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CÓDIGO TRIBUTARIO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
LEY N°. 562, aprobada el 28 de octubre del 2005
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 227 del 23 de Noviembre del 2005
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO
I
Que en el estado actual de la legislación nicaragüense las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes no son las idóneas para lograr una aplicación equitativa de los tributos en un ambiente de seguridad jurídica.
II
Que ello obedece, especialmente: A la falta de adecuación de las normas legales que regulan el ejercicio de las funciones de la Administración tributaria, lo que ha obligado a un exacerbado desarrollo normativo por vía reglamentaria; a la dispersión normativa de las piezas centrales del sistema; a la deficiente estructura lógica de las normas que regulan la materia, que ni siquiera prevén de forma completamente coherente las disposiciones básicas para el desarrollo de las actuaciones de la administración, desde el nacimiento de la obligación tributaria hasta su extinción y a la falta de adaptación de las normas tributarias a las actuales disponibilidades tecnológicas, que no cabe duda, pueden contribuir decididamente en pro de la eficiencia y eficacia de la Administración tributaria, a la vez que facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los administrados.
III
Que tales deficiencias justifican la creación de un Código Tributario que, a partir de su entrada en vigencia, se erigirá en eje central del ordenamiento tributario, en tanto que recoge sus principios esenciales y regula, de forma ordenada y coherente, las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes.
De hecho, el presente Código Tributario se caracteriza por su profundo carácter sistematizador e integrador de las normas que afectan, de manera general, al sistema tributario nicaragüense, en especial en lo que se refiere a los mecanismos de aplicación de los tributos.
IV
Que el Código Tributario dedica especial atención a los derechos y garantías de los contribuyentes, lo que, obviamente, viene a reforzar los derechos sustantivos de estos últimos y a mejorar sus garantías en el seno de los distintos procedimientos tributarios. De forma correlativa, la norma delimita, por cierto con bastante claridad y precisión, las pertinentes obligaciones y atribuciones de la administración tributaria. Ello resulta esencial para materializar aquellos que, con toda certeza, se consagran como principios jurídicos rectores del sistema tributario: el principio de seguridad jurídica y el principio de igualdad de la tributación.
V
Que por seguridad jurídica ha de entenderse la posibilidad de prever las consecuencias y el tratamiento tributario de las situaciones y actuaciones de los contribuyentes, pudiendo pronosticar, de previo, las correspondientes decisiones administrativas y judiciales sobre tales situaciones y acciones. Sobra decir que en la medida en que se observe dicho principio se promueve la plena confianza de los ciudadanos en sus instituciones y se les protege de la arbitrariedad.
VI
Que la manifestación tributaria del principio de igualdad se concibe como el deber de garantizar una imposición justa, en el sentido de procurar un tratamiento igual para todos los iguales, que, adicionalmente, debe tomar en cuenta las desigualdades existentes. Así, se lesiona el principio en cuestión cuando la igualdad o diferenciación en el tratamiento tributario, establecida por una norma, carece de justificación razonable, es decir, cuando pueda tildarse de arbitraria.
Pero, aún peor, para asegurar la efectiva vigencia del principio de igualdad de la tributación, es imprescindible garantizar, no sólo la existencia de un sistema tributario que lo observe formalmente, sino que, también, éste debe contener aquellos instrumentos vitales para materializarlo, entre otros, normas que regulen de forma satisfactoria la relación Administración tributaria-contribuyente, o, dicho de otra forma, que a la vez que salvaguardan los derechos y garantías del contribuyente, permitan a la Administración tributaria, tanto aplicar el sistema tributario de forma eficaz como cumplir con su cometido esencial.
VII
Que, en fin, el Código Tributario viene a erigirse en pieza vital de todo el sistema tributario nicaragüense en tanto que contribuye, entre otras cosas a: Reforzar las garantías de los contribuyentes y la seguridad jurídica; impulsar la unificación de criterios en la actuación administrativa; posibilitar la utilización de las nuevas tecnologías y modernizar los procedimientos tributarios; establecer mecanismos que refuercen la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de las deudas tributarias; y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria. Así, la nueva Ley supone también una notable mejora técnica en la sistematización del derecho tributario general, así como un importante esfuerzo codificador.
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
El siguiente:
CÓDIGO TRIBUTARIO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Principios y Definiciones
Ámbito de Aplicación
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este Código se aplican a los tributos establecidos legalmente por el Estado y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos.
Igualmente se aplicará a los otros tributos e ingresos que se establezcan a favor del Estado, exceptuando los tributos aduaneros, municipales, y las contribuciones de seguridad social, que se regirán por sus Leyes específicas.
Fuentes
Artículo 2.- Son fuentes del Derecho Tributario:
1. La Constitución Política de Nicaragua;
2. Las leyes, inclusive el presente Código Tributario;
3. Los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales vigentes;
4. Los reglamentos y disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia;
5. La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia; y,
6. Las disposiciones de carácter general que emita el Titular de la Administración Tributaria con fundamento en las leyes respectivas y en estricto marco de su competencia.
Principio de Legalidad
Artículo 3.- Sólo mediante ley se podrá:
1. Crear, aprobar, modificar o derogar tributos;
2. Otorgar, modificar, ampliar o eliminar exenciones, exoneraciones, condonaciones y demás beneficios tributarios;
3. Definir el hecho generador de la obligación tributaria; establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable; la responsabilidad solidaria; así como fijar la base imponible y de la alícuota aplicable;
4. Establecer y modificar las preferencias y garantías para las obligaciones tributarias y derechos del Contribuyente; y
5. Definir las infracciones, los delitos y las respectivas sanciones.
Interpretación de las Normas Tributarias y Analogía
Artículo 4.- Las Normas Tributarias se deben interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos en el Derecho Común y los establecidos en los Convenios Internacionales con fundamento en la Legislación Internacional respectiva. En todo caso, la interpretación tiene un objetivo eminentemente aclaratorio o explicativo y no implica en forma alguna que por esta vía se pueda crear, alterar, modificar o suprimir disposiciones legales existentes.
Las situaciones que no puedan resolverse mediante las disposiciones de este Código o de las leyes específicas sobre cada materia, serán reguladas supletoriamente por las Normas de Derecho Común.
La analogía es procedimiento admisible para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, ni exenciones, exoneraciones u otros beneficios, como tampoco puede tipificar infracciones o delitos, ni establecer sanciones. No se podrá aplicar la analogía cuando por ésta vía se contraponga altere o modifique cualquiera de las disposiciones legales vigentes en materia tributaria.
Vigencia
Artículo 5.- Las disposiciones tributarias de carácter general regirán a partir de su publicación oficial o habiéndose cumplido ésta, desde la fecha que ellas determinen, debiendo observarse que cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos anuales o mayores, las normas relativas a la existencia o cuantía del tributo regirán desde el primer día del año calendario siguiente al de su promulgación, o desde el primer día del mes siguiente cuando se trate de períodos menores.
A los fines de este artículo, en el caso de las leyes y reglamentos se entiende por publicación oficial la que se realice en La Gaceta, Diario Oficial. En el caso de las disposiciones administrativas o normativas de aplicación general, para efectos de su vigencia será suficiente su publicación en dos medios de comunicación escritos de circulación nacional, sin detrimento de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Cumplimiento de Normas Derogadas
Artículo 6.- Todas las obligaciones tributarias y derechos, causados durante la vigencia de disposiciones que se deroguen de manera expresa o tácita y que estén pendientes de cumplirse, deberán ser pagadas en la cuantía, forma y oportunidad que establecen dichas disposiciones, salvo que la ley establezca lo contrario.
Plazos
Artículo 7.- Los plazos establecidos en el presente Código y en las demás normas tributarias, correrán desde la medianoche del día de inicio del mismo y se contarán de la siguiente manera:
1. Los plazos correspondientes a meses y años, serán continuos y terminarán el día equivalente del año o mes respectivo;
2. Salvo que la ley establezca lo contrario, los plazos fijados en días se tendrán por días hábiles según el Derecho Civil. En los casos que corresponda, los plazos se contarán a partir del día hábil inmediato siguiente al de la notificación; y,
3. Los plazos que vencieran en día inhábil, o en día en que los órganos de la Administración Tributaria no desarrollen actividades por cualquier causa, se entenderán prorrogados hasta el día hábil inmediato siguiente.
En todos los plazos establecidos para la interposición o contestación de los recursos, se adicionará el término de la distancia, según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.
Así mismo, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en lo relativo al caso fortuito o fuerza mayor.
Actualización de Valores
Artículo 8.- Las cantidades específicas establecidas en este Código, se actualizarán en base a la legislación monetaria vigente ya las correspondientes disposiciones emitidas por el Banco Central de Nicaragua, en relación a esta materia. Las sanciones pecuniarias se expresarán en unidades de multa. El valor de cada “unidad de multa” será el equivalente en moneda nacional al de un dólar de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio oficial establecido por el Banco de Central de Nicaragua, vigente a la fecha de la imposición de la sanción.
Capítulo II
Tributos
Concepto y Clasificación
Artículo 9.- Tributos
Son las prestaciones que el Estado exige mediante Ley con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Los tributos, objeto de aplicación del presente Código se clasifican en: Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
Impuesto
Es el tributo cuya obligación se genera al producirse el hecho generador contemplado en la ley y obliga al pago de una prestación a favor del Estado, sin contraprestación individualizada en el contribuyente.
Tasa
Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el usuario del servicio. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado.
Contribuciones Especiales
Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras públicas y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o a las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación.
Otros Ingresos
Artículo 10.- Son otros Ingresos, aquellos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales y los demás ingresos ordinarios no clasificados como Impuestos, Tasas o Contribuciones Especiales.
Nomenclatura Tributaria
Artículo 11.- El Sistema Presupuestario del país y la Contabilidad Gubernamental, referente a los ingresos, deberá ajustarse a la Nomenclatura Tributaria que el presente Código establece.
TITULO II
DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA
Capítulo I
Obligación Tributaria
Concepto
Artículo 12.- La Obligación Tributaria es la relación jurídica que emana de la ley y nace al producirse el hecho generador, conforme lo establecido en el presente Código, según el cual un sujeto pasivo se obliga a la prestación de una obligación pecuniaria a favor del Estado, quien tiene a su vez la facultad, obligación y responsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria.
La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal aunque su cumplimiento se asegure con garantías reales y las establecidas en este Código para respaldo de la deuda tributaria, entendiéndose ésta como el monto total del tributo no pagado, más los recargos moratorios y multas cuando corresponda. La Obligación Tributaria es personal e intransferible, excepto en el caso de sucesiones, fusiones, absorciones, liquidaciones de sociedades y de solidaridad tributaria y aquellas retenciones y percepciones pendientes de ser enteradas al Fisco, como casos enunciativos pero no limitativos.
Inoponibilidad de Convenios entre Particulares
Artículo 13.- Los convenios sobre materia tributaria celebrados entre particulares no son oponibles al Fisco, ni tendrán eficacia para modificar el nacimiento de la obligación tributaria, ni alterar la calidad del sujeto pasivo, sin perjuicio de la validez que pudiera tener entre las partes, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico que regula lo relativo a la autonomía de la voluntad.
Alcances de la Obligación Tributaria
Artículo 14.- La obligación tributaria no será afectada por circunstancias que se relacionan con la validez de los actos o con la naturaleza del objeto perseguido por los particulares. Tampoco se verá alterada por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas, siempre que se produzca el hecho generador establecido en la ley.
Capítulo II
Sujetos, Contribuyentes y Responsables
Sujeto Activo
Artículo 15.- El Estado por medio de la Administración Tributaria, es el Sujeto activo, o acreedor de la obligación tributaria y está facultado legalmente para exigir su cumplimiento.
Sujeto Pasivo
Artículo 16.- Sujeto pasivo: Es el obligado en virtud de la ley, al cumplimiento de la obligación tributaria y cualquier otra obligación derivada de ésta, sea en calidad de contribuyente o de responsable.
Solidaridad
Artículo 17.- Están solidaria e indivisiblemente obligadas aquellas personas, respecto de las cuales se verifique un mismo hecho generador. El principio de solidaridad en materia tributaria se regirá por lo establecido en la legislación nacional vigente.
En virtud de la presente Ley, los efectos de la solidaridad son:
1. La obligación puede ser exigida total o parcialmente, a cualquiera de los deudores, a elección del sujeto activo. En el caso que solo alguno o algunos de los responsables solidariamente hayan satisfecho la obligación exigida, estos pueden posteriormente reconvenir al resto que no lo hicieron, con deducción de su parte proporcional;
2. El pago total de la obligación tributaria, efectuado por uno de los deudores libera a los demás;
3. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás;
4. La exención o remisión de la obligación que se haga en base a la ley libera a todos los deudores;
5. Cualquier interrupción de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás; y,
6. En las relaciones privadas entre contribuyentes y responsables, la obligación se divide entre ellos: y quien haya efectuado el pago puede reclamar de los demás el total o una parte proporcional, según corresponda. Si alguno fuere insolvente, su porción se debe distribuir a prorrata entre los otros.
Contribuyentes
Artículo 18.- Para todos los efectos legales, son contribuyentes, las personas directamente obligadas al cumplimiento de la obligación tributaria por encontrarse, respecto al hecho generador, en la situación prevista por la ley.
Tendrán el carácter de contribuyente, por consiguiente:
1. Las personas naturales, las personas jurídicas de derecho público o derecho privado y los fideicomisos.
2. Las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, aunque no dispongan de patrimonio, ni tengan autonomía funcional.
Responsables por Deuda Tributaria Ajena
Artículo 19.- Son responsables por deuda tributaria ajena las personas que por la naturaleza de sus funciones o por disposición legal, deben cumplir o hacer cumplir dichas obligaciones, como, son entre otros, los apoderados, los administradores, o representantes en su caso. La responsabilidad establecida en el presente artículo se limita al valor de los patrimonios que se administran o estén bajo su responsabilidad. En caso que el administrador o responsable tuviere un superior jerárquico a quien pudiere advertir de manera escrita de la responsabilidad de cumplir en tiempo y forma con una obligación tributaria y el segundo hace caso omiso a tal advertencia, el administrador o responsable se verá relevado de responsabilidades por ese caso en particular.
Responsables Directos
Artículo 20.- Son responsables directos en calidad de Responsable Retenedor o Responsable Recaudador, las personas designadas por la ley que en virtud de sus funciones públicas o privadas, intervengan en actos u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Para estos efectos se entiende que:
1. Responsable Retenedor son los sujetos que al pagar o acreditar ciertas sumas a los contribuyentes o terceras personas, están obligados legalmente a retener de las mismas, una parte de éstas como adelanto o pago a cuenta de los tributos a cargo de dichos contribuyentes o terceras personas, y enterarlo al fisco en la forma y plazos establecidos en este Código y demás leyes tributarias.
2. Responsable Recaudador son las personas que por disposición legal deben percibir el impuesto y enterarlo al Fisco. También son responsables recaudadores, las personas jurídicas con quienes la Administración Tributaria suscriba convenios para percibir los tributos y sanciones pecuniarias.
Lo establecido en los párrafos anteriores no invalida la facultad de la Administración Tributaria, de hacer efectivo el cobro, a las personas que se encuentran obligadas a cumplir en forma directa con la retención o percepción en su caso.
Responsabilidad de los Agentes
Artículo 21.- Efectuada la retención o percepción, el retenedor es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido. La falta de cumplimiento de la obligación de retener o percibir, no exime al agente de la obligación de pagar al Fisco las sumas que debió retener o percibir.
Toda persona que perciba o retenga tributos sin normas legales que lo autoricen, responde directamente ante la persona a la cual efectuó dicho traslado, percepción o retención, sin perjuicio de incurrir en responsabilidad penal si la presunción de haber cometido delito de estafa se comprueba por la vía judicial correspondiente.
Si el quien haya efectuado por error la retención o percepción del tributo, hubiese ingresado el dinero al Fisco dentro del plazo máximo de un (1) mes de retenido o percibido éste, se considerará el hecho como error excusable y procederá la devolución de la suma correspondiente al acreedor, a su simple solicitud, sin mayor responsabilidad.
Capítulo III
Domicilio Tributario
Personas Naturales y Personas Jurídicas
Artículo 22.- Para efectos tributarios, las personas naturales y personas jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva.
Cuando la persona natural o jurídica no tuviere domicilio señalado o teniéndolo éste no existiere, a los efectos tributarios se presume que el domicilio es el determinado según el siguiente orden:
1. En el lugar que hubiere indicado o registrado la persona natural y/o jurídica, al inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Administración Tributaria;
2. En el lugar que se indicare en el primer escrito o audiencia al comparecer ante la Administración Tributaria;
3. En el lugar de su residencia habitual, el cual se presumirá cuando permanezca en ella, en forma continua o discontinua, más de seis (6) meses durante el ejercicio anual de imposición;
4. En el lugar donde desarrolle sus actividades civiles o comerciales;
5. En el lugar donde ocurra el hecho generador; y
6. En el que elija la Administración Tributaria; en caso de existir más de un domicilio.
En el caso de las personas jurídicas, el Domicilio Tributario será en la residencia o domicilio del Representante Legal o de sus Directivos, cuando no se establezca conforme los incisos anteriores.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las sociedades de hecho y en general, a toda entidad que carezca de personalidad jurídica, pero que realice actividades susceptibles de generar obligaciones tributarias.
