbrado público será recuperado por las distribuidoras en la facturación a sus clientes mediante tasas o cargos que fija el Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Para fijar tasas y cargos por el servicio de alumbrado público, el INE deberá tomar en consideración entre otros, el desarrollo económico de cada municipalidad, los niveles de iluminación y el principio de solidaridad entre las diferentes municipalidades.

El cobro por el servicio de alumbrado público se aplicará, según lo apruebe el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), a todos los clientes localizados en áreas urbanas, eximiendo inicialmente de su pago a todos aquellos ubicados en zonas rurales. El pago en las zonas rurales se irá incorporando en la medida en que el servicio de alumbrado público sea prestado en las mismas, y que el mismo sea comprobado, normado y autorizado por el INE”.

“…6) Con el objetivo que el modelo de actualización tarifaria garantice el menor margen posible de diferencia entre el Precio Medio de Venta teórico aprobado por el INE y el Precio Medio de Venta real, para un nivel de pérdidas reconocidas a las Distribuidoras, a partir del pliego tarifario 2008-2013, se revisará anualmente la estructura de mercado, los ajustes por inflación y el comportamiento de la demanda, con base a lo cual serán efectuados los ajustes necesarios a la baja o al alza de la tarifa”.

“Art. 131 bis. Respecto al Impuesto Municipal sobre Ingreso (IMI) y para establecer una nueva, más justa y equitativa metodología de distribución de este impuesto a favor de los municipios, se procederá así:

b.1) Al municipio de Managua, le corresponderá un 8.7% del monto total del impuesto recaudado, que incluye el impuesto por generación y distribución.

b.2) A los municipios que no albergan plantas generadoras, les corresponderá un 36.6% del monto total del impuesto recaudado.

b.3) A los municipios que albergan plantas generadoras, les corresponderá un 54.7% del monto total del impuesto recaudado, que incluye el impuesto por generación y distribución.
La entrega de este impuesto recaudado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a favor de las municipalidades, deberá efectuarse a más tardar treinta (30) días posteriores a la recaudación efectiva del mismo.
El reglamento de la presente Ley, será elaborado en consulta con el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM) y la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) y el mismo establecerá, entre otros, la distribución por municipio bajo el principio de equidad, desarrollo económico y solidaridad municipal. El resultado de esta distribución y la entrega mensual que de estos recursos se haga a las Alcaldías municipales, deberá ser informado de forma trimestral a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto por medio de la Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público, ambas de la Asamblea Nacional.

El impuesto municipal que le corresponderá pagar a las empresas distribuidoras sobre su margen de distribución no es trasladable a tarifas, lo que deberá ser garantizado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).”

“…f) El Factor de Expansión de Pérdidas reconocido en tarifas (FEP) será ajustado a 1.13 y permanecerá inalterable por un período de cinco (05) años. Transcurrido este período de cinco (05) años, el factor de expansión de pérdidas disminuirá sucesivamente una centésima por año hasta alcanzar 1.11. La vigencia del ajuste al Factor de Expansión de Pérdida (FEP), será a partir de la fecha establecida en el “Protocolo de Entendimiento Entre las Empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (DISNORTE), Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (DISSUR), el Grupo Unión Fenosa Internacional S.A., y el Gobierno de la República de Nicaragua”.

h) El Gobierno de la República de Nicaragua, continuará subsidiando a los consumidores de los asentamientos humanos espontáneos y barrios económicamente vulnerables. Este subsidio será por un periodo de cuatros años a partir de la fecha establecida en el Protocolo de Entendimiento y su objetivo será cubrir parcial y temporalmente el costo de la energía suministrada por las Distribuidoras a los consumidores de los asentamientos humanos espontáneos y barrios económicamente vulnerables. Dicho subsidio corresponderá al cuatro por ciento (4%) del Precio Medio de Compra, en barras de media tensión, multiplicado por el total de la energía vendida a todos sus clientes por las Distribuidoras para los primeros doce meses, disminuyéndose en el uno por ciento (1%) el Precio Medio de Compra, al finalizar cada período de doce meses. Este costo de energía será pagado mensualmente a las empresas distribuidoras, una vez que haya sido certificado por el INE. Estos porcentajes podrán ser revisados por el INE en función de la evolución de los precios mayoristas de compra de energía.

