Que dentro de los principios de política económica de este Gobierno, está la reestructuración de las Instituciones Estatales y la reducción de las empresas o entidades mercantiles bajo administración de Ministerios y Entidades Autónomas o Descentralizadas del Poder Ejecutivo.

Que se hace necesario superar la discrecionalidad de los Ministerios y Entidades Autónomas o Descentralizadas del Poder Ejecutivo para crear o modificar tributos con la finalidad de proporcionar seguridad a los agentes económicos en el desarrollo de sus actividades.
Artículo 1.- Se derogan las facultades otorgadas a Ministerios de Estado y Entes Autónomos y Descentralizados de otras Entidades del Poder Ejecutivo para crear, variar o modificar cualquier impuesto o tributo fiscal, así como variar los montos de las tasas, y límites máximos o mínimos de las multas fiscales correspondientes.

Artículo 2.- Los Ministerios de Estado, Entes Autónomos y Descentralizados u otras Entidades del Poder Ejecutivo con excepción de las Instituciones Públicas Financieras señaladas en el Arto. 2 del Decreto No. 2-93 del 10 de Enero de 1993 y su reforma contenida en el Decreto No. 9-93 del 15 del mismo mes, no podrán crear o establecer nuevas empresas de carácter mercantil si no es con autorización del Presidente de la República.

Artículo 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, La Gaceta.

Dado en la ciudad de Managua, Casa de la Presidencia, a los veintinueve días del mes de Abril de mil novecientos noventa y cuatro. VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.