Normas Jurídicas de Nicaragua
Materia: Familia Niñez Juventud Adulto Mayor y Equidad de Género, Derechos Humanos, Penal
Rango: Decretos Ejecutivos
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DEL PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

DECRETO EJECUTIVO N°. 36-2006, Aprobado el 14 de Junio del 2006

Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 139 del 18 de Julio del 2006

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,

I

Que el Programa Nacional de Equidad de Género (PNEG) es el producto de un proceso y una combinación de factores positivos, que desde el Gobierno, liderado por el Instituto Nicaragüense de la Mujer, en alianza con otras instituciones del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, específicamente la Comisión Interagencial de Género, trabajan por el desarrollo de la equidad de género en Nicaragua.
II

Que el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) desarrolló una estrategia de trabajo para alcanzar este objetivo, y en Octubre 2004 logró el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para establecer los lineamientos generales que en el futuro serían la base para la construcción de un Programa Nacional de Equidad de Género.
III

Que el Instituto Nicaragüense de la Mujer, posterior al análisis y aceptación del Documento Base, consideró necesario, en el marco de la apropiación y democratización participativa de la equidad de género en Nicaragua, pasar a un período de consulta del mismo, con algunos sectores que no participaron en el proceso inicial. Y con esta consideración fue entregado a la Presidencia de la República el 8 de Marzo del 2005, dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
IV

Que como continuidad a este esfuerzo el INIM alcanzó un segundo momento que fue la fase de elaboración de una Propuesta de Consulta del Documento Base del PNEG, y que en espacios de participación nacional y en algunos departamentos del país, con diversos actores, con el objetivo de enriquecerlo, y al mismo tiempo establecer alianzas para el impulso del mismo, y así convertirlo en un PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO aprobado democráticamente por representantes del Gobierno y sociedad civil.
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,
HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO

Del Programa Nacional de Equidad de Género

Arto 1.- Aprobar el Programa Nacional de Equidad de Género, aprobado por el Instituto Nicaragüense de la Mujer que a continuación se detalla:
Capítulo I

Objetivo General
El objetivo general del Programa es impulsar la equidad de género entre las mujeres y hombres nicaragüenses durante el quinquenio 2006-2010. Es decir, el Programa busca contribuir para crear condiciones que generen mejoras de la equidad de género en áreas tales como la erradicación de la violencia, la educación, la salud, el empleo y el acceso y control a los recursos económicos productivos y la participación política; como objetivos impostergables de una estrategia nacional de desarrollo económico y humano sostenible.

El objetivo específico del Programa, es identificar a través de la participación en la consulta, las necesidades e intereses de las mujeres, y por tanto construir la base para las acciones a desarrollar. Ello supone establecer un marco de actuación conjunta de las instituciones públicas y la sociedad civil, con el apoyo coordinado de la Cooperación Internacional para promover la equidad de género en todas las políticas e iniciativas públicas nicaragüenses. Es decir, busca sentar las bases para promover un proceso de transversalización de la equidad de género de manera sistemática y sostenible, para ello el fortalecimiento institucional del INIM y la promoción de los espacios de articulación y los recursos necesarios aseguran la implementación de la transversalidad de género.

Metodología
El Documento Base del PNEG se elaboró durante tres semanas, con participación de los principales sectores y actores sociales y políticos interesados. La calidad de la participación ha sido notable, como lo muestran las aportaciones que se han escogido en el documento y cuyo desarrollo implicará la profundización del diagnóstico aquí esbozado: institucional, político y social, para cada uno de los sectores y áreas de intervención.

Se realizaron dos talleres complementarios de convocatoria amplia que se han centrado en las experiencias y opiniones de los dos grupos de actores protagonistas en la configuración de una política de género de nivel nacional: las instituciones públicas y la sociedad civil.

El Documento Final del PNEG, convertido en el Programa Nacional de Equidad de Género, fue complementado y concluido a partir de la consulta del Documento Base del PNEG con diversos actores en 11 sesiones de trabajo, con una participación de aproximadamente 230 personas, durante 2 meses.

Se seleccionaron seis espacios de participación nacional, que con los actores participantes, responden a la decisión del INIM de aprovechar eficientemente los espacios ya existentes y de trabajos en marcha, así como la presencia de los actores históricos y los recién integrados en los mismos; entre ellos las comisiones nacionales que lidera el INIM, utilizando las buenas prácticas de las alianzas establecidas. Para ello se seleccionaron las Mesas de Género y Economía; de Género y Gobernabilidad; AMLAE; Red de Mujeres contra la Violencia; Comisaría de la Mujer y Policía; Asociación de Mujeres María Elena Cuadra; la Oficina de la Mujer de la Alcaldía de Managua; y las Comisiones de Mujer Rural, Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia; y el Comité Técnico del Consejo Consultivo.

Se planificaron cinco sesiones de consulta a nivel territorial en las cabeceras departamentales de: León, Rivas, Bluefields, Nueva Segovia y Estelí con los Comité de Desarrollo Departamental, Comisiones Territoriales, Unidades de Género donde existan, representantes del movimiento de mujeres.

Justificación
El marco jurídico de derechos humanos y el mayor compromiso que en materia de igualdad tiene Nicaragua es la Constitución Política de la República; así como su activa participación y ratificación de los compromisos en las conferencias internacionales que la han colocado en el camino de los avances irrenunciables para impulsar una iniciativa pública de desarrollo para contribuir de manera cabal y sostenible a la equidad de género, desde una comprensión integral y paritaria de la participación de mujeres y hombres en el desarrollo.

Tanto la Plataforma para la Acción de Beijing, como los diversos instrumentos adoptados en las diversas Conferencias de Naciones Unidas, los Acuerdos Regionales y Nacionales, suscritos sobre las mujeres y sobre aspectos sectoriales de desarrollo, constituyen textos y documentos de referencia que contribuyen a fortalecer los derechos de las mujeres nicaragüenses y la perspectiva de género en el desarrollo, pues se trata de instrumentos ratificados por Nicaragua.

Todas las políticas públicas tienen un impacto sobre hombres y mujeres de acuerdo a sus características de género que es necesario tomar en consideración para corregir las desigualdades. Es decir, existe una responsabilidad pública en el modo en que se gestionan las políticas y recursos y, en definitiva, las oportunidades económicas y sociales. De modo que la equidad de género sea una de las condiciones de la gobernabilidad democrática.

El panorama de las iniciativas públicas de igualdad demuestra que se han hecho esfuerzos válidos que arrojan resultados encaminados en colocar la equidad de género de forma visible; sin embargo aún estos esfuerzos deben superar su grado de dispersión y de limitada trascendencia. Debe fortalecerse una mayor articulación desde los distintos sectores e impulsar iniciativas más sostenibles a mayor plazo y con una amplia visión de conjunto.

La necesidad urgente de avanzar en la construcción de una política pública de género que legitime, racionalice y potencie las iniciativas de equidad de género en la corriente principal del proceso de desarrollo nacional.
Capítulo II

Impacto de Género de las Políticas Públicas
Todas las políticas públicas tienen un impacto sobre la realidad social, es decir, tratan de producir cambios sociales, mejorar de algún modo las vidas de las personas. Si mujeres y hombres tienen vidas diferentes determinadas por la identidad de género, también las políticas les afectan de modo distinto. Por todo ello, el presente programa pone un mayor énfasis en la necesidad de planificar con enfoque de género, es decir, teniendo en cuenta las desigualdades de género en todas las políticas públicas.

Las características sociales de género asignadas a hombres y mujeres generan condiciones de desigualdades que ubican a las mujeres en una situación de desventaja para acceder a los recursos y oportunidades económicas, sociales y políticas.

En términos de género no existen políticas neutrales: las políticas e iniciativas públicas pueden estar contribuyendo a mejorar la igualdad entre mujeres y hombres o bien, todo lo contrario, a incrementar las brechas en las oportunidades de ambos.

El presente Programa confirma que sigamos trabajando planificando con enfoque de género, es decir, teniendo en cuenta las desigualdades de género en todas las políticas públicas, de este modo podremos asegurar que las políticas de Estado vayan dirigidas a todos los ciudadanos, sin exclusión; y que sean redistributivas. Ello no implica, sin embargo, entender que las mujeres sean víctimas del desarrollo, o considerarlas como grupo vulnerable, más bien, son protagonistas y agentes activas de desarrollo, lo que ocurre es que las condiciones en que participan son discriminatorias y sus aportaciones y capacidades apenas son visibilizadas y valoradas.

Necesidad de Construir un Marco Político-Jurídico Global de Género
El panorama nicaragüense sobre la integración de los aspectos de género en las políticas públicas muestra iniciativas prácticas desde las distintas áreas de desarrollo. En la actualidad conceptualmente parecen centrarse sobre todo en el área de gobernabilidad y estar aglutinadas en torno al problema de la lucha contra la violencia intrafamiliar y de género. Muchas de estas iniciativas son lideradas por el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), pero no agotadas en su quehacer. Múltiples institutos, organizaciones e instancias públicas, como por ejemplo el FISE, llevan a cabo iniciativas relativas a las mujeres o que buscan promover de algún modo la equidad de género, por ejemplo podemos destacar la existencia de unidades de género en el sector agropecuario y del ambiente, la inclusión de la salud sexual y reproductiva en la Ley Nacional de Salud y el Plan Nacional de Salud, así como también la labor que desde la Policía Nacional se realiza desde las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia.

