Honorables Diputados, la facultad jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente al Poder Judicial, el cual garantiza el Principio de Legalidad, protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos sometidos a su conocimiento.

De esta manera, la principal columna del Debido Proceso es la Garantía Constitucional del Principio de Tutela Judicial Efectiva, el cual está contenido en los artículos 34, 52 y 131 Cn., y comprende: 1º.- El Derecho de Acceso a la Jurisdicción o Juez Natural; 2º.- El Derecho a obtener una resolución fundada en derecho, sea de forma o de fondo, motivada y congruente, sea o no favorable a la pretensión del demandante; 3.- El Derecho a los recursos establecidos en la Ley; y 4.- El Derecho al cumplimiento y Ejecución de lo resuelto.

“Una justicia que tarda en administrarse varios años es una caricatura de la Justicia. De aquí que el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas constituya una de las garantías de la Tutela Jurisdiccional Efectiva. Las causas de la excesiva duración de los procesos son muy diversas –deficiente regulación del procedimiento, abuso de incidentes y recursos, etc.-. Y hay que llegar a la desalentadora conclusión de que las causas, sin dudas decisivas, no pueden superarse con medidas legales ni con la consagración constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva. Lo que el “derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas” garantiza es, precisamente, esto: que el proceso se seguirá a través de sus trámites, sin paralizaciones ni interrupciones improcedentes, que se va a pasar de una fase a otra sin dilaciones, que no van a existir “tiempos muertos” entre un acto procesal y el siguiente” (González Pérez, Jesús, Ob cit. pág. 316 y 318).- “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, en suma, es un derecho que, aunque mantenga una íntima conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva, es un derecho autónomo y diferenciado. Son dos las principales líneas de orden general y metodológico que ofrece la doctrina del Tribunal Constitucional a estos efectos. De un lado que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho que opera en todo tipo de procesos … Y de otro, que la noción de dilaciones indebidas no es equiparable a las meras dilaciones o incumplimiento de los plazos procesales … Por el contrario la noción de dilaciones indebidas tiene un carácter más amplio que precisa ser ponderada caso por caso y atendiendo a criterios objetivos, de modo que tomando en cuenta los diferentes factores que concurren en un proceso por ejemplo. Ciertamente la conducta procesal de la parte…, pero también la complejidad del proceso o la importancia de los intereses en litigio permitan apreciar que los retrasos están ocasionando verdadera y cierta denegación de justicia” (Luis Aguiar de Luque, Luis López Guerra y Pablo Pérez Tremps, Veinte Años de Jurisdicción Constitucional en España, tirant lo blanch, Valencia 2002, Pág. 170 – 171).- (VER SENTENCIA SALA CN. NO. 330, de la 1:45 p.m., del 29 de julio de 2009,
Cons. III)
Por todo lo antes expuesto, y en base al artículo 140 inciso 1) de la Constitución política presente el presente proyecto de ley y solicito a los honorables colegas su repaldo.

Diputado
Msc. Edwin Ramón Castro Rivera

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY NO. 260 "LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, Y A LA LEY NO. 350, LEY DE REGULACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"

"Artículo 26. Quórum. La Corte Plena formará quórum con la presencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus miembros en funciones. Toda Sentencia, Resolución o Acuerdo de Corte Plena requerirá del voto coincidente de por lo menos la mitad más uno del total de sus integrantes en funciones, sin perjuicio de los casos en que la Constitución Política establezca otro tipo de mayoría”.

"Artículo 31. Además de lo dispuesto en relación a la Corte Plena, para efectos jurisdiccionales, la Corte Suprema de Justicia se divide en Cuatro Salas:

1. Sala de lo Civil

2. Sala de lo Penal

3. Sala de lo Constitucional

4. Sala de lo Contencioso Administrativo

Cada Sala estará formada por un número de no menos de tres magistrados electos anualmente de entre sus miembros, en Corte Plena con el voto favorable de por lo menos dos tercios del total de sus Magistrados integrantes que estén en funciones. Cada Magistrado podrá integrar permanentemente hasta un máximo de dos salas.

Cada Sala formará quórum con la presencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus miembros. Toda Resolución o Acuerdo de cada Sala, requerirá del voto coincidente de por lo menos la mitad más uno del total de sus integrantes.

En la relación de los miembros de cada Sala, deberá elegirse a sus respectivos suplentes, para los casos de ausencia, excusa por implicancia o recusaciones.

Artículo 2.- La presente ley reforma la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que hace al Quórum de integración de cada Sala para sus Resoluciones o Acuerdo:

El artículo 78 de la Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se leerá así:

“Artículo 78.- Inmediación y Concentración.

La Vista General del Juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de al menos la mitad más uno de los Magistrados en funciones que integran la Sala y las partes o sus representantes durante todas las sesiones consecutivas que fueren necesarias hasta su terminación. Si no hubiere Quórum por falta justificada o no de alguno de los Magistrados, el Presidente de la Sala incorporará al Suplente quien asumirá hasta dictar la sentencia.

No obstante, podrá suspenderse hasta por diez días cuando alguno de los magistrados o abogados de las partes se enfermare o se viere imposibilitado de actuar por cualquier otra causa. Igualmente, cuando fuere preciso hacer comparecer a un testigo o perito o se ordenare prueba para mejor proveer. Si no fuere posible la reanudación de la Vista General dentro del plazo señalado, deberá iniciarse de nuevo. Si no hubiere Quórum por falta justificada o no de alguno de los Magistrados, el Presidente de la Sala incorporará al Suplente quien asumirá hasta dictar la sentencia.

La sentencia sólo podrá ser dictada, so pena de nulidad, por los mismos Magistrados que hubieren participado en todas las sesiones de la Vista General del Juicio. Si alguno de ellos falleciere, se incapacitare o se ausentare de manera total o parcial antes de ser dictada la sentencia, la Vista tendrá que celebrarse de nuevo, siempre y cuando los presentes no hagan el quórum antes referido. Si no hubiere Quórum por falta justificada o no de alguno de los Magistrados, el Presidente de la Sala incorporará al Suplente quien asumirá hasta dictar la sentencia.

Artículo 86.- Clausura de la Vista General.

Oídas las razones expuestas por los abogados de las partes, el Presidente dará por terminada la Vista General del Juicio y en el mismo acto señalará fecha y hora para celebrar una audiencia oral y pública, en un plazo no mayor de treinta días, con el objeto de leer la sentencia. Los términos que establece esta Ley son de días hábiles.

Para que haya Resolución o Sentencia se requiere el voto coincidente de al menos la mitad más uno del total de los Magistrados o Suplentes que integran la Sala, que hayan estado presente en la Vista General del Juicio, de acuerdo al artículo 31 párrafo 3º, de la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 3.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los … días del mes de septiembre de dos mil nueve.- RENE NÚÑEZ TÉLLEZ, Presidente de la Asamblea Nacional.- WILFREDO NAVARRO MOREIRA, Secretario de la Asamblea Nacional.

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