El suscrito Diputado de la Asamblea Nacional en ejercicio del derecho de iniciativa establecido en el artículo 140 numeral 1) de la Constitución Política y regulado por los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, presento la siguiente iniciativa del proyecto de Ley denominada LEY DE FIJACIÓN DE PLAZO RAZONABLE EN CAUSAS PENDIENTES DEL CÓDIGO DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL, para iniciar su proceso de formación, hasta convertirse en Ley de la República.

En el proceso penal que caracteriza al Estado de Derecho, las atribuciones de persecución y juzgamiento de los delitos se encuentran limitados por el cumplimiento efectivo de garantías que se establecen en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en los Instrumentos Internacionales ratificados por Nicaragua y en la misma legislación ordinaria, en beneficio de las personas sometidas a procesos. De esta manera para que un proceso sea justo, es decir, cumpla con las exigencias de legalidad que cabe esperar, debe realizarse de acuerdo con las reglas del debido proceso. Dentro de estas reglas se encuentra la observancia rigurosa de los derechos fundamentales del acusado que funciona como un valladar que impide tomar cualquier decisión que limite, restrinja o ponga en riesgo de restricción los derechos del acusado. Así, derechos como la libertad, el derecho a la defensa, la prohibición de tortura, entre otros, cumplen la función de limitar el accionar de los órganos públicos encargados de la investigación y juzgamiento de los delitos.

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable, es una garantía que establece nuestra Constitución Política en su artículo 34 numeral “2” y además es reconocido en los numerales 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y artículo 9, numeral “3” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Durante la vigencia del Código de Instrucción Criminal (In) era frecuente, en que una vez iniciado el proceso se dictará un auto de segura y formal prisión, situación jurídica que fue conocida popularmente como “fulminación”, a raíz de los efectos definitivos y devastadores que producía en el procesado. A esa decisión le seguía la tramitación de un procedimiento escrito, llevado a cabo por un juez instructor. Es esa legislación, los plazos procesales fueron aplicados como regulatorios y no como perentorios, siendo frecuente la extensión cada vez más abusiva de los plazos por parte de los funcionarios.

Con el Código Procesal Penal (CPP) promulgado en el año 2002 y que entró a regir en el año 2003, se establece como principio procesal el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable conforme el artículo 8 del CPP. Así mismo, se establece como una novedad una causa de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo, tal y como lo regula el artículo 134 CPP, el que íntegramente dice:

“Artículo 134.- Duración del proceso. En todo juicio por delitos en el cual exista acusado preso por la presunta comisión de un delito grave se deberá pronunciar veredicto o sentencia en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la primera audiencia. Si no hay reo detenido, este plazo se elevará a seis meses. Cuando se trate de delitos menos graves, estos plazos serán de uno y dos meses, respectivamente. En los juicios por faltas deberá recaer resolución en un plazo máximo de diez días.

En cada caso, el tiempo de demora atribuible a la defensa, fuera de los plazos legalmente establecidos, interrumpe el cómputo del plazo. Igualmente lo interrumpirá el caso fortuito o la fuerza mayor.

Si transcurridos los plazos señalados para el proceso penal con acusado detenido, no ha recaído veredicto o sentencia, el juez ordenará la inmediata libertad del acusado y la continuación del proceso; si transcurren los plazos señalados para el proceso penal sin acusado detenido, sin que se hubiera pronunciado veredicto o sentencia, se extinguirá la acción penal y el juez decretará el sobreseimiento de la causa. El acusado puede renunciar a este derecho expresamente solicitando una extensión de este plazo”.

Esta norma, si bien ha venido a resolver el problema de duración excesiva del proceso en los asuntos iniciados durante la vigencia de la nueva ley, superando los anacrónicos esquemas permisivos, no tomó en consideración los efectos desiguales que se generaban con las causas que aún estaban pendientes al momento en que el Código Procesal Penal entró en vigencia. Por haberse establecido así en el transitorio del artículo 418 al 420 CPP, esas causas deben tramitarse de conformidad con el procedimiento en el In, el cual no contemplaba una solución como la que se ha indicado anteriormente.

Esto ha provocado que actualmente exista una enorme desigualdad en la duración de los procesos, pues los asuntos que se tramitan de acuerdo al CPP pueden culminar con un cierre anticipado del proceso por vencimiento del período máximo de duración, mientras que, sin que exista ninguna razón que así lo justifique, los procesos penales del In, no tienen un plazo de vencimiento, con las consecuencias indicadas. A todas luces, la circunstancia que aún cuando ya estamos próximos a cumplir cincos años de la vigencia del Código Procesal Penal, subsistan causa del In sin resolverse, lo que atenta no sólo contra los derechos humanos de los procesados, y también perjudica el acceso a la justicia de la víctima, tema este último sobre el que ya pesa una condenatoria internacional contra Nicaragua (sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de noviembre de 1997 en el caso Genie Lacayo contra Nicaragua). Sólo mediante la redacción de un articulado especifico que deje sin efecto alguno de los procesos cuando hayan excedido el plazo razonable, se hará efectiva la garantía de los procesados con el In, del derecho a ser juzgado en un plazo expedido como lo mandata la Constitución.