Residentes en el Extranjero
Artículo 23.- En cuanto a las personas residentes en el extranjero, el Domicilio Tributario se determinará aplicando, en orden de prelación, los siguientes criterios:
1. Si tiene establecimiento en el país, se aplicarán las disposiciones del artículo anterior;
2. De acuerdo al lugar señalado en la cédula de residencia;
3. El lugar donde ocurra el hecho generador; y
4. El que elija la Administración Tributaria, en caso de existir más de un domicilio tributario.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las sociedades de hecho y en general, a toda entidad que carezca de personalidad jurídica pero que realice actividades susceptibles de generar obligaciones tributarias.
Domicilio Especial
Artículo 24.- Los responsables recaudadores, los retenedores y los contribuyentes en su caso, podrán fijar un domicilio especial a los efectos tributarios, con la conformidad de la Administración Tributaria, la cual sólo podrá negar su aceptación si resultare inconveniente para el desempeño de sus funciones. Una vez aprobado este domicilio, prevalecerá sobre cualquier otro, salvo que el interesado, en actuación o declaración posterior ante la Administración Tributaria, utilizare alguno de los previstos en los artículos anteriores.
La conformidad de la Administración se presumirá en el caso que ésta no manifieste desacuerdo dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la comunicación por escrito.
La Administración Tributaria podrá requerir por escrito la constitución de nuevo domicilio especial, cuando lo considere conveniente para el cumplimiento de sus funciones.
La Administración Tributaria para los efectos de iniciar el cobro judicial, podrá fijar un domicilio especial al contribuyente o responsable, si resultare inconveniente para hacer expedito el cobro efectivo de la deuda.
Actualización de Domicilio
Artículo 25.- El contribuyente debe mantener actualizado su domicilio. En caso que no comunique a la Administración Tributaria el cambio del mismo, se notificará el último que se tenga registrado.
Registro Único de Contribuyentes
Artículo 26.- La Administración Tributaria contará con dependencias administrativas responsables de adjudicar un Código Único de Identificación para el Registro de Contribuyentes y que se regirá por Reglamento emitido por el Poder Ejecutivo. Todos los contribuyentes están obligados a inscribirse en este Registro.
El Código Único de Identificación, será denominado Cédula RUC y deberá indicarse en la declaración y pago de impuestos, así como en los trámites y gestiones ante la Administración Tributaria.
Suministro de Información y su Valor Probatorio
Artículo 27.- Únicamente para fines y efectos fiscales, todas las instituciones del estado o instituciones privadas están obligadas a suministrar toda información que sobre esa materia posean y que sea requerida por la Administración Tributaria, a excepción de aquella información que por mandato de ley se pueda acceder a ella, previa autorización de las autoridades judiciales competentes. Si las Instituciones a las que se les solicita esta información son de las que están sometidas a supervisión y vigilancia por parte de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras, se actuará en estricto apego y observancia de las disposiciones legales y normativas relativas al sigilo bancario.
Cuando la Administración Tributaria solicite la información referida en el párrafo primero del presente artículo y cuando la obtenga si es para fines y efectos de fiscalización, tales hechos deberán ser notificados a la persona natural o jurídica de la cual se ha solicitado la información, en el momento mismo de realizar la solicitud e inmediatamente después de haber obtenido el resultado de tal gestión, respectivamente. La información obtenida deberá ser de irrestricto acceso de la persona natural o jurídica de la cual se solicitó la misma. En caso que la Administración Tributaria no cumpla con este requisito, ninguna información obtenida por esa vía podrá ser presentada como prueba en ningún proceso administrativo o civil. En todo lo relativo a la sustanciación de proceso penal por delito tributario, se estará a lo dispuesto en la legislación penal vigente.
La obligación de los profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración Tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las personas.
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la comprobación de su situación tributaria.
La Administración Tributaria podrá suscribir Acuerdos Internacionales de Información con otras Administraciones Tributarias en el extranjero que permitan fortalecer la acción fiscalizadora de la Institución. Toda información que por esta vía se solicite y se obtenga, también deberá cumplir con el requisito establecido en el párrafo segundo del presente artículo.
Capítulo IV
Hecho Generador
Concepto
Artículo 28.- Hecho generador es el presupuesto establecido en la ley para determinar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.
Ocurrencia
Artículo 29.- El hecho generador de la obligación tributaria se considera realizado:
1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan realizado los actos o circunstancias materiales necesarias para que se produzcan los efectos que normalmente le corresponden; o
2. En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén constituidas definitivamente de conformidad al derecho aplicable.
El hecho generador se considerará ocurrido en el lugar donde se hayan realizado los actos, circunstancias o elementos constitutivos del presupuesto de hecho legal, o donde se haya realizado el último de aquellos cuando hubieren acaecido en diferentes lugares o donde la ley considere que se han realizado.
En el caso de tributos que se apliquen sobre documentos referentes a actos o contratos, la simple emisión de los mismos origina el hecho generador que configura la obligación tributaria.
Si el hecho generador estuviere condicionado por la ley, se considerará perfeccionado en el momento de su acaecimiento y no en el del cumplimiento de su condición.
Caso Especial
Artículo 30.- Si el hecho generador fuere un acto jurídico condicionado, se le considerará perfeccionado:
1. Si la condición fuere resolutoria, en el momento de la celebración del acto; y
2. Si la condición fuere suspensiva, al producirse ésta.
En caso de duda, se entenderá que la condición es resolutoria.
Medios de Extinción
Artículo 31.- La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios:
1. Pago;
2. Compensación;
3. Confusión;
4. Condonación o Remisión otorgada mediante Ley;
5. Prescripción; y,
6. Fallecimiento del Contribuyente, siempre que no le sucedan herederos y que no haya dejado bienes para satisfacer la obligación tributaria pendiente.
Sección I
Pago
Concepto
Artículo 32.- Pago es el cumplimiento real y efectivo de la obligación tributaria debida.
La obligación tributaria insoluta no genera ningún tipo de interés corriente o moratorio a favor de la Administración Tributaria.
Pago por Terceros
Artículo 33.- El pago también podrá ser efectuado por terceros, por cuenta del contribuyente o responsable, subrogándose sólo en cuanto al derecho de la obligación pagada y a las garantías, preferencias y privilegios sustanciales.
Cumplimiento
Artículo 34.- El pago debe efectuarse en el lugar, fecha y forma que indique la ley o la reglamentación correspondiente, inclusive por medios o sistemas electrónicos, todo previamente regulado en la normativa Institucional y siempre que el contribuyente cuente con la posibilidad real de utilizar tal medio de pago.
Los pagos parciales que efectúen los contribuyentes o responsables por deudas tributarias, deberán ser recibidos por la Administración Tributaria, sin perjuicio de las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.
Dación en Pago
Artículo 35.- El pago se podrá realizar mediante la figura jurídica de la Dación en Pago, cumpliendo los requisitos y condiciones establecidas en las Leyes Tributarias y el Derecho Positivo Vigente.
Imputación de Pago
Artículo 36.- La imputación de pago, será efectuada por la Administración Tributaria de manera proporcional al principal, a las multas y recargos, en su caso.
Pagos a Cuenta
Artículo 37.- Los pagos a cuentas o anticipos de determinado tributo deben ser establecidos o autorizados por las leyes tributarias correspondientes.
Facilidades de Pago
Artículo 38.- La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter improrrogable, facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, en cualquier momento inclusive estando iniciada la ejecución de la deuda tributaria, a solicitud expresa del Contribuyente, en los casos y en las formas que se determinen mediante disposiciones emitidas por el titular de la Administración Tributaria.
Estas facilidades no procederán en ningún caso para retenciones o percepciones. Si las facilidades de pago se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones.
Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la Administración Tributaria establezca, mediante disposición general emitida por su titular, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías por parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado.
En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos definidos, dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el caso.
El comportamiento tributario del contribuyente servirá de base para el otorgamiento del plazo de pago de acuerdo a la normativa Institucional.
Sección II
Compensación, Confusión y Condonación
Compensación
Artículo 39.- Cuando el contribuyente o responsable no ejerza el derecho de Devolución o Reembolso, se compensarán de oficio o a petición de parte las obligaciones o deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles del contribuyente o responsable con sus créditos o saldos a favor, aceptadas y liquidadas por la Administración Tributaria, referente a períodos no prescritos, empezando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos.
Confusión
Artículo 40.- Habrá extinción por confusión si a causa de la transmisión de bienes o derechos afectos al tributo, el sujeto activo de la obligación tributaria quedare en la situación del deudor.
Condonación
Artículo 41.- La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada o redimida por Ley.
Sección III
Prescripción
Concepto
Artículo 42.- La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una carga u obligación, por el lapso y bajo las condiciones determinadas por este Código.
Términos
Artículo 43.- Toda obligación tributaria prescribe a los cuatro años, contados a partir de la fecha en que comenzare a ser exigible. La prescripción que extingue la obligación tributaria no pueden decretarla de oficio las autoridades fiscales, pero pueden invocarla los contribuyentes o responsables cuando se les pretenda hacer efectiva una obligación tributaria prescrita.
La obligación tributaria de la cual el Estado no haya tenido conocimiento, ya sea por declaración inexacta del contribuyente o por la ocultación de bienes o rentas, no prescribirá por el lapso señalado en el primer párrafo del presente artículo, sino únicamente después de seis años contados a partir de la fecha en que debió ser exigible. La prescripción de la obligación tributaria principal extingue las obligaciones accesorias.
El término de prescripción establecido para retener información será hasta por cuatro años.
Cómputo
Artículo 44.- Las sanciones aplicadas prescriben por el transcurso de cuatro años (4) contados desde el día siguiente a aquel en que quedó firme la resolución que las impuso.
Por igual término de cuatro (4) años prescribe la acción para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por concepto de sanciones pecuniarias.
Interrupción
Artículo 45.- La prescripción podrá interrumpirse por un acto de la Administración o por un acto del contribuyente, en los siguientes casos:
1. Por la determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta se efectúe por la Administración Tributaria o por el contribuyente o responsable, tomándose como fecha de interrupción, la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva;
2. Por el reconocimiento, expreso o tácito, de la obligación tributaria por parte del contribuyente o responsable de la misma;
3. Por la solicitud de prórroga o de otras facilidades de pago;
4. Por la presentación de demanda judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias;
5. Por el pago de una o más cuotas de prórrogas concedidas;
6. Por citación y notificación expresa que la Administración Tributaria efectúe al deudor, respecto de obligaciones tributarias pendientes de cancelación; y
7. Por cualquier acción de cobro que realice la Administración Tributaria, siempre y cuando esta acción sea debidamente notificada al contribuyente o su representante legal.
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del día siguiente al que se produjo la interrupción.
Suspensión
Artículo 46.- El curso de la prescripción se suspende por:
1. El no cumplimiento de la obligación de inscribirse en los registros pertinentes.
2. La interposición de peticiones o recursos administrativos o jurisdiccionales hasta treinta (30) días hábiles después que se adopte resolución definitiva sobre los mismos; y,
3. La pérdida de los libros y registros de la contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor debidamente demostrados. En este caso la suspensión se producirá desde que se efectúe la denuncia del hecho ante la Administración Tributaria hasta que los mismos sean hallados o se rehagan los asientos y registros contables, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.
No hay Prescripción
Artículo 47.- La prescripción no corre para el caso de los impuestos que gravan actos o contratos en documentos que deban inscribirse.
Capítulo V
DEL TRASLADO A CUENTAS DE ORDEN Y DE LA INCOBRABILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Casos
Artículo 48.- La Administración Tributaria podrá de oficio, declarar el Traslado a Cuentas de Orden y la Incobrabilidad de la Obligación Tributaria de un mismo sujeto pasivo, incluyendo multas y recargos, en los siguientes casos:
1. Cuando el monto de la deuda no exceda de cinco mil córdobas (C$ 5,000.00), siempre que hubiese transcurrido un (1) año desde la exigibilidad de la deuda y las diligencias practicadas para localizar al deudor tributario o identificar sus bienes o derechos, con el fin de lograr la cancelación de la deuda y estas diligencias tuvieren resultado negativo, este monto deberá actualizarse en relación a su equivalente en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
2. También podrá declararse el Traslado a Cuentas de Orden de la Deuda Tributaria aunque exceda del monto indicado en el numeral anterior, siempre que hubiesen transcurrido 3 años desde la exigibilidad de la deuda, cuando:
a. El deudor tributario a la fecha de exigírsele el pago de la deuda, haya sido declarado judicialmente insolvente o en estado de quiebra y no se hayan identificado bienes o derechos con los cuales pueda hacerse efectiva la deuda tributaria;
b. El deudor tributario no es localizado en su domicilio de conformidad con lo establecido en este Código;
c. El deudor tributario se encuentre domiciliado fuera del país, durante un año de manera no interrumpida, sin embargo cuando aparezca su cuenta será reactivada;
d. En caso de prescripción de la deuda tributaria de conformidad con lo establecido en este Código;
e. Aquellas obligaciones tributarias y sanciones, que hayan quedado firmes o hubiesen sido debidamente declaradas, antes del fallecimiento, ausencia o muerte presunta declarada, sin dejar testamento, de los deudores tributarios a quienes fueron aplicadas; y,
Para que las causales establecidas en los literales b, c y e, operen, será necesario que el contribuyente cuyo adeudo sea sujeto de traslado a Cuentas de Orden, no posea ningún bien o crédito susceptible de embargo.
3. Cuando los adeudos clasificados en Cuentas de Orden cumplan el lapso de cuatro (4) años de permanencia en dicha clasificación, la Administración Tributaria autorizará su traslado a una cuenta denominada Incobrables, poniéndolo en conocimiento de la Contraloría General de la República.
Efectos
Artículo 49.- La resolución que declare el Traslado a Cuentas de Orden de la Obligación Tributaria por las causales indicadas en el artículo anterior, dejará en suspenso la iniciación o, en su caso, la prosecución del procedimiento de cobro.
El Traslado a Cuentas de Orden de la Obligación Tributaria, deberá ser solicitado y debidamente soportado por la Unidad de Cobro de la Administración de Rentas ante el Comité creado para este fin.
Los miembros del Comité de Cuentas de Orden de cada Administración de Rentas, serán los responsables de aprobar y emitir la Resolución Administrativa de los casos trasladados a Cuentas de Orden.
Dicha resolución deberá ser comunicada a las dependencias de la Administración Tributaria que corresponda para su cumplimiento y a la Contraloría General de la República.
Reanudación del Cobro
Artículo 50.- Mientras no prescriba la obligación podrá continuarse el procedimiento de cobro, si desaparecen las causas que dieron lugar al Traslado a Cuentas de Orden de la Obligación Tributaria. En este caso, deberán aplicarse los recargos devengados desde la fecha de exigibilidad del crédito fiscal, hasta la cancelación total del mismo.
Capítulo VI
DE LOS RECARGOS MORATORIOS
De los Recargos Moratorios
Artículo 51.- La falta de pago de las obligaciones tributarias dentro del plazo establecido en la disposición legal o reglamentaria correspondiente, hará surgir sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación a cargo del contribuyente, de pagar mensualmente recargos por mora de conformidad a lo establecido en el artículo 131 del presente Código, y otras disposiciones legales que regulan la creación y demás efectos relativos a cada uno de los tributos vigentes. El recargo no podrá exceder de la suma principal adeudada.
El monto de la deuda principal será actualizado mensualmente para mantener la paridad monetaria en relación al dólar de los Estados Unidos de América, según la legislación monetaria vigente y las correspondientes disposiciones emitidas por el Banco Central de Nicaragua.
Las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores también deberán aplicarse en beneficio del contribuyente o responsable en caso de mora por parte de la administración tributaria a cuando esté obligada, por resolución administrativa al reembolso de pagos indebidos realizados a favor del fisco, o de saldos a favor provenientes de tributos fiscalizados, a partir de la fecha de vencimiento del plazo exigible para la devolución del crédito a favor del contribuyente o responsable.
Prelación
Artículo 52.- La obligación tributaria goza de privilegio general sobre todos los bienes y rentas del contribuyente o responsable y tendrán prelación sobre las demás obligaciones con excepción de:
1. Los garantizados con derecho real, siempre que éste se haya constituido con anterioridad de por lo menos 6 meses a la exigibilidad de la obligación tributaria;
2. Las pensiones alimenticias y los salarios, cualquiera que fuera su fecha; y,
3. En caso de concurso, quiebra o suspensión de pago, el crédito fiscal será un crédito privilegiado, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. El Juez de la causa, deberá pedir a la Administración Tributaria el detalle de los impuestos adeudados de la persona objeto del concurso, quiebra o suspensión de pago, para incluirlos a fin de ser pagados de conformidad con el orden establecido en dicho Código.
Exención – Concepto
Artículo 53.- La exención tributaria es una situación especial constituida por ley, por medio de la cual se dispensa del pago de un tributo a una persona natural o jurídica.
La exención tributaria no exime sin embargo, al contribuyente o responsable de los deberes de presentar declaraciones, retener tributos, declarar su domicilio y demás obligaciones consignadas en este Código.
Exoneración – Concepto
Artículo 54.- Exoneración es el beneficio o privilegio establecido por ley y por la cual un hecho económico no está afecto al impuesto.