Aún queda largo camino hacia una política global de equidad de género que de cobertura de modo coherente y sistemático a las diversas acciones. Es necesaria una política de género cabal ubicada en el marco de la política nacional de desarrollo.

Se reconoce la necesidad de continuar avanzando en la comprensión de la equidad de género y su importancia en las políticas públicas, es necesario contar con los recursos y continuar fortaleciendo las capacidades técnicas del INIM y elevar su status.
Capítulo III

Eficaz y Eficiente Cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo
Los objetivos de desarrollo que conforman el Plan Nacional de Desarrollo solamente serán posibles con equidad de género y con la participación activa de las mujeres, quienes tienen un papel central en el desarrollo de Nicaragua. Las inversiones sociales serán rentables si tienen en cuenta y se visualizan las necesidades de las mujeres y su participación en el desarrollo, promoviendo su empoderamiento y autonomía.

Importantes Necesidades de Fortalecimiento Institucional
Si las políticas no son neutras al género de las personas, las instituciones tampoco: son producto de la misma cultura que reproduce las desigualdades, por lo que el trabajo de integración de género “hacia adentro” de las organizaciones cobra asimismo especial importancia.

Debemos destacar las necesidades de fortalecimiento institucional en materia de género que se expresan, por ejemplo, en mejorar la sensibilización y comprensión de la equidad de género y su importancia por parte de algunos responsables de políticas públicas. También se expresan en la ausencia de una política de género de alcance global con los recursos necesarios. En relación con ello, es esencial una estrategia de transversalización entendida con todos sus elementos necesarios, el fortalecimiento de las capacidades técnicas para integrar género en las diversas áreas de la política pública, así como la correcta ubicación dentro de las estructuras del quehacer público del Instituto Nicaragüense de la Mujer en el panorama de las políticas públicas.

Estas carencias que deben ser reforzadas institucionalmente, se experimentan en todo el entramado institucional, con mayor o menor incidencia por sectores: los más “duros” o “masculinizados” suelen presentar mayores problemas de trabajo con género (macroeconomía, finanzas, políticas estructurales, infraestructuras, transportes, pesca, etc.); y a todos los niveles del Estado: nacional, departamental y municipal.

Orientaciones Conceptuales y Estrategias del Programa
Es importante aclarar y definir los conceptos de género a fin de que todos los actores implicados podamos comprender y compartir el mismo campo semántico de manera homologada, dando legitimidad política y mayor fuerza a la terminología.

Orientaciones Conceptuales de Género
Nicaragua tiene como el marco de su mayor compromiso en materia de igualdad la Constitución de la República de Nicaragua. Al mismo tiempo ha venido participando activamente en las Conferencias internacionales que han marcado hitos en la adopción de conceptos centrales de género como el propio concepto de género, la equidad de género, el empoderamiento, la transversalidad, la salud sexual y reproductiva, los derechos humanos de las mujeres, entre otros, que suponen avances irrenunciables para cualquier iniciativa pública de desarrollo que quiera contribuir de manera cabal y sostenible a la equidad de género, desde una comprensión integral y paritaria de la participación de mujeres y hombres en el desarrollo.

Tanto la Plataforma para la Acción de Beijing, como los diversos instrumentos adoptados en las diversas Conferencias de Naciones Unidas sobre las mujeres y sobre aspectos sectoriales de desarrollo, constituyen textos y documentos de referencia que contribuyen a fortalecer los derechos de las mujeres nicaragüenses y la perspectiva de género en el desarrollo y la Cooperación Internacional, pues se trata de instrumentos ratificados por Nicaragua.
Capítulo IV

La Equidad de Género Objeto del Programa
Promover un desarrollo sostenible exige equidad de género y al mismo tiempo esta ha de ser un objetivo de desarrollo.

Género se reconoce como una dimensión clave del desarrollo, entendido como el conjunto de roles asignados, susceptibles de cambio y evolución, que se encuentran interrelacionados, para hombres y mujeres. Estos roles y el modo en que se valoran, determinan una posición desigual e injusta para las mujeres en el contexto del desarrollo y se ven afectados y moldeados, entre otros, por las políticas y los proyectos de desarrollo.

La equidad de género es un objetivo y una estrategia de desarrollo. No implica identidad entre hombres y mujeres sino igual valoración, igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades para mujeres y hombres en el desarrollo.

Un Programa Nacional de Equidad de Género, se refiere a que la equidad de género ha de configurarse como un objetivo al que deben contribuir, de manera concreta, todas las políticas públicas.

La Estrategia de Intervención del Programa

Acciones Positivas y Transversalidad

El Programa se basa en una estrategia de doble vía:

- Promoción de acciones positivas dirigidas específicamente a alcanzar la equidad de género y

- La estrategia de transversalización, por la cual todas las iniciativas de política pública han de integrar la dimensión de género.

Las acciones positivas son el conjunto de medidas encaminadas directamente a eliminar los obstáculos y acabar con las discriminaciones que impiden, de hecho, a las mujeres, acceder a la igualdad de derechos y oportunidades.

Las acciones positivas promueven el empoderamiento o las capacidades y autonomía de las mujeres para enfrentar los problemas de desigualdad que les afectan. Se trata de un proceso complejo y específico de cada persona y contexto, por el cual se accede a los diversos recursos y oportunidades necesarios internos o psicológicos, políticos, económicos, etc., para cambiar su posición en las relaciones de género, es decir para superar las discriminaciones que les afectan.

La transversalización de género es la estrategia complementaria a las acciones positivas, es la estrategia central del programa. Esta estrategia fue adoptada en la Conferencia de Beijing (1995); e implica la integración de la igualdad de género en todas las políticas e iniciativas de desarrollo, de manera complementaria a los proyectos específicos. Surge como reacción a la marginalización de las iniciativas de género y busca dar una mayor importancia y amplitud a la igualdad de género respecto de las principales iniciativas y recursos de desarrollo.

Se necesita ubicar conceptualmente la equidad de género en el nivel más alto y amplio de política de manera que pueda aprovecharse la potencialidad de todos los recursos existentes para la promoción de la equidad de género. Esa es la lógica de la estrategia de transversalidad. De lo que se trata es de ubicar la equidad de género en la corriente principal del desarrollo, para que las principales políticas, instituciones y procesos de toma de decisiones que respondan a ese objetivo.

Es decir, se busca un cambio del escenario actual, en el cual las políticas públicas se desarrollan en su mayor parte sin enfoque de género, mientras el INIM con todas sus limitaciones trata de revertir tal proceso., a un nuevo escenario objeto del proceso de transversalización en que la equidad de género sea objetivo de las políticas generales, con un INIM fortalecido que lidere este proceso de cambio, trabajando conjunta y no compensatoriamente respecto de otras políticas, en los avances en la igualdad de oportunidades.

La política de género se concibe en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en relación a todos los sectores, y se expresa en todos los niveles de planificación, incluidos los departamentales y locales.

En este marco conceptual descrito, el Programa Nacional de Equidad de Género constituye el instrumento político, básico que da cobertura a todas las actuaciones públicas de las instituciones nicaragüenses en materia de equidad de género con lo que alcanzaremos una visión global y sistemática de la dimensión de género en todas las políticas públicas.

Los Actores del Proceso y los Mecanismos de Concertación
El INIM, institución con una trayectoria de existencia de 17 años, es el organismo que ha venido impulsando los cambios de equidad de género de acuerdo a su mandato y naturaleza. Para realizar su rol es necesario realizar acciones de capacitación y fortalecimiento institucional así mismo mejorar el status institucional del mecanismo de la mujer, de modo que pueda ejercer sus competencias de conducción y liderazgo del proceso respecto de todas las áreas de política. Deberán estudiarse la racionalización de los espacios de coordinación interinstitucional, y el trabajo coordinado con la sociedad civil, de modo que se promueva una integración sostenible de género de doble vía en todas las políticas públicas y de modo ampliamente participativo.

La puesta en práctica de un programa para la transversalización de género implica la participación de todas las instituciones públicas en sus diversos, niveles de actuación. Todas ellas desarrollarán también, por tanto, competencias y responsabilidades en materia de equidad de género. Es decir de la política nacional de equidad de género no es sólo responsabilidad del INIM, éste tiene un papel impulsor que deberá ser desarrollado por las diversas instituciones en el área de sus respectivas competencias, de modo que la integración de género se transforme en un auténtico principio orientador de la gestión pública y de gobernabilidad democrática.

Las Municipalidades y Departamentos son, asimismo, actores fundamentales a tomar en consideración en la promoción de la equidad de género, junto con los diversos actores de la sociedad civil organizada y las Universidades.

La Cooperación Internacional puede jugar un papel importante de apoyo al proceso de integración de género en las políticas públicas nicaragüenses, siempre y cuando las Agencias la asuman internamente como una prioridad y se doten de las capacidades y recursos necesarios.

