Atentamente,

___________________________ _______________________________

Ramiro Silva Gutiérrez Francisco Jarquín Urbina
Diputado Diputado




______________________________ ________________________________
Ramón Macías Luna Vladimir Somarriba Granja
Diputado Diputado

Art.4. La prorroga de estas acciones en la presente ley, manda a la súper intendencia de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), a reformar, revisar y aprobar los contratos de créditos entre el usuarios y las instituciones financieras, eliminando las clausulas que violentan los derechos consagrados en la constitución política de la república y demás leyes vigentes

Art 5. La presente ley entrara en vigencia a partir de la publicación por cualquier medio de comunicaron social, escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta, Diario Oficial

1
Dictamen de Ley para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones Microfinancieras y deudores en mora

DICTAMEN FAVORABLE


Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.-

Estimado Señor Presidente:


Los suscritos miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, recibimos el mandato de parte de la Primera Secretaría, el día 3 de julio del 2009 para dictaminar el Proyecto de “Ley de moratoria para clientes de los bancos y otras instituciones financieras y suspensión de acciones ejecutivas en contra de los prestatarios del sistema financiero” y el día 20 de agosto de este mismo año el Proyecto de “ Ley de suspensión de los juicios y ejecuciones de sentencias por deudas contraídas entre los productores agropecuarios y las Microfinancieras”


I
INFORME

1. Antecedentes

A partir del año 2008 la economía mundial empezó a brindar señales de desmejoramiento de manera incremental, lo cual se vio reflejado fundamentalmente, en los altos precios del petróleo y el afloramiento inicial de iliquidez y operaciones fraudulentas de una serie de bancos e instituciones financieras de reconocido prestigio internacional. La afectación a Nicaragua, fue principalmente por los incrementos del precio del petróleo, el cual siendo un importante eslabón en el proceso productivo nacional afectó severamente los costos de producción y estructura de precios, sentando las bases para una contracción económica que impactó especialmente al sector productivo agropecuario y comercial. A su vez estos sectores por la misma crisis económica comenzaron a presentar problemas de liquidez que provocó el incumplimiento de sus obligaciones de pago con las Instituciones de Micro finanzas, quienes tradicionalmente han financiado de manera decidida a estos sectores.

En vista que la situación de la economía y de iliquidez de los productores y comerciantes, estaban teniendo como consecuencia el impago de las obligaciones financieras a las Instituciones Microfinancieras y con el objetivo de evitar una crisis mayor, las Asociaciones de Micro finanzas y miembros del Movimiento de Productores de las Segovia (MPCS), iniciaron una ronda de conversaciones, en las cuales se presentaron diversas propuestas de arreglo, con el objetivo de alcanzar acuerdos para la reestructuración en mejores condiciones de los prestamos que las Micro financieras han otorgado a los productores y comerciantes.

El día 4 de Julio del 2008, finalmente se sostuvo una reunión en el salón Guardabarranco del edificio de comisiones de la Asamblea Nacional, en la que estuvieron presentes por el sector de la asociación Nicaragüense de Microfinanzas (ASOMIF), las siguientes instituciones: FUNDENUSE, ACODEP, Cooperativa 20 de Abril, FUNDESER, PROMUJER, FINCA NICARAGUA,FUNDEPYME Y FAMA; y por el sector de los productores y comerciantes del norte, la Directiva del movimiento de Productores y Comerciantes de la Segovia (MPCS). Además, el Diputado Cesar Castellanos estuvo presente en calidad de mediador y testigo, así como miembros de la Dirección de Defensa del Consumidor.

Producto de esta reunión, el día 5 de Julio se logro firmar de consenso una acta de acuerdos y compromisos entre las partes, que permitiría reestructurar apropiadamente las deudas de los productores y comerciantes con las micro financieras. Dicho acuerdo establecía básicamente lo siguiente:


1. Otorgar plazo de cuatro años incluyendo seis meses de gracia para el sector agropecuario y comercial en caso de deudas menores a los US$10,000.00

2. Otorgar plazo de cinco años de plazo, incluyendo un año de gracia para deudas mayores a los us$10,000.00 y para el sector agropecuario únicamente. Pudiendo ampliarse el plazo según el caso.

3. Las Instituciones asociadas en ASOMIF y FAMA, se comprometían a dispensar los interese moratorios o cualquier otro que se derive de estos a los productores y comerciantes del MPCS.

4. Las Instituciones asociadas en ASOMIF y FAMA, se comprometían a revisar sus políticas de crédito, principalmente relacionadas a los intereses y mecanismos de evaluación y viabilidad de los préstamos, en función de las limitantes, capacidades y condiciones actuales de cada sector y de las instituciones acreedoras.

5. Los beneficiados con este acuerdo serian únicamente los que al 30 de Abril del 2008, se encontraban en mora.

6. Las tasas de interés a manejarse para los incisos 1 y 2 anterior, serán revisadas de acuerdo a las políticas y posibilidades actuales de cada institución.

Sin embargo, a pesar de la voluntad de las partes para la firma del acuerdo anterior y las facilidades establecidas en el mismo, por diversas razones el acuerdo en mención no pudo ser implementado con la eficiencia y eficacia que debía, lo que ha ocasionado que al día de hoy se esté enfrentando una nueva crisis entre las asociaciones de micro finanzas y los sectores agropecuarios y comerciales del país que han recibido créditos de estas instituciones. Esta nueva situación ha generado brotes de violencia en varios municipios del país e inestabilidad en el flujo de recursos de crédito que actualmente se deberían estar colocando para financiar a centenares de productores en esas zonas.

Ante esta problemática el 26 de Junio del año 2009 los diputados Ramiro Silva, Francisco Jarquín Urbina, Ramón Macías Luna y Vladimir Somarriba Granja presentaron el Proyecto de “Ley de moratoria para clientes de los bancos y otras instituciones financieras y suspensión de acciones ejecutivas en contra de los prestatarios del sistema financiero”. Asimismo, el 03 de Julio del mismo año fue presentado el Proyecto de “Ley de suspensión de los juicios y ejecuciones de sentencias por deudas contraídas entre los productores agropecuarios y las Micro financieras”, suscrito por los diputados Carlos José Gadea Avilés, Enrique González Miranda y Rodolfo José Alfaro García.


2. Consulta

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto ante la problemática planteada y el mandato recibido de dictaminar los proyectos referidos, realizó varias reuniones con los sectores involucrados:

a) El 19 de agosto del año 2009 a solicitud de los productores agropecuarios, El Presidente y otros integrantes de la Comisión de Producción, economía y presupuesto, en conjunto con los Diputados Edwin Castro, Ramiro Silva y Rodolfo Alfaro se reunieron con representantes del Movimiento de Productores del Norte con el objetivo de escuchar sus planteamientos. En esa reunión se acordó gestionar acercamiento con el Poder Judicial para que cesaran las acciones en contra de los productores ya que las mismas no abonaban al clima de paz y estabilidad necesario lograr una solución negociada del problema, así mismo se asumió el compromiso de darle prioridad al proceso de consulta de los proyectos de ley referidos, en el cual los integrantes del Movimiento de productores también serían escuchados.

b) El día 01 de Septiembre del 2009 esta Comisión inició el proceso de consultas, reuniéndose con los Representantes del Movimiento de Productores del Norte, donde se escucharon sus planteamientos sobre la problemática que enfrentan.

c) El 22 de septiembre del año en curso, la Comisión se reunió con la Asociación de Micro financieras (ASOMIF), a través de su Junta Directiva, con el objetivo de escuchar sus comentarios a los proyectos de ley, su perspectiva de la problemática y las posibles soluciones a la misma.

