Con muestras de mi más alta estima y consideración, le saludo,


Cordialmente;

Estimado Presidente Núñez:

Me dirijo a Usted para informarle que hemos concluido la elaboración de la iniciativa de “LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER” la cual fue elaborada por las instituciones del Sistema de Justicia que integran la Comisión de Estudio y Reformas de los Delitos de Violencia hacia la Mujer, conformada por la Dra. Ana Julia Guido, Fiscal General Adjunta del Ministerio Público; Comisionada General Mercedes Ampié, Jefa de la Dirección de Comisarías de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional; Dra. Yadira Centeno González, Magistrada de la CSJ; Dr. Marvin Aguilar García, Magistrado Vicepresidente de la CSJ y Coordinador de la Comisión Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal; y la suscrita, por la Corte Suprema de Justicia: También se integró la Dra. Clarisa Ibarra, Directora de la Defensoria Pública; la Lic. Marcia Ramírez, Ministra de la Familia; la Lic. Isabel Green, Directora Ejecutiva del INIM; y la Dra. Débora Grandison, Procuradora Especial de la Mujer.

La Comisión tuvo el mandato de elaborar una iniciativa de ley que considerara todas las manifestaciones de violencia que se producen contra las mujeres, mejorar y ampliar los tipos penales existentes, establecer procedimientos rápidos para otorgar medidas de protección, considerar la apertura de juzgados especializados y la propuesta de una política de prevención atención y sanción de la violencia hacia la mujer; proponemos una ley que regule de manera adecuada la protección, reparación y sanción de todas las formas de violencia.

Para llevara adelante esta iniciativa conformamos un equipo técnico multidisciplinario e interinstitucional, conformado por abogados y abogadas de las Comisarías de la Mujer, defensoras y defensores públicos, juez de distrito penal, jueza suplente de adolescentes, fiscales especializadas, psicólogas, psiquiatras, médicos que actúan como peritos forenses del Instituto de Medicina Legal, la Secretaria Técnica de Género de la Corte Suprema y de la Escuela judicial, quienes en 22 sesiones de trabajo elaboraron la propuesta que fue discutida y mejorada por la Comisión de Reformas.

2. Código Penal (Ley No. 641) y Código Procesal Penal (Ley 406) de Nicaragua, en las conductas relacionadas con la violencia doméstica e intrafamiliar, así como en los delitos contra la libertad e integridad sexual, cuyo patrón de conducta es la constante realización de actos violentos contra las mujeres.

3. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

4. Estudio de derecho comparado de la legislación centroamericana relacionada con la penalización de la violencia doméstica y el resultado que han tenido los juzgados especializados de violencia. El estudio en mención –para el cual contamos con el apoyo de la agencia española de cooperación (AECID)- analizó la tendencia legislativa centroamericana mediante la comparación de leyes, un estudio de campo sobre el funcionamiento de los juzgados especializados en tres países, los motivos que han llevado a la reforma de leyes y a la creación de nuevas jurisdicciones, originado en procesos y prácticas innovadoras que se han venido ajustando y mejorando, buscando la mayor protección de las mujeres. Las recomendaciones del mismo son el punto de partida de la iniciativa de ley.

Fundamentos de hecho

1. Necesidad de dar respuesta al grave problema de violencia que causa muertes, mutilaciones, daños físicos y psicológicos para las mujeres de nuestro país, así como el estado de desprotección de niños y niñas que quedan en el abandono. Hasta el mes de noviembre del año 2010 la Policía Nacional reportó 39 mujeres muertas y 25,000 denuncias sobre hechos de violencia recibidas.

2. La impunidad que genera la investigación y juzgamiento inadecuados de estos delitos, debido a la tolerancia social y cultural existente para estas conductas, dificultan la investigación que permitiría probar los hechos denunciados, existe un escaso apoyo para que las mujeres cuenten con espacios de protección y recuperación del daño.

La iniciativa de ley considera como sujeto protegido a la mujer, respondiendo así al marco regulatorio de los derechos humanos, especialmente a la legislación antidiscriminatoria que se basa en la especificación de los titulares de derechos, en la igualdad sustantiva y por supuesto en el derecho a vivir una vida libre de violencia para las mujeres.

El abordaje de la violencia hacia las mujeres se plantea de forma más general, lo cual permite que se tipifiquen conductas que el ordenamiento jurídico nacional no había considerado como hechos antijurídicos y delictivos hasta ahora.

La penalización y creación de nuevos tipos penales contempla el femicidio que se producen tanto en el ámbito privado como público y se define como la muerte extrema de una mujer sólo por el hecho de serlo, el sujeto activo es un hombre ligado por relaciones de afinidad, consanguinidad o que ya no está en este tipo de relaciones. Se mejoran los tipos penales, de violencia física, psicológica y se incorporan diversas tipos penales relacionados con la violencia patrimonial, así mismo se crea el tipo penal de violencia mediática, laboral e institucional.

Se crean juzgados especializados, se fortalece el papel de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, así mismo se crea la política de prevención, atención, y protección hacia las víctimas de violencia.

La iniciativa de ley que proponemos establece como objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder que ejercen los hombres en cualquiera de sus formas y ámbitos.

Reafirma que la violencia, además de ser un Problema de Salud Pública, es de seguridad ciudadana, por lo cual todo el Estado de Nicaragua debe actuar para proteger los derechos humanos de las Mujeres.

Atendiendo a los fundamentos de hecho y derecho y motivos expuestos de conformidad con el Arto. 140 numeral 3 de la Constitución Política de Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia somete a consideración de las y los Honorables Diputados de la Asamblea Nacional la presente iniciativa de “Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer”, para que siga el trámite correspondiente hasta su aprobación y posterior publicación; confiamos que este Honorable Cuerpo Legislativo se unirá al compromiso que tenemos las y los funcionarios del Estado de brindar una adecuada protección a las mujeres víctimas de toda forma de violencia.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle la muestra de mi estima y consideración.

El punto de partida para elaborar la propuesta es:

1. Las conclusiones y recomendaciones del Estudio de Derecho comparado de leyes en Centroamérica.

2. La legislación nacional: Constitución Política de Nicaragua, Código Penal, Código Procesal Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. Se tomó en consideración las Normas de Derechos Humanos: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén Do Pará), Reglas de Brasilia Sobre el Acceso a la Justicia de la Personas en condición de vulnerabilidad, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, en especial, la de Mujeres y Niños, normativa conocida también como el Protocolo de Palermo.

4. Las recomendaciones y conclusiones del Informe sobre la situación de las Víctimas de Violencia elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del año 2007.

5. Se consultaron las siguientes leyes, decretos y normas: Ley Especial, Integral Para Una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres, de noviembre de 2010 de El Salvador; Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación de Personas, de Guatemala, del año 2009; Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la mujer, de Guatemala del año 2008; Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, de 2007 de Costa Rica; Ley integral de violencia, de Venezuela y España; Ley 228 de la Policía Nacional, Decreto No. 26-96 “Reglamento de la Ley de la Policía Nacional”; Manual de Procedimientos Policiales para la atención especializada a víctimas sobrevivientes de Violencia Intrafamiliar y Sexual; Protocolo, Normas y procedimientos de Atención Integral.

6. Investigación “Fortaleciendo la comprensión del femicidio”, publicación de 2008 PATH, Alianza Intercambios para la Prevención de la Violencia de Género desde la Salud (InterCambios), el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica (MRC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Estudio de Derecho Comparado:

El estudio de leyes existentes en Centroamérica señala que a mediados de la década de los años 90, se promulgaron leyes de protección o sanción de la violencia intrafamiliar o doméstica, una vez que la mayoría de Estados ratificaron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Un segundo momento de reformas se produce a mediados de la década del 2000, en respuesta al aumento de la violencia y la impunidad en que se dejan estos delitos. Otro rasgo que caracterizan estas leyes son normas estándares que buscan una mayor protección para las mujeres, así como el abordaje de medidas integrales para prevenir, atender y proteger a las mujeres que sufren violencia.

Las leyes contra la violencia doméstica o intrafamiliar podrían ser clasificadas en dos modelos: el primero se refiere a un conjunto de normas que forman leyes de naturaleza mixta (Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala); el segundo responde a reformas parciales del derecho penal, tal es el caso de Nicaragua y Panamá. En cuanto al primer modelo (Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica) la naturaleza de estas leyes es de carácter precautorio, no son procesos residuales o sustitutivos de otros procesos, sino que son independientes; el objeto de la ley va dirigido a prevenir la violencia o la repetición de la violencia, se crea un proceso sumario para el derecho de Familia. Un aspecto a subrayar es que esta legislación no resuelve el problema de fondo, pues difícilmente logra romper con el círculo de violencia, su finalidad es la protección de la vida, la integridad física, emocional, sexual y patrimonial, todo esto en concordancia con lo establecido con la Convención de Belén Do Pará.

Asimismo se crearon Juzgados Especializados en Violencia Doméstica, los Juzgados de Familia y los Juzgados Contravencionales, los cuales actúan con procedimiento y trámite expedito, simple y célere y están facultados para aplicar el impulso procesal de oficio. Se busca que la vía judicial sea expedita, para otorgar las medidas de protección, sin tener que recurrir a la denuncia penal o a la demanda de familia.

Una coincidencia común en todos los países de la región es que las medidas de protección responden a requerimientos y estándares establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, ambas obligan a los Estados Partes a garantizar el derecho de vivir una vida libre de violencia.

