Wilfredo Navarro Moreira

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.-

Estimado Dip. Navarro:

Los suscritos diputados, en uso de sus facultades que nos otorga el Arto. 140 numeral1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y los Artos. 90 y 91 de la Ley No. 606, “Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, presentamos el Proyecto de Ley denominado “LEY GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA ”, con su correspondiente Exposición de Motivos en original y tres copias y en formato electrónico.

Solicitamos que a esta iniciativa se le de el trámite de ley establecido y se envíe a la Comisión respectiva para su Dictamen y posterior aprobación por el Plenario de esta Honorable Asamblea Nacional.

Agradeciendo su atención, nos suscribimos de usted con las muestras de estima y consideración.

Alan Rivera Siles Evertz Cárcamo

En uso de sus facultades

Ha dictado la siguiente,

El objeto de la presente Ley es regular el ingreso de las personas nacionales y extranjeras al territorio de la República, y el egreso de él, así como la permanencia de las personas extranjeras en el país, sin perjuicio de los establecido en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados y los acuerdos de integración regional debidamente aprobados.

La política migratoria del Estado regulará los flujos migratorios que favorezcan el desarrollo social, político, económico y demográfico de Nicaragua, en concordancia con la seguridad pú blica y velando por el respeto de los derechos humanos.

ARTÍCULO 2. NATURALEZA Y AMBITO DE LA LEY.

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.

Se exceptúan de las disposiciones relativas a la inscripción y permanencia en el país, los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros y los de organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República; así como cónyuges y parientes, personal técnico, administrativo y de servicio en los grados y extensión permitidos por los tratados internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua y en el Reglamento de esta Ley y siempre que permanezcan en sus funciones y mantengan el vínculo de parentesco.

Créase el Consejo Nacional de Migración, como órgano de asesoría y consulta del Presidente de la República para el elaboración de Políticas públicas en materia migratoria, el que estará integrado de la siguiente forma:
a. La persona titular del Ministerio de Gobernación, quien lo presidirá
b. La persona titular de la Dirección General de Migración y Extranjería o su representante, quien actuará como secretario ejecutivo.
c. La persona titular del Ministerio de Relaciones Exteriores o su representante.
d. La persona titular del Ministerio del Trabajo o su representante.
e. La persona titular del Instituto Nicaragüense de Turismo o su representante.
f. La persona titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio o su representante.
g. La persona titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
h. Un representante de la Asamblea Nacional.
i. Un representante de la Corte Suprema de Justicia.
j. Un representante del Consejo Supremo Electoral.
k. Un representante de las organizaciones de derechos humanos.
l. Un representante de las organizaciones de migrantes y/o de familiares de migrantes.

Cada una de las instituciones u organizaciones antes mencionadas podrá acreditar, además, un representante suplente que sustituirá al titular en caso de ausencia, en igualdad de condiciones y prerrogativas. En caso de ausencia del Ministro de Gobernación, lo sustituirá el Director de Migración y Extranjería, en igualdad de condiciones y prerrogativas. El Reglamento de la presente Ley determinará su forma de nombramiento y el tiempo de duración en el cargo .

ARTíCULO 4. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE MIGRACION

Son funciones del Consejo Nacional de Migración:
1. Recomendar al Presidente de la República la política migratoria y proponerle los objetivos y medidas necesarias para hacerla efectiva.
2. Recomendar al Poder Ejecutivo las modificaciones a la legislación migratoria, normas y procedimientos administrativos conexos, a fin de adecuarlos a los instrumentos internacionales de derechos humanos debidamente ratificados por el país.
3. Promover acuerdos operativos y de asistencia técnica bilaterales o multilaterales con otros países u otros organismos internacionales especializados en migraciones.
4. Promover la difusión de información sobre los derechos y deberes de los migrantes, requisitos de admisión de los países de empleo y todo aquello que promueva una migración documentada, como mecanismo de tutela de sus derechos humanos.
5. Velar porque la inmigración contribuya al desarrollo económico y social de Nicaragua y que los inmigrantes respeten la Constitución Política y las leyes de la República
6. Recomendar el diseño de acciones y programas estatales y privados que promuevan el vínculo con el país y/o la inserción de los nicaragüenses residentes en el exterior.

El Ministerio de Gobernación para efectos de la presente Ley tendrá las atribuciones siguientes:

1) Velar porque se cumpla la presente Ley y su Reglamento;

2) Garantizar el funcionamiento del Consejo Nacional de Migración.

3) Coordinar a la Dirección General de Migración y Extranjería.

4) Coordinar con los demás Ministerios de Estados, Entes Autó nomos y Descentralizados, el cumplimiento de las atribuciones que a ella competen en materia migratoria;

5) Recomendar al Presidente de la República proyectos de tratados o convenios internacionales en materia migratoria;

6) Ordenar la expulsión de extranjeros según las causales previstas en la presente Ley;

7) Conocer y resolver las solicitudes de apelación presentadas por extranjeros expulsados o deportados del país;

8) Conceder el asilo cuando corresponda;

9) Celebrar acuerdos de simplificación y facilitación migratoria en la región, homologación de procedimientos y otras medidas migratorias de conformidad con los objetivos de integración de Amé ;rica Central y México, así como los otros países del mundo; y,

10) Autorizar mediante acuerdo las características de los documentos migratorios.

A la Dirección General de Migración y Extranjería, órgano del Ministerio de Gobernación, le corresponderá la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, así como la ejecución de la política migratoria que establezca el Poder Ejecutivo.

La Dirección General de Migración y Extranjería tendrá su domicilio en la capital de la República, se organizará con las unidades necesarias para el eficaz cumplimiento de sus fines y tendrá autoridad en todo el territorio nacional.

Estará a cargo de un Director General, el que será asistido por un Subdirector, un Secretario de Registro, así como por los oficiales de migración y empleados nombrados al efecto.

ARTÍCULO 7. DEL DIRECTOR GENERAL y SUBDIRECTOR GENERAL

Quien ocupe la Dirección General y la Subdirección General de Migración y extranjería, denominados para efectos de la presente Ley, director general y subdirector general, serán funcionarios nombrados por el Ministro de Gobernación.

El director general y el subdirector general deberán ser Nacional de Nicaragua, profesionales en Derecho o al menos tener conocimiento y experiencia en materia migratoria, mayores de 21 años de edad y de reconocida solvencia moral.

El director general será el superior jerárquico de la Dirección General y el funcionario competente para ejercer y coordinar las funciones de ese órgano. El Subdirector general tendrá las funciones específicas que le designe el director general y lo sustituirá durante sus ausencias.

ARTÍCULO 8. DEL SECRETARIO DE REGISTRO.

El Secretario de Registro será responsable de la recepción de las solicitudes cuyo trámite corresponda a la Dirección General de Migración y Extranjería, llevará un registro para el control y custodia de los expedientes, velará porque los asuntos en trámite se despachen dentro de los plazos establecidos, llevará el archivo general, autorizará la firma del Director en las providencias y resoluciones que dicte, y las notificará y transcribirá a los interesados, expedirá certificaciones y razonará documentos.

El Secretario de Registro deberá reunir las mismas calidades del director general y el subdirector general.

Son atribuciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, las siguientes:

1) Ejecutar la política de Estado en materia migratoria en los á mbitos de su competencia.

2) Velar porque se cumpla las disposiciones contenidas en la Constitució n Política vigente, la presente Ley, su Reglamento y cualquier otra normativa de carácter migratorio, tanto para la entrada y salida de nacionales y extranjeros, como para la permanencia de estos últimos en el territorio nacional;

3) Organizar, dirigir, registrar y controlar los distintos servicios migratorios que se prestan a la población nacional y extranjera, garantizando el ejercicio de los derechos en la actividad migratoria, sin discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, credo polí tico, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen y posición económica o cualquier otra condición.

4) Adoptar y aplicar las medidas necesarias para prevenir y controlar la inmigración indocumentada;

5) Autorizar la expedición, revalidación y uso de los documentos migratorios establecidos en esta Ley;

6) Elaborar y organizar las estadísticas migratorias y regular la inmigración de acuerdo a la política pública dictada por el Poder Ejecutivo.

7) Resolver todo lo relacionado con la entrada, permanencia y salida de extranjeros, de conformidad con las disposiciones de está Ley y su Reglamento;

8) Aplicar las sanciones administrativas establecidas de acuerdo con esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la legislación penal;

9) Decidir sobre las solicitudes de ingreso para extranjeros sujetos al régimen especial de visa consultada;

10) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que emita el Ministro de Gobernación en materia migratoria;

11) Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones a la presente Ley y su Reglamento que puedan constituir delitos;

12) Cumplir las órdenes de retención migratoria para personas nacionales y extranjeras, emitidas por autoridad judicial competente. Asimismo, se impedirá el ingreso de todo extranjero que haya sido deportado o expulsado del país, o por cualquiera de las causales establecidas en esta Ley;

13) Conocer del otorgamiento, ratificación, pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense una vez cumplidos los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.

14) Inscribir a los residentes y extranjeros con permiso especial de permanencia en el Registro Nacional de Extranjeros según las calidades migratorias establecidas;

15) Ordenar la deportación cuando corresponda según las causales previstas en la presente Ley;

16) Dirimir conflictos de carácter migratorio para lo cual podrá requerir, citar o emplazar a personas nacionales y extranjeras relacionadas al caso, las cuales están obligadas a comparecer;

17) Custodiar temporalmente en centros de retención, a los extranjeros mientras se decide su situación migratoria o mientras son deportados o expulsados del país, garantizando la tutela de sus derechos humanos y el acceso de estas personas a las representaciones consulares de su país de origen y/o a las organizaciones de derechos humanos estatales o no gubernamentales.

18) Coordinar actividades de supervisión y control con la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y otras dependencias públicas para prevenir la inmigración irregular y la detención de las personas que se dediquen al tráfico de migrantes en situación irregular;

19) Desarrollar el intercambio de información con organismos homó logos centroamericanos y de otros países para prevenir y combatir el tráfico de migrantes indocumentados, la trata de personas y otros ilícitos que atenten contra la dignidad de las personas.

20) Declarar irregular la entrada o la permanencia de extranjeros, cuando no puedan probar su situación legal en el país;

21) Llevar el registro de los nicaragüenses por nacionalización y de las cancelaciones de nacionalización;

22) Proponer al Ministro de Gobernación la habilitación de puestos migratorios que considere necesarios para el control de la entrada o salida de nacionales y extranjeros;

23) Inspeccionar centros de trabajo, hoteles y similares, negocios, centros educativos públicos o privados, centros de diversión o de espectáculos públicos, y cualquier centro público o privado, para determinar la condición migratoria de los extranjeros que se encuentren en ellos;

24) Inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional, aé reo, marítimo y terrestre, para verificar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento;

25) Ordenar a las autoridades respectivas que impidan la salida del territorio nacional a los medios de transporte que no cumplan las obligaciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Dichas autoridades está n obligadas a cumplir con la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería so pena de las responsabilidades y sanciones que correspondan;

26) Aplicar las sanciones, multas, tasas, derechos y cobros por actuaciones que se deriven de la aplicación de esta Ley y su Reglamento;

27) Proponer al Ministro de Gobernación modificaciones a la legislación migratoria para ser sometida a la consideración del Presidente de la República;

28) Orientar a los inmigrantes para su entrada en el territorio nacional en la forma establecida en la presente Ley;

29) Emitir las resoluciones de concesión, denegación o cancelación de los permisos especiales de permanencia; y,

30) Emitir normativas de procedimientos en materia migratoria

31) Las demás que se relacionen con el control migratorio y servicios de extranjería que no estén atribuidas por Ley a otras autoridades o instituciones públicas.

Crease la Carrera en Servicios Migratorios y Extranjería la que será aprobada por la Asamblea Nacional a los noventa días de la entrada en vigencia de la presente Ley. La Carrera en Servicios Migratorios y Extranjería se fundamenta en el sistema de mérito, reconociéndose a los actuales funcionarios y demás personal sus derechos de antigüedad y especialización.

Esta Ley estará dirigida a dotar a la Dirección General de Migración y Extranjería de un personal especializado y garantizar a éste la estabilidad en sus cargos.

En Nicaragua, las personas extranjeras gozan de los mismos derechos y garantías individuales y sociales reconocidas para los nicaragü enses en la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales en materia migratoria debidamente ratificados por Nicaragua, salvo las limitaciones que establezca la Constitución Política, esta Ley y otras leyes de la República.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 de la Constitución Política, el Estado nicaragüense respeta y garantiza los derechos reconocidos en la Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción .

ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Las personas extranjeras estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la presente Ley, su Reglamento y, en general al ordenamiento jurídico vigente, así como a las siguientes obligaciones:
a. Al pago de las mismas cargas fiscales o de seguridad social que los nicaragüenses, según las normas jurídicas aplicables en esta materia. Además, estarán obligadas a realizar los depó sitos exigidos por la presente Ley, según su categoría migratoria.
b. Los extranjeros inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros están obligados a informar a la Dirección General de Migración y Extranjería los cambios de estado civil, domicilio y actividades a las cuales se dediquen, dentro de los quince días (15) días posteriores al cambio.
c. Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional tendrán la obligación de conservar y presentar, a solicitud de la autoridad competente, la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación migratoria en Nicaragua.
d. Las personas extranjeras que estando en el país soliciten residencia, mientras no se les extienda la certificación de la resolución de la misma y se inscriban en el Registro Nacional de Extranjeros, estarán obligados a solicitar las prórrogas de estadía necesarias ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Asimismo , si se encuentra al servicio de un patrono o con oferta de trabajo, estará obligado a obtener la respectiva autorización ante el Ministerio del Trabajo.
e. Los extranjeros no residentes no podrán realizar tareas o actividades lucrativas por cuenta propia o en relación de dependencia, excepto aquellos que por circunstancias especiales hayan sido autorizados por el Ministerio de Gobernación, como ser artistas, deportistas, integrantes de espectáculos públicos, trabajadores temporales y personas de negocios.

Tratándose de trabajadores migrantes en sus distintas modalidades, la autorización se concederá en consulta con el Ministerio del Trabajo.

Las personas extranjeras que ingresen al territorio nacional podrán ser admitidos bajo las categorías migratorias siguientes:

a) Funcionarios Diplomáticos, Cónsules, invitados o de organismos internacionales.

b) No Residentes.

c) Residentes.

La categoría migratoria del inciso a) es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores

Ningún extranjero podrá tener dos o más calidades migratorias simultáneamente, ni ejercer actividades distintas de aquellas que le hayan sido expresamente autorizadas, bajo pena de perder su residencia o permiso de permanencia en el país y ser expulsado del territorio nacional.

Son No residentes los extranjeros a quienes la Dirección General de Migración y Extranjería otorgue autorización de ingreso y permanencia en el territorio nacional por un tiempo determinado en la presente Ley y su Reglamento.

Los extranjeros no residentes, según el motivo del viaje, tendrán las subcategorías siguientes:

1) Turistas;

2) Viajeros en tránsito;

3) Delegados o representantes comerciales y agentes viajeros;

4) Viajeros en vías de deportes, misión oficial, salud, convenciones, conferencias o eventos especiales;

5) Artistas de espectáculos públicos;

6) Visitantes especiales;

7) Trabajadores migrantes;

8) Trabajadores transfronterizos;

9) Tripulantes de transporte internacional;

ARTÍCULO 15. ACREDITACIÓN DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA.

Todo extranjero que ingrese al país con cualquiera de las subcategorías mencionadas en el artículo anterior, deberá acreditar cuando las autoridades migratorias lo consideren necesario, que dispone de los medios económicos suficientes para subsistir decorosamente durante su permanencia en el país y para abandonarlo al finalizar el tiempo de permanencia autorizada .

ARTÍCULO 16. ESTADÍA MAXIMA DE LOS VIAJEROS EN TRANSITO

La estadía máxima autorizada para las personas extranjeras en tránsito en el territorio nacional será de setenta dos (72) horas.

ARTICULO 17. PERSONAS EXTRANJEROS EN VÍAS DE TURISMO, NEGOCIOS, DEPORTES, CONVENCIONES, MISIÓN OFICIAL, SALUD Y OTROS.

A los extranjeros que ingresan al país en vías de turismo, negocios, deportes convenciones, salud, como integrantes de espectáculos públicos, misión oficial u otros de similar condición, se les autorizará permanencia en el país hasta por noventa dí ;as prorrogables por el tiempo que sea necesario de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

La aplicación de este Artículo en cuanto al tiempo otorgado a un extranjero al momento de ingresar al país no afecta lo establecido en tratados o convenios internacionales o resoluciones y circulares emitidas por el Ministerio de Gobernación o en su caso, por la Dirección General de Migración y Extranjería .

ARTICULO 18. OTORGAMIENTO DE PASE INTER FRONTERIZO

El otorgamiento de pase inter fronterizo se regirá por lo dispuesto en los acuerdos bilaterales establecidos por la República de Nicaragua y los Gobiernos vecinos.

Es Residente el extranjero quien es autorizado por la Dirección General de Migración y Extranjería para permanecer en Nicaragua por un período de uno a tres años para ejercer cualquier actividad, bajo las subsiguientes subcategorías:

1) Rentistas;

2) Pensionados;

3) Inversionistas;

4) El cónyuge, los hijos menores, los hijos mayores dependientes y los padres de las personas mencionadas en los numerales anteriores;

5) Extranjeros casados con nicaragüense por nacimiento;

6) Extranjeros que sean padre o madre de hijos o hijas nicaragüenses por nacimiento, los hermanos, menores o mayores de edad y los abuelos de estos últimos;

7) Extranjeros que adquieren derecho de radicación definitiva en el país, después de haber permanecido como residentes legales o con permiso especial de permanencia por un período mínimo de tres (3) años y han cumplido con las leyes de Nicaragua; y,

8) Los que sin estar comprendidos en los numerales anteriores y en casos debidamente justificados, fueren autorizados por el Ministerio de Gobernación.

ARTÍCULO 20. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD.

El extranjero que desee obtener residencia la solicitará ante la Dirección General de Migración y Extranjería, si se encuentra en el país o ante el funcionario diplomático o agente consular nicaragüense si se encuentra fuera de Nicaragua.

Es toda persona extranjera que disfruta de rentas permanentes y estables provenientes del exterior o generadas por inversiones en el sistema financiero nacional.

ARTICULO 22. CONDICIONES

Para obtener la residencia como rentista los interesados deberán comprobar que disfrutan de rentas permanentes, lícitas, y estables generadas en el exterior o en el territorio nacional, no menores de UN MIL DÓLARES (USD $ 1,000.00) mensuales, moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional.

Los rentistas no podrán dedicarse a actividades remuneradas sin embargo, podrán realizar inversiones en proyectos industriales, agroindustriales agropecuarios, artesanales, turísticos de vivienda, comerciales, de servicios u otros de interés nacional, autorizados por el Ministerio de Gobernación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. Asimismo podrán prestar sus servicios profesionales a entidades de la administración pública, universidades y otras instituciones del sistema educativo nacional, con las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes y en el Reglamento de esta Ley.

Es la persona extranjera que tiene o cobra una pensión, otorgada por méritos o servicios prestados a gobiernos, organismos oficiales e internacionales o empresas privadas de sus respectivos países y que decidan permanecer por un tiempo indefinido en el territorio nacional.

ARTICULO 24. CONDICIONES.

Para obtener la residencia como pensionado, los interesados deberán comprobar que disfrutan de pensiones permanentes y estables generadas o provenientes del exterior, no menores de SEISCIENTOS DÓLARES (USD $ 600.00) mensuales, moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional.

Los pensionados deberán sujetarse a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 22.

Los residentes rentistas y pensionados gozarán de franquicias arancelarias y exoneración de todos los impuestos de importación por una sola vez para la introducción del menaje de casa, así como la ropa, alhajas, artículos deportivos y demás artí culos de uso personal o familiar.

En el caso de traspaso de los bienes referidos en este Artículo, realizado dentro de los tres (3) años siguientes a su ingreso al territorio nacional, deberán cancelarse los impuestos que fueron exonerados.

ARTÍCULO 26. INTRODUCCIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

Los residentes rentistas o pensionados podrán importar un vehí culo automotor para su uso personal o familiar, libre de todos los impuestos de importación, arancelarios y de venta, el cual podrá ser vendido o traspasado a cualquier título a terceras personas, exonerado de dichos impuestos después de transcurridos cinco (5) años desde la techa de ingreso del vehículo al país y previa presentación de constancia certificada de haber enterado en el Banco Central de Nicaragua o cualquier otra institución del sistema financiero nacional, durante el mismo período, un monto no menor a las rentas o pensiones que correspondan al ingreso mínimo fijado en la presente Ley.

El beneficio establecido en el presente Artículo, es personal e intransferible dentro de los cinco (5) años establecidos en el pá rrafo precedente. La Dirección General de Ingresos (DGI) llevará un registro especial al efecto y harán inspecciones regulares para verificar el buen uso de este beneficio.

ARTICULO 27. EXENCIÓN DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

El residente rentista o pensionado estará exento del pago del impuesto sobre la renta, respecto de las rentas o pensiones que perciba del exterior en función de su permiso de residencia.

ARTÍCULO 28. RENUNCIA DE CATEGORÍA MIGRATORIA.

Si el beneficiario renunciare a su condición de residente rentista o pensionado o se cancelare su residencia por los motivos enunciados en el Reglamento de la presente Ley, deberá cancelar los impuestos de los cuales fue exonerado

ARTÍCULO 29. ACREDITACIÓN DE RENTA O PENSIONES.

El interesado deberá presentar un certificado expedido por el Có nsul de Nicaragua o funcionario del servicio exterior encargado de asuntos consulares, en el que se acredite que el inmigrante disfruta del valor de la renta o pensión mínima exigible y remitirlo junto con los documentos probatorios debidamente autenticados.

ARTÍCULO 30. INVERSIONES DE LOS RESIDENTES RENTISTAS O PENSIONADOS

Los residentes rentistas o pensionados podrán realizar inversiones superiores a los montos establecidos para los residentes inversionistas sin perder o cambiar su categoría migratoria ni los beneficios que esta Ley les otorga.

Podrán adquirir la calidad de residente inversionista, los extranjeros que inviertan su capital en cualquier ramo de la actividad económica lícita en Nicaragua.

También podrán adquirir esta calidad los extranjeros que inviertan su capital en certificados, títulos valores o bonos del Estado y de las instituciones financieras nacionales, en la forma y términos que determine la Ley de la materia.

ARTÍCULO 32. CONTROL Y SUPERVISIÓN FINANCIERA.

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, ejercerá el control y supervisión de las actividades de todo tipo realizadas por los extranjeros inversionistas, para cuyo fin requerirá de la colaboración de todas las instituciones públicas y privadas.

ARTÍCULO 33. CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR.

Los residentes inversionistas deberán cumplir las condiciones siguientes:

1) Invertir su capital en las áreas de inversión consignadas en el Artículo 31 de esta Ley;

2) La inversión será por un mínimo de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $30,000.00) o su equivalente en moneda nacional; y,

3) La Dirección General de Migración y Extranjería no autorizará la residencia cuando el extranjero se proponga hacer inversiones no permitidas por las leyes de la República.

ARTÍCULO 34. GARANTÍAS Y OBLIGACIONES.

En cuanto a las garantías, obligaciones, registro, documentos, procedimientos y demás requisitos, se estará a lo establecido por el Ministerio de Fomento Industria y Comercio y las normas que rigen las inversiones en Nicaragua.

A las personas extranjeras que realicen inversiones con montos significativos, antes de otorgarle su estatus de residente permanente se deberá realizar una investigación de la obtención lícita del dinero a invertir en el territorio nacional, dicho procedimiento estará establecido en el Reglamento de la presente Ley

Los extranjeros que tengan hijos o hijas nicaragüenses por nacimiento, podrán optar a la residencia por vínculo familiar, cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley y su Reglamento .

ARTÍCULO 36. RESIDENTES POR VÍNCULO MATRIMONIAL O UNIÓN DE HECHO.

Los extranjeros que contraigan matrimonio o establezcan unión de hecho con nicaragüense dentro o fuera del territorio nacional conforme las leyes del país, podrán adquirir residencia por vínculo matrimonial o unión de hecho, cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley.

En caso de disolución del vínculo matrimonial o de la unió n de hecho, el residente perderá esta calidad migratoria desde la fecha en que se emita la resolución respectiva; sin embargo, tendrá derecho a obtener otra calidad migratoria siempre que reúna los requisitos establecidos.

Al cónyuge extranjero residente por vínculo familiar, una vez que dejaré de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos, podrá cancelársele su calidad migratoria y fijarle un plazo para que abandone el país

El extranjero no perderá su residencia en caso de muerte de su có nyuge o compañero o compañera en unión de hecho, excepto en aquellos casos que haya sido condenado mediante sentencia firme por la muerte del cónyuge o compañero o compañera en unión de hecho, salvo que en este último caso existan hijos nicaragü enses por nacimiento en cuyo caso el extranjero accederá a la calidad migratoria establecida en el Artículo 35 de la presente Ley, sin perjuicio de los otros efectos legales.

Para adquirir la calidad de residente inmigrado, los extranjeros residentes deberán cumplir con los requisitos siguientes:

1) Haber permanecido en el país por un período no menor de tres (3) años consecutivos;

2) Haber renovado anualmente su cédula de residencia o permiso especial de permanencia; y,

3) Cumplir con los demás requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

En ningún caso la mera permanencia en el territorio nacional concederá la calidad de inmigrado a personas extranjeras en situación de estadía irregular.

La Dirección General de Migración y Extranjería en el Reglamento de la presente Ley podrá fijar a los extranjeros que se radiquen en el territorio nacional, las condiciones que estime conveniente respecto a las actividades a las cuales habrán de dedicarse.

Asimismo, velará que los residentes o extranjeros con permiso especial de permanencia, sean personas útiles para el país en correspondencia con la política de Estado en materia migratoria, y cuenten con los recursos suficientes para su subsistencia y la de las personas que estén bajo su dependencia económica. Los criterios para determinar la suficiencia de los recursos de subsistencia se establecerá n en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 39. PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA.

La Dirección General de Migración y Extranjería podrá conceder permisos especiales de permanencia en el país hasta por un máximo de tres (3) años, a extranjeros que por causas justificadas lo soliciten, tales como:

1) Estudiantes en cualquiera de los niveles del sistema educativo nacional. En el caso de que el período de estudios exceda el plazo máximo establecido en este artículo, podrá prorrogarse el permiso de permanencia, por el tiempo necesario para su terminación;

2) Asilados y apátridas;

3) Trabajadores migrantes;

4) Extranjeros en servicio social;

5) Religiosos;

6) Extranjeros que presten voluntariamente servicios humanitarios y de beneficencia para el país;

7) Extranjeros en actividades comerciales o de espectáculos pú blicos;

8) Extranjeros contratados como empleados temporales por una persona natural o jurídica; por organismos internacionales o por instituciones gubernamentales;

9) Científicos, profesionales, deportistas y personal técnico o especializado; contratados por personas naturales o jurídicas establecidas en el país;

11) Empresarios, personal directivo de sociedades mercantiles nacionales o extranjeras autorizadas para ejercer actos de comercio en el país;

12) Cónyuge e hijos menores o mayores dependientes y los abuelos de las personas señaladas en los numerales anteriores; y,

13) Los demás que la Dirección General de Migración y Extranjería estime conveniente, en razones de interés nacional, humanitarias o en reciprocidad con otros Estados.

Las personas extranjeras contratadas por personas naturales o jurídicas establecidas en el país, o por instituciones gubernamentales o no gubernamentales, podrán optar a un permiso especial de permanencia cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones reglamentarias.

La Dirección General de Migración y Extranjería en consulta con el Ministerio del Trabajo, verificará las condiciones de contratación según las modalidades previstas en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 41. PERMISOS PARA EJERCER UNA PROFESIÓN UNIVERSITARIA.

En los casos que se solicite permiso especial de permanencia para el ejercicio de una profesión universitaria, la Dirección General de Migración y Extranjería lo concederá cuando el extranjero cumpla con los requisitos legales establecidos para ejercer dicha profesión.

Asimismo se concederá permiso especial de permanencia a los extranjeros contratados como catedráticos por las universidades públicas o privadas o como docentes en cualquiera de las instituciones del sistema educativo nacional.

El Gobierno de Nicaragua reconocerá el derecho de asilo territorial a los extranjeros que lo soliciten, siempre que ocurra cualquiera de las circunstancias señaladas en el Artículo 42 de la Constitución Política vigente, a saber:

1) A los perseguidos por luchar en pro de la Democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos.

También serán considerados como asilados los miembros que constituyan su grupo familiar.

El extranjero que solicite asilo deberá hacerlo conforme las normas y procedimientos estipulados en la Ley de la materia, la presente Ley, los acuerdos, convenios y tratados internacionales debidamente ratificados por la República de Nicaragua.

ARTÍCULO 43. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASILADO.

La calidad de asilado se perderá por los motivos siguientes:

1) Salir del país sin el permiso correspondiente de la autoridad competente;

2) Realizar actos que pongan en peligro la soberanía y la seguridad del Estado;

3) Por comisión de actos que amenacen las buenas relaciones entre Nicaragua y otros Estados; y,

4) Por la comisión de delitos dentro del territorio nacional.