i) Las empresas distribuidoras presentarán su Plan General de Reducción de Pérdidas y Lucha Contra el Fraude, que será aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, y supervisado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Así mismo se deberá de presentar el plan específico para reducir las pérdidas de energía en los asentamientos, el cual será elaborado en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) y el mismo será evaluado y revisado cada 12 meses por estas instituciones. Esta obligación de las empresas distribuidoras será efectiva a partir de la vigencia del “Protocolo de Entendimiento Entre las Empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (DISNORTE), Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (DISSUR), el Grupo Unión Fenosa Internacional S.A., y el Gobierno de la República de Nicaragua”.

A partir del cuarto año, si se diese una reducción en las pérdidas totales mayor del tres por ciento (3%) sobre el monto total del plan proyectado por las distribuidoras para combatir las pérdidas y luchas contra el fraude, el porcentaje de subsidio deberá disminuir en una proporción equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los puntos de pérdidas incrementales reducidos. La aplicación y cumplimiento a esta medida deberá ser garantizada por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

Las empresas distribuidoras deberán contemplar en su plan de transformación de la red de distribución eléctrica la sustitución de las bujías convencionales a bujías ahorrativas para otorgar el servicio de alumbrado público, esto con el fin de reducir costos en beneficio de los consumidores.

Las empresas distribuidoras se obligan a realizar inversiones no menores a los Treinta y Tres Millones Setecientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 33,700,000.00) en la red nacional de distribución eléctrica para mejorar el servicio a los consumidores y usuarios y contribuir a reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica, en un periodo de cinco (5) años conforme lo establecido en el “Protocolo de Entendimiento Entre las Empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (DISNORTE), Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (DISSUR), el Grupo Unión Fenosa Internacional S.A., y el Gobierno de la República de Nicaragua”.

1
Dictamen de Ley de Reforma a la Ley No. 272 y Ley No. 554

DICTAMEN FAVORABLE


Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.-

Estimado Señor Presidente:

Los suscritos miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, recibimos el mandato de parte de la Primera Secretaría, el día 18 de Agosto del dos mil ocho para dictaminar el “Proyecto de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica y la Ley No. 554, Ley de Estabilidad Energética”.

I
Informe

1-Antecedentes

Este proyecto de Ley fue enviado por el Poder Ejecutivo a la primera Secretaria de este Poder del Estado el día 25 de Junio del año 2008 y remitido a esta Comisión el día 18 de agosto del mimo año.

2- Consultas

En el marco del proceso de dictamen de la presente ley, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto consultó a las diferentes instituciones y agentes vinculados al sector energético. En ese sentido, La Comisión se reunió en diferentes momentos con el Ministro de Energía y Minas, ingeniero Emilio Rapaccioli, el Presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ingeniero David Castillo y con funcionarios de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), Iván Lacayo, asesor legal y Gerardo Lindo, director financiero. Asi mismo se consultó al Consejo Superior de la Empresa Privada por medio de su presidente Lic. José Adán Aguerri.

Los representantes de esas instituciones comparecieron ante la Comisión y vertieron sus opiniones, criterios y sugerencias técnicas sobre el proyecto de ley. En el caso del COSEP, el Lic. Aguerri expresó total acuerdo con la iniciativa ya que a él como representante de la Empresa Privada le tocó participar activamente en el seguimiento a todo el proceso del Protocolo de Entendimiento que el Gobierno de Nicaragua firmó con las Distribuidoras y considera que tanto el protocolo como las reformas a estas leyes son pasos positivos que permitirán estabilizar el sector energético, garantizar la inversión de las distribuidoras en la red eléctrica y dar seguridad a los inversionistas y estabilizar el sistema eléctrico nacional. En el contexto de esas reuniones, los parlamentarios integrantes de la Comisión tuvieron la oportunidad de realizar preguntas, expresar sus inquietudes y conocer de forma técnica y especializada el proyecto de ley.

3.- Objetivo

El objetivo de la reforma a esta Ley es crear las condiciones adecuadas y brindar la estabilidad necesaria al sector energético que permita el crecimiento económico del país y el desarrollo de las inversiones privadas nacionales y extranjeras en el sistema eléctrico nacional, especialmente la inversión en fuentes renovables, para dotar de un mejor servicio y tarifa justa a los consumidores y un beneficio a los sectores de menores ingresos.