Sin embargo, la práctica judicial en todos los países refleja la tendencia de no fijar éstas medidas desde una perspectiva integral, que permita restaurar la seguridad jurídica, para que las víctimas puedan romper el ciclo de la violencia. Las medidas de protección, seguridad y cautelares que establecen las leyes, frecuentemente son incumplidas por el agresor y el Estado no cuenta con mecanismos efectivos para su cumplimiento. En muchas ocasiones los formalismos procesales impiden perseguir a los agresores y generan la impunidad.

En el segundo modelo se ubica a Nicaragua y Panamá, en ambos países se produjeron reformas parciales del derecho penal que incluyen la violencia doméstica o intrafamiliar. En cuanto al proceso, las normas de violencia doméstica que son del ámbito penal, presentan algunas dificultades que promueven la impunidad. Por ejemplo, al tipificar el delito de violencia doméstica, los judiciales tienen diversos criterios para considerar los hechos; hay quienes los califican dentro del tipo penal de la violencia doméstica y otros no lo hacen, la razón es que aún persisten en la sociedad actitudes, comportamientos y omisiones que socialmente no reconocen la violencia.

El proceso penal está impregnado de simbolismos y garantías que en algunas ocasiones se revierten en contra de las víctimas de la violencia doméstica, donde la evacuación de la prueba va dirigida a garantizar más los derechos del imputado que los de las víctimas. El derecho penal parte de un desequilibrio de las relaciones de poder entre el Estado y la persona procesada, que no contempla la situación de la víctima. En el caso de la violencia doméstica la víctima se encuentra en clara desventaja frente a su agresor, pero en el proceso penal esa desigualdad no es tomada en cuenta por el sistema.

El castigo es la privación de libertad y no se contempla que el agresor se responsabilice por sus actos y que el sistema ayude a realizar cambios actitudinales y conductuales en el caso de la violencia doméstica. En el derecho penal únicamente los hechos y preceptos legales se consideran relevantes para determinar el hecho, no toma en cuenta las emociones, los temores y las relaciones de poder implícitas en la violencia hacia la mujer.

En general los países de Centroamérica tienen en común los siguientes aspectos:

1- Resistencia a crear equipos interdisciplinarios, necesarios para trabajar la violencia y en aquellos lugares donde se cuenta existe dificultad de ajustes.

2- En la mayoría de los países de la región se avanzó hacia la promulgación de leyes de penalización de la violencia contra la mujer con una perspectiva más integral, contemplan diversas formas de violencia, tales como psicológica, física, sexual y patrimonial, que se producen en los diferentes ámbitos, lo que resultó en nuevos tipos penales.

3- Sólo dos países cuentan con leyes de naturaleza penal que abordan la violencia contra las mujeres desde una perspectiva que incluye una diversidad de manifestaciones relacionadas con la violencia física, sexual emocional-psicológica y patrimonial, que por su formulación alcanzan a proteger a las mujeres según lo establecido en la Convención de Belén Do Pará y CEDAW.

4- Las características comunes de esas leyes son: La no neutralidad en el sujeto protegido, ya que las sujetas protegidas son las mujeres, rompiendo la visión familista y la supuesta neutralidad de las normas, respondiendo así al marco de los derechos humanos, especialmente a la legislación antidiscriminatoria que se basa en la especificación de los titulares, en la igualdad sustantiva y por supuesto en el derecho a vivir una vida libre de violencia para las mujeres.

5- Abordan la violencia hacia las mujeres de una manera más general lo cual permite que se tipifiquen conductas que el ordenamiento jurídico no había considerado como hechos antijurídicos y delictivos.

6- Fundamenta su interpretación en los principales instrumentos de protección de los derechos humanos de las mujeres.

7- La penalización y creación de nuevos tipos penales contempla el femicidio en Costa Rica, Guatemala, y se unió a esta corriente legislativa El Salvador. Algunos países como Costa Rica consideran el femicidio privado, que resulta de la muerte de su cónyuge o compañera que se encuentren en una relación de hecho declarada o no. Uno de los vacíos o debilidades de este tipo penal es que no especifica la intención, lo cual podría derivar en una interpretación equívoca, por ejemplo casos de homicidios imprudentes u otras circunstancias que no tienen la intencionalidad misógena que caracteriza el delito del femicidio.

El tipo penal en Guatemala establece el femicidio en el ámbito público y privado, determinando las circunstancias que lo declaran. Las dificultades se encuentran alrededor de las posibles interpretaciones jurídicas que responden a una cultura jurídica tradicional ausente de una perspectiva de género, que implicaría tener conocimiento sobre las implicaciones de la violencia de género contra las mujeres y un manejo del marco ético-jurídico de los derechos humanos de las mujeres y su necesaria integración en el razonamiento jurídico.

8- La creación de fiscalías especializadas dentro de los Ministerios Públicos, que conocen de los temas relacionados con la violencia sexual, doméstica o de género. Asimismo de la presencia de personal capacitado y especializado en este tipo de delitos ha favorecido a las víctimas, pero se requiere de mayor cobertura y profesionalización.

9- Por la experiencia acumulada se recomienda tener leyes de penalización que aborden la violencia de género contra la mujer y que sean elaboradas desde una perspectiva integral, contemplando las diversas formas de violencia existentes: psicológica, física, sexual y patrimonial, en los diferentes ámbitos.

10- Estas leyes deben fundamentarse en los derechos humanos de las mujeres, en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén Do Pará) y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW.

Aspectos que aborda la iniciativa de “Ley integral contra la violencia hacia la mujer”

La iniciativa de ley que proponemos establece como objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder que ejercen los hombres en cualquiera de sus formas y ámbitos.

Reafirma que la violencia, además de ser un problema de Salud Pública, es de seguridad ciudadana, por lo cual todo el Estado de Nicaragua debe actuar para proteger los derechos humanos de las Mujeres.

Entre sus principios rectores se incluyen: La No Discriminación, No Violencia, Acceso a la Justicia, Debida Diligencia del Estado, Celeridad, Resarcimiento, No Victimización Secundaria, Protección a las víctimas, Concentración, Publicidad, Integralidad y el Principio de Coordinación Interinstitucional.

Se establece de forma expresa que son fuentes de interpretación la Constitución Política de Nicaragua, las leyes, La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
Se crean los juzgados especializados en violencia, los cuales deben contar con personal especializado en violencia. Se crea una Sala Especializada en violencia en el Tribunal de Managua, y se mandata al resto de tribunales del país a especializar a una magistrada para conocer de estos procesos

Se creó como tipo penal el Femicidio delito que comete el hombre que diere muerte a una mujer como resultado extremo de la violencia, que ocurra tanto en el ámbito privado como público.

Se sancionan diversos tipos de Violencia: Física, psicológica, sexual y patrimonial; asimismo se tipifica el Maltrato habitual como delito autónomo.

Se establece el procedimiento para el juzgamiento de los delitos de que trata esta ley. Y se establece la improcedencia de la mediación.

Se faculta al Sistema Penitenciario para desarrollar programas de tratamiento y orientación para los agresores.

Se crea la política para prevenir, atender y proteger a las mujeres que viven violencia.

Atendiendo a los motivos expuestos y de conformidad con el Arto. 140 numeral 3 de la Constitución Política de Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia somete a consideración de las y los Honorables Diputados de la Asamblea Nacional la presente iniciativa de “Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer” para que siga el trámite correspondiente para su aprobación y posterior publicación, confiamos que este honorable cuerpo legislativo se unirá al compromiso que tenemos las y los funcionarios del Estado de brindar una adecuada protección a las mujeres víctimas de toda forma de violencia.

Hagamos nuestro el desafío que lanzó a todos los Estados del mundo el Secretario General de Naciones Unidas, en el marco de la campaña mundial de 16 días de lucha contra la violencia en el año 2010, quien en ese contexto declaró: “Ni una muerte más de mujeres por violencia”

Arto 2. - Ámbito de aplicación de la ley
La presente ley se aplicará tanto en el ámbito público como en el privado a quien ejerza violencia contra la mujer de manera puntual o de forma reiterada, tanto en el ámbito Público como en el privado. Los efectos de esta ley le serán aplicables: a quien se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela o guarda, cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, novios, ex novios, relación de afectividad, desconocidos, así como cualquier otra relación interpersonal que pueda generar este tipo de violencia.

Arto 3. -Principios Rectores de la Ley

a. - Principio de Igualdad Real: Toda actuación del sistema de justicia procurará alcanzar la igualdad de las personas sin distinción alguna por razones de género, edad, etnia, discapacidad, preferencia sexual. Asegurando el respeto y tutela de los derechos humanos, tomando en cuenta las diferencias culturales, económicas, físicas y sociales que prevalecen entre sí, para resolver con criterio de igualdad tomando en cuenta las diferencias.

b. - Principio de no Discriminación: Es la eliminación de toda distinción, exclusión o restricciones basadas en el nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica, condición social, preferencia sexual, discapacidad, que tenga por objeto o resultado el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También es discriminación las acciones u omisiones que no tengan intención de discriminar pero sí un resultado discriminante.

c. - Principio de No Violencia: La violencia contra las mujeres constituye una violación de las libertades fundamentales limitando total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos.

d. - Principio de Acceso a la Justicia: Las Instituciones del Estado que integran el sistema de justicia y otros operadores del sistema, deben garantizar a las mujeres, sin ninguna distinción, el acceso efectivo a los servicios y recursos que otorgan, eliminando todo tipo de barreras y obstáculos de cualquier índole que impidan este acceso.

e. - Principio de la Debida Diligencia del Estado: El Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres con el fin de garantizar la vida, seguridad y protección de las víctimas de violencia.

f. - Principio de Celeridad: El procedimiento que establece la presente ley, deberá Tramitarse con agilidad, celeridad y sin dilación alguna, hasta obtener una resolución en los plazos establecidos, el incumplimiento de las responsabilidad de las y los funcionarios conlleva a hacerse merecedores de medidas administrativas o sanciones que le corresponda.

g. - Principio de Resarcimiento: La administración de justicia garantizará los mecanismos necesarios para asegurar que la víctima de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

h. - Principio de No Victimización Secundaria: El Estado deberá garantizar que las autoridades que integran el sistema de justicia y otras instituciones que atienden, previenen, investigan y sancionan la violencia, deberán desplegar medidas especiales de prevención, para evitar situaciones de incomprensión, reiteraciones innecesarias y molestias que pueden ser evitadas a las víctimas.