Estructura y Contenidos
El Gobierno de la República de Nicaragua frente a la demanda de la población, que a través de las organizaciones de mujeres ha venido impulsando un trabajo por la igualdad, ha suscrito acuerdos internacionales en materia de género, y ha participado en los distintos espacios como (la CEDAW, la Plataforma para la Acción de Beijing, etc.), y también responde a los objetivos del Milenio tal como han sido adoptados por la comunidad internacional y toma en cuenta la próxima revisión de los mismos de cara al 2005 y 2015.

Como una iniciativa de gobierno, el INIM en el esfuerzo por fortalecer el cumplimiento de esos compromisos contraídos y lograr el enfoque de equidad de género en la implementación del PND (2005-2015) se ha planteado la necesidad impostergable de formular un Programa Nacional de Equidad de Género dándole contenidos y enfoque de género a las prioridades de la política global de desarrollo: área económico-productiva, de gobernabilidad y de desarrollo humano, a la que se suma la de lucha contra la violencia de género que tiene un carácter transversal. Asimismo, se plantea de modo coordinado con los diversos programas sectoriales existentes en materia de salud, educación, lucha contra la violencia, etc., buscando mejorarlos y complementarlos desde una perspectiva de género.

El Objetivo General del Programa es el de impulsar la equidad de género entre las mujeres y hombres nicaragüenses durante los próximos cinco años, y se plantea realizarlo a través de una doble estrategia de carácter complementario.

Objetivos de Equidad de Género por Sectores
La determinación de objetivos de equidad de género para cada una de las áreas de intervención prioritaria del Plan Nacional de Desarrollo, han sido obtenidos a través del proceso construcción del Programa y de la consulta realizada sobre el Documento Base del PNEG, logrando la identificación de los mismos desde la perspectiva de equidad de género vinculado a la realidad de cada espacio de participación y sus integrantes. Si bien su formulación tiene un carácter general al tratarse de objetivos, su concreción práctica se realizará a través de acciones positivas y en el diseño y formulación de un Plan de Acción.

Estrategias de Transversalización
El fortalecimiento y desarrollo de las capacidades necesarias para la puesta en práctica de políticas con enfoque de género de modo sostenible por parte de todas las instituciones del Estado, proceso que será liderado por el INIM.
Capítulo V

Objetivos de Equidad de Género en las Áreas de Desarrollo
A continuación se han identificado algunos de los principales problemas y objetivos de acuerdo a las áreas que estructuran el Plan Nacional de Desarrollo. Se trata de determinar las vinculaciones fundamentales de la equidad de género con cada sector, como marco para la planificación de acciones positivas e intervenciones concretas a impulsar por el INIM y cada uno de los actores gubernamentales y no gubernamentales implicados en la promoción de la equidad de género. En definitiva se trata de avanzar en la definición del marco común de convergencia para la equidad de género en el marco de los objetivos globales de desarrollo del país.

El Estado de Nicaragua asegura desde 1955 el derecho ciudadano de las mujeres a ejercer el voto en las urnas electorales y a elegir libremente a los gobernantes.

Los dos partidos políticos mayoritarios, el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, han establecido cuotas de participación femenina. El primero de ellos estableció una cuota mínima de participación de mujeres del 30% en cargos de el período, la dirección y como candidatas a cargos de elección pública. En su Junta Directiva tiene un 38.8% de representantes femenina. El segundo partido mencionado estableció una cuota del 40% para mujeres y jóvenes, teniendo en su Junta Directiva nacional un 20% de mujeres.

A pesar de estos avances, aún existen obstáculos para lograr la efectividad en estas medidas formales. La ausencia de mecanismos que aseguren la participación, la falta de preparación política de las mujeres, la carencia de apoyo partidario y las consecuencias de un sistema patriarcal que ha bloqueado históricamente el desarrollo de las capacidades de participación política de las mujeres.

Las dificultades para cumplir con las medidas a favor de la participación política de las mujeres se pudieron constatar durante las elecciones nacionales de 2001: la Presidencia y Vice-Presidencia de la República recayó en dos hombres. Se eligieron 22 representantes al PARLACEN, de los cuales las mujeres representaron poco más de un 18%. Asimismo, de los 93 diputados/as para la Asamblea Nacional, 23 fueron mujeres, esto es, poco menos de un 25%. Esto representó, no obstante, un avance en comparación con las elecciones de 1996, en las que sólo hubo 11 diputadas electas.

En cambio, en las elecciones municipales del 2000, las mujeres redujeron su participación en el nivel de jefaturas máximas de las alcaldías en comparación con las elecciones de 1996. Sólo 14 de las 151 alcaldías quedaron en manos de mujeres (ninguna en municipios importantes en términos de población y recursos) y 33 mujeres resultaron electas como Vice-Alcaldesas (lo que representa un incremento en relación con las elecciones de 1996).

Las mujeres integrantes de partidos políticos han desarrollado importantes esfuerzos por impulsar a sus organizaciones hacia un mejor cumplimiento de sus compromisos con la equidad de género. Así, la resolución final del II Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Centroamérica y República Dominicana incluyó la promoción de reformas al Código Electoral para cumplir con los compromisos asumidos por los Estados a nivel internacional en el tema del principio de igualdad ante la ley: reformas al régimen interno de los partidos políticos e inscripción de candidaturas, uso de lenguaje no sexista, promoción de un mínimo de participación de un 40% de mujeres y jóvenes en los órganos de dirección partidaria y del 40% de mujeres como mínimo en las planillas de inscripción de candidaturas. El punto 10 de la Declaración Final de la XI Conferencia de Partidos Políticos de Centroamérica y República Dominicana expresa el compromiso de apoyar estas resoluciones.

En el ámbito nacional, en 2002, se integró la Junta Directiva Provisional del Foro de Mujeres de partidos políticos de Nicaragua, con el apoyo de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia del PARLACEN.

En materia de acceso de las mujeres a cargos públicos, el primer Gabinete de Gobierno, después de las elecciones nacionales de 2001, integró a 2 mujeres del total de 21 ministros, esto es, poco menos del 10%. De los 12 cargos de vice-ministros, 6 fueron ocupados por mujeres, mientras que 3 mujeres fueron nombradas entre los 15 entes autónomos de Gobiernos. De los cuatro entes que cuentan con sub-directores o vicepresidentes, dos tenían en estos cargos mujeres (Instituto de Telecomunicaciones y Correos y el Instituto de Turismo).

En el poder legislativo, la primera Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el período 2002-2006 incluyó 2 mujeres diputadas de un total de siete miembros. Una segunda Junta Directiva, en el mismo año 2002, también incluyó a una mujer diputada en la Tercera Vice-Presidencia. Durante la Legislatura de 2002, de 17 comisiones, 4 fueron jefeadas por mujeres.

El Poder Judicial es el que presenta mayor presencia femenina. La Corte Suprema de Justicia, contaba en 2002 con 3 mujeres de un total de 11 miembros. En octubre de 2002, una Magistrada fue electa como Presidenta de la Corte. Esta fue la primera vez en que una mujer alcanza este cargo en Nicaragua. Según datos disponibles, en los Tribunales de Apelaciones el 45.5% de sus integrantes son mujeres. En los Juzgados de Distrito, el 51%; y en los Juzgados Locales el 68% también son mujeres. Globalmente, las mujeres representan más del 60% del total de juezas/jueces en el país.

El Consejo Supremo Electoral está integrado por 8 hombres y 2 mujeres. De ellos, 7 son propietarios (todos hombres) y 3 suplentes (2 de los cuales son mujeres).

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la gobernabilidad requiere establecer mecanismos para el diálogo público-privado, para el acceso ciudadano a la información y a la gestión pública y para el incremento del ejercicio de deberes y derechos. Para enfrentar los retos de la gobernabilidad se plantean tres estrategias:

a) El sistema de concertación y participación para el desarrollo.

b) La adecuación funcional y territorial de la administración pública.

c) La descentralización política, administrativa y financiera del Estado.

La primera contribuirá a establecer y consolidar el vínculo entre la sociedad y el Estado, estableciendo espacios, instancias y mecanismos para la negociación y el consenso sobre las prioridades a ser integradas en el sistema político y la gestión pública. La segunda a disponer eficiente y eficazmente a la administración pública en respuesta a las prioridades sociales. La tercera apoyará el enfoque territorial como un elemento central de la gestión pública. La lógica territorial se deriva de la diversidad de potencialidades y marginalidades que caracteriza a los territorios, y servirá de base para la formulación de planes de desarrollo.

En este marco se pretenderá acercar el Estado a la ciudadanía y una sustancial mejora en la provisión y prestación de servicios públicos. La descentralización, el desarrollo de capacidades institucionales y la participación ciudadana son un medio para mejorar la calidad de vida de la población y contribuir a un régimen de gobernabilidad.
Capítulo VI

Área Económico-Productiva
Existen graves brechas de desigualdad económica que afectan a las mujeres nicaragüenses. Tales brechas vienen determinadas por su posición de desventaja respecto del acceso y control de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y las de sus familias, lo que ha conducido al fenómeno llamado de feminización de la pobreza, cuyas causas se encuentran, claramente, en la construcción cultural de género, por la cual: las mujeres han de hacer compatible el trabajo productivo y reproductivo; se les educa y forma para integrarse en determinados oficios y profesiones como prolongación de su rol reproductivo, se valora menos su trabajo y se invisibiliza buena parte de él y, en definitiva, acceden con mayores dificultades al empleo y al ingreso, en un mercado segregado y en condiciones de mayor precariedad e informalidad.