II
Consideraciones de la Comisión


1. Esta comisión considera que las medidas establecidas en la presenta reforma son positivas para el desarrollo y estabilidad del sector energético y es importante efectuarlas independientemente de quien estuviese a cargo del sistema de distribución, fuese privado o estatal, ya que las mismas fortalecerán el sistema energético del país, garantizaran estabilidad al sector y permitirá la reducción de las pérdidas ocasionadas por el robo y fraude. En consecuencia, este proyecto de ley fundamenta un ambiente adecuado para el desarrollo de las inversiones al procurar la estabilidad financiera y técnica de la industria de la energía eléctrica sin descuidar a los sectores vulnerables de la población nicaragüense y considerando las asimetrías sociales y económicas de los diferentes municipios del país.
2. El Estado Nicaragüense ante la problemática del sector de energía eléctrica, ha estado tomando acciones a fin de mejorar el servicio a la población, disminuir el impacto por el encarecimiento permanente de la tarifa y buscar nuevas alternativas de inversión. La presente reforma está orientada a establecer disposiciones que permitan el desarrollo de la industria eléctrica y a crear condiciones propicias para la captación y fomento de inversiones privadas y públicas, nacionales y extranjeras en la generación de energía con fuentes renovables, limpia y de equilibrio con el medio ambiente.

3. Esta Comisión considera positivo el hecho de obligar por ley a las distribuidoras a realizar inversiones no menores a los US$33.7 millones en la red nacional de distribución eléctrica, que incidirá en la mejora del servicio a los consumidores y usuarios y posibilitará reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica, garantizando un control en el suministro de la misma. Esta mejora del sistema hará que la distribuidora sea más eficiente en sus costos lo que redundara en un beneficio a los consumidores en la baja de la tarifa. Un efecto inmediato será la estabilidad en el fluido de la energía eléctrica lo que permite un clima adecuado en el desarrollo de las actividades comerciales, turísticas, industriales y agropecuarias, de tal manera que incidirá positivamente en las diferentes ramas de la economía nacional. Es importante destacar lo positivo de garantizar la captación de un monto de recursos en concepto de inversión tan importante, pese al entorno económico del país y la crisis económica mundial.

4. El proyecto de ley establece por disposición legal que el Estado beneficie a los sectores pobres del país al establecer el subsidio del costo de la energía eléctrica que le brindan las distribuidoras a los habitantes de los asentamientos humanos y a los barrios pobres de Nicaragua. Dado que la situación de pobreza de sectores significativos de la población es un problema estructural de nuestra economía y que se requiere de esfuerzos consistentes para reducirla, la comisión consideró indispensable conservar el subsidio como elemento inherente de la presente reforma, el cual debe ser reflejado en los distintos ejercicios presupuestarios y registrarse como un gasto orientado a reducir la pobreza.

5. Otro aspecto importante es el referido al alumbrado público. El proyecto de ley observa las asimetrías sociales y económicas que existen entre los diferentes municipios del país, al considerar que el precio de la prestación del servicio del alumbrado público no puede ser uniforme, sino que el instituto regulador tomará en cuenta el desarrollo económico y social de cada municipio. También propone que debe de regir el principio de solidaridad entre las diferentes municipalidades, es decir, los municipios con mejores posibilidades económicas aportarán más que aquellos municipios que tengan reducida su capacidad económica y de ingresos. Asimismo, establece la exención del pago del servicio de alumbrado público al sector rural, hasta que ese servicio realmente sea ofrecido a las zonas rurales y el mismo sea verificado por INE. Cabe mencionar que de los 700 mil usuarios que actualmente tienen las distribuidoras, 130 mil son rurales.

6. La Comisión considera que al aprobarse que sean las distribuidoras de energía eléctrica las directamente responsables de prestar el servicio de alumbrado público y no a través de las alcaldías mediante contratos públicos, tal medida no afecta los intereses municipales. Actualmente solo existen seis(6) alcaldías que tienen contratos con las distribuidoras. Copn este cambio se deja claramente establecido que son las distribuidoras la únicas y directamente responsables ante la población de prestar un adecuado y eficiente servicio de alumbrado público. Este mismo criterio es compartido por la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), el Ministerio de Energía y Minas y el INE. La Comisión mejoró y modificó el proyecto inicial al incluir en el articulado que los contratos que existieren entre los municipios con las distribuidoras mantienen su vigencia hasta que los mismos expiren de conformidad al plazo establecido por las partes.