Por la vía escrita se envió solicitud de evacuación de consulta a la Red de Defensa del Consumidor, Instituto de Defensa del Consumidor y a la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

En fecha 25 de septiembre del año en curso, los equipos técnicos de esta Comisión y del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) sostuvieron reunión en la oficinas de la Dirección de Defensa al Consumidor, de quienes se recibieron aportes sustanciales al referido proyecto que luego fueron oficializados por medio de carta dirigida al Presidente de la Comisión el día 28 de septiembre del año en curso.

Como consecuencia de este proceso de consulta nos encontramos que una disposición legal para el establecimiento una ley de moratoria por sí y ante sí, no constituía una herramienta efectiva para la solución del problema planteado por los productores, logrando solamente diferir la solución del problema en el tiempo sin abordar y darle solución de fondo y de manera definitiva, prolongando la crisis y sumando más afectados.
Ante tal situación, se tomó la decisión de aprovechar el impulso legislativo de las dos iniciativas de moratoria que ya se habían trasladado a esta comisión y preparar para su presentación, discusión y respaldo vía dictamen la Ley Especial para establecer las condiciones básica de garantía para la negociación entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en mora”. Esta ley, a diferencia de las iniciativas de moratoria presentadas, sí contiene planteamientos que permitirán abonar a la solución de manera inmediata y justa para ambas partes en conflicto y permitirá recobrar el normal desarrollo del mercado micro financiero.

3. Objeto de la ley

El objeto de la ley que propone el presente dictamen, es procurar una salida negociada y consensuada a la problemática planteada por los productores y las micro financieras, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica, garantizando el flujo ininterrumpido de recursos económicos destinados al otorgamiento de créditos al sector micro financiero, fortaleciendo recursos la confianza entre los diversos agentes económicos, promoviendo el adecuado desarrollo de las actividades económicas ligadas al sector de las micro, pequeña y mediana empresa; mediante el establecimiento de disposiciones legales que permitan un entorno adecuado y estable, y condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones Micro financieras y deudores en mora pertenecientes al sector agropecuario y comercial.


II
Consideraciones de la Comisión


Los miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de éste Poder del Estado, en base al Art. 99 y 138, inciso 21, de nuestra Constitución Política, consideramos de mucha importancia el respaldo al dictamen que propone la aprobación de la “ Ley Especial para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las Instituciones Micro Financieras y Deudores en mora”, ya que con la aprobación de la misma se brinda una respuesta equilibrada y razonable a la problemática del sector agropecuario y comercial y a las instituciones micro financieras. Esta comisión además tuvo presente las siguientes consideraciones:

1. Es innegable la buena voluntad con la que actuaron los honorables diputados proponentes de las iniciativas de moratoria correspondientes. No obstante, se hace evidente que el acto simple de trasladar en el tiempo la solución del problema, es en la práctica no enfrentar la situación con propiedad ni responsabilidad. Esta crisis, que amenaza con tornarse sistémica, demanda soluciones justas, inmediatas y definitivas. El hecho de establecer condiciones básicas y de garantía para que las instituciones micro financieras y los deudores en mora se dispongan a renegociar sus adeudos, permitiendo la recuperación del crédito otorgado en un plazo razonable, a una tasa de interés no prohibitiva ni usurera, y con cláusulas de garantía que certifiquen el fiel cumplimiento de las disposiciones que establece la presente ley, es la forma más razonable y sensata de solucionar esta situación. Los deudores en mora siempre han sostenido su voluntad de pagar, y han rechazado sistemáticamente los calificativos que pretenden exhibirlos de manera mal intencionada, como un movimiento que busca el no pago o la condonación de sus adeudos. No obstante, y como consecuencia de los efectos de la crisis económica mundial que de manera especial ha impactado negativamente a economías como las nuestras, nuestros productores con toda justicia, claman por condiciones que le permitan pagar lo justo y en base a sus propias capacidades de pago.
2. Debemos reconocer que las instituciones micro financieras del país han reiterado su voluntad de renegociar caso a caso las deudas de los productores que han caído en mora. Sin embargo, no podemos negar que todos los antecedentes y las acciones administrativas, prejudiciales, judiciales y los consecuentes actos de violencia generados por esta situación anómala, han quebrantado la confianza entre micro financieras y deudores, por lo que se hace necesario la intervención del Estado vía ley, con el fin de recobrar la estabilidad y confianza entre todos los agentes del sistema micro financiero y establecer pautas para la solución definitiva del conflicto planteado.
3. Es importante destacar que al proponer las condiciones especiales que contiene esta ley para la reestructuración de créditos en mora, se tomó como base muchas de las condiciones que contiene el acuerdo al que llegaron en fecha 5 de Julio del año 2008 las mismas micro financieras y el movimiento de productores y comerciantes del norte. Existen dos elementos nuevos especialmente importantes en esta propuesta, el primero referido a la tasa de interés máxima a cobrar como consecuencia de estas reestructuraciones y el segundo correspondiente a la designación de un organismo de Estado garante de cumplimiento de las disposiciones que contiene la presente ley.
En el caso particular de la tasa de interés máxima, se tomó en consideración que no se está hablando de créditos nuevos, sino de reestructuración de créditos existentes caídos en mora. Toda reestructuración persigue establecer mayor plazo y menor interés que los pactados en el crédito original, con el fin que el deudor tenga una nueva oportunidad de pagar, con mejores condiciones. La tasa del 12% es cuatro puntos mayor que la expectativa planteada por los productores y 6 puntos menor que la tasa que se supone deben cobrar las micro financieras en base a la aplicación de la Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares. Muchos de estos créditos han pagado por años una tasa efectiva mucho mayor a la permitida por la ley; en algunos casos plenamente documentados por la Comisión, se ha observado la existencia de créditos en los cuales se ha pagado mucho más que el monto original del préstamo y siguen debiendo lo mismo. Consideramos que la tasa propuesta es accesible de pago por parte del deudor y cubre con creces los costos de las micro financieras. En este sentido, es criterio de la comisión no fomentar bajo ninguna circunstancia la cultura de no pago, pero tampoco se debe fomentar la cultura de la usura.

Así mismo, se propone a la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor, como órgano garante de cumplimiento de las condiciones básicas y de garantía que establece esta ley. Esta medida surge de la total inobservancia en que cayeron los acuerdos de Julio del 2008, los cuales fueron incumplidos tanto por las micro financieras como por los productores sin que en ese momento se haya designado a nadie como garante de cumplimiento de esos acuerdos. Por tanto se hace evidente que no es suficiente aprobar la ley, sino también establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de la misma por parte de los agentes involucrados, los cuales en caso de incumplimiento se harán acreedores de sanciones que la misma ley establece.



III
Dictamen de la Comisión

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional después de haber analizado los proyectos previamente enviados y haber elaborado, analizado y discutido la nueva propuesta de “Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos Entre las Instituciones Micro Financieras y Deudores en Mora” con fundamento en el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, inciso 1, artículos 100 y 102 de la Ley No. 606 “ Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua” , hemos resuelto emitir el presente Dictamen Favorable a esta nueva propuesta. Solicitamos al honorable Plenario la aprobación de la misma.