La ley que faculte al Poder Ejecutivo para autorizar exoneraciones especificará los tributos que comprende; los presupuestos necesarios para que proceda y los plazos y condiciones a que está sometido el beneficio.
Condiciones
Artículo 55.- Las normas legales que otorguen exenciones o exoneraciones tributarias señalarán con la claridad y precisión posibles, los gravámenes cuyo pago se dispensa, el alcance de la exención o exoneración, los requisitos a cumplir por los beneficiarios, el plazo o término del privilegio y, en general, las condiciones de aplicación de aquellas.
Beneficios Tributarios
Artículo 56.- Son Beneficios Tributarios, las condiciones excepcionales concedidas a los contribuyentes para disminuir la onerosidad de la carga tributaria en circunstancias especiales.
Intransferibilidad
Artículo 57.- Las exenciones tributarias son personalísimas. Por consiguiente, no podrán traspasarse a personas distintas de las beneficiadas.
Exenciones Taxativas
Artículo 58.- No habrá más exenciones que las establecidas por disposiciones constitucionales, por convenios, tratados o acuerdos regionales o internacionales y por disposiciones legales especiales. En consecuencia, carecen de toda validez las exenciones otorgadas por contrato o concesión, que no se deriven de una disposición legal expresa.
Modificación
Artículo 59.- Cualquier exención existente antes de la vigencia de la presente Ley, aún cuando fuere concedida en función de determinadas condiciones de hecho, puede ser derogada o modificada por ley posterior, sin responsabilidad para el Estado.
Cumplimiento de Requisitos
Artículo 60.- Las exenciones y beneficios tributarios que se otorguen serán aplicables exclusivamente a los contribuyentes que realicen en forma efectiva y directa, actividades, actos o contratos que sean materia u objeto específico de tal exención o beneficio y mientras se cumpla con los requisitos legales previstos en las leyes que los concedan.
Consulta Previa
Artículo 61.- Todo proyecto de ley que contenga exenciones, exoneraciones o beneficios fiscales, en la etapa de dictamen de tal iniciativa, deberá ser remitido para consulta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a los sectores involucrados con el fin de conocer la implicación y costos fiscales de estas medidas, sin que la falta de evacuación de esta consulta implique detener o retrasar innecesariamente el proceso de formación de la ley. De la remisión para consulta debe quedar constancia en el dictamen respectivo.
Nulidades
Artículo 62.- Serán nulos los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos por las Instituciones Públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, que les concedan beneficios fiscales, exenciones o exoneraciones tributarias. Se exceptúan de la presente disposición, el Acuerdo Ministerial 022-2003, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número ciento setenta y cuatro en fecha doce de Septiembre del año Dos Mil Tres denominado “Régimen Especial de Estimación Administrativa para Contribuyentes por Cuota Fija”, el Acuerdo Ministerial 026-2004, publicado en La Gaceta, Diario Oficial numero ciento seis, en fecha primero de Junio del año Dos Mil Cuatro, y la disposición técnica 019-2004, emitida en fecha treinta y uno de Mayo del Año Dos Mil Cuatro, denominada Aplicación del Acuerdo Ministerial número 022-2003 “Régimen Especial de Estimación Administrativa para contribuyentes por Cuota Fija” y su reforma, Acuerdo Ministerial Número 026-2004; normativas a las que por ministerio de la presente Ley se les reconoce plena vigencia y efectos legales. Así mismo, se establece que en caso de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la Administración Tributaria pretendan realizar cualquier modificación a las normativas antes citadas o en general, crear nuevas disposiciones sobre el tema de regulación del Régimen Especial de Estimación Administrativa para contribuyentes por Cuota Fija, deberán hacerlo en consulta y garantizando el consenso con las Asociaciones de los Mercados Municipales, todo sin detrimento de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional de regular la materia por ley.
TÍTULO III
DERECHOS Y RECURSOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES
Capítulo I
De los Derechos
Normas
Artículo 63.- Son derechos de los contribuyentes y responsables, los conferidos por la Constitución Política, por este Código, por las demás leyes y disposiciones específicas. Los derechos de los contribuyentes son irrenunciables.
Capítulo II
Derechos de Oficio
Asistencia
Artículo 64.- Los contribuyentes o responsables tienen derecho a un servicio oportuno que deben recibir de la Administración Tributaria, incluyendo la debida asesoría y las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; a ser atendidos por las autoridades competentes y obtener una pronta resolución o respuesta de sus peticiones, comunicándoles lo resuelto en los plazos establecidos en el presente Código.
Derecho a Ser Notificado
Artículo 65.- Toda Resolución o acto que emita la Administración Tributaria y que afecte los derechos, deberes u obligaciones del contribuyente o responsables, debe ser notificado a estos por escrito dentro de los términos y procedimientos legales establecidos en este Código.
Divulgación
Artículo 66.- Las normas de aplicación general que emita la Administración Tributaria, una vez cumplido su trámite de elaboración, aprobación y publicación conforme lo establecido en el artículo 5 de la presente Ley, serán divulgadas de cualquier forma, escrita, impresa u oral por la Administración Tributaria, o al menos trimestralmente por medio de boletines, sin detrimento de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Igualmente la Administración Tributaria, publicará las resoluciones que sobre la materia emita el Tribunal Tributario Administrativo y la Corte Suprema de Justicia.
Fiscalización. Derechos del Contribuyente
Artículo 67.- Para el ejercicio de la facultad fiscalizadora que ejerce la Administración Tributaria, los contribuyentes y responsables tendrán derecho a:
1. Que las fiscalizaciones se efectúen en su domicilio tributario, al tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley;
2. Exigir a las autoridades fiscales su cédula de identidad, identificación Institucional y credencial dirigida al contribuyente donde se ordene el tipo de fiscalización que se va a revisar. La credencial deberá contener los tributos, conceptos, períodos o ejercicios fiscales a revisar. El original de la credencial deberá entregarse al contribuyente o responsable;
Cuando se trate de control de formalidades o inspecciones contenidas en los diferentes programas de fiscalización se utilizarán credenciales abiertas;
3. Que una vez finalizada la fiscalización y antes de abandonar el local del contribuyente o responsable, la Administración Tributaria a través del auditor y del supervisor le comunicará mediante por escrito, que se dio por finalizada la auditoria y a que se le brinde información preliminar de lo verificado; todo de conformidad con los procedimientos así establecidos mediante normativa Institucional;
4. No estar sometido en forma simultánea a más de una fiscalización de la Administración Tributaria por iguales tributos, conceptos, períodos o ejercicios fiscales a revisar;
5. No ser fiscalizado por tributos, conceptos, ni períodos o ejercicios fiscales prescritos; y,
6. No ser fiscalizado o auditado por tributos, conceptos, ni períodos o ejercicios fiscales ya auditados integralmente por autoridad fiscal, salvo que la Administración tenga pruebas evidentes y suficientes de que se ha cometido evasión o defraudación tributarias en el período ya revisado.
Derecho a la Confidencialidad
Artículo 68.- Los contribuyentes o responsables tienen derecho a la privacidad de la información proporcionada a la Administración Tributaria. En consecuencia, las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes y responsables por cualquier medio, tendrán carácter confidencial. Sólo podrán ser comunicadas a la autoridad jurisdiccional cuando mediare orden de ésta.
La Administración Tributaria mediante la normativa Institucional correspondiente, establecerá la implementación de programas de control y programas de computación específicos para la administración y control de la información de los contribuyentes y responsables.
Documentos del Contribuyente
Artículo 69.- La Administración Tributaria podrá requerir y ocupar documentos de carácter fiscal con el conocimiento previo del contribuyente. Será obligación del contribuyente o responsable, suministrar copia de la información tributaria requerida por las autoridades fiscales, siempre que la misma no haya sido previa y oficialmente entregada por éste. Para efectos de obtener copia simple y a su costa, la Administración Tributaria podrá solicitar al Contribuyente o responsable presentar la copia con razón de recibido de la información ya suministrada.
Aplicación de Saldos
Artículo 70.- Los saldos a favor determinados por la Administración Tributaria serán aplicados en primera instancia a las deudas pendientes del contribuyente o responsable con la administración, procediendo la oficina competente a notificarles sobre este hecho.
De no efectuarse esta imputación, los contribuyentes o responsables, tienen derecho de aplicar los saldos a su favor de impuestos pagados, determinados por la Administración Tributaria a otras obligaciones Tributarias sin que se requiera autorización previa de la autoridad fiscal; bastará comunicación por escrito del contribuyente a la correspondiente Administración de Rentas, durante los ocho (8) días que anteceden a la presentación de la declaración, adjuntando la resolución de la Administración Tributaria en la que se le determinó el saldo a favor.
Para la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, se normará el procedimiento Institucional Administrativo correspondiente en un plazo no mayor de 90 días posteriores a la entrada en vigencia del presente Código.
En el caso que el contribuyente ejerza el derecho de reclamar saldos a favor en ocasión del cierre de sus actividades comerciales, el plazo de cuatro años correrá a partir de la fecha en que hayan suspendido sus obligaciones fiscales, siempre y cuando la Administración Tributaria pueda constatar que sus obligaciones fiscales fueron suspendidas.
Declaraciones Sustitutivas
Artículo 71.- Todo contribuyente o responsable, podrá rectificar su declaración de impuestos siempre que estas contengan saldos a pagar a la Administración Tributaria para corregir, enmendar o modificar la anteriormente presentada. Una vez iniciada una fiscalización, los impuestos y períodos en ella comprendidos, no podrán ser objeto de declaraciones sustitutivas. Solo podrá reestablecerse este derecho, cuando sea finiquitada la acción fiscalizadora.
En caso de que la declaración sustitutiva afecte saldos a favor considerados en declaraciones posteriores, se deben presentar simultáneamente las sustitutivas de éstas.
Dictamen Fiscal
Artículo 72.- Para efectos de presentación o revisión de declaraciones tributarias, los contribuyentes o responsables, tendrán derecho a conocer el nombre de las firmas privadas de Contadores Públicos y/o Contadores Públicos Autorizados, para formular dictamen Fiscal y hacer uso del mismo. De la misma manera y con los mismos fines, los contribuyentes o responsables podrán hacer uso de los servicios de profesionales versados en materia tributaria, los cuales deberán contar con autorización expresa de la Administración Tributaria para el ejercicio de esta función. En este segundo caso, una normativa general regulará la materia, la cual deberá ser publicada en un plazo no menor de noventa días posteriores a la entrada en vigencia del presente Código.
La Administración Tributaria publicará en los tres primeros meses del año fiscal, los nombres de las personas y firmas autorizadas para formular dictamen fiscal.
Capítulo III
Derechos a solicitud del Contribuyente
Sección I
Consultas
Alcances
Artículo 73.- Cualquier ciudadano que tenga interés puede consultar a la Administración Tributaria sobre el sentido, forma, base de aplicación y alcance de las normas tributarias, a una situación de hecho, concreta y actual. A ese efecto, el consultante debe exponer por escrito, con claridad y precisión, todos los elementos constitutivos de la circunstancia que motiva la consulta debiendo asimismo expresar su opinión fundada.
El escrito en que se formule la consulta debe ser presentado con copia fiel de su original la que, debidamente firmada, sellada y con indicación de la fecha de su presentación, debe ser devuelta al interesado.
Toda consulta se interpondrá ante las oficinas centrales de la Administración Tributaria o en la Administración de Rentas más cercana a su domicilio fiscal.
Para la aplicación del término establecido en este Código en la contestación de consultas, la Administración Tributaria mediante normativa Institucional dispondrá de un registro administrativo con el fin de sentar la fecha de presentación de las mismas.
En el caso que para evacuar la consulta del ciudadano se requiera de información o documentación adicional que deba suministrar éste, el término para evacuar la consulta será suspendido hasta que la información o documentación requerida por la administración tributaria, sea proporcionada.
Contestación
Artículo 74.- La Administración Tributaria dispone de sesenta (60) días para evacuar la consulta, contados a partir de la fecha de su interposición.
Si al vencimiento de dicho término, la Administración Tributaria no hubiere confirmado su criterio, el consultante podrá satisfacer sus obligaciones tributarias, conforme el criterio expresado en su consulta. Sin embargo este silencio administrativo no será vinculante para ningún otro caso.
Ninguna consulta tendrá efectos retroactivos ni suspenderá la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria.
En el caso que la repuesta emitida por la Administración Tributaria no sea conforme el criterio expresado por el Contribuyente, este deberá pagar la obligación sin recargo ni multa alguna por el tiempo en que la Administración retardó su repuesta. El incumplimiento del plazo fijado a la administración para evacuar la consulta, hará responsable a los funcionarios encargados de la absolución de la misma.
La presentación de la consulta no exime al consultante del cumplimiento oportuno de las respectivas obligaciones tributarias. La respuesta no tiene carácter de resolución, no es susceptible de impugnación o recurso alguno y solo surte efecto vinculante para la Administración Tributaria, en el caso concreto específicamente consultado. La notificación de las consultas será establecida en el capítulo respectivo de este Código.
Sección II
Régimen Especial de Estimación Administrativa para Contribuyentes por Cuota Fija
Derecho Especial del Contribuyente
Artículo 75.- Los contribuyentes que reúnan los requisitos y condiciones establecidas en la legislación y normativas correspondientes, tienen el derecho de solicitar su incorporación al Régimen Especial de Estimación Administrativa para Contribuyentes por Cuota Fija. Una vez que la satisfacción de tales requisitos sea verificada, en ningún caso, la Administración Tributaria podrá denegar tal solicitud.
Sección III
Acción de Devolución o Reembolso
Definición
Artículo 76.- Los pagos indebidos de tributos, multas, recargos moratorios y sanciones, dará lugar al ejercicio de la acción de Repetición mediante la cual se reclamarán la devolución de dichos pagos. La acción de repetición corresponderá a los contribuyentes y responsables que hubieren realizado el pago considerado indebido.
El derecho de los particulares a repetir por lo pagado indebidamente, prescribirá a los cuatro años contados a partir de la fecha de efectivo pago.
Traslado o Retención Indebida
Artículo 77.- Cuando un contribuyente o responsable traslade o retenga tributos de manera indebida, deberá ingresarlo inmediatamente al Fisco y tendrá derecho a interponer la acción de Devolución o Reembolso, siempre y cuando pruebe que efectúa la gestión autorizado por quien o quienes soportaron económicamente el gravamen indebido, o bien que restituyó a éstos las cantidades respectivas. De lo contrario, la repetición deberá hacerse a quien acredite que soportó efectivamente la carga económica del tributo.
Procedimiento y Resolución
Artículo 78.- La acción de repetición deberá interponerse dentro del plazo de prescripción señalado en el Título II de este Código, contado desde la fecha en que se efectuó el pago indebido. La acción de repetición debidamente justificada se interpondrá en la Administración de Rentas donde se efectuó el pago indebido. La decisión corresponderá al superior jerárquico de esa dependencia.
Interpuesta la acción de repetición, el Administrador de Rentas deberá pronunciarse en el término de treinta días (30), contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de repetición. La Administración de Rentas podrá solicitar la documentación necesaria al respecto, dentro de los primeros siete (7) días que regirán por la Ley aplicable al momento de su Comisión.
Reintegro
Artículo 79.- Cuando la decisión sea favorable al reclamante y éste no tuviese otros adeudos pendientes con la Administración Tributaria, la devolución de los pagos indebidos tendrá lugar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.
Si pasado los treinta (30) días hábiles antes indicados, la Administración Tributaria no hubiere efectuado la devolución correspondiente al monto no devuelto en tiempo y forma, se aplicará una penalidad igual al recargo por mora que aplica la misma Administración Tributaria en el cobro de tributos pendientes de pago, a favor del contribuyente. El reclamante quedará facultado para interponer los recursos establecidos en este Código, si luego de emitida la resolución favorable transcurren treinta (30) días hábiles sin efectuarse la devolución.
Conflicto de Intereses
Artículo 80.- Los funcionarios o empleados de la Administración Tributaria y los peritos que tuvieren que emitir dictamen tributario, no podrán intervenir en los casos de ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de sociedades en las que ellos formen parte o tengan interés. Para ello deberá realizarse la correspondiente sustitución y en caso de no existir sustituto deberá nombrarse un funcionario ad hoc.
El contribuyente o responsable, podrá recusar al funcionario de la Administración Tributaria siempre y cuando pruebe fehacientemente alguna de las causales establecidas en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.
Sistemas Computarizados
Artículo 81.- Previa autorización de la Administración tributaria, avalada por peritos expertos en la materia, todo contribuyente o responsable podrá llevar sus registros contables en medios electrónicos de información al igual que utilizar dichos sistemas para emitir facturas. La Administración Tributaria establecerá las formalidades requeridas mediante normativa Institucional.
Capítulo IV
Normas sobre Gestión, Actuación y Tramitación
Sección I
Comparecencia
Personería
Artículo 82.- En toda gestión ante la Administración Tributaria el interesado puede actuar personalmente o por medio de su representante legal debidamente acreditado con poder suficiente. Así mismo podrá hacerse acompañar de los asesores que estime conveniente.
La comparecencia personal no será requisito obligatorio para las gestiones ante el fisco, que puedan efectuarse vía Internet y otros sistemas electrónicos, previamente reglamentados por normativa Institucional.