7. Esta comisión puso especial interés al tema del pago del Impuesto Municipal sobre ingresos y la reforma propuesta. El esquema de cobro actual funciona de la siguiente forma: Las distribuidoras actualmente pagan el impuesto sobre la facturación total de la energía que venden a los consumidores y usuarios. La facturación total de las distribuidoras incluye el pago que éstas hacen a las generadoras por compra de energía más el margen propio de distribución. Pero resulta que las generadoras han pagado con anterioridad su impuesto municipal de ingresos por venta de energía, por tanto, al pagar las distribuidoras el impuesto sobre el total de la facturación, es ahí donde se presenta el fenómeno de la doble tributación.

El proyecto de ley, tal como está concebido, pretende evitar la doble tributación (Impuesto en cascada) del pago del impuesto municipal sobre ingresos (IMI). Esta eliminación de la doble tributación y la prohibición a las distribuidoras de trasladar este impuesto a las tarifas, sin lugar a duda beneficiarán al consumidor final al obtenerse una rebaja sustancial en el precio final de la energía que se consume, fortaleciéndose de esta forma el objetivo del Estado de hacer llegar a los usuarios de la sistema eléctrico energía a precios justos y accesibles.

Es importante señalar que los organismos consultados compartieron este mismo criterio de la Comisión, incluyendo a la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

8. La Comisión vio de manera positiva el hecho que el impuesto municipal de ingresos (IMI) que pagaran las Generadoras y Distribuidoras fuera transformado en un impuesto ISC, de tal manera que pueda ser recaudado por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y trasladado en un corto plazo a todas las alcaldías del país. Esto permitirá mejorar la distribución equitativa de éste tributo sobre la base de apoyar a los municipios de menos desarrollo económico y social bajo el principio de solidaridad. Aunque existe de hecho una reducción en la recaudación por la corrección de la doble tributación ya explicada, las finanzas municipales son afectadas mínimamente ya que en primer lugar este impuesto municipal sobre Ingresos que ahora será recaudado de manera centralizada por el MHCP será distribuido de nuevo a las mismas Alcaldías; en segundo lugar las transferencia a las alcaldías vía Presupuesto General de la República, se han venido incrementando año con año tal como lo establece la ley; proyectándose en el presupuesto 2009 la suma de C$2,244.7 millones. Asimismo, algunas Instituciones del Estado como FISE, IDR, FCR, INIFOM etc, tienen orientados la ejecución de sus planes operativos y desarrollo de proyectos con énfasis en las municipalidades. En síntesis no se debilita la capacidad de acción de las alcaldías Municipales en el territorio.






El proyecto de ley consigna que este ISC antes IMI que le corresponde pagar a las distribuidoras y generadoras serán depositados en la cuenta única del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que luego efectué la distribución de estos fondos de una manera equitativa, razonable y solidaria entre los municipios a mas tardar 30 días después de haber sido recaudados, respetando los criterios globales establecidos en la presente ley. La Comisión en consulta con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) consideró necesario establecer los porcentajes de distribución de estos recursos. Para ello el MEM presentó un estudio técnico que refleja como ha sido hasta el día de hoy el esquema de pago y distribución de este impuesto y como quedarían en términos globales una vez se aprueba la ley, conforme el siguiente cuadro:

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE INGRESOS (ISC)




	IMPUESTO MUNICIPAL US$
	Managua%Municipios sin planta de generación%Municipios con planta de generación%TOTAL
Situación actual	216,0344.9%1,291,21729.3%2,898,93265.8%4,406,183
Propuesta de Ley con corrección del impuesto en cascada y nuevo distribución	305,3048.7%1,291,21736.6%1,931,55054.7%3,528,070

Municipios totales 137 (1 Managua, 123 sin planta de generación y 13 con plantas generadoras).
Municipios generadores, 13, (Managua, Masaya, Tipitapa, Nagarote, Rivas, León, Corinto, La Paz Centro, Chichigalpa, Ometepe, Telica, El Viejo, San Rafael del Sur).
La reducción de la recaudación como consecuencia de la corrección del cobro del impuesto en cascada es de US$878,113.00 base anual.