COMISION DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO.







Wálmaro Gutiérrez Mercado
Presidente





Freddy Tórres Montes José Figueroa Aguilar
Vicepresidente Vicepresidente








René Núñez Téllez Wilfredo Navarro Moreira
Miembro Miembro






Oscar Moncada Reyes Alejandro Ruiz Jirón
Miembro Miembro






Francisco Aguirre Sacasa Irma Dávila Lazo
Miembro Miembro






Gustavo Porras Cortés Odell Incer Barquero
Miembro Miembro





Douglas Alemán Benavides Ramiro Silva Gutiérrez
Miembro Miembro







Salvador Talavera Alaniz Jorge Castillo Quant
Miembro Miembro








Guillermo Osorno Brooklyn Rivera Bryan Miembro Miembro

Ley No. ____________



La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua,


En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:

Ley Especial para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones Microfinancieras y deudores en mora.


Artículo 1. Objeto de la ley
El objeto de la presente ley es establecer disposiciones legales que permitan un entorno adecuado y estable, y condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones Microfinancieras y deudores en mora pertenecientes al sector agropecuario y comercial. Todo con el fin de contribuir a la estabilidad macroeconómica del país, garantizar el flujo ininterrumpido de recursos económicos destinados al otorgamiento de créditos al sector micro financiero, restablecer y fortalecer la confianza entre los diversos agentes económicos y promover el adecuado desarrollo de las actividades económicas ligadas al sector de las micro, pequeña y mediana empresa. La presente ley es de interés social.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Todas las disposiciones contenidas en la presente ley y en particular las condiciones básicas y de garantía establecidas en la misma, serán aplicables exclusivamente a los clientes agropecuarios y comerciales cuyos créditos con las Microfinancieras se encuentren en mora al 30 de junio del año 2009, y a las instituciones Microfinancieras sean estas asociaciones sin fines de lucro o aquellas que al haberse constituido en institución bancaria, pasaron a ser reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.





Artículo 3. Condiciones básicas y de garantía para la reestructuración.
Los Deudores con crédito en mora al 30 de junio del año 2009 que de manera voluntaria se dispongan a renegociar sus adeudos pendientes de pago con las instituciones Microfinancieras, gozarán de las siguientes condiciones básicas y de garantías:
1. El plazo establecido para el desarrollo de estas renegociaciones hasta su culminación, será de ciento veinte días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. En los primeros 30 (treinta) días dentro del plazo establecido en el presente numeral, los deudores referidos en el párrafo primero de este articulo deberán acercarse y manifestar su voluntad de iniciar la renegociación de sus correspondientes adeudos con las instituciones microfinancieras.
2. Este proceso de renegociación deberá realizarse caso por caso, en atención a las particularidades de cada crédito otorgado, la naturaleza o tipo de actividad económica que ha sido financiada y la capacidad de pago que presente cada deudor.
3. Los deudores que voluntariamente se sometan al proceso de renegociación con las instituciones Microfinancieras, podrán hacerse asistir por la persona natural o jurídica que este designe.
4. En el caso de los adeudos menores de U$10,000.00 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial, éstos tendrán un plazo de hasta cuatro años contados a partir de la culminación de la renegociación particular de su caso, para la cancelación total de su adeudo, incluyendo un período de gracia no menor de seis meses.
En el caso de los adeudos mayores de U$10,000.00 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial, éstos tendrán un plazo de hasta cinco años contados a partir de la culminación de la renegociación particular de su caso, para la cancelación total de su adeudo, incluyendo un período de gracia no menor de seis meses.

La determinación final del plazo para pagar en cada caso, se establecerá en base a la capacidad de pago de cada deudor y sin exceder los límites máximos establecido en el párrafo primero y segundo del presente numeral.

En el acuerdo de reestructuración se podrá establecer cláusula de mantenimiento del valor, en caso que los montos sean expresados en córdobas, todo de conformidad a lo establecido en el Arto. 16 de la Ley Monetaria vigente.

5. A todos los adeudos reestructurados como consecuencia de la aplicación de la presente ley, se les dispensará de manera total los intereses moratorios acumulados. Así mismo le serán dispensados en su totalidad los gastos legales y de cobranza en que hubieran incurrido las instituciones Microfinancieras para la recuperación del crédito no pagado, y cualquier otro cargo que del crédito original se derive.
6. En el caso de los deudores que al momento de acogerse al proceso de renegociación en el tiempo y condiciones establecidos en la presente ley, declaren su interés de realizar pago anticipado o pronto pago que implique la cancelación total e inmediata del saldo adeudado; además de aplicárseles el 0% de intereses moratorios acumulados y dispensa total de los gastos legales y de cobranza, se les aplicará una reducción no menor al 30% de intereses corrientes acumulados. Queda prohibido cualquier imposición de penalidad por pago anticipado o pronto pago.
7. Todo acuerdo entre las partes que contradiga o disminuya las condiciones básicas y de garantías establecidas en la presente ley se tendrán como nulas, con los efectos jurídicos que de tal situación se derivan. Esta nulidad es extensiva a cualquier otra disposición que implique renuncia al domicilio del deudor o que determine mayor carga financiera a la establecida como la tasa máxima de interés a cobrar por disposición expresa de la presente ley, en la renegociación de éstos créditos.
8. Las instituciones Microfinancieras podrán ampliar y nunca reducir los plazos y condiciones que la presente ley establece, todo de conformidad a sus políticas institucionales y observando la particularidad de cada cliente.
Artículo 4. Tasa de Interés
La tasa de interés máxima a cobrar como consecuencia de la reestructuración de las deudas al amparo de la presente ley, será del 12% anual. Sobre el acuerdo de reestructuración no podrán recaer otros costos financieros que incrementen de manera directa o indirecta el costo del crédito reestructurado.

Artículo 5. Sobre las Garantías
Las reestructuraciones de los adeudos que se realicen en base a la aplicación de lo establecido en la presente ley, serán respaldadas con las mismas garantías presentadas originalmente por los deudores a las instituciones Microfinancieras. En caso que estas garantías no pudiesen ser presentadas por el deudor, éste se obligará a restituirlas o presentar otra por igual valor.

Artículo 6. De la Suspensión
Se establece la suspensión por un periodo de ciento veinte días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, de todos los juicios promovidos o que pudieren promover las instituciones Microfinancieras, en contra de los clientes agropecuarios y comerciales que tenga adeudos en mora al 30 de junio del 2009, siempre y cuando estos deudores inicien y se dispongan a renegociar sus adeudos con dichas instituciones en el plazo y bajo las condiciones básicas y de garantías que ésta ley establece.
Esta suspensión es extensiva a todas las medidas pre judiciales o judiciales derivadas de estos procesos de recuperación de adeudos tales como apremio corporal, embargos, secuestros, entre otros, así como las ejecuciones de sentencias que hubieren sido dictadas en los tribunales correspondientes.