El proceso de feminización de la pobreza deja en situación de mayor vulnerabilidad a los hogares monoparentales de jefatura femenina, debido a las condiciones precarias de trabajo y a la dificultad de acceso a ingresos económicos para las mujeres. Se da una total ausencia de figura Paterna en muchos hogares. Aproximadamente un tercio de los hogares son de jefatura monoparental femenina. El 38.8% de los hogares en extrema pobreza tienen jefatura femenina.

Acceso al Empleo y Condiciones de Trabajo
De acuerdo a los datos oficiales de la última Encuesta de la Medición del Nivel de Vida (EMNV) la población económicamente Activa (PEA) en el 2001 es superior para los hombres 64.3%, respecto al 35.7% de mujeres. Las diferencias entre el campo y la ciudad mantienen la tendencia 71.4% hombres en el área urbana, respecto al 40% de mujeres; en el área rural el 81% de hombres frente a un 31.6% de mujeres.

El incremento producido en los últimos años en la PEA femenina, no parece deberse tanto al crecimiento del mercado de trabajo, sino a la presencia de las mujeres en el mercado informal (incorporación de mujeres a las maquilas o creación de trabajos informales). Pero el problema no es sólo el acceso de las mujeres al empleo, sino sus condiciones: la mayor parte en el sector informal, precarizado, con horarios extensos, y con la necesidad de compaginarlo con el trabajo reproductivo. En el sector de la maquila las condiciones son duras aun teniendo regulaciones laborales, pero que son débilmente aplicadas.

Por otro lado, las mujeres tienen dificultades de acceso a la formación profesional, a la capacitación y a los recursos técnicos necesarios para promover su propia empresa o mejorar su inserción laboral y profesional. Hay que añadir que participan muy escasamente en la toma de decisiones económicas y empresariales por ejemplo, en las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada la presencia de mujeres es nula.

En cuanto al salario, las mujeres como media obtienen el 40% del ingreso obtenido por los hombres: Ingreso per cápita: hombres: 2,813 $, mujeres: 1,116 $. Ellas reciben, además, salarios inferiores a los hombres cuando realizan igual trabajo, sin que esas diferencias se reduzcan con el nivel educativo.

Las nicaragüenses se insertan en empleos “de mujeres”, de acuerdo a la división sexual del trabajo y a la segregación laboral, vertical y horizontal (muy ligadas al trabajo reproductivo): maquilas; trabajos invisibilizados y apenas valorados en las “cadenas de valor” (Ej.: quequisque, forestal y lácteos); microempresas informales; empleo en el sector servicios, educación y salud; servicio doméstico en condiciones de enorme precariedad, entre otros.

Un problema de invisibilización del trabajo de las mujeres, es el caso de su contribución a la producción agrícola (dedican por lo menos siete horas diarias, como promedio a actividades agrícolas, pecuarias, de huerta y acarreo). Las mujeres rurales por su ubicación en las estructuras económicas del país enfocan su actividad en la economía familiar con los cultivos de patios: hortalizas, granos básicos, cerdos y aves, de escasa productividad lo que dificulta la comercialización en estas condiciones.

A ello se suma la invisibilidad de la contribución de las mujeres a la economía a través del trabajo reproductivo (4 horas de promedio más que los hombres). La dedicación a ambos tipos de actividades: productivas y reproductivas es mayor en las mujeres: 68% frente a 32% en hombres (CCA-NNUU).

Acceso a los Recursos Económicos y Productivos
Las mujeres tienen dificultades de acceso a los recursos económicos y productivos en general, a los derechos de propiedad, a los servicios financieros (crédito), al desarrollo de iniciativas empresariales, a la tecnología, etc. Las reformas agrarias apenas las han beneficiado y su papel en el ámbito productivo sigue percibiéndose como marginal.

Sólo un 13% de mujeres ha tenido acceso a la tierra y sólo un 5% de productoras se ha beneficiado con créditos. De éstas sólo el 14% consiguieron financiamiento desde el sistema financiero formal. En el caso de los hombres fue del 62%. Al comparar los montos de crédito las mujeres recibieron el 11% del total. Las diferencias son más marcadas en el sector rural.
Capítulo VII

Impacto de las Políticas Macroeconómicas
El análisis de las políticas macroeconómicas desde la perspectiva de su impacto en las inequidades de género tiene una importancia de primer orden, pues determina el contexto y las oportunidades económicas que puedan abrirse para las mujeres.

Los efectos de los ajustes estructurales han tenido graves consecuencias negativas sobre las mujeres y un doble impacto en la medida en que son las principales responsables de gestionar los escasos recursos del hogar.

Respecto de la apertura comercial, a la vez que parecen generarse nuevas oportunidades de empleo para las mujeres en las zonas francas, no está clara su sostenibilidad a largo plazo y la oportunidad de mantener un sistema de producción basado en el menor costo del trabajo de las mujeres.

En estas circunstancias, resulta imprescindible visualizar el papel de las mujeres en la economía, los sectores económicos en que se insertan y sus problemas específicos, de modo que el Plan Nacional de Desarrollo les dé cobertura, tanto en el nivel macroeconómico, como meso y micro. Ello incluye ubicar la perspectiva de género en la política de inversiones e infraestructuras-vivienda, agua y saneamiento, energía y electrificación, carreteras y caminos, en la política de generación de empleo y crecimiento económico sostenible, en la política de exportaciones e inversiones extranjeras y promover, especialmente, la política de incremento de ingresos para reducir la pobreza, todos ellos elementos del Plan Nacional de Desarrollo.

Conviene destacar que las iniciativas institucionales y de política pública que están incidiendo en aspectos de género en lo económico, se expresan sobre todo en el ámbito del desarrollo rural y en el empleo de las mujeres en el ámbito urbano. Como ejemplo podemos citar: MAGFOR (lidera la Sub-mesa de desarrollo rural productivo), MARENA; INTA; IDR; La comisión Interinstitucional de Mujer y Desarrollo Rural liderada por el INIM. El FISE tiene una política institucionalizada de género en infraestructura.

Los principales objetivos identificados han sido el mayor acceso de las mujeres a la propiedad se la tierra y al crédito y son iniciativas:

- La Ley de Ordenación Urbana prioriza a las mujeres en la titularidad de la vivienda como medida de acceso al crédito.

- El Fondo de Crédito Rural tiene una línea específica para mujeres.

- El INPYME tiene una línea de crédito específico para microempresarias.
Capítulo VIII

Objetivos de Equidad de Género y Principales Líneas de Acción Eje de Producción y Economía

Políticas Macroeconómicas

1. Promover la equidad de Género como objetivo de las políticas macroeconómicas y en la política de generación de riquezas para reducir la pobreza.

Líneas de Acción

a) Formular políticas de ordenamiento y tenencia de la tierra con equidad de género.

b) Fortalecer redes empresariales ya existentes para la sostenibilidad de las mismas.

c) Promover sistema económico agropecuario que favorezcan a las mujeres productoras.

d) Formular presupuestos municipales, regionales y nacionales con equidad de género.

e) Formular políticas de compensación con equidad de género frente al CAFTA.

f) Mejorar los centros de acopio y bodegas para la comercialización de la producción manejada por mujeres productoras.

g) Mejorar la infraestructura vial (caminos rurales, el acceso a agua, saneamiento, etc.) en zonas rurales para una mejor productividad y comercialización.

h) Institucionalizar el programa Nacional de Equidad de Género, como la herramienta que asegurara la transversalización de equidad de género.

En Recursos Económicos

1. Facilitar el acceso equitativo de las mujeres a los recursos económicos y productivos: crédito, tierra, asistencia técnica, capacitación y tecnología.

Líneas de Acción

a) Establecer fondos de garantía para acceso a crédito.

b) Diseñar e implementar políticas crediticias con bajos intereses.

c) Implementar mecanismos ágiles para acceder al crédito.

d) Designar recursos para la creación o fortalecimiento de las unidades de género.

e) Crear Bancos de Fomento accesibles y diversificados.

f) Promover el acompañamiento a la producción con promoción y mercadeo.

g) Crear mecanismos de protección a las remesas familiares.

h) Adoptar medidas que faciliten a las mujeres el acceso y control de los medios de producción y comercialización.

i) Facilitar a las mujeres el acceso y control a la tierra y su titulación.

Empleo

1. Mejorar el acceso al empleo y las condiciones de trabajo de las mujeres, en base al ejercicio de los derechos humanos y derechos laborales.