En los procesos judiciales no se hará uso abusivo de las reprogramaciones o suspensiones de audiencias y juicios, la víctima deberá ser respetada en el interrogatorio, contra interrogatorio, alegatos de las partes, no deberá ser sometida a pericias médicas o sicológicas inadecuadas o innecesarias, no deberá ser sometida a confrontación visual con el imputado o acusado si no está en condiciones emocionales para ello, y no deberá ser sometida a cualquier situación que lesione su dignidad humana.

i.- Principio de Protección a las Víctimas: Las víctimas de los hechos punibles aquí descritos tienen el derecho a acceder a los órganos de justicia de forma gratuita, y deberán ser atendidas de forma expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, y obtener una resolución en un plazo razonable, sin menoscabo de los derechos de las personas imputadas o acusadas.

j.- Principio de Concentración: Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día cuando se presente toda la prueba aportada por las partes. Si ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos conforme lo dispuesto en los Artículo 288 y 289 del Código Procesal Penal.

k.- Principio de Publicidad: El juicio será público, salvo que a solicitud de la víctima de violencia, el tribunal decida que éste se celebre total o parcialmente a puerta cerrada, debiendo informársele previa y oportunamente a la víctima, que puede hacer uso de este derecho.

m.- Principio de Integralidad: La protección de las mujeres que viven violencia requiere de atención médica, jurídica, psicológica, y social de forma integral y oportuna para detectar, proteger y restituir derechos.

n.- Principio de Coordinación Interinstitucional: Asegurar que los prestadores del servicio de la Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez, Ministerio Público, Defensoría Pública, IML, Poder Judicial, Procuradora Especial de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Ministerio de la Familia, Instituto de la Mujer, Sistema Penitenciario, del sistema de Salud, Forense, Policial, Fiscal y Judicial, coordinen las acciones que requiera la protección de las personas afectadas por violencia.

Arto 4. - Fuentes de Interpretación

Constituyen fuentes de interpretación de esta ley la Constitución Política, códigos, leyes y tratados de derechos humanos ratificados y vigentes. En particular, serán fuentes de interpretación de esta Ley:
a) La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la mujer, ratificada en 1981.
b) La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ratificada en 1995.

Arto 5. -Derechos protegidos de la mujer.
Toda mujer tiene derecho tanto en el ámbito público como en el privado a vivir una vida libre de violencia, a su libertad e integridad sexual y reproductiva, así como al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y libertades consagradas en la constitución Política de Nicaragua, en el ordenamiento Jurídico Nacional, Instrumentos Regionales e Internacionales sobre derechos humanos.

Estos derechos comprenden, entre otros:

a) El derecho a que se respete su vida; y a vivir sin violencia y sin discriminación.

b) El Derecho a la salud y a la educación.

c) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, sexual, económica o patrimonial.

d) El derecho a la libertad, a la seguridad personal, a la intimidad y la libertad de creencias y pensamiento;

e) El derecho a no ser sometida a torturas;

f) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

g) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley,

h) El Derecho a recibir información y asesoramiento adecuado.

i) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante las instituciones del Sistema de Justicia y otras instituciones del Estado para que la ampare contra actos que violen sus derechos;

Arto 6. - Formas de violencia contra la mujer

La violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas y ámbito debe ser considerada una manifestación de discriminación y desigualdad que viven las mujeres en las relaciones de poder, reconocida por el Estado como un Problema de Salud Pública, de Seguridad Ciudadana, y en particular:


a) Violencia física: Es toda acción u omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona, que produzca como resultado una lesión física o la muerte.

b) Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, decisiones y creencias de la mujer por medio de la intimidación, manipulación, coacción, comparaciones destructivas, vigilancia eventual o permanente, insultos, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud mental, la autodeterminación o su desarrollo personal.

c) Violencia sexual: Toda acción que obliga a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal, o, participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad, libertad e indemnidad sexual, independientemente que la persona agresora pueda tener con la mujer una relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco.

d) Violencia Patrimonial: Acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción o retención en los objetos, documentos personales, valores, bienes de una mujer y los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.

También constituye violencia patrimonial el control de los bienes y recursos financieros, manteniendo así el dominio sobre la mujer, la negación de proveer los recursos necesarios en el hogar, desconocimiento del valor económico del trabajo doméstico de la mujer dentro del hogar y la exigencia para que abandone o no inicie un trabajo remunerado.

e.) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias / os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

f.) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de Tes. de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

g) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

Arto 10. - Autoridad competente para decretar las medidas de protección: Antes de iniciar un proceso judicial, las medidas de protección serán dictadas por el Juez Penal de Distrito Especializado en Violencia hacia la Mujer, los Jueces Locales Penales o los Jueces Locales Únicos en los municipios, el Ministerio Público o la Policía Nacional a través de la jefa de la Comisaría de la Mujer y la Niñez y de los jefes de Delegaciones, Distritales y Municipales, según corresponda.
Una vez iniciado el proceso judicial son competentes exclusivos para dictar las medidas de protección la autoridad judicial en materia penal o en materia de familia, según corresponda.
Arto 11. - Solicitud de las medidas de protección. Después de presentada la denuncia y acompañando copia de ésta se podrá solicitar de manera oral o escrita la aplicación de medidas de protección ante el órgano competente. La solicitud deberá contener:
a) Nombre, apellidos, domicilio de la persona agredida.

b) Datos de identificación del presunto agresor, y domicilio si se conociere.

c) Relación de los hechos denunciados.

d) Los elementos de convicción que fundamentan los hechos al momento de la solicitud.

e) Descripción de las medidas de protección solicitadas.

f) Lugar para recibir notificaciones.

La falta de indicación de pruebas no impedirá que la autoridad judicial de curso a la solicitud.
Arto 12. - Aplicación de las medidas: Presentada la solicitud, la autoridad competente ordenará de inmediato la aplicación de cualquiera de las medidas solicitadas. No obstante, sin perjuicio de lo solicitado por la parte, la autoridad competente podrá ordenar de oficio la aplicación de otras medidas en función de la protección de la integridad física, síquica, sexual y patrimonial de la víctima.
La resolución que ordena la aplicación de una medida de protección, deberá notificarse y ejecutarse dentro de las siguientes veinticuatro horas de dictada y no cabrá recurso alguno contra ella.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 144 Código Procesal Penal, la resolución se notificará al denunciado o acusado, de manera personal por medio de la Comisaría de la Mujer o de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. La notificación se podrá realizar en el domicilio o en cualquier lugar donde se encuentre el presunto agresor y a cualquier hora.

Arto 13. - Órgano competente para la ejecución y vigilancia de las medidas de protección.
Durante el tiempo de la ejecución de las medidas de protección, la autoridad que las dicte deberá dar seguimiento a las mismas.
Para la ejecución y cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la autoridad judicial, ésta se auxiliará de la Comisaría de la Mujer y la Niñez o Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

Arto 14. - Incumplimiento de las medidas de protección: En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de protección por parte del presunto agresor se iniciará el proceso investigativo por el delito de desobediencia o desacato a la autoridad.

Arto 18.- Especialización de los Funcionarios: Todas las instituciones que integran el sistema de justicia penal deberán garantizar que el personal que atiende la investigación y tramitación de los procesos relativos a violencia hacia la mujer esté especialmente capacitado en la materia a través de programas de formación inicial, continua y especializada que impulsarán de manera institucional e interinstitucional.

Para tal efecto, el Ministerio Público contará con fiscales especializados en la materia y la Corte Suprema de Justicia nombrará juezas y magistradas especializadas en violencia conforme a la Ley de Carrera Judicial, y dispondrá que en cada Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones, al menos una Magistrada deberá ser especialista en la materia.

Créese en el Tribunal de Apelaciones del Departamento de Managua, La Sala Penal Especializada en Violencia y Justicia Penal de Adolescentes, que conocerá la apelación de las resoluciones dictadas por los Juzgados de Distrito Especializados en Violencia, y de los Juzgados Penales de Distrito de Adolescentes. En el resto de circunscripciones del país ésta Sala Penal Especializada se crearán conforme a la demanda y capacidad del Poder Judicial.

En las Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur, se procurará que el personal especializado que nombren las instituciones del sistema de justicia, sea originario de la región.

Art.19.-Fortalecimiento de la Comisaría: La Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez dependen jerárquicamente del Director o Directora General de la Policía Nacional. Las Comisarías de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional que existan en las delegaciones departamentales, distritales y municipales, dependerán jerárquica y funcionalmente de la Dirección Comisaría de la Mujer y la niñez.

La Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional, es una especialidad encargada de la investigación, prevención y tratamiento de los ilícitos penales a los que hace referencia la presente ley. El Jefe o jefa de las Delegaciones Municipales de la Policía Nacional, realizarán las investigaciones de los ilícitos penales, mientras no se creen nuevas Comisarías en dichos municipios. El trabajo preventivo y el tratamiento especializado a las víctimas lo ejecutarán en coordinación con otras instituciones del Estado y la Comunidad organizada.

La Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional, es el órgano facultado para decidir el ingreso, permanencia, traslado y egreso del recurso humano que trabajará en la especialidad. De igual forma dispondrá sobre el uso y manejo de los recursos materiales y técnicos destinados para la atención integral a las víctimas del delito.

Las especialidades de Auxilio Judicial, Detectives, Inteligencia y Seguridad Pública de la Policía Nacional, apoyarán y priorizarán a las Comisarías de la Mujer y la Niñez en el esclarecimiento de los delitos vinculados a la violencia hacia la mujer y la niñez.

Arto 20. - “Causas de inhibición o recusación” Las causas de inhibición y recusación para las autoridades judiciales encargadas de la Justicia Penal Especializada en Violencia hacia la Mujer, así como los trámites y plazos serán las establecidas en el Código Procesal Penal.

Interpuesta la recusación o resuelta la excusa por el juez de la causa, éste se separará de inmediato del conocimiento de la misma. Cuando éstas sean declaradas con lugar, el Tribunal de Apelaciones remitirá el caso al respectivo Juez Suplente para que éste continúe su tramitación hasta la resolución definitiva.

Si el juez suplente se inhibe o es recusado, se remitirá la causa al Tribunal de Apelaciones, que resolverá asignando el caso a otro Juzgado Penal Especializado de Violencia hacia la mujer, que se encuentre en el asiento más cercano al del tribunal.

Si quien se inhibe o es recusado es integrante de un tribunal colegiado, resolverán los otros miembros de dicho tribunal. Si todos los integrantes se inhiben o son recusados, conocerá otra sala de la misma jerarquía.

Arto 21. - Oportunidad para recusar: La recusación se interpondrá en cualquier momento del proceso, de manera verbal o por escrito ante el juez de la causa, magistrados de las salas penales de los Tribunales de Apelación y de la Corte Suprema de Justicia, debiendo ofrecer las pruebas que la sustenten.

Arto 22. – Efectos: El juez recusado pierde su competencia hasta que el incidente de recusación o inhibición sea resuelto.

b) Cuando el hecho se diera en el ámbito privado, la pena será de 20 a 25 años de prisión.

c) Si concurriera alguna de las circunstancias del asesinato, independiente del ámbito en que se cometa el delito, la pena será de 25 a 30 años de prisión.

Arto 24.- Violencia Física: Quien mediante acción u omisión cause lesiones, daño o sufrimiento físico a una mujer que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela o guarda, cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, novios, ex novios, relación de afectividad, será sancionado de la siguiente manera:
a) Si la lesión no requiere tratamiento médico ulterior a la primera asistencia facultativa, será castigado con la pena de tres a seis meses de prisión.
b) Si la lesión requiere objetivamente para su sanidad además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico, será castigado con prisión de uno a dos años de prisión.
c) Si la lesión produjera un menoscabo persistente de la salud o integridad física, de un sentido, órgano, miembro o función, hubiera puesto en peligro la vida o dejara una cicatriz visible y permanente en el rostro. Si la lesión deja una cicatriz visible y permanente en cualquier otra parte del cuerpo, en persona que por su profesión, sexo, oficio o costumbre suele dejar al descubierto será sancionado con prisión de tres a siete años de prisión.

d) Si la lesión produjera pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática, se impondrá pena de cinco a doce años de prisión.
Para efectos de este artículo se entenderá por lesiones las heridas, contusiones, excoriaciones, fracturas, dislocaciones, quemaduras y toda alteración en la salud y daño a la integridad física siempre que sean producidos por una causa externa.

Comete también este delito quien realice las conductas anteriores en perjuicio de niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y con discapacidad con las que se encuentre ligado como ascendiente, descendiente, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción, sujetos a tutela o guarda. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, no se podrá alegar el derecho de corrección.

Además de las penas de prisión anteriormente señaladas, a los responsables de este delito se les impondrá la inhabilitación especial por el mismo período de los derechos derivados de la relación madre, padre e hijos, tutela o guarda.

Arto 25. - Violencia Psicológica: Quien mediante acción u omisión con el propósito de denigrar, controlar las acciones, comportamientos y creencias de la mujer que haya sido o sea su cónyuge, ex cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, conviviente, ex conviviente, novio, ex novio, ascendiente, descendiente, pariente colaterales por consanguinidad, afinidad y cualquier otra relación interpersonal; ejerza amenaza directa o indirecta, intimidación, manipulación, humillación, aislamiento, indiferencia, ofensas, vigilancia, comparaciones destructivas, chantaje, acoso y cualquier otra circunstancia análoga que tenga como resultado un perjuicio en la salud sicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal, será sancionado de la siguiente manera:

a) Si se causara daño a su integridad psíquica que requiera objetivamente para su sanidad además de la primera asistencia facultativa, tratamiento psicoterapéutico, será castigado con prisión de uno a dos años de prisión.

b) Si se causara disfunción en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que requiera un tratamiento especializado en salud mental, será castigado con pena de tres a siete años de prisión.

c) Si se causara una enfermedad síquica que aún con la intervención especializada la persona no pueda recuperar su salud mental de manera permanente, será sancionado con prisión de cinco a doce años de prisión.

Igualmente comete este delito quien realice las conductas anteriores en perjuicio de niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad con las que se encuentre ligado como ascendiente, descendiente, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela o guarda. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, no se podrá alegar el derecho de corrección.

Además de las penas de prisión anteriormente señaladas, a los responsables de este delito se les impondrá la inhabilitación especial por el mismo período de los derechos derivados de la relación madre, padre e hijos, tutela o guarda.

Arto 26. - Maltrato: Comete este delito el hombre que de manera habitual ejerza violencia física o psíquica hacia la mujer con la que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela o guarda, cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, novios, ex novios, relación de afectividad; será sancionado con pena de uno a tres años de prisión, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos que se hubieren concretado por los actos de violencia.

Se impondrá la pena media hasta su límite superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el Código Penal o una medida cautelar o de seguridad.

Arto 27.- Sustracción Patrimonial.- Quien sustraiga algún bien o valor de la posesión o patrimonio de una mujer, que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela o guarda; cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, novios, ex novios, relación de afectividad. Igualmente comete este delito quien sustraiga bienes de uso doméstico del entorno familiar, independientemente de su titularidad. El autor de este delito será sancionado con pena de 2 a 5 años de prisión.

Arto 28. - Daño Patrimonial.- El que en perjuicio de una mujer con la que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela o guarda, cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, novios, ex novios, relación de afectividad; destruya, inutilice, haga desaparecer o deteriore en cualquier forma un bien de su propiedad, posesión o tenencia, será sancionado con prisión de 2 a 3 años.

Arto 29. - Limitación al ejercicio del derecho de propiedad: El hombre que impida, limite o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación, la enajenación o la disposición de uno o varios bienes que formen parte del patrimonio familiar o del patrimonio de la mujer, con la que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela o guarda, cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, novios, ex novios, relación de afectividad. El autor de este delito será sancionado con pena de prisión de 8 meses a 3 años.

Arto 30. - Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares. Comete este delito el hombre que sustraiga las ganancias derivadas de una actividad económica familiar o disponga de ellas para su exclusivo beneficio personal y en perjuicio de los derechos de una mujer con la que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, (sujetos a tutela o guarda), cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, (novios, ex novios), relación de afectividad. El autor de este delito será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 1 año.

Arto 31. - Explotación económica de la mujer. Comete este delito el hombre que mediante violencia, amenazas, intimidación o cualquier tipo de coacción, se haga mantener, total o parcialmente, por una mujer con la que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, (sujetos a tutela o guarda), cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, novios, ex novios, relación de afectividad. El autor de este delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años.

Arto 32. – Amenaza. El hombre que mediante expresiones verbales, escritos o mensajes electrónicos amenace a una mujer con la que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela o guarda, cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, novios, ex novios, relación de afectividad; con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año.

La pena será de 6 meses a 2 años de prisión, en las siguientes circunstancias:

a) Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia de la mujer víctima de violencia, en el domicilio de familiares, amistades o cualquier lugar donde se haya refugiado
b) Si el autor del delito se valiere del cargo como funcionario público o de su pertenencia a algún cuerpo Policial o militar.
c) Si el hecho se cometiere con armas cortopunzantes, contundente, de fuego u objeto capaz de causar daño a la integridad física o a la salud.

Arto 33. - Restricción a la autodeterminación.- Comete este delito el hombre que mediante el uso de amenazas, violencia, intimidación, persecución o acoso, obligue a una mujer con la que se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela o guarda, cónyuges, ex-cónyuges, compañeros en unión de hecho, ex compañeros en unión de hecho, novios, ex novios, relación de afectividad; a hacer, dejar de hacer o tolerar algo a lo que no está obligada. Al autor de este delito se le impondrá la pena de prisión de 2 a 4 años
La misma pena se impondrá a quien la obligue a cambiar su domicilio o residencia, abandonar su vivienda de un modo permanente o transitorio o a quien le impidiere el ejercicio de un derecho individual consagrado en la Constitución Política.