Recepción de Escritos
Artículo 83.- Toda escrito cuya presentación sea personal o por medios automatizados, será válido únicamente con la constancia oficial de su recepción por parte de la Administración Tributaria.
La Administración Tributaria establecerá el procedimiento para la recepción de documentos mediante normativa Institucional.
Sección II
Notificaciones
Requisitos
Artículo 84.- La notificación es requisito necesario para que el contribuyente se dé por enterado de los actos que emanan de la Administración Tributaria, cuando estos produzcan efectos individuales.
Toda notificación de los actos administrativos se deben realizar en el lugar que el contribuyente y/o responsable hubiere señalado en la Administración Tributaria o el que corresponda de conformidad con el Título II, Capítulo III del presente Código.
Los contribuyentes y/o responsables serán formalmente notificados cuando la administración tributaria cumpla con alguna de las siguientes formas de notificación:
1. Personalmente, entregándola contra recibo al interesado o representante. Se tendrá también por notificado personalmente, el interesado o representante que realice cualquier actuación mediante la cual, se evidencie el conocimiento inequívoco del acto de la Administración;
2. Por correspondencia postal o telegráfica, dirigida al interesado o su representante en su domicilio, con acuse de recibo para la Administración Tributaria;
3. Por cédula o constancia escrita entregada por el personal debidamente acreditado por la Administración Tributaria, en el domicilio del interesado o de su representante. Esta notificación se hará a persona adulta que habite o trabaje en dicho domicilio; si se negare a firmar, se aplicará el procedimiento consignado en el Código de Procedimiento Civil;
4. Por aviso, que se practicará cuando no haya podido determinarse el domicilio del interesado o de su representante, o cuando fuere imposible efectuar notificación personal, por correspondencia o por constancia escrita. La notificación por aviso se hará mediante publicación que contendrá un resumen del acto administrativo correspondiente. Dicha publicación deberá efectuarse por una sola vez en dos medios de comunicación social escritos de circulación nacional;
5. Por medio de sistemas de telecomunicación ordinaria, por computación, electrónicos y similares, siempre que los mismos permitan confirmar la recepción; y
6. Cuando los actos administrativos afecten a una generalidad de deudores tributarios de una localidad o zona, su notificación podrá efectuarse mediante una sola publicación en dos medios de comunicación social escritos de circulación nacional.
Términos
Artículo 85.- Las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles. Los términos para las notificaciones comienzan a correr al empezar el día inmediato siguiente a aquel en que se haya notificado la respectiva resolución. Cuando la notificación no sea practicada personalmente, sólo surtirá efectos después del tercer día hábil siguiente a su realización.
Para la ejecución de las gestiones, según el párrafo anterior, se consideran horas hábiles aquellas en que labora normalmente la Administración Tributaria. Se exceptúan de estos casos el de aquellos contribuyentes y/o responsables cuyos negocios funcionen en horarios especiales, para lo cual la Administración Tributaria emitirá disposición, habilitando tanto las horas como el día hábil.
Resoluciones
Artículo 86.- El contribuyente o su representante tiene el derecho de recibir copia de la Resolución junto con la notificación de la misma en documento físico. En caso que el contribuyente lo haya aceptado de manera expresa, tal notificación le podrá ser remitida a sus archivos electrónicos, lo que será regulado por medio de normativa Institucional.
Improcedencia
Artículo 87.- El contribuyente y responsable tendrá derecho a no comparecer ante la Administración Tributaria, limitándose únicamente a comunicar por escrito las razones de su inasistencia, cuando la notificación se refiera a hechos u obligaciones ya finiquitados y cumplidos con la Administración Tributaria.
El incumplimiento de los trámites legales en la realización de las notificaciones, tendrá como consecuencia el que las mismas no surtan efecto sino a partir del momento en que se hubiesen realizado debidamente.
Sección III
Medios de Prueba
Acceso a Expedientes
Artículo 88.- El contribuyente o su representante debidamente acreditado tendrá acceso a todo su expediente y especialmente a aquellos documentos que provengan de sus registros contables, en presencia del funcionario que tenga conocimiento del mismo o en su defecto, por el funcionario nombrado por la Administración Tributaria.
Carga de la Prueba
Artículo 89.- En los procedimientos tributarios administrativos o jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos o pretensiones, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.
Medios de Prueba
Artículo 90.- Los medios de prueba que podrán ser invocados, son:
1. La cosa Juzgada;
2. Los documentos, incluyendo fotocopias debidamente certificadas por Notario o por funcionarios de la Administración Tributaria, debidamente autorizados, conforme la Ley de Fotocopias;
3. La confesión;
4. Los dictámenes fiscales,
5. La deposición de testigos,
6. Las presunciones e indicios, siempre y cuando la Administración Tributaria tenga bases legales para comprobar el hecho; y,
7. Otros medios de prueba derivados de los avances tecnológicos, que sean verificables, soportados técnicamente y que produzcan certeza de los hechos, tales como: Las grabaciones directas de voces, los videos, llamadas telefónicas, mensajes por telefonía celular, correos electrónicos y/o transacciones por redes informáticas.
Toda prueba debe ser recabada, obtenida y presentada en estricto apego y observancia de las disposiciones legales contenidas en la Constitución Política, el presente Código Tributario, el Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones concernientes.
Respaldo Documental
Artículo 91.- Se reputarán legítimos, salvo prueba en contrario, los actos del contribuyente realizados por si o sus funcionarios, o sus empleados, mediante la emisión de documento, siempre que dichos documentos contengan los datos e informaciones necesarias para la acertada comprensión del contenido del respectivo acto y del origen del mismo.
De igual forma se reputarán legítimos, salvo prueba en contrario, los actos del contribuyente que gocen de la autenticación de la autoridad competente, así como la de los fedatarios públicos.
Término Probatorio
Artículo 92.- El término de que dispondrá el contribuyente o responsable para presentar las pruebas consignadas como medio de prueba establecidos en este Código, referidas a la actividad fiscalizadora, será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que los auditores notifiquen el requerimiento respectivo. Los registros y demás documentos contables solicitados por la Administración Tributaria y no presentados por el contribuyente o responsable en el plazo anterior, no podrán tenerse como prueba a su favor, en ulteriores recursos. Excepto que esté frente a circunstancias de casos fortuitos o fuerza mayor debidamente demostradas.
El plazo señalado en el párrafo anterior será prorrogable por igual término y por una sola vez, siempre que sea solicitado por alguna de las partes dentro del término probatorio.
Capítulo V
De los Recursos
Impugnación
Artículo 93.- Los actos y resoluciones que emita la Administración Tributaria por los que se determinen tributos, multas y sanciones, o que afecten en cualquier forma los derechos de los contribuyentes o de los responsables, así como las omisiones, podrán ser impugnados por los afectados en las formas y plazos que establece este Código.
Contenido
Artículo 94.- Los recursos del contribuyente o Responsable se interpondrán por escrito en papel común, debiendo contener los requisitos siguientes:
1. Indicación de la autoridad, funcionario o dependencia a que se dirigen;
2. Número de Registro Único del Contribuyente o Responsable (RUC) y número de Cédula de Identidad;
3. Nombres, apellidos y generales de ley del recurrente. Cuando no actúe en nombre propio, deberá acreditar su representación, acompañando escritura pública del Poder con una fotocopia;
4. Reseña del acto o disposición que se objeta y la razón de su impugnación con la relación de hechos;
5. Petición que se formula, exposición de los perjuicios directos o indirectos que se causan y bases legales y técnicas que sustentan el recurso;
6. Señalamiento de su domicilio tributario para notificaciones; y,
7. Lugar, fecha y firma del recurrente o su huella digital, en caso que no pueda firmar.
Los errores u omisiones de cualquiera de los requisitos antes descritos, no serán motivo para rechazar el recurso. La Administración Tributaria mandará a subsanar el escrito al contribuyente dentro del mismo plazo señalado para aportar las pruebas, después de la notificación que efectúe la Administración Tributaria. En el caso que el recurrente no subsane en tiempo y forma los errores indicados, la administración Tributaria declarará de oficio la deserción del recurso presentado y se ordenará el archivo de las diligencias, indicando que por el período de un año con posterioridad a la fecha de esta resolución, el recurrente no podrá reintentar acción alguna que recaiga sobre los mismos hechos en que se fundó la acción sobre la que ha recaído esta declaratoria de deserción y archivo mismo de las diligencias. La Administración Tributaria deberá advertir de este riesgo al contribuyente o responsable, en el mismo auto en el que se le mande a subsanar errores.
Efecto Suspensivo
Artículo 95.- La admisión de los recursos produce efecto suspensivo en lo que hace a la resolución recurrida. En el caso de los recursos de Reposición, Revisión y Apelación, no será necesario para ser interpuestos, el pago previo de los tributos y sanciones de las que se recurren.
Tipos de Recursos
Artículo 96.- Serán admisibles los siguientes recursos:
1. Recurso de Reposición. Se interpondrá ante el propio funcionario o autoridad que dictó la resolución o acto impugnado;
2. Recurso de Revisión. Se interpondrá ante el Titular de la Administración Tributaria;
3. Recurso de Apelación. Se interpondrá ante el Titular de la Administración Tributaria, quien a su vez lo trasladará ante el Tribunal Tributario Administrativo.
Los actos y resoluciones no impugnados total o parcialmente, serán de obligatorio cumplimiento para los contribuyentes y responsables, en el plazo de cinco días después de vencido el término para impugnar.
La resolución dictada por el Tribunal Tributario Administrativo agota la vía administrativa y podrá el contribuyente hacer uso de los derechos establecidos en la Ley ante la instancia correspondiente del poder judicial; y
4. Recurso de Hecho. El que se fundará y sustanciará de acuerdo a los procedimientos, requisitos, ritualidades y demás efectos establecidos en el Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.
Recurso de Reposición
Artículo 97.- El Recurso de Reposición se interpondrá ante el mismo funcionario o autoridad que dictó la resolución o acto impugnado, para que lo aclare, modifique o revoque. El plazo para la interposición de este recurso será de ocho (8) días hábiles después de notificado el contribuyente y de diez (10) días hábiles para la presentación de pruebas, ambos contados a partir de la fecha de notificación del acto o resolución que se impugna.
La autoridad recurrida deberá emitir resolución expresa en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación del recurso por parte del recurrente o su representante. Transcurrido este plazo sin pronunciamiento escrito y debidamente notificado al recurrente, operará el silencio administrativo positivo, por lo que se tendrá lo planteado o solicitado por éste, como resuelto de manera positiva. Todo sin perjuicio de las sanciones que correspondan aplicar en contra del Administrador de Rentas que no emitió en tiempo y forma la resolución de revisión respectiva.
Recurso de Revisión
Artículo 98.- El Recurso de Revisión se interpondrá ante el Titular de la Administración Tributaria en contra de la Resolución del Recurso de Reposición promovido.
El plazo para la interposición de este recurso será de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que fue notificada por escrita la resolución sobre el Recurso de Reposición promovido y habrá un período común de diez (10) días hábiles para la presentación de pruebas.
El Titular de la Administración Tributaria deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del vencimiento del plazo para presentar las pruebas, indicado en el párrafo anterior. Transcurrido este plazo, sin pronunciamiento escrito del Titular de la Administración Tributaria, debidamente notificado al recurrente, se entenderá por resuelto el mismo en favor de lo solicitado por éste.
Recurso de Apelación
Artículo 99.- Resuelto el Recurso de Revisión, se podrá interponer el Recurso de Apelación ante el Titular de la Administración Tributaria para que éste lo traslade al Tribunal Tributario Administrativo. El plazo para interponer el Recurso de Apelación será de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha en que fue notificada por escrito la resolución sobre el Recurso de Revisión. Este recurso deberá interponerse en original y una copia.
Recibido el Recurso de Apelación, será remitido su original al Tribunal Tributario Administrativo en los diez (10) siguientes a la fecha de recepción del recurso por parte de la Administración Tributaria. El Titular de la Administración Tributaria deberá presentar la contestación de agravios en los quince (15) días posteriores a la fecha de recepción del original del recurso de apelación remitido al Tribunal Tributario Administrativo.
Transcurridos los quince (15) días antes indicados, el Tribunal abrirá a pruebas en un plazo común de quince (15) días.
El Tribunal Tributario Administrativo tendrá un plazo de noventa (90) días hábiles para emitir su resolución a partir de la fecha de recepción del expediente remitido de la Administración Tributaria. Transcurrido este plazo sin pronunciamiento del Tribunal Tributario Administrativo, se entenderá por resuelto el recurso de apelación, en favor de lo solicitado por el recurrente.
Silencio Administrativo – Sanción
Artículo 100.- La falta de Resolución Administrativa por incumplimiento de funciones conlleva la aplicación de las sanciones establecidas en este Código, bajo el procedimiento que establezca la normativa institucional respectiva.
Término de la Distancia
Artículo 101.- En todos los plazos establecidos para la interposición o contestación de los recursos, se adicionará el término de la distancia, según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.
TITULO IV
DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES RECAUDADORES
Capítulo I
Disposiciones Generales
Deberes Generales
Artículo 102.- Son deberes y obligaciones de los contribuyentes y responsables, los establecidos en este Código y demás leyes tributarias. En particular deberán:
1. Presentar las declaraciones que por disposición de la ley estuvieren obligados, en los plazos y formas de Ley;
Las declaraciones fiscales tendrán efecto de declaraciones bajo advertencia de cometer el delito de falsedad en materia civil y penal, para la determinación de responsabilidades según sea el caso, por la Administración Tributaria.
2. Pagar los tributos establecidos por ley en los plazos definidos para ello;
3. Llevar los registros contables adecuados a fin de sustentar los datos contenidos en sus declaraciones y garantizar los demás registros que la Administración Tributaria establezca conforme las disposiciones administrativas vigentes;
4. Permitir la fiscalización de la Administración Tributaria; y,
5. Suministrar la información requerida por la Administración Tributaria.
Deberes Formales
Artículo 103.- Son deberes formales de contribuyentes y responsables, los relacionados con la obligación de:
1. Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Administración Tributaria, proporcionando los datos que les sean requeridos en apego a la ley, manteniéndolos actualizados en la forma y condiciones que la misma ley establece;
2. Inscribir los libros y registros de las actividades y operaciones que se vinculen con los tributos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes;
3. Conservar en buen estado por el tiempo de la prescripción, los registros y documentación de interés tributario, así como los soportes en que conste el cumplimiento de sus obligaciones;
4. Mantener actualizados los libros y registros contables. Se entenderá que están actualizados, cuando el retraso del registro de operaciones contables no exceda de tres meses;
5. Emitir facturas y comprobantes en la forma y contenido que exigen las leyes y demás disposiciones de la materia;
6. Obtener de la Administración Tributaria autorización para realizar actos o actividades, permitidos por las normas tributarias vigentes y el presente Código, cuando las mismas así lo determinen;
7. Brindar facilidades a los funcionarios autorizados por la Administración Tributaria para la realización de las inspecciones y verificaciones de cualquier local, almacén, establecimiento comercial o industrial, oficinas, depósitos, buques, camiones, aeronaves y otros medios de transporte; y suministrar las informaciones que les fueren solicitadas con base en la ley y documentación respectiva de respaldo, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha del requerimiento de la Administración Tributaria.
8. Proporcionar los estados financieros, sus anexos, declaraciones y otros documentos de aplicación fiscal, debidamente firmado por las autoridades de la Empresa cuando así lo establezcan las normas tributarias;
9. Firmar declaraciones y otros documentos de contenido y aplicación fiscal cuando así lo establezcan las normas tributarias;
10. Comparecer ante la Autoridad Tributaria, personalmente o por medio de apoderado debidamente autorizado, cuando su presencia sea demandada para suministrar información de interés tributario; dicha comparecencia deberá realizarse dentro de los tres días siguientes después de notificado;
11. Efectuar levantamiento de inventario físico al final del período gravable autorizado. También deberá levantar este inventario físico, cuando la Administración Tributaria lo requiera, siempre que este último justifique tal solicitud en una necesidad impostergable, lo que en caso de no realizarse, depararía grave e irreparable perjuicio a esa recaudación fiscal;
12. Efectuar las retenciones o percepciones a que están obligados; y,
13. Soportar sus gastos con documentos legales que cumplan con los requisitos señalados en la ley de la materia.
Responsables por Cuenta Ajena
Artículo 104.- Sin perjuicio de los deberes y obligaciones establecidos en el presente Código, los responsables por deuda ajena deberán cumplir sus obligaciones en base a lo dispuesto en la legislación vigente.
En especial deberán:
1. Efectuar, declarar y enterar las retenciones o percepciones a que están obligados por mandato de la ley; y
2. Cumplir con los procedimientos, plazos y requisitos establecidos por este Código, leyes tributarias vigentes y demás normas, disposiciones y reglamentos de la Administración Tributaria.
TITULO V
INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Capítulo I
Naturaleza y Alcances
Sección I
Principios Generales
Ámbito
Artículo 105.- Las disposiciones contenidas en este Título se aplican a todas las infracciones tributarias. Sus sanciones son de carácter administrativo y se aplicarán, sin perjuicio de las que imponga la autoridad judicial por responsabilidades civiles y penales.
Presunciones
Artículo 106.- Las presunciones legalmente establecidas admiten prueba en contrario dentro de los plazos establecidos en este Código.