La jurídica correcta para dar respuesta a esta situación es establecer un articulado que determine que en la causas pendiente de resolverse con el In, el proceso penal debe concluir por el vencimiento del plazo, estableciendo una regla de equidad que permita dar un tratamiento igualitario a los acusados en ambos régimen procesales, para evitar precisamente que la prolongación arbitraria del proceso se convierta en una pena anticipada.

Esta posición es de avanzada y encuentra pleno respaldo en la doctrina más actualizada. Así el profesor Argentino Daniel Pastor manifiesta que el plazo en cuestión debe ser establecido por el legislador de un modo general y abstracto. Ello justifica porque todo el proceso en una coacción estatal que menoscaba derechos de las personas sometidas al enjuiciamiento... y esa coacción sólo legítima si está autorizada por la ley dentro de los limites precisos, entre los cuales están incluidos también sus contornos temporales... Es idea es el alma del principio del Estado de Derecho, en el cual las autoridades únicamente pueden ejercer aquellos poderes que la ley expresamente les otorga y hasta los límites (también temporales) de esa autorización. La regulación por ley del plazo de extensión máxima del proceso también está impuesta por el principio nulla poena sine leguen, tanto se observe y reconozca que el proceso mismo opera ya como una pena “material”, aunque informal si se quiere. Por ello, si el principio mencionado obliga a que la duración máxima de proceso, en cuanto pena, debe ser determinada por el legislador. El plazo legal, por último, evita la manipulación judicial (decisionismo y arbitrariedad) de la razonabilidad de la duración de los procesos al estipular un límite absoluto al poder del Estado que, en cuanto tope máximo, está fuera del alcance de toda interpretación. Ello cumple a la vez con la premisa democrática de que este tipo de decisiones, que involucran los alcances de esos deberes de las personas que restringen su libertada natural, sea discutida y adoptadas en el marco que mejor representa los intereses de los distintos sectores de la sociedad y no en el ámbito de los gabinetes de los funcionarios profesionales de justicia. A los tribunales y a los órganos de control del respeto de los derechos de los tratados internacionales de derechos humanos les compete, únicamente, analizar si los plazos legales – en cuanto plazos máximos, nunca mínimos – son efectivamente razonables (Daniel pastor. El plazo razonable en el proceso penal, editorial Ad Hoc, Argentina, 2,002, página 674).

Todo ese conjunto de circunstancias no previstas en ninguna Ley vigente de la República de Nicaragua, hace necesario la aprobación del presente proyecto de Ley que hoy estoy presentando.

FUNDAMENTACION:

El presente proyecto de Ley, tiene su importancia en dos aspectos fundamentales:

1. Cumplir la garantía Constitucional de que todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones a la garantía de ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por la Ley, disposición que debe ser observada por parte de los funcionarios.
2. A través de la propuesta de Ley, se estaría cumpliendo preceptos de orden Constitucional y cumpliendo con los compromisos adquiridos por Nicaragua a través de los Instrumentos Internacionales.
Tomando en cuenta que el Código de Instrucción Criminal fue derogado y mantiene su vigencia exclusivamente para las causas pendientes al momento de entrar en vigencia el CPP y por haber trascurrido cinco años de su entrada en vigor, lo prudente es establecer mediante una Ley especifica un plazo máximo de duración de esos procesos antiguos, el cual no puede ser superior a los cinco años, ya que se considera que es un plazo excesivo para haber resuelto aquellos procesos. Todo proceso del In en que no haya recaído sentencia firme, se considerará de pleno derecho, que viola los derechos humanos de los procesados y de las víctimas, aún cuando esta sea la sociedad en general.

Por otra parte, la aprobación e implementación de la propuesta de Ley, no implica erogaciones presupuestarias al Estado de Nicaragua, porque es una cuestión de mero trámite, cumplimiento y observancia de los plazos y no cuantitativa, muy por el contrario es garante de la Constitución Política de la República.

Fundamentamos la iniciativa en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua y solicitó al Honorable Plenario la aprobación de este proyecto de Ley.

O sea por el procedimiento establecido en el Código de Instrucción Criminal, este régimen transitorio quedó establecido con una duración de 2 años. A la fecha han transcurrido más de 5 años acumulándose exactamente 9.040 causas que están pendientes de que se dicte Sentencia conforme Certificación de la Dirección de Información y Estadística de la Corte Suprema de Justicia.