Artículo 7. Organismo garante
Se determina y faculta a la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), como organismo garante del cumplimiento de las condiciones básicas y de garantías establecidas en la presente ley, y en especial para el seguimiento y verificación del cumplimiento de estas condiciones en el período de los ciento veinte días en los que se deberá desarrollar el proceso de renegociación de adeudos entre las Microfinancieras y los clientes con deudas en mora.
Para efectos de cumplir con su responsabilidad, ésta Dirección podrá emitir normativa especial de aplicación general, tendiente a establecer mecanismos y procedimientos que garanticen el normal y adecuado desarrollo del proceso de renegociación entre Microfinancieras y sus correspondientes deudores.

Las instituciones microfinancieras deberán enviar copia simple o por vía electrónica, de los acuerdos de reestructuración celebrados con sus clientes a la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), a más tardar 48 horas después de haberse formalizado la reestructuración respectiva.
A solicitud de parte interesada, la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), podrá emitir Certificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, en cada caso.
Así mismo, remitirá informe mensual a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, sobre los avances e incidencias de todo este proceso de renegociación de adeudos, e informe final consolidado, en quince días posteriores al vencimiento de los ciento veinte días que dure el proceso de renegociación que determina la presente ley.

Artículo 8. Sanciones

Tal y como se determina en el artículo relativo al ámbito de aplicación de la presente ley, las condiciones básicas y de garantías establecidas por la misma, serán aplicables única y exclusivamente a los deudores que de manera voluntaria inicien hasta su culminación en el plazo establecido, la renegociación de sus adeudos con las Microfinancieras. Para el resto de casos que no se acojan a este mecanismo de ley, queda en todo su vigor la vía judicial, sin que para ellos opere suspensión de proceso pre judicial, judicial o ejecución de sentencia alguna.

Así mismo, la institución microfinanciera constituida bajo el amparo de Asociación civil sin fines de lucro, que incumpla cualquiera de las condiciones básicas y de garantías establecidas en la presente ley, previa constancia de tales hechos emitida por la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), por cada caso se le aplicará una multa equivalente al 50% del valor del crédito y quedará sujeta al proceso de suspensión definitiva de su personalidad jurídica, el cual deberá desarrollarse ante la Asamblea Nacional, bajo los mecanismos y garantías legales que establece la ley de la materia.
En caso que el incumplimiento provenga de una institución microfinanciera regulada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), en base a constancia emitida por la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), se comunicará de este incumplimiento a la SIBOIF para la imposición de la sanción correspondiente por inobservancia a disposición legal expresa. La SIBOIF deberá generar norma prudencial de aplicación general para estos casos.

El importe por las multas aplicadas en base al presente artículo, serán a favor del fisco.

Artículo 9. Reglamentación

La presente Ley podrá ser reglamentada, en base al Arto. 150 numeral 10) de la Constitución Política.

Artículo 10. Vigencia
La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito de circulación nacional, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los ________________ días del mes de ____________ del año dos mil nueve.




Ing. René Núñez Téllez Dr. Wilfredo Navarro M.
Presidente Secretario
Asamblea Nacional Asamblea Nacional

El objeto de la presente Ley es establecer disposiciones legales que permitan un entorno adecuado y estable, así como las condiciones básicas y de garantías para la renegociación de adeudos entre instituciones microfinancieras y deudores en mora pertenecientes al sector agropecuario y comercial. Todo con el fin de contribuir a la estabilidad macroeconómica del país, garantizar el flujo ininterrumpido de recursos económicos destinados al otorgamiento de créditos al sector microfinanciero, restablecer y fortalecer la confianza entre los diversos agentes económicos y promover el adecuado desarrollo de las actividades económicas ligadas al sector de las micro, pequeña y mediana empresas. La presente Ley es de interés social.

Las disposiciones contenidas en la presente Ley y en particular las condiciones básicas y de garantías establecidas en la misma, serán aplicables exclusivamente a los clientes agropecuarios y comerciales cuyos créditos con las instituciones microfinancieras se encuentren en mora al 30 de junio del año 2009 y a las instituciones microfinancieras, sean estas asociaciones sin fines de lucro o aquellas que al haberse constituido en instituciones bancarias, pasaron a ser reguladas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, que en lo sucesivo de esta ley se denominará como SIBOIF.

Los deudores con crédito en mora al 30 de junio del año 2009, que de manera voluntaria se dispongan a renegociar sus adeudos pendientes de pago con las Instituciones microfinancieras, gozarán de las siguientes condiciones básicas y de garantías:

1. El plazo establecido para el desarrollo de estas renegociaciones hasta su culminación, será de ciento veinte días contados a partir de que entre en vigencia la presente Ley. Dentro de los primeros treinta días de dicho plazo, los deudores referidos en el párrafo primero de este artículo deberán presentarse ante las instituciones microfinancieras acreedoras y manifestar su voluntad de iniciar la renegociación de sus correspondientes adeudos.
2. Este proceso de renegociación deberá realizarse caso por caso, en atención a las particularidades de cada crédito otorgado, la naturaleza o tipo de actividad económica que ha sido financiada y la capacidad de pago que presente cada deudor.
3. Los deudores que voluntariamente se sometan al proceso de renegociación con las instituciones microfinancieras, podrán hacerse asistir por la persona natural o jurídica que designe.
4. En el caso de los adeudos menores o iguales a Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (U$10,000.00) o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial, éstos tendrán un plazo de hasta cuatro años, contados a partir de la culminación de la renegociación particular de su caso, para la cancelación total de su adeudo, incluyendo un período de gracia no menor de seis meses.
En el caso de los adeudos mayores de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (U$10,000.00) o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial, éstos tendrán un plazo de hasta cinco años contados a partir de la culminación de la renegociación particular de su caso, para la cancelación total de su adeudo, incluyendo un período de gracia no menor de seis meses.

La determinación final del plazo para pagar en cada caso, se establecerá en base a la capacidad de pago de cada deudor y sin exceder los límites máximos establecidos en los párrafos primero y segundo de este numeral.

En el acuerdo de reestructuración, en caso que los montos sean expresados en córdobas, se podrá establecer una cláusula de mantenimiento del valor, conforme se establece en el artículo 16 del Decreto-Ley No. 1-92, Ley Monetaria, aprobada el 6 de Enero de 1992 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 2 del 7 de Enero de 1992.

5. A todos los adeudos reestructurados como consecuencia de la aplicación de la presente Ley, se les dispensará de manera total los intereses moratorios acumulados. Así mismo les serán dispensados en su totalidad los gastos legales y de cobranza en que hubieran incurrido las instituciones microfinancieras para la recuperación del crédito no pagado, y cualquier otro cargo que del crédito original se derive.
6. En el caso de los deudores que al momento de acogerse al proceso de renegociación en el tiempo y condiciones establecidas en la presente Ley, declaren su interés de realizar pago anticipado o pronto pago que implique la cancelación total e inmediata del saldo adeudado, en la liquidación del adeudo, se les dispensará el cien por ciento los intereses moratorios acumulados, el total de los gastos legales y de cobranza y se les aplicará una reducción no menor al treinta por ciento (30%) de intereses corrientes acumulados. Queda prohibido cualquier imposición de penalidad por pago anticipado o pronto pago.
7. Todo acuerdo entre las partes que contradiga o disminuya las condiciones básicas y de garantías establecidas en la presente Ley se tendrán como nulo, con los efectos jurídicos que de tal situación se derivan. También será nula cualquier otra disposición que implique renuncia al domicilio del deudor o que determine en la renegociación de éstos créditos, mayor carga financiera a la establecida como tasa máxima de interés a cobrar por disposición expresa de la presente Ley.
8. Las instituciones microfinancieras podrán ampliar pero no reducir los plazos y condiciones que la presente Ley establece, todo de conformidad a sus políticas institucionales y observando la particularidad de cada cliente.

