Artículo 1.- Los aranceles judiciales y los de los Registradores Públicos y de otros que fijen el decreto de 17 de Febrero de 1906, la Ley de Aranceles del Registro Publico de la Propiedad de 15 de Enero de 1916 y la del Registro Mercantil de 26 de Abril de 1917, y demás leyes vigentes, se cobrarán aumentados en un ciento por ciento.

Artículo 2.- El aumento a que se refiere el Arto. anterior no se aplica a las partidas en que los honorarios se cobren a base de porcentaje, pero los registradores, por cada inscripción de dominio, hipoteca u otro derecho real de valor determinado, con la anotación correspondiente al pie del título, cobrarán a razón de Treinta Centavos, ni más de cuatro Córdobas.

Artículo 3.- No obstante lo establecido en los artículos anteriores en lo relativo a honorarios del Registro Público de la Propiedad, cuando hubiere varios asientos referentes a una sola transacción, el aumento indicado solo será aplicable al primero de tales asientos, cobrándose por los demás en la forma actualmente establecida.

Artículo 4.- En las partidas referentes a monedas extranjeras la estimación de los honorarios se hará conforme a las respectivas leyes anteriores, y, en su defecto, en córdobas al cambio oficial a la fecha legal de pago.

Artículo 5.- Esta Ley empezará a regir desde su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.- Managua, D.N., 14 de Agosto de 1940.


Al Poder Ejecutivo – Cámara del Senado, Managua, D.N., diez y seis de Agosto de mil novecientos cuarenta.