Sección II
Responsabilidad
Definición
Artículo 107.- La responsabilidad por la comisión de infracciones no transciende de la persona del infractor, salvo las excepciones contenidas en este Código.
Únicamente son responsables de las infracciones administrativas tributarias los autores de las mismas.
Son autores de las infracciones administrativas y de los delitos tributarios quienes realicen el hecho u omisión por si solos conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.
Eximentes
Artículo 108.- Son causas que liberan de responsabilidad administrativa, civil y penal, las siguientes:
1. La incapacidad legal y absoluta conforme lo establece el Código Civil;
2. El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente demostrada.
Autores
Artículo 109.- Son responsables de los delitos tributarios los autores, teniéndose como tales a quienes tomen parte directa en la ejecución del hecho u omisión y los partícipes, entendiéndose como tales a los:
a) Inductores: Son los que inducen directamente a otro a ejecutar el hecho u omisión;
b) Cooperadores Necesarios: Son los que participen en la ejecución de hechos u omisiones, sin los cuales no se hubieren efectuado los mismos; y
c) Cómplices: Son los que cooperan en la ejecución del hecho u omisión con actos anteriores o simultáneos.
Concurso de Infractores
Artículo 110.- Se aplicará la misma sanción penal que al autor principal, a:
1. Los inductores y cooperadores necesarios, considerándose tales a los que financien, instiguen o ayuden de cualquier manera al autor, según el caso;
2. Al que para su provecho adquiera o tenga en su poder, oculte, venda o colabore en la venta o negociación de mercaderías u objetos respecto de los cuales sepa o deba saber conforme a las circunstancias, que se ha cometido una infracción;
A los cómplices se les aplicará una sanción correspondiente a la mitad de la pena que se le aplica al autor.
Suspensión del Ejercicio
Artículo 111.- A los profesionales, agentes o gestores que realicen las infracciones administrativas dolosas previstas en este Código, lo mismo que aquellos gestores que suministren datos falsos sobre la empresa por la que ellos gestionan, además de las sanciones aplicables, el Tribunal Tributario Administrativo podrá suspenderlos en el ejercicio de sus actuaciones ante el Fisco por el término de uno a dos años, siempre que tal desempeño profesional requiera autorización de parte de la Administración Tributaria.
Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas
Artículo 112.- Las personas jurídicas, entidades o colectividades y sociedades de hecho, podrán ser sancionadas por la comisión de infracciones administrativas tributarias establecidas en este Código.
Responsabilidad de los Socios
Artículo 113.- Los Socios y Miembros de las Juntas Directivas, así como los gerentes de las personas jurídicas que realicen operaciones de forma anómala que genere como consecuencia la comisión de una infracción administrativa o delito tributario, serán responsables personalmente por el incumplimiento de todas las obligaciones fiscales correspondientes.
Capítulo II
Ilícitos Tributarios
Sección I
Infracciones Administrativas Tributarias
Concepto de Ilícito Tributario
Artículo 114.- Constituye ilícito tributario todo incumplimiento de normas tributarias sustanciales o formales.
Tipos de Ilícitos Tributarios
Artículo 115.- Los ilícitos tributarios se clasifican en:
1. La Infracción Tributaria.
2. El Delito Tributario.
Concepto de Infracción Tributaria
Artículo 116.- Toda acción u o misión del cumplimiento de los deberes sustanciales del contribuyente que provoca un perjuicio pecuniario al fisco y que implica violación de leyes y reglamentos tributarios, constituye infracción Administrativa Tributaria sancionable en la medida y alcances establecidos en este Código.
Clasificación
Artículo 117.- Constituyen infracciones tributarias:
1. El incumplimiento de los deberes y obligaciones de los contribuyentes y responsables descritos en el presente Código;
2. La mora;
3. La omisión de presentar declaración o presentarla tardíamente;
4. La Contravención Tributaria; y,
5. El incumplimiento de los deberes y obligaciones de funcionarios de la Administración Tributaria.
Acumulación de Sanciones
Artículo 118.- Cuando alguna persona sea responsable de diversas infracciones, por cada una de ellas se aplicará la sanción respectiva.
Reincidencia y Reiteración
Artículo 119.- Habrá reincidencia si el contribuyente sancionado por Resolución de la Administración Tributaria Firme, comete una nueva infracción de cualquier tipo.
Habrá reiteración cuando el contribuyente incurre en infracción Administrativa Tributaria de igual tipo sin que mediare sanción por resolución firme.
Extinción
Artículo 120.- Las acciones y sanciones derivadas de infracciones tributarias se extinguen por:
1. El pago o cumplimiento de la sanción;
2. La condonación otorgada por ley, debidamente justificada conforme lo establecido en normativa Institucional;
3. La prescripción, y
4. La muerte del infractor.
Prescripción
Artículo 121.- El derecho de aplicar sanciones, de cobrarlas o hacerlas cumplir, prescribirá según lo consignado en este Código.
Interrupción de la Prescripción
Artículo 122.- La prescripción a que hace referencia el artículo anterior, se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones de la misma índole. El nuevo plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se cometió la nueva infracción.
Sección II
Sanciones
Alcances
Artículo 123.- Las sanciones por la comisión de infracción tributaria deberán ser impuestas por la Administración Tributaria con sujeción a los procedimientos establecidos en este Código.
Sanciones
Artículo 124.- Las sanciones aplicables son:
1. Multa;
2. Clausura de locales o negocios;
3. Pérdida de concesiones y demás beneficios fiscales;
4. Inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones en materia tributaria, siempre que para dicho desempeño profesional se requiera la aprobación de la Administración Tributaria;
5. Intervención administrativa de negocios o empresas; y,
6. Decomiso de las mercaderías, objetos, vehículos y demás elementos utilizados para la comisión del ilícito.
Aplicación de la Prescripción
Artículo 125.- Las sanciones aplicadas prescriben por el transcurso de cuatro (4) años contados desde el día siguiente a aquel en que quedó firme la resolución que las impuso. Por igual término de cuatro (4) años, prescribe la acción para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por concepto de sanciones pecuniarias.
Capítulo III
Disposiciones Especiales
Sección I
Incumplimiento de Deberes y Obligaciones Formales del Contribuyente y/o Responsable
Tipos de Infracción Administrativa
Artículo 126.- Son infracciones administrativas tributarias por incumplimiento de deberes y obligaciones de los contribuyentes y responsables:
1. No inscribirse en los registros pertinentes, ni aportar los datos necesarios ni comunicar oportunamente sus modificaciones, cuando hubiera obligación de hacerlo;
2. No inscribir los libros y registros contables que debe llevar el Contribuyente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes;
3. No firmar estados financieros, declaraciones y otros documentos de aplicación fiscal, cuando lo requieran las normas tributarias;
4. No gestionar ante la Administración Tributaria, autorización para realizar actos o actividades permitidas por las disposiciones tributarias vigentes, siempre que hubiere obligación legal de gestionar tal autorización;
5. No facilitar a los funcionarios autorizados por la Administración Tributaria para la realización de las inspecciones y verificaciones de cualquier local, almacén, establecimiento comercial o industrial, oficinas, depósitos, buques, camiones, aeronaves y otros medios de transporte; y no suministrar las informaciones que les fueren solicitadas en base a la ley y documentación respectiva de respaldo, cuando la Administración Tributaria así lo requiera;
6. No comparecer ante la Autoridad Tributaria, personalmente o por medio de apoderado legalmente autorizado, cuando su presencia sea requerida formalmente para suministrar información de interés tributario;
7. No suministrar cualquier información relativa a la determinación de los impuestos o que sirva para fijar correctamente el monto a cobrar por tal concepto, y su efectiva fiscalización, debiendo contestar consecuentemente, las preguntas que se les hagan sobre ventas, rentas, ingresos, gastos, bienes, depreciaciones, deudas, y en general, sobre circunstancias y operaciones que tengan relación con la materia imponible;
8. No conservar en buen estado por el tiempo de la prescripción de los tributos, los libros, registros y documentación de interés tributario, así como los soportes, en que conste el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;
9. No mantener actualizados los libros y registros contables; entendiéndose que están actualizados, cuando el retraso del registro de operaciones contables no exceda de tres meses; y,
10. No efectuar levantamiento de inventario físico al final del período gravable autorizado o cuando la Administración Tributaria lo requiera, siempre que éste último justifique tal solicitud en una necesidad impostergable, lo que en caso de no realizarse, depararía grave e irreparable perjuicio a esa recaudación fiscal.
Sanciones
Artículo 127.- La infracción administrativa por el incumplimiento de las obligaciones formales de los contribuyentes y los responsables, será sancionado de la siguiente forma:
1. Las indicadas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo anterior con sanción pecuniaria de entre un mínimo de TREINTA a un máximo de CINCUENTA UNIDADES DE MULTA, por cada mes de retraso o desactualización;
2. Las indicadas en el numeral 4 del artículo anterior, con sanción pecuniaria de entre un mínimo de CINCUENTA a un máximo de SETENTA UNIDADES DE MULTA, y la anulación de los actos y actividades realizadas;
3. Las indicadas en los numerales 5, 6 y 7 del artículo anterior, con una sanción pecuniaria de entre un mínimo de SETENTA a un máximo de NOVENTA UNIDADES DE MULTA, por cada día que impida las inspecciones o verificaciones, por su no comparecencia o atraso en el suministro de información;
4. La indicada en el numeral 8 del articulo anterior, con una sanción pecuniaria de entre un mínimo de NOVENTA a un máximo de CIENTO DIEZ UNIDADES DE MULTA, y para la indicada en el numeral 9 del artículo anterior, con sanción pecuniaria de entre un mínimo de CIENTO DIEZ a un máximo de CIENTO TREINTA UNIDADES DE MULTA, ambas sin perjuicio de lo establecido para el delito de Defraudación Fiscal; y,
5. La indicada en el numeral 10 del artículo anterior, con sanción pecuniaria de entre un mínimo de CIENTO TREINTA a un máximo de CIENTO CINCUENTA UNIDADES DE MULTA.
Por norma general se regularán los aspectos a tomar en cuenta por parte de la Administración Tributaria para determinar el monto exacto que se impondrá en concepto de multa, todo dentro de los mínimos y máximos señalados en el presente artículo.
Para los contribuyentes afectos al “Régimen Especial de Estimación Administrativa para Contribuyentes por Cuota Fija”, el monto de las sanciones a aplicar será el cincuenta por ciento de las estipuladas en los incisos anteriores, respectivamente.
Dispensa de Multas por Causa Justa
Artículo 128.- Las autoridades administrativas autorizadas por el titular de la Administración Tributaria, mediante normativa Institucional que regule la materia y su procedimiento, podrán dispensar hasta el cien por ciento de las multas descritas y sancionadas en los artículos 126 y 127 de este Código, cuando el contribuyente pruebe las circunstancias constitutivas de causa justa determinada por la presente ley, que hacen excusable el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de multas y/o recargos. La normativa a que hace referencia el presente artículo deberá ser emitida y publicada en un período no mayor de noventa días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Circunstancias Consideradas como Causa Justa
Artículo 129.- Son consideradas causa justa para dispensar multas:
1. Siniestro.
2. Robo.
3. Asesoría errónea brindada por funcionarios de la Administración Tributaria y por un medio verificable.
4. Caso fortuito o fuerza mayor.
En el caso de aquellos contribuyentes afectos al régimen simplificado son causas justas además:
1. Muerte.
2. Enfermedad.
Las solicitudes deberán ser presentadas con los documentos soportes determinados en la normativa Institucional correspondiente.
Sección II
Mora
Concepto
Artículo 130.- Constituye mora la falta total o parcial de pago de los tributos desde el vencimiento del plazo para su cumplimiento, sin necesidad de requerimiento alguno.
Sanción
Artículo 131.- Toda persona que presente tardíamente su declaración y/o pago de tributos y por tal motivo incurra en mora, deberá pagar el crédito correspondiente con un recargo que no exceda del diez por ciento mensual del monto adeudado, el que deberá liquidarse a partir de la fecha en que ha incurrido en mora y por los días que ésta ha durado. Todo sin detrimento de lo dispuesto en los demás cuerpos de ley que regulen otros aspectos de esta materia.
En el caso particular del responsable recaudador o retenedor, se aplicará un recargo del cinco por ciento por cada mes o fracción de mes de mora, sobre el saldo insoluto. En el caso del Impuesto sobre la Renta dejado de enterar por el contribuyente, se aplicará un recargo del dos y medio por ciento por cada mes o fracción de mora, sobre saldo insoluto.
Excepción en caso de Declaración Sustitutiva
Artículo 132.- Cuando el Contribuyente o Responsable presente la declaración sustitutiva durante los treinta días hábiles, posteriores al vencimiento del plazo para la presentación original, no estarán sujetas a recargo, salvo cuando se demuestre la mala fe del contribuyente.
Efectos
Artículo 133.- Incurrir en mora produce los siguientes efectos:
1. La declaración de Insolvencia Fiscal del contribuyente;
2. La imposibilidad de efectuar contrataciones con el Estado;
3. La exigibilidad de la cancelación de la deuda tributaria del contribuyente de acuerdo a los mecanismos que la Administración Tributaria establezca administrativamente; y
4. Agotada la cobranza administrativa indicada en el numeral anterior, la Administración Tributaria adoptará las siguientes medidas cautelares:
a. Las medidas preventivas y legales directamente relacionadas con el cobro de la deuda;
b. Intervención Administrativa;
c. Cierre del Negocio;
d. Cobro Judicial.
Las medidas señaladas en los incisos de este artículo deberán aplicarse en el orden indicado y en lo general se sujetarán a la legislación común. El remate de los bienes embargados sólo procede en la etapa de cobro judicial de las deudas tributarias, previstas en este Código.
Sección III
Omisión y Presentación Tardía de Declaraciones
Concepto
Artículo 134.- Incurre en omisión de presentación de declaraciones bajo advertencia del delito de falsedad en materia civil y penal, el contribuyente o responsable que estando obligado por disposición legal, no cumple con dicha obligación.
Incurre en presentación tardía, cuando lo hiciere fuera de los plazos determinados por las leyes o reglamentos respectivos.
La declaración incompleta o errónea, la omisión de balances o documentos anexos a la declaración o la presentación incompleta de éstos que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, será sancionada administrativamente aplicando lo dispuesto en el artículo 127, numeral 3 del presente Código, a menos que el contribuyente pruebe haber empleado la debida diligencia y haber actuado de buena fe.
Sanción
Artículo 135.- La omisión, la presentación tardía de declaración, o la presentación de declaración con información incompleta o errónea, faculta a la Administración Tributaria de manera consolidada a:
a. Aplicar la sanción pecuniaria determinada en el párrafo final del artículo 134 del presente Código;
b. Tasarle de oficio al contribuyente lo que se calcule debería pagar y declararles incursos en una multa equivalente al veinticinco por ciento del impuesto así tasado de oficio;
c. Aplicar las demás sanciones pertinentes que establezca la presente Ley.
Sección IV
Contravención Tributaria
Concepto
Artículo 136.- Incurre en Contravención Tributaria el que mediante acción u omisión, disminuya en forma ilegítima los ingresos tributarios u obtenga indebidamente exenciones u otros beneficios tributarios.
Configuración de la Contravención Tributaria y su Sanción
Artículo 137.- Se considera configurada la Contravención Tributaria, cuando se compruebe que el contribuyente o responsable retenedor, ha omitido el pago o entero de los tributos que por ley le corresponde pagar o trasladar; en este caso la multa a aplicar será el veinticinco por ciento del impuesto omitido.
La Dispensa de Multas procederá para los impuestos no recaudados o no retenidos, en un cien por ciento, siempre que el responsable retenedor demuestre causa justa según lo establecido en este Código.
De entre un montó mínimo de QUINIENTAS a un monto máximo de UN MIL QUINIENTAS UNIDADES DE MULTA, será la sanción en los siguientes casos de Contravención Tributaria:
1. Se han adoptado conductas, formas, modalidades o estructuras jurídicas con la intención de evitar el pago correcto de los impuestos de ley;
2. Se lleven dos o más juegos de libros o doble juego de facturación en una misma contabilidad para la determinación de los tributos;
3. Existe contradicción evidente no justificada entre los libros o documentos y los datos consignados en las declaraciones tributarias;
4. No se lleven o no se exhiban libros, documentos o antecedentes contables exigidos por la ley, cuando la naturaleza o el volumen de las actividades desarrolladas no justifiquen tales circunstancias;
5. Se ha ordenado o permitido la destrucción, total o parcial de los libros de la contabilidad, que exijan las leyes mercantiles o las disposiciones tributarias; o utilice pastas o encuadernación, en los libros a que se refiere la fracción anterior, para sustituir o alterar las páginas foliadas;
6. No se ha emitido facturas o documentos soportes por las operaciones realizadas; o emitirse sin los impuestos correspondientes;
7. Se brindan informaciones falsas, o de conductas y actos que tienden a ocultar la verdad del negocio a las autoridades fiscales competentes;
8. Cuando hay omisión dolosa o fraudulenta en las declaraciones que deben ser presentadas para efectos fiscales o en los documentos para su respaldo y faltan en ellas a la verdad, por omisión o disminución de bienes o ingresos;
9. Cuando en sus operaciones de importación o exportación sobrevaluó o subvaluó el precio verdadero o real de los artículos, o se beneficia sin derecho de ley, de un subsidio, estímulo tributario o reintegro de impuestos;
10. Cuando elabora o comercia clandestinamente con mercaderías gravadas, considerándose comprendida en esta norma la evasión o burla de los controles fiscales; utiliza indebidamente sellos, timbres, precintos y demás medios de control, o su destrucción o adulteración; la alteración de las características de la mercadería, su ocultación, cambio de destino o falsa indicación de procedencia; y,
11. Cuando aproveche exenciones o exoneraciones para fines distintos de los que corresponde y determina la ley.
Por normativa interna se regularán los aspectos a tomar en cuenta por parte de la Administración Tributaria para determinar el monto exacto que se impondrá en concepto de multa para cada contravención detallada en el presente artículo, todo dentro del mínimo y máximo señalado en el mismo.