Finalmente se mandata que por medio del reglamento correspondiente, elaborado en consulta con el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM) y AMUNIC, se determine el monto que corresponda entregar a cada municipio. El resultado de esta distribución y la forma de entrega de los mismos será objeto de informe trimestral a la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, de forma trimestral.

9. La Comisión quiere destacar que por primera vez se le da un mandato legal a las empresas de distribución de energía y se les obliga a elaborar y presentar ante las autoridades correspondientes del Gobierno de Nicaragua, un plan general de reducción de pérdidas y lucha contra el fraude, lo que permitirá la viabilidad financiera y técnica del sector de la industria eléctrica. Este plan deberá ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y supervisado por el Instituto Nicaragüense de Energía. Asimismo se establece la formulación de un plan para reducir las pérdidas de energía en los asentamientos, que será elaborado en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, el INE y la Dirección de Defensa al Consumidor del MIFIC. La efectividad de estos planes de reducción de pérdidas y anti fraude provocará una reducción significativa del robo y fraude eléctrico y permitirá incorporar al sector formal de pago de energía a aquella parte de la población que hasta la fecha no paga por el servicio eléctrico. Esta última medida traerá como consecuencia positiva que a partir del cuarto año el Estado de Nicaragua, podrá reducir el subsidio conforme los parámetros que se están estableciendo en la presente ley, permitiendo que los recursos liberados sean reorientados a través del Presupuesto General de la República a otros programas de apoyo a sectores económicamente vulnerables, tales como inversiones y asistencia en salud, educación, reparación de caminos, asistencia productiva etc.


10. Con la reforma de esta Ley, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fortalecen sus capacidades en el ámbito de su competencia. En el caso del INE se le establecen facultades para fijar tasas y cargos para el alumbrado público conforme criterios establecidos; actualizar las tarifas a fin de disminuir el margen de desviación y aprobar los ajustes a la baja o alza de la tarifa y participación en el seguimiento y evaluación de los planes de reducción de pérdidas y lucha contra el fraude que ejecutarán las distribuidoras. En el caso del MEM, éste tendrá una participación activa en la aprobación de los planes contra robo y fraude, seguimiento y evaluación a la inversión que realizaran las distribuidoras entre otros.


III. DICTAMEN DE LA COMISIÓN

En base a todas las consideraciones hechas y en virtud de procurar que el objetivo sea el de fortalecer el sector de la industria eléctrico que se viertan en un buen servicio a los usuarios y en mejores tarifas a la población, que viabilice la inversión en fuentes renovables, los suscritos Diputados solicitamos al Honorable Plenario de la Magna Asamblea Nacional, le den la acogida correspondiente y respaldar tanto en lo general como en lo particular a esta ley de reforma y adiciones.

Por tanto, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado y en vista de los grandes beneficios que generará a los trabajadores, fundamentados en los artículos número 1 artículo No. 138 de nuestra Constitución Política, en los artículos 98, 99 y 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Ley No. 606, dictaminamos favorablemente el proyecto de Ley de Reformas y adiciones a la Ley No. 272, Ley de la industria eléctrica y la Ley No. 554, Ley de estabilidad energética.

Solicitamos al PLENARIO, nos apoyen con su voto favorable.







COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO






Wálmaro Gutiérrez Mercado
Presidente





Freddy Tórres Montes José Figueroa Aguilar Vicepresidente Vicepresidente



René Núñez Téllez Wilfredo Navarro Moreira
Miembro Miembro





Oscar Moncada Reyes Alejandro Ruiz Jirón
Miembro Miembro





Francisco Aguirre Sacasa Irma Dávila Lazo
Miembro Miembro



Gustavo Porras Cortés Odell Incer Barquero
Miembro Miembro





Douglas Alemán Benavides Ramiro Silva Gutiérrez
Miembro Miembro



Salvador Talavera Alaniz Jorge Castillo Quant
Miembro Miembro








Guillermo Osorno Molina Brooklyn Rivera Bryan
Miembro Miembro



































Ley No. ____________




La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua,


CONSIDERANDO


I.