En el primer caso procederá la deportación y en los tres (3) últimos casos a la expulsión. En el supuesto de acordarse la deportación o la expulsión de un asilado, bajo ningún concepto será entregado al país cuyo gobierno lo reclama.

El Gobierno de Nicaragua por medio del Ministerio de Gobernación, reconocerá la calidad de apátrida a todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y carezca de nacionalidad especí fica.

Se exceptúan los infantes, quienes adquieren la nacionalidad nicaragüense acuerdo a lo prescrito en el Artículo 16 inciso 4) de la Constitución de la República. La documentación y registro de los apátridas estará a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Los extranjeros residentes o con permiso especial de permanencia están obligados a inscribirse en el registro nacional de extranjeros de la Dirección de General de Migración y Extranjería, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de emitida la certificación de la resolución respectiva.

Los hijos menores de edad y los hijos mayores de edad dependientes de sus padres, por razones de estudio o discapacidad; y los abuelos de éstos, quedarán amparados en la resolución e inscripción de sus padres, aunque deberá inscribirse con todos sus datos personales y tendrán derecho a que se le extienda la respectiva identificació n.

ARTÍCULO 46. DE LAS CALIDADES O CATEGORÍAS MIGRATORIAS.

El residente que pierda la calidad migratoria autorizada o pretenda su cambio, tendrá derecho a solicitar otra calidad migratoria, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. De forma similar se podrá optar a una de las distintas categorías de permisos especiales de permanencia.

ARTÍCULO 47. MOTIVOS POR LOS QUE SE PIERDE LA RESIDENCIA O EL PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA.

Los extranjeros residentes o con permiso especial de permanencia, perderá ;n su calidad de tales en los casos siguientes:

1) Por falsedad debidamente comprobada en la solicitud, declaraciones; informes o documentos presentados;

2) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento;

3) Por permanecer fuera del país más de seis (6) meses consecutivos sin el permiso correspondiente, en el caso de los extranjeros con permiso especial de permanencia; y,

4) Por permanecer fuera del país más de doce (12) meses consecutivos sin el permiso correspondiente, en el caso de los residentes.

ARTÍCULO 48. NO ADMISIÓN O CANCELACIÓN DE LA PERMANENCIA POR INTERÉS PÚBLICO.

El Ministerio de Gobernación por causas de interés pú blico, podrá impedir la admisión o cancelar definitivamente la permanencia de los extranjeros que puedan poner en peligro el orden pú blico, la seguridad nacional, las relaciones internacionales del país y por otras causas debidamente justificadas.

Crease el Registro Nacional de Extranjeros estará a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería y se regirá por las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

Todas las autoridades del país y los representantes diplomáticos y consulares nicaragüenses acreditados en el exterior, están en el deber de auxiliar a la Dirección General de Migración y Extranjería en las funciones relativas al registro de extranjeros.

ARTÍCULO 50. CONFIDENCIALIDAD DEL REGISTRO.

El registro será de uso exclusivo de la Dirección General de Migración y Extranjería, y únicamente se proporcionará información sobre los datos del mismo a las autoridades competentes que la soliciten, y los propios extranjeros registrados o a sus apoderados legales previa identificación, sobre el registro de sus representados.

ARTÍCULO 51. DERECHO A LA TARJETA DE RESIDENCIA O TARJETA ESPECIAL DE PERMANENCIA.

A los inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros se les expedirá la cédula de residencia o cédula especial de permanencia conforme a su categoría o calidad migratoria, la cual deberá renovarse de conformidad a lo establecido en el respectivo Reglamento.

ARTICULO 53. DE LA MÚLTIPLE NACIONALIDAD

Los nicaragüenses por nacimiento gozarán de múltiple nacionalidad.

ARTICULO 54. DE LA CONSERVACION DE LA NACIONALIDAD.

Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.

Los y las nicaragüenses casadas con extranjeros conservarán su nacionalidad, aún cuando por la ley nacional del cónyuge adquieran la nacionalidad de éste, siempre que no hagan renuncia expresa de su nacionalidad nicaragüense.

Los extranjeros podrán nacionalizarse, previa renuncia a su nacionalidad y mediante solicitud ante autoridad competente, cuando cumplan con los requisitos y condiciones que establezcan la presente Ley y su Reglamento.

Los centroamericanos de origen tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense, sin necesidad de renunciar a su nacionalidad, y pueden solicitarla ante la Dirección General de Migración y Extranjería cuando residan en Nicaragua.

ARTICULO 56. DE LOS NACIONALIZADOS POR MERITOS EXTRAORDIANRIOS.

La Asamblea Nacional podrá declarar nacionales a los extranjeros que se hayan distinguido por méritos extraordinarios al servicio de Nicaragua.

El otorgamiento, pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense adquirida, será resuelta por el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua, la presente Ley y su Reglamento.

ARTICULO 58. DE LA CARTA DE NACIONALIDAD

La Certificación de la Resolución por la que se otorgue la nacionalidad nicaragüense, constituirá la Carta de Nacionalidad, que se inscribirá en el Registro Nacional de Extranjeros que al efecto llevará la Dirección General de Migración y Extranjería. La Resolución de Nacionalización se mandará publicar en La Gaceta, Diario Oficial, para que surta sus efectos legales.

ARTICULO 59. DE LA PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD NICARAGUENSE

Los nacionalizados perderán la nacionalidad nicaragüense en los siguientes casos:
1. Cuando adquieran otra nacionalidad.
2. Cuando renuncien expresa y voluntariamente a la nacionalidad Nicaragüense adquirida.
3. Cuando reincidan en la comisión de delito que merezcan penas privativas de libertad, mayores de tres años.
4. Cuando se nieguen a concurrir en defensa de la Patria en caso de agresió n exterior.
5. Cuando se compruebe fehacientemente que la nacionalidad nicaragüense fue obtenida de manera fraudulenta o valiéndose de documentos falsos.
6. Cuando se compruebe que el nacionalizado ha permanecido más de cinco años fuera del territorio nacional.

ARTICULO 60. DE LA RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD NICARAGUENSE

Los nacionalizados que hubieren perdido la nacionalidad nicaragüense adquirida, podrán recuperarla de nuevo en los siguientes casos:
a. Los que reincidan en la comisión de delitos podrán solicitarla transcurridos diez años después del vencimiento de la pena, aunque mediare indulto o Amnistía.
b. En los casos de renuncia o adquisición de otra nacionalidad, podrá ;n solicitarla transcurridos cinco años después de la pé rdida de la nacionalidad nicaragüense adquirida.

El derecho del extranjero para solicitar nuevamente el otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense, sólo podrá ejercerlo una vez.

ARTICULO 61. DE LA RATIFICACION DE LA NACIONALIDAD NICARAGUENSE

Deberán ratificar la nacionalidad nicaragüense:
1. Los nacionalizados por extensión del vínculo de parentesco, una vez que adquieran la mayoría de edad (21 años).
2. Los hijos de extranjeros en servicio diplomático, los de funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones internacionales o los enviados por sus gobiernos a desempeñar trabajos en Nicaragua.
3. Los hijos menores de edad de los extranjeros nacionalizados cuando alcancen la mayoría de edad o emancipación y que fueran nacionalizados por extensión.

Para los efectos de esta Ley se consideran documentos migratorios los siguientes:

1) Pasaporte;

2) Salvoconducto;

3) Otros documentos reconocidos oficialmente en los convenios, tratados o acuerdos internacionales ratificados por Nicaragua.

El pasaporte es el documento de viaje aceptado internacionalmente y constituye en el extranjero el medio de identificación de la nacionalidad del portador y de la identidad del titular.

Para salir o entrar al territorio nacional todo nacional o extranjero deberá presentar su pasaporte u otro documento de viaje expedido por autoridad competente.

Los pasaportes se clasifican en Ordinarios, Diplomáticos, de Servicio, Oficiales, Especiales y Provisionales.

ARTICULO 64. EXPEDICIÓN DE PASAPORTES.

La emisión, revalidación, uso y regulación de los documentos migratorios, corresponderá al Ministerio de Gobernació n por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

La emisión de los pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, será atribución del Ministerio de Relaciones Exteriores. La emisión de pasaportes ordinarios, provisionales y de salvoconductos en el exterior, estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de las representantes diplomáticos y consulares, de acuerdo con la reglamentación emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería.

ARTÍCULO 65. DE LA VIGENCIA DEL PASAPORTE

Los pasaportes tendrán una vigencia de diez años salvo cuando se trate de pasaportes de menores quienes físicamente cambian con el transcurso del tiempo, los cuales tendrán una vigencia de cinco añ ;os. Los pasaportes tendrán carácter personal e intransferible.

Los pasaportes podrán revalidarse por un período de treinta meses, hasta en un máximo de dos ocasiones, conforme a lo establecido en el Reglamento de la presente ley.

ARTÍCULO 66. DERECHOS DE EXPEDICIÓN

Los derechos de emisión o revalidación de los documentos migratorios se pagarán conforme a las tarifas que establezca el Reglamento de esta Ley.

ARTICULO 67. DEL HURTO, ROBO, EXTRAVIO, DESTRUCCIÓN O INUTILIZACION DEL PASAPORTE

Cuando un pasaporte sea hurtado o robado, se extravíe, se destruya o se inutilice, deberá ser reportado dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a la Dirección General de Migración y Extranjería o al Consulado nicaragüense del lugar donde se encuentre, con el fin de que el pasaporte sea anulado del Registro respectivo como documento válido.

En los casos de extravío, robo o hurto, el titular deberá presentar denuncia ante las Autoridades policiales por la pérdida del mismo y presentar una copia de la denuncia cuando se trate de robo o hurto y una declaración jurada notarial cuando se trate de pérdida, ello para la obtención de su nuevo pasaporte.

Asimismo, se le aplicará una multa por la pérdida, robo, hurto, extravío o destrucción del pasaporte, conforme a lo establecido al Decreto Presidencial Número 15-94, publicado en La Gaceta, Diario Oficial del seis de Junio de mil novecientos noventa y cuatro.

ARTICULO 68. DE LA NULIDAD DEL PASAPORTE

Se considera nulo el Pasaporte cuando concurran las siguientes circunstancias:
1. Por falsificación total o parcial del mismo.
2. Por presentar alteraciones de cualquier índole o mutilación.
3. Por haber sido obtenido de forma fraudulenta.
4. Por haber sido expedido por Autoridad no competente.
5. Por haber sido expedido contraviniendo cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley y su reglamento.

Los pasaportes diplomáticos son los extendidos a los funcionarios diplomáticos nicaragüenses, con una calidad o rango por escalafón.

También tendrán derecho a pasaporte diplomático el cónyuge y los hijos dependientes de los funcionarios diplomá ticos.

ARTICULO 70. DE LOS PASAPORTES OFICIALES Y DE SERVICIO

Los pasaportes oficiales y de servicio son los extendidos a funcionarios y empleados del Estado que salgan del país en el desempeño de comisiones oficiales.

ARTICULO 71. DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EXPEDIR PASAPORTES DIPLOMÁ TICOS, OFICIALES Y DE SERVICIO

Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la autorización de la expedición de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio Las características propias de estos pasaportes, su validez y requisitos para la obtención de los mismos se determinarán en el Reglamento de la presente Ley.

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Corresponde otorgar pasaportes especiales a:
1. Los funcionarios de la Administración Pública, de la Asamblea Nacional, Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y Municipios, previa petición suscrita por el titular de la respectiva Institución o Poder del Estado;
2. Profesores de institutos de estudios superiores, hombres de ciencia, letras o artes pertenecientes a academias o instituciones de reconocido prestigio y periodistas profesionales que fueren invitados por universidades o instituciones científicas, culturales o artísticas extranjeras, o auspiciados por entidades nicaragüenses;
3. Miembros de instituciones de profesionales, artesanos, trabajadores, obreros y organizaciones indígenas, que viajen al exterior en su representación o invitados por entidades extranjeras similares;
4. Representantes de delegaciones docentes y estudiantiles, a solicitud del Ministerio de Educación; y de grupos artísticos, culturales o deportivos que viajen en representación del país.

ARTICULO 73. DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EMITIR PASAPORTE ESPECIALES.

El pasaporte especial será expedido a las personas de nacionalidad nicaragüense, en caso de carácter extraordinario. Serán expedidos por la Dirección General de Migración y Extranjería y no podrán revalidarse.

Dichos pasaportes únicamente podrán otorgarse con autorización de los Ministros y titulares de los Poderes del Estado. Esta facultad es indelegable.

ARTICULO 74. DEL REGISTRO DE LOS PASAPORTES ESPECIALES

La Dirección General de Migración y Extranjería llevará un registro pormenorizado de los Pasaportes Especiales que se expidan.

ARTICULO 75. DE LA VIGENCIA DE LOS PASAPORTES ESPECIALES.

El pasaporte especial podrá expedirse para varias entradas y salidas del país a juicio del Ministerio o Poder del Estado que lo solicite, pero en ningún caso su vigencia podrá ser mayor de un año, contado a partir de la fecha de su expedición y no podrá revalidarse.

ARTICULO 76. DE LOS PASAPORTES ESPECIALES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

La Dirección General de Migración y Extranjería podrá otorgar pasaporte especial colectivo, para un sólo viaje de salida y entrada a los Miembros de Delegaciones Científicas, Culturales, Gremiales, Deportivas, Clubes de Servicio y otras similares que se comprometan a viajar y regresar unidos al país, bajo la responsabilidad de una persona determinada entre ellos, que será el Jefe de la Delegación. Asimismo, podrá extender en casos individuales, cuando sea por causa de fuerza mayor debidamente comprobada y estos tendrán validez para un solo viaje.

ARTICULO 77. DE LOS PASAPORTES PROVISIONALES

El pasaporte provisional será emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería y tendrá validez por un período de 18 meses y por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los Consulados de Nicaragua en el exterior para regresar al país, siendo válido por una sola vez.

Los funcionarios consulares de la República podrán expedir pasaportes provisionales a los hijos mayores de edad de padre o madre nicaragüenses, nacidos en el exterior, válido únicamente para viajar a Nicaragua con el objeto de definir su nacionalidad.

El salvoconducto es un permiso especial de viaje, expedido a los nicaragü enses dentro del territorio nacional, valido para viajar a otros países con los que Nicaragua ha celebrado acuerdos o convenios de doble nacionalidad. Asimismo, podrá ser utilizado para ingresar a otros países cuando estos lo autoricen a través de los Consulados establecidos en territorio nicaragüense.

La Dirección General de Migración y Extranjería será ; la encargada de emitir los salvoconductos de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

Los salvoconductos tendrán validez por un período de treinta (30) días, el cual no podrá ser renovado, pero si podrá ser extendido uno nuevo las veces que el interesado lo requiera.

El permiso vecinal fronterizo será otorgado en condición de reciprocidad internacional, únicamente a quienes habiten en zonas limítrofes, para que ingresen o egresen del país vía terrestre, con el objeto de facilitar las relaciones inter fronterizas. La obtención de este permiso se hará bajo las condiciones y requisitos que establece el Reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 80. DEL INGRESO DE EXTRANJEROS CON PERMISO VECINAL FRONTERIZO.

E l ingreso de extranjeros al territorio nacional con este tipo de documento será autorizado por el plazo y hasta las zonas geográficas que disponga el Reglamento de la presente Ley. La Dirección General de Migración y Extranjería podrá eliminar, restringir o condicionar el permiso cuando existan motivos suficientes.

La Dirección General de Migración y Extranjería es el órgano encargado de expedir los documentos de identidad a los extranjeros que permanezcan en el territorio nacional en calidad de Residente, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

A toda persona extranjera que permanezca en el territorio nacional en cualquiera de las sub categorías de la clasificación migratoria de Residente se le expedirá su cédula de residencia.

ARTICULO 82. DE LA SOLICITUD DE LA CEDULA DE RESIDENCIA

La cédula de Residente será solicitada por los extranjeros ante la Dirección General de Migración y Extranjería dentro del término de treinta días a partir de su entrada al país y, en los casos de renovación deberá hacerse con treinta dí as de anticipación a la fecha de su vencimiento.

La cédula de Residente será otorgada a título personal y gestionada por los extranjeros mayores de dieciocho años o por sus representantes legales. Los menores de edad y los declarados incapacitados sólo podrán hacer las gestiones por medio de sus representantes legales.

ARTICULO 83. DE LA IDENTIFICACION DE LOS NO RESIDENTES

Para los extranjeros que ingresen al territorio nacional en cualquiera de las sub categorías de la clasificación de No Residentes, su documento de identificación valido en Nicaragua es el pasaporte extendido por la autoridad competente de su país de nacionalidad. Salvo los casos en que ingresen con algún otro documento de viaje establecido en los acuerdos y tratados internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.

ARTICULO 84. DE LA FALTA DE VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS EXTRANJEROS

No tendrán validez los documentos de identidad para extranjeros que presentaren falsificaciones, alteraciones o enmiendas de cualquier tipo; que le falten hojas o cubiertas, o que presenten escritos o anotaciones que no corresponda a los oficiales. La Dirección General de Migración y Extranjería procederá a la retención de los documentos de identidad que presenten estas características, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales.

ARTICULO 85. DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE

El Ministerio de Gobernación por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, podrá expedir documento de viaje a extranjeros con estatus de refugiados, asilados, apátridas o aquellos cuyos países de origen no tengan representación diplomá tica o consular acreditada en Nicaragua

La visa es la autorización de ingreso, permanencia, tránsito y salida del territorio nacional otorgada por la Dirección General de Migración y Extranjería, a los ciudadanos nacionales y extranjeros, conforme las regulaciones establecidas en la legislación nacional vigente, así como los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales de los cuales Nicaragua sea parte.

Toda visa de ingreso será expedida en el pasaporte o en otro documento de viaje válido.

La visa otorgada a los extranjeros no supone su admisión incondicional al territorio nacional, cualquiera que fuera su categoría migratoria. Los extranjeros no serán admitidos si se hallan comprendidos en cualquiera de los impedimentos para ingresar al territorio nacional.

El Poder Ejecutivo establecerá vía decreto las políticas generales para la autorización de visas de ingreso al territorio nacional, para extranjeros provenientes de determinados países, que se establecerá con base a los Acuerdos y tratados internacionales vigentes .

ARTICULO 87. DE LA CLASIFICACION DE LAS VISAS.

Las visas se clasifican en:
1. Visas para nacionales;
2. Visas para extranjeros : Visas Consultadas y Visas Consulares o sin consulta.

Se expedirá visa de salida a los nicaragüenses menores de dieciocho años, que viajen fuera del territorio nacional presentando como requisito fundamental el permiso de salida de sus progenitores o tutor, debidamente autorizado por Notario Público.

Los nicaragüenses mayores de dieciocho años no necesitan del requisito de visa para poder salir del país.

ARTICULO 89. DE LOS NICARAGUENSES MENORES DE EDAD RESIDENTES EN EL EXTERIOR

Los nicaragüenses menores de edad residentes en el exterior, podrán salir del territorio nacional exentos del requisito de visa dentro de un término de treinta días de haber ingresado al territorio nacional. Pasado ese término se sujetaran a las disposiciones y procedimientos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

ARTICULO 90. DE LA CLASIFICACION DE LAS VISAS OTORGADAS A MENORES DE EDAD.

Las visas otorgadas a menores de edad se clasifican en:

1) Visas Ordinarias: Son las otorgadas para salir del país una sola vez dentro del término de treinta días.
2. Visas Múltiples: Son las otorgadas para salir del país las veces que sea necesario de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 91. DE LAS VISAS DE INGRESO PARA EXTRANJEROS

Las visas de ingreso para extranjeros son aquellas que según su naturaleza requieren de la solicitud previa del interesado dentro y fuera del territorio nacional ante las autoridades competentes, todo conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

ARTICULO 92. CATEGORIAS DE LA VISA PARA EXTRANJEROS

Las visas ostentarán las siguientes categorías:
1. Categoría “A” Exentos de Visa;
2. Categoría “B” Extranjeros que requieren visa consular o sin consulta;
3. Categoría “C” Extranjero que requieren de visa consultada.

Los requisitos y procedimientos para la aprobación de estas visas serán establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 93 DE LA EXCEPCIÓN DE LA VISA

Los extranjeros pertenecientes a los países con los cuales Nicaragua ha celebrado convenios de libre visado, podrán ingresar al territorio nacional exento de visas y bajo la categoría “A”.

ARTICULO 94. DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS VISAS

Las visas se clasifican en:
I. Según el documento de viaje o la actividad a realizar:
1. Ordinaria: Para pasaportes ordinarios.
2. De Cortesía: Para pasaportes ordinarios, especiales o de servicio en misión cultural, deportiva, participantes de seminarios, entre otros.
3. Diplomática: Para pasaportes diplomáticos.
4. Oficial: Pasaportes oficiales o de servicio.
II. Atendiendo su caducidad:
1. Simple: Válida para una sola entrada.
2. Múltiple: Valida para varias salidas y tendrá vigencia de un año
3. De Tránsito: Válida para transitar por el territorio nacional con el fin de dirigirse a otro país y tendrá una duración de setenta y dos horas.

ARTICULO 95. DE LAS VISAS CONSULTADAS

Las visas consultadas regulan el ingreso al territorio nacional de extranjeros pertenecientes a países restringidos, las visas tendrán una vigencia de treinta días, prorrogables por noventa días má s.

Las visas consultadas se sub dividen en:
1. Visa de Turista.
2. Visa de Negocio.
3. Visa de Residente.
4. Visa de Visitante.
5. Visa de Estudiante.
6. Visa de Profesionales.
7. Visa de Tránsito.

Se exceptúa de la vigencia de estas visas a la visa de tránsito, cuyo término es de setenta y dos horas.

ARTICULO 96. DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EMITIRLAS

La Dirección General de Migración y Extranjería es el único órgano autorizado para otorgar y emitir las visas consultadas en cualquiera de sus categorías, para estos efectos las embajadas y consulados en el exterior que recepcionen solicitudes de visa deberán remitirlas a la Dirección General de Migración y Extranjería, quien posteriormente les notificará si procede o no la autorización.

Los requisitos y procedimientos para la solicitud de visa será establecido en el Reglamento de la presenta Ley.

ARTICULO 97. DE LAS VISAS CONSULARES O SIN CONSULTA.

Las visas consulares son las otorgadas por las representaciones Consulares de Nicaragua en el exterior al extranjero que pertenezca a países no restringidos.

Las Visas sin consulta se otorgan en aquellos casos en que Nicaragua no tenga representación consular en el país del solicitante; por lo que el interesado deberá remitir su solicitud a la Cancillería de la República de Nicaragua para su traslado a la Dirección General de Migración y Extranjería, quien autorizará un abordaje sin visa al solicitante.

Los requisitos y procedimientos para la obtención de las visas consulares o sin consultas será el establecido en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 98. EXCEPCIONES DE INGRESO

En caso de urgencia y por razones debidamente calificadas en el Reglamento de esta Ley, la Dirección General de Migración y Extranjería, podrá autorizar por escrito el ingreso a extranjeros sin visa consular o consultada.

Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores otorgar las visas diplomáticas y de invitados. Asimismo, los Consulados nicaragüenses en el exterior podrán expedir visas de turista, cuando estas hayan sido debidamente autorizadas por la Dirección General de Migración y Extranjería.

ARTICULO 100. DE LAS VISAS DE ESTUDIANTES, PROFESIONALES E INVERSIONISTAS

Los estudiantes, profesionales e inversionistas, para ingresar al territorio nacional deberán solicitar ante los Consulados de Nicaragua en el exterior o ante la Dirección General de Migración y Extranjería por medio de representante legal, la visa de ingreso conforme a la sub clasificación migratoria establecida en la presente Ley.

ARTICULO 101. DE LA VISA DEL NO RESIDENTE.

Todo extranjero que pretenda ingresar a territorio nicaragüense, bajo la categoría de No Residente y requiera para ello visa autorizada, deberá realizar un depósito en garantía, de conformidad con lo que al efecto disponga el Reglamento de la presente Ley, excepto cuando se trate de extranjeros en tránsito, en cuyo caso solo deberá cumplir con el requisito de visa autorizada.

El Reglamento a la presente Ley determinará los casos y procedimientos para la devolución de los depósitos de garantía.

ARTICULO 102. EFECTOS DE LA RESOLUCION DENEGATORIA DE SOLICITUD DE VISA

La resolución denegatoria de una solicitud de visa de ingreso no admitirá impugnación alguna. Para solicitar nuevamente una visa la cual ya había sido denegada, deberá transcurrir un plazo de seis meses calendarios, contados a partir de la resolución denegatoria.

Todas las personas nacionales y extranjeras que ingresen o salgan del paí ;s, lo harán exclusivamente por los puertos habilitados al efecto, y estarán sujetos al control migratorio.

El servicio de migración tiene prioridad para vigilar e inspeccionar la entrada y salida de personas en el tránsito internacional marí timo, aéreo y terrestre, y colaborará con las autoridades de salud y seguridad para el cumplimiento de sus funciones.

A los extranjeros o nacionales que ingresen o salgan del territorio nacional, los agentes migratorios de los puestos fronterizos, estamparan en el documento de viaje o pasaporte, el sello de control de ingreso y egreso.

ARTICULO 104. DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y SALIDA

Para ingresar o salir del territorio nacional, los extranjeros deberán llenar los requisitos siguientes:
1. Identificarse por medio de los documentos de viaje válidos;
2. Rendir ante las autoridades de migración la información que se les solicite;
3. Presentar la tarjeta de ingreso y egreso;
4. Presentar al ingreso la visa emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería, salvo las excepciones establecidas en los tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.
5. Cumplir con los demás requisitos señalados en la presente Ley y su Reglamento.

La Dirección General de Migración y Extranjería es la autoridad competente para determinar si los extranjeros reúnen los requisitos establecidos para ingresar, salir o permanecer en el país .

ARTÍCULO 105. DE LA DENEGACIÓN DE INGRESO O PERMANENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL

La Dirección General de Migración y Extranjería negara a los extranjeros la entrada y permanencia en el territorio nacional, en cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Que no cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento para el ingreso;
2. Cuando hubiere sido deportado o expulsado del territorio nacional y no hayan obtenido permiso de reingreso;
3. Cuando se estime lesivo para los intereses nacionales o hayan infringido la presente Ley y su Reglamento;
4. Cuando participen en la política electoral nacional;

5) Quienes hayan sido condenados mediante sentencia penal firme, en Nicaragua o en el extranjero, cuando el hecho punible sea reconocido por la Ley penal nicaragüense, por delitos dolosos contra la vida, genocidio, actos de terrorismo, tráfico de estupefacientes o de sustancias psicotró picas, tráfico o trata de personas, actos de corrupción de fondos públicos, portación ilegal y trasiego de armas o explosivos, delitos de abuso sexual de personas menores de edad, tráfico de patrimonio cultural, arqueológico o ecológico, violencia intrafamiliar o por delitos dolosos contra personas menores de edad, personas de la tercera edad o personas con discapacidad, así como aquellas que hayan estado vinculadas con grupos delincuenciales, cárteles u otras asociaciones de carácter ilícito, grupos extremistas o fundamentalistas que practiquen, fomenten o estimulen la violencia en cualquiera de sus forma.
5. Cuando así lo dispongan otras disposiciones de carácter legal.

Ante estos casos se procederá al reembarque del extranjero o a su inmediata reconducción del país de origen o a un tercero que lo admita.

ARTICULO 106. DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS.

A efectos de ingresar o egresar del país, la Dirección General de Migración y Extranjería, habilitará los puestos fronterizos que considere oportunos, en los cuales ejercerá sus funciones de control migratorio.

ARTICULO 107. DE LA VISA DE SALIDA DE LOS RESIDENTES

Los extranjeros que ostenten la condición de Residente en Nicaragua, requerirán para su egreso una visa de salida, conforme lo estipulado en la Sección Segunda de Capítulo II del Título VII de la presente Ley. Para su ingreso no requerirán visa de entrada, solamente bastará la presentación de la cédula de residencia.

ARTICULO 108. LA EXCEPCION DE LOS REQUISITO DE INGRESO

Las regulaciones fijadas en los artículos precedentes sobre requisitos de ingreso, no se aplicará a los extranjeros que soliciten acogerse al derecho de asilo o refugio.

ARTICULO 109. PLAZO PARA LEGALIZAR LA PERMANENCIA

La Dirección General de Migración Extranjería al determinar la permanencia ilegal en el país de un extranjero, podrá conceder a este un plazo, que no exceda de diez días, para que durante ese período legalice su permanencia en el país o en su caso ordenará la expulsión inmediata.

ARTÍCULO 110. INGRESO O PERMANENCIA IRREGULAR.

Se considera irregular el ingreso o la permanencia de los extranjeros cuando se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

1) Haber ingresado por puerto de entrada no habilitado oficialmente;

2) Cuando no se haya cumplido cualquiera de las normas de la presente Ley y su Reglamento, que regulen lo relativo al ingreso y la permanencia de extranjeros en Nicaragua; y,

3) Extralimitarse en el tiempo de permanencia autorizado.

ARTÍCULO 111. OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.