Esta retardación de justicia actualmente no tiene forma como superarse, debido a que no existe en el derogado CODIGO DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL, disposición análoga al del Código Procesal Penal, que en su Arto. 134.- establece que en el proceso penal deberá dictarse Sentencia o Veredicto en un plazo no mayor de tres meses cuando hay reo detenido.

Si trascurrido este plazo no ha recaído Sentencia o Veredicto, el Juez ordenará la inmediata libertad del acusado y la continuación del Proceso. Si transcurre el plazo de seis meses sin que se dicte Sentencia o Veredicto se extinguirá la acción penal y el juez decretará el sobreseimiento de la causa.

El presente Proyecto de Ley, tiene por objeto establecer una norma similar a la anteriormente citada, para poner fin a la masiva violación de los Derechos Humanos de las personas que están siendo procesadas bajo los procedimientos del Código de Instrucción Criminal, código que fue derogado precisamente, por ser abiertamente inconstitucional al oponerse su texto a las garantías del debido proceso y en el caso que nos ocupa, al derecho que tiene todo procesado a ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por la Ley. (Arto 34 numeral 2 de la Constitución Política).

En el Arto. 1.- del Proyecto de Ley, modificar el epígrafe del articulado para que denomine “principio a un proceso sin dilaciones así mismo propusieron que la parte final del articulo se leyera así: “Conforme lo dispone la presente Ley”

En el Arto. 2.-, también propusieron cambiar el epígrafe para que se denomine “Plazo” y para agregar a continuación de la palabra juez, la palabra “Tribunal”

En el Arto. 3.- Se propone sustituir la frase “La Sentencia que extingue” por la frase “Decretada la Extinción de”.

Finalmente en el Arto. 4.- a continuación de la frase entrada en vigencia, se establezca en 6 meses para los procesados que estén siendo juzgados por delitos cuyas penas a imponer pudieran ser equivalentes o superiores a 10 años y a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social para el resto de procesados.

-El Dr. Sergio Cuarezma Terán expuso:

a) que el plazo para decretar la extinción (no prescripción) de responsabilidad penal podría ser de treinta días, en todo caso un tiempo proporcional y prudente.

b) Que donde dice prescripción debe decir extinción de la responsabilidad penal por vencimiento de plazo.

c) Que sería prudente que en la Ley se expresara que si transcurre el plazo y el juez o tribunal, no se pronuncia de oficio o a petición de parte, que por Ministerio de Ley se extinga la responsabilidad penal, para evitar que la propuesta de ley, en caso se aprobara no quede vacía y además como efecto de la anterior que la autoridad administrativa policial o penitenciaria bajo la cual se encuentre el privado de libertad sin Sentencia Firme, deberá ponerlo de inmediato en libertad sin más tramite so pena de incurrir en responsabilidad penal por la detención ilegal de la misma.

-El Dr. Julio Centeno Gómez: en su exposición dijo coincidir con el Dr. Cuarezma y sintetizó el proyecto de Ley en dos artículos expuso lo siguiente:

-El Dr. Hernán Estrada: en su exposición dijo que los Jueces y Magistrados que estén conociendo las causas de acuerdo con el Código de Instrucción Criminal deberán resolverlos definitivamente en un plazo no mayor de seis meses en primera instancia y tres meses en apelación o casación, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Los Jueces y Magistrados deberán cumplir con los plazos antes indicados bajo responsabilidad disciplinaria.

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable no solo es una garantía establecida en la Constitución Política en el Arto. 34 numeral 2, si no también es reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y Declaración Universal de Derechos Humanos.

La medida jurídica correcta para dar respuesta a esta situación es establecer un articulado que determine que en la causas pendiente de resolverse con el In, el proceso penal debe concluir por el vencimiento del plazo, estableciendo una regla de equidad que permita dar un tratamiento igualitario a los acusados en ambos régimen procesales, para evitar precisamente que la prolongación arbitraria del proceso se convierta en una pena anticipada.

Así mismo se modificó la parte in fine que decía (en un plazo razonable conforme lo dispone la presente Ley) por el que se denominará: en el plazo que establece la presente Ley.

Si dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, se dictare Sentencia Condenatoria, el procesado tiene derecho a interponer Recurso de Apelación o Casación y el Tribunal respectivo deberá resolver en el plazo de treinta días que se contarán a partir de la fecha de interposición del Recurso.

e) En el Arto. 5.- Se reguló en el sentido de que la Ley entre en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta Diario Oficial.

El Presidente de la Comisión, abrió el proceso de discusión del Dictamen:

Expresó el Diputado Juan Enrique Sáenz, que está conciente de que los Juicios que se están tramitando con el Código de Instrucción Criminal, no pueden estar conociéndose de forma indefinida. Sin embargo no esta de acuerdo con la propuesta de redacción del dictamen, ya que se plantea la extinción de la acción penal como un equivalente al sobreseimiento definitivo. No se sanciona la retardación de Justicia por parte del Judicial sino por el contrario se extingue la acción. Q0ue existen algunos delitos que deben ser excluidos en el Dictamen como son: asesinato atroz, narcotráfico.