La tasa de interés máxima a cobrar, como consecuencia de la reestructuración de las deudas al amparo de la presente Ley, no será mayor al dieciséis por ciento (16%) anual. Sobre el acuerdo de reestructuración no podrán recaer otros costos financieros que incrementen de manera directa o indirecta el costo del crédito reestructurado.

Las reestructuraciones de los adeudos que se realicen en base a la aplicación de lo establecido en la presente Ley, serán respaldadas con las mismas garantías presentadas originalmente por los deudores a las Instituciones microfinancieras. En caso que estas garantías no pudiesen ser presentadas por el deudor, éste se obligará a restituirlas o presentar otra por igual valor.

Se establece la suspensión por un periodo de ciento veinte (120) días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, de todos los juicios promovidos o que pudieren promover las Instituciones microfinancieras, en contra de los clientes agropecuarios y comerciales que tengan adeudos en mora al 30 de junio del 2009, siempre y cuando estos deudores inicien y se dispongan a renegociar sus adeudos con dichas instituciones en el plazo y bajo las condiciones básicas y de garantías que ésta Ley establece.

Esta suspensión es extensiva a todas las medidas pre judiciales o judiciales derivadas de estos procesos de recuperación de adeudos tales como: apremio corporal, embargos, secuestros, entre otros; así como las ejecuciones de sentencias que hubieren sido dictadas en los tribunales correspondientes.

Se determina y faculta a la SIBOIF, como organismo de aplicación del cumplimiento de las condiciones básicas y de garantías establecidas en la presente Ley, y encargada del seguimiento y verificación del cumplimiento de esas condiciones en el período de los ciento veinte días en los que se deberá desarrollar el proceso de renegociación de adeudos entre las instituciones microfinancieras y los clientes con deudas en mora.

Para efectos de cumplir con su responsabilidad, la SIBOIF podrá emitir normativa especial de aplicación general, tendiente a establecer mecanismos y procedimientos que garanticen el normal y adecuado desarrollo del proceso de renegociación entre las instituciones microfinancieras y sus correspondientes deudores.

Las instituciones microfinancieras deberán enviar a la SIBOIF, por correo ordinario o por vía electrónica, copia simple de los acuerdos de reestructuración celebrados con sus clientes, a más tardar cuarenta y ocho horas después de haberse formalizado la reestructuración respectiva.

A solicitud de las partes de cada reestructuración, la SIBOIF podrá emitir Certificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Asimismo, remitirá informe mensual a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, de los avances e incidencias del proceso de renegociación de adeudos. También remitirá informe final consolidado dentro de los quince días posteriores al vencimiento de los ciento veinte días que dure el proceso de renegociación que determina esta Ley.

Tal y como se determina en el artículo 2 de esta Ley, las condiciones básicas y de garantías establecidas por la misma, serán aplicables única y exclusivamente a los deudores que de manera voluntaria inicien hasta su culminación en el plazo establecido, la renegociación de sus adeudos con las instituciones microfinancieras. Para el resto de casos que no se acojan a este mecanismo de ley, queda en todo su vigor la vía judicial, sin que para ellos opere suspensión de medida pre judicial, proceso judicial o ejecución de sentencia alguna.

La institución microfinanciera constituida como asociación civil sin fines de lucro, que incumpla cualquiera de las condiciones básicas y de garantías establecidas en la presente Ley, previa constancia de tales hechos emitida por la SIBOIF, se le aplicará por cada caso una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del crédito y quedará sujeta al proceso de cancelación de su personalidad jurídica, el cual deberá solicitarse ante la Asamblea Nacional, bajo los mecanismos y garantías legales que establece la Ley No. 147, “Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 29 de mayo de 1992.

En caso que el incumplimiento provenga de una institución microfinanciera regulada por la SIBOIF, ésta podrá imponer la sanción correspondiente por la inobservancia de una disposición legal expresa. La SIBOIF deberá aprobar una norma prudencial de aplicación general para estos casos.

El importe de las multas aplicadas en base al presente artículo, será a favor del Fisco.

En el caso de las Instituciones microfinancieras no reguladas por la SIBOIF, la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio será el organismo de aplicación de la presente Ley.

La presente Ley será reglamentada por el Presidente de la República en el plazo de sesenta días.

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito de circulación nacional, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Atentamente,

___________________________ _______________________________

Ramiro Silva Gutiérrez Francisco Jarquín Urbina
Diputado Diputado




______________________________ ________________________________
Ramón Macías Luna Vladimir Somarriba Granja
Diputado Diputado

Art.4. La prorroga de estas acciones en la presente ley, manda a la súper intendencia de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), a reformar, revisar y aprobar los contratos de créditos entre el usuarios y las instituciones financieras, eliminando las clausulas que violentan los derechos consagrados en la constitución política de la república y demás leyes vigentes

Art 5. La presente ley entrara en vigencia a partir de la publicación por cualquier medio de comunicaron social, escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta, Diario Oficial

1
Dictamen de Ley para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones Microfinancieras y deudores en mora

DICTAMEN FAVORABLE


Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente
Asamblea Nacional
Su Despacho.-

Estimado Señor Presidente:


Los suscritos miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, recibimos el mandato de parte de la Primera Secretaría, el día 3 de julio del 2009 para dictaminar el Proyecto de “Ley de moratoria para clientes de los bancos y otras instituciones financieras y suspensión de acciones ejecutivas en contra de los prestatarios del sistema financiero” y el día 20 de agosto de este mismo año el Proyecto de “ Ley de suspensión de los juicios y ejecuciones de sentencias por deudas contraídas entre los productores agropecuarios y las Microfinancieras”


I
INFORME

1. Antecedentes

A partir del año 2008 la economía mundial empezó a brindar señales de desmejoramiento de manera incremental, lo cual se vio reflejado fundamentalmente, en los altos precios del petróleo y el afloramiento inicial de iliquidez y operaciones fraudulentas de una serie de bancos e instituciones financieras de reconocido prestigio internacional. La afectación a Nicaragua, fue principalmente por los incrementos del precio del petróleo, el cual siendo un importante eslabón en el proceso productivo nacional afectó severamente los costos de producción y estructura de precios, sentando las bases para una contracción económica que impactó especialmente al sector productivo agropecuario y comercial. A su vez estos sectores por la misma crisis económica comenzaron a presentar problemas de liquidez que provocó el incumplimiento de sus obligaciones de pago con las Instituciones de Micro finanzas, quienes tradicionalmente han financiado de manera decidida a estos sectores.

En vista que la situación de la economía y de iliquidez de los productores y comerciantes, estaban teniendo como consecuencia el impago de las obligaciones financieras a las Instituciones Microfinancieras y con el objetivo de evitar una crisis mayor, las Asociaciones de Micro finanzas y miembros del Movimiento de Productores de las Segovia (MPCS), iniciaron una ronda de conversaciones, en las cuales se presentaron diversas propuestas de arreglo, con el objetivo de alcanzar acuerdos para la reestructuración en mejores condiciones de los prestamos que las Micro financieras han otorgado a los productores y comerciantes.