Las autoridades judiciales de la República pondrán a la orden de las autoridades migratorias, para su deportación o expulsión, a los extranjeros que hayan sido condenados por la comisión de un delito durante su permanencia en el país, una vez cumplida la pena.

Los servicios migratorios y los documentos correspondientes que expida la Dirección General de Migración y Extranjería a favor de personas nacionales y extranjeras causarán el pago de tasas y derechos de acuerdo con las tarifas establecidas en el Reglamento de esta Ley.

Las mismas deberán ser proporcionales y equitativas con el costo de lo servicios prestados tomando como referencia el valor promedio de los mismos servicios en la región centroamericana y deberán ser del conocimiento de la Asamblea Nacional.

Las tasas y derechos se pagarán contra entrega de recibo oficial de pago de la Tesorería General de la República extendidos en las instituciones autorizadas del sistema financiero nacional y en las embajadas y consulados de Nicaragua en el exterior, las cuales deben remitir un informe mensual a más tardar el día diez (10) de cada mes al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de Migración y Extranjería, con copia a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los formularios proporcionados por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Con fundamento en el principio de reciprocidad, los costos a que se refiere la presente Ley, no se exigirán a los nacionales de los países con los cuales Nicaragua ha suscrito acuerdos, convenios o tratados relativos a la materia.

El Reglamento de esta Ley regulará además lo relativo a la exoneración de tasas y derechos.

ARTICULO 113. RECURSOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERÍA

La Dirección General de Migración y Extranjería contará con los recursos financieros asignados en la Ley Anual del Presupuesto General de la República; así como los ingresos no presupuestados y que son generados de manera extraordinaria por los servicios migratorios prestados a nivel nacional.

Crease el Fondo Especial de Migración que se integra con los recursos siguientes:
1. Los depósitos recibidos en concepto de garantía, por los extranjeros que solicitan residencia en el país;
2. El cien por ciento de las multas aplicadas a las personas naturales o jurídicas, que incurran en violación a la presente Ley y su Reglamento; y,
3. El setenta y cinco por ciento de los ingresos en concepto de pago por libreta de pasaporte, visas de ingreso de extranjeros, cédula de residencia, prorrogas de estadía y certificaciones extendidas.

ARTICULO 115. DE LA ADMINISTRACION DEL FONDO ESPECIAL DE MIGRACION

Los ingresos recibidos en concepto de este fondo, se depositaran en una cuenta corriente en un Banco del Sistema Financiero Nacional, en que se habilite la cuenta especial de la Dirección General de Migración y Extranjería, denominada “Fondo Especial de la D.G.M.E.”

El “Fondo Especial de la D.G.M.E.” será administrado por la Dirección General de Migración y Extranjería y estará bajo la supervisión y vigilancia del Ministerio de Gobernación. Asimismo, estará sujeto a la fiscalización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría General de la República.

La cuenta del “Fondo Especial de la D.G.M.E”, para todos los efectos legales, es de carácter inembargable y no podrá tener otro uso que el señalado en el Reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 116. PERSONAS EXONERADAS DEL DEPÓSITO DEL FONDO ESPECIAL DE LA D.G.M.E.

Se exonera del depósito en el Fondo Especial de la D.G.M.E, a:
1. Los extranjeros que tengan vínculo de primer y segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad con nicaragüenses;
2. Los menores de edad; y,
3. Los extranjeros que tengan derecho a tal exención de conformidad a los acuerdos, convenios y tratados internacionales y al principio de reciprocidad internacional.

La Dirección General de Migración y Extranjería someterá a inspección migratoria, tanto a la entrada como a la salida del país, a los medios de transporte nacional e internacional, a los pasajeros y la tripulación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 118. OBLIGACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.

Las empresas de transporte nacionales e internacionales, terrestres, marí ;timas y aéreas, tienen la obligación de cerciorarse por medio de sus agentes o empleados que la documentación de los extranjeros que viajan en ellos, dentro y fuera del país, llenen los requisitos legales y reglamentarios exigidos.

El extranjero cuyo ingreso sea rechazado por carecer de estos requisitos, deberá salir del país por cuenta de la empresa de transporte respectiva, sin perjuicio de la sanción correspondiente de conformidad con esta Ley y su Reglamento.

A los polizones se les hará volver a su lugar de origen o procedencia por cuenta de la empresa que los haya transportado al país.

ARTÍCULO 119. GASTOS DE HOSPEDAJE, CUSTODIA Y OTROS

Comprobada la infracción a la Ley por la empresa de transporte y que ésta no pueda retornar de inmediato al pasajero, estará obligada a cubrir los gastos de hospedaje, custodia y otros que ocasione el extranjero que hubiere transportado sin los documentos válidos o requisitos correspondientes. La disposición anterior también será aplicable a los pasajeros en tránsito que no reúnan los requisitos migratorios de ingreso.

ARTÍCULO 120. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR MANIFIESTOS DE EMBARQUE O DESEMBARQUE

Las empresas de transporte nacional e internacional de pasajeros están obligadas a presentar ante las autoridades migratorias, tanto a la entrada como a la salida del país, los documentos y manifiestos de embarque o desembarque.

Asimismo el personal de las compañías aéreas nacionales y extranjeras está obligado a colaborar con la Dirección General de Migración y Extranjería en la recolección de la información de los viajeros que salen y entran al país.

ARTÍCULO 121. EMISIÓN DE LA TARJETA DE INGRESO Y EGRESO PARA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNACIONALES.

Los medios de transporte internacional aéreo, marítimo o terrestre, están obligados a emitir la Tarjeta de Ingreso y Egreso para movimientos migratorios internacionales y proveer a sus pasajeros de la misma, de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Dirección General de Migración y Extranjería.

ARTÍCULO 122. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, por parte de las Empresas de los medios de transporte internacional aé reo, marítimo o terrestre, la Dirección General de Migració ;n y Extranjería podrá impedir su ingreso o salida al territorio nacional, hasta tanto no sea satisfecho todas las condiciones requeridas

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artí culos anteriores, se impondrá multa en la cantidad establecida en el Reglamento de la presente Ley. Las repetidas violaciones de las disposiciones legales y reglamentarias migratorias, darán lugar a la cancelació n del permiso de operación en Nicaragua de la empresa de transporte que se trate.

ARTÍCULO 123. OBLIGACIÓN DE LA TRIPULACIÓN.

Los tripulantes y el personal de los medios de transporte nacional e internacional que lleguen o salgan del país deberán proveerse de la documentación que acredite su identidad y su condición de tales.

Asimismo, están obligados al control migratorio y al cumplimiento del requisito de visa cuando corresponda.

La Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar la permanencia en el país de un extranjero que labore para uno de los medios de transporte internacional por el plazo necesario para el desarrollo de las labores propias de su cargo.

Asimismo, en casos excepcionales de urgencias o emergencias del medio de transporte la Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar la permanencia de estos extranjeros por el plazo que dure la emergencia y que no exceda treinta días. La Empresa de transporte quedará obligada a sufragar los gastos de estadía del extranjero, así como su traslado fuera del territorio nacional.

Ningún extranjero que forme parte del personal de los medios de transporte internacional, podrá permanecer en el territorio nacional después de la salida del transporte en que arribo al país, sin autorización expresa de la Dirección General de Migración y Extranjería.

En caso de deserción, la Empresa quedará obligada a trasladarlo y reconducirlo por su cuenta fuera del territorio nicaragüense, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Reglamento de la presente Ley.

A efectos de contratar personal extranjero, todo empleador público o privado, estará obligado a cumplir con las obligaciones que le impongan la legislación laboral vigente, así como la presente Ley y su Reglamento.

Todo empleador que contrate de manera verbal o por escrito a extranjeros, deberá exigir la presentación de la cédula de residencia, la que deberá encontrase vigente mientras dure el vínculo laboral y permiso para laborar otorgado por la Dirección General de Migración y Extranjería cuando haya ingresado en calidad de turista.

A su vez, estarán obligados a:
1. Tener planillas y listados de los trabajadores extranjeros contratados;
2. Mostrar las planillas y listados de trabajadores, cuando sea requerido por la Dirección General de Migración y Extranjería.
3. Enviar anualmente a la Dirección General de Migración y Extranjería, informe donde se exprese nombre y apellidos, nacionalidad, cargo, ingreso, término de vigencia del contrato y dirección de los extranjeros que se encuentren laborando para los mismos.
4. Informar a la Dirección General de Migración y Extranjerí a, la baja laboral de los extranjeros que tenían contratados.

ARTICULO 125. PROHIBICION

Queda prohibida la contratación de trabajadores extranjeros que estén en situación migratoria irregular en el país o que, gozando de permanencia legal, no estén autorizados para ejercer actividades laborales.

ARTICULO 126. DE LAS MULTAS Y SANCIONES

Las multas y sanciones aplicables a los empleadores que incumplan con lo establecido en la presente Ley, serán determinadas en el Reglamento de la presente Ley.

Los dueños, administradores o encargados de hoteles, pensiones o negocios similares quedan obligados a exigir a los extranjeros que hospeden, la presentación de los documentos de identidad y de viaje con el respectivo sello de ingreso al territorio nacional y la visa a los ciudadanos que provienen de países con visa restringida, según sea el caso.

Para evitar la infracción a la disposición contenida en este artículo, la Dirección General de Migración y Extranjería, remitirá un listado de países con visa restringida para conocimiento de los hoteles, pensiones o negocios similares..

ARTICULO 128. PROHIBICION

Prohíbase a los dueños, administradores o encargados de hoteles, pensiones o negocios similares, proporcionar alojamiento a los extranjeros que se encuentre en situación irregular en el país.

ARTICULO 129. REGISTRO DE EXTRANJEROS EN LOS HOTELES Y NEGOCIOS SIMILARES

Los Hoteles, pensiones o negocios similares, cualquiera que sea su categoría y que se encuentren ubicados en todo el territorio nacional, deberán llevar un libro de registro de extranjeros, debidamente foliado y sellado por la Dirección General de Migración y Extranjería para efectuar el control migratorio correspondiente .

Los datos que deba contener dicho registro serán determinados en el Reglamento de la presente Ley.

El libro de registro que lleven los hoteles, pensiones y negocios similares estarán a disposición de la Dirección General de Migración y Extranjería para efectuar el control migratorio correspondiente.

ARTICULO 130. . DE LAS MULTAS Y SANCIONES

Los propietarios de hoteles u otros sitios de hospedaje que incumplan las obligaciones establecidas en la presente ley serán multados y sancionados por la Dirección General de Migración y Extranjería de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

Se considera en situación irregular el ingreso o la permanencia del extranjero en el territorio nacional, cuando:
1. Cuando haya ingresado al país por lugar no habilitado como puesto fronterizo;
2. Cuando ingresa sin someterse a control migratorio;
3. Cuando el pasaporte o la visa presentados son falsificados u obtenidos fraudulentamente; y.
4. Cuando se le vence la visa de estadía o de permanencia legal en el país.

ARTICULO 132. ACTUACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

La Dirección General de Migración y Extranjería al declarar en situación irregular la entrada o permanencia de un extranjero, según sea el caso puede:
1. Requerirlo para que legalice su situación migratoria en el país;
2. Retenerlo y obligarlo a que abandone el país en un plazo determinado; y
3. Retenerlo y ordenar su deportación previa documentación.

ARTICULO 133. INGRESO O PERMANENCIA EN SITUACIóN IRREGULAR EN EL PAIS

Las personas que ingresen y/o permanezcan en situación irregular en el territorio nacional, en cualquiera de las formas o modalidades establecidas en el artículo 123 de la presente Ley, serán retenidas por la autoridad competente durante un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la fecha de su retención.

ARTICULO 134. DE LOS CENTROS DE RETENCION DE MIGRANTES

Los migrantes en situación irregular serán retenidos en locales designados exclusivamente como Centro de Retención de Migrantes bajo la administración y custodia de las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, debiéndose adoptar las normas y medidas de seguridad pertinentes hasta la deportación a su país de origen o procedencia, una vez que hayan sido documentados por el Consulado de su respectivo país y que hayan obtenido su boleto de retorno, serán embarcados bajo la custodia de las autoridades de Migración y Extranjería.

ARTICULO 135. DE LA ASISTENCIA CONSULAR

En los casos de los migrantes en situación irregular cuyo país tenga representación diplomática o consular, serán puestos en conocimiento de su respectiva Embajada o Consulado, a fin de que estos en las cuarenta y ochos horas posteriores, inicien el proceso de repatriació ;n de sus con-nacionales. Si los migrantes en situación irregular estuviesen en capacidad de pagar el costo del boleto para su repatriació n o deportación inmediata, ésta se efectuará en las subsiguientes cuarenta y ocho horas después de su captura y retención o antes.

Si no existiera en el territorio nacional representación diplomá tica del país de origen, le corresponde a las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería proceder a la deportación de los migrantes en situación irregular en un plazo de treinta (30) días calendario, período durante el cual permanecerán en los locales destinados exclusivamente como Centro de Retención de Migrantes.

ARTICULO 136. DE LA SANCION PARA LAS PERSONAS EXTRANJERAS REPATRIADAS O DEPORTADAS QUE INGRESEN ANTES DE PLAZO LEGAL.

Las personas extranjeras que hayan sido repatriadas o deportadas por las autoridades nicaragüenses o por sus representaciones diplomáticas o consulares, no podrán ingresar a Nicaragua durante un periodo de veinticuatro meses, plazo que se contará a partir de la fecha de la repatriación o deportación; si los repatriados o deportados retornan antes del plazo previsto, se les detendrá y serán procesados por la comisión del delito de ingreso y/o permanencia ilegal en el país y se les aplicará la pena de tres meses de privación de libertad.

ARTICULO 137. DE LA NO PROCEDENCIA DE LA EXPULSION O REPATRACION ANTE LA COMISION DE DELITOS COMUNES.

Cuando se trate de extranjeros, que además de haber ingresado y/o permanecido en situación irregular en el país, hayan sido capturados por haber cometido delitos comunes en el territorio nacional, la expulsión o la repatriación no será procedente sino hasta el cumplimiento de la pena impuesta por la comisión del ilícito y la sanción establecida por el ingreso y/o permanencia en situació ;n irregular en el territorio nacional.

ARTICULO 138. DERECHO A SOLICITAR ESTATUS MIGRATORIO

El matrimonio o unión de hecho estable de un inmigrante en situación irregular con un ciudadano o ciudadana nicaragüense, podrá concederle el derecho de solicitar su estatus migratorio en el territorio nacional ante las autoridades competentes, sin perjuicio de los derechos establecidos en las leyes nacionales o en los convenios internacionales. Para tal efecto, los interesados deben de haber formado una familia por medio de una relación estable, cuyo tiempo de duració n no sea menor de dos años de convivencia, la cual debe de ser demostrada con dos testigos del lugar de donde resida la familia formada y que conozcan al nacional.

Comete delito de trafico de migrantes en situación irregular, las personas naturales que con animo de lucro y valiéndose de cualquier medio promueva, facilite, procure o logre el ingreso o egreso del territorio nacional de personas nacionales o extranjeras, por lugares no habilitados al efecto, evadiendo controles migratorios o utilizando datos o documentos falsos, con objeto de radicarlos dentro de Nicaragua o pasarlos en tránsito a terceros países.

Igual delito comete el que aloje, oculte, encubra, contrate o transporte a extranjeros que ingresen o permanezcan en situación irregular en el país.

ARTICULO 140 DE LA AUTORIA INTELECTUAL Y/O MATERIAL

Es autor intelectual y/o material del delito de tráfico de migrantes en situación irregular, todo aquel que dirige o facilite los medios para hacer ingresar o salir del país a extranjeros y nacionales sin cumplir con los requisitos que exigen las leyes de la materia.

ARTICULO 141. DE LOS COMPLICES

Son cómplices del delito de tráfico de migrantes en situación irregular los que cooperan para la ejecución del hecho u omisión punible por los actos anteriores o simultáneos.

ARTICULO 142. DE LOS ENCUBRIDORES.

Son encubridores del delito de tráfico de migrantes en situación irregular los que conociendo la comisión del hecho punible o de los actos ejecutados para cometerlo, trasladen dentro del país a migrantes ilegales o faciliten a los mismos, los medios necesarios para que ejecuten el acto punible, configurándolo conforme las modalidades establecidas en el artículo 27 del Código Penal.

ARTICULO 143. DE LA PENA PARA AUTORES INTELECTUALES, MATERIALES, CóMPLICES Y ENCUBRIDORES

Los autores intelectuales y materiales del delito de tráfico de migrantes en situación irregular serán sancionados con la pena de cinco a diez años de privación de libertad y una multa que oscilará entre treinta y cinco y cien salarios mínimo, promedio, más el decomiso de los bienes muebles e inmuebles incautados y utilizados para la comisión del delito.

Los cómplices serán sancionados con la pena de cinco a siete años de privación de libertad, el decomiso de los bienes muebles e inmuebles empleados para la comisión del ilícito y una multa de treinta salarios mínimo promedio.

Los encubridores serán sancionados con la pena de uno a cuatro añ os de privación de libertad, el decomiso de los bienes muebles e inmuebles empleados para la comisión del ilícito y una multa de veinte salarios mínimo promedio .

ARTICULO 144. EXCEPCION DE COMISION DEL DELITO

Están exentos de la comisión del delito de tráfico de migrantes en situación irregular, las personas naturales, instituciones privadas u organismos de derechos humanos que proporcionen alojamiento a migrantes en situación irregular, por razones humanitarias y sin fines de lucro.

ARTICULO 145. DE LOS ILICITOS DE LOS FUNCIONARIOS Y/O EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Los funcionarios o empleados de la Dirección General de Migración y Extranjería o aquellos que presten servicios afines como los agentes consulares, a quienes se delegan funciones migratorias y que colaboren en el ingreso o permanencia de migrantes en situación irregular o que auxilien a los traficantes de migrantes en situación irregular serán considerados como cómplices.

A estos funcionarios o empleados públicos, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, serán sancionados con la destitución del cargo y las multas establecidas en el Reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 146. NO ADMISION DE FIANZA

Las penas establecidas en los artículos 136 y 143 que anteceden no admiten fianza.

ARTICULO 147. DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y DEL TERMINO LEGAL DE DETENCION

Corresponde a la Policía Nacional por medio del Jefe de investigación Criminal, remitir y presentar al juez la documentación y pruebas recepcionadas y relacionadas con los implicados en el tráfico de migrantes en situación irregular para ejercer la acusación criminal correspondiente, en conjunto con el Ministerio Público.

Conforme lo establecido en el numeral 1 y 2.2 del artículo 33 de la Constitución Política y Artículo 231 del Código Procesal Penal, la Policía Nacional podrá ordenar la detención de personas vinculadas con las modalidades de los delitos tipificados en la presente Ley.

Vencido el término constitucional de detención, los detenidos serán puestos en libertad o a la orden de la autoridad competente.

Para los efectos de la presente disposición, los detenidos serán ubicados en los establecimientos que para tal fin administre la Direcció n General de Migración y Extranjería. Los traficantes quedarán en los centros de detención de la Policía Nacional.

ARTICULO 148. RESERVACION DE CUPO EN LINEAS AREAS

Las aerolíneas que tengan representación comercial en Nicaragua o aquellas que realicen escalas en el aeropuerto internacional de Managua, están obligadas a reservar a favor del Estado de Nicaragua por lo menos dos cupos para los extranjeros que vayan a ser deportados o expulsados o repatriados a su lugar de origen.

El costo del boleto será de hasta un cincuenta por ciento con relación al costo de la aerolínea a la que se le compren. El procedimiento para la adquisición lo determinará la Dirección General de Migración y Extranjería.

Es la acción mediante la cual la autoridad migratoria al realizar el control migratorio niega conforme a Ley el ingreso al país a un extranjero y dispone de inmediato que sea trasladado al país de origen, de procedencia o a un tercer país que lo admita.

ARTICULO 150. DE LA PROCEDENCIA DEL RECHAZO ADMINISTRATIVO

El rechazo administrativo, procede en los siguientes casos:
1. Cuando el extranjero no presente la documentación requerida en el control migratorio realizado en los puestos fronterizos;
2. Cuando se constaté la existencia de alguna de las causales de inadmisión;
3. Cuando fuere sorprendido intentando entrar al territorio nacional eludiendo el control migratorio o por un lugar no habilitado para tal efecto; y,
4. El que hubiere sido deportado o expulsado del país y no se hubiere autorizado su reingreso.

ARTICULO 151. DE LA DETERMINACION Y EJECUCIÓN DEL RECHAZO ADMINISTRATIVO.

La determinación y ejecución del rechazo no requiere de un procedimiento administrativo previo. Contra el rechazo no cabe la interposición de recursos o acción alguna.

Es el acto legal de extrañar del territorio nacional a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de las circunstancias establecidas en la presente Ley, previa resolución de la Dirección General de Migración y Extranjería.

ARTICULO 153. DE LA PROCEDENCIA DE LA DEPORTACION

La Dirección General de Migración y Extranjería procederá a deportar del territorio nacional a un extranjero y ordenar su inmediato traslado al país de origen o procedencia o a un tercer país que lo admita, cuando:
1. Se encuentre en una situación migratoria irregular;
2. Ingrese o permanezca en el país de forma ilegal o clandestina;
3. Cuando hubiere cometido un delito de naturaleza grave o que fuera reincidente en la comisión de delitos y por ello se convierta en un elemento nocivo o peligroso para la sociedad;
4. Se dedique a actividades remuneradas o de comercio sin los respectivos permisos establecidos en la presente Ley y demás leyes del país;
5. Falsifique o altere cualquier documento de viaje o de identificación personal, que sea emitido por gobierno nacional o extranjero;
6. Sea condenado mediante sentencia firme, con pena de prisión mí nima de tres años. Una vez cumplida ésta, el extranjero que represente un peligro para la seguridad pública o interés nacional.
7. Por cualquier otra causa establecida en convenios o tratados internacionales, la presente Ley y su Reglamento.

ARTICULO 154. PROHIBICION DE REINGRESO

La persona extranjera deportada no podrá reingresar al territorio nacional por el término de cinco años, salvo las excepciones previstas en el Reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 155. DE LA DETERMINACION Y EJECUCIÓN DE LA DEPORTACION.

La determinación y ejecución de la deportación se realizará según lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. Excepcionalmente podrá omitirse la retención cuando la persona extranjera presente impedimentos psicofísicos.

En contra del acto de deportación cabrán los recursos de revisión y apelación establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

Es el acto legal de extrañar del territorio nacional a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de las circunstancias establecidas en la presente Ley, previa resolución del Ministro de Gobernación.

ARTICULO 157. DE LA PROCEDENCIA DE LA EXPULSION

La Dirección General de Migración y Extranjería realizará en los casos siguientes:
1. Cuando se le hubiera cancelado la categoría migratoria con que permaneciere en el país, por razones de orden público, defensa e interés nacional o cuando su conducta contravenga los principios e intereses del Estado nicaragüense;
2. Sea condenado por delitos relacionados con terrorismo, lavado de dinero o delitos conexos con el crimen organizado internacional;
3. Cuando se lucren con el tráfico ilegal de personas, trata de personas, tráfico de drogas, armas, prostitución y otras actividades conexas;
4. Sea prófugo de la justicia o sea requerido judicialmente por otro Estado ;
5. Cuando realice actividades que afecten a la Constitución Política de la República de Nicaragua y a las Leyes; y,
6. Por cualquier otra causa establecida en Convenios o Tratados Internacionales, la presente Ley y su Reglamento.

ARTICULO 158. DE LA PROHIBICION DE REINGRESO

El extranjero expulsado no podrá reingresar al territorio nacional por el término de cinco años, excepto si lo autoriza expresamente el Presidente de la República.

Si la causa de la expulsión se fundó en la comisión de un delito contra una persona menor de edad, siempre y cuando se trate de delitos dolosos, o bien, de agresiones o delitos contra la vida de la mujer o de personas con capacidades diferentes o adultos mayores, la persona extranjera no podrá reingresar al país por el término de diez añ os.

ARTICULO 159. PERDIDA DE LA CONDICION MIGRATORIA

La resolución que dictamine la expulsión de un extranjero implicará la pérdida de su condición migratoria legal, sin que ello conlleve la necesidad de realizar un procedimiento administrativo previo.

ARTICULO 160. DE LA ACCION PENAL Y CUMPLIMIENTO DE LA PENA

Si alguna de las causales señaladas en el artículo 157 de la presente Ley, da lugar al inicio de una acción penal, la expulsió n se hará efectiva una vez cumplida la pena de prisión impuesta.

En Nicaragua no existe extradición por motivos políticos comunes conexos con ellos, según la calificación nicaragüense.

La entrega o el recibimiento de las personas extraditadas de conformidad con la Ley y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua, estará a cargo del Ministerio de Gobernación y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás autoridades relacionadas al caso.

Cuando se trate de la extradición de un extranjero residente, el Ministerio de Gobernación procederá previamente a la cancelación de la residencia.

Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional.

De las resoluciones administrativas dictadas por la Dirección General de Migración y Extranjería, en materia migratoria y de las cuales se admita acción alguna, cabra el recurso de revisión y de apelación en su caso.

ARTICULO 163. DEL RECURSO DE REVISION

El recurso de revisión en la vía administrativa se otorga a aquellos ciudadanos cuyos derechos se considera perjudicado por las resoluciones que emanen de la Dirección General de Migración y Extranjería. Este recurso deberá interponerse en el té rmino de quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto.

Es competente para conocer el recurso la persona titular de la Dirección General de Migración Extranjería.

La interposición del recurso no suspende la ejecución del acto, pero la autoridad que conoce del recurso podrá acordarlo de oficio o a petición de parte, cuando la misma pudiera causarle perjuicios irreparables al recurrente.

El recurso de revisión se resolverá en un término de veinte días, a partir de la interposición del mismo.

ARTICULO 164. DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelación se interpondrá ante la Dirección General de Migración y Extranjería, en un término de seis días después de notificado, dicha dependencia remitirá el recurso junto con su informe ante el Ministro de Gobernación en un término de diez días.

El recurso de apelación será utilizado por la persona afectada únicamente cuando:
1. Se puedan lesionar intereses de los extranjeros en relación con su condición migratoria legal;
2. Se deniegue de manera injustificada la permanencia legal de un extranjero;
3. Cuando la deportación o expulsión se realice de manera injustificada

La interposición del recurso de apelación suspenderá la orden de deportación o expulsión.

El recurso de apelación se resolverá en un término de treinta días a partir de su interposición, agotándose así la vía administrativa y legitimará al agraviado a hacer uso del Recurso de Amparo.

ARTICULO 165. DEL PROCEDIMIENTO DE AMBOS RECURSOS.

En lo referente a los procedimientos para la tramitación de estos recursos, lo no previsto en la presente Ley, se regulara de conformidad con lo que establezca su Reglamento, mientras no se dicte la respectiva Ley de lo Contencioso Administrativo.

Corresponderá a la Dirección General de Migración y Extranjería llevar el control computarizado del flujo de entradas y salidas de nacionales y extranjeros del país, el registro de los nacionales que han obtenido documentos migratorios establecidos en la presente Ley, así como otras funciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

ARTICULO 167. OBLIGACION DE PRESENTAR Y SOLICITAR CEDULA DE RESIDENCIA.

Todo extranjero para poder contraer una obligación de carácter jurídico, deberá presentar al momento del acto, la Cédula de residencia expedida por la Dirección General de Migración y Extranjería. Asimismo, la persona o funcionario encargado de formalizar dicho acto, queda obligado a solicitar la presentación del documento mencionado.

ARTICULO 168. DE LA NO AFECTACIÓN DE LOS TRATADOS Y CONVENIOS

VIGENTES

La presente Ley no afectará los tratados y convenios suscritos y ratificados por la República de Nicaragua, ni los derechos e inmunidades de los representantes diplomáticos, consulares y de organismos internacionales acreditados en el país de acuerdo con el Derecho Internacional. También se exceptuará al cónyuge y los hijos menores de los funcionarios antes mencionados, así como los extranjeros titulares de visas diplomáticas y oficiales.

ARTICULO 169. AMNISTÍA MIGRATORIA

Cuando las circunstancias lo ameriten la Asamblea Nacional por su propia iniciativa o a iniciativa del Presidente de la República, otorgará ; Amnistía Migratoria a extranjeros con el propósito de promover y facilitar la regularización de su situación migratoria.

ARTICULO 170. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

A los efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, su Reglamento y disposiciones conexas que se dicten, la Dirección General de Migración y Extranjería, está facultada para inspeccionar y controlar todo medio de transporte o personas, sean nacionales o extranjeras que entren o salgan al y del territorio nacional, los lugares de trabajo, estudio y alojamiento de los ciudadanos extranjeros.

ARTICULO 171. DEL DEBER DE INFORMAR DE JUECES Y FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS

Las autoridades judiciales de toda la República deberán informar a la Dirección General de Migración y Extranjería las causas y sentencia condenatoria o auto de prisión dictados en contra de extranjeros. Asimismo, el Sistema Penitenciario Nacional deberá comunicar con antelación, la fecha en que será puesto en libertad un extranjero, una vez que haya cumplido su condena.