Líneas de Acción:

a) Incluir en la política de empleo la metodología de grupos solidarios y conglomerados.

b) Instalar guarderías infantiles accesibles económicamente, para el apoyo y eliminación de obstáculos para la participación de las mujeres en 12 producción y empleo.

c) Promover un mayor acceso de las mujeres a la formación técnica en oficios y profesiones no tradicionales de mayor adaptación a la oferta del empleo y mejores condiciones de trabajo.

d) Promover y fortalecer las iniciativas empresariales de las mujeres.
Capítulo IX

Área Social: Educación
Existe un amplio consenso en torno a la importancia de promover un mayor acceso y de más calidad de las niñas y las mujeres a la educación, por múltiples razones. Una inversión en la educación de las niñas tiene una gran rentabilidad en la medida en que mejora la regulación de la natalidad, de la educación y salud de los hijos y del bienestar de la familia y el progreso de la sociedad en general. Pero además, la educación es la vía de acceso a conocimientos, capacidades y habilidades cuyo desarrollo es crucial para el empoderamiento y la promoción de la autonomía de las mujeres en el contexto del desarrollo. La mejora de la posición de las mujeres para enfrentar las desigualdades que les afectan va de la mano de la educación de toda la sociedad, incluidos los hombres, para aceptar la equidad de género como algo beneficioso para todos. La educación ha de estar al servicio de ese cambio equitativo y no a la inversa.

Un área estratégica de primer orden en el trabajo por la equidad de género en el sistema educativo en Nicaragua, es la comprensión de la trascendencia del concepto de género en la educación así como visualizar iniciativas de intervenciones transversales que vayan más allá del incremento del número de niñas y mujeres en los programas.

De acuerdo a los datos del MECD, en el período 1995-2001 en torno a un 60% de la población en edad escolar (3 a 18 años) fue atendida por el sistema educativo, con un ligero sesgo a favor de las mujeres.

Las cifras empeoran cuando atendemos al ámbito rural. Los problemas de la desigualdad no se expresan tanto en números sino en las condiciones en que se desarrolla esa educación en:

a) El sistema educativo como transmisor de valores.

b) Los problemas específicos de retención, permanencia y promoción de las niñas en el ciclo educativo.

c) La elección de carreras y oficios técnicos.

d) Escasa participación de las mujeres.

e) Los asuntos de género en la política educativa.

El Sistema Educativo como Transmisor de Valores
La educación es estratégica para promover la equidad de género si facilita las oportunidades en la curricular educativa, planes y programas para que las mujeres y los hombres transformen las relaciones de poder que configuran las relaciones de género. Implica la oportunidad de educar en el respeto de los derechos humanos de las mujeres y la eliminación de la violencia, de mejorar la autoestima y superar prejuicios y estereotipos acerca de la vida de las mujeres y la de los demás. Promueve la oportunidad de integrarse de modo más competitivo en el mercado laboral, entre otros.

Problemas para la Permanencia y Continuación de las Mujeres en el Proceso Educativo
Según el Informe de Desarrollo Humano correspondiente al 2002 en el nivel preescolar la tasa neta de matricula ha progresado a lo largo del último quinquenio; sin embargo, para el período de este Informe, aproximadamente 500 mil niños y niñas quedaron fuera de la educación preescolar.

Conforme a la información del 2001, la educación primaria tiene una baja cobertura en el nivel primario, ya que solamente ingresan al sistema educativo aproximadamente 848 mil alumnos y alumnas, de ellos aproximadamente 130 mil niños y niñas abandonan la educación primaria; y solamente el 29% de quienes inician la primaria logran concluirla.

Formación Técnica de las Mujeres
Si bien el acceso de las niñas a la educación primaria es paritaria, se da una menor presencia de mujeres en la educación superior, así como una segregación por carreras (técnicas y humanísticas) que responden y perpetúan los estereotipos de género (AMLAE, 2000). Se produce, asimismo, una escasa presencia de mujeres en la formación técnica (13% frente a un 87%), y en sectores tradicionalmente femeninos. (Inatec, 2000).

Las acciones positivas constituyen un instrumento útil para promover una mayor y mejor participación de las mujeres en la educación y el sistema educativo, tanto como planificadoras y profesoras y estudiantes; especialmente en aquellas áreas técnicas que son consideradas espacios masculinos excluyentes. Por ejemplo, la presencia de las mujeres como docentes universitarias no es paritaria.

Según el PND, el objetivo general en materia educativa es el de: “Transformar el sistema educativo para crear oportunidades pertinentes y relevantes a las demandas del desarrollo de las personas y generar condiciones para mejorar los niveles de vida y que a su vez estas personas permiten al sistema productivo mejorar en términos de competitividad”. Tal objetivo no será realizable sin equidad de género, ya que implica oportunidades de desarrollo personal y social e implica la mejora de la calificación de todos los recursos humanos del país, lo que influirá en la mayor participación en el sistema productivo y la mejora de la competitividad, con la participación de las mujeres.

Es importante continuar con el proceso de inclusión progresiva de la perspectiva de género en la política educativa. Si bien los problemas de género son de orden más cualitativo que cuantitativo, el sistema de recolección de datos sobre el que se basan las políticas educativas impide tomarlos en consideración. Por ejemplo, conocemos el número de mujeres que terminan los estudios, pero no el número de mujeres que las abandonaron así como sus causas. Esta misma carencia se refleja en la ausencia de datos desagregados por género en los Planes de educación.
Capítulo X
Objetivos de Equidad de Género y Principales Líneas de Acción Eje Social

Educación

1. Promover una educación no sexista que modele principios y valores de equidad de género.

2. Promover el acceso, permanencia y Atención de las niñas y mujeres en el Sistema Educativo.

Líneas de Acción

a) Integrar en la curricular la formación en equidad de género de todos los niveles educativos.

b) Mejorar la calidad de la participación de las mujeres en todos los niveles del sistema educativo: estudiantes, profesoras, directoras, planificadoras, técnicas.

c) Fomentar medidas educativas para la promoción de la equidad de género a padres y madres de familia de modo que conozcan su importancia y apoyen la educación de sus hijos e hijas.

d) Promover la formación de niñas y mujeres en oficios y carreras no tradicionales e incentivar una FORMACIÓN de las mujeres mejor orientada a la OFERTA de EMPLEO y a la capacitación profesional.

e) Incluir y fomentar en los programas educativos el respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos y la Prevención de la Violencia de género.

f) Ampliar las alternativas formales en los horarios y condiciones que faciliten el acceso de las mujeres y promover el reconocimiento institucional de la educación no formal de las mujeres.

g) Incluir en los programas de educación la formación permanente de maestros y maestras en equidad de género, así como líderes comunitarios y religiosos.

h) Garantizar que los textos escolares incluyan enfoque de equidad de género.

i) Incluir en los programas el tema de identidad cultural como un elemento esencial de la equidad.

j) Incluir el manejo de resolución de conflictos para prevención de la violencia basada en género.

Área Social: Salud
La salud es un derecho fundamental de las personas, que forma parte integrante del desarrollo humano y cuya importancia es crucial en cualquier modelo de desarrollo o de sociedad. Sin embargo, es evidente que el modo en que mujeres y hombres acceden a la salud y sus problemas y limitaciones para alcanzar una salud satisfactoria comportan diferencias biológicas, pero también diferencias marcadas por el género. Es decir, las mujeres tienen problemas de salud que se explican por aspectos de género.

Por ejemplo, ante la idea de que las mujeres tienen mejor salud que los hombres, conviene considerar que si bien las mujeres tienen una mayor esperanza de vida y una mortalidad menor que los hombres, experimentan una mayor morbilidad en todas las etapas de su vida, lo que tiene que ver con factores culturales y de género.

Sin embargo, el análisis de género se aplica escasamente a la política de salud. Los agentes y las políticas de salud no siempre visualizan las causas y consecuencias de género sobre la salud de las personas. De ahí la escasa importancia otorgada hasta recientemente a los problemas de la violencia basada en género y la salud sexual y reproductiva. Ello se manifiesta en:

A pesar de los avances sustantivos el Ministerio de Salud reconoce que persiste un subregistro de los casos de muertes maternas. La explicación sobre el subregistro, el MINSA considera que se debe, en algunos casos las muertes ocurren en los hogares y no son reportadas. Esto se acentúa porque la mayoría de las muertes materna ocurridas en las zonas rurales acusan una baja accesibilidad geográfica a los servicios de salud. Por otro lado también existen errores en la clasificación de la causa de muerte, no registrándose como una muerte “materna”.

La mortalidad femenina asociada a embarazo, se refleja como un problema de salud de grandes proporciones. Durante la última década (1992-2002) se registraron, según cifras oficiales de muertes de mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto o puerperio, que revelaron un promedio de 144 mujeres por año. Del total de las muertes maternas registradas en el período 2000-2002 el 72% procedieron de áreas rurales. Las mujeres de área rural se encuentran más afectadas por factores adicionales a los de las áreas urbanas como la violencia hacia las mujeres, que hacen que su embarazo sea de alto riesgo: la pobreza, desnutrición, falta de educación y la inaccesibilidad geográfica a los servicios de salud.

Frente a esta grave situación de salud de las mujeres nicaragüenses, el Ministerio de Salud en ese período, con apoyo de una iniciativa realizada en diversos países implementó acciones para lograr la reducción de la mortalidad materna a través de:

a) incrementar la información sobre planificación familiar con el objetivo de disminuir el número de hijos por mujer, espaciar el período inter genésico y disminuir los embarazos en edades extremas del período reproductivo;

b) mejorar las condiciones de eficiencia de los servicios de atención obstétrica en las unidades de salud, hospitales, centros y puestos de salud; y

c) capacitación de parteras empíricas.