Que de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política de la República de Nicaragua es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos, entre los que se destaca la distribución de energía eléctrica.


II.



Que la regulación de los servicios públicos de carácter esencial para la población debe ser coherente con la realidad del país, partiendo de un principio de dinamismo en el que se aseguren los derechos de los usuarios, el normal y eficaz desarrollo de los servicios públicos y la adecuación de las normas necesarias para ello.



III.



Que se hace necesaria la adopción de nuevas medidas que permitan contribuir a la suficiencia financiera del sector eléctrico, fortalezcan las funciones regulatorias del Estado y aportar a la superación de la delicada crisis por la que atraviesa dicho sector.










En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:


“Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica y la Ley No. 554, Ley de Estabilidad Energética”.



Art. 1. Se reforma el artículo 40 del Capítulo VII de Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 74 del 23 de abril de 1998, y sus reformas el que se leerá así:

“Art. 40. Las distribuidoras de energía eléctrica, prestarán directamente el servicio de alumbrado público en las municipalidades dentro de su área de concesión. En consecuencia, se exime la obligación de suscripción de Contratos de Alumbrado Público con las Alcaldías Municipales. Los contratos actuales vigentes firmados entre las alcaldías y las distribuidoras relacionados al servicio de alumbrado público tendrán validez hasta su expiración conforme el plazo establecido en dichos contratos. Las distribuidoras serán directamente responsables ante cualquier reclamo o evento por el servicio de alumbrado público.

El costo de la prestación del servicio de Alumbrado Público será recuperado por las distribuidoras en la facturación a sus clientes mediante tasas o cargos que fija el INE. Para fijar tasas y cargos por el servicio de alumbrado público, el INE deberá tomar en consideración entre otros, el desarrollo económico de cada municipalidad, los niveles de iluminación y el principio de solidaridad entre las diferentes municipalidades.

El cobro por el servicio de Alumbrado Público se aplicará, según apruebe el INE, a todos los clientes localizados en áreas urbanas, eximiendo inicialmente de su pago a todos aquellos ubicados en zonas rurales. El pago en las zonas rurales se irá incorporando en la medida en que el servicio de alumbrado público sea prestado en las mismas, y que el mismo sea comprobado, normado y autorizado por el INE.







Art. 2. Se modifica el artículo 113 de la Ley No.272, Ley de la Industria Eléctrica, al que se le adiciona un nuevo numeral, el que se leerá así:

“…6) Con el objetivo que el modelo de actualización tarifaria garantice el menor margen posible de diferencia entre el Precio Medio de Venta teórico aprobado por el INE y el Precio Medio de Venta real, para un nivel de pérdidas reconocidas a las Distribuidoras, a partir del pliego tarifario 2008 – 2013, se revisará anualmente la estructura de mercado, los ajustes por inflación y el comportamiento de la demanda, con base a lo cual serán efectuados los ajustes necesarios a la baja o al alza de la tarifa “.

Art. 3. Se adiciona un nuevo artículo al Capítulo XVII “Del Régimen Fiscal”, de la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica, el que se leerá así:

“Art. 131 bis. Respecto al Impuesto Municipal sobre Ingreso (IMI) y para establecer una nueva, más justa y equitativa metodología de distribución de este impuesto a favor de los municipios, se procederá así:

a) Las distribuidoras pagarán el Impuesto municipal sobre ingreso (IMI), reconocido como ISC, sobre su margen de distribución, que resulta de la diferencia entre sus ingresos brutos por ventas de energía y los costos de adquisición de energía y transmisión.
b) El impuesto que pagan las empresas de generación a las municipalidades donde estén instaladas y el impuesto que también pagan las distribuidoras en concepto de IMI, será reconocido como ISC. Este ISC será depositado en la Cuenta Única del Tesoro, que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), de manera que el total de lo recaudado se distribuya de la siguiente forma:

b.1). Al municipio de Managua, le corresponderá un 8.7% del monto total del impuesto recaudado, que incluye el impuesto por generación y distribución.
b.2). A los municipios que no albergan plantas generadoras, le corresponderá un 36.6% del monto total del impuesto recaudado.

b.3). A los municipios que albergan plantas generadoras, le corresponderá un 54.7% del monto total del impuesto recaudado, que incluye el impuesto por generación y distribución.