ARTICULO 172. DEROGACION

Derogase la Ley No. 153, LEY DE MIGRACION publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 30 de abril de 1993; Ley No. 154, LEY DE EXTRANJERIA publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 81 del 3 de mayo de 1993; Ley No. 149, LEY DE NACIONALIDAD, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1992; Ley No. 240-513, LEY DE REFORMAS E INCORPORACIONES A LA LEY NO. 240, LEY DE CONTROL DEL TRAFICO DE MIGRANTES ILEGALES, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 20 del 28 de noviembre de 2005; el REGLAMENTO DE LA LEY DE NACIONALIDAD, emitido por el Ministro del Interior y publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 52 del 4 de marzo de 1982 y demás disposiciones legales que se oponga a la presente Ley.

ARTICULO 173 DE LA ENTRADA EN VIGENCIA Y REGLAMENTO DE LA LEY.

La presente Ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. La Dirección General de Migración y Extranjería, emitirá el Reglamento de la presente Ley dentro del plazo de 90 días, el será remitido al Presidente de la República por medio del Ministerio de Gobernación para su aprobación.

Dado en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ___ días del mes de _____, del año dos mil siete.

PRESIDENTE DE LA SECRETARIO DE LA

ASAMBLEA NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional.

Es evidente que la actual legislación nacional, en materia de migración extranjería, no incorpora plenamente compromisos internacionales en materia de derechos humanos y migración asumidos por el Estado Nicaragüense. De igual manera la legislación actual no refleja los avances alcanzados en materia de integración regional.

Nicaragua necesita una legislación migratoria que este totalmente acorde con nuestra norma constitucional, misma que establece en el articulo 46 CN, que toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana; del irrestricto respeto, promoción y vigencia de los derechos consignados en la declaració n universal de los derechos humanos; en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre; en el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; en el pacto internacional de derechos civiles y políticos de la organización de naciones unidas; y en la convención americana de derechos humanos de la organización de estados americanos.

El estado nicaragüense, se adhirió a la convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, asumiendo la obligación internacional de promover y proteger los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familiares, sin distinción, por motivos de sexo, raza, idioma, religión, opinión política, origen social, nacionalidad, edad, o cualquier otra condición.

Nicaragua como país, constituye al igual que otros países del mundo, un territorio de egreso, ingreso y tránsito migratorio, por lo que debe asegurar que los movimientos migratorios que se practican en su territorio, deben ser de manera armónica, y para eso se requiere de una legislación migratoria y de extranjería, eficaz, oportuna y moderna, que a su vez garantice la soberanía del estado de conformidad con la legislación y los instrumentos internacionales respectivos.

La legislación Nicaragüense, en materia migratoria y de extranjería debe recoger el espíritu de unidad centroamericana y la aspiración de unidad de los pueblos de América, en bú squeda del desarrollo económico sostenible.

El proceso de globalización mundial y las políticas de regionalización e integración, exige de manera imperiosa la necesidad de modernizar nuestra legislación en materia migratoria y de extranjería, poniéndola acorde con nuestra constitución política y todo el ordenamiento jurídico nacional.

FUNDAMENTACIÓN

La presente iniciativa, se fundamenta en la urgente necesidad de tener una legislación totalmente acorde con los tratados internacionales; que de respuesta de manera ágil a las necesidades nacionales en materia de migración y extranjería; que se ponga acorde con los avances del ordenamiento jurídico nacional.

La nueva legislación también se fundamenta en que traerá importantes beneficios a la población nicaragüense y extranjera que demanden en nuestro territorio los servicios y efectos de los derechos contenidos en la legislación de la materia.

En lo económico la aplicación o administración de la legislación propuesta, se fundamenta en que será de gran efecto, por cuanto el país cuenta con una estructura muy avanzada para su aplicación, lo que no ocasiona grandes inversiones y más bien dejaría importantes beneficios por la prestación de los servicios migratorios y de extranjería.

De manera que aprobando una legislación en materia de migración y extranjería, integral, moderna, acorde con nuestro sistema jurí dico y con los tratados internacionales, se está optimizando el servicio a los habitantes en esta materia y poniendo al país en la mejor sintonía con el concierto internacional.

Managua, 23 de Marzo del 2007.-

Dictamen Ley General de Migración.pdf

El objeto de la presente Ley es regular el ingreso de las personas nacionales y extranjeras al territorio de la República de Nicaragua, y el egreso de él, así como la permanencia de las personas extranjeras en el país, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua, los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados y los acuerdos de integración regional debidamente aprobados.

La política migratoria del Estado regulará los flujos migratorios que favorezcan el desarrollo social, político, económico y demográfico de Nicaragua, en concordancia con la seguridad pública y velando por el respeto de los derechos humanos.

Se exceptúan de las disposiciones relativas, la inscripción y permanencia en el país, los funcionarios diplomáticos consulares y extranjeros y los de organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República, así como vínculos y en segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad y extensión permitidos por los tratados internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua y en el Reglamento de esta Ley y siempre que permanezcan en sus funciones y mantengan el vínculo de parentesco.

Créase el Consejo Nacional de Migración y Extranjería, que en lo que sigue de la Ley se denominará como el Consejo, como órgano de asesoría y consulta de la Presidencia de la República para la elaboración de Políticas Públicas en materia migratoria, el que estará integrado de la siguiente forma:

1) Ministra o Ministro, Viceministra o Viceministro de Gobernación, quien lo presidirá;
2) Directora o Director, Subdirectora o Subdirector General de Migración y Extranjería quien estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo;
3) Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores o su representante;
4) Ministra o Ministro del Trabajo o su representante;
5) La persona a cargo de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Turismo o su representante;
6) Diputado o Diputada de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional;
7) Procurador o Procuradora General de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o el Subprocurador o Subprocuradora General; y
8) Ministra o Ministro, Viceministra o Viceministro de la Familia, Adolescencia y Niñez.

Son funciones del Consejo Nacional de Migración y Extranjería:

1) Recomendar a la autoridad administrativa superior del Poder Ejecutivo la Política Migratoria y proponerle los objetivos y medidas necesarias para hacerla efectiva;
2) Recomendar a la autoridad administrativa superior del Poder Ejecutivo las modificaciones a la legislación migratoria, normas y procedimientos administrativos conexos, a fin de adecuarlos a los instrumentos internacionales de derechos humanos debidamente ratificados por el país;
3) Promover acuerdos operativos y de asistencia técnica bilaterales o multilaterales con otros países u otros organismos internacionales especializados en migraciones;
4) Promover la difusión de información sobre los derechos y deberes de los migrantes, requisitos de admisión de los países de empleo y todo aquello que promueva una migración documentada, como mecanismo de tutela de sus derechos humanos;
5) Velar porque la inmigración contribuya al desarrollo económico y social de Nicaragua y que los inmigrantes respeten la Constitución Política y las leyes de la República; y
6) Recomendar el diseño de acciones y programas estatales y privados que promuevan el vínculo con el país así como la inserción de los nicaragüenses residentes en el exterior.

El Ministerio de Gobernación para efectos de la presente Ley tendrá las atribuciones siguientes:

1) Velar porque se cumpla la presente Ley y su Reglamento;
2) Coordinar a la Dirección General de Migración y Extranjería;
3) Garantizar el funcionamiento del Consejo Nacional de Migración y Extranjería;
4) Coordinar con los demás Ministerios de Estados, Entes Autónomos y Descentralizados, el cumplimiento de las atribuciones que a ella competen en materia migratoria;
5) Recomendar al Presidente o Presidenta de la República propuestas de instrumentos internacionales en materia migratoria todo de conformidad a la Ley de la materia;
6) Ordenar la expulsión de extranjeros según las causales previstas en la presente Ley;
7) Conocer y resolver las solicitudes de apelación presentadas por extranjeros expulsados o deportados del país;
8) Recomendar al Presidente o Presidenta de la República la simplificación y facilitación de políticas migratorias, de conformidad con los instrumentos internacionales suscritos por la República de Nicaragua; y
9) A propuesta de la Dirección General de Migración y Extranjería; aprobar mediante resolución las características, medidas y elementos de seguridad de los documentos migratorios.

A la Dirección General de Migración y Extranjería, como órgano del Ministerio de Gobernación, le corresponderá la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, así como la ejecución de políticas migratorias vigentes.

La Dirección General de Migración y Extranjería tendrá su domicilio en la capital de la República, se organizará con las estructuras de unidades necesarias para el eficaz cumplimiento de sus fines y tendrá autoridad en todo el territorio nacional.

Estará a cargo de un Director o una Directora General, quien será la máxima autoridad de la Institución, un Subdirector o una Subdirectora General, quien desempeñará funciones delegadas y sustituirá al Director o a la Directora General en su ausencia, un Inspector o una Inspectora General, un Secretario o una Secretaria de Registro, así como por oficiales de migración, hombres o mujeres y empleados o empleadas nombrados para tal efecto.

El Ministro de Gobernación nombrará al Director o Directora General y al Subdirector o Subdirectora General de Migración y Extranjería.

El Director o Directora General y el Subdirector o Subdirectora General deberán ser nacionales de Nicaragua, poseer título profesional, tener conocimiento y experiencia en materia migratoria, ser mayores de veintiún años de edad y de reconocida solvencia moral.

El Inspector o Inspectora General fiscalizará, inspeccionará e investigará las actuaciones del funcionariado de la Dirección General de Migración y Extranjería, garantizando el cumplimiento de los planes de capacitación de los funcionarios, velar por el buen funcionamiento y prestigio de la Institución.

El Secretario o Secretaria de Registro recibirá solicitudes, llevando un registro para el control y custodia de los expedientes y deberá garantizar que las mismas se resuelvan dentro de los plazos establecidos. Así mismo llevará el Archivo Central de la institución, certificará la firma del Director o Directora General y del Subdirector o Subdirectora General en las providencias y resoluciones que dicten, transcribiendo y notificando a los interesados.

También podrá expedir certificaciones y razonar documentos a solicitud de los interesados.

El Secretario o Secretaria de Registro deberá ser nacional de Nicaragua, tener título para ejercer la abogacía y el notariado, ser mayor de veintiún años de edad y de reconocida solvencia moral.

Son atribuciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, las siguientes:

1) Ejecutar las políticas migratorias encomendadas por el Poder Ejecutivo en correspondencia con los instrumentos internacionales suscritos por la República de Nicaragua y aprobados por la Asamblea Nacional de conformidad al numeral 12 del artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua;
2) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes, normativas técnicas o jurídicas vinculantes a la presente Ley y su Reglamento así como las resoluciones que emita la persona que ejerza las funciones ministeriales en el Ministerio de Gobernación en materia migratoria;
3) Organizar, dirigir, registrar y controlar los distintos servicios migratorios que se prestan a la población nacional y extranjera, garantizando el ejercicio de los derechos en la actividad migratoria, sin discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen y posición económica o cualquier otra condición;
4) Adoptar y aplicar las medidas necesarias para prevenir y controlar la migración irregular;
5) Autorizar la expedición, revalidación y uso de los documentos migratorios establecidos en esta Ley;
6) Elaborar y organizar las estadísticas migratorias y regular la inmigración de acuerdo a las políticas públicas establecidas por el Poder Ejecutivo;
7) Resolver todo lo relacionado con la entrada, permanencia y salida de extranjeros de conformidad con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento;
8) Aplicar las sanciones administrativas correspondientes a las violaciones de la presente Ley y su Reglamento, así como cualquier otra disposición en materia migratoria, sin perjuicio de lo establecido en las normas contenidas en la legislación penal;
9) Conceder las visas de entrada para extranjeros que deseen ingresar al territorio nacional de conformidad a lo establecido en la presente Ley, instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua y Decretos Ejecutivos;
10) Informar oportunamente a la autoridad competente irregularidades que constituyen faltas o delitos, de acuerdo a la presente Ley y su Reglamento y de conformidad al Código Penal. Dicha información deberá ser fundada en hechos reales y probados;
11) Cumplir las órdenes de retención migratoria para personas nacionales y extranjeras, emitidas por autoridad judicial competente. Asimismo, se impedirá el reingreso de todo extranjero que haya sido deportado o expulsado del país, o por cualquiera de las causales establecidas en esta Ley, hasta cumplir con el término estipulado para ingresar al territorio nacional;
12) Conocer del otorgamiento, pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense adquirida y ratificación por extensión al vínculo de consanguinidad;
13) Tramitar y resolver las solicitudes de residencia temporal y permanente de conformidad a lo establecido en la presente Ley y su reglamento;
14) Ordenar el internamiento en el albergue o la deportación cuando corresponda según las causales previstas en la presente Ley;
15) Dirimir conflictos de carácter migratorio para lo cual podrá requerir o citar a personas nacionales y extranjeras relacionadas al caso, las cuales están obligadas a comparecer;
16) Garantizar la custodia en el albergue, a los migrantes irregulares extranjeros durante el periodo en que se determine su situación migratoria, para la deportación o expulsión a su país de origen o a un tercero cuando su vida este en peligro, de acuerdo a las leyes de la materia e instrumentos internacionales de los cuales Nicaragua es parte, garantizando la tutela de sus derechos humanos y el acceso de estas personas a las representaciones consulares de su país y a las organizaciones de derechos humanos estatales o no gubernamentales;
17) Coordinar actividades de supervisión y control con la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y otras dependencias públicas para prevenir la migración irregular y la detención de las personas que se dediquen al tráfico de migrantes en situación irregular; o actividad de trata de persona y otros delitos conexos;
18) Desarrollar el intercambio de información con organismos homólogos centroamericanos y de otros países para prevenir y combatir el tráfico de migrantes, la trata de personas y otros ilícitos que atenten contra la dignidad de las personas y sus derechos humanos;
19) Declarar irregular la entrada o la permanencia de extranjeros, cuando no puedan probar su situación regular en el país;
20) Llevar el registro de los nicaragüenses por nacionalización y de las cancelaciones de nacionalización;
21) Proponer al Ministro o Ministra de Gobernación la habilitación de puestos migratorios que considere necesarios para el control de la entrada o salida de nacionales y extranjeros;
22) Inspeccionar los registros y controles administrativos de los centros de trabajo, hoteles y similares, negocios, centros educativos públicos o privados de enseñanza superior, centros de diversión o de espectáculos públicos, y cualquier centro público o privado, para determinar la condición migratoria de los extranjeros que se encuentren en ellos y brindar el asesoramiento migratorio necesario;
23) Inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional, aéreo, marítimo, fluvial, lacustre y terrestre, para verificar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento;
24) Ordenar a las autoridades respectivas que impidan la salida del territorio nacional a los medios de transporte que no cumplan las obligaciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Dichas autoridades están obligadas a cumplir con la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería so pena de las responsabilidades y sanciones que correspondan;
25) Aplicar las sanciones, multas, tasas, derechos y cobros por actuaciones que se deriven de la aplicación de esta Ley y su Reglamento;
26) Proponer al Ministro o Ministra de Gobernación, modificaciones de políticas migratorias y de la legislación correspondiente para ser sometida a la consideración del Consejo Nacional de Migración y Extranjería;
27) Emitir permisos especiales de permanencia con derecho a laborar por un periodo hasta de un año;
28) Brindar las facilidades necesarias para el retorno de niñas, niños y adolescentes nacionales o extranjeros víctimas de trata. Se exonerará del pago de aranceles migratorios a las personas que se encuentren en estado de indigencia, siempre y cuando exista el respaldo de los organismos e instituciones abocadas a la atención y protección de éstos;
29) Emitir normativas de procedimientos en materia migratoria de acuerdo a la presente Ley y las demás que se relacionen con el control y servicios migratorios que no estén atribuidas por Ley a otras autoridades o instituciones públicas; y
30) Emitir documento de identidad y viaje, a los extranjeros que no presentan pasaporte y que no tienen representación consular, su vigencia es de un año.

En Nicaragua, las personas extranjeras gozan de los mismos derechos y garantías individuales y sociales reconocidas para los nicaragüenses en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y en materia migratoria debidamente ratificados por Nicaragua, salvo las limitaciones que establezca la Constitución Política y las leyes de la República.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, el Estado nicaragüense respeta y garantiza los derechos reconocidos en la Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción.

Las personas naturales extranjeras estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la presente Ley, su Reglamento, y en general al ordenamiento jurídico vigente y en especial a las siguientes obligaciones:

1) Al pago de las mismas cargas fiscales o de seguridad social que los nicaragüenses, según las normas jurídicas aplicables en esta materia. Además, estarán obligadas a realizar los depósitos exigidos por la presente Ley, según su categoría migratoria;
2) A informar a la Dirección General de Migración y Extranjería los cambios de estado civil, domicilio y actividades a las cuales se dediquen, dentro de los quince días posteriores al cambio si están inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros;
3) Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional tendrán la obligación de conservar y presentar, a solicitud de la autoridad competente, la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación migratoria en Nicaragua;
4) Las personas extranjeras que estando en el país soliciten residencia, mientras no se les extienda la certificación de la resolución de la misma y se inscriban en el Registro Nacional de Extranjeros, estarán obligados a solicitar prórroga de estancia ante la Dirección General de Migración y Extranjería, conforme los instrumentos internacionales suscritos por la República de Nicaragua y aprobados por la Asamblea Nacional; y
5) Los extranjeros no residentes no podrán realizar tareas o actividades lucrativas por cuenta propia o en relación de dependencia, excepto aquellos que por circunstancias especiales hayan sido autorizados por el Ministerio de Gobernación, como artistas, deportistas, integrantes de espectáculos públicos, trabajadores temporales y personas de negocios. Tratándose de trabajadores migrantes en sus distintas modalidades, la autorización se concederá en consulta con el Ministerio del Trabajo.

La admisión de extranjeros al territorio nacional se efectuará bajo las siguientes categorías de visas según el motivo de ingreso:

1) Diplomáticos;
2) Invitados;
3) Residentes; y
4) No Residente.

El otorgamiento de las categorías migratorias de visas mencionadas en los numerales 1) y 2) es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ningún extranjero podrá tener dos o más categorías migratorias simultáneamente, ni ejercer actividades distintas de aquellas que le hayan sido expresamente autorizadas, bajo pena de perder su residencia o permiso de permanencia en el país y ser expulsado del territorio nacional.

De conformidad con el Convenio de creación de la Visa Única Centroamericana para la libre movilidad de extranjeros entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, aprobado por la Asamblea Nacional mediante Decreto A. N. No. 4966, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 13 del 18 de Enero del 2007 y el Decreto Ejecutivo No. 57-2005 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 172 del 5 de septiembre de 2005, se establece para fines de exención y obligatoriedad de visa en tres categorías según el origen y naturaleza del documento de viaje.

Categoría “A” Exento de visa.

Categoría “B” Visa consular sin consulta o visa fronteriza.

Categoría “C” Visa consultada.

Los nacionales de los países comprendidos en la categoría “A” que porten cualquier tipo de pasaporte no requerirán visa de ingreso al territorio nacional.

Los nacionales de los países comprendidos en la categoría “B” según el tipo de pasaporte que porten, requerirán para su ingreso al territorio nacional visa consular sin consulta o visa fronteriza.

Los nacionales de los países comprendidos en la categoría “C” según el tipo de pasaporte que porten, requerirán para su ingreso al territorio nacional, visa consultada. Para poder ingresar al territorio nacional, requerirán que la emisión de la visa sea autorizada por la Dirección General de Migración y Extranjería, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la legislación que regula la materia.

Las categorías de visa “A”, “B” y “C”, se regirán por los convenios bilaterales y los convenios homologados en el CA-4 y los Acuerdos de Libre Visado firmado por la República de Nicaragua con otros Estados, así como los suscritos con la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

Son No residentes los extranjeros a quienes la Dirección General de Migración y Extranjería otorgue autorización de ingreso y permanencia en el territorio nacional por un tiempo determinado en la presente Ley y su Reglamento.

Los extranjeros no residentes, según el motivo del viaje, tendrán las sub-categorías siguientes:

1) Turistas;
2) Viajeros en tránsito;
3) Delegados o representantes comerciales y agentes viajeros;
4) Viajeros en vías de deportes, misión oficial, salud, convenciones, conferencias o eventos especiales;
5) Artistas de espectáculos públicos;
6) Visitantes especiales;
7) Trabajadores migrantes;
8) Trabajadores transfronterizos; y
9) Tripulantes de transporte internacional;

Se establece la condición de trabajadores migrantes temporales, para todo aquel extranjero que ingresa al país a laborar por un periodo de tiempo específico, con el objetivo de desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, académicas, científicas y religiosas.

La Dirección General de Migración y Extranjería, autorizará a las personas extranjeras enunciados en el artículo anterior, permiso especial para permanecer y laborar por un periodo hasta de un año, lo que será regulada a través del reglamento de la presente Ley.

Se consideran trabajadores transfronterizos, las personas extranjeras originarias de países fronterizos vecinos, con residencia y domicilio en las zonas aledañas a las fronteras nicaragüenses, a quienes la Dirección General de Migración y Extranjería, les autoriza el ingreso y egreso diario, con el fin de que realicen actividades laborales en el sector fronterizo.

Se exceptúan del requisito de visa a los extranjeros no residentes que ingresen al país en calidad de tripulantes de conformidad a los convenios internacionales suscritos por Nicaragua.

Todo extranjero que ingrese al país dentro de las categorías migratorias establecidas en la presente Ley, deberá demostrar ante la autoridad migratoria, cuando ésta lo considere necesario, que dispone de los medios económicos suficientes para subsistir decorosamente durante su permanencia en el país y para abandonarlo al finalizar el tiempo de permanencia autorizada. Se exceptúan los extranjeros a que se refiere el artículo anterior.

La estadía máxima autorizada para las personas extranjeras en tránsito en el territorio nacional será de cinco días.

La estadía otorgada a un extranjero al momento de ingresar al país se determina por los instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua, resoluciones y circulares emitidas por el Ministerio de Gobernación o en su caso, por la Dirección General de Migración y Extranjería.

A los extranjeros que ingresan al país en vías de turismo, negocios, deportes, convenciones, salud, como integrantes de espectáculos públicos, misión oficial u otros de similar condición, se les autorizará prórroga de permanencia en el país, de acuerdo con la categoría migratoria con que ingresó, de conformidad con los instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua.

El otorgamiento de pase inter fronterizo se regirá por lo dispuesto en los instrumentos bilaterales suscritos por la República de Nicaragua y los Estados vecinos.

Es residente, el extranjero autorizado por la Dirección General de Migración y Extranjería para permanecer en Nicaragua por un periodo mayor a un año.

Los extranjeros residentes se clasifican en:

1) Residentes temporales; y
2) Residentes permanentes

El residente temporal, es el extranjero que ingresa con ánimo de residir en el país en un periodo de uno a tres años prorrogables, o por el tiempo en que realizará las actividades, causas, o finalidad que determinaron su admisión, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento.

Los residentes temporales se clasifican en las siguientes sub-categorías migratorias:

1) Científicos, profesionales, técnicos y personal especializado;
2) Empresarios, directores, gerentes y personal administrativo u operativo de empresas nacionales o extranjeras, agentes de negocios;
3) Periodistas;
4) Estudiantes;
5) Religiosos;
6) Trabajadores independientes o en relación de dependencia;
7) Artistas;
8) Deportistas;
9) Refugiados;
10) Apátridas; y
11) Asilados.
También se consideran residentes temporales, los familiares dependientes de los extranjeros clasificados dentro de las sub-categorías precedentes, siempre que estén comprendidos dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.

Le corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería, documentar la calidad de refugiados a los extranjeros a quienes la Comisión Nacional para los Refugiados, a través de resolución administrativa, les autorice la condición de refugiados de conformidad a lo establecido en la Ley No. 655, “Ley de Protección a Refugiados”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130 del 9 de julio de 2008.

La cesación, cancelación y revocación de la condición de refugiados, así como el otorgamiento del documento de viaje a estos, se aplicará conforme lo establecido en la Ley No. 655, “Ley de Protección a Refugiados”.

Es responsabilidad de la Dirección General de Migración y Extranjería, documentar a los extranjeros que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores admita en la condición de asilado político, de conformidad a lo establecido en los instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua.

La cesación, cancelación y revocación de la condición de asilado político, se regirá de conformidad a los instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua.

El extranjero que desee obtener residencia la solicitará ante la Dirección General de Migración y Extranjería, si se encuentra en el país o ante el funcionariado del servicio exterior nicaragüense en las misiones diplomáticas y oficinas consulares si se encuentra fuera de Nicaragua.

Es residente permanente, el extranjero autorizado por la Dirección General de Migración y Extranjería para residir en el país de forma indefinida, fijando en él su domicilio real y cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento.

Los residentes permanentes podrán ser admitidos en alguna de las siguientes sub-categorías migratorias:

1) Inmigrante;
2) Inmigrante con capital;
3) Residente pensionado o Residente rentista;
4) Cónyuge, hijos y padres de las personas mencionadas en los incisos anteriores;
5) Extranjeros con vinculo de afinidad o consanguinidad con nicaragüense entendiéndose como tales el cónyuge, padres e hijos menores;
6) Refugiados;
7) Los residentes temporales con más de tres años de permanencia legal en el país, podrán solicitar la residencia permanente; y
8) Podrán optar de forma directa a la residencia permanente, los extranjeros de origen centroamericano y aquellos con los que Nicaragua ha suscrito convenios de doble nacionalidad, siempre y cuando se aplique el principio de reciprocidad.

Residente pensionado o Residente rentista es aquella persona que demuestra un ingreso económico, estable y permanente proveniente del exterior conforme se establece en la Ley No. 694, “Ley de Promoción de Ingreso de Residentes Pensionados y Residentes Rentistas”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 151 del 12 de agosto de 2009.

La condición de inmigrante con capital o inversionista será determinada por el Ministerio de Fomento Industria y Comercio a través de certificado de inscripción.

Los requisitos para otorgar el estatus migratorio de residente permanente al inmigrante con capital o inversionista serán establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

Si una persona renuncia a su condición de residente rentista o residente pensionado, o se cancela su residencia conforme la Ley, deberá presentar a la Dirección General de Migración y Extranjería el documento que acredite la cancelación de los impuestos exonerados.

Los residentes rentistas o residentes pensionados podrán realizar inversiones superiores a los montos establecidos para los residentes inversionistas sin perder o cambiar su categoría migratoria ni los beneficios que esta Ley les otorga.

Los extranjeros que inviertan su capital en cualquier ramo de la actividad económica lícita en Nicaragua, podrán adquirir la calidad de residente inversionista cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 31 de esta Ley.

También podrán adquirir esta calidad los extranjeros que inviertan su capital en certificados, títulos valores o bonos del Estado y de las instituciones financieras nacionales, en la forma y términos que determine la Ley de la materia.

Los extranjeros que tengan hijos o hijas nicaragüenses nacidos en territorio nacional, podrán optar a la residencia por vínculo familiar, cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

Los extranjeros que contraigan matrimonio o establezcan unión de hecho estable con nicaragüense dentro o fuera del territorio nacional conforme las leyes del país en donde se celebra, podrán adquirir residencia por vínculo matrimonial o unión de hecho estable, cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley y su reglamento.

En caso de disolución del vínculo matrimonial o de la unión de hecho estable, el residente perderá esta calidad migratoria desde la fecha en que se emita la resolución respectiva; sin embargo, tendrá derecho a obtener otra calidad migratoria siempre que reúna los requisitos establecidos.

Al cónyuge extranjero residente por vínculo familiar, una vez que dejaré de cumplir con las obligaciones que impone la legislación en materia de alimentos, podrá cancelársele su calidad migratoria y fijarle un plazo para que abandone el país

El extranjero no perderá su residencia en caso de muerte de su cónyuge o compañero o compañera en unión de hecho estable, excepto en aquellos casos que haya sido condenado mediante sentencia firme por la muerte del cónyuge o compañero o compañera en unión de hecho, salvo que en este último caso existan hijos o hijas nicaragüenses por nacimiento, en cuyo caso el extranjero accederá a la calidad migratoria establecida en el artículo 36 de la presente Ley, sin perjuicio de los otros efectos legales.

La Dirección General de Migración y Extranjería, podrá cancelar o revocar la permanencia en el país, a un no residente o residente cuando:

1) No cumpla con las condiciones impuestas por la Dirección General de Migración y Extranjería en el momento de ser autorizado su ingreso o permanencia en el país;

2) No contribuya con el pago de impuestos y gastos públicos en los casos en los cuales la ley no los exonera;

3) Participe en la política nacional;

4) Se compruebe que su ingreso o egreso al territorio nacional se realizó por lugares no habilitados como puestos migratorios;

5) Realice labores remuneradas sin autorización;

6) Haya sido condenado mediante sentencia penal firme;

7) Siendo residente permanente se ausente del país por un periodo mayor de un año, salvo aquellos casos, que por razones de salud, estudios o por problemas familiares sean debidamente comprobados;

8) Altere el orden y la tranquilidad ciudadana, previo informe de la Policía Nacional;

9) Siendo residente temporal, se ausente del país por un periodo mayor de seis meses, salvo aquellos casos, que por razones de salud, estudios o por problemas familiares debidamente comprobados;

10) Su autorización de estancia o permanencia en el país, haya sido obtenida mediante declaración falsa o presentación de documentación fraudulenta;

11) Se compruebe que la residencia fue otorgada con fundamento legal en el vinculo matrimonial con ciudadano o ciudadana nicaragüense, realizado con el fin de obtener beneficio migratorio; o

12) Por incumplimiento de otras obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento.