Entre las causas de muerte materna el mayor porcentaje de las muertes maternas son por causas obstétricas directas. En el año 2002 se registraron un total de 146 muertes maternas, de las cuales 116 fueron obstétricas y 30 no obstétricas. De las 116 causas obstétricas:

En relación a la Violencia hacia las mujeres por abuso sexual, tráfico de mujeres. Se da una prevalencia del 50% de casos de violencia en León, y del 70% en Managua. En todo el país es de 30%, (ENDESA) aunque sólo el 40% de los casos se denuncia lo que provoca el subregistro del problema. Más del 30% de las niñas son abusadas sexualmente, antes de los 12 años (la mitad de las veces por una persona cercana o por el padrastro). El 70% de estas niñas ha intentado quitarse la vida. (Fuente: FNUAP, 2001)

En relación a otros problemas de salud se produce una gran invisibilidad, ya que la salud de las mujeres se considera, como un medio para la salud de los hijos, la familia o la comunidad. Ello explica que la atención se centre en las mujeres en edad reproductiva. Así, por ejemplo, los problemas de salud mental de las mujeres están subregistrados. La desnutrición y la anemia afectan de modo específico a las mujeres.

Entre los problemas identificados en el documento “Análisis del sector salud” elaborado por el Ministerio de Salud y consensuado con el resto de actores que trabajan en salud en Nicaragua se incluyen, además de los problemas de mortalidad materna e infantil, el embarazo adolescente, están:

1. Las mujeres no están en igualdad de condiciones respecto a los hombres en el acceso a la salud. Los servicios de salud y las instituciones sanitarias a menudo perpetúan los estereotipos sexistas y no consideran las diferencias y falta de autonomía de las mujeres para decidir sobre su propia salud e invertir en ella.

2. En su papel de cuidadoras de la salud de la familia, de los niños y los mayores, las mujeres asumen mayores consecuencias de la disminución de los servicios públicos de salud.

3. Salud laboral. La división sexual del trabajo tiene consecuencias diferenciadas sobre la salud de hombres y mujeres: la sobrecarga de trabajo, los riesgos asociados al trabajo doméstico y las condiciones laborales de los trabajos femeninos (Ej.: maquila) tienen importantes consecuencias sobre la salud de las mujeres.

Los objetivos del PND en materia de salud buscan priorizar los aspectos preventivos y cambios de conductas de la población; la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios; el fortalecimiento de la atención primaria priorizando mujer en edad fértil, niños(as) menores de cinco años y adolescentes; la consolidación del proceso de modernización con nuevos mecanismos de atención. Se dará especial atención en prevenirla desnutrición en los niños(as) menores de cinco años, priorizando a los menores de dos, el aumento de peso en mujeres embarazadas y el cuido de las lactantes, a través de cambios en la conducta nutricional y de higiene en las familias.

Tales objetivos responden a una visión muy centrada en la atención de las mujeres exclusivamente como madres y en su función de cuidadoras y responsables de la alimentación de los hijos (díada madre-hijo). Ello se debe en buena parte a la preocupación por disminuir los índices de mortalidad materno-infantil, que es uno de los problemas más graves de Nicaragua. También se debe a la prioridad otorgada a este objetivo en el marco de los Objetivos del Milenio. Sin embargo no debe ser la única cuestión a considerar en relación al desarrollo del país desde una perspectiva de equidad de género en salud.

Entre los problemas identificados en el documento Análisis del sector salud elaborado por el Ministerio y consensuado con el resto de actores que trabajan en salud en Nicaragua se incluyen, además de los problemas de mortalidad materno infantil, el embarazo adolescente. Conviene destacar que el 25% de los embarazos son de adolescentes y el 26% de las muertes maternas corresponden igualmente a las adolescentes.

Por su parte, la Ley General de Salud (2002), incluye entre las acciones en el ámbito de la atención primaria de salud, la educación en salud sexual y reproductiva. El Plan Nacional de Salud (2004-2015) se refiere a la equidad de género como un eje transversal, en el capítulo IV dedicado al funcionamiento del sector salud y su reforma. Sin embargo, tal principio de actuación no se encuentra explicitado en la matriz que concreta las metas de salud 2004-2015. El Plan incluye un programa de salud sexual y reproductiva, reconoce la necesidad de frenar el avance del VIH/SIDA, concede alta prioridad a la reducción de la mortalidad materna y a la prevención del cáncer cérvico uterino.

En estas circunstancias, conviene fortalecer la perspectiva de género en el marco de la Política de Salud.

El compromiso contraído con la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) fue desarrollar estrategias en la red de servicios municipal que permitiera el cumplimiento de las siguientes metas:

a) Reducir la mortalidad materna de 148 a 129;

b) Incrementar cobertura de partos institucionales de 47% a 62%;

c) Incrementar cobertura de cuidados prenatales de un 71.6% a 86.5%;

d) Incrementar cobertura de captación de embarazos de 31.9% a 43.8%;

e) Incrementar cobertura en mujeres en edad fértil que tienen acceso a planificación familiar de 21% a 23%;

f) Reducir la mortalidad infantil: de 40 a 32 por cada mil nacidos vivos;

g) Incrementar cobertura en comunidades de difícil acceso en Inmunizaciones en niños menores de un año.
Capítulo XI
Objetivos de Equidad de Género y Principales Líneas de Acción Eje Social

Salud

1. Promover la salud como un derecho humano de las personas sin discriminación alguna.

Líneas de Acción

a) Integrar todos los problemas específicos de salud de las mujeres en la atención del sistema sanitario.

b) Promover la mejora en el acceso a la seguridad alimentaria de las niñas y mujeres.

c) Establecer mecanismos que aseguren la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones y adecuación de las políticas de salud.

d) Capacitar de forma permanente al personal de salud de todos los niveles en la atención con perspectiva de género.

e) Promoción de la salud integral de las mujeres en los ámbitos educativos y de actitudes.

f) Promover la mejora de la salud laboral de las mujeres, incluida la atención a la salud en el trabajo reproductivo.

g) Mejorar la detección y atención del cáncer de mama y cérvico uterino.

h) Promover la información y mejorar la atención sobre el VIH/SIDA.

i) Mejorar la atención de los problemas de salud mental de las mujeres.

j) Promover la mejora de políticas para la prevención y disminución de la mortalidad materna.

k) Incluir la equidad de género con principios laicos en las reformas del sector salud.

l) Promover la revisión y reformas jurídicas en función del cumplimiento de los derechos en la salud integral de las mujeres.

Objetivos de Equidad de Género Eje Social

Salud

m) Promover la equidad de género en el acceso a los servicios de salud de acuerdo a la cultura y modelo de las regiones autónomas de la Costa Caribe.

n) Promover la participación de los hombres en el cuido de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
o) Incluir al personal comunitario (parteras, curanderas, brigadistas) como importantes promotores de la equidad de género en salud en las comunidades étnicas y afrodescendientes.
Capítulo XII

Violencia Basada en Género
La violencia de género requiere un tratamiento específico dada la importancia y gravedad del problema y su alto nivel de prevalencia en Nicaragua. Se trata de la manifestación más cruda y brutal de las inequidades de género.

Violencia basada en género es un concepto que engloba diversas manifestaciones de abuso cometidas contra las mujeres adultas, las niñas, las adolescentes y las adultas mayores, mujeres con capacidades diferentes y enfermas de VIH/SIDA. Reconoce que la violencia de experimentarse está asociada a la pertenencia al género femenino 10.

Su diferencia con otras manifestaciones de violencia interpersonal y social es que tiene como móvil el sometimiento de la mujer. Es un delito sustentado en el poder y el control.

Este enfoque concibe a la mujer como sujeto social vinculando su historia personal y social, elimina la disociación entre el yo personal y el yo social, entre el mundo privado y público por tanto la participación plena de las mujeres como sujetos en todas las redes de acción social.

La eliminación de la violencia basada en Género está ligada a la autonomía de las mujeres y los cambios profundos en los roles de ambas géneros. Por tal razón avanzar en la construcción de la ciudadanía activa de las mujeres es una condición para el desarrollo, la gobernabilidad democrática y el ejercicio de los derechos humanos.

El problema ha sido objeto de preocupación preferente tanto por parte de los movimientos y redes de mujeres, como por parte de las iniciativas políticas, desde distintos ámbitos: fundamentalmente las instituciones involucradas en gobernabilidad y justicia y las instituciones de salud siendo considerada la violencia basada en género como un problema de salud pública.

La violencia contra las mujeres es uno de los síntomas más grave de la desigualdad, las causas se hallan, sin embargo, en el sistema de género prevaleciente en nuestras sociedades y requiere, por tanto, abordarse desde diversas perspectivas, de modo transversal.

En Nicaragua se han coordinado esfuerzos desde la Comisión Nacional de lucha contra la violencia y se han planificado y avanzado soluciones de modo conjunto.