Arto 34. - Sustracción de hijos o hijas: Cuando el padre u otro familiar ejerza o haya ejercido violencia contra la mujer y como un medio de continuar ejerciendo violencia hacia esta, sustraiga a su hijo o hija del poder de su madre que legítimamente esté encargada de la custodia, del tutor, guardador o persona encargada de su crianza, y lo retenga sin su consentimiento, será penado con prisión de 2 a 4 años.

Para efectos de este delito se presume la falta de consentimiento cuando el hijo o hija sea menor de catorce años.

Arto 35. - Violencia mediática.- El dueño de medio de comunicación, la persona o comunicador social que en el ejercicio de esa profesión u oficio, ofenda, injurie, satirice, denigre a una mujer por el hecho de ser mujer a través de un medio de comunicación, será sancionado con una pena de doscientos a trescientos días multa y hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio.

Arto. 36 Violencia Laboral: La persona que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con cien a trescientos días multa.
Si se trata de una política de empleo de una institución pública o privada, la sanción se impondrá a la máxima autoridad de la misma o a quien ejerza la máxima representación en el país.

Arto 37. - Violencia institucional. Quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su cargo, sin causa justificada retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual ésta acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la presente Ley, será sancionado con pena de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación especial en el ejercicio del cargo por un plazo que no excederá de tres meses. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan.

Arto 38. - Obligación de aviso. Las personas que de acuerdo a la legislación procesal penal tengan obligación de denunciar los delitos de acción pública, una vez que tengan conocimiento que una mujer, niño, niña o adolescente ha sido víctima de violencia deberán dar aviso a la Comisaría de la Mujer, Policía Nacional y al Ministerio Público a más tardar en el término de cuarenta y ocho horas. El que incurra en esta omisión se sancionará con pena de cincuenta a cien días multa.

Arto 39. - Obligación de implementar medidas disciplinarias.- Toda autoridad jerárquica en centros de empleo, de educación o de cualquier otra índole, que en conocimiento de hechos de acoso sexual por parte de las personas que estén bajo su responsabilidad, no aplique medidas disciplinarias adecuadas para corregir la situación y prevenir su repetición, será sancionada con pena de cincuenta a cien días multa.

Articulo 43. - Posesión de Material Pornográfico

Quien posea material pornográfico o erótico en los términos expresado en el párrafo anterior, será castigado con la pena de 1 a 2 años de prisión.

Art. 66. - Disposiciones derogatorias

Se derogan:
1. Se deroga el artículo 111, 155, 175 y 182 del Código Penal Vigente. Ley número 641, publicado en las Gacetas números, 83,84,85,86 y 87 del 5, 6, 7, 8, 9 de mayo del 2008.
2. El articulo 63 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional. Decreto No. 26-96



Art. 67. - Disposiciones transitorias

El régimen transitorio de la presente ley, se regirá por las siguientes reglas:
1. Los delitos y faltas cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley se juzgarán conforme al Código Penal vigente (Ley 641) manteniendo su competencia los Tribunales conforme las reglas de competencia objetiva y funcional en él establecidas.

2. En los delitos a los que se refiere la presente ley no prescribe la acción penal. No obstante, el Plazo de prescripción de la acción penal de causas pendientes en los tribunales al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, se regirá conforme la Ley vigente al momento de la comisión del delito.


Art. 68. - Disposiciones finales

Normas Supletorias: Todo lo no previsto en esta ley, se regulará por las disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal Vigente.

Vigencia. La presente Ley, entrará en vigencia ciento ochenta días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.


Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ____ días del mes de ______del año ____.

a) Garantizar a todas las mujeres, el ejercicio efectivo de sus derechos, asegurando su acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

b) Fortalecer e impulsar campañas de difusión, sensibilización y concientización sobre la violencia hacia las mujeres, informando sobre los derechos, recursos y servicios públicos y privados para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

c) Mejorar las políticas públicas de prevención de la violencia hacia las mujeres y de erradicación de la discriminación de género; elaborar, implementar y monitorear un plan de acción para la prevención, sanción, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

d) Garantizar recursos económicos, profesionales, tecnológicos, científicos y de cualquier otra naturaleza, a las instituciones del Estado, para asegurar la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la sanción adecuada a los culpables de la misma y la implementación de medidas socioeducativas que eviten su reincidencia.

e) Generar y reforzar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de la violencia, de acuerdo con el objeto de la Ley, en los servicios de información, de atención, de emergencia, de protección, de apoyo, de refugio y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal, departamental, regional y nacional.

f) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia hacia las mujeres.

g) Fomentar la capacitación permanente y la especialización de las y los operadores de justicia, que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas.
h) Fomentar la capacitación permanente y especialización de las y los funcionarios de la Comisaría de la Mujer y Niñez y del Ministerio Público.

i) Establecer y fortalecer medidas protección de emergencia y cautelares que garanticen los derechos protegidos en la presente Ley, así como la protección personal, física, emocional, laboral y patrimonial de la mujer víctima de violencia.

j) Abrir una línea telefónica gratuita y accesible conectada a las instancias policiales y al Ministerio Público, destinada a dar información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres y asistencia a quienes la padecen.

a. Principio de igualdad real: Toda actuación del sistema de justicia procurará alcanzar la igualdad de las personas sin distinción alguna por razones de género, edad, etnia y discapacidad. Asegurando el respeto y tutela de los derechos humanos, tomando en cuenta las diferencias culturales, económicas, físicas y sociales que prevalecen entre sí, para resolver con criterios de igualdad.
b. Principio de no discriminación: Es la eliminación de toda distinción, exclusión o restricciones basadas en el nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica, condición social, discapacidad, que tenga por objeto o resultado, el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También es discriminación las acciones u omisiones que no tengan intención de discriminar pero sí un resultado discriminante.

c. Principio de no violencia: La violencia contra las mujeres constituye una violación de las libertades fundamentales limitando total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos.

d. Principio de acceso a la justicia: Las Instituciones del Estado, operadores del sistema de justicia y las autoridades comunales deben garantizar a las mujeres, sin ninguna distinción, el acceso efectivo a los servicios y recursos que otorgan, eliminando todo tipo de barreras y obstáculos de cualquier índole que impidan este acceso.
e. Principio de la debida diligencia del Estado: El Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el fin de garantizar la vida, seguridad y protección de las víctimas de violencia.
f. Principio de celeridad: El procedimiento que establece la presente Ley, deberá tramitarse con agilidad, celeridad y sin dilación alguna, hasta obtener una resolución en los plazos establecidos, el incumplimiento de las responsabilidad de las y los funcionarios conlleva a hacerse merecedores de medidas administrativas o sanciones que le corresponda.
g. Principio de resarcimiento: La administración de justicia garantizará los mecanismos necesarios para asegurar que la víctima de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces como parte del proceso de restauración de su bienestar.
h. Principio de no victimización secundaria: El Estado deberá garantizar que las autoridades que integran el sistema de justicia y otras instituciones que atienden, previenen, investigan y sancionan la violencia, deberán desplegar medidas especiales de prevención, para evitar situaciones de incomprensión, reiteraciones innecesarias y molestias que pueden ser aplicadas a las víctimas.
i. Principio del interés superior del niño: Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural y social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado y en especial el reconocimiento, vigencia, satisfacción y disfrute de sus derechos, libertades y garantías de forma integral.

j. Principio de protección a las víctimas: Las víctimas de los hechos punibles aquí descritos tienen el derecho a acceder a los órganos de justicia de forma gratuita y deberán ser atendidas de forma expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles y obtener una resolución en los plazos establecidos por la Ley, sin menoscabo de los derechos de las personas imputadas o acusadas.
k. Principio de concentración: Iniciado el juicio, éste debe concluir en el mismo día cuando se presente toda la prueba aportada por las partes. Si ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos conforme lo dispuesto en los artículos 288 y 289 del Código Procesal Penal.
l. Principio de publicidad: El juicio será público, salvo que a solicitud de la víctima de violencia, el tribunal decida que éste se celebre total o parcialmente a puerta cerrada, debiendo informársele previa y oportunamente a la víctima, que puede hacer uso de este derecho.
m. Principio de integralidad: La protección de las mujeres que viven violencia requiere de atención médica, jurídica, psicológica y social de forma integral y oportuna para detectar, proteger y restituir derechos.
n. Principio de coordinación Interinstitucional: Asegurar que los prestadores del servicio de la Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez, Ministerio Público, Defensoría Pública, Instituto de Medicina Legal, Poder Judicial, Procuraduría Especial de la Mujer, Procuraduría Especial de la Niñez, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Instituto de la Mujer, Sistema Penitenciario de Nicaragua y autoridades comunales coordinen las acciones que requiera la protección de las personas afectadas por violencia.
o. Principio de plena igualdad de género: Las relaciones de género deben estar basadas en la plena igualdad del hombre y la mujer, no debiendo estar fundadas en una relación de poder o dominación, en la que el hombre subordina, somete o pretende controlar a la mujer.

a) La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
b) La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Estos derechos comprenden, entre otros:

a) El derecho a que se respete su vida; y a vivir sin violencia y sin discriminación;

b) El derecho a la salud y a la educación;

c) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, sexual, patrimonial o económica;

d) El derecho a la libertad, a la seguridad personal, a la intimidad;

e) El derecho a la libertad de creencias y pensamiento;

f) El derecho a no ser sometida a torturas, ni a tratos crueles, ni degradantes;

g) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

h) El derecho a igualdad de protección ante la Ley y de la Ley;

i) El derecho a recibir información y asesoramiento adecuado;

j) El derecho a un recurso sencillo y con celeridad ante las instituciones del sistema de justicia y otras Instituciones del Estado para que la ampare contra actos que violen sus derechos;

k) El derecho a tener igualdad en la función pública y a participar en los asuntos públicos incluyendo la toma de decisión.

a) Violencia física: Es toda acción u omisión que pone el peligro o daña la integridad corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión física.

b) Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, decisiones y creencias de la mujer por medio de la intimidación, manipulación, coacción, comparaciones destructivas, vigilancia eventual o permanente, insultos, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud mental, la autodeterminación o su desarrollo personal.

c) Violencia sexual: Toda acción que obliga a la mujer a mantener contacto sexual, físico o verbal, o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad o su libertad sexual, independientemente que la persona agresora pueda tener con la mujer una relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco.

d) Violencia patrimonial y económica: Acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción en los objetos, documentos personales, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, bienes de una mujer y los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.