El Reglamento de la presente Ley podrá establecer condiciones a los extranjeros que se radiquen en el territorio nacional respecto a las actividades a las cuales habrán de dedicarse.

La Dirección General de Migración y Extranjería, velará para que los residentes o extranjeros con permiso especial de permanencia, sean personas útiles para el país en correspondencia con la política de Estado en materia migratoria, y cuenten con los recursos suficientes para su subsistencia y la de las personas que estén bajo su dependencia económica. Los criterios para determinar la suficiencia de los recursos de subsistencia se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

El Estado de Nicaragua por medio del Ministerio de Gobernación, reconocerá la calidad de apátrida a todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y carezca de nacionalidad específica. La documentación y registro de los apátridas estará a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería.

No se consideran apátridas los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense, quienes adquieren la nacionalidad nicaragüense de acuerdo a lo prescrito en el artículo 16 numeral 4) de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

El extranjero residente que pierda la calidad migratoria autorizada o pretenda su cambio, tendrá derecho a solicitar otra, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. De forma similar, el extranjero no residente, podrá optar a una de las distintas categorías de permisos especiales de permanencia.

El Registro Nacional de Extranjeros, estará a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Las autoridades del país y las que se encuentran acreditadas en Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares nicaragüenses en el exterior, están en el deber de auxiliar a la Dirección General de Migración y Extranjería en las funciones relativas al registro de extranjeros.

El uso, control y resguardo será exclusivo de la Dirección General de Migración y Extranjería. Se proporcionará información sobre los datos a las autoridades competentes que la soliciten, a los extranjeros registrados y se podrá acceder a la información conforme a lo establecido en la Ley No. 621, “Ley de Acceso a la Información Pública”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 118 del 25 de mayo de 2007.

A los inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros se les expedirá la cédula de residencia conforme a su categoría o calidad migratoria, la cual deberá renovarse de conformidad a lo establecido en la presente Ley.

Son nacionales:

1) Los nacidos en el territorio nacional. Se exceptúan los hijos de extranjeros en servicio diplomático, los de funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones internacionales o los hijos de enviados por sus gobiernos a desempeñar trabajos en Nicaragua, a menos, que optaren por la nacionalidad nicaragüense;
2) Los hijos de padre o madre nicaragüense;
3) Los nacidos en el extranjero de padre o madre que originalmente fueron nicaragüenses, siempre y cuando lo solicitaren después de alcanzar la mayoría de edad o emancipación;
4) Los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense, sin perjuicio de que, conocida su filiación, surtan los efectos que proceden; y
5) Los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, siempre que ellos lo solicitaren.

Los nicaragüenses podrán gozar de múltiple nacionalidad, conforme los tratados y el principio de reciprocidad.

Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.

El presente Título tiene por objeto regular los vínculos jurídicos, políticos y sociales concernientes a la adquisición, pérdida, recuperación y ratificación de la nacionalidad nicaragüense de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política, instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua. Su aplicación le corresponde al Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y Extranjería.

La adquisición de la nacionalidad nicaragüense, es el acto solemne, formal mediante el cual la Ministra o el Ministro de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, otorga la nacionalidad nicaragüense a un ciudadano extranjero que de su libre y espontánea voluntad ha decidido acogerse a la nacionalidad nicaragüense previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley.

Corresponde al Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, tramitar y resolver lo relacionado a la adquisición, pérdida, recuperación y ratificación de la nacionalidad nicaragüense de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, instrumentos internacionales ratificados por el Estado nicaragüense.

Para efectos de la presente ley se entenderán por documentos probatorios de la nacionalidad nicaragüense cualquiera de los siguientes:

1) Certificado de nacimiento, expedida conforme a lo establecido en la legislación nacional;
2) Cédula de identidad ciudadana;
3) Pasaporte nicaragüense;
4) Certificado de Resolución de otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense, debidamente publicada en La Gaceta, Diario Oficial; o
5) Certificado de inscripción de nacimiento expedida por las representaciones diplomáticas u oficinas consulares nicaragüenses en el exterior, debidamente autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Dirección General de Migración y Extranjería, podrá exigir al interesado las pruebas documentales o testifícales adicionales necesarias, para comprobar la nacionalidad nicaragüense, cuando encuentre irregularidades en la documentación presentada o entrevista realizada.

La Asamblea Nacional podrá declarar nacionales a extranjeros que se hayan distinguido por meritos extraordinarios al servicio de Nicaragua.

La nacionalidad nicaragüense, podrán adquirirla los extranjeros que acrediten ser residentes por cuatro años, a partir de la fecha de obtención de la cédula de residente permanente, previa renuncia de la nacionalidad de origen o adquirida y cumplir con los demás requisitos establecidos en la presente Ley. Para tal efecto las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería tendrán un máximo de treinta días para su aprobación o denegación.

Los extranjeros naturales de España y los de origen centroamericano, podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense cuando sean residentes permanentes en Nicaragua por un periodo continuo de dos años sin necesidad de renunciar a la de su país de origen. De igual manera el cónyuge por razón de matrimonio con nicaragüense podrá adquirir la nacionalidad nicaragüense con una residencia continua de dos años.

Los extranjeros que hayan establecido en Nicaragua una industria o ejerzan una actividad que contribuya al desarrollo económico, científico, cultural y social del país, podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense, cuando acrediten dos años de residencia permanente, a partir de la obtención de la cédula, y cumplir con los demás requisitos de ley.

Podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense las personas extranjeras con dos años de residencia permanente, que tengan hijos o hijas nicaragüenses.

La nacionalidad nicaragüense adquirida por los extranjeros, será extensiva a los hijos e hijas de éstos, menores de veintiún años, que se encuentren bajo su tutela o patria potestad.

Los hijos e hijas de extranjeros nacionalizados, señalados en el artículo anterior, una vez alcanzada la mayoría de edad o declarada su emancipación, deberán ratificar la nacionalidad nicaragüense o acogerse a la nacionalidad de origen.

Las resoluciones de otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense serán firmadas por la persona a cargo de la Dirección General y refrendadas por el Ministro o la Ministra de Gobernación.
Las resoluciones de otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense serán registradas en el Libro de Nacionalidades y se emitirá certificado de la resolución, en la que además de contener textualmente la resolución, se agregará el Tomo o Número del Libro de Nacionalidades y folio en el que se encuentra registrada.

La certificación de la resolución, es el instrumento jurídico que emite la Dirección General de Migración y Extranjería, mediante el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense a un extranjero. Debe ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial, para que la resolución tenga efectos legales.

La recuperación, ratificación y pérdida de nacionalidad nicaragüense, se declarará mediante resolución que emitirá la Dirección General de Migración y Extranjería.

La doble nacionalidad se regirá de conformidad a los convenios internacionales suscritos sobre la materia y el principio de reciprocidad, con aplicación del jus domicili.

El nicaragüense que posea doble nacionalidad, en territorio nacional deberá someterse a la Constitución Política y leyes nacionales, para los efectos de permanencia o salidas del país deberá hacerlo como nicaragüense.

Los hijos e hijas, de padre o madre nicaragüenses, nacidos en el exterior e inscrito en el respectivo consulado nicaragüense, gozan de los derechos establecidos en la constitución política, sin perjuicio de los derechos que adquiere en el país de nacimiento o de su domicilio habitual.

Los consulados nicaragüenses, podrán expedir pasaporte provisional a los menores de edad nacidos en el exterior, hijos o hijas de padre o madre nicaragüense, de conformidad a los requisitos y procedimientos establecidos para tal efecto.

Para todos los efectos migratorios, deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento, debiendo tanto para el ingreso como para el egreso del país, poseer la documentación que a tales efectos se exige a los nicaragüenses.

La nacionalidad nicaragüense adquirida por nacionalización se perderá en los siguientes casos:

1) Adquisición de otra nacionalidad;
2) Renuncia expresa de la nacionalidad nicaragüense;
3) Uso indistinto de su nacionalidad de origen y de la nacionalidad adquirida para salir e ingresar al territorio nacional;
4) Cuando la solicitud de nacionalización haya sido presentada con documentación fraudulenta o su contenido sea contrario a la verdad;
5) Cuando se nieguen a concurrir en defensa de la Patria en caso de agresión extranjera; y
6) Cuando fuere condenado por Actos de Traición por virtud de sentencia ejecutoriada.
La pérdida de la nacionalidad nicaragüense adquirida a que se refieren los numerales 1), 2), 3) y 4) precedentes, la decretará el Ministro o Ministra de Gobernación.

La pérdida de la nacionalidad nicaragüense adquirida por las causales contempladas en los numerales 5) y 6) del presente artículo la tramitará el Ministerio de Gobernación a iniciativa del Procurador General de la República. Se concederá audiencia por tercero día al afectado, y si éste lo solicitare se abrirá a pruebas por ocho días improrrogables, dictándose la correspondiente resolución dentro de las siguientes veinticuatro horas sin recurso alguno; de no haber resolución de la autoridad competente en el termino establecido operará el silencio administrativo a favor del afectado.

La recuperación de la nacionalidad nicaragüense, será aplicable únicamente en los casos de los extranjeros nacionalizados, que habiendo adquirido la nacionalidad nicaragüense, la perdieron por una de las causales señaladas en los numerales 1), 2) y 3) del artículo anterior.

Los extranjeros que habiendo adquirido la nacionalidad nicaragüense con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley, la hayan perdido por una de las causales señaladas en los numerales 1) y 2) del artículo 17 de la Ley No. 149, Ley de Nacionalidad publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1992, podrán recuperarla de conformidad a los requisitos establecidos en la presente Ley.

Para los fines y efectos de la presente Ley, se entenderá por ratificación de la nacionalidad nicaragüense, el acto administrativo por el que la Dirección General de Migración y Extranjería, a través de resolución administrativa, confirma la nacionalidad nicaragüense.

La ratificación de la nacionalidad, se aplica en los casos de extranjeros menores de edad que adquirieron la nacionalidad nicaragüense por extensión del vínculo de sus padres nacionalizados nicaragüenses.

La ratificación de la nacionalidad nicaragüense se confirma mediante resolución administrativa que emite la Dirección General de Migración y Extranjería, a la persona que la solicita una vez que alcance la mayoría de edad, o es declarado emancipado o mayor de edad.

El extranjero que adquirió la nacionalidad nicaragüenses por extensión del vinculo, al cumplir la mayoría de edad o al ser declarado emancipado o mayor de edad, presentará ante la Dirección General de Migración y Extranjería, solicitud formal debidamente notariada en la que exprese que de su libre y espontánea voluntad ha decido ratificar la nacionalidad nicaragüense o acogerse a la nacionalidad de origen. En los casos de declaración de emancipación o mayor edad, debe presentarse la certificación del Registro respectivo.

La resolución de ratificación de la nacionalidad otorgada por la Dirección General de Migración y Extranjería, surtirá efectos legales a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Una vez publicada en La Gaceta, Diario Oficial, la Dirección General de Migración y Extranjería, comunicará a la Dirección General de Cedulación del Consejo Supremo Electoral y al Registro del Estado Civil de las Personas, a fin de que la nacionalidad sea inscrita conforme Ley.

Se consideran documentos migratorios para nacionales los siguientes:
1) Pasaporte ordinario;

Dichos documentos migratorios, se otorgan únicamente a las personas que ostentan la nacionalidad nicaragüense y se definen así:

Pasaporte ordinario: Documento de viaje que emite la Dirección General de Migración y Extranjería a las personas nicaragüenses que salen del territorio nacional. Los requisitos para su otorgamiento serán regulados en el Reglamento de la presente Ley.

Pasaporte oficial: Documento de viaje que se expide a las personas nicaragüenses que salen del territorio nacional en representación del Estado. Su otorgamiento será regulado en el Reglamento de la presente Ley.

Pasaporte de servicio: Documento de viaje que se expide a la persona nicaragüense que realiza funciones consulares o en el área de servicios de una representación nicaragüense en el exterior.

Pasaporte diplomático: Documento de viaje y de identificación, concedido a quienes desempeñen determinadas funciones o cargos de alta dignidad, de responsabilidad nacional o cumplen misiones oficiales en el exterior.

Pasaporte provisional: Documento de viaje que se otorga a las personas nacionales que se les ha extraviado, deteriorado o vencido su pasaporte en el extranjero. Son expedidos por las representaciones nicaragüenses en el exterior, su validez es por un año y expira una vez que retorne al país. En casos excepcionales podrá autorizarse el uso del mismo para retornar al lugar de procedencia o de residencia, siempre y cuando el país receptor lo acepte.

Salvoconducto: Documento de viaje con vigencia de dieciocho meses, con validez únicamente con los países con los que Nicaragua ha suscrito acuerdos o convenios de aceptación.

Permiso colectivo: Documento que expide la Dirección General de Migración y Extranjería a grupos de personas, que viajan por razones laborales, culturales, deportivas, religiosas, de salud, por caso fortuito o fuerza mayor. El permiso colectivo será por tiempo limitado y se otorgará siempre y cuando exista acuerdo con las autoridades de migración del país de destino.

Pase Fronterizo: Es el documento que se expide en las delegaciones fronterizas a todo nacional que habita en el borde fronterizo y que realiza labores en el país vecino o visita familiares. Válido para una sola vez, el que surte efecto a partir de su emisión.

Permiso vecinal: Es el documento que emite una Delegación Fronteriza a pobladores y pobladoras del sector, mayores de dieciocho años, para que puedan viajar por una sola vez al país vecino hasta la población más cercana.

Cédula de identidad: Documento público que identifica a los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses para el ejercicio del sufragio y para los demás actos que determinen las leyes de la República. También es utilizado como documento de viaje para movilizarse dentro de los países con los que Nicaragua haya ratificado instrumentos internacionales para que sus ciudadanos tengan libre movilidad y circulación migratoria, salvo las excepciones de ley.

El pasaporte es un documento público, personal, individual e intransferible, que utiliza el titular legítimo a cuyo nombre expide el Estado de Nicaragua para viajar y acreditar en el exterior la identidad y nacionalidad nicaragüense.

Le corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería la tramitación y expedición de los siguientes documentos migratorios:
1) Pasaportes Ordinarios;
2) Pasaporte Oficial;
3) Salvoconducto;
4) Permiso Colectivo;
5) Permiso vecinal;
6) Pase fronterizo; y
7) Documento de identidad y viaje para asilados y refugiados.

La Dirección General de Migración y Extranjería podrá delegar la expedición de pasaporte en aquellas delegaciones regionales y en las representaciones diplomáticas en el exterior, donde lo demande la población nicaragüense.

Los pasaportes ordinarios, diplomáticos, oficiales, de servicios, especiales y los documentos de identidad y viaje para extranjeros, serán de lectura mecánica, cumpliendo con las especificaciones técnicas que establece la Organización Internacional de Aviación Civil de la cual Nicaragua es miembro.

Las personas que pretendan obtener u obtengan documentos migratorios con documentación fraudulenta, serán remitidas a las autoridades policiales para su investigación y procesamiento, al igual que la autoridad competente, que sabiendo de la falsedad de la documentación o actuando de mala fe otorgue el documento migratorio correspondiente.

La regulación, expedición y uso de los documentos migratorios, corresponderá al Ministerio de Gobernación por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

La autorización de los pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, será atribución del Ministerio de Relaciones Exteriores. La expedición de pasaportes ordinarios y provisionales en el exterior, estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de las representaciones diplomáticas y oficinas consulares, de acuerdo con la reglamentación emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Los pasaportes tendrán una vigencia de diez años salvo cuando se trate de pasaportes de menores de dieciséis años, los cuales tendrán una vigencia de cinco años.

Los derechos de expedición de los documentos migratorios se pagarán conforme a las tasas establecidas en esta Ley.

Cuando un pasaporte es hurtado, robado o extraviado, deberá ser denunciado ante las autoridades policiales del lugar donde se encuentre. De esa denuncia, la persona deberá presentar copia ante la Dirección General de Migración y Extranjería o al consulado nicaragüense del lugar donde se encuentre, con el fin de que el número de libreta de pasaporte sea circulado, condición indispensable para la reposición del mismo.

En los casos de vencimiento, destrucción parcial o total, defecto, alteración, falsificación, o mutilación, la persona titular del pasaporte deberá presentarlo junto con la solicitud de reposición.

Se considera nulo el Pasaporte cuando presente una de las siguientes circunstancias:

1) Falsificación total o parcial del mismo;
2) Alteraciones de cualquier índole o mutilación;
3) Obtención de forma fraudulenta;
4) Expedido por autoridad sin competencia para hacerlo; o
5) Expedido contraviniendo cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley y su reglamento.

El permiso vecinal fronterizo será otorgado en condición de reciprocidad internacional, únicamente a quienes habiten en zonas limítrofes y adyacentes, para que ingresen o egresen del país vía terrestre, con el objeto de facilitar las relaciones inter fronterizas. La obtención de este permiso se hará bajo las condiciones y requisitos que establece el Reglamento de la presente Ley.

El ingreso de extranjeros al territorio nacional con permiso vecinal fronterizo podrá autorizado por la Dirección General de Migración y Extranjería en las zonas limítrofes y adyacentes que determine el Reglamento de la presente Ley.

La Dirección General de Migración y Extranjería podrá suspender, restringir o condicionar el otorgamiento del permiso vecinal fronterizo cuando existan motivos suficientes aplicando el principio de reciprocidad.

Las personas nicaragüenses, para salir del territorio nacional, deberán poseer pasaporte o cualquier otro tipo de documento migratorio expedido a su nombre por la Dirección General de Migración y Extranjería, el que deberá tener una vigencia mayor de seis meses. También deberán presentar la respectiva Tarjeta de Ingreso o Egreso (TIE) al momento de ingresar o egresar por un puesto migratorio. Cuando sean mayores de dieciocho años y su destino sea a países con los que Nicaragua haya ratificado instrumentos internacionales de libre movilidad y circulación migratoria, las personas nicaragüenses podrán presentar como documento migratorio, su cédula de identidad ciudadana.

Las personas nicaragüenses menores de dieciocho años, requerirán una visa de salida, para salir del territorio nacional. La visa de salida deberá solicitarse en la Dirección General de Migración y Extranjería o en sus Delegaciones Regionales u Oficinas Departamentales. Los requisitos para su obtención, serán regulados en el Reglamento de la presente Ley.

Las personas nicaragüenses menores de dieciocho años residentes en el exterior, se encuentran exentos del requisito de la visa de salida a que se refiere el artículo anterior, si la salida se verifica dentro de noventa días, contados a partir de su ingreso al país. Pasado ese término se sujetaran a las disposiciones y procedimientos establecidos en la presente Ley y su Reglamento y de igual forma debe aplicarse lo establecido en la Ley No. 287, “Código de la Niñez y la Adolescencia”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 97 del 27 de mayo de 1998.

Los menores de edad nacidos fuera del territorio nacional, hijos o hijas de padres nicaragüenses, que hayan ingresado a Nicaragua con pasaporte del país de nacimiento, requerirán pasaporte nicaragüense y la visa que establece el artículo 83 de esta Ley, cuando su salida sea después de los noventa días de la fecha de entrada al país. El procedimiento será normado en el reglamento de la presente Ley.

Cuando sean menores de dieciocho años, deberán aplicarse las disposiciones de la Ley No. 287, “Código de la Niñez y la Adolescencia”.

Las personas nicaragüenses, para ingresar al territorio nacional, deberán presentar ante las autoridades migratorias, cualquier tipo de documento migratorio expedido a su nombre por la Dirección General de Migración y Extranjería o por la representación diplomática u oficina consular nicaragüense en el exterior. Cuando sean mayores de dieciocho años y su origen sea de países con los que Nicaragua haya ratificado instrumentos internacionales de libre movilidad y circulación migratoria, las personas nicaragüenses podrán presentar como documento migratorio, su cédula de identidad ciudadana.

La Dirección General de Migración y Extranjería es el órgano encargado de expedir los documentos de identidad a las personas extranjeras que permanezcan en el territorio nacional en calidad de residente, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

A toda persona extranjera que permanezca en el territorio nacional en cualquiera de las sub categorías de la clasificación migratoria de Residente se le expedirá su cédula de residencia.

La Cédula de residente será solicitada por las personas extranjeras ante la Dirección General de Migración y Extranjería dentro del plazo de treinta días a partir de su entrada al país y, en los casos de renovación deberá hacerse con treinta días de anticipación a la fecha de su vencimiento.

La Cédula de residente será otorgada a título personal y gestionada por las personas extranjeras mayores de dieciocho años o por sus representantes legales. Las personas extranjeras de dieciocho años o menos y los declarados incapacitados serán representadas por sus padres, tutores o apoderado especial.

Para las personas extranjeras que ingresen al territorio nacional en cualquiera de las sub categorías de la clasificación de No Residentes, su documento de identificación válido en Nicaragua es el pasaporte extendido por la autoridad competente de su país de nacionalidad. Salvo los casos en que ingresen con otro documento de viaje establecido en instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua.

No tendrán validez los documentos de identidad de personas extranjeras que presenten falsificaciones, alteraciones o enmiendas de cualquier tipo; que le falten hojas o cubiertas; o que presenten escritos o anotaciones que no correspondan a los oficiales.

La Dirección General de Migración y Extranjería procederá a la retención de los documentos de identidad que presenten estas características, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales.

El Ministerio de Gobernación por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, podrá expedir o denegar documento de identidad y viaje a extranjeros con estatus de refugiados y asilados. En el caso de los refugiados, no se otorgará el documento por razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público.

Los documentos de identidad y viaje para los apátridas o extranjeros cuyos países de origen no tengan representación diplomática o consular acreditada en Nicaragua se otorgarán únicamente de conformidad a los instrumentos internacionales de los cuales Nicaragua es parte.

La visa es la autorización de ingreso, tránsito y salida del territorio nacional otorgada por la Dirección General de Migración y Extranjería, a las personas nacionales y extranjeras, conforme las regulaciones establecidas en la legislación nacional vigente, así como los instrumentos internacionales de los cuales Nicaragua sea parte.

Toda visa de ingreso será expedida en el pasaporte o en documento de viaje válido.

La visa otorgada a las personas extranjeras no supone su admisión incondicional al territorio nacional, cualquiera que fuera su categoría migratoria no serán admitidos si se hallan comprendidos en cualquiera de los impedimentos para ingresar al territorio nacional.

El Poder Ejecutivo aprobará por decreto las políticas generales para la autorización de visas de ingreso al territorio nacional, para extranjeros provenientes de determinados países, que se establecerá con base a los instrumentos internacionales vigentes.

Se expedirá visa de salida a los nicaragüenses menores de dieciocho años, que viajen fuera del territorio nacional presentando como requisito fundamental el permiso de salida de sus progenitores o tutor, debidamente autorizado por Notario Público.

En caso de que uno de sus progenitores se encuentre fuera del país, deberá presentar Certificado de Movimiento Migratorio de su última salida, la cual se deberá insertar en el permiso notarial.

Los nicaragüenses mayores de dieciocho años no necesitan del requisito de visa para poder salir del país. Ningún nicaragüense necesita visa de ingreso para ingresar al territorio nacional.

Las visas otorgadas a menores de edad se clasifican en:

1) Visas Ordinarias: Son las otorgadas para salir del país una sola vez dentro del término de treinta días.

2) Visas Múltiples: Son las otorgadas para salir del país las veces que sea necesario cuya vigencia no excederá de un año.

Las visas de ingreso para personas extranjeras son aquellas que, según su naturaleza, requieren para ingresar, de la solicitud previa del interesado dentro y fuera del territorio nacional ante las autoridades competentes, todo conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

El ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residente, está determinado por la categoría migratoria, de conformidad a los instrumentos internacionales de carácter bilateral, regional o extra regional, en la que se clasifican. Así como por las políticas migratorias que determine el gobierno.

Las personas extranjeras pertenecientes a los países con los cuales Nicaragua ha celebrado convenios o acuerdos de libre visado, podrán ingresar al territorio nacional exentos de visas.

Las visas se clasifican en:

1) Ordinaria: Válida para una sola entrada;
2) De Cortesía: Para pasaportes ordinarios, especiales o de servicio en misión cultural, deportiva, participantes de seminarios, humanitaria entre otros;
3) Diplomática: Para pasaportes diplomáticos; y
4) Oficial: Pasaportes oficiales o de servicio.

1) Ordinaria: Válida para una sola entrada;
2) Múltiple: Valida para múltiples entradas y tendrá vigencia hasta de un año;
3) De Tránsito: Válida para transitar por el territorio nacional con el fin de dirigirse a otro país y tendrá una vigencia de cinco días.

Las visas consultadas regulan el ingreso al territorio nacional de personas extranjeras con ciudadanía de países restringidos.

1) Visa de residente:
a) Visa de estudiante;
b) Visa de profesionales; y
c) Otros.

2) Visa de no residente;
a) Visa de visitante o turista;
b) Visa de tránsito;
c) Visa de negocios; y
d) Otros.

Las visas consultadas tendrán una vigencia de treinta días, prorrogables hasta completar noventa días, excepto las visas de tránsito cuya vigencia es de cinco días.

La Dirección General de Migración y Extranjería es el único órgano autorizado para otorgar y emitir las visas consultadas en cualquiera de sus categorías, para estos efectos las representaciones diplomáticas y oficinas consulares en el exterior que reciban solicitudes de visa deberán remitirlas por medio de la Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Dirección General de Migración y Extranjería, quien posteriormente resolverá y les notificará si procede o no la autorización.
Los requisitos y procedimientos para la solicitud de visa serán establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

En caso se dicte resolución denegatoria de una solicitud de visa consultada de ingreso, la persona interesada podrá solicitarla nuevamente transcurrido un plazo de seis meses calendarios, contados a partir de la resolución denegatoria, sin perjuicio de los recurso de revisión y apelación de conformidad a la Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo”.

Las visas consulares son las otorgadas por las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de Nicaragua en el exterior a la persona extranjera con ciudadanía de países no restringidos las cuales también podrán ser otorgadas en los puestos migratorios de acuerdo a instrumentos internacionales ratificados y las políticas migratorias.

Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores otorgar las visas diplomáticas y de invitados.

Todas las personas nacionales y extranjeras que ingresen o salgan del país, lo harán exclusivamente por los puestos habilitados al efecto y estarán sujetos al control migratorio.

La Dirección General de Migración y Extranjería tiene como función controlar y registrar la entrada y salida de personas en el tránsito internacional, asimismo colaborará con las autoridades de aduana, salud y seguridad.

Las personas extranjeras, para ingresar al territorio nacional deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1) Ingresar por un puesto habilitado;
2) Presentar pasaporte con vigencia mayor a los seis meses o documento migratorio reconocido por Nicaragua;
3) Portar la respectiva visa de ingreso en caso lo requiera o cédula de residencia;
4) Cumplir con los procedimientos establecidos en el despacho migratorio.

Las personas nacionales de países, con los que Nicaragua ha suscrito instrumentos internacionales de libre movilidad y circulación migratoria, quedan exentos del cumplimiento del requisito 2) del artículo anterior. De igual forma los que ingresen por razones humanitarias o por convenios de cooperación bilateral.

Las personas extranjeras de las nacionalidades comprendidas en la categoría “B” del artículo 14 de la presente ley, podrán movilizarse dentro de los estados miembros del CA-4 con la misma visa.

A las personas extranjeras no residentes, al ingresar al territorio nacional por cualquiera de los puestos migratorios periféricos habilitados se le autorizará la permanencia de conformidad a su categoría migratoria. Podrán solicitar prórroga ante la Dirección General de Migración y Extranjería, antes del vencimiento de su permanencia. La infracción a la anterior disposición da lugar a multa y deportación.

Las personas extranjeras no residentes, para salir del territorio nacional deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1) Presentar pasaporte vigente o documento migratorio equivalente;
2) Encontrarse dentro de la permanencia autorizada; y
3) Cumplir con el despacho migratorio y requisitos establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Las personas extranjeras no residentes que al momento de salir del país, se encuentren con la permanencia vencida, pagarán la multa establecida.

Las personas extranjeras no residentes, que al momento de salir del país, presentan pasaporte o documento de viaje nuevo otorgado por su representación diplomática por pérdida del anterior, deberán esperar mientras el oficial migratorio del puesto habilitado confirma la fecha de ingreso al país. Una vez confirmada se autorizará su salida del territorio nacional, siempre y cuando su permanencia en el país sea legal.

Las personas extranjeras residentes, para salir del país por fronteras periféricas, requieren de la visa de salida. Además cumplirán con los siguientes requisitos:

1) Presentar pasaporte vigente o documento de viaje equivalente;
2) Presentar cédula de residencia vigente; y
3) Cumplir con el despacho migratorio y otros requisitos establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería. Para su ingreso no requerirán visa de entrada.

El rechazo es la actuación administrativa por la cual la autoridad migratoria, al momento de ejercer el control migratorio, niega el ingreso al territorio nacional a una persona extranjera, que se encuentre dentro de las causales señaladas en la legislación migratoria vigente, ordenando de inmediato su reconducción al país de embarque o de origen.