La entrega de este impuesto recaudado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a favor de las municipalidades, deberá efectuarse a más tardar 30 días posteriores a la recaudación efectiva del mismo.




El reglamento a la presente Ley, será elaborado en consulta con el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM) y AMUNIC y el mismo establecerá entre otros, la distribución por municipio bajo el principio de equidad, desarrollo económico y solidaridad municipal. El resultado de esta distribución y la entrega mensual que de estos recursos se haga a las Alcaldías municipales, deberá ser informado de forma trimestral a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional por medio de la Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público de este Poder del Estado.

El impuesto municipal que le corresponderá pagar a las empresas distribuidoras sobre su margen de distribución no es trasladable a tarifas.

Art. 4. Se reforma el literal f) del artículo 4 de la Ley No. 554, Ley de Estabilidad Energética, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 224 del 18 de noviembre de 2005, y sus reformas, y se adicionan los literales h) e i) al mismo artículo, los que íntegra y literalmente se leerán así:

“… f) El Factor de Expansión de Pérdidas reconocido en tarifas (FEP) será ajustado a 1.13 y permanecerá inalterable por un período de cinco (05) años. Transcurrido este período de cinco (05) años, el factor de expansión de pérdidas disminuirá sucesivamente una centésima por año hasta alcanzar 1.11. La vigencia del ajuste al Factor de Expansión de Perdida (FEP), será a partir de la fecha establecida en el Protocolo de Entendimiento suscrito entre el Gobierno de Nicaragua, las distribuidoras de energía, DISNORTE y DISSUR y el Grupo Unión Fenosa.

h) El Gobierno de la República de Nicaragua, continuará subsidiando a los consumidores de los asentamientos humanos espontáneos y barrios económicamente vulnerables. Este subsidio será por un periodo de cuatros años a partir de la fecha establecida en el Protocolo de Entendimiento y su objetivo será cubrir parcial y temporalmente el costo de la energía suministrada por las Distribuidoras a los consumidores de los asentamientos humanos espontáneos y barrios económicamente vulnerable. Dicho subsidio corresponderá al 4% del Precio Medio de Compra, en barras de media tensión, multiplicado por el total de la energía vendida a todos sus clientes por las Distribuidoras para los primeros doce meses, disminuyéndose en 1% Precio Medio de Compra, al finalizar cada período de doce meses. Este costo de energía será pagado mensualmente a las empresas distribuidoras, una vez que haya sido certificado por INE. Estos porcentajes podrán ser revisados por INE en función de la evolución de los precios mayoristas de compra de energía.






i) Las empresas distribuidoras presentarán su Plan General de Reducción de Pérdidas y Lucha Contra el Fraude, que será aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y supervisado por el Instituto Nicaragüense de Energía. Así mismo se deberá de presentar el plan especifico para reducir las pérdidas de energía en los asentamientos, el cual será elaborado en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nicaragüense de Energía y la Dirección de Defensa del Consumidor del MIFIC y el mismo será evaluado y revisado cada 12 meses por estas instituciones. Esta obligación de las empresas distribuidoras será efectiva a partir de la vigencia del Protocolo de Entendimiento.
A partir del cuarto año, si se diese una reducción en las pérdidas totales mayor del 3% sobre el monto total del plan proyectado por las distribuidoras para combatir las pérdidas y luchas contra el fraude, el porcentaje de subsidio deberá disminuir en una proporción equivalente al 50% de los puntos de pérdidas incrementales reducidos”. La aplicación y cumplimiento a este medida deberá ser garantizada por el INE.

Arto.5. La presente Ley será reglamentada de conformidad al inciso.10 del art. 150 de la Constitución Política de Nicaragua.

Arto. 6. La presente Ley deja sin efecto cualquier otra disposición que se le oponga.

Arto. 7. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de circulación social nacional escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.



Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los ________________ días del mes de ____________ del año dos mil ocho.




Ing. René Núñez Téllez Dr. Wilfredo Navarro M.
Presidente Secretario
Asamblea Nacional Asamblea Nacional



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