Que la Ley de Papel Sellado y Timbres en su Art. 7º, fracción 5ª. de la letra “O” establece que las certificaciones de autoridades, funcionarios, empleados y profesores deben extenderse en papel sellado de DIEZ CENTAVOS;

Que los Tesoreros de Beneficencia, Municipales y de Fomento, al hacer constar que los contribuyentes a dichas Tesorerías están solventes con el Tesorero que administran, extienden en papel simple dichas constancias o certificaciones en ves de hacerlas en papel sellado de DIEZ CENTAVOS a como lo manda la Ley;

Que esas certificaciones son indispensables tenerlas a la vista el notario, para poder cartular en el traspaso de propiedades e hipotecas, quedando archivadas en su oficina dichas certificaciones; y para que el impuesto sea mejor fiscalizado por la Inspección del Timbre y evitar el mayor número de empleados para el control de ese impuesto; en uso de sus facultades,

Artículo 1.- Los Tesoreros que extiendan certificados de solvencia, deberán hacerlo en papel sellados de DIEZ CENTAVOS. Si la Inspección General de la Renta de Papel Sellado y Timbres llegase a constatar que dichos tesoreros no cumplen con esta obligación, les impondrá una multa de CINCO a CIEN CÓRDOBAS, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley de Papel Sellado y Timbres.

Artículo 2.- Los Registradores de la Propiedad Inmueble están en la obligación de recoger de los notarios las certificaciones de solvencia extendidas por los Tesoreros, numerarlas en orden sucesivo y legajarlas cuidadosamente en orden cronológico enviando dichos legajos cada fin de mes a la Inspección General de la Renta de Papel Sellado y Timbres, para su custodia. Los Registradores que no den cumplimiento a este artículo, serán penados con una multa igual a la señalada en el artículo anterior.

Artículo 3.- Los notarios que cartulen en los casos que la Ley exige tener a la vista las certificaciones de solvencia con el Tesorero de Beneficencia, Municipal o de Fomento, y no exigieren de los interesados dichas certificaciones o las acepten de los Tesoreros en papel simple, incurrirán en una multa de DIEZ a CINCUENTA CÓRDOBAS.

Comuníquese- Casa Presidencial- Managua, 26 de enero de 1932- MONCADA- El Ministro de Hacienda – ANT. BARBERENA.