El ingreso de un extranjero será objeto de rechazo cuando ocurra una de las siguientes causales:

1) No cumplir con los requisitos que para su ingreso establece la presente Ley, Reglamento y normativas;
2) Presentar documentación migratoria fraudulenta;
3) Cuando así lo determinen las autoridades de salud pública;
4) Haber sido deportados o expulsados y su impedimento de entrada se encuentre vigente;
5) Haber sido condenados, por tribunales nacionales por delitos tales como: tráfico de personas, narcotráfico, terrorismo, trata, tráfico y trasiego de armas o explosivos, asociación ilícita para delinquir y delitos de abuso sexual;
6) Tráfico ilegal del patrimonio cultural y evasión fiscal;
7) Los que se dediquen al tráfico ilegal de drogas, fomenten su uso o se lucren de esta actividad;
8) Por orden de la autoridad judicial;
9) Cuando no presente la documentación exigida para autorizar su ingreso;
10) Cuando se constatare la existencia de alguna de las causales de inadmisión en relación a su categoría de entrada; y
11) Cuando fuera sorprendido intentando ingresar al territorio nacional, eludiendo el control migratorio o por lugar no habilitado.
La aplicación y ejecución del rechazo administrativo por las causales antes señaladas no requiere un procedimiento previo y no habrá ulterior recurso o acción.

Los extranjeros objeto de rechazo por cualquiera de las causales mencionadas en el artículo anterior y que por razones de fuerza mayor no fueron reembarcados de forma inmediata, serán remitidos al albergue nacional, para su posterior reembarque.

La Dirección General de Migración y Extranjería, habilitará, con autorización ministerial en el ramo de Gobernación, los puestos migratorios que considere oportunos, en los cuales ejercerá sus funciones de control migratorio de conformidad a las políticas que para tal fin están establecidas por el Estado de Nicaragua.

Las regulaciones establecidas en los artículos precedentes sobre requisitos de ingreso, no se aplicarán a las personas extranjeras que soliciten acogerse al derecho de asilo o refugio, de conformidad a la Constitución Política, los instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua y la Ley No. 655, “Ley de Protección a Refugiados”.

Se considera irregular el ingreso o la permanencia de las personas extranjeras cuando se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

1) Que haya ingresado al país por lugar no habilitado como puesto migratorio;
2) Que ingrese sin someterse a control migratorio;
3) Que el pasaporte u otro documento migratorio o la visa presentados son falsificados u obtenidos fraudulentamente;
4) Que se le haya vencido la permanencia legal en el país; y
5) Que sea retenido por la autoridad competente al pretender salir del país por lugares no autorizados.

La Dirección General de Migración y Extranjería al determinar la permanencia irregular en el país de una persona extranjera, podrá conceder a ésta un plazo perentorio de hasta treinta días, para que regularice su permanencia o abandone el país.

Los jueces y tribunales de la República están obligados a informar a la Dirección General de Migración y Extranjería, en un término no mayor de cuarenta y ocho horas de dictada, las causas y sentencias condenatorias o auto de prisión dictados contra personas extranjeras para que dicha institución, una vez que el juez ordene la libertad de ésta, tomen las medidas pertinentes para su regularización migratoria, deportación o expulsión.

Los jueces de ejecución de sentencia cuando ordenen la libertad de personas extranjeras por cualquier circunstancia, deberán informar a la Dirección General de Migración y Extranjería inmediatamente que se libre el mandamiento. Asimismo, el Sistema Penitenciario Nacional deberá comunicar con antelación, la fecha en que será puesto en libertad un extranjero, una vez que haya cumplido su condena y entregarlo a la Dirección General de Migración y Extranjería para su custodia y posterior deportación o expulsión.

Los servicios migratorios y los documentos correspondientes que expida la Dirección General de Migración y Extranjería a favor de personas nacionales o extranjeras causarán el pago de tasas por dichos servicios de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

Las tasas deberán ser proporcionales y equitativas con el costo de los servicios prestados pudiendo tomar como referencia el valor promedio en la región centroamericana.

Las tasas por servicios migratorios se pagarán mediante depósito en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la República denominadas Cuentas Recaudadoras o en las cajas de la Dirección General de Migración y Extranjería contra la entrega del recibo oficial con las características y seguridades que disponga la ley. Los montos recibidos por la Dirección General de Migración y Extranjería serán depositadas en las cuentas bancarias establecidas por la Tesorería General de la República.

Para la recaudación, depósito y transferencia de tasas por servicios migratorios en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de Nicaragua en el exterior se aplicará lo dispuesto en la “Ley No. 710, Ley de Tasas por Servicios Consulares”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 67 del 13 de abril de 2010, debiendo remitir a más tardar el día diez de cada mes al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de Migración y Extranjería, un informe mensual con copia a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los formularios proporcionados por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Con fundamento en el principio de reciprocidad, el pago de las tasas a que se refiere la presente Ley, no se exigirá a las personas nacionales de los países con los cuales Nicaragua ha suscrito instrumentos internacionales relativos a la materia.

Se establecen las siguientes tasas por servicios migratorios exclusivos para personas nacionales:



CONCEPTO	ARANCEL
SERVICIOS DE MIGRACIÓN (NACIONALES)
Libreta de Pasaporte Ordinario	C$	750.00
Libreta de Pasaporte Ordinario para menores	C$	375.00
Formulario de trámites migratorios	C$	5.00
Agilización de pasaporte en base al tiempo de resolución por 24 horas	C$	300.00
Agilización de pasaporte en base al tiempo de resolución por 48 horas	C$	250.00
Agilización de pasaporte en base al tiempo de resolución por 72 horas	C$	200.00
Agilización de pasaporte en base al tiempo de resolución por 4 días	C$	100.00
Traslado de documentos migratorios (trámites recepcionados en SERTRAMI)	C$	50.00
VISA MÚLTIPLE
Visa de salida para menores de edad (tres meses)	C$	300.00
Visa de salida para menores de edad (seis meses)	C$	600.00
Visa de salida para menores de edad (un año)	C$	1,200.00
Multa por pérdida de pasaporte	C$	200.00
Permiso especial de viaje (salvoconducto)	C$	200.00
Certificado de movimiento migratorio	C$	200.00
Certificado de movimiento migratorio para trámites de visa de salida a menores	C$	100.00
Agilización de certificado de movimiento migratorio en base al tiempo de resolución 24 horas.	C$	100.00
Agilización de certificado de movimiento migratorio en base al tiempo de resolución 48 horas.	C$	80.00
Agilización de certificado de movimiento migratorio en base al tiempo de resolución 72 horas	C$	60.00
Multa por detección de documentos y/o sellos anómalos	C$	5,000.00
Certificado de pasaporte	C$	200.00

Se establecen las siguientes tasas por servicios migratorios exclusivos para personas extranjeras las que serán pagadas en dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en córdobas utilizando el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central de Nicaragua con base al deslizamiento anual, al momento de generarse el hecho tributario.



SERVICIOS DE EXTRANJERÍA
Formulario de residencia y nacionalidad	C$	50.00
Formulario de revalidación	C$	25.00
Trámite de cédula de residencia temporal anual	C$	2,000.00
Trámite de cédula de residencia permanente por cinco años	C$	5,000.00
VISA DE SALIDA PARA EXTRANJEROS
Visa ordinaria	C$	200.00
Visa de salida (por tres meses)	C$	400.00
Visa de salida (por seis meses)	C$	800.00
Visa de salida (por un año)	C$	1,600.00
Certificado de la resolución de nacionalización	C$	400.00
Prórroga de estancia (de uno a treinta días)	C$	500.00
Certificaciones (movimientos migratorios, de nacionalidad y de domicilio)	C$	200.00
Agilización de certificado de movimiento migratorio en base al tiempo de resolución 24 horas	C$	100.00
Agilización de certificado de movimiento migratorio en base al tiempo de resolución 48 horas	C$	80.00
Agilización de certificado de movimiento migratorio en base al tiempo de resolución 72 horas	C$	60.00
Certificado de domicilio	C$	300.00
Constancia de trámites en proceso	C$	200.00
Constancia de residencia	C$	250.00
Reposición de Cédula de Residencia por deterioro	C$	250.00
Autorización de estancia en el exterior (fuera del tiempo estipulado)	C$	500.00
Expedición de sellos de residencia en pasaportes nuevos	C$	50.00
Visa de salida a no residentes	C$	200.00
Cambio de motivación	C$	600.00
Cambio de clasificación migratoria	C$	500.00
Derecho a laborar no residentes máximo de seis meses (pago por mes).	C$	500.00
Registros de libro de hoteles, hospedajes, pensiones y similares (pago anual)	C$	200.00
Registro de información automatizada de huéspedes en hoteles (anual)	C$	200.00
Solicitud de trámite de nacionalidad nicaragüense	C$	2,000.00
Solicitud de trámite de nacionalidad por extensión al vínculo	C$	500.00
Solicitud de renuncia de nacionalidad nicaragüense adquirida	C$	5,000.00
Solicitud de trámites de recuperación de la nacionalidad nicaragüense a los extranjeros (Al que la perdió o renunció a la misma) estando previamente nacionalizado	C$	5,000.00
MULTA POR DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DE CÉDULA DE RESIDENCIA
Residencia Temporal	C$	500.00
Residencia Permanente	C$	500.00
MULTA POR PERMANENCIA IRREGULAR EN EL TERRITORIO NACIONAL
Extranjeros Visitantes (por día)	C$	50.00
Extranjeros Residentes (por día)	C$	25.00
Multa por ingreso y salida de extranjeros por puesto fronterizo no habilitado	C$	2,000.00
MULTA A EXTRANJEROS DETECTADOS SIN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD CORRESPONDIENTE
Extranjeros Visitantes	C$	50.00
Extranjeros Residentes	C$	25.00
Multa a hoteles, hospedajes, pensiones y negocios similares por incumplimiento en el registro de libros en el periodo establecido en el reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería.	C$	200.00
Multa a hoteles, pensiones y negocios similares por alojamiento de extranjeros que se encuentren en el país sin su debida documentación.	C$	1,000.00
Multa a empleadores o centros laborales por contratar personal extranjero con la documentación apropiada pero sin la debida autorización para laborar, en los casos de reincidencia se aplicará el doble del monto establecido.	C$	5,000.00
Multa a empleadores o centros laborales por contratar y mantener personal extranjero residentes y no residentes sin reportarlos, en los casos de reincidencia se aplicará el doble del monto establecido.	C$	2,500.00

Se establecen las siguientes tasas por servicios migratorios que se pueden prestar indistintamente tanto para personas nacionales como para personas extranjeras. En el caso de las personas extranjeras que soliciten este servicio, podrán ser pagadas en dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en córdobas utilizando el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central de Nicaragua con base al deslizamiento anual, al momento de generarse el hecho tributario.



SERVICIOS DE FRONTERAS
Despacho migratorio de entrada y/o salida del país de extranjeros visitantes (Exentos los nacionales del CA-4)	C$	44.28
Permiso Vecinal (solo nacionales)	C$	100.00
Enrrolos y desenrrolos (solo para extranjeros)	C$	221.04
PASE PERMANENTE A BORDO (MARÍTIMO)
Pase a tierra	C$	22.14
VISA A EXTRANJEROS
Visa Fronteriza países categoría “B”	C$	1,107.00
Visa de Tránsito a Extranjeros	C$	221.40
ATENCIÓN DE DESPACHO MIGRATORIO ESPECIAL (POR DÍA):
Marítimo	C$	1,107.00
Aéreo	C$	1,107.00
Terrestre	C$	221.40
DESPACHO MIGRATORIO DE NAVES MARÍTIMAS ENTRANDO Y SALIENDO DEL PAÍS UTILIZANDO PUERTO INTERNACIONAL (EXCLUSIVAMENTE PARA LAS CATEGORÍAS DE BARCOS PESQUEROS, CAMARONEROS, ACOPIO Y LANGOSTEROS)
Atenciones horario ordinario a barcos con bandera nacional.	C$	664.20
Atenciones horario extraordinario a barcos con bandera nacional.	C$	885.60
Atenciones horario ordinario a barcos con bandera extranjera.	C$	1,107.00
Atenciones horario extraordinario a barcos con bandera extranjera.	C$	1,328.40
EL RESTO DE CATEGORÍA DE BARCOS HORARIO ORDINARIOS: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. a 12.00 m.
Entradas y salidas de barcos extranjeros	C$	2,214.00
Entradas y salidas de barcos nacionales	C$	1,328.40
HORARIO EXTRAORDINARIO: Lunes a Viernes: Después de las 6:00 p.m. Sábados: Después de las 12: 00 m. domingos y días feriados
Entradas o salidas de barcos extranjeros	C$	3,321.00
Entradas y salidas de barcos nacionales	C$	1,992.60
ENTRADAS Y/O SALIDAS DE YATES EN TODO HORARIO
Yates Extranjeros	C$	553.50
Yates Nacionales	C$	332.10
Entradas y/o salidas de cayucos nacionales y extranjeros	C$	44.28
MULTA POR DETECCIÓN DE POLIZONES EN NAVES MARÍTIMAS, TERRESTRES Y AÉREAS
Naves marítimas	C$	6,642.00
Naves aéreas	C$	22,140.00
Transporte terrestre internacional de pasajeros	C$	4,428.00
Multa por embarque de pasajeros sin cumplir con los requisitos migratorios (líneas aéreas y transportes marítimos)	C$	11,070.00

Están exentos del pago de la multa por pérdida de pasaporte, los ciudadanos nicaragüenses que presenten constancia debidamente certificada por las autoridades policiales y/o judiciales, con la que demuestre la sustracción, hurto o robo del pasaporte.

En el caso de los ciudadanos a quienes se les haya otorgado la condición de refugiado o apátrida, pagarán el cincuenta por ciento de las tasas establecidos en la presente Ley por la residencia permanente.

La Dirección General de Migración y Extranjería contará con los recursos financieros asignados en la Ley Anual del Presupuesto General de la República.

1) Servicios Migratorios; y
2) Multas.
Los ingresos generados como rentas con destino específico, por los servicios migratorios prestados, deberán ser depositados en las cuentas bancarias establecidas por la Tesorería General de la República.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público liquidará y transferirá mensualmente al Ministerio de Gobernación el cien por ciento de las sumas que ingresen por servicios migratorios y multas, a fin de garantizar la capacidad operativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, de acuerdo con la Ley Anual de Presupuesto, la Ley No. 550, “Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario”, las normas y procedimientos de ejecución y control presupuestario.

Crease el Fondo Especial de Migración para los fines señalados en el párrafo final del artículo 130 de la presente Ley. El Fondo Especial de Migración se capitalizará con los recursos siguientes:

1) Los intereses generados por los Depósitos en Garantía.

2) Depósitos en Garantía no retirados, de conformidad a lo establecido en a la presente Ley.

Se establece el Depósito en Garantía para aquellas personas extranjeras que soliciten admisión como residentes para sí o para terceros. El Depósito en Garantía deberá ser equivalente en efectivo al valor real de un boleto de regreso al país de origen o de residencia anterior con el propósito de cubrir gastos de una eventual deportación, expulsión o reembarque del territorio nacional.

Se exceptúan de esta disposición las personas nacionales de aquellos países con los que Nicaragua ha ratificado instrumentos internacionales y donde exista el principio de reciprocidad; así mismo no se exigirá Depósito de Garantía a las personas extranjeras que posean vínculos en primer grado de afinidad y segundo de consanguinidad con nicaragüenses.

Los Depósitos en Garantía se depositarán en una cuenta corriente establecida por la Tesorería General de la República, bajo la designación de “Fondo Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería”. Estará administrado por la Dirección General de Migración y Extranjería bajo la supervisión y vigilancia del Ministerio de Gobernación y sujeto a la fiscalización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría General de la República.

La cuenta bancaria “Fondo Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería”, es inembargable y no podrá tener otro uso que el señalado en el presente artículo.

A efectos de mantener un manejo y control adecuado de la cuenta bancaria “Fondo Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería”, la Dirección General de Migración y Extranjería deberá:
1) Registrar firmas mancomunadas exclusivamente para efectuar los retiros de la cuenta bancaria “Fondo Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería”.

2) Elaborar informes trimestrales a la Contraloría General de la República sobre la administración del “Fondo Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería”.
Los Ingresos que genere esta cuenta en concepto de intereses, así como los depósitos que no sean retirados por los extranjeros en el tiempo establecido, serán destinados para la capacitación del personal de la Dirección General de Migración y Extranjería y para resolver necesidades médicas que no cubre la atención social, retiro, jubilaciones anticipada por problemas de enfermedad o familiares debidamente justificados, la que se realizará de acuerdo a lo reglamentado en la presente Ley.

Los Depósitos en Garantía efectuados quedarán en custodia durante el plazo de permanencia autorizado y su valor deberá ser actualizado según las tarifas aéreas vigentes.

El Depósito en Garantía efectuado no habilita al depositante a reclamar el pago de intereses, o compensación alguna por el tiempo transcurrido desde su constitución hasta la oportuna devolución, su amortización, ni por pérdida del valor que hubiera sufrido el dinero dado en garantía.

La solicitud de la devolución del Depósito en Garantía, se realizará dentro de los sesenta días, a partir de la fecha de la salida definitiva del país de la persona a favor de la cual se constituyó la garantía o de la fecha en que la misma haya adquirido la nacionalidad nicaragüense. La solicitud de devolución la podrá efectuar la persona que solicitó la visa de ingreso al territorio nacional o su representante legal.

La Dirección General de Migración y Extranjería, resolverá los trámites de solicitudes de devoluciones de los depósitos en garantía, en un plazo no mayor de treinta días después de haber recibido la solicitud, una vez que se haya comprobado la efectiva salida del territorio nacional.

La persona extranjera que haya efectuado el Depósito en Garantía y que su permanencia se encuentre con noventa días de irregularidad o que su salida del país se realice de forma irregular o fraudulenta, perderá el derecho a reclamar la devolución del Depósito de Garantía, el que pasará a formar parte del Fondo Especial de Migración creado por el artículo 127 de la presente Ley.

Los depósitos del Fondo Especial de Migración serán inembargables, para todos los efectos legales y no podrán tener un uso diferente del señalado en la presente Ley.

Se exonera del requisito del depósito en la cuenta bancaria “Fondo Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería” a:

1) Las personas extranjeras que tengan vínculo de primero y segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con nicaragüenses;
2) Las personas extranjeras menores de edad; y
3) Las personas extranjeras que tengan derecho a tal exención de conformidad a instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua.

Las empresas de medios de transportes internacionales de pasajeros y de carga aérea, terrestre, marítima, fluvial y lacustre, estarán sujetos al control migratorio de sus pasajeros y de su tripulación al momento de su entrada o salida del país, así como a su inspección en cualquier parte del territorio nacional, cuando las autoridades migratorias lo requieran de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

Las empresas de transporte nacionales e internacionales, terrestres, marítimas, fluviales, lacustres y aéreas, tienen la obligación de constatar por medio de sus agentes o empleados que la documentación de los nacionales y extranjeros que viajan en ellos, dentro y fuera del país, llenen los requisitos legales y reglamentarios exigidos en esta Ley y de acuerdo a la Normas Internacionales.

Las empresas transportadoras están obligadas a capacitar a su personal sobre las normativas y procedimientos que regulan el despacho migratorio de entrada y salida del territorio nacional, bajo la supervisión técnica, debidamente certificada por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Las empresas transportadoras están obligadas a reconducir de forma inmediata a lugar de embarque, a los pasajeros que no cumplan con los requisitos para su ingreso y cubrir los gastos que éstos generen, sin perjuicio de la sanción correspondiente de conformidad con esta Ley y su Reglamento.

Las empresas transportadoras están obligadas a mantener bajo custodia y entregar a las autoridades migratorias, los pasajeros que transporten en la condición de Polizontes garantizando su retorno a su lugar de origen o procedencia por cuenta de la empresa.

Comprobada la infracción a la Ley por la empresa de transporte y que ésta no pueda retornar de inmediato al pasajero, estará obligada a cubrir los gastos de hospedaje, custodia y otros que ocasione el extranjero que hubiere transportado sin los documentos válidos o requisitos correspondientes. La disposición anterior también será aplicable a los pasajeros en tránsito que no reúnan los requisitos migratorios de ingreso.

Las empresas de transporte nacional e internacional de pasajeros están obligadas a presentar ante las autoridades migratorias, tanto a la entrada como a la salida del país, los documentos y manifiestos de embarque o desembarque tanto de tripulantes como de pasajeros y el documento de Información Anticipada de Pasajeros, conocido por sus siglas en ingles como API (Advanced Passengers Information).

Asimismo el personal de las empresas transportadoras nacionales y extranjeras está obligado a colaborar con la Dirección General de Migración y Extranjería en la recolección de la información de los viajeros que salen y entran al país.

Los medios de transporte internacional aéreo, fluvial, lacustre marítimo o terrestre, están obligados a proveer la Tarjeta de Ingreso y Egreso para movimientos migratorios internacionales a sus pasajeros de la misma, de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Dirección General de Migración y Extranjería.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, por parte de las empresas de los medios de transporte internacional aéreo, marítimo, fluvial o terrestre, la Dirección General de Migración y Extranjería podrá impedir su ingreso o salida al territorio nacional, hasta tanto no sean satisfechas todas las obligaciones.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos anteriores, se impondrá multa en la cantidad establecida en la presente Ley. Las repetidas violaciones de las disposiciones legales y reglamentarias migratorias, darán lugar a la cancelación del permiso de operación en Nicaragua de la empresa de transporte que se trate.

Los tripulantes y el personal de los medios de transporte nacional e internacional que lleguen o salgan del país deberán proveerse de la documentación que acredite su identidad y la condición de estos.

Asimismo, están obligados al control migratorio y al cumplimiento de los requisitos que correspondan conforme el reglamento de esta Ley.

La Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar la permanencia en el país de un extranjero que labore para uno de los medios de transporte internacional por el plazo necesario para el desarrollo de las labores propias de su cargo.

Asimismo, en casos excepcionales de urgencias o emergencias del medio de transporte la Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar la permanencia de estos extranjeros por el plazo que dure la emergencia y que no exceda treinta días. La empresa de transporte quedará obligada a sufragar los gastos de estadía del extranjero, así como su traslado fuera del territorio nacional.

Se establecen las siguientes prohibiciones:

1) Ningún extranjero que forme parte del personal de los medios de transporte internacional, podrá permanecer en el territorio nacional después de la salida del transporte en que arribo al país, sin autorización expresa de la Dirección General de Migración y Extranjería.

2) En caso de deserción, la empresa quedará obligada a trasladarlo y reconducirlo por su cuenta fuera del territorio nicaragüense, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Reglamento de la presente Ley.
3) El desembarque de pasajeros en una escala técnica, salvo que se encuentren expresamente autorizados por la Dirección General de Migración y Extranjería.

La Dirección General de Migración y Extranjería será quien autorice la devolución del importe o endoso a favor de otra persona, los pasajes de regreso o de continuación de viajes vendidos o concedidos a extranjeros no residentes que se encuentran en el territorio nacional y decidan optar a otro estatus migratorio.

Las empresas transportadoras nacionales e internacionales con representación comercial en Nicaragua o aquellas que realicen escalas en los puestos migratorios, puertos y aeropuertos internacionales, están obligadas a reservar a favor del Estado de Nicaragua cupos para los extranjeros que vayan a ser deportados, expulsados o repatriados a su lugar de origen o procedencia.

El costo del boleto de retorno será de un cincuenta por ciento del valor comercial del mismo con relación al costo de la empresa transportadora a la que se le compre. El procedimiento para la adquisición lo determinará la Dirección General de Migración y Extranjería de acuerdo a su reglamento.

La Dirección General de Migración y Extranjería en coordinación con las autoridades policiales y otras instituciones del Estado debidamente identificadas, podrá realizar controles migratorios en los medios de transporte aéreos, terrestres, fluviales, marítimos y lacustres en cualquier parte del territorio nacional.

A efectos de contratar personal extranjero, todo empleador público o privado, estará obligado a cumplir con las obligaciones que le impongan la legislación laboral vigente, así como la presente Ley y su Reglamento.

Todo empleador que contrate de manera verbal o por escrito a extranjeros, deberá exigir la presentación de la cédula de residencia, la que deberá encontrase vigente mientras dure el vínculo laboral y permiso para laborar otorgado por la Dirección General de Migración y Extranjería cuando haya ingresado en calidad de turista.

1) Tener planillas y listados de los trabajadores extranjeros contratados;
2) Mostrar las planillas y listados de trabajadores, cuando sea requerido por la Dirección General de Migración y Extranjería;
3) Enviar semestralmente a la Dirección General de Migración y Extranjería, informe donde se exprese nombre y apellidos, nacionalidad, cargo, ingreso, término de vigencia del contrato y dirección de los extranjeros que se encuentren laborando para los mismos; e
4) Informar a la Dirección General de Migración y Extranjería, la baja laboral de los extranjeros que tenían contratados.

Los responsables de las entidades, organizaciones, empresas o centros laborales, están obligados a permitir la inspección migratoria y suministrar a la Dirección General de Migración y Extranjería, cuando lo requiera, reportes sobre los extranjeros que laboren para la misma. La información deberá contener nombres y apellidos, nacionalidad, cargo, término de vigencia del contrato y dirección domiciliar entre otros.

Queda prohibida la contratación de trabajadores extranjeros que estén en situación migratoria irregular en el país o que, gozando de permanencia legal, no estén autorizados para ejercer actividades laborales.

Las multas y sanciones aplicables a los empleadores que incumplan con lo establecido en la presente Ley, están determinadas en la misma, sin perjuicio de las acciones civiles y penales contempladas en nuestra legislación.

Los dueños, administradores o encargados de hoteles, pensiones o negocios similares quedan obligados a exigir a los extranjeros que hospeden, la presentación de los documentos de identidad y de viaje según sea el caso.

Prohíbase a los dueños, administradores o encargados de hoteles, pensiones o negocios similares, proporcionar alojamiento a las personas extranjeras que no presenten documento de viaje o residencia.

Los hoteles, pensiones o negocios similares, cualquiera que sea su categoría ubicados en el territorio nacional, deberán llevar un libro de registro de personas extranjeras, debidamente foliado y sellado por la Dirección General de Migración y Extranjería para efectuar el control migratorio de personas extranjeras correspondiente. Dicho registro podrá llevarse por medio de sistemas informáticos autorizados por la Dirección General de Migración y Extranjería.

El registro, tanto en formato libro, como en sistemas informáticos que lleven los hoteles, pensiones y negocios similares estarán a disposición de la Dirección General de Migración y Extranjería para efectuar el control migratorio de personas extranjeras.

Los dueños, administradores o encargados de hoteles u otros sitios de hospedaje que incumplan las obligaciones establecidas en la presente Ley serán multados por la Dirección General de Migración y Extranjería de conformidad a lo establecido en el artículo 122 de la presente Ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales contempladas en nuestra legislación.

La Dirección General de Migración y Extranjería al declarar en situación irregular la entrada o permanencia de un extranjero, según sea el caso puede:

1) Requerirlo para que legalice su situación migratoria en el país;

2) Retenerlo y obligarlo a que abandone el país en un plazo determinado; y

3) Retenerlo y ordenar su deportación previa documentación.

Las personas que ingresen o permanezcan en situación irregular en el territorio nacional, en cualquiera de las formas o modalidades establecidas en la presente Ley, serán retenidas por las autoridades competentes de la Dirección General de Migración y Extranjería durante un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de su retención.

Excepcionalmente y por razones de carácter humanitario, podrá omitirse la retención cuando la persona extranjera presente impedimentos psicofísicos, debidamente comprobado por un Médico Forense.

Las personas migrantes en situación irregular serán retenidos en locales de uso exclusivo para tal fin, designados como Centros de Albergue de Migrantes bajo la administración y custodia de las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, debiéndose adoptar las normas y medidas de seguridad pertinentes hasta la deportación a su país de origen o procedencia, una vez que el Consulado de su respectivo país les haya entregado la documentación y que hayan obtenido su boleto de retorno para su embarque bajo la custodia de las autoridades migratorias.

Cuando habiéndose vencido el plazo de permanencia en los Centros de Albergue de Migrantes en situación irregular de conformidad a lo establecido en la presente ley, la Dirección General de Migración y Extranjería, a solicitud del migrante o de un organismo gubernamental o no gubernamental que trabaje con la problemática de los migrantes, lo entregará bajo tutela y custodia, bajo pena de responsabilidades civiles y penales, debiendo previamente presentar el Depósito de Garantía de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley.

La persona extranjera que se encuentre en territorio nacional en situación irregular, será objeto de traslado al albergue nacional de la Dirección General de Migración y Extranjería, para determinar su situación migratoria.

El internamiento de una persona extranjera en el albergue, será determinado, cuando éste se encuentre en cualquiera de las causales señaladas en el artículo 118 de la presente Ley.

Determinado el internamiento, se notificará al migrante irregular las causas de su internamiento, a través de resolución administrativa debidamente motivada, notificando también a su representación diplomática o consular, Ministerio de Relaciones Exteriores y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Las personas extranjeras no residentes retenidas en el albergue permanecerán en el mismo, el tiempo que dure la tramitación de su deportación, reembarque o resolución de su situación migratoria.