En los casos relacionados en los numerales que anteceden no procederá la Dispensa de Multas.
Otras Sanciones
Artículo 138.- En los casos de Contravención Tributaria, la Administración Tributaria también podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Intervención Administrativa del negocio;
2. Decomiso de las mercaderías u objetos, vehículos y demás elementos utilizados para la comisión de la contravención; y
3. Clausura del local o establecimiento donde se hubiere cometido la infracción, por un máximo de seis días hábiles.
Si con motivo de las contravenciones realizadas, la evasión ya se hubiese consumado, adicionalmente se aplicarán las multas que serán de hasta un tanto del valor del impuesto evadido, sin exceder el cien por ciento de dicho impuesto.
Sección V
Incumplimiento de Deberes y Obligaciones por los Funcionarios de la Administración Tributaria
Incumplimiento
Artículo 139.- Todo funcionario o empleado de la Administración Tributaria que viole cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley, será personalmente responsable y se sancionará de conformidad con lo establecido en el presente Código Tributario, según su nivel de participación en la comisión de la infracción o delito respectivo; todo sin perjuicio de las disposiciones administrativas internas que dicte la Administración Tributaria sobre conductas del personal a su cargo y las sanciones que establezca la Contraloría General de la República o el Código Penal si estos hechos constituyeren delito.
Sección VI
Delitos Tributarios
Concepto
Artículo 140.- Es la amenaza o daño del patrimonio fiscal mediante el incumplimiento doloso de las obligaciones tributarias del contribuyente o responsable, con la clara intencionalidad dolosa del sujeto y cuya responsabilidad podrá ser determinada de conformidad a lo establecido en la Legislación penal vigente.
Defraudación Tributaria
Concepto
Artículo 141.- Comete delito de Defraudación Tributaria el que para omitir total o parcialmente el pago de una obligación fiscal o el que para beneficiarse sin derecho de un subsidio, incentivo fiscal o reintegro de impuestos, se valiere de alguna de las siguientes maniobras:
1. De engaño;
2. De aprovechamiento del error ajeno;
3. De abuso de confianza;
4. De simulación en los actos jurídicos;
5. De informaciones incompletas o no sujetas a la verdad, suministradas a las autoridades fiscales, o de conductas y actos que tiendan a ocultar la verdad del negocio;
6. De ocultación total o parcial de bienes o servicios, de la producción o del monto de las ventas;
7. De omisión dolosa y fraudulenta de las declaraciones que deben ser presentadas para efectos fiscales; o faltar en ellas a la verdad, por omisión o disminución de bienes o ingresos;
8. De la no expedición de facturas por las ventas realizadas, de recibos por los servicios prestados por profesionales, o de documentos en los que deba acreditarse el pago de un impuesto mediante fijación de timbres o sellos fiscales.
También comete delito de defraudación tributaria el que:
1. Para registrar las operaciones contables, fiscales o sociales, lleve dos o más libros similares con distintos asientos o datos, aun cuando se trate de libros auxiliares o no autorizados;
2. Destruya, ordene o permita destruir, total o parcialmente los libros de contabilidad, que le exijan las leyes nacionales vigentes, dejándolas ilegibles; o bien utilice pastas o encuadernación en los libros para sustituir o alterar las páginas foliadas.
Competencia
Artículo 142.- Las disposiciones contenidas en esta sección se aplican a todos los delitos tributarios y sus penas serán impuestas por las autoridades judiciales correspondientes, quienes determinarán las responsabilidades penales y civiles.
Las penas por delitos tributarios se aplicarán sin perjuicio del cobro de la deuda tributaria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar.
Penas
Artículo 143.- Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que imponga la Administración Tributaria, las que serán el doble de las establecidas para la contravención, la defraudación tributaria será penada con prisión de uno a tres años, impuesta por el Juez competente que tramite la causa, aplicando inclusive multa pecuniaria de UN MIL A TRES MIL UNIDADES DE MULTA.
Para la determinación de las penas a que se refiere el inciso anterior, el Juez competente sólo tomará en cuenta el monto de lo demandado o de lo que se intentó defraudar dentro de un mismo período, aún cuando se trate de obligaciones tributarias diferentes y de diversas acciones u omisiones de las previstas en este Código como delito de defraudación tributaria.
Cuando el beneficiado con la defraudación fuere una persona jurídica, la responsabilidad penal se hará efectiva en las personas naturales que ostenten su representación.
En los aspectos sustanciales no previstos en este Código serán aplicables las disposiciones del Código Civil y del Código Penal, respectivamente.
TÍTULO VI
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Capítulo I
Facultades y Deberes de la Administración Tributaria
Sección I
Facultades de la Administración Tributaria
Presunción de la Legalidad
Artículo 144.- Los actos y resoluciones de la Administración Tributaria se presumirán legales, sin perjuicio de las acciones que la Ley reconozca a los obligados para la impugnación de esos actos o resoluciones.
No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente conforme lo prevé este Código en el artículo 95.
Administración Tributaria
Artículo 145.- Se entiende como Administración Tributaria la Dirección General de Ingresos (DGI), organismo autónomo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) conforme ley, que tiene a su cargo la administración, recaudación, fiscalización y cobro de los tributos, establecidos a favor del Estado, todo conforme las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que los regulen.
La Administración Tributaria deberá cumplir y hacer cumplir las disposiciones contempladas en el presente Código y en las demás leyes tributarias.
La Administración Tributaria deberá además percibir las multas y otros cobros pecuniarios determinados por ley y aplicados por los organismos gubernamentales de conformidad a las normas legales que los regulen, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 del presente Código relativo a las excepciones.
Facultades Particulares
Artículo 146.- Además de las facultades establecidas en artículos anteriores la Administración Tributaria tiene las siguientes competencias:
1. Requerir a las personas naturales o jurídicas que presenten las declaraciones tributarias dentro de los plazos o términos que señala el presente Código y en las demás leyes tributarias respectivas; así como otras informaciones generadas por sistemas electrónicos suministrados por la Administración Tributaria;
2. Requerir el pago y percibir de los contribuyentes y responsables los tributos adeudados y, en su caso, los recargos y multas previstas en este Código;
3. Asignar el número de registro de control tributario a los contribuyente y responsables;
4. Exigir que los contribuyentes y responsables lleven libros y registros especiales de las negociaciones y operaciones que se refieran a la materia imponible;
5. Efectuar reparos conforme a la ley para el efecto de liquidar el tributo. Al efecto podrá hacer modificaciones a las declaraciones, exigir aclaraciones y adiciones, y efectuar los cambios que estimen convenientes de acuerdo con las informaciones suministradas por el declarante o las que se hayan recibido de otras fuentes;
6. Tasar de oficio con carácter general la base imponible en función de sus ingresos y actividades específicas;
7. Autorizar previa solicitud del contribuyente o responsable que los registros contables y/o emisión de facturas, puedan llevarse por medios distintos al manual, tales como los medios electrónicos de información;
8. Ejecutar la Condonación que se apruebe por ley. Así mismo, autorizar y aplicar las dispensas de multas y recargos establecidas en este Código. Todo esto de conformidad con la ley;
9. Ordenar la intervención administrativa, decomiso de mercadería, el cierre de negocio y aplicar las demás sanciones establecidas en este Código;
10. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones;
11. Establecer mediante disposición administrativa las diferentes clasificaciones de contribuyentes y responsables del Sistema Tributario a fin de ejercer un mejor control fiscal;
12. De conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal, solicitar a otras instancias e instituciones públicas extranjeras, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscal. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países con los cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que Nicaragua sea parte;
13. Autorizar la presentación de solvencia tributaria para las importaciones o internaciones de bienes o servicios; y,
14. Requerir información en medios de almacenamiento electrónicos cuando así lo considere conveniente.
Acción Fiscalizadora
Artículo 147.- La Administración Tributaria ejercerá su acción fiscalizadora a través de sus órganos de fiscalización debidamente acreditados.
Los reparos, ajustes, imposición de sanciones, modificaciones y sus respectivas notificaciones deberán ser firmados por los titulares de las respectivas dependencias autorizadas para tal efecto.
Facultades de los Inspectores o Auditores Fiscales
Artículo 148.- Los Inspectores o Auditores Fiscales dispondrán de amplias facultades de fiscalización e investigación, según lo establecido en este Código y demás disposiciones legales, pudiendo de manera particular:
1. Requerir de los contribuyentes y responsables, el suministro de cualquier información, sea en forma documental. en medios magnéticos, vía INTERNET, u otros, relativa a la determinación de los impuestos y su correcta fiscalización, conforme normativa Institucional;
2. Requerir a los contribuyentes y responsables, la comparecencia ante las oficinas de la Administración Tributaria para proporcionar informaciones con carácter tributario;
3. Verificar y fiscalizar el contenido de las declaraciones bajo advertencia del delito de falsedad en materia civil y penal, para lo cual podrá auditar libros y documentos vinculados con las obligaciones tributarias. La Administración Tributaria podrá recibir información en medios de almacenamiento electrónicos de información, cuando así lo solicite el contribuyente bajo los criterios definidos por la Administración Tributaria;
4. Determinar de oficio los tributos que debe pagar el contribuyente o responsable, en caso de no presentarse las declaraciones bajo advertencia del delito de falsedad en materia civil y penal, en los plazos señalados por las leyes tributarias;
5. Comprobar la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar las sanciones establecidas en este Código, bajo los requisitos que establece la presente Ley;
6. Practicar inspecciones en oficinas, establecimientos comerciales o industriales, medios de transporte o en locales de cualquier clase utilizados por los contribuyentes y responsables;
7. Presenciar o practicar toma de inventario físico de mercaderías y otros bienes de contribuyentes y responsables; y
8. Fiscalizar a las firmas privadas de Contadores Públicos y/o Contadores Públicos Autorizados, facultados para emitir Dictamen Fiscal.
Sección II
Deberes de la Administración Tributaria
Obligaciones Generales
Artículo 149.- La Administración Tributaria deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Código.
Asistencia a los Contribuyentes y Responsables
Artículo 150.- La Administración Tributaria proporcionará asistencia a los contribuyentes y responsables, para lo que procederá a:
1. Divulgar periódicamente y por todos los medios de comunicación masiva posible, el contenido de la presente Ley, demás leyes tributarias, normativas y disposiciones técnicas. Así mismo, divulgar periódicamente la estructura y funciones de las diversas dependencias que integran la Administración Tributaria;
2. Explicar las normas tributarias, utilizando en lo posible un lenguaje claro y accesible, y en los casos que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos explicativos a los sujetos pasivos;
3. Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional, que se ocupen de la orientación de los sujetos pasivos;
4. Elaborar los formularios de declaración en forma sencilla e informar al público de las fechas y lugares de presentación;
5. Señalar en forma precisa en los requerimientos a los contribuyentes y responsables, cuál es el documento cuya presentación se exige;
6. Efectuar en distintas partes del país, reuniones de información con los sujetos pasivos, especialmente cuando se modifiquen las normas tributarias y durante los principales períodos de presentación de declaraciones; y
7. Publicar todas las normativas de carácter general que emita, en La Gaceta, Diario Oficial, o por lo menos en dos medios de comunicación social y escritos de circulación nacional.
8. Incorporar a los contribuyentes que así lo soliciten, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación y normativa de la materia, en el Régimen Especial de Estimación Administrativa para Contribuyentes por Cuota Fija.
Sección III
Del Sigilo Tributario
De los Funcionarios Obligados y Excepción al Sigilo Tributario
Artículo 151.- Los funcionarios y las personas naturales y/o jurídicas que intervengan en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estarán obligados a guardar sigilo tributario.
El sigilo tributario no comprenderá los casos en que la Administración Tributaria deba suministrar datos a:
1. Las autoridades judiciales en los procesos de cualquier clase de juicio y a los tribunales competentes;
2. Los restantes organismos que administren tributos, en tanto las informaciones estén estrictamente vinculadas con la fiscalización y percepción de los tributos de sus respectivas jurisdicciones;
3. La Contraloría General de la República cuando se encuentre revisando exclusivamente las declaraciones de probidad de los empleados y funcionarios públicos;
4. Las Administraciones Tributarias de otros países en cumplimiento a los convenios internacionales de intercambio de información tributaria; y
5. Un contribuyente que solicite por escrito, información sobre sus propias obligaciones fiscales.
Capítulo II
Atribuciones del Titular de la Administración Tributaria
Responsabilidades y Atribuciones del Titular de la Administración Tributaria
Artículo 152.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la propia Ley Orgánica que rige la Administración Tributaria o las Leyes Tributarias Específicas, el Titular de la Administración Tributaria tendrá las siguientes atribuciones:
1. Administrar y representar legalmente a la Administración Tributaria, con las facultades generales y especiales contempladas en la legislación pertinente, lo mismo que delegar su representación, mediante el documento legal que lo autorice, en el funcionario que de conformidad con sus responsabilidades y en apego a la ley de la materia, deba asumir tal delegación.
2. Aplicar y hacer cumplir las leyes, actos y disposiciones que establecen o regulan ingresos a favor del Estado y que estén bajo la jurisdicción de la Administración Tributaria, a fin de que estos ingresos sean percibidos a su debido tiempo y con exactitud y justicia;
3. Dictar Disposiciones Administrativas de aplicación general a los contribuyentes y responsables;
4. Resolver en segunda instancia el Recurso de Revisión de acuerdo a lo establecido en este Código así como imponer las sanciones correspondientes en sus respectivos casos;
5. Proponer al Poder Ejecutivo la iniciativa de ley o reforma a las mismas, relativas a tributos del Estado y sistema tributario en general, para su posterior presentación ante el Poder Legislativo.
6. Presentar a su superior jerárquico informe de la recaudación y de las labores en el ejercicio de su cargo;
7. Presentar en tiempo y forma a la Asamblea Nacional a solicitud de su Junta Directiva o a solicitud de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, los informes de recaudación y cualquier otra información relativa al desarrollo y naturaleza de sus funciones y del desempeño de la administración tributaria en general, cuando este Poder del Estado así requiera. Así mismo, brindará la información que en el desempeño de sus funciones y atribuciones le solicitare la Contraloría General de la República.
8. Autorizar a las personas facultadas para emitir Dictamen Tributario.
Capítulo III
Dictamen Fiscal
Alcances
Artículo 153.- Sin perjuicio de las facultades de investigación y fiscalización que tiene la Administración Tributaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, los contribuyentes y responsables, agentes retenedores y terceros con responsabilidad, podrán de forma facultativa auxiliarse de los servicios de profesionales debidamente autorizados por la Administración Tributaria para respaldar su declaración anual del Impuesto sobre la Renta, retenciones y pagos a cuenta, declaraciones mensuales de impuesto al consumo y demás obligaciones tributarias, cuya recaudación, administración y fiscalización son de competencia de la Administración Tributaria.
Contenido
Artículo 154.- Las Firmas Privadas de Contadores Públicos y/o Contadores Públicos Autorizados (CPA), y los profesionales versados en materia tributaria debidamente autorizados por parte de la Administración Tributaria para ejercer ésta función, a que se refiere el artículo anterior, emitirán un Dictamen Fiscal, con fuerza de documento público, en el que declaren:
1. Haber revisado los registros y documentos del contribuyente que sustentan las declaraciones y pagos de tributos del contribuyente, responsable, retenedor o tercero con responsabilidad;
2. Haber efectuado pruebas de esos registros y documentos;
3. Haber verificado que esos registros y documentos cumplen los requisitos que señalan las leyes;
4. Haber señalado las modificaciones, rectificaciones y/o ajustes correspondientes; y
5. Que las declaraciones y pagos de los tributos se han realizado, de acuerdo con la legislación tributaria vigente.
Documentos de Respaldo
Artículo 155.- Las Firmas Privadas de Contadores Públicos y/o Contadores Públicos Autorizados (CPA) y los profesionales versados en materia tributaria debidamente autorizados por parte de la Administración Tributaria para ejercer ésta función que emitieren Dictamen Fiscal, estarán obligados a presentar los papeles de trabajo, soportes y demás documentos que sustenten su dictamen, así como las aclaraciones, ampliaciones y justificaciones que les sean requeridas por la Administración Tributaria.
Garantía
Artículo 156.- Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y terceros, que en cuyas declaraciones tributarias hubieren hecho uso del Dictamen Fiscal y que fueren requeridos por la administración tributaria, para la revisión de sus declaraciones dictaminadas, estarán relevados de toda obligación en lo que concierne a esas declaraciones, mientras no se verifique previamente el Dictamen y no se detecten actos u omisiones que presuman la comisión de infracciones tributarias.