También constituye violencia patrimonial y económica el control de los bienes y recursos financieros, manteniendo así el dominio sobre la mujer, la negación de proveer los recursos necesarios en el hogar, desconocimiento del valor económico del trabajo doméstico de la mujer dentro del hogar y la exigencia para que abandone o no inicie un trabajo remunerado.

e) Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer: Aquella realizada por autoridades o funcionarios públicos, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar, denegar o impedir que las mujeres tengan acceso a la justicia y a las políticas públicas.

f) Violencia laboral contra las mujeres: Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, salario digno y equitativo, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, esterilización quirúrgica, edad, apariencia física, realización de prueba de embarazo o de Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH/sida u otra prueba sobre la condición de salud de la mujer. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

g) Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

1. Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela.
c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.
d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de cualquier tipo.
e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
f) Por misoginia.
g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.
h) Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal.

2. Cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena será de quince a veinte años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de veinte a veinticinco años de prisión. En ambos casos si concurriera dos o más de las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se aplicara la pena máxima.
3. Las penas establecidas en el numeral anterior serán aumentadas en un tercio cuando concurra cualquiera de las circunstancias del asesinato, hasta un máximo de treinta años de prisión.

a) Si se provoca lesiones leves, será castigado con pena de ocho meses a un año y cuatro meses de prisión;
b) Si se provoca lesiones graves, será castigado con pena de dos años y ocho meses a seis años y ocho meses de prisión;
c) Si se provoca lesiones gravísima, será sancionado con pena de siete años y seis meses a trece años y cuatro meses de prisión.

a) Si se provoca daño a su integridad psíquica que requiera, tratamiento psicoterapéutico, será castigado con pena de ocho meses a un año y cuatro meses de prisión;
b) Si se causara disfunción en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que requiera un tratamiento especializado en salud mental, será castigado con pena de dos años y ocho meses a seis años y ocho meses de prisión;
c) Si se causara una enfermedad psíquica que aún con la intervención especializada la persona no pueda recuperar su salud mental de manera permanente, será sancionado con pena de siete años y seis meses a trece años y cuatro meses de prisión.

a) Sustracción patrimonial: Quien sustraiga algún bien o valor de la posesión o patrimonio de una mujer o sustraiga bienes, independientemente de su titularidad, será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión. Todo ello siempre que el valor del bien o bienes sustraídos sean mayores a la suma resultante de un salario mínimo mensual del sector industrial.
b) Daño patrimonial: Quien destruya, inutilice, haga desaparecer o deteriore en cualquier forma un bien o bienes independientemente de la posesión, dominio o tenencia, será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión. Todo ello siempre que el valor del bien o bienes sean mayores a la suma resultante de un salario mínimo mensual del sector industrial.
c) Limitación al ejercicio del derecho de propiedad: Quien impida, limite o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación o la disposición de uno o varios bienes que formen parte del patrimonio familiar o del patrimonio de la mujer, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.
d) Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares: Quien sustraiga las ganancias derivadas de una actividad económica familiar o disponga de ellas para su exclusivo beneficio personal y en perjuicio de los derechos de la mujer, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.
e) Explotación económica de la mujer: Quien mediante violencia, amenazas, intimidación o cualquier tipo de coacción, se haga mantener, total o parcialmente, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.
f) Negación del derecho a los alimentos y al trabajo: Quien se negare a proveer los recursos necesarios en el hogar o le obligue a la mujer que abandone o no inicie un trabajo remunerado, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.

a) Si la intimidación o amenaza se realizare en el domicilio o residencia de la mujer, en el domicilio de familiares, amistades o cualquier lugar donde se haya refugiado;
b) Si el hecho se cometiere en presencia de las hijas o hijos de la víctima;
c) Si el autor del delito se valiere del cargo como funcionario público o de su pertenencia al cuerpo policial o militar;
d) Si el hecho se cometiere con armas cortopunzantes, contundente, de fuego u objeto capaz de causar daño a la integridad física o a la salud.

a) Proporcionar servicios de atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico, especializado y gratuito a las víctimas que reparen el daño causado por la violencia.

b) Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos, a la persona agresora, para erradicar las conductas violentas, a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron su violencia.
c) Evitar que la atención que reciban la víctima y la persona agresora sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia.
d) Garantizar la separación y alejamiento de la persona agresora respecto a la víctima.
e) Habilitar y fortalecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos, que proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos.

a) Promover la existencia de servicios públicos y privados que brinden atención integral, interdisciplinaria para las mujeres víctimas de violencia.
b) Asegurar que los servicios de captación o referencias públicos y privados brinden a las victimas un servicio seguro, digno, en un ambiente de privacidad y de confianza, que tome en cuenta la situación de vulnerabilidad física y emocional de las víctimas.
c) Prestar servicios de salud integral para las mujeres, en particular para atender las enfermedades originadas por la violencia de género.
d) Detectar, documentar y brindar la información a la autoridad competente sobre los hallazgos físicos y psíquicos, ocasionados por la violencia en las victimas, que acuden a los servicios de salud pública y de justicia para la sanción y recuperación del daño.
e) Brindar a las víctimas en los servicios de salud, de investigación, asesoría o acompañamiento, información de las consecuencias de los hechos de violencia vividos debiendo remitirla sin demora al servicio de salud o de justicia que requiera.

a) Cumplir con la obligación de informar a la víctima de los alcances que tienen la interposición de su denuncia; corresponde al personal que recibe e investiga denuncias de violencia contra la mujer, tomar las medidas preventivas y solicitar las medidas de protección en el menor tiempo posible, conforme lo establecido en esta Ley.
b) Asegurar la ejecución de las medidas precautelares y cautelares dictadas por las autoridades competentes, implementando controles para el agresor, reporte telefónicos de las víctimas, controles de asistencia obligatoria a tratamiento profesional.
c) Garantizar que el sistema nacional forense cumpla con los estándares que proporcionen los elementos técnicos y científicos, para el peritaje forense integral e interdisciplinario de las personas afectadas por la violencia de género.
d) Ampliar el acceso a la justicia mediante la asistencia jurídica, médica y psicológica gratuita de las mujeres en situación de violencia.
e) Capacitar desde un enfoque de género, al personal y funcionarios que integran el sistema de justicia.
f) Fortalecer programas de sensibilización y capacitación con perspectiva de género dirigidos a operadores de justicia que aseguren una atención de calidad y eliminen la violencia institucional contra las mujeres.
g) Incorporar en las políticas de seguridad ciudadana medidas específicas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el femicidio, entendidos como la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres.
h) Promover albergues, grupos de autoayuda y recuperación de daños dirigidos a proteger a las mujeres en las familias, en la comunidad.
i) Adoptar las medidas necesarias y eficaces para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todas las formas de trata, tráfico de mujeres, niñas, adolescentes para la explotación sexual y laboral.

a) Impulsar y fomentar el conocimiento y el ejercicio los derechos humanos de las mujeres;
b) Incidir en la transformación de los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formal y no formal en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres;
c) Con el fin de dotarles de instrumentos que les permitan la atención y el juzgamiento con perspectiva de género, de acuerdo a lo previsto en esta Ley, educar, capacitar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las mujeres a:
1. Operadoras y operadores del sistema de justicia, incluyendo jueces y juezas, personal del Poder Judicial, fiscales, policías.
2. Funcionarias y funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

d) Brindar servicios especializados y gratuitos de atención y protección a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas;
e) Promover que los medios de comunicación no utilicen la imagen de la mujer como objeto sexual comercial, ni fomenten la violencia hacia las mujeres, para contribuir a la erradicación de todos los tipos de violencia hacia las mujeres y fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres;
f) Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permitan participar plenamente en todos los ámbitos de la vida;
g) Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre causas, frecuencias y consecuencias de la violencia hacia las mujeres, con el fin de definir las medidas a implementar para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia;
h) Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia hacia las mujeres;
i) Promover la cultura de denuncia de la violencia hacia las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones, para garantizar su seguridad y su integridad.

a) Ordenar el abandono inmediato del hogar al presunto agresor, independientemente de su titularidad, en tanto la violencia es un riesgo para la integridad, física, psíquica, sexual y el patrimonio de la mujer. El agresor no podrá retirar los enseres domésticos o menaje de casa. Únicamente se le autorizará llevar los bienes de uso personal, instrumentos, herramientas de trabajo y estudio.
b) Prohibir o restringir la presencia del presunto agresor en la casa de habitación, centro de trabajo, estudio, lugares habitualmente frecuentados por la mujer o cualquier lugar donde ella se encuentre, dentro de un radio mínimo de doscientos metros. Cuando el presunto agresor y la víctima laboren o estudien en el mismo centro, se ordenará esta medida adecuándola para garantizar la integridad de la mujer.
c) Ordenar el reintegro de la mujer al domicilio donde se le impida su ingreso o de donde fue expulsada con violencia, intimidación o cualquier medio de coacción, independientemente de la titularidad del bien inmueble. En la misma resolución se ordenará la salida del presunto agresor.

