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Sin Vigencia
Que de conformidad con la ley de fecha 2 de Septiembre de 1897, las personas particulares que pretenden ejercer la profesión de médico como curanderos, no pueden hacerlo sin obtener de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina y Cirugía, un permiso especial, llenando de previo los requisitos que la misma ley determina y bajo la restricción expresa de ser exclusivamente para los lugares donde se carezca de los servicios de Facultativos titulados.
Que en el Arto. 5°. De la citada Ley se dispone que queda retirada la licencia extendida a un curandero, entre otras causales, desde el momento de encontrarse en el lugar respectivo un Médico y Cirujano con el propósito de residir en él, ejerciendo su profesión.
Que no obstante las relacionadas limitaciones claramente establecidas como precepto legal, se han notado en la práctica diversas clases de irregularidades y de extralimitaciones, en que han incurrido frecuentemente muchos curanderos, explotando la ignorancia de los pacientes y aun poniendo en peligro la salud y la vida de personas sometidas a sus tratamientos, lo cual ha acontecido en más de una población en donde Facultativos titulados prestan sus servicios profesionales.
Que el Ministerio de Salubridad Pública, por el desempeño de las importantes funciones que le incumben en relación a la supervigilancia general de la salud del pueblo nicaragüense, por los Dispensarios que con ese fin mantiene en las regiones adecuadas de los principales Centros de población y asimismo mediante el servicio de médicos ambulantes, está en capacidad de señalar acertadamente los lugares en que por falta afectiva de Médicos y Cirujanos responsables, pueda permitirse el ejercicio de la Curandería.
1°.- Los permisos vigentes para el ejercicio de la curandería que haya extendido la Facultad de Medicina, Cirugía y Obstetricia de la Universidad Nacional y los que en lo futuro concediere de acuerdo con la ley de la materia, deberán los interesados refrendarlos indispensablemente para su validez en el Ministerio de Salubridad Pública, a fin de que se les señale concretamente la zona o lugar donde podrán hacerse efectivos dichos permisos.

2°.- El incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior será sancionado con multa de cien córdobas que impondrá el Ministerio de Salubridad Pública; y la cancelación del permiso correspondiente, que la efectuará el Ministerio de Educación Pública.

3°.- En todo lo que no se oponga a la presente Ley, continúa en vigor el mencionado Decreto de 2 de Septiembre de 1897.

4°.- Esta Ley empezará a regir desde su publicación en «La Gaceta», Diario Oficial.

Comuníquese.- Casa Presidencial.- Managua, D.N., 23 de Septiembre de 1953.- LUIS A. SOMOZA D.- El Ministro de Educación Pública, Crisanto Sacasa.