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Que el día 20 de abril del año 2008, el ciudadano Fernando Armindo Lugo Méndez, fue legalmente electo por la mayoría del pueblo como Presidente de la República del Paraguay, asumiendo su cargo el 15 de agosto del año 2008, terminando con el continuismo de más de 60 años del conservador Partido Colorado.
Que el 22 de junio recién pasado, la Cámara de Senadores del Congreso Nacional del Paraguay aprobó con 39 votos a favor, la destitución del Presidente Constitucional Fernando Armindo Lugo Méndez, dando lugar a la formación de un proceso sumarísimo que sin cumplimiento de los trámites de ley, evidentemente no responde a los intereses nacionales y en consecuencia atenta contra la voluntad del pueblo paraguayo.
Que los Presidentes de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) han emitido comunicados donde expresan que las condiciones en que se ha desarrollado el juicio sumario, contra el Presidente Fernando Armindo Lugo Méndez, constituye una amenaza de ruptura del orden democrático. Es imprescindible el respeto de las cláusulas democráticas de UNASUR, MERCOSUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), pues las acciones en curso podrán ser comprendidas en las cláusulas democráticas de estas organizaciones y tal actitud va en contra de los procesos de fortalecimiento de las democracias en nuestros países.
Que toda persona tiene derecho a que se le realice un debido proceso y a que se le brinden las condiciones mínimas para ejercer una legítima defensa, y ante la celeridad del proceso político a que ha sido sometido Fernando Lugo Méndez, se han violentado los principios fundamentales de respeto a la dignidad humana, elaborando además un reglamento en perjuicio de éste.
Que entre las acusaciones contra el Presidente Lugo Méndez se incluyeron, según libelo acusatorio, el acto político efectuado en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas en el año 2009, en las que participaron jóvenes de esa institución armada; la firma del Protocolo Ushuaia II, suscrito en Montevideo en diciembre del 2011, para reemplazar al protocolo anterior “Carta Democrática del MERCOSUR”; el caso Ñacunday, referente a las invasiones de tierras en la zona de Ñacunday; la creciente inseguridad donde se refiere la incapacidad de desarrollar políticas y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana y el caso matanza Curuguaty, por la toma de tierra de forma ilegal por precaristas, evento registrado el 15 de junio del presente año, donde producto de estos acontecimientos resultaron muertas 17 personas, de las cuales 11 son civiles y 6 policías, acción que fue solicitada por el poder judicial.
Que la Constitución Política de la República de Nicaragua establece en su artículo 9 que “Nicaragua aspira a la Unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, inspirada en los ideales unitarios de Bolívar y Sandino”, y además es respetuosa del orden institucional establecido en las naciones hermanas de América Latina.
Primero: Condenar el irregular juicio sumario desarrollado por el Congreso de la República de Paraguay, al que fue sometido el Presidente Fernando Armindo Lugo Méndez, violentando las condiciones mínimas del debido proceso, como derecho humano fundamental.

Segundo: Sumarnos al rechazo que los pueblos hermanos de América Latina, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y otras instancias Regionales e Internacionales han expresado ante este Juicio Sumario.

Tercero: Instar a la Unión Interparlamentaria, al Parlamento Latinoamericano y Parlamento Centroamericano a rechazar el irregular juicio sumario a que ha sido sometido el Presidente Constitucional del Paraguay Fernando Armindo Lugo Méndez.

Cuarto: Envíense tres ejemplares de la presente Declaración, al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por su medio se haga entrega al Consulado de la República de Paraguay, a l as representaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) radicadas en Nicaragua.

Quinto: Publíquese esta Declaración en La Gaceta, Diario Oficial. Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil doce. Ing. René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional. Lic. Alba Palacios Benavidez, Secretaria de la Asamblea Nacional.