El día 4 de Julio del 2008, finalmente se sostuvo una reunión en el salón Guardabarranco del edificio de comisiones de la Asamblea Nacional, en la que estuvieron presentes por el sector de la asociación Nicaragüense de Microfinanzas (ASOMIF), las siguientes instituciones: FUNDENUSE, ACODEP, Cooperativa 20 de Abril, FUNDESER, PROMUJER, FINCA NICARAGUA,FUNDEPYME Y FAMA; y por el sector de los productores y comerciantes del norte, la Directiva del movimiento de Productores y Comerciantes de la Segovia (MPCS). Además, el Diputado Cesar Castellanos estuvo presente en calidad de mediador y testigo, así como miembros de la Dirección de Defensa del Consumidor.

Producto de esta reunión, el día 5 de Julio se logro firmar de consenso una acta de acuerdos y compromisos entre las partes, que permitiría reestructurar apropiadamente las deudas de los productores y comerciantes con las micro financieras. Dicho acuerdo establecía básicamente lo siguiente:


1. Otorgar plazo de cuatro años incluyendo seis meses de gracia para el sector agropecuario y comercial en caso de deudas menores a los US$10,000.00

2. Otorgar plazo de cinco años de plazo, incluyendo un año de gracia para deudas mayores a los us$10,000.00 y para el sector agropecuario únicamente. Pudiendo ampliarse el plazo según el caso.

3. Las Instituciones asociadas en ASOMIF y FAMA, se comprometían a dispensar los interese moratorios o cualquier otro que se derive de estos a los productores y comerciantes del MPCS.

4. Las Instituciones asociadas en ASOMIF y FAMA, se comprometían a revisar sus políticas de crédito, principalmente relacionadas a los intereses y mecanismos de evaluación y viabilidad de los préstamos, en función de las limitantes, capacidades y condiciones actuales de cada sector y de las instituciones acreedoras.

5. Los beneficiados con este acuerdo serian únicamente los que al 30 de Abril del 2008, se encontraban en mora.

6. Las tasas de interés a manejarse para los incisos 1 y 2 anterior, serán revisadas de acuerdo a las políticas y posibilidades actuales de cada institución.

Sin embargo, a pesar de la voluntad de las partes para la firma del acuerdo anterior y las facilidades establecidas en el mismo, por diversas razones el acuerdo en mención no pudo ser implementado con la eficiencia y eficacia que debía, lo que ha ocasionado que al día de hoy se esté enfrentando una nueva crisis entre las asociaciones de micro finanzas y los sectores agropecuarios y comerciales del país que han recibido créditos de estas instituciones. Esta nueva situación ha generado brotes de violencia en varios municipios del país e inestabilidad en el flujo de recursos de crédito que actualmente se deberían estar colocando para financiar a centenares de productores en esas zonas.

Ante esta problemática el 26 de Junio del año 2009 los diputados Ramiro Silva, Francisco Jarquín Urbina, Ramón Macías Luna y Vladimir Somarriba Granja presentaron el Proyecto de “Ley de moratoria para clientes de los bancos y otras instituciones financieras y suspensión de acciones ejecutivas en contra de los prestatarios del sistema financiero”. Asimismo, el 03 de Julio del mismo año fue presentado el Proyecto de “Ley de suspensión de los juicios y ejecuciones de sentencias por deudas contraídas entre los productores agropecuarios y las Micro financieras”, suscrito por los diputados Carlos José Gadea Avilés, Enrique González Miranda y Rodolfo José Alfaro García.


2. Consulta

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto ante la problemática planteada y el mandato recibido de dictaminar los proyectos referidos, realizó varias reuniones con los sectores involucrados:

a) El 19 de agosto del año 2009 a solicitud de los productores agropecuarios, El Presidente y otros integrantes de la Comisión de Producción, economía y presupuesto, en conjunto con los Diputados Edwin Castro, Ramiro Silva y Rodolfo Alfaro se reunieron con representantes del Movimiento de Productores del Norte con el objetivo de escuchar sus planteamientos. En esa reunión se acordó gestionar acercamiento con el Poder Judicial para que cesaran las acciones en contra de los productores ya que las mismas no abonaban al clima de paz y estabilidad necesario lograr una solución negociada del problema, así mismo se asumió el compromiso de darle prioridad al proceso de consulta de los proyectos de ley referidos, en el cual los integrantes del Movimiento de productores también serían escuchados.

b) El día 01 de Septiembre del 2009 esta Comisión inició el proceso de consultas, reuniéndose con los Representantes del Movimiento de Productores del Norte, donde se escucharon sus planteamientos sobre la problemática que enfrentan.

c) El 22 de septiembre del año en curso, la Comisión se reunió con la Asociación de Micro financieras (ASOMIF), a través de su Junta Directiva, con el objetivo de escuchar sus comentarios a los proyectos de ley, su perspectiva de la problemática y las posibles soluciones a la misma.

Por la vía escrita se envió solicitud de evacuación de consulta a la Red de Defensa del Consumidor, Instituto de Defensa del Consumidor y a la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

En fecha 25 de septiembre del año en curso, los equipos técnicos de esta Comisión y del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) sostuvieron reunión en la oficinas de la Dirección de Defensa al Consumidor, de quienes se recibieron aportes sustanciales al referido proyecto que luego fueron oficializados por medio de carta dirigida al Presidente de la Comisión el día 28 de septiembre del año en curso.

Como consecuencia de este proceso de consulta nos encontramos que una disposición legal para el establecimiento una ley de moratoria por sí y ante sí, no constituía una herramienta efectiva para la solución del problema planteado por los productores, logrando solamente diferir la solución del problema en el tiempo sin abordar y darle solución de fondo y de manera definitiva, prolongando la crisis y sumando más afectados.
Ante tal situación, se tomó la decisión de aprovechar el impulso legislativo de las dos iniciativas de moratoria que ya se habían trasladado a esta comisión y preparar para su presentación, discusión y respaldo vía dictamen la Ley Especial para establecer las condiciones básica de garantía para la negociación entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en mora”. Esta ley, a diferencia de las iniciativas de moratoria presentadas, sí contiene planteamientos que permitirán abonar a la solución de manera inmediata y justa para ambas partes en conflicto y permitirá recobrar el normal desarrollo del mercado micro financiero.

3. Objeto de la ley

El objeto de la ley que propone el presente dictamen, es procurar una salida negociada y consensuada a la problemática planteada por los productores y las micro financieras, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica, garantizando el flujo ininterrumpido de recursos económicos destinados al otorgamiento de créditos al sector micro financiero, fortaleciendo recursos la confianza entre los diversos agentes económicos, promoviendo el adecuado desarrollo de las actividades económicas ligadas al sector de las micro, pequeña y mediana empresa; mediante el establecimiento de disposiciones legales que permitan un entorno adecuado y estable, y condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones Micro financieras y deudores en mora pertenecientes al sector agropecuario y comercial.