Las personas extranjeras no residentes y residentes, que hayan cumplido sanción penal, una vez remitidos al albergue por el Sistema Penitenciario Nacional, se les realizará internamiento y se dictará resolución administrativa determinando su situación migratoria.

Las personas extranjeras retenidas en el albergue, podrán egresar del mismo, cuando se hayan cumplido los trámites necesarios para su regularización migratoria o deportación, la que se efectuará mediante resolución que emita el Director o Directora General de Migración y Extranjería.

De la resolución de deportación que emita el Director o Directora General de Migración y Extranjería notificará tanto al extranjero, como a su representación diplomática o consular.

Los extranjeros retenidos en el albergue, previo al egreso del mismo deberán cancelar multa por el ingreso o permanencia de forma irregular de conformidad a lo establecido en el artículo 122 de la presente Ley.

En los casos de personas migrantes en situación irregular cuyo país tenga representación diplomática o consular, se pondrá en conocimiento de su respectiva Embajada o Consulado, a fin de que éstos en las cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, inicien el proceso de repatriación de sus connacionales. Si las personas migrantes en situación irregular tuvieren capacidad para pagar el costo del boleto para su repatriación o deportación inmediata, ésta se podrá efectuar dentro de las cuarenta y ocho horas después de su captura y retención.

Si no hubiera en el territorio nacional representación diplomática o consular del país de origen, le corresponde a las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería proceder a la deportación de las personas migrantes en situación irregular dentro del plazo de sesenta días hábiles, período durante el cual permanecerán en los locales destinados exclusivamente como albergue de migrantes irregulares.

Las personas extranjeras que hayan sido deportadas por las autoridades nicaragüenses no podrán ingresar a Nicaragua durante un periodo de veinticuatro meses, plazo que se contará a partir de la fecha de la deportación. En el caso de expulsión como sustitución de una pena privativa de libertad inferior a cinco años de conformidad con el artículo 95 del Código Penal vigente, el expulsado no podrá regresar a Nicaragua por un período no menor al doble de la pena impuesta.

Cuando se trate de extranjeros, que además de haber ingresado y/o permanecido en situación irregular en el país, hayan sido capturados por haber cometido delitos comunes en el territorio nacional, que merezca pena privativa de libertad por cinco o más años, la expulsión no será procedente sino hasta el cumplimiento de la pena impuesta por la comisión del ilícito y la sanción establecida por el ingreso y/o permanencia en situación irregular en el territorio nacional sin perjuicio de lo establecido en instrumentos internacionales.

El matrimonio o unión de hecho estable de un inmigrante en situación irregular con un ciudadano o ciudadana nicaragüense, le concede el derecho de solicitar ante la Dirección General de Migración y Extranjería, cambio de su estatus migratorio a residente por vínculo matrimonial o unión de hecho estable conforme el artículo 37 de la presente Ley sin perjuicio de los derechos establecidos en otras leyes o en instrumentos internacionales. Para tal efecto, los interesados deben de haber formado una familia por medio de una relación estable, la cual debe de ser demostrada con dos testigos del lugar de residencia de la familia formada que conozcan al nacional.

La deportación es el acto administrativo dispuesto por el Director o Directora General de Migración y Extranjería, en el que ordena poner fuera del territorio nacional, a una persona extranjera que se encuentra en cualquiera de las siguientes causales:

1. Ingresar al territorio nacional, por punto no habilitado;
2. Cuando se constatare que su ingreso o permanencia en el país fue realizado mediante documentación o declaración fraudulenta;
3. Permanecer en el territorio nacional una vez declarada la pérdida o cancelación de la residencia o estancia en el país;
4. Ingresar a las aguas territoriales sin la autorización de las autoridades competentes, se exceptúan los nacionales de los países con los cuales Nicaragua ha suscrito convenios o acuerdos sobre la materia, o la aplicación del principio de reciprocidad;
5. Haber sido condenado por delitos graves o menos graves, siempre y cuando no tenga vínculo de afinidad o consanguinidad con nicaragüense;
6. Constituir un peligro para la seguridad ciudadana y el orden público; y
7. Por vagancia habitual previamente demostrada.

La persona extranjera deportada no podrá reingresar al territorio nacional por el término de dos años, quedan a salvo las excepciones previstas en la presente Ley.

La determinación y ejecución de la deportación se realizará según lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.

Todo acto de deportación deberá efectuarse a través de Resoluciones Administrativas debidamente fundamentadas.

La expulsión es la orden emanada del Ministro o Ministra de Gobernación de conformidad al artículo 5, numeral 6) de la presente Ley, o de la autoridad judicial mediante sentencia de conformidad con el Código Penal, por medio de la cual la persona extranjera comprendida en las categorías de residente temporal o permanente y no residente, deberá abandonar el territorio nacional en el plazo fijado para tal efecto, cuando se considere que sus actividades comprometen el orden público, la seguridad ciudadana y soberanía nacional.

La Dirección General de Migración y Extranjería solicitará al Ministro o Ministra de Gobernación dicte la orden de expulsión en los casos siguientes:

1) Cuando se le hubiera cancelado la categoría migratoria con que permaneciere en el país, por razones de orden público, defensa e interés nacional o cuando su conducta contravenga los principios e intereses del Estado nicaragüense;
2) El que haya obtenido residencia con documentación fraudulenta;
3) Cuando haya cumplido condena por delitos relacionados con terrorismo, lavado de dinero o delitos conexos con el crimen organizado internacional;
4) Cuando se lucren con el tráfico ilegal de personas, trata de personas, tráfico de drogas, armas, prostitución y otras actividades conexas;
5) Sea prófugo de la justicia o sea requerido judicialmente por otro Estado;
6) Cuando realice actividades que afecten a la Constitución Política de la República de Nicaragua y a las Leyes; y
7) Por cualquier otra causa establecida en instrumentos internacionales y la presente Ley.

El extranjero expulsado no podrá reingresar al territorio nacional por el término de cinco años.

Si la causa de la expulsión se fundó en la comisión de un delito contra una persona menor de edad, siempre y cuando se trate de delitos, o bien, de agresiones o delitos contra la vida de la mujer o de personas con capacidades diferentes o adultos mayores, la persona extranjera no podrá reingresar al país por el término de diez años.

La resolución que dictamine la expulsión de un extranjero implicará la pérdida de su condición migratoria legal, sin que ello conlleve la necesidad de realizar un procedimiento administrativo previo.

Si alguna de las causales señaladas en el artículo 175 de la presente Ley, da lugar al inicio de una acción penal, la expulsión se hará efectiva una vez cumplida la pena de prisión impuesta.

En Nicaragua no existe extradición por motivos políticos, ni por delitos comunes conexos con ellos, según la calificación nicaragüense. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional.

La entrega o el recibimiento de las personas extraditadas de conformidad con la Ley y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua, una vez autorizado por la Corte Suprema de Justicia, estará a cargo del Ministerio de Gobernación y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás autoridades relacionadas al caso.

Cuando se trate de la extradición de un extranjero residente, el Ministerio de Gobernación procederá previamente a la cancelación de la residencia.

La extradición de extranjero se realizará conforme a lo establecido en la Constitución Política, y convenios suscritos por Nicaragua.

De las resoluciones administrativas dictadas por la Dirección General de Migración y Extranjería, en materia migratoria procederá el recurso de revisión y de apelación en su caso.

El recurso de revisión en la vía administrativa se otorga a aquellas personas cuyos derechos se considera perjudicado por las resoluciones que emanen de la Dirección General de Migración y Extranjería. Este recurso deberá interponerse en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto.

Es competente para conocer el recurso, el Director o Directora General de Migración y Extranjería.

El recurso de revisión se resolverá en un término de veinte días hábiles a partir de la interposición del mismo.

El recurso de apelación se interpondrá ante la Dirección General de Migración y Extranjería, en un término de seis días hábiles después de notificado, dicha dependencia remitirá el recurso junto con su informe ante el Ministro o Ministra de Gobernación en un término de diez días.

El recurso de apelación se admitirá en los siguientes casos:

1) Se lesionen intereses de los extranjeros en relación con su condición migratoria legal;
2) Se deniegue de manera injustificada la permanencia legal de un extranjero; y
3) La deportación o expulsión se ordene de manera injustificada.

La interposición del recurso de revisión y el de apelación suspenderá la orden de deportación o expulsión.

El recurso de apelación se resolverá en un término de quince días hábiles a partir de su interposición, agotándose así la vía administrativa y legitimará al agraviado a hacer uso del Recurso de Amparo.

En lo referente a los procedimientos para la tramitación de estos recursos, lo no previsto en la presente Ley, se regulará de conformidad con lo que establece la Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo”.

La Dirección General de Migración y Extranjería estará estructurada, organizada y administrada de forma jerárquica bajo un solo mando y escalafón. Se rige por la estricta disciplina de sus miembros sometidos al cumplimiento de la Constitución Política, la presente Ley, su reglamento, así como las demás leyes de la República. Su uniforme, distintivo, escudo, bandera y lema son de uso exclusivo.

La Dirección General de Migración y Extranjería, para el cumplimiento de sus funciones contará con la estructura siguiente:

1. Jefatura Nacional:
Director o Directora General;
Subdirector o Subdirectora General; e
Inspector o Inspectora General.
2. Estructuras de Especialidades Nacionales:
Dirección de Migración;
Dirección de Extranjería;
Dirección de Nacionalidad;
Dirección de Fronteras; y
Dirección de Aeropuerto.
3. Estructura de Apoyo Nacionales:
División de Recursos Humanos;
División de Desarrollo Institucional;
División de Informática,
División Administrativa Financiera;
Escuela Nacional de Migración y Extranjería; y
Secretario de Registro.
4. Estructuras de Ejecución:
Delegaciones Regionales y Autónomas; y
Puestos Fronterizos.
5. Instancias Consultivas:
Consejo Reducido de las Especialidades de Migración y Extranjería; y
Consejo Ampliado de mandos de Migración y Extranjería

El Consejo Reducido de las Especialidades, estará integrado por el Director o Directora General, el Subdirector o Subdirectora General, el Inspector o Inspectora General, los Jefes o Jefas de las especialidades nacionales y de las Divisiones de Apoyo, Delegados o Delegadas Regionales. El Consejo Ampliado de Mandos de la Dirección General de Migración y Extranjería, estará integrado por el Consejo Reducido, Segundos Jefes o Jefas de especialidades nacionales, Secretario o Secretaria de Registro, Delegados o Delegadas Regionales Especiales, Jefes o Jefas de Departamentos, de Puestos Fronterizos, de Oficinas, Secciones y Unidades.

Las funciones de las diferentes especialidades nacionales, de apoyo nacional, Delegaciones Regionales y de los Puestos Fronterizos serán reguladas en el Reglamento de la presente Ley.

La Carrera Administrativa Migratoria tiene como objeto normar todo lo relacionado al desarrollo de los Recursos Humanos, garantizando la estabilidad, eficiencia, deberes, derechos y requisitos de los sistemas del mérito para el ingreso, capacitación, ascenso en cargo, grados, traslado, demociones, evaluación y retiro de los servidores públicos de la Dirección General de Migración y Extranjería de acuerdo a principios de objetividad, igualdad, meritos, capacidad y solidaridad.

Los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería son servidores o servidoras públicos y en el ejercicio de sus funciones prestan servicio de forma permanente a la población nacional y extranjera, el régimen laboral está determinado por la naturaleza del servicio que presta la Institución, el que será regulado por la presente Ley.

La instancia rectora de la Carrera Administrativa Migratoria será la Autoridad Superior de la Dirección General de Migración y Extranjería a través de la instancia de Recursos Humanos. Las instancias ejecutores son todos los cargos de dirección hasta el nivel de Jefatura de Sección y/o Unidad.

La Instancia de Recursos Humanos es la responsable de la regulación, aplicación, control de las políticas y los sistemas del mérito para el ingreso, capacitación, ascenso en cargo, grados, remoción, democión, evaluación, retiro, los que serán regulados en el reglamento de la presente Ley, así también resolverá los recursos de revisión de los servidores públicos relacionados al desarrollo de la Carrera Administrativa Migratoria y otras funciones y atribuciones que le delegue el mando superior.

La Jerarquía está determinada por el cargo que desempeña el personal y el grado que ostenta. La correspondencia entre el cargo y el grado será determinada por la presente Ley y su Reglamento.

La Jerarquía de los cargos en la Dirección General de Migración y Extranjería se clasifica de la siguiente manera:

1) CARGOS DIRECTIVOS: Sus funciones principales son dirigir, planificar y organizar el trabajo y el desarrollo del recurso humano con responsabilidad, disciplina, objetividad, igualdad de género que permita mantener una dirección armónica y cohesionada.

Los cargos directivos por su naturaleza los definiremos en cargos propios: los denominados jefes de Dirección, Departamento, Delegados Regionales y de Sección, y los cargos comunes los denominados Jefes de División, Oficina y Unidad.
Los cargos directivos se clasifican jerárquicamente en:
a) Director o Directora General;
b) Subdirector o Subdirectora General e Inspector o Inspectora General;
c) Jefe o Jefa de Dirección y/o Jefe o Jefa de División;
d) Delegados o Delegadas Regionales;
e) Jefe o Jefa de Departamento y/o Oficina; y
f) Jefe o Jefa de Sección y/o de Unidad.

Las Direcciones, Divisiones y Delegaciones Regionales podrán contar con el cargo de Segundo Jefe con la jerarquía de mando inferior.
2) CARGOS EJECUTIVOS: Sus funciones principales son técnicas y de ejecución de las tareas que contribuyen a la consecución de metas y objetivos institucionales, en base a la superación personal, académica, técnica y profesional que se constituyen en la cadena de relevos y desarrollo personal e institucional para la promoción en cargo y grado, bajo los principios de disciplina, responsabilidad y eficiencia.
Esto cargos ejecutivos se clasifican por su naturaleza en propios y comunes, por los que para efectos de la presente Ley, denominaremos los cargos propios que son aquellos puestos que desarrollan funciones propias de la especialidad migratoria. Estos se clasifican jerárquicamente en:

a) Agregado o Agregada Migratorios;
b) Analista en Políticas Migratorias;
c) Inspector o Inspectora de Fronteras, de Nacionalidad, de Migración y Extranjería, Despacho Migratorio, Circulados, de Trámites Migratorios, Documentos Migratorios, de Retención y Control de Migrantes, de Control de Extranjeros;
d) Supervisor o Supervisora de Control Migratorio;
e) Oficial de Guardia Operativo;
f) Auxiliar de Guardia Operativa; y
g) Policía de Migración.

A los cargos ejecutivos se ingresa por convocatoria una vez agotado el procedimiento de promoción interna, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

Los niveles jerárquicos de grados en la Dirección General de Migración y Extranjería son los que se establecen en la presente Ley.

El ascenso a cada uno de los niveles jerárquicos de grados estará determinado por el tiempo de permanencia en el cargo y grado, el nivel académico alcanzado en correspondencia con el nivel de complejidad y los requisitos del puesto, los cursos de especialización recibidos, eficiencia, disciplina y al resultado de la evaluación al desempeño normado en el Reglamento de la presente Ley.

Se establece en la Dirección General de Migración y Extranjería el siguiente escalafón:

I. GRADOS DE OFICIALES

OFICIALES SUPERIORES:
Primer o Primera Comandante; y
Comandante de Brigada.

PRIMEROS OFICIALES:
Comandante de Regimiento;
Comandante; y
Sub-Comandante.

OFICIALES SUBALTERNOS:
Capitán;
Teniente Primero;
Teniente; y
Sub-teniente.
II. CLASES
Sargento Mayor
Sargento

El grado de Primer Comandante y Comandante de Brigada se otorgará por el Presidente de la República a propuesta del Ministro o Ministra de Gobernación. El Subdirector o Subdirectora General y el Inspector o Inspectora General recibirán el grado de Comandante de Brigada de conformidad con lo normado en la presente Ley.

Para los ascensos en grados se tendrán en cuenta los criterios fundamentales de tiempo de permanencia en el grado, evaluación positiva del mando, nivel académico y que el cargo ocupado corresponda a dicho grado. El Director o Directora General hará las propuestas de ascenso en grados al Ministro o Ministra de Gobernación.

Para los efectos de la presente Ley y su reglamento son derechos de los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería los siguientes:

1) Estabilidad en el desempeño de su cargo, únicamente podrán ser retirados o dados de baja del servicio por las causales previstas en el Reglamento de la Presente Ley;
2) Promoción en cargo y grados de acuerdo al desarrollo de su carrera administrativa migratoria;
3) Ser dotado de los medios técnicos, materiales y el avituallamiento necesario para el cumplimiento de las misiones y funciones, así como las condiciones básicas mínimas para poder laborar en otra región cuando las exigencias del cargo y la función lo requieran;
4) Recibir asistencia legal de parte de la institución en los procesos judiciales que tengan que enfrentar a consecuencia del ejercicio de sus funciones; y
5) Cualquier otro que establezca el reglamento de la presente Ley, o cualquier otra ley de la República.

El Director o Directora General y el Subdirector o Subdirectora General serán nombrados de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la presente Ley.

El Inspector General será nombrado por el Ministro o Ministra de Gobernación a propuesta del Consejo Reducido de la Dirección General de Migración y Extranjería dentro de los miembros que ostenten el grado de Comandante de Regimiento o Comandante.

Los Jefes o Jefas de Direcciones de Especialidades Nacionales serán nombrados por el Director o Directora General de entre los Oficiales en Servicio Activo que ostenten grados de Primeros Oficiales.

Los otros cargos de categoría de Jefes o Jefas no contemplados en el artículo anterior, hasta la jerarquía de Oficial inclusive, serán nombrados por el Director o Directora General para lo cual pedirá propuestas al Jefe o Jefa Superior de la estructura correspondiente.

La rotación es el proceso por el cual los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería son trasladados a otros cargos de igual jerarquía o escalafón, después de haber desempeñado otro cargo por el periodo de tiempo determinado en el Reglamento de la presente Ley.

Causarán baja en la Dirección General de Migración y Extranjería el personal activo, por las causales establecidas en el Reglamento a la presente Ley.

La aprobación, reducción o aumento del número de cargos que integran la Dirección General de Migración y Extranjería, así como el monto salarial, será aprobado por el Ministro o Ministra de Gobernación a propuesta del Director o Directora General, dentro del marco que establezca el Presupuesto General de la República.

Las autoridades facultadas para hacer el nombramiento podrán ordenar la rotación, promoción, democión y baja de los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería de acuerdo a la Ley y su Reglamento. Cuando por razones del servicio haya necesidad de ocupar un cargo vacante se podrá ordenar la rotación o promoción contando con el consentimiento expreso del oficial afectado.

Los miembros de la Jefatura Nacional de la Dirección General de Migración y Extranjería, pasarán a retiro activo al haberse agotado todas las posibilidades de promoción y rotación aún en aquellos casos en que no hubiesen cumplido el tiempo de servicio activo ni la edad requerida para adquirir la condición de pensionado.

Los beneficios que recibirán por la condición por retiro activo comprende el promedio del total del salario devengado durante el último año en funciones, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

Los haberes en concepto de retiro activo estarán a cargo del Ministerio de Gobernación el que deberán incorporar en la partida correspondiente en el proyecto de Presupuesto General de la República. Una vez asegurados los haberes, el retiro se hará efectivo de conformidad a los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente Ley.

Los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería están sujetos a la disciplina Institucional que garantice el cumplimiento de los principios de jerarquía, ética y profesionalismo, así como lo que se establecerá en el reglamento a la presente Ley y en el Reglamento Disciplinario.

El régimen especial de seguridad social del personal y funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería, se regirá de acuerdo a lo establecido en el Capítulo XI de la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 28 de agosto de 1996.

1) Corresponderá a la Dirección General de Migración y Extranjería llevar el control sistematizado y computarizado del flujo de entradas y salidas de nacionales y extranjeros del país, el registro de los nacionales que han obtenido documentos migratorios establecidos en la presente Ley, así como otras funciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley;

2) Se faculta al Director o Directora General de Migración y Extranjería delegar aquellas funciones y atribuciones que le confiere la presente Ley en los funcionarios correspondientes a fin de garantizar una atención eficiente y eficaz a la ciudadanía;

3) El Director o Directora General de Migración y Extranjería, en circunstancias especiales podrá eximir de algunos requisitos exigidos en la presente Ley y su reglamento, mediante resolución administrativa debidamente fundamentada en el caso de personas apátridas o por carecer de algunos documentos para admisión y permanencia en el país;

4) Contra las resoluciones administrativas en materia migratoria que dicte la Dirección General de Migración y Extranjería; se podrán interponer los recursos establecidos en la Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”;

5) Las instituciones de educación técnica y superior están obligadas a requerir a los extranjeros que desean estudiar, realizar pasantías y trabajo de docencia, el documento que lo acredite como residente en el país, o la correspondiente autorización de la Dirección General de Migración y Extranjería;

6) Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, están obligadas dentro de un término de treinta días a partir del ingreso al sistema, a informar a la Dirección General de Migración y Extranjería, los nombres, apellidos, nacionalidad, causa y efectos de la sentencia y duración de la pena de los extranjeros que se encuentran privados de libertad;

7) La Dirección General de Migración y Extranjería podrá circular a personas de forma preventiva por un término no mayor de setenta y dos horas en los siguientes casos;

a) Menores de edad que se encuentren en inminente peligro de ser trasladados fuera del territorio nacional de forma fraudulenta a solicitud de denuncia formal interpuesta ante cualquier delegación de la Dirección General de Migración y Extranjería; y

b) Personas que se encuentren involucradas en actividades ilícitas a solicitud de la Policía Nacional o de la Fiscalía General de la República.

8) La Dirección General de Migración y Extranjería, por razones humanitarias podrá mediante resolución administrativa debidamente fundamentada, exonerar del pago de sanciones pecuniarias y el cumplimiento de sanciones administrativas de conformidad a lo establecido en la presente Ley;

9) Las regulaciones o disposiciones migratorias que no estén contempladas en la presente Ley y su Reglamento, serán determinadas a través de resoluciones Administrativas debidamente motivadas en correspondencia a lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua y la ley de la materia.

Todo extranjero para poder contraer una obligación de carácter jurídico, acreditará su identificación personal mediante la presentación al momento del acto los siguientes documentos: Pasaporte con estadía vigente en el caso de extranjeros en tránsito o Cédula de residencia vigente, expedida por la Dirección General de Migración y Extranjería en el caso de los demás. Asimismo, la persona o funcionario encargado de formalizar dicho acto, queda obligado a solicitar la presentación del documento mencionado.

La presente Ley no afectará los tratados y convenios suscritos y ratificados por la República de Nicaragua, ni los derechos e inmunidades de los representantes diplomáticos, consulares y de organismos internacionales acreditados en el país de acuerdo con el Derecho Internacional. También se exceptuará al cónyuge y los hijos menores de los funcionarios antes mencionados, así como los extranjeros titulares de visas diplomáticas y de invitados.

Cuando las circunstancias lo ameriten la Asamblea Nacional por su propia iniciativa o a iniciativa del Presidente de la República, otorgará Amnistía Migratoria a extranjeros con el propósito de promover y facilitar la regularización de su situación migratoria.

A los efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, su Reglamento y disposiciones conexas que se dicten, la Dirección General de Migración y Extranjería, está facultada para inspeccionar y controlar todo medio de transporte o personas, sean nacionales o extranjeras que entren o salgan al y del territorio nacional, los lugares de trabajo, estudio y alojamiento de los ciudadanos extranjeros.

El ciudadano nacional o extranjero que con el objeto de obtener documentos migratorios o evadir los controles migratorios haga uso de los documentos de algún nicaragüense suplantando la identidad de este, serán multados por la Dirección General de Migración y Extranjería de conformidad a lo establecido en la presente Ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales contempladas en nuestra legislación.

La autoridad competente de la Dirección General de Migración y Extranjería, de conformidad con el artículo 16 de la Ley No. 621, “Ley de Acceso a la Información Pública”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 118 del 22 de junio de 2007, podrá clasificar como reservada la documentación contenida en el expediente administrativo y la Resolución del otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense hasta que la misma sea publicada en La Gaceta, Diario Oficial.

Los refugiados y los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado están exentos de la aplicación de las disposiciones sobre expulsión o deportación, detención por ingreso o presencia irregular y extradición, de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 655, “Ley de Protección a Refugiados”.

Tendrán derecho a la gratuidad de su residencia temporal, y al pago del cincuenta por ciento del valor de las tasas al cambiar a residencia permanente, y en materia de notificación consular, se regirán también por lo establecido en la referida ley.

De conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, se podrá otorgar visas humanitarias a aquellas personas que sufren violaciones de sus derechos humanos y víctimas de trata de personas en particular mujeres, niñas y niños, lo que será regulado en el reglamento de la presente Ley; y en materia de notificación consular, se regirán por lo dispuesto en la Ley No. 655, “Ley de Protección a Refugiados”, en lo relativo a la prohibición de notificación consular.

El espíritu de la presente ley, tiene como fundamento el respeto a los Derechos Humanos, por tanto no se le faculta a la Dirección General de Migración y Extranjería realizar redadas contra los migrantes.

Deróguense las siguientes normas:

Reglamento No. 121, Reglamento de la Ley de Nacionalidad, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 52 del 4 de marzo de 1982;

Ley No. 149, Ley de Nacionalidad, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1992;

Ley No. 153, Ley de Migración, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 30 de abril de 1993;

Ley No. 154, Ley de Extranjería, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 81 del 3 de mayo de 1993;

Ley No. 240, Ley de Control del Tráfico de Migrantes Ilegales, texto con reformas incorporadas en la Ley No. 513, Ley de reforma e incorporaciones a la Ley No. 240, Ley de Control del Tráfico de Migrantes Ilegales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. No. 20 del 28 de noviembre de 2005; y

Todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente Ley.

Cuando en cualquier normativa existan referencias o remisiones al articulado de la Ley No. 149, Ley de Nacionalidad; Ley No. 153, Ley de Migración y a la Ley No. 154, Ley de Extranjería, deberá leerse como que se refiere a la disposición similar dentro de la presente Ley.

La presente Ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. El Presidente de la República reglamentará esta ley dentro del plazo de sesenta días conforme lo establecen los artículos 141 y 150 numeral 10) de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Asamblea Nacional

Wilfredo Navarro Moreira

Primer Secretario

Asamblea Nacional

Su Despacho.-

Estimado Dip. Navarro:

Los suscritos diputados, en uso de sus facultades que nos otorga el Arto. 140 numeral1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y los Artos. 90 y 91 de la Ley No. 606, “Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, presentamos el Proyecto de Ley denominado “LEY GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA ”, con su correspondiente Exposición de Motivos en original y tres copias y en formato electrónico.

Solicitamos que a esta iniciativa se le de el trámite de ley establecido y se envíe a la Comisión respectiva para su Dictamen y posterior aprobación por el Plenario de esta Honorable Asamblea Nacional.

Agradeciendo su atención, nos suscribimos de usted con las muestras de estima y consideración.

Alan Rivera Siles Evertz Cárcamo

En uso de sus facultades

Ha dictado la siguiente,

El objeto de la presente Ley es regular el ingreso de las personas nacionales y extranjeras al territorio de la República, y el egreso de él, así como la permanencia de las personas extranjeras en el país, sin perjuicio de los establecido en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados y los acuerdos de integración regional debidamente aprobados.

La política migratoria del Estado regulará los flujos migratorios que favorezcan el desarrollo social, político, económico y demográfico de Nicaragua, en concordancia con la seguridad pú blica y velando por el respeto de los derechos humanos.

ARTÍCULO 2. NATURALEZA Y AMBITO DE LA LEY.

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.

Se exceptúan de las disposiciones relativas a la inscripción y permanencia en el país, los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros y los de organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República; así como cónyuges y parientes, personal técnico, administrativo y de servicio en los grados y extensión permitidos por los tratados internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua y en el Reglamento de esta Ley y siempre que permanezcan en sus funciones y mantengan el vínculo de parentesco.

Créase el Consejo Nacional de Migración, como órgano de asesoría y consulta del Presidente de la República para el elaboración de Políticas públicas en materia migratoria, el que estará integrado de la siguiente forma:

a. La persona titular del Ministerio de Gobernación, quien lo presidirá
b. La persona titular de la Dirección General de Migración y Extranjería o su representante, quien actuará como secretario ejecutivo.
c. La persona titular del Ministerio de Relaciones Exteriores o su representante.
d. La persona titular del Ministerio del Trabajo o su representante.
e. La persona titular del Instituto Nicaragüense de Turismo o su representante.
f. La persona titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio o su representante.
g. La persona titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
h. Un representante de la Asamblea Nacional.
i. Un representante de la Corte Suprema de Justicia.
j. Un representante del Consejo Supremo Electoral.
k. Un representante de las organizaciones de derechos humanos.
l. Un representante de las organizaciones de migrantes y/o de familiares de migrantes.