d) Garantizar a la víctima la atención médica, psicológica y psiquiátrica necesaria.
e) Ordenar el examen médico, psicológico y social a los niños, niñas y adolescentes víctimas directas e indirectas en hechos de violencia y brindarles su debida atención.
f) En caso de denuncia de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes se solicitará la intervención del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. Así mismo se podrá solicitar la colaboración de organismos especializados que brinden apoyo, protección, asesoría, consejería y seguimiento necesario.
g) Prohibir al presunto agresor realizar actos de intimidación, persecución, acoso o perturbación contra la mujer, cualquier miembro del grupo familiar o las personas relacionadas con la denunciante, ya sea por sí mismo o a través de terceros, por cualquier medio electrónico, escrito, audio visual.
h) Secuestrar y retener inmediatamente las armas de fuego o armas cortopunzantes y contundentes que se encuentren en manos del presunto agresor, independientemente de que porte o no permiso; y de su profesión u oficio. En todos los casos las armas retenidas deberán ser remitidas a la Policía Nacional y su destino se determinará de acuerdo a las disposiciones de la Ley No. 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, Ley No. 228, Ley de la Policía Nacional, Ley No 406 Código Procesal Penal y Ley No. 641 Código Penal.
i) Prohibir al presunto agresor que introduzca o mantenga armas en la casa de habitación para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas integrantes del grupo familiar.

j) Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el domicilio familiar, a fin de salvaguardar el patrimonio de la mujer y sus hijos. Esta medida se ejecutará cuando se aplica la medida del literal a) y c) de este artículo.

k) Se ordenará llevar consigo aquellos bienes que garanticen su bienestar y del grupo familiar, cuando la mujer decida, por razones de seguridad, salir del hogar que comparte con el agresor.

a) Ordenar al presunto agresor someterse a la atención psicológica o siquiátrica que el juez o jueza estime necesaria.

b) El presunto agresor deberá prestar las garantías suficientes que determinen el juez para compensar los posibles daños ocasionados a la mujer.
c) En caso de que estén involucrados a la hora de la comisión de alguno de los delitos contenidos en la presente Ley, niño, niña, adolescente o persona con discapacidad, la autoridad judicial competente podrá confiar provisionalmente la tutela a quien considere idóneo para tal función, si estaba confiada al presunto agresor.
d) Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia, el sustento necesario para garantizar su subsistencia, en caso que ésta no disponga de medios económicos para ello y exista una relación de dependencia con el presunto agresor. La aplicación de esta medida será de carácter provisional de acuerdo al tiempo fijado para su vigencia en la presente Ley.
e) Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a los hijos e hijas alimentos provisionales que garanticen su subsistencia, hasta que la autoridad competente dicte la forma de tasar los alimentos en armonía a lo establecido en la Ley de la materia.
f) Suspender al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas e interferir en el ejercicio de la tutela, cuido, crianza y educación, cuándo éstos hayan sido víctimas de violencia o cuando se encuentren bajo la tutela de la madre que ha sido víctima de violencia, ya sea que estén en su casa, albergue o en cualquier otro lugar que les brinde seguridad.
g) Emitir una orden judicial de protección y auxilio dirigida a la autoridad policial. La víctima portará copia de esta orden para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera o dentro de su domicilio.
h) Garantizar el ejercicio de las acciones legales en materia de alimentos prohibiendo al agresor la celebración de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles, así como el desplazamiento de los bienes muebles de la residencia común hacia otro lugar cualquiera. El juez o jueza realizará inventario de dichos bienes, tanto en el momento de dictar estas medidas como al suspenderlas.
i) Prohibir al agresor que se aproxime a la persona protegida en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercase a su domicilio, a su lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ella. El juez o jueza fijará una distancia mínima entre el agresor y la víctima que no se podrá rebasar bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada o que aquellas a quienes se pretenda proteger hubieran abandonado previamente el lugar.
j) El juez o jueza podrán prohibir al agresor toda clase de comunicación con las personas que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.
k) Inhabilitar a la persona agresora para la portación de armas.
l) La suspensión del investigado en el desempeño de su cargo público, cuando el hecho por el cual se le investiga tiene que ver con las funciones que desempeña.
m) Ordenar la retención migratoria del presunto agresor.

a) Nombres, apellidos y domicilio de la víctima u ofendida;

b) Datos de identificación del presunto agresor, y domicilio si se conociere;

c) Relación de los hechos denunciados e indicar los elementos de prueba que lo sustente;

d) Descripción de las medidas precautelares aplicables;

e) Lugar para recibir notificaciones.

a) Corresponde a los Juzgados Únicos Locales, conocer en primera instancia hasta el auto de remisión a juicio de los delitos señalados en la presente Ley cuya pena a imponer sea menos grave. Dictado el auto de remisión a juicio, se deberá remitir las diligencias al Juzgado de Distrito Especializado de la circunscripción territorial correspondiente.
b) Corresponde a los Juzgados Locales Penales de los municipios, conocer en primera instancia hasta el auto de remisión a juicio de los delitos señalados en la presente Ley cuya pena a imponer sea menos grave. Dictado el auto de remisión a juicio, se deberá remitir las diligencias al juzgado de Distrito Especializado de la circunscripción territorial correspondiente.
c) Los jueces de Distrito Penal Especializados en Violencia conocerán y resolverán en primera instancia, los delitos señalados en la presente Ley, cuya pena a imponer sea menos grave y grave. En el caso de los delitos graves y menos graves cometidos en el territorio de su competencia, dichos jueces conocerán desde la audiencia preliminar e inicial hasta la audiencia del juicio oral y público.

a) La víctima o testigo corra el peligro de ser expuesto a presiones mediante violencia. amenaza, oferta o promesa de dinero u otros beneficios análogos;
b) Por razones de reprogramación, suspensión o interrupción del juicio oral y público, la víctima se vea imposibilitada de presentarse o prolongar su permanencia en el asiento del tribunal para acudir a la nueva convocatoria de juicio, cuando el domicilio de la víctima se encuentre alejado del asiento del tribunal, que haya poco acceso a medios de transporte por ser éstos limitados y por no disponer de recursos económicos suficientes para garantizar su estadía y alimentación.

Cuando se produzca la detención de una persona, los funcionarios policiales deberán informar en un término no superior a las doce horas al Ministerio Público de las diligencias efectuadas y presentar en el plazo constitucional al imputado ante el juez competente.

Artículo 50. Ejecución de la Pena
Quienes resulten culpables de delitos de violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, deberán participar obligatoriamente en programas de orientación, atención y prevención dirigidos a modificar sus conductas violentas y evitar la reincidencia. La sentencia condenatoria establecerá la modalidad y duración, conforme los límites de la pena impuesta. El Sistema Penitenciario Nacional debe disponer de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los programas de tratamiento y orientación previstos en esta Ley.

a) Promover y adoptar medidas para la asignación presupuestaria para los programas de prevención, atención y sanción de la violencia hacia la mujer en los presupuestos institucionales;
b) Gestionar la creación del fondo especial del Estado para reparar daños a las víctimas de la violencia, en los servicios de recuperación y restitución de derechos;
c) Crear, orientar, impulsar y ejecutar planes interinstitucionales para implementar las medidas de las políticas de lucha contra la violencia hacia la mujer.

a) Crear el observatorio de violencia hacia la mujer, adscrito a la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer, al que corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes, estudios y propuestas de actuación en materia de violencia hacia las mujeres, con la participación de las instancias municipales y las organizaciones de mujeres;
b) Diseñar el sistema de información estadístico para monitorear y dar seguimiento al comportamiento de la violencia hacia la mujer;
c) Proponer medidas complementarias que se requieran para mejorar el sistema de prevención, atención, investigación, procesamiento, sanción, reeducación, control y erradicación de la violencia hacia la mujer.

a) Adiciónese al artículo 150 del Código Penal un segundo párrafo, el cual una vez incorporado se leerá así:

“Artículo 150 Lesiones
Para efectos de este Código el concepto de lesión comprende heridas, contusiones, escoriaciones, fracturas, dislocaciones, quemaduras y toda alteración en la salud y cualquier otro daño a la integridad física o psíquica de las personas, siempre que sean producidos por una causa externa.

Comprende lesiones psíquicas o psicológicas, el perjuicio en la salud psíquica por la devaluación de la autoestima o las afectaciones al desarrollo personal, así como cualquier daño a la integridad psíquica o la disfunción en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social, al igual que toda enfermedad psíquica, producida por acción u omisión”.

b) Adiciónese al artículo 151 del Código Penal un tercer párrafo, el cual una vez incorporado se leerá así:

Quien cause a otra persona una lesión a su integridad física o psíquica que requiera objetivamente para su sanidad además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico, será castigado con prisión de seis meses a un año.

Si la lesión, además requiere una intervención quirúrgica, la sanción será prisión de seis meses a dos años.