Responsabilidad
Artículo 157.- El representante de las Firmas Privadas de Contadores Públicos y/o Contadores Públicos Autorizados (CPA), serán responsables administrativamente por los actos u omisión que causaren perjuicio fiscal en los intereses del Estado por lo que deben para tal efecto estar debidamente autorizados por la Administración Tributaria.
Para emitir el Dictamen Fiscal deberán rendir una fianza a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para responder por daños generados al Estado, en el caso que proporcionen datos falsos sobre los estados financieros del contribuyente y serán sancionados de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.
Capítulo IV
Determinación de la Obligación Tributaria
Facultad y Definición
Artículo 158.- La determinación de la obligación es el acto mediante el cual la Administración Tributaria declara sobre base cierta, sobre base presunta, y otros métodos que determine la Legislación Tributaria, la existencia de la obligación tributaria.
Error de Cálculo
Artículo 159.- Cuando el sujeto pasivo haya cometido error de cálculo y no de concepto del que resultare diferencia a favor del Fisco, la Administración Tributaria requerirá el pago adeudado el cual deberá efectuarse dentro del plazo de quince (15) días, contados a partir de la notificación.
Si la diferencia fuera a favor del contribuyente, la Administración Tributaria lo notificará a quien corresponde y procederá a acreditar en cuenta o a devolver tal diferencia en caso no opere la compensación. La devolución se hará de oficio y en su defecto a solicitud del sujeto pasivo.
Sistemas de Determinación
Artículo 160.- La determinación de la obligación tributaria por la Administración Tributaria se realizará aplicando los siguientes sistemas:
1. Sobre base cierta, con apoyo en los elementos que permitan conocer en forma directa el hecho generador del tributo, tales como libros y demás registros contables, la documentación soporte de las operaciones efectuadas y las documentaciones e informaciones obtenidas a través de las demás fuentes permitidas por la ley;
2. Sobre base presunta, a falta de presentación de declaración, de libros, registros o documentos, o cuando los existentes fueren insuficientes o contradictorios la Administración Tributaria tomará en cuenta los indicios que permitan estimar la existencia y cuantía de la obligación tributaria y cualquier dato que equitativa y lógicamente apreciado sirva para revelar la capacidad tributaria;
3. Sobre base objetiva tomando en cuenta:
a. Renta Anual;
b. Tipos de servicios;
c. Rol de empleados;
d. Tamaño del local;
e. Monto de ventas diarias;
f. Cantidad de mesas o mobiliario para disposición del público;
g. Listado de proveedores;
h. Contratos de arrendamiento; y,
i. Modalidad de las operaciones.
4. Método de Precios de Transferencia, el que será regulado por ley, en base a Convenios Internacionales vigentes que regulan la materia;
5. Otros métodos contemplados en la Legislación Tributaria.
Trámite
Artículo 161.- La determinación se iniciará con el traslado al contribuyente de las observaciones o cargos que se le formulen en forma circunstanciada la infracción que se le imputa. En este caso, la autoridad administrativa podrá, si lo estima conveniente, requerir la presentación de nuevas declaraciones o la rectificación de las presentadas.
En el término de quince (15) días hábiles el contribuyente deberá formular su descargo y presentar u ofrecer prueba.
Vencidos los términos respectivos se dictará resolución en la que se determinará la obligación. La resolución emitida podrá ser recurrida en la forma y bajo los procedimientos establecidos en el presente Código.
Requisitos de la Resolución
Artículo 162.- La Resolución de Determinación debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Lugar y fecha;
2. Número de registro del contribuyente o responsable;
3. Número de Cédula de identidad;
4. Indicación del tributo y del período fiscal correspondiente;
5. Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas;
6. Fundamentos de la decisión;
7. Elementos inductivos aplicados, en caso de estimación y base presunta;
8. Discriminación de los montos exigibles por tributos, multas y sanciones según los casos; la declaración expresa que la presente resolución es recurrible y la designación de la autoridad competentemente ante quien se puede recurrir; y
9. Firma del funcionario autorizado.
Cumplimiento
Artículo 163.- Determinada la obligación tributaria sobre base cierta o presunta, el contribuyente o responsable, deberá cumplirla dentro de los cinco (5) días después de vencido el plazo para impugnar.
El contribuyente no podrá impugnar la determinación sobre base presunta cuando se fundamente en hechos que no presentó oportunamente ante la Administración Tributaria.
Capítulo V
Consultas
Evacuación
Artículo 164.- La Administración Tributaria atenderá las consultas que se le formulen y que cumplan con las disposiciones contenidas a los Derechos y Recursos de los Contribuyentes y Responsables y los requisitos que se establecen en este Código. La Administración Tributaria evacuará las consultas mediante acto administrativo fundado.
Requisitos
Artículo 165.- Toda consulta deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser formulada por escrito en papel corriente, indicando los datos generales del consultante, su cédula de identidad, su número de registro de contribuyente, dirección de su domicilio tributario para notificación, número de teléfono y correo electrónico en su caso;
2. Especificar el funcionario o autoridad a la cual se presente;
3. Exponer claramente los hechos objeto de la consulta con su opinión fundada;
4. Citar las disposiciones legales especificas; y
5. Facilitar los documentos y demás elementos de juicio que permitan una mejor inteligencia de los hechos o situaciones que la motivan.
Improcedencia
Artículo 166.- El funcionario autorizado para evacuar la consulta podrá declararla improcedente por escrito cuando:
1. No cumpla los requisitos establecidos en el artículo anterior;
2. No se aporten suficientes elementos de juicio;
3. Se refiera o guarde relación con hechos o situaciones objeto de controversia; y
4. Verse sobre normas tributarias que no sean de su competencia.
La improcedencia declarada por el funcionario, debe ser notificada por cualquiera de los medios establecidos en este Código al consultante, indicando claramente las causas por las cuales se le ha declarado improcedente. El consultante podrá volver a formular la consulta después de subsanadas los causas que originaron su improcedencia.
Plazo
Artículo 167.- Toda consulta que cumpla con los requisitos establecidos en este Código será evacuada dentro del plazo establecido en el mismo.
Efectos
Artículo 168.- La Administración Tributaria estará obligada a aplicar al consultante el criterio técnico y jurídico sustentado en la evacuación de la misma y sólo surte efecto para el caso consultado.
Eximente
Artículo 169.- No podrá imponerse sanción a los contribuyentes que, en la aplicación de la legislación tributaria, hubieren adoptado el criterio o expresado por la Administración Tributaria, en consulta evacuada sobre el mismo tipo de asunto.
De igual forma se procederá cuando la Administración Tributaria no resolviere en el plazo establecido, la resolución de las mismas. En ambos casos opera tal circunstancia sin detrimento de las sanciones con responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda en contra el funcionario aludido.
Nulidad de la Consulta
Artículo 170.- Será nula la respuesta de la consulta cuando:
1. Se fundamente en datos, información y/o documentos falsos o inexactos proporcionados por el contribuyente; y,
2. Sea emitida por autoridades que no han sido autorizadas para emitir dicha respuesta.
Improcedencia de Recursos
Artículo 171.- Contra la respuesta a la consulta no procede recurso alguno, sin perjuicio de la impugnación que pueda interponer el consultante contra el acto administrativo en el que se encuentre Contenido el criterio que se expresó en la respuesta a la consulta.
Capítulo VI
Cobro Judicial de las Deudas Tributarias
Sección I
Aspectos Generales
Requerimiento de Pago
Artículo 172.- Toda obligación pendiente de pago líquida y exigible dará lugar a que la Administración Tributaria dirija al contribuyente o responsable deudor una nota requiriéndole de pago y notificándole que si no pone fin al adeudo pendiente dentro del término de quince (15) días hábiles, iniciará el procedimiento ejecutivo en la vía judicial para hacer efectivo su pago. Una vez transcurrido el término anterior sin que el deudor hubiere cancelado su deuda, la Administración Tributaria presentará sin más trámite, la iniciación del procedimiento ejecutivo para el efectivo pago de la obligación pendiente.
Acción Ejecutiva
Artículo 173.- La Administración Tributaria tendrá acción ejecutiva para perseguir al deudor de la obligación pendiente de pago, sus sucesores o representantes por obligaciones tributarias con saldos pendientes a su favor que resulten de las propias declaraciones del contribuyente, de resoluciones firmes o sentencias de las autoridades correspondientes.
Las obligaciones tributarias exigibles deberán constar en un oficio que suscribirá de conformidad a la ley, el funcionario delegado y autorizado por el Titular de la Administración Tributaria.
Las garantías hipotecarias, bancarias, de prenda y otros títulos valores, emitidas a favor del Fisco para respaldar obligaciones tributarias, se ejecutarán con el procedimiento contenido en el presente Capítulo.
Título Ejecutivo Administrativo
Artículo 174.- El oficio indicado en el artículo anterior que constituirá el Título Ejecutivo, deberá contener los siguientes requisitos:
1. Lugar y fecha de la emisión;
2. Nombre del obligado, su número de Registro ante la Administración y su domicilio;
3. Indicación precisa del concepto e importe del adeudo tributario con especificación, en su caso, del tributo y ejercicio fiscal, multa y recargo que corresponda, en su caso;
4. Constancia de haber efectuado la notificación con requerimiento de pago e indicación de iniciar el cobro ejecutivo; y,
5. Nombre y firma del funcionario que suscribe el oficio.
Sección II
Del Juicio Ejecutivo
Tribunales Competentes
Artículo 175.- Serán tribunales competentes para conocer de estos juicios, los Jueces de Distrito para lo Civil del domicilio tributario del ejecutado, determinado conforme lo dispuesto en el presente Código, y en segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones de la jurisdicción correspondiente. Las apelaciones se tramitarán de conformidad con lo establecido en el Derecho Civil.
Presentación de la Demanda y Legitimidad de Personería
Artículo 176.- El funcionario competente para representar a la Administración Tributaria en el Juicio Ejecutivo, será el Procurador Auxiliar de Finanzas., adscrito a la Dirección General de Ingresos, quien demostrará su legitimidad de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en su defecto el Titular de la Administración Tributaria podrá delegar esta facultad en el profesional del derecho debidamente incorporado a la Corte Suprema de Justicia que estime conveniente, debiendo acreditar en el escrito de demanda copia de la certificación del acta donde conste su nombramiento y el respectivo título ejecutivo.
Solicitud de Embargo Ejecutivo
Artículo 177.- El Procurador Auxiliar de la Administración Tributaria, o en su defecto, el delegado por la Administración Tributaria para actuar en juicios ejecutivos en base al artículo que antecede, podrá solicitar al juez competente, decretar y ejecutar embargo ejecutivo sobre bienes, derechos, o acciones del contribuyente demandado ejecutivamente, con el fin de garantizar la recuperación efectiva del crédito fiscal, multas y sanciones, en su caso.
Mandamiento de Ejecución
Artículo 178.- Recibida la demanda, el juez examinará el título y dispondrá la ejecución, librando el correspondiente mandamiento y ordenando su notificación al deudor tributario. No se abrirá posterior período de prueba.
La Fuerza pública prestará en forma inmediata el auxilio requerido por las Administraciones de Rentas y/o autoridades tributarias, para el cumplimiento de resoluciones o tareas propias emanadas de las leyes tributarias y demás.
Contenido del Mandamiento
Artículo 179.- El contenido del mandamiento de ejecución, será el que establece el Código de Procedimiento Civil.
Si la ejecución recayere sobre cuerpo cierto, o si el acreedor en la demanda hubiere señalado, para que se haga el embargo, bienes que la ley permita embargar, el mandamiento contendrá también la designación de ellos.
Tramitación del Mandamiento y Ejecución
Artículo 180.- El mandamiento de ejecución será realizado bajo el procedimiento establecido en el código de procedimiento civil que regula lo relativo al juicio ejecutivo.
Suspensión de la Ejecución
Artículo 181.- La ejecución sólo podrá suspenderse con el pago de la deuda tributaria, o la demostración en documento indubitable que la deuda demandada ejecutivamente ya ha sido pagada, lo que podrá realizarse en cualquier momento del proceso antes del remate de los bienes.
Facultades del Ejecutor del Embargo
Artículo 182.- El ejecutor del embargo tiene plenos poderes para realizar la aprehensión material del objeto embargado, sin limitación legal alguna en cuanto a la determinación y selección de los objetos a embargarse en cantidad suficiente para cubrir la deuda total, a excepción de los bienes inembargables, de conformidad a la legislación vigente.
Embargo de Bienes
Artículo 183.- El embargo de bienes inmuebles se practicará con sólo la inscripción del mandamiento judicial en el respectivo registro de la propiedad embargada, sin necesidad de captura material; el Juez comunicará al dueño o poseedor el embargo practicado, a fin de que él asuma las obligaciones de depositario. Los bienes muebles se embargarán mediante su aprehensión material y entrega al depositario designado por el juez ejecutor; en el caso de bienes muebles sujetos a registro (vehículos, lanchas, aviones y otros), bastará la inscripción del mandamiento en el registro público correspondiente, quedando su captura material a opción del ejecutor.
Embargo a Personas Jurídicas
Artículo 184.- Cuando el embargo recayere sobre bienes de personas jurídicas, el Juez Ejecutor a instancia de la parte actora, nombrará un interventor quien tendrá facultades generales de administración, hasta la recuperación del crédito del fisco, sin perjuicio de las facultades particulares que este Código le confiere a la Administración Tributaria.
Las entradas de la empresa, deducidos los gastos necesarios para su funcionamiento normal, se retendrán para el pago de la Obligación Tributaria que se demanda.
Alcances de la Retención
Artículo 185.- Si el legitimado para representar a la Administración Tributaria en su demanda hubiese señalado entre los bienes susceptibles de embargo, sueldos, salarios, créditos activos, u otras prestaciones que en numerario hubiere de recibir el deudor, el mandamiento contendrá, además de la orden de embargar bienes del deudor, la de practicar retención a estas prestaciones en numerario.
Levantamiento del Embargo
Artículo 186.- Puede el deudor en cualquier estado del juicio levantar el embargo, consignando una cantidad suficiente a juicio del juez competente para el pago de la deuda total y las costas, ante el juez de la causa.
Oposición y Excepciones
Artículo 187.- El deudor tributario podrá presentar oposición dentro de los tres días posteriores al requerimiento de pago mediante el mandamiento ejecutivo. La oposición sólo podrá fundamentarse en las siguientes excepciones:
1. Incompetencia del juez ante el cual se hubiere presentado la demanda;
2. Ilegitimidad de personería;
3. Inexigibilidad del Título por omisión de cualquiera de los requisitos señalados en este Código.
4. Extinción de la obligación por cualquiera de los medios previstos en este Código;
5. Cumplimiento de facilidades de pago establecidas con anterioridad al embargo; y
6. Se tendrán también como excepciones la interposición de tercerías.
Las excepciones deberán oponerse en el mismo escrito expresando con claridad y precisión los hechos y medios de pruebas de que el deudor intenta valerse para acreditarlos.
Trámite de la Oposición
Artículo 188.- Presentada en tiempo la oposición y si las excepciones se basan en hechos pertinentes, el Juez dará audiencia dentro del tercero día al personado como representante de de la Administración Tributaria, para que conteste la oposición.
Resolución y Apelación
Artículo 189.- Pasados los tres días para contestar la oposición, con contestación o sin ella, el juez fallará suspendiendo o mandando a seguir la ejecución. De la Resolución del Juez se podrá apelar en el momento de la notificación o dentro del tercero día.
Sección III
De las Tercerías, Concurso y Quiebra
Tercerías
Artículo 190.- En estos juicios es admisible la tercería de Prelación y Dominio. Para ser admitidas las tercerías deberán ser acompañadas de los documentos incontrovertibles en que se funden, debidamente inscritos en los registros pertinentes como mínimo tres meses antes de la iniciación del juicio ejecutivo. Si se basaren en documentos que a juicio del Juez no fueren incontrovertibles, sólo se admitirán si el demandante tercerista depositare a la orden del Juez una suma igual a la deuda tributaria cuya ejecución se persigue, más multas, recargos y costas.
Admitida las Tercerías, el Juez las tramitará conforme lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.
Concurso y Quiebra
Artículo 191.- En los casos de Concurso y Quiebra, se actuará conforme lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.
Sección IV
Alcances de la Ejecución
Ejecución Judicial
Artículo 192.- Cuando el deudor tributario no hubiere presentado oposición, o si habiéndolo hecho el juez por resolución o motivada no hallare mérito a la misma y el ejecutado no hubiere apelado de dicha resolución o cuando la resolución de segunda instancia la declarare infundada, el juez que conoce de la ejecución ordenará seguir la misma de conformidad con los artículos siguientes.
Prestaciones Monetarias Devengadas
Artículo 193.- Si el embargo hubiese recaído sobre prestaciones monetarias devengadas, las sumas retenidas se aplicarán inmediatamente al pago de la deuda tributaria demandada. Si las prestaciones aún estuvieran pendientes, la Administración Tributaria podrá escoger entre esperar que se devenguen o proceder contra otros bienes del deudor ejecutado.