ARTíCULO 4. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE MIGRACION

Son funciones del Consejo Nacional de Migración:

1. Recomendar al Presidente de la República la política migratoria y proponerle los objetivos y medidas necesarias para hacerla efectiva.
2. Recomendar al Poder Ejecutivo las modificaciones a la legislación migratoria, normas y procedimientos administrativos conexos, a fin de adecuarlos a los instrumentos internacionales de derechos humanos debidamente ratificados por el país.
3. Promover acuerdos operativos y de asistencia técnica bilaterales o multilaterales con otros países u otros organismos internacionales especializados en migraciones.
4. Promover la difusión de información sobre los derechos y deberes de los migrantes, requisitos de admisión de los países de empleo y todo aquello que promueva una migración documentada, como mecanismo de tutela de sus derechos humanos.
5. Velar porque la inmigración contribuya al desarrollo económico y social de Nicaragua y que los inmigrantes respeten la Constitución Política y las leyes de la República
6. Recomendar el diseño de acciones y programas estatales y privados que promuevan el vínculo con el país y/o la inserción de los nicaragüenses residentes en el exterior.

El Ministerio de Gobernación para efectos de la presente Ley tendrá las atribuciones siguientes:

1) Velar porque se cumpla la presente Ley y su Reglamento;

2) Garantizar el funcionamiento del Consejo Nacional de Migración.

3) Coordinar a la Dirección General de Migración y Extranjería.

4) Coordinar con los demás Ministerios de Estados, Entes Autó nomos y Descentralizados, el cumplimiento de las atribuciones que a ella competen en materia migratoria;

5) Recomendar al Presidente de la República proyectos de tratados o convenios internacionales en materia migratoria;

6) Ordenar la expulsión de extranjeros según las causales previstas en la presente Ley;

7) Conocer y resolver las solicitudes de apelación presentadas por extranjeros expulsados o deportados del país;

8) Conceder el asilo cuando corresponda;

9) Celebrar acuerdos de simplificación y facilitación migratoria en la región, homologación de procedimientos y otras medidas migratorias de conformidad con los objetivos de integración de Amé ;rica Central y México, así como los otros países del mundo; y,

10) Autorizar mediante acuerdo las características de los documentos migratorios.

A la Dirección General de Migración y Extranjería, órgano del Ministerio de Gobernación, le corresponderá la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, así como la ejecución de la política migratoria que establezca el Poder Ejecutivo.

La Dirección General de Migración y Extranjería tendrá su domicilio en la capital de la República, se organizará con las unidades necesarias para el eficaz cumplimiento de sus fines y tendrá autoridad en todo el territorio nacional.

Estará a cargo de un Director General, el que será asistido por un Subdirector, un Secretario de Registro, así como por los oficiales de migración y empleados nombrados al efecto.

ARTÍCULO 7. DEL DIRECTOR GENERAL y SUBDIRECTOR GENERAL

Quien ocupe la Dirección General y la Subdirección General de Migración y extranjería, denominados para efectos de la presente Ley, director general y subdirector general, serán funcionarios nombrados por el Ministro de Gobernación.

El director general y el subdirector general deberán ser Nacional de Nicaragua, profesionales en Derecho o al menos tener conocimiento y experiencia en materia migratoria, mayores de 21 años de edad y de reconocida solvencia moral.

El director general será el superior jerárquico de la Dirección General y el funcionario competente para ejercer y coordinar las funciones de ese órgano. El Subdirector general tendrá las funciones específicas que le designe el director general y lo sustituirá durante sus ausencias.

ARTÍCULO 8. DEL SECRETARIO DE REGISTRO.

El Secretario de Registro será responsable de la recepción de las solicitudes cuyo trámite corresponda a la Dirección General de Migración y Extranjería, llevará un registro para el control y custodia de los expedientes, velará porque los asuntos en trámite se despachen dentro de los plazos establecidos, llevará el archivo general, autorizará la firma del Director en las providencias y resoluciones que dicte, y las notificará y transcribirá a los interesados, expedirá certificaciones y razonará documentos.

El Secretario de Registro deberá reunir las mismas calidades del director general y el subdirector general.

Son atribuciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, las siguientes:

1) Ejecutar la política de Estado en materia migratoria en los á mbitos de su competencia.

2) Velar porque se cumpla las disposiciones contenidas en la Constitució n Política vigente, la presente Ley, su Reglamento y cualquier otra normativa de carácter migratorio, tanto para la entrada y salida de nacionales y extranjeros, como para la permanencia de estos últimos en el territorio nacional;

3) Organizar, dirigir, registrar y controlar los distintos servicios migratorios que se prestan a la población nacional y extranjera, garantizando el ejercicio de los derechos en la actividad migratoria, sin discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, credo polí tico, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen y posición económica o cualquier otra condición.

4) Adoptar y aplicar las medidas necesarias para prevenir y controlar la inmigración indocumentada;

5) Autorizar la expedición, revalidación y uso de los documentos migratorios establecidos en esta Ley;

6) Elaborar y organizar las estadísticas migratorias y regular la inmigración de acuerdo a la política pública dictada por el Poder Ejecutivo.

7) Resolver todo lo relacionado con la entrada, permanencia y salida de extranjeros, de conformidad con las disposiciones de está Ley y su Reglamento;

8) Aplicar las sanciones administrativas establecidas de acuerdo con esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la legislación penal;

9) Decidir sobre las solicitudes de ingreso para extranjeros sujetos al régimen especial de visa consultada;

10) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que emita el Ministro de Gobernación en materia migratoria;

11) Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones a la presente Ley y su Reglamento que puedan constituir delitos;

12) Cumplir las órdenes de retención migratoria para personas nacionales y extranjeras, emitidas por autoridad judicial competente. Asimismo, se impedirá el ingreso de todo extranjero que haya sido deportado o expulsado del país, o por cualquiera de las causales establecidas en esta Ley;

13) Conocer del otorgamiento, ratificación, pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense una vez cumplidos los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.

14) Inscribir a los residentes y extranjeros con permiso especial de permanencia en el Registro Nacional de Extranjeros según las calidades migratorias establecidas;

15) Ordenar la deportación cuando corresponda según las causales previstas en la presente Ley;

16) Dirimir conflictos de carácter migratorio para lo cual podrá requerir, citar o emplazar a personas nacionales y extranjeras relacionadas al caso, las cuales están obligadas a comparecer;

17) Custodiar temporalmente en centros de retención, a los extranjeros mientras se decide su situación migratoria o mientras son deportados o expulsados del país, garantizando la tutela de sus derechos humanos y el acceso de estas personas a las representaciones consulares de su país de origen y/o a las organizaciones de derechos humanos estatales o no gubernamentales.

18) Coordinar actividades de supervisión y control con la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y otras dependencias públicas para prevenir la inmigración irregular y la detención de las personas que se dediquen al tráfico de migrantes en situación irregular;

19) Desarrollar el intercambio de información con organismos homó logos centroamericanos y de otros países para prevenir y combatir el tráfico de migrantes indocumentados, la trata de personas y otros ilícitos que atenten contra la dignidad de las personas.

20) Declarar irregular la entrada o la permanencia de extranjeros, cuando no puedan probar su situación legal en el país;

21) Llevar el registro de los nicaragüenses por nacionalización y de las cancelaciones de nacionalización;

22) Proponer al Ministro de Gobernación la habilitación de puestos migratorios que considere necesarios para el control de la entrada o salida de nacionales y extranjeros;

23) Inspeccionar centros de trabajo, hoteles y similares, negocios, centros educativos públicos o privados, centros de diversión o de espectáculos públicos, y cualquier centro público o privado, para determinar la condición migratoria de los extranjeros que se encuentren en ellos;

24) Inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional, aé reo, marítimo y terrestre, para verificar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento;

25) Ordenar a las autoridades respectivas que impidan la salida del territorio nacional a los medios de transporte que no cumplan las obligaciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Dichas autoridades está n obligadas a cumplir con la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería so pena de las responsabilidades y sanciones que correspondan;

26) Aplicar las sanciones, multas, tasas, derechos y cobros por actuaciones que se deriven de la aplicación de esta Ley y su Reglamento;

27) Proponer al Ministro de Gobernación modificaciones a la legislación migratoria para ser sometida a la consideración del Presidente de la República;

28) Orientar a los inmigrantes para su entrada en el territorio nacional en la forma establecida en la presente Ley;

29) Emitir las resoluciones de concesión, denegación o cancelación de los permisos especiales de permanencia; y,

30) Emitir normativas de procedimientos en materia migratoria

31) Las demás que se relacionen con el control migratorio y servicios de extranjería que no estén atribuidas por Ley a otras autoridades o instituciones públicas.

Crease la Carrera en Servicios Migratorios y Extranjería la que será aprobada por la Asamblea Nacional a los noventa días de la entrada en vigencia de la presente Ley. La Carrera en Servicios Migratorios y Extranjería se fundamenta en el sistema de mérito, reconociéndose a los actuales funcionarios y demás personal sus derechos de antigüedad y especialización.

Esta Ley estará dirigida a dotar a la Dirección General de Migración y Extranjería de un personal especializado y garantizar a éste la estabilidad en sus cargos.

En Nicaragua, las personas extranjeras gozan de los mismos derechos y garantías individuales y sociales reconocidas para los nicaragü enses en la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales en materia migratoria debidamente ratificados por Nicaragua, salvo las limitaciones que establezca la Constitución Política, esta Ley y otras leyes de la República.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 de la Constitución Política, el Estado nicaragüense respeta y garantiza los derechos reconocidos en la Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción .

ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Las personas extranjeras estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la presente Ley, su Reglamento y, en general al ordenamiento jurídico vigente, así como a las siguientes obligaciones:

a. Al pago de las mismas cargas fiscales o de seguridad social que los nicaragüenses, según las normas jurídicas aplicables en esta materia. Además, estarán obligadas a realizar los depó sitos exigidos por la presente Ley, según su categoría migratoria.
b. Los extranjeros inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros están obligados a informar a la Dirección General de Migración y Extranjería los cambios de estado civil, domicilio y actividades a las cuales se dediquen, dentro de los quince días (15) días posteriores al cambio.
c. Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional tendrán la obligación de conservar y presentar, a solicitud de la autoridad competente, la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación migratoria en Nicaragua.
d. Las personas extranjeras que estando en el país soliciten residencia, mientras no se les extienda la certificación de la resolución de la misma y se inscriban en el Registro Nacional de Extranjeros, estarán obligados a solicitar las prórrogas de estadía necesarias ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Asimismo , si se encuentra al servicio de un patrono o con oferta de trabajo, estará obligado a obtener la respectiva autorización ante el Ministerio del Trabajo.
e. Los extranjeros no residentes no podrán realizar tareas o actividades lucrativas por cuenta propia o en relación de dependencia, excepto aquellos que por circunstancias especiales hayan sido autorizados por el Ministerio de Gobernación, como ser artistas, deportistas, integrantes de espectáculos públicos, trabajadores temporales y personas de negocios.

Las personas extranjeras que ingresen al territorio nacional podrán ser admitidos bajo las categorías migratorias siguientes:

a) Funcionarios Diplomáticos, Cónsules, invitados o de organismos internacionales.

b) No Residentes.

c) Residentes.

La categoría migratoria del inciso a) es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores

Ningún extranjero podrá tener dos o más calidades migratorias simultáneamente, ni ejercer actividades distintas de aquellas que le hayan sido expresamente autorizadas, bajo pena de perder su residencia o permiso de permanencia en el país y ser expulsado del territorio nacional.

Son No residentes los extranjeros a quienes la Dirección General de Migración y Extranjería otorgue autorización de ingreso y permanencia en el territorio nacional por un tiempo determinado en la presente Ley y su Reglamento.

Los extranjeros no residentes, según el motivo del viaje, tendrán las subcategorías siguientes:

1) Turistas;

2) Viajeros en tránsito;

3) Delegados o representantes comerciales y agentes viajeros;

4) Viajeros en vías de deportes, misión oficial, salud, convenciones, conferencias o eventos especiales;

5) Artistas de espectáculos públicos;

6) Visitantes especiales;

7) Trabajadores migrantes;

8) Trabajadores transfronterizos;

9) Tripulantes de transporte internacional;

ARTÍCULO 15. ACREDITACIÓN DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA.

Todo extranjero que ingrese al país con cualquiera de las subcategorías mencionadas en el artículo anterior, deberá acreditar cuando las autoridades migratorias lo consideren necesario, que dispone de los medios económicos suficientes para subsistir decorosamente durante su permanencia en el país y para abandonarlo al finalizar el tiempo de permanencia autorizada .

ARTÍCULO 16. ESTADÍA MAXIMA DE LOS VIAJEROS EN TRANSITO

La estadía máxima autorizada para las personas extranjeras en tránsito en el territorio nacional será de setenta dos (72) horas.

ARTICULO 17. PERSONAS EXTRANJEROS EN VÍAS DE TURISMO, NEGOCIOS, DEPORTES, CONVENCIONES, MISIÓN OFICIAL, SALUD Y OTROS.

A los extranjeros que ingresan al país en vías de turismo, negocios, deportes convenciones, salud, como integrantes de espectáculos públicos, misión oficial u otros de similar condición, se les autorizará permanencia en el país hasta por noventa dí ;as prorrogables por el tiempo que sea necesario de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

La aplicación de este Artículo en cuanto al tiempo otorgado a un extranjero al momento de ingresar al país no afecta lo establecido en tratados o convenios internacionales o resoluciones y circulares emitidas por el Ministerio de Gobernación o en su caso, por la Dirección General de Migración y Extranjería .

ARTICULO 18. OTORGAMIENTO DE PASE INTER FRONTERIZO

El otorgamiento de pase inter fronterizo se regirá por lo dispuesto en los acuerdos bilaterales establecidos por la República de Nicaragua y los Gobiernos vecinos.

Es Residente el extranjero quien es autorizado por la Dirección General de Migración y Extranjería para permanecer en Nicaragua por un período de uno a tres años para ejercer cualquier actividad, bajo las subsiguientes subcategorías:

1) Rentistas;

2) Pensionados;

3) Inversionistas;

4) El cónyuge, los hijos menores, los hijos mayores dependientes y los padres de las personas mencionadas en los numerales anteriores;

5) Extranjeros casados con nicaragüense por nacimiento;

6) Extranjeros que sean padre o madre de hijos o hijas nicaragüenses por nacimiento, los hermanos, menores o mayores de edad y los abuelos de estos últimos;

7) Extranjeros que adquieren derecho de radicación definitiva en el país, después de haber permanecido como residentes legales o con permiso especial de permanencia por un período mínimo de tres (3) años y han cumplido con las leyes de Nicaragua; y,

8) Los que sin estar comprendidos en los numerales anteriores y en casos debidamente justificados, fueren autorizados por el Ministerio de Gobernación.

ARTÍCULO 20. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD.

El extranjero que desee obtener residencia la solicitará ante la Dirección General de Migración y Extranjería, si se encuentra en el país o ante el funcionario diplomático o agente consular nicaragüense si se encuentra fuera de Nicaragua.

Es toda persona extranjera que disfruta de rentas permanentes y estables provenientes del exterior o generadas por inversiones en el sistema financiero nacional.

ARTICULO 22. CONDICIONES

Para obtener la residencia como rentista los interesados deberán comprobar que disfrutan de rentas permanentes, lícitas, y estables generadas en el exterior o en el territorio nacional, no menores de UN MIL DÓLARES (USD $ 1,000.00) mensuales, moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional.

Los rentistas no podrán dedicarse a actividades remuneradas sin embargo, podrán realizar inversiones en proyectos industriales, agroindustriales agropecuarios, artesanales, turísticos de vivienda, comerciales, de servicios u otros de interés nacional, autorizados por el Ministerio de Gobernación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. Asimismo podrán prestar sus servicios profesionales a entidades de la administración pública, universidades y otras instituciones del sistema educativo nacional, con las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes y en el Reglamento de esta Ley.

Es la persona extranjera que tiene o cobra una pensión, otorgada por méritos o servicios prestados a gobiernos, organismos oficiales e internacionales o empresas privadas de sus respectivos países y que decidan permanecer por un tiempo indefinido en el territorio nacional.

ARTICULO 24. CONDICIONES.

Para obtener la residencia como pensionado, los interesados deberán comprobar que disfrutan de pensiones permanentes y estables generadas o provenientes del exterior, no menores de SEISCIENTOS DÓLARES (USD $ 600.00) mensuales, moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional.

Los pensionados deberán sujetarse a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 22.

Los residentes rentistas y pensionados gozarán de franquicias arancelarias y exoneración de todos los impuestos de importación por una sola vez para la introducción del menaje de casa, así como la ropa, alhajas, artículos deportivos y demás artí culos de uso personal o familiar.

En el caso de traspaso de los bienes referidos en este Artículo, realizado dentro de los tres (3) años siguientes a su ingreso al territorio nacional, deberán cancelarse los impuestos que fueron exonerados.

ARTÍCULO 26. INTRODUCCIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

Los residentes rentistas o pensionados podrán importar un vehí culo automotor para su uso personal o familiar, libre de todos los impuestos de importación, arancelarios y de venta, el cual podrá ser vendido o traspasado a cualquier título a terceras personas, exonerado de dichos impuestos después de transcurridos cinco (5) años desde la techa de ingreso del vehículo al país y previa presentación de constancia certificada de haber enterado en el Banco Central de Nicaragua o cualquier otra institución del sistema financiero nacional, durante el mismo período, un monto no menor a las rentas o pensiones que correspondan al ingreso mínimo fijado en la presente Ley.

El beneficio establecido en el presente Artículo, es personal e intransferible dentro de los cinco (5) años establecidos en el pá rrafo precedente. La Dirección General de Ingresos (DGI) llevará un registro especial al efecto y harán inspecciones regulares para verificar el buen uso de este beneficio.

ARTICULO 27. EXENCIÓN DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

El residente rentista o pensionado estará exento del pago del impuesto sobre la renta, respecto de las rentas o pensiones que perciba del exterior en función de su permiso de residencia.

ARTÍCULO 28. RENUNCIA DE CATEGORÍA MIGRATORIA.

Si el beneficiario renunciare a su condición de residente rentista o pensionado o se cancelare su residencia por los motivos enunciados en el Reglamento de la presente Ley, deberá cancelar los impuestos de los cuales fue exonerado

ARTÍCULO 29. ACREDITACIÓN DE RENTA O PENSIONES.

El interesado deberá presentar un certificado expedido por el Có nsul de Nicaragua o funcionario del servicio exterior encargado de asuntos consulares, en el que se acredite que el inmigrante disfruta del valor de la renta o pensión mínima exigible y remitirlo junto con los documentos probatorios debidamente autenticados.

ARTÍCULO 30. INVERSIONES DE LOS RESIDENTES RENTISTAS O PENSIONADOS

Los residentes rentistas o pensionados podrán realizar inversiones superiores a los montos establecidos para los residentes inversionistas sin perder o cambiar su categoría migratoria ni los beneficios que esta Ley les otorga.

Podrán adquirir la calidad de residente inversionista, los extranjeros que inviertan su capital en cualquier ramo de la actividad económica lícita en Nicaragua.

También podrán adquirir esta calidad los extranjeros que inviertan su capital en certificados, títulos valores o bonos del Estado y de las instituciones financieras nacionales, en la forma y términos que determine la Ley de la materia.

ARTÍCULO 32. CONTROL Y SUPERVISIÓN FINANCIERA.

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, ejercerá el control y supervisión de las actividades de todo tipo realizadas por los extranjeros inversionistas, para cuyo fin requerirá de la colaboración de todas las instituciones públicas y privadas.

ARTÍCULO 33. CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR.

Los residentes inversionistas deberán cumplir las condiciones siguientes:

1) Invertir su capital en las áreas de inversión consignadas en el Artículo 31 de esta Ley;

2) La inversión será por un mínimo de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $30,000.00) o su equivalente en moneda nacional; y,

3) La Dirección General de Migración y Extranjería no autorizará la residencia cuando el extranjero se proponga hacer inversiones no permitidas por las leyes de la República.

ARTÍCULO 34. GARANTÍAS Y OBLIGACIONES.

En cuanto a las garantías, obligaciones, registro, documentos, procedimientos y demás requisitos, se estará a lo establecido por el Ministerio de Fomento Industria y Comercio y las normas que rigen las inversiones en Nicaragua.

A las personas extranjeras que realicen inversiones con montos significativos, antes de otorgarle su estatus de residente permanente se deberá realizar una investigación de la obtención lícita del dinero a invertir en el territorio nacional, dicho procedimiento estará establecido en el Reglamento de la presente Ley

Los extranjeros que tengan hijos o hijas nicaragüenses por nacimiento, podrán optar a la residencia por vínculo familiar, cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley y su Reglamento .

ARTÍCULO 36. RESIDENTES POR VÍNCULO MATRIMONIAL O UNIÓN DE HECHO.

Los extranjeros que contraigan matrimonio o establezcan unión de hecho con nicaragüense dentro o fuera del territorio nacional conforme las leyes del país, podrán adquirir residencia por vínculo matrimonial o unión de hecho, cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley.

En caso de disolución del vínculo matrimonial o de la unió n de hecho, el residente perderá esta calidad migratoria desde la fecha en que se emita la resolución respectiva; sin embargo, tendrá derecho a obtener otra calidad migratoria siempre que reúna los requisitos establecidos.

Al cónyuge extranjero residente por vínculo familiar, una vez que dejaré de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos, podrá cancelársele su calidad migratoria y fijarle un plazo para que abandone el país

El extranjero no perderá su residencia en caso de muerte de su có nyuge o compañero o compañera en unión de hecho, excepto en aquellos casos que haya sido condenado mediante sentencia firme por la muerte del cónyuge o compañero o compañera en unión de hecho, salvo que en este último caso existan hijos nicaragü enses por nacimiento en cuyo caso el extranjero accederá a la calidad migratoria establecida en el Artículo 35 de la presente Ley, sin perjuicio de los otros efectos legales.

Para adquirir la calidad de residente inmigrado, los extranjeros residentes deberán cumplir con los requisitos siguientes:

1) Haber permanecido en el país por un período no menor de tres (3) años consecutivos;

2) Haber renovado anualmente su cédula de residencia o permiso especial de permanencia; y,

3) Cumplir con los demás requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

En ningún caso la mera permanencia en el territorio nacional concederá la calidad de inmigrado a personas extranjeras en situación de estadía irregular.

La Dirección General de Migración y Extranjería en el Reglamento de la presente Ley podrá fijar a los extranjeros que se radiquen en el territorio nacional, las condiciones que estime conveniente respecto a las actividades a las cuales habrán de dedicarse.

Asimismo, velará que los residentes o extranjeros con permiso especial de permanencia, sean personas útiles para el país en correspondencia con la política de Estado en materia migratoria, y cuenten con los recursos suficientes para su subsistencia y la de las personas que estén bajo su dependencia económica. Los criterios para determinar la suficiencia de los recursos de subsistencia se establecerá n en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 39. PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA.

La Dirección General de Migración y Extranjería podrá conceder permisos especiales de permanencia en el país hasta por un máximo de tres (3) años, a extranjeros que por causas justificadas lo soliciten, tales como:

1) Estudiantes en cualquiera de los niveles del sistema educativo nacional. En el caso de que el período de estudios exceda el plazo máximo establecido en este artículo, podrá prorrogarse el permiso de permanencia, por el tiempo necesario para su terminación;

2) Asilados y apátridas;

3) Trabajadores migrantes;

4) Extranjeros en servicio social;

5) Religiosos;

6) Extranjeros que presten voluntariamente servicios humanitarios y de beneficencia para el país;

7) Extranjeros en actividades comerciales o de espectáculos pú blicos;

8) Extranjeros contratados como empleados temporales por una persona natural o jurídica; por organismos internacionales o por instituciones gubernamentales;

9) Científicos, profesionales, deportistas y personal técnico o especializado; contratados por personas naturales o jurídicas establecidas en el país;

11) Empresarios, personal directivo de sociedades mercantiles nacionales o extranjeras autorizadas para ejercer actos de comercio en el país;

12) Cónyuge e hijos menores o mayores dependientes y los abuelos de las personas señaladas en los numerales anteriores; y,

13) Los demás que la Dirección General de Migración y Extranjería estime conveniente, en razones de interés nacional, humanitarias o en reciprocidad con otros Estados.

Las personas extranjeras contratadas por personas naturales o jurídicas establecidas en el país, o por instituciones gubernamentales o no gubernamentales, podrán optar a un permiso especial de permanencia cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones reglamentarias.

La Dirección General de Migración y Extranjería en consulta con el Ministerio del Trabajo, verificará las condiciones de contratación según las modalidades previstas en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 41. PERMISOS PARA EJERCER UNA PROFESIÓN UNIVERSITARIA.

En los casos que se solicite permiso especial de permanencia para el ejercicio de una profesión universitaria, la Dirección General de Migración y Extranjería lo concederá cuando el extranjero cumpla con los requisitos legales establecidos para ejercer dicha profesión.

Asimismo se concederá permiso especial de permanencia a los extranjeros contratados como catedráticos por las universidades públicas o privadas o como docentes en cualquiera de las instituciones del sistema educativo nacional.

El Gobierno de Nicaragua reconocerá el derecho de asilo territorial a los extranjeros que lo soliciten, siempre que ocurra cualquiera de las circunstancias señaladas en el Artículo 42 de la Constitución Política vigente, a saber:

1) A los perseguidos por luchar en pro de la Democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos.

También serán considerados como asilados los miembros que constituyan su grupo familiar.

El extranjero que solicite asilo deberá hacerlo conforme las normas y procedimientos estipulados en la Ley de la materia, la presente Ley, los acuerdos, convenios y tratados internacionales debidamente ratificados por la República de Nicaragua.

ARTÍCULO 43. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASILADO.

La calidad de asilado se perderá por los motivos siguientes:

1) Salir del país sin el permiso correspondiente de la autoridad competente;

2) Realizar actos que pongan en peligro la soberanía y la seguridad del Estado;

3) Por comisión de actos que amenacen las buenas relaciones entre Nicaragua y otros Estados; y,

4) Por la comisión de delitos dentro del territorio nacional.

En el primer caso procederá la deportación y en los tres (3) últimos casos a la expulsión. En el supuesto de acordarse la deportación o la expulsión de un asilado, bajo ningún concepto será entregado al país cuyo gobierno lo reclama.

El Gobierno de Nicaragua por medio del Ministerio de Gobernación, reconocerá la calidad de apátrida a todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y carezca de nacionalidad especí fica.

Se exceptúan los infantes, quienes adquieren la nacionalidad nicaragüense acuerdo a lo prescrito en el Artículo 16 inciso 4) de la Constitución de la República. La documentación y registro de los apátridas estará a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Los extranjeros residentes o con permiso especial de permanencia están obligados a inscribirse en el registro nacional de extranjeros de la Dirección de General de Migración y Extranjería, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de emitida la certificación de la resolución respectiva.

Los hijos menores de edad y los hijos mayores de edad dependientes de sus padres, por razones de estudio o discapacidad; y los abuelos de éstos, quedarán amparados en la resolución e inscripción de sus padres, aunque deberá inscribirse con todos sus datos personales y tendrán derecho a que se le extienda la respectiva identificació n.

ARTÍCULO 46. DE LAS CALIDADES O CATEGORÍAS MIGRATORIAS.

El residente que pierda la calidad migratoria autorizada o pretenda su cambio, tendrá derecho a solicitar otra calidad migratoria, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. De forma similar se podrá optar a una de las distintas categorías de permisos especiales de permanencia.

ARTÍCULO 47. MOTIVOS POR LOS QUE SE PIERDE LA RESIDENCIA O EL PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA.

Los extranjeros residentes o con permiso especial de permanencia, perderá ;n su calidad de tales en los casos siguientes:

1) Por falsedad debidamente comprobada en la solicitud, declaraciones; informes o documentos presentados;

2) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento;

3) Por permanecer fuera del país más de seis (6) meses consecutivos sin el permiso correspondiente, en el caso de los extranjeros con permiso especial de permanencia; y,

4) Por permanecer fuera del país más de doce (12) meses consecutivos sin el permiso correspondiente, en el caso de los residentes.

ARTÍCULO 48. NO ADMISIÓN O CANCELACIÓN DE LA PERMANENCIA POR INTERÉS PÚBLICO.

El Ministerio de Gobernación por causas de interés pú blico, podrá impedir la admisión o cancelar definitivamente la permanencia de los extranjeros que puedan poner en peligro el orden pú blico, la seguridad nacional, las relaciones internacionales del país y por otras causas debidamente justificadas.

Crease el Registro Nacional de Extranjeros estará a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería y se regirá por las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

Todas las autoridades del país y los representantes diplomáticos y consulares nicaragüenses acreditados en el exterior, están en el deber de auxiliar a la Dirección General de Migración y Extranjería en las funciones relativas al registro de extranjeros.

ARTÍCULO 50. CONFIDENCIALIDAD DEL REGISTRO.

El registro será de uso exclusivo de la Dirección General de Migración y Extranjería, y únicamente se proporcionará información sobre los datos del mismo a las autoridades competentes que la soliciten, y los propios extranjeros registrados o a sus apoderados legales previa identificación, sobre el registro de sus representados.

ARTÍCULO 51. DERECHO A LA TARJETA DE RESIDENCIA O TARJETA ESPECIAL DE PERMANENCIA.

A los inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros se les expedirá la cédula de residencia o cédula especial de permanencia conforme a su categoría o calidad migratoria, la cual deberá renovarse de conformidad a lo establecido en el respectivo Reglamento.