Se considera lesión psicológica leve, aquellas que provocan daño a su integridad psíquica o psicológica que requiera, tratamiento psicoterapéutico, será castigado con pena de seis meses un año de prisión”.

c) Adiciónese al artículo 152 del Código Penal un cuarto párrafo, el cual una vez incorporado se leerá así:

Si la lesión produjera un menoscabo persistente de la salud o integridad física, psíquica de un sentido, órgano, miembro o función, hubiera puesto en peligro la vida o dejara una cicatriz visible y permanente en el rostro, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Si la lesión deja una cicatriz visible y permanente en cualquier otra parte del cuerpo, en persona que por su profesión, sexo, oficio o costumbre suele dejar al descubierto será sancionado con la pena de uno a tres años de prisión.

Cuando la lesión grave se produjera utilizando armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida, salud física o psíquica del lesionado, se impondrá prisión de tres a seis años.

Se considera lesión grave psicológica Si se causara disfunción en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que requiera un tratamiento especializado en salud mental, será castigado con pena de dos a cinco años de prisión”.

d) Adiciónese al artículo 169 del Código Penal un literal “e”, el cual una vez incorporado se leerá así:

a) El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad, autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de compartir permanentemente el hogar familiar con ella;
b) La violación sea cometida con el concurso de dos o más personas;
c) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad o discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una persona embarazada o mayor de sesenta y cinco años de edad;
d) Resulte un grave daño en la salud de la víctima; o
e) Que la víctima resulte embarazada a consecuencia de la violación.

Si concurren dos o más de las circunstancias previstas en este artículo, se impondrá la pena máxima”.

e) Adiciónese al artículo 175 del Código Penal un quinto párrafo, el cual una vez incorporado se leerá así:
“Artículo 175 Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago
Quien induzca, facilite, promueva o utilice con fines sexuales o eróticos a personas menor de dieciséis años o discapacitado, haciéndola presenciar o participar en un comportamiento o espectáculo público o privado, aunque la víctima consienta en presenciar ese comportamiento o participar en él, será penado de cinco a siete años de prisión y se impondrá de cuatro a seis años de prisión, cuando la víctima sea mayor de dieciséis y menor de dieciocho años de edad.

Quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, publique, comercialice, importe, exporte, difunda, distribuya material para fines de explotación sexual, por cualquier medio sea directo, mecánico, digital, audio visual, o con soporte informático, electrónico o de otro tipo, la imagen, o la voz de persona menor de dieciocho años en actividad sexual o eróticas, reales o simuladas, explicitas e implícitas o la representación de sus genitales con fines sexuales, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de multa.

Quien con fines de explotación sexual, posea material pornográfico o erótico en los términos expresado en el párrafo anterior, será castigado con la pena de uno a dos años de prisión.

Quien ejecute acto sexual o erótico con persona mayor de catorce años y menor de dieciocho años de edad de cualquier sexo, pagando o prometiéndole pagar o darle a cambio ventaja económica o de cualquier naturaleza, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años.

Para los fines establecidos en este Código y en las leyes especiales, se entenderá por explotación sexual todo tipo de actividad en que se usa el cuerpo de un menor de dieciocho años de edad o incapaz, aun así sea con su consentimiento, para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, erótico, económico, comercial, de reconocimiento público, publicitario o de cualquier otra índole”.

f) Adiciónese al artículo 195 del Código Penal un segundo párrafo, el cual una vez incorporado se leerá así:

Quien hallándose legítimamente en posesión de una comunicación, de documentos o grabaciones de carácter privado, los haga públicos sin la debida autorización, aunque le hayan sido dirigidos, será penado de sesenta a ciento ochenta días multa.

Si las grabaciones, imágenes, comunicaciones o documentos hechos públicos, son de contenido sexual o erótico, aunque hayan sido obtenidos con el consentimiento, la pena será de dos a cuatro años de prisión. Cuando se trate de documentos divulgados por internet, el juez competente a petición del Ministerio Público ordenará el retiro inmediato de los documentos divulgados”.

a) Se reforma el artículo 23 del Código Penal, el cual se leerá así:

“Art. 23 Omisión y comisión por omisión
Los delitos o faltas pueden ser realizados por acción u omisión. Aquellos que consistan en la producción de un resultado, podrán entenderse realizados por omisión sólo cuando el no evitarlo infrinja un especial deber jurídico del autor y equivalga, según el sentido estricto de la ley, a causar el resultado.

En aquellas omisiones que, pese a infringir su autor un deber jurídico especial, no lleguen a equivaler a la causación activa del resultado, se impondrá una pena atenuada cuyo límite máximo será el límite mínimo del delito de resultado y cuyo límite mínimo será la mitad de éste”.

b) Se reforma el artículo 78 del Código Penal, el cual se leerá así:

Los jueces y tribunales determinarán la pena dentro del máximo y el mínimo que la ley señala al delito o falta, tomando en consideración las siguientes reglas:

Los jueces y tribunales deberán, so pena de nulidad, razonar o motivar en los fundamentos de la sentencia la aplicación de la pena”.

c) Se reforma el artículo 153 del Código Penal, el cual se leerá así:

“Artículo 153 Lesiones gravísimas
Quien causare a otro, por cualquier medio o procedimiento la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica, se impondrá pena de prisión de cinco a diez años.

Se considera lesión psicológica gravísima, si se causara una enfermedad psicológica que aún con la intervención especializada la persona no pueda recuperar su salud mental de manera permanente, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión”.

d) Se reforma el artículo 155 del Código Penal, el cual se leerá así:

“Artículo 155 Violencia doméstica o intrafamiliar
Quien ejerza cualquier tipo de fuerza, violencia o intimidación física o psicológica, en perjuicio de quien haya sido su cónyuge o conviviente en unión de hecho estable o contra la persona a quien se halle o hubiere estado ligado de forma estable por relación de afectividad, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, sobre las hijas e hijos propios del cónyuge, conviviente o sobre ascendientes, descendiente, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción, o sujetos a tutela. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, no se podrá alegar el derecho de corrección disciplinaria.

A los responsables de este delito se les impondrá las siguientes penas:
a) Lesiones leves, la pena será de uno a dos años de prisión;
b) Lesiones graves, la pena será de tres a siete años de prisión y,
c) Lesiones gravísimas, la pena será de cinco a doce años de prisión.

Además de las penas de prisión anteriormente señaladas, a los responsables de violencia intrafamiliar, se les impondrá la inhabilitación especial por el mismo período de los derechos derivados de la relación, madre, padre e hijos, sujeto tutela”.

e) Se reforma el artículo 162 del Código Penal, el cual se leerá así:

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de homicidio, femicidio, parricidio, asesinato, manipulación genética y clonación de células, manipulación genética para producción de armas biológicas, lesiones leves, lesiones graves y lesiones gravísimas, previstos en los capítulos anteriores, serán castigadas con una pena cuyo límite máximo será el límite inferior de la pena prevista en la Ley, para el delito de que se trate y cuyo límite mínimo será la mitad de aquél”.

f) Se reforma el artículo 182 del Código Penal, el cual se leerá así:

Comete el delito de trata de personas, quien financie, dirija, organice, promueva, facilite, induzca o por cualquier medio ejecute la proposición, captación, reclutamiento, contratación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción de personas, con la finalidad de someterlas a: explotación sexual, matrimonio servil, forzado o matrimonio simulado, prostitución, explotación laboral, trabajo forzado, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, tráfico o extracción de órganos, o adopción ilegitima, para que la misma sea ejercida dentro o fuera del territorio nacional, aun con el consentimiento de la víctima será sancionado con pena de siete a diez años de prisión.

1. Cuando el autor cometa el delito aprovechándose de su posición de poder o valiéndose de una situación de vulnerabilidad de la víctima, por medio de amenazas, intimidación, uso de la fuerza u otras formas de coacción;
2. Cuando el hecho se realice por medio de secuestro, engaño, chantaje o amenaza, ofrecimiento de dádiva o cualquier tipo de bien o valor pecuniario, para obtener el consentimiento de una persona;
3. Cuando el autor del delito sea autoridad, funcionario o empleado público.

1. La víctima es una persona menor de dieciocho años, o persona incapaz o el hecho fuere cometido por los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor o encargado de la educación, tutela, guía espiritual o comparta permanentemente en el hogar de la víctima, o medie una relación de confianza.
2. El autor adquiera, posea, ofrezca, venda, entregue, trasfiera o acepte a una niña, niño o adolescente en la que medie o no, pago o recompensa con fines de explotación previsto en el presente artículo”.

g) Se reforma el artículo 183 del Código Penal, el cual se leerá así:

Cuando el autor de violación agravada, estupro agravado, abuso sexual, explotación sexual, actos sexuales con adolescentes mediante pago y pornografía, promoción del turismo con fines de explotación sexual, proxenetismo agravado, rufianería o trata de personas sea el padre, madre o responsable legal del cuidado de la víctima, se impondrá además la pena de inhabilitación especial por el plazo señalado para la pena de prisión de los derechos derivados de la relación madre, padre e hijos, tutela.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de explotación sexual, actos sexuales con adolescentes mediante pago y pornografía, promoción del turismo con fines de explotación sexual, proxenetismo, rufianería o trata de personas o explotación sexual, previstos en los capítulos anteriores, serán castigados con una pena atenuada cuyo límite máximo será el límite inferior de la pena prevista en la Ley para el delito de que se trate y cuyo límite mínimo será la mitad de aquél”.

a) Artículo 21 de la Ley No. 228, Ley de la Policía Nacional, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162, publicado en 28 de agosto de 1996; y

b) Artículo 63 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional. Decreto No. 26-96, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 32, publicada el 14 de febrero de 1997.