Es de destacar que el Plan Nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual (2001-2006) ha sido el producto del acuerdo y convergencia de un amplio abanico de instituciones y agentes sociales y que, desde esta perspectiva, constituye un logro inestimable. El Comité Técnico de la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia es la organización encargada de poner en práctica este Plan, que cuenta con la implicación de: el INIM, la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia; la Red de Mujeres contra la Violencia; Coordinadora de ONG por la infancia; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Salud; el Ministerio de la Familia, la Asamblea Nacional, con el apoyo de la Cooperación Internacional (GTZ, BID, OPS, Agencia Noruega) y diversos actores de los municipios; sin embargo, si no se avanza en la equidad de género en todas las áreas no estaremos enfocando las causas de la violencia. De ahí que sea el marco global del programa de equidad de género el que dé cobertura y acogida a todos los programas que inciden específicamente en el problema.

Concebida de un modo más amplio en el Plan Nacional, como prevención de la violencia intrafamiliar y sexual, es preciso poner un énfasis específico en la violencia basada en el género. El Programa Nacional de Equidad de Género orienta, por tanto, las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito de la violencia de género y prevé la transversalidad del tema en relación a las áreas prioritarias de desarrollo.

En definitiva, la lucha contra la violencia de género es un problema de desarrollo del país y de inequidad de género, siendo causa y consecuencia del mismo. Además, su carácter transversal lo hace susceptible de integrarse a los objetivos de equidad de cada área de desarrollo: tiene implicaciones jurídicas y policiales (gobernabilidad), implicaciones económicas (infraestructuras, apoyos a las mujeres), implicaciones sociales y culturales (educación) e implicaciones en el ámbito de la salud. Por ello, a lo largo del desarrollo sectorial de objetivos de equidad de género se ha incluido de modo explícito el objetivo de lucha contra la violencia basada en género y que presentamos de manera conjunta a continuación:

De ahí que sea el marco global del Programa de Equidad de Género el que dé cobertura a todos los programas que inciden específicamente en el problema. El Programa Nacional de Equidad de Género orienta, las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito de la violencia de género y prevé la transversalidad del tema en relación a las áreas prioritarias de desarrollo. La lucha contra la violencia basada en género es un problema de desarrollo del país y de inequidad de género, siendo causa y consecuencia del mismo.

Los objetivos de equidad de cada área de desarrollo integran por su carácter transversal la Violencia basada en Género.

En el área de Gobernabilidad en el PND se propone realizar actividades intersectoriales en el marco del PNLCV de acuerdo a sus causas y manifestaciones. La Eliminación de la VbG está ligada a la construcción de la ciudadanía activa de las mujeres es una condición para el desarrollo, la gobernabilidad democrática y el ejercicio de los Derechos Humanos.

Para su eliminación se requiere acciones jurídicas y judiciales económicas tales como: infraestructura, destinar recursos económicos, financieros, acciones sociales y culturales que transformen las relaciones que promueven y perpetúen.

Objetivos de Equidad de Género y Principales Líneas de Acción
Violencia Basada en Género Eje Social

Salud

1) Promover el análisis, detección, prevención y atención de la violencia basada en género como un problema de salud pública.

Educación

1. Promover la formación de valores y actitudes que prevengan todo tipo de violencia específicamente la violencia basada en género.

Líneas de Acción

Salud

a) Mejorar el sistema de registro de los casos de violencia de género en salud.

b) Mejorar la capacidad de detección, prevención y atención de los casos de violencia de género en el sistema de salud.

Educación

a) Incluir el tema de Derechos Humanos para el abordaje de la violencia de género, y de la violencia en general, en los programas educativos de Universidades y del MECD desde preescolar.

b) Incluir en el sistema educativo el manejo de resolución de conflictos para la prevención de la violencia de género.

c) Implementar acciones y medidas para detectar y prevenir la violencia en general, y la violencia basada en género, en el sistema educativo.

Económico Productivo

1) Promover la erradicación de la violencia basada en género como un elemento que obstaculiza el desarrollo económico y social de las mujeres y de la nación y aumenta la pobreza.

2) Mejorar la independencia y capacidad económica de las mujeres objeto de violencia de género.

Líneas de Acción

a) Garantizar la real transversalización en la política de empleo para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, entre otros aspectos.

Gobernabilidad

1) Formular e implementar políticas públicas para garantizar la seguridad ciudadana de las mujeres y lograr el cumplimiento de las leyes específicas que aseguran sus derechos.

Líneas de Acción

a) Fortalecer la atención y respuesta jurídica y policial en los casos de violencia de género que se brinda a las mujeres sensibilizando al área policial y jurídica.

b) Diseñar mecanismos que aseguren el acceso de las mujeres a la justicia.

c) Combatir la corrupción que aumenta la pobreza, afecta la ciudadanía en general e impacta a las mujeres en particular.
Capítulo XIII

Estrategias de Transversalización
Las estrategias de transversalidad para el enfoque de género se introducen con la legitimación, desde la cual se considera la aprobación de la Ley de Igualdad como el instrumento jurídico que deberá asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres nicaragüenses.

Transversalidad implica ubicar la dimensión de género en la “corriente principal”, del desarrollo, mainstreaming, el cual es un enfoque político cuyo objetivo es la integración de las mujeres en el eje principal del desarrollo, reconociendo la necesidad de influir en todas las metodologías, análisis, políticas y planificación desde una perspectiva de género, su objetivo inmediato es la mejora de la posición social y económica de las mujeres, a través de las acciones del Estado, de la Cooperación y de los otros actores sociales, es decir, no sólo en las iniciativas “marginales” sino en las “principales”, en el nivel de las políticas, planes, programas y proyectos, en todos los sectores en los presupuestos más significativos.

Implica incorporar los aspectos de género en las agendas, en la toma de decisiones y una mayor participación en condiciones de igualdad y equidad de mujeres y hombres en la conformación de las políticas y la dirección del desarrollo.

La transversalidad es posible con un programa específico y dotado de medios objetivos y mandato para promoverlo. Para ello hacen falta recursos concretos y procesos de reformas amplios que son necesarios incorporar progresivamente en los diversos programas públicos. Su integración en la “corriente principal” no se auto genera de forma espontánea.

El proceso de transversalización será posible mediante un análisis intraorganizacional de género es decir una revisión interna de las propias organizaciones e instituciones.

El modo y la forma en que participan mujeres y hombres en las instituciones, la política de personal, las aptitudes y actitudes y más específicamente, la cultura organizacional de género son las cuestiones centrales a abordar en un plan de transversalización.

Ello implica tomar medidas para promover organizaciones menos sexistas, comprometidas con la agenda y la perspectiva de las mujeres. El acoso sexual, el sexismo, el racismo y otras formas de violencia e intolerancia no son aceptables en ninguna institución.

La estrategia de transversalidad, de modo complementario a las intervenciones sectoriales, busca la integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas. La experiencia nacional y comparada muestra que además de la declaración de intenciones son necesarios mecanismos de promoción, impulso, control y vigilancia de la integración de género de modo sistemático y sostenible. Para ello se crea el Programa Nacional de Equidad de Género, con el objetivo de sentar las bases para la integración de género en todas las políticas, planes, programas y proyectos de las instituciones de Nicaragua, en sus distintos sectores, niveles y modalidades. Siendo sus principales instrumentos de actuación: Legitimación, Liderazgo, Organización, Recursos, Participación, Sensibilización y Formación, como los mecanismos de promoción, impulso, control y vigilancia de la integración de género de modo sistemático y sostenible en las políticas públicas.

Legitimación
Dotar de una base jurídica sólida y estable a la política de equidad de género, contribuye a darle legitimidad, importancia y continuidad, fundamenta y ordena las actuaciones en el área y facilita la asignación de recursos y responsabilidades para su desarrollo.

Para ello promoverá la aprobación de la Ley de Igualdad de Derechos como un marco jurídico y de los instrumentos de política y planificación adecuados para fortalecer el papel del INIM e impulsar la equidad de género como objetivo transversal de desarrollo a nivel nacional.

La legitimidad requiere además de la base jurídica, de un proceso participativo y de consenso a todos los niveles y en especial, con el concurso de la sociedad civil organizada y los movimientos de mujeres. Respecto a los instrumento de planificación que refuercen la legitimidad se promoverá la formulación de un Plan de Igualdad de Derechos.

Hay que destacar que en julio del 2004, por Decreto Presidencial No. 40-2004 se creó el Consejo Consultivo Nacional de la Mujer, como órgano asesor del Instituto Nicaragüense de la Mujer en el diseño, formulación y evaluación de programas, estrategias, y políticas gubernamentales que dentro de las atribuciones propias del Instituto, promuevan el desarrollo integral de las mujeres nicaragüenses y su integración plena en la sociedad.

La presidencia del Consejo Consultivo Nacional de la Mujer la ostenta el Instituto Nicaragüense de la Mujer, cuya misión es rectorar la formulación, promoción, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos que promuevan la equidad de género en la sociedad nicaragüense. Conforme al Artículo 3 del inciso tres del Decreto Presidencial.

Organización
Para fortalecer la estructura interna y la coordinación del INIM es necesario reorganizar y reasignar competencias y funciones de acuerdo con las áreas prioritarias del PND y las nuevas estrategias de transversalización.

Se requiere una organización adecuada a las necesidades de coordinación con los distintos niveles en la estructuras del gobierno, en el marco del nuevo sistema de organización del Ejecutivo: la participación a nivel de gabinetes facilitará la tarea desde los espacios más altos de toma de decisiones al mismo tiempo, será necesario racionalizar los mecanismos de concertación interinstitucional en relación a los sectores y niveles administrativos, incluido el municipal, de acuerdo con el nuevo escenario del sistema nacional de participación y concertación.