II
Consideraciones de la Comisión


Los miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de éste Poder del Estado, en base al Art. 99 y 138, inciso 21, de nuestra Constitución Política, consideramos de mucha importancia el respaldo al dictamen que propone la aprobación de la “ Ley Especial para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las Instituciones Micro Financieras y Deudores en mora”, ya que con la aprobación de la misma se brinda una respuesta equilibrada y razonable a la problemática del sector agropecuario y comercial y a las instituciones micro financieras. Esta comisión además tuvo presente las siguientes consideraciones:

1. Es innegable la buena voluntad con la que actuaron los honorables diputados proponentes de las iniciativas de moratoria correspondientes. No obstante, se hace evidente que el acto simple de trasladar en el tiempo la solución del problema, es en la práctica no enfrentar la situación con propiedad ni responsabilidad. Esta crisis, que amenaza con tornarse sistémica, demanda soluciones justas, inmediatas y definitivas. El hecho de establecer condiciones básicas y de garantía para que las instituciones micro financieras y los deudores en mora se dispongan a renegociar sus adeudos, permitiendo la recuperación del crédito otorgado en un plazo razonable, a una tasa de interés no prohibitiva ni usurera, y con cláusulas de garantía que certifiquen el fiel cumplimiento de las disposiciones que establece la presente ley, es la forma más razonable y sensata de solucionar esta situación. Los deudores en mora siempre han sostenido su voluntad de pagar, y han rechazado sistemáticamente los calificativos que pretenden exhibirlos de manera mal intencionada, como un movimiento que busca el no pago o la condonación de sus adeudos. No obstante, y como consecuencia de los efectos de la crisis económica mundial que de manera especial ha impactado negativamente a economías como las nuestras, nuestros productores con toda justicia, claman por condiciones que le permitan pagar lo justo y en base a sus propias capacidades de pago.
2. Debemos reconocer que las instituciones micro financieras del país han reiterado su voluntad de renegociar caso a caso las deudas de los productores que han caído en mora. Sin embargo, no podemos negar que todos los antecedentes y las acciones administrativas, prejudiciales, judiciales y los consecuentes actos de violencia generados por esta situación anómala, han quebrantado la confianza entre micro financieras y deudores, por lo que se hace necesario la intervención del Estado vía ley, con el fin de recobrar la estabilidad y confianza entre todos los agentes del sistema micro financiero y establecer pautas para la solución definitiva del conflicto planteado.
3. Es importante destacar que al proponer las condiciones especiales que contiene esta ley para la reestructuración de créditos en mora, se tomó como base muchas de las condiciones que contiene el acuerdo al que llegaron en fecha 5 de Julio del año 2008 las mismas micro financieras y el movimiento de productores y comerciantes del norte. Existen dos elementos nuevos especialmente importantes en esta propuesta, el primero referido a la tasa de interés máxima a cobrar como consecuencia de estas reestructuraciones y el segundo correspondiente a la designación de un organismo de Estado garante de cumplimiento de las disposiciones que contiene la presente ley.
En el caso particular de la tasa de interés máxima, se tomó en consideración que no se está hablando de créditos nuevos, sino de reestructuración de créditos existentes caídos en mora. Toda reestructuración persigue establecer mayor plazo y menor interés que los pactados en el crédito original, con el fin que el deudor tenga una nueva oportunidad de pagar, con mejores condiciones. La tasa del 12% es cuatro puntos mayor que la expectativa planteada por los productores y 6 puntos menor que la tasa que se supone deben cobrar las micro financieras en base a la aplicación de la Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares. Muchos de estos créditos han pagado por años una tasa efectiva mucho mayor a la permitida por la ley; en algunos casos plenamente documentados por la Comisión, se ha observado la existencia de créditos en los cuales se ha pagado mucho más que el monto original del préstamo y siguen debiendo lo mismo. Consideramos que la tasa propuesta es accesible de pago por parte del deudor y cubre con creces los costos de las micro financieras. En este sentido, es criterio de la comisión no fomentar bajo ninguna circunstancia la cultura de no pago, pero tampoco se debe fomentar la cultura de la usura.

Así mismo, se propone a la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor, como órgano garante de cumplimiento de las condiciones básicas y de garantía que establece esta ley. Esta medida surge de la total inobservancia en que cayeron los acuerdos de Julio del 2008, los cuales fueron incumplidos tanto por las micro financieras como por los productores sin que en ese momento se haya designado a nadie como garante de cumplimiento de esos acuerdos. Por tanto se hace evidente que no es suficiente aprobar la ley, sino también establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de la misma por parte de los agentes involucrados, los cuales en caso de incumplimiento se harán acreedores de sanciones que la misma ley establece.



III
Dictamen de la Comisión

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional después de haber analizado los proyectos previamente enviados y haber elaborado, analizado y discutido la nueva propuesta de “Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos Entre las Instituciones Micro Financieras y Deudores en Mora” con fundamento en el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, inciso 1, artículos 100 y 102 de la Ley No. 606 “ Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua” , hemos resuelto emitir el presente Dictamen Favorable a esta nueva propuesta. Solicitamos al honorable Plenario la aprobación de la misma.


COMISION DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO.







Wálmaro Gutiérrez Mercado
Presidente





Freddy Tórres Montes José Figueroa Aguilar
Vicepresidente Vicepresidente








René Núñez Téllez Wilfredo Navarro Moreira
Miembro Miembro






Oscar Moncada Reyes Alejandro Ruiz Jirón
Miembro Miembro






Francisco Aguirre Sacasa Irma Dávila Lazo
Miembro Miembro






Gustavo Porras Cortés Odell Incer Barquero
Miembro Miembro





Douglas Alemán Benavides Ramiro Silva Gutiérrez
Miembro Miembro







Salvador Talavera Alaniz Jorge Castillo Quant
Miembro Miembro








Guillermo Osorno Brooklyn Rivera Bryan Miembro Miembro

Ley No. ____________



La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua,


En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:

Ley Especial para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones Microfinancieras y deudores en mora.


Artículo 1. Objeto de la ley
El objeto de la presente ley es establecer disposiciones legales que permitan un entorno adecuado y estable, y condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones Microfinancieras y deudores en mora pertenecientes al sector agropecuario y comercial. Todo con el fin de contribuir a la estabilidad macroeconómica del país, garantizar el flujo ininterrumpido de recursos económicos destinados al otorgamiento de créditos al sector micro financiero, restablecer y fortalecer la confianza entre los diversos agentes económicos y promover el adecuado desarrollo de las actividades económicas ligadas al sector de las micro, pequeña y mediana empresa. La presente ley es de interés social.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Todas las disposiciones contenidas en la presente ley y en particular las condiciones básicas y de garantía establecidas en la misma, serán aplicables exclusivamente a los clientes agropecuarios y comerciales cuyos créditos con las Microfinancieras se encuentren en mora al 30 de junio del año 2009, y a las instituciones Microfinancieras sean estas asociaciones sin fines de lucro o aquellas que al haberse constituido en institución bancaria, pasaron a ser reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.