Se reservan el derecho de elaboración de un Dictamen de Minoría conforme la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.

Expreso el Diputado Edwin Castro, que por la importancia del tema se debe hacer una sesión de trabajo más amplia invitando a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que no se diga que es una Ley con nombre y apellido, sino que es una cuestión del Sistema Judicial.

El Doctor José Bernard Pallais Arana, aclaró que se invito a través de Primer Secretaría a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien comisionó al Dr. Sergio Cuaresma Terán, miembro de la Sala.

Se sometió a votación la propuesta entre los nueve Diputados que se encontraban presente, a fin de que se decidiera si se ampliara el proceso de consulta o se considerara suficientemente consultado, obteniendo cinco (5) votos a favor de que fue ampliamente consultado el Proyecto de Ley y cuatro (4) votos para que se amplíe el proceso de consulta.

En este punto el Diputado Castro, expresó, que para que se firmara el Dictamen, se necesitaba de la mitad más uno de los miembros y que sólo tiene cinco firma de los once miembros que tiene la Comisión.

Por las razones de hecho y derecho ampliamente expuestas, la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos Dictamina favorablemente el Proyecto de Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal, declarando que el presente Proyecto de Ley es necesario por que existen 9.040 casos con más de 5 años de estar siendo procesados sin obtener Sentencia Firme; que esta bien fundamentado, dado el amplio estudio doctrinario, jurisprudencial y de Derecho Positivo expuesto en la exposición de Motivos y Fundamentación y que no se opone a la Constitución Política, porque más bien desarrolla el precepto constitucional establecido en el numeral 2 del Arto. 34 Cn.; tampoco se opone a ninguna Ley Constitucional, porque no está relacionado con el contenido con ninguna de las tres Leyes Constitucionales.

La Comisión solicita al Plenario, la aprobación en lo general y en lo particular de este Dictamen.

Adjuntamos el texto del Proyecto de Ley Dictaminado con las Modificaciones incorporadas.

Las causas penales que al momento de entrar en vigencia esta Ley y se continúen tramitando de acuerdo con el Código de Instrucción Criminal (In) deberán ser resueltas en el plazo que establece la presente Ley.

Los juicios o procesos penales tramitados conforme al Código de Instrucción Criminal, en los que hubieran personas con prisión preventiva, sin sentencia condenatoria, por hechos cuya pena correspondiera aplicar por cada infracción cometida o se hubiera aplicado, sea menor o igual a cinco años, a la entrada en vigencia de la presente Ley, deberán ser puestas de inmediato en libertad por el Juez que conoce la causa.

Cuando la pena que correspondiera aplicar por cada infracción cometida o se hubiere aplicado, sea menor o igual a cinco años, no habiendo sentencia firme, los Jueces y Tribunales deberán resolverlos en el plazo fatal de diez días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Transcurrido dicho plazo, el Juez o Tribunal deberá, dentro de las siguientes veinticuatro horas, declarar extinta la acción penal y dictar el respectivo sobreseimiento definitivo.

Cuando la pena que correspondiera aplicar por cada infracción cometida o se hubiera aplicado, sea mayor de cinco años y menor o igual a doce años, no habiendo sentencia firme, los Jueces y Tribunales deberán resolverlos en el plazo fatal de sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Transcurrido dicho plazo, el Juez o Tribunal deberá, dentro de las siguientes veinticuatro horas, declarar extinta la acción penal y dictar el respectivo sobreseimiento definitivo.

Si dentro de los plazos señalados en los párrafos anteriores de este artículo, el Juez o Tribunal dictare sentencia condenatoria, el procesado tiene derecho a interponer Recurso de Apelación o de Casación y el Tribunal respectivo deberá resolver dicho recurso en el plazo de treinta días, que se contarán a partir de la fecha de interposición del Recurso. Transcurrido dicho plazo, el Juez o Tribunal deberá dentro de las siguientes veinticuatro horas declarar extinta la acción penal y dictar el respectivo sobreseimiento definitivo.

Transcurrido los plazos señalados en el artículo anterior, si el Juez o Tribunal no haya decretado el respectivo sobreseimiento definitivo en virtud de haberse extinguido la acción penal, por ministerio de Ley, se considerará extinguida la misma, teniendo esta extinción, los mismos efectos de un sobreseimiento definitivo.

En los Recursos de Apelación o de Casación, interpuesto por las partes recurrentes contra las resoluciones que le causen agravio, éstas no podrán ser modificadas por ningún motivo en perjuicio de la persona absuelta o condenada. Tampoco se podrán modificar; revocar o desconocer los beneficios que le hayan sido otorgados en las mismas.

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.