Recursos
El INIM tendrá que asignar los recursos humanos, los medios y el presupuesto suficiente para llevar a cabo los objetivos planteados, de modo coherente con las nuevas funciones a asumir en la construcción de una política nacional de equidad de género.

En este sentido será necesario que el INIM gestione recursos específicos para promover el proceso de transversalización y al mismo tiempo, asignar recursos a cada una de las áreas o sectores de desarrollo para llevar a cabo objetivos de equidad de género, de modo coherente con la doble estrategia de transversalidad y acciones positivas.

Participación
Promover una mayor participación de la sociedad civil y los movimientos de mujeres en la formulación y ejecución de las políticas públicas de equidad de género, como aspecto clave que ha de cuidarse y que resulta imprescindible en la construcción de una nueva política de género de nivel nacional.

Existe una debilidad en la implementación y aplicación de las medidas tendientes a fortalecer la participación y comunicación imprescindible entre los movimientos de mujeres y el mecanismo de la mujer.

La política de equidad de género es un instrumento clave para avanzar en la igualdad de derechos y sólo si es participada y apoyada ampliamente por los movimientos de mujeres gozará de la legitimidad y el apoyo necesario para el cumplimiento de sus finos.
Habrán de revisarse los mecanismos existentes y evaluar su legitimidad, eficacia y racionalidad en relación a las principales áreas de desarrollo.

Sensibilización
Los planteamientos de género siguen enfrentando múltiples resistencias e incomprensiones, tanto en el ámbito público como en el privado, por lo que será necesario impulsar iniciativas para explicar los conceptos, sensibilizar sobre los problemas de las desigualdades, promover una visión renovada de las estrategias. Se trata de involucrar al mayor número de personas en este proceso y contar con el apoyo e implicación del más alto nivel de toma de decisiones.

Se requiere de un trabajo de debate y sensibilización en este sentido, de modo que, partiendo de unos términos revisados, se acometa un amplio programa de sensibilización de los diversos actores implicados en la conformación de la nueva política de género, de manera que puedan apropiárselos y resulte cómoda y espontánea su utilización.

Se trata que los actores públicos y privados comprendan y tomen conciencia sobre la importancia de la equidad de género como objetivo y estrategia de desarrollo de alcance político nacional.

Formación
Fortalecer las capacidades y la formación necesarias en género al personal del INIM y de las diversas organizaciones implicadas.

Por otro lado, se requiere desarrollar capacidades técnicas específicas para la aplicación del enfoque de género en cada área de política, por lo que se pondrán en práctica programas de capacitación adaptados a las necesidades específicas de cada área de intervención y de acuerdo a las necesidades funcionales de los y las participantes.

Se animará especialmente a la participación de los hombres en los procesos de sensibilización y formativos, de modo que se pueda impulsar un cambio en el modo de enfocar los problemas de género, como algo que importa no sólo a las mujeres sino a la sociedad en general y que tiene que ver con todas los problemas y áreas del desarrollo.

Metodología
Es necesario elaborar e implementar una metodología de análisis de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas, así como mejorar el sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de los progresos de género en las políticas públicas. Para su implantación se requerirá un amplio programa de formación y capacitación que asegure su comprensión, apropiación y puesta en práctica.

El país cuenta con un Sistema de Indicadores con Enfoque de Género (SIEG), una iniciativa conjunta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM). Es objetivo del SIEG el mejoramiento de la existencia y disponibilidad de estadísticas oficiales que incorporen la perspectiva de género, consensuada entre productores y usuarios de la información, a fin de contribuir sistemáticamente a la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas que promuevan la equidad entre hombres y mujeres.

Investigación
Promover un mejor conocimiento de la realidad de las desigualdades de género en Nicaragua y la obtención de datos desagregados por sexo. En esta tarea pueden jugar un papel muy importante las Universidades y los estudios de género. Conviene mejorar los mecanismos de concertación para el impulso de proyectos de investigación aplicada orientados a áreas de intervención de la política de género. La Universidad juega, asimismo, un papel muy importante en la sensibilización y formación de alto nivel en temas de género, por lo que de nuevo la colaboración ofrece posibilidades muy interesantes.

Se impulsarán investigaciones y evaluaciones de género, recogida de buenas prácticas e información y difusión sobre las realidades de género de Nicaragua.

Liderazgo
En concordancia con los lineamientos del gobierno del Presidente de la República Ing. Enrique Bolaños G., el Instituto Nicaragüense de la Mujer de acuerdo a su ley orgánica establecida en 1993 por decreto presidencial No. 36-93 tiene por objeto formular, promover, coordinar, ejecutar y evaluar políticas, programas y proyectos gubernamentales que garanticen la participación de las mujeres en el proceso de desarrollo económico social, cultural y político del país.

En base a esto el INIM ejerce su rol de liderazgo de impulsar el Programa Nacional de Equidad de Género, lo que implica acompañamiento, monitoreo y evaluación de las instituciones ejecutoras.
Capítulo XIV

Programas Operativos
Los programas operativos pretenden el fortalecimiento institucional para el impulso de las políticas de equidad de género en Nicaragua.

El objetivo general del programa nacional de equidad de género es el de promover la transversalización de tales políticas de equidad de género en el mediano y largo plazo, mediante los resultados que permitan sentar las bases del proceso de integración sostenible de género para los próximos cuatro años 2005-2009.

Es importante destacar el carácter de la transversalización y la necesidad de sentar las bases o condiciones de partida antes de dar por sentada su traducción en prácticas institucionales.

Proceso de Puesta en Práctica de la Transversalización

Diagnóstico
El proceso comienza por un diagnóstico de situación de género de la política pública que permita crear una línea de base aplicando el sistema de indicadores existentes SIEG y de nuevos indicadores ad hoc, que orientarán posteriormente el proceso de evaluación. El diagnóstico permitirá la elaboración de un mapa que dé cuenta de:

1. El instrumento de promoción de la equidad de género (INIM).

El papel del INIM en la promoción de políticas de género: fortalezas y debilidades.

Ubicación del mecanismo en la estructura administrativa y oportunidades de reubicación en un nivel más alto en relación al proceso de toma de decisiones.

Necesidades de formación y capacitación.

Necesidades de medios e instrumentos para la puesta en práctica del análisis de género en todas las políticas públicas.

2. Sistematización y evaluación de iniciativas públicas orientadas a la promoción de la equidad de género: nivel nacional: mapa de procesos e instituciones implicadas; mecanismos de coordinación y concertación interinstitucional en materia de género.

3. La agenda política de las mujeres: participación de los movimientos de mujeres y la Universidad en las políticas públicas de género. Límites y oportunidades para fortalecer la concertación.

Sensibilización y Formación
Sensibilización y formación a nivel nacional sobre nuevos conceptos y orientaciones para una política transversal de integración de género orientada especialmente a las áreas priorizadas.

1. Integración de género orientada especialmente a las áreas más deficitarias: educación, empleo.

2. Programa global de sensibilización y formación y promoción para la apropiación de la dimensión de género como eje transversal por parte de todos los actores implicados en el diseño y ejecución de las políticas públicas, mejorando la calidad de su participación:

Capacitación de todo el personal del INIM

Capacitación transversal de nivel político: personal directivo y de alto nivel del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

Capacitación transversal de nivel técnico: personal técnico de los ministerios.

Capacitación transversal de nivel descentralizado: personal de departamentos y municipios.

Capacitación transversal de organizaciones sociales: mujeres y hombres de movimientos sociales.

Promoción de la perspectiva transversal de género en el ámbito universitario.

Promoción de la perspectiva transversal de género en los sistemas de coordinación interagencial.

Impulso de un foro de concertación nacional con los movimientos de mujeres.

Ordenación Administrativa
A partir del diagnóstico básico de situación, se busca proponer la ubicación administrativa necesaria para promover, de manera central, la equidad de género en todas las áreas y políticas públicas así como medios e instrumentos operativos por áreas de intervención.

Evaluación y Difusión
La última fase recogerá todos los resultados del proceso, las buenas prácticas identificadas así como los principales retos pendientes. Hay que tener en cuenta que en buena medida el proceso comporta un alto nivel de experimentación y aprendizaje de la práctica, por lo que el contenido pedagógico de las conclusiones finales y su publicación contribuirán a la comprensión de la política de transversalización y su aplicación práctica. La difusión de resultados busca asimismo mantener un alto nivel de implicación política y social en el proceso, cuya segunda parte se ampara necesariamente en los avances alcanzados en la fase preparatoria y los retos suscitados por la misma.

La evaluación se estructura en dos líneas:

1. Línea de evaluación general: que marcará las tendencias globales de impacto del programa.

2. Línea de evaluación por áreas o instrumentos:

- Evalúa los avances concretos en materia de equidad de género de cada una de las áreas de política pública.

- Evalúa los instrumentos puestos a disposición para promover la transversalidad: capacitaciones, manuales, metodologías, normativas, etc.

Arto 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el día catorce de junio del año dos mil seis. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República de Nicaragua. Ligia Terán de Astorga, Ministra de la Familia.
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