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Sin Vigencia
Que el Gobierno de Honduras persiste en su actitud de no dar satisfacciones à Nicaragua por los ultrajes que ha inferido su honor nacional; y en tal virtud puede considerarse que se agotarán prontamente los únicos medios de conciliación compatibles con la dignidad de la República; por lo cual está debe apercibirse para el inevitable estado de guerra,
Que para suspender las funciones del Poder Judicial conviene à los intereses públicos fijar un término prudencial à fin de proveer à la seguridad de los archivos y a todo cuanto se relacione con la tramitación de los procesos pendientes:
En Consejo de Ministros y en uso de las facultades que le confiere la Constitución y de acuerdo con las prescripciones de la ley Marcial de 10 de agosto de 1894,
Art. 1º. — Declarase à toda la República en estado de guerra.

Art. 2º. — Suspéndese las funciones de los Tribunales de Justicia y demás autoridades civiles desde el dia 28 del corriente.

Las autoridades militares se encargaran del mantenimiento del orden y la administración pública; y solamente permanecerán abiertas las oficinas del Registro de la Propiedad.

Art. 3º. — La Corte Suprema de Justicia dictara todas las medidas convenientes para la seguridad de los archivos de las autoridades judiciales.

Art. 4º. — En materia criminal las autoridades de policía tendrán facultad para seguir el informativo correspondiente; y una vez terminado, pasaran las diligencias a la Comandancia de Armas del respectivo departamento.

Dado en el Palacio del Ejecutivo — Managua, 10 de febrero de 1907 — J. S. Zelaya, El Ministro de la Gobernación, de Justicia, de Policía, de Beneficencia, de Relaciones Exteriores y de Instrucción Pública José D. Gámez — El Ministro de Hacienda y Crédito Público y de Fomento y Obras Públicas. Francisco Castro — El Ministro de la Guerra y Marina, por la ley — C. Castellón.

NOTA: Se respeta el contenido original del texto, conservando la ortografía, gramática y redacción de la época en que fue elaborado.