Avalúo y Venta
Artículo 194.- El Juez a petición del funcionario autorizado por el Titular de la Administración Tributaria procederá a agrupar o lotificar los bienes embargados, en la forma que considere más conveniente para su fácil realización, a fin de valorarlos y ofrecerlos en subasta pública. El avalúo para la venta al martillo de los bienes muebles y subasta de los bienes inmuebles, será practicado por un solo perito nombrado por el Juez y una vez realizado, éste señalará lugar, día y hora para llevar a efecto la subasta o venta al martillo.
En cuanto a las acciones y otros valores endosables de comercio, se rematarán por su valor de mercado y a falta de éste por su valor en libros.
Publicidad de la Subasta
Artículo 195.- El Juez hará publicar por tres días consecutivos, con ocho días de anticipación en dos medios de comunicación social escritos de circulación nacional, sin perjuicio de su publicación posterior en La Gaceta, Diario Oficial, el lugar, día y hora en que se llevará a efecto la subasta, individualizando los bienes a subastar con su precio base.
De ser necesarios nuevos llamados a subasta o remate, los siguientes avisos se harán por una sola vez, con cinco días de anticipación a la fecha de la subasta o remate.
Reglas de la Subasta
Artículo 196.- En la subasta se observarán las reglas siguientes:
1. No se admitirán posturas por menos del valor de avalúo, y,
2. Sólo podrán participar en las posturas aquellas personas que las hicieren en efectivo o que presentaren constancia de haber depositado irrevocablemente la suma ofrecida o una suma mayor, en una Institución Bancaria a la orden del Juez.
Adjudicación por Falta de Postor
Artículo 197.- En caso de no ejecutarse la subasta o remate de los bienes, se procederá de acuerdo en lo consignado en el Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a la adjudicación por falta de postor y sus consecuencias.
Entrega y Escritura
Artículo 198.- El Juez, al verificar la compra venta procederá a la entrega de los bienes y al otorgamiento de las respectivas escrituras.
Ampliación del Embargo
Artículo 199.- El representante en juicio de la Administración Tributaria podrá pedir ampliación del embargo a otros bienes del deudor hasta completar las sumas adeudadas, multas y costas.
Procedimiento Especial
Artículo 200.- Cuando una obligación tributaria, estuviere respaldada o garantizada conforme lo dispuesto en el presente Código, la Administración Tributaria requerirá judicialmente al deudor para que cumpla su obligación dentro del plazo de quince días. Si el deudor no lo hiciere en este plazo, la Administración Tributaria procederá ejecutivamente a solicitar a la autoridad judicial competente la realización de la garantía sin mediar trámite alguno de acuerdo a la venta judicial.
Costas
Artículo 201.- Aunque no hubiere oposición, o si presentada ésta fuese rechazada, en la sentencia se condenará en costas al ejecutado, salvo que la autoridad judicial hubiese tenido motivos racionales para no hacerlo.
Normas Complementarias
Artículo 202.- En todo lo no regulado por los artículos que anteceden, este Juicio Ejecutivo se regirá por las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil relativas a esta materia.
TITULO VII
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
Capítulo I
Creación, Naturaleza y Competencia
Alcances
Artículo 203.- Créase el Tribunal Tributario Administrativo como un organismo altamente especializado e independiente de la Administración Tributaria. Tendrá su sede en Managua, Capital de la República y jurisdicción en todo el territorio nacional.
Competencia
Artículo 204.- El Tribunal Tributario Administrativo es competente para conocer y resolver sobre:
1. El Recurso de Apelación de que trata el Título III de este Código;
2. Las quejas de los contribuyentes contra los funcionarios de la Administración Tributaria, en las actuaciones de su competencia y dictar las sanciones, indemnizaciones, multas y demás en contra de estos.
Atribuciones
Artículo 205.- El Tribunal Tributario Administrativo tendrá las siguientes atribuciones:
1. Elaborar el reglamento en el que defina la organización y funcionamiento interno que atienda los casos que se planteen con base a lo dispuesto en el presente Código;
2. Ordenar las pruebas periciales necesarias para el conocimiento o mejor apreciación de los hechos sobre los que se requieran dictámenes especiales;
3. Presentar el presupuesto de gastos de ese organismo ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ser incorporado en el Presupuesto General de la República, y
4. Cumplir con las demás funciones inherentes a su naturaleza.
Ultima Instancia Administrativa
Artículo 206.- Las resoluciones del Tribunal Tributario Administrativo agotan la vía administrativa y serán recurribles ante la instancia correspondiente del Poder Judicial.
Capítulo II
Organización y Funcionamiento
Nombramiento e Integración
Artículo 207.- El Tribunal Tributario Administrativo estará integrado por tres miembros, y sus respectivos suplentes, nombrados por el Presidente de la República por decreto presidencial, previa consulta con los diferentes sectores económicos con personalidad jurídica en el país, para un período inicial de cinco años el tercer miembro, cuatro años el segundo miembro y tres años el Presidente del Tribunal; posterior a la primer sustitución de cada uno de los miembros, los sucesores serán nombrados por un período de cinco años. Para que estos nombramientos surtan todos sus efectos legales y los nombrados entren en ejercicio de sus cargos, los mismos deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional, por mayoría absoluta de sus miembros.
Dos de los miembros deberán ser abogados debidamente incorporados ante la Corte Suprema de Justicia y un tercero Contador Público Autorizado. Estas mismas calidades prevalecerán para los miembros suplentes, quienes deberán llenar los mismos requisitos de los miembros propietarios.
Quórum y Resoluciones
Artículo 208.- Habrá quórum en las sesiones del Tribunal con la asistencia de todos sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría.
Requisitos
Artículo 209.- Para ser miembro del tribunal Tributario Administrativo se requiere:
1. Ser nicaragüense por nacimiento, mayor de treinta años y menor de setenta y cinco años de edad al día de la elección:
2. Estar en pleno ejercicio de sus derechos de ciudadano; de reconocida solvencia moral;
3. Ser Abogado y Notario Público con experiencia en materia tributaria; en materia tributaria o contador público autorizado, según el caso.
4. No estar ligado con parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente de la República, con cualquiera de las autoridades superiores de la Administración Tributaria o con cualquiera de los miembros de la Asamblea Nacional, al momento de su nombramiento.
Deberes de los Miembros
Artículo 210.- Los miembros del Tribunal Tributario Administrativo tendrán los siguientes deberes:
1. Conocer y resolver todos los casos que por disposición de la presente Ley lleguen a su conocimiento en estricto apego y observancia de la Constitución Política de la República, las leyes generales y demás disposiciones tributarias; y,
2. Emitir el fallo correspondiente en los plazos previstos en este Código.
Destitución Causas
Artículo 211.- Son causas de destitución del cargo:
1. Desempeño ineficiente de sus funciones;
2. Mala conducta en el desempeño de sus funciones;
3. Incumplimiento de cualquiera de los requisitos que la presente Ley establece para el ejercicio de este cargo, por cualquier causa que surgiere con posterioridad a su nombramiento.
4. Negligencia reiterada que retarde la sustanciación de los procesos;
5. Comisión de delitos, incluso tentativa y frustración, cuyas penas afecten su buen nombre y honor;
6. Ineptitud; y
7. Violación de las normas sobre incompatibilidad e impedimentos contemplados en este Código.
Incompatibilidades
Artículo 212.- Los miembros del Tribunal Tributario Administrativo no podrán ejercer actividades vinculadas con el desempeño de su profesión, salvo que se tratare de la defensa de los intereses personales del cónyuge, de los padres o de los hijos, ni desempeñar empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios, la docencia o medicina.
Impedimentos. Excusa y Recusación
Artículo 213.- Todo miembro del Tribunal Tributario Administrativo está impedido y debe excusarse de conocer los reclamos de los contribuyentes o puede ser recusado por parte interesada cuando:
1. Tenga interés directo o indirecto en el reclamo;
2. Sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del funcionario que dictó la Resolución materia de la impugnación o recurso, del demandante, del recurrente o de los abogados de las partes que intervengan o hayan intervenido en la tramitación administrativa o contenciosa;
3. Hubiere dictado la Resolución impugnada o la sentencia recurrida, o haber emitido opinión respecto de los puntos controvertidos;
4. Tenga interés en la causa, por tratarse de su propio asunto, o por existir otra causa similar pendiente de resolución en la misma instancia en la que él, su cónyuge o sus parientes indicados en el numeral 2) de este artículo, sean parte;
5. Hubiere sido gerente, administrador, representante, socio, condueño, contador, auditor, apoderado, tutor, empleado o abogado de la persona o empresa interesada en el reclamo; y,
6. Tenga pendiente juicio civil o penal con alguna de las partes, o ser acreedor o deudor de cualquiera de ellas, con anterioridad al conocimiento del reclamante;
La excusa o recusación será conocida y resuelta por los miembros restantes del Tribunal Tributario Administrativo. En caso se dé con lugar la recusación o la excusa presentada, en el mismo acto, los restantes miembros del Tribunal llamarán a integrar este cuerpo colegiado al respectivo suplente, con el fin de completar la composición del tribunal y continuar conociendo hasta la resolución final del caso por el cual se excusó de conocer o fue recusado el miembro propietario.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, FINALES Y DEROGATORIAS
Capítulo I
Disposiciones Transitorias
Administración Tributaria
Artículo 214.- La Administración Tributaria se regirá por su Ley Creadora, por las leyes y normativas Tributarias vigentes y por los Convenios Internacionales suscritos y ratificados, cuando sea de obligación legal su ratificación.
Referencias
Artículo 215.- En el presente Código cuando se haga alusión a la Administración Tributaria y/o Fisco, se entenderá por éstos a la Dirección General de Ingresos y cuando se hace referencia al Titular de la Administración Tributaria, se entenderá que es a su máxima autoridad.
Solvencia Fiscal
Artículo 216.- Es el documento que emite la Administración Tributaria sobre la situación jurídica de los particulares que han satisfecho los créditos fiscales a que estuvieren obligados. Esta puede ser extendida para la totalidad o solo una parte de los créditos fiscales. El procedimiento para el otorgamiento de la solvencia fiscal se regulará mediante normativa Institucional.
Artículo 217.- Los alcances del dictamen tributario que establece el artículo 153 de este Código, tendrán lugar para respaldar la declaración anual del impuesto sobre la renta, a partir de la vigencia del mismo. Para la declaración de retenciones, pagos a cuentas, declaraciones mensuales de impuesto al consumo y demás obligaciones tributarias cuya recaudación, administración y fiscalización son de competencia de la administración tributaria, los efectos jurídicos de este artículo 153, entrarán en vigor después de dos años de haber entrado en vigencia el presente Código.
Capítulo II
Disposiciones Finales
Vigencia del Ordenamiento Jurídico
Artículo 218.- El ordenamiento jurídico tributario existente seguirá en vigencia en todo aquello que no se oponga las disposiciones contenidas en el presente Código Tributario.
Acciones y Recursos Interpuestos
Artículo 219.- Los plazos previstos para las acciones y recursos que ya se hubieren interpuesto y que trata este Código, serán los que regían al momento en que comenzaron a correr, si su cómputo se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Código.
Infracciones y Sanciones
Artículo 220.- Las normas sobre infracciones y sanciones contenidas en el presente Código, no tendrán aplicación respecto de las infracciones ocurridas antes de su entrada en vigencia, las que se regirán por la ley aplicable al momento de su comisión, salvo que las sanciones correspondan al mismo tipo de infracciones establecidas en este Código y que las sanciones contenidas en el mismo le sean menos perjudiciales al infractor. Todo lo anterior, siempre que la resolución o sentencia que aplicó la sanción, no haya pasado en autoridad de cosa juzgada.
Efectos Tributarios de la Expropiación
Artículo 221.- En los juicios de expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, una vez cumplida por el expropiante la orden del Juez en la que manda a depositar el monto de la indemnización, el judicial requerirá de oficio o a petición de parte, un informe acerca del cumplimiento de las obligaciones tributarias del expropiado a la Administración Tributaria.
Si hubiese deuda tributaria, el Juez no entregará la indemnización al expropiado mientras no efectúe el pago correspondiente a la Administración Tributaria. Lo anterior no producirá ninguna suspensión de los otros trámites y actuaciones que pueda gestionar el expropiante o el expropiado dentro del juicio de expropiación.
Si el expropiante entregare la indemnización al expropiado directamente, el primero será solidariamente responsable de las cantidades que la Administración Tributaria pudiere dejar de percibir, por la falta de pago por parte del indemnizado.
Preeminencia
Artículo 222.- Prevalecerán sobre las demás leyes tributarias y otras leyes relacionadas con esta materia, las disposiciones contenidas en el presente Código en todo lo concerniente a los tribunales y a su competencia, así como también a la sustanciación y formalidades de los procedimientos y recursos tributarios pendientes a la fecha en que el mismo entre en vigencia y las que se refieran a Recursos en la vía administrativa.
Emisión de Normas Generales
Artículo 223.- Sin perjuicio de las facultades establecidas en el presente Código y demás leyes tributarias y en todo lo que no está regulado expresamente por la ley, el Titular de la Administración Tributaria determinará los procedimientos a aplicar mediante normativas emitidas a través de disposiciones, entre otros para los siguientes casos:
1. Intervención administrativa;
2. Clausura de negocios;
3. Decomiso de bienes;
4. Autorización de sistemas informáticos, para llevar contabilidad, facturas, ticket de máquinas registradoras; y
5. Procedimientos especiales para:
a. Notas de Créditos;
b. Emisión de boletines informativos;
c. Dictamen fiscal;
d. Evacuación de consulta;
e. Registro de Contribuyentes;
f. Reembolso; y
6. Cualquier otra disposición que se considere necesaria para el cumplimiento de lo establecido en el presente Código, siempre que tal situación no implique alteración alguna a las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Capítulo III
Disposiciones Derogatorias y Vigencia
Derogaciones Generales
Artículo 224.- Desde la fecha de entrada en vigencia del presente Código, quedarán derogadas las disposiciones contenidas en las distintas leyes que se opongan o traten sobre las materias en él comprendidas.
Derogaciones Específicas
Artículo 225.- De manera particular, a partir de la fecha de vigencia de este Código, se derogan las siguientes disposiciones y sus reformas:
1. Legislación Tributaria Común, Decreto No. 713 publicado en La Gaceta, Diario Oficial número ciento cuarenta y seis del treinta de junio de Mil Novecientos Sesenta y Dos y sus reformas;
2. Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Decreto número doscientos cuarenta y tres, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número ciento cuarenta y cuatro del Veintinueve de Junio del año Mil Novecientos Cincuenta y Ocho y sus reformas; (Error en Gaceta, el Decreto 243 se publicó en la Gaceta 144, en el año 1957).
3. Artículo cinco del Capítulo I Disposiciones Generales, y los artículos veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve del Capítulo V De los Recursos Administrativos Fiscales Disposiciones Transitorias de la ley número trescientos treinta y nueve Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General del Ingresos; y sus respectivas disposiciones reglamentarias contenidas en los decretos ejecutivos correspondientes;
4. Título IX, Revisión y Apelación, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Título denominado Ley Complementaria y Reglamentaria, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número cincuenta y nueve del doce de marzo de Mil Novecientos Cincuenta y Tres;
5. Artículo ciento cinco en sus incisos cuatro, cinco, seis, siete, nueve y once del Título VII Facultades Especiales de la Administración Tributaria, y artículos ciento seis y ciento ocho del Titulo VIII Infracciones, Sanciones y Prescripción, de la Ley de Equidad Fiscal número cuatrocientos cincuenta y tres, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número ochenta y dos del seis de mayo del año dos mil tres; con sus respectivas disposiciones reglamentarias contenidas en decretos ejecutivos correspondientes;
6. Artículo nueve de la Ley Creadora del Registro Único del Ministerio de Finanzas, Decreto número ochocientos cincuenta, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número doscientos cuarenta y seis del treinta de Octubre del año Mil Novecientos Ochenta y Uno y sus respectivas disposiciones reglamentarias contenidas en los decretos ejecutivos correspondientes;
7. Ley del Delito de Defraudación Fiscal, Decreto número ochocientos treinta y nueve, publicado en La Gaceta, Diario oficial número doscientos treinta y nueve del veintidós de Octubre de Mil Novecientos Ochenta y Uno y sus reformas;
8. Decreto 41-91 “Sanciones y Cierre de Negocios por Actos Vinculados con la Evasión Tributaria” publicado en La Gaceta, Diario Oficial número ciento ochenta y dos del treinta de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Uno;
9. Decreto número 15-97, reglamento de funciones de la Asesoría del Ministerio de Finanzas, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número cincuenta y siete del veintiuno de Marzo del año Mil Novecientos Noventa y Siete;
10. Artículo dieciocho de la Ley Referente a la Destilación y Venta de Aguardiente y Alcoholes (Ley de Patente de Licores), Decreto No. 362 publicado en La Gaceta, Diario Oficial número ciento treinta y seis del treinta de Julio de Mil Novecientos Cuarenta y cinco.
Vigencia
Artículo 226.- Este Código entrará en vigencia seis meses después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil cinco. RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ, Presidente de la Asamblea Nacional. - MARÍA AUXILIADORA ALEMÁN ZEAS, Secretaria de la Asamblea Nacional.
Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, veintidós de noviembre del año dos mil cinco. Enrique Bolaños Géyer, Presidente de la República de Nicaragua.