Artículo 3. Condiciones básicas y de garantía para la reestructuración.
Los Deudores con crédito en mora al 30 de junio del año 2009 que de manera voluntaria se dispongan a renegociar sus adeudos pendientes de pago con las instituciones Microfinancieras, gozarán de las siguientes condiciones básicas y de garantías:
1. El plazo establecido para el desarrollo de estas renegociaciones hasta su culminación, será de ciento veinte días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. En los primeros 30 (treinta) días dentro del plazo establecido en el presente numeral, los deudores referidos en el párrafo primero de este articulo deberán acercarse y manifestar su voluntad de iniciar la renegociación de sus correspondientes adeudos con las instituciones microfinancieras.
2. Este proceso de renegociación deberá realizarse caso por caso, en atención a las particularidades de cada crédito otorgado, la naturaleza o tipo de actividad económica que ha sido financiada y la capacidad de pago que presente cada deudor.
3. Los deudores que voluntariamente se sometan al proceso de renegociación con las instituciones Microfinancieras, podrán hacerse asistir por la persona natural o jurídica que este designe.
4. En el caso de los adeudos menores de U$10,000.00 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial, éstos tendrán un plazo de hasta cuatro años contados a partir de la culminación de la renegociación particular de su caso, para la cancelación total de su adeudo, incluyendo un período de gracia no menor de seis meses.
En el caso de los adeudos mayores de U$10,000.00 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial, éstos tendrán un plazo de hasta cinco años contados a partir de la culminación de la renegociación particular de su caso, para la cancelación total de su adeudo, incluyendo un período de gracia no menor de seis meses.

La determinación final del plazo para pagar en cada caso, se establecerá en base a la capacidad de pago de cada deudor y sin exceder los límites máximos establecido en el párrafo primero y segundo del presente numeral.

En el acuerdo de reestructuración se podrá establecer cláusula de mantenimiento del valor, en caso que los montos sean expresados en córdobas, todo de conformidad a lo establecido en el Arto. 16 de la Ley Monetaria vigente.

5. A todos los adeudos reestructurados como consecuencia de la aplicación de la presente ley, se les dispensará de manera total los intereses moratorios acumulados. Así mismo le serán dispensados en su totalidad los gastos legales y de cobranza en que hubieran incurrido las instituciones Microfinancieras para la recuperación del crédito no pagado, y cualquier otro cargo que del crédito original se derive.
6. En el caso de los deudores que al momento de acogerse al proceso de renegociación en el tiempo y condiciones establecidos en la presente ley, declaren su interés de realizar pago anticipado o pronto pago que implique la cancelación total e inmediata del saldo adeudado; además de aplicárseles el 0% de intereses moratorios acumulados y dispensa total de los gastos legales y de cobranza, se les aplicará una reducción no menor al 30% de intereses corrientes acumulados. Queda prohibido cualquier imposición de penalidad por pago anticipado o pronto pago.
7. Todo acuerdo entre las partes que contradiga o disminuya las condiciones básicas y de garantías establecidas en la presente ley se tendrán como nulas, con los efectos jurídicos que de tal situación se derivan. Esta nulidad es extensiva a cualquier otra disposición que implique renuncia al domicilio del deudor o que determine mayor carga financiera a la establecida como la tasa máxima de interés a cobrar por disposición expresa de la presente ley, en la renegociación de éstos créditos.
8. Las instituciones Microfinancieras podrán ampliar y nunca reducir los plazos y condiciones que la presente ley establece, todo de conformidad a sus políticas institucionales y observando la particularidad de cada cliente.
Artículo 4. Tasa de Interés
La tasa de interés máxima a cobrar como consecuencia de la reestructuración de las deudas al amparo de la presente ley, será del 12% anual. Sobre el acuerdo de reestructuración no podrán recaer otros costos financieros que incrementen de manera directa o indirecta el costo del crédito reestructurado.

Artículo 5. Sobre las Garantías
Las reestructuraciones de los adeudos que se realicen en base a la aplicación de lo establecido en la presente ley, serán respaldadas con las mismas garantías presentadas originalmente por los deudores a las instituciones Microfinancieras. En caso que estas garantías no pudiesen ser presentadas por el deudor, éste se obligará a restituirlas o presentar otra por igual valor.

Artículo 6. De la Suspensión
Se establece la suspensión por un periodo de ciento veinte días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, de todos los juicios promovidos o que pudieren promover las instituciones Microfinancieras, en contra de los clientes agropecuarios y comerciales que tenga adeudos en mora al 30 de junio del 2009, siempre y cuando estos deudores inicien y se dispongan a renegociar sus adeudos con dichas instituciones en el plazo y bajo las condiciones básicas y de garantías que ésta ley establece.
Esta suspensión es extensiva a todas las medidas pre judiciales o judiciales derivadas de estos procesos de recuperación de adeudos tales como apremio corporal, embargos, secuestros, entre otros, así como las ejecuciones de sentencias que hubieren sido dictadas en los tribunales correspondientes.

Artículo 7. Organismo garante
Se determina y faculta a la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), como organismo garante del cumplimiento de las condiciones básicas y de garantías establecidas en la presente ley, y en especial para el seguimiento y verificación del cumplimiento de estas condiciones en el período de los ciento veinte días en los que se deberá desarrollar el proceso de renegociación de adeudos entre las Microfinancieras y los clientes con deudas en mora.
Para efectos de cumplir con su responsabilidad, ésta Dirección podrá emitir normativa especial de aplicación general, tendiente a establecer mecanismos y procedimientos que garanticen el normal y adecuado desarrollo del proceso de renegociación entre Microfinancieras y sus correspondientes deudores.

Las instituciones microfinancieras deberán enviar copia simple o por vía electrónica, de los acuerdos de reestructuración celebrados con sus clientes a la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), a más tardar 48 horas después de haberse formalizado la reestructuración respectiva.
A solicitud de parte interesada, la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), podrá emitir Certificación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, en cada caso.
Así mismo, remitirá informe mensual a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, sobre los avances e incidencias de todo este proceso de renegociación de adeudos, e informe final consolidado, en quince días posteriores al vencimiento de los ciento veinte días que dure el proceso de renegociación que determina la presente ley.

Artículo 8. Sanciones

Tal y como se determina en el artículo relativo al ámbito de aplicación de la presente ley, las condiciones básicas y de garantías establecidas por la misma, serán aplicables única y exclusivamente a los deudores que de manera voluntaria inicien hasta su culminación en el plazo establecido, la renegociación de sus adeudos con las Microfinancieras. Para el resto de casos que no se acojan a este mecanismo de ley, queda en todo su vigor la vía judicial, sin que para ellos opere suspensión de proceso pre judicial, judicial o ejecución de sentencia alguna.

Así mismo, la institución microfinanciera constituida bajo el amparo de Asociación civil sin fines de lucro, que incumpla cualquiera de las condiciones básicas y de garantías establecidas en la presente ley, previa constancia de tales hechos emitida por la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), por cada caso se le aplicará una multa equivalente al 50% del valor del crédito y quedará sujeta al proceso de suspensión definitiva de su personalidad jurídica, el cual deberá desarrollarse ante la Asamblea Nacional, bajo los mecanismos y garantías legales que establece la ley de la materia.
En caso que el incumplimiento provenga de una institución microfinanciera regulada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), en base a constancia emitida por la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), se comunicará de este incumplimiento a la SIBOIF para la imposición de la sanción correspondiente por inobservancia a disposición legal expresa. La SIBOIF deberá generar norma prudencial de aplicación general para estos casos.

El importe por las multas aplicadas en base al presente artículo, serán a favor del fisco.

Artículo 9. Reglamentación

La presente Ley podrá ser reglamentada, en base al Arto. 150 numeral 10) de la Constitución Política.

Artículo 10. Vigencia
La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito de circulación nacional, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los ________________ días del mes de ____________ del año dos mil nueve.




Ing. René Núñez Téllez Dr. Wilfredo Navarro M.
Presidente Secretario
Asamblea Nacional Asamblea Nacional



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